Doc XI Asamblea IUA Para Emmendar

Documento económico:

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DOCUMENTO ECONÓMICO XI ASAMBLEA IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

TESIS I. CRISIS ECONOMICA E IMPACTO EN ARAGON (2008-2012).

I. 1. Antecedentes.I. 2. Caracterización de la crisis.I. 3. Impacto de la crisis en la economía aragonesa.I. 4 La crisis de la deuda y las políticas de ajuste. Auditoria de la deuda.I. 4. 1. El problema de la deudaI. 4. 2. La deuda en AragónI. 4. 3. Auditoría ciudadana de la deuda

TESIS II. LA RESPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA. HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO.II. 1. Las primeras acciones.II. 2. Reforma fiscal para redistribuir la riquezaII. 3 Empleo de calidad. Cooperativismo y economía social.II. 3. 1 Derecho a un trabajo digno.II. 3. 2 Por un empleo de calidad.II. 3. 3. Cooperativismo y Economía Social y Solidaria

TESIS III. ECOLOGÍA, DESARROLLO RURAL Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO.III. 1. Economía sostenibleIII. 2. Fiscalidad medioambiental.III. 3. Desarrollo rural y vertebración territorial.III. 4. Agricultura y ganadería. Soberanía alimentariaIII. 5. Turismo.

TESIS IV. UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO ALTERNATIVO PARA ARAGÓNIV.1. Energía.IV. 1. 1. Energía NuclearIV. 1. 2. Sistema eléctricoIV. 1. 3. Ejes fundamentalesIV. 1. 4. Los objetivos de la política energética deben ser:IV. 1. 5. La energía en Aragón. IV. 1. 6. Estrategia Aragonesa de Cambio Climático.IV. 1. 7. La minería del Carbón y la actividad minero-eléctricaIV. 1. 8. FrackingIV. 2. Industria.IV. 2. 1 Automoción.

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XI Asamblea IU Aragón - Documento Económico

IV. 2. 2. Logística.IV. 2. 3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)IV. 3. Construcción.IV. 4. TICs y Sociedad del conocimiento.IV. 5. Comercio.TESIS V AGUA Y TERRITORIO.

TESIS VI. BANCA PÚBLICA Y ALTERNATIVAS FINANCIERAS ÉTICASV. 1. Banca PúblicaV. 2. Alternativas financieras éticas

TESIS VII. A MODO DE CONCLUSIÓN: RESCATEMOS PERSONAS Y NO A LA BANCA. UN PROGRAMA ECONÓMICO PARA LA CONVERGENCIA SOCIAL Y LA HEGEMONÍA POLÍTICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.VI. 1. Auditoría de la deuda. Nacionalización de las cajas de ahorro.VI. 2. Redistribución de la riqueza. Fiscalidad progresiva.VI. 3. Empleo: reparto del trabajo y plan de empleo públicoVI. 4. Apoyo a autónomos y pymesVI. 5. Promoción del cooperativismo y la economía socialVI. 6. Derecho a una vivienda digna. Stop desahucios y dación en pago.VI. 7. Defensa de los servicios públicos.VI. 8. Una economía al servicio de las personas. Igualdad y justicia social.

ANEXO: DOCUMENTO APROBADO POR EL CONSEJO POLÍTICO DE IZQUIERDA UNIDA ALTOARAGÓN. 26 DE ENERO DE 2013

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TESIS I. CRISIS ECONOMICA E IMPACTO EN ARAGON (2008-2012).

I. 1. Antecedentes.En los documentos de la X Asamblea de IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN, denunciábamos los escasos avances hacia una Europa Social y el espacio ganado por las políticas desarrolladas desde el centro derecha por la coalición PSOE-PAR. Eran los años en que se producían los acuerdos de Lisboa ante el rechazo de pueblos como el francés al tratado constitucional, y el apoyo entusiasta de la CES, PSOE, PP, PAR y muchos partidos verdes, eran los años donde se fraguaban acuerdos como la prohibición al BCE de prestar dinero directamente a los Estados, y la falta de control democrático del mismo.

En esos años, Izquierda Unida dijo NO, y de aquellas decisiones emanan una parte muy importante de la actual coyuntura y de la incapacidad manifiesta de regular desde la UE las grandes decisiones en Política Económica. En aquel momento planteábamos un modelo económico sostenible al servicio de la mayoría, y de todas las amenazas que en su momento estudiamos, lamentablemente el tiempo las ha hecho realidad y nos ha dado la razón. La privatización de los servicios públicos, el desempleo, la deslocalización de empresas, la precariedad laboral y la especulación económica, derechos tan fundamentales como el derecho a la vivienda han pasado de ser amenazas, a ser una realidad cotidiana.

Izquierda Unida Aragón acertó en el análisis y ha estado durante estos años siempre con la ciudadanía que ha sufrido estas agresiones salvajes. Nuestra apuesta firme y decidida en nuestra Comunidad Autónoma por el protagonismo del Sector Público como garante del pleno empleo, la redistribución de la riqueza y la consolidación de un tejido productivo propio y sin hipotecas, sigue teniendo plena vigencia.

Denunciábamos la utilización de las empresas públicas o semipúblicas, para favorecer los intereses privados como Aramon, Avanza, etc. y hemos podido contrastar como a lo largo de estos años, se ha aumentado el número de empresas públicas pero no su eficacia ni el interés de defensa de la publico que se les debiera suponer.

La debilidad del tejido productivo aragonés, la incapacidad total y absoluta de los diferentes gobiernos para incentivarla, han supuesto la promoción de iniciativas económicas que han ido justo en dirección contraria, como fue la EXPO de Zaragoza

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o el afortunadamente ya olvidado Gran Scala.

Cuando analizábamos la precariedad de los salarios de la población y denunciábamos que más de la mitad de los aragoneses percibía retribuciones a jornada completa por debajo de los mil euros y con casi pleno empleo, fruto del auge de la construcción que estaba llenando de obras e infraestructuras, algunas de ellas de dudosa o nula rentabilidad social posterior, estábamos avisando claramente de la debilidad de ese modelo de desarrollo económico.

Eran los años en los cuales se ofrecían ayudas públicas a empresas que no daban como contrapartida el mantenimiento del empleo o la participación del sector publico en el accionariado de las mismas. Eran los años, y los siguen siendo, de la presión ejercida por las empresas hacia las instituciones públicas para conseguir ayudas a fondo perdido, regalos de suelo, avales temerarios o la flacidez en las tareas de fiscalización de las políticas medioambientales o laborales.

La planificación industrial estratégica en cada zona de forma participada con la ciudadanía, las diferentes instituciones públicas, los sindicatos y el tejido empresarial, eran entonces y lo siguen siendo ahora, un factor imprescindible para el desarrollo armónico del tejido productivo aragonés. Debe ser la intervención desde lo Público, controlando y tutelando estas tareas, y garantizando empresas publicas aragonesas en los sectores estratégicos de nuestra comunidad.

Cuando en aquellos documentos analizábamos la discutible rentabilidad social, económica y la financiación más que dudosa de proyectos como la EXPO o la nieve como motor económico lo hacíamos frente a otros de mas potencial centrados especialmente en el Corredor del Ebro, pero con el grave riesgo de la hegemonía aplastante del sector auxiliar de la planta de GM en Figueruelas, y el monocultivo del automóvil, entonces ya avisábamos de la falta total de estrategia por parte de los Gobiernos de Aragón.

Las actuaciones del entramado de Sociedades Públicas de Aragón, lejos de obedecer al interés público han servido en demasiadas ocasiones a intereses clientelares de los partidos que sustentaban los Gobiernos autonómicos. Nuestra propuesta de reconvertir el modelo industrial de entonces, muy similar al actual, sigue teniendo plena vigencia. Un modelo que genere sinergias intersectoriales y con un enfoque humano y multifuncional, un modelo que anteponga lo beneficios para las personas a la mera presentación de beneficios económicos sobre el papel, precisamente el análisis que realizábamos sobre el

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sector agrario, pivotando sobre unas explotaciones agroganaderas familiares, sigue siendo una propuesta de plena vigencia ante los Lobbys transnacionales de la agricultura intensiva y los transgénicos como algo que desgraciadamente comenzaba a ser habitual en nuestros campos.

Las nuevas competencias que asumió nuestra comunidad en materia de Políticas Activas de Empleo, llevaron al impulso del INAEM, como un servicio público de calidad, frente a las cada vez más activas agencias privada de contratación, las Empresas de Trabajo Temporal. La intensidad demoledora para desmantelar el INAEM desde su creación, con el apoyo entusiasta de los sucesivos gobiernos autonómicos ha sido premeditado y eficiente, dejándole en la actualidad un papel totalmente subsidiario.

Las diferentes competencias asumidas por las comunidades autónomas tanto en cantidad como en financiación adecuada, han sido la excusa perfecta para que los gobiernos de centro derecha que han gobernado nuestra comunidad, hayan realizado una pésima gestión de las potencialidades de nuestra comunidad, basándola en el sector terciario, la dependencia enorme del sector auxiliar del automóvil con la Opel-dependencia como síntoma más claro, con unas explotaciones agroganaderas cuya situación es de quiebra económica o al borde de la misma, y un tejido industrial tremendamente debilitado.

Este es el Aragón que nos encontramos hoy, una comunidad autónoma que baso sus expectativas de crecimiento en el impulso de la política de grandes fastos, del turismo como único dinamizador económico, y cuando esta apuesta se ha reducido fruto de la crisis económica, no se ha querido ni sabido tomar las medidas adecuadas para revertir esta situación.

I. 2. Caracterización de la crisis.El análisis de la actual coyuntura económica, en el marco de nuestra Comunidad Autónoma no se puede realizar sin acometer aunque sea sin entrar en profundidad, algunos de los elementos de ámbito mundial, europeo y estatal. En un mundo donde la globalización de la economía, el libre mercado y los flujos especulativos de capital carecen de cualquier control democrático o político, es necesario su análisis para comprender la situación en Aragón.

El detonante de la crisis financiera que comienza en el año 2007 donde la sobrevaloración de activos inmobiliarios llevo a una espiral de destrucción de la liquidez de los mismos ante la practica impulsada desde los EEUU de las denominadas hipotecas de alto riesgo.

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En este escenario mundial tanto desde el FMI, como desde el Banco Mundial se ha mantenido un colonialismo económico a través de la refinanciación de las economías mundiales a través de la deuda externa, obligando a los gobiernos sumisos a realizar una oleada de privatizaciones que permiten absorber a favor de las transnacionales, los recursos naturales y las empresas públicas para mantener sus balances económicos en unos márgenes de beneficios enormes.

Esta imposición de un modelo económico basado en el individualismo y la financiarización de la economía, ha llevado a una crisis europea donde la fractura social, con el desmantelamiento de los servicios públicos, el fracaso institucional donde el parlamento europeo asiste como espectador de las decisiones del BCE, el fracaso en política económica ante la imposibilidad de crear una autentica fiscalidad europea que evite el dumping social y económico entre los diferentes estados, el fracaso ideológico donde las fuerzas de derecha o centro derecha alternan en la gestión de los escasos reductos de decisión política que no están gestionados directamente por el poder económico, y el fracaso medioambiental y energético, es la historia del fracaso de una Unión Europea de los derechos de la ciudadanía.

En el Estado Español, tanto PP como PSOE, han sido cómplices mientras han estado alternando en el poder con el desmantelamiento de la economía productiva, subastando las empresas publicas al mejor postor unas veces y otras a quien han querido los gobernantes de turno. No es casual que luego altos cargos, e incluso ex-presidentes, copen los consejos de dirección de estas empresas privadas directamente o realicen labores de consultoría extraordinariamente bien remuneradas. Ha sido el saqueo sistemático de las empresas públicas para presentar unos balances económicos tramposos.

Este saqueo organizado donde las actividades como electricidad, telefonía o hidrocarburos se hacían desde empresas publicas ha sido acompañado con las sucesivas reformas laborales para reducir los salarios y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PSOE y del PP, mas de 52, han ido siempre en esa línea, debilitar el reparto de la riqueza desde el tímido modelo de redistribución que emanaba de la Constitución del 78, y como colofón modificar lo que hasta ese momento era intocable, la Constitución en su artículo 135 para satisfacer las exigencias de la banca internacional. Esta reforma, determinante en la situación económica actual la impulso, desarrollo y aprobó un gobierno del Partido Socialista Obrero Español con su presidente a la cabeza.

Todos estos factores han delimitado todavía más los bloques de poder en el estado

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español, dejando clara la primacía del sector bancario cuyos negocios se han alejado del sector productivo tradicional y se han enfocado hacia la internacionalización y la expansión del sector inmobiliario, con un claro dominio en los sectores del turismo y la construcción con potentes grupos empresariales que copan las licitaciones de obra pública, con las consiguientes consecuencias de corrupciones varias para ganarse los favores de algunos gestores de las administraciones publicas.

Otro bloque de poder tendría que ver con los grupos empresariales que se aprovechan de las externalizaciones de servicios en las Administraciones públicas o los procesos de privatizaciones de los mismos, teniendo este bloque un claro nexo de unión con los grupos de empresarios del sector de la construcción, y cuyo objetivo es hacer negocio con los servicios públicos. La privatización total o parcial de los hospitales, el suministro y depuración del agua, la educación en todos sus niveles, o la prestación de servicios sociales.El bloque de distribución comercial, con Inditex o El Corte Inglés a la cabeza, y las grandes transnacionales en el sector alimentario, así como las transnacionales de la industria automovilística y de la industria química, completarían la mayoría de los grandes bloques empresariales de poder.

Con esta realidad estatal y europea, nos encontramos con una comunidad autónoma donde el sector servicios ocupa a casi un 70% de la población, el sector industrial casi un 20%, el de la construcción en torno a un 7,6% y el agrícola no llega al 6%, y con esta terciarización de la economía, y con unos puestos de trabajo con alta temporalidad, baja remuneración, y escasa cualificación, resulta imprescindible para garantizar un desarrollo económico de nuestra comunidad, cambiar esta segmentación e impulsar un nuevo modelo productivo donde la estabilidad en el empleo y la rentabilidad social sea compatible con la necesaria rentabilidad económica.

En primer lugar, la acumulación originaria actual ha incrementado las desigualdades sociales y el empobrecimiento a escala global. Los ingresos de los sectores más desfavorecidos de la población disminuyen y la riqueza de los más privilegiados continúa aumentando.

En segundo lugar, la ruptura y transformación del contrato social de postguerra significa que las expectativas en torno a las relaciones sociales están siendo redefinidas. Éstas incluyen las relaciones entre poder político, capital y trabajo o, entre otras cuestiones, las expectativas que la población puede tener respecto a los bienes comunes y los servicios públicos.

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En tercer lugar, la acumulación originaria actual conlleva una transformación en los procesos de reproducción social, así como del conjunto de relaciones que la conforman.Únicamente mediante el recorte simultáneo de gasto público en bienestar social, pueden los gobiernos forzar a miles de personas a aceptar las nuevas condiciones laborales, impulsando así nuevos mecanismos de acumulación por desposesión, es decir una estrategia combinada de recortes en el estado de bienestar y racionalización y flexibilización del mercado de trabajo, cuyo fin es exprimir lo colectivo para enriquecer a unos pocos, los que detentan el poder económico.

Las mujeres, la naturaleza y las gentes de los países empobrecidos han sido las principales colonias que han posibilitado el capitalismo y han conformado, a su vez, la base invisible sobre la que se han erigido los procesos de acumulación. Ya que la subordinación y explotación de las mujeres, la naturaleza y las colonias son requisito absoluto para la persistencia del modelo actual, resulta necesario desarrollar una comprensión de las interacciones existentes entre la división sexual, social e internacional del trabajo, dichas divisiones invisibilizan las áreas categorizadas como “no capitalistas” y contribuyen a explotarlas como improductivas y no retribuibles.

Estas partes invisibles fueron excluidas por definición de la economía ‘real’ para posibilitar su explotación pero en realidad, constituyeron los fundamentos de la economía visible. Los mercados, cuya lógica en realidad no ha cuestionado nunca las construcciones patriarcales de la familia, no han creado un espacio real para la reproducción ni la han absorbido total o parcialmente.

Tampoco han caminado hacia prácticas de conciliación real sino que han resuelto las tensiones generadas por la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo asalariado mediante la precarización y flexibilización del empleo femenino. Han promovido, en definitiva, la opresión de las mujeres en el ámbito de lo público para dejar su opresión privada lo más intacta posible.

Aunque las mujeres mantienen su tasa de ocupación, continúan concentradas en empleos a tiempo parcial (74,35% del total) y ello se traduce en una adquisición también parcial de derechos sociales que siguen vinculados directamente con la participación continua e intensiva en el mercado laboral formal, tales como jubilación o desempleo. Esto se concreta en que la prestación diaria por desempleo de las mujeres (25,68 euros) es un 15,6% inferior a la de los hombres (30,42 euros) y la Reforma de las Pensiones del año 2011, que refuerza al principio de contributividad con su

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ampliación del período de cálculo y el número de años de cotización requeridos agudiza la feminización de la pobreza entre la población de mayor edad ya que las mujeres encontrarán mayores dificultades a la hora de sumar la cotización exigida para obtener una pensión de jubilación digna

La privatización y re-hogarización de la reproducción constituyen aspectos centrales de la acumulación por desposesión actual, ya que es en los hogares donde, se produce el “ajuste final” asumiendo la desresponsabilización del Estado de las tareas reproductivas: sanidad, educación, dependencia... Por lo que están muy lejos de constituir meros efectos colaterales de la crisis. Durante las últimas décadas, cuando al capital le ha interesado y se lo ha podido permitir, sus ejecutores políticos no han dudado en cuestionar parcialmente los roles tradicionales de género. Sin embargo, en el momento en que sus contradicciones se ponen de manifiesto, dichos roles, vuelven a cobrar fuerza como principal salvaguarda del orden económico y social. Si el Estado puede externalizar sus responsabilidades de cuidado es porque cuenta con que las familias (léase mujeres) las asumirán de nuevo.

La crisis sistémica, así, acelera la crisis de reproducción social dejándola caer sobre las espaldas de las mujeres y proporciona al Estado la excusa perfecta para evadir todo tipo de responsabilidad respecto a ella. La resurrección de la familia tradicional es lo que posibilita que, en un contexto de recortes sociales sin precedentes, resulte posible la devolución por parte de la administración pública del cuidado de las y los más vulnerables al invisible altruismo de los hogares. Fórmula infalible para ahorrar en gasto social.

Mención especifica merecen las cadenas globales de cuidados Este fenómeno indica no solo la importancia que la mercantilización del cuidado ha tenido en el abordaje de la crisis de reproducción social sino también la importancia que ejes de opresión como el género, la etnia y la clase social tienen en la reestructuración de la producción y la reproducción que el capitalismo neoliberal ha impuesto en las últimas décadas (división social, sexual e internacional del trabajo)

I. 3. Impacto de la crisis en la economía aragonesa.

Hasta la irrupción de la crisis económica, Aragón había vivido unos años de cierto crecimiento económico basado especialmente en un desarrollismo especulativo que había generado una falsa ilusión de bienestar y prosperidad. El discurso oficial ensalzaba los logros de este supuesto progreso (como el pleno empleo) mientras

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buena parte de la ciudadanía asumía como propios los valores del neoliberalismo: consumismo e individualismo. Fueron, sin embargo, años en los que la precariedad laboral se incrementó fuertemente, la vivienda se convirtió en un derecho básico inalcanzable para la ciudadanía y persistió la existencia de colectivos sociales desfavorecidos que no lograban salir de la exclusión social.

Entre 2000 y 2007, el PIB creció a una media aproximada del 4% anual en Aragón, en la línea del crecimiento experimentado por España y superior al crecimiento del PIB en la Unión Europea. Sin embargo, este crecimiento económico no sirvió para mejorar la calidad de vida de las personas sino para precarizarla todavía más. El precio de la vivienda crecía a un ritmo del 15% anual, por lo que llegó a triplicar su precio durante este período, haciendo perder poder adquisitivo a una buena parte de la clase trabajadora, sobre todo a la juventud. La temporalidad afecta a uno de cada cuatro trabajadores, si bien casi la mitad de la juventud trabajadora, tiene un contrato temporal.

La siniestralidad laboral ha seguido siendo uno de los problemas más dramáticos de nuestro mercado laboral, pues como consecuencia de la precariedad laboral y de la insuficiente inspección laboral. Y en 2009 la tasa de pobreza afectaba al 12,7% de los residentes en Aragón, lo que ponía en evidencia la existencia de sectores sociales excluidos de este “milagro económico” que parecía ser el capitalismo salvaje.

En 2008 comenzó “el principio del fin” de esta falsa ilusión en la que gran parte de la ciudadanía vivía. La construcción, principal motor de un crecimiento absurdo, desbocado e insostenible, se frenaba de manera espectacular. Las obras de la Expo habían terminado y, lo que es más importante, la construcción residencial se frenó como consecuencia de la explosión de la enorme burbuja inmobiliaria alimentada por el poder político y económico en los últimos años.

A modo de ejemplo, en el año 2006 en la ciudad de Zaragoza se iniciaron la construcción de 24.000 viviendas, mientras que en 2009 fueron 12.000 las viviendas iniciadas. Ni siquiera la millonaria inversión del “Plan E” consiguió amortiguar la depresión constructora en la que, al igual que el resto de España, se vio sumido Aragón, aunque con algunas connotaciones menores por ser Comunidad de interior.

La posibilidad de cierre de GM amenazaba a la provincia de Zaragoza y en general a toda la Comunidad con un desastre de consecuencias sociales y económicas incalculables. Afortunadamente se anunció el mantenimiento de la factoría, aunque con dificultades como consecuencia de la crisis, que ha derivado en la continua

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presentación de EREs de carácter suspensivo hasta la fecha.

El resto de la industria aragonesa tampoco ha estado muy boyante, sobre todo aquella más directa o indirectamente relacionada con la construcción. Muchos municipios aragoneses han visto en este período el cierre de importantes fábricas y otras, sin haber llegado al cierre, han tenido que reducir su producción, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Los Expedientes de Regulación de Empleo, temporales o de suspensión, han sido aprobados por la autoridad laboral incondicionalmente, demostrando que el Gobierno de Aragón se sitúa junto a los empresarios y favoreciendo así la presión de las empresas para atacar conquistas históricas de los trabajadores.

Con la imposición de la nueva reforma laboral por parte del Gobierno del PP, además de continuar destruyendo los derechos de los trabajadores/as, se han incrementando de forma desproporcional el número de EREs. El gobierno ha dado un arma demoledora a los empresarios en perjuicio de la clase trabajadora. Un duro golpe con unas medidas salvajes que soslayan los principios constitucionales del derecho al trabajo.

El sector servicios fue el que inicialmente mejor aguantó el impacto de la crisis pero también ha terminado sucumbiendo a ésta debido a la reducción del consumo tanto por parte de las empresas como de los hogares. La aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para la estabilidad presupuestaria, recogía el incremento del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en sus diferentes tramos, ascendiendo el general del 18% al 21%, Circunstancia que perjudica a la ciudadanía en general, aumentando todavía más la contracción del consumo por la pérdida nuevamente de poder adquisitivo de las familias.

La agricultura y la ganadería, por su parte también sufren la dureza de la crisis, si bien persiste un funcionamiento de la actividad agrícola y ganadera que beneficia a los grandes distribuidores a costa de los pequeños productores que cada vez tienen más difícil que sus cuentas cuadren.

La reducción de actividad económica ha motivado un incremento dramático del desempleo, especialmente entre la clase trabajadora menos cualificada y de la juventud. En 2007 había en Aragón poco más de 30.000 desempleados mientras que cinco años después esta cifra se ha cuadriplicado y supera ya los 120.000 parados. Un paro que es tremendamente injusto con los jóvenes, a quienes se les está negando sus posibilidades de desarrollo, y absolutamente implacable con las personas trabajadoras de más de 50 años, a quienes margina de la actividad

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productiva y les condena a exiguas pensiones en el futuro a pesar de haber trabajado duramente durante años.

I. 4 La crisis de la deuda y las políticas de ajuste. Auditoria de la deuda.

I. 4. 1. El problema de la deudaLa deuda pública es la consecuencia de la acumulación de los déficit anuales de las diferentes administraciones públicas. En 2007, la deuda pública española era del 36,3% del PIB (382.307 millones de euros) y se encontraba muy por debajo de la media europea. La crisis económica ha incrementado los siguientes déficit públicos y en 2012 la deuda llega a superar los 800.000 millones de euros (casi un 80% del PIB), sumándose a otros países de la periferia de la Eurozona a la denominada crisis de deuda.

Este déficit que se ha generado sobre todo por tres motivos: 1) La desfiscalización del sistema tributario durante los años de crecimiento que redujo el pago de impuestos a las rentas del capital y a las grandes fortunas.2) La caída de ingresos del Estado como consecuencia de la reducción de la actividad económica.3) El rescate de la banca privada, mediante préstamos y avales, que ha hecho que el Estado sea quien haya asumido su enorme agujero, socializando las pérdidas.Para compensar este déficit, el Estado ha tenido que endeudarse.

Hay que tener en cuenta además que el problema de España es fundamentalmente un problema de deuda privada. En 2011 la deuda de las empresas no financieras era del 134%, la de las familias era del 82%, la de los bancos del 76% y la del Estado del 71% sobre el PIB.

Este elevado endeudamiento provoca que las rentas de las familias y los excedentes de las empresas (principalmente PYMES y autónomos que representan más del 90% del tejido empresarial) se destinen prácticamente en su totalidad al pago de sus deudas, por lo que el consumo, la inversión y, por consiguiente, la actividad económica se paralizan y se agrava la recesión. Por ello el riesgo de impago del país es elevado, lo que hace que se incremente la prima de riesgo.

La prima de riesgo es la diferencia entre el coste de la deuda española con respecto a la deuda alemana, y teóricamente fluctúa en función del riesgo de impago del país (a mayor riesgo, mayor tipo de interés y por tanto mayor es la prima de riesgo). A medida que la crisis avanzaba también lo hacía la prima de riesgo española

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debido en buena parte a dos factores. Por un lado, a que el Estado ha ido asumiendo deuda privada de los bancos, elevando así su deuda pública y por tanto su riesgo de impago. Y, por otro lado, debido a la especulación de los grandes inversores con la deuda pública de los países más vulnerables, amparados en unos mecanismos de endeudamiento que favorecen esta especulación.

Sin embargo, los bancos españoles no sufren el elevado coste de endeudamiento que sí soporta el estado, las empresas y los hogares, gracias a que han recibido una barra libre de liquidez por parte del BCE a tipos en torno al 1%.Cuando el BCE presta dinero a los bancos al 1% y éstos se lo prestan a los estados a un tipo de interés cuatro, cinco o seis veces superior se destapa que, verdaderamente, esta crisis de deuda es una gran estafa que beneficia al sector financiero que la creó.

Si, en lugar de haber rescatado a los bancos comprando su deuda pública en el mercado secundario, el BCE hubiera invertido ese dinero comprando directamente la deuda pública a los países, los estados se podrían haber estado financiando al 1% de interés y no habría existido una crisis de la deuda pública. Claro que sin esta “crisis” de la deuda pública, los bancos no podrían haber hecho el negocio de comprar dinero al 1% y a continuación venderlo al 5%.

Además, el análisis de otras crisis de deuda como la sufrida en América Latina en los años 80 y principios de los 90 o de los países ya rescatados en Europa (Grecia, Irlanda o Portugal) nos muestra que la deuda nunca deja de aumentar, a pesar de los recortes de gasto y los rescates, y que sólo mediante el impago de la deuda ilegítima y la supeditación de la economía al bienestar de la ciudadanía se puede salir de este círculo vicioso.

I. 4. 2. La deuda en AragónLa Comunidad Autónoma de Aragón no es ajena a esta crisis de deuda. La deuda total de la Comunidad, sin contar Ayuntamientos, empresas públicas que no computen en presupuestos u otros organismos.En los últimos años dicha deuda no ha parado de crecer. Así, las necesidades de financiación, salvo en 2011, han estado siempre por encima de los 800 millones de euros.

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Esto ha derivado en que los recursos destinados tanto a la amortización de la deuda como al pago de los intereses no hayan parado de crecer.

A pesar de que desde 2009 el Presupuesto total ha descendido progresivamente:

Por tanto, el porcentaje del presupuesto destinado al pago de la deuda ha subido vertiginosamente. En 2012 se destinó un 7,96% del presupuesto en pagar la deuda y las previsiones para 2013 indican que se destinará un 14,97% cuando en 2009 el porcentaje era de tan solo el 2,55%.

Si se destinan más recursos al pago de la deuda quedan menos para otras partidas. El gobierno del PP-PAR y el anterior del PSOE-PAR han optado por disminuir, entre otras, las partidas destinadas a los gastos sociales.

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Destaca la disminución del presupuesto destinado a sanidad y educación, que son el principal gasto de la DGA. Desde 2009 el recorte en sanidad ha sido de 13,66% y en educación del 16,36%. También destaca el descenso de casi un 50% en políticas de vivienda, del 70% en cultura y deporte o del 33% en empleo y relaciones laborales.Excluyendo las políticas sociales y el pago de la deuda, la evolución del resto de las partidas de gastos son las siguientes:

Dentro de infraestructuras y medio ambiente el recote más significativo desde 2009 ha sido en recursos hidráulicos, estructuras agrarias y desarrollo rural y

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medio ambiente, con un recorte superior al 45% en todos los casos. Mientras, los recuros destinados a carreteras, transportes y urbanismo han disminuido un 3,43%.

Las políticas económicas se componen de: desarrollo económico, industria y energía, comercio, turismo, investigación, desarrollo y nuevas tecnologías, agricultura y fomento agroalimentario, Política Agraria Común (PAC). En este área todas las partidas han sufrido grandes recortes, salvo la PAC.

Los recortes en actuaciones de política territorial han recaido principalmente en las políticas territoriales mientras que la dotación a las administraciones comarcales apenas ha variado. Además, desde 2012 se dotan más de 11 millones de euros en concepto de apoyo a la administración local.

Por último, en actuaciones de carácter general el recorte de administración general ha sido del 77% desde 2009 mientras que el de alta dirección de apenas un 22%.Esta situación de endeudamiento creciente y recortes provoca un descenso de los ingresos que ya partían de una situación precaria debido a la desfiscalización en los años de la burbuja inmobiliaria. Su evolución en los últimos años ha sido la siguiente:

Actualmente la mayor entrada de liquidez no proviene de los ingresos corrientes sino de nuevos préstamos, por lo que nos estamos endeudando para pagar la deuda.

En estos datos no se tienen en cuenta las empresas en las que la DGA participa en un 50% o menos. Tampoco se tienen en cuenta los avales concedidos a sociedades privadas tanto por el Gobierno de Aragón como por sociedades participadas por

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ese como sería el caso de Avalia .Por tanto, la situación es todavía más grave que la descrita en el análisis de los presupuestos.

Estos datos demuestran que la deuda es impagable y que las políticas llevadas a cabo no harán sino empeorar la situación. Por tanto, se hace necesaria una auditoría ciudadana de la deuda que determine para qué, con quién y en qué condiciones se contrajo esa deuda y qué parte puede considerarse como deuda ilegítima y, por tanto, no debe pagarse.

I. 4. 3. Auditoría ciudadana de la deudaLa ciudadanía tiene derecho a conocer el origen de la deuda contraída por cada una de las administraciones y empresas públicas y las condiciones de dicha deuda. En una democracia esta información ha de ser pública y transparente. Como actualmente no es así, es preciso que se implemente un proceso de auditoría de la deuda con participación y control de la sociedad civil y de las organizaciones y movimientos sociales que de ella emanan.

En este sentido, apoyamos la iniciativa de la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y aquellas que puedan surgir en el mismo sentido desde las organizaciones y movimientos populares y que contribuiremos a impulsar.El proceso de auditoría ha de dejar constancia de la motivación de cada uno de los préstamos contraídos y permitirá determinar qué parte de la deuda es legítima y qué parte de la deuda es ilegítima y por tanto el pueblo no debe pagarla. Entendemos que será deuda ilegítima aquella contraída para un objetivo diferente al de la financiación corriente del Estado del Bienestar o de inversiones necesarias para el desarrollo social o económico del territorio.

El proceso de acumulación de fuerzas sociales que permita la auditoria ciudadana de la deuda no va a ser inmediato, por lo que no podemos limitar nuestra actuación al momento en el que la auditoria se realice. Hoy en día, tras los sucesivos golpes financieros sufridos especialmente la reforma del art. 135 de la Constitución- la desobediencia civil pacífica se convierte en una forma de lucha no sólo legítima sino necesaria. Debemos continuar la denuncia explicita de unos intereses abusivos que ahogan al pueblo porque así lo dictamina la ley, de la misma manera que tratamos de impedir con actos de desobediencia civil pacífica la ejecución de desahucios por muy legales que estos sean.

Ahora bien, sin una auditoría de la deuda a nivel de todo el Estado, las posibilidades de desobediencia desde las instituciones autonómicas y municipales están muy limitadas.

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Es preciso tener claro que la auditoría de la deuda no es objetivo en sí mismo, sino que sobre todo es una herramienta que sirve para construir un movimiento popular organizado que empodere a la ciudadanía y consiga que ésta se sienta contrapoder frente a los mercados financieros.Por ello, desde Izquierda Unida Aragón consideramos la exigencia de la auditoría de la deuda como un objetivo estratégico y transversal, tanto en nuestra actividad institucional como en nuestro trabajo en los movimientos sociales.

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TESIS II. LA RESPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA. HACIA UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO.

El camino hacia la sostenibilidad con una economía baja emisiones de carbono, un menor uso de recursos materiales y menor consumo energético, asumiendo un enfoque integrador y una visión a largo plazo, no puede desviarse de sus objetivos estratégicos alegando otras prioridades inmediatas para salir de la actual crisis, porque ésta puede también ofrecer oportunidades para cambiar con mayor rapidez los modos de producción y consumo de forma responsable y sostenible.

La salida de la crisis pasa por establecer procesos que permitan la disociación absoluta entre el crecimiento económico y la degradación ambiental y el uso de recursos (producir mejor con menos), al tiempo que se incorporan criterios de “suficiencia” para un consumo racional. Pero también hay que ir sentando las bases de una economía de la supervivencia colectiva para combatir las desigualdades más críticas a escala mundial, de tal manera que los países más desarrollados tienen que asumir su responsabilidad histórica y tomar iniciativas ejemplarizantes y solidarias con los países empobrecidos y en favor de la sostenibilidad global.

En este contexto —y hoy más que nunca— es necesario y urgente construir enfoques alternativos de interpretación de la realidad social y económica que permitan ofrecer respuestas y propuestas para terminar con los padecimientos y el despilfarro que está produciendo la crisis y avanzar hacia una sociedad humana y sostenible.

II. 1. Las primeras acciones.Combatir el desempleo y sus terribles efectos debe ser una prioridad del Gobierno de Aragón y de cualquier Administración mínimamente sensata y sensible. Para ello, es precisa una intervención pública decidida en la economía que anteponga los derechos sociales básicos de las personas a los enormes beneficios de unos pocos capitalistas. Hace falta una economía que genere riqueza y trabajo, pero también hace falta repartir este trabajo y esta riqueza de una manera mínimamente equitativa y solidaria.

Es preciso que desde la Administración se dé una respuesta a los más de 120.000 aragoneses/as que se encuentran en el paro, especialmente a aquellos forman parte de un hogar donde todos los miembros están en el paro. No es tolerable para una sociedad que se pretende “desarrollada” que, por ejemplo, cerca del 20% de sus habitantes se sitúen debajo del umbral de la pobreza en 2011.

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Los gobiernos nacional, autonómico y local, hablan continuamente de la necesidad de cambiar de modelo productivo, si bien desgraciadamente en boca de ellos no es más que un slogan vacío de contenido. Y es que los actuales gobernantes no tienen ninguna credibilidad porque son los mismos que apostaron por el modelo del ladrillo que nos ha conducido a esta situación dramática. Además, cuando los políticos que defienden el capitalismo (ya sea PSOE, PP u otros) se refieren al cambio de modelo productivo, no cuestionan ni lo más mínimo la injusta distribución del capitalismo, que obliga a una mayoría a trabajar para el lucro de unos pocos.

Izquierda Unida apuesta realmente por un cambio de modelo productivo, es decir, por basar nuestro crecimiento no en el ladrillo sino en actividades productivas con futuro y generadoras de empleo de calidad. Pero este cambio de modelo productivo debe estar inserto en un cambio de modelo de desarrollo, de manera que se persiga satisfacer las necesidades sociales a la vez que se respeta la conservación del medio ambiente.

Es imprescindible cambiar de política urbanística, y apostar por ciudades sostenibles y socialmente responsables, donde sus habitantes no tengan que desplazarse a la periferia para poder acceder a una vivienda, vaciando a su vez la ciudad consolidada. Una ciudad que no destruya su pequeño comercio, señal de identidad de los barrios y motor económico y social de los mismos, para lo cual debe ponerse final a la política de fomento de grandes superficies comerciales. Una ciudad verde, con jardines, parques y plazas, donde los niños y niñas puedan jugar y las personas caminar y hacer vida social sin necesidad de tener que acudir a un centro comercial.

El acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad para los municipios, especialmente en aquellos lugares donde más se ha incrementado su precio. Para ello, hay que poner freno a la especulación, sobre todo al absurdo de que en Aragón existan 80 mil viviendas vacías mientras mucha gente carece de una para vivir. Igualmente debemos acabar con las situaciones de abuso a las que se están siendo sometidas cientos de miles de familias que no pueden pagar su hipoteca y además de perder su vivienda han de seguir pagando al banco.

La Iniciativa Legislativa Popular para poner freno a los desahucios recientemente aprobada en el Congreso, a pesar de la oposición inicial del Gobierno del PP, ha sido un logro de la sociedad y ahora en la tramitación tenemos que emplearnos a fondo. Igualmente creemos que hay que fomentar la rehabilitación y el alquiler, puesto que en los últimos años se ha construido vivienda suficiente para la próxima década.

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Los municipios también tienen mucho que aportar al cambio de modelo de desarrollo que Aragón necesita. Hay que apoyar al tejido industrial, contribuyendo a que sea más productivo y eficiente, y a que se implanten nuevas empresas que generen empleo y riqueza social. Todo el apoyo que en los últimos años se ha destinado a inflar la burbuja inmobiliaria con objeto de enriquecer a una minoría de especuladores, ahora debe destinarse a fortalecer el tejido productivo, muy debilitado en estos últimos años y que se enfrenta al reto de sobrevivir en una economía capitalista cada vez más global y competitiva.

Ahora bien, los municipios no deben intentar intervenir únicamente en el ámbito de sus límites administrativos, optando incluso por la competencia con municipios próximos. Por el contrario, hay que diseñar estrategias de cooperación entre municipios cercanos que promuevan el desarrollo del territorio. Sobre todo en el caso de los municipios más pequeños, que carecen de recursos suficientes para impulsar proyectos de cierta envergadura, se requiere de esta cooperación.

Crear sinergias entre municipios próximos también ayudará a impulsar el desarrollo del territorio. La eficiencia energética es clave en el cambio de modelo de desarrollo y no se reduce al ámbito de la producción industrial o de la actividad económica sino que afecta a todas las actividades del territorio.

Los municipios deben establecer políticas que maximicen el aprovechamiento energético, fundamentalmente en el ámbito de la movilidad (fomentando el transporte público y no agrandando todavía más las distancias) y de la climatización (haciendo un uso responsable de la misma y apoyando la eficiencia energética en los edificios). Pero también se puede generar energía a escala local, aprovechando los recursos endógenos del territorio (como el sol o el aire), de tal manera que los territorios tengan como objetivo su autoabastecimiento energético.

En este sentido, debe existir un compromiso con los colectivos en riesgo de exclusión social y que tienen más difícil su inserción en el mercado de trabajo ordinario, apostando por la contratación de estas personas tanto en las convocatorias de empleo público como mediante cláusulas sociales en las contrataciones públicas a empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro.

En cuanto a la política de gasto, hay que combinar una necesaria y ejemplarizante austeridad con un incremento de los gastos sociales que palien los terribles

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efectos sociales de la crisis así como de las inversiones encaminadas a fortalecer el tejido productivo. No es admisible que el despilfarro de dinero público que realizan muchos Ayuntamientos, ya sea en proyectos costosos e innecesarios o en los gastos corrientes. Se deben auditar bien los gastos y establecerse unas remuneraciones del servicio público proporcionales a los tiempos de crisis que vivimos.

Igualmente deben priorizarse aquellos gastos que contribuyan a cambiar el modelo productivo, mejorando la productividad y eficacia de las empresas implantadas en el territorio y atrayendo a nuevas empresas. Igualmente se debe anteponer el gasto que contribuya a generar empleo, satisfacer los derechos sociales básicos, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y cuidar el medio ambiente.

La terrible crisis que padecen los municipios y sus habitantes ha de convertirse en una oportunidad puesto que debe alentar unas políticas opuestas al neoliberalismo que ha imperado hasta ahora. Es el momento de apostar por una política económica e industrial capaz de cambiar el modelo productivo, así como de optimizar los recursos públicos y aplicar una política de ingresos y gastos solidaria. Es, en definitiva, momento de dar un giro social, abandonar el neoliberalismo y construir entre todos municipios sostenibles y habitables.

II. 2. Reforma fiscal para redistribuir la riquezaLa redistribución de la riqueza es el objetivo principal de las propuestas económicas de Izquierda Unida, y la aplicación de las políticas fiscales, junto con la garantía en la prestación de servicios públicos básicos, son primordiales para ello. Un sistema impositivo justo es aquel que exige más a quien más tiene y además lo hace de forma progresiva. No sólo desde el Ministerio de Hacienda se puede actuar en fiscalidad; en la comunidad autónoma y los ayuntamientos se deben poner en marcha políticas redistributivas a partir de los ingresos, para reforzar la acción social y la inversión pública.

Techo de gasto, reforma constitucional, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera… son la solución para que la mayoría de la población pague los excesos de quienes nos condujeron a esta situación.Las actuales políticas de reducción de salarios públicos, subida indiscriminada del IVA, reducción de servicios públicos, no están sirviendo para crear empleo, ni mucho menos; están sirviendo para pagar los intereses especulativos a los culpables; cada medida es más de lo mismo, han convertido la lucha contra el déficit público en un chantaje para satisfacer el provecho de los mercados financieros.

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Pero ¿Izquierda Unida apuesta por la disminución del déficit? Pues sí, pero entre otras cosas, también actuando sobre los ingresos. El déficit de Aragón se puede resolver con una política fiscal propia, desde el autogobierno y dentro de la legislación actual:- Recuperando los impuestos de sucesiones, de patrimonio, de donaciones y de transmisiones para patrimonios no básicos (vivienda habitual tasada o vinculados a actividad productiva)- Aplicando impuestos ambientales progresivos- Actuando con mayor progresividad en los tramos del IRPF más altos dentro del margen autonómicoLas últimas propuestas del Gobierno de Rajoy sobre la modificación de la organización municipal y las haciendas locales representan en mayor ataque a los principios constitucionales de la autonomía municipal y suficiencia financiera.

La financiación de las entidades locales es la asignatura pendiente de todos los Gobiernos desde 1978. Abandono que sumado a la continua demanda y necesidad de servicios básicos y a la reducción de los ingresos municipales provenientes de la actividad urbanística, ha llevado a muchos ayuntamientos a una situación financiera muy complicada que pone en peligro muchos de esos servicios a los que no llegan otras administraciones.

A pesar de ello, la vigente norma de Haciendas Locales nos permite actuar y desarrollar políticas de ingreso distintas a “congelar” o continuar en un sistema injusto, aplicando mayor progresividad, protegiendo a quiénes tienen menos recursos o a Pymes y gravando más a los bancos, centros comerciales, grandes empresas, mayores consumidores y/o más contaminantes. Por otro lado, debemos pensar en que no todas las bonificaciones son sociales, y quién puede, debe pagar.

Además, otro elemento fundamental para el desarrollo de políticas redistributivas por medio de los ingresos, es la lucha contra el fraude fiscal; y aquí, el Gobierno de Aragón y los Ayuntamientos deben mejorar los recursos. Durante los últimos años la falta de control y vigilancia ha permitido que se ocultaran gran parte de las actividades sujetas a tributación.

II. 3 Empleo de calidad. Cooperativismo y economía social.II. 3. 1 Derecho a un trabajo digno.La provincia de Zaragoza es la que el cuarto trimestre de 2012 tenía una tasa de paro más elevada (20%), mientras que la provincia de Teruel sufría una tasa del 15% y la de Huesca del 14%. Las diferencias de género son notables, pues si los hombres sufren una tasa de paro del 17%, la tasa de las mujeres alcanza el 21%.

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Sin embargo, es en la tasa de actividad donde se demuestra más claramente la mayor dificultad que tienen las mujeres para acceder al mercado de trabajo, pues su tasa de actividad es del 53%, mientras que la de los hombres alcanza el 66%.

La juventud es otro de los colectivos que con más fuerza está sufriendo la crisis. Los menores de 25 años presentan una tasa de paro del 46% cuando 5 años antes era del 14%. Lógicamente aquí no se computan los miles de jóvenes aragoneses, muchos de ellos altamente cualificados, que han tenido que abandonar Aragón para buscar un trabajo.

Históricamente la izquierda hemos defendido el reparto de la riqueza y del trabajo, siendo esta apuesta especialmente necesaria en una crisis como la actual. La primera medida por tanto que hay que tomar para crear empleo es repartir el empleo existente reduciendo la jornada de trabajo. Dicha reducción no debe afectar al poder adquisitivo en los casos de los salarios por debajo del salario medio.Sin embargo, sí que podría afectar en los salarios por encima de la media, siendo ésta una medida de redistribución solidaria de la renta. Cierto que no es la medida más justa puesto que la transferencia de rentas debería proceder de las grandes fortunas pero, ante la dificultad de hacerla efectiva en el ámbito autonómico y municipal, se requiere –al menos temporalmente- también la contribución progresiva a los trabajadores con sueldos por encima de la media.

El Estado debe garantizar el derecho a un trabajo, por lo que si hay trabajadores que no pueden encontrarlo en el mercado de trabajo privado, el Estado tiene la responsabilidad de proveerles de un empleo. Dentro de las posibilidades económicas de la DGA y de los municipios, estas administraciones también deben impulsar planes de empleo público dirigidos a desempleados. Dichos planes deberían existir al menos mientras la tasa de paro supere el 10%.

Éstos deben contribuir a satisfacer necesidades sociales que hoy existen y no están cubiertas, trabajos de cuidados, que posibiliten la implicación de todas las personas en red. Sacar la responsabilidad única de las familias para avanzar en la coresponsabilidad. Asimismo se deben priorizar aquellos sectores contemplados en nuestra propuesta de cambio de modelo productivo.

Otro aspecto a tener muy en cuenta será que sean actividades intensivas en mano de obra, es decir, que la mayor cantidad posible de los recursos se inviertan directamente en la contratación de los trabajadores, y por último, y no menos importante, se deberán priorizar aquellas actividades que puedan dar cabida a los colectivos de desempleados con mayores dificultades de inserción

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laboral y especialmente golpeados por la crisis: mujeres, mayores de 45 años, discapacitados, personas de hogares cuyos miembros estén en desempleo.

Es necesario también posibilitar procesos de reestructuración y eliminación de aquellas actividades que no cumplen un fin social o son meramente especulativas. Invertir en investigación y calidad superando un modelo de consumo masivo. Así como un cambio en la estructura ocupacional ya que tenemos gente muy bien formada con una oferta mayoritaria de trabajo que no necesita cualificación, dándose la sobrecualificación o la vuelta a la emigración masiva como solución.

II. 3. 2 Por un empleo de calidad.Si el desempleo es el principal problema de la clase trabajadora, la precariedad laboral y la continua pérdida de derechos laborales también le afectan de manera muy considerable. Las continuas reformas laborales de carácter neoliberal aplicadas por gobiernos del PP y del PSOE han ido recortando los derechos de los trabajadores, haciendo su situación en la empresa más precaria y disminuyendo por tanto su poder de negociación frente al capital.

Al fin y al cabo, las condiciones laborales no son sino el resultado de la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, es decir, pura y simple lucha de clases. Por eso las reformas laborales han ido debilitando la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, atacando la cobertura de los convenios colectivos o abaratando el despido. Se ha favorecido que la empresa pueda despedir a un trabajador que esté defendiendo sus derechos o que sufra algún problema de salud que incida en su absentismo. Desde IZQUIERDA UNIDA no sólo defendemos que todo el mundo debe tener derecho a un puesto de trabajo, sino que además éste trabajo ha de ser digno y con derechos.

Por ello apoyamos la organización de los trabajadores en la defensa de sus intereses de clase y consideramos la acción sindical combativa y de clase como muy necesaria. No es casualidad que el capital y los partidos y medios de comunicación que defienden sus intereses continuamente ataquen a los sindicatos de clase y cuestionen su misma existencia.

En el ámbito de las administración autonómica y local abogamos por considerar la calidad del empleo como un factor a tener muy cuenta a la hora de que tales administraciones se relacionen con las empresas, ya sea a la hora de hacer una contratación o a la hora de conceder una subvención o un aval, así como a la hora de ofrecer trabajo ya que el índice de trabajo temporal dentro de la administración

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es muy alto. Además de la calidad del empleo, también es importante valorar la presencia de colectivos de trabajadores especialmente maltratados y discriminados en el mercado laboral.

Un elemento muy importante en la calidad del empleo es la seguridad y la salud laboral. La crisis no puede dejar en un segundo plano el derecho de la clase trabajadora a no tener que arriesgar su salud o incluso su vida para podérsela ganar. No podemos ignorar que el incremento del desempleo y de la precariedad hace más vulnerable a la clase trabajadora y le presiona para aceptar realizar un trabajo en condiciones de riesgo para su seguridad o salud. Por ello, precisamente en este contexto la administración todavía tiene que intensificar más su labor de inspección del trabajo y hacer cumplir la ley a las empresas. Hay que destacar, aunque parezca una obviedad, que la seguridad y salud en el trabajo no es un derecho exclusivo de los trabajadores de grandes empresas que cuentan con sindicatos y comités de empresa sólidos. Actualmente muchos trabajadores, especialmente los empleados en empresas más pequeñas y sin representación sindical, se encuentran en una situación muy vulnerable para denunciar situaciones que ponen en riesgo su salud.

Es preciso por tanto favorecer mecanismos para que estos trabajadores puedan denunciar situaciones de riesgo sin miedos a represalias, ya sea a través de organizaciones sindicales o directamente a través de la propia inspección de trabajo.Los grandes discursos retóricos que realizan las instituciones en relación a la igualdad de oportunidades y a la conciliación de la vida laboral y personal no puede esconder una realidad muy dura: las mujeres no pueden desarrollar su vida profesional en igualdad de condiciones que los hombres.

Las políticas de conciliación en España, centradas en permisos y excedencias, dificultan el mantenimiento de la mujer en el mercado laboral y son responsables de muchas de las desigualdades como por ejemplo la brecha salarial. En España tener hijos supone reducir la jornada laboral al 33% de las mujeres, disminuir sus oportunidades de promoción al 26%, sufrir discriminación laboral al 10,5% y abandonar el trabajo al 25% (datos del 2011). Es necesaria la reorganización de los tiempos sociales más adaptada a las necesidades familiares y personales y que elimine las desigualdades entre los géneros.

No podemos olvidar el papel fundamental de las instituciones públicas en varios sentidos: por un lado los recortes laborales específicamente dirigidos a la función

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pública incrementan el peso de la crisis sobre las mujeres a raíz de su importante concentración en sectores públicos como sanidad, servicios sociales y educación que conlleva altas probabilidades de perder su empleo, ver sus salarios recortados o sufrir un deterioro importante de sus condiciones laborales.

Pero además la retirada del Estado de múltiples responsabilidades reproductivas como consecuencia de la respuesta neoliberal a la crisis, y ante la ausencia de una redistribución de dichas responsabilidades en el seno del hogar, genera que sean las familias y particularmente las mujeres quiénes de nuevo asumen estas tareas, cuidado o apoyo en forma de trabajo no remunerado e invisible en el hogar.Esto se da de manera paralela a su sobreexplotación específica en el mercado, aumentando la carga global de trabajo de las mujeres y reforzando su doble jornada. Los obstáculos que tienen que sortear las mujeres en el mercado de trabajo son muchos y variados, y en el actual contexto de crisis no han hecho sino multiplicarse. Los recortes sociales en el Estado de Bienestar afecta a un elemento central de la economía: los cuidados.

En una sociedad machista y patriarcal como la actual, son las mujeres las que tienen asignado el rol de asumir los cuidados, lo que hace que los recortes en dependencia o escuelas infantiles expulsen a muchas mujeres del mercado de trabajo. Las mujeres de nivel de estudios altos, no ha dejado de trabajar sino que ha pospuesto su maternidad por lo que ha caído drásticamente la fecundidad (crisis de reproducción social)

II. 3. 3. Cooperativismo y Economía Social y SolidariaLa democracia formal alcanzada en el ámbito político está lejos de existir en el ámbito económico, lo que hace complicado considerar al capitalismo como un sistema compatible con la democracia. En el “libre mercado” impera el poder del dinero, es decir, “tanto tienes, tanto vales”. Por ello, y en paralelo a la lucha por la superación del capitalismo, es preciso apoyar todas aquellas iniciativas que escapen de esta lógica economicista, tengan una base democrática y apliquen criterios de rentabilidad social.

La cooperativa es la formula organizativa que permite la autogestión obrera, es decir, que sean los trabajadores los que dirijan su propia empresa. Es un tipo de empresa sin ánimo de lucro y que persigue el interés de sus trabajadores. Es necesario apoyar este tipo de empresas puesto que empoderan a la clase trabajadora y demuestran que ésta es la única clase social imprescindible en la creación de riqueza. Necesitamos ejemplos de qué es posible organizar la economía sin la presencia de capitalistas y la cooperativa es el mejor ejemplo de ello.

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Actualmente las cooperativas tienen una serie de ventajas por parte de la Administración respecto a otras empresas, como sería el caso de subvenciones específicas. Sin embargo, estas ventajas son claramente insuficientes lo que se evidencia en el hecho de que sólo el 0,99% de las empresas aragonesas sea una cooperativa. Por ello, defendemos un mayor apoyo público a las cooperativas, especialmente en relación a la contratación pública, donde se debería de priorizar los contratos con cooperativas y pequeñas empresas, así como la valoración adecuada de criterios sociales y no sólo económicos.

Se denomina Economía Solidaria al sistema socio económico, cultural y ambiental desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía.Se reconocen en este espacio todas aquellas iniciativas asociativas, empresariales, económicas y financieras comprometidas con los siguientes principios:• Igualdad. Promover la igualdad en las relaciones y satisfacer de manera equilibrada los intereses de todas las personas protagonistas.• Empleo. Crear empleo estable, favoreciendo especialmente el acceso de personas en situación o riesgo de exclusión social, asegurando a cada persona condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y la asunción de responsabilidades.• Medio ambiente. Favorecer acciones, productos y métodos de producción respetuosos con el medio ambiente.• Cooperación. Favorecer la cooperación en lugar de la competencia dentro y fuera de la organización.• Sin carácter lucrativo. Las iniciativas solidarias tienen como fin principal la promoción humana y social, por lo que son de carácter esencialmente no lucrativas. Los beneficios revertirán a la sociedad mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a programas de cooperación al desarrollo, entre otros• Compromiso con el entorno. Las iniciativas solidarias estarán comprometidas con el entorno social en el que se desarrollan, lo que exige la cooperación con otras organizaciones así como la participación en redes, como camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo.

En Aragón, la organización de referencia es la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Reas Aragón), que aglutina a las diferentes empresas sociales comprometidas con su comunidad y con la transformación social. Izquierda Unida

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apoya la economía social y solidaria y considera que las administraciones deben contribuir a su impulso y desarrollo mediante ayudas públicas y discriminación positiva en concursos públicos.Pero, sobre todo, es importante que exista un nivel de conciencia social que haga que los consumidores apoyen iniciativas empresariales de carácter social y no lucrativo. Máxime en un contexto de crisis en el que las pequeñas empresas, carentes de financiación y de recursos económicos, están sufriendo la caída del consumo, el recorte en el gasto público y la competencia de las grandes empresas

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TESIS III. ECOLOGÍA, DESARROLLO RURAL Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO.

III. 1. Economía sostenibleEl movimiento ecologista ha puesto en evidencia desde hace años que la economía no puede reducirse a magnitudes monetarias. La economía real está constituida por unos medios físicos, personas trabajando colectivamente y recursos naturales vitales y limitados. Agotar esos recursos irrecuperables es positivo en términos de economía capitalista, cuando en realidad es un desastre para la sociedad.

Esto sólo muestra el conflicto entre la rentabilidad privada y las necesidades sociales, el conflicto entre el capitalismo y la sociedad. Se trata, por tanto, de poner en marcha una planificación democrática de la economía y, a partir de lo que existe, reformar el sistema productivo para reducir drásticamente las desigualdades económicas, hasta su desaparición, y teniendo siempre en cuenta los límites naturales.

Es evidente que hay que adoptar un modelo económico de transición hacia una economía sostenible, sin embargo, todas las políticas económicas, aplicadas hasta la fecha, han ido dirigidas a recuperar la senda del crecimiento económico como solución. También ha quedado en evidencia que estas medidas son falsas soluciones de la crisis y conducen a más paro, mayor pobreza y al estancamiento, cuando no a la recesión económica, a largo plazo. Simplemente porque no es viable un crecimiento infinito en un mundo finito.

Es imprescindible cambiar las tendencias de crecimiento del consumo de recursos naturales y del incremento de emisiones contaminantes, con el objetivo de lograr un desarrollo social ecológicamente sostenible, dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos.

Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas, y para ello es fundamental la propiedad y gestión pública de los recursos naturales estratégicos, evitando que se conviertan en mercancías, así como, la intervención pública en la creación del nuevo modelo productivo con políticas de planificación democrática, reparto del trabajo, creación de empleo verde e impulso de una economía sostenible.

El capitalismo ha llevado la extracción de recursos naturales más allá de la capacidad de reposición de la naturaleza. Los gastos por desastres naturales, malas

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cosechas y el agotamiento de materias clave como el petróleo ya están teniendo consecuencias en la vida cotidiana de millones de personas. Por tanto, no cabe esperar que los ciclos habituales de la economía capitalista sigan eternamente sin consecuencias, a largo plazo, es algo sencillamente inviable.

Hay que partir de una realidad evidente, los planteamientos ultraliberales quieren olvidar, por motivos puramente ideológicos, que las sociedades que mejor se adapten a los cambios ambientales tendrán ventajas a la hora de mantener su estabilidad y condiciones de vida, así como, para alcanzar mayores niveles de equidad.

A continuación un conjunto de medidas que, sin ser exhaustivas, fijen las líneas por las que avanzar en esa dirección.Así pues, entendemos que en la planificación de la economía se debe hacer bajo los principios generales de sostenibilidad. - El ser humano no es el dueño de la Tierra, es parte de ella.- El crecimiento infinito es inviable en un mundo finito.- La pobreza es el primer problema ambiental del planeta.- La actividad económica sólo debe satisfacer las necesidades humanas reales.- Es necesario reducir la escala física de la economía hasta los límites de sostenibilidad.- Ni los recursos renovables pueden ser utilizados infinitamente.- La ciencia y la tecnología no dan respuesta a todos los problemas ambientales.- Se debe proteger y respetar a todas las especies vivas.- Se debe de aplicar el principio de precaución en todas las actuaciones.- Se deben utilizar ciclos cerrados en todo el sistema productivo.- La población mundial debe reducirse hasta un nivel sostenible.- No es posible crear una economía sostenible en un solo país.

III. 2. Fiscalidad medioambiental.Hasta ahora la fiscalidad en España ha favorecido a los productos, servicios y sectores más contaminantes y, salvo alguna excepción como la modificación (2007) del impuesto de matriculación, no se han introducido instrumentos de fiscalidad verde, como sí lo han hecho otros países europeos. Esta fiscalidad tiene el objetivo de modificar comportamientos de ciudadanos y empresas en el consumo de bienes y servicios sustituyendo unos, los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente.

La finalidad es internalizar los costes ambientales, pero también económicos, que tiene el uso de ciertos productos, sistemas de transporte o usos del suelo y favorecer,

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simultáneamente, a otros más sostenibles (transporte público y vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables, inversiones medioambientales...). Se trata de utilizar las potencialidades que ofrecen los instrumentos fiscales para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, la disminución de emisiones de CO2 y un desarrollo sostenible.

Izquierda Unida en alianza con otras organizaciones, presentó en el Congreso una propuesta de ley sobre fiscalidad medioambiental, que acomete algunos cambios en el actual marco normativo introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, creando algunos nuevos impuestos y reformando con criterios ambientales algunos elementos de la fiscalidad de las haciendas locales.

Más en detalle, algunas de las modificaciones que se reclaman en los impuestos actualmente existentes son:• Eliminación de la exención del impuesto sobre hidrocarburos para los vuelos domésticos, incremento de las tarifas del fuelóleo y convergencia de tipos entre gasóleo y gasolina.• En el impuesto sobre determinados medios de transporte (matriculación), eliminación de la exención que disfrutaban las embarcaciones de recreo y las aeronaves y en los vehículos y motocicletas se refuerza el vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2 aumentando el número de categorías existentes y tomando en consideración otras formas de contaminación por medio de las categorías euro.• En el Impuesto de sociedades se introducen deducciones para inversiones de ahorro de energía y agua y en gastos para favorecer la movilidad sostenible de sus trabajadores. • En el IRPF se introduce una deducción por adquisición de abonos de transporte público por parte de los trabajadores.• En el IVA se aplicaría el tipo normal en vez del reducido a servicios como la fumigación de plantaciones o el transporte aéreo y se aplicaría, sin embargo, el IVA reducido a las rehabilitaciones y viviendas protegidas.

Los nuevos impuestos (estatales) que se crearían son:• Un impuesto sobre la energía nuclear y el almacenamiento de residuos radiactivos.• Un impuesto sobre el vertido y la incineración o destrucción térmica de residuos.• Un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso.• Un impuesto sobre el cambio de uso del suelo para desincentivar la urbanización excesiva.• Un impuesto sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las clasificadas por la normativa como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la

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reproducción, para favorecer el consumo de sustancias alternativas menos dañinas para la salud humana y laboral.

Por lo que respecta a las Haciendas locales se modificarían en el siguiente sentido:• Las tasas de residuos se definirían con criterios ambientales.• Los tipos del IBI se modularían en función del certificado energético del edificio y tendría un recargo la segunda residencia.• El impuesto de circulación se modularía también en función de las emisiones de CO2 y de las categorías euro.• En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se diferenciaría entre las de suelo urbano consolidado o edificado y las unifamiliares y se bonificaría el aprovechamiento de aguas grises. Similar diferenciación se aplicaría en el impuesto de plusvalías.• Se define un impuesto sobre la pernocta, que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, que se podría aplicar voluntariamente por parte de los ayuntamientos.• En el IAE se eliminaría la bonificación que ahora tienen las empresas alejadas del casco urbano, y se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS

España es uno de los países de la Unión Europea con una menor presión fiscal. Afrontar la crisis económica exige aumentar el gasto para proteger a quienes la sufren, para corregir el déficit público y para favorecer el despegue de sectores ambientalmente sostenibles que pueden crear empleo.

III. 3. Desarrollo rural y vertebración territorial.Aragón cuenta con un balance demográfico muy desequilibrado entre su medio rural y su medio urbano. La despoblación que azota a nuestros pueblos no debe ser un mal con el que convivir. Nosotros entendemos que el medio rural tiene posibilidades y fortalezas que, correctamente desarrolladas e impulsadas, nos permitirían frenar las migraciones que afectan principalmente a las pequeñas localidades.

Los éxodos poblacionales tienen a Zaragoza como centro de gravedad primario, y a las cabeceras comarcales como centros de gravedad secundarios, lo que enmascara una realidad demográfica que califica la mayor parte del territorio como “desierto poblacional”. Aragón necesita políticas de equilibrio demográfico y territorial. Estamos entre las regiones más despobladas de Europa, y contamos con la población más envejecida de España.

La crisis, además, nos está demostrando que un territorio sin una política de

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transporte vertebradora y sin una alternativa económica distinta, tampoco es capaz de abordar este problema. Por todo ello, tenemos que orientar sus potencialidades hacía el cambio de modelo productivo que deseamos, generador de bienestar, que invierta la tendencia ilógica y depredadora de recursos actual.

Es preciso articular este proceso desde la base, generando alternativas económicas sobre la valorización de lo endógeno, la sostenibilidad, el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la descentralización.

Izquierda Unida apuesta por una política industrial reequilibradora del territorio, activa y fundamentada en los procesos económicos locales para que la todas las comarcas puedan desarrollar de forma armónica sus sectores productivos. Propósito que contrasta abiertamente con la situación industrial de Aragón, mayoritariamente concentrada en torno al corredor del Ebro. Sustentada en el resto del territorio sobre la nieve y el ocio, o en torno a proyectos de discutible rentabilidad social y en los que se dilapidan ingentes recursos públicos.

Izquierda Unida exige planificación, trabajar con perspectiva. Eso supone estudiar correctamente el potencial de nuestras comarcas, generar los espacios de discusión y análisis oportunos en cada zona e impulsar aquellos otros aplicables al conjunto de la comunidad.

Para ello deberemos mejorar las infraestructuras y redes de comunicación que, fuera de los grandes ejes, muestran importantes carencias; orientar los programas de cualificación profesional (medio ambiente, agricultura, tecnologías de agroindustria, turismo de calidad y sostenible, etc.); trasladar implantación industrial al ámbito rural y redefinir la política energética para que las renovables sean referente del desarrollo estratégico y la descentralización económica.

El sector agrario, de la mano de la agricultura familiar juega un papel fundamental en la vertebración y el desarrollo territorial armónico de Aragón. La crisis del sector primario, y el progresivo deterioro de los servicios públicos, unido a la falta de expectativas para jóvenes y mujeres son los factores que ahondan esta situación. Mientras, vemos una tendencia a la aglomeración económica, propia del modelo económico capitalista (privatización de los servicios y desatención de áreas rurales por ser menos rentables).

Izquierda Unida Aragón apuesta por reducir la brecha entre lo rural y lo urbano garantizando con equidad una adecuada cobertura de servicios públicos, transporte y comunicaciones; una política de ocio que garantice el desarrollo personal y

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participación colectiva; y una respuesta a las nuevas necesidades sociales del territorio, como la atención a personas mayores e integración social de inmigrantes.

Los PDR, Planes de Desarrollo Rural, 2007-2013 financiados por la UE han sufrido un descenso general de dotaciones financieras a pesar de que la UE ha incrementado sus aportaciones. En la suma de todos los PDR se han recortado fondos (un 5,1 % de lo programado inicialmente), a pesar de que la UE incrementó sus dotaciones. Esto es así porque las Administraciones españolas han ido en dirección opuesta, recortando sus contribuciones. En Aragón, el gasto público total cofinanciado que se ha dejado de hacer se eleva a 18,6 millones.

A la par, el Gobierno de Rajoy ha enterrado los planes elaborados conforme a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, única política financiada con recurso propios y que contó con el apoyo de Izquierda Unida en 2007; por su parte, el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de invertir en las comarcas, el presupuesto previsto para cofinanciarlos.Por otro lado, Izquierda Unida ARAGÓN contempla la política de desarrollo rural como algo que debe ir más allá de un mero reparto de fondos, sino que contemple estas premisas;- La participación y la definición colectiva de estrategias de desarrollo.- El apoyo al modelo agrario de la empresa familiar y sostenible como garante de la fijación de la población, de la estabilidad económica, de la sostenibilidad y del mantenimiento del medio. Izquierda Unida Aragón trabaja para que los gobiernos apuesten otra política agraria que gire en torno al mundo rural y a la agricultura familiar, el desarrollo agroindustrial que anteponga la fijación de activos agrarios. - Una correcta gestión y mejora del patrimonio forestal, generadora de empleo estable, cualificado y de calidad- La puesta en valor de los rasgos característicos del patrimonio.- Una adecuada gestión del agua que suponga una herramienta para fortalecer procesos productivos con futuro, respetuosos con el medio natural y cultural y que garanticen el equilibrio territorial. - Un turismo sostenible en la triple vertiente ambiental, económica y social, para lo que es imprescindible establecer una moratoria en los desarrollos urbanísticos, en la proliferación de campos de golf y en la ampliación o creación de nuevas estaciones de esquí.

En definitiva, es imprescindible la aplicación de medidas de descentralización económica, medidas de intervención pública para lograr un desarrollo económico de Aragón más equilibrado territorialmente, que así lo será también social y medioambientalmente. Un Aragón en el que, además, la prestación de servicios

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de calidad desde lo público y la diversificación de la economía orienten nuestra actividad industrial y de servicios en pos de un modelo justo, sostenible y perdurable. Sólo de esta forma, invertiremos la tendencia despobladora actual.No habrá vertebración si la carencia de servicios fundamentales sigue expulsando a cientos de personas de sus pueblos para engrosar las cabeceras comarcales o las ciudades. Nuestro medio rural se ve especialmente afectado por la política de menos estado y más mercado que impone la agenda política ultraconservadora del PP y la troika y que se traduce en más recortes.

La rentabilidad de los servicios públicos no se puede medir en términos económicos, algo que se ve con claridad donde las elevadas tasas de despoblación evidencian la importancia de los servicios públicos como elemento de cohesión, igualitario y redistributivo al mismo tiempo que impiden que se pueda encontrar en la prestación de estos posibilidad de negocio. A pesar de lo anterior la salud, la educación, la política de transporte en Aragón en mayor o menor medida se han visto afectadas por estas políticas impulsadas, primero por el PSOE primero y el PP después, con la ayuda inestimable del PAR en Aragón.

Antes y ahora la mal llamada “colaboración publico privada” supone de facto un profundo cambio en el modelo de gestión hacia la privatización de los servicios públicos. En el ámbito rural los consorcios sanitarios son prueba de ello. En estos momentos de crisis esta misma lógica es la que provoca los recortes. En salud se traducen en recortes de personal, cierre de ambulatorios, privatización de diferentes servicios, hasta ahora prestados desde lo público, o el abandono de políticas como la de ayuda a la dependencia tan precisas en zonas profundamente envejecidas. Al igual ocurre en educación o en política de transporte.

Tenemos que hacer posible que los servicios públicos sean pilares de la cohesión social, garantes de la igualdad y la justicia, ejemplo de la política redistributiva y fijadora de población y fundamentos del bienestar. Para ello es preciso combatir firmemente a aquellos que los consideran y valoran como un negocio. De lo contrario la despoblación y la desertificación rural, al igual que el crecimiento urbano desordenado, seguirán aumentando de forma irremediable.

Izquierda Unida de Aragón apuesta por reducir la brecha entre lo rural y lo urbano garantizando una red fuerte de servicios públicos, entre los que entendemos han de encontrarse también la política de comunicaciones y transporte; una política de ocio que garantice el desarrollo personal; y una respuesta a las nuevas necesidades sociales del territorio, como la atención a personas mayores e integración social

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de inmigrantes. Una red que además sea capaz de dar respuesta a las gravísimas situaciones de necesidad que está generando la crisis y que están poniendo en evidencia la incapacidad de lo público para dar respuesta a las necesidades más básicas de quienes las están sufriendo.

III. 4. Agricultura y ganadería. Soberanía alimentariaEl modelo de producción agraria intensiva, capitalista, ha demostrado sus efectos en la contaminación de agua y suelo, pérdida de biodiversidad, deforestación, desertificación, y tremendas consecuencias sociales y económicas, globales y locales. IZQUIERDA UNIDA apuesta por una nueva reforma agraria que nos lleve hacia un modelo más social y con un menor uso de energía, agua y agroquímicos de síntesis.

El papel que juegan las políticas agrarias es vital para lograr el Aragón que deseamos, con un mundo rural vivo. Izquierda Unida considera al sector agrario como un sector estratégico para lograr un cambio en el modelo económico y una verdadera cohesión social y territorial. También destaca su importancia como responsable de la alimentación de la población lo que representa la mayor fortaleza para apostar firmemente por la agricultura y ganadería como sustento de la economía rural y de la alimentación de la sociedad.

Para lograr el cambio de modelo productivo que pretendemos, en el sector agrario tenemos que hablar de soberanía alimentaria, entendida como la facultad de cada estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y equidad en las relaciones productivas y comerciales. Esta es la única vía capaz de garantizar que los productores obtienen unos precios justos y los consumidores no paguen unos precios desorbitados por una alimentación sana, segura y de calidad producida en equilibrio con el medio.Por lo tanto no es viable una agricultura social sin garantías de renta para los productores. Izquierda Unida es conocedora de la tesitura que atraviesa el sector agrario, sumido desde hace años en un proceso permanente de reconversión, que persigue la liberalización, la desregulación y la aplicación de la disciplina financiera.

Las sucesivas reformas de la PAC han atentado directamente contra el modelo agrario social y familiar, que fija población en el territorio. El desacoplamiento de las ayudas ha incitado al abandono de la producción beneficiando sólo a las grandes multinacionales de la agroindustria, y también la negociación de la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) vuelve a recuperar el escenario de incertidumbre para este sector y los resultados de los encuentros para abordar el Presupuesto de

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la Unión Europea 2014-2020 y el reparto de los fondos estructurales perjudican a la agricultura y la ganadería.

Por eso Izquierda Unida trabajará por una nueva política agraria que abandone el paradigma de la liberalización comercial que atenta contra los principios de equilibrio y sostenibilidad que queremos; para ello, deberemos fortalecer la alianza entre productores y consumidores en favor de la agricultura social y que equipare la renta agraria con el resto de sectores.

Es preciso sustituir la apuesta por la “competitividad global” que inspiran las actuales políticas comunitarias, por una en favor del consumo local, la agricultura social, familiar y saludable. Se deberán definir nuevas herramientas que permitan salvaguardar la alimentación, los derechos de productores y consumidores, de la voracidad del libre mercado. Instrumentos como la gestión de la oferta, la regulación e intervención pública en los mercados, se sitúan en la agenda de Izquierda Unida. Para lograr este objetivo es preciso adoptar medidas como:- Sistema de apoyo público destinado al agricultor o ganadero en activo (trabaja directamente la tierra y el ganado) con importes máximos por agricultor, que responda al modelo social que defendemos y que cuente con la participación de las gentes del campo.- Facilitar la incorporación de los y las jóvenes a la agricultura y la ganadería.- Puesta en marcha de un ente público gestor de tierras.- Mantenimiento de las medidas agroambientales como elemento corrector de los desequilibrios que produce el capitalismo sobre sistemas sostenibles y tradicionales.- Ley de Márgenes Comerciales que delimite los beneficios de los intermediarios, que permita más transparencia de los mercados, con la participación del sector agrario hasta el destino y evite la entrada de especuladores en los mercados alimentarios.- Fortalecimiento e impulso de circuitos cortos de comercialización, venta directa y los mercados locales, favoreciendo así canales que eliminen intermediarios. Es intolerable el abuso de unas pocas multinacionales que controlan la distribución en oligopolio.- Apoyo a las infraestructuras para el procesado y comercio local de productos agrarios de cooperativas y con rentabilidad social.- Apuesta por una agricultura de calidad, sana y producida bajo criterios de sostenibilidad; con líneas de investigación pública para la recuperación y mejora de variedades y razas tradicionales, ampliación de la cobertura de los seguros agrarios hasta el coste de producción, y un rechazo total de los cultivos transgénicos.- Ley de Orientación Agraria en Aragón que planifique la actividad agraria

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basada en la sostenibilidad, la producción agroalimentaria de calidad y la orientación de los recursos hacia el modelo social de producción agrícola y ganadera. Además, se establezcan medidas de compra de productos locales y agroecológicos para los comedores públicos (colegios, hospitales y residencias)- Apoyo a una agroindustria ligada al territorio y transformadora de productos locales, generadora de empleo y que fija población.- Potenciación de la modernización del regadío como forma de aumentar su eficiencia y eficacia económica y medioambiental.

III. 5. Turismo.El turismo es uno de los sectores económicos más relevantes de Aragón. Representa el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y cuenta con más de 8.000 empresas y 70.000 trabajadores/as sólo en la hostelería y restauración. En la provincia de Huesca representa el 20% del PIB.

La Comunidad de Aragón tiene un gran potencial turístico y conserva un rico patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico, cultural, gastronómico, etc., y una oferta de alojamientos que se acerca a los 3.000 en sus distintas modalidades (hoteles, hostales, pensiones, paradores, hospederías, camping, albergues, refugios de montaña y viviendas de turismo rural).

La apuesta constante del Gobierno de Aragón por un modelo de turismo ligado a la especulación urbanística y sustentado con proyectos como la unión de estaciones de esquí, complejos residenciales con campos de golf y grandes centros de ocio (Gran Scala), ha fracasado y no podemos permitir que se repita en el futuro, por ello tenemos que recuperar el debate que con coherencia viene impulsando la Comisión Europea en esta última década sobre un modelo que garantice la sostenibilidad social, económica y medioambiental del turismo europeo.

La apuesta por el turismo debe ser decidida, con este claro concepto de sostenibilidad y marcada por una estrategia que alcance al conjunto de modalidades turísticas de Aragón. En esta apuesta es obligado el compromiso de la Administración de la Comunidad Autónoma, potenciando:• El turismo rural como una alternativa para contribuir al mantenimiento y sostenimiento, junto con la agricultura y ganadería, de los pueblos en Aragón.• El turismo de nieve como práctica del deporte y ocio, adoptando medidas de ayuda a la actualización y modernización de las instalaciones, y marcando nuestra posición contraria a la unión entre estaciones por su influencia directa en un modelo urbanístico insostenible y especulativo.• El turismo de montaña, aprovechando el gran potencial del pirineo y el

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sistema ibérico.• El turismo de naturaleza (ornitológico, senderismo, micología, etc.) • Otras variedades del turismo, como el cultural, gastronómico, ecuestre, mountain bike, etc.• Fomentar los valores y espacios naturales del territorio con una gestión eficiente del patrimonio natural.• Valorizar el patrimonio paleontológico, etnográfico, histórico y cultural (conjuntos monumentales, rutas culturales, visitas guiadas, etc.).• Desarrollo reglamentario de la Ley del Turismo de Aragón, en la línea de incorporar criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad entre los requisitos exigibles a los establecimientos y actividades turísticas.• Defensa del mantenimiento de los Paradores de Turismo ubicados en Aragón por su contribución al desarrollo turístico en el medio rural, sin pérdida de servicios ni de empleo y con gestión pública.• Potenciación de la Red de Hospederías de Aragón siguiendo el modelo de gestión pública de Paradores y mejorando su gestión y coordinación.• Impulsar la implantación en Aragón del sistema comunitario de concesión de la etiqueta ecológica destinada a los alojamientos turísticos.• Desarrollo de un programa autonómico de turismo social. En particular, deben atenderse colectivos y personas especialmente vulnerables y desfavorecidos, incluida la posibilidad de transferencia de la gestión de la parte correspondiente a Aragón de los viajes para mayores del Imserso.• Apoyar la implantación de las recomendaciones contenidas en el Dictamen del Comité Económico y Social de la Unión Europea que aboga por acabar con la precariedad propia del empleo en el sector y mejorar las condiciones de trabajo en el turismo. También mejorar la imagen y el reconocimiento social de las profesiones y oficios del sector del turismo, y potenciar la formación en sus distintas modalidades. • Impulsar la implantación de las auditorías medioambientales (EMAS) en el sector turístico aragonés, comenzando por la Red de Hospederías de Aragón, que gestiona el Departamento del Gobierno competente en turismo (la empresa Paradores de España ya ha realizado tales auditorías en la mayoría de sus establecimientos, dando como resultado una mejora sensible en gestión de residuos, ahorro de agua, eficiencia energética, etc.)• Recuperación del control efectivo sobre el holding de la nieve Aramón. Debe abandonarse el esquema de propiedad al 50% entre el Gobierno e Ibercaja, que deja en manos de esta última entidad financiera el control efectivo de las actividades del grupo.

También es preciso marcar una estrategia que impulse un Plan Diferencial del

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Turismo con carácter plurianual, con medidas de apoyo a la actualización y mejora de los establecimientos, apoyo a la promoción y difusión, asistencia a ferias, ayudas para la incorporación de las nuevas tecnologías, coordinación entre las administraciones, impulso a la marca turística Aragón, medidas para la implantación de calidad turística, formación y cualificación, apoyo a las asociaciones profesionales y empresariales, programas de parques temáticos, etc.

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TESIS IV. UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO ALTERNATIVO PARA ARAGÓN

No cabe duda que es necesario abordar una alternativa a la crisis económica y financiera, y hacer frente a las políticas de austeridad y recortes que desde Europa vienen marcando el camino a los Gobiernos de los Estados Miembros y estos a su vez –así es en el caso de España- a las Comunidades Autónomas o territorios dependientes.

En este escenario, tenemos que partir de la premisa de la existencia de las reglas de juego impuestas y del modelo territorial que tenemos establecido. Para contrarrestar la crisis, la prioridad de los gobiernos se ha centrado en la estabilidad presupuestaria y el control del déficit. Una buena muestra fue la modificación de la Constitución Española, aprobada en el Congreso con el voto favorable por los dos partidos mayoritarios PSOE y PP en 2011, entre otros, que prioriza la devolución de la deuda –también la ilegítima- frente a las necesidades básicas de los ciudadanos/as.

Ante esta realidad, tenemos que ser conscientes de que no existe ningún ejemplo a seguir para salir de este tipo de crisis económica con más políticas de austeridad, recortes y ajustes, porque las consecuencias las conocemos y las estamos padeciendo: contracción de la economía e incremento desorbitado del desempleo, que a su vez, conducen a mayores desigualdades y aumento de la pobreza.

Además, la crisis en España, tiene otras características que nos hace ser más vulnerables, especialmente por ir acompañada del fracaso de una aberrante política del sector de la construcción e inmobiliario. Es insostenible para un país tener una tasa de desempleo por encima del 25% y alcanzar los 6 millones de desempleados, y más hiriente todavía, que la tasa entre los jóvenes supere el 50%.

La Comunidad de Aragón, a pesar de estar 6 puntos por debajo de la tasa de desempleo del Estado y tener una economía más diversificada, presenta unas cifras record históricas de paro y una caída de la economía sin precedentes. La agricultura y la ganadería han ido perdiendo peso en las últimas décadas y su mantenimiento depende del futuro incierto de la Política Agraria Comunitaria (PAC), hoy en proceso de estudio y reestructuración.

La industria es el sector más perjudicado de esta crisis, se está desmantelando, cerrando empresas continuamente y reduciendo su actividad. Y el sector servicios

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se encuentra bajo mínimos como consecuencia principalmente de la caída de la demanda.En este contexto, volvemos a reiterar nuestra propuesta de estimular la economía e impulsar su desarrollo, marcando como prioridad la creación de empleo. Este objetivo tiene que ir acompañado de conceptos imprescindibles a la hora de practicar nuevas políticas, como son la sostenibilidad, el impulso de lo público y la democratización de la economía.

Es necesario impulsar un Nuevo Modelo Productivo Alternativo (NMPA) que dé respuesta al fracaso del actual modelo socio-económico, y en Aragón, dentro de las insuficientes competencias de nuestro Estatuto de Autonomía, debemos cambiar esta realidad marcada por la inacción del Gobierno.

El cambio de modelo productivo exige de un plan industrial que a medio y largo plazo refuerce nuestro tejido productivo con actividades sostenibles y con futuro. Una vez que la evidencia ha puesto de manifiesto la debilidad de un crecimiento basado en el ladrillo urge apostar por un modelo de desarrollo basado en una elevada productividad, la eficiencia energética, el I+D+i, el empleo de calidad y un reducido impacto ambiental. Para ello, hay que mantener nuestro tejido industrial y atraer nuevas empresas con un incentivo fuerte de la Administración pero también con un compromiso igualmente sólido del capital, al que habrá que exigirle que desarrolle su actividad productiva bajo criterios sociales y ambientales.

Muchos de los trabajadores que habían estado empleados en la construcción no podrán volver a trabajar en este sector y tendran inevitablemente que adquirir nuevas competencias que les permitan poder trabajar en otros sectores productivos. Otros que están actualmente en desempleo sí que podrían reincorporarse al sector de la construcción si se apuesta de manera decidida por la rehabilitación de las zonas consolidadas de las ciudades. Una apuesta que favorecería el acceso a la vivienda, reduciría los problemas de movilidad en las ciudades y promovería el empleo en un sector duramente castigado por la crisis.

Esta rehabilitación además debería realizarse con criterios de eficiencia energética lo que tendría a su vez importantes beneficios tanto económicos como ambientales. Como se ha ido apuntando, el cambio de modelo productivo tiene mucho que ver con la eficiencia energética: en la producción industrial, en el transporte, en la vivienda. Consumir menos energía es clave para incrementar la eficiencia de la actividad económica, proteger el medio ambiente y reducir nuestra dependencia energética. Compaginar esta apuesta por la eficiencia con la producción endógena de energía que tuviese un reducido impacto ambiental (energías renovables), haría

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de Aragón un territorio más eficiente y competitivo pero también más responsable, sostenible y solidario.

Otro aspecto muy importante en el ámbito económico es el relativo a los ingresos y los gastos de la Administración. La disminución de la actividad económica ha motivado una reducción de los ingresos públicos que limitan por tanto las posibilidades de gasto de la Administración. Es por ello que apostamos por incrementar los ingresos públicos vía impuestos a aquella minoría privilegiada que acumula la mayor parte de la riqueza. El 10% de las familias posee el 58% de toda la propiedad.

Es posible combatir la crisis y sus efectos, pero para ello hay que cambiar de política económica, modificando las prioridades y centrando los esfuerzos en el fortalecimiento del tejido productivo. En definitiva, hay que invertir la lógica del capitalismo que coloca a las personas al servicio de la economía, por lo que apostamos por un desarrollo económico que beneficie a las personas y siente las bases de un nuevo modelo de sociedad.

El objetivo final del NMPA es garantizar el empleo y unas razonables condiciones de vida a los ciudadanos/as que les permitan desarrollar su vida con certidumbre y mayor participación en la toma de decisiones de la colectividad. Se trata de construir un modelo avanzado del Estado Social, donde la Administración de la Comunidad Autónoma juegue un papel fundamental y sea capaz de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía como prioridad.

Para la consecución del NMPA en Aragón es necesario marcar una estrategia sin perder nuestras referencias y señas de identidad, así como implementarlas con nuevas propuestas, como: • Considerar el pleno empleo, digno y de calidad, eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible• Defender lo público y el papel de la Administración en la regulación de la economía para corregir los desequilibrios y desigualdades territoriales.• Contrarrestar los graves efectos de las múltiples reformas del mercado laboral con medidas que potencien las relaciones laborales, incluyendo también un cambio de modelo que permita introducir la democracia en la economía y la incorporación de los trabajadores en los órganos de toma de decisiones de las empresas.• Crear una Banca Pública que cumpla con el objetivo de atender las necesidades de financiación de la sociedad y de los autónomos y pequeñas empresas.• Dotarnos de un modelo energético sostenible sin renunciar a dar soluciones

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de futuro a las comarcas mineras.• Impulsar una Ley propia para Aragón que fomente y regule la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i).• Abordar un cambio en la política agraria para que sirva de modelo social, productivo y sostenible. La agricultura y la ganadería deben ser consideradas un asunto estratégico y fundamental de la economía aragonesa.• Impulsar de forma decidida los sectores productivos y más representativos de la economía aragonesa: energía, agroalimentación, automoción, logística, turismo y nuevas tecnologías de la información.

Debemos desarrollar estas propuestas en medidas y acciones para aportarlas al proceso de Convergencia Social y Política que estamos impulsando en Aragón, esperando a futuro nuevas posibilidades de alianzas que configuren una mayoría política que sea capaz de implantar un Nuevo Modelo Productivo Alternativo.Desde el punto de vista de las infraestructuras, España ya es el estado europeo con una mayor oferta de infraestructuras de transporte. Lo es globalmente, y también en autopistas y red ferroviaria de alta velocidad. Somos el tercer país del mundo en kilómetros totales de autovías, solo por detrás de China y EEUU, el segundo en AVE y hay 51 aeropuertos construidos (Alemania tiene 24), de los cuales 2 están ubicados en Aragón más el aeródromo de Teruel para usos empresariales, por lo que hay que abandonar la idea de que somos deficitarios en infraestructuras generales, no siendo así en la red de carreteras y ferroviaria de la Comunidad de Aragón que requieren de una actualización.

Este modelo de movilidad es insostenible por las emisiones que produce, las infraestructuras que requiere y el suelo que ocupa. Está basado en el uso del vehículo a motor privado frente a los medios colectivos y en el transporte por carretera frente al ferrocarril. La red de carreteras es 10 veces mayor que la ferroviaria. ¿Pero cómo ha beneficiado eso a nuestra economía? Entre los países europeos, España está sufriendo la peor de las crisis económicas sin que el hecho de disponer de la mejor red de infraestructuras lo haya evitado.

La situación actual desmiente el axioma según el cual la realización de toda una lista de infraestructuras traería economía y empleo. Pues siendo campeones en autovías, AVE, embalses y aeropuertos también lo somos en desempleo, en abandono escolar temprano o en temporalidad en el empleo por citar algunos indicadores claves. Ello viene a confirmar que hay que reorientar la cada vez más escasa inversión pública a sectores ligados a un cambio de modelo productivo (I+D+i, educación, sanidad, acción social, movilidad sostenible, energías

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renovables, rehabilitación de viviendas,…)

Las grandes obras públicas ya no son, desde hace tiempo, intensivas en empleo, si lo son en cambio en capital. Con el dinero que cuesta un solo kilómetro de autovía o de AVE se pueden realizar muchas actuaciones en otros campos con mayor utilidad social y con más capacidad de generación de empleo.Es importante añadir, además, que las inversiones sociales crean, en general, ocupación entre los grupos más afectados por el desempleo, a la vez que proveen servicios que benefician a un número mayor de personas.

Es hora de dejar de lado la política de construcción indiscriminada de infraestructuras ligada a la dependencia política territorial y pasar a gestionar mejor las infraestructuras existentes con criterios de interés general. Nuestro sistema de transporte es muy ineficiente, siendo el sector donde más están aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero al estar basado en la carretera, para las mercancías, y en el automóvil, para los desplazamientos urbanos, en vez de en el transporte público y en el transporte ferroviario y marítimo. La política dominante no es generar accesibilidad sino incentivar el transporte y crear movilidad muchas veces innecesaria.

Se debe desarrollar una planificación territorial que minimice las necesidades de desplazamiento, que evalúe los efectos e internalice los costes de la demanda de Transporte. Para ello es necesario la elaboración de una Ley de Movilidad sostenible, que vincule el urbanismo y la ocupación del territorio y busque la mejora de la accesibilidad a bienes y servicios con criterios de proximidad y disminuyendo la necesidad de movilidad motorizada.

La política de transporte debe orientarse a gestionar la demanda, a reducir la generación de necesidades de desplazamiento y a transferir mercancías y pasajeros de la carretera a un ferrocarril moderno y eficaz, a apoyar el transporte público urbano e interurbano y al mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes.

De esta forma conseguiremos reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero, reducir la grave dependencia energética del petróleo y reducir drásticamente accidentes de carretera, priorizando las inversiones:• hacia el transporte de mercancías en ferrocarril.• hacia el transporte público urbano y metropolitano, hacia el transporte interurbano de viajeros por ferrocarril convencional (Cercanías, regionales, regionales exprés), tranvías y autobús, autobús exprés, etc.

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• Elaboración de una Ley de Financiación del Transporte público.• Priorizar las medidas dirigidas a aumentar la seguridad en el transporte• Resolver los problemas de transporte al trabajo en polígonos y centros empresariales articulando que las empresas participen en la financiación de los servicios de transporte colectivo al trabajo.

IV.1. Energía.El cambio de sistema energético, hacia una economía más sostenible, debería ser parte de la solución no sólo a la crisis climática, sino también a la crisis económica. El cambio del sistema energético se debe convierte en el vector principal del cambio hacia un nuevo modelo productivo, en el que cambiarán no sólo los procesos de generación de energía, sino también los procesos de consumo, afectando radicalmente a sectores como la edificación, la industria y el transporte.

Necesitamos otra política energética para cambiar nuestro modelo de desarrollo y necesitamos otro modelo para hacer una economía más sostenible social y medioambientalmente, más equitativa y democrática.Según todos los escenarios previsibles el mundo se enfrentará en el futuro a un incremento de la demanda energética y del precio de los combustibles fósiles; al denominado “pico del petróleo” a una reducción de los países exportadores; a la necesidad de dotar de mayor ambición a los objetivos de reducción de emisiones si se quiere evitar un incremento de más de 2º C de la temperatura media de la tierra.

Ello implica un horizonte de autoabastecimiento libre de carbono que sólo pueden garantizar las fuentes de energías renovables y en el caso de demostrarse su viabilidad, técnicas como la captura de carbono para combustibles fósiles. El sistema actual de producción y consumo de la energía es socialmente desigual, consume recursos no renovables y produce externalidades económicas negativas e impactos ambientales de alcance planetario.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca en sus informes que la tendencia actual tanto de suministro como de consumo de energía es insostenible, no sólo desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista económico y socialLa desigualdad se refleja en el hecho de que la cuarta parte de la población mundial consume el 75% de la energía, mientras que 2.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad.

La generación de energía y su distribución tienen por objeto prestar servicios

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energéticos, que son los que proporcionan el bienestar material. El objetivo de un sistema energético debe ser maximizar la satisfacción de las necesidades sociales de servicios energéticos minimizando la cantidad de energía. El grado de dependencia energética de España es del 89,2% (2008). La factura del petróleo supone alrededor del 50% de su déficit comercial, ocasionando una notable pérdida de renta y de competitividad exterior.La época del petróleo abundante y barato ha llegado a su fin. Es urgente tomar medidas que reduzcan la dependencia del petróleo e ir avanzando con diligencia en la implementación de instrumentos y medidas dirigidas a investigar y aplicar nuevas fuentes autóctonas de energía para reducir la dependencia y el coste económico de las importaciones de petróleo, así como a incrementar el ahorro y el uso eficiente de los recursos disponibles.La Unión Europea pretende alcanzar el denominado 20-20-20 para el año 2020, que consiste en reducir un 20% el consumo de energía primaria en la UE a través de la mejora de la eficiencia energética, que un 20% de la energía final consumida proceda de fuentes renovables y reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) al menos en un 20% respecto de los niveles de 1990.

El Cambio Climático nos obliga a hacer —y con urgencia— lo que en cualquier caso había que hacer: cambiar el modelo de desarrollo y en particular el modelo energético hacia un modelo sostenible, siendo: necesario medioambiental, estratégica y socialmente; viable por el inmenso margen de ahorro y eficiencia en el uso de la energía y por el desarrollo de las tecnologías renovables; y una oportunidad inigualable para cambiar el modelo productivo.

IV. 1. 1. Energía NuclearTras accidentes como los de la Isla de las Tres Millas (1979), Chernóbil (1986) y Fukushima (2011) queda claro que la energía nuclear no es segura, es muy peligrosa, contribuye a la proliferación de armas nucleares y al riego de catástrofes. La industria nuclear no sabe qué hacer con los residuos radiactivos de las centrales que tienen una vida media de 25.000 años.

La energía nuclear es cara, es intensiva en capital y proporciona escaso empleo. Los numerosos costes externos de la energía nuclear son asumidos por los consumidores y por el propio estado. Asimismo, el enorme coste de construcción de las centrales, de hasta 7.000 millones de euros en la última planta que se está instalando en Finlandia, requiere que el Estado intervenga de una manera directa para obtener la gigantesca inversión necesaria.

Proponemos prohibir la construcción de nuevas centrales nucleares. Cierre ordenado

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de las existentes para establecer, con antelación suficiente, los instrumentos de transición que permitan sustituir esta producción de energía por energía renovable y evitar efectos sociolaborales negativos derivados de la finalización de su actividad.

IV. 1. 2. Sistema eléctricoComo consecuencia de la crisis económica se ha producido una importante reducción de la demanda de energía eléctrica. Esta caída del consumo eléctrico ha situado el volumen de demanda al finalizar el 2011 en 255.179 GWh, valor similar al alcanzado en el 2006. Por el contrario, la potencia instalada aumentó durante 2011 en 1.879 MW, situando la capacidad total de generación al finalizar el año en 100.576 MW (un 1,9% superior a la del año anterior). Actualmente la potencia disponible es más del doble de los picos de demanda máxima y exportamos más electricidad de la que importamos.

IV. 1. 3. Ejes fundamentalesHacer del Ahorro, la Eficiencia y el desarrollo de las Energías Renovables el eje central de la política energética para:- Reducir la dependencia energética del exterior, muy por encima de la media de la Unión Europea, con fuentes que son, además, contaminantes y caras.- Reducir el consumo y el gasto energético mejorando la eficiencia de la economía.- Eliminar las emisiones contaminantes a la atmósfera, obligación en la que España sigue incumpliendo los objetivos de sus compromisos internacionales.- Potenciar un sector tecnológico e industrial que se convierta en un eje de la transformación tecnológica de la economía.- Situar a la ciudadanía en el centro del sistema energético del futuro en una doble vertiente, como consumidores y como generadores.- Propiciar un cambio en la cultura del uso de la energía.- Establecer las medidas oportunas para lograr la mayor transparencia del sector energético ante la sociedad.- Trasladar señales claras de precio que incentiven una nueva concepción de la energía como bien básico.- Optimizar el proceso de transición, desde la realidad actual hasta alcanzar los objetivos. Para ello debe actuarse mejorando la eficiencia tanto de los procesos de transformación de la energía primaria en energía final, como en los usos y en los procesos de gestión final de la energía.- Reducir el peso de las fuentes no renovables adecuando su régimen a su función de respaldo.

IV. 1. 4. Los objetivos de la política energética deben ser:• Sostenibilidad ambiental del sistema energético.

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• Reduciendo el uso de recursos y evitando la generación de residuos, vertidos y emisiones contaminantes y los impactos ambientales sobre el suelo, el ciclo del agua y la atmósfera; haciendo compatible el modelo energético con la protección de la salud, la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.• Sostenibilidad social del suministro energético.• Asegurando el acceso a toda la población. Con precios y tarifas que no excluyan del suministro energético básico a las capas más desfavorecidas y que a la vez incentiven el ahorro.• Sostenibilidad económica y reducción de costes.• Evitando las externalidades y la dependencia, reduciendo el uso de materias primas no renovables y alcanzando un mix energético sostenible para la electricidad y el transporte en un escenario de 100% renovables, siempre teniendo en cuenta las especifidades de cada Comunidad, como Aragón que cuenta con una reducida minería de carbón en proceso de reconversión.• Revisión del funcionamiento del mercado eléctrico.• Reforma la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, recuperando el carácter de “servicio público esencial” del suministro eléctrico y recuperación de la titularidad pública de las redes de transporte, distribución y suministro de electricidad.• Ahorro y eficiencia.• Ley de ahorro y eficiencia energética que defina las medidas de gestión de la demanda en los sectores finales, regule las auditorias energéticas y las empresas de servicios energéticos y establezca requisitos el diseño de productos y medidas avanzadas de eficiencia energética para edificios, equipamientos y vehículos. Rehabilitación y modernización energética de las viviendas y edificios con planes, incentivos y requerimientos de eficiencia obligatorios en el parque existente, en plazos apropiados y con medidas de carácter social para apoyar a la población más vulnerable.• Autonomía energética.• Desarrollando el acceso a fuentes autóctonas y renovables de producción de la energía. • Promoción de las energías renovables.• Continuar las políticas favorables al desarrollo de las energías renovables que se habían establecido y desarrollar otras nuevas en la perspectiva de alcanzar el 36,9% de producción de energía eléctrica de origen renovable para 2015 y el 51,9% para 2020.• Apostar por la prima como sistema de incentivo, ajustándola en función de la evolución de la curva de aprendizaje de cada una de las tecnologías, dando estabilidad al sistema y evitando comportamientos especulativos; apoyo al sector industrial autóctono; prioridad a las instalaciones de solar fotovoltaica en cubierta

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respecto a las instalaciones en suelo.• Impulsar medidas incentivadoras para la utilización de fuentes renovables en la generación de energía térmica (energía solar térmica, geotérmica y biomasa), potenciando el autoconsumo tanto en el sector residencial (edificios y redes urbanas) como en la industria y los servicios.• Exclusión de la incineración de residuos del régimen especial de generación eléctrica por no ser una energía renovable.• Diversificación energética y garantía de suministro.• Desarrollando la maduración, implementación y despliegue de las tecnologías que permitan el acceso a dichas fuentes autóctonas y renovables de manera que se asegure a través de ellas la garantía de suministro, con el necesario apoyo de algunas de las fuentes convencionales en la transición.• Redes inteligentes.• Desarrollo de redes inteligentes, imprescindible para favorecer una gestión de la demanda más eficiente, la penetración de las renovables, el abaratamiento de los costes. Instalación generalizada de contadores inteligentes (smart meters) que posibiliten la medición neta.• Servicio público.• Considerando la producción y uso del energía como un servicio público esencial, que debe ser planificado y regulado desde instancias públicas y controlado socialmente.• Gestión de la demanda en la planificación energética.• Normativa y políticas de precios y costes, para una mejor gestión de la demanda para el aplanamiento de la curva de demanda y satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad con menor coste, menor capacidad instalada y menor consumo.• Impulso a la creación de un “mercado de la eficiencia energética” que permita que empresarios y particulares puedan implantar medidas de ahorro y eficiencia• No construir nuevas centrales nucleares. Calendario de cierre ordenado de las existentes para establecer con antelación suficiente los instrumentos de transición que• permitan sustituir la producción y evitar efectos sociolaborales negativos derivados de la finalización de actividad. Exigir el cierre de Garoña en 2013.

IV. 1. 5. La energía en Aragón. Aragón es una región eminentemente energética. Dispone de excelentes recursos renovables, como el eólico o el solar, así como de recursos hidráulicos y minihidráulicos, basados fundamentalmente en aprovechamientos de saltos a pie de presa, de instalaciones en canales de riego y pequeños saltos.

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Del mismo modo, el uso de la biomasa posee un gran potencial de crecimiento, para usos térmicos o para generación eléctrica, además de para la producción de biocarburantes y biogás. Por último, no hay que olvidar que se cuenta con un recurso fósil autóctono, el carbón, que cumple un importante papel socioeconómico en determinadas comarcas de la Comunidad. Además de la disponibilidad de recursos energéticos, la situación de Aragón, en cuanto a las redes de transporte de electricidad y gas, permiten y favorecen el desarrollo energético.

IV. 1. 6. Estrategia Aragonesa de Cambio Climático.El compromiso de IZQUIERDA UNIDA contra el cambio climático debe ser contundente y las iniciativas a desarrollar deben ir desde lo local a lo global. La Comunidad cuenta con una Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias, documento elaborado por el Gobierno de Aragón en colaboración con varias entidades, que aunque recoge un amplio programa de medidas a aplicar, adolece de financiación y espíritu para emprenderlo con todas las garantías necesarias.

Hasta la elaboración de esta Estrategia, Aragón ha tenido una experiencia basada en iniciativas como el programa “Actúa con Energía”, el espacio de educación ambiental Aula de Medio Ambiente Urbano de Zaragoza, el Atlas Climático de Aragón, la adopción de medidas de reducción de emisiones en el seno de la DGA, la Oficina Aragonesa de Cambio Climático o los trabajos de seguimiento y control de las emisiones de gases de efecto invernadero de instalaciones. También partimos de la experiencia de numerosas entidades que trabajan en la sensibilización del medio ambiente, como la fundación Ecología y Desarrollo o el Centro de Investigación CIRCE que desarrolla estudios sobre la eficiencia energética en el ámbito empresarial, etc.Tener un marco de referencia a través de una estrategia es un buen método para trabajar planificando la mejora del medio ambiente en el futuro. Por ello, es necesario dotarnos de un instrumento efectivo con objetivos y medidas que no se queden solo en el papel, sino que transciendan a la realidad y siempre en coordinación con la Estrategia Española.Objetivos de esta estrategia:• Analizar la situación de Aragón de los factores sociales y naturales respecto del cambio climático.• Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de nuestros compromisos de cambio climático.• Asegurar la reducción de las emisiones de GEI en Aragón.• Proponer objetivos de reducción, adaptación y mitigación por sectores.• Fomentar la participación y el diálogo con los agentes implicados involucrando a la

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sociedad aragonesa en la implantación, puesta en marcha y buen funcionamiento de esta estrategia.• Fomentar el uso racional y eficiente de la energía.• Reducir el consumo de energía primaria para usos de la Comunidad Autónoma en sintonía con los objetivos propuestos por la UE para el año 2020.• Integración efectiva de las energías renovables en todos los sectores.• Promoción de las energías renovables frente a las tecnologías no renovables.• Fomento del ahorro energético incentivando el ahorro energético mediante modificaciones en los tramos del sistema de tarificación, premiando a los más ahorradores. Estimular, a través de medidas fiscales o financieras la integración de la alternativa de eficiencia energética en la planificación de las industrias. Estimular los compromisos voluntarios de las empresas hacia las nuevas tecnologías que consigan una mayor eficiencia energética.

IV. 1. 7. La minería del Carbón y la actividad minero-eléctricaAragón cuenta con una pequeña minería de carbón en proceso de reconversión que atraviesa su peor momento desde hace décadas por las negativas decisiones del Gobierno del Estado y la connivencia del Gobierno de Aragón, que pretenden adelantar su cierre sin dar alternativas a las comarcas mineras. De las tres Cuencas Mineras Aragonesas hoy solo queda una activa: Andorra-Sierra de Arcos, con cuatro minas en explotación, una de interior y tres a cielo abierto, que cuentan con 500 mineros a los que debemos sumarle los cerca de 500 trabajadores/as de la Central Térmica de Andorra.

En la Cuenca Minera Central, tras el cierre de sus minas y la Central Térmica de Escucha, no queda actividad minero-eléctrica, y en la Cuenca de Mequinenza está en activo sólo una empresa minera con 60 trabajadores, hoy parados a la espera de tener cupo por parte del Ministerio y aceptar ENDESA comprar el carbón para la Central Térmica de Andorra, dado que su único cliente era la Alemana E-on, propietaria de la Central Térmica de Escucha hoy clausurada.

En este sector, el Gobierno del PP ha incumplido todos sus compromisos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013 ha recortado las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, tanto las líneas de ayuda para el apoyo empresarial como la de mejora de infraestructuras y la formación. Ha recortado las ayudas a la producción y ha dejado sin cupo a Carbonífera del Ebro.

Además, ha anunciado no prorrogar en 2014 el Decreto del Carbón que garantiza la participación de las centrales térmicas de carbón en el Mix Energético del Estado. Todo apunta al cierre inevitable de la minería no competitiva antes de 2018, fecha

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marcada por la Directiva Europea para dejar de ayudar a la minería del carbón.

Entre las medidas que proponemos, destacan:- Defender los intereses de los municipios y comarcas mineras garantizando la viabilidad y el mantenimiento de la actividad minera del carbón en Aragón y el empleo que genera.- Apostar por el mantenimiento de la minería del carbón competitiva, promoviendo una estrategia junto a Castilla León, Asturias y el Gobierno de España, que permita declarar el carbón autóctono reserva estratégica y conseguir mayor compromiso e inversión económica estatal y europea en I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) para el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías limpias de combustión del carbón. - La aprobación de un nuevo Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras para el período 2013/2018, con la participación de los agentes Sociales y Económicos y la colaboración de las Comunidades Autónomas que cuentan con minería del carbón. - Constituir una Mesa de Trabajo en Aragón para realizar una apuesta por la innovación tecnológica energética, abordando el estudio de las nuevas tecnologías de combustión limpias de carbón, con implicación de todas las partes de este sector: Administraciones, Organizaciones Empresariales, Sindicales y Paridos Políticos, además de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Circe.- Defender el futuro de la Central Térmica de Andorra por su influencia económica en la provincia de Teruel y especialmente en la comarca Andorra – Sierra de Arcos, apostando por la ejecución de las inversiones necesarias para cumplir con las nuevas exigencias medioambientales marcadas por Europa. También, forzar un acuerdo entre la empresa minera Carbonífera del Ebro y la eléctrica Endesa para continuar extrayendo carbón en el municipio de Mequinenza, manteniendo el empleo y la actividad minera. - Garantizar que se cumpla el Plan Especial de Reactivación Económica de las Comarcas Mineras aprobado en las Cortes de Aragón.

IV. 1. 8. FrackingLa técnica del fracking o fractura hidráulica para la búsqueda de hidrocarburos y gas es una técnica nueva en el Estado español y en Europa en general, y la experiencia que nos llega desde EE.UU (con más de 40 años de experiencias y explotaciones) está detrás de importantes daños al medio ambiente y a la salud, tal y como se recoge en diferentes estudios.

En el informe “Impactos del gas y petróleo no convencional para el medioambiente y la salud” realizado para el Parlamento Europeo, se reconoce que no existe en

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Europa una normativa detallada, exhaustiva y accesible públicamente del marco regulatorio acerca de la extracción del gas de esquisto y la necesidad de que ésta se desarrolle. El informe recoge expresamente la necesidad de que sea revisada la Directiva Marco en materia de aguas y los posibles impactos de la fractura y propone que se valore la prohibición del uso de químicos tóxicos, o al menos, recomienda que la composición exacta de los mismos sea revelada.

Los múltiples impactos que se prevén de la utilización de esta técnica en el medio ambiente, acuíferos, salud de los ciudadanos, etc., hacen que no sea una técnica segura y por tanto no deben autorizarse licencias de investigación o explotación. Esta técnica es muy agresiva y el riesgo de contaminación en las aguas subterráneas es muy elevada al inyectar una gran cantidad de productos químicos para fracturar la roca y liberar el gas. Esta técnica utiliza cócteles químicos de distinta peligrosidad y con afecciones graves a la salud de los ciudadanos.

Incluso hay probabilidad de riesgos sismológicos. La relación entre fractura hidráulica y ciertos seísmos parece ser innegable en varios informes realizados en EEUU. La propuesta de IZQUIERDA UNIDA es la prohibición del fracking en Aragón. Recientemente en las Cortes de Aragón el Grupo Parlamentario de IZQUIERDA UNIDA presentó una Proposición de Ley para prohibir en Aragón esta técnica, que fue rechazada por los partidos PP-PAR que sustentan al Gobierno de Aragón.

IV. 2. Industria.El mayor drama de la sociedad actual en España y también en Aragón es el desempleo. La preocupación llega a límites incalculables tras las cifras históricas que marcan record con 6 millones de desempleados en el Estado (26%) y 125.000 en Aragón (19%) según la Encuesta de Población Activa (EPA).Como consecuencia de esta coyuntura, Aragón está sufriendo un fuerte éxodo de población, especialmente jóvenes cualificados que no encuentran empleo y futuro en la Comunidad. Estamos perdiendo una media de 1.000 jóvenes cada mes, además de ser de las pocas comunidades que presenta un crecimiento vegetativo negativo al haber más defunciones que nacimientos. Desde 2008 en Aragón han cerrado cientos de empresas y hemos perdido 30.000 empleos en el sector industrial, de los cuales 4.000 eran autónomos. Además lideramos en el último año la mayor caída de producción de todas las Comunidades Autónomas. Las dificultades de financiación, la baja demanda y la nula política industrial del Gobierno de Aragón, que actúa sólo a salto de mata cuando tiene el problema sobre la mesa, han sido los factores principales de esta debacle.

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Esta crisis también está haciendo mella en todas las tipologías de empresas industriales y especialmente en las grandes compañías como General Motors, CAF, Pikolín, Tata, Trox Tecnik, Giesa–Shindler, Casting Ros, etc.La industria siempre ha jugado un papel fundamental en la economía aragonesa, siendo el principal peso específico de su Producto Interior Bruto (PIB). Por ello, tenemos la obligación de cambiar la inacción del Gobierno de Aragón por propuestas claras que potencien la industria y marquen las líneas estratégicas de una política que reoriente su tejido productivo y lo fortalezca a través de un desarrollo equilibrado y sostenible fundamentado en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.

Proponemos un Plan Industrial para Aragón, liderado por el Gobierno y con la participación de los agentes sociales y económicos, que recoja, entre otras, las siguientes medidas:• Creación de un marco estable legislativo, de colaboración y de ayudas para el asentamiento de nuevas industrias, consolidación de las actuales y diversificación del tejido productivo, con un mapa de subvenciones atractivo y compatible con las directrices estatales y europeas.• Coordinación y colaboración entre todas las Administraciones Públicas y entes dependientes para priorizar el desarrollo industrial y económico, potenciando los parques científicos y tecnológicos e institutos de investigación.• Combatir la deslocalización con medidas preventivas y líneas de ayuda para la modernización y actualización de sus activos condicionadas a la permanencia de la empresa y el mantenimiento del empleo.• Fomentar la formación y dirigir la Formación Profesional a los sectores productivos de cada territorio.• Un Plan Industrial que abarque todo el territorio para que prevalezca la igualdad de oportunidades.• Garantizar la continuidad del Fondo de Inversiones para Teruel con la firma del protocolo entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno del Estado hasta 2016, manteniendo los compromisos económicos de 60 millones de euros y destinando cada anualidad mayor dotación presupuestaria para la potenciación de la industria turolense. Igualmente garantizar el programa de ayudas a la reindustrialización “Reindus” para la provincia de Teruel, con suficiencia económica y mejores condiciones de financiación. Importante programa por su aportación a la convergencia económica y contribución al equilibrio territorial.• Un Plan para dinamizar la venta de suelo logístico e industrial del conjunto de los polígonos industriales de Aragón de titularidad Pública, que permita atraer nuevos proyectos empresariales, que sea capaz de reactivar la economía y crear empleo, y que cuente con la participación e implicación de los Ayuntamientos y Entidades

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Públicas promotoras.

IV. 2. 1 Automoción.España es un gran productor mundial de vehículos a pesar de no contar con ninguna empresa propia en el sector. La única presencia local fue la participación del antiguo INI en Seat, pero cuando se fue el socio italiano Fiat lo único que se hizo fue sanear la empresa y dársela a Volkswagen. La fascinación por la industria del motor puede entenderse por la gran cantidad de empleos que genera, no sólo en las plantas ensambladoras sino, sobre todo, en la miríada de empresas auxiliares que producen los mil y un componentes que incorpora cualquier vehículo.

También por el papel de icono que tiene el producto final en la sociedad de consumo. Convertir España en un gran centro exportador ha sido presentado como uno de los logros industriales del país. Pero todo tiene su cara B, y esta es bastante menos amable de lo que la primera cara explica.

En primer lugar la industria española es extremadamente frágil no sólo porque depende de decisiones foráneas, sino también porque estas empresas han decidido que el país sea, fundamentalmente, un exportador de vehículos de gama media/baja.

En segundo lugar, el sector es un auténtico depredador de recursos públicos y derechos sociales. Cada cierto tiempo, habitualmente cuando finaliza la vida de un modelo y las plantas quedan a la espera de que la multinacional les encargue otro producto, las empresas lanzan un órdago del tipo “o me ayudas y rebajas costes salariales o no habrá modelo”. Y las Administraciones corren a rebuscar recursos (por ejemplo apoyos a la I+D+i) y a forzar a los sindicatos a rebajar derechos.

En tercer lugar, esta presión es aún mucho más fuerte sobre la red de suministradores, subcontratas y empresas auxiliares, lo que se traduce en un paulatino deterioro de derechos laborales a medida que se va descendiendo en la pirámide productiva. El final de este descenso ha sido la deslocalización de los productores de componentes fáciles de transportar hacia países de muy bajos salarios.

Y cuarto, estas empresas no solo influyen poderosamente sobre la política industrial y las condiciones de empleo sino que tienen un papel crucial en definir el modelo de movilidad y transporte español.

Ahora que la crisis es galopante el sector vuelve a presentarse como el asidero de

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la industria local y está sacando tajada en el terreno de las ayudas y del deterioro laboral. Sus costes directos son evidentes. Y no garantiza además que una vez agotado un nuevo ciclo productivo no acabe por emigrar. Ya ha ocurrido en el sector de la moto, su primo hermano. Tras años de sacar concesiones de todo tipo a favor del sector (incluida una reforma del título de conducir para facilitarle más mercado y que se tradujo en un aumento de los accidentes) los grandes fabricantes instalados en España (Honda, Yamaha, Piaggio) decidieron largarse sin más.

En Aragón, si hay un sector clave para la economía es la industria automovilística. La factoría Opel España en Figueruelas y las empresas auxiliares del sector de la automoción representan el principal tejido industrial de la Comunidad, aportando un porcentaje muy alto de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). La fabricación de material para la automoción cuenta con 173 empresas en Aragón, 16.000 trabajadores/as y aglutinan un importe neto de cifra de negocio de 7.000 millones de euros. Adicionalmente al ensamblaje de automóviles, tenemos que resaltar también la presencia de empresas líderes en la fabricación de carrocerías, remolques y material ferroviario.

La crisis y los efectos de la recesión están perjudicando gravemente a la industria del automóvil, que atraviesa un proceso de reestructuración y requiere, entre otras medidas, avanzar en la mejora de la calidad e innovación en el marco de un mercado globalizado. Durante estos años hemos presenciado el cierre continuo de empresas de este sector, como la tramitación incesante de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) tanto con carácter suspensivo como extintivo.

En este escenario, todas las medidas que se adopten desde la Administración para proteger, arropar y ayudar a la industria automovilística, serán bien recibidas, máxime cuando las ayudas públicas directas a este sector industrial están prohibidas por la legislación comunitaria. En esta línea, debemos apostar por desarrollar varias acciones encaminadas al fomento de la cooperación entre las empresas automovilísticas, la I+D+i, la vigilancia tecnológica, y la formación especializada. Todo ello sin olvidar el desarrollo de vehículos ecológicos en el marco de la sostenibilidad, fomentando la tecnología de motorización eléctrica. Además, en Aragón tenemos que potenciar el “Clúster de la Automoción” que entre sus objetivos persigue desarrollar la I+D+i, situar el nivel tecnológico y de innovación del sector empresarial al nivel de sus competidores en el mercado global. Pretende mejorar la eficiencia operativa de las empresas asociadas e incrementar la colaboración científico-tecnológica, la oferta y el trabajo en red a nivel interempresarial. Y también adaptar los procesos y productos a las nuevas

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normativas medioambientales, y mejorar la gestión y la cualificación de los Recursos Humanos, actividades formativas, de difusión y de conocimiento sectorial.

Para completar el trabajo que hace el clúster, proponemos la creación de la “Cátedra de la Automoción” a través de un convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza para abordar nuevos proyectos de investigación y formación, que permitan transferir al sector de la automoción el conocimiento adquirido en esta materia y paralelamente formar a jóvenes universitarios en un sector de futuro para Aragón.

Igualmente, tenemos que impulsar y mantener nuestra participación en el Foro del Comité de las Regiones de la Unión Europea “Automótive Crisis Intergroup” que busca la colaboración de los territorios con implantación de industria del automóvil para reflexionar y analizar sobre la crisis del automóvil y diseñar una futura estrategia europea dirigida hacia los vehículos con energías limpias y eficientes.

Y por último, debemos apoyar las posibilidades que ofrecen para este sector el Parque Científico y Tecnológico del Motor “TECHNOPARK”, ubicado en la Ciudad del Motor de Aragón, y la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno, ubicado en el Parque Tecnológico Walqa.

IV. 2. 2. Logística.Aragón ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento en la actividad logística. Cuenta con más de 300 polígonos industriales en los que operan 6.000 empresas de transporte y las plataformas logísticas han crecido hasta ocupar una extensa superficie de nuestro territorio.

Existen cuatro plataformas logísticas intermodales potenciadas por la iniciativa pública:- PLAZA en Zaragoza, con cerca de 13 millones de m2.- PLATEA en Teruel, con 2.5 millones de m2.- PLHUS en Huesca, con 1.1 millones de m2.- PLFRAGA, en Fraga, con casi 1 millón de m2.

La logística es una actividad de carácter transversal que se ha consolidado como palanca para el desarrollo y progreso de los flujos comerciales. Además, actúa como instrumento de ordenación territorial a raíz de la baja densidad de población en Aragón.Las medidas que proponemos son:

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• Mejora de las infraestructuras de comunicación y transporte.• Incorporación de la I+D+i en este sector.• Apoyo a las empresas, incluyendo la financiación.• Medidas de atracción de nuevas empresas.• Puesta en marcha de la red ferroviaria del Canfranc e impulso al Corredor del Cantábrico-Mediterráneo.• Formación y cualificación.• Apoyo a Zaragoza Logistic Center (ZLC) para contribuir a la formación en Logística

IV. 2. 3. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)Aragón necesita dar un impulso en Investigación, Desarrollo e Innovación. Apremia una apuesta decida en este sector por considerarse vital para dar mayor valor añadido a la producción empresarial y al conjunto del tejido empresarial aragonés. Tenemos la obligación de romper la identificación de competitividad de una empresa con la congelación y reducción de los costes salariales de los trabajadores/as. La I+D+i es una herramienta esencial que puede aportar cuotas importantes de competitividad para el futuro de cualquier actividad empresarial y para ello es necesario que la Comunidad de Aragón se tome en serio estos conceptos.

Hay que impulsar una Ley en Aragón para regular y fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, que contemple entre otros conceptos: bonificaciones y ayudas a aquellas empresas que inviertan en I+D+i, ayudas a la formación y contratación de personal investigador, fomento de la movilidad de los investigadores, apoyo a la incorporación de nuevo personal técnico para la investigación, fomento de grupos de investigación, apoyo decidido a los Institutos Universitarios de Investigación de la Comunidad, Parques Científicos y Tecnológicos, fomento de acciones de divulgación científica, desarrollo de la cultura de la innovación, fomento de la sistematización de la innovación en las empresas, programas de apoyo y formación en I+D+i,…

IV. 3. Construcción.El sector de la construcción ha sido durante muchos años una de las bases fundamentales del crecimiento de la economía española, impulsando el desarrollo de la industria de fabricación de materiales de construcción y generando un volumen de empleo, normalmente de baja calificación, muy superior en proporción al de los demás países europeos que absorbió gran parte de la inmigración llegada a España en los últimos años.

Ahora este sector está inmerso en una profunda crisis de la que es probable que no se recupere en mucho tiempo. Y tampoco es deseable que se llegue a niveles

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de construcción residencial como la de años atrás ya que el actual modelo ha evidenciado que, no sólo no ha atendido a las necesidades de acceso social a la vivienda, sino que, además, ha propiciado una notable destrucción de territorio y generado importantes efectos ambientales negativos.Por otra parte, se ha producido el efecto perverso de que, debido al considerable retraso en la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) en 2006, los edificios construidos en esa fase de expansión lo han hecho sin los requerimientos de eficiencia energética exigibles en otros países. Sin normativa de obligado cumplimiento y con unos precios de la energía relativamente bajos las opciones de climatización (frío y calor) de viviendas y edificios se ha hecho con aparatos o sistemas basados en electricidad o en combustibles fósiles, en vez de con un adecuado aislamiento térmico.

La incorporación de energías renovables (solar térmica o biomasa) en las viviendas y empresas para la producción de agua caliente o calefacción ha sido también muy limitada, estando muy lejos de cumplirse los objetivos que se había fijado el Plan de Energías Renovables (1999-2010). Tenemos, pues, un parque edificatorio de más de 20 millones de viviendas y centros de trabajo muy ineficiente en términos energéticos, cuyas emisiones de CO2 están aumentando por encima de la media del conjunto de los sectores.

Es necesario el impulso de actuaciones públicas orientadas a la rehabilitación o modernización energética de un volumen importante de viviendas y edificios (de servicios, industriales y públicos) tales como:Medidas de aislamiento térmico y acústico, tales como incorporación de materiales aislantes en fachadas exteriores, cubiertas o suelos, sustitución de ventanas o incorporar doble ventana o doble acristalamiento o perfiles metálicos en ventanas o balcones de madera, introducción de toldos, persianas u otros elementos aislantes y protectoresMedidas consistentes en la introducción de sistemas y equipamientos energéticamente más eficientes de refrigeración, calefacción y cocina. Introducción de energías renovables, especialmente de: solar térmica para agua caliente sanitaria (ACS) y para calefacción con suelo radiante y refrigeración, y calderas de biomasa para calefacción. Introducción de nuevos materiales ecológicos en obras de rehabilitación (tuberías, suelos…) y utilización de ciertas técnicas constructivas: elementos prefabricados, fácilmente reversibles (en especial en edificios de usos terciarios).Instalaciones registrables (cambiables) de fácil accesibilidad para su readaptación o demolición. Facilitar la des-construcción de los edificios.

En caso de ser preciso llevar a cabo demoliciones parciales, optar por

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demoliciones extensivas. Empleo de aparatos de bajo consumo de agua (grifería y electrodomésticos).Estudiar las posibilidades de incorporar depósitos de recogida de aguas pluviales, y su posterior uso en riego, inodoros y limpieza.

Este tipo de actuaciones conllevan una multiplicidad de ventajas económicas, sociales y medioambientales: hace más habitable el parque edificatorio existente, contribuye a reducir la factura energética de los propietarios y usuarios de edificios (empresas y administraciones) y de viviendas, disminuye la dependencia energética exterior de España, mejora la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, por tanto a la mitigación del cambio climático, así como de otros contaminantes atmosféricos.

Otras ventajas son absorber parte del desempleo que se ha producido en el sector de la construcción, contribuir al desarrollo de nuevos sectores relacionados con la construcción y con los servicios energéticos con fuerte contenido tecnológico y de innovación (empresas de servicios energéticos, energías renovables, nuevos materiales ecológicos, materiales aislantes, nuevos bienes de equipo eficientes energéticamente, arquitectura y urbanismo sostenible,...).

La financiación debería ser a través de ayudas directas o subvenciones y de créditos. Podría incluirse la fórmula de financiación por terceros en aquellos casos de equipamientos en los que pudieran conseguirse ahorros de las correspondientes facturas energéticas. Complementariamente a este plan planteamos una reducción del IVA en la rehabilitación de viviendas y fijación del tipo del IBI en función de la certificación energética del edificio o vivienda, medidas fiscales que favorecerían también la rehabilitación.

IV. 4. Tecnologías de la información y comunicación. Sociedad del conocimiento.Nadie pone en duda que estamos asistiendo a una imparable revolución tecnológica en la que el uso de las nuevas tecnologías en sus múltiples campos y el desarrollo de la sociedad del conocimiento son claves en la economía por su potencial de productividad.

El sector de las TIC representa el 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía de la Comunidad de Aragón y proporcionan empleo a más de 9.000 trabajadores/as con un número aproximado de 1.000 empresas.Los tres pilares de la sociedad de la información son: los usuarios (ciudadanos, administración y empresa) como destinatarios potenciales de los servicios; la red como instrumento imprescindible de acceso que debe estar disponible en condiciones adecuadas de velocidad y fiabilidad; y los contenidos o servicios como

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finalidad y motivación de acceso de los usuarios.

Proponemos los siguientes objetivos como prioridad:- Hacia una administración electrónica para acercar los servicios públicos al ciudadano/a y ampliar el conocimiento a través de las TIC. Implantación de un modelo tecnológico en la administración electrónica exportable a todas las administraciones aragonesas.- Potenciar el uso de las TIC en el conjunto de los ciudadanos/as, impulsando la incorporación a los colectivos de mayor riesgo de exclusión digital a la sociedad de la información con acciones formativas, especialmente en el medio rural, promover la participación ciudadana mediante el uso de las TIC, el software libre como un instrumento de acceso libre y gratuito a utilizar por la administración y los ciudadanos/as.- Dotación en Aragón de las infraestructuras necesarias para acceder a la sociedad de la información, desarrollando con mayores inversiones la banda ancha con líneas de ayuda para fomentar las TIC, tanto en la Administración como en el tejido empresarial, y para mejorar los procesos de implantación de calidad en el sector. - Medidas de implantación del comercio electrónico en las pymes, programas de formación generales y dirigidos a cualificar a profesionales, y el desarrollo de los Parques Tecnológicos.

IV. 5. Comercio.El comercio es uno de los pilares básicos de nuestra economía. Este sector aglutina a 23.000 pymes, 8.000 comercios y 90.000 trabajadores/as en todo Aragón. El mantenimiento de una estructura comercial adecuada beneficiaría a la actividad empresarial, a los consumidores y usuarios como destinatarios finales de los bienes y servicios ofertados.

La vertiente liberalizadora de los diferentes gobiernos en el sector comercial es necesario pararla por haber roto el equilibrio entre los diferentes formatos comerciales. La apuesta centrada en un modelo basado en la expansión de las grandes superficies comerciales está perjudicando al comercio en general y en particular al pequeño comercio y de proximidad, que ve como cierra sus puertas día a día.

El golpe final al pequeño comercio y de proximidad acaba de producirse al aprobar el Gobierno del Estado el Real Decreto-Ley 20/2013 que incorpora varias medidas dirigidas a continuar liberalizando los horarios comerciales y que incrementar de 8 a 10 el mínimo de domingos y festivos de apertura al año y de 72 a 90 el número

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de horas de apertura semanal.

Esta medida, en la adaptación a la legislación aragonesa, ha sido incrementada por el Gobierno de la Comunidad en 1 día más, pasando de 10 a 11 el número de domingos y festivos de apertura al año. Afortunadamente, la ciudad de Zaragoza, con el apoyo de las asociaciones de comerciantes y los representantes de los trabajadores/as de este sector, ha sabido sortear con muchas dificultadas la aplicación impositiva de Zona de Gran Afluencia Turística que posibilitaba la apertura durante los 365 días del año de los comercios, designando el Casco Viejo como distrito de implantación de esta medida por ser la menos perjudicial para el pequeño comercio y de proximidad.

Aún así, lo peor está por llegar, dado que estas medidas son insuficientes para la Comisión Nacional de la Competencia, que solicita la liberalización completa de este sector, como ya se ha producido en Comunidades como la de Madrid. La nueva desregulación vuelve a incidir en mayores desigualdades entre las grandes distribuidoras comerciales y el comercio minorista, aumentando indiscriminadamente el número de desempleados.

Estas medidas adoptadas son injustas e insolidarias, rompen el principio de igualdad comercial, afectan al deterioro del pequeño comercio y vulneran los derechos de los trabajadores/as de este sector a la conciliación de la vida laboral y familiar.Para neutralizar este escenario, en Aragón debemos propiciar una política de apoyo al pequeño comercio y de proximidad, con varias medidas dirigidas a regularizar el sector para recuperar el equilibrio entre formatos, propiciar líneas de ayuda para la modernización, apoyo a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, líneas de financiación y liquidez, formación, campañas de promoción y venta, potenciación del observatorio aragonés y de las ferias,…. Medidas necesarias para defender este sector por su trascendencia social, económica y laboral para la Comunidad de Aragón.

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TESIS V. AGUA Y TERRITORIO.

Izquierda Unida ha mantenido una línea nítida y coherente en la cuestión de la gestión hídrica; los sucesivos documentos políticos y programáticos de nuestra organización han considerado todos los factores del recurso tanto los del suministro del agua de boca a la población, los productivos industriales y agrícolas, con criterios de sostenibilidad para preservar los ecosistemas asociados al medio hídrico.

En Aragón la cuestión de la gestión del agua ha venido condicionada por el Pacto del Agua de 1992, éste se encuentra ya superado, y los acuerdos de la Comisión del Agua de Aragón en los que participó activamente nuestra organización, y que supusieron cerrar la programación de las llamadas obras conflictivas, faltando implementar la totalidad de los planes de restitución territorial para las zonas afectadas por la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas que tienen que acompañar a la ejecución de las mismas, planes que nuestra organización propuso y apoyó en el Plan Hidrológico de cuenca de 1996, y que exige y exigirá su puesta en marcha.

La aplicación de la Directiva Marco Europea del Agua, conllevará la fijación de los caudales ambientales y medidas para la consecución del buen estado ecológico de las aguas en 2015, el interesado retraso de la aprobación del Plan de la Demarcación del Ebro tanto por los gobiernos del PSOE como ahora del PP, demuestran el nulo interés de estas opciones políticas por aplicar medidas contundentes para el control del ciclo integral del agua que redunde en su calidad y en la mejora medioambiental. Izquierda Unida, aplicando criterios políticos para el desarrollo sostenible promoverá la implantación de las medidas que garanticen el uso del recurso con criterios sociales de eficacia y eficiencia, y medioambientalmente sostenible.

La gestión del agua en lo que se refiere al abastecimiento, saneamiento y depuración en Aragón realizada desde el Instituto Aragonés del Agua ha sido y es turbia, los Planes de Depuración adolecen de falta de sostenibilidad económica a futuro, con sobrecostes y sobredimensionamiento de las instalaciones, en muchos casos la alternativa de sistemas de depuración alternativos para pequeñas poblaciones no ha sido estudiada y desarrollada.

Por todo ello, es necesario que Izquierda Unida promueva una mayor transparencia de su gestión y la clarificación de la financiación a futuro de planes en marcha.El desarrollo de las reformas estatutarias aragonesas supone asumir nuevas

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competencias en materia de vigilancia y control del dominio público hidráulico, éstas se pueden desarrollar con la debida colaboración entre las diversas administraciones implicadas, respetando el principio de unidad de cuenca, en el marco político de la defensa de un estado federal.

Izquierda Unida promoverá que mediante las figuras administrativas de los convenios de colaboración y las encomiendas de gestión con la Administración estatal, se asuma una mayor capacidad de gestión del recurso, para lo cual implementará políticas activas para la aplicación del Estatuto de Aragón en materia de gestión del agua.

El abastecimiento, saneamiento y depuración, son servicios esenciales, y como tales hay que garantizar su acceso a toda la población, con criterios estrictos de servicio público, evitando su gestión por sociedades y entes privados, ya sea con capital cien por cien privado, en sociedades o entes mixtos, la mal llamada “colaboración público privada”, esconde planteamientos socio-económicos neoliberales, por lo que IZQUIERDA UNIDA rechazará que estos servicios públicos básicos sean gestionados con criterios de lucro, y su vez promoverá el acceso de toda la población al agua de calidad, con una política de recuperación de costes con criterios sociales y de progresividad para gravar los consumos excesivos, garantizando un mínimo vital, tal como recogen nuestros acuerdos por un uso social del agua.

En cuanto al saneamiento y depuración, Izquierda Unida promoverá la depuración integral de las aguas residuales y su reutilización, con la aplicación de las tecnologías más eficaces y eficientes económicamente, evitando procesos industriales productivos altamente contaminantes, con una gestión del canon autonómico de saneamiento que evite que sobre la mayoría de la población caigan los sobrecostes de la mala planificación y la injusta política tarifaría que beneficia a las actividades con más carga contaminante.

El regadío en Aragón supone con sus más de 370.000 ha, un motor de desarrollo que mueve el complejo agroalimentario aragonés con más de 45.000 personas ocupadas, y que conlleva a su vez, la vertebración del territorio al proporcionar empleos directos en las zonas irrigadas y sinergias económicas en otros sectores productivos no solamente en las zonas rurales.

Izquierda Unida promoverá la modernización de las infraestructuras de regadío y el desarrollo de los planes ya aprobados, siempre que se garantice su sostenibilidad social y ambiental; a su vez se promoverán también políticas para evitar la

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sobreexplotación de los acuíferos, la revisión de los derechos concesionales, oponiéndonos activamente a nuevas concesiones que tengan un gran impacto ambiental sobre los ecosistemas acuáticos; siendo necesaria una moratoria para nuevas concesiones, y así cumplir con el objetivo de la Directiva Marco Europea del Agua de alcanzar el buen estado ecológico de nuestras masas de agua. Así mismo es necesaria la implementación de políticas activas e infraestructuras, para evitar la contaminación difusa de las masas de agua tanto superficiales como subterráneas debida a los retornos de regadío y las actividades ganaderas.

La recuperación de los ecosistemas acuáticos y de las riberas también será impulsada por Izquierda Unida Aragón, y teniendo en cuenta el marco competencial, impulsará y promoverá y exigirá la implementación de los planes nacionales, autonómicos y locales para la mejora de la calidad de las aguas, el deslinde del dominio público hidráulico y la restauración de riberas.

Si bien el marco normativo actual recoge la necesidad del ahorro del recurso, se promoverá en la administración local y autonómica una legislación específica para el uso eficiente del agua exigiendo y regulando medidas de ahorro en los diversos usos, mejora las infraestructuras de captación y distribución, así como en los procesos industriales, equipamientos comerciales recreativos y residenciales.

Si bien la Administración del Estado tiene las competencias en la gestión de la cuenca del Ebro mediante la Confederación Hidrográfica, la Administración autonómica, las tiene en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Medio Ambiente, Protección Civil, Agricultura y Defensa de cascos urbanos; competencias que tienen un papel fundamental para garantizar una gestión adecuada y eficaz del riesgo de inundación. La situación de vulnerabilidad de determinadas poblaciones ribereñas, tanto del eje del Ebro como de otros ríos principales Gállego, Aragón, Cinca, Jalón, Jiloca, etc., requiere de políticas activas de prevención, tanto en la construcción de infraestructuras para proteger los cascos urbanos, como en el replanteamiento de las defensas ya construidas, medidas agroambientales y de seguros agrarios que permitan la tradicional actividad agro ganadera de las poblaciones ribereñas, así como programas de concienciación y educación de la población ante el riesgo, etc. El denominado Plan Medioambiental del Ebro y del Bajo Cinca de 2005 elaborado por el gobierno de Aragón, constituye un documento técnico de partida que puede servir para implementar las medidas que minimicen el riesgo de avenidas en los tramos estudiados, por lo que Izquierda Unida instará a la ejecución de las medidas recogidas en dicho Plan y promoverá el desarrollo de planes similares para otras zonas de riesgo, exigiendo la colaboración de todas las Administraciones

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implicadas.La gobernanza del agua requiere de una amplia participación de la sociedad en la toma de decisiones de las diversas administraciones públicas con competencias en la gestión del recurso, por lo que Izquierda Unida promoverá la creación y potenciación de los órganos participativos consultivos.

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TESIS VI. BANCA PÚBLICA Y ALTERNATIVAS FINANCIERAS ÉTICAS

V. 1. Banca PúblicaLas funciones principales de la banca son:a) Administrar el ahorro.b) Transformar el ahorro en créditos para la economía productiva.c) Administrar el sistema de pagos que permite liquidar las operaciones comerciales.

En España contábamos con una red de Cajas de Ahorros que, sin ser públicas como tal, podrían haber cumplido con esas funciones, pero su participación en la burbuja inmobiliaria y la bancarización, las han alejado de dichos objetivos, quedando, tras la explosión de la burbuja y al igual que el resto del sistema financiero, en unas pésimas condiciones financieras.

Actualmente asistimos a un proceso de concentración en el sector financiero donde apenas cinco entidades coparán todo el mercado en poco tiempo. Está concentración se está realizando con la connivencia de los gobiernos de PSOE y PP a través de dos tipos de medidas:- Las transferencias directas de recursos públicos a esas entidades mediante préstamos, inyecciones de capital o avales.- La venta de entidades financieras rescatadas por el Estado por cifras ridículas y con la garantía de asunción por parte del Estado de las pérdidas futuras que esas entidades puedan generar.

Consideramos que las políticas tomadas han supuesto una estafa a toda la ciudadanía puesto que mientras que los beneficios fueron privados, las pérdidas se han socializado. Abogamos por la nacionalización efectiva de las entidades rescatadas y la creación, a través de estas, de una banca pública.

Esta banca pública es el único instrumento que puede hacer que vuelva a fluir el crédito a la economía real. Además, permitiría al Estado canalizar el crédito hacia los sectores más estratégicos para lograr un nuevo modelo de desarrollo, más justo y sostenible. Exigimos también la capitalización de los préstamos dados a las entidades en apuros para lograr su control efectivo y que estas sirvan a los intereses de la ciudadanía.

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V. 2. Alternativas financieras éticas

IZQUIERDA UNIDA apoya la construcción de una banca pública que responda a criterios sociales, es decir, que sea una banca pública ética. Apoyamos igualmente todas aquellas iniciativas de financiación solidaria que reciben el nombre de “banca ética”Este tipo de iniciativas tienen un origen social no capitalista y tienen como objeto facilitar la financiación de iniciativas empresariales y sociales que contribuyan al desarrollo sostenible. Los ahorradores depositan su dinero en este tipo de entidades financieras priorizando la rentabilidad social sobre la económica.

Cada vez son más los ciudadanos que llegan a la conclusión de la incoherencia que supone criticar el sistema neoliberal pero depositar los ahorros en los mismos bancos que son la base del sistema económico y principales responsables de la actual crisis. De esta manera el consumo responsable se extiende también al ámbito de las finanzas.En Aragón existe una dilatada experiencia en la banca ética gracias a la labor que lleva desempeñando la cooperativa de servicios financieros Coop57 desde 2005 y que ha permitido financiar numerosos proyectos empresariales y sociales. Junto a Coop57 hay que destacar el proyecto Fiare Banca Ética, así como Triodos Bank.Desde Izquierda Unida animamos a la ciudadanía a que haga uso de la banca ética como alternativa a la banca tradicional e instamos igualmente a las administraciones públicas a que prioricen operar con este tipo de iniciativas. No podemos seguir confiando nuestro dinero a aquellos que ordenan los desahucios, que niegan la financiación a las pymes, que especulan con la deuda pública y que presionan para hacer de los servicios públicos un negocio más. TESIS VI. A MODO DE CONCLUSIÓN: RESCATEMOS PERSONAS Y NO A LA BANCA. UN PROGRAMA ECONÓMICO PARA LA CONVERGENCIA SOCIAL Y LA HEGEMONÍA POLÍTICA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.

VI. 1. Auditoría de la deuda. Nacionalización de las cajas de ahorro.La deuda pública ha sido generada con el objeto de beneficiar al capital financiero y no de satisfacer las necesidades de la población, debido a unos mecanismos de endeudamiento que obligan a las administraciones a pagar unos tipos de interés abusivos.Rechazamos esta enorme estafa y exigimos un proceso de auditoría ciudadana de la deuda que establezca qué deuda es ilegitima y por tanto no debe pagarse. Necesitamos una banca pública que financie el desarrollo social y económico del territorio, que permita realizar inversión pública y que conceda financiación al tejido productivo, especialmente a las pymes, con un coste mínimo. Mientras no

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exista una banca pública propiedad del Estado, las cajas de ahorro pueden cumplir este papel siempre y cuando se nacionalicen y respondan únicamente al interés general.

VI. 2. Redistribución de la riqueza. Fiscalidad progresiva.Dinero hay, el problema es que lo acumula una minoría. Si hubiera un reparto mucho más igualitario de la riqueza sería posible erradicar la pobreza y la exclusión social, auténtica vergüenza de un sistema capitalista que se jacta de desarrollado pero que margina a cada vez más personas y les condena a unas condiciones de vida propias del Tercer Mundo.El desarrollo y progreso social no ha de venir por la vía del crecimiento sino de la justicia social. El tamaño de la tarta es suficientemente grande, el problema es que está mal repartida. El instrumento fundamental que tienen las administraciones para redistribuir la riqueza es la política fiscal. Rechazamos el actual sistema fiscal regresivo que concentra la recaudación en los impuestos que soportan las clases populares a través de los impuestos indirectos y los que gravan las rentas del trabajo, mientras que las rentas del capital y las grandes fortunas tienen mecanismos –legales e ilegales- para tributar unos porcentajes muy inferiores al de la mayor parte de la ciudadanía. Por ello defendemos una profunda reforma del sistema fiscal que lo haga más progresivo y una contundente lucha –fiscal y penal- contra el fraude y la evasión fiscal.

VI. 3. Empleo: reparto del trabajo y plan de empleo públicoLa principal prioridad de cualquier administración debe de ser la lucha contra el paro. Para ello defendemos, por un lado, el reparto del trabajo existente mediante diferentes formulas que permitan una reducción efectiva de la jornada de trabajo, sin que dicha reducción afecte al poder adquisitivo de aquellos trabajadores cuyos sueldos se encuentren por debajo del salario medio. Y, por otro lado, necesitamos de un plan de empleo público que movilice una importante cantidad de recursos públicos que deben invertirse en actividades encaminadas a satisfacer necesidades sociales y que tengan un elevado impacto en la creación de empleo. VI. 4. Apoyo a autónomos y pymesLas políticas neoliberales se caracterizan por favorecer a los grandes capitalistas a la vez que arrasan con las pequeñas y medianas empresas, que no pueden operar en igualdad de condiciones. Desde el poder público se debe favorecer a las pymes, facilitando su financiación y su viabilidad económica.

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Especialmente importante es el apoyo a los pequeños comercios, no solamente generan miles de puestos de trabajo en Aragón sino que además son el motor de la vida de los barrios y de los pueblos.

VI. 5. Promoción del cooperativismo y la economía socialEl capitalismo se caracteriza por la ausencia de democracia en la economía, mientras que el cooperativismo rompe con esta lógica capitalista y se fundamenta en la igualdad y en la democracia en las empresas, revirtiendo los beneficios en el conjunto de los trabajadores. Es preciso por tanto apoyar las cooperativas como una fórmula económica viable y con un positivo impacto social.

Igualmente apoyamos la economía social y solidaria puesto que se fundamenta en el beneficio de la comunidad y en el respeto a los derechos y dignidad de los trabajadores, proveedores y consumidores. Apostamos por una economía al servicio de las personas y respetuosa con el medio ambiente. Rechazamos por ello el capitalismo.

VI. 6. Derecho a una vivienda digna. Stop desahucios y dación en pago.Miles de viviendas vacías a la par que miles de familias sin vivienda en una realidad absurda que sólo cobra sentido en un sistema económico en el que la vivienda no es un derecho social sino una mercancía con la que poder especular. Las administraciones deben cumplir con el artículo 147 de la Constitución y garantizar el derecho a una vivienda digna a toda la población, para lo cual deben de crear un parque de vivienda social con todos los pisos vacíos propiedad de bancos que hayan recibido ayudas públicas.

La situación de embargos y desahucios provocada por la actual ley hipotecaria no puede prorrogarse ni un segundo más. Se debe establecer una moratoria en los embargos de primeras viviendas a todas aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca. Así mismo deben paralizarse inmediatamente los desahucios de las primeras viviendas.

Por último, es primordial establecer la dación en pago con carácter retroactivo para todas aquellas familias que hayan sido embargadas y que, además de perder su vivienda, hayan contraído una deuda adicional con la entidad financiera. VI. 7. Defensa de los servicios públicos.Apoyamos la legítima lucha que las diferentes mareas están protagonizando en defensa de la calidad de los servicios públicos y en contra de su privatización. Los

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servicios públicos son la base del estado del bienestar y de la cohesión social, no pueden desmantelar en unos pocos de años aquello que tantas décadas de luchas y esfuerzos costó conseguir.

Ni un recorte más en sanidad, en educación, en servicios sociales. Ni un chantaje más a las pensiones públicas. Basta de amenazas privatizadoras que persiguen transformar derechos colectivos en lucros privados. El dinero al pago de la deuda ilegitima debe destinarse a sostener los servicios públicos, mejorando su calidad e incrementando el empleo público. Igualmente rechazamos cualquier tipo de exclusión a unos servicios públicos que deben ser universales.

Todas las personas, con independencia de su renta o de su nacionalidad deben de tener acceso a cualquier servicio público en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Los servicios públicos o son universales o no lo son.

VI. 8. Una economía al servicio de las personas. Igualdad y justicia social.Sufrimos una economía de casino que nos convierte en mercancía al servicio del lucro de una minoría. En el capitalismo, los beneficios de los bancos son más importantes que la vida y dignidad de las personas. Tenemos que generar un movimiento popular de tal envergadura que permita dar la vuelta a la tortilla y hacer de la economía una simple herramienta al servicio del bienestar de las personas. Desde Izquierda Unida luchamos por una sociedad nueva, donde haya justicia social e igualdad, donde la riqueza generada por el trabajo sirva para el bienestar colectivo.Queremos una economía que redunde en una mejora de nuestra calidad de vida, para lo cual es imprescindible que el desarrollo económico sea sostenible, es decir, respete la naturaleza y los animales.

La militancia de Izquierda Unida contribuye con su esfuerzo a crear un movimiento político y social que permita superar la crisis capitalista. Necesitamos y deseamos una revolución, e Izquierda Unida quiere formar parte de ella.

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ANEXO

DOCUMENTO APROBADO POR EL CONSEJO POLÍTICO DE IZQUIERDA UNIDA ALTOARAGÓN. 26 DE ENERO DE 2013

ANTECEDENTES:

Han pasado más de 10 años desde que IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN hizo la actualización política respecto al pacto del agua. Tantos como desde que se firmó hasta esa fecha. Las circunstancias van cambiando y debemos plantearnos, incluso, si de verdad es necesario este tipo de desarrollo agrícola macro industrial, bajo el control de las multinacionales, que desarrollan macro proyectos que buscan el beneficio y no la racionalidad y ocasionan impactos comparables con la grandes urbanizaciones o a las actuaciones en la nieve y que se basan en un modelo agroalimentario responsable de más del 50% de las emisiones de CO2, que además genera graves enfermedades, tanto entre productores como entre consumidores y que más allá de solucionar el problema del hambre en el mundo, lo agudiza.

También han cambiado las prioridades energéticas, pudiendo emplearse las estaciones de bombeo como reguladoras de consumo eléctrico y complementarse con otros modelos de energía como la eólica. Lo que ciertamente no ha cambiado es la escasa compensación que se hace a los territorios de montaña por su solidaridad, concentrando las mayores masas de agua de reserva que sirven a otros lugares y usos. ¿Cuántos regadíos hay en la montaña? ¿Cómo se ha compensado la socialización del transporte de la energía que favorecía la instalación de empresas cerca de los puntos de producción de energía? ¿Porqué no se apuesta en mayor medida por las balsas laterales que se hacen en zonas donde están los beneficiarios, que mejoran el rendimiento de la capacidad de los canales, que permiten la utilización con criterios de zona del agua embalsada, que regulan tanta o más agua que las grandes presas con costes inferiores y nulas afecciones a los ríos? Que nadie se extrañe de que para ser solidarios antes se exija racionalidad y solidaridad compartida. En caso contrario hablamos de abuso.

La compra de tierras por empresas extranjeras y la macro producción extensiva supondrán una disminución del rendimiento, que obligue a la venta de propiedades a un número pequeño de propietarios, lo que dificultará la planificación autónoma de nuestros recursos y nos alejará aún más del objetivo de soberanía alimentaria y de apoyo a la pequeña y mediana explotación agropecuaria, cada día en mayores dificultades.

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Por lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente propuesta para ser debatida la XI Asamblea de IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN:

ARGUMENTACIÓN.-

Mucho tiempo y muy diversos acontecimientos han sucedido desde que IZQUIERDA UNIDA de Aragón, adoptase una posición en relación a su política Hidráulica. Hechos que sin duda han sido y debieran ser objeto de análisis sereno para establecer una lectura de esa histórica posición. Ciertamente IZQUIERDA UNIDA sigue teniendo ante sí dos retos importantes en materia de política de agua. De un lado utilizar este recurso de una manera sostenible y eficaz, con criterios de solidaridad, universalidad, ecología y desarrollo sostenible en su gestión y no de aumento de la demanda y de otro proporcionar agua, como bien limitado, en cantidad suficiente, para garantizar recursos, fundamentalmente al pequeño y mediano productor agrario, cuyo tejido productivo está en serio peligro y debe asentarse en el territorio rural aragonés, para lo cual es imprescindible el agua, tanto en la producción, como en la consiguiente apuesta por el desarrollo de una agroindustria que permita dejar valor a los alimentos que se cultivan en nuestra tierra y rompa con el modelo agroalimentario actual que se basa en el uso intensivo del agua.

Por ello, se considera que debemos centrar nuestro debate y posicionamiento político en base a los siguientes principios preferentes:

1.- Apostando claramente por una gestión pública y social de la totalidad del ciclo hidrológico, pues sólo así se evitará un uso especulativo y privativo de un bien escaso y esencial, sobre el que cada vez pesan más intereses económicos privados. Garantizando un orden de prioridades que empezará por el consumo humano, mantenimiento de caudales ecológicos, y el consumo agrícola y ganadero procedente de explotaciones familiares y de carácter social.

2. Apostar por un modelo agroalimentario más ecológico y menos industrial, que ofrezca más autonomía al productor y más seguridad alimentaria al consumidor, disminuyendo su dependencia de recursos escasos como el agua y la energía.

3.- Debemos igualmente gestionar políticas de ahorro de agua apostando inequívocamente por las nuevas tecnologías de gestión y por obras de regulación en zonas que salen beneficiadas de las mismas. Esto debe ser prioritario a las grandes obras hidráulicas con contestación social, por realizarse en zonas que no

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aprovechan estas infraestructuras y salen perjudicadas por ellas. La historia en Aragón ha demostrado demasiadas veces, que empeñarse en obras de elevada contestación social, lejos de resolver problemas, los vuelven irresolubles, pues ni aportan el agua que unos piden, ni tranquilizan a las gentes afectadas por las grandes presas, que ven sobrevolar periódicamente una espada de Damocles sobre sus cabezas, con la amenaza de la realización de las mismas. El ejemplo de la presa de Santaliestra es más que elocuente, pues el que se desechara y se apostara por San Salvador, hace que hoy sea una realidad, que en breve, resolverá necesidades de agua a los agricultores de la zona. Por otro lado, obras como puedan ser: aumentar mediante bombeo la capacidad de embalses, utilización racional de acuíferos, dragado de embalses, mejora de los viejos canales y acequias de distribución cuyas pérdidas son considerables, reparto del agua mediante una legislación social del ciclo hidrológico que establezca cantidades suficientes e iguales por cada activo agrario, hasta un máximo de superficie por activo agrario, o subvencionar cultivos autóctonos de bajo consumo hídrico sobre los de mayores consumos, serían medidas que vendrían a frenar y solucionar exigencias hídricas que parecen siempre en aumento.

Por todo ello, Proponemos

1.- Descartar la presa de Biscarrués, por considerar que la aprobación de la Evaluación del Estudio de Impacto Medio Ambiental para la citada presa, reconoce importantes afecciones a un río muy regulado y limita la presa de tal modo que pierde la utilidad para la que se pensó en su día y por la que IZQUIERDA UNIDA lo apoyó en su cota actual 35 Hm3. Añadir que la realización de esta presa conllevaría hoy en día, una inequívoca pérdida económica en materia de ingresos turísticos sostenibles, en una zona de la Hoya de Huesca que ha conseguido una perfecta simbiosis entre la explotación de un recurso como el agua y la generación de empleo, que fija población en la misma, población que se vería seriamente afectada. Por otro lado, consideramos que existen medias alternativas, como las expuestas en los puntos anteriores y otras de actuaciones directas con menor afección, que como la balsa de Almudévar, el uso de la zona muerta del embalse del Grado (130 Hm³) o desviar aguas del Gállego, a la hoy inútil presa de Montearagón, que proporcionarían recursos más que suficientes al sector y desde luego, muchos más de los que proporcionaría por sí sola la presa de Biscarrués. 2.-Dejar de apoyar el recrecimiento de Yesa, pues es evidente que tantos años después de su apoyo en el pacto del Agua, la presa no está hecha, los habitantes afectados de la montaña siguen defendiendo vivir en su zona sin más afecciones, los agricultores siguen esperando agua pese a haber hecho importantes inversiones y han sucedido muy diversos acontecimientos que a nuestro juicio desaconsejan

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su realización. En primer lugar, existen informes contradictorios que generan una duda razonable sobre la seguridad de la presa, duda avalada incluso por el redactor inicial del proyecto en funcionamiento y diversos geólogos. Este hecho, por sí mismo, debiera servir para aplicar el principio de precaución para descartar una presa, que en caso de presentar un problema de deslizamiento de laderas, provocaría una más que segura tragedia dado el volumen de agua que podría acumular (Sangüesa es un núcleo habitado con 5.254 habitantes que estará en peligro constante, e imposible de desalojar dada la proximidad a la presa.) Este problema de estabilidad de laderas, junto a otras cuestiones, está llevando a un aumento considerable del presupuesto, que puede convertirse en un pozo sin fondo en un momento de nula inversión estatal. En este sentido, nuestra obligación, debe pasar por presentar distintas posibilidades para dar una alternativa seria y razonable que como San Salvador con Santaliestra, pueda desbloquear la situación mediante la realización de medidas alternativas como las expuestas anteriormente u otras, como puedan ser pequeñas presas y balsas laterales, cuyos costes más baratos podría ir realizándose poco a poco sin tantos años de espera, o incluso podríamos retomar el estudio de obras como el embalse de Marracos (177 hm3), que podrían servir para solucionar gran parte de las necesidades, seguramente no sin la aparición de otros problemas. Creemos pues, que presentar unas alternativas en esta línea y convencer de la idoneidad de las mismas, sin duda podría ayudar a resolver las afecciones en la zona y aportar agua a unos agricultores, necesitados de este recurso.

CONCLUSIONES:

IZQUIERDA UNIDA ha defendido históricamente la búsqueda del consenso para las obras recogidas en el pacto del agua, pero también ha fijado las condiciones mínimas que permitían hacer el esfuerzo de apoyar proyectos que no eran nuestra propuesta inicial. Los conceptos que han regido la posición de IZQUIERDA UNIDA han sido y son: el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la Nueva Cultura del Agua. Es decir, los pueblos deben tener los recursos hídricos para desarrollarse y alimentarse, pero debemos hacerlo siguiendo las orientaciones de la nueva cultura del agua, que no pierda de vista que vivimos en un clima que no permite que podamos vivir con unas necesidades hídricas cada vez mayores.

Estamos en un momento histórico de crisis del capitalismo y del mismo modelo de relaciones productivas, por lo que, en este momento histórico, debemos abanderar soluciones que garanticen el agua necesaria para nuestra soberanía alimentaria,

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que aseguren que dada la escasez de inversiones públicas, es hora de proyectos más moderados a la par que útiles y consensuados, lo que garantizará lo más importante, que se hagan. Ya es hora de velar por el interés público de nuestra agua y de nuestros ríos, cada vez más víctimas de la sobreexplotación del sistema capitalista.

Nosotros entendemos, que las propuestas aquí recogidas garantizan las condiciones que permiten el desarrollo rural y la soberanía alimentaria, de acuerdo con la nueva cultura del agua y los principios de soberanía alimentaria.

Entendemos que es una obligación de IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN debatir nuevamente sobre el agua y que lo acordado en nuestra Asamblea de Aragón, se traslade a los componentes del pacto del agua, invitándoles a estudiar una nueva visión de la utilización del agua y a buscar el mayor consenso posible, no sólo entre los partidos y organizaciones sociales, sino también entre los afectados en el territorio, pues sólo así se desbloquean conflictos y se logran propuestas que beneficien a todas las partes.

Documento político

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INTRODUCCIÓN

TESIS I. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POLÍTICA.

I. 1. Crisis sistémica, crisis del régimen.I. 2. El marco político en Aragón.

TESIS II. LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA. UN NUEVO MODELO SOCIAL Y DE ESTADO.

II. 1. La superación del sistema.II. 2. Servicios públicos.II. 2. 1. Estado del Bienestar, servicios públicos y protección social.II. 2. 2. Los servicios públicos en el nuevo modelo de desarrollo.II 2. 3. Educación.II. 2. 4. Sanidad.II. 2. 5. Acción social.II. 2. 6. El derecho a una vivienda digna y la lucha contra los desahucios.II. 2. 7. Justicia.II. 3. Igualdad.II. 4. Inmigración, paz y solidaridad internacionalista.II. 4. 1. Inmigración.II. 4. 2. Paz y Cooperación.II. 5. Cultura.II. 5. 1. La cultura, fundamento de una sociedad libre.II. 5. 2. Ejes esenciales para una política cultural.II. 5. 3. Política lingüística.II. 5. 4. El deporte.II. 6. Municipios, instituciones y poder ciudadano.II. 6. 1. Municipios, agentes de cambio social.II. 6. 2. Nuestro papel en las instituciones.II. 6. 3. Un poder indelegable: el poder ciudadano.II. 7. Federalismo, un modelo de Estado solidario.

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XI Asamblea IU Aragón - Documento Político

TESIS III. IZQUIERDA UNIDA, HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO III 1. La Alianza Social.III. 1. 1. Orígenes y antecedentes.III. 1. 2. La constitución de un Bloque Social y Político. III. 1. 3. El camino para la configuración de ese nuevo sujeto político.III. 2. Al rescate de la ética en la política. Una organización transparente.III. 3. Una organización que comunica.III. 3. 1. Los medios de comunicación.III. 3. 2. Internet y redes sociales.

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INTRODUCCIÓN

Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla Subcomandante Marcos

El 27 de abril de 1986 se constituía Izquierda Unida como una Plataforma de Fuerzas ante la “ineludible necesidad para recuperar la esperanza que subyace en los anhelos de tantos españoles que se pronuncian por la paz y la neutralidad, el trabajo para todos y la consagración, en definitiva, de una democracia avanzada sin espacios excluidos a la soberanía popular”.

Una respuesta política y social que nació de un proceso largo de movilizaciones, de reuniones, asambleas, de propuestas de confluencia, de interacciones con otras fuerzas políticas, con otros movimientos sociales, del reconocimiento mutuo del papel político de cada actor, de la búsqueda de los puntos comunes y, sobre todo, de la imperiosa necesidad de una alianza unitaria frente al imperialismo, el militarismo y en definitiva frente al orden capitalista, depredador del planeta y generador de injusticias.

Así, el documento político fundador de Izquierda Unida partía de la base que “El 12-M ha confirmado la existencia de un amplio movimiento social que desea una política realmente progresista. Al tiempo que pone de relieve una profunda crisis de representación, con claro desajuste entre los millones de votos progresistas partidarios de la salida de la OTAN y su referente parlamentario.”

La expresión popular previa al referéndum y su reflejo cuantitativo en siete millones de votos, es comparable con las expresiones de contestación que vivimos hoy en nuestras calles y plazas a diario. Las protestas masivas, el amplio espectro social de las personas que participan en ellas y lo inesperado de las mismas en algunos momentos, ponen de relevancia, como ya ocurriera entonces, la existencia de un amplio movimiento social progresista que no se siente identificado con sus representantes, sobre todo por ese bipartidismo que los lleva gobernando durante tres décadas.

Los documentos de esta XI Asamblea buscan poner de manifiesto los principales retos de este momento, tratan de identificar las luchas clave donde hacernos fuertes en la resistencia y aquellas alternativas que, por su capacidad y su profundidad, suponen una palanca de transformación del sistema. Pero sobre todo estos

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documentos pretenden buscar el itinerario y la manera de cómo actuar en este periodo, cómo dar respuesta a esta situación excepcional de golpe silencioso y de rotura de orden constitucional. Defender las conquistas obtenidas es importante pero proteger, regenerar y hacer que crezcan los sujetos colectivos que las hicieron posibles es indispensable.

En 1986, del esfuerzo generoso de organizaciones y partidos, surgió Izquierda Unida . Hoy, como entonces pasó, es el momento de recuperar el espíritu de la fundación de Izquierda Unida y lanzar la constitución de un Bloque Social y Político que pueda dar una respuesta unitaria a la nueva versión del capitalismo imperialista.

Como declaraba nuestra reciente X Asamblea Federal nuestro único objetivo es centrarnos en la coyuntura extraordinaria que vivimos (el golpe de estado silencioso) y acordar una acción común: la resistencia, organizar la rebelión democrática y la alternativa al neoliberalismo y a las fuerzas políticas y sociales que les apoyan y, finalmente, hacer de Izquierda Unida una organización de masas para un proyecto de mayoría social.TESIS I. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN POLÍTICA.

II. I. 1. Crisis sistémica, crisis del régimen.

La crisis actual es la crisis del capitalismo y de su modelo de desarrollo que se centra en la búsqueda individual del máximo beneficio por unos pocos sin atender a los efectos que esto produce en el conjunto de la economía y la sociedad. Un modelo irracional, que es capaz de desplazar a la economía productiva por un economía especulativa, aunque ello haga inviable la propia supervivencia de un territorio y de las personas que viven en él.

Un modelo que ha hecho visibles debilidades, como la ausencia de control por parte de los Estados respecto de los sectores estratégicos de la economía, del sector financiero, de los recursos naturales y del sector energético; la dependencia de los gobiernos nacionales de las instituciones internacionales y estas a su vez del mercado, materializado ficticiamente en agencias de valoración, índices de riesgo o la falta de participación real en la toma de decisiones de la ciudadanía, son algunos de estos fallos sistémicos.

Debilidades que surgen del corazón mismo del modelo económico pero que tienen también una fuerte trascendencia política, pues vienen a cuestionar los valores que propugna dicho sistema y las instituciones y la representatividad formal en la

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que se basa. La cuestión no es que el sistema se muestre incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población, puesto que esto es así desde su inicio, el hecho diferencial es que ahora cada vez con menos pudor, lo hace admitiendo que ese no es su objetivo, adoptando por ejemplo rescates al sector financiero y vinculándolo directamente con la política de recortes.

Es por tanto la opción manifiesta y visible por favorecer a unos, banca, frente a otros, ciudadanos, la que deja a la vista un Gobierno falto de soberanía, sometido y dirigido en lo económico por las instituciones y mercados europeos. Pero, además, esta falta de soberanía se plasma en un calendario de recortes y políticas antisociales que sólo es modificado por el Gobierno nacional para introducir además otras políticas de marcado carácter ideológico ultraconservador, llevando todo ello a un profundo cuestionamiento del Gobierno por parte de la ciudadanía o al menos un sector importante de la misma.

El cuestionamiento del sistema, de la situación actual deriva hoy en un cuestionamiento de las instituciones, y sobre todo de la clase política que las nutre especialmente de los dos partidos PP y PSOE que han sido la cara visible de estos recortes. Estamos pues ante una crisis del Bipartidismo, de la idea de una estabilidad de gobierno generado a través del dominio de dos grandes partidos en el que las demás opciones eran meros correctores.

La quiebra de este modelo y la fragmentación del poder electoral no sólo se hace visible en las encuestas sino también en las sucesivas elecciones que se van desarrollando, siendo más acusado en los supuestos en los que se ha conseguido la concurrencia de bloques de izquierdas de manera unificada.

En estos momentos vivimos una verdadera contrarreforma constitucional que paradójicamente ha sido puesta en marcha por aquellos que defendían la imposibilidad de reformar la Carta Magna por temor a la rotura del pacto y acuerdos constitucionales base de nuestra democracia.

Los principios básicos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consistentes en garantizar el bienestar, la igualdad y la justicia a todas las personas, con una separación de poderes y unos derechos sociales básicos que amortiguaran los efectos del sistema capitalista hoy en día han saltado por los aires.

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Hoy vemos como se recortan derechos fundamentales, se persigue y criminaliza la contestación, se modifica el Código Penal introduciendo límites a los derechos políticos básicos como el derecho de reunión o de manifestación, se acaba con la independencia judicial. Hoy se cuestionan derechos sociales básicos como la sanidad universal, la justicia, la educación para todos o el derecho a la negociación colectiva. Hoy se cercena nuestro sistema democrático mediante un gobierno por Decreto, se limita la expresión democrática más básica, los ayuntamientos, mediante su intervención efectiva y se cuestionan los mecanismos de participación organizada de trabajadores, los sindicatos y el tejido social básico.

En este marco la opción de constituir un proyecto de mayoría social se torna realista si, en aquellos supuestos como nuestra Comunidad Autónoma, somos capaces de mantener capacidad de diálogo y convergencia con fuerzas políticas del marco de la izquierda (se constituyan o no en partidos)

I. 2. El marco político en Aragón.

Izquierda Unida ha aumentado su representación tanto en las Cortes Aragonesas como en los municipios siendo especialmente estos últimos una magnífica base de trabajo para generar alianzas y encuentros con la ciudadanía y el tejido social organizado. Tenemos que destacar que aunque Izquierda Unida se hace fuerte en las ciudades y en los municipios importantes, sigue teniendo problemas en el ámbito rural.

Respecto al resto de fuerzas, debemos destacar que el panorama político aragonés no es diferente respecto a la crisis generalizada del bipartidismo. El PP Aragonés, menos cuestionado de partida que el de otras comunidades por su ausencia de gobierno en el periodo anterior, tiene unos niveles de descrédito similares y la desafección provocada por los recortes, especialmente severos en el ámbito social, le afecta gravemente.

De la misma manera el PP aragonés se ve afectado por la sospecha de corrupción generalizada de todo el partido derivada del caso Barcenas. Además de esto, el PP aragonés, al igual que los del resto de las comunidades, pierde la confianza de los que le votaron por su incapacidad y negación para liderar una salida a la crisis desde las instituciones, buscando como única solución el descenso de gasto.

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TESIS II. LA PROPUESTA DE IZQUIERDA UNIDA. UN NUEVO MODELO SOCIAL Y DE ESTADO.

II. 1. La superación del sistema.En este marco, la apuesta política de Izquierda Unida debe ser de superación de ese bipartidismo, siendo conscientes del momento histórico que vivimos. En este objetivo, es clave la superación de las dependencias históricas en lo electoral del Partido Socialista por las cuales la derecha en el gobierno les suponía una automática recuperación y con ello una bajada electoral de Izquierda Unida de la que absorbían apoyos en concepto del mal llamado “voto útil”. Hoy esa regla parece rota y la bajada electoral de uno y otro y la consiguiente subida de Izquierda Unida y otras fuerzas como Cha nos hace ser optimistas en la creación de ese proyecto de mayoría social (La consecución del diputado por Zaragoza por la izquierda de Aragón por la unión de Izquierda Unida-cha-iniciativa social nos llevan a pensar que la suma no es antagónica que es posible obtener resultados con procesos de convergencia ) .

No obviamos ni negamos las dificultades que entraña este proceso de relación con “otros”. Si bien son evidentes lo frutos conquistados queda mucho por hacer. Izquierda Unida aborda estos procesos desde la honestidad, desde el reconocimiento al otro y la firme voluntad de respeto y encuentro, algo que exige también con la firme vocación de superar la lógica de las concepciones clásicas de pactos y acuerdos que se sustancian netamente en una suma de siglas y no en la generación de referentes amplios y transformadores.

Las coincidencias programáticas son el eje central de estos espacios que reclaman también otras formas de hacer política común. Allí en la propuesta y la forma estamos convencidos que radica el éxito de acuerdos sinceros entre la izquierda.Debemos observar bien el momento y generar las posibilidades de acuerdo con otras fuerzas a la izquierda del PSOE, con o sin representación institucional, a la par que vamos caminando en la conformación de ese Bloque Social y Político en una clara alianza con los movimientos sociales organizados.

En este sentido es como debemos entender experiencias como la Iniciativa Social, el incipiente proyecto C·3, estructuras como Mesas de Convergencia, Frente Cívico Somos Mayoría o Ateneo o cualquier otra que pueda surgir y que busque esa confluencia social y política en la que IZQUIERDA UNIDA se inscriba como un elemento insuficiente pero imprescindible.

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II. 2. Servicios públicos.El fin de ciclo del capitalismo español basado fundamentalmente en que el capital financiero e inmobiliario, hace que la búsqueda de beneficios se haga a través de ajustes salariales y recortes sociales y de servicios públicos. Esto supone el desmantelamiento paulatino del estado de bienestar surgido del pacto social generado tras la II Guerra Mundial en Europa occidental.

Por otro lado, la crisis económica está generando una fractura social aumentando los niveles de paro, exclusión y pobreza hasta límites insospechados. Lo que hace más necesarios que nunca unos servicios públicos capaces de garantizar los derechos básicos para el desarrollo de una vida plena. En el caso de Aragón, unos servicios públicos que también garanticen una vertebración del territorio.

Por el contrario, en vez de dotar a los servicios públicos de los recursos necesarios al nivel de las necesidades sociales en aumento, padecemos su desmantelamiento paulatino a través de privatizaciones, recortes, externalizaciones y aumento de tasas, que rompen con el principio de universalidad y gratuidad de estos servicios transformándolos en privilegios y negocio de unos pocos.

Mediante el discurso de la supuesta insostenibilidad y naturaleza derrochadora de la gestión pública, frente a la “eficiencia” de la gestión privada, tratan de generar un consenso social que no oponga resistencia a esta estrategia del neoliberalismo español que pretende hacer de los derechos fundamentales nuevos nichos de negocio a través de los que sostener sus tasas de ganancia.

Por todas estas razones defendemos la prioridad absoluta del gasto público en pensiones, desempleo y servicios públicos esenciales frente a cualquier otro compromiso. La sostenibilidad de todos estos servicios pasa por la derogación de la modificación del artículo 135 de la Constitución de 1978.

La contestación social se ha articulado en torno a un crisol de expresiones frente a este ataque a los servicios públicos. El más destacado es el caso de las mareas, trabajadores y trabajadoras de los ámbitos de la educación, la sanidad, la justicia y los servicios sociales, que cuentan con un amplio apoyo de la ciudadanía, y están confluyendo en determinadas luchas con el sindicalismo de clase. Esta suma de voces está mostrando el posicionamiento de una mayoría social en la defensa de la naturaleza pública y universal que debe primar en la provisión de estos servicios.

II. 2. 1. Estado del bienestar, servicios públicos y protección social.Nuestro insuficiente Estado de Bienestar es ahora objeto de un demoledor ataque

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que pretende imponer un cambio estructural en él. Si en los últimos años las querencias privatizadoras de los anteriores gobiernos, tanto estatales como autonómicos, habían colocado mediante distintas fórmulas numerosos servicios en manos privadas, ahora, bajo el pretexto de la crisis, se pretende dar un golpe que puede resultar definitivo, pues está transformando la concepción del propio servicio público como garante de los derechos.

Se pretende imponer un cambio estructural en la prestación de servicios públicos, convirtiendo a la ciudadanía en clientes y rompiendo la columna vertebral del Estado social: su universalidad. Pasamos de derechos universales a derechos selectivos. Sirve de ejemplo la ruptura de la universalidad de la Sanidad, que es ya un hecho con la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular o a jóvenes que no han cotizado. Las consecuencias de medidas como éstas, son dramáticas.

El capitalismo, en su deriva inacabable, persigue ahora lo que pueda quedar del sector público para hacer negocio. La sanidad pública representa un sustancioso negocio para las empresas privadas, y en nuestra Comunidad Autónoma ya tenemos ejemplos claros, como el de la centralización de los análisis clínicos para su gestión privada, la privatización del banco de sangre y de tejidos, y los despidos en el personal contratado.

El incremento del paro, la precariedad laboral, la caída de los salarios, sitúan a millones de ciudadanos y ciudadanas bajo el umbral de pobreza. A ello suman los recortes en educación, sanidad, atención a la dependencia, política social inclusiva, etc. que conllevan un mayor nivel de desprotección social y de exclusión, amén de más destrucción de empleo.

Son las mismas medidas que sólo generan más desempleo y que recortan en política social inclusiva (por ejemplo PCPI, talleres de empleo, escuelas taller, etc.) las que producen más situaciones límite y más transformación de la política social hacia la beneficencia, que por su parte, tampoco llega a atender de manera suficiente a la población. Un ejemplo claro ha estado en el recorte de las becas de comedor.

En nuestras ciudades y municipios se deja, en buena medida, en manos de las entidades benéficas la tarea de paliar los efectos de la crisis y de estas políticas, las instituciones reaccionan tarde, no hay dotaciones presupuestarias suficientes y la realidad viene a superar la previsión económica.

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Un elemento importante que también pone en riesgo a los servicios públicos, es la pretendida reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que apunta, bajo la excusa de reducción del déficit, a la privatización o la eliminación de muchos de los servicios que los ayuntamientos están desarrollando.

El tercer sector, que atiende distintos ámbitos de los servicios sociales no cubiertos de manera directa desde la propia administración, también sufre una reducción radical de los recursos económicos destinados a ellos. Con ello se ponen en riesgo numerosos programas sociales necesarios para jóvenes, mayores, dependientes, personas con diversidad funcional, etc.

La política de recortes no pretende sólo reducir el déficit público a costa de empobrecer y desproteger a la ciudadanía. Forma parte también de la estrategia de debilitar y socavar la calidad de los propios servicios públicos, para así favorecer su desarrollo desde lo privado, propiciando que aquellas personas con mayor capacidad económica recurran a éste. Así se va configurando un sistema dual en los servicios públicos, en el que a lo público se le asigna el papel de la subsidiariedad.

Junto a la ofensiva privatizadora y de recortes, de fundamento neoliberal, se articula la ofensiva ultraconservadora, bien plasmada en el planteamiento educativo elitista de la ley Wert, acompañada de severos recortes en educación o en las reformas de Ruíz Gallardón.

De esa ofensiva ultraconservadora, son objetivo prioritario las mujeres. Es claro el retroceso a décadas atrás en la concepción del papel de la mujer en la sociedad, plasmado en el soslayo y menosprecio de las políticas contra la violencia machista, en la pretendida reforma de la ley del aborto, en los recortes a una todavía muy incipiente atención a la dependencia, y en escuelas infantiles, se pretende que vuelva a ser la mujer quien atienda, quedándose en casa, las situaciones que el descompuesto estado de bienestar abandona.

En definitiva, la embestida ultraliberal y ultraconservadora que sufrimos, está dando lugar a unos servicios públicos, que, si nadie lo impide, dejarán de ser garantes de derechos, de acceso en igualdad a los recursos de la sociedad, que ya no podrán siquiera aspirar a su universalidad y que serán únicamente subsidarios, para atender de manera precaria las situaciones más acuciantes, bajo una concepción no de cumplimiento de derechos sino de mera beneficencia.

II. 2. 2. Los servicios públicos en el nuevo modelo de desarrollo.El objetivo esencial del nuevo modelo productivo es garantizar el bienestar de las

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personas, sus posibilidades de realización individual y social, y su participación en la toma de decisiones de la colectividad. Para ello, la idea de que cada derecho esté garantizado por un servicio público que lo haga efectivo e igual para todos, es pilar fundamental.

En nuestra propuesta, queremos mejorar los servicios públicos en el sentido de aumentar la capacidad democrática de intervenir en la realidad para transformarla, como ofensiva a la propuesta neoliberal de desguazar el Estado. Esto significa asegurar el derecho universal y gratuito a la salud, la educación, el cuidado de la infancia, la atención a las personas dependientes, el deporte, la cultura… y, también, alcanzar la socialización de otros espacios como la banca, la energía y otros sectores estratégicos de producción.

Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos: al trabajo, a la vivienda, a salud,y a la educación. Reiteramos nuestro compromiso con la educación pública, laica y de calidad y defendemos que la educación es una inversión y no un gasto.

Desde Izquierda Unida proponemos eliminar toda participación privada en el sistema nacional de salud y que éste garantice la calidad del servicio en todas las CC.AA. Defendemos el Sistema Nacional de Salud en todo su carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada.

Defendemos el desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, con recursos económicos, humanos y materiales suficientes. En una realidad con millones de pobres volvemos a plantear la necesidad de la renta básica que garantice la subsistencia a aquellas personas que carecen de cualquier tipo de ingreso.

Frente a la ofensiva ultraconservadora, defendemos el feminismo como parte constitutiva de la democracia, de las relaciones de producción y personales, del modelo económico y de todos los ámbitos que conforman el entramado social. Erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres y establecer medidas contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados, han de ser objetivos prioritarios desde una perspectiva económica, así como la incorporación de la mujer a la población activa asalariada, con medidas que la favorezcan y que ayuden a la creación de empleo (universalización y gratuidad de las escuelas infantiles públicas, extensión de los permisos de maternidad/paternidad y medidas de conciliación real de la vida familiar y laboral).

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Defendemos el aborto libre y gratuito, y ello debe estar garantizado en nuestro sistema público de salud. No permitiremos ninguna involución en el derecho a decidir de las mujeres. Para consolidar una red de servicios públicos fuerte y eficiente, las ciudades y municipios tienen un papel fundamental. Es en su espacio donde el estado de bienestar debe reflejarse, en el que la educación, la sanidad, los servicios sociales deben prestarse con garantías de calidad e igualdad, con el objetivo de cohesionar la población y abordar los problemas de marginalidad y exclusión, desde la solidaridad.

Asimismo, ha de reconocerse la dispersión del medio rural para no verse discriminado en cuanto al alcance de todas estas políticas. Por ello, cualquier reforma de las Bases del Régimen Local, ha de pasar por una suficiente financiación a los municipios, y al contrario de lo que se está planteando desde el gobierno, por una cada vez mejor y mayor aproximación de los servicios públicos a las y los ciudadanos a través de los municipios.

II. 2. 3. Educación.En la actualidad, dado el ataque generalizado a los derechos básicos de la ciudadanía, acentuamos el nivel de nuestra protesta y el tono nuestras reivindicaciones, sumándonos a los movimientos sociales y ciudadanos que legítimamente están reivindicando nuestro Derecho a la Educación.

Para Izquierda Unida el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de calidad e igualdad pasa por defender a ultranza un Servicio Público de enseñanza que, desde la educación infantil hasta la universitaria, esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos. La Escuela Pública es la única que puede garantizar el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y democracia.

Nuestra apuesta rotunda por el carácter público de la enseñanza es una apuesta por una educación pluralista y crítica, respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestionada democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales.

Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa. 1.- Hablamos de la Educación como Derecho Fundamental, y no solo como Servicio Público.

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La Educación, al igual que la Sanidad, la Vivienda o los Servicios Sociales, atienden a los Derechos Fundamentales de las personas. El anteproyecto de la LOMCE, que combatimos abiertamente en su totalidad, introduce la novedad de que no se recoge la Educación como Derecho, sino como Servicio. Con esta denominación, se resta ese carácter de Universalidad a la Educación, que por Ley ha de ser asegurada por el Estado.

2.- Escuela inclusiva y democráticaDebemos destacar la importancia de la creación de espacios de convivencia inclusiva y democrática en las escuelas, así como en los lugares donde se ofrece educación no formal; lugares donde las distintas capacidades, afectividades, orientación sexual, género, procedencia, cultura, etnia, etc. sean visibilizadas, valoradas y respetadas. Ello debe quedar de manifiesto en las programaciones oficiales y en la práctica del personal docente.Asimismo, tanto los centros educativos como los espacios de educación no formal, deben ser lugares donde se aprendan y pongan en marcha prácticas de participación democrática, independientemente de la existencia o no de una asignatura a tal efecto, donde se den alternativas al modelo de relación con el otro desde la competitividad, planteando modelos de cooperación, trabajo en equipo y convivencia democrática.

3.- Educación tempranaDefendemos que la educación pública debe atender al desarrollo integral de las personas, por lo que desde edades tempranas debe proveerse por las instituciones autonómicas una Red Pública de Escuelas de calidad accesible para todas las personas, independientemente de su renta. Por eso, nos oponemos frontalmente a la política de ahogamiento de las Escuelas Infantiles municipales 0-3 años, que está practicando el gobierno PP-PAR.La educación de 0 a 3 años no debe tener un carácter asistencial, sino que debe atender a los aspectos fundamentales del desarrollo integral de la persona que tienen lugar en este periodo de la vida.La atención educativa temprana debe ir ligada, además, al compromiso político de que las madres y los padres puedan optar, en condiciones de igualdad y seguridad, a la atención y educación de sus hijos e hijas, adaptando para ello sus condiciones laborales a las necesidades de estos, y no al contrario.

4.- La Escuela RuralEl documento que salió de la X Asamblea de Izquierda Unida de Aragón afirmaba que “ha de reconocerse la dispersión del medio rural para que no sea discriminado”; a lo que tenemos que añadir que debe darse respuesta a los Derechos Fundamentales

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de las personas que viven en el mundo rural y dotarlos de los Servicios necesarios, cumpliendo los criterios de universalidad, accesibilidad, y calidad.

El medio rural ofrece opciones de vida que hemos de poner en valor especialmente, pues desde el punto de vista ecológico, de la salud y la convivencia, estas alternativas posibilitan condiciones más favorables para la sosteniblidad de la vida humana.

5.- Un nuevo modelo educativo para una alternativa social y política.Necesitamos una nueva propuesta educativa que supere la mediocridad, la ambigüedad ideológica, y la agresividad neoliberal que los partidos mayoritarios han traído a la educación aragonesa.Desde Izquierda Unida de Aragón no dudamos en que el camino está en la apuesta por el laicismo, por una red única de Centros Educativos Públicos suficientemente financiados, por una escuela gratuita, de calidad, inclusiva y democrática.

Por una estructura educativa en la que, cada vez más, la Escuela Pública vaya asegurando y ampliando la oferta educativa, mientras que la escuela privada subvencionada quede como complementaria en aquellas zonas en las que la oferta pública es insuficiente. Por supuesto, los centros privados que practican la segregación no podrán ser destinatarios de concierto educativo.La educación debe colaborar al bienestar humano, no a una mayor competitividad, productividad o consumo. 6.- Una apuesta clara y urgente por la Universidad Pública. Es necesario abordar las condiciones de contratación y la dedicación docente desde el compromiso con la Universidad Pública, incidiendo en medidas que aseguren la estabilidad de las plantillas y con criterios de dedicación docente que sigan los objetivos pedagógicos de mejora de la calidad. Apostamos por el asentamiento en condiciones de calidad del actual proceso de descentralización universitaria, en el marco del territorio aragonés.

Defendemos el establecimiento de mecanismos de participación democrática que garanticen la transparencia presupuestaria y el control del gasto en la Universidad de Zaragoza. Apostamos por mecanismos de acceso a los cuerpos docentes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, terminando con otros procedimientos que favorecen la endogamia.Como garantía de la posibilidad de acceso en igualdad de condiciones a los estudios universitarios, exigimos un sistema de becas suficientemente dotado para llegar a todos y a todas las estudiantes que de ello precisan, en función de renta y

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contexto social en que se encuentren.

7.- El empleo público, garante la calidad educativa.En el contexto actual es necesaria una apuesta decidida por el empleo público, que asegura la igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras y afianza la estabilidad de las plantillas, tanto en el medio urbano, como en el medio rural. Por ello es necesaria la implementación de medidas que refuercen la permanencia y el compromiso del profesorado en el medio rural, especialmente.

Apostamos por la no externalización de servicios, la lucha contra la precariedad laboral, porque asegurar unas condiciones de trabajo dignas de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito educativo, desde lo público, contribuye de forma importante a la calidad de los servicios.

8.- La financiación de la Escuela Pública es fundamental para su viabilidad.La política de fuertes recortes en la financiación de la educación, especialmente desmesurados en los dos últimos años, nos llevan a una situación de involución y de regreso a los años del franquismo, de pérdida de calidad del sistema, de ataque a la Escuela Pública, de despreocupación por los más necesitados, de abandono del ámbito rural a su suerte, de refuerzo decidido a la escuela privada, de privatización creciente de los escasos recursos que se destinan.

Medidas que han motivado una fuerte oposición de los sindicatos del profesorado, de los estudiantes, de las Asociaciones de madres y padres, de las Plataformas por la escuela pública, de la Marea Verde…; a los que Izquierda Unida se ha unido activamente, codo con codo, y que nos obliga a seguir manteniendo la movilización, hasta que consigamos revertir la ola neoliberal que ataca a los Servicios Públicos fundamentales.

II. 2. 4. Sanidad.Defendemos el Sistema Nacional de Salud en todo su carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada. Defendemos su carácter público, sin híbridos mixtos, y rechazamos su privatización. La sanidad pública aragonesa corre serio peligro. Se está privatizando a través del Consorcio de Alta Resolución, así como con los conciertos con la sanidad privada para “enmascarar” las altas cifras de las listas de espera.

Desde hace algún tiempo venimos escuchando por parte del Gobierno central, y con idéntico entusiasmo por el Gobierno de la señora Rudi, que la sanidad se

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encuentra en crisis, que si no se acometen las medidas necesarias la sanidad pública es insostenible. En consecuencia, dicen, se hace imprescindible acometer una serie de reformas que son la “única forma” de garantizar el sistema sanitario público.

La realidad es que nuestra Sanidad está sufriendo una agresión sin precedentes en España y en Aragón. Aragón es la segunda Comunidad, por detrás de Murcia, que menos invierte en Sanidad. La centralización/privatización de los laboratorios clínicos, la eliminación de turnos de tarde en los centros de salud, los recortes en la plantilla del Salud, las listas de espera duplicadas, la falta de recursos en el medio rural…, son algunas de las actuaciones que están marcando la hoja de ruta del gobierno del PP y el PAR. Una hoja de ruta que no tiene otro objetivo que la privatización de la sanidad en Aragón, tal y como ya está sucediendo en otras Comunidades.

Se nos quiere hacer creer que lo público es ineficiente, poco competitivo, derrochador y que lo racional y eficiente es la gestión que hace la empresa privada. Pero la realidad es que tenemos una de las sanidades más eficientes del mundo, a pesar de que somos uno de los países que menos porcentaje de renta destina a su sistema público de salud: el 6,25% del PIB, y hasta la fecha se daba una cobertura universal con unos niveles de calidad muy superiores a la mayoría de países de nuestro entorno.

En el momento de crisis actual, la sanidad se ha convertido en el nuevo becerro de oro; una vez agotada la burbuja inmobiliaria, se necesitan nuevos horizontes y las oportunidades de negocio relacionadas con la gestión privada de los servicios sanitarios públicos se han convertido en el nuevo objeto de deseo. Grupos como Capio y Ribera Salud se reparten los procesos de privatización del sistema público sanitario.

Apostamos y defendemos un sistema de sanitario que tenga como objetivo garantizar el bienestar de las personas y no el beneficio de sus inversores. El sistema de Salud ha de estar dotado de la financiación necesaria, para lo que es preciso cubrir el déficit existente con respecto al promedio de la UE-15. Sigue siendo necesario reforzar la atención primaria para que esta constituya el verdadero eje de la atención.

Por otra parte, la salud laboral no debe encuadrarse fuera del ámbito público. Además exigimos una gestión eficaz y transparente de las listas de espera para evitar su externalización. Es necesario adecuar las plantillas del personal del

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SALUD a las necesidades reales del sistema: aumento de plazas, supresión de empleo precario y Oferta de empleo público, cubrir el déficit de especialistas del medio rural y en toda la red hospitalaria de Aragón.La sanidad no está en crisis. El volumen de dinero que mueven las grandes empresas que se dedican a la gestión privada de la misma demuestra lo contrario. Lo que se está haciendo en España, y ahora claramente ya en Aragón, es abrir las puertas a hacer negocio con la salud, a especular con un derecho fundamental.Por ello, desde Iquierda Unida nos sumamos a las reivindicaciones protagonizadas por las y los profesionales del ámbito de la salud. Porque la salud no se vende y vamos a defenderla frente a quienes pretenden dinamitarla para mercantilizarla.

II. 2. 5. Acción social.Los programas de acción social deben actuar como mecanismos de igualdad, de justicia, de cohesión y de promoción de la autonomía de las personas. En definitiva, estas políticas deben ser instrumentos a través de los cuales combatir las causas de la desigualdad para avanzar en un nuevo modelo de sociedad, complementado el resto de políticas públicas, como última red de protección social.

Estas políticas deben completar la garantía de derechos individuales y colectivos. Para ello se debe tener en cuenta tanto al individuo como el territorio que éste habita, el contexto. Para ello es necesario un enfoque comunitario en los programas de acción social. Se deben desarrollar medidas que dignifiquen a la persona y su condición activa. Las políticas sociales deben tener un enfoque integral de la persona, en el que se considere el global de la situación, y no se parcelen intervenciones en función de la “distribución burocrática” del sistema de servicios sociales.

Entendemos, por tanto, que los servicios sociales públicos y universales deben atender las necesidades sociales de la población pero también prevenir y eliminar las causas que conducen a la exclusión social, para no caer en una mera dimensión asistencial y paliativa.

Desde el estallido de la crisis económica. La magnitud de las desigualdades y las alarmantes cifras de pobreza han desbordado la capacidad de actuación de las administraciones. Esta circunstancia, unida a los constantes recortes en programas sociales, ha provocado que la respuesta que se está articulando sea más propia de la Beneficencia de siglos pasados. Se reduce la intervención desde lo público y las medidas desarrolladas están más caracterizadas por lo asistencial que por lo promocional.

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El PP en el Gobierno de Aragón ha realizado innumerables recortes en partidas de carácter social: becas de comedor, becas de libros, se está dilatando el proceso de aprobación del Ingreso Aragonés de Inserción, se ralentiza también la respuesta en solicitudes de Ayudas de Integración Familiar, se hace más difícil la protección de menores y la atención a colectivos en dificultades por el recorte y la reducción de servicios. Por otra parte se anuncian, desde el Gobierno de la Nación, recortes presupuestarios en el Plan Concertado que da cobertura a los municipios para la puesta en marcha de prestaciones básicas.

Las políticas de austeridad multiplican el desempleo, generalizan la pobreza y, además, están dinamitando la red última de apoyo con la que contaba la población que sufre la pobreza.Otro de los hachazos del PP se refleja en la paralización de Ley de Dependencia, se están amortizando plazas concertadas en residencias, los procesos de resolución del grado de dependencia se retrasan, las prestaciones de tipo económico se reducen en unos casos y no llegan a concederse en otros y se retira la financiación de la seguridad social a los cuidadores familiares. El calendario que marcaba la progresiva implementación de estas medidas se ha paralizado.

Estos recortes suponen un duro golpe a la dignidad de las personas. Y este golpe, también se ha encontrado con la contestación social. La Marea Naranja como espacio de confluencia de las y los profesionales de los servicios sociales, está reclamando la responsabilidad que el Estado ha de tener en la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía.

La contrarreforma que en el ámbito de lo social se está desarrollando, involuciona hacia programas caracterizados por componentes de graciabilidad frente a políticas que se traducen en derechos desde objetivos de justicia social. Para lograr estos objetivos es fundamental que las políticas sociales sean garantizadas desde lo público, estableciendo criterios en la prestación. Se debe considerar la calidad en la orientación de los servicios sociales hacia el ciudadano como en las condiciones laborales de quienes lo prestan.

Estos criterios deben estar presentes en aquellos ámbitos donde la prestación es directa pero también cuando la prestación se realiza a través de otras entidades. En estos casos, hay que circunscribir su actuación y establecer preferencias por aquellas entidades con una gran implicación comunitaria, cuya especificidad y actuación aporte iniciativas precursoras en el ámbito social.

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II. 2. 6. El derecho a una vivienda digna y la lucha contra los desahucios.El derecho a “una vivienda digna y adecuada” (art. 47 CE) está reconocido en la Constitución española, aunque nunca haya sido garantizado por los poderes públicos. Si alguna política social ha sido abandonada al mercado y al mercado especulativo, en particular, esa ha sido la de la vivienda.

La vivienda ha sido tratada en España como un bien de inversión e intercambio, gracias a los beneficios fiscales y a las expectativas de ganancia “porque el precio de la vivienda siempre sube”; y, en muchas ocasiones, como un instrumento de financiación de las administraciones públicas gracias a las políticas del suelo y a los diversos impuestos que han recaído tradicionalmente sobre las actividades relacionadas con la construcción y la compra y venta de viviendas.

La política de vivienda en España ha favorecido, desde siempre, pero particularmente desde el Franquismo y durante todo el período democrático, la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. España, junto con la mayor parte de los países del Este Europeo, donde la liquidación del modelo socialista ha supuesto la venta masiva de las viviendas públicas de alquiler, tiene un parque de alquiler muy reducido y de pésima calidad y un parque de alquiler social puramente simbólico: 2,8% en España y 1,8% en Aragón (ECV, 2012) mientras en buena parte de los países de la UE la población que vive en alquiler protegido es superior al 15% (Eurostat, 2009).

El problema de la vivienda en España no es de escasez, sino de accesibilidad. Ahora con más evidencia que nunca está claro que ha sido un política equivocada, especulativa y criminal la que ha hipotecado de por vida (30 y hasta 40 años) a muchos ciudadanos, obligando a un sobrecoste a multitud de familias: el 82% de las viviendas en España son en propiedad (y el 80% en Aragón), pero algo más de un tercio de esas viviendas, tanto en España como en Aragón, cargan con una hipoteca.

Hipotecas que se han convertido en impagables para un número importante de familias, golpeadas por el desempleo y la pérdida de ingresos económicos: 349.438 (8.401 en Aragón) ejecuciones hipotecarias en España entre 2007 y 2011 (no siempre de viviendas, es una dato que se desconoce y que se ha reclamado reiteradamente) y 166.716 (4.845 sólo en la provincia de Zaragoza) desahucios desde 2008 hasta 2011, según los datos del Consejo General del Poder Judicial de 2012 (tampoco se sabe aquí cuántos son de viviendas en “propiedad” y cuántos de viviendas en alquiler, dato que también se ha reclamado reiteradamente).Otro elemento a considerar y de difícil cuantificación, por otra parte, es el de las

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viviendas vacías. Desde el último dato fehaciente, el censo de población y vivienda de 2001, se supone que la situación no ha cambiado y, en torno a un 15% de la vivienda es segunda vivienda y otro tanto es vivienda vacía, un recurso que no debería estar ocioso impunemente.

Las políticas públicas deben garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a las economías individuales y familiares que no deberían dedicar a la vivienda (rentas y servicios) más de un 25-30% de sus rentas.Eso sólo se puede lograr con unas potentes políticas de vivienda públicas de alquiler social, protegido. Se debería marcar un plazo de 10/15 años para lograr un parque de viviendas públicas de alquiler de un 10%, lo que significa multiplicar por tres el actual parque de vivienda

En ocasiones se tendrá que construir VPO para alquiler (nunca más VPO par la venta), pero hay dos actuaciones prioritarias: la ocupación de las viviendas vacías, incluyendo las viviendas vacías en manos de los bancos; y la rehabilitación de las viviendas antiguas. La inversión en rehabilitación de viviendas antiguas, particularmente en los cascos antiguos de las ciudades y, en general, en lo que llamamos la ciudad consolidada, incluidas las zonas rurales, favorecería la ocupación de recursos ociosos de la construcción, mejoraría las condiciones de vida de muchos ciudadanos y los saldos energéticos del parque y aumentaría la oferta de viviendas en alquiler.

El otro gran frente actual para garantizar hoy el derecho a la vivienda pasa por parar los desahucios de la vivienda habitual de aquellos individuos y familias que, como resultado de la crisis económica (desempleo, pérdida de prestaciones económicas, etc.), no puedan hacer frente a las exigencias abusivas del pago de sus hipotecas: paralización de los desahucios, dación en pago con carácter retroactivo (incluidas las viviendas que hayan sido desahuciadas desde el comienzo de la crisis) y derecho a continuar viviendo en ellas mediante el pago de un alquiler asequible. Las viviendas que no sean ocupadas en alquiler, deben pasar a un parque de alquiler gestionado por las administraciones públicas o por entidades sociales.

II. 2. 7. Justicia.La credibilidad del sistema judicial está en tela de juicio. La falta de independencia del poder judicial, la utilización partidista de los órganos judiciales, y sobre todo la sensación mayoritaria entre amplias capas de la población de la existencia de una doble vara de medir, dependiendo de la clase social a la hora de los fallos judiciales, está provocando esta falta de credibilidad del sistema judicial.

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Al igual que en el resto de servicios públicos, la justicia también sufre una serie de acusaciones de ineficacia; los epítetos más utilizados a la hora de calificar la justicia son: lenta e ineficaz. Con ello se trata de generar un estado de opinión para tratar de privatizar la Justicia, como se pretende hacer con el registro Civil entregándolo a los Registradores de la propiedad y mercantiles.

Los recortes también han llegado a la Justicia, limitando la creación de nuevos juzgados o la contratación de jueces, fiscales o interinos de refuerzo. Uno de los recortes que más específicamente perjudicarían a Aragón es la reducción del número de partidos judiciales, donde Aragón pasaría de 16 a 7 (casi un 60% menos), lo que supondría dificultar territorialmente el acceso a la justicia, especialmente en el mundo rural, y ahondaría en la desvertebración del territorio.El aumento de las tasas judiciales en torno a 500-700 euros limita el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a las personas con menos recursos. La gravedad es aún mayor pues vivimos unos momentos de aumento de despidos, desahucios, represión policial o abusos sobre consumidores y usuarios. En definitiva, supondrá una impunidad mayor contra estos abusos, al verse limitadas las victimas en el acceso a la justicia.El acceso a la justicia en condiciones de igualdad supone la garantía efectiva de los derechos de la ciudadanía, por lo que Izquierda Unida apoya las movilizaciones emprendidas por los trabajadores de la Justicia en defensa de su puesto de trabajo y de una Justicia gratuita y universal. Nuestra propuesta pasa por la democratización de la Justicia como servicio público frente a los planes privatizadores, su transparencia y simplificación de trámites, una justicia gratuita que garantice el derecho a tutela judicial de todos los ciudadanos.

II. 3. Igualdad.No hay justicia ni democracia sin hombres y mujeres libres e iguales en derechos económicos, sociales, políticos y culturales. Y precisamente el momento histórico que hoy vivimos viene caracterizado por la pérdida de democracia y de justicia social. Se trata de un momento de ofensiva por parte de la derecha más recalcitrante, para la que las conquistas en materia de igualdad, derechos sexuales y reproductivos y libertad afectivo-sexual, están situados en el punto de mira, porque la negación de estos derechos representa una de las caras más visibles de su ideología.

El PP, tanto en el Gobierno de la nación como en el Gobierno de Aragón, ha eliminado de un plumazo el concepto de paridad e igualdad. Está transmitiendo el perfil femenino de cuidadora y esposa, frente al masculino dedicado al ámbito productivo. Están eliminando recursos de protección social fundamentales para las mujeres, reducen los programas para la igualdad, y niegan el derecho de las

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mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, vuelven a la carga con el aborto.

Mientras tanto, el número de mujeres asesinadas por violencia de género sigue siendo una constante. Miles de mujeres son explotadas sexualmente. Por otra parte, la feminización de la pobreza es un hecho que contribuye al incremento exponencial de las situaciones de vulnerabilidad de la mujer. Ésta es una clara muestra de que la violencia de género y la desigualdad son elementos inseparables.

La verdadera violencia estructural, aquella ejercida por el patriarcado a través de la imposición táctica de valores económicos, sociales y culturales, se consolida en una pérdida en cascada de conquistas logradas, tras mucho esfuerzo, por los movimientos feministas.

En este sentido, desde Izquierda Unida seguimos luchando por erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres. Combatimos la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados. Apostamos por la puesta en valor de las tareas de cuidados, como funciones fundamentales dentro de una sociedad cuyo eje central son las personas, y no cesaremos en nuestra defensa del aborto libre y gratuito.

El feminismo debe considerarse un elemento vertebrador de todas las políticas de transformación social desde la izquierda. La igualdad real y efectiva debe formar parte constitutiva de la democracia, de las relaciones de producción y personales, del modelo económico y de todos los ámbitos que conforman el entramado social.

II. 4. Inmigración, paz y solidaridad internacionalista.

II. 4. 1. Inmigración.Izquierda Unida considera que ningún ser humano puede ser ilegal y que ninguna discriminación por razón de género, raza, cultura, nacionalidad u orientación sexual e identidad de género, es ni aceptable ni regulable. Por el contrario, el modelo de sociedad hacia el que nos lleva esta deriva neoliberal, pretende instaurar la desigualdad como norma, desarrollando un discurso que se ceba con los colectivos más vulnerables de la sociedad. La desigualdad es un elemento a través del cual el Capital, puede contar con mano de obre barata y sumisa. Por otra parte, los discursos fascistas que sitúan al inmigrante como chivo expiatorio, proporcionan un enemigo, al que se señala. Responsabilizándole de una situación que ha sido generada por las ansias de la acumulación. Muchos de los recortes llevados a cabo por el Gobierno del PP se basan en este discurso, los recortes en programas de acción social por parte del

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Gobierno de Aragón, o la negación de la atención sanitaria aquellas personas cuya situación administrativa es irregular.

Se trata de medidas que van a incrementar el déficit social existente, que van a dificultar la acogida de estas personas en nuestros municipios. Frente a todo esto es necesario garantizar la incorporación de todas estas personas en los ámbitos de salud, vivienda, educación, servicios sociales, asociacionismo. Desde políticas públicas integrales que persigan dignidad y justicia social para toda la ciudadanía.

En el mundo del trabajo, por otra parte se hace más necesario que nunca garantizar la protección, facilitar la información, denunciar las situaciones de infracción de derechos. Frente a los mensajes que tratan de culpabilizar a las personas más débiles, y las políticas que atentan contra la dignidad humana apostamos por un modelo de sociedad que supere el actual modelo de explotación basado en la desigualdad.

II. 4. 2. Paz y Cooperación.La profunda crisis económica que estamos viviendo no solo está produciendo una pérdida de derechos a las clases populares en los países desarrollados, afecta al conjunto del planeta. Aumenta las desigualdades sociales, la esquilmación de recursos naturales en países periféricos, y la utilización de la guerra como instrumento de política internacional. Esto acentúa el funcionamiento antidemocrático de las instituciones internacionales, y el gasto en armamento y programas militares.

En estos momentos, la cooperación y solidaridad internacional es una prioridad más que nunca. Pese a ello nos encontramos, también en cooperación, con continuos recortes tanto a nivel estatal como autonómico con la excusa de la crisis.El territorio aragonés tampoco es ajeno a esta escala militar, como en el caso de la utilización del aeropuerto de Zaragoza, en la reciente ocupación militar de Mali y la servidumbre territorial del Campo de Maniobras de San Gregorio y el Polígono de tiro de las Bardenas.

Es necesario garantizar la seguridad mundial, pero desde la base de la seguridad humana y compartida, que tenga como principal objetivo no intereses económicos, sino acabar con el hambre y las desigualdades sociales a nivel mundial.Para ello es necesario reforzar nuestra cooperación internacional en base a estos principios, a costa del gasto armamentístico que es el más alto en la historia de España. Nuestro internacionalismo se sustenta sobre la superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo, tanto en los pueblos que han conseguido este objetivo como los que luchan en aras de él.

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II. 5. Cultura.

II. 5. 1. La cultura, fundamento de una sociedad libre.La cultura es la base de una sociedad libre y una ciudadanía consciente, la cultura no es neutral y pertenece al ámbito de la lucha ideológica. Por ello, se pretende reducir la cultura a la simple “industria del entretenimiento”, anulando el espíritu crítico y limitando la cultura a un ocio mercantilizado y alienante.El derecho a la cultura está siendo desmontado en Aragón, donde los presupuestos de Cultura de la DGA han sufrido un recorte del 80% en los dos últimos años. Una vez descontando el gasto de personal, Aragón es de las comunidades que menos invierte en cultural después de Ceuta y Melilla. Esto evidentemente, también afecta a las personas que trabajan en la cultura donde se ha pasado de 16.700 empleos vinculados en 2011 con la Cultura, a los 9.200 actuales. Estos recortes en educación, museos o bibliotecas, van acompañados de un modelo cultural consumista, alejado de valores éticos y ciudadanos y de una participación comunitaria. Un modelo cultural en definitiva, que apuntala el actual sistema neoliberal e impide la creación de un modelo alternativo.

Nos encontramos también ante una privatización de los medios de comunicación públicos, y la acumulación en cada vez menos manos de las empresas de comunicación, sometiendo al conjunto de la sociedad a una información sesgada e interesada por fines partidistas y empresariales.Por lo que desde Izquierda Unida reclamamos la necesidad de una cultura libre, el libre acceso a la comunicación, una comunicación entendida como servicio público. Promovemos la creación y difusión del conocimiento y la cultura desde la participación democrática y comunitaria, para que llegue a toda la ciudadanía y pueda cumplir su labor emancipatoria.

Para Izquierda Unida, es fundamental la sensibilización de la sociedad por la cultura como parte de sus derechos y del bienestar social que aporta. Para ello, deberemos fomentar la participación activa de los sectores implicados, acabando con la visión de la cultura como fuente de consumo capitalista y lógicamente, aportar desde las administraciones, los recursos suficientes para que la cultura sea una realidad más allá de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y del ámbito geográfico en el que nos encontramos, con especial mención al mundo rural.

Ciertamente, se hace necesario replantear los modelos culturales, con nuevas políticas que alejen al sector de la inestabilidad, la arbitrariedad y la falta de transparencia, para lo cual será oportuno planificar conjuntamente, en colaboración

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estrecha y bajo una estricta responsabilidad pública de control de los recursos disponibles.

Son muchas, las asociaciones y colectivos culturales que trabajan a lo largo del Estado, pero también en Aragón, en estrecha colaboración por el desarrollo de la cultura en sentido más amplio, dejando a un lado los intereses particulares, buscando soluciones globales a todos los colectivos implicados, seriamente afectados por los numerosos recortes que se están produciendo a todos los niveles de la Comunidad Autónoma y que están llevando al sector, a un momento muy complicado.

II. 5. 2. Ejes esenciales para una política cultural.Desde una posición común con muchos de esos colectivos Izquierda Unida asume y hace propios sus objetivos principales que son:1. La cultura es un derecho.2. La cultura desarrolla valores esenciales en una sociedad democrática y aporta valores para la convivencia. 3. Debemos combatir los recortes, fijar como objetivo de inversión en la Comunidad Autónoma, el 2% del PIB en Aragón.4. Impulso y creación de un mecanismo de participación política con el sector y la sociedad, creando el Consejo de la Cultura y las Artes de Aragón.5. Buscar modelos más objetivos, igualitarios y democráticos de apoyo a la creación cultural. Prestando especial atención a los artistas aragoneses.6. Adecuar los sistemas de ayudas a las nuevas necesidades de los sectores.7. Apoyo al desarrollo del talento y la creatividad, así como de la creación más contemporánea a través de la investigación.8. Fomentar mayor movilidad de los creadores y los productos culturales tanto dentro de Aragón, con atención especial al mundo rural, así como tanto en España, como a nivel internacional.9. La transparencia de las decisiones políticas como objetivo central de Izquierda Unida Aragón, también en política cultural.10. Cultura y Educación.- Sin duda la Cultura puede aportar en el ámbito educativo iniciativas que añadan valor a los currículos académicos, más allá de las meras actividades extraescolares. Una cultura, que aporte una dimensión de imaginación creativa e innovadora de la que a menudo carece el sistema educativo. Disciplinas como el teatro, la música, la danza, las artes plásticas, la escritura, la experimentación científica, la implementación tecnológica, deben tener en cuenta en su justa medida en los diferentes planes de estudio y a lo largo de todo el sistema educativo. 11. Cultura y Medios de Comunicación. Deberemos usar para ello las herramientas

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de las que dispone la Comunidad Autónoma, implantando una mayor consideración a la cultura, como valor no residual. 12. Elaboración de un Plan Estratégico de la Cultura en Aragón que marque objetivos a corto, medio y largo plazo.13. Impulsar una Ley de la Cultura en Aragón, para normalizar y regular el derecho de los aragoneses a unos mínimos culturales.

II. 5. 3. Política lingüística.Aragón es una Comunidad multilingüe en la que junto al castellano, lengua mayoritaria y oficial en todo su territorio, conviven otras lenguas en determinadas zonas, como son el aragonés y el catalán, con sus distintas modalidades y variantes.

Esta pluralidad lingüística constituye un rico patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, reflejo de una historia y cultura propias, patrimonio lingüístico que debe ser conocido y valorado por sus habitantes, así como protegido y fomentado por todos los poderes públicos aragoneses, mediante las medidas normativas y las acciones de gobierno más adecuadas.

En este sentido, la reforma a la timorata Ley de Uso y Protección de las Lenguas de Aragón, es un clarísimo paso atrás, que Izquierda Unida debe combatir, al objeto de consolidar y fomentar este rico patrimonio lingüístico que nos pertenece, patrimonio histórico- cultural, que debiera ser objeto de especial respeto y protección, normalizando el mismo, no desde un diferenciador en clave territorial-nacional, sino como nexo de unión entre pueblos que han tenido y tienen, una historia y unas tradiciones comunes de siglos de historia.

Por todo ello, Izquierda Unida debe impulsar y colaborar con cuantos agentes sociales aragoneses, busquen promover en Aragón, la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, al igual que favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas, así como con nuestra organización política y social.

II. 5. 4. El deporte.El deporte es esencial para la salud física y psíquica de las personas, también supone una herramienta para el desarrollo de aptitudes como la convivencia, la solidaridad y el enriquecimiento mutuo. Se trata de valores que contribuyen a generar escenarios de cohesión social.

No obstante, en la actualidad, el deporte se reduce a un mero espectáculo y

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sobretodo un negocio, donde la ciudadanía es fundamentalmente espectadora y consumidora de un producto. La falta de programa e instalaciones para la práctica del deporte va en aumento, especialmente en las zonas rurales aragonesas, lo que fomenta una desigualdad territorial para la práctica deportiva.

Entendemos el deporte como un recurso generador de salud y bienestar individual, y al mismo tiempo, como elemento de socialización, capaz de potenciar la integración desde distintos ámbitos y realidades. En consecuencia, apostamos por la potenciación de la práctica deportiva de base, desde una óptica del acceso universal de toda la ciudadanía. Por ello, destacamos la necesidad reforzar los programas e instalaciones deportivas, acometiendo programas específicos que fomenten la práctica del deporte desde la base, especialmente en niños y jóvenes, y teniendo muy presentes las categorías femeninas.

6. Municipios, instituciones y poder ciudadano.

II. 6. 1. Municipios, agentes de cambio social.El municipio es el espacio natural en el que el ciudadano vive y se desarrolla y por lo tanto es el escenario natural de la sociedad y de la vida pública. Como tal su organización política, los ayuntamientos, ha de ser el corazón del andamiaje institucional del país. Son los ayuntamientos los que han de dar respuesta temprana a las necesidades de la ciudadanía pues es a ellos, como administración más cercana, a los que se recurre, tanto en momentos como estos, de grave situación económica como en momentos de mayor bonanza para satisfacer derechos de segunda y tercera generación.

Esto ha generado que nuestros ayuntamientos asumiesen la prestación de servicios que en principios competencialmente le correspondían a otras administraciones sin ni siquiera ver mejorada su capacidad financiera por la vía de las aportaciones del estado. Superar esta situación implicaría una profunda revisión competencial y una correcta política de financiación local, que garantizase la coordinación en la prestación de los servicios públicos, siempre en aras de garantizar su carácter público en base a criterios de la máxima calidad y eficacia.

Tanto el PSOE como el PP han impedido que se abordase este asunto considerando al municipio el eslabón básico de la arquitectura del estado. Esto ha provocado que los ayuntamientos jugaran un papel fundamental en los procesos especulativos, pues era por esa fórmula como se financiaban. Para facilitar esta irresponsable política económica en la que el suelo se ha alejado de su función social y se ha especulado con el derecho a techo, PP y PSOE han garantizado una laxa regulación

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que ha permitido que la corrupción urbanística campe ahora a sus anchas en nuestro país.

El resultado de esta nefasta política ha sido claro: Una crisis profunda en la que la ciudadanía pierde derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud o la vivienda y unas instituciones que han sido sometidas al poder financiero que las quiere reducir a meros gestores, incapaces de intervenir y tomar decisiones en favor de la gente y no de los poderes financieros.

Unos ayuntamientos fuertes y bien financiados, unos servicios públicos inviolables y capaces de dar respuesta a las necesidades del conjunto de la población, hubieran impedido este drama del que además se quiere salir de la mano de sus responsables. Antes especularon con la deuda privada, ahora lo hacen con la deuda pública, estrangulando a las instituciones y obligándolas a vender lo público en aras de continuar con un modelo capitalista que no quiere renunciar a increíble tasa de ganancia que le permite su estadio financiero. Si antes se especuló con el derecho al techo, ahora se pretende especular sin complejos con el derecho a la salud, a la educación, a las pensiones.

Esta es la agenda que mantiene el PP y con la que debemos ser profundamente beligerantes. Es necesaria una reforma de la arquitectura institucional que no esté sujeta a la dictadura de la política de consolidación fiscal, la dictadura del déficit y la pérdida de democracia. Una reforma que ha de ser un eje fundamental del nuevo y necesario proceso constituyente

II. 6. 2. Nuestro papel en las instituciones.Izquierda Unida es una fuerza que opta por intervenir en la realidad, asume las actuales reglas del juego y, desde dentro de la realidad misma, intenta modificarlas. Así, hoy nuestra realidad es la España de las autonomías, incluso en Aragón con la creación de otra nueva administración, las comarcas (ante la que nosotros planteamos la necesaria disolución de las diputaciones). El sistema democrático elegido es el de la democracia de partidos, con elecciones cada cuatro años y una ley electoral injusta.

El hecho de que defendamos principios básicos como la propia Democracia, el papel del Estado plasmado en las instituciones, la conveniencia de que los representantes del pueblo sean profesionales y no haya dependencias de los poderes económicos, la necesidad de que los partidos sean financiados por un sistema público para garantizar que hacen bien su trabajo como intermediadores sociales, no puede convertirnos en los principales defensores de este sistema de manera acrítica.

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Tenemos que ser conscientes de que esas expresiones encierran un sentimiento de frustración con el actual sistema que le llevan a una desafección de aquello que le causa rechazo. Y todo ello, aunque sepamos que en ocasiones los medios de poder buscan su generalización para provocar un rechazo global a la política con la idea de promover gobiernos tecnócratas más vulnerables a sus intereses.

Izquierda Unida debe dar respuesta a estas inquietudes proponiendo algo diferente a esta democracia de partidos, secuestrada por el bipartidismo, que genera tanta insatisfacción. Tenemos que contraponer un modelo de democracia de base popular a la democracia de partidos, un control ciudadano de las cuentas frente al derroche del gasto público y una acción de democracia radical en la toma de decisiones frente a la delegación de poder total en la institución.

Aun en el momento actual, con unas instituciones reducidas a la mínima expresión, el papel de transformación de las mismas sigue siendo de primer orden. Es por ello que Izquierda Unida no puede ni debe renunciar a su presencia en las mismas dado que va en su propia naturaleza como formación política, pero tampoco puede adoptar posiciones que le dejen en un papel residual. La aspiración de Izquierda Unida debe ser ocupar el mayor espacio posible en la toma de decisiones de la institución para llevar adelante con coherencia el programa político de la mayoría social.

Hoy más que nunca nuestro trabajo institucional ha de tener una doble función: mejorar las condiciones de la mayoría social, de las capas populares y someter a contradicción las lógicas que aceptan y acatan este modelo injusto. Esta tensión es doble y constante y nos obliga a un continuo esfuerzo dialéctico.

En definitiva, debemos entender las instituciones como un escenario más de lucha, y encajar nuestro trabajo en ellas de manera que permita llevar a la práctica nuestro ideario político. Deberemos ser capaces de traducir la propuesta política en propuesta de modificación de las normas que la hacen imposible y elegir aquellas acciones que, aunque costosas, sean viables para escenificar el enfrentamiento a esas normas.

La labor de ejercicio y presencia en las instituciones por parte de Izquierda Unida cobra ahora mayor sentido cuando hay una tarea defensiva que desarrollar. Es clave proteger los avances sociales conquistados por la clase trabajadora y a las organizaciones sociales y sindicales que articulan nuestra realidad. En este periodo, a la par que combatimos los recortes generalizados a todas las

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capas de la población, debemos centrar esfuerzos en la defensa de las redes, asociaciones, tejido social organizado eminentemente de izquierdas porque el mismo será la base de la organización de la rebeldía y la resistencia social y con nosotros de construcción de la propuesta alternativa.

II. 6. 3. Un poder indelegable: el poder ciudadano.Nuestra democracia representativa se basa en la delegación del voto cada cuatro años en unos representantes públicos que lo ejercen en el marco de unas instituciones. Pero esta delegación del voto no es completa, no puede entenderse así, los representantes elegidos no pueden arrogarse la capacidad de modificar un texto constitucional en su parte fundamental mediante una mera decisión mayoritaria en el Parlamento sin consultar previamente al pueblo constituyente que aprobó esa norma.

Cuando el bipartidismo ha traspasado esas fronteras, como con la reforma de la Constitución que modificaba nada más y nada menos que el objetivo económico de todas las administraciones, se produce una vulneración de ese poder delegado.Pero además, el hecho que una persona asuma que un representante lo hace por un periodo concreto en la determinación de las decisiones ordinarias no quiere decir que pierda toda la capacidad de opinión e incidencia sobre las mismas, es cuando entra en juego el poder ciudadano.

Entendemos el poder ciudadano como el poder de la ciudadanía organizada en formas diversas para la toma de decisiones en todos los ámbitos de su vida (político, económico, social, ambiental…) para el ejercicio pleno de su soberanía.Es intolerable, que una figura como la Iniciativa Legislativa Popular, aunque reúna los requisitos, esté a merced de las mayorías absolutas en la Cámara sólo para ser admitida a trámite. La ciudadanía, cada vez más, quiere participar en la toma de decisiones fundamentales.

Por tanto, la exigencia de mecanismos de democracia directa y radical que profundicen esta democracia representativa creando así una democracia participativa emana del concepto mismo de soberanía popular.Para llevar a cabo todo lo anterior, Izquierda Unida propone:

Planificación participada de las políticas públicas. Defendemos la planificación de las políticas públicas de forma participada con la sociedad civil organizada que tiene que formar parte de la decisión en materias como las líneas estratégicas de desarrollo económico y social de Aragón y sus municipios, el empleo de recursos públicos en su consecución, el diseño de los planes a través de los cuales se logre

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la transformación de esta realidad, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza.

Corresponsabilidad social. Responsabilidad compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y las Administraciones públicas en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión social comunitaria, para el bienestar de las comunidades organizadas.

Cogestión de lo público. Procesos mediante los cuales las comunidades organizadas participen, en cualquiera de sus niveles e instancias, en la decisión, control de la ejecución y evaluación periódica, de la prestación de servicios públicos e inversiones necesarias para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico.

Consultas y referendos para la toma de grandes decisiones. Para aquellas decisiones que tengan un carácter estructural en un territorio y cuyo periodo de aplicación sea superior a un mandato electoral deberán realizarse consultas ciudadanas o referendums.

Control ciudadano de las cuentas. Transparencia en la gestión. Es necesario instaurar mecanismos que permitan no sólo la participación en las decisiones de carácter económico de las administraciones sino el control posterior, bajo los principios de publicidad y transparencia, de su ejecución y del gasto. Por ello mecanismos como los presupuestos participativos, los observatorios de la contratación o las auditorías ciudadanas son instrumentos necesarios para profundizar la democracia.

Introducción obligatoria de mecanismos de participación en la elaboración legislativa. Es necesario regular la obligatoriedad de que cualquier modificación legislativa cuente obligatoriamente con un proceso de participación que incluya un informe sobre las repercusiones sociales de la reforma legislativa que se pretende aprobar o modificar. En el ámbito municipal, además de la participación individual que se contiene en las fases de exposición al público, hay que introducir mecanismos de participación previa y obligatoria de carácter sectorial con las entidades más representativas y de carácter territorial.

II. 7. Federalismo, un modelo de Estado solidario.El debate sobre el federalismo y derecho a la autodeterminación, se ha venido dando con insistencia en los últimos meses en el conjunto de Estado, todo ello, a raíz de la petición de un referéndum por parte de la Generalitat de Catalunya. Ante este hecho, hay que definir claramente la posición que debiera basarse en los siguientes preceptos amparados en las actuales posiciones de Izquierda Unida

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Federal.

Izquierda Unida ha defendido el derecho de los pueblos a elegir libremente su futuro, pero para ello, hay que definir claramente cuál es el sujeto político que decide. Es decir, si este derecho es aplicable directamente para el pueblo del Estado que lo desea ejercer o depende también, en mayor o menor medida, del pueblo español, que como tal existe como sujeto político.

Parece evidente que una decisión de este calado no puede realizarse unilateralmente por un pueblo, por lo que de una u otra forma, este derecho, debiera depender también del derecho del pueblo español a decidir sobre su futuro. En este sentido, Izquierda Unida Aragón, debe apostar por la realización de los cambios legislativos oportunos, que fijen las condiciones para que cualquier pueblo que conforma el Estado español, pueda ejercer con total libertad y bajo el amparo del derecho español e internacional, el derecho a su independencia.

Teniendo lo anterior presente, nuestra apuesta Federalista es contraria a la independencia por lo que más allá de que Izquierda Unida vele por los cambios legislativos precisos para permitir el derecho de cualesquiera de los pueblos a decidir sobre su futuro, en el marco de la legalidad del Estado, debemos apostar por un Estado español republicano federal y solidario, en el que las federaciones puedan decidir su ámbito competencial de abajo arriba y siempre dentro de unos criterios de solidaridad interterritorial. Es por ello, por lo que en el ámbito del Estado o de la Comunidad Autónoma, velaremos por la oposición a la independencia de la Comunidad Autónoma de Aragón o de cualesquiera otras del Estado.En cualquier caso, Izquierda Unida, debe defender una visión solidaria e internacionalista, que incluso vaya más allá de las actuales fronteras estatales. Visión que acerque a los trabajadores y rompa con la apuesta burguesa de enfrentamientos entre territorios, qué sólo busca dividir a la clase trabajadora en la búsqueda de mayores réditos económicos. Por ello, deberemos apostar por procesos de convergencia o acercamiento, que permitan una cada vez mayor unidad de acción de la clase trabajadora con independencia de las fronteras que sustentan a los mismos.

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TESIS III. IZQUIERDA UNIDA, HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO

La X Asamblea Federal definía la alternativa que tenemos que crear como un proceso de acumulación de fuerzas doble, en la calle y en las instituciones, con el fin de convertirnos en fuerza política de la mayoría social capaz de generar confianza a los ciudadanos y ciudadanas y enfrentar el contraproceso constituyente. Es por ello que tres son las tareas esenciales; definir los ejes básicos de nuestra propuesta; participar en la contestación social y favorecer un discurso común trabajando por la creación de un Bloque Social y Político; e introducir el discurso y la propuesta en las instituciones favoreciendo y en ocasiones defendiendo de los ataques, el surgimiento de esta alternativa.

Es por ello que nuestro objetivo básico es poner de manifiesto y generar conciencia sobre el vaciado de contenido del acuerdo básico del 78 y la acumulación de fuerzas para la convocatoria de un proceso constituyente que devuelva la soberanía al pueblo y configure un nuevo orden constitucional, esta vez desde una opción republicana. Así es como Izquierda Unida en su conjunto ha entendido el proceso constituyente en su pasada Asamblea Federal, como “la construcción de un nuevo sistema constitucional, de una nueva legitimidad que el soberano, el pueblo, otorga a las nuevas instituciones del nuevo estado, necesaria y evidentemente una República”Este proceso de acumulación para la convocatoria del Constituyente debe irse realizando de la mano de los movimientos sociales siendo conscientes de que este proceso que fuerce el cambio debe ir diseñando a la par los principios del ese nuevo Modelo Productivo que aspiramos a construir colectivamente.

I. III. 1. La Alianza Social.Una transformación social como la que persigue IZQUIERDA UNIDA requiere un trabajo doble desde la movilización social y desde las instituciones que dictan las normas y toman decisiones. La acción institucional, sobre todo en estos momentos y tras las modificaciones constitucionales y legislativas producidas, para que sea verdaderamente transformadora deberá venir acompañada con una acumulación de fuerzas en lo social suficiente que permitan a la primera modificar las reglas de juego.

Por tanto para hacer que Izquierda Unida sea más determinante tenemos que continuar con el camino emprendido hace unos años , ampliando su marco de relaciones y estableciendo una alianza con los movimientos sociales más próximos.

Estas alianzas se han ido fraguando reconociendo el papel complementario de

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todos los sujetos entre sí, entendiendo que si cada uno de ellos crecía el conjunto crecía, estableciendo estrategias y mensajes comunes que pusieran de manifiesto lo común y no lo diferente y sobre todo permitiendo que la propuesta común y el sujeto que representa avance.

Por tanto, tenemos que profundizar en esas estrategias y mensajes comunes en este momento. Definir cuáles tienen mayor capacidad de penetración y a la vez cuáles son generadores de mayor transformación y reforzamiento de los propios movimientos sociales y políticos que los impulsan y del sujeto que representan Ese mensaje común y coordinado desde diferentes ámbitos, sumando la credibilidades de cada uno en su espacio, y no compitiendo entre todos por querer ser protagonista del mismo, es el camino para crear hegemonía.

III. 1. 1. Orígenes y antecedentes.Nos encontramos ante uno de los momentos más convulsos desde la llegada de la caída de la Dictadura provocada por el resultado electoral del año 2012 con una abrumadora victoria del Partido Popular, su reflejo en la mayoría de autonomías y ayuntamientos , los efectos cada vez más graves de la crisis económica que se alarga desde el año 2008 y la aparición de tramas de corrupción política generalizada en el PP, partido que sustenta el actual gobierno (junto con casos puntuales en otros partidos como psoe o ciu).

Una convulsión provocada por la falta de respuestas a estos problemas, con un sistema político-económico que no plantea alternativas al paro, a la propia crisis, al drama del desempleo, a la corrupción generalizada de una determinada clase de políticos y que por tanto arrastra a una buena parte de la sociedad a la desesperanza en la recuperación económica, en la reducción del desempleo y sobre todo los políticos que tienen que conducir esta.

Pero esa desafección no afecta a todos por igual, el bipartidismo está en crisis y su credibilidad se desploma, por lo que es momento para que Izquierda Unida aspire a ser el germen junto con los movimientos sociales de un cambio radical de escenario político. Juntos debemos propiciar y ser catalizadores de un nuevo proceso constituyente que aspire a refundar los cimientos del estado, no sólo en las formas sino también en el fondo.

Desde sus orígenes, Izquierda Unida se ha definido como un movimiento político y social, plural en lo ideológico y unitario en lo programático. La alianza con el tejido social y la ciudadanía organizada es una característica consustancial a su ser, parte de su ADN y uno de los factores distintivos frente al resto de las fuerzas políticas.

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No tiene sentido una Izquierda Unida que no intente maximizar esa alianza, la cual habrá que buscar donde la realidad concreta nos imponga que se desarrolla, en el seno de la organización o fuera de él, con el fin de transformar la sociedad.

Inicialmente, esta característica básica de Izquierda Unida queda planteada en el objetivo de converger en su seno fuerzas que el Partido Comunista de España, -principal organización impulsora de Izquierda Unida- reconoce como nuevos sujetos revolucionarios y que, aun estando presentes esas líneas en esta formación (feminismo, ecologismo y pacifismo)-, sus organizaciones tenían rasgos, análisis y aportaciones propias.

Además supone un encuentro de distintas tradiciones ideológicas (socialistas, comunistas, republicanos, libertarios,…) en un proceso conjunto en el que no perdió sus señas de identidad, sino que las complementó, consiguiendo mucho mayor reconocimiento y fuerza en sus reivindicaciones propias.

Con muchas de estas fuerzas se había confluido tradicionalmente en reivindicaciones concretas y en una en particular, las mesas anti OTAN, que acaban suponiendo un análisis global de la sociedad y germen de nuestra organización.

En el análisis de la historia de esta alianza con lo social, podemos distinguir tres fases:Una primera, partiendo de una gran ilusión por una nueva forma de hacer política, que se traduce en un enorme esfuerzo de forma mayoritaria por la construcción de ese movimiento. Son años de crecimiento tanto social, en menor medida como lo demostrará el siguiente periodo, como institucional, en una parte no despreciable por efecto rebote de la desacreditación de PSOE.

En una segunda fase nos encontramos, por muy diferentes causas, con una pérdida de representación electoral, junto con la salida de varias formaciones de Izquierda Unida, enfrentamientos internos y alejamiento de ese proyecto de movimiento político y social por una organización de prácticas más clásicas.

Finalmente tenemos, una tercera fase, la actual, en la que presentamos un crecimiento considerable como referencia -tanto social como política-, pero en la que adolecemos aún de cierto desprestigio como fuerza transformadora, heredada de algunas actuaciones incorrectas en la fase anterior –maximizadas en ocasiones por un exceso de crítica exterior-.

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Esta última fase, queda plasmada en: … una convergencia con organizaciones y personas vinculadas a la lucha social, que nos reconocen abiertamente como referente político –a veces, junto a otras organizaciones-. … un acercamiento a ciertas formas de organización social -nuevas y clásicas- con las que confluimos en luchas particulares, cada vez más, y que cada vez nos miran con mayor simpatía, pero las que nunca nos tomarán como referente valido. … un encuentro con organizaciones políticas minoritarias y sobre todo sociales y ciudadanas, con las que trabajamos y somos referente para ellas, pero que nunca se integrarán dentro de Izquierda Unida. … un alejamiento de una parte importante de la ciudadanía, desencantada en general con las formas y formaciones políticas actuales. Es básico para nuestro análisis atender a esta realidad, escapando de cualquier tentación de justificarlos en base a nuestros deseos de lo qué debería ser. Nuestro discurso, desde los inicios de esta formación, se ha caracterizado por ello. Afirmamos que una organización política o social no queda definida por sus autodefiniciones, sino por los actos, políticas y propuestas que realiza. Desde esa posición nos atrevemos a defender que el PSOE no representa en su conjunto los intereses de las clases desfavorecidas. En la misma línea debemos realizar un ejercicio de autocrítica, reconociendo que no basta con definirnos como un movimiento político y social, para que éste se desarrolle en el interior de Izquierda Unida. Aunque hemos tejido numerosas redes en torno a nosotros y nosotras en la última fase, no somos ni representamos en estos momentos la alianza social y política única y necesaria para encabezar un cambio real.

Además debemos reconocer que la pluralidad de este posible movimiento transformador –caracterizada en la plasmación que se hacía referencia anteriormente-, imposibilita que se desarrolle en el marco de Izquierda Unida exclusivamente, sino que con toda probabilidad, lo hará en un marco externo en el que deberemos decidir si nos implicamos o no. Es esencial que huyamos de la tentación de dirigirnos a ese posible movimiento, a esa posible alianza social, con un discurso análogo al que durante años utilizó con nuestra organización el PSOE, al llamarnos a la “casa común” frente a nuestra reivindicación de hacer una “causa común”.

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III. 1. 2. La constitución de un Bloque Social y Político. Ya hemos caracterizado en repetidas ocasiones la situación actual como una situación de emergencia histórica, social y política.Una crisis sistémica transformada en una gran estafa de las arcas públicas y en un estado de excepción donde son los poderes financieros los que organizan la vida social. Todo ello avalado en base a las últimas elecciones, que suponen un salto cualitativo, ya que permiten iniciar un auténtico proceso constituyente, sin declarar y encabezado por los representantes políticos de esos poderes fácticos, de los poderosos.

La situación en nuestra Comunidad Autónoma, como ya hemos dicho, es un reflejo de ello, esta situación de emergencia se ha plasmado en recortes graves en educación, sanidad y en materia social dónde con afecciones importantes a materias clave como las ayudas a la dependencia…Esta situación ha provocado un sensación de desvalimiento de los ciudadanos que observan cómo, salvo las excepciones donde Izquierda Unida es influyente, las administraciones les recortan, permiten que se les desahucie y no imprimen políticas para generar empleo. Este cambio es irrevocable, las relaciones sociales resultantes de estos procesos cambiarán en un sentido u otro.

La única solución desde la defensa de los derechos sociales y políticos, es enfrentarle otro proceso constituyente de tipo contrario (nuestro objetivo) o de distinto tipo (por ejemplo, uno encabezado por el PSOE).Pero existen elementos para la esperanza: desencanto general hacía las actuaciones del gobierno, aumento de las movilizaciones y compromisos, voto voluble del PP (centro sociológico; PSOE pierde las elecciones, no las gana el PP con propuestas), nuevas organizaciones ciudadanas con gran actividad y que en muchos casos la encabezan (Mareas, 15/m, Stop Desahucios, etc), activación de formas clásicas de organización social,…

Atendiendo a esta situación, en nuestra última Asamblea Federal aprobamos la necesidad de que se configure un Bloque Social y Político, que perfile un modelo social alternativo. Es imprescindible la existencia de este polo alternativo al que hoy realiza ese cambio social, que provoque o encabece otro contrario. Imprescindible una convergencia social y política

Pero este Bloque Social y Político, que ya se está configurando y del cual ya formamos parte, puede tener diversos resultados. Dependiendo de nuestras actuaciones, la realidad nos podrá superar. Debemos tener en cuenta que somos importantes, pero no somos imprescindibles, que no es estrictamente necesario

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que en la convergencia social y política seamos nosotros el referente.

III. 1. 3. El camino para la configuración de ese nuevo sujeto político.Podemos afirmar que nuestras actuaciones a nivel Estatal y autonómico están aportando elementos positivos a la creación de ese nuevo sujeto. A lo largo de la historia de nuestra formación, ha realizado esta convergencia de distintas maneras, con resultados dispares. Desde la implicación histórica en los movimientos sociales reivindicativos existentes, hasta la participación en la creación de otros nuevos, con otros objetivos a los que había.

Es, desde hace unos cuantos años, en esta última fase cuando más se ha avanzado en esa necesaria confluencia.Pero debemos ser conscientes de que no somos un fin, sino un medio más de transformación social. Tan válido como cualquier otro, pero no el único válido.Y esto también debe ser tenido en cuenta por el resto de colectivos sociales y ciudadanos con los que configurar este nuevo sujeto revolucionario: ninguno es imprescindible, aunque todas las organizaciones somos necesarias.

No puede considerarse el movimiento social –nuevo o viejo-, ni nosotros podemos hacerlo, como la panacea de todos los males. En ocasiones adolece de elementos análogos a los que se critican en general a una organización política, en mayor o menor medida: carácter endogámico, al servicio de intereses políticos y personales particulares, único valedor de un cambio real, etc.

Como toda organización tienen y tenemos una carga negativa, de la que tenemos que ser conscientes, cada una en su ámbito. En estos momentos es imprescindible que cada una supere esa parte. Lo que debemos resaltar es el potencial de cambio que podemos tener todas juntas, mucho mayor que la mera suma cuantitativa.Para la creación de este sujeto político es imprescindible que todas las organizaciones confluyan, sin voluntad de hegemonizar -dirigir- ninguna, sino de crear hegemonía –gramsciana- entre todas. Generar el clima interno y externo para que esa confluencia sea posible.

Debemos sed conscientes de que ningún movimiento político o social, podrá encabezar o dirigir esta construcción, sino que tiene que ser la suma de las aportaciones de todos ellos. En una relación de escrupuloso respeto entre las organizaciones y los ciudadanos que se integren, respetando las dinámicas, tiempos y formas organizativas de cada una y en una radical horizontalidad, basándose en lo cualitativo y relegando a un plano inferior lo cuantitativo.

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Desde ese reconocimiento mutuo, se podrá fijar una estrategia común de los principales actores y aliados sociales, una acción compartida en la consecución de unos elementos básicos en torno a la regeneración política y el establecimiento de una verdadera democracia. Un nuevo modelo social alternativo, que propicie la convocatoria de un poder constituyente ante el golpe del mercado y la rotura de las reglas del juego. Esta estrategia es abierta, en constante revisión, adaptación y complementación. Y abierta a quién se quiera sumar a ella.

Construir ese clima en nuestra organización, apostar en esa línea y que sea elemento director en nuestras relaciones con el resto de colectivos sociales y ciudadanos es nuestro reto actual. No es preciso definir cada uno de los elementos que se nos presentarán, pero si apostar por una forma y método para construir esta propuesta.

El objetivo es claro, es preciso pasar de un conjunto de luchas defensivas y sectoriales, a una fase de ofensiva en la disputa por la hegemonía política al neoliberalismo y para el establecimiento de un nuevo “sentido común”.Esa posibilidad se abre ahora, con la decadencia del sistema de partidos de la restauración juancarlista, con la crisis del “capitalismo de rostro humano”, con la ruptura del pacto social del “Estado del Bienestar” y la imposición del modelo antisocial del capitalismo financiero globalizado, con la desaparición de la socialdemocracia como actor con un discurso político relevante...

A lo largo de su historia, Izquierda Unida ha sido el referente político del 5% o, en sus mejores momentos, del 10%. Es decir, una fuerza valiosa por lo que significa de mantenimiento de una posición discordante frente a los grandes consensos, pero esencialmente un “pepito grillo”, sin gran capacidad de influir decisivamente en el curso de los acontecimientos. Testigos de la fe, que diría el todavía Papa, pero no protagonistas del cambio.Ahora, cuando la mayoría social de izquierdas nos perciba como actor principal y no secundario, se abre otra oportunidad, la de coprotagonizar ese anhelado cambio.

III. 2. Al rescate de la ética en la política. Una organización transparente.Desde la defensa de la democracia conquistada tenemos que rechazar todas aquellas manifestaciones que suponen un ataque general a todos los representantes públicos, que ponen bajo sospecha a todos los partidos y que acusan de derrochadoras a todas las instituciones y por ende a todos los funcionarios.

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Sin embargo, esta opción general no es incompatible con incluir en nuestra propuesta nuestras señas de identidad la apuesta por la regeneración ética de la política, la reforma radical de las instituciones en cuanto al control ciudadano de su vida cotidiana y la persecución de la corrupción y la desviación de poder de los representantes públicos.

Por lo tanto, debemos combatir el tratamiento interesado de los principales medios de comunicación y su estrategia del “todos son iguales” con algo más que negar esa generalización con acciones que pongan en valor el ejemplo ético de nuestra organización y nuestros cargos públicos. Debemos proponer que se hagan públicos por parte de las instituciones el conjunto de retribuciones de los representantes, que se establezcan mecanismos de transparencia total en las contrataciones y de rendición de cuentas accesibles por la ciudadanía.

Pero además dar a conocer, por nuestros propios medios y webs, las retribuciones de nuestros representantes, el destino de las mismas y el sistema de financiación de Izquierda Unida, los límites a los mandatos que establecemos, el régimen de incompatibilidades… es decir todas aquellas normas que nos aplicamos y que nos aportan un plus de regeneración democrática y ética.

III. 3. Una organización que comunica.

III. 3. 1. Los medios de comunicación.Tradicionalmente, nuestra formación política ha tenido una relación “tensa” con los grandes grupos de comunicación por no considerarse en sintonía ideológica con algunos de ellos, sobre todo con los medios más conservadores. Salvando la labor de aquellos profesionales que verdaderamente entienden que su trabajo debe ser sincero y crítico, la proyección de la actividad política ha estado muy eclipsada sobre todo por los partidos que han alternado gobiernos, como el PSOE y PP, y en momentos puntuales, también por PAR y CHA.

La arquitectura financiera de los medios, que incluye la publicidad institucional, y el falso paradigma de que esos son los únicos grupos políticos con vocación de gobierno, han hecho que, sobre todo desde los despachos directivos de algunos medios se proyecte una imagen de la actividad política de Izquierda Unida muy limitada y distorsionada, con poca o nula relación con la cantidad y calidad del trabajo realizado.

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La prensa escrita vive una crisis estructural que se ha agudizado en los últimos años, cayendo el número de ventas vertiginosamente. Pero siguen siendo un referente y, sobre todo en Aragón, marcan las principales corrientes de opinión pública, que muchas veces se confunde con la opinión publicada. Por ello hay que insistir en generar espacio en los medios convencionales, y demostrar que representamos a una izquierda transformadora y con voluntad de ser un partido de mayorías.

Al margen del trabajo cotidiano con ellos, hay que profundizar en el apoyo a medios alternativos y a otros canales profesionales (generalistas o no, ya sean de radio, TV, prensa escrita, web…) que, sin pertenecer a las grandes empresas de comunicación, ejercen un periodismo crítico y con respeto a los derechos de sus trabajadoras y trabajadores.

III. 3. 2. Internet y redes sociales.Ante esta situación respecto a los medios de comunicación convencionales, no debemos ni podemos caer en la inacción. Internet y las redes sociales nos han brindado la mayor posibilidad de comunicación como nunca antes había tenido la izquierda en la historia. Nunca antes nos hemos podido informar con fuentes independientes, ni habíamos podido acceder a informaciones vetadas y censuradas por los principales medios de comunicación.

El camino está empezado pero debemos profundizar y perfeccionar las armas de comunicación que tenemos. Debemos seguir trabajando en las webs territoriales para mejorarlas y cargarlas de contenido. Debemos seguir mandando nuestro mensaje en las redes sociales para que llegue hasta el último rincón. Debemos fomentar los blogs personales de nuestros cargos políticos y personas influyentes que transmitan el mensaje en primera persona sin filtros ni manipulaciones.

Sin duda en este campo de internet es donde somos más fuertes. Y lo somos porque aquí el dinero no es lo importante. Cualquiera puede poder su mensaje en una red social o crearse una web o blog. Y desde luego nuestro empeño y compromiso político sigue estando muy por encima al del resto de políticos de la mayoría de partidos.

No obstante no debemos dormirnos en los laureles y debemos exigir a nuestros simpatizantes y militantes que creen una gran red que reenvíe todas nuestras todas nuestras noticias y mensajes de carácter político para poder llegar al mayor número de personas.

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Desde Izquierda Unida Aragón se ha avanzado mucho en los últimos años en este ámbito, entendiendo que las redes son un espacio de difusión ideológica con un gran potencial (además de por su semi-gratuidad, tanto en la producción de contenidos como en el consumo de los mismos).

Otro aspecto en el que profundizar es el ciberactivismo, con el objetivo de crear un equipo de personas militantes que, al igual que están dispuestas a visibilizar la lucha en la calle, desean hacerlo en las redes. Desde Izquierda Unida Federal se suelen promover acciones sincronizadas de este tipo a nivel estatal. Debemos apoyar esas iniciativas y generar otras propias y aprovechar esa red de personas, como últimamente hemos venido haciendo.

Internet, en su más amplio sentido, será el medio de comunicación hegemónico en poco tiempo. Además, tiene la virtualidad de que un grupo pequeño, bien organizado y conectado con otros colectivos sociales con presencia en la red puede multiplicar su mensaje si cuida las vías alternativas de comunicación, sobre todo en las redes sociales, blogs y webs.

Documento Organizativo

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UNA ORGANIZACIÓN FUERTE Y ABIERTA

En la actual coyuntura política, nuestro objetivo no debe ser únicamente el de resistir a la ofensiva neoliberal que pretende subvertir el Estado social y democrático de Derecho tal y como lo conocemos, sino que ha de pasar ineludiblemente por la puesta en marcha de una Alternativa. Para lograrlo, que es lo que pretende Izquierda Unida y lo que se le exige por parte de la sociedad más crítica y concienciada, se requiere una organización fuerte.

Sin embargo, no basta con ello; la implicación activa de la ciudadanía es indispensable para llevar a cabo la construcción de una Alternativa posible. En ese sentido, la vocación de Izquierda Unida, expresada en sus documentos y plasmada, o por lo menos así lo hemos intentado, en sus hechos, es la de ser un instrumento de la sociedad para la transformación política y social y, en consecuencia, se configura como una organización abierta a la participación y la aportación no solo de los que han decidido asumir el compromiso de la militancia, sino también – y casi se podría afirmar que es lo que queremos sobre todo – de quienes se sienten cercanos a nuestros postulados o coinciden en los planteamientos de construcción de una Alternativa.

Izquierda Unida se convierte, así, en un proyecto que es construido de manera colectiva por quienes estimamos que nuestro compromiso personal por la transformación social puede hacerse desde una organización que se define como política y social, no como un mero partido político, y por quienes confluyen en esa concepción abierta, plural y ciudadana de construcción social y política. Con un discurso y un programa adquiridos y depurados en el día a día, en los puestos de trabajo, en las colas del paro, en el trato con las asociaciones y movimientos vecinales, reivindicativos, etc. En definitiva, en todos aquellos lugares en los que la ciudadanía vive y convive.

UNA ORGANIZACIÓN PARA EL ENCUENTRO Y UN INSTRUMENTO DE CAMBIO

Izquierda Unida quiere hacer honor a su nombre. Quienes militamos en ella, ciudadanos y ciudadanas que hemos adquirido nuestro compromiso en función de unos ideales compartidos que se fundan en el convencimiento de que tenemos y podemos luchar contra un sistema injusto, insolidario y depredador, apostamos por la convergencia con todos los demás ciudadanos y ciudadanas que, desde unos postulados semejantes, quieren hacer factible una realidad distinta, sustentada sobre otros valores y principios. Por eso, tenemos que hacer de Izquierda Unida

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XI Asamblea IU Aragón - Documento Organizativo

un lugar en el que el debate constructivo facilite ámbitos de encuentro y líneas de actuación conjunta que plasmen una opción distinta y atractiva para quienes viven en Aragón, una auténtica alternativa atenta a lo local pero sin perder de vista lo global.

Izquierda Unida quiere ser, pues, un instrumento para la imprescindible alternativa que ha de configurarse. Quiere sumar, contribuir, aportar, ser uno más. Con sus aciertos y sus errores; pero, eso sí, siempre desde nuestro compromiso ineludible e irrenunciable por la transformación. Izquierda Unida configurada, así, como herramienta de construcción y no como un fin en sí misma. Con presencia en las instituciones pero, sobre todo, con implantación en la calle, con músculo social que no se agote en el traslado a los órganos institucionales de propuestas, sino que contribuya a la dinamización de la sociedad y su implicación en la búsqueda y puesta en marcha de una salida distinta de la crisis y que debe conllevar, inevitablemente, la construcción de otro modelo social, económico, político e institucional.

Como venimos diciendo, este trabajo incumbe a toda la militancia de Izquierda Unida de Aragón, pero no solo a ella. La articulación de un Bloque Alternativo y Social, tal y como señalaban los documento aprobados en la última Asamblea Federal, para enfrentar las políticas neoliberales y llevar adelante un modelo político, económico y social alternativo, no puede prescindir de la mayoría social hacia la que se dirige y de la que tiene que obtener la fuerza para el cambio. Por eso, el trabajo de elaboración y construcción política a la que estamos emplazados quienes militamos en Izquierda Unida de Aragón se hace extensiva a toda la ciudadanía.

En definitiva, no se trata de abrir nuestras puertas y ventanas; se trata, en realidad, de derribar las paredes y ofrecernos tal y como somos, con nuestros aciertos y errores, a los ciudadanos y las ciudadanas, para, entre todos, diseñar y poner en marcha una herramienta útil para construir una sociedad nueva y mejor.

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UNA ORGANIZACIÓN PARA TRABAJAR Y PARA LUCHAR

Un proyecto transformador y alternativo como el de Izquierda Unida es absolutamente necesario en estos momentos de involución social, económica y política, de ataque perfectamente organizado contra los derechos conquistados tras largos años de lucha por los trabajadores y, especialmente, las trabajadoras. Por eso, quien entienda que es preciso cambiar, avanzar, luchar, tiene que encontrar en Izquierda Unida un lugar en el que poder desarrollar sus expectativas y anhelos, en el que poder dialogar y poner en común experiencias. Nuestro deseo es que pueda acudir a ella sin miedo y sin prejuicios; que venga a conocernos y, si así lo estima, a trabajar juntos.

UNA ORGANIZACIÓN QUE CRECE Y QUE AGITA

Si queremos ser el dique de contención en el que se estrellen las políticas neoliberales que nos están llevando a un callejón sin salida, si queremos, sobre todo, ser Alternativa, ofreciendo soluciones a los problemas reales de la ciudadanía y propugnando, también, la construcción de una sociedad justa, solidaria, igualitaria, fundada en valores de paz, ecología y respeto a la pluralidad social y cultural, necesitamos sumar y crecer. Por eso, partimos de la convicción en Izquierda Unida de que debemos ser más, sin que eso signifique, no obstante, que tengamos que supeditar nuestra actividad política a lograr ese crecimiento afiliativo, ni que ese crecimiento ha de ser meramente afiliativo: la convergencia con otras organizaciones y fuerzas políticas y sociales también significa crecer. Es decir, hay que saber sumar para crecer, no solamente en el aspecto numérico, sino también en capacidad de influencia.

En este momento, y en el marco de una organización que quiere trasladar una propuesta transformadora alternativa y sumar agentes para el cambio, es más importante la calidad que la cantidad, esto es, el mensaje que somos capaces de elaborar, aunque seamos menos, que el mero peso cuantitativo que, por mucho que nos empeñemos, siempre será insuficiente, máxime cuando, además, la movilización social emplea otras formas de organizarse diferentes, en las que la ciudadanía se compromete con movimientos apenas articulados, horizontales, caracterizados por rasgos de espontaneidad y con escasa o nula jerarquización (sin ni siquiera portavoces, en algunos casos), y manifiesta una sospecha generalizada hacia los partidos y organizaciones políticas y sindicales, a nuestro juicio infundada, pero que está allí y que no podemos ignorar.

A Izquierda Unida le interesa una sociedad concienciada, que se preocupa,

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analiza, debate y adquiere protagonismo, que critica y juzga, pero que también debe ser capaz de discernir entre unos y otros. Una sociedad movilizada, agitada, activa. En la consecución de este escenario, cimiento sobre el que asentar nuestro nuevo modelo social, hemos de intervenir activamente con el traslado de nuestras iniciativas y planteamientos, para lo que es ineludible profundizar en una Izquierda Unida aún más participada y participativa, aún más democrática, si cabe.

UNA ORGANIZACIÓN FORMADA Y PREPARADA

El crecimiento de la organización pasará también por recuperar a aquellas personas que ya integradas en la organización, sin embargo, no participan en su devenir diario. En ese sentido, la forma de conseguir el paso desde la simple afiliación a la militancia, igual que de simpatizante a militante, es ofreciendo debate político y elaboración programática de propuestas concretas para la transformación del ámbito más inmediato, para que quienes participen o asistan sean conscientes de la utilidad de dicha participación y de la necesidad de comprometerse no solamente en la elaboración, sino en su traslación al resto de la sociedad. En definitiva, que se convenzan de la necesidad de convertirse en voz de Izquierda Unida.

Cada militante se convierte así en agente de agitación política, en portavoz de la organización, en canal de comunicación que hace llegar al cuerpo social en el que se desenvuelve, ya sea en su ámbito vecinal, laboral, familiar o de otro tipo, las propuestas concretas de transformación de Izquierda Unida. A lo que hemos de sumar el ejemplo personal, la pasión de quien milita desde el convencimiento personal, que se convierte en semilla a partir de la cual lograr, en el mejor de los casos, más adhesiones o, cuando menos, más oyentes bien predispuestos a nuestro mensaje alternativo. Es decir, se consigue lograr la implicación social real que necesita nuestra organización para avanzar.

La formación de la militancia adquiere, en esta coyuntura política, una importancia capital. Estamos en un proceso de confrontación ideológica que exige un uso adecuado de términos y conceptos en ocasiones de difícil comprensión; la didáctica es indispensable para hacer llegar nuestro discurso. Y sin una formación adecuada, la dificultad para enfrentarnos a nuestro enemigo ideológico es mayor, por lo que nuestra capacidad de influencia se resiente. Además, la formación fortalece la cohesión organizativa y atrae a muchos actores sociales que se movilizan a partir del sentimiento de estar siendo agredidos pero que buscan, también, razones para su rebeldía. Nosotros debemos dar cuerpo y consistencia a esas razones, incorporándolas a un discurso de cambio social asumible y comprensible para la mayoría social.

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UNA ORGANIZACIÓN PROFUNDAMENTE DEMOCRÁTICA

Flaco favor nos haríamos si todo lo dicho hasta ahora quedara únicamente en nuestros papeles, pero no se plasmara en la realidad cotidiana, en nuestro trabajo diario, en definitiva, en nuestro modelo organizativo. Así, lo aquí teorizado necesita ser trasladado al instrumento que diseña efectivamente nuestra organización: los Estatutos. De esta manera, el documento estatutario acoge diversas modificaciones que buscan profundizar en lo teorizado, construir de verdad un proyecto social y político en el que no cuenten únicamente quienes hemos decidido incorporarnos como militantes, sino también quienes nos quieren acompañar como simpatizantes o, incluso, la ciudadanía que no sabe que puede participar en la vida política pero que desea hacerlo, o a la que hemos de invitar a hacerlo.

Hay que destacar la regulación de las primarias, posibles tanto para la elección de la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón como para la designación de la persona candidata al Gobierno de Aragón, que se introduce por primera vez en nuestros Estatutos. Pero, además, se incorporan nuevas formas de participación, se prevén mecanismos de consulta, se diseñan plataformas de comunicación y se adoptan otras medidas que pretenden convertir a Izquierda Unida en una organización abierta a su entorno no exclusivamente en el plano teórico sino fundamentalmente en su práctica cotidiana. Y para todo ello se asignan responsabilidades en los diversos ámbitos para que nada se quede por el camino.

UNA ORGANIZACIÓN PARA ESTE TIEMPO

El tiempo histórico que nos ha tocado vivir es exigente en cuanto a nuestra obligación de implicarnos en su quehacer. Hay quien piensa que es posible refugiarse en su pequeña vida esperando que los malos vientos pasen de largo y no le afecten; sin embargo, están equivocados quienes piensan así, ya que absolutamente todas las personas estamos concernidas en este combate y, por eso, solo cabe dar un paso al frente y luchar por coger las riendas de nuestra Historia para dirigirla a un futuro que queremos mejor. En ese combate está Izquierda Unida, ofreciendo aliento, camaradería y apoyo a quien se decida afrontarlo, y poniendo a su disposición lo mejor de sí misma: su discurso, su organización, sus militantes.

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Estatutos

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I. INTRODUCCIÓN

II. EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO Y EL CONSENSO

III. PRINCIPIO DE COHESIÓN

IV. PRINCIPIO DE FEDERALIDAD

V. PRINCIPIO DE PLURALISMO

VI. PRINCIPIO DE ELABORACIÓN COLECTIVA.

VII. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y EQUILIBRIO ENTRE GÉNEROS

VIII. PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE LA PERMANENCIA EN CARGOS PÚBLICOS Y ORGÁNICOS DE IZQUIERDA UNIDA.

IX. PRINCIPIO DE ACTUACIÓN TRANSPARENTE Y HONESTA DE LOS CARGOS Y DE RENDICION DE CUENTAS

X. PRINCIPIO DE DIVERSIDAD SOCIAL

TÍTULO IDEFINICIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, EMBLEMA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Art. 1.- Definición de objetivos

Art. 2.- Definición de los criterios organizativos

Art. 3.- Competencias de Izquierda Unida de Aragón

Art. 4.- La relación con Izquierda Unida Federal

Art. 5.- Denominación

Art. 6.- Domicilio

Art. 7.- Emblema

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XI Asamblea IU Aragón - Estatutos

Art. 8.- Ámbito temporal y territorial

TÍTULO IILA PARTICIPACIÓN EN IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN. DERECHOS Y DEBERES.

Art. 9.- La participación en Izquierda Unida de Aragón

CAPÍTULO I LA AFILIACIÓN A IZQUIERDA UNIDA

Art. 10.- Afiliación a Izquierda Unida de Aragón

Art. 11.- Lugar de afiliación

Art. 12.- Carné

Art. 13.- Listado de personas afiliadas

Art. 14.- Baja en la afiliación

CAPÍTULO II OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 15.- Simpatizantes

Art. 16.- De los colectivos y asociaciones en Izquierda Unida de Aragón

CAPÍTULO III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS AFILIADAS A IZQUIERDA UNIDA DE ARAGON

Art. 17.- Derechos individuales

Art. 18.- Deberes

CAPÍTULO IV DE LAS CORRIENTES DE OPINIÓN

Art. 19.- Las corrientes de opinión

Art. 20.- Constitución de las corrientes de opinión

Art. 21.- Corrientes de opinión puntuales

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Art. 22.- Actividad de las corrientes de opinión

Art. 23.- Limitaciones en el funcionamiento de las corrientes de opinión

Art. 24.- Disolución de las corrientes de opinión

TÍTULO III ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONAMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

CAPÍTULO I ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Art. 25.- Estructura territorial de Izquierda Unida de Aragón

Art. 26.- Los Territorios

Art. 27.- El territorio de Zaragoza Ciudad

Art. 28.- Reuniones conjuntas de los Consejos Local e Intercomarcal de Zaragoza

CAPÍTULO II. DE LAS ASAMBLEAS DE BASE

Art. 29.- Asambleas de Base

Art. 30.- Organización de las Asambleas de Base

Art. 31.- Funcionamiento de las Asambleas de Base

Art. 32.- Competencias de las Asambleas de Base

CAPÍTULO III DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN COLECTIVA

Art. 33.- Las Áreas de Elaboración Colectiva en Izquierda Unida de Aragón

Art. 34.- Constitución de las Áreas de Elaboración Colectiva

Art. 35.- Organización y funcionamiento de las Áreas de Elaboración Colectiva

Art. 36.- Competencias de las Áreas de Elaboración Colectiva

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Art. 37.- Coordinación de las Áreas con los órganos de dirección política y los representantes de Izquierda Unida en las instituciones

TÍTULO IV ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 38.- Órganos de dirección de Izquierda Unida de Aragón

CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES

Art. 39.- Principios Generales

Art. 40.- Procedimiento de elaboración de candidaturas para cargos u órganos de Izquierda Unida

Art. 41.- Limitación de permanencia en responsabilidades organizativas

CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA DE ARAGÓN

Art. 42.- La Asamblea de Aragón

Art. 43.- La preparación de la Asamblea de Aragón

Art. 44.- Composición de la Asamblea de Aragón

Art. 45.- Competencias de la Asamblea de Aragón

CAPÍTULO III DEL CONSEJO POLÍTICO DE ARAGÓN

Art. 46.- El Consejo Político de Aragón

Art. 47.- Composición del Consejo Político de Aragón

Art. 48.- Competencias del Consejo Político de Aragón

CAPÍTULO IV DE LA PRESIDENCIA DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN Y DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN

Art. 49.- La Presidencia de Izquierda Unida de Aragón

Art. 50.- Composición de la Presidencia de Aragón y del Consejo de Coordinación

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Art. 51.- Competencias de la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón

CAPÍTULO V DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 52.- La Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón

Art. 53.- Elección de la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón

Art. 54.- Funciones de la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón

TÍTULO V ÓRGANO DE CONTROL DEMOCRÁTICO: LA COMISIÓN DE ARBITRAJE Y GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

Art. 55.- De la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas

Art. 56.- Resolución de los recursos interpuestos ante la Comisión

Art. 57.- Emisión de dictámenes

TÍTULO VI DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

Art. 58.- Del referéndum

Art. 59.- De las primarias.

Art. 60.- Otras formas de consulta.

TÍTULO VII LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL

Art. 61.- De la representación política institucional

CAPÍTULO I PROCESOS DE ELECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CANDIDATURAS

Art. 62.- Naturaleza y ámbito

Art. 63.- Criterios para la elaboración de candidaturas

Art. 64.- Procesos de elaboración de candidaturas

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Art. 65.- Aprobación y Ratificación de candidaturas

CAPÍTULO II. EL ESTATUTO DEL CARGO PÚBLICO

Art. 66.- Definición de cargo público

Art. 67.- Limitación en los cargos públicos

Art. 68.- Competencias del cargo público

Art. 69.- Derechos del cargo público

Art. 70.- Deberes del cargo público

Art. 71.- Incompatibilidades

CAPÍTULO III. LOS GRUPOS INSTITUCIONALES

Art. 72.- Grupos institucionales.

TÍTULO VIII LA PROYECCIÓN PÚBLICA DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 73.- Comunicación e imagen

Art. 74.- Transparencia

TÍTULO IX VULNERACIÓN DE DERECHOS E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 75.- Infracciones

Art. 75.- Sanciones

Art. 77.- Prescripción de las infracciones

Art. 78.- Prescripción de las sanciones

CAPÍTULO II. DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR

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Art. 79.- Incoación del expediente sancionador

Art. 80.- Tramitación del expediente sancionador

Art. 81.- Resolución del expediente sancionador

Art. 82.- Procedimiento abreviado para infracciones leves

Art. 83.- Medidas cautelares

CAPÍTULO III. DE LOS RECURSOS

Art. 84.- Recurso

CAPÍTULO IV. DEL AMPARO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS

Art. 85. Procedimiento de amparo

TÍTULO X LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 86.- De la reforma de los Estatutos entre Asambleas de Aragón ordinarias

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. FUNDACIONES.DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. FORMACIÓN.DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. SOFTWARE LIBRE.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERADISPOSICIÓN FINAL SEGUNDADISPOSICIÓN FINAL TERCERA ESTATUTOS DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

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I. INTRODUCCIÓN

IZQUIERDA UNIDA se define como un movimiento político y social que pretende contribuir a la transformación del actual sistema capitalista en un sistema socialista democrático, fundamentado en los principios de justicia, igualdad, solidaridad y respeto por la naturaleza y las diferencias personales. Esta sociedad socialista se organizará a través de un estado socialista y democrático de derecho, republicano y federal. Partiendo de la idea de que la organización debe servir para facilitar la consecución de los objetivos políticos, adecuándose de manera flexible a los mismos, se intenta, a través de estos Estatutos, mantener un equilibrio entre la imprescindible flexibilidad de la variedad de experiencias, prácticas, sensibilidades, tendencias, procedencias políticas y culturales que queremos que convivan en IZQUIERDA UNIDA y la finalidad propia de una organización política que, como IZQUIERDA UNIDA, tiene como objetivo contribuir a la transformación social y que, por eso, necesita una estructura organizativa que le permita dirigirse a la sociedad con una voz coherente. Ese equilibrio entre la flexibilidad y la necesidad de un mínimo organizativo al que toda la afiliación y órganos han de adecuar su comportamiento es la pretensión fundamental de estos Estatutos. Con esa finalidad, los objetivos de estos Estatutos, a los que ha de adecuarse su articulado, son los siguientes: 1. Facilitar la participación y las aportaciones al proyecto de IZQUIERDA UNIDA, no únicamente desde nuestra afiliación, sino procurando llegar al mayor número de personas, sectores, colectivos u organizaciones sociales, incluso aunque tengan un posicionamiento crítico hacia IZQUIERDA UNIDA. 2. Facilitar la convivencia de las personas que se implican, en mayor o menor medida, en nuestra organización. 3. Transmitir una imagen de coherencia entre lo que se defiende y lo que se practica. 4. Potenciar la iniciativa desde lo local, llegando a una actuación coherente en lo general. 5. Practicar la democracia participativa.

II. EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO Y EL CONSENSO

En las Asambleas de Base y en las Áreas de Elaboración debemos garantizar que se dan condiciones adecuadas para que funcionen: • La elaboración colectiva.

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• El contacto habitual, sistemático y organizado con las organizaciones sociales y personas con inquietudes de su entorno. • La estrecha colaboración entre cargos públicos y la organización. • Una dirección de las Asambleas que, además de expresar criterios políticos, sea motor y dinamizadora de la actividad de la afiliación. Es imprescindible organizar los modos en los que toda la información importante pasa de la Asamblea a toda la afiliación y al entorno de IZQUIERDA UNIDA. • La elaboración de planes de trabajo evaluables y actualizados por la propia asamblea.

III. PRINCIPIO DE COHESIÓN

Salvaguardando el derecho de libre expresión de cualquier miembro, está establecido el carácter vinculante para toda la afiliación de los acuerdos adoptados. Éstos constituirán la posición y la línea de actuación unitaria del conjunto de IZQUIERDA UNIDA.

IV. PRINCIPIO DE FEDERALIDAD

El proyecto político y organizativo que representa IZQUIERDA UNIDA se sustenta en el más amplio reconocimiento del pluralismo interno. Dicho pluralismo se expresa tanto en la vertiente ideológica como en la geográfica o cultural, al encontrarnos en un estado plurinacional. Las distintas posiciones sólo serán superadas con la búsqueda permanente del diálogo y el consenso en la defensa de la cohesión y del proyecto común. IZQUIERDA UNIDA pretende hacer compatible el reconocimiento de la especificidad desde la soberanía propia con la corresponsabilización solidaria mediante la aplicación de los principios del federalismo.

V. PRINCIPIO DE PLURALISMO

El pluralismo es un valor que IZQUIERDA UNIDA considera consustancial a la apuesta por la renovación cultural, política y organizativa de la izquierda transformadora. Asumido el pluralismo como seña de identidad básica de IZQUIERDA UNIDA y admitida la complejidad de la articulación práctica de este pluralismo en una organización de carácter federal, en la que las personas afiliadas se pueden organizar, a su vez, en partidos y corrientes, y en la que se pretende un contacto intenso con los demás movimientos sociales, asociaciones y organizaciones, hay que buscar el equilibrio entre esta pluralidad y la efectividad política que evite convertir a la organización en un mero foro de debates. De lo que se trata es de

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complementar el respeto al pluralismo y a las diferencias de opinión con la cohesión necesaria para ir dando más concreción al programa y actuar en consecuencia.

VI. PRINCIPIO DE ELABORACIÓN COLECTIVA. La elaboración colectiva hace sujetos protagonistas a quienes desean intervenir en lo social, porque cada cual participa, desde su interés y conocimiento concreto, proponiendo, según su saber, idea y experiencia, las iniciativas y alternativas que considera mejor y al mismo tiempo, aprendiendo de quienes, en la misma situación, aportan según su peculiar criterio. La elaboración colectiva, en definitiva, aporta a la organización descentralización política, horizontalidad, capacidad participativa, coherencia y posibilidades alternativas y de movilización que las formaciones políticas clásicas no tienen.

VII. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y EQUILIBRIO ENTRE GÉNEROS

El objetivo, tanto en las listas para la elección de estructuras orgánicas como en las candidaturas para las instituciones, es evitar que el género de las personas afiliadas a IZQUIERDA UNIDA condicione su composición. Se opta en los Estatutos por establecer normas que obliguen a que en la composición de los órganos y de las candidaturas electorales ningún género supere el 50%, entendiéndose lo contrario como excepcional, siempre y cuando se presentes candidatos y candidatas para su cumplimiento. Este principio impone, más allá de la regulación estatutaria, la necesidad de impulsar la afiliación de mujeres y su participación en todas las actividades de nuestra organización, removiendo los obstáculos que la dificulten, de tal forma que su presencia sea la consecuencia natural de su implicación en todos los procesos. Al mismo tiempo, IZQUIERDA UNIDA se declara como un proyecto joven y de la juventud y, por ello, especialmente sensible hacia los graves problemas que padece, por lo que la presencia de jóvenes en su estructura se hace imprescindible para la credibilidad del proyecto político, implantando políticas correctoras que fomenten la participación y presencia de este colectivo en los órganos de IZQUIERDA UNIDA, estableciéndose en al menos un 15%. IZQUIERDA UNIDA es un proyecto joven que posee, como eje fundamental de su política, la transformación de la realidad social hacia una nueva, más participativa y dinámica, en la cual la juventud ha de ser protagonista de esta transformación, desarrollando políticas que den respuesta a sus inquietudes y encaucen sus preocupaciones. Así, es imprescindible fomentar la participación y la presencia juvenil en IZQUIERDA UNIDA.

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VIII. PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE LA PERMANENCIA EN CARGOS PÚBLICOS Y ORGÁNICOS DE IZQUIERDA UNIDA.

Desde la IV Asamblea de IZQUIERDA UNIDA, se estableció el mecanismo de la limitación de permanencia en los cargos como un instrumento para evitar la profesionalización, la pérdida del impulso, la dependencia económica y la burocratización política, así como para posibilitar la renovación personal, la incorporación de nuevos valores, el incremento del compromiso de más personas. En el mismo sentido, el automatismo en la limitación de cargos obliga a la búsqueda permanente de nuevas personas capaces y dispuestas a asumir responsabilidades y, así mismo, salvaguardar la experiencia de los anteriores cargos públicos para que permanezca como bagaje político al servicio de IZQUIERDA UNIDA.

IX. PRINCIPIO DE ACTUACIÓN TRANSPARENTE Y HONESTA DE LOS CARGOS Y DE RENDICION DE CUENTAS

Siendo una seña de identidad de IZQUIERDA UNIDA desde sus orígenes la defensa y la práctica de la honestidad y transparencia por todas aquellas personas que ostentan puestos de responsabilidad y representación, por ser éste un requisito básico de una organización política progresista y de una sociedad realmente democrática, se introducen en los presente estatutos un mínimo de criterios a los que, en aplicación de estos principios, ha de adecuarse la actividad de sus representantes. Para ser capaces de convencer a la mayoría de la sociedad de que el ejercicio de la política desde la perspectiva de IZQUIERDA UNIDA no es un medio para obtener beneficios personales sino para servir al objetivo de conseguir una sociedad más justa, más ética, más respetuosa con el medio ambiente y más solidaria, es conveniente plasmar los principios de actuación ética que han sido la pauta de actuación prácticamente unánime de nuestros y nuestras representantes. Igualmente hemos de esforzarnos en que la sociedad conozca más y mejor estos principios que inspiran nuestro quehacer público.

X. PRINCIPIO DE DIVERSIDAD SOCIAL

IZQUIERDA UNIDA promoverá en todos sus ámbitos de actuación la plena participación política y la visibilidad de las minorías sociales, que forman parte y representan la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad.

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TÍTULO IDEFINICIÓN, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, EMBLEMA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Art. 1.- Definición de objetivos

Izquierda Unida de Aragón es un movimiento político y social de la izquierda transformadora en Aragón que tiene como objetivo la transformación gradual del sistema capitalista en un sistema socialista democrático, fundamentado en los principios de justicia, igualdad, solidaridad y respeto por la naturaleza y las diferencias personales. Dicha sociedad socialista se organizará a través de un estado socialista y democrático de derecho, republicano y federal.

Art. 2.- Definición de los criterios organizativos

En el aspecto organizativo, Izquierda Unida de Aragón se estructura según los principios de federalidad, de funcionamiento democrático y consenso, de elaboración colectiva, de pluralismo, de equilibrio entre sexos y de limitación en los cargos. Es una organización unitaria en la línea política y en el programa, ideológicamente plural, donde concurren partidos, colectivos y personas que voluntariamente se adscriben, elaboran, aceptan y practican la política de Izquierda Unida de Aragón aprobada en sus Asambleas y en sus órganos de dirección, su programa, su funcionamiento administrativo y financiero y los presentes estatutos.

Art. 3.- Competencias de Izquierda Unida de Aragón

Son competencias de Izquierda Unida de Aragón: a) La elaboración de la política a desarrollar en sus respectivos territorios. b) El desarrollo de los criterios organizativos, en los ámbitos local, comarcal, intercomarcal y autonómico. c) Los acuerdos o alianzas con organizaciones políticas o sociales dentro de la coherencia, naturaleza y contenido programático del proyecto federal, en su ámbito territorial. d) La elaboración de programas y candidaturas en las elecciones que correspondan a las circunscripciones de su ámbito.e) 5.- Establecer los criterios por los que se rige la administración económica de la organización.

Art. 4.- La relación con Izquierda Unida Federal

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1.- Izquierda Unida de Aragón es una federación de Izquierda Unida que cuenta con su propia personalidad política y jurídica. 2.- Izquierda Unida de Aragón tiene plena soberanía para determinar el programa específico en su ámbito de competencia, para elegir sus candidaturas mediante mecanismos abiertos, con observancia de los principios generales recogidos en estos estatutos, así como para establecer su estructura interna a partir de sus asambleas.3.- Izquierda Unida de Aragón contribuirá al sostenimiento económico de la Organización Federal de Izquierda Unida en los términos establecidos en los Estatutos Federales de Izquierda Unida y los acuerdos que se suscriban, observando, en todo caso, las líneas generales de la política financiera de Izquierda Unida de corresponsabilidad y solidaridad. Del mismo modo, exigirá reciprocidad y equidad en las distribuciones de fondos que se lleven a cabo desde la Organización federal.

Art. 5.- Denominación

1.- La denominación “Izquierda Unida de Aragón” es la genérica de la organización, que también podrá utilizar la de “Cucha Chunida de Aragón” y “Esquerra Unida d’Aragó”. 2.- En ámbitos territoriales inferiores al de la Comunidad Autónoma podrá utilizar otras denominaciones específicas siempre que vayan seguidas de la denominación general. Dichas denominaciones específicas deberán ser reconocidas por el Consejo Político de Aragón y habrán de contar con el visto bueno de la legislación vigente.

Art. 6.- Domicilio

1.- El domicilio social de Izquierda Unida de Aragón está ubicado en la Calle Mayor, 6, local izdo., de Zaragoza.2.- El cambio de domicilio podrá ser acordado por el Consejo Político de Aragón sin necesidad de proceder a la modificación de estos Estatutos.

Art. 7.- Emblema

El emblema de Izquierda Unida de Aragón es el que se reproduce en este artículo. Al mismo se le podrán añadir las cuatro barras de Aragón.

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Art. 8.- Ámbito temporal y territorial

1.- El ámbito de actuación de Izquierda Unida de Aragón es todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante lo anterior, en aquellas comarcas, localidades o zonas en las que se reconozcan formaciones políticas afines, la actuación de Izquierda Unida de Aragón se limitará o reducirá en los términos contenidos en el acuerdo de reconocimiento mutuo. 2.- Izquierda Unida de Aragón está constituida con carácter indefinido en el tiempo.

TÍTULO IILA PARTICIPACIÓN EN IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN. DERECHOS Y DEBERES.

Art. 9.- La participación en Izquierda Unida de Aragón

1.- En Izquierda Unida de Aragón se reconocen diferentes formas y niveles de participación. 2.- El nivel de participación más pleno lo ostentan las personas que están afiliadas. 3.- Asimismo, se prevé la posibilidad de participación de aquellas personas no afiliadas que manifiesten su voluntad de implicarse en los procesos abiertos de toma de postura o adopción de decisiones por parte de Izquierda Unida, así como su voluntad de recibir información periódica de Izquierda Unida. En el mismo sentido se facilitará la participación de entidades sociales.

CAPÍTULO I LA AFILIACIÓN A IZQUIERDA UNIDA

Art. 10.- Afiliación a Izquierda Unida de Aragón

1.- La afiliación en Izquierda Unida es un acto individual y voluntario de quienes, de acuerdo con la normativa legal vigente, soliciten su afiliación en Izquierda Unida de Aragón sin más límite que la aceptación y práctica de los objetivos señalados en el artículo 1 de estos Estatutos, en la declaración de principios de Izquierda Unida, sus programas electorales, el pago de la cuota correspondiente y el respeto a los presentes Estatutos, siendo el de afiliación el primero de los derechos. 2.- La afiliación a Izquierda Unida supone la adscripción voluntaria a esta organización. Con ella, cada persona afiliada adquiere un compromiso de actividad ajustado a sus deseos, voluntad y posibilidad. 3.- No se aceptará la afiliación en Izquierda Unida de aquellas personas que, de manera notoria, tuvieran posiciones públicas opuestas a los principios establecidos en el artículo 1 de estos Estatutos, o actitudes contrarias al respeto por las

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diferencias personales, sean en su vertiente étnica, física, cultural, religiosa o de opción sexual.

Art. 11.- Lugar de afiliación

1.- La afiliación se realizará a través de las Asambleas de Base de Izquierda Unida de Aragón. En el momento de la afiliación se facilitarán los documentos aprobados en la última Asamblea de Aragón, así como los aprobados en la última Asamblea Federal, sin excluir otros que pudieran ser de utilidad en esos momentos, así como los que la persona afiliada solicite. 2.- La persona afiliada a Izquierda Unida que traslade su residencia del ámbito de una asamblea a otra, deberá comunicar su traslado y se le reconocerán automáticamente en la nueva Asamblea los derechos a que haya lugar.

Art. 12.- Carné

Las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón serán titulares de una tarjeta de afiliación en la cual se reflejará su condición de afiliado a Izquierda Unida de Aragón.

Art. 13.- Listado de personas afiliadas

1.- Izquierda Unida de Aragón dispondrá de un censo de afiliados y afiliadas, con su estado de cotización, adscripción a Áreas y demás datos necesarios para el desarrollo de su actividad. Este censo será el elaborado por la Unidad de Afiliación y Recaudación conforme a lo establecido en los Estatutos Federales y en su reglamento regulador. 2.- De este censo, y de sus movimientos, se podrá dar cuenta a la Presidencia de Aragón cuando esta así lo solicite.

Art. 14.- Baja en la afiliación

La baja en la condición de persona afiliada a Izquierda Unida de Aragón se producirá: a) Por la libre decisión de la persona afiliada, manifestada expresamente. b) Por la libre decisión de la persona afiliada, manifestada de forma tácita. Se entenderá que se produce tal decisión cuando la persona afiliada deje de abonar durante más de seis meses consecutivos las cuotas obligatorias, sin que alegue justificación suficiente, una vez requerida al pago por escrito. La persona que sea dada de baja por este procedimiento quedará en un listado de personas colaboradoras, mientras no manifieste lo contrario.

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c) Por resolución sancionadora y firme de los órganos competentes de Izquierda Unida de Aragón. d) Por traslado y afiliación a otra Federación de Izquierda Unida. e) Por cualquiera de los motivos establecidos en los Estatutos Federales.

CAPÍTULO II INTEGRACIÓN EN IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Art. 15.- Simpatizantes1.- Izquierda Unida de Aragón, en sus diferentes ámbitos, elaborará un listado de las personas físicas, asociaciones o cualquier entidad social que manifieste, a través de cualquier órgano territorial, su voluntad de colaborar con la aportación de ideas y propuestas o, en su caso, con la participación en las reuniones o, simplemente, de recibir la información que vaya siendo elaborada por Izquierda Unida.2.- La inclusión de estas personas o entidades en la UAR dará derecho a acceder a información sobre las actividades, posicionamientos y propuestas de Izquierda Unida en el nivel correspondiente, así como a conocer y participar en los debates de Izquierda Unida.3.- Tendrán derecho a participar en las consultas, referéndum y reuniones que sean convocadas, así como en las áreas de elaboración colectiva, en los términos establecidos en estos Estatutos y en las normas que los desarrollen.

Art. 16.- De los colectivos y asociaciones en Izquierda Unida de Aragón

1.- En Izquierda Unida de Aragón pueden integrarse todos los partidos, organizaciones, colectivos y asociaciones que acaten de forma expresa sus fines y principios, estatutos, resoluciones, o cualquier documento de normas de funcionamiento que pudiera haber sido aprobado por la organización.2.- La integración deberá ser solicitada por su órgano competente a la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón, que planteará su proposición razonada con respecto a la incorporación a Izquierda Unida de Aragón de la asociación o colectivo en cuestión. La decisión definitiva de admisión se tomará en el Consejo Político de Aragón. 3.- La integración se hará efectiva cuando los órganos de dirección o coordinación de las asociaciones o colectivos acuerden la misma y así lo comuniquen. Sus miembros podrán ejercer sus derechos como militantes de Izquierda Unida cuando formalicen su condición de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de estos Estatutos.4.- Los Consejos Políticos locales o, en su defecto, las Asambleas de Base, podrán

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decidir invitar a las organizaciones sociales con las que estén trabajando a participar en el proceso de toma de decisiones y posiciones políticas que se consideren oportunas.

CAPÍTULO III DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS AFILIADAS A IZQUIERDA UNIDA DE ARAGON

Art. 17.- Derechos individuales

Son derechos de las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón los siguientes: 1.- DE PARTICIPACIÓN

a) Participar con voz y voto en la Asamblea a la que esté adscrito o adscrita, así como en aquellos órganos para los que hubiera sido elegido/a, con absoluta libertad de opinión y propuesta en dichos órganos. b) Participar en la elaboración de las líneas estratégicas y programáticas, así como en los asuntos de especial relevancia que conlleven un posicionamiento general de Izquierda Unida de Aragón en sus diferentes ámbitos. c) Expresar libremente sus opiniones con relación a las propuestas y decisiones adoptadas por Izquierda Unida de Aragón. El derecho aquí reconocido tendrá la máxima protección cuando se desarrolle en el ámbito interno de la organización. La protección a la divulgación externa de opiniones individuales será también plena en los procesos previos a la adopción de las decisiones o posicionamientos políticos. d) Participar voluntariamente en las actividades desarrolladas por Izquierda Unida de Aragón. e) Elegir y ser elegido/a para cualquier órgano de Izquierda Unida de Aragón por los cauces regulados en los presentes Estatutos. f) Participar en la elaboración de las candidaturas de Izquierda Unida de Aragón para procesos electorales en su ámbito geográfico, y ser postulado/a para su inclusión en las mismas, por los cauces estatutarios y reglamentariamente establecidos. g) Participar en los referendos o consultas que fueran convocados por los órganos de Izquierda Unida de Aragón. h) Ser consultado para la adopción de decisiones en materia de especial relevancia a través de los cauces ordinarios, de consultas, encuestas, sondeos de opinión o cualquier otro instrumento que, para conocer la opinión directa de las personas afiliadas y cercanas a Izquierda Unida, fuera elaborado por los órganos de Izquierda Unida de Aragón. El carácter vinculante se limitará a las consultas realizadas a la militancia, en las condiciones establecidas por el órgano convocante.

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i) Participar en las Áreas de Elaboración Colectiva e instar, en los términos establecidos estatutariamente, a la creación de las mismas. j) Participar en las corrientes o plataformas de opinión que se constituyan en Izquierda Unida de Aragón, promover la constitución de las mismas, así como participar en los partidos políticos o entidades integrados en Izquierda Unida.k) Intercambiar opiniones o informaciones con cualquier otra persona afiliada a Izquierda Unida.

2.- DE INFORMACIÓN

l) Tener acceso a una información amplia y rápida de las decisiones o posicionamientos políticos de Izquierda Unida de Aragón, así como de los debates internos generales que se produzcan, con derecho a conocer los diferentes posicionamientos en tales debates. m) Conocer el censo completo de la afiliación de Izquierda Unida en su Asamblea de Base, especialmente en los procesos preasamblearios, en los términos y condiciones establecidos en la legislación de protección de datos. n) Recibir información y opinar sobre la situación económica y financiera de Izquierda Unida de Aragón, mediante la presentación en las asambleas de Base o en los órganos correspondientes del presupuesto provisional, del balance y del resumen de ingresos y gastos que, como mínimo con carácter anual, deberá confeccionarse o) Conocer la composición de los órganos de dirección.

3.- DE CONTROL Y DEFENSA ESTATURIA

p) Recurrir frente a las medidas disciplinarias que se pudieran adoptar en su contra. q) Impugnar los acuerdos que se estimen contrarios a los Estatutos o a la Ley, así como denunciar los actos y comportamientos que considere contrarios a los principios y normas de Izquierda Unida. r) Impugnar las resoluciones de los órganos políticos de su ámbito, así como solicitar el amparo de la Comisión de Arbitraje y de Garantías Democráticas cuando se vulneren sus derechos. s) Ejercer el derecho de control y crítica, así como efectuar las propuestas que estime convenientes, a través de los cauces estatutarios establecidos, con relación a las personas que ostenten cargos internos o públicos, así como con relación a los propios órganos internos.

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4.- OTROS DERECHOS

t) Causar baja voluntaria en Izquierda Unida de Aragón. u) Dimitir de los puestos o cargos para los que hubiera sido elegido/a. v) Ser respetado/a por las opiniones políticas, las convicciones religiosas o morales y por su vida privada, siempre que no se funden en principios, actitudes o comportamientos violentos, racistas, sexistas, homófobos o de cualquier otra índole que atenten contra la dignidad o la libertad de las personas.. w) Ser defendido jurídicamente por Izquierda Unida en el supuesto de que, como consecuencia de su actividad política dentro del marco estatutario, fuera denunciado ante los tribunales de justicia o sufriera alguna agresión a su honor, buena imagen personal o intimidad. x) A la confidencialidad de los datos personales que ponga en conocimiento de Izquierda Unida de Aragón, que únicamente serán usados para el normal desarrollo de la actividad política por Izquierda Unida y) Aquellos otros que sean reconocidos por la Ley y por los presentes Estatutos.

Art. 18.- Deberes

Las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón deberán cumplir con los siguientes deberes:

a) Ajustar su actividad política al compromiso voluntariamente contraído con la afiliación, cumplir los principios, programa y Estatutos de Izquierda Unida de Aragón y aceptar las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos correspondientes. b) Toda persona afiliada tiene el deber de participar en su Asamblea de Base, aportando sus ideas y opiniones y desarrollando la política aprobada en ellas; el de respetar las decisiones democráticamente adoptadas por Izquierda Unida de Aragón en cada uno de los órganos y niveles, así como el deber de defender las orientaciones y decisiones del órgano en que se desarrolla su actividad y órganos superiores. c) Desempeñar los cargos para los que fueran elegidos/as con absoluta honestidad y transparencia, sin valerse del cargo para satisfacer intereses patrimoniales personales propios o de otras personas conocidas. d) Transmitir a las estructuras de base la información referida a las decisiones y propuestas de los órganos o cargos en los que estuviera. e) Ser respetuosos con las opiniones y posicionamientos de las demás personas que participan en Izquierda Unida de Aragón así como de sus representantes orgánicos o institucionales.f) Los acuerdos adoptados por cualquier órgano de Izquierda Unida de Aragón

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son vinculantes y obligan, en cuanto a su aceptación, defensa y cumplimiento, a todos los miembros de ese órgano, quedando a salvo el derecho de libre expresión de cualquier miembro como opinión exclusiva y diferenciada del mismo. g) Defender públicamente, con independencia de las discrepancias puntuales que se pudieran expresar, la opción de Izquierda Unida como fuerza política transformadora hacia una sociedad más justa. h) No organizar, en ningún caso, campañas contra Izquierda Unida de Aragón, ni criticar públicamente a Izquierda Unida. i) Satisfacer la cuota que se establezca por los órganos competentes de Izquierda Unida de Aragón. j) Aquellos otros previstos legalmente o regulados en los presentes Estatutos, como son los referentes a quienes detentan cargos públicos.

CAPÍTULO IV DE LAS CORRIENTES DE OPINIÓN

Art. 19.- Las corrientes de opinión

Las corrientes de opinión son expresión de la pluralidad que forma parte constitutiva de Izquierda Unida. En virtud de ello, se reconoce la posibilidad de que en el seno de Izquierda Unida de Aragón se constituyan corrientes de opinión, temporales o permanentes, tanto en los debates y procesos internos concretos, como ante los planteamientos políticos o formas de organización en general. El hecho de la pertenencia de una afiliada o afiliado de Izquierda Unida de Aragón a una corriente de opinión, en ningún caso podrá suponer privilegio o agravio comparativo respecto de otras u otros afiliados a Izquierda Unida de Aragón.

Art. 20.- Constitución de las corrientes de opinión

1.- Para su reconocimiento como corriente de opinión de ámbito autonómico, sus promotores deberán dirigirse a la Presidencia de Aragón mediante petición motivada que deberá reunir, al menos, los siguientes requisitos: a) Denominación de la corriente de opinión y carácter de la misma b) Acreditación de su implantación en un mínimo de seis Asambleas Comarcales o de distrito, debiendo pertenecer estas, al menos, a 2 de los 4 ámbitos territoriales de Izquierda Unida de Aragón. Esta acreditación se realizará mediante certificación expedida por el órgano correspondiente de cada territorio de Izquierda Unida de Aragón en el que la corriente se encuentre implantada. c) Declaración expresa de sujeción a los principios, programa, estatutos y normas de desarrollo de Izquierda Unida de Aragón. d) Elementos y criterios definitorios de la corriente de opinión o expresión de

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cualquier otra circunstancia constitutiva de la corriente. 2.- Las corrientes de opinión que comuniquen su constitución y reúnan los requisitos fijados, obtendrán el reconocimiento automático como tales por parte de la Presidencia, pudiendo empezar a funcionar como tal. 3.- La Presidencia de Aragón, en el caso de observar el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos, comunicará a sus promotores los aspectos que han de ser corregidos para proceder a la ratificación del reconocimiento. 4.- Una vez recibida la solicitud de reconocimiento por la Presidencia de Aragón, y previo informe del responsable de Organización, será comunicado al Consejo Político de Aragón en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el momento de la presentación de la comunicación.5.- De igual forma se procederá con las corrientes de opinión ya reconocidas cuando se aprecien incumplimientos sobrevenidos de algunos de los requisitos exigidos. En el caso de no subsanarlos, se procederá a su disolución. 6.- El Consejo Político de Aragón podrá revocar el reconocimiento de una corriente de opinión en el caso de incumplimientos graves o reiterados previo expediente contradictorio instruido al efecto.

Art. 21.- Corrientes de opinión puntuales

1.- Podrán constituirse corrientes de opinión puntuales para un determinado tema, las cuales, para conseguir su reconocimiento, deberán reunir los requisitos exigidos en el artículo anterior. 2.- Las corrientes de opinión para temas concretos gozan de los mismos derechos y deberes y atenderán a igual normativa que el resto de corrientes de opinión configuradas en el seno de Izquierda Unida de Aragón.

Art. 22.- Actividad de las corrientes de opinión

1.- Durante las fases de debate, las corrientes de opinión tendrán plena capacidad de expresión pública. Asimismo, sin menoscabo del cumplimiento de la política de Izquierda Unida de Aragón y de los presentes Estatutos, podrán defender internamente sus posiciones en cualquier momento. 2.- En su actividad, las corrientes de opinión deberán: a) Respetar la unidad, principios, estatutos y programa de Izquierda Unida de Aragón. b) Respetar y acatar los acuerdos tomados por los órganos correspondientes, y no combatirlos o cuestionarlos públicamente c) En el funcionamiento de las corrientes de opinión, se respetará el debate abierto y democrático, no debiendo establecerse disciplina de voto, ni expresarse

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ésta por medio de portavoces en el interior de los órganos de Izquierda Unida de Aragón. 3.- A las corrientes de opinión reconocidas como tales se les facilitará el acceso a los medios de comunicación y publicaciones de la Organización, garantizándoles su capacidad de expresión pública interna, así como el uso, previa petición y autorización, de los locales de la organización, siempre que no interfieran en la actividad general de Izquierda Unida de Aragón en ese ámbito. 4.- Las corrientes de opinión podrán solicitar ayudas económicas dirigidas a facilitar el desarrollo de sus actividades. Estas ayudas serán solicitadas a los órganos de dirección correspondientes mediante la presentación de oportunas propuestas razonadas. Las ayudas serán gestionadas por los órganos competentes de Izquierda Unida de Aragón con el fin de cumplir los requisitos legales en cuanto a administración y contabilidad de las formaciones políticas. Semestralmente, o al término de su actividad, los representantes de la corriente de opinión habrán de rendir cuentas de la gestión de las ayudas económicas al responsable de finanzas de Izquierda Unida de Aragón.

Art. 23.- Limitaciones en el funcionamiento de las corrientes de opinión

1.- Las corrientes de opinión, como parte de la estructura de Izquierda Unida de Aragón, no pueden tener soberanía jurídica ni, por tanto, patrimonio propio. 2.- Izquierda Unida de Aragón tiene el uso exclusivo de la denominación “Izquierda Unida de Aragón” y de sus emblemas. Por ello, en las manifestaciones públicas de las corrientes debe reflejarse con nitidez la denominación de la misma, sin que pueda confundirse con la expresión global del conjunto de la organización de Izquierda Unida de Aragón. 3.- Las corrientes de opinión, como partes integrantes de Izquierda Unida de Aragón, han de respetar el hecho de que la opinión pública de Izquierda Unida de Aragón es transmitida por los portavoces autorizados de la organización y han de cumplir íntegramente lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos, sin menoscabo, en ningún caso, de su derecho a la libre expresión en el ámbito interno de sus discrepancias con la línea política que la organización decida mantener en cada momento. 4.- Las competencias atribuidas a órganos de Izquierda Unida de Aragón en estos Estatutos son exclusivas de los mismos. Las corrientes configuradas en el seno de Izquierda Unida de Aragón han de tener presente en su actividad que los órganos de dirección son los únicos representantes de toda la organización.

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Art. 24.- Disolución de las corrientes de opinión

Las corrientes de opinión se disolverán: 1.- Por decisión propia y voluntaria, que se deberá comunicar a la Presidencia de Aragón con carácter inmediato al acuerdo de disolución. 2.-Por incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su constitución y reconocimiento. 3.-Las corrientes puntuales quedarán automáticamente disueltas una vez pronunciados los órganos de dirección sobre el debate para el que fueron constituidas.

TÍTULO III ESTRUCTURA TERRITORIAL Y ÁREAS DE ELABORACIÓN DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

CAPÍTULO I ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Art. 25.- Estructura territorial de Izquierda Unida de Aragón

1. En Izquierda Unida de Aragón se delimitan cuatro territorios en los que se encuadran las distintas Asambleas en función de su situación territorial. Esos territorios son:

a) Alto Aragón, correspondiente a la Asamblea Intercomarcal de Huesca. b) Teruel, correspondiente a la Asamblea Intercomarcal de Teruel. c) Zaragoza Comarcas, correspondiente a la Asamblea Intercomarcal de Zaragoza. d) Zaragoza Ciudad, correspondiente a la Asamblea territorial de la ciudad de Zaragoza

2. Los tres primeros se corresponden con la delimitación comarcal de sus provincias respectivas, de forma que las Asambleas comarcales que tengan municipios pertenecientes a dos provincias distintas se integrarán en la Intercomarcal correspondiente a la provincia con más municipios en esa comarca. El territorio de la ciudad de Zaragoza abarca la ciudad de Zaragoza y sus barrios rurales.

Art. 26.- Las Asambleas Intercomarcales

1.- Los tres Asambleas Intercomarcales estarán integrados por aquellas Asambleas Comarcales existentes en su territorio conforme a lo establecido en el artículo

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anterior. 2.- Cada una de ellas tendrá un órgano de dirección, denominado Consejo Político Intercomarcal, cuya composición, estructura y funcionamiento serán similares a lo dispuesto para el Consejo Político de Aragón. Elegirá de entre sus miembros a una persona para que ejerza la coordinación.

Art. 27.- La Asamblea de Zaragoza Ciudad

1.- La Asamblea de Zaragoza Ciudad estará integrado por las Asambleas correspondientes a la delimitación administrativa de las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales de Barrios Rurales. Cada una de ellas tendrá las competencias que corresponden a las Asambleas de Base, excepto lo referido a la adopción de acuerdos y decisiones políticas, que corresponderá a la Asamblea de Zaragoza Ciudad o al Consejo Político de Zaragoza Ciudad. 2.- La Asamblea de Zaragoza Ciudad elegirá de entre sus miembros a la persona que ostentará la Coordinación así como al la parte correspondiente del Consejo Político de Zaragoza Ciudad. 3.- El Consejo Político de Zaragoza Ciudad tendrá una estructura, composición y funcionamiento similares a lo dispuesto para el Consejo Político de Aragón, debiendo estar representadas en el mismo todas las Asambleas de Distrito y de Barrios Rurales constituidas. 4.- Se dotara de una Permanente Local, que se regirá por un reglamento aprobado por el Consejo Político de Zaragoza Ciudad, y que tendrá las atribuciones dispuestas para la Presidencia de Aragón en su ámbito.

Art. 28.- Reuniones conjuntas de los Consejos Local e Intercomarcal de Zaragoza

1.- Cuando hubiera de adoptarse alguna decisión que afectare al ámbito de actuación tanto de la Asamblea Intercomarcal de Zaragoza como de la Asamblea de Zaragoza Ciudad, se reunirán conjuntamente sus respectivas Asambleas y u órganos de dirección, a propuesta de cada una de ellas. En el supuesto de que no hubiera acuerdo para convocar, resolverá la Presidencia.2.- Cuando haya que tomar decisiones, se ponderará la representación atendiendo al censo de afiliación, el territorio y los resultados electorales en porcentaje de voto de cada una de las Asambleas.

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CAPÍTULO II. DE LAS ASAMBLEAS DE BASE

Art. 29.- Asambleas de Base

1.- La Asamblea de Base es la unidad básica de articulación de la organización de Izquierda Unida de Aragón. Se entiende por tal a la Asamblea Local y, en su caso, a la Comarcal. 2.- La Asamblea Local se referirá al término municipal, salvo en el caso de Zaragoza Ciudad, en las que las Asambleas locales se corresponderán con la división administrativa de las Juntas de Distrito y Vecinales. Se constituirá una Asamblea Local cuando en su ámbito haya al menos 5 personas afiliadas o si, habiendo menos, la actividad de quienes sean simpatizantes u otras personas afines, o la existencia de concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento correspondiente, permitieran el funcionamiento normal de la misma. En cualquiera de estos dos últimos casos, deberá haber al menos una persona afiliada a Izquierda Unida. 3.- La Asamblea Comarcal tiene su ámbito de actuación territorial coincidente con las Comarcas aragonesas establecidas por la Ley de Delimitación Comarcal. Se establecen por tanto 33 Asambleas Comarcales, exceptuando Zaragoza capital. En cada Comarca existirá una Asamblea Comarcal que estará compuesta por todos los militantes de la misma y se reunirá para tratar todos aquellos temas que sean de su competencia. 4.- Se entenderá que la Asamblea Comarcal es la Asamblea de Base cuando en los municipios de esa Comarca no haya suficientes militantes para constituir una Asamblea Local. Así mismo, asumirá las competencias que correspondan a las Asambleas Locales respecto de aquellos municipios de su ámbito que no tengan Asamblea Local constituida o ésta sólo pudiera funcionar en el nivel abierto a tenor de lo dispuesto en el apartado anterior.

Art. 30.- Organización de las Asambleas de Base

1.- Quienes compongan la Asamblea de Base elegirán de entre ellas a quien desempeñará la coordinación. Su función será la de convocar a la Asamblea y, de existir, al Consejo Político Local y servir de enlace entre el resto de la Organización y su Asamblea. 2.- El Pleno de la Asamblea es el órgano máximo de decisión y está compuesto por todas las personas pertenecientes a la misma, convocadas en la forma prevista y con antelación suficiente. En él se adoptarán todas las decisiones que sean competencia de la Asamblea. 3.- En aquellas Asambleas en las que haya más de 20 personas afiliadas, el Pleno de la misma podrá elegir un Consejo Político Local, o una Permanente de la

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Asamblea de Distrito o de Barrio Rural en el caso de Zaragoza Ciudad, compuesto por un mínimo de 4 miembros, añadiendo uno más por cada diez personas afiliadas hasta un máximo de 8, incluida la persona que desempeña la coordinación. Sus competencias serán las que les otorgue la Asamblea por delegación.

Art. 31.- Funcionamiento de las Asambleas de Base

1.- La Asamblea será convocada por la persona que desempeñe la coordinación de la misma mediante escrito en el que se indique la fecha, hora y lugar de celebración así como el orden del día de la reunión. Éste deberá remitirse con antelación suficiente a toda la afiliación de la Asamblea y, junto con la convocatoria, deberá remitirse, si fuera posible, la documentación precisa para el debate y la toma de decisiones. 2.- Las Asambleas de Base propiciarán la máxima participación de aquellas personas, colectivos y organizaciones que estén cercanos a Izquierda Unida y a su política, invitándoles a participar en las reuniones que la Asamblea celebre. En ellas se explicarán las líneas políticas generales o puntuales de Izquierda Unida, se recogerán las opiniones que puedan aportar, se prepararán movilizaciones y se realizarán cuantas actividades se entiendan necesarias para articular a la sociedad civil. 3.- Cuando la Asamblea se reúna para adoptar decisiones referidas a la designación de órganos de dirección, candidaturas u otras elecciones de personas, o para aprobar censos, conocer los estados de cuentas de la organización u otra decisión que se refiera a cuestiones internas de Izquierda Unida, sólo podrán participar con voto las personas afiliadas a Izquierda Unida.4.- Las personas individuales o que representen a colectivos sociales que no estén afiliadas a Izquierda Unida y que hayan sido invitadas a participar en la asamblea de base correspondiente, actuarán en ellas con pleno derecho, incluido el derecho de voto para la adopción de aquellos acuerdos de carácter político que no estén señalados en el apartado anterior.5.- La Asamblea se reúne de manera ordinaria como mínimo una vez cada dos meses y, de forma extraordinaria, cuando lo solicite al menos una cuarta parte de las personas afiliadas a la misma o, en el caso de que haya Consejo Político Local, cuando así lo solicite éste por acuerdo de un tercio de sus miembros. En la solicitud se deberá acompañar el orden del día que se propone y la persona que desempeñe la coordinación tendrá que convocar obligatoriamente en el plazo máximo de 15 días; en caso de no hacerlo, incurrirá en infracción grave. 6.- El funcionamiento del Consejo Político Local se regirá por lo dispuesto en este artículo en cuanto le pueda ser de aplicación. Respecto a la convocatoria extraordinaria, la persona que desempeñe la coordinación deberá reunirlo a

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petición de una cuarta parte de la afiliación de la Asamblea o de un tercio de los miembros del Consejo Político Local en el plazo máximo de 15 días. De no hacerlo, incurrirá en infracción grave.

Art. 32.- Competencias de las Asambleas de Base

1.- La Asamblea de Base es el órgano soberano de Izquierda Unida de Aragón en su ámbito. Es la responsable del cumplimiento de las obligaciones de la afiliación, así como de garantizar su participación en las tareas de Izquierda Unida. 2.- Son, además, competencias de la Asamblea de Base: a) Elegir y cesar a sus órganos de dirección, así como a sus representantes para los órganos de Izquierda Unida de Aragón en los que les corresponda estar representadas. b) Elegir, en su caso, a sus representantes en la Asamblea de Aragón. c) Debatir y aprobar las líneas de trabajo político y programático en su ámbito, participando también en la elaboración y el debate de los programas electorales de Izquierda Unida cuya aprobación corresponda a un órgano superior. d) Realizar propuestas políticas y de personas cuando la toma de decisión corresponda a un órgano superior. e) Apoyar y hacer seguimiento de la actividad de los cargos públicos de su ámbito. Con esa finalidad, los cargos públicos deberán comparecer con periodicidad en aquellas Asambleas que reclamen su presencia. f) Impulsar la afiliación a Izquierda Unida en su ámbito. g) Aprobar el Presupuesto anual de gastos para su actividad. h) Elaborar resoluciones para su traslado a los órganos correspondientes, los cuales deberán responder en la siguiente reunión ordinaria o en una extraordinaria convocada al efecto. i) Organizar actos públicos en su ámbito que sirvan para dar a conocer la postura de Izquierda Unida, así como para contactar con la sociedad de su entorno.j) Cualquiera otra que le sea delegada por un órgano superior.

CAPÍTULO III DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN COLECTIVA

Art. 33.- Las Áreas de Elaboración Colectiva en Izquierda Unida de Aragón

1. Las Áreas de Elaboración Colectiva juegan un papel fundamental en el proyecto de Izquierda Unida de Aragón. Suponen la expresión organizada de la elaboración colectiva, constituyéndose como espacio de reflexión y síntesis de las diferentes sensibilidades sociales y culturales de la izquierda en torno a las principales cuestiones que afectan a la sociedad de la que forman parte. Las áreas han de ser

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elemento central de interlocución y relación con la sociedad, con los movimientos sociales y, sobre todo, de participación activa de las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón. 2. Todos los órganos de Izquierda Unida de Aragón deben hacer los esfuerzos necesarios para que en las Áreas de Elaboración Colectiva participen, junto a la militancia de Izquierda Unida de Aragón, aquellos colectivos y personas relacionados con una temática determinada, ya sea coyunturalmente o con carácter estable. 3. Especialmente, deben asegurarse desde todas las instancias de Izquierda Unida de Aragón: a) Su capacidad de elaboración y la continuidad en el tiempo de su trabajo político y de la relación con la sociedad. b) La participación de todas aquellas personas y de los colectivos interesados en colaborar con Izquierda Unida en la elaboración colectiva. c) La coordinación de las áreas del propio ámbito y del conjunto de las áreas, para asegurar que el proceso de elaboración colectiva en Izquierda Unida no dé como resultado políticas contradictorias entre sí. d) La participación y colaboración con las asambleas territoriales.

Art. 34.- Constitución de las Áreas de Elaboración Colectiva

1.- Las Áreas de Elaboración Colectiva tienen ámbito de Comunidad Autónoma. 2.- Se podrán constituir Grupos de Trabajo de las mismas, con ámbito de trabajo y representación inferior al autonómico, o para temas concretos. De ser considerados estables por el órgano territorial de dirección de Izquierda Unida de Aragón en dicho ámbito, podrá otorgarle presencia en el mismo en idéntica forma a la que establecen estos Estatutos para las Áreas de Elaboración Colectiva. 3.- Las Áreas de Elaboración Colectiva se constituyen a iniciativa de la militancia y colectivos interesados y a propuesta de la Presidencia, que la trasladará al Consejo Político de Aragón para su aprobación. Las propuestas de creación de un Área deberán estar acompañadas de una justificación política, la definición de sus contenidos y, en caso necesario, su complementariedad y relación con otras Áreas. 4.- El Consejo Político de Aragón, a propuesta de la Presidencia, podrá agrupar, separar, modificar o añadir nuevas Áreas, según lo aconsejen las circunstancias o el desarrollo del trabajo de la Organización 5.- Las Áreas deberán fijar su campo específico de trabajo con especial atención a las referencias establecidas por la organización federal6.- El Consejo Político de Aragón velará por el proceso de organización y desarrollo de las mismas, a través de la persona que desempeñe la Coordinación General de Áreas de Elaboración Colectiva de Aragón.

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Art. 35.- Organización y funcionamiento de las Áreas de Elaboración Colectiva

1.- Las Áreas se organizan por medio de Asambleas que agrupan a todas las personas, adscritas o no a Izquierda Unida de Aragón, así como a representantes de colectivos que expresen su deseo de pertenecer a una o varias áreas. 2.- El Área elegirá democráticamente de entre las personas adscritas a la misma, a la persona que coordinará y representará al Área. La Coordinación del Área efectuará las convocatorias, moderará las mismas y levantará actas, transmitiendo asimismo al Área la información procedente de otras instancias, tanto de Izquierda Unida como ajenas a la misma, que tengan relación con el objeto del Área. Así mismo, será la responsable de la relación de ésta con el Área Federal de Izquierda Unida y con los órganos de dirección de Izquierda Unida de Aragón. 3.- La Presidencia propondrá, previa consulta con las personas que coordinen las distintas Áreas en funcionamiento, una persona para que desempeñe la Coordinación de las Áreas de Elaboración, la cual será refrendada por el Consejo Político de Aragón y pasará a formar parte como miembro de pleno derecho de la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón y del Consejo Político de Aragón, actuando como representante del Colectivo de Áreas en las diferentes instancias y órganos de Izquierda Unida de Aragón. 4.- Las Áreas de Elaboración Colectiva se reúnen con carácter ordinario, previa convocatoria escrita que contendrá el orden del día de la sesión y que deberá de llegar a sus miembros con una semana de antelación, al menos una vez cada cuatro meses y con carácter extraordinario cuando así lo decida la coordinación de cada área, la Coordinación de las Áreas de Elaboración o a petición de un tercio de los componentes del Área.5.- La Dirección asegurará a las Áreas de Elaboración Colectiva el apoyo de un núcleo básico técnico-administrativo y los medios económicos necesarios que permitan el desarrollo de sus trabajos

Art. 36.- Competencias de las Áreas de Elaboración Colectiva

Son competencias de las Áreas de Elaboración Colectiva: a) Definir los marcos programáticos básicos, elaborando y desarrollando propuestas y alternativas que serán sometidas a aprobación de los órganos de representación política correspondientes. b) Concretar el desarrollo programático en propuestas legislativas, institucionales y sociales. Estas propuestas serán la expresión del trabajo conjunto entre las áreas, los órganos de dirección, los cargos públicos y los territorios, siempre de acuerdo con el ámbito de su competencia. c) Propiciar la participación del mayor número de personas o movimientos

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sociales que enriquezcan la reflexión, el debate y la elaboración colectiva, así como potenciar y articular la movilización social consecuente con la elaboración programática buscando cohesionar un amplio bloque social en torno a las alternativas generadas. d) Participar con voz en los órganos de Izquierda Unida, cuando sean requeridas por ellos o a petición propia. e) Desarrollar la elaboración programática referente al contenido de su competencia para trasladarla a la aprobación del órgano político correspondiente. f) Establecer una relación entre las Áreas y los territorios para compartir conocimiento, experiencias y si fuera necesario ayudas, de forma periódica o cuando una de las partes lo solicite. g) Trasladar a los grupos institucionales propuestas y elaboraciones para el trabajo político institucional y asesorar en aquellas cuestiones que le demanden los grupos institucionales en materias de su ámbito.

Art. 37.- Coordinación de las Áreas con los órganos de dirección política y los representantes de Izquierda Unida en las instituciones

1.- La coordinación de las Áreas con los órganos de dirección política y con los representantes institucionales es fundamental para homogeneizar el proceso de elaboración colectiva con las iniciativas y el trabajo institucional. 2.- La coordinación se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) La relación de las Áreas con la Presidencia se realizará a través de la persona que desempeñe la Coordinación de las Áreas de Elaboración. Cuando sea necesario, la Presidencia se reunirá con las Áreas para el examen e impulso de su trabajo; así mismo, cuando la Presidencia trate temas importantes relacionados con elaboraciones o actividades de las Áreas, podrá invitar a quienes coordinen éstas a participar en sus debates, con voz y sin voto. De igual forma se procederá en el Consejo Político de Aragón. b) Las propuestas de Izquierda Unida de Aragón en las instituciones serán fruto del trabajo coordinado entre los Grupos Institucionales, las Áreas y la Presidencia. Cuando los grupos institucionales traten temas importantes, relacionados con contenidos o actividades de las Áreas o con propuestas políticas de Izquierda Unida de Aragón, se analizarán y concretarán previamente a su presentación institucional con la Coordinación del Área correspondiente y con quien ostente la responsabilidad de Política Institucional de la Presidencia.c) En caso de discrepancias graves entre propuestas programáticas o de elaboración de las Áreas y las propuestas de los Grupos institucionales, la Presidencia debatirá los temas en litigio y tomará las decisiones pertinentes, pudiendo trasladar la última decisión al Consejo Político de Aragón; a dicho debate

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se invitará a los representantes institucionales afectados y a las personas que coordinan las Áreas correspondientes.

TÍTULO IV ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 38.- Órganos de dirección de Izquierda Unida de Aragón

Los órganos de dirección de Izquierda Unida de Aragón son: a) Asamblea de Aragón. b) Consejo Político de Aragón. c) Presidencia Ejecutiva. d) Coordinación General de Aragón.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES

Art. 39.- Principios Generales

1.- Los órganos colegiados de dirección de Izquierda Unida de Aragón se regirán siempre por los principios rectores enunciados en la definición de principios de Izquierda Unida y de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos. En el resto de su actuación, responderán a la estructura, funcionamiento y esquema de organización que responda a los criterios aprobados por la Asamblea de Aragón.2.- Los miembros de los órganos de dirección de Izquierda Unida tienen la obligación de asistir a sus sesiones, de tal modo que, en el caso de que incurran en más de cuatro ausencias no justificadas a las mismas, causarán baja automática en dichos órganos. La sustitución se hará con el mismo criterio con el que fueron elegidos y se realizará por el Consejo Político de Aragón.

Art. 40.- Procedimiento de elaboración de candidaturas para cargos u órganos de Izquierda Unida

1.- Todas las personas que participen en los procesos electorales internos están obligadas a intentar alcanzar el consenso, al objeto de presentar una única candidatura. 2.- Será obligatorio que, tanto las candidaturas como la composición final del órgano electo, no estén conformados por personas de un mismo género en más de un 50%, salvo imposibilidad manifiesta o circunstancias excepcionales de las que se deberá dejar constancia en el acta de elección. Estas excepciones serán controladas y aprobadas por los órganos superiores.

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3.- En el supuesto de que no se consiguiera una única candidatura de consenso, podrá presentar candidatura quien reúna un mínimo de un 10% de firmas de las personas con voz y voto presentes en la reunión. Las candidaturas presentadas deberán respetar el criterio establecido en el apartado anterior, criterio que deberá cumplirse tanto en el conjunto de la lista presentada como en sus sucesivos tramos de cuatro.4.- Las candidaturas presentadas deberán tener, como mínimo, un número de candidatos equivalente al 50% de las personas a elegir. 5.- Las candidaturas serán cerradas y bloqueadas. 6.- Los puestos a elegir se asignarán por el sistema proporcional puro. En caso de empate en votos totales o en restos porcentuales, el puesto se adjudicará a la lista más votada.

Art. 41.- Limitación de permanencia en responsabilidades organizativas

1.- Las personas que ostentaran responsabilidades organizativas no podrán permanecer en las mismas, de manera continuada, más de ocho años. 2.- Excepcionalmente podrá prolongarse por una vez la responsabilidad siempre que obtuviera, en votación individualizada, el 60% de los votos emitidos.

CAPÍTULO II DE LA ASAMBLEA DE ARAGÓN

Art. 42.- La Asamblea de Aragón

1.- La Asamblea de Aragón es el máximo órgano de decisión de Izquierda Unida de Aragón y en ella se definen las líneas fundamentales de su política. Sus decisiones vinculan a todos los órganos y a las personas afiliadas de Izquierda Unida de Aragón. 2.- Se reúne de forma ordinaria cada cuatro años. 3.- Podrá ser convocada con carácter extraordinario por el Consejo Político de Aragón en los siguientes supuestos: a) Por acuerdo del mismo, previa solicitud de 3/5 de sus componentes. b) A iniciativa de tres de los cuatro consejos políticos de territorio, o de dos, cuando en su conjunto superen el 50% de la afiliación de Izquierda Unida de Aragón.c) A petición de una tercera parte de las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón, debiendo estar representados al menos tres de las cuatro asambleas territoriales. 4.- La petición de Asamblea extraordinaria deberá ir acompañada del Orden del día con el que se pretende convocar.

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5.- El Consejo Político de Aragón deberá garantizar su convocatoria y la celebración de la Asamblea en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de solicitud y con el orden del día que se plantee en el mismo.

Art. 43.- La preparación de la Asamblea de Aragón

La organización de las Asambleas de Aragón incluirá dos fases: una preparatoria y otra deliberativa y decisoria. En la fase preparatoria se establecerá un procedimiento ágil y eficaz para que toda la afiliación participe en la determinación de los temas prioritarios sobre los que se deberá centrar el debate y las decisiones de la siguiente fase. A tal fin, todos los órganos de Izquierda Unida de Aragón promoverán la más amplia participación democrática y la difusión de las propuestas que emanen de las Asambleas de Base. Estas se recogerán en la elaboración de las ponencias para el debate en la Asamblea de Aragón.

Art. 44.- Composición de la Asamblea de Aragón

1.- La Asamblea de Aragón está compuesta por: a) La persona que desempeñe la Coordinación General. b) Los representantes de las Asambleas de Base de Izquierda Unida de Aragón que, figurando en el censo de la U. A. R. durante al menos los 60 días previos a la celebración de la Asamblea de Aragón, sean elegidos en sus Asambleas, con criterios de proporcionalidad territorial, representatividad, pluralidad y adecuación. 2.- El número de los componentes de la Asamblea de Aragón será establecido por acuerdo del Consejo Político de Aragón. Como cifra indicativa se recomienda que no sea menor a un representante por cada seis afiliados. 3.- Los criterios de proporcionalidad territorial se atendrán a la distribución siguiente: a) La mitad de los representantes, tomando como base el censo de los cuatro territorios. b) La cuarta parte, tomando como base el porcentaje de los votos obtenidos en los últimos procesos electorales: la mitad en función de las últimas elecciones generales, y la otra mitad en función de las últimas elecciones autonómicas. c) La cuarta parte, tomando como base un criterio de corrección que evite acentuar los desequilibrios territoriales: • 25% Intercomarcal de Teruel. • 25% Intercomarcal de Huesca. • 25% Intercomarcal de Zaragoza. • 25% Ciudad de Zaragoza. 4.-La Presidencia de Izquierda Unida de Aragón podrá invitar a la Asamblea de

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Aragón, con voz pero sin voto, a personas afines al proyecto de Izquierda Unida y cuya presencia se considere cualitativa y políticamente conveniente.

Art. 45.- Competencias de la Asamblea de Aragón

Son competencias de la Asamblea de Aragón: a) Acordar las líneas generales políticas y estratégicas de Izquierda Unida de Aragón. b) Aprobar las líneas generales del programa marco de Izquierda Unida de Aragón en el ámbito de su competencia. La aprobación de programas electorales se realizará en la Asamblea de Aragón cuando su celebración coincida con las fechas de convocatoria de elecciones. En los demás casos, serán aprobados por el Consejo Político de Aragón. c) Aprobar los Estatutos de Izquierda Unida de Aragón y sus modificaciones. d) Decidir la composición del Consejo Político de Aragón y elegir el 50 % de sus miembros e) Elegir el 50% de las personas que vayan a representar a Izquierda Unida de Aragón en la Asamblea Federal de Izquierda Unida. f) Elegir a la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de Izquierda Unida de Aragón.

CAPÍTULO III DEL CONSEJO POLÍTICO DE ARAGÓN

Art. 46.- El Consejo Político de Aragón

1.- El Consejo Político de Izquierda Unida de Aragón es el máximo órgano de dirección y decisión entre Asambleas. 2.- El Consejo Político de Izquierda Unida de Aragón se reúne, como mínimo, cada 3 meses de forma ordinaria y, de forma extraordinaria, por acuerdo de la Presidencia, a instancia propia o previa solicitud de 1/3 de los componentes del Consejo Político de Aragón, así como a iniciativa de dos de los cuatro consejos políticos de territorio. En estos casos, la Presidencia de Aragón deberá garantizar y convocar la celebración de la reunión en un plazo máximo de un mes desde la fecha de la solicitud y con el orden del día que se plantee en la misma.

Art. 47.- Composición del Consejo Político de Aragón

1.- La composición del Consejo Político de Aragón será la siguiente: a) La persona que desempeñe la Coordinación General. b) Las personas que desempeñen la Coordinación de las Asambleas de los

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cuatro territorios. c) La persona que desempeñe la coordinación general de las Áreas de Elaboración. d) El 50% de personas elegidas por la Asamblea de Aragón. e) Las personas que representen a su respectiva Asamblea de Base, de acuerdo con el siguiente criterio: • Un representante si la Asamblea tiene más de 10 personas afiliadas. • Un representante más, cada 30 personas afiliadas, a partir de 50. 2. Las personas elegidas miembros del Consejo Político deberán serlo con sus correspondientes suplentes, siendo competencia de su ámbito de elección tanto la forma de sustitución de los titulares por los suplentes como la revocación de titulares y suplentes y su sustitución por otros cuando así lo acuerde el ámbito de elección por mayoría. Para la revocación de titulares y suplentes por el correspondiente ámbito de elección, deberá convocarse el órgano por escrito con tiempo suficiente y constar expresamente en el orden del día. En el caso de las personas que son elegidas por la Asamblea de Aragón, la sustitución se hará conforme a la lista de suplentes que resultara aprobada; y para su revocación, habrá de seguirse lo dispuesto en el artículo 42.3 de estos Estatutos para la convocatoria extraordinaria de la Asamblea de Aragón.

Art. 48.- Competencias del Consejo Político de Aragón

Son funciones específicas del Consejo Político de Izquierda Unida de Aragón:1. Funciones relacionadas con la Asamblea de Aragón:a) Organizar y convocar la Asamblea de Izquierda Unida de Aragón, estableciendo su orden del día y preparando las propuestas que se someterán a su debate.b) Presentar a la Asamblea para su aprobación, previa propuesta realizada por la Presidencia, un reglamento de la Asamblea, una composición de la mesa moderadora, una propuesta de horario y una presidencia de la Asamblea.c) Ratificar la elección de la persona propuesta por los miembros del Consejo Político elegidos por la Asamblea Federal para desempeñar la Coordinación General.2. Funciones de dirección política:a) Dirigir el trabajo político de Izquierda Unida y evaluar la marcha política de esta, así como adoptar los acuerdos políticos que concreten las líneas generales políticas y programáticas aprobadas por la Asamblea de Aragón.b) Elegir de entre sus miembros a los componentes de la Presidencia atendiendo a criterios de proporcionalidad, territorialidad, pluralidad y equilibrio de géneros, así como fijar las responsabilidades que desempeñarán en la misma, previa propuesta formulada por la persona que desempeñe la Coordinación General.c) Elegir a la persona que ha de desempeñar la Coordinación General en caso

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de quedar vacante en el periodo entre Asambleas.d) Debatir y aprobar o rechazar los informes de la Coordinación General que presente en nombre de la Presidencia.e) Acordar la consulta general o el sometimiento a referéndum de aquellas cuestiones que se consideren de interés, fijando las normas que regirán el proceso de participación. f) Debatir y aprobar o rechazar la incorporación de organizaciones políticas en el periodo entre Asambleas.g) Debatir y aprobar o rechazar las coaliciones electorales para los procesos electorales de ámbito autonómico.3. Funciones organizativas y presupuestarias:a) Aprobar los cambios de domicilio, denominación y símbolos de Izquierda Unida entre Asambleas.a) Articular las relaciones federales con Izquierda Unida.b) Tomar conocimiento de la constitución de las corrientes de opinión.c) Elegir las personas que representarán a Izquierda Unida de Aragón en los órganos de Izquierda Unida Federal, así como sus suplentes, y cubrir las vacantes que se produzcan.d) Cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas cuando el número de miembros de la misma sea inferior a 5 y no pudiese cubrirse con los suplentes correspondientes.e) Determinar el número y condiciones de las personas dedicadas a trabajos administrativos, tareas políticas e institucionales así como nombrar las personas que vayan a ejercer dichas tareas en el ámbito de Aragón y ratificar las que correspondan a otros ámbitos territoriales inferiores.f) Aprobar los presupuestos ordinarios de Izquierda Unida de Aragón y los extraordinarios correspondientes a Campañas electorales, así como los balances correspondientes a los mismos.g) Aprobar la liquidación de los presupuestos indicados en la letra anterior, así como recibir las rendiciones de cuenta de ingresos y gastos de las organizaciones de Izquierda Unida. h) Administrar todos los recursos financieros de Izquierda Unida de Aragón. Esta función será realizada por la Presidencia en nombre del Consejo Político. i) Aprobar cualquier endeudamiento de o con Izquierda Unida de Aragón.j) Aprobar el desarrollo de la carta financiera de Izquierda Unida de Aragón conforme a los criterios estipulados en estos Estatutos4. Funciones relacionadas con los programas electorales y los grupos institucionales:a) Aprobar los programas electorales autonómicos y generales en el ámbito de su competencia, y ratificar las candidaturas en las Elecciones autonómicas y generales.

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b) Elegir la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón, siempre que la convocatoria electoral no sea coincidente con la celebración de la Asamblea Federal o la persona que vaya a ser candidata no haya sido elegida en primarias vinculantes.c) Evaluar, dirigir e impulsar la acción institucional de los cargos públicos en los distintos ámbitos desde la perspectiva general de la política de Izquierda Unida.d) Establecer las líneas generales de la actuación del Grupo Parlamentario en las Cortes de Aragón y aprobar su reglamento de funcionamiento interno, así como decidir las posturas concretas que han de llevar en temas de particular importancia, previo debate en las asambleas de base.e) Decidir, aprobar y supervisar la política de alianzas y acuerdos de gobierno. f) Ratificar el nombramiento del Portavoz del Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, así como a su Presidente si lo hubiera.5. Así mismo, le corresponderán cuantas funciones concretas se le atribuyan en los presentes Estatutos.

CAPÍTULO IV DE LA PRESIDENCIA DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN Y DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN.

Art. 49.- La Presidencia de Izquierda Unida de Aragón

1.- La Presidencia de Izquierda Unida de Aragón es el órgano permanente, político y ejecutivo, de dirección, coordinación y toma de decisiones entre reuniones del Consejo Político de Aragón, ante el que responde de sus decisiones. 2.- Se reúne ordinariamente, como mínimo, una vez al mes, y con carácter extraordinario cuando la convoque la persona que desempeña la Coordinación General, la cual preside y modera sus reuniones, bien a iniciativa propia o previa solicitud de las dos terceras partes de sus miembros.

Art. 50.- Composición de la Presidencia de Aragón y del Consejo de Coordinación.

1.- La Presidencia de Aragón estará integrada por: a) La persona que desempeñe la Coordinación General. b) Las personas que integren el Consejo de Coordinación Ejecutivac) Las personas que desempeñen la Coordinación de las Asambleas Intercomarcales y de Zaragoza Ciudad, o en su defecto, las personas que hayan sido designadas sus suplentes. d) Las personas elegidas por el Consejo Político de Aragón de entre sus integrantes, con un máximo de 9. 2.- A todas las reuniones que celebre la Presidencia se invitará a los representantes

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de Izquierda Unida de Aragón en las Cortes Generales, Parlamento Europeo y en las Cortes de Aragón, así como a las personas que representen a Izquierda Unida de Aragón en la Presidencia Federal de Izquierda Unida. 3. En el seno de la Presidencia se constituirá un Consejo de Coordinación integrado por hasta 9 miembros, elegidos por el Consejo Político de Aragón a propuesta de la persona que desempeñe la Coordinación General, los cuales ostentarán la responsabilidad y desempeñaran labores de coordinación ejecutiva en alguna de las responsabilidades que a título orientativo se enumeran a continuación, o cualesquiera otras que se consideren:a) Organización y finanzasb) Relaciones Institucionales y sociales c) Política autonómica y comunicaciónd) Política locale) Política social y de igualdadf) Elaboración programática, áreas y Formacióng) Extensión territorial h) Relaciones con Izquierda Unida FederalEl Consejo de Coordinación llevará a cabo las labores ejecutivas cotidianas, pondrá en práctica las decisiones adoptadas por los demás órganos de dirección y preparará y elaborará las propuestas de trabajo y debates políticos a trasladar a dichos órganos.4.- La Presidencia podrá establecer una Coordinación de Presidencia y una Portavocía de la misma.

Art. 51.- Competencias de la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón

Son competencias de la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón: a) Presidir, moderar, preparar, convocar y ordenar las reuniones del Consejo Político de Aragón. b) Detentar la representación legal de Izquierda Unida de Aragón. La persona que ejerce la Coordinación General firma los documentos y contratos en nombre de la misma, salvo delegación expresa que deberá realizar por escrito en otro u otros miembros de la Presidencia. La Presidencia de Aragón podrá otorgar poderes en favor de otros representantes legales. c) Dirigir la política de Izquierda Unida de Aragón y adoptar cuantas resoluciones sean necesarias, de acuerdo con las líneas definidas por el Consejo Político de Aragón, y dando cuenta de las más importantes en la primera reunión que dicho órgano celebre. Dichas resoluciones serán vinculantes para el conjunto de Izquierda Unida de Aragón d) Representar a Izquierda Unida de Aragón en la actividad política y pública

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aragonesa. e) Coordinar la política institucional de Izquierda Unida de Aragón. f) Las funciones que sobre aspectos concretos le señalen los estatutos.

CAPÍTULO V DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 52.- La Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón

La persona que desempeña la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón es la responsable máxima de Izquierda Unida de Aragón y la representante del conjunto de la Organización ante las instituciones y la sociedad.

Art. 53.- Elección de la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón

1.- Cuando así lo acuerde el Consejo Político de Aragón, para la elección de la persona que vaya a desempeñar la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón se podrá recurrir a la elección directa por toda la afiliación de Izquierda Unida mediante la articulación de un proceso de primarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de estos Estatutos. 2.- En el supuesto de que no se acordara recurrir al procedimiento anterior, la elección se realizará en el marco de la Asamblea de Aragón. Una vez elegidos por esta los miembros correspondientes del Consejo Político de Aragón, esta parte del Consejo procederá a continuación a la elección de la persona que vaya a desempeñar la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón, la cual será presentada al plenario de la Asamblea para su clausura. Una vez constituido en su totalidad el Consejo Político, deberá, en la primera reunión que celebre tras la Asamblea, proceder a su ratificación

Art. 54.- Funciones de la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón

1.- Son funciones de la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón. a) Representar a la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón, así como al conjunto de la organización, ante cualquier institución pública o privada, con los más amplios poderes que en derecho correspondan. b) Coordinar la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón, así como presidir las reuniones de esta, del Consejo de Coordinación y del Consejo Político de Izquierda Unida de Aragón. c) Todas aquellas otras de la Presidencia de Aragón o del Consejo Político de Aragón que le sean delegadas expresamente. 2.- La persona que desempeñe la Coordinación General de Izquierda Unida de

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Aragón dará cuenta de su gestión de forma habitual a la Presidencia de Aragón y se reunirá semanalmente con el Consejo de Coordinación.

TÍTULO V ÓRGANO DE CONTROL DEMOCRÁTICO: LA COMISIÓN DE ARBITRAJE Y GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

Art. 55.- De la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas

1.- La Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas conocerá de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de expedientes sancionadores y contra la decisión del instructor de no admitir las pruebas propuestas por el/la expedientado/a por estimarlas impertinentes. Así mismo, será competente para conocer del amparo que soliciten las personas afiliadas cuando se produzca la vulneración de sus derechos como militantes de Izquierda Unida. 2.- La Comisión podrá igualmente, a petición de cualquier órgano de Izquierda Unida de Aragón, o de cualquier afiliado/a de la misma, actuar en funciones de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos. 3.- La Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas estará compuesta por cuatro personas que tengan la condición de afiliadas y que habrán de ser elegidas en la Asamblea de Aragón, no pudiendo desempeñar ningún cargo orgánico, institucional o remunerado por Izquierda Unida, ni mantener relación de dependencia en Izquierda Unida de Aragón.Sus miembros serán imparciales e inamovibles, pudiendo únicamente ser revocados de su mandato por la pérdida de su condición de afiliado/a o su suspensión como tal por un período superior a cuatro meses, por dimisión, por faltas de asistencia injustificadas a más de tres reuniones consecutivas o por acuerdo de las ¾ partes de la Comisión motivado en su falta de imparcialidad manifiesta y acreditada. 4.- En tanto no esté constituida la Comisión, o si habiendo sido elegida, no se reuniere en los tres meses siguientes a la recepción de escritos dirigidos a ella, el órgano competente para resolver los asuntos de competencia de la Comisión será la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas.

Art. 56.- Resolución de los recursos interpuestos ante la Comisión

1.- Para la tramitación de cada uno de los recursos que lleguen a la Comisión se designará por sorteo un/a instructor/a, que en ningún caso podrá ser miembro de la Asamblea de la que procede el caso, salvo que se trate de la Asamblea de Aragón. No entrarán en el sorteo aquellos miembros de la Comisión que lleven más de tres

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asuntos en tanto haya otros miembros que aún no estén instruyendo ninguno. 2.- La Comisión reclamará al instructor que instruyó el expediente en el órgano competente que haya conocido del asunto objeto de recurso la documentación del mismo, debiendo remitírselo en el plazo improrrogable de diez días. Si no lo remitiera, incurrirá en infracción muy grave. 3.- Recibida la documentación, quien instruye dará audiencia previa a las partes, las cuales formularán por escrito cuantas alegaciones estimen convenientes. Para ello, quien instruye pondrá con al menos cuatro días de antelación en su conocimiento el expediente completo. 4.- Quien instruye podrá realizar cuantas actuaciones probatorias estime pertinentes en el plazo máximo de diez días, prorrogable motivadamente por otros cinco. 5.- Concluido el plazo para realizar las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, quien instruya tendrá un plazo de un mes para presentar al Pleno de la Comisión la propuesta de resolución que considere adecuada. 6.- El Pleno de la Comisión deberá resolver en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la propuesta de resolución por el/la instructor/a, ya sea estimando, en todo o en parte, ya desestimando la misma. En el supuesto de que estime en parte o desestime la propuesta de resolución, deberá dictar una nueva resolución en la que razonadamente explique su decisión. 7.- La resolución de la Comisión estimará, en todo o en parte, o desestimará el recurso presentado. Si la estimación del recurso se refiriera al incumplimiento de alguno de los trámites procesales, el procedimiento se devolverá al órgano instructor para que reinicie su tramitación a partir de ese trámite. 8.- La resolución de la Comisión es irrecurrible, salvo lo dispuesto para la protección de los derechos de las personas afiliadas en el artículo 85 de estos Estatutos. La misma deberá ser comunicada a la persona expedientada por cualquiera de los medios que permitan tener constancia de su recepción, surtiendo efectos a partir de ese momento9.- Las resoluciones de la Comisión serán inmediatamente ejecutadas por el órgano competente para aplicarlas. El Consejo Político de Aragón y la Presidencia velarán para que sean ejecutadas, adoptando para ello las medidas necesarias.

Art. 57.- Emisión de dictámenes

Cualquier persona afiliada o cualquier órgano de dirección de Izquierda Unida de Aragón podrá solicitar de la Comisión la emisión de un dictamen para aclarar cualquier cuestión referida a la aplicación de los Estatutos, así como para dar la interpretación adecuada de los mismos. Este dictamen deberá emitirse en el plazo de un mes desde su solicitud, prorrogable por otro mes si fuere necesario y previa audiencia a quien haya formulado la solicitud.

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Los dictámenes emitidos por la Comisión tienen carácter vinculante para toda la afiliación y órganos de Izquierda Unida.

TÍTULO VI DE LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

Art. 58.- Del referéndum

1.- Izquierda Unida de Aragón podrá convocar para aquellos asuntos que sean de importancia política un referéndum entre todas las personas afiliadas a la organización con una antigüedad en el censo mayor o igual a los 60 días. El referéndum podrá ser convocado en los ámbitos autonómico e intercomarcal. 2.- Si así lo acordase el Consejo Político de Aragón, el referéndum podrá ampliarse a la participación de aquellas personas que figuren en el listado de simpatizantes.3.- La petición de convocatoria de referéndum podrá efectuarse mediante la recogida, en el plazo de un mes, de un tercio de las firmas de las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón que tengan una antigüedad en el censo mayor o igual a los 60 días. El plazo se iniciará a la recepción del escrito en el que se comunique a la Presidencia de Izquierda Unida de Aragón el comienzo de la recogida de firmas. 4.- El referéndum será convocado dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud por la persona que desempeñe la Coordinación General.5.- Además, el Consejo Político de Aragón podrá acordar la convocatoria de un referéndum cuando así lo acuerde con una mayoría del 60% del número estatutario de miembros. En este caso, el acuerdo incluirá la determinación de la fecha en la que habrá de efectuarse el referéndum.6.- El resultado del referéndum tendrá carácter vinculante cuando así lo hayan solicitado los convocantes y lo acuerdo el Consejo Político de Aragón con la mayoría fijada en el apartado anterior. 7.- Una vez sometido a refrendo un tema, no podrá volver a ser objeto de referéndum hasta doce meses después.

Art. 59.- De las primarias.

1.- Tanto para la elección de la persona que vaya a desempeñar la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón como de la que vaya a ser candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, el Consejo Político de Aragón podrá acordar la articulación de un proceso de primarias 2.- En el caso de la elección de la persona que vaya a desempeñar la Coordinación General de Izquierda Unida de Aragón, podrán participar todas aquellas personas que se encuentren al corriente de sus obligaciones respecto a la Unidad de Afiliación

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y Recaudación con al menos 60 días de antelación a la celebración de la elección. 3.- En el desarrollo de ese proceso, el Consejo Político de Aragón deberá garantizar la igualdad de condiciones de las personas que opten a la elección, asegurar el acceso equitativo a los medios de la organización y facilitar la comunicación de quienes concurran a la elección con las personas afiliadas. A tal fin, el Consejo Político de Aragón aprobará un reglamento en el que se recogerán estos principios y se fijarán las condiciones para asegurar un proceso democrático.4.- Podrán ser candidatas las personas que presenten su candidatura con el aval de, al menos, un 15% de las personas que se encuentren en condiciones de votar conforme a lo establecido en el apartado 2, teniendo que contar con firmas en los cuatro territorios. 5.- Las personas que opten a los puestos a cubrir podrán hacer llegar a toda la afiliación su propuesta, ya sea de manera presencial, ya sea a través de otros medios de comunicación, dentro de los 30 días anteriores al fijado para la votación. Con ese objeto, la organización implementará las medidas que, dentro de sus posibilidades económicas, aseguren lo anterior.6.- La votación se realizará en cada una de las Asambleas Comarcales constituidas, en el horario y en las condiciones fijadas por el reglamento. 7.- Cada candidatura podrá designar un representante en el Consejo Político de Aragón, que podrá participar con voz pero sin voto en el caso de que no sea miembro del Consejo. 8.- En el caso de la elección de la persona que vaya a ser candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, encabezará la lista a las Cortes de Aragón por Zaragoza, salvo que el Consejo Político de Aragón, por mayoría del 60% del número estatutario de miembros que lo componen, determine otra cosa.

Art. 60.- Otras formas de consulta.1.- Los órganos de dirección del ámbito correspondiente podrán arbitrar otros mecanismos de consulta distintos de los regulados en los artículos anteriores en aquellas materias que estimen conveniente, siempre que no versen sobre cuestiones políticas aprobadas en las Asambleas Federal o de Aragón.2.- Las consultas así realizadas no tendrán carácter vinculante.3.- Si se utilizasen medios electrónicos de consulta, habrá de asegurarse el acceso de las personas con derecho a participar a equipos o aparatos que permitan ejercer ese derecho. En ese sentido, el Consejo Político de Aragón designará una Comisión técnica para la elaboración de una propuesta encaminada a habilitar en el plazo más breve posible la consulta electrónica, así como la articulación del voto electrónico, con el uso de certificados digitales u otros modos seguros de identificación electrónica, sin menoscabo, en ningún caso, de los derechos de quienes no cuenten con acceso a los medios electrónicos.

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TÍTULO VII LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA INSTITUCIONAL

Art. 61.- De la representación política institucional

La representación política institucional de Izquierda Unida de Aragón está formada por todos aquellos cargos elegidos en las listas en las que concurra Izquierda Unida para los diversos niveles de la estructura del Estado, así como miembros de juntas vecinales, consejeros en radio y televisión, patronatos, consorcios, empresas públicas o mixtas, y cualquier otro que desempeñe un cometido institucional.

CAPÍTULO I PROCESOS DE ELECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CANDIDATURAS

Art. 62.- Naturaleza y ámbito

1.- Las presentes normas, teniendo en cuenta los Principios Generales que inspiran a la organización de Izquierda Unida de Aragón, deben entenderse de aplicación directa para aquellos procesos de elaboración de candidaturas que sean competencia de Izquierda Unida de Aragón. 2.- Izquierda Unida de Aragón es competente para la elaboración y aprobación de las candidaturas en las elecciones generales, autonómicas y municipales.

Art. 63.- Criterios para la elaboración de candidaturas

1.- Todas las personas y órganos que participen en los procesos de confección de candidaturas vendrán obligados a intentar alcanzar el consenso para su aprobación. 2.- Será obligatorio en todo caso que la composición final de la candidatura no esté conformada por personas de un mismo género en más de un 50%, salvo imposibilidad manifiesta o circunstancias excepcionales, que deberán ser controladas y aprobadas por el Consejo Político de Aragón, de las que se deberá dejar constancia en el acta de elección. Asimismo, la candidatura definitiva tenderá a incluir, como mínimo, a un 15% de jóvenes menores de 30 años, salvo imposibilidad manifiesta o circunstancias excepcionales de las que habrá que dejar constancia en el acta de elección. 3.- En el supuesto de que no se consiguiera una única candidatura de consenso, podrá presentar candidatura quien reúna un mínimo de un 10% de firmas de las personas con voz y voto presentes en la reunión. Las candidaturas presentadas deberán respetar los criterios establecidos en el apartado anterior, que deberán cumplirse tanto en el conjunto de la lista presentada como en sus sucesivos tramos de cuatro.

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4.- Las candidaturas presentadas deberán tener, como mínimo, un número de candidatos equivalente al 50% de las personas a elegir. Las candidaturas serán cerradas y bloqueadas. 5.- Los puestos a elegir se asignarán por el sistema proporcional puro. En caso de empate en votos totales o en restos porcentuales, el puesto se adjudicará a la lista más votada. 6.- Al ser obligatorio que el resultado de la votación, de no haberse conseguido lista de consenso, determine un orden en la candidatura resultante, se deberá seguir el siguiente sistema: a) La proporcionalidad en la adjudicación de puestos se hará por tramos. b) Los tramos se determinarán en función del número de candidatas y candidatos que hubieran sido electas/os en las últimas elecciones del mismo ámbito, de manera que los tramos podrán ser de hasta un 200% de los/as candidatos/as por Izquierda Unida electos en el último proceso electoral del mismo ámbito, salvo cuando únicamente se hubiera obtenido un/a o ningún representante, en cuyo caso el tramo será de hasta tres.

Art. 64.- Procesos de elaboración de candidaturas

1.- Los órganos que fijan el calendario y los criterios del proceso de elaboración de las candidaturas y los futuros grupos institucionales son: a) Para las elecciones a las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, el Consejo Político Federal. b) Para las elecciones a las Cortes de Aragón y a los Ayuntamientos de capitales de provincia, Diputaciones Provinciales y Consejos Comarcales, es el Consejo Político de Aragón. c) Para el resto de Ayuntamientos es el Consejo Político Intercomarcal de cada Territorio. 2.- Los Órganos de dirección correspondientes promoverán el proceso, garantizando la más amplia participación de las Asambleas de Base de Izquierda Unida de Aragón que elevarán sus propuestas al órgano competente.

Art. 65.- Aprobación y ratificación de candidaturas

1. Elecciones a Cortes Generales: a. Elabora y Aprueba: Consejo Político Intercomarcal correspondiente y, en su ámbito, el Consejo Político conjunto de la ciudad y la provincia de Zaragoza. b. Ratifica: Consejo Político de Aragón2. Elecciones a Cortes de Aragón: a. Elabora y Aprueba: Consejo Político Intercomarcal correspondiente y, en su

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ámbito, el Consejo Político conjunto de la ciudad y la provincia de Zaragoza. b. Ratifica: Consejo Político de Aragón. 3. Elecciones a la Presidencia del Gobierno de Aragón: a. Propone y Ratifica: En el supuesto de que no se arbitren primarias, el Consejo Político de Aragón propone de entre los cabezas de lista de las candidaturas autonómicas de Zaragoza, Huesca y Teruel, escuchados los Consejos Políticos de los cuatro territorios. 4. En las elecciones Municipales: A. Ayuntamientos: a. Elabora: Consejo Político Local o, en su defecto, la Asamblea Local correspondiente. b. Aprueba: Consejo Político Local, o en su defecto, Asamblea Local correspondiente. c. Ratifica: Consejo Político Intercomarcal correspondiente. B. Diputaciones Provinciales: a. Elaboran: Las Asambleas Comarcales o, de existir, los Consejos Políticos de las Asambleas Comarcales afectadas o, en su defecto, la reunión de las Asambleas Comarcales correspondientes. b. Aprueban: Asambleas Comarcales conjuntas del partido judicial correspondiente. c. Ratifica: Consejo Político Intercomarcal correspondiente. C. Consejos Comarcales: a. Elabora: Consejo Político Comarcal o, en su defecto, la Asamblea Comarcal correspondiente. b. Aprueba: Asamblea Comarcal correspondiente una vez escuchadas las Asambleas Locales si existiesen. c. Ratifica: Consejo Político Intercomarcal correspondiente. D. Alcaldes Pedáneos: a. Elabora y Aprueba: Asamblea de barrio rural correspondiente. b. Ratifica: Consejo Político Local correspondiente o, en su defecto, la Asamblea de barrio rural correspondiente.

CAPÍTULO II. EL ESTATUTO DEL CARGO PÚBLICO

Art. 66.- Definición de cargo público

1.- Se entiende por cargo público electo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón a los diputados/as autonómicos, los senadores/as elegidos/as por las Cortes de Aragón, los y las miembros del Gobierno de Aragón, concejales, alcaldes/as, consejeros/as comarcales, diputados/as provinciales, vocales en Juntas de

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Distrito, así como miembros de consejos, patronatos, consorcios, empresas públicas o mixtas, y cualquier otro que desempeñe un cometido institucional. 2.- El personal de confianza política que pueda derivarse de la representación institucional tendrá, a estos efectos, la misma consideración que los cargos públicos, independientemente de las relaciones contractuales o laborales con las administraciones públicas y con la propia organización de Izquierda Unida de Aragón, para todo aquello que le pueda ser de aplicación. 3.- Desde la organización de Izquierda Unida de Aragón se establece una relación directa con los cargos públicos pertenecientes al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, cuya regulación y dependencia vienen recogidos en estos Estatutos, sin menoscabo de la legislación vigente en materia electoral y de la propia Constitución Española. 4.- Las acciones de los cargos públicos, como representación política de Izquierda Unida de Aragón en las instituciones, tienen como objetivo fundamental la aplicación y desarrollo del programa electoral. Desde el Gobierno o desde la oposición, el programa se constituye en eje y guía fundamental del trabajo de los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón, que tienen capacidad de actuar en el ámbito de su competencia de manera creadora, cumpliendo siempre las orientaciones y disposiciones de los órganos de dirección competentes de Izquierda Unida de Aragón. 5.- Todos los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón elegidos en candidaturas propias o en coalición con otras fuerzas políticas, así como aquellos cuyo nombramiento haya sido auspiciado o promovido por Izquierda Unida de Aragón, estarán afectados por lo dispuesto en este Título. 6.- Todos los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón mantendrán sus puestos a permanente disposición de la Organización. Tanto ética como políticamente, sus cargos pertenecen a la Organización y en caso de abandonar la misma, se considerarán obligados a actuar en consecuencia.

Art. 67.- Limitación en los cargos públicos

1.- Los cargos públicos electos de Izquierda Unida de Aragón no podrán permanecer en el mismo cargo, de manera continuada, más de dos legislaturas, u ocho años en el supuesto de elecciones anticipadas. 2.- Excepcionalmente, podrá prolongarse un mandato más siempre que obtuviera, en votación individualizada, el 60% de los votos emitidos en el órgano que corresponde su elección.

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Art. 68.- Competencias del cargo público

Son competencias del cargo público: a) Representar a Izquierda Unida de Aragón en el ámbito correspondiente, según la responsabilidad y dedicación que desempeñe en la institución de que forme parte. b) Llevar a cabo las gestiones pertinentes y presentar las iniciativas oportunas en las instituciones en cumplimiento de los programas de Izquierda Unida y de las resoluciones y acuerdos que lo concreten y desarrollen. c) Realizar propuestas políticas a los órganos de dirección sobre líneas generales de los programas, en su actualización permanente y en su interpretación y desarrollo. d) Todas las que les otorguen las Leyes del Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del marco político que para las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón establecen estos Estatutos.

Art. 69.- Derechos del cargo público

1.- Son derechos de los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón todos aquellos que lo son del conjunto de la afiliación de Izquierda Unida, según lo recogido en estos Estatutos, sin excepción o limitación respecto de alguno de ellos, y, además y en concreto por la función de su cargo institucional, los siguientes: a) El respeto a su función por parte de la organización de Izquierda Unida de Aragónb) La información de todas las decisiones o informes que les afecten o competan. c) La asistencia técnica y el apoyo para el desarrollo de su actividad. d) La defensa jurídica frente a los problemas derivados del ejercicio de su cargo. e) El desempeño de la representación pública de Izquierda Unida de Aragón en la institución en que desarrollan sus funciones. f) La percepción del salario, dietas e indemnizaciones que establezca Izquierda Unida de Aragón en su carta financierag) La realización de propuestas políticas y de desarrollo programático a los órganos de dirección de Izquierda Unida de Aragón. h) La formación y actualización permanente en los temas para los que desempeñen la representación de Izquierda Unida de Aragón. i) La disposición de los fondos y medios necesarios para el desarrollo eficaz de sus funciones.

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Art. 70.- Deberes del cargo público

1.- Son deberes de los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón todos aquellos que lo son del conjunto de la afiliación de Izquierda Unida, según lo recogido en estos Estatutos, sin excepción o limitación respecto de alguno de ellos, y, además y en concreto por la función de su cargo institucional, los siguientes: a) La lealtad y el compromiso con Izquierda Unida de Aragón. b) El cumplimiento de las tareas del cargo, de acuerdo con el reparto de funciones en su grupo institucional y en la organización. c) La vinculación y respeto al programa electoral de Izquierda Unida de Aragón, Principios Generales, Estatutos, Acuerdos y Resoluciones, que se aprueben en los órganos competentes de la organización y, en consecuencia, de disciplina de voto en relación con los acuerdos aprobados por la dirección de Izquierda Unida de Aragón y lo decidido por su Grupo Institucional correspondiente, según sus competencias. d) La información permanente a Izquierda Unida de Aragón, los movimientos sociales y la ciudadanía. e) La puesta a disposición de los órganos de Izquierda Unida de Aragón de cuanta información sobre sus funciones recaben, así como la participación en el Área del ámbito de su competencia, facilitando información a la misma sobre la actividad institucional y sus iniciativas, e incorporándose de forma activa al proceso de elaboración y desarrollo programático en las áreas de elaboración colectiva. f) La formación permanente y la capacitación para el correcto desempeño de su cargo. g) La declaración de sus fuentes de ingresos económicos y patrimoniales al ser elegidos/as cargos públicos, comunicando en cada momento cualquier variación notable que se produzca y haciendo una declaración de nuevo al final del mandato. La declaración se remitirá a la dirección de Izquierda Unida de Aragón, que establecerá un registro que será público. h) El cumplimiento del régimen económico que establezca la carta financiera de Izquierda Unida de Aragón, previa entrevista con el órgano competente. i) El mantenimiento del cargo a disposición del órgano correspondiente de Izquierda Unida de Aragón. j) La información, al menos trimestral, de su gestión a los órganos del ámbito de su competencia. Anualmente, deberá presentar un balance de su gestión a los órganos regulares de Izquierda Unida de Aragón para su debate. Al final de la legislatura o mandato, rendirá cuentas ante el órgano que lo eligió, las personas afiliadas, las simpatizantes y, en general, ante quienes forman el cuerpo electoral. k) La promoción de la participación ciudadana en la elaboración y ejecución de

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las políticas que se desarrollan en las instituciones, especialmente en su área de trabajo. l) La separación radical entre sus intereses patrimoniales personales y los de su actuación pública. m) La prohibición de utilizar información derivada de su cargo público para favorecer intereses privados.

Art. 71.- Incompatibilidades

Se establecen, con carácter general, las siguientes incompatibilidades para los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón. a) La persona que desempeñe la Coordinación General no podrá ocupar el puesto de portavoz en el Grupo Institucional del que forme parte, salvo que sea el único componente del mismo.b) Las personas afiliadas a Izquierda Unida de Aragón que ocupen cargos públicos y, a su vez, tengan responsabilidades organizativas o políticas en Izquierda Unida de Aragón elaborarán un informe periódico sobre el desempeño de sus funciones de representación y de carácter orgánico para que el órgano competente conozca sobre la conveniencia o no del ejercicio simultáneo de los cargos. En cualquier caso, se debe tender a no simultanear las dos funciones. c) En aras a la mayor transparencia y ética en el ejercicio de las funciones de cargo público, no se deberán simultanear con dicho ejercicio actividades que mermen la capacidad de actuación del cargo público en la Institución, ni que puedan beneficiar su actividad privada por la información de la que dispone por su condición de cargo público.

CAPÍTULO III. LOS GRUPOS INSTITUCIONALES

Art. 72.- Grupos institucionales.

1.- Los órganos correspondientes de Izquierda Unida de Aragón definen los objetivos políticos generales a los que debe atenerse la actividad de los grupos institucionales de su ámbito. 2.- Quien ostente la responsabilidad de Política Institucional en la Presidencia garantizará la permanente relación entre el Grupo Institucional y la dirección de Izquierda Unida, pudiendo asistir a las reuniones de los Grupos Institucionales. En cualquier, se garantizará, sobre todo, la coordinación entre el Grupo Parlamentario en las Cortes de Aragón y, al menos, los Grupos Municipales de las tres capitales de provincia, si los hubiere, para lo que realizarán reuniones conjuntas cada cuatro meses, siendo convocadas y presididas por la persona que ostente la

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responsabilidad de Política Institucional.3.- El Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, los Grupos Comarcales en las Comarcas, los Grupos Provinciales en las Diputaciones Provinciales y los Grupo Municipales de las tres capitales, así como los de las localidades en que la representación lo permita, se dotarán de sus respectivos reglamentos de funcionamiento interno, que remitirán a la Presidencia y si ésta no plantease ninguna objeción en el plazo de tres meses, se entenderán aprobados definitivamente. 4.- Los Grupos Institucionales de Izquierda Unida elegirá de entre sus miembros a quienes hayan de desempeñar la Portavocía y la Presidencia, que serán ratificados por el Consejo Político en la primera reunión que celebre con posterioridad a la constitución del Grupo Institucional, o la nueva elección que se produjera a lo largo de una legislatura. 5.- Sin menoscabo de la necesaria autonomía de los Grupos, los cargos no electos se nombrarán con el conocimiento y ratificación del Consejo Político del ámbito respectivo. 6.- Los diferentes grupos se dotarán, si cuentan con posibilidades para ello, de sus respectivos gabinetes, los cuales estarán coordinados por una persona cuyas funciones serán de carácter jurídico-técnico y administrativas, que será propuesto por el Grupo Institucional y ratificado, o separado de sus funciones a propuesta del Grupo, por el Consejo Político del ámbito que le corresponda. 7.- Las personas que realizan trabajos de carácter político en los Grupos Institucionales están sujetas al mismo límite temporal en el ejercicio de sus funciones que afecta a los cargos públicos en las distintas instituciones. Ningún contrato podrá tener validez por una duración superior a la legislatura. Quienes trabajen para Izquierda Unida de Aragón deben responder al código de lealtad exigible a los cargos públicos y estarán obligados al secreto de aquellas deliberaciones que el Grupo o dirección correspondiente de Izquierda Unida de Aragón haya calificado como reservadas. El incumplimiento de estas obligaciones se considerará como infracción muy grave. Igualmente, están sujetos, si realizan trabajos de carácter político, al control e información económica que afecta a los cargos públicos. 8.- Para la designación de estas personas, sean o no afiliadas a Izquierda Unida, además de la confianza, se procurarán garantizar los principios de publicidad, mérito y capacidad en su selección, primándose a las personas afiliadas, siempre que sea posible. 9.- Los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo tendrán el compromiso específico de atención a Izquierda Unida de Aragón en el caso de que carezca de representación propia, fijándose los recursos humanos y materiales necesarios para este fin.

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TÍTULO VIII LA PROYECCIÓN PÚBLICA DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 73.- Comunicación e imagen.

1.- Izquierda Unida de Aragón desarrollará una política de publicaciones propia, bajo la responsabilidad y dirección del Consejo Político de Aragón, y de cuya ejecución se encargará la persona responsable de Comunicación. 2.- Las publicaciones, tanto las dirigidas a las personas afiliadas y simpatizantes de Izquierda Unida de Aragón como las dirigidas a la ciudadanía, entidades y asociaciones, se regirán por los principios de claridad, agilidad y veracidad en la información, dando cuenta de la actividad y acuerdos adoptados por los grupos institucionales, las diferentes instancias de ámbito territorial y las áreas de elaboración, y transmitiendo las propuestas de Izquierda Unida a la ciudadanía.3.- La Presidencia de Izquierda Unida de Aragón elaborará en el plazo de 6 meses desde su constitución un Plan de Comunicación en el que se fijen los criterios que habrán de reunir las publicaciones de los distintos órganos y ámbitos de Izquierda Unida de Aragón, coordinando los esfuerzos y estableciendo las ayudas económicas a destinar a la comunicación en los diversos ámbitos.4.- Se procurará de manera especial asegurar la presencia de Izquierda Unida de Aragón en las redes sociales y en otros foros de internet, para lo cual la persona responsable de comunicación coordinará un grupo de trabajo en el que figurarán, al menos, las personas responsables de los gabinetes de prensa de los grupos institucionales que cuenten con ellos.

Art. 74.- Transparencia. 1.- Izquierda Unida de Aragón dispondrá de una página web en la que figurarán, entre otros contenidos, una sección destinada a poner en conocimiento de todo el mundo los recursos económicos de la organización, así como las retribuciones y patrimonio de los cargos públicos de Izquierda Unida. 2.- En el caso de los grupos institucionales, en la página web se informará de las iniciativas que en cada periodo de sesiones se hayan presentado, así como del resto de su labor institucional, estableciendo un canal de comunicación directo con la ciudadanía en general mediante el uso de correo electrónico, chats, foros u otros mecanismos de comunicación.3.- El órgano de dirección de cada ámbito se encargará de fijar los demás contenidos mínimos exigibles a las páginas webs y facilitará la puesta en marcha de los mismos, dedicando a ello los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios.4.- La persona responsable de Comunicación de la Presidencia de Izquierda Unida

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de Aragón se encargará de coordinar las distintas páginas web que pudieran diseñarse, las cuales serán accesibles desde la página web de Izquierda Unida de Aragón.

TÍTULO IX VULNERACIÓN DE DERECHOS E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

CAPÍTULO I. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 75.- Infracciones

1. Las infracciones se clasifican en: a) Leves b) Graves c) Muy graves. 2. Se considerarán infracciones leves: a) Aquellos incumplimientos de los deberes contenidos en estos Estatutos, en especial aquellas conductas contrarias a las resoluciones y acuerdos emanados de los órganos pertinentes, así como no respetar las decisiones democráticamente adoptadas por Izquierda Unida de Aragón siempre que dichas conductas no tengan repercusión en el exterior de la organización. b) Cualquiera otra señalada específicamente como tal por estos Estatutos. 3. Se considerarán infracciones graves: a) Las reflejadas en el apartado anterior, cuando tengan repercusión externa o sean realizadas por miembros de la organización que ostenten cargos de representatividad en la misma o en instituciones. b) Aquellas actuaciones y conductas expresadas en el apartado anterior cuando fueran reiteradas a pesar de haber existido advertencia previa de los órganos de dirección correspondientes o ya hubieran sido sancionadas. c) Cualquiera otra señalada específicamente como tal por estos Estatutos. 4. Se considerarán infracciones muy graves: a) La reiteración de las conductas tipificadas como graves cuando hubiera habido advertencia previa de los órganos de dirección correspondientes o ya hubieran sido sancionadas. b) La concurrencia de una persona afiliada en Izquierda Unida en otras candidaturas que no sean de Izquierda Unida sin la autorización del órgano de dirección competente, así como el abandono de los Grupos Institucionales de Izquierda Unida para trasladarse a otros Grupos o formar un grupo propio o para adquirir la condición de tránsfugas.

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c) La suscripción por propia iniciativa o el apoyo a una moción de censura con otro partido o coalición contra alcaldes u otros cargos electos en las listas de Izquierda Unida de Aragón, así como la contravención de los acuerdos electorales y post-electorales establecidos por Izquierda Unida de Aragón. d) El incumplimiento por el cargo público de todo lo relativo a la caja común regulada en la carta financiera de Izquierda Unida de Aragón.e) Cualquiera otra señalada específicamente como tal por estos Estatutos.

Art. 76.- Prescripción de las infracciones

1.- Las infracciones prescribirán: a. Las leves, a los tres meses. b. Las graves, a los seis meses. c. Las muy graves, a los doce meses.

2.- El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la comisión de los hechos tipificados como infracción o desde que el órgano competente para iniciar el expediente sancionador tuviera conocimiento de los mismos. En cualquier caso, el plazo caducará transcurridos doce meses desde la comisión del hecho. 3.- El inicio del expediente sancionador interrumpirá los plazos de prescripción, que se reanudarán si transcurridos cinco meses desde el inicio de aquél no hubiera recaído resolución por causas imputables al órgano instructor.

Art. 77.- Sanciones

1.- Las medidas sancionadoras consistirán en: a) Para las infracciones leves, amonestación interna y/o pública. b) Para las infracciones graves, suspensión de los derechos como persona afiliada, total o parcial, por un período de tiempo no superior a seis meses. c) Para las infracciones muy graves, suspensión de los derechos como persona afiliada por un periodo de tiempo no superior a doce meses o, atendidas las circunstancias de la infracción, expulsión de Izquierda Unida de Aragón. 2.- No podrá imponerse sanción alguna sin la previa incoación de expediente sancionador por el órgano competente, que deberá tramitarse conforme a los principios de imparcialidad y contradicción y siguiéndose el procedimiento regulado en el Capítulo II de este Título.

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Art. 78.- Prescripción de las sanciones

1.- La amonestación, pública o privada, prescribe a los dos meses de su imposición por el órgano competente. 2.- La suspensión de militancia, cualquiera que sea su duración, prescribe a los seis meses de su imposición por el órgano competente. 3.- La expulsión prescribe a los doce meses de su imposición por el órgano competente.

CAPÍTULO II. DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR

Art. 79.- Incoación del expediente sancionador

1.- Los órganos de dirección, en el ámbito que les corresponda, incoarán el oportuno expediente sancionador frente a aquellas personas afiliadas que incurran en alguna de las conductas tipificadas como infracción en estos Estatutos y por las normas reglamentarias que en desarrollo de éstos pudieran dictarse. 2.- El expediente podrá iniciarse de oficio por el órgano competente para conocer del mismo o a instancia de quien haya sufrido la conducta sancionable. Así mismo, podrá iniciarse a iniciativa de cualquier otro órgano de dirección de Izquierda Unida de Aragón que hubiera tenido conocimiento de los hechos susceptibles de ser sancionados. 3.- El órgano competente para incoar el expediente y aprobar el mismo será el Consejo Político, si lo hubiera, de la Asamblea de Base en la que milite la persona objeto del expediente sancionador. En el supuesto de que no hubiera Consejo Político o no estuviera constituido o decidiera inhibirse, será competente el Consejo Político de Intercomarcal que corresponda.4.- En el caso de que la persona que hubiera cometido la infracción fuera miembro de un órgano de dirección y lo hubiera hecho en el ejercicio de su cargo, el órgano competente para conocer del expediente será el ejecutivo inmediatamente superior o, en su defecto, el Consejo Político de Aragón.

Art. 80.- Tramitación del expediente sancionador

1.- Decidida la apertura del expediente sancionador por el órgano competente para conocer del mismo, se elegirá de entre los miembros de ese órgano a uno – para las infracciones graves – o a tres instructores – para las infracciones muy graves – que serán los encargados de instruir dicho expediente. Para la tramitación de las infracciones leves se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de estos estatutos. 2.- Quienes instruyan el expediente elaborarán un escrito en el que indicarán

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la competencia del órgano para conocer del asunto, así como las imputaciones que se hacen y que han supuesto la apertura del expediente. De dicho escrito se entregará una copia a la persona expedientada en el plazo de cinco días por cualquiera de los medios que permitan tener constancia de su recepción, indicándole en la misma la posibilidad de efectuar por escrito las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de diez días hábiles, así como proponer cuantas pruebas considere necesarias para su defensa. 3.- Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior para la recepción del escrito de alegaciones y proposición de pruebas, se haya recibido éste o no por los instructores, se llevarán a cabo por éstos cuantas actuaciones instructoras consideren pertinentes para resolver sobre el asunto. El plazo para realizar estas actuaciones no será superior a veinte días, pudiendo prorrogarse por otros diez de forma motivada y siempre que no suponga una dilación indebida en el procedimiento. 4.- Quienes instruyan deberán realizar las pruebas solicitadas por la persona expedientada, a no ser que manifiestamente sean impertinentes, en cuyo caso podrán desestimarlas motivadamente. La persona expedientada podrá recurrir esta decisión cuando se haya producido la resolución final del expediente, debiendo resolver la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas en primer lugar la procedencia o improcedencia de esta desestimación y si la misma ha supuesto indefensión, en cuyo caso se devolverán las actuaciones a este momento procesal, llevándose a cabo las pruebas propuestas por la persona expedientada. 5.- Practicadas las actuaciones instructoras a que se refiere el párrafo anterior, los instructores tendrán un plazo de quince días para formular su propuesta de resolución en la que deberán indicar de manera suficientemente motivada si los hechos son constitutivos de infracción, así como, en su caso, la sanción que proponen; igualmente, si consideraran que los hechos no son constitutivos de infracción, solicitarán la desestimación de las acusaciones y el archivo del expediente. 6.- De dicha propuesta de resolución se dará traslado a la persona expedientada para que en el plazo improrrogable de tres días alegue lo que a su derecho convenga. Transcurrido ese plazo, se llevará la propuesta de resolución junto con las alegaciones, si las hubiera, al órgano competente para resolver.

Art. 81.- Resolución del expediente sancionador

1.- Recibida la propuesta de resolución, junto con las alegaciones de la persona expedientada si las hubiera, por el órgano competente, éste, en su primera reunión ordinaria, deberá resolver el expediente, estimando, total o parcialmente, o desestimando la propuesta de resolución presentada. La persona expedientada,

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si no fuere miembro de ese órgano, será obligatoriamente invitada a esa reunión. 2.- En el caso de que el órgano competente estime parcialmente o desestime el expediente, deberá redactar una nueva resolución en la que, conforme a las pruebas aportadas y practicadas, indique las razones que le llevan a adoptar una resolución distinta a la propuesta. En ese acto deberá necesariamente ser escuchada la persona expedientada.

Art. 82.- Procedimiento abreviado para infracciones leves

En los supuestos de infracciones leves, bastará con que el/la afiliado/a comparezca ante el órgano competente y, previa audiencia de aquél en la que podrá manifestar lo que a su derecho conviniera, se decidirá en el acto la resolución del procedimiento. Dicha resolución será recurrible en los términos establecidos en el Capítulo siguiente.

Art. 83.- Medidas cautelares

1.- Cuando de los hechos objeto de instrucción de un expediente disciplinario pudiera derivarse un daño irreparable para la organización o para alguna de las personas afiliadas o simpatizantes, quienes instruyan podrán acordar de forma motivada y justificada la adopción de las medidas cautelares que estimen, que en ningún caso podrán infringir los derechos de los afiliados reconocidos en el artículo 17.2.- No obstante, en el caso de que los hechos objeto de expediente pudieran ser constitutivos de una infracción tipificada como muy grave y tuvieran una trascendencia pública y notoria para Izquierda Unida, quienes instruyan redactarán un informe solicitando al órgano competente la adopción de la medida o medidas cautelares que estimen pertinentes, entre las cuales podrán incluir la de suspensión cautelar de militancia. En este caso, el órgano competente acordará la adopción de la medida o medidas solicitadas por mayoría de 2/3 de los asistentes, siempre que representen la mayoría absoluta del número estatutario de miembros del órgano.3.- Concluido el expediente y recaída resolución en el mismo, o transcurridos dos meses desde la interposición de la medida o medidas cautelares sin que se hubiera resuelto aquel, dejarán de tener efecto, sin que sea posible prorrogarlas. 4.- Las medidas cautelares solamente podrán adoptarse en el marco de la instrucción de un expediente.

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CAPÍTULO III. DE LOS RECURSOS

Art. 84.- Recursos

1.- Contra la resolución de un expediente sancionador o contra la decisión de inadmitir las pruebas propuestas por la persona expedientada cabrá recurso, que deberá formalizarse en el plazo de quince días desde la notificación de la resolución. 2.- Podrá recurrir dicha resolución la persona expedientada así como aquél que solicitó la incoación del expediente sancionador, ya fuera una personal individual o un órgano colegiado. 3.- La interposición del recurso conlleva la suspensión cautelar de la ejecución de la resolución recurrida. 4.- El órgano competente para conocer del recurso será la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas.

CAPÍTULO IV. DEL AMPARO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS

Art. 85. Procedimiento de amparo

1.- Cualquier persona afiliada o incluida en el listado de simpatizantes que estime lesivo para sus derechos como tal algún acto o decisión adoptados por un órgano de dirección de Izquierda Unida, podrá acudir directamente a la Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas. También podrá solicitar el amparo frente a los comportamientos y actos de otras personas afiliadas o simpatizantes que le impidan ejercer sus derechos. 2.- La Comisión de Arbitraje y Garantías Democráticas de Aragón, a la vista de los datos aportados y de las averiguaciones que haga en el plazo máximo de quince días, amparará a la persona que lo ha solicitado o desestimará su pretensión por no ser fundada. Contra la desestimación sólo cabrá recurso que deberá dirigirse a la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democráticas. 3.- La Comisión amparará a la persona solicitante dirigiéndose al órgano político inmediatamente superior al que sea autor del acto o decisión lesiva, indicándole que debe hacer que éste revoque su acto o decisión. Si no lo hiciera, incurrirá en infracción muy grave. 4.- Si el amparo se produjera frente a comportamientos y actos de otras personas afiliadas o simpatizantes que le impidan ejercer sus derechos, la Comisión instará al órgano superior de quien esté realizando los comportamientos y actos lesivos para que ponga fin a los mismos. Si quien realiza los comportamientos y actos lesivos persistiera en los mismos, incurrirá en infracción muy grave.

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TÍTULO X LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN

Art. 86.- De la reforma de los Estatutos entre Asambleas de Aragón ordinarias

1.- El proceso de reforma de los Estatutos de Izquierda Unida de Aragón entre Asambleas podrá ser decidido por el Consejo Político de Aragón por acuerdo de dos terceras partes de sus miembros o por acuerdo de 3 de los 4 Consejos Políticos territoriales, siempre que representen, al menos, el 50% del censo de Izquierda Unida de Aragón. 2.- La propuesta de reforma de Estatutos, una vez adoptada por el Consejo Político de Aragón, deberá ser aprobada por la Asamblea de Aragón que se convoque al efecto, en cuyo orden del día solo podrá contener ese punto.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. FUNDACIONESIzquierda Unida de Aragón podrá crear una o varias Fundaciones de estudios, debates y formación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. FORMACIÓNIzquierda Unida de Aragón dedicará una especial atención a la formación de su afiliación. En el caso concreto de los cargos públicos, se realizará al menos una jornada anual a tal efecto. Además, procurará organizar jornadas y actos de formación abiertos a toda la ciudadanía con el fin de animar a esta a la participación y el debate político.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. SOFTWARE LIBREEn su trabajo diario, y para sus equipos y aplicaciones, Izquierda Unida de Aragón optará por sistemas operativos de software libre, los cuales implantará en sus equipos informáticos, y procurará que sus aplicaciones se desarrollen en esas mismas soluciones.

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DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. INFORMACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE BASE EN LA PÁGINA WEB DE IZQUIERDA UNIDAAdemás de los contenidos fijados en diversos artículos de estos Estatutos, junto con lo establecido en los Estatutos Federales, Izquierda Unida de Aragón establecerá en su página web un espacio en el que las distintas Asambleas de Base podrán colgar los documentos que estimen necesarios, así como las convocatorias de sus reuniones y las actas aprobadas de las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERAEl funcionamiento y la regulación de otros órganos y asambleas de ámbito inferior no establecidos en estos Estatutos corresponderá a su propia soberanía dentro de los principios y normas generales aquí recogidos.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDAEn cuanto a lo no contemplado en los Estatutos de Izquierda Unida de Aragón, se estará a lo establecido en los Estatutos Federales.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERALos presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación en la XI Asamblea de Aragón, sin perjuicio de la obligación de que estos Estatutos, así como los documentos aprobados por la XI Asamblea de Aragón, sean editados y distribuidos a las Asambleas de Base en un plazo no superior a los seis meses desde la celebración de la misma.

Carta Financiera

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TÍTULO PRIMERO. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS:

• El principio de suficiencia debe ayudar a establecer un marco que dignifique y resuelva la actividad política y sus carencias múltiples.

• La vocación democrática de IU y su intento permanente de transparencia en la gestión del dinero público serán los principios rectores de IU en lo referente a la contabilización y registro contable.

• El principio de austeridad implica la capacidad de funcionamiento y financiación con los ingresos ordinarios existentes y el intento de evitar que, en momentos electorales, el exceso de endeudamiento dificulte el funcionamiento ordinario de nuestra formación política.

• El principio de solidaridad se enfoca desde dos perspectivas: la interna, que implica que toda nuestra organización conozca dónde es preciso acudir en cada momento para apoyar el desarrollo organizativo y político de Izquierda Unida de Aragón en caso de precariedad estructural o coyuntural; y la externa, que exige destinar a programas de solidaridad al menos el 1% de los presupuestos.

• Gestión centralizada. La obtención y distribución de ingresos se actuará bajo el principio de caja común.

ARTÍCULO 2. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos económicos están constituidos por:

1. Cuotas y aportaciones de las personas afiliadas.2. Recursos procedentes de la financiación pública en sus distintas formas y modalidades.3. Recursos procedentes de la financiación privada y externa.4. Recursos procedentes del rendimiento de sus propias actividades.6. Cualquier otro ingreso que sea conforme con la ley y con la ética de Izquierda Unida.

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XI Asamblea IU Aragón - Carta Financiera

ARTÍCULO 3. ADMINISTRACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

1. El Consejo Político de Aragón, y en su nombre la Presidencia, administrará todos los recursos financieros de Izquierda Unida de Aragón. Todos los gastos que acuerde realizar un órgano de Izquierda Unida de Aragón deberán contar con su presupuesto inicial.

2. En caso de urgencia, imprevisto o imposibilidad de realizar los trámites anteriores, será necesario contar, al menos, con la autorización de la persona responsable de Finanzas o del/la Coordinador/a General.

3. Lo mismo será de aplicación para ámbitos inferiores al de Aragón con su propio presupuesto con la salvedad de que, de no existir una Comisión Económica, sus funciones se entenderán ejercidas por la persona responsable de Finanzas o, en su defecto, por el/la Coordinador de la Asamblea respectiva.

ARTÍCULO 4. LOS PRESUPUESTOS

1. El Responsable de Finanzas elaborará la propuesta de presupuestos de cada ejercicio así como su liquidación que será aprobada por el Consejo Político de Aragón. Los ejercicios se corresponderán con los años naturales. La propuesta de Presupuesto, una vez aprobada por la Presidencia de Aragón será sometida a la aprobación del Consejo Político de Aragón

2. El seguimiento de la gestión ordinaria de los presupuestos anuales corresponde a la Presidencia de Aragón. Este seguimiento incluirá la facultad de modificar las partidas para adecuarlas a las previsiones reales que se puedan producir a lo largo del ejercicio. Cuando las modificaciones no superen el 10% del total.

3. Todos los consejos políticos comarcales, o en su defecto los locales, están obligados por los Estatutos a elaborar una propuesta anual de presupuesto que será sometida a la asamblea respectiva para su aprobación. La misma obligación se establece para las liquidaciones anuales de los presupuestos. De estos documentos,

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que elaborará el Responsable de Finanzas de cada consejo, se entregará copia, inmediatamente sean aprobados por las asambleas respectivas, al Responsable de Finanzas de Izquierda Unida Aragón.

4. Los pagos realizados con cargo a una cuenta titularidad de Izquierda Unida Aragón cuya cuantía sea superior a 100 euros serán preferentemente realizados mediante trasferencia o talón bancario.

ARTÍCULO 5.- LAS CUENTAS BANCARIAS

1. Los recursos de Izquierda Unida de Aragón constituyen una unidad administrativa que funciona con el principio de caja común. Para ello se establecerá una organización contable uniforme para toda la organización de Izquierda Unida de Aragón, respetando la contabilidad de los órganos de dirección de los cuatro territorios básicos que decidan tenerla. El principio de caja única se reflejará en la existencia de un solo titular, Izquierda Unida de Aragón, o sus representantes legales, y de un N.I.F. único en todas las cuentas ordinarias de la organización. Así Izquierda Unida de Aragón no se hará responsable de las cuentas ordinarias, libretas o cualquier otro tipo de producto bancario independientemente de su denominación así como de las obligaciones que pudieran derivarse de los mismos, que no reúnan estos requisitos.

2. Todos los consejos políticos podrán abrir cuentas bancarias para la gestión de sus fondos económicos siempre y cuando su titularidad recaiga en Izquierda Unida Aragón o sus representantes legales y con el nif común de la organización. Los grupos institucionales podrán tener cuenta bancaria propia cuando sea necesario por la normativa legal aplicable por la institución.

3. Las personas autorizadas en todas las cuentas bancarias serán al menos las personas que ostenten los poderes de administración de cuentas en la cuenta de general de Izquierda Unida Aragón y las personas que la Asamblea territorial designe.

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TÍTULO SEGUNDO.DE LOS INGRESOS DE IZQUIERDA UNIDA ARAGÓN

ARTÍCULO 6.- COTIZACIÓN DE LOS/AS AFILIADOS/AS

1. Se establece una cuota mínima mensual de 7 euros para toda la afiliación, con excepción de aquellas personas con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional, para los cuales se establece una cuota reducida de 3 euros. Esta cuota podrá ser revisada por el Consejo Político de Aragón en el transcurso del debate y aprobación de su presupuesto anual sin necesidad de tener que proceder a una modificación de estos Estatutos.

2. El cobro de la cuota se realizará de forma preferente y prioritaria a través de domiciliación bancaria. Excepcionalmente, se podrá realizar por ingreso directo individual.

3. El abono de las cuotas es necesario para el ejercicio de los derechos emanados de la adscripción a Izquierda Unida de Aragón. Quienes no estén al corriente del pago de la cuota en el momento en que los estatutos determinen el cierre de los censos, no tendrán derecho a voto en las Asambleas ni se computarán en el censo para los procesos asamblearios.

ARTÍCULO 7.- SUBVENCIONES DE LOS GRUPOS INSTITUCIONALES.

1. Como aplicación del principio de solidaridad y gestión centralizada todos los grupos los grupos institucionales de Izquierda Unida, o la parte proporcional de los mismos en caso de coaliciones o situación similares, ingresarán el 30% de sus ingresos netos, es decir una vez descontados los gastos de funcionamiento ordinario, a la cuenta general de Izquierda Unida Aragón.

2. En el caso del grupo parlamentario de las Cortes Aragonesas, de los grupos institucionales de las Diputaciones Provinciales y de los grupos municipal de las tres capitales de provincia, dichas aportaciones se elevarán hasta un 100% de sus ingresos netos.

3. La gestión de estos fondos se realizará en coordinación con los grupos institucionales desde el Responsable de Finanzas, de acuerdo con los presupuestos anuales que apruebe el Consejo Político de Aragón y el seguimiento que de ellos haga la Presidencia de Aragón, teniendo en cuenta lo establecido por las instituciones respectivas para la justificación de los gastos.

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ARTÍCULO 8.- RETRIBUCIONES Y APORTACIONES MÍNIMAS DE LOS CARGOS PÚBLICOS

1. Todas aquellas personas que bajo la definición del art. 66 de los Estatutos puedan considerarse cargos públicos, y siempre que lo permitan las normas de los organismos contratantes, realizarán aportaciones voluntarias de una parte de sus remuneraciones a la cuenta corriente designada al efecto por Izquierda Unida dentro del principio de caja común.

2. Las aportaciones concretas se calcularán de acuerdo la tabla contenida en el apartado 4 y su abono tendrá carácter mensual. El incumplimiento de esta aportación constituirá una infracción muy grave que podrá ser sancionada de acuerdo con los Estatutos vigentes.

3. En ningún caso tendrán este régimen económico los trabajadores y trabajadoras contratados por Izquierda Unida que estén desarrollando tareas de carácter técnico o administrativo, es decir, tareas no políticas. Para la fijación del salario de este tipo de trabajadores por Izquierda Unida se estará a lo dispuesto en el convenio colectivo de la Diputación General de Aragón o a los acuerdos propios que se alcancen en el marco de la negociación colectiva.

4. En estos supuestos el cargo público deberá transferir, por cada uno de los tramos de su salario bruto, el porcentaje marcado en la siguiente tabla de acuerdo al principio de progresividad de las aportaciones.

Carta Financiera XI Asamblea IU-Aragón.

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de esta aportación constituirá una infracción muy grave que podrá ser 1 sancionada de acuerdo con los Estatutos vigentes. 2

3 4

3. En ningún caso tendrán este régimen económico los trabajadores y 5 trabajadoras contratados por Izquierda Unida que estén desarrollando 6 tareas de carácter técnico o administrativo, es decir, tareas no políticas. 7 Para la fijación del salario de este tipo de trabajadores por Izquierda 8 Unida se estará a lo dispuesto en el convenio colectivo de la Diputación 9 General de Aragón o a los acuerdos propios que se alcancen en el 10 marco de la negociación colectiva. 11

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4. En estos supuestos el cargo público deberá transferir, por cada uno de 14 los tramos de su salario bruto, el porcentaje marcado en la siguiente 15 tabla de acuerdo al principio de progresividad de las aportaciones. 16

17

SALARIO BRUTO ANUAL % A INGRESAR

Tramo 1º: Más de 2,5 a 3,5 veces smi 20



Tramo 4º: Más de 5,5 a 6,5 veces smi 50 Tramo 5º: Más de 6,5 a 7,5 veces smi 60 Tramo 6º: Más de 7,5 veces smi

70

18 19 20

Conceptos: 21 22 Salario bruto: Es el conjunto de retribuciones salariales, gastos de 23 representación o de naturaleza análoga percibidos por un cargo público 24 por el desempeño de todas sus actividades relacionadas con dicha 25 consideración como cargo público. 26 27 Salario Mínimo interprofesional: Será el vigente en cada momento y 28 se actualizará cuando sea publicado de forma oficial. 29

30 31 5. Estos porcentajes no serán aplicables cuando el salario bruto menos las 32

aportaciones sean inferiores al salario histórico entendiéndose que este 33 prevalece. Igualmente se establece un tope máximo salarial, una vez 34 deducidas las aportaciones, de 7,5 veces el smi. 35

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Conceptos:

Salario bruto: Es el conjunto de retribuciones salariales, gastos de representación o de naturaleza análoga percibidos por un cargo público por el desempeño de todas sus actividades relacionadas con dicha consideración como cargo público.

Salario Mínimo interprofesional: Será el vigente en cada momento y se actualizará cuando sea publicado de forma oficial.

5. Estos porcentajes no serán aplicables cuando el salario bruto menos las aportaciones sean inferiores al salario histórico entendiéndose que este prevalece. Igualmente se establece un tope máximo salarial, una vez deducidas las aportaciones, de 7,5 veces el smi.

6. Los cargos públicos, o asimilados, tienen derecho a la compensación de la carga impositiva derivada de las cuantías transferidas a Izquierda Unida. Así todo cargo público o asimilado tiene derecho a que se le devuelvan las retenciones fiscales y las cotizaciones a la seguridad social de las cantidades aportadas a la organización.

7. los cargos públicos de Izquierda Unida de Aragón que perciban remuneraciones en virtud de dicho cargo y además retribuciones por asistencia a sociedades, consorcios, consejos comarcales o entes de naturaleza análoga, agruparán todos los ingresos recibidos en una misma base a la que se le aplicarán los porcentajes y normas conferidas en el art. 8.4 de la carta financiera.8. En el supuesto en que las retribuciones provengan exclusivamente de su participación en consorcios o consejos comarcarles, los representantes de Izquierda Unida en esos órganos tendrán la obligación de trasferir como mínimo un 30% de sus remuneraciones brutas a la cuenta corriente designada al efecto por Izquierda Unida de Aragón. Las dietas de comida, gastos de locomoción o cualquiera otra que impliquen una contraprestación por gastos realizados en el desempeño efectivo de dicho cargo no computarán a los efectos del cálculo de dichas aportaciones. Los representantes de Izquierda Unida en sociedades, entes autónomos, consejos asesores u otras entidades de naturaleza análoga que lo sean en virtud de su consideración como cargos públicos y que reciban gastos de representación con esta u otra denominación tendrán la obligación de transferir un 100% de sus remuneraciones a la cuenta corriente designada al efecto por Izquierda Unida

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de Aragón. Las dietas de comida, gastos de locomoción o cualquiera otra que impliquen una contraprestación por gastos realizados en el desempeño efectivo de dicha representación no computarán a los efectos del cálculo del porcentaje fijado.

9. En el supuesto que Izquierda Unida Aragón abone dietas de cualquier tipo para suplir los gastos acometidos en el desempeño de la actividad política, estas se calcularán de acuerdo a en el RD 462/2002 que regula el importe de las dietas en el territorio nacional y las revisiones periódicas anuales que realiza el Gobierno Central. Dentro de este Real Decreto se estará a lo establecido para el grupo 2 del mismo.

10. Los consejos políticos respectivos están obligados a informar por escrito a la Presidencia de Izquierda Unida Aragón incumplimiento de las obligaciones financieras de cualquier cargo público, o asimilado.

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TÍTULO TERCERO.DE LOS GASTOS DE IZQUIERDA UNIDA ARAGÓN

ARTÍCULO 9.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

1. La distribución de los recursos de Izquierda Unida de Aragón para el ámbito de la Comunidad Autónoma es competencia del Consejo Político de Aragón previa propuesta de la Presidencia y de la Comisión Económica, tomando como base los siguientes criterios:

a) Se asegurará el funcionamiento de la estructura de Aragón y de sus órganos: Consejo Político de Aragón, Presidencia y Áreas de Elaboración Colectiva.

b) En la elaboración del Presupuesto anual de Izquierda Unida de Aragón se tendrá en cuenta la asignación de los recursos necesarios para el funcionamiento de los Grupos Institucionales más numerosos. A tal efecto, el Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, los Grupos Municipales de los Ayuntamientos de las capitales, y los Grupos de las Diputaciones Provinciales, elaborarán sus respectivos presupuestos de gastos que serán aprobados junto con el Presupuesto de Izquierda Unida de Aragón, estando obligados a facilitar información al Consejo Político de Aragón sobre el grado de ejecución del mismo.

c) Se establecerá un fondo de solidaridad que asegure la disposición de recursos a aquellas asambleas, áreas y grupos de trabajo, órganos de dirección y Grupos Institucionales que por sus específicas características no puedan disponer de los recursos adecuados provenientes de su ámbito de actuación. d) Se establecerá un fondo electoral de previsión permanente para las campañas electorales. El presupuesto correspondiente a todas las campañas electorales que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón se aprobará con carácter extraordinario por el Consejo Político de Aragón. Ninguna organización en ningún ámbito podrá endeudarse con cargo a Izquierda Unida de Aragón sin el acuerdo previo del Consejo Político de Aragón.

e) Se establecerá un fondo de solidaridad destinado a proyectos de desarrollo del Tercer Mundo, cuyo importe será el 1% del presupuesto global de Izquierda Unida de Aragón.

DISPOSICIÓN FINALEsta Carta entrará en vigor el día 1 de mayo de 2013.

Doc XI Asamblea IUA Para Emmendar

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