DIMENSIONES TEÓRICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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1 DIMENSIONES TEÓRICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Virgilio Hernández E 1. INTRODUCCIÓN En los últimos años asistimos, en la escena política y académica, a un debate profundo sobre la "Reforma del Estado". El argumento central radicaría en que el Estado, que se constituyó sobre la base del modelo cepalino y gracias a la exportación petrolera, sobrepasó las funciones propias que le correspondían. "En la tradición liberal para fines de garantía, regulación y promoción de libertades. Dicho en lenguaje de economía neoclásica para hacerse cargo de bienes públicos, externalidades, monopolios naturales y asimetrías de información, puntos donde falla el mercado en la asignación eficiente de recursos" Esta extralimitación habría generado no sólo un crecimiento del gobierno, sino sobre todo del Estado y de su ámbito de poder, por lo que hoy resultaría fundamental redefinir la relación de lo público-privado. Sin embargo, otro elemento que conviene reflexionar es la carencia de un marco teórico que permita analizar el "gobierno y sus políticas" en sí mismas. En el presente trabajo pretendemos realizar una síntesis bibliográfica de los aspectos más relevantes sobre las políticas públicas, asumiendo que éstas constituyen las formas de acción concretas desde el régimen político hacia la sociedad, intentaremos, además, un análisis crítico tanto sobre el levantamiento teórico como de la retórica política que se ha construido alrededor de las políticas públicas. En la perspectiva de la relación público- privado, vale recordar que lo público supera el ámbito de lo estatal, tiene otras dimensiones, referidas desde la amplitud con la que se realiza una acción hasta formas de relación que superan lo individual, pero no están determinadas o amparadas por lo estatal. Como señala Varela Barrios: "existe una conexión necesaria entre lo público y lo estatal, la cual ha sido una constante en la articulación entre una comunidad y su correspondiente aparato de gobierno. En efecto, no existe sociedad donde el estado no tenga un predominio, mayor o menor, sobre los asuntos públicos… Es necesario que exista la intersección entre lo público y lo estatal para que éste se constituya como tal, pero ello no implica que lo público quede cobijado bajo lo estatal".El mismo autor sostiene que una característica básica de la modernidad es la creciente diferenciación entre la esfera de lo público y lo privado, así como también la existencia de factores como el desarrollo técnico productivo, la acumulación-reproducción del capital; y , la constitución de estados nacionales y el surgimiento de un mercado mundial, lo que paulatinamente propició la identificación de lo público con lo estatal. La modernidad, en efecto, significó un paso hacia la centralización política, expresada en los aparatos estatales, que a su vez recuperaron para sí el control de ejércitos, juzgados y el cobro de tributos como elementos básicos del poder nacional. El predominio de la razón instrumental, en el pensamiento moderno llevó a la sistemática relación del bien común con las razones de Estado. En el caso de los países latinoamericanos, con el proceso de conquista se traslada la estructura administrativa de las respectivas metrópolis, pero se establecen algunas particularidades que hagan posible sostener el control y la autoridad en los territorios "descubiertos"; así por ejemplo, los conquistadores eran a su vez agentes del rey y socios en la empresa de la colonización americana; el derecho para las indias, por lo general respondía a una casuística particular y desde estos tiempos se perfilaban los rasgos de una administración centralista y autoritaria para mantener el control de la compleja trama del poder. De esta manera lo público aparece vinculado a los intereses de la Corona, asociada, además, con el poder de la iglesia católica, que fue la encargada de desarrollar importantes funciones,

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DIMENSIONES TEÓRICAS SOBRE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS

Virgilio Hernández E

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años asistimos, en la escena política y académica, a un debate profundo

sobre la "Reforma del Estado". El argumento central radicaría en que el Estado, que se

constituyó sobre la base del modelo cepalino y gracias a la exportación petrolera,

sobrepasó las funciones propias que le correspondían. "En la tradición liberal para fines de

garantía, regulación y promoción de libertades. Dicho en lenguaje de economía neoclásica

para hacerse cargo de bienes públicos, externalidades, monopolios naturales y asimetrías

de información, puntos donde falla el mercado en la asignación eficiente de recursos" Esta

extralimitación habría generado no sólo un crecimiento del gobierno, sino sobre todo del

Estado y de su ámbito de poder, por lo que hoy resultaría fundamental redefinir la relación

de lo público-privado. Sin embargo, otro elemento que conviene reflexionar es la carencia

de un marco teórico que permita analizar el "gobierno y sus políticas" en sí mismas. En el

presente trabajo pretendemos realizar una síntesis bibliográfica de los aspectos más

relevantes sobre las políticas públicas, asumiendo que éstas constituyen las formas de

acción concretas desde el régimen político hacia la sociedad, intentaremos, además, un

análisis crítico tanto sobre el levantamiento teórico como de la retórica política que se ha

construido alrededor de las políticas públicas. En la perspectiva de la relación público-

privado, vale recordar que lo público supera el ámbito de lo estatal, tiene otras

dimensiones, referidas desde la amplitud con la que se realiza una acción hasta formas de

relación que superan lo individual, pero no están determinadas o amparadas por lo estatal.

Como señala Varela Barrios: "existe una conexión necesaria entre lo público y lo estatal,

la cual ha sido una constante en la articulación entre una comunidad y su correspondiente

aparato de gobierno. En efecto, no existe sociedad donde el estado no tenga un

predominio, mayor o menor, sobre los asuntos públicos… Es necesario que exista la

intersección entre lo público y lo estatal para que éste se constituya como tal, pero ello no

implica que lo público quede cobijado bajo lo estatal".El mismo autor sostiene que una

característica básica de la modernidad es la creciente diferenciación entre la esfera de lo

público y lo privado, así como también la existencia de factores como el desarrollo técnico

productivo, la acumulación-reproducción del capital; y , la constitución de estados

nacionales y el surgimiento de un mercado mundial, lo que paulatinamente propició la

identificación de lo público con lo estatal. La modernidad, en efecto, significó un paso

hacia la centralización política, expresada en los aparatos estatales, que a su vez

recuperaron para sí el control de ejércitos, juzgados y el cobro de tributos como elementos

básicos del poder nacional. El predominio de la razón instrumental, en el pensamiento

moderno llevó a la sistemática relación del bien común con las razones de Estado. En el

caso de los países latinoamericanos, con el proceso de conquista se traslada la estructura

administrativa de las respectivas metrópolis, pero se establecen algunas particularidades

que hagan posible sostener el control y la autoridad en los territorios "descubiertos"; así

por ejemplo, los conquistadores eran a su vez agentes del rey y socios en la empresa de la

colonización americana; el derecho para las indias, por lo general respondía a una

casuística particular y desde estos tiempos se perfilaban los rasgos de una administración

centralista y autoritaria para mantener el control de la compleja trama del poder. De esta

manera lo público aparece vinculado a los intereses de la Corona, asociada, además, con el

poder de la iglesia católica, que fue la encargada de desarrollar importantes funciones,

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tales como la educación, la aplicación de justicia e incluso el mismo ejercicio del poder

político. Los procesos de independencia, que dieron lugar al nacimiento de nuestros

países, ignoraron las diversas fracturas de estas sociedades y contribuyeron a establecer el

espacio de lo público como campo de privilegios y exclusión, incluso la misma vida

"pública" era restringida a las nuevas élites, el clero y los militares. Los procesos de

urbanización de las últimas décadas, la influencia creciente de los más media y "el

discurso de la modernización" replantean la relación de lo público-privado, sin embargo

en el presente trabajo desarrollaremos lo público y por consiguiente la visión de políticas

públicas referidas a la órbita del estado. En lo relacionado con el estudio del "gobierno",

tanto desde la ciencia política como desde la Administración Pública se lo ha considerado

como epifenómeno, determinado por estructuras que lo condicionan. Más aún en los casos

que ha sido motivo de preocupación, se ha puesto el énfasis en las instituciones y

estructuras del gobierno, en los procesos y comportamientos políticos, más que en el

contenido mismo de las políticas. En ese sentido, para relacionar este ámbito con el asunto

de los paradigmas, se debe observar la función primordial de los paradigmas consistente

en deducir los conflictos y disputas ideológicas de la sociedad y de sus actores, para entrar

en el diseño técnico-político de las acciones de gobierno. Desde esa perspectiva, el

abordaje de lo que se denomina "Paradigmas de políticas" es un punto clave para el

análisis, ya que estos paradigmas aparecen como el conjunto de ideas e instrumentos que

conformarían el "marco de referencia" de las políticas específicas. De hecho, esas ideas se

incrustan en el imaginario de los políticos o de los "fabricantes de políticas" (policy

makers) que son los que dotarían de sentido común a los decisores políticos. Hoy el debate

se centra en los procesos de reforma del estado y el papel de los diferentes gobiernos en la

direccionalidad de los mismos; así como en las implicaciones de la reducción del gasto

público, el papel de las regulaciones y normas gubernamentales; sobre todo la capacidad y

posibilidad de los gobiernos para resolver los problemas públicos y conducir a la sociedad

hacia niveles de mayor bienestar y desarrollo económico. Esta relación redundaría en

últimas en la legitimidad de la democracia, su capacidad para reconocer, dimensionar,

procesar las demandas, lo que implica el reconocimiento de actores y su relación con el

Estado, un nuevo enfoque de la relación sociedad-estado, sustentando un gobierno con

políticas y con un sentido público, es decir un gobierno manejado por políticas públicas.

2. EL ORIGEN DE LOS ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El origen de los estudios de políticas públicas puede encontrarse en los Estados Unidos,

talvez como lo plantea Antoni Fernández, porque es un país que ha estructurado su

administración con fecha tardía, tras la reforma llevada a cabo por el Profesor y luego

Presidente Wilson, quien sostuvo la necesidad de desarrollar una doctrina científica

aplicada a la administración y defendió la separación de la decisión política de la

ejecución burocrática. El otro elemento que sugiere Fernández es que el desarrollo de este

nuevo modelo está influenciado por el éxito de las grandes empresas fordistas y los

principios del taylorismo, con lo que, tras la segunda Guerra Mundial, dará origen a la

aparición de estudios que parten del principio "de la necesidad de la aplicación de la

racionalidad científico-técnica a la resolución de problemas gubernamentales". Entre los

primeros que manifiestan su preocupación por el nuevo enfoque se encuentra Harold

Laswell quien reclamaba la reorientación de la Ciencia Política hacia las políticas

públicas. William Ascher plantea que el impulso precursor de las ciencias de la política

fue una forma de conductismo multidisciplinario, inicial pero fuerte y que se constituyó

como reacción frente a los estudios jurídicos y sociales de los años veinte, cuyos análisis

ponían más énfasis en los "diagramas organizativos antes que en cómo operan los

individuos y las instituciones. Esta forma de inicial conductismo combinó su interés por el

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estudio de la conducta individual y social con la preocupación por los asuntos públicos,

relacionados con la reforma política, la democracia, la educación, el bienestar económico

y social; para lo cual creían necesario dotarse de instrumentos de análisis más afinados.

Los iniciadores de las políticas públicas consideraban fundamental que los aportes de los

científicos sociales contribuyan en el diseño de las políticas, para lo que partían de la

selección de asuntos normativamente importantes que permitían clarificar las metas de los

analistas sociales, así como las que la comunidad esperaba, luego analizaban las

tendencias existentes, las condiciones y los probables desarrollos futuros. Para De Leon,

Lasswell llevó a la práctica gran parte de sus ideas para lograr mayor calidad en la forma

del gobierno. Dedicó especial atención al "proceso de las políticas", o de las etapas o fases

funcionales por las que una política o proceso gubernamental determinado debería

transitar. Después de la segunda guerra mundial, algunos autores desarrollaron un

neoconductismo que, intentando ser más científico, consistía en describir y probar leyes de

conducta. Esta recurrencia a la prueba exigía examinar leyes generales aplicables a todos

los contextos, en contraste con los primeros conductistas que intentaron identificar el

factor más importante, lo que simplificaba una reducción de la compleja vida real. De

igual manera los neoconductistas reintrodujeron las fronteras disciplinarias que los

predecesores buscaron eliminar y por último sacralizaron la "ciencia valorativa libre". En

la década del 50, Laswell y otros investigadores respondieron con un conductismo de

segunda generación al que denominaron "ciencias de política", pusieron un énfasis mayor

sobre las cuestiones de política, intentando que en la atención de los problemas y sus

soluciones no se perdiera el análisis científico. En un estudio editado en 1951, Harold

Laswell, parte de la preocupación de cómo utilizar los recursos intelectuales con la "más

sabia economía". En esa dirección sostiene que se ha desarrollado una mayor conciencia

en el sentido de que el proceso de la política requiere de estudios con derecho propio,

fundamentalmente con la esperanza de aumentar la racionalidad de las decisiones. La

orientación hacia las políticas (policy orientation) tiene un doble proceso, por una parte se

ocupa del "proceso de las políticas", es decir de la formación y ejecución de las políticas

utilizando los métodos de las ciencias sociales y de la sicología. Pero, además el "proceso

de las políticas" se ocupa de las necesidades de inteligencia de este proceso con el objetivo

de mejorar el contenido concreto de la información y de la interpretación disponible para

los creadores de la política; por consiguiente rebasa las fronteras de las ciencias sociales y

la sicología. Laswell indica que se puede utilizar el término de "policy sciencies" para

designar la orientación hacia las políticas. Las ciencias de las políticas incluirían el estudio

de los métodos de investigación del proceso de la política; los resultados de los estudios de

las políticas y los descubrimientos de las disciplinas que pueden aportar contribuciones

importantes para las necesidades de inteligencia del momento. Laswell distingue las

ciencias de la política de la materia de estudio de los politólogos, que se ocupan del

estudio del poder, en el sentido de la toma de decisiones; en cambio las "ciencias de las

Políticas" se ocuparían de la teoría general de la elección. En este sentido considera que

significativos aportes a la teoría general de las decisiones como la "teoría de juegos", o la

"teoría racional de la elección" han sido realizadas por personas que no son politólogos.

Los trabajos de Simón, Dahl, Lindblom, Wildavsky o Majone son esenciales para

comprender que la política no es solo preocupación por los mecanismos de poder y

legitimidad, ni tampoco de los análisis exhaustivos de partidos y elecciones. La escuela

"public policy" centra su preocupación en la formación de decisiones políticas y su puesta

en marcha. El mundo de las políticas ha permitido analizar la política en acción. En los

estudios del "public policy" se parte de un supuesto pluralista, en el que los poderes y

recursos se distribuyen de manera desigual, y en el que los procesos decisionales son más

bien resultado de interacciones múltiples en las cuales participan muchos actores de

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manera simultánea. Laswell analiza la influencia de las dos guerras mundiales en las

ciencias sociales y psicológicas, indicando que las ciencias que contaban con métodos

cuantitativos fueron las que tuvieron mayor desarrollo, tal es el caso de la economía y la

sicología. El tema de la interdisciplinariedad y los métodos cuantitativos son asumidos

como método básico de las "ciencias de las políticas". Laswell retoma el criterio del

profesor Lynd que, en 1939, planteó la importancia de utilizar todos los medios posibles

de adquisición de conocimientos para superar la "gigantesca crisis de nuestro tiempo". Lo

central es recoger todos los recursos de la ciencia social para enfrentar los "conflictos

básicos de nuestra civilización, tan vívidamente expuestos por los estudios científicos de

la personalidad y la cultura".De igual forma Laswell considera que resulta esencial la

utilización de modelos, cuya elaboración permita al investigador tratar con situaciones

institucionales complejas. Plantea que el "Nuevo Trato" de Franklin D. Roosvelt permitió

superar la crisis económica en la década de los años treinta, utilizando los aportes de

Hansen y Keynes, quienes demandaron la intervención del gobierno para eliminar el

desempleo y para reactivar las fuerzas del libre mercado. Las ciencias de las políticas

pretenderían la defensa de la "dignidad del hombre" lo cual abriría la necesidad de

investigaciones orientadas por problemas específicos de política. Laswell aporta la

importancia de las nociones de tiempo y espacio en la determinación de las políticas y

señala que una de las tareas de las ciencias de políticas es seguir detalladamente los

procesos de transformación social, difusión y reflujo a nivel mundial, para estimar el

significado de acontecimientos específicos. Un rasgo adicional del "enfoque de políticas"

es la importancia que atribuye al acto de imaginación creativa, capaz de introducir

políticas nuevas y exitosas en el proceso histórico; es evidente la preocupación, en el

marco de la posguerra, por utilizar el mayor ingenio posible para diseñar políticas capaces

de realizar eficientemente los propósitos de una ciencia de políticas democráticamente

orientadas. El científico se encuentra más preocupado en evaluar y reconstruir las

prácticas de la sociedad que en construir elevadas abstracciones. Estos elementos inducen

a los científicos sociales y a los sicólogos a mejorar las instituciones para la auto-

observación del hombre en sociedad. Las ciencias de las políticas reconocen que no sólo

los científicos sociales son los únicos que pueden contribuir en la hechura de las políticas.

En síntesis Laswell plantea que se puede considerar a las "ciencias de las políticas como el

conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución

de las políticas y se encargan de localizar datos y elaborar interpretaciones relevantes para

los problemas de políticas de un período determinado". En último término, lo que se

pretendería es la realización de la dignidad humana en la teoría y en la práctica. Frente a

las críticas realizadas, acerca de que su estudio sobre la ciencias de política, no

consideraba los aspectos estructurales que tienen una dimensión macrosocial y que

condicionan el comportamiento de los ciudadanos, resaltaban el papel de las intenciones y

las elecciones individuales, puesto que, según estos autores, los resultados de las políticas

provenían precisamente de los esfuerzos que hacía cada individuo por maximizar los

beneficios que juzgaban valiosos (Ascher,1992,p190).En último término lo que se

pretende es el reencuentro de teoría y práctica en las ciencias políticas. En una dimensión

distinta, respecto al lugar donde tienen origen las políticas públicas, Alcántara analiza el

proceso recorrido por la administración pública, desde las visiones que la consideraban

como subordinadas a las decisiones políticas, hasta el momento presente, en el que se

desarrollan diversos modelos teóricos entre la ciencia política y la administración. Recoge

los seis modelos teóricos planteados por Hood:

1.-El primero se trata "de la aproximación a la acción de gobierno" que adopta como

objeto de análisis, no el diseño institucional, sino los programas de políticas públicas

genéricas, procesos, opciones o resultados.

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2.- Otro modelo es el de la sociología organizacional que intenta explicar las estructuras y

el comportamiento de las organizaciones formales.

3.- La teoría del Estado Neomarxista intenta buscar la manera en que se puede colocar a la

administración pública tradicional en el contexto de las fuerzas sociales fundamentales

que tienden a concentrarse en los medios urbanos.

4.- Las "aproximaciones críticas o filosóficas" enfatizan que valores como la equidad e

igualdad deberían ser sobresalientes en la administración pública y que los

administradores no deberían limitarse a, simplemente, obedecer las directrices de los

políticos electos para alcanzar cualquier objetivo seleccionado por estos.

5.- La gestión pública intenta integrar la orientación normativa de la tradición de la

administración pública clásica a la aproximación instrumental de la gestión empresarial.

6.- Finalmente la "elección pública" basa su argumento en la preferencia por la elección

del consumidor más que el monopolio del productor.La inicial preocupación de Laswell

recobra importancia a partir de la década del 60, cuando se incluyen a analistas y

académicos encargados de la formulación y control de la eficiencia de programas de

política pública. El gobierno por "políticas públicas" paulatinamente se ha ido

convirtiendo en una preocupación para el mundo académico y una referencia para la

acción gubernamental. Además los programas de Reforma del Estado que se impulsan

desde los organismos internacionales obligan a una mayor racionalidad y eficacia de las

políticas que se aplican, razón por la que su discusión empieza a ser materia de interés

también en América Latina y Ecuador.

3. ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Una vez enunciados los diversos enfoques y teoría de las Política Públicas conviene citar

algunas definiciones y lo que implicaría gobernar con políticas públicas.

Para Jean Calude Thoenig una política pública es el "trabajo de las autoridades investidas

de legitimidad pública gubernamental. Dicho trabajo abarca múltiples aspectos, que van

de la definición y selección de prioridades de intervención hasta la toma de decisiones, su

administración y evaluación".Para Laswell la ciencia de la política tendría un fin concreto

relacionado con la conexión entre la teoría y la práctica; en este sentido sería "un

programa proyectado de valores, fines y prácticas". Dye señala que la política pública es

"todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer".Si bien en todas estas

definiciones los diversos autores coinciden en que un elemento central para la existencia

de políticas públicas es la presencia de la autoridad gubernamental, hay discusiones en

torno a que otros elementos constitutivos permiten establecer cuándo existe un gobierno

por políticas públicas o si éstos actúan bajo lógicas coyunturales, clientelares,

patrimoniales o populistas. Aguilar Villanueva sostiene que las condiciones de crisis

económica que vivieron los países de América Latina durante la década de los 80

generaron permanentes déficits fiscales, los que a su vez dieron lugar a la existencia de

déficits del consenso político; por lo que es necesario una redefinición del estado mismo, a

fin de determinar qué puede hacer bien, determinar los fines públicos que debe cumplir,

así como los instrumentos y opciones que puede desarrollar. Esta exigencia de

democratización y redimensionamiento, que son empresas interdependientes y

complementarias, demandaría un gobierno por políticas públicas. En definitiva, el nuevo

patrón de "policy marking" modifica las reglas, procedimientos, expectativas, y

concepciones de la relación entre sociedad y Estado. En esencia se trataría de una

redefinición de los ámbitos político y privado, en la que se alteran los patrones de

interlocución y los canales de acceso, pierden significado ciertas prácticas de

representación e integración de intereses, ciertos discursos, liderazgos y fuerzas políticas

que antes eran claves para el consenso. De igual forma surgen otros actores para

configurar una política más plural, autónoma y competitiva. Una intervención fallida

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agrava los problemas, por lo que cuenta la calidad de las políticas públicas (condiciones de

consenso, corrección y factibilidad en su formación, implementación, impacto y

evaluación). Se trata de averiguar cómo ciertos problemas sociales se convierten en

Agendas de Gobierno. La democracia, en este sentido, es condición de entrada pero no es

suficiente para el diseño de políticas públicas adecuadas. Manuel Alcántara define a las

políticas públicas como determinados flujos del régimen político hacia la sociedad, que

son productos del sistema político y por tanto del uso estratégico de recursos para

enfrentar los problemas nacionales, o como lo plantea Peters, son el conjunto de

actividades de las instituciones de gobierno que, actuando directamente o a través de

agentes, van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos.

En esta perspectiva, el sistema puede ser evaluado por el rendimiento de las políticas

públicas; por lo tanto se establece una relación causal entre crisis y gobernabilidad, puesto

que, al ser las políticas públicas un elemento cotidiano, se convierten en objeto de

valoración continua y por ello influyen de manera directa en el grado de confianza que los

ciudadanos depositan en el sistema.Alcántara pone de relieve la necesidad de estudiar un

sistema político y los efectos que del mismo se derivan por su operatividad procedimental

y por su ejecución. Es de interés también el análisis de los estilos de gobierno y su

relación con la gobernabilidad de un sistema político. En síntesis podríamos señalar que

en el estudio de las políticas públicas confluyen los aspectos institucionales, los

fenómenos participativos, las fórmulas de representación y otros elementos relacionados

con las dimensiones y rendimientos efectivos de la democracia.

Según Alcántara, el estudio de las políticas públicas debe realizarse desde una perspectiva

comparada y debe responder a las interrogantes de cómo, porqué y cuáles son los efectos

que los diferentes gobiernos persiguen mediante las formas de acción o de inacción

particulares y las razones de su caída en situaciones de ingobernabilidad. Aguilar

Villanueva propone gobernar por políticas públicas, lo que implica ir más lejos que el

diseño de un Plan Nacional. Dichos planes resultaban una simulación antes que la

posibilidad de lograr un real consenso. Gobernar por políticas públicas implicaría que este

plan sea un parámetro de acción colectiva, que marca los límites dentro de los cuales se

pueden mover las libres iniciativas de los ciudadanos y el Estado, establecer las reglas de

juego, garantizando condiciones de participación, democracia y dignidad para los

ciudadanos.

Gobernar en contextos políticos plurales y autónomos de alta intensidad ciudadana y con

graves problemas sociales irresueltos parece exigir gobernar por políticas y gobernar con

sentido público. A partir de la década pasada ha ido tomando forma un nuevo orden

político administrativo que insiste en la libertad de representación y en la especificidad de

las políticas. Estos elementos sobre el gobierno por políticas públicas, nos permitirían

adelantar, como hipótesis, que en nuestro país cada uno de los gobiernos de la "tercera ola

democrática" han implementado una serie de acciones, inscritas en el marco de un plan o

agenda nacional, sin establecer consideraciones específicas, como el factor regional o

étnico, sin perspectiva de largo plazo y, peor aún, sin un real análisis del impacto que

dichas políticas generaban. Parecería ser que las políticas en Ecuador se asumen como una

estrategia de acción corporativa, incrementalista, de presión de grupos, o simplemente

basada en modelos de toma de decisiones jerárquica burocráticas antes que responder a

una lógica de políticas públicas.

3. LOS DIVERSOS ENFOQUES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A partir del mismo Laswell, el estudio de la "Política Pública" ha suscitado diferentes

enfoques y teorías dependiendo del énfasis que ponen en el método y la finalidad de las

Políticas. Así el Policy Analysis intenta determinar un conjunto instrumental que permita

establecer la alternativa más adecuada para la ejecución de los objetivos y programas de la

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administración pública. Otros autores, como Charles Lindblom o Wildawsky, parten de

criticar los métodos racionales, porque éstos no toman en cuenta la complejidad que

entrañan tanto las decisiones como el proceso de implementación. Sostienen "que cada

uno de los actores consigue un resultado más ajustado a sus intereses, partiendo siempre

de ajustes incrementales, sobre decisiones tomadas anteriormente".Elementos centrales del

"incrementalismo" dan la importancia que confieren al grado de consenso y a la magnitud

de cambio requerido. Plantean que los grandes cambios provocan consensos menores y los

cambios menores concitan, por el contrario, grandes consensos. "El incrementalismo” es

un enfoque que estipula que las decisiones políticas en curso dependen, en gran medida,

de las decisiones previas. Por definición, las políticas incrementales desalientan la

controversia, recurriendo a la estrategia de desviarse en muy pequeña medida de la ruta

trazada por los arreglos y prácticas anteriormente establecidas (Braybrooke y Lindblom

1963; Wildausky, 1974). Para el Public Choice, la política sigue las mismas reglas que la

economía. Los individuos buscan maximizar su utilidad, guiados por su interés personal,

lo que a su vez determina una redefinición de lo público y privado. Autores como Downs,

en su teoría económica de la democracia, plantea que los políticos, gobernantes, partidos y

electores se mueven por sus intereses egoístas y no por un hipotético bien común. Sostiene

que cada partido político intenta llegar al gobierno con el fin de disfrutar de la renta, el

prestigio y el poder, los cuales son consustanciales al ejercicio gubernamental. Para

Downs el partido político o coalición que triunfa electoralmente tiene el derecho de

obtener el "control completo sobre la acción gubernamental" y sus poderes en lo

económico son ilimitados, aunque no pueden restringir los derechos políticos ni de los

partidos en la oposición, ni de los ciudadanos. En relación a la diferente tipología de las

políticas públicas, Alcántara, desde una perspectiva distinta, se remite al trabajo de Lowi

que clasifica a las políticas en regulatorias o reglamentarias; redistributivas, distributivas y

políticas esenciales o constitutivas. Pudiendo subdividirse las políticas reglamentarias en

las que limitan los intereses o la libertad de las personas a las que debe aplicarse y las que

podría denominarse auto-reglamentarias. También pueden dividirse las políticas en

relación con el órgano del cual proceden y en función de su ámbito local o nacional.

Subirats complementa esta tipología haciendo hincapié en las políticas públicas tanto

negativas como positivas, es decir que el hacer puede ser tan importante como el no hacer

en el proceso de establecimiento de la agenda. De alguna manera lo que enfatiza es la

conceptualización de las políticas públicas como resultado de una serie de decisiones

relacionadas de interacciones y grupos que marcan la necesidad de plantear un estudio

doble, que alcance tanto a las intenciones, como a las conductas; esto implica

consecuencias relevantes para la ciencia política y para la relación entre la teoría y la

práctica. Según Alcántara una perspectiva comparada permitiría el grado de divergencia y

convergencia de dichas políticas en relación con la gobernabilidad del sistema y el

establecimiento de una relación entre la gobernabilidad y un determinado estilo de

políticas y la determinación de una tipología de los sistemas políticos a través de dichos

estilos. Richardson, en contraposición con las tesis incrementalistas y racionalistas,

plantea una tipología de políticas públicas basada, por un lado, en la forma cómo el

gobierno asume la resolución de un problema (actitud anticipatoria activa o reactiva), y

por otro, en la relación entre gobierno y los otros actores en el procesos de las políticas (

consenso - imposición).Como apreciamos, existen diversos enfoques de las políticas

públicas. Unos, en los que se incorporan análisis sistémicos, reflexiones políticas y

socioeconómicas; los que enfatizan en los contenidos de las políticas y otros, que han

centrado sus estudios en el análisis de las diferentes fases o etapas de las políticas

públicas, por lo que cobran importancia los actores y los estilos de decisión. También

desde la perspectiva de Mayntz la administración pública en la práctica pierde su carácter

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de instrumental, ejecutora de la voluntad y consenso político. Dicho problema ya ha sido

discutido bajo el término de burocracia con Max Weber. El conocimiento especializado se

constituye en la base de su poder confiriendo a la administración la capacidad de eludir las

decisiones y objetivos políticos. El carácter instrumental guarda relación con el problema

de legitimidad de la dominación política. Desde el análisis de la administración pública

"es importante más bien distinguir claramente entre el sistema administrativo como un

complejo de formas sociales reales, por un lado, y la función administrativa por otro".

Alcántara, por su parte, retoma el trabajo de Morrow y su intento de teorización de una

aproximación a la administración pública como acción de gobierno. Siguiendo a este

autor, plantea la existencia de diversas teorías en la administración que pretenden dar

respuesta a la relación entre los decisores políticos y quienes se encargan de la

administración de las políticas públicas. Así, en primer lugar la teoría descriptiva recoge lo

que sucede y postula posibles causas del comportamiento observado; la teoría prescriptiva

aconseja cambios en la dirección de las políticas públicas; la teoría normativa se refiere a

la disyuntiva de si la burocracia debe asumir o no un papel generador de normas y

conductas en el desarrollo político y si tales funciones deben o no estabilizarse, extenderse

o restringirse. La teoría de la presunción pretende mejorar la calidad de las prácticas

administrativas, mediante el intento de entender cómo la naturaleza de los seres humanos

interactúa con las instituciones políticas en un medio ambiente burocrático. Por último la

teoría instrumental conceptualiza los medios para mejorar las técnicas de la gestión

administrativa y de esta manera lograr los objetivos políticos propuestos. Alcántara

sostiene que paulatinamente se han ido ampliando los criterios sobre el carácter de la

administración pública, de la eficiencia se pasó a considerar la efectividad, luego las

técnicas presupuestarias, de ahí a los procedimientos más sofisticados de la

administración, para llegar al último escalón que representaría el interés social. Sin

embargo cree que se deben diferenciar las actividades administrativas de las políticas

públicas y además la relación que representa el gobierno que hace la política pública y el

polo que la administra. La administración pública se encuentra subordinada al régimen

político, aunque representa un realidad organizativa distinta a las estructuras políticas del

mismo. En las actividades administrativas, señala Alcántara, pueden individualizarse dos

atributos comunes, ser independientes o subordinadas a otras y ser ejecutivas. Respecto a

la relación entre el eje de gobierno, que hace la política pública, y el eje que la administra,

también puede encontrarse problemas de ingobernabilidad, lo "natural" sería las que

coincide un gobierno que hace política centralizada con una administración centralizada y

un gobierno que hace política descentralizada mediante una administración

descentralizada; aunque puede haber una acción política centralizada del gobierno con la

administración descentralizada de la misma. Lo interesante es el movimiento autónomo

generado por la administración descentralizada en favor de un proceso descentralizado a la

hora de hacer política. 4. LAS FASES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Harold Laswell enumeró explícitamente las cinco "tareas intelectuales" clave:

clarificación de metas; tendencias; condiciones; proyecciones y alternativas. Ascher

explica que el mensaje implícito consiste, en que la realización de un análisis objetivo

podría ayudar a efectuar las elecciones fundadas en valores, sin que pierdan su carácter de

científicos en tanto que la clarificación de metas era un ejercicio intelectual. Además, hizo

hincapié en lo que el llamó "el conocimiento en el proceso de las políticas", para lo cual

ofreció una guía que le permitiera obtener una imagen más general de las fases principales

de cualquier acto colectivo, enunciando siete etapas de lo que posteriormente llamó el

proceso de decisión: inteligencia, promoción, prescripción, invocación, aplicación,

terminación y evaluación. Posteriormente, Garry Brewer, uno de los alumnos de Lasswell

Page 9: DIMENSIONES TEÓRICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

9

en la Universidad de Yale, propuso una lista derivada, que ha formado parte de las

agendas de investigación desarrolladas por los analistas en las últimas dos décadas:

iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación, terminación. Pero, el

modelo del proceso de las políticas tenía una clara desventaja, pues hacía que los

estudiosos se dirigieran sólo a una etapa a la vez, negando, por lo tanto, el proceso

completo; muchos encargados de elaborar las políticas llegaron a considerar al proceso

como un conjunto diferenciado de movimientos: primero definir el problema, luego un

conjunto de actores distintos implementan la política, una tercera etapa define la

evaluación, etc. Desde esta óptica, se asumía como un proceso episódico, lineal y

desarticulado; además es importante considerar que en la medida en que el proceso de las

políticas públicas enfatizaba en el desarrollo del proceso, perdían importancia las

instituciones encargadas de llevarlas adelante. Donald S. Van Meter y Carl E. Van Horn

plantean que la variada producción que existe sobre el tema puede ser ordenada si se

introduce un modelo sistémico para explicar la ejecución o las fases de las políticas. Los

componentes de este modelo son:

Un ambiente que estimula el trabajo de los funcionario de gobierno y que recibe a su vez

los resultados de los trabajos.

Las demandas y recursos que los estímulos y el ambiente trasladan a quienes elaboran las

políticas.

Un proceso de transformación de las demandas y los recursos, en políticas públicas que

incluyen también las estructuras formales y los procedimientos gubernamentales.

Las políticas que representan las metas formales, las intenciones y declaraciones de los

funcionarios gubernamentales.

Los resultados de la política tal y como en realidad se ofrecen al público.

La retro-alimentación que la ejecución y los resultados de las políticas inducen en el

ambiente y que se trasmite de vuelta al proceso de conversión en forma de nuevas demandas y

recursos.

Donald S. Van Meter y Carl E. Van Horn proponen como rasgo distintivo, que las "políticas"

y el desempeño sean consideradas como categorías diferentes, recalcando que en mientras

unos aspectos del sistema de ejecución de las políticas han sido estudiados con mayor

profundidad otros han merecido poca atención. Inicialmente el énfasis estaba en analizar la

naturaleza de los problemas económicos y sociales, la manera como se formaban las

demandas de intervención gubernamental y los procesos de elaboración de las políticas. Más

recientemente la atención se ha centrado en los impactos y efectos que tienen las políticas en

la gente, y en los problemas que pretendían resolver. Sin embargo no se ha prestado atención

suficiente a la implementación de las políticas. En relación con la agenda de las políticas

públicas, Alcántara se remite a los trabajos de March y Olsen que distinguieron los

componentes de base presentes en todos los procesos de decisión (problemas a resolver,

soluciones actores y ocasiones favorables para tomar la decisión).Jones había planteado fases

estructuradoras de las tareas de las distintas autoridades. Estas fases eran identificación de un

problema, la formulación de soluciones, la puesta en marcha del programa y la evaluación de

la acción. A cada una le correspondía un sistema de acción, desempeñando actividades

específicas por parte de la autoridad pública o los grupos de presión. El trabajo de Jones abrió

un abanico de estructuras complejas. La fase de identificación de un problema se concreta en

la elaboración de una agenda gubernamental que quedó integrada por cinco conceptos claves:

la percepción de los sucesos; la definición de un problema; la agregación de intereses; la

organización de las demandas; y la representación y acceso ante las autoridades públicas.

Estos elementos generaban una demanda de acción política que podían ser o no considerada

por el gobierno. Pallares enfatiza, en cambio, en que se deben considerar algunos elementos

para que integren la agenda, como el grado de crisis, el componente emotivo y su relación con

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10

las cuestiones de poder y legitimidad en la sociedad que afectan a un amplio número de

personas. Un elemento adicional es que no toda la tensión debe centrarse en el problema sino

que debe considerar que la acción a desplegarse esté legitimada en la sociedad. El proceso de

aplicación se sitúa de lleno en la esfera de acción del gobierno y conlleva su puesta en marcha

mediante la gestión y la administración. (Se debe considerar el apoyo polít ico con el que

cuenta el órgano encargado de la ejecución, así como las tareas específicas que desarrolla. El

proceso de evaluación esta referido a la estimación de los resultados de la política. Esta

evaluación puede ser realizada por el poder judicial, el legislativo, defensor del pueblo e

informalmente por los medios de comunicación, los grupos de interés y el mundo académico.

Uno de los aspectos centrales que debe tenerse en cuenta cuando se analiza la gobernabilidad

de un sistema político es la consideración de la política económica y los distintos procesos y

medidas que la ponen en marcha como algo estrictamente integrante del proceso político. Sin

embargo, en la relación entre políticas públicas y gobernabilidad, que realiza Alcántara, tiene

que considerar a más de la perspectiva económica, el entramado institucional, la influencia

internacional y "los productos del sistema político que se refieren a las políticas sectoriales

que representan las metas de las élites dirigentes y a las respuestas dadas a las mismas por

parte de la sociedad. En el seno de estas políticas, la política económica desempeña un papel

estelar. Un elemento central en la formación de políticas públicas es la elaboración del

presupuesto en la cual se evidencia la relación ejecutivo-legislativa, así como el papel de los

grupos de presión. Hay que destacar que el esquema del proceso de las políticas y sus diversas

etapas ocuparon un lugar preponderante durante buena parte de la década de los setenta y los

ochenta. No fue sino hasta fines de la década de los ochenta cuando Paúl Sabatier (1988 y

1991) a menudo con la colaboración de Smith (1993) propusieron que la heurística del

proceso de las políticas tenía serias limitaciones como base de la investigación y la educación.

Sabatier planteó seis críticas al proceso de las políticas:

El modelo por etapas no es un modelo causal, es decir no se prestaba para indicar de que

modo un etapa lleva a otra.

No proporciona un base clara para probar las hipótesis empíricas, por lo tanto no esta

dispuesto a ser confirmado.

Padece de una imprecisión descriptiva al plantear una serie de etapas..

Sufre de un enfoque legalista, de arriba abajo.

Subraya inadecuadamente el ciclo de las políticas como la unidad temporal del análisis. En

otras palabras niega el concepto de un sistema de relaciones intergubernamentales.

No alcanza a proporcionar un vehículo adecuado para integrar los papeles de los análisis de

las políticas a través del proceso de políticas públicas.

En justicia hay que precisar que Brewer no definió el proceso como un modelo, como afirma

Sabatier, Brewer no afirmó que las etapas fueran unidireccionales ni que carecieran de

capacidad de retroalimentación. Más bien consideraba que el proceso de políticas era como un

dispositivo (una heurística en sí) que ayudaría a desagregar una red de las políticas públicas.

Según Peter de Leon, las réplicas de Sabatier y Jenkins - Smith son de considerar, ya que

explican cómo toman forma los nuevos programas, en el caso de una iniciación de la política,

a través de la formación de "coaliciones de apoyo", que no buscan derrotar a los opositores de

una determinada política sino más bien cooptarlos; al mismo tiempo esto permite la

categorización de los actores que intervienen en la iniciación de una política. En segundo

lugar, De Leon afirma que las investigaciones sobre políticas públicas podrían incorporarse

fácilmente al proceso de las políticas. Por ejemplo las "comunicaciones sistemáticas

distorsionadas" son una base para desarrollar una "racionalidad comunicativa", o lo que

Lasswell originalmente llamó la función de la "inteligencia".La pregunta central es si el

esquema del proceso de las políticas es útil para llevar a las ciencias políticas hacia un

conjunto de teorías orientadas por la política pública. En este caso De Leon plantea que se

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11

debe aceptar el proceso de las políticas con su limitado valor. Este es el enfoque holístico que

se busca, para tal vez con tropiezos, acercarse a la "gran película". Joan Subirats sostiene que

el interés por la democracia radica básicamente en que ésta constituye una garantía de la

libertad individual y que es una preocupación más reciente el estudio de las políticas públicas,

sobre todo porque permite replantear elementos que habían sido no considerados, como es el

caso de los rendimientos, eficiencia y control de la gestión gubernamental. La cuestión de

eficacia buscaría explicar el cómo enfrenta un gobierno los problemas de la nación y la

racionalidad de sus decisiones; en cambio que el control ciudadano partiría de la preocupación

sobre quién formula verdaderamente las políticas públicas, el papel de las élites en este

proceso y la importancia que pueden tener los procesos de elección como de participación

ciudadana. Respecto a las fases de las políticas públicas, Subirats señala que el método, paso a

paso, corre el riesgo de caer en el supuesto de que es un proceso ordenado y racional, mientras

que algunas de las características de la elaboración de políticas públicas evidencia lo

contrario. Por ejemplo, la solución para un grupo supone un problema para otro. Así un

número de problemas de políticas públicas se integrarían en la agenda como consecuencia de

los intentos de implantar otras políticas, consecuentemente, la fase de implementación y la

fase de elaboración de la agenda son mezcladas mutuamente. La evaluación de políticas se

trataría como ligado a otros intentos de valorar y formular las próximas políticas. Por lo tanto

la elaboración de políticas constituiría un proceso muy complejo sin principio ni fin, cuyos

límites permanecen inciertos. Subirats, en torno a las dificultades de evaluación de una

política pública, nos remite a la discusión entre las contradicciones políticas y técnicas que

requiere la misma, en el sentido que las condicionalidades políticas exigirían la mayor

democratización en la elaboración de las políticas mientras que los componentes técnicos

privilegiarían los conocimientos del "experto". "La dificultad de evaluar el proceso de

políticas públicas no se convierte en la imposibilidad de sacar conclusiones. Hay que resaltar

que la mayoría de la gente quiere que la elaboración de política sea democrática, pero también

quiere que sea inteligente. Los dos criterios exigen características contradictorias en la

elaboración de las políticas públicas. Como ya se dijo el que la evaluación sea difícil y sin

conclusiones no quiere decir que no haya que intentarla". En cuanto al proceso de política

pública, no podríamos comprender cómo funciona el sistema entero en la teoría de la

verificación de Popper, pero con la ayuda de John Kingdon, tenemos una mejor idea de cómo

funcionan las agendas y, cómo se presentan las alternativas a las políticas públicas. O con

Lindblom, quien sostiene que el "conocimiento utilizable" o el "salir de paso" nos

proporcionan una valiosa iluminación por si mismos. En conclusión, para qué desechar el

esquema del proceso de políticas públicas, si no se tiene un enfoque más sólido en el cual

confiar. De Leon opina que se debe explotar y peinar a fondo el esquema del proceso de las

políticas. Por lo tanto, la perspicacia ciertamente operativa, como lo observó Lasswell "una

mejor inteligencia que conduzca a un mejor gobierno", es un alternativa aceptable.

Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas de Eugene Bardach.

El autor propone una técnica a la cual llama "El camino de los ocho pasos" con la que

pretende sistematizar algunos elementos para el análisis de las políticas públicas y que se

puede sintetizar, brevemente, de la siguiente forma:

Definición del problema La definición del problema es, para el autor, un paso crucial, puesto que les permitiría a los

encargados de la elaboración de las políticas una razón y un sentido de dirección para obtener

evidencia e información. La primera información disponible proviene de los interesados en la

elaboración de la política, constituye la "retórica del tema" y establece las perspectivas,

enfoques y objetivos que tienen los actores institucionales y sociales sobre la política a

elaborarse. El autor recomienda concentrarse en un sólo problema con el fin de evitar la

Page 12: DIMENSIONES TEÓRICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

12

dispersión; considera que puede resultar útil pensar en términos de deficiencias y excesos,

aunque esto no es necesario cuando el problema tiene que ver con aspectos como: la selección

de alternativas bien estructuradas o la manera de lograr ciertos objetivos bien definidos.Un

aspecto clave es la problematización sobre lo que se considera un "problema", puesto que este

depende de la interrelación de varios elementos que difícilmente pueden ser generalizados, sin

embargo, hay que recordar que la idea de un problema significa, por lo general, que la gente

piensa que algo esta mal en la sociedad. Esta definición constituirá el punto de partida para la

posterior definición de los objetivos de la política. La definición del problema, según el autor,

deberá incluir, en la medida de lo posible, una parte cuantitativa. En muchos casos, sino en la

mayoría, estima, que incluso se debe "adivinar" las magnitudes en cuestión, crear rangos, así

como estimaciones puntuales. En ocasiones, continúa, resulta útil hacer un diagnóstico de las

supuestas causas y definirlas como problemas que deben mitigarse o eliminarse. Un caso

especial de un problema es la pérdida de oportunidad. Los analistas de políticas, así como los

tomadores de decisiones o los funcionarios, deben impedir que la definición del problema

restrinja la búsqueda de oportunidades potenciales. La definición del problema no debe incluir

una solución implícita. Hay que limitar la definición del problema a una mera descripción y

dejar abierta la búsqueda de soluciones. Finalmente, Bardach señala que si la definición del

problema que pretende mitigar la política se está haciendo en equipo, hay que buscar un

consenso entre quienes participan del mismo.

Obtención de información. En el análisis de políticas públicas, según Eugene Bardach, el tiempo debe emplearse para

pensar y obtener datos susceptibles de convertirlos en información. Se trata de recoger datos

que puedan convertirse en conocimiento y procesarse como información. La información es

necesaria para: evaluar la naturaleza y extensión de los trabajos que se están tratando de

definir; evaluar las características particulares de la situación concreta de la política que se

pretende estudiar y evaluar políticas que se han aplicado en situaciones similares. Es

importante pensar, antes de recolectar datos, lo que permitirá una recopilación más eficiente.

La información permite: sustituir una decisión, por cualquier otra que se pudo haber tomado

sin ella; la posibilidad de que la nueva decisión produzca, directa o indirectamente, un mejor

resultado de política, en comparación con la que se hubiere dado con la decisión original; y, la

magnitud de la diferencia entre el valor del resultado probablemente mejorado de la nueva

decisión y el valor del resultado original. Para buscar información es importante seleccionar,

comparar con los resultados probables de obtenerse, si no se dispone de dicho material. La

mejor práctica, plantea, es buscar y utilizar analogías. La búsqueda de información, a más de

un interés analítico, tiene uno político. En ocasiones, resulta importante incluir la opinión de

críticos potenciales a fin de evitar el argumento de que su perspectiva no fue considerada. Un

objetivo más complejo constituye utilizar el análisis de políticas para mejorar una idea o

decisión en el transcurso de su puesta en marcha.

Construcción de alternativas Por alternativas en el análisis de políticas públicas, Bardach entiende los cursos de acción u

opciones de política diferentes. Es decir, estrategias de intervención para solucionar o mitigar

un problema. En las últimas etapas del análisis, plantea el autor, que no es factible evaluar

más de tres o cuatro posibilidades, pero al inicio, cree que es importante realizar una lista de

todas las alternativas a considerar, aunque más tarde, haya que reorganizar y establecer una

alternativa básica con una o más variantes secundarias. En una primera aproximación al

problema, Bardach sugiere que siempre debe incluirse la alternativa: "no emprender ninguna

acción; dejar que las tendencias sigan su curso". Sin embargo, si la definición del problema es

adecuada siempre existirán alternativas que permitirán acciones concretas. Es importante

revisar las fuentes más comunes del cambio "natural" en el ambiente de la política pública,

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13

para así evaluar la posibilidad de un cambio en la magnitud del problema. Según el autor,

estos pueden ser:

Los cambios antes y después de una elección.

Los cambios en los niveles de desempleo y en la inflación.

La variación entre estrechez y holgura presupuestal de las organizaciones provocada por las

políticas generales de impuestos y gastos.

Los cambios demográficos como la migración o abultamiento de poblaciones en ciertos

grupos de edad.

Para Bardach resulta fundamental analizar la causa de los problemas, puesto que un buen

esquema causal suele ser muy útil para sugerir los puntos de intervención. Se debe reducir y

simplificar la lista de alternativas. La clave de la simplificación es distinguir entre una

alternativa básica y sus variantes. El elemento básico, continúa Bardach, en muchas

alternativas de política, es una estrategia de intervención como un fortalecimiento en la

regulación, un subsidio o un incentivo fiscal que haga que la gente o las instituciones cambien

su conducta. Ninguna estrategia de intervención directa puede mantenerse sola, debe ser

implementada por una o varias organizaciones. Cuando se necesite comparar muchas

soluciones posibles, puede resultar útil establecer la diferencia entre una estrategia básica y

sus variantes, basándose en los detalles de implementación. Alternativa no significa

necesariamente que las opciones de política se excluyan entre ellas, e incluso algunas veces,

no se estará completamente seguro de si las dos alternativas son o no mutuamente

excluyentes.

Selección de criterios Según Eugene Bardach, en el argumento de cualquier política, es útil imaginar que se tienen

dos líneas discursivas, interconectadas pero separables: la analítica y la evaluativa. La primera

es todo lo referente a los hechos y proyecciones de las consecuencias que puede traer una

decisión, mientras que la segunda es todo lo relativo a los juicios de valor. El argumento

analítico razonará si es probable que suceda X, Y o Z, pero en el evaluativo es donde se

considerará si X, Y o Z son buenos o malos para enfrentar el problema. La selección de

criterios se basa en la definición del problema y es un proceso continuo, el autor, establece

algunos criterios evaluativos que se usan comúnmente en el análisis de políticas: El primero

está relacionado con la eficiencia y tiene que ver con maximizar el bienestar de las personas

como lo interpretan los propios ciudadanos. Maximizar los beneficios netos o maximizar la

suma de las utilidades individuales es el enfoque típico del análisis costo-efectividad y de

costo- beneficio. Otro criterio evaluativo es el relacionado con la equidad, la igualdad, la

justicia, aunque existen ideas opuestas o distintas sobre lo que pueden significar estos

términos, resulta fundamental no sólo pensar en estas ideas, sino lograr que el público

reflexione sobre ellas. Además el autor cita una serie de ideas acerca de los criterios

evaluativos: "mercados libres", libertades económicas, libertades respecto al control estatal,

igualdad de oportunidades, igualdad de resultados, libertad de expresión, religiosa, buena

vecindad, comunidad, etc. Cuando hay valores de por medio, como sucede en la selección de

criterios, Bardach, sostiene que se deben considerar cómo ponderar los valores opuestos. Hay

dos enfoques de este problema. Uno de ellos consiste en dejar que los procesos

gubernamentales y políticos existentes efectúen la ponderación. En el segundo enfoque el

analista modifica por si mismo, aunque no reemplaza, la ponderación acordada por el

empleador o cliente considerando una determinada concepción filosófica o política. Una

variante de este enfoque incluye la idea de un proceso educativo. Dependiendo de las

circunstancias, el analista debe animar a los actores políticos importantes a reconsiderar sus

criterios evaluativos a la luz de hechos o argumentos con los que el analista podría llamar su

atención. No todos los criterios que intervienen en un análisis son puramente prácticos y

forman parte de la línea analítica. Esto tiene que ver con lo que le pasa a una alternativa con la

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política y los procesos de implantación. Los principales son: legalidad, viabilidad política,

solidez en condiciones de implementación administrativa y perfectibilidad.

Proyección de resultados

Un quinto elemento, que plantea Bardach es el relacionado con la proyección de los resultados

posibles o efectos que el analista u otros actores posibles, pueden considerar importantes. El

autor considera que éste es el más difícil de los ocho pasos. Existen dificultades ocasionadas

en la necesidad de proyectar el futuro. Hacer una política, por consiguiente, impone una carga

moral más pesada que lo que mucha gente esta dispuesta a aceptar. Por esto resulta importante

recomendar políticas que obtengan los resultados esperados al menor costo posible. Para la

proyección de resultados es importante contar con cierto tipo de información, ésta se obtiene

de manera privilegiada si comparamos con los resultados de la aplicación de políticas

análogas. Para la proyección de resultados resulta útil contar con modelos de la estructura

causal. Además se requiere pensar no sólo en la dirección de los resultados, sino también en

su magnitud. En ocasiones, basta con un punto estimado de la mejor suposición, pero en otros

casos debe proporcionarse un rango. Bardach señala que para no caer en el optimismo se

deben estudiar sistemáticamente los posibles escenarios adversos. De igual manera aconseja

imaginar como se actuaría si se estuviera en lugar del "otro". Muchas veces, los analistas

deben preocuparse por situaciones no previstas, pero que pueden ser anticipables.

5. Confrontación de costos y beneficios

Bardach sostiene que existen ocasiones en las que es necesario valorar el análisis de costos y

beneficios en cada una de las alternativas. La más común es la transacción que se da entre

dinero y el bien o servicio que recibe alguna proporción de la población. Otra es ponderar los

costos generados privadamente en relación con los beneficios sociales generados. Hay

ocasiones en que los costos y beneficios no son medibles, en sentido estrictamente monetario,

en cuyo caso es importante realizar un análisis del "mínimo aceptable" Por ejemplo si se esta

planeando una política de seguros una típica pregunta podría ser ¿ cuánto vale la vida de una

persona?. Otra aplicación útil del mínimo aceptable o punto de inflexión, concierne a la

incertidumbre sobre el futuro. A veces, el objetivo final de un análisis no es una

recomendación o un conjunto de intercambio de valores, sino una jugada bien estructurada,

para el cual el decisor debe hacer una elección. Por ejemplo, construir una carretera siempre y

cuando el número de usuarios vaya ser...Un error común al comparar distintas ponderaciones

es hacerlo en términos de alternativas y no de resultados esperados.7. Decida Bardach dice

que aunque no sea el analista quién tome la decisión final es importante tomar una, esto

permitirá revisar con que profundidad se han realizado los pasos anteriores.

Cuente su historia.

Finalmente, el autor señala que es importante sistematizar el proceso desarrollado. Considerar

que este pueda ser lo suficientemente lógico y fluido como para que sea asumido por los

decisores políticos o por quienes van a financiar la implementación de la política.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS.Donald van Meter y Carl van Horm

definen que: "La implementación de las políticas abarca aquellas acciones efectuadas por

individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la realización de objetivos previamente

decididos. A estas acciones pertenecen tanto los esfuerzos momentáneos por traducir las

decisiones en propuestas operativas, cómo los esfuerzos prolongados para realizar los cambios

grandes y pequeños, ordenados por las decisiones políticas". Para Wiliams "en su forma más

general, una investigación sobre la implementación... pretende establecer si una organización

es capaz de conjuntar recursos humanos y materiales en una unidad organizativa coherente y

si puede motivar a los operadores de manera tal que sean capaces de llevar a cabo los

objetivos explícitos de la organización". De las nociones que hemos expuestos podemos

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15

identificar tres elementos que resultan fundamentales en la fase de implementación de las

políticas. El primero hace relación con la determinación de objetivos y metas por parte de los

decisores políticos. Si bien algunos autores consideran que los mismos deben ser fijados o

establecidos por las autoridades o los responsables del poder público, otros plantean que, en la

definición de objetivos y metas de una determinada política, es fundamental la participación

de la sociedad civil, lo que permite legitimidad a la política e incluso puede significar nuevas

posibilidades para su implementación. Un segundo elemento tiene que ver con la existencia de

un marco legal que posibilite la implementación de la política, aunque hay ocasiones en que

de los objetivos que se planteen, puede deducirse la necesidad de reformas legales e incluso la

creación de nuevas disposiciones jurídicas. En todo caso, es necesario considerar que la

política que se diseñe no contradiga el ordenamiento constitucional existente. Por último, un

aspecto básico es la existencia de los recursos que permitan llevar adelante la política que se

vaya a implementar. En este sentido las dificultades que pudieran presentarse en el proceso

mismo de la implementación estarán íntimamente ligadas a cómo se resolvieron o enfrentaron

previamente los elementos que hemos descrito. Cabe destacar, que generalmente, los mayores

esfuerzos políticos y organizativos se concentran en el proceso de creación de la política y por

tanto del establecimiento de objetivos. Se parte del falso criterio que una vez que se han

tomado decisiones sobre determinada política, estas tienen que ser implementadas, y que,

además existen los controles institucionales que permitan su fiscalización. La experiencia

empírica sin embargo nos demuestra, que si no se atiende específicamente la fase de

implementación, es muy posible que éstas nunca se ejecute realmente o que sus resultados

sean deficitarios en función de los objetivos planteados inicialmente. Un problema adicional

para el estudio de la implementación de las políticas es que frecuentemente, resulta difícil

identificar los actores más relevantes, establecer variables para la medición, analizar las

decisiones y su respectivo contexto administrativo y por último hacer un análisis completo de

la administración exige que se preste atención a una multiplicidad de acciones durante

períodos prolongados, lo cual supone un enorme despliegue de tiempo y recursos. Estos

elementos han llevado a conclusiones apresuradas o superficiales como las que plantea Smith,

quien afirma que la implementación constituye un problema exclusivo de las naciones del

Tercer Mundo, en las que diversos intereses privados pretenden impedir que una burocracia

asediada implemente las políticas públicas. Donald van Meter y Carl van Horm sugieren que

es necesario distinguir entre implementación, ejecución o desempeño y el impacto de la

política. Estos son conceptos diferentes aunque estén interrelacionados. El estudio del impacto

se ocupa de las consecuencias de la aplicación de la política. El desempeño, en cambio, presta

atención al conjunto de factores que inciden en la prestación de servicios públicos y que

constituye uno de los elementos que va a determinar el impacto de las políticas. Como lo

señala Dolbeare, los estudios sobre el impacto se preguntan ¿qué ocurrió?, en tanto que en los

estudios sobre la implementación, la interrogante es ¿por qué ocurrió de esta manera?.

Algunos servicios pueden llegar efectivamente a su destino sin tener ningún impacto

sustancial en el problema que, se supone, atiende la política. En consecuencia, el buen

desempeño del programa es una condición necesaria pero no suficiente para la conexión de los

resultados definitivos.

Los fundamentos de una perspectiva teórica

Pressman y Wildavsky, a inicios de la década de 1960, señalaron esta ausencia de un marco

teórico sobre la implementación de las políticas públicas, sin embargo, reconocieron la

existencia de aportes en las ciencias sociales que no pueden ser desconocidos; mencionaron

por ejemplo, los estudios sobre las teoría de las organizaciones, en especial aquellos que se

han preocupado del control y del cambio organizacional. De igual manera, hicieron mención

de diversos estudios sobre las relaciones intergubernamentales y los relacionados con los

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impactos de las decisiones judiciales. Sin lugar a duda, los escritos sobre el cambio y el

control en las organizaciones son los que mayores contribuciones teóricas aportan al proceso

de implementación de las políticas. Un análisis profundo sobre la teoría de las organizaciones

es el de Kaufman (1971) que, después de examinar varios factores relacionados con las

limitaciones de recursos, los costos irrecuperables, los beneficios colectivos de la estabilidad,

entre otros, intentó encontrar los impedimentos para la innovación de la estructura en las

organizaciones, y llegó a la conclusión de que la mayoría de las organizaciones "son

prisioneras del presente y se muestran generalmente incapaces de cambiar el futuro que las

amenaza con la destrucción si no se transforman".Otro de los temas, que han sido motivo de

investigación, es el del control. Así Wilensky enfatiza en dos aspectos, el primero relacionado

con el cumplimiento de tareas y el segundo con el acatamiento de las normas de la

organización; mientras que para Anthony lo esencial del proceso de control radica en la

obtención y uso eficaz de recursos, así como en el cumplimiento de objetivos de la

organización. Por último, Etzioni señala que el propósito de los procesos de control en las

organizaciones, es asegurar que las reglas sean obedecidas y las ordenes cumplidas. En

síntesis, podemos concluir que los procesos de control están en directa relación con la

obtención de los resultados propuestos por la organización, con la mayor eficiencia y eficacia.

El cumplimiento de las normas organizacionales constituye el elemento objetivo, en tanto que,

aspectos como el liderazgo, las relaciones humanas y los incentivos son o pueden ser el

componente subjetivo que contribuye al proceso de control. Etzioni plantea que se requieren

distintos sistemas de acatamiento y obediencia, entre los que señala, el poder coactivo,

relacionado con el uso de sanciones; el poder normativo que consiste en la asignación y

manipulación de recompensas o privaciones simbólicas y, por último, el poder remunerativo,

es decir, la distribución de recursos materiales tales como salarios, comisiones, ganancias

adicionales y servicios. Sin embargo Etzioni, al igual que Weber no considera que el papel

que ejercen los funcionarios intermedios pueda influir decisivamente en el desempeño de las

organizaciones. Según Joan Subirats, las fronteras entre políticos y burócratas se vuelven cada

vez más confusas ya que no resulta fácil distinguir roles reales, basándose en lo formalmente

establecido, en los procesos de toma de decisiones. Esa descripción se acerca a la de Donsire

quien habla de "equilibrio de tensiones, inherentemente inestable".El punto de engarce de ese

"equilibrio inestable" son o pueden ser los productos de esa administración, los resultados de

la interacción entre política y administración. Se trata, pues, de un enfoque de ciencia política

que pretende alejarse del método formal - institucionalista, sustituyéndolo con una

aproximación empírica. La política como acción y no tanto como estructura. Las cuestiones

básicas del planteamiento son: ¿qué están haciendo los poderes públicos?, ¿por qué lo están

haciendo?, ¿qué consecuencias tienen sus acciones sobre la realidad social? Esto hace

referencia a lo que Dye resume en dos palabras "los gobiernos eligen hacer o no hacer".

Interesan los actores y sus características políticas y organizativas, pero no en si mismos, sino

en su relación con la elaboración de la agenda de actuación de los poderes públicos en su

influencia en la toma de decisiones o su implementación y evaluación de esas políticas. Este

campo de análisis permite considerar la importancia del concepto gestión pública, este

concepto pretende integrar técnicas gerenciales propias del sector privado o identificar los

parámetros de rendimiento de esa misma acción. Se trata de reconstruir procesos de actuación

de los poderes públicos, de examinar alianzas, relaciones y conflictos entre actores presentes

en el proceso político. Los actores no son vistos a partir de condiciones genéricas, sino en

relación a su concreta actuación en el desarrollo y materialización de un programa de acción

determinado. Un punto de partida para la elaboración del marco teórico es la política misma

que establece los objetivos y metas. Como lo dicen Lowi y Froman, el proceso de

implementación variará de acuerdo con las características de la política a ponerse en práctica.

Los autores clasifican las políticas de acuerdo con dos características distintivas: la magnitud

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17

del cambio requerido y el grado de consenso en torno de las metas por parte de los

participantes en el proceso de implementación. Los cambios graduales acumulativos tienen

mayor posibilidad de producir respuestas positivas que los cambios drásticos; además, el

proceso de implementación está influido por la magnitud del cambio en las organizaciones.

En torno al consenso, es importante considerar el grado de participación de los subordinados o

de los responsables de la aplicación de la política en la elaboración de la misma. La

participación favorece que exista un espíritu de equipo, mayor compromiso, mejor

comprensión de las razones para introducir un cambio, reducir la resistencia al cambio y evita

que los subordinados se opongan a cualquier iniciativa que se haya realizado exclusivamente

por parte de los superiores. A pesar de los elementos planteados, no sólo la participación

asegura el consenso sobre las metas de la política, como tampoco el consenso resuelve todos

los problemas inherentes a la implementación.

No hay que sorprenderse si los grandes cambios provocan consensos menores, así como

cambios menores concitan consenso alto (incrementalismo). Aunque esto puede asumirse

como la regla general, pueden existir, como excepciones, momentos en que los grandes

cambios obtengan consensos altos y que cambios menores susciten consensos bajos. La

hipótesis que los autores plantean consiste en que la implementación tendrá éxito cuando sólo

se requieran cambios marginales y cuando el consenso en torno a las metas sea alto. Se puede

afirmar que las políticas que busquen grandes cambios y obtengan alto consenso serán

implementadas con mayor éxito que las que provoquen cambios menores con escaso

consenso. En definitiva, el consenso en torno a las metas ejerce una mayor influencia sobre el

proceso de implementación que el elemento del cambio. Finalmente, Donals van Meters y

Carl van Horm postulan un modelo de implementación de las políticas en la que, a través de la

existencia de seis variables, intentan definir los vínculos entre la política y su desempeño. La

primera variable busca establecer los indicadores que permitan medir el grado de

cumplimiento de las normas y objetivos. Los estándares y los objetivos están contenidos en

las metas generales enunciadas en la decisión política. En ciertos casos, estas normas y

objetivos aparecen claramente estipulados y son fácilmente medibles (creación de empleos),

en otras es mucho más difícil identificar y medir el desempeño, lo cual puede deberse a la

extensión de programa o a la naturaleza compleja y de largo alcance de sus metas. El estudio

de la implementación puede realizarse o valorarse en relación con las metas. Para determinar

los estándares y objetivos se puede recurrir a las declaraciones de quienes elaboran las

políticas, las cuales se encuentra determinadas en diversos documentos, reglamentos o

lineamientos del programa, en los que se establece los criterios para la evaluación de la

política. En algunos casos, los estándares y los objetivos de la política tendrán que ser

construidos por el propio investigador. Una segunda variable es o puede ser la relacionada con

los recursos de la política, que tiene que ver con los insumos necesarios, fondos u otros

incentivos para facilitar la implementación. La tercera variable de este modelo tiene que ver

con la comunicación entre las organizaciones y las actividades para obligar a la acción, lo cual

exige no sólo claridad sobre los objetivos y metas sino, además, exactitud en la información y

funciones que deben desarrollar cada uno de los encargados de implementar la política.

Frecuentemente el éxito de la implementación requiere mecanismos y procedimientos

institucionales que permitan a las autoridades incrementar la probabilidad de que los

responsables de la implementación (asesoría técnica, disposiciones, sanciones y participación)

actúen de acuerdo con las normas y los objetivos de la política. Un ejemplo clarificador de

esta relación es la que se desarrollaba permanentemente entre el gobierno central y la

asignación de fondos para los gobiernos seccionales, en la que antes que, parámetros claros y

que podían ser generales al ámbito nacional, dependía de la circunstancia política, el interés

electoral, acuerdos parlamentarios, etc. Es de esperar que con la nueva ley de

descentralización y el marco constitucional vigente se institucionalicen mecanismos de

Page 18: DIMENSIONES TEÓRICAS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

18

asignación de fondos así como una racionalización en la gestión y control de dichos recursos.

La cuarta variable tiene que ver con las características de las instancias responsables de la

implementación y que puedan influir en el desempeño de la política, tales como: la

competencia y el personal; el grado y tipo de control de las decisiones y de los procesos de las

subunidades; los recursos políticos y la vitalidad de la institución encargada de la

implementación; el grado de comunicación abierta que existe y, por último, los nexos

formales e informales de la instancia responsable de la implementación con quienes

elaboraron la política. Una quinta variable propuesta es la relacionada con las condiciones

económicas sociales y políticas, que están constituidas por todas las influencias del entorno:

recursos económicos, efectos políticos de la aplicación de la medida, estado de la opinión

pública, grado de consenso en las élites políticas y posición de los diferentes actores sociales

directamente involucrados en la aplicación de la política pública. La última variable intenta

analizar la actitud de los encargados de la implementación, el grado de conocimiento de la

política, el nivel de aceptación y de intensidad que tiene la política que se ha decidido en las

instancias encargadas de la implementación de la misma. Estos seis elementos del modelo se

interrelacionan, jugando un papel central los recursos que pueden motivar una adecuada

comunicación y legitimar la obligatoriedad de las políticas. Al mismo tiempo esta expectativa

de alcanzar recursos puede promover la participación, como el apoyo o la animadversión a las

políticas. Se insiste en el grado hasta el cual los estándares y los objetivos de la política son

transmitidos con claridad y exactitud a los encargados de la implementación; así como

también, en que el éxito de la implementación depende de la capacidad que tenga la

organización responsable para realizar su labor. La capacidad para implementar políticas

puede verse entorpecida por factores tales como la sobrecarga de trabajo y la preparación

deficiente del personal, la insuficiencia de información y de recursos financieros, las

restricciones del tiempo. La implementación corre también el riesgo de fracasar si los

responsables rehúsan a hacer lo que se espera de ellos, (atenta a sus valores, intereses o

procedimientos interiorizados).

A MANERA DE CONCLUSIONES CRÍTICAS.

1.- Un primer elemento de debate consiste en la ubicación misma de las Políticas Públicas.

Como hemos revisado, algunos autores, especialmente los iniciadores de las "ciencias de las

políticas" pretendían una disciplina multidisciplinaria que permitiera aplicar los

conocimientos técnicos a la elaboración, ejecución e implementación del proceso de las

políticas. Sin embargo, estos mismos reconocen que no se debe confundir a la ciencia política,

cuyo objeto de estudio son las relaciones de poder, con las "ciencias de políticas" que se

encargan del estudio de la "teoría general de la elección"; incluso algunos autores

contemporáneos la distinguen de la misma administración pública, que tiene una dimensión

más operativa. En definitiva, las ciencias de las políticas pueden ser asumidas como un

constructo teórico que pretende superar la división entre los decisores políticos y los

encargados, tanto de la elaboración como, de la administración e implementación de las

políticas. Además, en los últimos años, de manera particular en América Latina, se presenta

como retórica política que busca justificar los procesos de reforma y modernización del

Estado.2.- Respecto a la definición de las políticas públicas también existen varias posiciones,

desde aquellas que plantean que son todos los flujos que provienen desde el régimen político

hacia la sociedad, hasta los que consideran que un gobierno por políticas públicas implicaría

ciertas características y un proceso "racional" en la elaboración, ejecución e implementación

de una determinada política. Desde nuestro punto de vista, la primera definición permite

entender de mejor manera el proceso de elaboración de políticas en nuestros países, en los que

intervienen una serie de factores, actores y el principal elemento para su establecimiento es su

legalidad, sin importar, en muchos casos, ni el proceso ni la posibilidad de su realización.3.-

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No es la primera vez que en la historia del Ecuador, ni del continente se habla de

Modernización y Reforma del Estado, por lo que resulta fundamental caracterizar los

elementos que constituirían dicha modernización. Más allá del debate académico, el discurso

modernizador pretende redefinir la relación público-privado; la nueva direccionalidad apunta

a establecer como principio la no intervención del Estado en actividades que puedan ser

realizadas por el sector privado. En este sentido, el discurso de las políticas públicas aparece

en el marco de lo que se ha dado en llamar la "racionalización" de las actividades del estado.

"En este sesgado proceso de modernización, las privatizaciones implicarían apenas un traslado

de propiedad del sector público al sector privado, sin reconocer que detrás de este proceso se

desatan transformaciones de las relaciones sociales que afectan la distribución del poder,

incidiendo en sus vivencias económicas, societales y culturales".4.- El discurso de las políticas

públicas y los "paradigmas de políticas" ponen en el centro de la discusión tanto las

posibilidades de elección de los ciudadanos, como la probabilidad de realización de un

proceso totalmente racional e institucionalizado. Sin embargo, al revisar el caso

latinoamericano, es necesario tomar en cuenta el análisis que realiza Guillermo O’Donnell

sobre "la otra institucionalización". Este autor señala que generalmente cuando se estudia los

procesos de democratización de América latina se recurre a comparaciones con "antiguas

poliarquías" y se plantea que el principal problema consiste en nuestra falta de

institucionalización, sin embargo O’Donnell no considera que sea un "problema" de nuestras

democracias la falta de institucionalización. Sostiene que existen dos instituciones

extremadamente importantes, la una formal, cuyo eje central son las elecciones; y la otra

"institución es informal", permanente y ubicua: el particularismo (o clientelismo, en sentido

amplio). El particularismo coexiste actualmente en incómoda tensión con y dentro de las

instituciones y reglas formales de lo que O’Donnell denomina el complejo institucional de la

poliarquía.O’Donnell reconoce que el establecimiento de la democracia es el resultado de

procesos que llevaron siglos en el cuadrante noroeste del planeta y que se materializaron a

través de un complejo institucional: conjunto de reglas e instituciones, muchas de ellas

organizaciones complejas, explícitamente formalizadas en Constituciones y legislación

auxiliar. Pero en otras latitudes del planeta, como en América Latina, las reglas informales,

como el clientelismo, son ampliamente compartidas y están profundamente arraigadas; en este

caso son estas reglas las que están altamente institucionalizadas, no las formales, por lo que es

primordial establecer la relación entre reglas y el comportamiento de los actores. El

particularismo resulta entonces un importante componente del régimen político de estas

democracias, entendiendo que el régimen es "el conjunto de patrones efectivamente

prevalecientes, no necesariamente formalizados desde el punto de vista legal, que establece las

modalidades de reclutamiento y accesos a los roles gubernamentales y los recursos previsibles

que forman la base de las expectativas de accesos a tales roles". Esto contradice el criterio de

que las políticas públicas sean un proceso racional, según el autor, la falta generalizada de

controles protege y realimenta viejas prácticas autoritarias; además se materializan intereses

altamente organizados y económicamente poderosos, que son determinantes en la elaboración,

implementación evaluación y control de gestión de las políticas.5.- Otro elemento que

contradice el proceso de las decisiones y reduce la probabilidad de elecciones racionales en

nuestras democracias constituye el peso decisivo y el papel de los organismos internacionales,

que en las actuales condiciones de globalización se han convertido en decisores que

subordinan los procesos locales y que incluso llegan a relativizar el criterio de soberanía sobre

el cual se han construido nuestros países. En palabras de Andrés Perez Baltodano "la

globalización destruyó la correspondencia entre el tiempo y el espacio que las ciencias

modernas han dado por sentados e invalidó la noción de soberanía como la delimitación de

fenómenos políticos dentro de límites geográficos que contienen una historia nacional . Según

Giddens, la globalización trajo consigo el desarraigo del sistema social. Con este término

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Giddens designa el desprendimiento de las relaciones sociales de sus contextos locales de

interacción y su reestructuración sobre tramos indefinidos de tiempo y espacio. La

globalización en otras palabras, ha atravesado los muros de los estados soberano, vinculando

los procesos políticos nacionales con fuerzas y procesos internacionales. El resultado de esta

penetración es la restructuración de procesos nacionales políticos en un plano

supranacional."En este sentido la posibilidad de políticas públicas, especialmente en ciertas

áreas como la política económica o la política social, no responden a lógicas nacionales y por

tanto los decisores o "hacedores de política" no parten del análisis de los problemas locales, ni

de las alternativas que pudieran desarrollarse frente a los mismos sino que están

condicionados por " la dinámica imperante de la globalización".6.- En el discurso de las

Políticas Públicas, es importante reconocer la intencionalidad de que en la elaboración e

implementación de políticas se conjuguen la creatividad, la especificidad, la

multidisciplinariedad y el concurso de los actores intervinientes en la definición de una

política determinada, sin embargo al no considerarse los marcos más estructurales y culturales

se relativiza también el papel de las decisiones e intenciones individuales.7.- Respecto a los

distintos enfoques enunciados sobre las políticas públicas nos parece importante considerar el

punto de vista de los actores involucrados en el establecimiento de una política, incluso en los

casos que se alude "razones de Estado", siempre existe a más de los actores institucionales

otros que participan en la definición de la misma. Ahora, la participación no garantiza que

existan mecanismos simétricos en la toma de decisiones, en muchos de los casos, más bien la

presencia de la oposición, legitima la definición, que siempre se resolverá en función de la

correlación de fuerzas políticas, en la que a su vez cuentan los factores de poder que controle

cada uno de los actores intervinientes en la elaboración o implementación de la política. En

esta misma línea de reflexión resulta más útil la tipología ensayada por Richardson sobre las

políticas públicas, en las que se opone a los planteamientos "racionalistas" e incluso

incrementalistas y más bien contempla si en la fijación de una política, el gobierno actúa

anticipándose o reaccionado frente a la respuesta de los actores sociales, de igual manera

considera si en el establecimiento de la política se generaron procesos de consenso o de

imposición. 8.- En torno a las fases de las políticas públicas, es importante una lectura en su

contexto histórico, puesto que, si bien es posible encontrar elementos generales en el proceso

de una política (definición del problema, información y construcción de alternativas, decisión,

implementación, evaluación, retroalimentación, etc), estos se hallan en directa relación con

influencias provenientes del medio ambiente externo, en el cual priman los criterios políticos.

Es evidente que uno de los ejes del discurso modernizador consiste en plantear una especie de

asepsia técnica que aparentemente no tiene un correlato político y que juega como retórica en

la legitimación de "únicas salidas", para decirlo en términos de Habermas la política y por

tanto su proceso decisional se vuelve un problema técnico. 9.- Una tensión que se desarrolla

en el discurso de las políticas públicas es la que se presenta entre la necesidad de un "proceso

técnico" de elaboración de las mismas y la participación de los actores en la toma de

decisiones, según algunos autores estos son elementos contradictorios que dificultan las

diferentes fase de las políticas públicas. Aunque hoy crece el consenso sobre la importancia de

la participación de los actores en la definición de las políticas, también debemos considerar,

que muchas veces, este discurso participacionista se agota en el involucramiento sólo en la

fase de ejecución de las políticas, concentrando la decisión y el control en esferas

institucionales. La posibilidad de una profundización democrática radica precisamente en la

socialización de los diferentes mecanismos que configuran el poder.10.- Por último, el

discurso de las políticas públicas difícilmente puede tener una direccionalidad en sí mismo, la

existencia de múltiples criterios en ocasiones contradictorios, así lo demuestran, por lo que

resulta fundamental encontrar una perspectiva teórica y política que superando las visiones

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instrumentales del discurso modernizador, permita una política pública que tenga por objetivo

la dignidad de los seres humanos y el reencuentro de la teoría y la práctica.

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