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PICRISISEdición 8

Órgano de información del Colegio Médico Colombiano

Junio-Agosto 2018 ISSN: 2539-505X (en línea)

CO

LEGIO

MÉDICO COLOMBIANO

CMC

CULTURA MÉDICA

ACTUALIDAD pág. 12La autonomía médica es el deber sagrado de los médicos: GJMN

Ley de residencias médicas: a punto de ser aprobada pág. 13Reformar la educación, un deber global

ReTHUS Pág. 14Meditech prevé convertirse en el HUB

del sector salud en la región

El Colegio Médico Colombiano se reinventa pág. 15

CITA CON pág. 6Sociedades Científicas exhorta a continuar

con la implementación de la Ley Estatutaria

Llamado a acoger el decálogo

para la reforma al Sistema pág. 7ANIRág. 7

CONTROVERSIA pág. 8Agonía de los hospitales públicos amenaza

la salud de los colombianos: ACESI

Promoción y prevención con enfoque territorial pág. 9

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN pág. 10Vivir gracias a un corazón artificialACOMEEl uso de cannabis medicinal requiere prescripción médica pág. 11

EDITORIAL pág. 2Todo colombiano tiene derecho al disfrute

del más alto nivel posible de salud

Vigencia del juramento hipocrático

Doctor Fernando Guzmán

OPINIÓN pág. 3Ciencia y reproducción humana

Doctor Fernando Sánchez Torres

ENTREVISTA pág. 4Vuelco al sistema de salud debe ser la prioridad

del próximo gobierno

Más consenso alrededor del decálogo

presentado por la GJMN pág. 5

Tema

s

Decálogo para reformar el Sistema

Agonía de los hospitales públicos

Aprobación Ley de residencias médicas

Índ

ice

El abogado considera que es hora de aprovechar la coyuntura política para avanzar hacia el modelo de salud definido en la ley estatutaria y comenzar a tramitar una iniciativa legislativa que sepulte la Ley 100.

El exmagistrado Jorge Iván Palacio respalda el decálogo de la Gran Junta Médica

El exmagistrado de la Corte Constitucional, Jor-ge Iván Palacio, manifestó su apoyo al decálogo presentado por la Gran Junta Médica Nacional

(GJMN) para reformar el sistema de salud. En opinión del magistrado, sintetizar en diez puntos un panorama tan complejo es una oportunidad de oro para dar el gran paso hacia un modelo en el cual el Estado asuma efectivamente la garantía del derecho a la salud.

Con más de 30 años de experiencia en la rama ju-dicial: ha sido juez municipal, magistrado de las salas laborales del Tribunal Superior de Medellín, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, ahora se suma a las voces que advierten la necesidad de trans-formar el sistema debido al desalentador diagnóstico que tiene la atención médica para los colombianos. “El panorama en salud está por empezar a ensamblarse. Es preciso estructurar un proyecto integral que desa-rrolle la ley estatutaria para tramitarlo en el seno de la democracia, el Congreso de la República, en donde tienen participación y representación todos los sec-tores del país”.

Palacio destaca la necesidad de terminar con la intermediación financiera, puesto que considera que las EPS han desconocido la destinación específica dada por la Constitución y la ley a los recursos parafiscales de la salud. “Estas empresas han efectuado un uso in-debido de los recursos y se han lucrado con la plata de todos los compatriotas, cuando no existe duda de que los dineros de la salud son públicos”.

Para este abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, con un Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, la inicia-tiva parlamentaria que se tramite debe fortalecer al sector público, puesto que los hospitales públicos son la columna vertebral del sistema, pero además consti-tuyen el principal escenario para la educación de todo el personal de salud. En muchas zonas apartadas los hospitales públicos no pasan de ser, a lo sumo, centros de salud, dice el Magistrado. “Resulta inconcebible

que algunos no tengan los insumos mínimos y que ni siquiera cuenten con agua potable, gasas o alcohol.”

Progresista en asuntos sociales, sostiene que el sis-tema de salud no puede seguir centrado en atender la enfermedad, ni los colombianos pueden padecer por más tiempo los efectos de la ausencia de legislación que no garantiza un derecho fundamental, mientras se sostiene el modelo antagónico de la Ley 100. “Entre la ley estatutaria y la Constitución no cabe una hoja de papel, señala Palacio. “El desarrollo de la estatutaria no

se puede hacer a través de resoluciones ministeriales, debe darse un debate abierto para avanzar hacia el consenso que encienda la luz de una ley ordinaria que le dé un vuelco al modelo.”

Por último, apunta Palacio, la GJMN, junto a la sociedad civil, reunida en un creciente número de organizaciones, tiene en sus manos el camino de la democracia y de la presión social para regular el dere-cho que tiene la gente a acceder a una atención médica oportuna y eficiente.

Jorge Iván PalacIo

EPICRISIS2 Edición 8 • Junio - Agosto 2018

ditorial

[email protected]

comIté dIrectIvo

Dr. Roberto Baquero Haeberlin

Presidente CMC

Dr. Jorge Diego Acosta C.Vicepresidente CMC

Dr. Jorge Antonio MonteroRevisor Fiscal

Dr. Germán MárquesFiscal Médico

Dra. Ivonne Diaz YamalFiscal suplente

Dr. Javier Pérez Torres

Dr. Diego Mauricio Chaustre

Dra. Ángela María Gutiérrez

Dr. Oswaldo Alfonso Borraez

Dr. Jesús Chaustre

Dr. César Yamil Cure

comIté edItorIal

DirectorDr. Roberto Baquero Haeberlin

Contenido EditorialMaricielo Acero Rodríguez

Asesores MédicosDr. Jorge Diego Acosta CorreaDra. Ivonne Díaz YamalDr. Oswaldo Alfonso Borraez Gaona

Diseño y DiagramaciónPrecolombi-David Reyes

ImpresiónPanamericana Formas e Impresos S.A.

Publicación trimestralBogotá

Doctor Fernando Guzmán Mora, MDPresidente Federación Médica Colombiana

Roberto Baquero HaeberlinPresidente CMC

“Todo colombiano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”

Vigencia del juramento hipocrático

Paz, equidad y educación fueron las banderas agi-tadas por el actual Gobierno en los ocho años de su período. La paz sigue siendo una esperanza,

pero tanto la equidad como la educación se han con-vertido en objetivos inalcanzables. Después de una ardua batalla estamos a punto de que el Congreso apruebe la ley de residencias médicas para corregir el error histórico de permitir el cobro excesivo de matrículas y no el pago de salario a los residentes.

No es posible reducir la brecha de la desigualdad social si únicamente los estudiantes con condicio-nes socioeconómicas favorables son los que pueden acceder a una educación superior y a programas de posgrados. Es más, en los últimos años estas diferen-cias entre los estudiantes de altos y bajos recursos se han ampliado considerablemente debido al costo desmesurado de las matrículas en cualquier univer-sidad privada.

Hace unos días se hizo público el proyecto de desarrollo del talento humano por parte del minis-terio de Salud, algo que venimos reclamando hace mucho tiempo. Desafortunadamente no convocaron a los gremios del sector, quienes conocen y sufren la problemática por la que atraviesan, lo que resta trascendencia a la intención del Gobierno. Como es costumbre en el país, que era consagrado del Sagra-

do Corazón, las leyes son diseñadas por técnicos y tecnócratas. Quedan muy bonitas en el papel, pero no se ajustan ni resuelven los problemas de millones de colombianos.

Quiero traer a colación que Colombia ha firmado varios pactos internacionales que consideran que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud; entre ellos la alimen-tación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea Gene-ral de las Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 23 expresa el derecho a la elección libre de un traba-jo en condiciones equitativas, de un nivel de vida adecuado que le asegure al trabajador y su familia progreso social para elevar la calidad de vida. En el Protocolo de San Salvador, los Estados Americanos se comprometieron a cumplir con cinco obligaciones entre las que están adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente su plena efectividad.

Aunque Colombia firmó estos acuerdos, la reali-dad que tenemos es que los trabajadores de la salud han perdido garantías laborales. En el afán por dis-minuir los costos de la red pública, desaparecieron los contratos a término indefinido con prestaciones sociales incluidas y aparecieron los contratos por medio de cooperativas y las órdenes por prestación de servicios que además de ser ilegales, han llevado al detrimento laboral y han ocasionado un daño colateral inmensurable en la calidad de la atención.

El Gobierno está en mora y tiene la deuda de cum-plir con los compromisos adquiridos ante la comuni-dad internacional para garantizar la progresión de este derecho humano. Hoy los médicos pedimos que se aplique Ley Estatutaria y se respete al autonomía para poder dignificar el ejercicio de la medicina.

metidos y que han protestado juramento según la ley médica, pero a nadie más.

4. Relación con el enfermo, orientando el ejer-cicio médico hacia la búsqueda del bien del paciente. Dirigir el tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y abstenerme de toda maldad y daño.

5. Respeto a la vida por encima de cualquier consideración. No administrar a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomar la iniciativa de una sugerencia de este tipo. Asimismo, no recetar a una mujer un pesario abortivo; sino por el contrario, vivir y practicar mi arte de forma santa y pura.

6. Conocimiento de las limitaciones del conoci-miento. No operar ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculos, sino dejarlos en manos de quienes se ocupan de éstas prácticas.

7. Conservación de la dignidad médica, evitando actos que vulneren la imagen del profesional. Al visitar una casa, entrar en ella para bien de los enfermos, manteniéndome al margen de los daños voluntarios y de actos perversos, en especial de todo intento de seducir a mujeres o a muchachos, ya sean libres o esclavos.

8. Mantenimiento del secreto profesional. Ca-llar todo cuanto vea y oiga, dentro y fuera de mi actuación profesional, que se refiere a la intimidad humana y no deba divulgarse, convencido de que tales cosas deben mante-nerse en secreto.

Analizando las fuentes mismas de la norma ética médica, es indispensable conocer muy bien el Juramento de Hipócrates, pues de él han ema-

nado las bases de los códigos modernos, siendo además su validez de una vigencia que cobra actualidad si se interpreta en su forma más amplia. Es un código ético que detiene los actos destructivos del hombre contra sus congéneres, la naturaleza y Dios.

El Juramento consta de nueve partes:

1. La invocación a los dioses es una aceptación de la limitación humana frente a la vida, la enfermedad y la muerte. Juro por Apolo mé-dico, por Asclepio y por Higea, por Panacea y por todos los dioses y diosas, tomándolos por testigos, que cumpliré, en la medida de mis posibilidades y de mi criterio, el juramento y compromiso.

2. Relación del sabio para con su familia y sus maestros, fuente de apoyo moral, testimonio de tradición y sujeto de agradecimiento como pilar de la sociedad. Considerar a mi maestro en medicina como si fuera mi padre; compartir con él mis bienes y, si llega el caso, ayudarle en sus necesidades, tener a sus hijos por her-manos míos.

3. Docencia médica. Enseñarles este arte, si quie-ren aprenderlo, sin gratificación ni compromi-so; hacer a mis hijos partícipes de los preceptos, enseñanzas orales y demás doctrinas, así como a los de mi maestro, y a los discípulos compro-

9. Compromiso con los principios de la profesión médica. Si cumplo este juramento sin faltar a él, que se me conceda gozar de la vida y de mi actividad profesional rodeado de la conside-ración de todos los hombres hasta el último día de mi vida; pero si lo violo y juro en falso, que me ocurra todo lo contrario.

Quienes piensan que el Juramento Hipocrático ha perdido vigencia están absolutamente equivocados.

3EPICRISIS

Edición 8 • Junio - Agosto 2018

pinión

Refiriéndose al “fenómeno humano”, es decir, al Hombre (así, con mayúscula, como a él le gustaba que se identificara al representante de la especie

humana, varón o hembra), situado dentro de la Na-turaleza, el sacerdote y científico jesuita Teilhard de Chardin anotaba que “entre los hechos que se nos pre-sentan a nuestros conocimientos, ningún otro puede ser más extraordinario ni más luminoso”. Es cierto, lo que tenga que ver con ese “fenómeno”, es admirable. Por ejemplo, el conocimiento de cómo el hombre y la mujer, dentro de la Naturaleza, se reproducen y perpetúan la especie. Lograr esta maravillosa visión ha sido uno de los más grandes aportes de la ciencia y la tecnología.

En el terreno de la reproducción humana la ciencia ha venido cumpliendo bien su cometido: conocer la verdad y tras ella beneficiar a los de la especie. Gracias a la vocación inquisitiva de los hombres de ciencia, lo que antes era simple especulación hoy son hechos evi-dentes. Recuérdese que Alcmeón de Crotona pregonaba hace 500 años antes de Cristo que del cerebro procedía el semen fecundante. En la década de los 60 del siglo veinte se comprobó que el cerebro es un verdadero órgano sexual, pues allí se originan las hormonas que van a poner en marcha el sutil mecanismo que hace que el hombre y la mujer produzcan espermatozoides y óvulos, respectivamente. Por su parte, el médico y filósofo griego Anaxágoras (499-428 a. de C.) sugería que todos los componentes del nuevo ser (piel, uñas, nervios, sangre, venas, etc.) iban contenidos en el es-perma. Demócrito (460-370 a. de C.), en una frase de filósofo-poeta, sentenció que “durante el acto sexual, un hombre sale en ese momento de otro hombre”, lo que fue complementado por Platón (427-348 a. de C.) cuando afirmó que el hombre siembra en la matriz unos animales minúsculos, invisibles, que llegan a ser hombres. Esos animales minúsculos fueron puestos al descubierto en 1677 por un diletante de la ciencia, el comerciante de paños holandés Anthony van Loew-enhoek al observar con un microscopio rudimentario unos pequeños animales provistos de cola en el líquido espermático humano, que fueron bautizados homún-culos, o espermatozoides.

En El Banquete, el mismo Platón pone en boca de uno de sus personajes esta frase profética: “La unión del hombre y la mujer es un verdadero alumbramiento en el que hay algo de divino, puesto que gracias a la fecundación y a la generación, el ser mortal participa de la inmortalidad”. Tamaña intuición fue corroborada luego con las aportaciones del monje austriaco Grego-rio Mendel al establecer las leyes de la herencia (1865)

y con las de Teodoro Boveri al descubrir (1902) los “cromosomas”, que eran lo que Mendel llamaba

“factores”, y que son trasmitidos en el óvulo y en el espermatozoide. Con la descripción de la

estructura del DNA (1953) y del RNA como mensajero de la instrucción genética (1966),

la ciencia comprobaba que, en efecto, el acto sexual fecundante es la manera como el ser

humano logra su inmortalidad. Por eso el científico Mahlon B. Hoagland en su libro

Las raíces de la vida expresó: “El DNA es la inmortalidad de los mortales”.

A lo largo de dos mil años de pa-ciente investigación, el hombre ha

logrado conocer por completo el fenómeno de su reproducción.

Saciada su curiosidad, ha pasado ahora a la etapa uti-litarista de ese afán inquisitivo, es decir, a darle una aplicación práctica, que viene a ser la razón lógica del quehacer científico. La reproducción manipulada es la demostración evidente: control de la natalidad, inse-minación artificial, ovulación inducida, fertilización in vitro, transferencia de embriones (“bebé probeta”). Para avanzar más, en 1967 fue aislada la enzima DNA-ligasa, que puede unir cadenas de DNA. En la Universidad de Stanford, en 1972, se generaron las primeras molécu-las recombinantes de DNA, usando la DNA-ligasa. Al año siguiente, fragmentos extraños de DNA fueron

insertados dentro de plásmidos (que son moléculas pequeñas capaces de autorreplicarse) de DNA para crear plásmidos quiméricos, es decir, elementos cuyas partes tienen origen genético diferente. De esa mane-ra se abrió el camino para clonar bacterias a partir de cualquier gene y para crear formas de vida diferentes a todas las que hasta ahora han existido sobre la Tierra.

Como era de esperar, la experimentación con DNA recombinante desen-cadenó una tempestad de protestas por sus potenciales alcances y peligros. Se clamó entonces por una mo-ratoria mundial sobre cierta clase de experi-mentos con DNA re-combinante. En medio de la histeria colectiva, en 1976 se conoció una noticia tranquilizante: la creación en San Francisco, California, de la primera compañía comercial de ingeniería genética (“Genen-tech”), dedicada a usar el DNA recombinante para producir importantes drogas de uso humano. Pronto comenzaron a fabricarse el interferón (contra algunas formas de cáncer), la protropina u hormona del cre-cimiento, y la humulina o insulina sintética. Cuenta Steve Prentis en el libro Biotecnología que en octubre de 1980 se ofrecieron al público las primeras acciones de “Genentech”. Fue tal el impacto en Wall Street que a los 20 minutos de ofrecerse las acciones se habían disparado de 35 a 90 dólares. “En el punto cumbre del noviazgo –dice- entre el negocio del mercado de reservas y la biotecnología, la simple sospecha de la clonación de un gen precipitaba a los inversores ha-

CIENCIA Y REPRODUCCIÓN HUMANA

cia sus corredores de bolsa, aun cuando unos y otros desconocían la viabilidad comercial de aquella última maravilla de la ciencia”.

La ingeniería genética encontró en el terreno de la reproducción humana un filón inmenso de posibi-lidades. El ambicioso “Proyecto Genoma Humano” se hizo realidad en abril de 2003 al lograrse el “mapeo” o imagen cromosómica completa de un individuo, abrien-do la puerta para la identificación y tratamiento de muchas enfermedades, pero también para eventuales descarríos científicos. El 2 de agosto de 2017 la revista Nature anunció la corrección de un gene patógeno en embriones humanos. Poco después, MIT Technology Review comunicó que un grupo de investigadores en Portland, Oregon, había llevado a cabo la creación de embriones humanos genéticamente modificados.

Recientemente, a raíz de la clonación en China de dos primates, se suscitó de nuevo la discusión por la audacia de los investigadores y los medios editoriali-zaron sobre las graves implicaciones de esas hazañas científicas, al igual que en la década de los 70, cuando se dieron a conocer los experimentos con el DNA re-combinante. En 1978, en pleno escándalo, apareció el libro In his image. The cloning of a man, publicado por J.B.Lippincott Company de Nueva York, conmocionan-do los círculos científicos, religiosos, filosóficos y hasta políticos al dar por cierto el relato que en él se hace, a cargo del comentarista científico norteamericano David Rorvik. De manera novelada este teje una trama en tor-no del capricho de Max, un septuagenario y mundano millonario que decide comprar la ciencia para obtener de ella un heredero suyo, que fuera su propia imagen. Rorvik, conocedor de los adelantos en el campo de la reproducción, se declara intermediario de tan ambi-ciosa aspiración. Para lograrla, y merced al poder del dinero, conforma un equipo de investigadores a cuya cabeza figura un veleidoso científico que, para proteger su verdadera identidad, es bautizado “Darwin”. Luego de profundas disquisiciones ético-científicas, Darwin se aventura a realizar el ensayo de algo que ya se ha-bía logrado en algunas especies animales: la clonación,

palabra derivada del griego klon, que quiere decir “retoño”. El útero que sirvió para sembrar con éxito el proyecto de clono de Max fue el de Sparrow, una virgen de 17 años.

Ante las posibilidades de que se-mejante hazaña hubiera sido cierta, la revista Science comentó: “La ex-tensión de la clonación a los huma-nos podría tener graves e insólitas aplicaciones. Los peligros son real-mente aterradores”. Hoy, 40 años después, al conocerse la hazaña de

los investigadores chinos, vuelve a plantearse la misma inquietud. Hay razón para ello, si se tiene en cuenta lo que el médico y humanista español Pedro Laín En-tralgo escribió en el prólogo de la novela de ficción de George Orwell 1984: “Nadie sabe y nadie puede saber si para la técnica del hombre habrá algo que al fin sea absolutamente imposible”. En otras palabras, ¿adónde llegará el hombre de ciencia en esto de la reproducción humana? ¿Todo lo que se puede hacer (técnicamente), se debe hacer (éticamente)? Es el eterno dilema entre ciencia y conciencia.

El DNA es la inmortalidad de los

mortales.

Fernando Sánchez Torres

La revista Science comentó: “La extensión de la clonación a los humanos podría tener

graves e insólitas aplicaciones. Los peligros son realmente aterradores”. Hoy, 40 años

después, al conocerse la haza-ña de los investigadores chi-

nos, vuelve a plantearse la misma inquietud.


Después de tres años de aprobada la Ley Estatutaria de la Salud, persisten las quejas de los usurarios del sistema de salud. El doctor José Félix Patiño Restrepo participó en la preparación del decálogo para cambiar el actual modelo. En diálogo con el Colegio Médico Colombiano amplia algunas de las propuestas.

Darle un vuelco al sistema de salud debe ser la prioridad del próximo gobierno

El doctor José Félix Patiño Restrepo, ex Presidente de la Academia Nacional de Medicina, ex Ministro de salud, ex Rector de la Universidad Nacional de

Colombia y miembro de la Comisión para la Transfor-mación de la Educación Médica, es un referente de la histórica transformación de la medicina en Colombia. En los últimos meses ha sido invitado a las reuniones de la Gran Junta Médica Nacional (GJMN) con el fin de elaborar un decálogo con las propuestas para refor-mar el sistema de salud y resolver una de las mayores preocupaciones de la población.

Para el doctor Patiño, la Gran Junta Médica Nacio-nal ha hecho un esfuerzo coordinado para promover un cambio estructural del sistema de salud que se ajuste al marco jurídico aprobado en la Ley Estatutaria. “Después de varios debates, la GJMN acordó hacer algo similar a lo que hizo el doctor Fernando Sánchez Torres, co-mo presidente de la Academia Nacional de Medicina, cuando después de año y medio de discusiones, tomó un papel en el cual escribió los 14 puntos fundamen-tales para transformar el modelo de salud. Es lo que hoy conocemos como la Ley Estatutaria de la Salud”.

Hay que recordar, explica el profesor Patiño, que las leyes estatutarias tienen como función regular los derechos humanos fundamentales; con esa base orientan el sentido y contenido de las leyes ordinarias. Además, trazan el rumbo de las políticas públicas. “Con ese alcance, la estatutaria sancionada en 2015, declaró que la salud es un derecho humano fundamental y estipuló el alcance de dicho derecho. Esa sentencia hace que sea totalmente incompatible con la Ley 100. Lo más absurdo es que después de tres años de aprobada la Ley, no se ha tocado la matriz de la intermediación financiera, es decir, a las EPS y se conserva el modelo de asegura-miento, que es el elemento que ha llevado a la comercialización de la salud como si fuera una mercancía y no un derecho”.

El doctor Patiño asegura que el Go-bierno le incumplió al país con el plazo otorgado por la Corte Constitucional para implementar la estatutaria. Ter-minar con la intermediación financiera, agrega, ha sido el gran problema; sin embargo, los fines de lucro y la misma intermediación son los que quebrantan el concepto de derecho fundamental que tiene todo colombiano. “La totalidad de las EPS, incluso las que se consideran sin ánimo de lucro, tienen interés en ob-tener un excedente o algo de utilidades al final de cada año. En vez de que se dinero vaya a parar a los bolsillos de unos cuentos, se debería emplear para ofrecer mayor calidad y oportunidad en la atención de la salud. Pero el actual minSalud ha desconocido por completo la norma y, por el contrario, ha emitido una serie de decretos y resoluciones que refuerzan el modelo de la Ley 100, lo que hace imposible mejorar el sistema de salud”.

La Academia Nacional de Medicina (ANM) ha propuesto que las EPS dejen de manejar los recursos públicos y se conviertan en administradoras o gestoras, planteamiento que al profesor Patiño le parece una bue-na alternativa. “Se les puede pagar una suma fija para que funcionen como una rueda de engranaje. El Estado colombiano es el que se debe encargar de garantizar la

salud y no las EPS. Estas últimas pueden gestionar las bases de datos, la parte contable y pasar a ser aliadas de los pacientes, en lugar de mantenerles el incentivo perverso que tienen hoy en día para contener costos e incrementar su ganancias a costa del sufrimiento de los colombianos.”

SOS para los hospitales públicos

El propósito del decálogo es crear el modelo de salud que el país necesita, agrega Patiño. Por tal razón, el próximo gobierno va a tener que tomar medidas drásticas frente al tema de la salud. De igual forma, continúa, tiene que nombrar a un ministro de Salud que sea médico. “ Yo me considero muy buen médico, pero si me nombran Ministro de Hacienda, llevaría al país a la quiebra. Eso es lo que ha pasado con la cartera de salud”.

Reitera que no puede seguir la situación crítica de la red pública hospitalaria, la mala calidad en la pres-tación de los servicios, la condición agonizante de la salud pública, las pésimas condiciones laborales de los trabajadores de la salud y el desconocimiento de la autonomía médica.

doctor José FélIx PatIño

público; ahora no lo pueden hacer porque la institución pública ha quedado rezagada y no cuenta con la misma tecnología de punta que los demás; de manera que el daño que se le hizo a la red de hospitales públicos es incalculable”. Dice el ex Ministro que la cartera morosa sobrepasa los siete billones de pesos y que si se pagara ahora, habría que conseguir otra cuantiosa cantidad de dinero para modernizar la infraestructura y los equipos médicos. “El futuro de los hospitales públicos es muy oscuro; si no se toman medidas inmediatas, van a desaparecer. Ya muchos han cerrado, otros se vol-

vieron privados y hay algunos como el San Vicente de Paúl, de la misma categoría del San Juan de

Dios de Bogotá, que tuvo que cerrar servicios indispensables como los de pediatría. Quie-

nes hemos trajinado este camino estamos desilusionados, frustrados y desesperados

ante esta realidad, pero el Ministro no ha hecho nada por salvar estas institu-

ciones y ha hecho todo por sobrevivir a las EPS”.

La medicina es una comunidad moral dentro de la sociedad que en forma altruista busca mejorar a la persona y a la colectividad, reflexiona el profesor Patiño. En 2.500 años de historia de la me-dicina, en 1993 se introdujo por primera vez en concepto mercan-tilista de la salud. Muchos vieron en la atención un negocio. Esa es la

mayor perversión de la moral social. “No puede existir un buen negocio y

al mismo tiempo un sistema de salud con calidad porque para que el negocio

sea sostenible tiene que negar servicios. Es así de simple”.

Considera el profesor Patiño que el neo-libralismo no es una ideología económica sino

una religión de fanáticos fundamentalistas que no creen que algo pueda funcionar si no está por

dentro del círculo de lo privado o es rentable. “Quie-nes estudiamos medicina hace algún tiempo nunca pensamos en hacer negocio o en enriquecernos con ella. Para nosotros era una vocación el poder servir a los demás y nos parecía fascinante entender el mundo el universo a través de la medicina, la cual estudia las bases moleculares de la vida y de la enfermedad. Por eso, la Ley 100 le hizo un daño terrible a los pacientes, a los médicos y a la medicina”.

Para empezar, enfatiza, el Estado debe recuperar la rectoría y el control del sistema. “Igualmente, hay que examinar la integración vertical porque ocasionó la desaparición de los hospitales públicos. Las redes prestadoras de las EPS nunca incluyeron a un hospital

ntrevista

5EPICRISIS


Más consenso alrededor del decálogo presentado por la GJMN

Desde hace algún tiempo cobra fuer-za la discusión de transformar el sistema de salud y salir del modelo

de mercado hacia uno que le devuelva la hegemonía al Estado, que termine con la intermediación financiera y que base sus principios en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

En febrero de 2017, se creó la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1819 de 2016. Para Jorge Iván Gon-zález Borrero, profesor de la facultad de economía de la Universidad Nacional de Colombia, la comisión identificó que los problemas más graves del sector salud se relacionan con el diseño general de atención en salud, el cual ha otorgado poco énfasis a la prevención y tiende a favorecer tratamientos más costosos de lo necesario; la falta de coherencia entre los beneficios que ofrece el sis-tema y el flujo de gastos que genera, lo cual compromete seriamente la soste-nibilidad financiera de los actores del esquema de aseguramiento; la ausencia de fuentes adicionales de financiación para hacer frente a las presiones actuales de gasto, y los pasivos del sec-tor público.

Dentro de las recomendaciones de la comisión se encuentra la de estimular una competencia más eficaz entre las EPS, para obtener mayor eficiencia y una oferta de mayor calidad. Para este propósito se recomienda estudiar la in-corporación de elementos de prevención y calidad en el cálculo de la unidad de pago por captación (UPC). Además, su-girió flexibilizar la normatividad sobre integración entre las EPS y las IPS, la cual puede mejorar la eficiencia, calidad en el servicio y reducción de costos, siempre y cuando no reduzca la competencia.

Jorge Iván González Borrero, profesor de la facultad de economía de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, y el doctor Félix León Martínez Martín, presidente de Fedesalud, manifestaron sus opiniones acerca del decálogo para reformar el sistema de salud. Coincidieron en que el éxito de los países está en integrar la atención básica con la prevención.

En cuanto a las propuestas del de-cálogo presentado por la Gran Junta Médica Nacional (GJMN) para reformar el sistema de salud, el profesor Gonzá-lez coincide en que es urgente avanzar hacia la atención primaria. “Se necesitan políticas de prevención y gestión integral de riesgo tanto a nivel del gobierno na-cional y los gobiernos territoriales como a nivel de las EPS. Todo el incentivo está en el alto costo. Nadie crea estímulo para la atención básica. Por eso, una forma de atacar de manera estructural el gasto en

salud es mediante la generación de un sistema de prevención y promoción de la salud”, dice.

De otro lado, Gonzáles afirma que la comisión insiste en fortalecer los ins-trumentos de supervisión de las EPS y las IPS con énfasis tanto en aspectos fi-nancieros y de sostenibilidad como en el cumplimiento de estándares de calidad y oportunidad de la prestación de los servi-cios. De los diez puntos presentados por la Gran Junta, el profesor es optimista y se muestra de acuerdo con nueve de

ellos. “Coincido en que las condiciones la-borales del talento humano en salud son un desastre. Hay demora de los salarios, contratos por prestaciones de servicios, no pago de las prestaciones de ley, des-pidos masivos y prácticas que atentan contra el profesionalismo de la medicina en Colombia. Otro punto importante es revisar el enfoque para la formación del médico general para otorgarle una mayor capacidad resolutiva y permitir una ampliación de sus funciones dentro del sistema”.

Las EPS manejan la chequera que les entrega el Gobierno

Según el doctor Félix León Martínez Martín, presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de

la Salud y Seguridad Social (Fedesalud), el problema es que el sistema de salud está mal estructurado. Por lo tanto, los recursos serán siempre insuficientes y, en consecuencia, el ministerio de Salud decide reducir los servicios que brinda a la población. “En el modelo del asegu-ramiento comercial no es el costo de la atención a las personas lo que determina el dinero que se invierte en salud, sino que la plata que hay es la que fija los servicios que se prestan”, explica.

Bajo el poderío de la Ley 100, que no debería existir desde la aprobación de la Ley Estatutaria, no hay oportunidad y la calidad riñe con la ganancia de los intermediarios, agrega el doctor León. Tampoco existe la alternativa de recibir la mejor opción terapéutica para la en-fermedad de acuerdo con la evidencia científica, pues con el Mipres siguen vivas las restricciones impuestas en

una plataforma digital diseñada arbi-trariamente.

El control del gasto en salud tiene sentido, continúa, en la medida que no sacrifique la calidad de la atención, pero el modelo actual está diseñado para con-tener el gasto y es el argumento para jus-tificar las ganancia del capital financiero a costa de la salud de los colombianos. “En los balances financieros de las EPS no aparecen las utilidades. El dinero se va por la puerta de atrás, no por dividen-dos. Lo que hace una EPS es manejar la chequera que le entrega el Estado. En-tonces, abre negocios donde participan amigos y familiares para sobrefacturar cierto porcentaje a través de empresas secundarias. Como no existe garantía de precios transparentes, es fácil desviar la plata que debería estar destinada a mejorar los servicios de salud.

Una posible salida es romper el sis-tema en dos, asegura León. “Uno de los mejores modelos que conozco, el de Costa Rica, funciona bien porque la

atención básica está en manos del Estado y la complejidad la manejan los privados. Colombia tiene la posibilidad de diseñar el sistema de salud basado en la atención básica o primaria”.

Para el presidente de Fedesalud, es el momento de hacer la transición hacia un sistema público centrado en la atención básica. Los servicios de salud se deben planificar de acuerdo con las necesida-des de la población y el mercado debe responder a esa demanda. El lío es que la prevención tiene un efecto a 20 años, o que no representa un buen negocio para las EPS”.

De todos modos, concluye León, hay relaciones entre Estado, empresa y ciu-dadano que son más favorables para la persona de pie. Los sistemas que tienen como estrategia la atención básica en salud reúnen todos los aspectos indis-pensables, como equidad, cobertura, atención integral, sostenibilidad y re-gulación, que según la propia Organi-zación Mundial de la Salud (OMS) es

hacia donde todos los Gobiernos deben encaminar sus esfuerzos y políticas de salud pública.


Es un médico que preserva la tradición del quehacer con la defensa de los principios gremiales en un lu-gar histórico de la medicina. Coincide con quienes

aseguran que la aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud fue un gran logro de la sociedad civil organizada que le permitió a los colombianos dejar de ser vistos como clientes del sistema de salud y los convirtió en seres humanos.

Para el doctor César Augusto Burgos, nuevo pre-sidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), desde febrero de 2015 la salud pasó de ser un servicio a ser proclamada como un derecho humano fundamental, lo que implica que no pueden existir barreras de acceso de ninguna índole para re-cibir atención médica. “La norma también rescató el concepto de autonomía de los médicos tratantes en su relación con sus pacientes, la cual le devuelve al galeno la libertad de emitir su diagnóstico profesional con res-pecto a la atención y al tratamiento. Somos conscientes de que tenemos la responsabilidad permanente de au-torregularnos, así como la obligación de evocar el más alto sentido ético en nuestra actividad profesional”.

Egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es un hombre que articula la pasión de las causas justas con el rigor del conocimiento. Por eso, considera que el próximo Gobierno debe hacer una reforma de fondo al modelo de salud. “En todos los sondeos de opinión la salud es uno de los temas que más preocupa a los colombianos después de la corrupción y la seguridad. Necesitamos cambiar el modelo de enfermedad por uno que se enfoque en la atención primaria en salud y que rescate la importancia de la salud pública como deter-minante social. La población debe ser escuchada; para ello, hay que crear canales que le permitan expresarse”.

Como hombre comprometido con la comunidad y padre de cinco hijos, está de acuerdo con lo propuesto por distintos sectores del gremio médico y la sociedad civil para reformar el sistema. “Si avanzamos en el pri-mer punto: hacer cumplir la Ley Estatutaria, el resto viene por añadidura. Ese aspecto es crucial y trans-versal porque de ahí se derivan los demás. Nos urge

ita con:

Sociedades Científicas exhorta a continuar con la implementación de la Ley EstatutariaEl doctor César Augusto Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), afirma que el nuevo gobierno debe tramitar la reforma a la salud para tener un modelo que garantice ese derecho fundamental y cubra las demandas de la población.

un modelo a la talla de lo consignado en la estatutaria y acoger el llamado del Procurador General de la Na-ción para convocar un consenso nacional por la salud y dar así una solución real al padecimiento de muchos compatriotas. Es indispensable ponerle fin a la interme-diación financiera, de lo contrario nunca habrá dinero que alcance para brindar atención; hay que priorizar la promoción y prevención de la salud, y restituirle al Estado el papel de gestor integral del riesgo”.

Para el doctor, se necesita atravesar un proceso rápi-do de transición que reduzca los problemas inherentes a los cambios del modelo. Si bien la plataforma Mipres permitió la abolición de uno de los mayores obstáculos: los comité técnico científicos, su implementación ha sido lenta y engorrosa, al punto de que aún persisten barreras a la autonomía médica, dice Burgos. “Ahora nos corresponde a los médicos fortalecer esa autoges-tión y activar los procesos de profesionalización que se perdieron con el esquema de la Ley 100”.

Precisamente, como presidente de la ACSC, ase-gura que una de sus banderas es mejorar la calidad en la formación, prestación y profesionalización. “Con el modelo impuesto por la Ley 100 el médico entró a ocu-par un rol secundario en el cuidado de la salud, perdió la capacidad de decidir y fue sometido a las órdenes de las juntas médicas o de las políticas de las empresas aseguradoras. Debemos restablecer la dignidad de la profesión y el trato digno al profesional. Ahora tene-mos el desafío de reconstruir el espacio para definir la conducta médica y debemos volver a saber ser médicos para poder hacer bien nuestra labor”.

Aprender a ser antes que hacer

A sus 62 años, sabe que las condiciones en las que se ejerce la medicina muchas veces son injustas, hosti-les e indignas; pero saberlo lo estimula a trabajar para modificarlas y no está dispuesto a que eso le quite la vocación ni su deseo de servir a los demás.

Después de varios debates para analizar la calidad de la educación médica, agrega el doctor, la Comisión para la Transformación de la Educación Médica, inte-grada por representantes del Gobierno, de hospitales públicos, hospitales universitarios, de los gremios médicos académicos, de los estudiantes de pre y pos-grado, la secretarías de salud y de las EPS, hicieron 104 recomendaciones al Gobierno para mejorar la capaci-tación de los médicos de pregrado y posgrado. “En la Comisión llamamos a todos los sectores académicos para la constitución de un consejo general de educa-ción médica que incorpore la formación en pregrado, posgrado, el perfil de los hospitales universitarios y el desarrollo profesional permanente”.

La ACSC ha jugado el papel histórico y protagónico en la educación médica continua, señala Burgos. “Por tal razón, me sorprende que los decanos de la Asociación

Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), en su fuero particular, decidieran apropiarse de la ban-dera de la renovación cuando celebraron el Consenso de Montería sobre Educación Médica y conformaron un Consejo General de Educación Médica (CGEM) sin tener en cuenta a los demás sectores académicos. So-ciedades Científicas ha hecho un gran esfuerzo junto a estos otros actores para diseñar un esquema mínimo de competencias que todo médico debe completar a lo largo de su adiestramiento, en todos los niveles”.

Considera que la medicina de base científica com-pacta no resigna sus valores humanísticos y que debe seguir trabajando por fomentar el ejercicio íntegro, altruista e idóneo, con capacidades altamente resolu-tivas e interdisciplinarias en los niveles de atención donde se requiera. “Hay que partir por tener médicos generales con mayor capacidad de resolución, lo que se logra con un modelo basado en la atención primaria en salud. Se sabe que la mayor parte de las patologías y de las intervenciones con especialistas se podrían remediar fortaleciendo la formación de los médicos generales y brindándoles más herramientas para des-empeñar su trabajo”.

A la par con lo anterior, sostiene que se deben acti-var los procesos de Desarrollo Profesional Permanente a través de los contratos laborales, como una especie de educación continua contractual, para que los profe-sionales mantengan sus conocimientos y habilidades al día . “La idea es que el Estado facilite y, en lo posible, financie la capacitación, y que las instituciones presta-doras de salud permitan que un porcentaje del tiempo de la jornada laboral esté dedicado para tal fin”.

En su perspectiva ante la medicina exige un es-tudiante capaz de afrontar desafíos, unos profesores capaces de formarlos y unos profesionales para darle al paciente lo que necesita, ni más ni menos. “Seguiré dando la lucha para tener cada día una medicina cen-trada en las personas. No podemos seguir hablando de paz, reconciliación y justicia social sin trabajar por que la población no se enferme y obtenga todo lo que precisa para cuidar la salud”.

doctor césar augusto Burgos

Ahora nos corresponde a los médicos fortalecer

esa autogestión y activar los procesos de profesionalización que se perdieron con el esquema de la Ley 100.

7EPICRISIS


Becas Crédito Médicos Ley 100 – Ejemplo de disfunción

y discriminación

Con la ley 100 de 1993 nace la figura becas crédito para estudiantes que cursen programas de especializa-

ción médico quirúrgicas de las diferentes universidades del país y que desarrollen sus prácticas formativas en instituciones prestadoras de servicios del SGSSS. El decreto 1038 de 1995 aclara que el nú-mero de créditos será igual al número de estudiantes matriculados en el año anterior. A pesar de lo plasmado en la ley, el número de créditos otorgados ha variado notablemente, y aunque el fondo procure estimular el desarrollo de talento humano en salud y mejorar la calidad de la formación de especialistas para el país, los cupos otorgados actual-mente solo alcanzan a cobijar a un poco más del 60 por ciento de los residentes.

¿Cómo se ingresa a este selecto gru-po de beneficiarios? El administrador

del fondo ha diseñado una estrategia mediante la cual de forma arbitraria cla-sifican y discriminan las especialidades médico quirúrgicas, el lugar de desarrollo del rural, el estrato socio económico y los méritos académicos, siendo los dos últimos criterios despreciables en el puntaje total a la hora de determinar quienes harán parte de este beneficio.

El crédito consiste en un beneficio de 6 SMLMV trimestrales, destinados a la manutención del residente durante su periodo de formación. Esto no ocurre ni siquiera para los beneficiarios, pues en el momento en el que se abren las convocatorias (se hacen anual) para es-pecializaciones que por lo general tienen admisión semestral, ya se han cursado uno o dos semestres, por lo que no es un crédito que cobije la totalidad del tiempo de formación.

No siendo suficiente lo anterior, es importante resaltar que los pagos siem-pre se realizan a destiempo, con retrasos de dos o más meses, sin contar con las constantes inconsistencias en el siste-ma, que hacen que se cometan errores como la cancelación de beneficiarios por terminación de estudios anticipados o cualquier otra “falla del sistema”, que retrasa aún más los pagos y obliga a los afectados a incurrir en procesos admi-nistrativos y burocráticos adicionales a los que normalmente son sometidos, sin olvidar que deben asumir gastos adicio-nales con expedición de certificaciones semestrales.

ANIR considera que no hay residen-te, ni programa de residencia que no demande la carga laboral y académica suficiente para obtener por igual los mismos beneficios y rechaza de carácter

enfático la discriminación que enturbia el proceso. Todos los residentes merecen más que un crédito escueto y disfuncio-nal como el actual, un reconocimiento adecuado por la importante labor que realizan y la responsabilidad que tie-nen en sus manos. Consecuentes con este pensamiento, esperamos anunciar pronto la victoria en el congreso de la república de nuestra Ley de Residencias Médicas. #NoMasPagoPorTrabajar

Luis Carlos Leal Angarita

Presidente ANIR

Residente Cirugía General, Universidad Nacional de Colombia

Llamado a acoger el decálogo para la reforma al SistemaEl doctor José Ricardo Navarro, expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y miembro de la Gran Junta Médica Nacional, invita a la coalición del gremio para defender los objetivos plasmados por la Ley Estatutaria.

Durante el ejercicio de la presidencia de la ACSC, el doctor José Ricardo Navarro destaca su papel como

interlocutor ante del Gobierno y demás sectores para defender el derecho funda-mental de la salud. “La aprobación de la Ley Estatutaria fue un gran logro de las organizaciones médicas, pero debemos seguir dando un debate político muy amplio para impulsar las leyes ordinarias que sirvan de cimiento a la estatutaria y reorganicen el sistema de salud”.

Uno de sus mayores retos fue promo-ver los proyectos de autonomía médica y autorregulación dentro de las 63 es-pecialidades de profesionales de la salud que existen en el país. “Del igual forma, estamos estudiando los reglamentos de las sociedades científicas para poderlas regular y asegurar que cumplan con las condiciones a la hora de hacer las respectivas homologaciones de títulos”.

El doctor Navarro es médico cirujano egresado de la Universidad de Valle, con especialización en Anestesiología y Rea-nimación de la Universidad Nacional de Colombia, por lo que entiende que una de las obligaciones del Estado es garan-tizar el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la prevención, el mejoramiento y la promoción de la salud. Como miembro de la Gran Junta Médica Nacional insiste en la urgencia de una reforma estructural al sistema para acabar con el negocio de la salud y recuperar la calidad en la prestación de los servicios de salud. “La intermediación financiera de las EPS ha propiciado la desviación de recursos públicos de la salud y la desatención de la población”.

países ricos y desarrollados, la Ocde, mientras no existan condiciones labora-les justas y dignas para los trabajadores de la salud, responsabilidad que recae únicamente sobre el Estado. “En este momento es imperativo evitar la frag-mentación de las organizaciones médi-cas, su desarticulación de las exigencias de la población, el lenguaje científico y sin comprensión del contexto social porque debemos liderar la lucha por los derechos tanto de los médicos como de los pacientes”.

En cabeza del grupo más numeroso de profesionales del sector en el país, promovió el trabajo mancomunado en-tre las diferentes asociaciones cientí-ficas y la unión del cuerpo médico en torno a objetivos comunes. “Sabemos que la atención primaria en salud es una herramienta que permite que los sistemas de salud sean más eficientes y

equitativos. Desafortunadamente, en nuestro país, la implementación de este modelo de atención, así como el desarro-llo de políticas de salud pública centra-das en la promoción y prevención han estado sujetas a intereses económicos y políticos”.

Asegura que la sociedad ya ha re-corrido un gran tramo y que la gran victoria fue la proclamación de la salud como un derecho fundamental autóno-mo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. “Queda todavía un trabajo arduo y sin descanso para hacer que se cumplan los 26 artículos de la Ley Estatutaria. Es una tarea que debemos hacer entre todos para asegurar que los colombianos reciban atención integral y de calidad. Por eso, hay que reconsi-derar el sistema y cambiar la entrega de servicios de EPS con fines de lucro a entidades que no persigan el negocio”.

Fue llamado por la Academia Nacio-nal de Medicina para participar en dos mesas de trabajo. En una de ellas está esbozando el perfil del médico como persona, como profesional, como colom-biano con derechos y deberes como los demás, y con las competencias necesa-rias para solucionar las necesidades en salud de la población. En la otra mesa se concentra para analizar los problemas y las dificultades que se presentan a la au-tonomía y autorregulación profesional. “La autonomía es la garantía de que el médico puede emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes, tal como lo establece la Ley Estatutaria, pero simultáneamente la profesión mé-dica tiene la responsabilidad permanente de autorregulación. Del mismo modo, la conducta de los médicos debe siempre estar dentro de los límites del código de ética profesional”.

Dignidad profesional para ingresar a la Ocde

Gran parte de su tiempo lo sigue dedican-do a la docencia. Desde 2014 es profesor titular de la Universidad Nacional; en sus clases siempre hace, implementa, toma decisiones guiado por el entusiasmo. Dice que mientras no seamos capaces de aprender y enseñar que hay objetivos que justifican el esfuerzo, no podremos salir de los problemas de corrupción, violencia y desigualdad que nos han dejado un horizonte borroso y pesaroso.

Para el profesor Navarro, Colombia no puede ingresar a la comunidad de

doctor José rIcardo navarro


Agonía de los hospitales públicos amenaza la salud de los

colombianos: ACESI

ontroversia

Frente a la actual política de liquidar los hospitales públicos, se requiere que el nuevo Gobierno pro-mueva leyes ordinarias urgentes para financiar y fortalecer la red pública, en vez de continuar con la restricción del derecho a la salud.

doctora olga lucía Zuluaga

Cerca de 47 hospitales públicos cerrados en los últi-mos años, otros que se han privatizado, servicios de pediatría y gineco-obstetricia clausurados,

despido de trabajadores, enfermedades infecciosas que resurgen, falta de insumos y tecnología, hacen parte de la radiografía de los hospitales públicos en el país.

Para la doctora Olga Lucia Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), la actual crisis hospitalaria no conoce antecedentes y con cada liqui-dación de un hospital se amenaza la salud y se castiga a la población más vulnerable.

La red de hospitales públicos presenta una tensión particular que es efecto de la estructura institucional creada por la Ley 100, agrega la doctora. Ese modelo mercantilista transformó a todos los hospitales pú-blicos en Empresas Sociales del Estado (ESE), lo cual los ha obligado a tener que competir en el mercado para ser autosostenibles financieramente mediante la venta de servicios, dice. “El problema es que no están en igualdad de condiciones para competir. Si un hos-pital ve la oportunidad de aumentar su portafolio de servicios para manejar a la población de una manera más integral, garantizar accesibilidad y oportunidad, requiere el aval de la secretaria de salud departamen-tal, quien debe hacer la respectiva modificación de la documentación para avanzar hacia ese tipo de servi-cios. Muchas veces no se autoriza el servicio, a pesar de que el municipio lo requiera, simplemente porque otro hospital (aunque esté más distante) lo tiene. La clínica privada lo único que tiene que hacer es poner el dinero para montar su aviso sin importar cuántas clínicas más existan en la región”.

Históricamente los hospitales públicos atienden a la población más necesitada, pues la gente con más re-cursos prefiere las clínicas privadas, por lo que las leyes de la oferta y la demanda no son equitativas, explica Zuluaga. “Por esa razón, la Corte Constitucional ha in-sistido en que la efectividad de los hospitales públicos no se puede medir exclusivamente por los rendimientos financieros. La Ley Estatutaria determinó que las ESE

no deben ser solo calificadas desde el punto de vista financiero, sino por la labor social que desempeñan”.

Para la directora, es necesario replantear la política hospitalaria con el fin de recuperar el subsidio de oferta para las instituciones que no pueden generar ganan-cias, pero sí una alta rentabilidad social. “Desde ACESI percibimos que la política de Estado de este Gobierno es liquidar los hospitales públicos. Por ejemplo, algunas resoluciones son una clara violación a la ley porque donde antes los entes territoriales podían organizar y dirigir la red de prestadores, ahora todo el poder lo tienen las EPS gracias a las concesiones del minSalud. El resultado de esas decisiones ha sido el desplazamien-to de los hospitales públicos tanto en los servicios de atención primaria como en los de alto costo”.

Además el Ministerio, enfatiza Zuluaga, que debería ser un órgano rector imparcial, ha ampliado el plazo para que las EPS logren sanear sus cuentas, mientras que las ESE disponen de menos tiempo de espera. “Es imposible creer que un hospital público va a poder po-nerse al día cuando depende del pago de la facturación de los aseguradores del sistema, incluido el Estado mismo”.

Recuperar las condiciones dignas del recurso humano

La salud, en el modelo que aún persiste, está siempre en manos de un intermediario, que por lo general es un privado. La intermediación financiera y el manejo que han hecho las EPS de los dineros públicos no han dejado nada bueno a la so-ciedad, señala Zuluaga. Lo más grave es que el Estado se ha despojado de su responsabilidad de vigilancia y control, cuando la Constitución se lo ordena.

El manejo de las instituciones públicas es posible, cuando existen las condiciones y garantías para hacer el trabajo, afirma la doctora. “Hay que sacar del imagi-nario de la población el concepto de que lo público es

sinónimo de ineficiencia y corrupción. Los hospitales públicos atienden a la población más desprotegida, pero la Ley 100 hizo que la viabilidad financiera, y no la rentabilidad social, determinara su permanencia”.

Según la directora, la línea de corrupción en el sec-tor está dada por la tercerización. Pero si los hospitales reciben unas partidas fijas definidas y los recursos tienen una destinación específica, se acaba la posibi-lidad de desviar esos dineros. “Desafortunadamente, la red pública hospitalaria se convirtió en el fortín de los políticos, sobre todo en los municipios con mayor categoría, en donde el hospital es la principal empresa generadora de empleo. Eso explica que las reformas no prosperen en el Congreso”.

Con el nuevo Gobierno ACESI espera que se lo-gre tramitar una ley ordinaria que reglamente y de verdad defienda el derecho a la salud. “La estatutaria fue el marco, pero el país ya debería contar con una normatividad clara y precisa para su implementación, como lo estableció la Corte. También insistimos en la creación de una política hospitalaria que permita me-jorar la infraestructura y dotación de los hospitales públicos porque en zonas apartadas es utópico que estas instituciones generen utilidades cuando son el único servicio con que cuenta la población y no se les puede exigir sin darles lo mínimo que necesitan. Se-gún la directora, se debería asignar una partida pre-supuestal para el hospital de acuerdo con la población asignada, el pago de los trabajadores de la salud que se requieran y la dotación suficiente para garantizar la prestación de servicios en sitios dispersos y que a su vez alcance para realizar actividades de promoción y prevención.

En cuanto a las EPS, la directiva propone un cam-bio total de rol. El planteamiento es que no sigan como intermediarias financieras, que dejen de manejar los dineros públicos, y pasen a ser gerentes y auditoras de calidad de las redes integradas de servicios de salud, pero sin que el pago dependa de la cantidad de glosas que realicen porque sería volver al mismo esquema. En el modelo de atención primaria, los entes territoria-les y no las EPS deben manejar la red de prestadores.

De igual forma, el país no puede seguir sin una legislación especial para el talento humano en salud. Con la Ley 100 los trabajadores de la salud perdieron estabilidad y otros derechos laborales, puntualiza la directora. “La contratación con terceros, la reducción y

el maltrato del personal de salud solo ha provocado mer-

ma en la capacidad re-solutiva, cierre de

servicios, y

no ha servido para ahorrarle un peso al hospital”. Si se trata de garantizar buenos resultados en salud y mejorar los indicadores, es indispensable tener profesionales empoderados, ca-pacitados y comprometidos; eso solo se logra con gente que esté de planta y no con contratos por prestación de servicios de un par de meses, casi que por evento. Esas son tareas pendientes, pero el peor mal es la falta de voluntad política”.

9EPICRISIS


Promoción y prevención con enfoque territorialLas reformas a los sistemas de salud

de países de América Latina y el Caribe a finales del siglo pasado

tuvieron la particularidad de instaurar la gestión de los servicios de salud como una mercancía bajo diversos esquemas de financiamiento. En Colombia, la Ley 100 de 1993 reemplazó el modelo público de oferta subsidiada de servicios, por un seguro obligatorio de salud que compra los servicios a agentes intermediarios.

Según el sociólogo, investigador y miembro de la Comisión de Segui-miento a la Sentencia T-760 del 2008 y de Reforma Estructural al Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR), Pedro Santana Rodríguez, la Ley 100 nunca estableció la salud como un bien públi-co sino que convirtió la enfermedad en una mercancía. “Con la aprobación de la Ley Estatutaria el país debió migrar hacia otro modelo de salud. El mandato constitucional fue la garantía del dere-cho fundamental de la salud, no el lucro ni el tratamiento de la enfermedad. En este momento hay una contradicción entre las IPS que solo buscan facturar más y las EPS que se resisten a facturar y autorizar servicios. Es la incoherencia del modelo, que únicamente se resuelve con una nueva política de salud pública. Para ello, el Estado debe recuperar la rectoría y dirección del sistema”.

Para Jaime Urrego, médico salubris-ta, exsubsecretario de salud pública de Bogotá, la intermediación ha resultado perjudicial y es la responsable de que se vulnere el derecho fundamental a la salud. “Muchos coincidimos con la propuesta de la Gran Junta Médica Na-cional de crear un sistema de salud pú-blico, a cargo del Estado, donde no sea el mercado el que asigne las prioridades. Necesitamos un esquema en el cual la promoción y la prevención sean los ejes, y que tenga un enfoque territorial”.

El cambio de modelo supone un nue-vo patrón de organización de la presta-ción de servicios de salud, dice Santana. “La mayor parte del territorio carece de infraestructura de prestación de servi-cios adecuada. A estas alturas es increí-ble que un departamento con 500 mil habitantes, como Chocó, no tenga un hospital de seguro nivel”.

Esa misma ausencia de planifica-ción del Estado, sumada a la falta de gestión del minSalud ha empobrecido y debilitado la red de hospitales públi-cos, agrega la doctora Carolina Corcho, vicepresidente de asuntos gremiales de la Federación Médica Colombiana. “Un informe reciente de la Universidad Nacional de Colombia muestra que casi 22 millones de colombianos no cuentan con tecnología ni medios para acceder a los servicios de salud. Los centros de mediana y alta complejidad tienen una concentración del 70 por ciento en las cinco grandes ciudades del país”.

El sistema se ha concentrado en la gestión del riesgo financiero, de lo que se han encargado las EPS; no obstante, no han efectuado ninguna gestión de riesgo en salud, que es lo que realmen-te hace un sistema de salud, señala el doctor Mario Hernández, profesor del departamento de salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la CSR. “El Gobierno cree que se trata de incentivar al asegurador para que haga gestión del riesgo indivi-dual en salud y de llamar al ente terri-torial para que haga gestión del riesgo colectivo. Eso se queda en el papel, no se lleva a la realidad porque el marcado énfasis en el individuo ha destruido la capacidad institucional del Estado en los territorios, no hay institucionalidad para hacer gobierno en el territorio. De ahí la propuesta de recuperar el Gobierno de

Investigadores y analistas del sistema de salud coinciden en la necesidad de tramitar un proyecto de ley ordinaria que derogue la Ley 100 y transforme a las empresas de intermediación. Dicen que si el Estado asume como rector de un nuevo modelo de salud, se podrían destinar millonarios recursos a la atención, con un plan de beneficios más integral.

los recursos públicos y su territorialidad. Eso sí da un norte claro”.

Nivel primario, en manos de los territorios

En opinión del sociólogo, si el Estado no asume su papel de cabeza del sistema no puede existir una verdadera política de protección y prevención que disminuya la carga de la enfermedad. Con la Ley 100, si el negocio es atender patologías, comenta, pues quienes montaron la estructura son los principales enemi-gos de una reforma. “Desaparecidas las EPS, se requiere una organización de otro sistema de salud con dos criterios: 1. Política de promoción y prevención, que debe involucrar a instituciones na-cionales y entidades territoriales. 2. La planificación debe obedecer a un criterio demográfico, epidemiológico y comuni-tario integrados. En esta coyuntura no existe un mapa predestinado de territo-rios saludables, hay que establecerlo. A su vez, es indispensable tener en cuenta la incidencia del conflicto armado sobre la distribución de la población, pues el 16 por ciento de los colombianos (más de ocho millones de personas) es des-plazada.

En el régimen de transición que se plantea la división de territorios va li-gada a la descentralización establecida en la Constitución del 91. Cualquier discusión sobre territorializar la salud va acompañada de la distribución de los recursos, aclara Urrego. “En los depar-tamentos donde prevalecen las gran-des inequidades en salud y diversidad

étnica se pueden eliminar las EPS de inmediato, por vía emergencia que la misma Ley 100 establece. Allí la atención debe estar basada en la oferta pública, en el fortalecimiento de esta red y sin intermediación de las EPS que supedi-tan el derecho a la salud a los intereses económicos”.

Los territorios de salud no corres-ponden necesariamente a la división política administrativa del país, enuncia Santana. “El neoliberalismo ha llevado a crear una tecnocracia y a nombre de la neutralidad se le atribuye que sus acciones son de interés público, lo cual es falso. Lo anterior se ha enmascarado con las leyes de la economía, es decir, que la economía tiene unas leyes que son inexorables y los humanos estamos con-denados o predestinados por esas leyes. ¿Por qué no se puede cambiar una ley que ha llevado a que el uno por ciento de la humanidad sea el dueño del 90 por ciento de la riqueza?

Lo más absur-do, según Her-nández, es ha-berle quitado el peso de la con-tribución a los empresarios y pasar la carga a los trabajado-res. “El régimen fiscal de Colom-bia es de los más injustos en todo el mundo. En últimas, cualquier reforma debe poner el derecho a la salud co-

mo un derecho fundamental y en cum-plimiento de éste, se debe encaminar la política pública de salud. Puede que en la fase de transición no se necesite al administrador que se lucra, pero sí a un regente técnicamente sólido y firme. Se puede empezar con un plan nacio-nal de salud rural que organice los ejes gobierno, territorio y administración pública”.

El nivel primario, el resolutivo, se tiene que distribuir por territorios y debe estar en manos del sector público, señala urrego, ya que al privado no le importa hacer presencia en esas zonas. Aún así, es importante crear incentivos para que la inversión privada siga teniendo un lugar dentro el sistema.

El último punto sustancial es recu-perar los hospitales públicos y universi-tarios como centro de la red integral de

salud, pero antes se tiene que romper la organización

político administrati-va que promueve el

clientelismo para entrar a geren-

ciar con criterios técnicos, con-cluye Santana. “En ese senti-do, se debería diseñar un fon-do único de ca-

rácter público, y que las empresas

privadas se con-viertan en gestoras

o pasen al sector de la prestación de servicios”.

doctores Pedro santana, roBerto Baquero, JaIme urrego, nelson contreras, carolIna corcho y marIo hernándeZ.

¿Por qué no se puede cambiar una ley que ha llevado a que el uno por ciento de la humanidad sea el dueño del 90 por

ciento de la riqueza?


romoción y prevención

Próximos a acabar con el trabajo gratis de los residentes

Vivir gracias a un corazón artificialLos dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de larga duración han cambiado de forma clara el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) terminal, mejorando su supervivencia. En los últimos años han progresado los dispositivos existentes para reducir al máximo sus fallos estructurales y han aparecido nuevas alternativas que intentan resolver los problemas fundamentales de esta terapia.

La necesidad de desarrollar un dispo-sitivo capaz de reemplazar la fun-ción del órgano fundamental de la

vida, el corazón biológico, está presente desde los inicios de la cirugía cardiaca. En 1953 se logró reemplazar temporalmente la función del corazón con circulación extracorpórea.

Hace un año, los médicos de la Fun-dación Cardiovascular de Colombia (FCV), realizaron el primer implante de HeartMate 3, dispositivo de asistencia ventricular izquierda, en Latinoamérica. Cabe destacar que la institución es pio-nera en el uso de este tipo de corazones artificiales. “Se trata de una bomba más sofisticada, que genera menos complica-ciones, es más pequeña y con tecnología que logra disminuir los problemas a largo plazo o los riesgos asociados”, afirma el Doctor Leonardo Salazar Rojas, direc-tor del Programa de ECMO y Corazón Artificial de la FCV. Vale la pena men-cionar que los dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de larga duración han cambiado de forma clara el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca

terminal mejorando su supervivencia, como puente al trasplante o como tera-pia de destino.

“HeartMate 3™, es un sistema de alta tecnología que un cirujano cardiovascu-lar implanta en el corazón del paciente. El dispositivo se une al ventrículo iz-quierdo y a la aorta −arteria principal que lleva la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo−y tiene un sistema externo, atado por una línea de trans-misión, que incluye un regulador y dos baterías recargables. Una vez implanta-do, asume la función de bombear sangre a todo el organismo tal y como lo haría el ventrículo izquierdo del corazón en estado óptimo”, destaca el doctor Antonio Figueredo, cirujano cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia.

Se trata de un innovador desarrollo tecnológico creado para ofrecer soporte temporal al actuar como puente en caso de un trasplante cardíaco (BTT), o como terapia permanente para proporcionar soporte hemodinámico por el resto de la vida a pacientes con insuficiencia car-díaca ventricular izquierda avanzada,

dentro o fuera del hospital. El sistema cuenta con la aprobación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

Este avance tecnológico puede bom-bear hasta diez litros de sangre por mi-nuto y es el único sistema de asistencia ventricular izquierda implantable de flujo continuo aprobado comercial-mente para utilizar la tecnología Flow Full MagLev (totalmen-te magnético-levitado), que protege la sangre, pues está diseñado para que las cé-lulas sanguíneas pasen con mayor suavidad a través de la bomba, ano-ta el doctor Salazar. Adi-cionalmente, el sistema también tiene un pulso incorporado, programa-do para ayudar a asegu-rar que la sangre conti-núe moviéndose sin llegar a quedar estática, reduciendo así el riesgo de formación de coágulos. Estos dispositivos han

tenido varias modificaciones, con el único propósito de proporcionar mayor cantidad y calidad de vida a cualquier persona que por diferentes circunstan-cias sufren una falla cardiaca.

Miguel David Quintero Acome- Bogotá

Desde mayo del año pasado se ha venido desarrollando el trámite en el congreso del proyecto de

ley de residentes en el congreso de la república, el cual busca dignificar esta loable labor tan necesaria para poder garantizar el gozo efectivo del derecho a la salud.

La formación de residencias mé-dicas es un proceso social de mucha relevancia que garantiza la formación y preparación de los próximos médicos especialistas. Sin embargo, la injusticia, el abandono y el maltrato hacia los médicos que cursan una especializa-ción ha sido una de las consecuencias funestas de la implantación del modelo de la Ley 100 de 1993, ya que le dio a los intermediarios financieros una oportunidad de negocio para lucrarse a través de las matrículas de posgrado

y el trabajo gratis de los residentes. Hay que recordar que Colombia es el único país del mundo en donde un médico residente no recibe ningún pago por el trabajo que ejerce como profesional en la atención de los pacientes en cualquier hospital, sino que debe pagar millonarias matrículas que oscilan entre 20 y 40 millones de pesos anuales para poder especializarse.

Hace poco la Organización Paname-ricana de la Salud mostró la situación de los residentes en 14 países de la región. Mientras que en las demás naciones el salario de un residente está entre los 800 y 2.000 dólares mensuales, en Colombia solo unos cuantos que logran acceder a la beca crédito reciben 400 dólares.

Ante las condiciones tan adversas y después de un arduo proceso para

concientizar a la sociedad civil, donde inicialmente eran únicamente tres las organizaciones: ACOME, ANIR y la Fe-deración Médica Colombiana, brindan-do su respaldo incondicional al trámite de este proyecto de ley de la mano de su autora la Representante a la Cámara Sara Piedrahita, se han venido sumando varias organizaciones y gremios que apoyan la iniciativa parlamentaria.

El proyecto de ley busca superar los intentos pasados fallidos que trataron de controlar el cobro de matrículas a cargo de los ministerios de Educación y Salud, así como la contratación como personal de planta de residentes en los hospitales, y que nunca se pudieron concretar. Esta vez, pese a las adversidades y contra-tiempos que se han presentado a lo largo de estos meses, el trámite sigue adelante

gracias a la perseverancia, firmeza y al esfuerzo de la comunidad médica.

Al día de hoy se ha logrado la apro-bación de la ley en los dos debates de la Cámara de Representantes; con la reanudación de las labores legislativas del Congreso, está muy próximo el pri-mer debate en la comisión séptima del Senado. Lo anterior demuestra que con la unión como gremio se pueden lograr grandes cambios en beneficio de la calidad de la salud de los colombianos.

Con la mitad del camino recorrido, Acome exhorta a todos los colombianos a seguir ayudando a la aprobación de esta ley, puesto que se trata de digni-ficar la labor de los médicos y parar con el abuso del trabajo gratis de los médicos residentes.

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El uso de cannabis medicinal requiere prescripción médicaEl efecto terapéutico del cannabis depende de los tipos de cannabinoides que se extraen de la planta, así como de la combinación exacta de sus componentes. Debe existir control en la producción, distribución, comercialización y uso de estos medicamentos. La elaboración artesanal no garantiza los resultados farmacológicos ni está libre de reacciones adversas.

Hoy en día existe una gran expectativa en todo el mundo acerca de la posible utilidad terapéutica de ciertos compuestos derivados del cannabis o

marihuana. En el primer simposio médico de cannabis medicinal, evento avalado por la Asociación Colombia-na de Neurología y dirigido a la comunidad médica, se analizaron los resultados obtenidos respecto a la eficacia y seguridad del uso medicinal de los cannabinoides para el tratamiento de patologías específicas y se presentaron las más recientes experiencias internacionales en su utilización como medicamento.

Al igual que ocurre con muchas sustancias natu-rales, el cannabis posee un uso terapéutico potencial, pero a diferencia de algunas de estas, se considera una sustancia psicoactiva, controlada y regulada por las agencias internacionales de fiscalización de drogas.

Luego de sintetizar algunos de los compuestos de la planta, se han empezado a utilizar fármacos cannabi-noides para el tratamiento de diversas enfermedades con la finalidad de aliviar sus síntomas, pese a que su eficacia todavía permanece en discusión.

El doctor Sergio Ramírez, presidente de la Aso-ciación Colombiana de Neurología, asegura que se han encontrado más de 50 indicaciones de cannabis en medicina a través de la historia. “Los médicos, es-pecialmente los neurólogos, estamos de acuerdo con el uso medicinal de los derivados de cannabis cuando tienen una indicación médica específica con evidencia suficiente para ser utilizados, pero no promovemos ni avalamos el uso recreativo de la marihuana”. En neurología, precisa, estos productos provenientes del cannabis tienen indicaciones para el manejo del dolor nerouropático crónico, en ciertos tipos de epilepsia refractaria, y para la espasticidad y rigidez en pa-cientes con esclerosis múltiple. También hay estudios que demuestran su efectividad como coadyuvante en gliomas cerebrales, en enfermedades inmunológicas que comprometen la piel y en la reparación de heridas crónicas infectadas que no responden al tratamiento convencional. Pese a sus bondades, cabe precisar que el cannabis no está indicado como profiláctico de ningún tipo de dolor de cabeza ni en el tratamiento de trastor-nos de movimiento de tipo Parkinson.

Según el doctor Ramírez, en la mayoría de las patologías estudiadas se plantea el uso de los canna-binoides como coadyuvantes del tratamiento de base, lo que podría llevar a suspender o a reducir la dosis de otros medicamentos, pero por lo general el uso del cannabis no es la primera opción terapéutica para la condición clínica.

Los dos principales fitocannabinoides son: el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), principal constituyente psicoactivo de la planta de marihuana, y el cannabidiol (CBD), sobre el cual recae el mayor interés con respecto a su potencial terapéutico.

Lo que a simple vista parece un producto natural beneficioso, puede llegar a tener efectos secundarios perjudiciales cuando se elabora de forma artesanal,

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agrega el doctor Ramírez. “Para que tenga el alcance terapéutico, debe existir una combinación precisa entre los compuestos (THC y CBD). La efectividad del cannabiode también depende de la parte de la planta que se procese. No es lo mismo extraer el aceite del tallo que tomar la flor como materia prima. Por lo tan-to, debe existir un control riguroso en la producción, distribución, comercialización y uso de estos medica-mentos. De igual forma, hay que especificar la vía de administración (inhalada, tópica, oral), tener el registro de quien lo distribuye, en dónde se vende, la historia clínica de los pacientes que se pueden beneficiar con el producto, la interacción que se pueda presentar con otros medicamentos o productos naturales y la dosis requerida para el tratamiento de la patología específica.

En la medida en que los profesionales de la salud adquieran el conocimiento específico e indicaciones claras de estos medicamentos, mayor será la efecti-vidad en los pacientes que realmente los necesiten y menos serán las indicaciones en los casos donde no resultan de utilidad.

En Colombia es necesario el registro del Invima

El uso lícito del cannabis ha crecido significativamente en el mundo en la última década. La razón es que cada vez más países están interesados en usar la planta en tratamientos médicos e investigaciones científicas.

En Colombia, el Gobierno Nacional finalizó el proceso de reglamentación para la fabricación, uso de semillas y cultivo de la mata para fines medicina-les y científicos mediante la Ley 1787 de 2017. Desde esa fecha, el Ministerio de Salud y Protección Social está encargado de la expedición de licencias de fa-bricación de derivados de cannabis y se espera que la producción medicinal de cannabis beneficie a pa-cientes con enfermedades como epilepsia, apnea de sueño, dolores crónicos, dolores posquirúrgicos, cáncer, fibromialgia, esclerosis múltiple, trastornos de ansie-dad, entre otros.

El Decreto 613 de 2017 que reglamenta dicha Ley, especifica cómo debe ser la elaboración y distribución por prescripción médica de preparaciones magistrales de la planta para pacientes que lo requieran. La prepa-ración magistral debe cumplir con todas las normas aplicables para este tipo de productos farmacéuticos, señala la norma. El decreto, a su vez, precisa los re-quisitos para la importación de plantas, semillas y productos de cannabis. Además, los establecimientos farmacéuticos e IPS que elaboren estas preparaciones deben tener el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración del Invima.

En este momento varios laboratorios nacionales están esperando la aprobación del Invima para que este tipo de medicamentos puedan ser comercializados con un fin terapéutico específico y adecuado a cada una de las patologías para las cuales está indicado el uso de cannabis.

El uso de la marihuana en la historia

Es una de las plantas más antiguas que se han utili-zado con fines médicos. Ha sido aprovechada por sus propiedades medicinales durante milenios, pues para los antiguos resultó beneficiosa para el tratamiento de una amplia gama de dolencias médicas, además de las propiedades psicógenas, que motivan su uso con fines recreacionales.

El cáñamo índico (variedad de cannabis sativa) era ya conocido por los asirios – imperio mesopotámico, siglo XV a.C.–, quienes lo empleaban como incienso en las ceremonias religiosas. El libro santo de los persas (siglo VI a.C., hoy suroeste de Irán) el Avesta, describe, por su parte, los enervantes efectos del incienso obtenido con el cáñamo índico.

La planta maestra tiene un antiguo historial en rituales religiosos pertenecientes a diversas tradicio-nes espirituales en todo el mundo. Es indudable que esta planta, según parece, la que utilizó Helena para

mitigar las penas de Telémaco (guerra de Troya), fue conocida por todos los pueblos de la antigüedad. Y sus propiedades tan alabadas que los hindúes, al igual como hicieron los incas con la coca, le dan un origen divino.

Según datos paleobotánicos, el cultivo del cáñamo es también muy antiguo en Europa Occidental. En el siglo VII a.C. los celtas –situados en la vieja Europa– exportaban desde su enclave de Massilia (hoy Marsella, Francia) cuerdas y estopas de cáñamo a todo el Medi-terráneo. Muchas pipas y la propia casta de los druidas (sacerdotes celtas expertos en filtros y medicamentos) indican que esa cultura conoció su empleo como droga.

Su uso terapéutico está registrado por primera vez en un libro clásico de medicina del emperador chino Shen Nung en el 2737 a. C. También se sabe que el cannabis ha sido utilizado por otras culturas antiguas en India, Asiria, Grecia, África, Sudamérica, Egipto y el Imperio Romano.

El médico y filósofo Paracelso (1493-.1541) menciona al cannabis como componente del Arcana Compositum,

medicamento que él consideraba como uno de los más importantes. En el siglo XIX médicos británicos intro-dujeron el uso del cannabis, en gran escala, dentro de la medicina occidental. Fueron acumulando experiencias sobre sus indicaciones mientras trabajaban en las co-lonias, lo recomendaban como estimulante del apetito, analgésico, relajante muscular, anticonvulsivo e hipnó-tico. Hacia el año 1900 fueron apareciendo otras dro-gas más confiables y el cannabis comenzó a utilizarse indebidamente con fines recreativos. La ley Americana de Impuesto a la Marihuana en 1937, intentó prevenir la utilización con fines no medicinales, pero hizo que se volviera difícil de conseguir para su utilización en medicina. Finalmente, en 1942, fue retirada de la far-macología de Estados Unidos. Actualmente, en ese país está considerada como una droga con alto potencial para su abuso y peligrosa de utilizarse sin supervisión médica. Recientemente varios países han legalizado el uso medicinal del cannabis.

Doctor Sergio Ramírez Presidente ACN


La autonomía médica es el deber sagrado de los médicos: GJMNLa Gran Junta Médica Nacional (GJMN) cuestiona la responsabilidad de las facultades de medicina en el compromiso de formar médicos competentes y con sólidos principios éticos. El acto médico, que es el contrato social de la medicina, tiene que ser forzosamente autónomo, pero requiere de profesionales bien encaminados.

La Ley Estatutaria de la Salud resolvió textualmente garantizar la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y

tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de los esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evi-dencia científica. Para el distinguido doctor José Félix Patiño Restrepo, al hablar de autonomía médica hay que comenzar por definir si la medicina es un oficio, una profesión o una ciencia. “Con el descubrimiento del ADN, en 1953, la medicina se empezó a considerar una ciencia. No obstante, quienes construyen la ciencia son profesionales de la medicina. Entonces, también es una profesión”.

La Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina definió el profesionalismo teniendo en cuenta que una profesión tiene cuatro grandes dominios: el conocimiento especializado, la autonomía en la toma de decisiones, el compromiso de servicio a la sociedad y la autorregulación. Con esos conceptos, especialmente el de la autonomía, la medicina es catalogada como una profesión y no un oficio. Además, explica el profesor, la medicina tiene dos características inherentes: la au-tonomía y el papel actuar en la sociedad como una co-munidad moral debido a que su único interés es el bien de los demás. “El mundo no es como lo pensó Newton, geométrico, y los seres vivos tienen un comportamiento

impredecible. De manera que el profesional de la medicina tiene que en-frentar la incertidum-bre del comportamien-to del ser humano. Un ingeniero con sus co-nocimientos de física y matemáticas pue-de garantizar que un puente no se cae, pero los médicos no pueden garantizar el resultado de la intervención mé-dica. Un galeno usa el conocimiento biomédico, su experiencia, la medicina basada en la evidencia, pero muchas decisiones las debe to-mar de forma intuitiva”.

Según el doctor Roberto Ba-quero, presidente del Colegio Médico Colombiano, la autonomía va unida a la educación médica. Las facultades de medi-cina deben formar médicos competentes y con ética que sean capaces de brindar una atención de la más alta calidad. Los estudios demuestran una signifi-cativa disparidad entre el número facultades de medi-cina, la aptitud de los médicos que gradúan y el acceso que tienen a prácticas formativas en los hospitales. “Existe una desproporción entre el número de facul-tades de medicina y la calidad. En la actualidad existen 60 facultades de medicina, muchas de ellas aún sin estar acreditadas. Pero más allá, después de tres años de aprobación de la estatutaria, muchos profesionales de la salud están obligados a acatar el criterio del empleador sea EPS o IPS para conservar el trabajo. De lo contrario, los despiden. Eso ha afectado la calidad de la medicina”.

Solo un médico idóneo puede ser autónomo

El Gobierno pensó que con las barreras que colocan las EPS para negar servicios y limitar la autonomía médica, lograría controlar el gasto del sistema, lo cual es una visión miope, agrega el profesor Patiño. “La mejor manera de cuidar las finanzas del sistema es respetando la autonomía médica, puesto que solo un médico idóneo puede contener los costos. El pro-blema está en que mientras el Gobierno siga otorgando licencias a las escuelas que se asocian con una clínica privada para convertirse en hospital-escuela sin tener una universidad fundamentada en el conocimiento, el país está condenado a tener médicos mediocres de aquí en adelante. Lo peor es que un médico mal entrenado no pude hacer buen uso de la autonomía porque no está en capacidad de autorregularse”.

La doctora Carolina Corcho, vicepresidente de asuntos gremiales de la Federación Médica Colombia-na, asegura que la autonomía no admite limitación ni

interferencia, puesto que muchas de las decisiones del médico son de índole moral y ético. “El objetivo de las juntas médicas en otros países es proteger al paciente. Deben buscar la mejor alternativa para la persona, re-solver cualquier discrepancia y para ello nombran un par. En Colombia, las EPS utilizan las juntas médicas

para negar servicios. Se les olvida que la medicina no se ejerce siguiendo una guía de manejo”.

En ese sentido, anota el doctor Fernando Guzmán, presidente de la Federación Médica Colombiana, defen-der la autonomía implica ha-cer una reforma desde las mismas entrañas de la educa-ción. “Un médico autónomo no significa que pueda hacer lo que quiera, debe tener el cuenta al colectivo para au-torregularse. Pero las faculta-des también han acomodado a sus intereses el concepto de autonomía universitaria, pues lo usan de pretexto para

hacer lo que quieran, sobre todo, lucrarse, cuando se deberían limitar a defender la independencia ideológica y administrativa. Pueda ser que el freno de las matrí-culas de los residentes disminuya la proliferación de facultades de medicina”.

Para finalizar, el doctor Nelson Contreras, asesor de la GJMN, considera que no es posible modificar la educación médica si los campos de práctica están co-rruptos o viciados. “Mientras no se cambie el modelo de prestación de servicios, no es posible transformar la educación médica. Por tanto, hay que acabar el negocio de la salud en cualquiera de sus formas. En ese orden, la prioridad es desarrollar la propuesta de ley ordinaria que permita terminar con el modelo de aseguramiento y garantizar la autonomía médica”.

ctualidad

Con el descubrimiento del

ADN, en 1953, la medicina se empezó

a considerar una ciencia

13EPICRISIS


Después de la aprobación de la ley de residencias médicas en la Co-misión Séptima del Senado de la

República, el senador y ponente de la iniciativa parlamentaria, Jorge Iván Ospina, dice que está haciendo su mayor esfuerzo para que el proyecto pase el último debate en la plenaria del Senado y vaya a sanción presidencial.

Para el Senador, quien además es el actual presidente del Partido Verde, es necesario mejorar las condiciones de los residentes por medio del reconocimiento del salario al que tienen derecho y con la señalización de un techo en el cobro de las matrículas. “Aunque la iniciativa sufrió algunas modificaciones durante

Reformar la educación, un deber global

Ley de residencias médicasA punto de ser aprobadaEl senador Jorge Iván Ospina pide darle vida al proyecto de la ley de residencias médicas para que Colombia comience a dignificar el talento humano en salud y pueda formar a los mejores especialistas, no únicamente a quienes pueden pagar.

su tránsito por el Congreso, mantiene el propósito de proveer de los recursos suficientes a los médicos que adelantan una especialización médico quirúrgica y el compromiso de frenar los costos ex-horbitantes de la matrículas que hacen las universidades privadas”.

El documento radicado en la Cámara de Representantes por la congresista Sara Piedrahita el año pasado plantaba el pago obligatorio a los residentes me-diante la creación de un fondo; sin em-bargo, no precisaba el cómo y de dónde. La encrucijada estaba, según Ospina, en que así las universidades y los hospitales estuvieran de acuerdo con que el profe-sional merecía tener un salario, ninguno

quería asumir su parte y pagar. “Somos conscientes de que para un hospital uni-versitario de la red pública es muy difícil contar con los recursos para costear al residente. Eso nos llevó a buscar una fuente de financiación alterna”.

El nuevo texto identifica una fuente de financiación para el pago de los mé-dicos residentes. La propuesta es que el 0.5 por ciento de los ingresos que hacen los cotizantes al régimen contributivo se utilice para el financiamiento de los médicos residentes, explica Ospina. “Una vez se extraiga el monto de los copagos, las cuotas moderadoras y los gastos administrativos de las EPS, de los 20 billones que se recaudan en el contribu-

tivo, medio punto porcentual se envía al Fondo Nacional de Residencias Médicas. La otra parte de los recursos se obtienen de la línea de financiamiento que hace el ministerio de Hacienda anualmente para el programa de beca crédito”.

El valor de las matrículas debe corresponder a la calidad académica

La segunda variación del proyecto ori-ginal está en que ya no violenta la au-tonomía universitaria, puesto que no impone condiciones a las universidades públicas o privadas, señala el Senador. “La propuesta que construimos respeta la autonomía que la Constitución le otorga a las universidades, pero establece que las tarifas de las matrículas no pueden superar los costos administrativos o de operación en que incurran las facultades de medicina para la formación de los especialistas. No obstante, existe cierta flexibilidad porque la cifra de los costos depende de la calidad, las instalaciones, el talento humano y los profesores con doctorado que contrate la institución educativa.

La aprobación de la ley en los deba-tes previos representa un gran avance para volver más equitativa la formación de médicos especialistas en el país. Los sobrecostos y la sobrecarga laboral en las especializaciones médico quirúrgicas han hecho que solo la clase privilegiada y con capacidad de pago tenga acceso a uno de estos programas de posgrado, así no siempre sean los mejores, concluye el Senador. “Con la ley también intentamos frenar la fuga de talentos a otros países que ofrecen mejores condiciones aca-démicas y laborales Por tratarse de una ley de aplicación inmediata, tan pronto pase el último debate en el Senado, los residentes podrán comenzar a devengar su primer salario dos meses después de la sanción presidencial”.

El sistema educativo tradicional, con un modelo de transmisión, repeti-ción y reproducción de conocimien-

to no logra educar a los estudiantes para vivir y desenvolverse con éxito en la era globalizada del conocimiento. Por eso, gobiernos, organizaciones e institucio-nes educativas alrededor del mundo ahora se centran en las habilidades que una persona necesita para enfrentar el mundo real, habilidades que han sido llamadas Competencias del Siglo XXI.

Según la Organización para la Coo-peración y el Desarrollo Económicos, OCDE, cambiar el modelo educativo tradicional no es una tarea local ni ais-lada; es un deber en el que todos los

Educadores plantean la necesidad de reformular los sistemas educativos y le apuntan a las habilidades que una persona realmente va a necesitar para enfrentar el mundo real.

sectores de la sociedad a nivel mundial deben intervenir si se desea una nueva generación productiva y feliz. Según la OCDE, el método tradicional debe ser reemplazado, ya que el desarrollo social y económico actual exige que los sistemas educativos ofrezcan nuevas habilidades y competencias, que les permitan a los estudiantes beneficiarse de las nuevas formas emergentes de socialización y contribuyan activamente al desarrollo económico bajo un sistema cuya base principal es el conocimiento.

De acuerdo con un documento de esta organización “Las personas debe-rán poseer un conjunto de habilidades y competencias que se ajusten a la gestión

del conocimiento, que incluye procesos de selección, adquisición, integración, análisis y colaboración en entornos so-ciales en red. Para muchos jóvenes, las escuelas son el único lugar en el que se aprenden tales competencias”.

El doctor William Glasser, médico psiquiatra y psicólogo, creador de la Teoría de la Elección, en 1965, la cual explica el funcionamiento del cerebro, de la mente y del comportamiento humano, y plantea que las personas aprenden más y mejor cuando se retan, se motivan y actúan por su propia elección, asegura que “a los estudiantes que se rehusan a aprender de memoria información, que tanto ellos como sus profesores saben

que pronto olvidarán, se les castiga con bajas calificaciones y reprobación. El cas-tigo por no aprender de memoria es una práctica educativa destructiva. Se trata de tiempo que podrían usar en la lectura, investigación de información en libros y utilización de lo que han consultado.

Para el doctor Glasser, en el mundo real las personas necesitan saber usar los conocimientos; no es suficiente con adquirirlos. “Debemos encontrar una nueva definición que sea congruente con los descubrimientos recientes de cómo funciona el cerebro y con la era de la información en la que hemos in-gresado: la educación es usar y mejorar el conocimiento”.

senador Jorge Iván osPIna


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El Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) es el sistema de información definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 1164 de 2007.1.El ReTHUS es un sistema que reúne los organismos, normas, procesos, procedimientos y aplicativos articulados que permiten la recepción, validación, registro, conservación, reporte y publicación de la información del talento humano autorizado para ejercer aquellas profesiones u ocupaciones de la salud en Colombia. 2.El ReTHUS establece la base de la red de información para consultar y verificar quiénes están autorizados para ejercer la medicina en Colombia. La plataforma también permite determinar la cantidad y la calidad del recurso humano como parte esencial del sistema de salud.3.La expedición de la tarjeta de identificación única del talento humano en salud está a cargo de los colegios profesiona-les del área de la salud, quienes también son los encargados de hacer el registro en el ReTHUS. A partir del 18 de agosto de 2015, el Colegio Médico Colombiano asumió las funciones públicas delegadas en el marco de la Ley 1164 de 2007 y la Resolución 1395 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.4.Los médicos que hayan obtenido su autorización profesional antes del 10 de agosto de 2015, conforme a las normas vigentes en su momento, fueron inscritos de manera automática en el ReTHUS y no requieren hacer un nuevo trámite. De todos modos, pueden comprobar que aparecen en el Registro a través del sitio http://web.sispro.gov.co5.Los médicos, odontólogos, optómetras o nutricionistas en ejercicio de su profesión y que requieran prescribir a través de Mipres deben estar inscritos en el ReTHUS para poder hacer la prescripción de medicamentos, procedimientos o dispositivos que no estén incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, antes conocido como No POS. La plataforma ReTHUS valida al médico o profesional de la salud que hace la orden vía Mipres. Si no aparecen en el ReTHUS no podrá hacer efectiva la prescripción. 6.El trámite tarda 15 días, siempre y cuando los papeles que presente el médico estén en regla. La verificación o la inscripción en el ReTHUS se puede hacer a través de la página web del Colegio Médico Colombiano www.colegiomedicocolombiano.org7.

Meditech prevé convertirse en el HUB del sector salud en la región

Meditech, la segunda feria más importante del sector salud en Latinoamérica, congregará del 3 al 6 de julio, en Corferias, expositores

nacionales e internacionales, quienes compartirán conocimientos, lanzamientos y los últimos avances tecnológicos de la industria.

En el marco de la VI versión de Meditech que prevé convertirse en el HUB del sector en la región, el 4 y 5 de julio se realizará el XIII Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, en el auditorio principal de Corferias, con la participación de conferencistas inter-nacionales expertos en gestión hospitalaria y de salud.

Por primera vez, se realizará el Simposio de solu-ciones exitosas en salud de entidades aliadas al sector hospitalario colombiano en el que reconocidas compa-ñías de la industria expondrán experiencias exitosas que han impactado positivamente la atención en salud. Además en esta oportunidad los visitantes encontrarán la puesta en escena del Centro Experiencial de Alta Tecnología Hospitalaria, CEATH, que incluirá una zona de admisiones, una sala de cirugía y una habi-tación que les permitirá una interacción real con las

innovaciones de la industria para el sector. De igual manera, se entregará el V Galardón Nacional Hospital Seguro ACHC. A este premio se postularon este año 18 entidades hospitalarias de alta y mediana complejidad.

“Durante Meditech se compartirán los principales aprendizajes y lecciones del ámbito global, innovaciones, nuevas tecnologías y desafíos para el futuro. Además, la zona experiencial se creó para los visitantes, quienes po-drán interactuar con los equipos y la tecnología que traen los expositores de todo el mundo”, manifestó Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC.

De esta forma, la sexta versión de la Feria Inter-nacional de la Salud se consolida como el escenario para conocer de primera mano los avances que han alcanzado el sector y las necesidades y proyecciones del mismo. Meditech, sin duda, es la ventana para ver cómo se mueve la tecnología de la salud en el mundo. Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la feria, aseguró por su parte: “Meditech será el escenario ideal para forta-lecer las relaciones comerciales nacionales e internacionales entre proveedores, distribuidores y representantes del

sector. Tendremos La exhibición de productos, servicios y tecnologías de expositores nacionales y de Alemania, Austria, Italia, Israel, Hong Kong, Taiwán, China y Beijing”.

De otro lado, el evento integrará a Odontotech, Salón Especializado de Odontología, en el que se en-contrarán tecnologías, mobiliario, instrumental, bio-seguridad y productos para higiene oral de alta calidad en el pabellón 4 que se dedicará a esta área de la salud.

El director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC resaltó que Meditech sigue siendo el espacio que reúne no solo los mejores equipos e insumos de la industria, sino también un certamen especializado de carácter internacional que incluye una agenda académica de gran interés para directivos y profesionales del sector de la salud. La Feria Internacional de la Salud, Meditech, organizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, y el Centro Internacional de Negocios y Expo-siciones, Corferias, recibió en 2016 a 11.000 visitantes profesionales en 5.200 metros cuadrados de exhibición.

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Edición 5 • Septiembre - Noviembre 2017

COLEGIO MÉDICO COLOMBIANO

CMC

El pasado 27 de enero se llevó acabo el planeación estratégica del Colegio Médico colombiano (CMC) en cabeza de su presidente, doctor Roberto Baquero, quien en compañía de la junta directiva y miembros de la organización definieron la plataforma que determina la gestión del Colegio para los próximos cuatro años y cuyo propósito es posicionar al CMC con los más altos estándares de calidad. De estaforma, se podrá certificar a través de los requisitos contemplados en la norma ISO 9001:2015. A continuación se presenta el despliegue de la misión, la visión, los objetivos, la planeación estratégica y el organigrama institucional.

El Colegio Médico Colombiano se reinventa

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DirecciónEstratégica

Macro procesos Misionales

Macro procesos de Apoyo

Macro procesos de Mejoramiento

Gestión Pública

EvaluaciónSeguimiento y Control

Comunicaciones y Tecnología

Administrativa y Financiera

Gestión de calidad

Gremial y Social

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HV

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A P

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A P

HV

Asamblea Generalde Delegados

Junta Directiva

Gestión de calidad

Sistema de gestión de calidad

Evaluación y control

Funciones Públicas

Expedición de tarjeta profesional

Régistro RETHUS

Permisos transitorios

Relación de Independencia

Procesos estratégicosProcesos Misionales y de apoyo

Procesos de Evaluación y SeguimientoProcesos Extremos y del nivel menor

Presidente

Comisionesestatutarias

• Comisión gremial• Comisión académica-científica• Comisión empresarial• Presidente

Revisora Fiscal

Comité de éticaorganizacional

Gestión pública Gremial y social

Administrativa y financiera

Gestión administrativa

Gestión Financiera

Comunicaciones y Tecnología

Logística y contratación

ApoyoTecnológico

Talento Humano

Comunicaciones

Archivo

Contabilidad

Afiliación y certificación

Participa-ción política

Fortalecimien-to regional

FORMACIÓN CONTINUADA A DISTANCIA

www.medicapanamericana.com/cursos

Con contenidos desarrollados y/o avalados por Universidades de España y Colombia

MisiónÉl Colegio Médico Colombiano es una organización gremial y democrática, con arraigo constitucional, desarrollo legal y funciones públicas delegadas, que trabaja por la unión y representación de todos los mé-dicos que ejercen legítimamente en el país.

Propende por el ejercicio de la autonomía y au-torregulación médica, por el avance progresivo en la calidad de su ejercicio profesional, mediante la educa-ción continua, por el enfoque ético y humanista de su praxis, por el trabajo digno y las condiciones de contra-tación justas, por ambientes laborales sanos, amables y respetuosos, y por el desarrollo integral, personal y familiar de sus afiliados, lo que contribuye a la salud de los colombianos.

VisiónPara el año 2022 duplicar el número de afiliados, ser reconocido como vocero y representante de los médi-cos que ejerzan en el país, como impulsor de la unidad gremial, trabajando conjuntamente con las demás organizaciones de médicos y profesionales de la salud.

Mantener, fortalecer y ampliar las funciones pú-blicas delegadas, con altos estándares de calidad y ser referente nacional e internacionalmente.

Principios:Humanismo: ofreciendo cuidado de salud, manifestada en la práctica cotidiana, bajo un entorno sano y soste-nible. Brindando un trato digno, ético, responsable y cordial con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Profesionalismo: adquiriendo y perfeccionando las competencias en la excelencia técnica, académica, científica, en la comunicación y relaciones interperso-nales, mediante la formación y educación continuada, haciendo uso razonable de los recursos, siempre con el criterio de privilegiar en bienestar.

Democracia: a partir del reconocimiento de la diver-sidad, desde el ser y el derecho del otro; partiendo de las libertades de pensamiento y expresión, del dere-cho a elegir y ser elegido, de definir el rumbo de una organización, vigilar su rendimiento y el desempeño de sus gobernantes; siempre sujetos a la búsqueda del bien común, trabajando por el respeto y perfecciona-miento de la institucionalidad gremial y democrática, acatando a las mayorías sin afectar los derecho de las minorías, en el contexto del debate argumentado, pa-cífico y respetuoso.

Objetivos:

1. Representar ante la sociedad, el Estado, los agentes del sistema, las demás organizaciones de médicos y profesionales de la salud, los orga-nismos de salud y las organizaciones médicas internacionales, a los médicos de todo el país.

2. Vela porque la profesión de la medicina se ejerza de acuerdo con la ética y a la norma-tividad. Con profesionalismo, competencias técnicas, científicas, académicas, relacionales y comunicacionales y con criterios de exce-lencia y humanismo, de acuerdo con el ser de nuestra profesión

3. Desarrollar en el médico la conciencia de ac-tuar sistémicamente, con autonomía y respon-

sabilidad en la prestación de servicio a las per-sonas y comunidades, con autorregulación y haciendo parte de equipos multiprofesionales.

4. Promover la participación política del gremio, contribuyendo al diseño, construcción y eje-cución de las normas y modelos de atención en salud, que respondan a las necesidades de la población para garantizar su derecho a la salud.

5. Defender los legítimos intereses del gremio médico, en el marco de los intereses generales de la población, trabajando concertadamente por el mejoramiento de las condiciones del ejercicio, su desarrollo personal integral y por el cumplimiento de sus derechos laborales.

6. Fortalecer al gremio; dirigir, asesorar y acom-pañar a los médicos en la práctica de su pro-fesión. Promover la unidad de gremio defen-diendo concertadamente objetivos comunes

en el marco del respeto a las organizaciones médicas existentes que conforman la institu-cionalidad gremial. Incentivando la cultura, la solidaridad y la conciencia gremial entre sus miembros.

7. Promover la educación continua de sus afilia-dos para renovar, ampliar y mejorar competen-cias en el ejercicio de la profesión, orientadas a brindar un mejor servicio a la población.

8. Desarrollar actividades académicas y cientí-ficas, investigación, innovación e incentiva, en el marco del ejercicio a nivel nacional e internacional.

9. Ejercer las funciones que la administración pública le asigne y colaborar con la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relaciona-das con sus fines que puedan serle solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.

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