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ORDEN Y PROGRESO EN LA LEGISLACION MEXICANA DE AGUAS. 1910-1930

Inmaculada Simn Ruiz (Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC)

1. Introduccin

El lema de gobierno del dictador mexicano Porfirio Daz entre 1877 y 1911 fue el po-sitivista: Orden y Progreso. Desde su independencia, el pas procuraba reorganizar el poder y sus instituciones y a finales de siglo el largo gobierno porfirista protagoniz una etapa de modernizacin como no la haba vivido el pas en dcadas.

Porfirio Daz se propuso transformar a Mxico en bandera de progreso y a su capital en el emblema de la modernidad. Sus grandes avenidas, sus palacios, su propaganda de cara al exterior exigan importantes inversiones que vinieron de los capitales internos pero, sobre todo, del extranjero.

El endeudamiento no era, sin embargo, un problema, el optimismo general haca pensar que pronto el pas recuperara su independencia econmica gracias al crecimiento sin lmites. Se trataba de un pas con grandes posibilidades desde el que se demandaba capital humano tambin para colonizar las tierras an des-ocupadas sobre todo en el norte.

Pero para llevar a cabo este progreso era necesario asegurar el orden y esto deba hacerse con polica y con sujecin a las leyes. El problema era que muchas de estas leyes estaban an por hacer.

En estas pginas sealaremos cmo Porfirio Daz dio los primeros pasos para la sistematizacin de la legislacin relativa al agua y para la centralizacin de su

ResUMeN

en estas pginas se presenta una revisin de la legislacin de aguas en Mxico entre 1877 y 1930. Se pretende establecer los cambios y continuidades habidos en un momento de transicin como fueron los aos anteriores y pos-teriores de la Revolucin para entender si hubo una transformacin radical al respecto.

PALABRAs cLAVe: Agua potable, Riego, Aprovechamiento energtico, Legislacin, instituciones, Legislacin.

ABsTRAcT

in these pages we present a revision of the legislation of waters in Mexico between 1877 and 1930. The objective is to analyse the changes that took place in a moment of transition as were the years before and after the Revolution and try to understand if there really was a radical transformation.

KeY WORDs: Drinking Water, irriga-Drinking Water, irriga-tion, energy, Legislation, institutions, Legislation, energetic Use.

Anduli, 8 (2009), 191-200

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gestin pero tambin cmo los gobiernos revolucionarios, aunque con un discurso contrario, continuaron la labor con similares objetivos hasta la promulgacin de la Ley sobre irrigacin con Aguas Federales, en enero de 1926, que dio inicio a la poltica hidrulica institucional seguida en Mxico a lo largo de prcticamente todo el siglo XX.

Los aspectos de la poltica centralizadora del gobierno mexicano entre 1877 y 1926 afectaron tanto al riego como al abastecimiento de agua potable a las poblaciones y al aprovechamiento de la fuerza motriz. Pero este uso, digamos utilitarista, del recurso se ver compensado en cierto modo por una preocupacin ambiental que se plasm en la legislacin desde finase del XIX si bien no fue, lamentablemente, capaz de evitar aberraciones como la desecacin del lago de Chalco, por citar tan slo un ejemplo (Tortolero, 1996).

2. El liberalismo, las transformaciones en el modelo de pro-piedadyelaguaparariego

Con el liberalismo y las desamortizaciones de bienes comunales y de corporacio-nes lleg el dominio de la propiedad privada como nica forma de explotacin y con ella la necesidad de protegerla. El cerramiento de campos oblig a asegurar las fuentes de suministro de aguas para el regado. En las ciudades, el creci-miento continuo demandaba aumentar las dotaciones de agua para consumo y como fuerza motriz. El desarrollo de la medicina tambin exiga la mejora de las condiciones higinicas, con lo cual no slo era importante aumentar la cantidad, sino la calidad de tan preciado lquido. Los gobiernos locales, en ocasiones, se mostraron incapaces de asegurar estas demandas y el gobierno federal se fue volviendo cada vez ms interventor.

En este sentido, los imperativos fueron definir las competencias de gobiernos locales, estatales y federales en materia de suministro y de propiedad sobre el recurso.

Los debates en torno a estos aspectos se iniciaron en 1878. Participaron juristas como Jacinto Pallares, Jorge Vera Estaol, Andrs Molina Enrquez, Ignacio L. Vallarta y Luis Cabrera (Romero, 2005) pero tambin miembros de otros colec-tivos como el de los ingenieros. En Mxico, los problemas relacionados con el agua estuvieron ligados a las obras pblicas y a la ingeniera civil tanto durante el porfiriato

1, cuando se hicieron las grandes obras de desage en la capital y

de abastecimiento de las grandes ciudades, como tras la revolucin, cuando en 1917 la gestin del agua y las obras pblicas se unieron en un mismo ministe-rio: la Secretara de Agricultura y Fomento, encargada de controlar las grandes obras hidrulicas para regado y aprovechamiento energtico. Cuando a finales del XIX se quiso emprender el trabajo de legislar sobre utilizacin del recurso, la

1 Las obras pblicas estuvieron ligadas al agua desde la etapa prehispnica con la construccin

del albarradn de Netzahualcoyotl o de los acueductos de Chapultepec y Coyoacn. por sealar algunas de las ms importantes obras de infraestructura. Pero no se puede hablar de una poltica general y centralizada como la que se inicia a finales del XIX sino de respuestas localizadas y que atienden a circunstancias puntuales.

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Academia de Jurisprudencia invit a la Asociacin de Ingenieros y Arquitectos de Mxico a opinar al respecto. El resultado de los trabajos presentados por estos profesionales fue publicado en la revista de difusin de la Asociacin, los Anales de la Asociacin de ingenieros y Arquitectos de Mxico, entre 1896 y 1897, siendo presidente de la misma el ingeniero Manuel Fernndez Leal, por aquel entonces Secretario de Fomento.

Uno de los trabajos defendidos en aquella ocasin fue el del Ingeniero Manuel Marroqun y Rivera, responsable del proyecto de abastecimiento de agua a la ciudad de Mxico, que hizo posible el sistema de bombeo para la extraccin de agua de los manantiales de Xochimilco que provea de agua a razn de casi tres metros cbicos por segundo a unas 11.000 viviendas en 1913 (Aboites, 1998). A pesar de su especialidad, en esta ocasin su discurso se centr en lo relativo al regado y no en abastecimiento de ciudades, tema que desarrollara otro ingeniero, Adolfo Daz Rugama, como veremos ms adelante.

Marroqun en 1897 comentaba la dificultad de que Mxico siguiera el ejemplo de la legislacin de los pases europeos en materia de aprovechamiento de aguas en agricultura. El recomendaba, ms bien, pragmatismo. Crea que en el pas, que contaba con condiciones especiales tanto econmicas como materiales, deba legislarse con base en los hechos y no en modelos extranjeros. El pas estaba poco habitado, las extensiones de propiedad agrcola eran muy grandes, la navegacin fluvial, al menos en la meseta central, era de escasa importancia y la industria an era incipiente.

Opinaba que el objetivo principal de toda legislacin deba ser la agricultura que necesitaba, a su juicio, de toda proteccin; que la ley deba ser liberal y restringir el uso nicamente cuando se perjudicara a terceros y que deba favorecerse el derecho de uso pero no el de abuso; inmediatamente, se preocupaba de exponer su opinin sobre los ttulos expedidos desde el virreinato que no eran nada claros con respecto a las condiciones de tales derechos:

Una merced de aguas no puede significar otra cosa que el derecho con-cedido un propietario para usar de las aguas, pero nunca para abusar de ellas. El uso de las aguas debe ser concedido de una manera concreta para determinado objeto y limitado lo que sea necesario para ese objeto, pues conceder el uso ilimitado de una cosa equivale dar la propiedad de esa cosa En Francia la legislacin sobre aguas de los ros no flotables esta-blece que un propietario rivereo (sic) puede usar del agua para irrigacin de la propiedad, con la nica condicin de volver el excedente al cauce del ro en su lindero.

En Mxico, opinaba, eso no se poda hacer por dos razones fundamentales: la escasez de agua y la extensin de las tierras. Cualquier cambio en la propiedad de la tierra vendra acompaado de un aumento en el aprovechamiento de aguas y en unos momentos en que se haba despertado el inters por la irrigacin entre los hombres de empresa, peligraba el abastecimiento de las ciudades.

En aquellos momentos se estaba viviendo un proceso de recuperacin del recurso por parte del gobierno. Y digo de recuperacin porque a las leyes patrimonialistas

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coloniales en las que el agua se consideraba propiedad de la Corona le haba seguido lo que Marroqun consideraba un abuso y las mercedes se haban convertido, en la prctica, en derechos de propiedad.

Las Leyes de Indias contemplaban el derecho patrimonial de la Corona sobre tierras y aguas

2. Los ttulos primordiales sobre aguas eran la merced o la com-

posicin, y no se reconocan los derechos ribereos sino que la preferencia era la antigedad de la merced. Otras leyes prohiban el acotamiento de los predios para posibilitar el uso en comn de montes, pastos y aguas.

La normatividad colonial segua vigente a mediado del XIX y aunque el 8 de junio de 1813 se estableci que se podan cerrar y acotar los fondos, como se mantuvieron las servidumbres sigui, de hecho, en vigor el uso comunal de montes, pastos y aguas. En este caso, Mxico no estaba copiando la legislacin extranjera sino que estaba poniendo en prctica la legislacin establecida por los constitucionalistas y las cortes ordinarias comunes para espaoles peninsulares y americanos. Ya en la etapa independiente, la Constitucin mexicana de 1824, no legisl sobre la materia as que se entendi que como los intendentes haban gozado de plenas facultades sobre tierras y aguas, este derecho pasara a los gobernadores de los estados. Sigue, por tanto, funcionando, al menos en parte, la legislacin colonial. Dice Herrera y Lasso (1994) que como las tierras daban dinero, el gobierno federal procedi pronto a centralizar el acceso a la misma pero que no ocurri lo mismo con el agua porque no era una fuente importante de ingresos aunque, como matiza Aboites (1998) s lo era para los ayuntamientos y pronto el gobierno federal se dara cuenta de ello y procurara hacerse con su control (Simn, 2007).

El control sobre las aguas superficiales comenz a darse con la ley de 5 de junio de 1888 que estableca que las aguas de los ros navegables y flotables quedaban a cargo de la federacin. Pero el problema radic en que se haban declarado como ros navegables muchos que no lo eran para eludir los principios de derecho aceptados que distinguan entre aguas navegables (considerados bienes pblicos de uso comn) y no navegables ni flotables (considerados bienes de los particu-lares sujetos a vigilancia administrativa). Por eso se protegi la navegabilidad de los ros y no por su utilidad prctica, lo que implica no ignorancia por parte de los legisladores, como seala Herrera y Lasso, sino una manera de no enfrentarse con los principios de derecho aceptados, del derecho pblico.

Herrera y Lasso deca que lo principal en Mxico no era la navegacin sino el riego y que a este fin deban destinarse las aguas sin respetar los derechos ribereos sino la necesidad. A esto haba respondido favorablemente la ley de 6 de junio de 1894, elaborada para reglamentar las concesiones de agua para estos usos y, despus, la de 1902. Con ambas se estableca que se necesitaba autorizacin fe-deral para aprovechamiento de aguas para establecimiento de nuevas poblaciones, riego, fuerza motriz y usos industriales y para ello se exigan complicados y largos trmites burocrticos que se fueron completando con el tiempo con impuestos que recaan sobre el consumo. El gobierno central se haba apoderado de las

2 Derecho que fue recuperado por ley tras la promulgacin de la Constitucin de 1917.

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aguas y de su control, despojando a los gobiernos estatales y locales de antiguos derechos sobre las mismas. Esta labor que se vera culminada en 1910:

Los usuarios de aguas federales no podrn, sin previa autorizacin, alterar o modificar las condiciones naturales de sus aprovechamientos; estando obligados adems a contribuir, proporcionalmente al volumen de agua de que disponen, a los gastos que exijan la distribucin de las aguas y la conservacin de los cauces de las corrientes en que tienen establecidas sus obras

La Constitucin de 1857 deca en su artculo 117 que las funciones que no es-tuvieran expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entendan reservadas a los Estados. Como no haba ninguna especificacin sobre usos del agua en este sentido, se entiende que los estados podan decidir en la materia. Pero ser a partir de la dcada de los 80 cuando el gobierno federal rompa con este pasado colonial largamente mantenido y busque legislar a favor de la recu-peracin del control sobre el recurso, tanto con respecto a los particulares como a los gobiernos municipales y estatales.

No obstante, y como hemos visto que comentaba Marroqun, volvi a presentarse la posibilidad de tomar como gua la legislacin europea, no slo la francesa sino, sobre todo, la espaola. La razn de este inters est justificada porque Espaa haba elaborado recientemente una ley muy completa sobre aguas y dado que se comparta un pasado comn en materia legislativa no era descabellado pensar en la posibilidad de tenerla en cuenta. As, por lo menos, lo contemplaron Daz Rugama, a quien se le haba encargado que revisara la legislacin en lo relativo al abastecimiento de las ciudades, en 1896, y, ms adelante, Herrera y Lasso, en 1919. Antes, por tanto, y despus de la revolucin.

3. Elaguapotableunserviciopblico?

Daz Rugama, haciendo referencia a la ley mexicana de 5 de junio de 1888, la equiparaba a la notable ley espaola de Junio de 1879 (Daz Rugama, 1896) porque en ambas se estableca un orden de preferencia a la hora de dotar el derecho de consumo a las poblaciones ribereas. Pero continuaba sealando que, a pesar de existir dicha ley en Mxico, no se haba reglamentado su pues-ta en prctica y por eso an no haba tenido los resultados esperados. Con la esperanza de influir en los legisladores sealaba qu principios deban regir esta reglamentacin. Coincida con Mallorqun en que esto de los derechos de los ribereos poda conducir a abusos y sealaba alguna manera de evitarlos. Marcaba la importancia de la prioridad al consumo urbano pero deca que deba hacerse extensivo a las poblaciones no ribereas pues haba muchas de ellas que presentaban dificultades en este sentido mientras otras ribereas desperdi-ciaban este derecho. Aqu pona como ejemplo algunos puntos (concretamente el 164 y el 165) de la normatividad de la ley espaola (Espaa, 1914) que es-pecificaba los trminos de tales derechos para evitar abusos, como veremos a continuacin:

No se permite distraer para este aprovechamiento cantidad alguna de agua destinada ya otros distintos, sino cuando el caudal normal que disfrute

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una poblacin no llegue 50 litros al da por cada habitante y slo hasta completar aquella dotacin.

Si la poblacin necesitada de aguas potables disfrutase de un caudal de no pota-bles, pero aplicables otros usos pblicos y domsticos, se le puede completar la cantidad de 20 litros diarios por habitante, aunque todas juntas excedan de los 50 litros sealados como mximo en el prrafo anterior.

En cuanto a las prioridades, la ley espaola, en su artculo 160 daba preferencia, por este orden a:

1 Abastecimiento de poblaciones

2 Abastecimiento de ferrocarriles

3 Riegos

4 Canales de navegacin

5 molinos y otras fbricas, barcas de paso y puentes flotantes

6 Estanques para viveros criaderos de peces

Ms adelanta, Daz Rugama sealaba que haba que codificar tambin la ley de 6 de junio de 1894 en el sentido de que deba darse preferencia a los municipios sobre los particulares en cualquier solicitud de aprovechamiento si el uso fuera para surtir a las poblaciones.

No obstante, cree que la iniciativa privada ser la ms adecuada para emprender las obras y que no deben ser los regidores quienes elaboren los proyectos sino los profesionales del ramo. El ayuntamiento debe limitarse a asegurarse de que las obras se lleven a cabo y posibilitar que as sea y que se haga en las mejores condiciones. Seala que en la legislacin mexicana hay una ley que no se da en ninguna otra legislacin de lo que el denomina como la culta Europa. Se refiere a la obligacin de que las casas contaran con agua potable y de que sus propietarios estaban obligados a pagar el impuesto siempre que hubiera tuberas en la calle en que estuviera ubicada la finca. Pero, eso s, se haca necesario, entonces, que el municipio se comprometiera a que la red de tuberas llegara a todas las casas como se hizo en la legislacin francesa de 1893. De modo que recomienda que el estado central presione a los gobiernos locales a instalar servicio de agua potable y a que obligue a los dueos de las fincas a hacer uso de dicho beneficio y a pagar un impuesto por l. Adems, propone que el pago del mismo se establezca mediante una tarifa diferencial mediante la que los que menos consumen y menos recursos tienen paguen menos y los que ms gasten paguen ms porque, seala el abastecimiento de poblaciones es un servicio municipal y no una renta (Daz Rugama, 1896). Entrara o no la iniciativa privada en el suministro y manutencin del sistema, el gobierno deba quedar al cuidado y control de la prestacin del servicio. Defiende la asistencia pblica por tres razones: porque el municipio es el mayor consumidor de agua, porque las obras de conduccin y distribucin exigen con frecuencia expropiaciones forzosas que no pueden emprender los particulares y porque constituye un monopolio y el gobierno debe evitar que stos queden en manos privadas. Recomienda, de

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nuevo, que se tome la legislacin francesa como modelo ya que proliferan en dicho pas las empresas privadas de suministro, y que se legisle en general para evitar que se haga un uso selectivo de las leyes. En este caso no menciona la ley espaola, que tambin haba reglamentado sobre concesiones de servicio a las empresas privadas a las que bajo ningn concepto se les otorgaba la licencia por un perodo superior a 99 aos y a las que se les obligaba a proporcionar, al menos, 20 litros de agua potable por habitante y da (artculos 169 y 170) y otros 30 para otros usos.

Esta opinin del ingeniero contiene una idea de servicio pblico que contempla las diferentes visiones imperantes sobre el concepto a finales del XIX y principios del XX. Las formas de presentar los servicios pblicos eran mltiples y variadas. En primer lugar, exista una visin poltica, resultante de la justificacin y apoyatura del poder, muy vigente en buena parte de la legislacin espaola y francesa. Una segunda frmula se advierte en el enfoque economicista, relacionado con la idea de monopolio natural, gracias al incremento de las economas de escala y la disminucin de los costes marginales, que justifica la existencia de una sola empresa para abastecer todo el mercado. En tercer lugar, se aprecia la perspectiva empresarial, pragmtica, dispuesta a obtener un beneficio a pesar de las cargas (servicio universal e igual para todos) e inconvenientes (control poltico de las tarifas). Por ltimo, cabe el punto de vista jurdico, que, en Espaa, se encuentra determinado por la titularidad pblica, el monopolio legal, y como un sector excluido a la iniciativa privada salvo habilitacin expresa, es decir, mediante concesin o autorizacin (Mats y Simn, en prensa). En Mxico, igual que en Espaa y en Europa se trataba de un concep-to an por definir. La misma Ley de Aguas espaola de 1879 -tan utilizada como referente a ambos lados del Atlntico (Cano, 1956)- recoga la expresin servicio pblico con sentidos diferentes a lo largo de su articulado. En resumen, en Espaa el concepto de servicio pblico apareci a finales del siglo XIX, no tanto como una nocin elaborada doctrinalmente cuanto como un conjunto de reglas especiales de Derecho Administrativo. Surgi a raz de una serie de normas jurdicas que, calificando determinadas actividades como servicios pblicos, prevean un rgimen jurdico peculiar distinto al Derecho Civil.

El sistema de agua potable se reform en la capital mexicana en 1903, durante el porfiriato pero su gestin dej pronto de ser competencia municipal pues el gobierno federal cre una comisin especial para su gestin. Los gobiernos pos-revolucionarios terminaron de centralizar el servicio con la disolucin, en 1928, del Ayuntamiento de Mxico, cuyas funciones pasaron a depender directamente el gobierno central.

4. El aprovechamiento energtico

En Espaa, en 1914 la ley de 1879 se demostraba, ya, ineficaz en muchos aspec-tos. Haba continuos litigios por las dificultades en su aplicacin y las cantidades otorgadas se consideraban insuficientes para las grandes poblaciones cuando los especialistas recomendaban entre 200 y 500 litros por persona y da, para el agua potable y de consumo general respectivamente, en lugar de los 20 y 50 establecidos en la ley (Garca Faria, 1914).

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No obstante, los especialistas mexicanos continuaban mirando hacia ella por el esfuerzo de codificacin que suponan sus 258 artculos. En 1919, el ingeniero mexicano Jos Herrera y Lasso volva a hacer referencia a la legislacin espaola y a su influencia sobre la mexicana en lo relativo al establecimiento de prioridades en el aprovechamiento.

El inters federal por controlar las aguas federales se produce cuando se ve el nivel de negocio, pero tambin notamos alguna referencia al cuidado de los cau-ces que aunque an no hace mencin especfica a los recursos naturales y su conservacin s seala que cualquier intervencin no debe perjudicar a terceros. En este sentido ser ms explcito en la constitucin de 1917 donde s se pude hablar de cierto inters por la proteccin ambiental, como veremos ms adelante. Pero antes hablemos del desarrollo de la electricidad y sus implicaciones con el agua en la industria mexicana.

En 1894, la ley de 6 de junio ampla y reglamenta la de 1888 en materia de riego y fuerza motriz. Esa misma ley facult al ejecutivo a decidir sobre aprovecha-mientos de aguas en la capital en un claro ataque contra el poder local que an resida en el Ayuntamiento, y para otorgar derecho sobre construccin de presas y depsitos. Poco despus, el 18 de diciembre de 1902 se declaran bienes de dominio pblico y de uso comn dependientes de la federacin ros, esteros, lagos y lagunas naturales y se requiere concesin especial de la autoridad pblica para el aprovechamiento de esas aguas cuando se destinen al establecimientos de poblaciones, riego, fuerza motriz y usos industriales; es decir, todo lo que pudiera suponer un negocio. Adems las concesiones deban renovarse cada 20 aos -que es el plazo que la legislacin espaola estableca para que se otorgara el derecho de uso- para asegurarse que no se acogan al derecho de uso.

Si en la ley de 1910 el riego, la energa y la industria ocupaban el segundo lugar en las prioridades slo por detrs del consumo humano, los gobiernos posteriores tambin le dieron gran importancia. Desde la Secretara de Fomento y Agricultura se organiz un comit asesor para asuntos relacionados con la fuerza motriz. Entre los miembros se encontraba Herrera y Lasso, quien tras la publicacin de su libro sobre irrigacin en 1919 se dedic a impulsar la energa hidroelctrica en el pas. De este comit nacera ms adelante en 1923 la Comisin Nacional de Fuerza Motriz (CNFM) a instancias del presidente lvaro Obregn, en el gobierno entre 1920 y 1924, siempre contando con el apoyo de Herrera y Las-so. Uno de los puntos que inspir a la CNFM fue la necesidad de velar por la conservacin de los recursos hidrulicos y procurar su mejor aprovechamiento. Aparece de nuevo la necesidad de priorizar de nuevo, pero en este caso lo que se busca es, sobre todo, armonizar los intereses econmicos relacionados con el agua: riego e industria, incorporando un criterio sobre conservacin de fuerzas hidrulicas a la legislacin general sobre aguas. Resultado de este tira y afloja fueron la Ley sobre Irrigacin con Aguas Federales, que reconoce la ventaja de la inversin pblica sobre la privada y sirve como base para la creacin de la Comisin Nacional de Irrigacin de 1926, y, tres aos ms tarde, la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, que yendo ms all del inicial espritu revolucionario y agrarista, derog todos los impuestos fijado a los consumidores, si bien lo dej vigente para hidroelctricas.

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5. Aguaypreocupacinambiental

Este intervencionismo estatal en el sector elctrico se dio a impulsos del naciona-lismo econmico de la Revolucin Mexicana que vino a sustituir el liberalismo del perodo anterior. Pero no desapareci el sentido utilitarista dado al recurso desde el porfiriato ni la tecnocracia dominante. Tampoco desapareci el sentido patri-monialista ya que las aguas pasaron a ser responsabilidad federal y as se hace ver, incluso, en la constitucin de 1917 considerada una precursora del derecho ambiental porque estableca que el agua era un recurso natural y que deba ser protegido bajo criterios de regulacin en cuanto a su cantidad y su calidad:

La Nacin tendr en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inters pblico, as como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales suscep-tibles de apropiacin, con objeto de hacer una distribucin equitativa de la riqueza pblica, cuidar de su conservacin, lograr el desarrollo equilibrado del pas y el de su conservacin, lograr el desarrollo equilibrado del pas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin rural y urbana. En consecuencia, se dictarn las medidas necesarias para ordenar los asen-tamientos humanos y establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras pblicas y de planear y regular la fundacin, conservacin, mejoramiento y creci-miento de los centros de poblacin; para preservar y restaurar el equilibrio ecolgico;.; para el fomento de la agricultura y para evitar la destruccin de los elementos naturales Los ncleos de poblacin que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su poblacin, tendrn derecho a que se les dote de ellas, tomndolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequea propiedad agrcola en explotacin.

No obstante, para terminar, interesa destacar este denominacin de recurso natural porque es a partir de entonces, y mucho antes de que apareciera el derecho ambiental como tal, cuando aparecen las primeras preocupaciones por el medio ambiente. Lo vemos, incluso, entre los defensores de la utilizacin de la energa hidroelctrica como fueron los de la CNFM, quienes al estimular el fomento de la electricidad apuntaban que era necesario que se introdujera en las cocinas de las viviendas de particulares porque con ello disminuira el consumo de carbn vegetal, lo que contribuira a la disminucin de la tala de rboles que tanto preocupaba a la Secretara de Agricultura y Fomento.

La preocupacin ambiental ya estaba ah. Y estaba antes; desde al menos el ltimo tercio del XIX hemos encontrado protestas contra la tala indiscriminada de rboles por parte de la industria porque menguaba la cantidad de agua en los arroyos y los ros

3. No en vano la primera ley de proteccin reas naturales en Mxico es

de 1899 (Instituto Nacional de Ecologa, 2000) a favor del Bosque Nacional del Mineral del Chico, Hidalgo, en el distrito de Pachuca. Y poco despus, las leyes

3 Archivo Histrico del Ayuntamiento de Mxico, Actas de Cabildo del Ayuntamiento Constitucional

de Mxico, 1884.

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de 18 y 21 de diciembre de 1909 que autorizaban al ejecutivo para hacer la de-signacin de todos los terrenos forestales de propiedad nacional que hubiere en lo sucesivo, y la Ley forestal de 1926.

A la luz de la comparacin entre la legislacin mexicana durante el perodo del dictador y la emanada de los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios, podemos decir, finalmente, que el agua en Mxico, sufri un proceso gradual de centralizacin en manos del ejecutivo federal sin experimentar rupturas o trans-formaciones destacables. Desde la etapa colonial predomina el patrimonialismo y el utilitarismo, pero tambin podemos hablar de una preocupacin ambiental temprana que se dio al menos, en la letra y que ser la base del surgimiento del derecho ambiental en el pas.

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