Deuda Historica Zona SURMabiana,Luis,Emanuel,Dayan,Pablo,Josue,Aslehy y Johnsonn

La Defensoría de los Habitantes aseguró que el Estado costarricense mantiene una deuda histórica con las personas indígenas que habitan en el país.

Datos de las denuncias que recibe la Defensoría señalan que a esta población no se le garantiza de forma efectiva y adecuada derechos tales como consulta previa, tenencia de tierras, respeto a las formas de gobierno indígena, a la salud, vivienda y educación, entre otras situaciones.

Para este garante, la institución llamó la atención sobre las más de dos décadas que llevan las y los indígenas esperando que finalmente se someta a votación el proyecto de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas.

“La votación de este proyecto no solo es una muestra de respeto a los Pueblos Indígenas que han esperado tanto tiempo a que se tome una decisión en cuanto a esta iniciativa que pretendía darle plena vigencia al Convenio N° 169 de la OIT, sino que además, respondería a los múltiples llamados de atención que han hecho varios órganos de tratados de las Naciones Unidas al país. Pese a ello, el Poder Ejecutivo no lo incluyó en la reciente convocatoria de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa”.

El caso que en los últimos años requirió de la intervención de la Defensoría tiene que ver con los enfrentamientos violentos entre indígenas y no indígenas en el Territorio Indígena Salitre, ya que el Estado no ha expropiado ni indemnizado a los propietarios o poseedores de buena fe, quienes siguen viviendo dentro de los territorios indígenas desde antes de la Ley Indígena de 1977 y decretos posteriores que declararon esas tierras como propiedad indígena.

“La Defensoría considera urgente que el Estado Costarricense realice un análisis objetivo de la situación que incluya el contexto social, cultural y político del cantón de Buenos Aires, y que cuente con la participación de las partes afectadas, para poder construir conjuntamente un plan de atención integral, teniendo como eje prioritario, garantizarle a la comunidad indígena de Salitre el derecho sobre sus tierras y territorio. Los mecanismos para promover este diálogo no deben ser impuestos, sino que deben tomar en cuenta los propios mecanismos indígenas de resolución de sus disputas”, sostuvo la Defensoría.

En relación con el derecho a la salud, la Defensoría advirtió al Estado costarricense la necesidad de que sean atendidas las demandas más recurrentes de los pueblos indígenas, entre las que destacan un escaso acceso a los servicios de salud, falta de infraestructura para la atención sanitaria, escaso equipo médico, falta de personal capacitado en la atención de población indígena así como el irrespeto a su cosmovisión, en particular de la medicina tradicional.

Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que los servicios de salud estén disponibles y sean accesibles a toda la población sin discriminación y que éstos se adapten a la cultura y necesidades de los pueblos indígenas, además de asegurar servicios de calidad. Costa Rica debe asegurar el respeto de estos estándares en sus políticas de atención a los pueblos indígenas.

En el caso concreto del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, propuesto por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que se realizaría en la zona sur del país, la Defensoría consideró que ante la inexistencia de una normativa interna que desarrolle este derecho, la Presidencia de la República debe definir una instancia estatal encargada de organizar los procesos de consulta que requieran realizarse en los territorios indígenas, definir con cada territorio una guía de consulta en la que se establezcan los parámetros, las condiciones y procedimientos apropiados que deben atenderse cuando les sean consultados proyectos o medidas administrativas que afecten sus derechos.