Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la ...

Determinantes estructuralesy desafíos del desarrollo y la

democracia en Guatemala

Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la

democracia en Guatemala

Documento base del segundo encuentro del Seminario Permanente Los desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala

“Debates y propuestas para un modelo de sociedad inclusiva”

Documento de trabajo

Guatemala, 2016

Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala.Documento base del segundo encuentro del Seminario PermanenteLos desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala“Debates y propuestas para un modelo de sociedad inclusiva”.Equipo de investigación ISE - IARNAGuatemala, 2016.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE

Belinda Ramos MuñozRaúl Maas IbarraFernando Valdez GordilloJuventino Gálvez Ruano

INVESTIGADORES COLABORADORES

Wilson Romero AlvaradoMario López BarrientosFranco Martínez Montt

AUTORIDADES INSTITUCIONALES P. Eduardo Valdés Barría, S.J.Rector

Dra. Lucrecia Méndez de PenedoVicerrectora Académica

Dr. Juventino Gálvez RuanoVicerrector de Investigación y Proyección

P. Julio Enrique Moreira Chavarría, S.J.Vicerrector de Integración Universitaria

Lcdo. Ariel Rivera IríasVicerrector Administrativo

Lcda. Fabiola Padilla de LorenzanaSecretaria General

EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN

Unidad Revista EutopíaBelinda Ramos MuñozDirectoraAna María Palma ChacónEditoraWiliam E. González MendozaDiagramador

© Vicerrectoría de Investigación y Proyección VRIP, Universidad Rafael Landívar.

Índice

Lista de siglas y acrónimos 5

Presentación 7

Introducción o ¿por qué hablar de desarrollo y democracia hoy en Guatemala? 11

1. Caracterización general del desarrollo y la democracia en Guatemala 16

1.1 Determinantes históricos estructurales 16

1.1.1 Determinantes históricos de origen colonial y neocolonial 17

1.1.2 Determinantes políticos-ideológicos y económicos que dieron forma a la estructura de desigualdad y exclusión 18

1.1.3 Determinantes históricos desde la independencia hasta la década de los ochenta del siglo XX 19

1.1.4 Rasgos generales de carácter estructural 21

1.2 (Re)ajustes estructurales en la coyuntura de los años ochenta y noventa 22

2. La democracia y el desarrollo en el contexto del modelo de extractivismo neoliberal 27

2.1 Neoliberalismo y sus impactos en Guatemala 27

2.2 Motores de desarrollo económico-social y nuevos ejes de acumulación de capital 29

2.3 Crisis de legitimidad de la institucionalidad estatal y los partidos políticos 35

2.4 Los protagonistas en contienda: actores, sujetos y resistencias 37

2.5 A manera de síntesis: viejos y nuevos problemas 38

3. Visión y propuestas de las rutas a seguir para la construcción de un modelo de desarrollo y democracia para una sociedad inclusiva 44

3.1 Algunos elementos para el debate 45

Bibliografía 50

Anexo 1 54

Anexo 2 56

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Lista de siglas y acrónimos

SIGLAS

AGA Asociación General de AgricultoresBCIE Banco Centroamericano de Integración EconómicaBM Banco MundialBRICS Brasil, Rusia, India, China y SudáfricaCBA Canasta Básica AlimentariaCEH Comisión de Esclarecimiento HistóricoCEPAL Comisión Económica para América Latina y el CaribeCIA Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia)CICIG Comisión Internacional contra la Impunidad en GuatemalaCIEN Centro de Investigaciones Económicas NacionalesDEA Drug Enforcement Administration (Administración para el Control de Drogas)DIGEBI Dirección General de Educación Bilingüe InterculturalEEGSA Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A.ENA Encuesta Nacional AgropecuariaEE.UU. Estados Unidos de AméricaFLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesFMI Fondo Monetario InternacionalFTA Free Trade AgreementsFTN Franja Transversal del NorteIDIES Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad PluralIDH Índice de Desarrollo HumanoIGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad SocialINDE Instituto Nacional de ElectrificaciónINE Instituto Nacional de EstadísticaISI Industrialización por Sustitución de ImportacionesMCCA Mercado Común CentroamericanoMP Ministerio PúblicoMSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia SocialOIT Organización Internacional del TrabajoOMC Organización Mundial del ComercioPAE Planes de Ajuste EstructuralPEA Población Económicamente ActivaPIB Producto Interno BrutoPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPRES Programa de Reordenamiento Económico y SocialSAA Secretaría de Asuntos AgrariosTIC Tecnologías de la Información y la ComunicaciónTLC Tratado de Libre ComercioUFM Universidad Francisco MarroquínURL Universidad Rafael LandívarVRIP Vicerrectoría de Investigación y Proyección

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Universidad Rafael Landívar ⎪ Vicerrectoría de Investigación y Proyección

ACRÓNIMOS

ANADIE Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura EconómicaBANGUAT Banco de GuatemalaBANVI Banco Nacional de la ViviendaCACIF Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y FinancierasCONAP Consejo Nacional de Áreas ProtegidasDR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República DominicanaENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de VidaFONDETEL Fondo para el Desarrollo de la TelefoníaFUNDESA Fundación para el Desarrollo de GuatemalaIARNA Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y SociedadICEFI Instituto Centroamericano de Estudios FiscalesINE Instituto Nacional de EstadísticaMIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas EmpresasOACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos HumanosOCRET Oficina de Control de Reservas Territoriales del EstadoPINA Producto Interno Ajustado AmbientalmentePRONACOM Programa Nacional de la CompetitividadSESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y NutricionalTELGUA Empresa de Telecomunicaciones de GuatemalaUSAC Universidad de San Carlos de Guatemala

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Preocupados por el gran deterioro político y de las condiciones de vida de la mayoría de la población guatemalteca, a inicios del año 2013, el Instituto de Investigación y Gerencia Política (INGEP) y el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA)1 se plantean crear un espacio de discusión, con diferentes actores, sobre las grandes problemáticas y los desafíos que la democracia y el desarrollo presentan en el país2. En esta línea, los días 28 y 29 de mayo de 2013 se celebró el Seminario “Los desafíos del desarrollo en Guatemala”, el que se propuso como objetivo general: aportar a la búsqueda de salidas o alternativas a los principales nudos problemáticos de la experiencia de desarrollo nacional de carácter estructural, así como a sus distintas manifestaciones en el marco del neoliberalismo y la globalización. Lo anterior mediante un debate plural y fundamentado entre distintos actores del país.

A través de conferencias magistrales, presentaciones y paneles de discusión, en el seminario se debatió sobre asuntos trascendentales, tales como: i) las restricciones que existen para una democracia sustantiva y un desarrollo económico con equidad; ii) las dificultades en la gestación e implementación

1 Ambos institutos cambian denominación y composición en noviembre de 2015 a raíz de un proceso interno de reestructuración de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la cual forman parte. Sus denominaciones actuales son: Instituto de investigación y proyección sobre el Estado (Ise) e Instituto de investigación y proyección sobre ambiente natural y sociedad (Iarna), respectivamente.

2 Nos orientó en esta oportunidad los objetivos estratégicos de la Universidad Rafael Landívar (Plan Estratégico 2011-2015) relativos a la investigación y la proyección. En concreto, el objetivo estratégico 16 –relativo al posicionamiento institucional– que planteaba la necesidad de que la Universidad Rafael Landívar tenga perspectiva, presencia y posicionamiento frente a situaciones que afectan el desarrollo integral, incluyente y sostenible de Guatemala y la región; el objetivo estratégico 17 -–diálogo y reflexión–, el cual nos convocaba a desarrollar espacios para el diálogo, el análisis y la reflexión que permitan hacer frente a la superficialidad e ideologización, y proponer creativamente soluciones y respuestas a problemas reales de la sociedad; y el objetivo estratégico 18 –incidencia pública– que nos retaba a impulsar desde la Universidad propuestas a problemas reales de la sociedad. Del mismo modo, nos orientó en ese momento la Fundamentación teórica y estratégica del quehacer (2010), de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), que nos desafiaba al debate y a la construcción de un modelo de sociedad inclusiva, como reto mayor.

Presentaciónde políticas públicas que sirvan al interés general; iii) el vínculo entre políticas públicas, democracia y desarrollo; iv) la relación entre industrias extractivas, ambiente y desarrollo; y v) la relación entre migración y desarrollo. En este evento participaron más de 400 personas de los sectores público, privado, académico y cooperativo, de organizaciones de la sociedad civil y también de los pueblos indígenas. Surgieron varias conclusiones, y se plantearon y confirmaron varios desafíos, entre estos: i) la necesidad de transcender miradas sectoriales y avanzar en un enfoque multidimensional centrado en el ser humano, el bien común y la sostenibilidad ambiental, como elementos centrales de un nuevo modelo de desarrollo; ii) la necesidad de darle continuidad al debate y al diálogo entre los distintos sujetos que tienen propuestas y visiones divergentes y alternativas de desarrollo; y iii) el papel que debe jugar la Universidad Rafael Landívar en aportar a la transformación de realidades sociales, propiciando espacios de diálogo y convergencia de las fuerzas vivas del país, interesadas en buscar nuevos caminos y alternativas para un desarrollo y una democracia incluyentes3

La experiencia nos animó a institucionalizarla y declarar al Seminario “Los desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala” como permanente; esto es: como un proceso de largo aliento para seguir profundizando, debatiendo y aportando universitariamente desde la investigación innovadora, crítica y comprometida a la construcción de una sociedad inclusiva y un desarrollo incluyente, con equidad, social y medioambientalmente sostenible.

3 Para una ampliación de los objetivos, metodología, actores, sectores participantes y debates se puede consultar la: “Síntesis de resultados del seminario, conclusiones y desafíos”, en inserto núm. 10, publicado el 30 de junio de 2013 a través del El Periódico. http://www.infoiarna.org.gt/index.php/component/docman/cat_view/102-boletines/134-iarna. Se adjunta, como Anexo 1, las conclusiones y desafíos planteados en este encuentro.

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Pensando en encuentros bienales, como el realizado en el año 2013, el seminario estuvo orientado en el año 2014 a la elaboración de un documento base, que diagnosticara los principales desafíos y problemáticas de la democracia y el desarrollo en el país, así como al esbozo de algunas “salidas”, propuestas y rutas a corto, mediano y largo plazo para la transformación estructural. Surge así el documento base “Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala”, que ponemos hoy a la disposición como documento de trabajo, para seguir discutiendo y aportando universitariamente a estos dos grandes temas4.

“Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala” es un ejercicio analítico interdisciplinario de posicionamiento e incidencia de la URL, desde la VRIP, presentado en el segundo encuentro del Seminario Permanente, denominado “Debates y propuestas para un modelo de sociedad inclusiva”, celebrado en la ciudad de Guatemala el 26 de mayo de 2015. En este segundo encuentro, se profundizó el debate en torno al modelo de desarrollo y democracia vigentes, sus consecuencias, tendencias y principales nudos problemáticos, para aportar a la construcción de un modelo alternativo, democrático, equitativo, sostenible y humano. A diferencia del primer encuentro, en esta oportunidad, la URL hizo el lanzamiento público de sus interpretaciones sobre los determinantes estructurales y los desafíos del modelo guatemalteco, teniendo como referencia el proceso de construcción de la Agenda de Investigación y Proyección, que para el citado momento estaba en la fase de diagnóstico.

De forma sucinta –junto a las visones y propuestas de otros actores5– desde la URL planteamos:

4 Este documento, en su versión preliminar, fue preparado por la consultora Karin Slowing, en coordinación con los directores del IARNA y el INGEP. Fue presentado, comentado y discutido en cuatro grupos focales con actores diversos –65 personas o actores claves de organizaciones e instituciones– en las ciudades de Huehuetenango, Quetzaltenango, Zacapa y Guatemala, durante los meses de septiembre y noviembre de 2014; y reelaborado en los primeros meses del año 2015, por un equipo interdisciplinario de la URL, con colaboraciones y discusiones de los directores de ambos institutos (Juventino Gálvez y Fernando Valdez) y cinco investigadores de tres institutos (INGEP, IARNA e IDIES). Se alimentó así con insumos de investigación y se adaptó a la visión de la URL.

5 El seminario se articuló en cuatro foros debates, relativos a: i) Visiones y propuestas desde los territorios. ii) Visiones y propuestas

i) la opción por decantarse por la transformación profunda del modelo hegemónico hacia otro inclusivo, basado en la conceptuación de eutopía, como lugar bueno para vivir con dignidad; ii) la necesidad de forjar alianzas con fuerzas sociales –o sujetos estratégicos del cambio social– que buscan la transformación estructural sistémica, potenciando una ciudadanía activa, crítica e intercultural, y plataformas de cambio institucional y estructural; iii) la necesidad de aportar a contenidos y propuestas para un nuevo proyecto político de Estado (inclusivo, democrático, plural y sostenible), que construido sobre bases amplias de la sociedad, y a través de un nuevo pacto social, se encamine a la refundación del Estado de Guatemala, y que intermitentemente posibilite un proceso político y legislativo permanente de constitucionalismo transformador, orientado a reformar integralmente la Constitución política del país o, en su caso, elaborar una nueva Constitución política. En la línea de los contenidos que hasta el momento se habían desarrollado en nuestra Agenda de Investigación y Proyección a inicios de 2015, los planteamientos giraron en torno a: un modelo bueno para el buen vivir, enfocado en la dignidad y vida plena de las personas, que favorezca la construcción y reconstrucción de los tejidos sociales y las alianzas entre actores estratégicos del cambio, de economía social solidaria, social y medioambientalmente sostenible; y que eventualmente, pueda desembocar en el mediano plazo en un nuevo pacto social y una nueva Constitución política para el país.

Del mismo modo, en la coyuntura por la que atravesaba el país a inicios de 2015, y con base a procesos de investigación, se plantearon contenidos específicos para el debate y las reformas prioritarias en los distintos sistemas (social, político-institucional, económico, natural), las que sirvieron como insumo para el posicionamiento público de la URL ante la crisis político-institucional que se publicitó a partir de los casos de “La Línea” y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (abril-mayo 2015)6.

desde los contextos urbanos. iii) Visiones y propuestas desde el sector empresarial. iv) Desafíos y propuestas en la coyuntura actual. Ver, Síntesis de resultados, 2015.

6 Para una ampliación de los objetivos, metodología, actores, sectores participantes y debates que se dieron en el segundo encuentro del

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Determinantes estructurales y desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala

El documento que se presenta en las siguientes páginas, en forma de documento de trabajo, es entonces parte de un ejercicio de articulación interdisciplinar entre varios institutos de investigación y proyección, en la búsqueda de aportar a través de procesos de investigación y la incidencia en la transformación social. Ello atendiendo a nuestros objetivos estratégicos, tanto del sistema universitario en su conjunto (Plan Estratégico 2015-2020), como de nuestra Agenda de Investigación y Proyección. En este sentido, el

Seminario Permanente, se puede consultar: la síntesis de resultados, en el inserto núm. 11, publicado el 23 de agosto de 2015 a través del El Periódico. http://www.infoiarna.org.gt/rediarna/2015/Red%20Informa%2017/Adjuntos/Suplemento-Seminario-Desarrollo-2-encuentro-FINAL.pdf Se adjunta como Anexo 2, las conclusiones de dicho encuentro.

documento incorpora algunas de las formulaciones avanzadas para mayo de 2015. Sin duda alguna, las discusiones y formulaciones habidas posteriormente, hasta la definición final de los seis programas de investigación y proyección7, y su desarrollo en el presente quinquenio, contribuirán enormemente a potenciar las contribuciones que desde la Universidad Rafael Landívar se puedan realizar en aras de la transformación profunda del modelo excluyente e insostenible en el que nos encontramos inmersos.

Juventino Gálvez RuanoVicerrector de Investigación y Proyección

Belinda Ramos MuñozCoordinadora del Seminario Permanente

Los desafíos del desarrollo y la democraciaen Guatemala

Guatemala, abril 2016

7 Los programas de la agenda de investigación y proyección landivariana son: i) Modelo económico para la inclusión social. ii) Alter-globalizaciones y horizontes de transformación en Mesoamérica. iii) Refundación del Estado. iv) Producción de subjetividades y transformaciones socioculturales en Mesoamérica. v) Revitalización del ambiente natural y desarrollo inclusivo en Mesoamérica. vi) Ciencia aplicada para el desarrollo inclusivo.

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A tres décadas del fin de los gobiernos militares y el inicio de los gobiernos civiles, y diecinueve años de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se encuentra sumergida en una profunda crisis multidimensional, de carácter económico, social, político y . Los avances en materia de derechos políticos y en algunos indicadores macroeconómicos, que proporcionan una relativa estabilidad y legitimidad al régimen, contrastan de manera significativa con la situación de deterioro general de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y el agotamiento, degradación y contaminación del medio natural. Los problemas de carácter estructural –como la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la violencia o el racismo– persisten y se exacerban cotidianamente. Estos interactúan con las nuevas tendencias en las formas de acumulación de capital, que en el país se expresan a través de la acentuación del modelo extractivista, dependiente y desigual.

Mientras que los viejos problemas tienden a agudizarse, empiezan también a cobrar mayor relevancia otras problemáticas, tales como: el deterioro de las economías familiar, de subsistencia y campesina; la inseguridad alimentaria; la expulsión de fuertes contingentes de la población de sus lugares de origen por diversas causas; una aguda precarización de las condiciones laborales; acelerados procesos de urbanización sin previa planificación; aumento de las distintas violencias (delincuencial, criminal, organizada, intrafamiliar, de género, de clase, racial); los impactos del cambio climático y el subsecuente deterioro de los sistemas de vida, en sus distintas expresiones.

Cooptado por los grupos de poder económico –capital nacional e internacional, lícitos e ilícitos– y configurado bajo la lógica del clientelismo y el patrimonialismo, el Estado guatemalteco se consolida cada vez más como

Introducción o ¿por qué hablar de desarrollo y democracia hoy en Guatemala?

un Estado corporativo, defensor de los intereses privados sobre aquellos asuntos de interés público. En los últimos años ha acentuado también su carácter militar y criminalizador de las demandas y luchas sociales1, en detrimento de la utilización de mecanismos democráticos, tal como le correspondería a un Estado de derecho.

Se asiste al debilitamiento y deterioro de la institucionalidad pública, que impide el procesamiento y la respuesta a los grandes desafíos que aquejan a las mayorías sociales del país. A ello se suma la prolongada crisis de los partidos políticos –como instancias formales de representación de intereses e intermediación política–, y la fragilidad del movimiento social y ciudadano para articularse y constituirse en un verdadero contrapeso al poder real o fáctico2.

En este contexto, cada vez es mayor el malestar de la población por la impunidad, la corrupción, la falta de oportunidades laborales, la ausencia o mala calidad de los servicios públicos, la imposición de proyectos extractivos, la criminalización del movimiento social, la violencia e inseguridad, entre otras problemáticas que aquejan la vida cotidiana de la mayoría de los guatemaltecos y de las guatemaltecas.

1 Como lo revela el significativo incremento de la presencia militar en una buena parte de la institucionalidad pública durante la administración del binomio Pérez-Baldetti (2012-2015); la política de criminalización, represión y judicialización de la protesta social; una sustancial participación de estructuras de la inteligencia estatales y privadas en procesos que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos y de los pueblos guatemaltecos, y el acompañamiento del Ejército y otras fuerzas de seguridad estatal –como la Policía Nacional Civil.

2 Esto es tamizado a partir de algunas experiencias como la de la Asamblea Social y Popular, con base territorial y nacional, que articula a diversos actores y sectores sociales y populares, y asimismo a partir de finales de abril de 2015, cuando es de conocimiento público los casos de defraudación aduanera –conocido como el caso de “La Línea”–, y de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–, a partir de los cuales hubo importantes y continuas movilizaciones sociales que culminaron con la renuncia y enjuiciamiento de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, y del expresidente de la república, Otto Pérez Molina.

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Interacción entre desarrollo y democracia en nuestra agenda de investigación y proyección

La situación anterior obliga a reflexionar en torno al desarrollo y la democracia, sobre sus posibles concreciones e imbricaciones en procesos históricos particulares como los actuales, es decir, en estructuras y coyunturas específicas. Al respecto, hay que señalar que ambos conceptos y sus concreciones han ido mutando a lo largo de la historia.

Desde la Universidad Rafael Landívar (URL) se asume el desarrollo como un “fenómeno holístico integral”, que parte de la construcción colectiva de sujetos socio-culturales para generar un espacio identitario plural que refleje una visión compartida de país3. El desarrollo es un proceso multidimensional producto de profundas transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así como de la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta, proceso que –además de poner en el centro al ser humano– debe propiciar la equidad y la sostenibilidad ambiental, política y económica.

Son diversas las fuentes que inspiran la conceptuación de desarrollo que maneja la URL4.

3 VRIP-URL, Hacia una sociedad incluyente. Agenda de investigación y proyección 2015-2020 (Guatemala: VRIP- URL, 2015), 9-10.

4 En los distintos informes generados desde la URL, la conceptuación de desarrollo aparece enfrentada al modelo de desarrollo neoliberal que se impone desde finales de los años ochenta del siglo pasado. Recoge elementos propositivos de un desarrollo más humano, endógeno, integral, sistémico y sostenido, provenientes de distintas corrientes, entre las que se encuentran el neomarxismo latinoamericano, el estructuralismo, el enfoque de desarrollo humano, el enfoque de desarrollo sostenible, entre otros. Recientemente se le agrega el enfoque del “buen vivir” de los pueblos originarios americanos, que es coherente con el pensamiento social cristiano. Del mismo modo, recupera elementos del enfoque de desarrollo local y territorial. Algunas características del desarrollo local, conforme a María Ángeles Murga, son: i) parte de la participación ciudadana de hombres y mujeres; ii) tiene como objeto la satisfacción de las necesidades humanas de forma equitativa e igualitaria entre géneros; iii) tiene en consideración las necesidades del resto del mundo vivo y debe ser sostenible en un plano ecológico; iv) parte de la complejidad de las relaciones entre los factores físicos, sociales, económicos, culturales y éticos que intervienen en las actividades productivas; v) parte de la identidad y cultura de los pueblos, valorando la memoria histórica y los saberes tradicionales. Desarrollo local y agenda 21 (Madrid/España: Pearson Education, S. A., 2006). El enfoque de desarrollo territorial “es una propuesta que se centra en la persona, que considera los puntos de interacción entre los sistemas

En primer lugar, el pensamiento social cristiano, que es eminentemente humanista. Desde esta perspectiva, el desarrollo tiene como centro la libertad, la dignidad y la vida plena de las personas y los pueblos; lo que implica entre otros aspectos: la equidad, y la satisfacción y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales individuales y colectivos desde las distintas cosmovisiones, abordajes y perspectivas culturales. Pero además, el desarrollo tiene que ser: i) social y ambientalmente sostenible; ii) enfocado a transformar las estructuras sociales; iii) enfocado a atender los principales problemas de la sociedad y sus riesgos (ambientales, crisis alimentarias, enfermedades, pauperización, desempleo, etc.), a través del aprovechamiento equitativo y racional de los bienes estratégicos para la reproducción ampliada de la vida; iv) que favorezca el ejercicio de la democracia y la constitución de redes sociales y de sujetos de transformación social, para construir un modelo de desarrollo alternativo al que actualmente se encuentra vigente.

La conceptuación del desarrollo de la URL está inspirada por el concepto de “eutopía”, entendida esta como un lugar bueno para vivir5, un lugar saludable para que pueda coexistir la humanidad con la Tierra. Lo anterior implica, entre otros

humanos y los sistemas ambientales, que busca la sostenibilidad del bienestar, que reconoce el carácter multidimensional de los sistemas productivos y que favorece el aprovechamiento competitivo pero racional de aquellos recursos que favorezcan la inclusión del mayor número posible de grupos sociales relegados”. VRIP, Hacia una sociedad, 20-21. Para Alexander Schejman y Julio A. Bedergué, algunas características de este desarrollo son: i) la visión sistémica, holista e integral del territorio, en el corto, mediano y largo plazo; ii) la consideración del territorio como una construcción social e histórica; iii) la multidimensionalidad: articulación de la dimensiones económica, social, cultural, ambiental y político institucional. Desarrollo territorial rural (Chile: RIMISP, 2004).

5 Conforme a René Ramírez, el modelo de buen vivir –o sumak kawsay– se refiere a “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la propagación de las culturas humanas y de la biodiversidad”. “Socialismo del sumak kaway o biosocialismo republicano”, Los nuevos retos de América Latina: Socialismo y sumak kawsay, no. 1 (2010):61. Confluencia Nuevo B’aqtun lo ha definido como un “proyecto político de vida […] un proceso de satisfacción y bienestar colectivo para potenciar la vida en equilibrio de la naturaleza y el cosmos para lograr la armonía”. El Utziläj Káslemal. El Raxnaquil Káslemal. El Buen Vivir (Guatemala: Confluencia Nuevo Báqtun, 2014), 19. Para Aura Cumes, el buen vivir es “a la vez un pensar, un vivir y un sentir. […] es un modelo alternativo al capital, a la modernidad, al desarrollo y al extractivismo”, un proceso espiritual, no únicamente material. Por ello, el buen vivir se sitúa en el paradigma de la de-colonialidad y el posdesarrollo. Prólogo a El Utziläj Káslemal. El Raxnaquil Káslemal. El Buen Vivir por Confluencia Nuevo Báqtun (Guatemala: Confluencia Nuevo Báqtun, 2014), 8.

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asuntos, la revisión del estilo de vida vigente, principalmente a nivel de las élites, quienes sirven de marco orientador –pero inalcanzable– para la mayoría de la población, y un procesamiento y redefinición colectiva sobre la base de equidades reales, y de las necesidades axiológicas y existenciales del ser humano en función de satisfactores ajustados a las disponibilidades de la economía y la naturaleza. La eutopía tiene como horizonte una sociedad inclusiva, entendiendo como inclusión social al proceso que genera las condiciones materiales y subjetivas (psicológicas, ideológicas, espirituales y culturales) para la reproducción social ampliada de los miembros de una sociedad. Esto significa nuevas relaciones sociales, equitativas y simétricas, lo cual no implica su obligada inclusión en el proyecto sociocultural, político o económico hegemónico6. Desde la perspectiva landivariana, el desarrollo no es entonces un ejercicio meramente técnico o económico-productivo basado en la eficiencia, el consumismo y la competitividad; el desarrollo es, sobre todo, un asunto político que promueve y facilita la transformación de las relaciones de poder en el seno de las sociedades.

El Instituto de investigación y proyección sobre ambiente natural y sociedad (IARNA) ha venido promoviendo la necesidad de brindar un enfoque sistémico a este concepto de desarrollo. Desde esta lectura, el desarrollo se asume como el mejoramiento continuo y balanceado de las dimensiones económicas, socio-culturales, naturales e institucionales de los sistemas socioecológicos. Si estas mejoras se mantienen en el tiempo, el desarrollo puede ser sostenible. Bajo este enfoque, se estimula a que el mejoramiento sea sistémico y no sectorial. Por ello, se plantea que tanto la degradación ambiental como la marginación social son producto de los desbalances que caracterizan al país, generados a partir de una significativa concentración económica y una marcada debilidad institucional. Dado lo anterior, la dimensión natural debe administrarse bajo la lógica de los bienes públicos, algunos de ellos insustituibles7.

6 VRIP-URL, Hacia una sociedad.7 IARNA-URL, Perfil ambiental de Guatemala 2010-2012.

Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo (Guatemala: IARNA-URL, 2012).

Por otra parte, la democracia –según lo indica Roitman8– “es antes que nada una forma social de participación en la producción, control y distribución del poder político”. La idea de democracia, transciende a todos los aspectos de la organización del Estado y la sociedad desde sus elementos básicos –la comunidad, la familia y las relaciones interpersonales– hasta la constitución de actores sociales capaces de expresarse de acuerdo con sus intereses. Este concepto involucra los momentos excepcionales de la vida política, y también los cotidianos. La democracia es, además, una práctica social de acuerdo con una concepción del “deber ser”, de valores individuales y sociales, y de formas de actuación concretas. La democracia contiene implícitos los conceptos de justicia y equidad, ya que:

La democracia es el ideal de igualdad que se trata de llevar a la práctica en lo político, por medio de la participación igualitaria en una sociedad que es todo lo contrario. Supone entre otras cosas la existencia de libertades ejercidas por sujetos que se reconocen en el otro por medio de la concepción del compromiso de participación, de tolerancia y del ejercicio del libre albedrío individual, llevado a lo colectivo y plural por medio de las instituciones sociales9.

La democracia “a secas” se entiende como “el régimen político que se da en una sociedad […] la manera como se organizan las relaciones de poder y las formas que utiliza para que este poder se ejerza”10.

Desarrollo y democracia entonces están imbricados íntimamente; deben entenderse como relaciones entre los seres humanos, y entre estos y la naturaleza. Son relaciones históricamente estructuradas, campos de lucha entre individuos, actores y sujetos, lo cual implica posiciones, visiones e intereses diferentes dentro del orden general de la sociedad. Para Naciones Unidas, la democracia no es solo un valor en sí mismo, sino un medio necesario para el desarrollo, porque es a través de la política –no solo de la economía– que es posible generar condiciones más equitativas y aumentar las opciones para las personas11.

8 Marcos Roitman, La democracia de la razón (Panamá: ACUN, 1996), 130.

9 René Poitevin, “Los problemas de la democracia”, en Los problemas de la democracia, Gabriel Aguilera Peralta et. ál (Guatemala: Flacso-Guatemala, 1992), 12.

10 Ibíd, 11. 11 PNUD, Informe mundial de desarrollo humano: Derechos humanos y

desarrollo humano (Madrid: Ediciones Mundiprensa, 2002).

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Teniendo en cuenta las anteriores conceptuaciones, las preguntas centrales en el proceso de construcción de la Agenda de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, fueron las siguientes: i) ¿Qué modelo de desarrollo y democracia puede permitir que una población de más de 15 millones de habitantes pueda sostener un modo de vida digno? ii) ¿Cómo revertir/transformar los procesos históricos que hicieron posible la existencia y reproducción de una sociedad excluyente, desigual y racista?

Los contenidos de esta propuesta

El presente documento tiene como objetivo contribuir a la comprensión general del modelo de desarrollo y democracia vigente en Guatemala: sus nudos problemáticos, sus principales tendencias y los desafíos que enfrenta; así como sus condicionantes, especialmente los de carácter estructural, aquellos que condicionan o explican en gran medida la crisis –económica, política, institucional, social, cultural, ambiental– que se afronta como sociedad.

Por ello, se asume que en este país existen determinantes de larga duración, que tienen su origen en la época colonial y que se reprodujeron –e incluso en algunos casos se acentuaron– durante la época republicana. Existen asimismo condicionantes que devienen de coyunturas específicas, como la actual, que expresan una nueva fase de acumulación de capital. Además, se plantea la existencia de factores de índole o de carácter interno –propios de la configuración de la sociedad guatemalteca– y otros de carácter externo –devenidos de la manera en que Guatemala se articula al orden internacional, sistema mundo o capitalismo global– que inciden sobre los primeros y viceversa, teniendo estos últimos un peso altamente significativo en la configuración de la sociedad guatemalteca.

En la primera sección de este documento se presenta una caracterización general del modelo hegemónico de desarrollo y democracia en Guatemala. Cabe señalar que se entiende por modelo al arquetipo, la forma particular en que el país, a través de procesos y relaciones sociales,

ha ido configurando su estructura económica y social, su manera de ser, su régimen político y, por supuesto, los rasgos que adquiere la realidad objetiva producto de esas estructuras y relaciones históricas de larga duración. De esa cuenta, lo que produce el modelo en materia económica, socio-cultural, ambiental y político-institucional es inherente a dicho modelo.

La segunda sección expone las actuales tendencias de la democracia y el desarrollo en el país a la luz del extractivismo neoliberal; se identifican algunos de sus impactos; se abordan los motores y ejes de acumulación de capital, las crisis de legitimidad que sufre la institucionalidad estatal y los partidos políticos, así como a los protagonistas, actores y sujetos en contienda.

En la tercera parte del documento, se presenta una síntesis sobre los viejos y nuevos problemas que enfrenta el “modelo” de democracia y desarrollo en sus distintas dimensiones o subsistemas (económica, social, ambiental, institucional), y que nos confrontan como sociedad. Además, en esta sección se muestran algunos indicadores que sustentan las tendencias, especialmente las relacionadas con la desigualdad y la concentración de la riqueza, la degradación ambiental y la calidad de vida de las personas.

En el cuarto apartado se hace un resumen de algunas definiciones que la Universidad Rafael Landívar propone para abonar al debate académico con distintos actores, y así contribuir a la construcción de un modelo de desarrollo alternativo al actualmente vigente. Se recogen aquí, de manera sucinta, algunas de las propuestas contenidas en el documento Hacia una sociedad incluyente, las que serán desarrolladas con posterioridad a este documento de trabajo a través de la Agenda de Investigación y Proyección de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP), 2016-2020, a través de sus seis programas.

Finalmente, a partir de la perspectiva landivariana, cerramos este documento con una propuesta de rutas a seguir en la coyuntura por la que atraviesa el país, para coadyuvar a la gestión de una agenda común que articule diversas

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demandas y propuestas, orientadas a transformar positivamente las estructuras económicas y de poder. Esto con miras a una construcción colectiva de sociedad inclusiva, que potencie la dignidad de la persona humana y preserve el entorno natural.

El presente documento ha sido elaborado con base en: i) la Síntesis de resultados del Primer Encuentro del Seminario “Los desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala”, realizado en el año 2013; ii) las definiciones y orientaciones generales del documento Agenda de investigación y proyección 2015-2020: Hacia una sociedad incluyente, y otros documentos orientadores de nuestra labor, entre ellos, La fundamentación

teórica y estratégica del quehacer landivariano, del año 2010; iii) diversos diagnósticos y estudios realizados por la Universidad Rafael Landívar; y iv) la consulta de fuentes bibliográficas y estadísticas diversas. Se espera que este documento de trabajo se constituya en un aporte académico, nutrido mediante el diálogo y el debate con diversos actores y sectores –que han participado, tanto en el evento de 2013 como en los talleres regionales realizados en 2014 en el marco del Seminario Permanente “Los desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala”–, para plantear, desde una perspectiva crítica al modelo vigente, la necesidad de discutir propuestas alternativas de desarrollo y democracia en el país.

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Guatemala presenta un modelo de desarrollo y democracia concentrador de la riqueza, excluyente, que reproduce la desigualdad y se sustenta en la degradación medioambiental. Este modelo está basado desde su constitución en el racismo, la violencia, el despojo, el patriarcado, la exclusión y la inequidad. Todas estas son características propias de un Estado que sigue manteniendo rasgos patrimonialistas y clientelares, y que ha beneficiado históricamente a las élites sobre la base de perversas relaciones laborales12. Esta configuración se sustenta en la búsqueda permanente del crecimiento económico y favorece la concentración de la riqueza por encima de la distribución equitativa de los recursos, el bienestar social y el desarrollo humano y sostenible. Estas condiciones hacen que en el país se reproduzca una situación de subdesarrollo13 y desigualdad sistémica14.

1.1 Determinantes históricos estructurales

El “modelo” de desarrollo y democracia de Guatemala tiene su origen en la invasión española, que dio paso a la denominada época colonial. Tres son los elementos fundantes y estructuradores de larga duración de la sociedad guatemalteca

12 VRIP-URL, Hacia una sociedad, 27.13 Subdesarrollo: “forma particular de desarrollo social, que se

manifiesta en desarrollo desigual, dependiente, deformado, desequilibrado y deshumanizante”. Edgar Durini, Desarrollo capitalista y subdesarrollo periférico (Guatemala: USAC, 2006), 86-87.

14 Desigualdad sistémica: patrón de diferenciación basado en asimétricas posibilidades de acceso a las oportunidades, los recursos y los logros en una sociedad, en donde algunos segmentos de la población están constantemente en desventaja frente a otros. Estas desigualdades se presentan también entre territorios. La misma es una manifestación concreta y explícita de la manera en que se distribuye el poder, y cómo este define la posición, situación y condición de los distintos grupos poblacionales en la estructura socio-económica. Incide, de manera directa, en las condiciones de partida que tienen las personas para desplegar sus capacidades; en la presencia o ausencia de mecanismos que permitan que determinados segmentos de la población participen activamente en modelar el rumbo del conjunto social; y en la existencia de un Estado que no tiene capacidad para regular las acciones de los mercados y de los grupos de interés. PNUD, Informe regional de desarrollo humano. Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad (Costa Rica: Editorama, S. A., 2010).

producto de este evento, que se han reproducido a lo largo de las distintas épocas y que persisten hoy. Estos son: la violencia, el racismo y la desigualdad. En términos de la URL:

El racismo y la desigualdad forman los ejes estructurantes de la sociedad guatemalteca. Su convergencia genera opresión, inequidad y exclusiones sociales, repercute en la estabilidad social y se percibe como amenaza para la seguridad nacional y regional. El racismo, las prácticas machistas e individualistas rompen el tejido social expandiendo la violencia estructural de la sociedad guatemalteca15.

Aunque existen diversos condicionantes, los señalados previamente son los que determinan en gran medida los tres grandes ejes estructurantes sobre los que se articula el modelo de desarrollo y democracia en Guatemala, a saber:

i) Una ideología dominante, basada en la superioridad étnica/racial (racismo) y una mentalidad (o ethos) predominantemente conservadora.

ii) Una matriz socioeconómica altamente desigual y jerarquizada, concentradora de la riqueza, basada en el despojo, la privatización y concentración de la tierra, la sobreexplotación laboral de la población (especialmente indígena y ladina/mestiza pobre), la producción de materias primas con escaso valor agregado y la extracción insostenible de recursos naturales para el mercado internacional.

iii) Una organización del poder estatal con rasgos patrimonialistas, que configura un Estado elitista, de clase, socialmente excluyente, autoritario y monoétnico.

Ni el liberalismo decimonónico, ni la truncada modernización capitalista durante el conocido como “decenio democrático” (1944-1954), ni el desarrollo de un modelo de crecimiento con pretensión más endógena, como fue la Industrialización por

15 VRIP-URL, Hacia una sociedad, 27.

Caracterización general del desarrollo y la democracia en Guatemala1.

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Sustitución de Importaciones (ISI) promovido en los años sesenta mediante el fortalecimiento del mercado regional, ni la “transición democrática” a partir de mediados de los ochenta, como tampoco la suscripción de los Acuerdos de Paz en la década de los noventa, lograron revertir las estructuras de exclusión y desigualdad basadas en el mito de la superioridad étnica/racial, de clase y de género que configuraron este “modelo” hegemónico de desarrollo y democracia en Guatemala. Estos rasgos o ejes estructurantes, por el contrario, han tendido a acentuarse y refuncionalizarse con las reformas, los ajustes estructurales y las políticas neoliberales que se han venido implementando en el país desde finales de los años ochenta del siglo XX.

1.1.1 Determinantes históricos de origen colonial y neocolonial

Los casi tres siglos del periodo colonial (1524-1821) sentaron las bases para la configuración histórica de la actual estructura de exclusión y desigualdad que caracteriza a la sociedad guatemalteca. El racismo, el despojo a los pueblos indígenas, la violencia estructural, la concentración del poder político y económico en una minoría (élites), el carácter patrimonialista del ejercicio del poder político, y la articulación dependiente y desigual al mercado internacional a través de la extracción y producción de materias primas, son rasgos del actual modelo de desarrollo y de democracia de Guatemala que tienen orígenes coloniales. Desde el punto de vista de la economía política, este modelo se conoce como primario exportador o extractivo-exportador, ya que se centra, predominantemente, en la producción o extracción de materias primas y recursos naturales, en torno a lo cual se estructura la vida social y política nacional. Este modelo permaneció intacto tras la declaración de independencia, pues esta, en su esencia, significó únicamente la separación de los criollos de la burocracia imperial y no la transformación profunda del orden colonial. El modelo se exacerba con la revolución liberal de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Guatemala se adhiere a la lógica de las relaciones de producción y de división internacional del trabajo, mediante una marcada relación de dependencia basada en la producción de materias primas y la importación

de insumos y artículos suntuosos de consumo destinados a satisfacer las demandas de las clases alta y media, esencialmente urbanas. A pesar de cierta industrialización y diversificación agrícola en el siglo XX, este modelo ha permanecido vigente y empieza a reafirmarse en las primeras dos décadas del siglo XXI, a partir de lo que se ha denominado “nuevo extractivismo”. Mediante esta reafirmación, a los tradicionales productos de agroexportación –como el café y el azúcar– se le suman nuevas actividades extractivas basadas en la explotación intensiva de los recursos naturales, tales como: la minería a cielo abierto, las actividades petroleras y de otros recursos naturales no renovables como el gas natural, o el posicionamiento de monocultivos como la palma africana.

Con la Revolución liberal de 1871, la forma política que asumió el modo de producción fue la de un Estado oligárquico, siendo que una minoría de origen criollo-ladino tomó el control de los aparatos estatales y la economía. De esta manera, se reconfiguraron los rasgos autoritarios, militaristas, centralistas y patrimonialistas de la época colonial, que aún subsisten en la Guatemala actual de hoy16.

16 Según Miguel Ángel Reyes Illescas: “A diferencia de las sociedades centrales, en las sociedades con pasado colonial, la organización del poder estatal y sus modos de operación retienen rasgos patrimonialistas, y la ‘ciudadanía’ está normalmente integrada por pueblos aborígenes. En estas sociedades, el patrimonialismo continua siendo el modo predominante de operación respecto de otras maneras de gestión pública (burocrática, participativa, ‘orientada a objetivos’, autogestionaria, corporativa o de cualquier otro orden). Los orígenes históricos de este modo se sitúan en la estructura inicial de los regímenes coloniales y su tendencia a permanecer se encuentra en múltiples factores entre los cuales la subyugación racial es quizás la principal”. Conforme al mismo autor, los rasgos de un aparato público caracterizado por el patrimonialismo serían: i) el patronazgo: evidenciado por la existencia de un aparato civil con marcados rasgos de dependencia, como propiedad personal, y de arbitrariedad en la definición de las normas de funcionamiento y en el reclutamiento de los servidores públicos (prevalencia en el aparato gubernamental de cliques, grupos de compadrazgo, anillos clientelares y de cooptados); ii) la recurrencia periódica a la centralización militarista y al desarrollo de fuerzas secretas de policía para el resguardo de los intereses cupulares; iii) el uso de la fuerza como el principal medio de control del aparato y la población; iv) la apropiación de recursos y medios administrativos mediante el prebendarismo y la corrupción; v) la sujeción racista de las comunidades étnicas subordinadas cuyos territorios se administran por gobiernos locales extremadamente débiles; y vi) una fuerte dependencia financiera externa. Patrimonialismo y participación. Del control del Estado a la lucha de los Pueblos. Guatemala 1970-1980 (Guatemala: FLACSO, 1998), 381-382.

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1.1.2 Determinantes políticos-ideológicos y económicos que dieron forma a la estructura de desigualdad y exclusión

El sometimiento de los pueblos mesoamericanos al sistema de dominación y explotación colonial, impuesto por la Corona española, tuvo un carácter violento y fracturó los medios de vida establecidos con anterioridad a 1524. Estos sistemas culturales –que incluyen cosmovisión, conocimientos, formas de ejercicio del poder en los ámbitos locales y sistemas de producción, entre otros– han logrado perdurar hasta la actualidad como resultado de continuos procesos de resistencia y resiliencia de los pueblos indígenas a los sistemas de dominación y explotación impuestos.

El establecimiento del régimen colonial se basó en la violencia directa militar y la implantación del mito de la superioridad étnica y racial de la población blanca (española/europea/criolla) sobre las poblaciones originarias. De hecho, desde los inicios de la Colonia, las discusiones giraron en torno al carácter humano de estas poblaciones, tal como lo consignan los debates entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas en torno a si los “indios” tenían o no alma; justificación que, en un primer momento de la “conquista”, allanó la esclavización de la población autóctona. Cuando el debate se dirimió a favor del carácter humano de los pueblos originarios en las Leyes Nuevas (1542), la llamada población indígena, se convirtió en súbdita de la monarquía, pero de segunda categoría, razón por la cual debía ser protegida y guiada “en su minoría de edad” por parte de la misma Corona española frente a los poderosos terratenientes y comerciantes y, sobre todo, de los excesos del poder colonial. El despojo de territorios y el control, explotación y adoctrinamiento religioso de la población indígena se realizó a través de instituciones como los repartimientos, las encomiendas y las reducciones, que aseguraron tierras a los agentes privados de la “conquista”, mano de obra barata o semiesclava para los oficios y haciendas, y el pago de tributos a la Corona. Se creó con ello las bases de la tríada: tierra, trabajo y tributos, fundamento para que la población fuera enclaustrada en los denominados “pueblos de indios”, en donde ejercían cierto nivel

de autonomía a través de los cabildos, aunque siempre sujetos al poder colonial.

La violencia y el racismo17 se convirtieron en las bases ideológicas y estructurales de lo que posteriormente sería la República de Guatemala. La segregación y exclusión étnica, el mantenimiento de formas de explotación semiesclavas y serviles hasta bien entrado el siglo XX, el etnocidio –la saña y la violencia en contra de los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996)– así como el aún vigente despojo de tierras, no pueden entenderse si no se toma en consideración la relevancia que estos dos ejes estructurantes tienen en la configuración sistémica en el país. Tal como lo señala Muñoz18:

[…] el racismo, como problema estructural sigue siendo una realidad cotidiana, que se ha construido sobre la base de […] la construcción simbólica, cultural y sobre todo política que se ha hecho de lo biológico. […] la raza social –construida desde el universo simbólico de lo biológico– continua funcionando como un dispositivo de poder que diferencia, clasifica y jerarquiza a las personas aun cuando la raza genética es una mera ficción.

En la misma línea, Mendizábal19 indica que:

La encrucijada que forman la explotación y la discriminación étnica produce en Guatemala una particular forma de racismo, que podemos llamar un racismo estructural. Este racismo está estructurado por el tipo de relaciones económicas, territoriales, políticas y hasta militares, que imperan en el país; pero también, y como construcción simbólica-significativa, profundamente arraigada y complicada en la cultura guatemalteca, el racismo se convierte en un factor de las relaciones estructurantes.

El despojo de los territorios indígenas, la apropiación de tierras por parte de los españoles

17 Para Marta Casaús, el racismo es “la valoración generalizada y definitiva de unas diferencias, biológicas o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo y en detrimento de otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación”. La metamorfosis del racismo en Guatemala (Guatemala: Cholsamaj, 1998), 55. Según PNUD, el racismo, “es la ideología y la práctica de la discriminación basada en diferencias que pueden originarse en criterios de poder, raza, clase o cultura. Se expresa de muchas formas, apelando por ejemplo, a diferencias sociales o culturales y expresándose como prejuicios o discriminación”. Diversidad étnico-cultural: la ciudadanía en un Estado Plural (Guatemala: PNUD, 2005), 243.

18 Lily Muñoz, “¿Ubi sumus?”, La cuerda, año XVI, no. 175 (2015): 2.19 Sergio Mendizábal, El encantamiento de la realidad. Conocimientos

mayas en prácticas sociales de la vida cotidiana (Guatemala: DIGEBI, ILE-URL, 2007), 70.

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y sus descendientes para el establecimiento de haciendas y cultivos de exportación –cacao, cochinilla, grana–, el trabajo esclavo, semiesclavo y asalariado –cuya principal característica es una limitada remuneración–, la sacralización de la propiedad privada, la realización de inversiones en caminos e infraestructura portuaria, y la recaudación y apropiación de los tributos provenientes de las poblaciones diezmadas, constituyeron las bases de la acumulación originaria de capital en Guatemala durante el periodo colonial. En sentido más específico, lo anterior sentó las bases de la estructura agraria desigual que predomina hasta el día de hoy, sustentada en una significativa concentración de la tierra, lo cual implica que la población campesina, en su gran mayoría indígena, acceda a la menor proporción de tierra cultivable20. Más allá de los cabildos indígenas y los mecanismos que estipulaba la legislación española colonial, los pueblos indígenas quedaron limitados al ejercicio de un poder político de ámbito local. Sus dominios territoriales fueron reducidos a las tierras comunales autorizadas por la Corona, donde se cultivaba esencialmente para la subsistencia y bajo lógicas productivas muy diferentes a la capitalista. Así, se configuró una estructura dicotómica, socialmente jerarquizada y, por lo tanto, desigual, basada en la concentración de la tenencia de la tierra y la exclusión del ejercicio del poder político a las poblaciones indígenas, ladinas y mestizas pobres que, con limitadas adaptaciones, ha perdurado hasta hoy.

El régimen colonial sentó asimismo las bases del militarismo, autoritarismo y una cultura e ideología predominantemente conservadora. El centralismo político se configuró a través de

20 El Censo Nacional Agropecuario, realizado por el Instituto Nacional de Estadística –INE– en 2003, revela que los agricultores categorizados como productores de infrasubsistencia representan el 45.23% de los agricultores y detentan el 3.24% de la tierra cultivable; los agricultores de subsistencia representan el 46.83% y poseen el 18.62% de la tierra cultivable; los productores excedentarios representan el 6.08% y tienen el 21.55% de la tierra, mientras que los agricultores comerciales representan el 1.86% de los productores y concentran el 56.59% de la tierra cultivable. Se estima que esta estructura de tenencia de la tierra difícilmente puede estar siendo modificada de forma significativa en la actualidad, ya que se sigue observando un sustancial crecimiento en la concentración de la tierra cultivable. Red Centroamericana de Monitoreo de Impactos de los TLC en Centroamérica, V Informe centroamericano de impactos de los Tratados de Libre Comercio en Centroamérica (Guatemala: Serviprensa, 2014), 29-30.

una serie de figuras cívicas, políticas y militares intermediarias –gobernadores, intendentes, jefes políticos, comisionados militares, entre otros–, que catalizaban la configuración de diversos poderes e instituciones locales y regionales, y diseminaban por todo el territorio nacional la coerción, la amenaza constante del ejercicio directo de la violencia, el clientelismo y el prebendarismo como formas predominantes de dominio.

1.1.3 Determinantes históricos desde la independencia hasta la década de los ochenta del siglo XX

El Estado guatemalteco emerge a partir de la matriz del poder colonial, dada la ausencia de rupturas de fondo en aspectos decisivos tales como las instituciones políticas, las formas legales, los instrumentos de dominación y la vigencia de los intereses criollos, a tal punto que el primer gobernador del Estado independentista fue la misma autoridad colonial, el capitán Gabino Gaínza. De esa manera, se mantuvo intacta la estructura de privilegios de la que gozaban los españoles y criollos durante la Colonia, al prevenir, como lo señala la propia Acta de Independencia, que la población se sublevara y decidiera por sí misma el rumbo de la nueva nación.

Medio siglo después de la independencia, la Revolución liberal de 1871 preparó las condiciones para un nuevo ciclo de acumulación. Guatemala se insertó al sistema económico mundial como productor y agroexportador de materias primas, sobre todo de café. Para lograrlo se expropiaron las tierras de la Iglesia y de los pueblos indígenas, y se obligó a la población de los estratos sociales más bajos a contribuir, de manera cuasi servil, con su fuerza laboral para impulsar la nueva corriente agroexportadora. Este modelo, caracterizado por el predominio de los intereses capitalistas, primero ingleses y más tarde alemanes y estadounidenses, perduró en el país por más de un siglo, con una breve interrupción de la década comprendida entre 1944 y 195421.

21 INGEP-IARNA-URL, Democracia y desarrollo: los desafíos pendientes (Guatemala: inédito, 2015), 19.

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Si bien durante la república liberal se promovió un ideal ciudadano basado en la igualdad, continuó prevaleciendo la división étnica heredada de la Colonia, adaptada a un contexto en donde la población mestiza o ladina cooptó mayores y mejores espacios sociopolíticos. El “indígena” siguió siendo visto como un actor incómodo, socialmente inferior y un factor explicativo del atraso social. Además, se le imponía el sistema de trabajo forzado a través de legislaciones tales como la Ley de Jornaleros y la Ley de Viabilidad, que readecuaba los antiguos mandamientos coloniales, razón que justificaba la necesidad de diferenciarse de todo lo que implicara “lo indígena”. De hecho, al trabajo obligatorio se le considera el factor que explica la persistencia y profundidad de las políticas de segregación que se promovían desde el Estado. A la par de esa explotación laboral basada en su condición de “indígenas”, se procuró su homologación/asimilación cultural. De esa manera, se fue cimentando la dicotomía “indígena-ladino” (o “no indígena”) presente todavía en las relaciones sociales e interétnicas en el país. Este sigue siendo, además, el sustrato para las prácticas racistas y discriminatorias que sustentan la estructura de desigualdad imperante22.

Durante la época colonial y a lo largo de la mayor parte de la fase republicana, las formas predominantes del ejercicio del poder siguieron caracterizándose por su carácter paternalista, violento y autoritario. Con ello se configuró un Estado prebendarista, monoétnico y excluyente, en donde los mecanismos de coerción, violencia, represión y aniquilamiento de todo movimiento opositor al régimen siempre han estado presentes y han subsistido durante la mayor parte de la república independiente. Bajo el contexto anterior, y al amparo de dictaduras y regímenes militares, los incipientes movimientos sociales de diferente índole –mutualista, agrario, sindicalista–, así como cualquier expresión de descontento político hacia el régimen de turno fueron duramente reprimidos, cercenando de esa manera su potencial evolución. A pesar de ello, estos movimientos alcanzaron a mediados del siglo XX un significativo auge al amparo de

22 INGEP-IARNA-URL, Democracia y desarrollo, 10.

las políticas sociales, indigenista, agraria y de industrialización emprendidas durante el decenio democrático (1944-1954).

En pocos momentos, a lo largo de 194 años de independencia, ha habido una genuina preocupación por transformar a fondo los cimientos sobre los que se construyó el Estado-Nación23. El más significativo de estos esfuerzos se vivió en la década comprendida entre 1944-1954, cuando los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán promovieron la modernización capitalista de la economía y la sociedad a través –entre otros procesos– de la transformación de las estructuras agrarias.

En 1954, un movimiento contrarrevolucionario, promovido por oficiales del ejército guatemalteco, apoyado por la Central de Inteligencia Americana (CIA) del gobierno de los Estados Unidos de América y la oligarquía guatemalteca, asumió la tarea de retornar el sistema a su lógica colonial. Las tensiones generadas entre los garantes de los logros revolucionarios y aquellos que pretendían abortarlos generaron el caldo de cultivo para que durante 36 años Guatemala se enfrascara en una de las más cruentas y prolongadas guerras fratricidas de Latinoamérica. Este enfrentamiento armado dejó más de 250 000 muertos y desaparecidos.

Al reposicionamiento del proyecto de las clases dominantes –en concreto de la oligarquía agraria articulada en la Asociación General de Agricultores (AGA) y posteriormente en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)– se opuso un proyecto nacional-popular antioligárquico, cuya primera expresión se manifiesta en el levantamiento de oficiales subalternos del ejército el 13 de noviembre de 1960. Este proceso adquiere una continuidad a partir del surgimiento de distintas organizaciones sociales y revolucionarias, de carácter urbano y rural, y en expresiones de movimientos –como el campesino, indígena de diversas tendencias, catequista, cooperativista, estudiantil y sindical– que fueron duramente reprimidos y diezmados por la lógica militar contrainsurgente, sobre todo durante

23 Ibíd, 17.

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los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Como en su momento señaló la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), el conflicto armado interno en Guatemala tuvo un origen multicausal, una determinación histórica profunda, estructural, vinculada al carácter excluyente, racista, autoritario y centralista que adquirió la economía, la sociedad y el Estado guatemalteco desde fines del siglo XIX, cuyos antecedentes se encuentran en la invasión y el sistema colonial implantado por la Corona española desde 1524. A los factores o elementos internos –la violencia estructural, política y social, el racismo, la concentración del poder económico y político, el carácter racista y discriminatorio de la sociedad, la desigual estructura agraria, el autoritarismo y la militarización–, se le unieron factores o elementos de índole externa, como la ideología anticomunista imperante24.

1.1.4 Rasgos generales de carácter estructural

El legado histórico del proceso descrito anteriormente es una estructura de desigualdad, basada en un sistema de dominación y explotación entretejido por varios dispositivos de poder, como son: la raza, el origen étnico, la clase y el género. Esto dio como resultado una sociedad altamente jerarquizada, que es además polarizada y fragmentada por elementos de diversa índole, como los religiosos, ideológicos y territoriales. Este legado histórico dejó asimismo un Estado monoétnico sustentado en el autoritarismo; pese a que a mediados de los años ochenta –dadas las dinámicas geopolíticas predominantes y la presión de la comunidad internacional– se da inicio a un proceso orientado a su reorganización jurídica y política, que promueve el respeto a los derechos humanos. Esto en un contexto de crisis económica internacional y de las presiones internacionales para facilitar la adaptación del país al dinamismo económico global.

A finales de mayo de 1985, se convoca a la conformación de una Asamblea Nacional

24 CEH, Guatemala: causas y orígenes del enfrentamiento armado interno (Guatemala: F&G Editores, 2000), 56-62.

Constituyente, que elabora y aprueba una nueva Constitución Política, reformada ocho años más tarde, en noviembre de 1993. Con ello se abrió la posibilidad de celebrar elecciones periódicas mediante la apertura de espacios políticos que, en un escenario “idealizado”, se constituirían en los canales de expresión de las más sentidas demandas populares.

En la dimensión económica, los proyectos de diversificación agrícola y de industrialización que se promovieron en los años setenta como parte de las políticas de sustitución de importaciones mediante la iniciativa del Mercado Común Centroamericano (MCCA) no rompieron con la dependencia económica, y mucho menos lograron modificar la lógica del modelo agroexportador. Para el año 1982, el producto interno bruto (PIB) generado por el sector agrícola, ganadero, caza, silvicultura y pesca contribuyó al total del PIB con un 25.3%, porcentaje muy parecido al de 1972 (28.3%) y al del año 2002 (22.5%). Por otra parte, en los últimos años del siglo pasado, el café, azúcar y banano representaban el 40% de las exportaciones totales25 y aún en el año 2013 estos tres productos encabezan el listado de los principales productos de exportación del país por el valor de las exportaciones después de los artículos de vestuario26. Y pese a que hubo una diversificación de los mercados, especialmente mayores exportaciones al mercado centroamericano –y más recientemente a la eurozona–, todavía en 2013, EE.UU. sigue siendo el principal país de origen y destino de las importaciones y exportaciones guatemaltecas, con una balanza comercial deficitaria de 2702.7 millones de dólares estadounidenses, y con un nicho del 37% del valor de las importaciones, conforme a las fuente estadística oficiales del Banco de Guatemala.

En la dimensión ambiental, la ausencia de mecanismos de control y monitoreo gubernamental sobre las actividades agrícolas, industriales y de servicios, continúan exacerbando los procesos de

25 PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008. Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo humano? (Guatemala: PNUD, 2008), 128.

26 La industria guatemalteca en un 50% es de alimentos, bebidas y tabaco y una quinta parte de textil y vestuario. PNUD, Informe, 142.

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agotamiento, degradación y contaminación del entorno natural. La historia ambiental del país está marcada por la estela legada de las políticas desarrollistas gubernamentales. El café, el algodón, la caña de azúcar, y más recientemente la palma africana, así como las políticas de colonización de la denominada Franja Transversal del Norte (FTN) y Petén, han tenido un impacto ecológico de profundas consecuencias socioambientales. Todo ello tuvo una gran incidencia en la crisis de la economía campesina –especialmente de los agricultores de subsistencia a partir del terremoto de 1976–, lo cual genera una significativa y creciente presión de la población campesina por la tierra, un creciente proceso de proletarización del campesinado –para los años ochenta hay más de un millón de campesinos sin tierra que se emplean como jornaleros o buscan alternativas en la migración– y una mayor dependencia de la importación de granos básicos. En esta dinámica, en el año 2013, Guatemala importó 667.3 miles de toneladas métricas de maíz amarillo y 462.8 miles de toneladas de trigo27.

Las políticas desarrollistas generaron impactos importantes en la diversificación de los capitales, sobre todo en el capital financiero y comercial. Esta diversificación obedece, sobre todo, a la emergencia de nuevas élites económicas, entre las que destacan los oficiales del ejército beneficiados por las políticas de colonización de tierras en Petén y la FTN. Conforme a Susanne Jonas:

A nivel social, la diversificación de la estructura productiva modificó significativamente la tradicional estructura de clases en Guatemala y remodeló la coalición dominante (del ejército y las élites económicas). La diversificación de la clase dominante significó, entre otras cosas, la incorporación en ella de oficiales de alto rango y la redefinición de la alianza entre el ejército y la burguesía. Pero en lugar de abrir la estructura de clases, estas modificaciones solamente acentuaron su polarización. Mientras tanto, la industrialización y diversificación agrícola no propiciaron un crecimiento significativo del proletariado, como fuerza laboral con pleno empleo. Más bien, en el campo se dio el crecimiento de un semiproletariado; a los campesinos del altiplano, siempre carentes de tierra, se les obligó a trabajar en la Costa Sur como emigrantes temporales, durante una parte del año. Los emigrantes de las

27 Red centroamericana, V Informe. Con base a estadísticas del Banco de Guatemala.

áreas rurales a las ciudades fueron a engrosar las filas de un proletariado informal subempleado. Como consecuencia, el desarrollo de los años sesenta y setenta, en realidad dejó una decreciente proporción de la población económicamente activa con empleo estable […] estas tendencias se complicaron durante los años ochenta28.

1.2 (Re)ajustes estructurales en la coyuntura de los años ochenta y noventa

En las últimas décadas del siglo XX emerge una nueva etapa de acumulación de capital, cuyas bases se encuentran en políticas y procesos neoliberales impulsados por los organismos financieros internacionales y los centros de poder económico global. En América Latina, hacia finales de la década de 1980, era claro que la gran mayoría de los países habían “fracasado” en su modelo de desarrollo. El crecimiento basado en la sustitución de importaciones, impulsado desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y la “hostilidad” hacia el capital extranjero –originada en la teoría de la dependencia–, manifestaron su inoperancia cuando ocurrió la crisis de la deuda externa, y se generan desequilibrios en la balanza comercial, así como otros desbalances como el déficit fiscal29.

En noviembre de 1989, se presentaron las diez políticas públicas que, a criterio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América era necesario implementar por parte de los Estados latinoamericanos para restablecer el crecimiento económico regional: el denominado Consenso de Washington30. Si bien

28 Susanne Jonas, De centauros y palomas: el proceso de paz guatemalteco (Guatemala: FLACSO, 2000), 55-56.

29 Para el caso de Guatemala, a finales de 1982, los atrasos en el servicio de la deuda externa se estimaban en $US 344 millones. Con las líneas de crédito internacional cerradas, una masiva fuga de capitales y bajos ingresos fiscales, al gobierno no le quedó otra opción que negociar un acuerdo de espera (stand-by) con el Fondo Monetario Internacional. Rachel McCleary, Imponiendo la democracia: Las élites guatemaltecas y el fin del conflicto armado (Guatemala: Artemis Edinter,1999), 92.

30 El Consenso de Washington se fundamenta en diez enunciados: disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades del gasto público, la reforma fiscal, los tipos de interés, el tipo de cambio, liberalización comercial, política de apertura respecto a la inversión extranjera directa, política de privatizaciones, política desreguladora

23


este programa de ajuste fue diseñado para la región latinoamericana, posteriormente se aplicó en otras regiones del mundo31.

La búsqueda de un modelo económico abierto, estable y liberalizado se cristalizó con la formulación del Consenso de Washington en 1989, cuyas reformas de política económica estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la apertura y disciplina macroeconómica. América Latina requería […] de un modelo económico abierto y estable. Por un lado, la apertura económica consistía principalmente en una serie de medidas que permitieran y facilitaran el comercio internacional entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico de la región. Por otra parte, la disciplina macroeconómica proporcionaría la estabilidad económica a partir del control de las finanzas públicas del Estado, para lograr efectos económicos, políticos y sociales positivos32.

La implementación de estas políticas, junto a la desregularización de los mercados laborales y la flexibilidad laboral, redujeron significativamente la importancia que el Estado y el sector público habían tenido en la gestión del modelo anterior, convirtiéndose, a partir de ese momento, en un mero agente facilitador de la transición al “modelo” de crecimiento hacia fuera. Este se basa en la apertura comercial, el libre mercado, el dominio del sector privado, la búsqueda de la competitividad internacional y la atracción de inversión extranjera.

En el caso de Guatemala –si bien las primeras medidas para salir de la crisis se tomaron durante los gobiernos militares de Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Mejía Víctores (1983-1986)–, la desregularización y liberalización económica se produjeron en medio de un proceso de “transición democrática”, que formalmente inicia con la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 y la promulgación de la Constitución Política de la República de 1985, y las negociaciones para la paz; proceso este último que culminó en 1996, con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Estos

y derechos de propiedad. Ramón Casilda, “América Latina y el Consenso de Washington”, Boletín Económico del ICE, no. 2801, 26 de abril a 2 de mayo, 2004.

31 Rubí Martínez y Ernesto Reyes, “El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina, Política y Cultura, no. 37 (2012):43-44.

32 Ibíd, 43-44.

dos procesos generaron un marco jurídico-político33 que en el contexto de las tendencias del capitalismo mundial y la correlación de fuerzas existentes en el país, promovieron determinados consensos. Al amparo de la necesidad de legitimidad y paz social, facilitaron a las clases dominantes guatemaltecas, en alianza con el capital transnacional, el impulso de un modelo de acumulación capitalista basado en el denominado “nuevo extractivismo”, el predominio del capital financiero y especulativo sobre el capital productivo, y un aumento vertiginoso de las actividades económicas ilícitas.

Así, en las últimas dos décadas del siglo XX, se gestaron diversos procesos de liberalización del rol regulador del Estado en materia económica, los cuales sentaron las bases del modelo de acumulación de capital neoliberal en el país. Estas corresponden a: i) la liberalización de recursos estatales hacia el sector privado; ii) del mercado de tierras; iii) comercial; iv) financiera; y v) de las inversiones.

i) Liberalización de recursos estatales hacia el sector privado. Este proceso se produjo principalmente a través de: a) las privatizaciones parciales o totales de los activos del Estado –tales como la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala (TELGUA), el Instituto Nacional de Electricidad (INDE), Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI), entre otros–; b) la desregulación en el control de precios mediante subsidios e incentivos a las exportaciones; c) la reducción de impuestos y la creación de incentivos fiscales para las inversiones; y d) reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92), lo cual hace posible a las empresas privadas y a las organizaciones no gubernamentales ejecutar proyectos de carácter público y proveer insumos al Estado. Todos estos mecanismos permiten el traspaso de recursos estatales al sector privado, o que este deje de percibirlos, tal como sucede con los incentivos y privilegios fiscales.

33 Los Acuerdos de Paz se convierten en ley en el año 2005. En 2002 se aprueban: la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización y el nuevo Código Municipal, que entre otros aspectos regulan la participación ciudadana en los asuntos públicos.

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ii) Liberalización del mercado de tierras. A inicios de la década de 1980, el Banco Mundial promovió que para solventar el problema agrario en el país debía crearse un mercado de tierras, mediante la venta o expropiación de tierras consideradas ociosas. Si bien diversos grupos de campesinos fueron “beneficiados” por esta iniciativa –entre ellos comunidades desplazadas y desarraigadas por el enfrentamiento armado–, en términos generales este proceso se considera un fracaso, dado que, entre otros elementos, no ha sido capaz de solventar la conflictividad agraria en el país34. Los efectos de la implementación de esta iniciativa provocó asimismo el endeudamiento agrario de las comunidades, debido a la incapacidad de las instancias promotoras de proporcionar un adecuado asesoramiento técnico a las empresas campesinas adscritas al mismo. Además, se generaron las condiciones jurídicas que contribuyeron a la atracción de inversión extranjera y al proceso de reconcentración de la tierra destinada a la producción ganadera o de cultivos extensivos como la palma africana.

iii) Liberalización comercial. Este proceso inicia formalmente con la entrada en vigencia del Decreto legislativo 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Adicionalmente, en la década de 1990 –en el marco de la denominada Iniciativa para las Américas35–, se da inicio a un proceso sistemático de desgravación arancelaria. Para 1985, la tasa arancelaria promedio aplicada en el país fue del 23%, para 1990 fue del 22.8%, en 1995 fue del 9.7% y en 2007 del 5.4%36. Todo

34 A enero de 2015, la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) reportó 1366 conflictos agrarios, que involucran a 1.5 millones de personas y una superficie de 722 210.88 ha. De estos conflictos: 890 corresponden a disputa por derechos (65.15%), 50 a límites territoriales (3.66%), 245 a ocupaciones (17.94%) y 181 casos a regularizaciones (13.25%).

35 Propuesta oficializada por George Bush (padre), el 27 de julio de 1990, en la cual propone crear una zona hemisférica de libre comercio, basada en tres ejes: el libre comercio, la inversión extranjera y la reducción de la deuda externa. Mediante la implementación de la Free Trade Area (FTA), impulsada por Estados Unidos y Canadá, se genera un área de libre comercio para toda América, que iba desde el puerto de Anchorage hasta la Tierra del Fuego. Rodrigo Borja, Enciclopedia de la Política (México: Fondo de Cultura Económica, 2012), www.enciclopediadelapolitica.org

36 Diana Tussie, “América Latina en el sistema mundial de comercio”, Red Latinoamericana de Política Comercial, no. 132, abril, 2011, citando a Pablo Heindrich, “Latin American and the WTO: Current and future scenarios”, www.latn.org.ar

ello es acorde con el marco regulatorio que, a posteriori, catalizaría la suscripción y entrada en vigencia de diversos tratados de libre comercio37.

iv) Liberalización financiera. En 1993 se aprueba la prohibición a la banca central de financiar al gobierno, según la reforma al artículo 133 de la Constitución Política de la República, consolidándose de esta manera el proceso de liberalización financiera. Este proceso inicia en 1989, cuando la Junta Monetaria:

Dejó en libertad a los bancos del sistema para fijar las tasas de interés. Además, se autorizó la constitución de depósitos interbancarios y se flexibilizó la política cambiaria. El proceso de liberalización entró en una etapa más formal cuando en septiembre de 1993 la Junta Monetaria aprobó la Matriz del Programa de Modernización Financiera, dentro del cual se incluyó el objetivo de liberalización financiera acompañado de la diversificación de productos y servicios bancarios. [...] Con esto se pretendía elevar la competitividad y eficiencia funcional del sistema financiero y mejorar la asignación de recursos, aumentar las corrientes de ahorro interno y externo, y reducir los costos y márgenes de intermediación financiera38.

Otras reformas en la misma dirección fueron el Decreto 29-95 que libera las tasas de interés39 y la Ley de Libre Negociación de Divisas (Decreto 94-2000), que establece la libertad para los agentes económicos, el tipo de cambio flexible como instrumento desregulador del mercado, y la libertad de expresar las operaciones financieras en cualquier moneda.

v) Liberalización de las inversiones. Esta fase inicia con la aprobación del Decreto legislativo 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila, y sus

37 En el año 2006 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Ese mismo año se firmó un TLC con Taiwán, en 2009 con Panamá, y en 2011 con Chile y Colombia. En el caso de México, se tiene un acuerdo comercial vigente desde 2001, en donde además se incluye a El Salvador y Honduras. Posteriormente, en 2011 se suscribió un nuevo acuerdo entre toda la región centroamericana y la república mexicana, el cual entró en vigor en septiembre de 2013. En agosto de 2013, el Organismo Legislativo aprobó el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Red centroamericana, V Informe, 12.

38 Banguat. Consultado el 4 mayo, 2015, http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/publica/doctos/bgdoc005/2

39 Artículo 1: “Las tasas de interés activas y pasivas que apliquen los bancos, sociedades financieras y otras instituciones que, por sus leyes específicas realicen operaciones de carácter financiero, serán pactadas libremente por las partes contratantes”.

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posteriores reformas. Se le suma la liberalización del sector eléctrico (Decreto legislativo 93-96, Ley General de Electricidad) y minero (Decreto legislativo 48-97, Ley de Minería). Con este último decreto se deroga la Ley de Minería del año 1993, que fijaba el monto de las regalías para las empresas mineras en 6%, se instaura una tasa del 0.5% para el Estado y del 0.5% para las municipalidades por concepto de regalías, y se exonera de tasas y aranceles por la importación de insumos, maquinarias, repuestos y accesorios utilizados en las operaciones mineras. Con ello, –según se explicita en el Decreto legislativo– se generan “las condiciones necesarias para la exploración y explotación [en forma] apropiada y competitiva”. En esa misma dirección, se aprueba el Decreto legislativo 107-97 –Ley de Comercialización de Hidrocarburos–, que en el artículo 1 establece como objetivo: “Propiciar el establecimiento de un mercado de libre competencia en materia de petróleo y productos petroleros, que provea beneficios máximos a los consumidores y a la economía nacional”.

Otros sectores estratégicos que fueron privatizados en 1994 fueron el servicio de correo postal, el transporte aéreo, urbano y marítimo. Dos años más tarde se promulgó la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto legislativo 94-96), cuyos objetivos específicos para la reforma fueron: a) libertad para ingresar y salir del mercado, b) libertad de integración, c) libertad en el uso de tecnología, d) libertad geográfica de influencia, e) libertad de precios, f) obligación de proporcionar interconexión, g) obligación de dar acceso a recursos esenciales, h) separar la función regulatoria mediante la creación de un ente regulador, y i) mejorar el papel subsidiario del Estado en el desarrollo de la telefonía mediante la creación de un fondo para la inversión en telefonía rural (FONDETEL)40.

Las políticas de privatización y liberalización económica impusieron un significativo cambio en las políticas sociales. Del modelo “ideal” de acceso libre, gratuidad y universalidad de los servicios públicos, se pasó a un modelo de focalización

40 Carmen Urízar, Competencia y regulación en las telecomunicaciones: el caso de Guatemala (México: Cepal, 2007), 12.

de los fondos sociales, y más tarde –ya en pleno gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)–, de las transferencias condicionadas. Esto se ha gestado de manera paralela a la reforma y privatización de los servicios básicos para la población –como el agua, la educación y la salud– lo cual ha catalizado el colapso de dichos sistemas. Simultáneamente, emerge un discurso de “onegeización” y responsabilidad social empresarial, con el que se pretende atenuar las deficiencias del Estado como proveedor de servicios eficientes y de calidad, por lo cual se traslada esta responsabilidad a la sociedad civil y al sector privado.

En el ámbito laboral, Guatemala ha seguido “al pie de la letra” las directrices del Banco Mundial de desregularización y flexibilización del mercado de trabajo, dada la “aparente” rigidez de la legislación nacional. De esa cuenta, desde los años noventa del siglo pasado, se ha promovido una serie de medidas legales –tanto en el sector público como en el privado– para flexibilizar los contratos, los salarios y la duración de las jornadas laborales41. De hecho, en la práctica, la flexibilidad laboral se produce mediante la vulneración de la normativa nacional e internacional en la materia. Según Pérez Sáinz42, a partir de los ajustes estructurales de los años ochenta se produce también la crisis del empleo formal y la precarización laboral. Esta precarización adquiere significativas dimensiones en Guatemala, cuando se considera que la mayor parte de la fuerza laboral se ocupa en el sector de la economía informal, la cual para el año 2013 correspondía al 55.1% de los ocupados urbanos, de los cuales el 63.1% representa a mujeres43. Lo anterior ha influido en que más del 10% de la población se ha visto obligado a buscar opciones de empleabilidad en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.

41 Entre estas medidas destacan: contratos por servicios profesionales sin prestaciones laborales, contratos a tiempo parcial, subarrendamientos, subcontrataciones a través de empresas satélites, simulaciones de periodos de prueba, fijación de un salario deficitario con respecto al costo de la canasta básica vital, salarios por hora o por unidad de obra, entre otros.

42 Juan Pablo Pérez Sáinz, “América Latina: La desigualdad que no cesa”, El País, 23 marzo, 2015.

43 CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2014 (Santiago de Chile: CEPAL, 2014).

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En materia ambiental, a mediados de los años ochenta se promulgó la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto legislativo 68-86), que promovió la creación de una modesta institucionalidad ambiental que se sumaba a un servicio forestal sistemáticamente señalado de prácticas opacas en la administración de los bosques nacionales. A inicios de los añosnoventa se crea el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas el cual se gestiona a partir del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que da un mayor impulso a los procesos de conservación de la diversidad biológica del territorio nacional. No

obstante la presencia de esta institucionalidad formal y los objetivos de su conformación, los problemas ambientales asociados al agotamiento, degradación y contaminación del entorno natural mantienen sus trayectorias crecientes. La marginalidad financiera dentro de la cual operan las instituciones ambientales obliga a estas entidades a adoptar enfoques reactivos que frecuentemente generan conflictos con las comunidades rurales. Tal como sostiene el IARNA44, la degradación ambiental y la marginación social se visualizan como parte de los rasgos característicos del modelo concentrador y degradante, esbozado con anterioridad.

44 IARNA-URL, Perfil ambiental.

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La democracia y el desarrollo en el contexto del modelo de extractivismo neoliberal 2.

2.1 Neoliberalismo y sus impactos en Guatemala

Para Ana María Ezcurra45, el neoliberalismo es un “conjunto de procesos y estrategias complejos, irreductibles al ámbito económico, que desde principios de los 80 alcanzaron una propagación notable, de alcance mundial, y que, además, fueron (y están) evolucionando.” La tesis sobre la que se sostiene este conjunto de procesos, de raigambre neoclásica y basada en la ortodoxia neoliberal originaria de 194746, señala que “el mercado constituye el mejor instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades”. Por ello, desde su ortodoxia se exaltan las virtudes de un Estado mínimo y se refuta vivamente al Estado como dispositivo de redistribución en beneficio de las clases desfavorecidas. A partir de esta base, el neoliberalismo originario plantea una agenda de políticas con cuatro ideas-fuerza claves: i) la promoción de un máximum de crecimiento económico (de libre mercado) como objetivo prioritario; ii) tal propósito demandaría un aumento de la tasa de ganancia del capital privado; iii) para ello se requería una reducción de los costos salariales, una merma en el costo de la fuerza de trabajo, una bandera decisiva y distintiva, que; iv) condujo al auspicio de una firme contención del gasto público social47. Estas ideas-fuerza, –nos dice la autora– persisten hasta el presente. Una nota distintiva, en los años 80:

[…] fue que el mercado mundial pasó a ser considerado como principal mecanismo de asignación de recursos. Como corolario, se produjo un agudo sobreacento en

45 Ana María Ezcurra, “¿Qué es el neoliberalismo?”, en En la encrucijada del neoliberalismo, coord. José Ramón García Menéndez (Madrid: IEPALA, 2000), 195.

46 El neoliberalismo surgió después de la Segunda Guerra Mundial, como una reacción hacia el “estado de bienestar”. Su texto de origen fue Camino de Servidumbre de Friedrich Hayek, publicado en 1944, en el que se ataca cualquier limitación de los mecanismos de mercado por parte del Estado. En 1947, Hayek formó la “Sociedad de Mont Pelerin” (Suiza), en la que intervinieron entre otros Milton Friedman y Karl Pooper. Ibíd, 211.

47 Ibíd, 199.

la búsqueda de competitividad (externa). Ello exacerbó la política de deprimir el costo de la fuerza de trabajo y los salarios. […] El resultado es una descomunal redefinición de poder entre el capital y el trabajo, un fruto y característica crucial del capitalismo en su etapa neoliberal”48.

La autora plantea, además, que este ensamblaje entre la ortodoxia neoliberal y el pensamiento neoconservador, durante la primera administración de Reagan, 1980-1983, “dio lugar a un conjunto original, a una nueva síntesis, con dos novedades centrales: i) el ensamblaje del ideario neoliberal con los valores democráticos (de raíz liberal)”, de tal suerte que se consolidó un proyecto de sociedad integral, que no se limita al terreno económico, ya que abarca al régimen político. En otros términos, se robusteció el impulso de una transformación global de las sociedades, una tendencia que perduró y se acentuó en los años 90 (sobre todo, con la incorporación de un régimen específico de políticas sociales); y ii) una firme voluntad internacionalista, también de estirpe neoconservadora, que incita y estimula la expansión mundial del programa, en un proceso de homogeneización de alcance planetario.

Por ello es factible afirmar que, en rigor, desde principios de los 80 se ha perfilado un programa neoliberal-conservador (o un conservadurismo-liberal), de factura estadounidense, que impulsa un proyecto de sociedad que es a la vez integral y mundial. Un esfuerzo totalizador típico de la Modernidad e inédito en su alcance49.

Sin las reflexiones anteriormente expuestas no se podrían entender, de manera general, las políticas de estabilización y ajuste de Bretton Woods impuestas a América Latina y a Guatemala a partir de la década de los años ochenta por los organismos financieros internacionales (BM y FMI) a través de diversos Planes de Ajuste Estructural50,

48 Ibíd, 200.49 Ibíd, 200.50 Los PAE (Planes de Ajuste Estructural) fueron suscritos por los

gobiernos de Vinicio Cerezo y Jorge Serrano. En tiempos de Cerezo se impulsó el Programa de Reordenamiento Económico y Social

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las liberalizaciones anteriormente mencionadas, y el impulso al Programa y a la Agenda Nacional de Competitividad; este último para “mejorar” las condiciones de competitividad externa del país, el clima de negocios y facilitar la inversión nacional y extranjera, reduciendo los costos de producción, entre ellos los salariales, a favor del capital51. Ello explica en gran medida, como un modelo económico –que efectivamente ha generado cierto crecimiento de la economía guatemalteca (3.66%, en promedio desde 2006 a 2013, conforme a las estadísticas de la CEPAL, 2014), y cierta estabilidad en las variables macroeconómicas– es totalmente compatible con formas liberales de ejercicio democrático, mientras reproduce y acrecienta las desigualdades y exclusiones históricas.

En este sentido, el “proyecto neoliberal y neoconservador” estadounidense ha sido asimilado y asumido como propio por la tradición histórica del modelo de desarrollo y democracia guatemalteco. Esta lógica –el neoliberalismo aplicado “a la guatemalteca–, en cierta medida reorientó y reactualizó el proyecto de las clases dominantes del país, a través de sus diversas organizaciones, medios y centros de pensamiento52.

De hecho, no se puede abordar la implementación del proyecto neoliberal en el país sin considerar la posición geoestratégica de la región centroamericana en el contexto mundial, y del apoyo que esta iniciativa recibió por parte de las élites regionales, entre ellas las guatemaltecas. Bajo este

a Corto Plazo (PRES) de 1985, y posteriormente el Programa de Reorganización Nacional de 1987, generando, en 1988, el plan denominado “Guatemala 2000”. Durante el gobierno de Serrano, se promueve el Plan de Política Económica 19991-1996 denominado “Hacia una Democracia Económica y Social” (1991), que sirve de base para negociar el PAE con el BM y FMI en 1992. Durante la presidencia de Ramiro De León Carpio se da una nueva negociación del PAE con el FMI y BM en 1993.

51 Esto ocurre durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008). El Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) es la “instancia que facilita los esfuerzos y alianzas interinstitucionales entre sectores para mejorar las condiciones de competitividad, relacionadas con el clima de negocios, generar la inversión nacional y extranjera, contribuyendo con el desarrollo descentralizado de Guatemala; da seguimiento a la agenda de competitividad del país.” (http://www.industriaguate.com/representacion/pronacom-programa-nacional-competitividad-silla-cacif)

52 Tales como el Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), el CACIF, medios escritos como Siglo Veintiuno, las iglesias neopentecostales, universidades como la Francisco Marroquín (UFM), organizaciones como el Partido Acción Reconciliadora Democrática o el Movimiento Cívico Nacional, por mencionar algunos.

contexto se esclarece, por ejemplo, la gestión del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, propuesto por las élites económicas y los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, en un entorno en el que los países del denominado bloque BRICS, especialmente Rusia –cuyo flujo de inversión en el país es bastante cercano al de EE.UU. (14.3% y 16.2% respectivamente para 2013, según el Banguat53)– y China, quienes tienen una mayor presencia en la región, estos últimos a través de la puesta en marcha de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua, entran en abierta pugna contra la hegemonía tradicional de los países del norte (Estados Unidos de América y Canadá).

Las políticas neoliberales aplicadas en Guatemala desde la década de los ochenta generaron entre otros efectos, una diversificación de los capitales de la élite guatemalteca, que empieza a invertir en sectores de más alta rentabilidad, como la banca y los servicios. De igual modo, se ha registrado:

Un acelerado proceso de crecimiento y acumulación en sectores como la minería, hidrocarburos, comunicaciones, telefonía y el sistema financiero, mientras que han perdido peso otros sectores como la agricultura y la industria54. Esto es producto de re-composiciones en las élites económicas y el surgimiento de nuevos capitales y actores con agendas e intereses territoriales y supranacionales, pero también de la demanda internacional y de los cambios en los intereses y flujos de inversión en el mundo, que han alterado la tradicional estructura del poder oligárquico. De manera más amplia, estos cambios son el resultado de políticas económicas, sociales y prácticas de control social que han alterado las relaciones de poder y la negociación entre el capital y el trabajo, y en conjunto, han reproducido la exclusión, la desigualdad y la pobreza55.

53 Para el año 2013, el flujo de inversión extranjera directa de Canadá en Guatemala fue del 20.6%, el de EE.UU. del 16.2%, le sigue en importancia Rusia (14.3%), Colombia (12.8%) y México (8.7%). Red centroamericana, V Informe, 17. Con base a estadísticas del Banco de Guatemala.

54 Para el año 2012, el sector tradicional de acumulación de capital, esto es el agrícola, descendió al 13.5% del PIB, lo que significa una reducción de su aporte de 10 puntos porcentuales con respecto a los resultados alcanzados a finales de la década de los noventa, cuando representaba alrededor del 23.3% del PIB, según indica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala: el rostro rural del desarrollo humano, 1999, para la última cifra. Mientras, el sector de servicios, para 2012, alcanzó el 62.7% del PIB y el sector industrial el 23.8%. Los datos del año 2012 fueron tomados de CIA World Factbook, 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print/country/countrypdf_gt.pdf.

55 Fernando Valdez, Breve caracterización del modelo y de las élites económicas en Guatemala (Guatemala: PNUD, 2015).

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Las transformaciones que se han dado en la economía formal a partir de la denominada “globalización” de la economía y la apertura de fronteras ha catalizado simultáneamente el auge de las actividades ilícitas de acumulación de capital, en dimensiones extraordinarias, sumamente difíciles de contabilizar. Entre estas actividades destacan: la producción y comercialización de drogas –mariguana, amapola como materia prima para la heroína, drogas de diseño a partir de precursores químicos–, la trata y tráfico de personas y otros organismos vivos como plantas y animales, el tráfico de armas, y el almacenamiento y trasiego de drogas –sobre todo cocaína–, siendo que según algunos estudios: “El 90% de flujo de cocaína pasa por Guatemala antes de pasar por el territorio mexicano y terminar finalmente a los Estado Unidos”, lo cual significa que unas 350 toneladas métricas de cocaína se movilizan anualmente a través del territorio guatemalteco. “Estamos así ante una nada despreciable narcoeconomía que, según las más autorizadas apreciaciones, rondaría en torno al 10% del Producto Interno Bruto”56.

Como se indicó, todas estas actividades económicas son difíciles de contabilizar y muy difíciles de deslindar de la economía formal57. Estas tienen significativos impactos en diversas áreas de las dinámicas del país, entre ellas: la salud de las personas, la empleabilidad, la violencia homicida, el financiamiento de los partidos políticos, el tráfico de armas, el sistema financiero a través del lavado de dinero, en el control territorial y la reconfiguración del poder local y regional, en el consumo e importación de bienes y servicios, en la proliferación de otros negocios como hoteles y áreas de recreación, el desarrollo de la prostitución y la explotación sexual –incluida la de niños y niñas–, en fin, en todos los ámbitos de la vida económica, política, social, cultural y ambiental de la sociedad guatemalteca.

56 Marcelo Colussi, Despenalización de las drogas. Realidades y perspectivas en Guatemala (Guatemala: IPNUSAC, 2013), 31.

57 De acuerdo con datos de la Drug Enforcement Agency (DEA), para 1994, “Guatemala se ubica entre los diez países de paso de drogas que lo convierte en una importante plaza de lavado de dólares. De acuerdo con datos del departamento de Justicia de los Estados Unidos, de lo incautado en mariguana y amapola (más de 2000 millones de dólares que no se especifican si al productor o al consumidor) en 1991 equivale al 21% del PIB; a 166% del valor de las exportaciones y 231% del gasto del gobierno en el mismo año”. Amílcar Alvarado y Marco A. Nájera, El impacto social del ajuste estructural en el sector agropecuario de Guatemala (Guatemala: CIDECA,1999), 55-56.

2.2 Motores de desarrollo económico-social y nuevos ejes de acumulación de capital

Dadas las conceptuaciones del desarrollo y de la democracia que sustentan este ensayo, en un sentido amplio entendemos por motores de desarrollo todas aquellos procesos sociales, productivos y reproductivos a través de los cuales las personas, en relaciones inter e intra sociales, satisfacen sus necesidades vitales de forma equilibrada con el entorno natural para acceder a una vida digna o buen vivir. Esto incluye todas aquellas actividades que tienen valor de uso (como el disfrute del tiempo libre o recreación, el disfrute del paisaje, la producción para el autoconsumo y el intercambio a pequeña escala); pero también otras que producen riqueza o excedente económico, y que permiten mejorar las condiciones o calidad de vida de las personas y de los colectivos humanos, siempre que haya reparto social. Todo lo anterior adquiere significado y sentido dentro de una determinada cultura y un contexto histórico particular.

Ahora bien, desde el punto de vista de los modelos de desarrollo económico y social, por motores de desarrollo hay que referirse específicamente al conjunto de actividades y procesos que permiten la reproducción material y espiritual de una determinada formación social, a partir del incremento de la riqueza social y el bienestar de la población58.

Desde una perspectiva más amplia, los motores de desarrollo hacen referencia a aquellos procesos o actividades que permiten la concreción de los derechos humanos de distintas generaciones, así como también los derechos de la naturaleza; es decir, engloba a un amplio conjunto de derechos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, –individuales y colectivos–, entre los que se incluyen, por mencionar a algunos: la libertad de expresión, el derecho a la participación, el derecho al agua, a la salud, a la educación, a un ambiente sano, a un empleo digno, a un juicio justo, a la alimentación, a la identidad, a la tierra y al

58 Edgar Durini, Desarrollo capitalista y subdesarrollo periférico (Guatemala: USAC, 2006).

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territorio, a la autonomía, a la autodeterminación, etc., todo lo cual nos acerca a la concepción holística, sistémica e integral del desarrollo. Dado que en Guatemala, la mayoría de estos derechos no se cumplen –y en algunos casos, en los últimos años estos se han estancado o han retrocedido–, la sociedad guatemalteca se encuentra en una situación de reproducción del subdesarrollo. Tal es el derecho básico y fundamental a la alimentación, sin el cual no se pueden ejercer muchos otros derechos. Así, aunque entre 2012 y 2013 se produce una reducción de 1.7% de desnutrición crónica en los municipios priorizados por el Plan Hambre Cero, al pasar de 59.9% a 58.2%, esta problemática se incrementó en las áreas rurales en 1.1%. Adicional a ello, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 13 913 casos de desnutrición aguda para 2014, y aunque ello supone una disminución del 16% con relación al año anterior, se presentó un incremento en el número de niñas y niños que fallecieron por causas relacionadas (en 2013 fueron 116 casos, en 2014 se reportaron 130 casos).

Por otro lado, la situación de inseguridad alimentaria se ha ido haciendo cada vez más dramática en la medida que pasan los años, a pesar de que el país cuenta con un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 32-2005, Ley de la SESAN). En el año 2014, la canícula ocasionada por el cambio climático dejó a 275 625 familias de diversos departamentos del país en situación de inseguridad alimentaria, mientras que en el mismo año la producción de granos básicos, maíz y frijol, cayó un 80% y 63% respectivamente59.

Otros derechos que son sistemáticamente vulnerados al amparo del actual modelo de desarrollo, para destacar algunos ejemplos, son los derechos a un ambiente saludable y el derecho al agua, ya que bajo el actual enfoque de desarrollo, se están produciendo: i) un promedio anual de 116.5 millones de toneladas de desechos sólidos; ii) al menos 10 000 millones de metros cúbicos anuales de aguas residuales son vertidas,

59 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala (Guatemala: ACNUDH, 2014).

sin ningún tratamiento previo, al suelo, subsuelo y aguas, contribuyendo a incrementar el riesgo de enfermedades que afectan directamente a las comunidades más vulnerables; iii) 48 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono son liberadas a la atmósfera, lo cual posiciona a Guatemala (unida a la creciente pérdida de bosques naturales) en la condición de país emisor neto de gases de efecto invernadero; iv) un consumo promedio anual de 20 000 millones de metros cúbicos de agua, mientras que los esfuerzos de gestión para garantizar el almacenamiento, la distribución y la vitalidad de todos los elementos del ciclo hidrológico son mínimos y no superan el 2.5% de las necesidades totales de gestión. Por si esto no fuera poco, la demanda actual de agua para el consumo vital de las personas y de las actividades productivas no solo es insatisfecha, sino creciente. A ello se suman el aumento de los niveles de las demandas que impone la constante expansión de cultivos de exportación como la caña de azúcar, el banano y la palma africana; así como las exigencias de la industria (destacando el beneficiado de café), la generación eléctrica y los servicios domiciliares, cuya lógica extractiva actual solo nos está conduciendo a una crisis hídrica inminente, de dimensiones impredecibles60.

A diferencia de la conceptuación de motor de desarrollo, un eje de acumulación de capital refiere al “proceso mediante el cual un determinado sector productivo de la economía se convierte en el motor de la dinámica económica capitalista para una FES61. Así, de manera general, cualquier actividad económica susceptible de producir o realizar plusvalía puede convertirse, desde la óptica capitalista, en un eje de acumulación bajo la premisa descrita. Su lógica de desplazamiento consiste en el descubrimiento de una tasa de ganancia superior a la que ellos mismos poseen dentro del sector económico del que se lucran”62.

Aunque un motor de desarrollo puede ser también un eje de acumulación de capital –y de hecho algunos motores lo son, tal el caso de la industria y el comercio– en los modelos económicos de

60 IARNA-URL, Perfil ambiental.61 FES: Formación económico social62 Mayra Palencia, Élites y lógicas de acumulación en la modernización

económica guatemalteca (Guatemala: INGEP-URL, 2013), 4.

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crecimiento hacia dentro y de crecimiento hacia fuera, la diferencia principal entre un motor de desarrollo y un eje de acumulación de capital reside principalmente en su propósito. Como se indicara, un motor de desarrollo tiene el fin de generar riqueza y bienestar para el conjunto de la población, lo cual se produce mediante procesos de producción (inversión, consumo, ahorro), generación de empleo, intercambio de bienes y servicios (comercio), y mecanismos de redistribución. Mientras, un eje de acumulación de capital está orientado principalmente al incremento de la tasa de ganancia del capital o de la clase capitalista. Al no existir mecanismos de distribución de la riqueza y, por el contrario, tener una legislación que favorece al capital sobre el trabajo, se reproduce inexorablemente en el modelo actual, una situación de subdesarrollo y desigualdad sistémica, como la que prevalece en el país. Asimismo, es importante señalar que la acumulación de capital no se genera únicamente desde la estructura económica, sino que también necesita de otras condiciones o marcos sociales, jurídicos, políticos y/o institucionales que la favorezcan, tal es el marco político institucional ya mencionado en los incisos anteriores, así como una serie de políticas de carácter internacional a favor del capital transnacional, tales como las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En Guatemala, uno de los principales motores de desarrollo, con las respectivas salvedades, lo constituye el sector agrícola, el cual para el año 2013 ocupaba una población económicamente activa (PEA) de 1 796 571 trabajadores, lo que representaba el 30.4% del total de la PEA, cifra que es muy similar a la de 2006 (30.6%, conforme a la CEPAL en 2014). Por otro lado, las estimaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) en 2013 señalan que el número de personas dedicadas a la agricultura familiar, que producen principalmente para el autoconsumo, es de 1.5 millones63; con ello, el sector agrícola se consolida como el principal sector de la economía guatemalteca en materia de desarrollo económico y social, en términos de empleabilidad. Le siguen en importancia, el comercio que emplea el 23%

63 Red centroamericana, V Informe.

de la población, el sector manufacturero (16.4%), otros servicios (15.8%), la construcción (7%), los servicios financieros (3.6%), el transporte (3.2), la electricidad, gas y agua (0.3%), y la minería (0.1%)64, conforme a los datos más recientes recogidos por la CEPAL65, que corresponden al 2006.

Ahora bien, la afirmación de que la agricultura es, en las condiciones actuales, un motor de desarrollo a partir de la ocupación laboral, hay que tamizarla mucho más, especialmente si se considera que la agricultura de subsistencia no suele generar condiciones de autosuficiencia familiar, lo que ha implicado procesos crecientes de proletarización en el campo, como ya se señaló. Mientras, el trabajo agrícola en situación de dependencia se caracteriza por una gran precariedad laboral. Así, en las fincas de café –en San Marcos y en las Verapaces–, de palma africana –Franja Transversal del Norte y Sayaxché, en Petén– y de azúcar se suelen violar sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, incluyendo el pago de salarios inferiores al salario mínimo diario, por lo que en general esta población no puede satisfacer sus mínimos vitales. A ello se suma el hecho de que en el sector agrícola se ha generalizado la práctica de pagar por metas de productividad, impuestas de manera unilateral por los empresarios, lo que conlleva realizar horas extraordinarias no remuneradas, lo cual afecta a la salud e integridad física de los trabajadores. Como si esto fuera poco, 37 000 familias siguen viviendo hoy bajo el régimen de mozo colonato66.

Adicionalmente, para el año 2013, según cifras preliminares del Banguat, el sector agropecuario en el país solo representaba el 10.6% del PIB. Del mismo modo, el valor agregado bruto del sector agropecuario en la última década muestra que los dos principales productos que conforma el rubro agropecuario del PIB siguen siendo los tradicionales, como el banano y el café (20% del valor agregado bruto). Además destacan los cultivos de tubérculos,

64 Este es el mismo porcentaje que reporta el INE para la minería en el año 2014. ICEFI, Buenas prácticas internacionales de transparencia fiscal en industrias extractivas. Aplicaciones para Guatemala (Guatemala: ICEFI, 2015), 61.

65 CEPAL, Anuario estadístico.66 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada.

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raíces, hortalizas y legumbres, cuyo aporte supera también el 20%, y la ganadería (cercana al 20%). Mientras la producción de cereales (maíz, arroz, trigo y sorgo) ha disminuido su peso en términos relativos, pues de 2006 a 2012, su peso en el PIB agropecuario se redujo de 9.8% a 6.9%67. Esto impacta directamente en la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y por tanto en su desarrollo integral y humano. Esta situación empeora y se vuelve dramática si además se tiene en cuenta que en los últimos diez años, cuatro cultivos comerciales –café, caña de azúcar, aceite de palma y caucho– han incrementado la superficie agrícola cultivada en un 40%, mientras que la tierra agrícola destinada a cultivos básicos ha disminuido en un 37.5%. A esto hay que unirle que el 28.5% de la tierra para uso agrícola se utiliza para producir productos de exportación y solamente el 25.4% de esta tierra se utiliza para la producción de alimentos básicos68. Todo lo anterior revela que más que un “motor de desarrollo” al sector agropecuario, en las condiciones actuales, debe considerársele un “eje de acumulación” y de valorización por medio de la explotación del trabajador rural, la reconcentración de la tierra y la expoliación de los recursos naturales.

En el sector manufacturero, que ocupa aproximadamente el 16% de la PEA, un caso particular lo constituye la maquila, cuya ocupación laboral es difícil de cuantificar. Dado que este sector opera fundamentalmente en zonas francas, en donde las condiciones laborales son sumamente precarias y con bajas aportaciones al Estado, no puede ser considerado como un motor de desarrollo y crecimiento económico69. Durante 2014:

El Ministerio de Trabajo continuó con la verificación del cumplimiento de derechos laborales, revelando serios incumplimientos en ciertos sectores. De las 702 empresas exportadoras (maquilas) inspeccionadas, solamente el 13% cumplía con el pago de salarios mínimos mientras que de las 44 empresas bananeras visitadas en la Costa Sur, únicamente 15 estaban en regla70.

En términos generales, estos sectores –el agroindustrial y el textilero de las maquilas–

67 Red centroamericana, V Informe.68 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada.69 Red centroamericana, V Informe, 146.70 OACNUDH, Informe de la Alta Comisionada, 17.

se sitúan en las principales posiciones de las exportaciones guatemaltecas. Para 2013, el principal producto de exportación (en millones de dólares) fueron los artículos de vestuario (1 270.8 millones), seguido del azúcar (803.8), el café (958.1), el banano (499.9) y, en cuarto lugar, las piedras y metales preciosos y semipreciosos (612.9 millones de dólares)71. En términos de las exportaciones, para el año 2013, el 58.7% de las exportaciones guatemaltecas estaban constituidas por productos primarios, mientras el 41.3% son productos manufacturados72, en general con poco valor agregado. En resumidas cuentas, Guatemala exporta principalmente mano de obra barata y mercancías que provienen principalmente del sector primario (agricultura, agroindustria y minería), lo cual lleva a afirmar que la apertura comercial o, dicho en otros términos, el comercio como “motor de desarrollo” de la economía no tiene como objeto el desarrollo tecnológico e industrial nacional, lo que hace es reproducir y acentuar el subdesarrollo del país.

Con relación al cooperativismo, es común encontrar la afirmación de que promueve el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los títulos de algunas publicaciones así lo afirman; pero los datos disponibles no concluyen en eso. El estudio realizado por López y Mora73 revela que hay una relación positiva por departamento entre el número de cooperativas y la población no pobre, dato que se afirma con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En el primer caso, en efecto se puede encontrar una correlación entre el número de cooperativas y de personas no pobres; pero de la misma manera es alta la correlación positiva entre el número de cooperativas y el número de pobres. Por lo que no se puede concluir que hay más pobres porque hay más cooperativas, o porque el IDH es más alto.

La actividad económica a la que se dedican las cooperativas y los resultados de sus operaciones sugieren que actúan y siguen las tendencias del mercado, en particular de la demanda. Del 100%

71 Red centroamericana, V Informe.72 CEPAL, Anuario estadístico73 Bernardo López y Alberto Mora, Visión panorámica del sector

cooperativo en Guatemala. Un mecanismo de promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza (Guatemala: OIT, 2012), 47.

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de las cooperativas identificadas en el II Censo de Cooperativas de 2006, el 46.1% eran agrícolas y el 25.8% de ahorro y crédito. Ambas actividades sumaban el 72%. Del total de los ingresos generados por las ventas en el mercado nacional, el 53% fueron por intereses; y del cien por ciento de ingresos en el mercado internacional, el 56% fueron por venta de hortalizas y el 26% de café74.

Por otro lado, si bien el movimiento cooperativo está creciendo en tamaño, influencia económica y política, aún es considerado un sector pequeño sobre el total de la economía, la población económica activa (PEA) y el PIB. A título de ejemplo, para 2008, el sector cooperativo generó 100 mil empleos, pero ello representó solamente el 1.8% de la PEA, que para ese año fue de aproximadamente 5.5 millones de personas.

A grosso modo, la situación descrita destaca lo complicado que es hablar de motores de desarrollo económico y social en Guatemala en función de los términos expuestos, es decir, orientado al desarrollo integral de las personas. Lo que se identifican son distintos ejes o maneras en las que se produce la acumulación de capital. El hecho es que la producción y exportación guatemalteca sigue teniendo su sustrato primordial en la producción y extracción de productos primarios, una industria poco desarrollada, así como en la sobreexplotación del trabajo, situación que en nada difiere a las lógicas de la época colonial y que ha prevalecido sin muchos cambios hasta los días de hoy.

La acumulación de capital en el país continúa teniendo su base original en el agro y en las exportaciones derivadas del mismo. Es producto de procesos históricos basados en el ejercicio sistemático de la violencia, el racismo, la usurpación, expropiación y concentración de tierras, la sobreexplotación del trabajador, y la producción y exportación de productos o recursos naturales y primarios. En las últimas décadas, además de los productos tradicionales, se han sumado los productos agroindustriales y mineros; y no menos importante: la exportación

74 BCIE, Guatemala. Inventario de las cooperativas productivas (Guatemala: BCIE, 2009), 32 y 38.

masiva de mano de obra barata. Aunque existen formas novedosas de acumulación de capital, derivadas del desarrollo tecnológico dependiente –de ahí podemos explicar el dinamismo que ciertos sectores tienen actualmente en el país en términos de crecimiento económico, como las telecomunicaciones y el sector energético–, ello no significa que las históricas formas de acumulación hayan desaparecido, como se puede constatar. En esta línea, ya autoras como Rosa Luxemburgo, en 1912, y autores más recientes desde las corrientes del pensamiento crítico, como Silvia Federici o David Harvey –este último desde la concepción de la “acumulación por desposesión”– han puesto de manifiesto que en cada fase de la acumulación del capital perviven o incluso se acentúan formas originarias de acumulación, extremadamente violentas75. Entre ellas podemos mencionar las privatizaciones de lo común o de lo público, el despojo a los pueblos y campesinos de sus tierras, la violencia que genera la represión y criminalización de las luchas sociales, la sobreexplotación de la fuerza laboral, así como la reaparición de formas de explotación humana supuestamente desaparecidas, como la esclavitud y la trata de personas para su explotación sexual y laboral, por mencionar algunas.

La diversificación económica que se ha dado en los últimos años, expresada en términos de un indicador convencional como es el PIB, no implica que la acumulación de capital haya dejado de basarse principalmente en la sobreexplotación de los seres humanos y de la naturaleza, hecho que en los últimos 50 años adquiere una dimensión inédita en la historia, a través de la extracción y comercialización inmoderada de los recursos naturales. En este marco se situaría el “nuevo” extractivismo en el país, el que conforme a Hugo Cabieses76 englobaría, en términos generales,

75 Véase al respecto los trabajos de Harvey (El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, 2004) y de Rosa Luxemburgo (La acumulación de capital, 1912), o la tesis de Silvia Federici, quien plantea que: “Cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos más violentos de la acumulación originaria, lo que demuestra que la continua expulsión de los campesinos de la tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para la existencia del capitalismo en cualquier época”. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Madrid: Traficantes de sueños, 2013), 28.

76 Hugo Cabieses, “Extractivismo formal, informal y delictivo: Impactos sobre los derechos de los ciudadanos y los pueblos indígenas”

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a cualquier actividad primaria de obtención y apropiación de recursos naturales, sean estos de origen mineral, vegetal, animal o de productos derivados y/asociados77. En este marco, en el país se extraen anualmente 40 millones de toneladas de recursos del subsuelo. El 95% de estos recursos están vinculados con la extracción de minerales no metálicos utilizados en el sector de la construcción. Esta actividad prácticamente ocurre en todo el territorio nacional y sus impactos más importantes se manifiestan en la modificación de la fisiografía y la deforestación localizada, principalmente a nivel de bosques remanentes, ubicados en espacios con altas pendientes, cuya función potencial idealmente debería orientarse hacia la conservación y protección de zonas de recarga hídrica78.

Por otro lado, la extracción de minerales metálicos ha demostrado ser un mecanismo que activa la violencia y la fragmentación social. Este aspecto no solo está fundado en la amenaza derivada del potencial contaminante que las actividades mineras tienen directa o indirectamente sobre la vida de las personas y su entorno, sino también en la competencia por los recursos escasos que son estratégicos para las comunidades rurales, como el agua. Estos aspectos se exacerban en la medida que el Estado no tiene capacidad para regular plenamente el proceso de extracción minera en todas sus etapas, y en donde el conocimiento, la presencia y la capacidad de respuesta son imprescindibles. Contrariamente a lo esperado, en la actualidad este control es ejercido por las empresas concesionarias, ya que el Estado ha asumido un rol de observador y por lo tanto las comunidades se ven obligadas a asumir un rol de resistencia, fundamentada en el legítimo derecho a la defensa de sus territorios. Adicionalmente, se produce una merma de poblaciones naturales de especies con valor comercial y no comercial en la zona marino-costera, debido al agotamiento,

(Ponencia presentada en el Seminario “Los desafíos del desarrollo en Guatemala”, Guatemala, 28 y 29 mayo, 2013).

77 “La obtención extractiva difiere sustancialmente de la actividad agrícola o industrial en tanto que su objeto no es la reproducción deliberada del recurso utilizado. Esta característica hace que la extracción conduzca en general al agotamiento del recurso, al no tenerse en cuenta los ritmos de regeneración natural del mismo, que son distintos para cada recurso o grupo de recursos”. Ibíd, 2.

78 IARNA-URL, Perfil ambiental.

degradación y contaminación de casi todos los ecosistemas que conforman esta región, especialmente el ecosistema manglar. Estas zonas, con sus asentamientos humanos y sus ecosistemas de enorme valor estratégico en varias dimensiones, son objeto, sin ninguna duda, de un abandono sostenido79.

Se sostiene aquí, pues, que es a través de la reconversión producida en el agro guatemalteco, la liberalización de tierras, la orientación desde la producción de alimentos para el autoconsumo a nuevos productos de agroexportación, entre ellos los agrocombustibles, el saqueo de recursos naturales no renovables, la expansión en nuestro territorio de las actividades extractivas (mineras, agrícolas, de plantas, animales, etc.) y actividades ilícitas –tala ilegal, minería delictiva, contrabando, trata de personas, tráfico de personas (migrantes), tráfico de niños y órganos, tráfico de armas, corrupción, lavado de activos, tráfico de drogas etc.–, que se fundamenta y sostiene en gran parte la expansión de otros capitales, como el comercial o el financiero, que ha acontecido en las últimas décadas al amparo de las políticas neoliberales, y que tienen un carácter mayoritariamente especulativo.

Es a partir de estas tendencias políticas y económicas del capitalismo que se puede entender en gran medida la “diversificación” de los sectores en los que el capital obtiene las mayores ganancias en el país, a través de mecanismos legales e ilegales como la flexibilidad y sobreexplotación de la mano de obra, el despojo a los pueblos indígenas, la evasión fiscal80, el beneficio de subsidios (que no son sino un traspaso del valor que produce el trabajo al capital), las franquicias y el lavado de dinero, entre otros mecanismos. De esta suerte, la acumulación de capital se basa hoy principalmente en las mega y multi inversiones en distintos sectores económicos, que le permiten al capital tener mayores ganancias.

79 Ibíd.80 Al finalizar el año fiscal 2014, la carga tributaria está en retroceso,

muy lejos de las metas de los Acuerdos de Paz. El informe de la SAT al 30 de noviembre de 2014, publicado el 30 de diciembre de ese año, ubicaba la carga tributaria neta del gobierno central en 10%. Valdez, El gobierno de las élites. Un estudio reciente del ICEFI muestra que el Estado guatemalteco dejó de percibir o recaudar en torno al 40% del IVA, en el año 2014.

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Las megainversiones en monocultivos extensivos de palma africana y caña de azúcar para producir agrocombustibles y aceite; en la explotación y mercantilización de las riquezas del suelo y del subsuelo: minerales, petróleo, gas y agua para su uso industrial; en construcciones de gran calado como corredores y carreteras, hidroeléctricas y centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, centros comerciales y multiedificios; y en servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica, constituyen las nuevas formas en las que el capital está respondiendo a la dinámica del mundo capitalista financiero y especulativo globalizado para mantenerse produciendo ganancias”81.

Este modelo tiende a consolidarse si agregamos los objetivos del “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”; orientados al crecimiento económico y la atracción de la inversión privada “promoviendo sectores y la concentración de actividades en áreas geográficas estratégicas”; lo que solo será posible con el emprendimiento de acciones y ejecución de proyectos para reducir los costos de energía y realizando inversiones para mejorar la infraestructura82. Asimismo, si analizamos las tendencias del flujo de la inversión extranjera directa en el país, que para el año 2013 fue de 1308.9 millones de dólares, de los cuales 488.5 millones (el 37.3%) es inversión para las actividades agrícolas, petróleo, minas y canteras; el 13.7% (179.1 millones) corresponde a la energía, el 16.6% (217.6 millones) al comercio, el 13.2% a los bancos (172.4 millones), el 11.9% a la industria manufacturera (156 millones), el 4.5% a telecomunicaciones y el 1.3% a otras actividades83.

Conforme a Valdez84, la acumulación capitalista sigue dos vías que son complementarias y que tienen vasos comunicantes que se refuerzan mutuamente. Por un lado, el aprovechamiento del mercado interno por medio de la oferta de servicios que son intensivos en uso de capital

81 Anónimo, Guatemala: el haz y el envés de la impunidad y el miedo. Las estrategias militar-empresarial-gubernamental contra la justicia y la resistencia (Guatemala, 2014), 9. http://www.albedrio.org/htm/documentos/GuatemalaImpunidadMiedo.pdf

82 Red Regional de El Salvador, Guatemala y Honduras, Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (2014). http://www.encuentroplanalianza.com/pdf/PlanTrianguloNorte.pdf

83 De esta inversión, al proyecto minero El Escobal, de capital canadiense, le correspondería un monto de 327 millones, y a Bancikimbia, con la compra de acciones del Banco Agromercantil, 217 millones. Otras inversiones fuertes en el país son la de la Goldcorp en la mina Marlin y la de Solway Group, de capital ruso, en la explotación minera del níquel. Red centroamericana, V Informe, 19. Con cifras preliminares del Banco de Guatemala.

84 Valdez, Breve caracterización.

y tecnología, fuerza de trabajo calificada y con cierta especialización. Estos sectores son las actividades financieras que incluyen los seguros, las telecomunicaciones y, en menor medida, el suministro de electricidad, gas y agua, que en la última década ha tenido un crecimiento consistente, levemente superior a la media del conjunto de la economía. Por el otro lado, es previsible que continúe ampliándose la demanda de alimentos, biocombustibles, minerales e hidrocarburos. Además, Guatemala tiene las condiciones para competir en rubros como: recursos naturales, mano de obra barata, un andamiaje fiscal que además de proveer incentivos y privilegios fiscales permite la elusión y evasión de impuestos. De esa cuenta, el paquete de proyectos de ley relacionados con la promoción de inversiones, regularización del trabajo por hora y la reducción del salario mínimo legal apuntan a mantener la “competitividad” espuria como la denominó Fernando Fajnzylber, para garantizar esta “ruta de desarrollo” sobre la base de la agroexportación y la extracción minera.

2.3 Crisis de legitimidad de la institucionalidad estatal y los partidos políticos

La evolución del modelo de democracia y desarrollo impulsado en el país en los últimos 25 años ha generado también una crisis profunda en la institucionalidad estatal, especialmente en los tres poderes del Estado y, sobre todo, en los contextos territoriales. El Estado guatemalteco está controlado por coaliciones de capital organizado históricamente, que toman las decisiones relevantes en áreas sustantivas tales como el trabajo, los salarios, los impuestos, las elecciones, la fiscalidad, la política macroeconómica y las leyes de orden constitucional que aseguran impuestos bajos. El cuadro se completa con una sobrerrepresentación de intereses del capital en múltiples ámbitos de las instituciones público-gubernamentales85. Concomitante a este hecho, están las relaciones explícitas o veladas que los sectores organizados de poder mantienen

85 Fernando Valdez, Orden institucional, actores e incentivos: condicionantes del desarrollo y la democracia. Subsistema institucional (Guatemala: VRIP-URL, 2014). Versión para discusión interna, inédito.

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con diputados individuales, con bancadas y con partidos políticos, para asegurar que se legisle en función de determinados intereses o boicotear el progreso potencial de otros. Casos emblemáticos son la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones –que concede privilegios a las empresas que ya controlan el mercado de las telecomunicaciones–, la Ley de Obtenciones Vegetales86, la iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo87, por citar solo algunas de las más recientes y mediáticamente conspicuas88.

A lo anterior se suma el hecho de que el presupuesto del Estado se ha convertido en un gran campo de disputa entre el capital organizado histórico y, sobre todo, la nueva clase política empresarial con fuerte arraigo territorial. Ello derivado de su descentralización –a través de los Consejos de Desarrollo, por ejemplo–, la subcontratación por parte del Estado de bienes y servicios, así como la evolución que se ha dado en las lógicas de la construcción de infraestructura y la provisión de insumos de diversa índole como: medicamentos, insumos agrícolas, equipamiento y suministros de oficina, contratación de servicios e implementos de seguridad, incluidas armas, uniformes, provisiones y municiones, entre otros.

La impunidad, la corrupción, el clientelismo político, la subrepresentación de intereses, –de las mujeres, los pueblos indígenas, los cooperativistas y los trabajadores, entre otros– y la falta de oportunidades de desarrollo personal, familiar y colectivo, han contribuido para que la población en general confíe cada vez menos en la institucionalidad forjada a partir de los cambios constitucionales de 1985. Esta crisis de la institucionalidad estatal tuvo un significativo punto de inflexión en abril de 2015, cuando sectores urbanos medios –de la ciudad capital y territorios de la República– participaron en masivas movilizaciones sociales exigiendo la renuncia, captura y enjuiciamiento de altos funcionarios de gobierno –Presidente y Vicepresidenta de la

86 Aprobada el 10 de junio de 2014 mediante el Decreto legislativo 19-2014 y derogada el 4 de septiembre por medio del Decreto legislativo 21-2014, luego de masivas movilizaciones sociales a nivel nacional producto del fuerte descontento que generó su aprobación.

87 Iniciativa 4644, Congreso de la República, 2014.88 INGEP-IARNA-URL, Democracia y desarrollo, 17-18.

República, directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria, funcionarios medios y empresarios– involucrados en actos de corrupción, revelados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). Los avances en las investigaciones han desvelado asimismo que instituciones como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Sistema de Justicia, Organismos Legislativo y Ejecutivo y gobiernos locales, incluido el Sistema de Consejos de Desarrollo, entre otros, se encuentran profundamente permeados por prácticas antidemocráticas, corrupción y clientelismo, que han desvirtuado su razón de ser89.

Por otra parte, la celebración de procesos electorales periódicos desde 1985 y la legitimidad que estos eventos han aportado a la consolidación del régimen, y la cada vez mayor participación de la población rural –a partir de la descentralización de las juntas receptoras de votos–, indígena y también de mujeres, no ha sido suficiente para renovar la institucionalidad política electoral y alcanzar el objetivo de “democratizar la democracia”, para incidir en la producción, control y distribución del poder político. Por el contrario, a medida que se consolida el régimen, el poder se ha ido concentrando en una minoría, que impone sus políticas, como se ha ido evidenciado en el presente ensayo. De esa cuenta, continúa siendo relevante la estructural exclusión de las mujeres y de los pueblos indígenas en el ejercicio del poder, lo que a su vez cataliza la reproducción de los caracteres monoétnicos, patriarcales y excluyentes del Estado guatemalteco.

Existe, igualmente, una crisis profunda de los partidos políticos, caracterizados por su poca capacidad de agregar e intermediar intereses de las mayorías sociales. Son entidades que permanecen ajenas a los problemas que aquejan a la población, carentes de una ideología definida, cooptados y financiados por los grupos de poder económico, entre otras particularidades. Se ha constituido en una clase política que no ha tenido una renovación en los puestos claves para la toma de decisiones y del ejercicio del poder, a pesar de la emergencia de

89 Ibíd, 6.

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nuevos rostros, tanto de jóvenes como de mujeres. De hecho, en la práctica, sigue prevaleciendo el caudillismo y la hegemonía de figuras históricas vinculadas con formas autoritarias en el ejercicio del poder, en todos los niveles del gobierno.

Bajo este contexto, es muy difícil que la institucionalidad estatal haya podido o pueda aportar soluciones a los principales problemas estructurales del país, tales como la degradación medioambiental, la reproducción de la desigualdad o el racismo, por mencionar algunos de los nodos estructurales que limitan la instauración de un modelo de desarrollo más social e inclusivo. En este sentido, destaca la urgencia de una profunda reforma de la institucionalidad estatal, en todos sus ámbitos.

2.4 Los protagonistas en contienda: actores, sujetos y resistencias

La redefinición del modelo de desarrollo y democracia ha traído también cambios significativos en la configuración del poder. Las distintas élites económicas que tradicionalmente han detentado el poder, y las que han emergido posteriormente –producto de la apertura económica, de la transnacionalización de los capitales y de la incursión del narcotráfico y de otras economías ilícitas– están actualmente confrontadas entre sí por el control del Estado y de los territorios, y continuar reproduciendo los privilegios de los que históricamente han gozado90, como el impago de impuestos. Durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000) el poder empresarial tradicional gobernó de facto. Es a partir de 2011, con el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), que –conforme a Simona Yagenova91– se consolida un proyecto oligárquico militar en alianza con el capital transnacional; el cual empalma la ideología cívico-militar con el discurso del emprendimiento, la competitividad, la seguridad y la paz social.

Las respuestas desde la ciudadanía a estos cambios se han concretado mediante los procesos

90 Ibíd, 5.91 Simona Yagenova, 10 apuntes sobre la coyuntura actual

(Guatemala, 20 julio, 2013), http://pensamientoscontracorrientes.blogspot.com/2013/07/guatemala-10-apuntes-sobre-la-coyuntura.html

de resistencia, la defensa de los territorios y el surgimiento y/o consolidación de diversas formas de organización de los pueblos y de las comunidades contra los proyectos extractivistas92, impuestos por las élites guatemaltecas en alianza con el capital transnacional. A estas resistencias, se ha respondido desde los últimos gobiernos con la indiferencia, la instalación de espacios de diálogos que han resultado ineficaces, aunque la tónica ha sido la militarización de los territorios –con estados de sitio, destacamentos militares y fuerzas de tarea–, la represión de las poblaciones y la judicialización de la dirigencia comunitaria. Esta militarización se agudiza con la conformación de grupos paramilitares locales y regionales, ligados a distintos intereses económicos, legales e ilegales, y con la expansión de estructuras de seguridad privada en las empresas y fincas, que actúan impunemente en contra de la población que se opone a los proyectos extractivos.

La estigmatización, criminalización y judicialización de las luchas sociales, las denuncias penales, el asesinato de líderes sociales y sindicales –algunos de ellos solapados como accidentes o violencia común–, las ejecuciones extrajudiciales, las órdenes de captura contra luchadores sociales y ambientalistas, los presos políticos, los allanamientos, la intimidación, las amenazas de muerte, los desplazamientos forzados y las masacres como la de Totonicapán en octubre de 2012, etc. constituyen una serie de mecanismos judiciales y extrajudiciales que los grupos de poder económico y las empresas nacionales e internacionales, en alianza con funcionarios del gobierno de turno, han implementado, en muchos casos, contra las comunidades y los dirigentes sociales: sindicalistas, campesinos, ambientalistas, defensores de derechos humanos e incluso periodistas de medios independientes, entre otros. Esto ha tenido como resultado que la violencia política se ha exacerbado en el país durante los últimos años.

En este contexto, en el país se ha venido desarrollando durante los últimos años un amplio movimiento comunitario, social y popular diverso, que –aunque todavía disperso y con un

92 Anónimo, Guatemala: el haz.

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proyecto alternativo de desarrollo y democracia en construcción– está cuestionando integralmente y desde sus bases al modelo de desarrollo y democracia vigente actualmente en el país. En este proceso orientado a la construcción de un modelo alternativo, de manera paulatina ha ido adquiriendo relevancia el concepto del buen vivir, como insumo que viene a sumarse a otros valores y propuestas que se promueven en la dirección de abonar a la libertad y a la dignidad de las personas y de los colectivos humanos. Este movimiento está compuesto por actores provenientes de diversas instituciones y organizaciones, así como por pobladores de las comunidades, defensores de los derechos humanos, del territorio y de la naturaleza: organizaciones campesinas e indígenas que luchan por la recuperación de la tierra y el desarrollo rural integral; el movimiento sindical en ingenios azucareros, bananeras, trabajadores de salud, magisterio, de las empresas privadas; el amplio y diverso movimiento de mujeres y feministas que acompañan diversas luchas sociales y con reivindicaciones propias como la lucha contra el patriarcado o la exclusión política; el movimiento de la diversidad sexual; el movimiento estudiantil de secundaria y universitario, entre otras expresiones.

2.5 A manera de síntesis: viejos y nuevos problemas

El balance de esta evolución se refleja en la constancia de un Estado patrimonialista y discriminador, que ha logrado “re-funcionalizarse” a lo largo del tiempo, y que promueve un modelo de desarrollo y democracia falaz, que lejos de abonar a la construcción de una sociedad inclusiva, de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población, ha reproducido la exclusión, fragmentación y desigualdad social. Con la internalización del neoliberalismo y la exacerbación del modelo extractivista –si bien la concentración de la riqueza y las relaciones asimétricas de poder han sido una constante en la historia–, estos rasgos se han acentuado.

La implementación del modelo neoliberal ha sido exitoso en la reducción de la inflación, el déficit fiscal, el tipo de cambio, la venta de los activos

del Estado, la mercantilización de servicios o bienes públicos, la recuperación del crecimiento económico y en los incrementos en la tasa de ganancia empresarial. Sin embargo, estos logros se han alcanzado a costa de la inexistencia de políticas públicas de distribución social de la renta, lo que ha contribuido a profundizar la brecha de las desigualdades sociales. El saldo de la matriz productiva ha sido un crecimiento mediocre, baja productividad, poca capacidad de generar empleos dignos y abundantes, la precarización laboral, una limitada expansión de los mercados internos, y el aumento de la desigualdad, la pobreza, la tasa de explotación del capital, la violencia política y el conflicto social. A esto hay que unirle, por si fuera poco, una degradación totalmente insostenible del entorno natural, de la Naturaleza o Madre Tierra, patrimonio de la humanidad.

Guatemala será uno de los pocos países de la región que tendrá casi nada positivo que reportar respecto a sus avances en materia de desarrollo inclusivo. La mayor parte de sus indicadores sociales se han estancado o han retrocedido de manera alarmante en los últimos años. Tal es el caso de la pobreza, la desnutrición crónica de la niñez y la universalización de la educación primaria, por citar algunos de los retrocesos más significativos que se están experimentando. Resalta también el hecho de que el país pierde cerca de un 30% del valor de su índice de desarrollo humano cuando este se ajusta por desigualdad. A ello se suma que los indicadores relacionados con la sostenibilidad ambiental también revelan intensos procesos de deterioro, tal el caso de la cobertura forestal. El cambio climático producto del calentamiento global ha venido a alterar la natural variabilidad de las condiciones ambientales del entorno natural, y con este se exacerba la vulnerabilidad socioambiental y se expande el nivel de riesgo por inseguridad alimentaria y nutricional a una mayor proporción de la población93.

El rasgo excluyente de la economía guatemalteca no se debe leer única o principalmente desde la profunda desigualdad en la distribución del

93 Véase por ejemplo, los informes nacionales de desarrollo humano; los informes de avance sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otros. INGEP-IARNA-URL, Democracia y desarrollo, 7.

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ingreso sino, esencialmente, en la manera en que pocas personas o grupos económicos concentran y controlan los factores que permiten acceder, apropiarse y acumular en el circuito económico: el capital, otros activos productivos (tierra, agua, recursos del subsuelo), el conocimiento y la información, la tecnología (productiva y de información) y las relaciones con los circuitos económicos regionales y globales. Todos estos factores, esenciales para la acumulación, siguen estando altamente concentrados en pocas manos y constituyen, junto a la mentalidad conservadora dominante, dos poderosos factores estructurales para el subdesarrollo nacional, que obligan a que vastos contingentes de la población en edad de trabajar tengan que buscar sus ingresos y medios de vida en la economía informal, en la emigración internacional y/o en su inserción en las economías ilícitas, terminando en muchos casos siendo víctimas de esta94.

Algunos indicadores

Distribución y uso de la tierra cultivable: La distribución de la tierra es tan desigual que con un coeficiente de Gini de 53.7, Guatemala se ubica como el noveno país más desigual del mundo, solo superado por Islas Comoras, Haití, Angola, Colombia, Sudáfrica, Honduras, Bolivia y Brasil95:

El censo agropecuario muestra que, a 2003, el 92% de los pequeños productores poseían apenas el 2% de la tierra cultivable. En tanto, los mayores productores, dedicados comúnmente a la agroindustria de exportación eran solamente 22% de los productores y concentraban el 57% de la tierra cultivable. Esta estructura de tenencia de la tierra se estima que difícilmente puede tener una variación significativa en la actualidad. En tanto, se sigue observando un crecimiento de la tierra cultivable96.

Un reducido número de los productores (1.86%) ocupa el 56.6% de la superficie de la tierra

94 INGEP-IARNA-URL, Democracia y desarrollo, 13.95 Fernando Valdez, Orden institucional.96 INE, Censo agropecuario 2003 (Guatemala: 2003), citado por Red

centroamericana, V Informe, 30.

cultivada. Existen 47 fincas de más de 3700 hectáreas, pero el 90% de productores sobrevive en un promedio de una hectárea. Los productores no indígenas acaparan las mayores extensiones de tierra. Sus fincas son en promedio cinco veces más grandes que las de los productores indígenas. En consecuencia, aunque los productores no indígenas controlan apenas el 34.6% de las fincas, poseen el 73% de la superficie total de fincas del país. Los propietarios no indígenas producen el 85.8% de los cultivos permanentes y abarcan el 93.4% de los pastos. La concentración de la tierra se mantuvo sumamente alta entre 1979 y 200397.

La superficie destinada a la producción de los principales productos de exportación a 2013, según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2013) y el Banguat, era de 1 011 920 hectáreas (incluye café, caña de azúcar, palma africana, caucho natural, cardamomo, banano y melón), mientras que la superficie destinada a la producción de granos básicos (maíz, arroz, frijol y trigo) era de 1 002 690 hectáreas98. Esto incide directamente en la soberanía y seguridad nutricional y alimentaria, como ya se indicó.

Desigualdad / concentración / pobreza: El excedente de explotación de la mano de obra ha aumentado en 3.3 puntos porcentuales, lo cual es igual a la misma proporción en que ha disminuido el salario respecto al total del PIB. El grado de concentración se acentúa cuando se observa –según datos de Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI)– que el sector patronal o los empleadores ha disminuido entre el periodo de 2000 y 2011, mientras que la población asalariada se ha incrementado como proporción de la población económicamente activa. En otros términos, cada año los patronos o empleadores, en términos relativos, son menos y con mayor riqueza, y los trabajadores en relación de dependencia son más y con menor ingreso. Mientras el PIB tiene un incremento acumulado del 45% entre el año 2002 y 2013, los salarios han pasado del 100% al 79% para el mismo periodo99.

97 CNOC Y CONGECOOP, Propuesta de reforma agraria integral (Guatemala: 2004), citado en Fernando Valdez, Orden institucional.

98 Red centroamericana, V Informe, 30.99 Valdez, El gobierno de las élites. Elaboración propia con datos: el

PIB, del Banco de Guatemala; los salarios, de las ENEI años 2002, 2004, 2010 y 2003 del INE.

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Cada punto porcentual de ingreso perdido por los asalariados representa un aumento multiplicado de la ganancia empresarial. Por consiguiente, el modelo de desarrollo impuesto desde los noventa a la fecha ha generado, por un lado, un polo de crecimiento dinámico y de concentración de riqueza; y por otro, el aumento de la pobreza. Según datos del INE, la pobreza aumentó del 51% al 53.2% entre el año 2006 y 2012. Empleando el mismo procedimiento de estimación hecha en 2000 y 2006, la pobreza medida por el consumo y una línea de pobreza de 9030.00 persona/año, la pobreza se estima en 59.2%100.

En términos de población ocupada, para 2013, conforme a datos de la CEPAL101, el 20.2% de la población ocupada se encontraba en situación de indigencia, con mayor incidencia en el área rural (el 32.3% de la población rural ocupada) y el 44.2% de la población ocupada en situación de pobreza (33.2% de la población ocupada en las áreas urbanas y el 56.9% de la población ocupada de las áreas rurales). Esto indica que tener un trabajo o educación no garantiza necesariamente la mejora de las condiciones de vida, por la precariedad laboral ya indicada.

Evolución del costo de la canasta básica: En enero de 2015, el costo de la canasta básica alimentaria en el país era de Q.3,247.20, lo que supone un gasto diario para una familia de cinco miembros de Q.108.00, mientras que el salario mínimo diario para los trabajos de maquila asciende a Q.72.36 y a Q.78.72 para el resto de actividades productivas, incluidas las agrícolas. Esta canasta incluye 26 productos de los más consumidos por la población, lo cual no significa que sean los más nutritivos; a ello se debe agregar que estas estimaciones no contienen el costo de satisfacer otras necesidades básicas de la población como servicios, vestuario, calzado salud, educación o vivienda.

Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) la brecha entre el salario mínimo y el coste de la CBA se mantuvo a la baja, siendo, durante la última década, 2004 el año con menor brecha entre ambas variables. En la administración de Óscar Berger (2004-2008) la diferencia fue de menos a más y terminó por ampliarse junto con el inicio de la crisis financiera mundial de

100 Ibíd. Estimación propia con datos de ENCOVI 2011, del INE.101 CEPAL, Anuario estadístico.

2008. En promedio, durante la crisis hicieron falta Q.13 diarios para cubrir las necesidades alimenticias básicas de una familia de cinco integrantes, pero el periodo de Álvaro Colom (2008-2011) cerró de la misma manera en que empezó. El despunte de la grieta entre lo que cuesta alimentar cada día a una familia y los salarios normados se dio en los últimos tres años del gobierno de Otto Pérez Molina, en los que la diferencia entre el salario mínimo no agrícola y el costo diario de la CBA —por ejemplo— pasó de Q.16.84 en 2012 a Q.26.84 en 2014”102.

Ambiente natural: Las tasas brutas de deforestación no solo son alarmantes, sino también crecientes. En el periodo 2001-2006 se registró una tasa bruta de deforestación de poco más de 100 000 hectáreas, mientras que para el periodo 2006-2010 la tasa bruta de deforestación alcanzó valores de poco más de 132 000 hectáreas anuales, principalmente de bosques naturales, afectando los ya escasos y cada vez más diezmados grandes bloques boscosos ubicados especialmente en la Franja Transversal del Norte y Petén, y alcanzado ya las áreas legalmente protegidas (por lo menos 37% de la deforestación bruta nacional ocurre dentro de estas).

Como sabemos, se deforesta ya sea por el espacio (la tierra) o por los recursos (la madera y la leña) y las presiones directas son variadas incluyendo la narcoactividad –y la ocupación derivada de procesos de migración interna de comunidades rurales, que ven en espacios protegidos la única opción para solventar carencias de todo tipo. Así mismo, son fuentes de deforestación, los incendios, la urbanización, las plagas y enfermedades, la siembra de monocultivos en grandes extensiones (principalmente la palma africana), la ganadería extensiva, la tala ilegal y las respectivas combinaciones de estas causas.

Otras señales de agotamiento, degradación y contaminación que ya son conocidas, pues han sido reportadas en diferentes informes, incluyendo el Perfil Ambiental de Guatemala, tienen que ver con:

• Un enfoque dominantemente extractivo del agua: 20 000 millones de metros cúbicos de

102 Plaza Pública, “¿Y si ganaras el salario mínimo, qué comerías?”, Plaza Pública, 11 marzo, 2015, http://www.plazapublica.com.gt/content/y-si-ganaras-el-salario-minimo-que-comerias

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agua; no hay inversiones para almacenamiento y distribución, y menos para garantizar la recarga hídrica en las cuencas. Por lo menos, la mitad se retornó como aguas negras.

• La erosión sostenida de suelos debido a la carencia de programas nacionales de conservación en actividades agrícolas. La intensidad con la cual se utilizan ha conducido a la sobreutilización de al menos un 15% del territorio nacional con la consecuente erosión de al menos 148 millones de toneladas anuales de suelo, hasta que el material original queda expuesto.

• Una disminución sistemática de las poblaciones silvestres de las zonas marino costeras debido a la falta de observancia del principio de reposición y del principio precautorio. Por ejemplo, menos del 20% de los territorios bajo la administración de la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado (OCRET), posee cobertura boscosa.

• La extracción promedio de casi 40 millones de toneladas anuales de recursos del subsuelo (hidrocarburos, minerales metálicos y no metálicos) bajo modalidades que se convierten en incentivos perversos que favorecen la degradación ambiental, la conflictividad social y el debilitamiento sistemático de los mecanismos de conservación natural y de las instituciones encargadas de su implementación.

• Unos niveles de generación de desechos sólidos que ya alcanzan un promedio anual de 116.5 millones de toneladas en la última década, y que son lanzados al suelo y al agua en su mayoría (solo 1.3% corresponde a los hogares).

• La emisión promedio anual en la última década de 48.3 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (casi el 60% de estas son atribuibles a los hogares, tanto por la combustión de leña, como por la intensidad de uso de combustibles fósiles en el transporte; le siguen las actividades de generación, captación y distribución de energía eléctrica), al tiempo que disminuye nuestra capacidad de fijación, lo que nos convierte en un país emisor neto de gases con efecto invernadero.

En este contexto, la disyuntiva sobre el desarrollo y la democracia se da, en principio, básicamente entre lo que se impone a partir del proyecto neoliberal, desde las corporaciones transnacionales y el sector empresarial organizado, con el beneplácito y el apoyo abierto, independientemente de su orientación política, de los distintos gobiernos de turno; y por otra parte, una visión crítica de algunas expresiones del movimiento social –comunitario, campesino, indígena, ecologista, sindical, estudiantil, de mujeres y de derechos humanos– y el sector académico.

Para el empresariado organizado, el desarrollo gira estrictamente en torno al crecimiento económico que, en un determinado momento, cuando el país logre un crecimiento sostenido del 6.34% anual, se transformará en beneficios para la población por efecto del “derrame”, como consecuencia de haber logrado movilizar la tasa de empleo del 18% al 40% en un margen de diez años, según estimaciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). La palanca principal de este crecimiento económico se asocia a la inversión privada, sea nacional o transnacional, que optimiza las bondades de una economía abierta y bajo la égida de la competitividad. Para tal efecto, sobre todo a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA)103 y al amparo del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), se han suscrito dos agendas nacionales de competitividad: una durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y la otra en la administración de Pérez Molina (2012-2015). En esta última se señalan como ejes de inversión –es decir, de acumulación– los siguientes: i) agroindustria e industria de bebidas y alimentos; ii) textiles y maquila; iii) call centers; iv) industria ligera y manufacturas; v) turismo; vi) industria forestal; vii) energía e hidrocarburos; viii) minería; ix) infraestructura (megaconstrucciones).

103 Guatemala ha suscrito a la fecha 13 tratados de libre comercio y acuerdos preferenciales vigentes, más uno en proceso de aprobación y otros tres en negociación. Además tiene 17 acuerdos bilaterales de inversión y es beneficiario de sistemas preferenciales en Canadá y la Unión Europea. En conjunto, estos acuerdos involucran a más de 40 países o economías con los que Guatemala tiene relación.

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Además, durante el último gobierno se crearon dos agencias para promover y catalizar las inversiones extranjeras: la agencia “Invest in Guatemala” y la agencia de alianzas público-privadas “ANADIE”, que gestionan una cartera de proyectos de alrededor de 1.8 millardos de dólares estadounidenses. Entre los incentivos que se promueven desde “Invest in Guatemala” destacan la flexibilidad laboral a precios competitivos –incluso inferiores al salario mínimo, mediante la creación de “circunscripciones económicas”–, la exoneración de impuestos vía regímenes especiales (zonas francas, clusters y zonas de libre comercio), localización geográfica estratégica (optimizando la cercanía a mercados amplios de consumidores: 325 millones de consumidores en EE.UU. y Canadá; 100 millones en México y 35 millones en Centroamérica); aunado a una significativa afinidad cultural con EE.UU. –para el desarrollo de los call center, con una población de 20 mil jóvenes que son bilingües– y con una diversidad de atributos geográficos y, sobre todo, climáticos que hacen posible el desarrollo de actividades productivas de diversa índole, además de proveer gran cantidad de materias brutas y materias primas. En otras palabras, este modelo de “economía abierta” no es más que un modelo de “economía de enclave”, para la expoliación de los recursos naturales y la explotación de la fuerza de trabajo que viene a “refuncionalizar” el modelo hegemónico de acumulación.

Por su parte, los sucesivos gobiernos no han permanecido ajenos al proyecto neoliberal, en tanto que las distintas dependencias ministeriales y oficinas gubernamentales relacionadas con el amplio abanico de la competitividad –es decir, de los nuevos ejes de acumulación– han sido copadas por intermediarios provenientes del empresariado y de sus distintas manifestaciones, o por operadores políticos a ellos vinculados. Dado lo anterior, no es de extrañar que el Plan Nacional de Desarrollo “Katún 2032”, suscrito durante la administración de Pérez Molina, tenga un enfoque neoliberal que se decanta por la continuidad de un modelo de acumulación de la riqueza, extractivo, concentrador, desigual, racista, oligopólico y ambientalmente insostenible; además de restringir la democracia sustantiva, al reivindicar una forma de democracia que no reconoce el pluralismo jurídico y político. Es más, desde esta

lógica, el papel conferido al Estado ha sido el de criminalizar y judicializar las luchas de resistencia comunitaria y popular, cuando no la represión directa y la restricción de libertades políticas vía los “estados de excepción” o “estados de sitio”, en claro apuntalamiento y apoyo a las lógicas extractivistas. Es precisamente desde esta plataforma que se promueve la iniciativa denominada “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, que se asume tanto como un incentivo para la promoción de inversiones con base en el usufructo de bienes y servicios altamente estratégicos y como un instrumento para la militarización de la región.

A la luz de este contexto, emergen y se sustentan las críticas provenientes de los diversos sectores vinculados al movimiento social (comunitario, campesino, indígena, ecologista, sindical, estudiantil, de mujeres y de derechos humanos), profundamente interesados en detener el avance de las distintas formas de expoliación y explotación de bienes y servicios estratégicos, y de la fuerza laboral.

Dado que permanentemente se configuran y promueven propuestas para optimizar el funcionamiento y la operación del modelo, sobre todo en los niveles parlamentario y constitucional, el movimiento social ha venido demarcando la necesidad de discutir sobre la necesidad de debatir en torno a un “modelo alternativo de desarrollo” basado en la dignidad de las personas, de las comunidades y de los pueblos, quienes tienen derecho a ser informados y consultados, y donde se respete el ambiente. Una manifestación de esta situación se refleja en las consultas comunitarias, donde más de 1.5 millones de guatemaltecos y guatemaltecas han externalizado su rechazo a los proyectos extractivistas que pretenden instalarse en sus territorios.

Este modelo alternativo de desarrollo encuentra una fuente de inspiración en la propuesta que está siendo promovida en los países andinos, basada en el buen vivir, y que incluye proyectos como los de seguridad y soberanía alimentaria, economías campesinas, economía social y solidaria, mercados intercomunitarios, prácticas agroecológicas sostenibles, acumulación horizontal –desde la perspectiva de los cooperativistas‒, entre otros.

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A pesar de su poca articulación como movimiento social con intereses comunes, el amplio y muy heterogéneo movimiento social, que ha venido reconstituyéndose después del largo período del conflicto armado y en medio de las resistencias

frente a la imposición de los proyectos extractivos, pregona un modelo de democracia social y comunitaria, promueve el reconocimiento de un Estado plurinacional y de gobiernos autónomos para los pueblos indígenas.

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Visión y propuestas de las rutas a seguir para la construcción de un modelo de desarrollo y democracia para una sociedad inclusiva

3.Para la Universidad Rafael Landívar, la opción a considerar debe decantarse por la transformación profunda del modelo hegemónico descrito en las páginas anteriores hacia un modelo inclusivo, basado en una eutopía, definida como el lugar bueno donde se puede vivir con dignidad. Es a partir de esta visión que se pueden empezar a dirimir las contradicciones fundamentales que se dan entre la sociedad, el mercado y la naturaleza en el marco del modelo hegemónico neoliberal, en donde el mercado quede subordinado a una lógica superior fundamentada en la defensa de la vida, la dignidad y la libertad, no solo de la enorme pluralidad de expresiones societales que hay en el país, sino también a favor de la biodiversidad y de la conservación, restauración y revitalización de la producción sostenida de los ecosistemas.

A partir del examen realizado al modelo de desarrollo y democracia que se gestiona en Guatemala, realizado por la Universidad Rafael Landívar en su Agenda de Investigación y Proyección104, ya recogida en las páginas precedentes, se propone igualmente un modelo alternativo que es esencialmente decolonizador, contrahegemónico, social, pluralista, humanista, transformador, intercultural y “bueno para vivir”; el cual se asemejaría en algunos de sus rasgos y posibles contenidos al modelo pluralista integrador de la economía social solidaria, que ya está siendo ensayado en algunos países del sur del continente105.

104 En dicho documento se define al modelo con los rasgos ya señalados en este documento, esto es: elitista, autoritario, altamente excluyente, racista, patriarcal, altamente depredador de los medios y fuentes de vida, violento, y reproductor de la desigualdad, la discriminación, la corrupción y la impunidad.

105 Nos referimos específicamente a Bolivia y Ecuador, que establecen el buen vivir (sumak kawsay o suma qamaña) como principio orientador de la organización económica, política y social, el cual es planteado también por los pueblos originarios de Guatemala.

Algunas formulaciones de este modelo alternativo que se encuentran en nuestra agenda son:

i) Un modelo “bueno para vivir” para una sociedad incluyente106. Que privilegie a las mayorías sociales del país y que atienda en especial a los grupos, sectores, clases sociales, pueblos más necesitados y oprimidos por el sistema de dominación imperante; que cuente con leyes y políticas públicas justas que promuevan la inclusión y equidad social.

ii) Humanista. Enfocado en la dignidad y la vida plena de las personas. Basado en la tolerancia, la justicia, la equidad, la satisfacción y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y humanos, individuales y colectivos de las personas y de los grupos humanos, desde las diversas cosmovisiones, abordajes y perspectivas culturales.

iii) Democrático. Esto es: i) Que favorezca la construcción y reconstrucción del tejido social, la constitución de redes sociales y sujetos de transformación, el ejercicio de la democracia y los valores democráticos, como principios y mecanismos esenciales en todos los ámbitos de la vida cotidiana; la acción colectiva, la cultura de paz, el diálogo y el consenso para encontrar respuestas conjuntas a los principales problemas que afrontamos como sociedad, frente al modus vivendi y operandi dominante hoy día, la fragmentación social, la cultura de violencia, la impunidad y la corrupción. ii) Que genere alianzas entre los sectores sociales y populares, y haga contrapeso al poder público

106 Se entiende por inclusión social al proceso que genera “las condiciones materiales, subjetivas –psicológicas, ideológicas, espirituales– y culturales para la reproducción social ampliada –reproducción y desarrollo– de los miembros de una sociedad. VRIP-URL, Hacia una sociedad incluyente. Agenda de Investigación y Proyección (2015-2020) (Guatemala: VRIP-URL, 2015).

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y los poderes fácticos que distorsionan y corrompen la política y lo político en el país. iii) Que contemple el derecho a la resistencia, entendido como el derecho a cuestionar y luchar contra las estructuras de opresión y dominación, especialmente de carácter racista, desigual y patriarcales que reproducen la desigualdad social, cultural, económica, política, el despojo, el racismo y la discriminación, y las distintas expresiones de violencia (estructural, delincuencial, criminal organizada, de género, racial, estatal, paraestatal).

iv) De economía social solidaria. Basado en la equidad y solidaridad, que revaloriza lo político sobre lo económico, en el que la economía se subordina a la sociedad. Que promueva un consumo satisfactorio y armónico con el planeta contrapuesto a la actual civilización de riqueza concentrada.

v) Social y ambientalmente sostenible. Enfocado a atender los principales problemas de la sociedad y sus riesgos: ambientales, crisis alimentarias, enfermedades, pauperización, desempleo, expulsiones de la población y mercatilización de toda la vida humana, etc.. Que promueva el aprovechamiento equitativo y racional de los bienes materiales cruciales para la reproducción ampliada de la vida.

Es desde esta imagen objetivo que la Universidad Rafael Landívar propone la “eu-topía”, entendida esta como un lugar bueno para vivir, un lugar saludable para la coexistencia armónica de la humanidad y la Madre Tierra.

3.1 Algunos elementos para el debate

La construcción de un modelo alternativo de democracia y desarrollo –no definido, acabado, prefijado, determinado de antemano en su totalidad–, forjado en alianza con las fuerzas sociales que buscan una transformación de esta sociedad, requerirá entonces de cambios profundos en el sistema social, político, económico y natural predominante en el país. Entre otras rutas y propuestas a debatir, contenidas la mayoría de ellas en nuestra Agenda de Investigación y Proyección, se proponen las siguientes:

Dimensión social

Fortalecer una ciudadanía activa, crítica e intercultural, que se movilice para atender de forma prioritaria y de urgencia nacional mediante distintos mecanismos democráticos, entre ellos: la presión social en contra de acciones, iniciativas, leyes, políticas públicas o sentencias que reproduzcan la corrupción y la impunidad, o que manifiestamente reproduzcan o profundicen las estructuras de discriminación, racismo, exclusión y desigualdad. En las actuales condiciones, se trata de recuperar lo político en la sociedad como posibilidad de cambio, para contrarrestar las carencias de la política de los partidos políticos y del Estado en sus intervenciones en el orden social.

En la actual coyuntura, en línea con las Obras de la Compañía de Jesús en Guatemala, nuestra labor debe estar orientada a sumarnos al clamor popular, “superar el miedo paralizante y a denunciar la mentira, la corrupción y la impunidad, para reconstruir una sociedad guatemalteca desde la Fraternidad y la Paz que brotan de la Verdad y la Justicia”107. Animar a continuar con la protesta ciudadana y pasar a la discusión de propuestas para transformar el actual modelo de exclusión, pues esta es una coyuntura para dar pasos significativos en la construcción de una Guatemala justa, digna y solidaria, en pleno respeto de las personas, las comunidades y los pueblos, así como de la naturaleza.

Por ello, se identifica como de importancia estratégica de esta dimensión:

i) Al sistema nacional de educación, el que deberá ser revisado en sus fines, contenidos, modalidades, su universalidad y particularidades regionales. Debería contemplar además el plurilingüismo, la interculturalidad y las diversas epistemologías de saberes y los conocimientos ancestrales.

ii) Los medios de comunicación masiva, los cuales tienen una relevancia crucial, en cuanto a que contribuyen a generar hegemonía y contrahegemonía. Se debe garantizar la libertad

107 Comunicado de las Obras de la Compañía de Jesús en Guatemala, 20 de mayo de 2015.

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de prensa y de expresión, expandir los medios masivos públicos y el acceso de la población a las nuevas tecnologías de comunicación e información (TIC). De igual manera, es necesario revisar la Ley de Telecomunicaciones para romper con los monopolios de la telefonía, la radio, la televisión y otros medios cuya propiedad tengan carácter monopólico, y favorecer o proteger los derechos de las radios comunitarias, ampliando la oferta de frecuencias para estos fines. Es importante asimismo abordar la función pública, social y educativa que dichos medios deben tener.

iii) El sistema judicial debe ser depurado y revisado, en especial debe considerarse la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Dimensión política-institucional

En esta dimensión le damos relevancia a la identificación, el fortalecimiento y la promoción de alianzas entre sujetos estratégicos del cambio social, de sus elementos claves (ideológicos, sociales, culturales) para generar plataformas de cambio institucional y estructural. Ello, con el fin de desmontar la institucionalidad –legal, instituciones, técnicas, entidades, etc.– que reproduce el carácter actual del Estado, y se empiece a construir una nueva institucionalidad, formal e informal, más democrática, plural e incluyente.

Para el efecto será necesario darle contenidos específicos, a través de iniciativas y propuestas concretas, a un nuevo proyecto político de Estado. Este debe ser inclusivo, democrático y plurinacional; a la vez que alternativo y contrahegemónico, el cual, construido desde las bases amplias de la sociedad, nos lleve a un nuevo pacto social para la refundación del Estado de Guatemala.

En la coyuntura actual, en términos de las Obras de la Compañía de Jesús de Guatemala:

i) El momento obliga a definir una agenda común, que articule la mayor parte de las demandas. Pero que persiga concretar acciones, preservar y consolidar la participación ciudadana y provocar

a las estructuras del poder para que respondan a los propósitos de la democracia, especialmente, potenciar la dignidad de la persona humana: “Exigir Justicia es promover la Paz”108.

ii) El reto principal está en lograr avances en la concreción de las demandas. Está visto que no es suficiente con las renuncias de funcionarios. Se requiere que el sistema de justicia dé la talla y aplique todo el peso de la ley a los responsables de los desmanes en el manejo de los recursos estatales. Las investigaciones del Ministerio Público con el apoyo de la CICIG deben continuar e incrementarse para sentar precedentes. Tal como han indicado los obispos guatemaltecos: los recursos estatales mal habidos deben retornar a las arcas para su utilización en beneficio social: “[…] deben restituir lo que les han quitado a los pobres”109.

La interacción entre lo político-institucional y lo social

Bajo un escenario posible, la interacción entre las dos dimensiones anteriormente anotadas debe ir generando un nuevo sujeto colectivo, un movimiento ciudadano o social interclasista, diverso, plural; pero con identidad común, que a través de objetivos y alianzas estratégicas promueva la transformación de las estructuras históricas, y afronte los nuevos desafíos del desarrollo y la democracia en el país. Desde nuestra perspectiva, este sujeto colectivo para la transformación social surge de la alianza entre los pueblos y los actores del cambio, y sus fuerzas organizativas, que son las mayorías sociales subalternas del país que presentan distintas opresiones: ideológica, de clase, política, económica, nacional, racial, de género o patriarcal. Incluye a actores, sectores y pueblos que hoy están fragmentados, tales como: comunidades con sus estructuras particulares, pueblos indígenas y ladinos o mestizos, movimientos y organizaciones sociales, organizaciones diversas de la sociedad civil, organizaciones económicas con responsabilidad social, iglesias con enfoque

108 Conferencia Episcopal de Guatemala, comunicado de las Obras de la Compañía de Jesús en Guatemala del 20 de mayo de 2015.

109 Ibíd.

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social, medios de comunicación alternativos, universidades, obreros, campesinos, sectores informales, clases medias urbanas, pequeños empresarios, cooperativistas, personas a título personal, etcétera.

Las alianzas y el cambio de la correlación de fuerzas, a partir de la identificación y el reconocimiento de sus diferencias y de los puntos neurálgicos que los unen, posibilitaría instaurar un proceso político y legislativo permanente de constitucionalismo transformador, orientado a reformar integralmente la Constitución Política del país o –en su caso– elaborar una nueva constitución. Desde las Obras de la Compañía de Jesús, en la coyuntura 2015, se plantea que:

No podemos ni debemos pasar a la coyuntura electoral sin que nada haya cambiado. Solo deberíamos entrar en esa coyuntura electoral cuando algo haya cambiado para no caer en las mismas dinámicas erróneas y corruptas. Necesitamos mantener la coyuntura de participación ciudadana y promover cambios profundos en las leyes, en la ley electoral y de partidos políticos especialmente en su financiamiento110.

Algunos de los asuntos neurálgicos que consideramos cruciales para el debate y elaboración de propuestas son los siguientes:

i) Reformas:

• Ley electoral y de partidos políticos.• Ley de servicio civil. • Ley del organismo legislativo.• Ley de contrataciones del Estado. • Ley de comisiones de postulación. • Ley de seguridad ciudadana.• Ley de extinción de dominio.

ii) Por su nivel de profundidad estructural, debe ponerse en la mesa de discusión:

• El carácter plurinacional del Estado guatemalteco, y las posibilidades y concreciones específicas de los derechos de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, que hagan efectivos

110 Ibíd.

los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Carácter este, que como sabemos, está siendo reivindicando cada vez más por las organizaciones y los pueblos indígenas del país, en las luchas por la identidad, la tierra, el territorio, contra el despojo; que son luchas también de las comunidades y pueblos mestizos, xincas y garífunas.

• El pluralismo político y jurídico, su diferenciación y articulación en distintos ámbitos institucionales, espaciales o territoriales, sus interconexiones, las instituciones a crear o reformar, el derecho consuetudinario, la democracia intercultural, participativa, colectiva, comunitaria, y los mecanismos para hacerlas efectiva. A ello se suma el tema de la consulta libre, previa e informada, y el reconocimiento del sistema de justicia indígena.

• La ampliación de los derechos fundamentales, individuales y colectivos, especialmente los derechos humanos de distintas generaciones, donde se incluyen los derechos de los pueblos indígenas originarios, de los pueblos afrodescendientes, los derechos de las mujeres y los de la naturaleza, así como otros tales como al agua, la Madre Tierra y el territorio, la seguridad alimentaria y los saberes tradicionales o ancestrales.

• La forma política administrativa que debe adoptar el país, lo que significa, entre otros aspectos, continuar el debate y la elaboración de propuestas sobre asuntos tales como: la regionalización, la descentralización, la autonomía, el carácter del Estado (unitario, federal), las competencias del Estado o de la administración central y las de los territorios, la articulación entre los poderes territoriales o autónomos y el poder central y sus principios –entre ellos el de subsidiaridad–, las políticas o instituciones de gestión pública y planificación participativa e intercultural a crear o modificar.

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Dimensión económica

Partiendo del concepto de economía social solidaria, esto es, de una economía que debe estar al servicio de la sociedad, y de que lo político y la justicia redistributiva debe primar en la orientación de la gestión estatal, en primer término habría que evaluar las causas y los efectos de los desbalances actuales entre el Estado y el mercado, entre lo público, lo comunitario y lo privado, entre el capital y el trabajo. Lo que está claro es que se deben impulsar las políticas y sistemas que promuevan la equidad y la dignidad de las personas y de los grupos sociales, por lo que hay que modificar o revisar entre otros:

• El sistema educativo.

• El sistema de salud pública y la seguridad social.

• El sistema actual de financiamiento del presupuesto y el endeudamiento público.

• El sistema tributario o fiscal (reforma fiscal, fortalecimiento de la capacidad recaudatoria de la SAT, Contraloría General de Cuentas).

• El sistema de inversiones privadas y de generación de empleo, con salarios justos y dignos. A partir de ello, las iniciativas de propuestas de leyes sobre el salario diferenciado y sobre la inversión y el empleo deben ser derogadas.

Para el desarrollo económico local, es necesario facilitar el acceso a los recursos productivos y al crédito a campesinos, pequeños y medianos productores agrícolas y artesanales, mujeres, pequeños empresarios y comerciantes, de tal forma que se potencien también las actividades de emprendimiento. Del mismo modo, es necesario:

• Recuperar la acción social y solidaria del empresariado a nivel local y regional, y el reconocimiento del potencial del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), evitando políticas públicas

que restrinjan el desarrollo de estas formas de economías caracterizadas por no ser monopólicas y oligopólicas.

• Revitalizar las economías campesinas, en donde no sean los bienes superfluos lo que se produzca, sino aquellos que satisfagan las necesidades de una vida digna para toda la ciudadanía.

• Potenciar el asociativismo y cooperativismo, como formas más horizontales y solidarias de reproducción social.

Otros asuntos que hay que revisar o impulsar son:

• El régimen de propiedad en sus distintas modalidades.

• El potencial del desarrollo rural integral (Ley de Desarrollo Rural Integral).

• La modernización y revalorización de la economía campesina.

• Los servicios básicos y de las empresas públicas, los que deben desprivatizarse y ser controlados por el Estado bajo un modelo de economía social solidaria.

Un tema pendiente de la agenda de desarrollo es el de la reforma agraria, que debe privilegiar la propiedad colectiva de la tierra en las comunidades y la limitación de la extensión de la tierra en propiedad privada.

Dimensión natural

En la dimensión natural del modelo, el planteamiento que realizamos es correctivo a los desequilibrios que se generan a partir de los impactos derivados de las actividades económicas y las demandas de los hogares; problemas que se exacerban por la ausencia o insuficiencia institucional y, quizá, por el bajo nivel de empoderamiento social.

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Para dar sostenibilidad al modelo de desarrollo planteado, es necesario, en primer término, replantear relaciones socio-naturales, revitalizar los ecosistemas sustentadores de vida del país y de Mesoamérica para asegurar su robustez, y con ello la capacidad de proveer sostenidamente los bienes y servicios que demandan cotidianamente las personas en el marco de sus necesidades materiales y espirituales. Este planteamiento visualiza a la naturaleza como un bien público insustituible y cada vez más escaso, consecuentemente su gestión es un desafío esencialmente colectivo. Los bienes públicos se contraponen totalmente a los bienes privados, pues no se pueden adquirir en el mercado. Reforzamos y hacemos propios los postulados funcionales y ético-normativos de la “biología de la conservación”. Dentro de los primeros, es relevante recordar aquí que las especies son interdependientes y que los procesos ecológicos esenciales para la vida fallan cuando los sistemas que los soportan son demasiado pequeños o fragmentados. Los postulados ético-normativos son cuatro, sencillos y contundentes. Plantean que la diversidad de organismos es buena, la complejidad ecológica es buena, la evolución es buena y diversidad biológica tiene un valor intrínseco, independientemente de su valor utilitario.

Dentro de esta dimensión, se identifican y priorizan los siguientes elementos:

• La suscripción de pacto ambiental nacional que priorice la vida.

• El diseño y puesta en marcha de una política pública con instrumentos territorialmente diferenciados que prioricen la dotación de

bienes estratégicos como el agua, la vitalidad de los ecosistemas y la energía.

• El rediseño de la institucionalidad pública que regule eficientemente la relaciones ambiente-economía.

• La gestión de la vulnerabilidad sistémica y del riesgo frente a desastres, sobre todo aquellos ligados al cambio y la variabilidad climática.

• Adicionalmente es preciso tomar acciones inmediatas para:

• Dar seguimiento a las recomendaciones planteadas en el seno del seminario 2013, relacionadas con la moratoria de las actividades extractivas en el país, no solo por sus impactos ambientales sino porque inducen la fragmentación social y la conflictividad.

• Garantizar el agua como bien público de beneficio común.

• Frenar la ilegalidad forestal y la deforestación masiva y continua.

• Garantizar la soberanía alimentaria a partir de la revitalización de los suelos.

• La transformación del Estado debe considerar las nuevas condiciones que impone el cambio climático en todos los ámbitos de la vida.

La Universidad Rafael Landívar se compromete a impulsar este modelo atendiendo a su naturaleza institucional y en torno a sus tareas sustantivas: la formación, la investigación y la incidencia.

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Alvarado, Amílcar y Marco A. Nájera. El impacto social del ajuste estructural en el sector agropecuario de Guatemala. Guatemala: CIDECA, 1999.

Anónimo. Guatemala: El haz y el envés de la impunidad y el miedo. Las estrategias militar-empresarial-gubernamental contra la justicia y la resistencia. Guatemala, 2014.

BCIE. Guatemala. Inventario de las cooperativas productivas. Guatemala: BCIE, 2009.

Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. México: Fondo de Cultura Económica, 2012. www.enciclopediadelapolitica.org

Bustamante, Luis y Daniel Córdova. Presentación a Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina, por Pedro Pablo Kuczynski y John Williamson, eds. Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2003.

Cabieses, Hugo. “Extractivismo formal; informal y delictivo: Impactos sobre los derechos de los ciudadanos y los pueblos indígenas”. Ponencia presentada en el Seminario “Los desafíos del desarrollo en Guatemala”, Guatemala, 28 y 29 mayo, 2013.

Casaús, Marta. La metamorfosis del racismo en Guatemala. Guatemala: Editorial Cholsamaj, 1998.

Casilda, Ramón. “América Latina y el consenso de Washington”. Boletín Económico del ICE, No. 2801 (2004): 19-38.

Centro de Estudios de Guatemala (CEH). Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno. Tomo 1 de Guatemala, memoria del silencio. Guatemala: F&G Editores, 1999.

Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). Guatemala, entre el dolor y la esperanza, València: Diputació Provincial de València, CEDSALA, Universitat de València, 1995.

CNOC y CONGECOOP. Propuesta de reforma agraria integral. Guatemala: CNOC y CONGECOOP, 2004.

Colussi, Marcelo. Despenalización de las drogas. Realidades y perspectivas en Guatemala. Guatemala: IPNUSAC, 2013.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2014. Santiago de Chile: CEPAL, 2014.

Bibliografía

51


Confluencia Nuevo B’aqtun. El utziläj K’aslemal. El Raxnaquil K’aslemal. “El buen vivir” de los Pueblos de Guatemala. Guatemala: Confluencia Nuevo B’aqtun, 2014.

Cumes, Aura. Prólogo a El Utziläj Káslemal. El Raxnaquil Káslemal. El Buen Vivir, por Confluencia Nuevo Báqtun, 7-10. Guatemala: Confluencia Nuevo Báqtun, 2014.

Durini, Edgar. Desarrollo capitalista y subdesarrollo periférico. Guatemala: USAC, 2006.

Ezcurra, Ana María. “¿Qué es el neoliberalismo?”. En En la encrucijada del neoliberalismo, coordinado por José Ramón García Menéndez, 195-296. Madrid: IEPALA, 2000.

Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños, 2013.

Harvey, David. El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: CLACSO, 2004.

IARNA-URL. Perfil ambiental de Guatemala 2010-2012. Vulnerabilidad local y creciente construcción de riesgo. Guatemala: IARNA-URL, 2012.

ICEFI. Buenas prácticas internacionales de transparencia fiscal en industrias extractivas. Aplicaciones para Guatemala. Guatemala: ICEFI, 2015.

INE. IV Censo nacional agropecuario. Guatemala: INE, 2003.

INGEP-IARNA-URL. Democracia y desarrollo: los desafíos pendientes. Manuscrito no publicado. Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2015.

______. “Seminario Permanente Los desafíos del desarrollo en Guatemala. Síntesis del Segundo Encuentro 2015”. Elperiódico, 23 agosto, 2015, inserto.

______. “Seminario Los desafíos del desarrollo en Guatemala. Síntesis de resultados”. Elperiódico, 30 junio, 2013, inserto.

Jonas, Susanne. De centauros y palomas: el proceso de paz guatemalteco. Guatemala: FLACSO, 2000.

Kuczynski, Pedro Pablo y John Williamson, eds. Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina. Perú (Lima): Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2003.

Lang, Miriam y Dunia Mokrani, comps. Más allá del desarrollo. México: Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo, Ediciones Abya Yala, 2012.

52


López, Bernado y Alberto Mora. Visión panorámica del sector cooperativo en Guatemala. Un mecanismo de promoción del desarrollo y lucha contra la pobreza. Guatemala: OIT, 2012.

Luxemburgo, Rosa. La acumulación de capital, Barcelona: Grijalbo, 1978.

McCleary, Rachel M. Imponiendo la democracia: Las élites guatemaltecas y el fin del conflicto armado. Guatemala: Artemis Edinter, 1999.

Martínez, Rubí y Ernesto Reyes. “El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina”. Política y Cultura, núm. 37 (2012): 35-64.

Mendizábal, Sergio. El encantamiento de la realidad. Conocimientos mayas en prácticas sociales de la vida cotidiana. Guatemala: DIGEBI, ILE-URL, 2007.

Muñoz, Lily. “¿Ubi sumus?”. La Cuerda, año XVI, núm. 175 (2015): 2.

Murga, María Ángeles. Desarrollo local y agenda 21. Madrid/España: Pearson Education, S.A., 2006.

OACNUDH. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala. Guatemala: ACNUDH, 2014.

Palencia, Mayra. Élites y lógicas de acumulación en la modernización económica guatemalteca. Guatemala: INGEP-URL, 2013. https://www.american.edu/clals/upload/Palencia_Elites_Ejes_Acumulaci%C3%B3n_Guate.pdf

Pérez Sáinz, Juan Pablo. “América Latina: la desigualdad que no cesa”. El País. Consultado 23 de marzo, 2015. http://elpais.com/elpais/planeta_futuro.html

PNUD. Informe regional de desarrollo humano: Actuar sobre el futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Costa Rica: Editorama S.A., 2010.

_____. Guatemala: ¿una economía al servicio del desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007/2008. Guatemala: PNUD, 2008.

_____. Diversidad étnico-cultural: la ciudadanía en un Estado Plural. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. Guatemala: PNUD, 2005.

_____. Informe mundial de desarrollo humano: Derechos humanos y desarrollo humano. Madrid/España: Ediciones Mundiprensa, 2002.

_____. Guatemala: el rostro rural del desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 1999. Guatemala: PNUD, 1999.

53


Poitevin, René. “Los problemas de la democracia”. En Los problemas de la democracia por Gabriel Aguilera Peralta, Jorge Solares, René Poitevin y Braulia Thillet de Solórzano, 11-45. Guatemala: FLACSO-Guatemala, 1992.

Ramírez Gallegos, René. “Socialismo del sumak kaway o biosocialismo republicano”. En Los nuevos retos de América Latina: socialismo y sumak kawsay, editado por Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 55-76. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2010.

Red centroamericana de monitoreo de impactos de los TLC en Centroamérica. V Informe centroamericano de impactos de los Tratados de Libre Comercio en Centroamérica. Guatemala: Serviprensa, 2014.

Red regional de El Salvador, Guatemala y Honduras. Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, septiembre, 2014. http://www.encuentroplanalianza.com/pdf/PlanTrianguloNorte.pdf

Reyes Illescas, Miguel Ángel. Patrimonialismo y participación. Del control del Estado a la lucha de los Pueblos. Guatemala 1970-1998. FLACSO-Guatemala, 1998.

Roitman, Marcos. La democracia de la razón. Panamá: ACUN, 1996.

Schejtman, Alexander y Julio A. Berdegué. Desarrollo territorial rural. Chile: RIMISP, 2004.

Secretaría de Asuntos Agrarios –SAA–. Informe de Monitoreo de política y conflictividad agraria de Guatemala, mes de enero 2015. Guatemala: Gobierno de la República, 2015.

Tussie, Diana. América Latina en el sistema mundial de comercio. Buenos Aires: FLACSO, 2012.

Urízar, Carmen. Competencia y regulación en las telecomunicaciones: el caso de Guatemala. Serie Estudios y Perspectivas. México: Cepal, 2007.

Valdez, Fernando. El gobierno de las élites globales. Cómo se organiza el consentimiento. La experiencia del Triángulo Norte. Guatemala: Cara Parens, 2015.

______. Breve caracterización del modelo y de las élites económicas en Guatemala. Manuscrito no publicado. Guatemala: PNUD, 2015.

______. Orden institucional, actores e incentivos: condicionantes del desarrollo y la democracia. Subsistema institucional. Manuscrito no publicado. Guatemala: URL, 2014.

VRIP-URL. Hacia una sociedad incluyente. Agenda de investigación y proyección 2015-2020. Guatemala: VRIP-URL, 2015.

Yagenova, Simona. 10 apuntes sobre la coyuntura electora actual. Guatemala: ALAI, 2013. http://www.alainet.org/es/active/65855

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Conclusiones del Seminario permanente Los Desafíos del desarrollo en GuatemalaPrimer Encuentro 2015

i) Guatemala presenta un modelo de desarrollo concentrador de la riqueza, de raíz estructural, altamente excluyente, que reproduce la desigualdad y fomenta la degradación medioambiental, lo cual se evidencia en los altos niveles de pobreza y desnutrición, la acelerada pérdida de la masa forestal del país, y en la perduración de la alta concentración de la tierra, medida por el coeficiente de Gini, por mencionar algunos indicadores.

ii) Los recientes giros del modelo no se están dando para un mayor bienestar social y sostenibilidad ambiental. Los nuevos ejes de acumulación del capital –basados en el extractivismo minero, agrícola y forestal; la producción agroindustrial para combustibles y los megaproyectos–están impulsando políticas y acciones favorables al capital transnacional, facilidades para el acceso a los territorios del país, exenciones fiscales y flexibilidad para la explotación laboral.

iii) Entre las graves consecuencias de este modelo de desarrollo y de su continuidad, se encuentran: una alta conflictividad social, la expulsión de grandes contingentes de población de sus territorios a través de la migración forzada al extranjero y a las ciudades, la ausencia de alternativas y oportunidades laborales, el debilitamiento institucional y una alta degradación del medio natural.

iv) El Estado guatemalteco no prioriza un modelo de desarrollo diferente que promueva la justicia social y la reducción de la desigualdad y la pobreza, evidente en los indicadores sociales. Existe una alianza de los gobiernos con los poderes económicos, que promueve y facilita el modelo de acumulación del sector empresarial y del capital transnacional.

v) Existe una alta coincidencia entre la agenda de desarrollo gubernamental y empresarial, lo que se manifiesta en la coincidencia de los principales motores del desarrollo para el país, viabilizados en pactos y políticas públicas, así como en la influencia de las cámaras empresariales sobre la institucionalidad estatal. Se evidencia una gran debilidad de las instituciones y la falta de capacidad e independencia para garantizar el cumplimiento de las normas que tímidamente tratan de regular el desarrollo de las actividades económicas.

vi) Un aspecto altamente controversial es el de la extracción minera, por lo que se plantea la necesidad de una moratoria a las actividades extractivas, especialmente a la minería y aquellos megaproyectos basados en el uso de recursos estratégicos nacionales que, no solo no soportan un análisis de costo-beneficio favorable netamente para la sociedad guatemalteca, sino que activan la violencia y la fragmentación social, y alteran negativamente la gobernabilidad democrática.

Anexo 1

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vii) Frente al modelo de desarrollo concentrador de la riqueza y la propuesta empresarial-gubernamental, centrada en el crecimiento y en la teoría del derrame –teoría altamente conocida en la región por sus fracasos–, desde las distintas expresiones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y el sector cooperativo, y algunas entidades académicas, se dibuja un modelo de desarrollo alternativo, más humanista.

viii) El modelo alternativo se centra más en la acumulación horizontal y distribución de la riqueza, que en el crecimiento y la acumulación vertical; promueve la asociación cooperativa en el trabajo y en la comercialización de bienes y servicios más que la explotación del trabajo –con bajos salarios y total flexibilización laboral–; aboga por un uso racional y sostenido de los recursos naturales más que por la explotación intensiva y descontrolada de los mismos; se orienta más a generar bienestar de la población que a producir para el mercado internacional o externo; se centra más en la inversión en salud, educación y tecnificación que en la preeminencia de la inversión privada y el crecimiento sin reparto, como motor de desarrollo.

ix) Desde el enfoque alternativo –sin agotar el listado– deben existir cuatro ejes prioritarios para el desarrollo del país: 1) modernización agraria a fondo y seguridad alimentaria y nutricional; 2) sostenibilidad de los recursos naturales; 3) preeminencia del ser humano y de los sistemas de vida; y 4) justicia social.

x) Lo que queda claro del debate es la necesidad de pensar en alternativas relacionadas al desarrollo rural, la moratoria minera, la reforma de leyes como la de minería, la reforma fiscal, el fortalecimiento del papel rector y público del Estado y las instituciones, que enrumben hacia un nuevo modelo de desarrollo. Puede afirmarse que, no obstante lo que está en debate, es necesario pensar en otro desarrollo y en otro sistema político que lo geste, poniendo como centro gravitatorio el ser humano y el interés común.

xi) Cabe mencionar, por último, que aunque los énfasis son diferentes y el modelo de Estado que se plantea difiere, la mayoría de los sectores tienen una coincidencia en que la mejora de los factores productivos, la sostenibilidad ambiental y la estabilidad social y política, mediante la mejora de los indicadores de desarrollo humano, implican no solamente crecimiento económico, sino también una institucionalidad democrática, con instituciones sólidas que promuevan, entre otros elementos, la estabilización macroeconómica, la regulación de los mercados de bienes y factores, la protección social del riesgo, el diálogo social, la seguridad y certeza jurídica, la conservación del medio natural, el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el desarrollo que quieren en sus territorios, entre otros aspectos y asuntos de la agenda política y de desarrollo.

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Conclusiones del Seminario permanente “Los Desafíos del desarrollo y la democracia en Guatemala”Segundo Encuentro 2015Debates y propuestas para un modelo de sociedad inclusiva

En el marco del Segundo Encuentro del Seminario Permanente sobre los Desafíos del Desarrollo y la Democracia en Guatemala, se ha revelado la existencia de dos visiones o paradigmas predominantes de “desarrollo” y “democracia” (o régimen político, para ser más amplios), ambas indistintamente con influencias globales y en tensión. El primer paradigma tiene su eje central en un modelo económico basado en la extracción de los recursos naturales y la explotación de la fuerza de trabajo, así como un régimen político basado en el Estado republicano, la división de poderes y la democracia liberal representativa, con una ciudadanía restringida. Este paradigma, que es a su vez el paradigma occidental, se presenta como “hegemónico” o dominante y ha sido el proyecto de las élites criollas desde la independencia, en tanto han tenido el control de los espacios jurídicos, político-institucionales, socioculturales y económicos productivos, así como la propiedad y explotación de una buena parte de los recursos estratégicos de tipo ambiental.

Este paradigma puede derivar en formas diversas de organización del sistema político-institucional, pero en el fondo no cuestiona el modelo de acumulación, el cual fue reivindicado como expresión de “desarrollo”. En este esquema, se sostiene que el “desarrollo” está basado en la realización insaciable de crecimiento económico que, en el caso guatemalteco, ha sido en detrimento del bienestar social, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia, eficacia y efectividad institucional; lo cual es la causa de las actuales brechas de desigualdad e inequidad entre los diversos segmentos de la sociedad, de la degradación ambiental y de la corrupción sistémica.

Quienes parten de esta visión de “desarrollo” y “democracia” presentaron divergencias internas, cuyo núcleo de tensión está en la concepción sobre el papel que debe desempeñar el Estado para garantizar la supervivencia del orden establecido. Por una parte, fue planteada una visión más enfocada en una “libertad plena del mercado”, que permita -se afirmó- una búsqueda permanente del crecimiento económico, aunque ello se haga a la luz de exenciones, prebendas y privilegios de toda índole. Surgió asimismo, una visión que plantea la búsqueda de una relación más equilibrada en términos de la regulación de las actividades económicas, que ponen el peso en la “institucionalidad necesaria” para distribuir la riqueza de manera más equitativa, como contribución al bienestar social y a la conservación del patrimonio natural.

El segundo paradigma es el crítico, que se nutre de diversas corrientes intelectuales, tales como el pensamiento crítico, el marxismo crítico, el comunitarismo, el poscolonialismo, así como el deconstruccionismo y el feminismo; y se reivindica como contrahegemónico desde manifestaciones diversas pero concretas, que expresan la diversidad social, étnica, cultural y

Anexo 2

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política de la sociedad guatemalteca. Desde este paradigma, se plantea una visión de “desarrollo” desde los pueblos, en armonía con la naturaleza y cuyo sentido sea el bien común o el “buen vivir”, donde lo económico esté subordinado a lo comunitario y a lo social. Se reconoce la diversidad política y jurídica de las comunidades y de los pueblos, y se llama a un régimen político acorde a tal diversidad mediante el reclamo de un Estado plurinacional.

Esta visión fue planteada por actores que reconocen la cosmovisión y la existencia de formas de relación, organización y de autoridad de los pueblos originarios –que es producto de la interacción de más de diez siglos de estas sociedades con la naturaleza–, y que desde 1524 resisten en forma sincrética bajo formas muy diversas de adaptación y resiliencia a los cambios que la institucionalidad política y económica de carácter extractivista les ha impuesto. Esta visión es planteada por intelectuales, académicos y activistas que rescatan y reposicionan políticamente la sabiduría cosmogónica de los pueblos, la cuenta del calendario maya y las prácticas agroecológicas en su relación armónica con el entorno natural y el cosmos.

Es una visión que problematiza la realidad a partir de considerar la situación en que se encuentra la mayoría indígena y campesina del país como resultado del modelo de desarrollo y democracia vigente. Es decir, si bien la producción y reproducción campesina e indígena puede apuntar a un horizonte civilizatorio diferente respondiendo a una articulación armónica con el ambiente, encuentra constantemente obstáculos y factores que impiden su plenitud de posibilidades en el modelo hegemónico occidental, tales como: i) la idolatría hacia la propiedad privada y el no reconocimiento de formas colectivas de usufructo de espacios, bienes y servicios, donde su manifestación histórica más concreta es la tenencia de la tierra; ii) la prevalencia del mercado sobre lo público y sobre lo social, en donde todo tiene precio y es sujeto de transacción, y no permite relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad fundamentadas en el valor de uso y bienestar colectivo; y iii) el ethos prevaleciente que reproduce el racismo, la fragmentación social y la violencia contra todas estas expresiones culturales y materiales de reproducción de la vida, que resultan siendo contrahegemónicas, dadas las particularidades históricas del sistema. Ambas visiones o paradigmas –tal y como se presentan–, además de estar en tensión, parecen

irreconciliables y no tener puntos de encuentro. Una idea central que surgió en el Seminario es la crítica que se hace a las categorías “desarrollo” y “democracia”, si bien estas categorías son suficientes desde otras epistemologías. Asimismo surgió la necesidad de debatir, desde el pensamiento crítico, sobre si es posible el “desarrollo” y la “democracia” dentro del capitalismo, cuya naturaleza apunta más a la generación de desigualdad y exclusión. Ahondar en estas discusiones es importante, principalmente porque representan una gran ruptura sobre nuestro modo todavía colonial y occidental de interpretar la economía, la política, la cultura, la naturaleza y, en general, sobre el sentido y la forma de convivencia humana y entre los pueblos.

Estas preguntas y debates adquieren mayor importancia en la coyuntura política actual, de crisis del modelo económico extractivista y de corrupción total del sistema, donde la movilización social, la protesta y las resistencias comunitarias y de los pueblos han reivindicado la necesidad de una transformación profunda del país, sobre otras bases políticas, jurídicas y sociales. Desde la perspectiva landivariana, consideramos que Guatemala necesita una transformación profunda del modelo hegemónico de “desarrollo” y “democracia”, y en ese sentido nos unimos al clamor popular. Dicha tarea implica la construcción progresiva de una alternativa de país como un “lugar bueno para vivir”, que:

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i) Genere las condiciones materiales, subjetivas y culturales para la reproducción social ampliada de los miembros de la sociedad.

ii) Esté enfocado en la dignidad y la vida plena de las personas.

iii) Favorezca la construcción y reconstrucción del tejido social.

iv) Contemple el derecho a la resistencia, entendido como el derecho de cuestionar y luchar contra las estructuras de opresión y dominación.

v) Esté basado en una economía social solidaria, que revalorice lo político sobre lo económico, lo comunitario sobre lo privado, en donde la economía se subordine a la sociedad.

vi) Sea social y ambientalmente sostenible, orientado a atender los principales problemas de la sociedad y sus riesgos.

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