Descifrando a Honduras

Descifrando a HondurasCuatro puntos de vista sobre la realidad política

tras el huracán Mitch

Manuel Torres CalderónThelma Mejía

Dan AlderPaul Jeffrey

ConJack Spence

Agosto del 2002

Hemisphere Initiatives

Cambridge, Massachusetts

ContenidoIntroducción

Jack Spence 1

¿Quién conoce Honduras?

Manuel Torres Calderón 5

La reforma militar. Una agenda inconclusa

Thelma Mejía 16

La reforma política y la participación

de la sociedad civil

Thelma Mejía 22

Amarateca: Oportunidad tras el desastre

Dan Alder 32

Una mirada introspectiva: La respuesta

al huracán Mitch en el Valle del Bajo Aguán

Paul Jeffrey 44

Notas finales 56

Mapa de Honduras 60

Derechos de autor 2002 Hemisphere Initiatives

Autores

Manuel Torres Calderón, periodista, trabaja en audio-

visuales y análisis de prensa. Ex corresponsal de la IPS,

Excelsior de México, ACAN-EFE y otros medios interna-

cionales de prensa.

Thelma Mejía, ha trabajado como corresponsal para la

Agencia Inter Press Service (IPS) y para varias revistas cen-

troamericanas, entre ellas Hombres de Maíz. Es corresponsal

de la agencia Servicio Especial de la Mujer (SEM) con sede

en La India. Fue editora en jefe del diario hondureño El

Heraldo. El Congreso Nacional de Honduras le otorgó la

medalla Froylán Turcios como mejor corresponsal en los

medios impresos en el 2000.

Dan Alder, Desde 1987 y durante más de una década ha

estado informando desde Centroamérica y México, incluido

un período como editor de negocios y finanzas para Mexico

City News. Desde 1989, y durante seis años, se desempeñó

como jefe de la sección internacional de United Press en El

Salvador. Más recientemente trabajó como editor nacional

para el San Antonio Express-News en Texas, y en los dos

últimos años ha trabajado como consultor en

comunicaciones con sede en Honduras.

Paul Jeffrey es un periodista que vive en América Central

desde 1984. Misionero metodista, escribe para varias publi-

caciones como Latinamerica Press y el National Catholic Reporter.

Actualmente vive en Honduras.

Jack Spence es el presidente de Hemisphere Initiatives y pro-

fesor de ciencias políticas en la Universidad de Massa-chusetts,

Boston. Durante más de veinte años ha realizado

investigaciones sobre Centroamérica. Es el autor de la

introducción y el editor de este informe.

Traductoras

Claudia Ferreira Talero tradujo al español los ensayos de

Alder, Jeffrey y Spence. Trabaja en Managua como traducto-

ra e intérprete desde 1987. Sus lenguas de trabajo son el

inglés, el español y el francés. [email protected]

Judy Butler tradujo al inglés los ensayos de Torres y Mejía.

Es la editora de la traducción al inglés de la revista Envío que

se publica en Managua. Desde 1983 Judy trabaja en Managua

como periodista, editora y traductora.

Artistas gráficos

Kathy Sevilla diseñó la edición en español. Kathy es artista

gráfica, cineasta y editora. Es directora del Centro Editorial

de la Mujer en Managua.

Nick Thorkelson diseñó la edición en inglés. Nick es artis-

ta gráfico y caricaturista político en Somerville, Massachu-

setts. Toca los teclados en varios grupos musicales.

Queremos manifestar nuestro agradecimiento a Bill

Spencer, director ejecutivo de la Washington Office on Latin

America (WOLA); a Vicki Gass, por distribuir la edición en

inglés del informe; a Manuel Torres quien organizó la

distribución de esta publicación en Honduras; a George

Vickers, director regional para América Latina del Open

Society Institute, quien ha trabajado en cada proyecto de

Hemisphere Initiatives desde 1989; y a Mary McCann en

Honduras, quien nos brindó su ayuda y consejo en muchas

ocasiones durante un año. Agradecemos a Julieta Caste-

llanos, socióloga de Honduras.

Por último, expresamos nuestro profundo aprecio a

PRODECA, Programa de Dinamarca pro Derechos Hu-

manos para Centroamérica, por proporcionar los fondos

para este informe, así como para los tres informes sobre

Nicaragua, El Salvador y Guatemala publicados en el 2001 y

el 2002. El coordinador de PRODECA, Klavs Wulff

siempre nos ha brindado aliento y ayuda. Ha sido un verda-

dero placer trabajar con Thora Gehl, Beatriz Bravo y

Minerva Samayoa, amables, amigables y eficientes miem-

bros del personal de PRODECA

Copias de este informe y de otros (véanse los títulos en la

contraportada) se pueden obtener a través de Hemisphere

Initiatives, 608 Franklin Street, Cambridge, MA 02139 o con

[email protected]. Muy pronto los informes estarán

disponibles en Internet www.geocities.com/hem_init/

Descifrando a HondurasCuatro puntos de vista sobre la realidad política

tras el huracán Mitch

INTRODUCCIÓNPor Jack Spence

En los años ochenta, las guerras en Nica-

ragua, El Salvador y Guatemala rodea-

ron a Honduras. Debido a que Estados

Unidos percibió esas guerras como parte de la

Guerra Fría, Honduras se vio profundamente en-

redada en las mismas. Unos 15,000 “contras” fi-

nanciados y organizados por el gobierno esta-

dounidense utilizaron el territorio hondureño

para atacar a los Sandinistas en Nicaragua, y en

ocasiones, cuando se replegaban a sus bases en

Honduras, las tropas nicaragüenses iban tras ellos

en dura persecución. Los Estados Unidos cons-

truyeron bases aéreas en Honduras y organiza-

ron múltiples ejercicios de entrenamiento utili-

zando tropas norteamericanas. Asimismo, los

Estados Unidos entrenaron a soldados salvado-

reños en Honduras, aun cuando El Salvador ha-

bía tenido una confrontación bélica con Hon-

duras en 1969. Las guerrillas izquierdistas salva-

doreñas ocasionalmente penetraban en Hondu-

ras. Por último, hubo una guerra civil en Guate-

mala. Como un empresario hondureño expresa-

ra con amargura en 1985, “Honduras se ha con-

vertido en un país de seis ejércitos y sólo uno de

ellos es hondureño.”

¿Por qué a diferencia de esos países no tuvo

Honduras una guerra que enfrentara a revolu-

cionarios de izquierda contra fuerzas conserva-

doras? Se puede decir que las causas generales

de las guerras vecinas (incluida la victoriosa lu-

cha de los sandinistas contra la dictadura de lafamilia Somoza) fueron la falta de democraciadurante mucho tiempo y la creciente pobreza,particularmente en las áreas rurales. Pero enHonduras tampoco había habido democracia yen los años setenta era posiblemente el país máspobre de América Central. Un diagrama de loque diferencia a Honduras de los otros paísesproporciona un lente que puede ayudar a que ellector comprenda los cuatro ensayos que consti-tuyen este informe de Hemisphere Initiatives, elprimero sobre Honduras y el decimoctavo so-bre la Centroamérica de la posguerra.

En Honduras los extremos no eran de la mag-nitud de los de El Salvador, Guatemala y Nica-ragua. Aunque a menudo eran los militares hon-dureños los que estaban en control, Hondurastambién contaba con dos viejos partidos políti-cos encabezados por civiles elites que habíantenido experiencia de gobernar. Ese no era elcaso en otras partes. La familia Somoza habíamanejado a Nicaragua y a sus militares desdeinicios de los años treinta. Los militares en ElSalvador y Guatemala empezaron a mandar máso menos al mismo tiempo, aunque en Guatema-la, un lapso de diez años de gobierno civil (1944-1954) interrumpió el patrón. En los años seten-ta, la represión y la resistencia crecían en los otrostres países, pero en Honduras los militares pasa-ron hacia un momento “populista”. En los años

4 Descifrando aHonduras

ochenta hubo una significativa represión enHonduras, pero era como el día y la noche com-parada con los horrorosos niveles de asesinatoen El Salvador y Guatemala.

Antes de 1980 hubo un ocasional espaciopolítico en Honduras para grupos campesinos ysindicatos —particularmente en los camposbananeros— para que plantearan sus demandase incluso ganaran algunas de ellas. Como dijeraPaul Jeffrey, hubo una “ahora si–ahora no” re-forma agraria a pequeña escala en respuesta alas demandas campesinas. Por otra parte, en losotros países, antes de 1978, la reforma agrariaera anatema a las elites cafetaleras poderosas,incluso como tema de conversación. Aquellosgrupos elites eran más ricos, más fuertes y máscohesionados que sus contrapartes en Hondu-ras. (Nicaragua es una excepción en parte debi-do a que Somoza empequeñeció y dividió a otraselites terratenientes.) Por último, la falta de tie-rra no era tan aguda en Honduras comparada,en particular, con El Salvador y las tierras altasde Guatemala donde su numerosa poblaciónindígena vivía sujeta a varias formas de trabajoforzado en las plantaciones de azúcar y algodónde las tierras costeras bajas o en las plantacionesde café de las tierras altas. La “exportación” delos campesinos sin tierra salvadoreños a Hon-duras se había detenido de manera abrupta, alalcanzar un diez por ciento de la población deHonduras, cuando la guerra entre los dos paísesen 1969 fue en parte causada por —y resultóen— el retorno forzado de unos 200,000 salva-doreños. Esto exacerbó la escasez de tierra enEl Salvador y la alivió en Honduras.

En resumen, la combinación de estos diferen-tes factores brindó a Honduras, a pesar de supobreza y su falta de democracia, una serie de“válvulas de escape,” que evitaron el estallido deuna guerra civil. Además, con los Sandinistas enel poder, y con las insurgencias de izquierdaamenazando los gobiernos de El Salvador yGuatemala, Estados Unidos no iba a permitirque la insurgencia erupcionara en Honduras.

Cuando las guerras llegaron a su fin en lospaíses vecinos, Honduras rápidamente, —a ojosde Estados Unidos (y de sus periodistas)—, re-gresó a su condición de “república bananera,”que no merecía más atención. El amplio flujo defondos estadounidenses, particularmente dirigi-do a los militares, llegó a su fin. Aunque el ejér-cito se había mantenido como el más poderosode los actores, había cedido el campo electoral alos civiles pero retenía amplios poderes de veto.Los dos partidos tradicionales, el liberal y el con-servador, dominaban las elecciones. En los añosnoventa, el ejército fue gradualmente perdiendoterreno ante estos partidos civiles. Sin embargo,como Hemisphere Initiatives ha observado en otroslugares, esta etapa de “democratización” no dioresultados positivos para la mayoría de los hon-dureños. A principios de los noventa se hizo unesfuerzo por poner fin a la reforma agraria. Lapobreza siguió siendo extensa y sólo hubo unospocos logros en la cobertura de salud y educa-ción, los que en parte se debieron a la extensamigración hacia ciudades más grandes con me-jores servicios —lo que era una indicación notanto de la calidad de los servicios como de lasnefastas condiciones en el campo.

Luego, en octubre de 1998 el huracán Mitchgolpeó a América Central. El daño que sufrióHonduras fue, por una medida considerable, peorque en los otros países centroamericanos, aun-que Nicaragua también fue duramente golpea-da. En Honduras, un país de seis millones dehabitantes, se perdieron —entre muertos y des-aparecidos— unas 15,000 vidas. Si la misma pro-porción de muertes y desapariciones que huboen Honduras ocurriera en Estados Unidos el totalde vidas perdidas ascendería a 650,000, es decir,más de once veces el número de norteamerica-nos muertos durante toda la larga guerra de Viet-nam. El Salvador, con una población similar a lade Honduras, perdió 1,300 vidas en dos devas-tadores terremotos a inicios del 2001, lo queequivale a aproximadamente el 9 por ciento delas pérdidas sufridas por Honduras. En América

Introducción 5

Central el daño material causado por el Mitchascendió al 13 por ciento del Producto InternoBruto, pero en Honduras fue el 80 por cientodel PIB y en Nicaragua el 49 por ciento.1

Ningún gobierno del tercer mundo habría te-nido los recursos para lidiar con la fuerzadevastadora del Mitch, pero sobresalen variascaracterísticas desfavorables que muestran ungobierno que estaba fuera de control en térmi-nos de responder a las crisis y en control en cuan-to a proteger intereses particulares a pesar de lacrisis. Dan Alder señala que el sistema de defen-sa manejado por los militares rápidamentecolapsó y fue reemplazado por una serie de dis-posiciones ad hoc que en general no funciona-ron. Fue así como las agencias internacionalesmás o menos tomaron las riendas de formadescoordinada. Sin embargo, cuando llegó elmomento de asegurar un control sobre grandestajadas de dinero de emergencia, o para evitar laexpropiación de ciertas tierras urbanas donde lasagencias internacionales pudieran construir vi-viendas, el gobierno nacional y local se hicieronsentir. Una importante excepción a esta últimaregla, como la presenta en su ensayo Paul Jeffrey,ocurrió en una región del país donde grupos deciudadanos con la ayuda de (u organizados por)elementos en la Iglesia Católica, descentraliza-ron la ayuda de emergencia, alteraron las rela-ciones locales de poder y afectaron las eleccio-nes locales.

Tras el huracán Mitch, a pesar de considera-bles señales de estancamiento y debilidad, Hon-duras, al igual que antes de los años ochenta,parece estar menos afectada por los extremosque sus vecinos después de la guerra. Por ejem-plo, el poder político de los militares hondure-ños se ha erosionado muy significativamente,como lo señala Thelma Mejía. En el resto deCentroamérica, fue necesaria una atención in-ternacional y poderosos procesos de paz parareducir el poder de los militares y en Guatemalaaún no queda claro hasta qué punto se redujo.

Aunque los ensayos que se leen a continua-ción atestiguan el control que tienen sobre elpoder los dos partidos tradicionales hondureñosy su enemistad hacia grupos organizados de lasociedad civil, también se puede apreciar cómolos grupos de la sociedad civil han logrado algu-nas reformas legales y han demostrado, desdeque ocurrió el Mitch, una creciente capacidadpara desafiar a los poderes existentes. En El Sal-vador y Nicaragua hay importantes grupos de lasociedad civil, pero en general no se puede vercon claridad que hayan podido desafiar a lospartidos políticos como se ha hecho en Hondu-ras. En Guatemala los grupos de la sociedad ci-vil influyeron mucho en dar forma a los acuer-dos de paz y en las etapas iniciales de su imple-mentación, pero recibieron, en comparación, unconsiderable apoyo político y económico porparte de las agencias internacionales, y se hanenfrentado a partidos políticos relativamentedébiles. Y en los últimos tres años los grupos dela sociedad civil guatemalteca se han debilitadoconsiderablemente.

Los artículos identifican las serias limitacio-nes de las autoridades electorales hondureñasproducto de su politización por los dos princi-pales partidos, pero asimismo señalan cómo enaños recientes, por la presión de la sociedad ci-vil, se han logrado importantes reformas electo-rales. Honduras estableció votos separados parapermitir el voto cruzado, permitió alianzas ycoaliciones, y, más importante aún, establecióurnas electorales descentralizadas. En Nicaragua,que cuenta con autoridades electorales más pro-fesionales, estas urnas descentralizadas se esta-blecieron en los años ochenta. (Desafortunada-mente, desde entonces los dos principales parti-dos han politizado el órgano electoral de ese país.)Tanto El Salvador como Guatemala han recha-zado el voto descentralizado durante años y elregistro de los votantes ha sido arduo y ha elimi-nado a muchos electores. En parte las reformaspermitieron que tres pequeños partidos tuvie-


ran suficiente presencia en el legislativo paraimpedir que cualquiera de los dos partidos do-minantes obtuviera la mayoría. Nicaragua, porel contrario, cambió sus leyes para virtualmenteeliminar a todos los otros partidos excepto porlos dos dominantes. En El Salvador el partidoARENA ha tenido, con partidos cooperantes,una fácil mayoría desde 1989 y partidos más pe-queños que no trabajan con ARENA se hanquedado en el camino.

Los ensayos de Manuel Torres y Thelma Mejíaque forman parte de este informe dejan pocaduda de que “clubes de viejos líderes” dominana los partidos liberal y conservador, y que algu-nos miembros de los clubes no son públicos.Existe una cierta competencia entre los partidospero hay poca transparencia. Más en los tres otrospaíses, tres de los seis principales partidos estándominados por un individuo (Arnoldo Alemán,Daniel Ortega, y Ríos Montt) y el partido ARE-NA es famoso por ser “verticalista” y tener unaférrea disciplina interna.

La situación en el campo es precaria y la re-forma agraria fue desmantelada. Sin embargo,en uno de los textos laterales a continuación,aprendemos sobre una masiva invasión de tierraque resistió fuertes embestidas por parte de losterratenientes y fue eventualmente reconocidapor la todavía existente oficina de reforma agra-ria del gobierno. Cada uno de los otros tres paí-ses tuvo cambios en la tenencia de la tierra en laposguerra: una significativa distribución de tie-rra a veteranos y a personas afectadas por la gue-rra en El Salvador; un extremadamente modes-to plan agrario para algunos refugiados y vetera-nos de la guerrilla en Guatemala; e invasiones detierra a gran escala y a punta de fusil en Nicara-gua donde “contras” y antiguos terratenientesintentaban —con considerable éxito— revertirla reforma agraria de los años ochenta. Pero to-

dos estos cambios fueron productos de la gue-rra —esfuerzos por hacer que los ex combatien-tes depusieran sus armas. En Guatemala ha ha-bido algunas recientes invasiones de tierra quepodrían tener éxito. Sin embargo, en los otrostres países, la reforma agraria está completamentefuera de agenda y es difícil imaginar un recono-cimiento legal de la invasión de grandes fincasen cualquiera de ellos. En Honduras el gobiernoreconoció la toma de tierras. Podría ser el presa-gio de lo que está por venir.

Las organizaciones de base que surgieron des-pués del Mitch en el Valle de Aguán, descritaspor Paul Jeffrey en su artículo, contrastan unavez más con el resto de la región. En El Salva-dor, después de los terremotos, el gobierno deARENA mantuvo un fuerte control vertical so-bre el dinero y el diseño de la reconstrucción, yrechazó cualquier colaboración al nivel local onacional. En Honduras, al menos algunos go-biernos locales hicieron concesiones con el mo-vimiento de base. Hay indicios de que ese movi-miento, que ya no depende de la Iglesia, podríacrecer.

Honduras es extremadamente pobre y tieneprogramas sociales deficientes. Como lo señalaManuel Torres, prácticamente no parece haberun plan económico más que el de las agenciasinternacionales y poca presión interna que seasuficiente para romper el poder de los partidosdominantes, que se extiende hasta el nivel local.Los trabajadores hondureños son el principalproducto de exportación. Esta otra cara de lamoneda se ilustrará en varios grados de detalle ydesde varios ángulos en los trabajos de los cua-tro distinguidos observadores que aparecen acontinuación. Sin embargo, en cada uno de losensayos también es posible ver avances positi-vos y mayor flexibilidad, y apreciarlos más a laluz de las comparaciones con los países vecinos.

¿QUIÉN CONOCE HONDURAS?Por Manuel Torres Calderón

Quién conoce Honduras? De los países

centroamericanos no sólo es el más des-

conocido sino el menos comprendido.

Antes de la década de los ochenta apenas tras-

cendió por una histórica huelga de 62 días ocu-

rrida en 1954 en las plantaciones de las compa-

ñías bananeras norteamericanas, por la mal lla-

mada “guerra del fútbol” con El Salvador en

1969, por los destrozos del huracán Fifí en 1974

y por el “soborno bananero” de 1975, que con-

tribuyó a derrocar una dictadura militar de 11

años de duración y provocó el suicidio de Eli

Black, Presidente de la ex United Fruit Company.

No es precisamente un historial de país digno

de recordar y tampoco lo mejoró en los años

ochenta, cuando se convirtió en base de todos

los medios de prensa más importantes del mun-

do que cubrían la guerra antisandinista y contra-

insurgente de Washington en Centroamérica.

Para la mayoría de los periodistas, Honduras

tenía valor informativo por ser la sede de la ex

contra nicaragüense, de las tropas norteameri-

canas y del ejército salvadoreño, pero nadie, o

muy pocos, se interesaban en su propia realidad

interna. Ante los ojos del mundo no había dife-

rencia entre Honduras y una base militar de Es-

tados Unidos en Filipinas. De “banana republic”

pasó a ser conocida como “USS Honduras”.

El país desconocido. Casi de incógnito, Hon-duras inició en 1980, en pleno conflicto centro-americano, una serie de transiciones —política,militar, económica, social y cultural— que dosdécadas después muestran signos evidentes deun agotamiento que exige nuevos impulsos yobjetivos.

La democracia constitucional surgió de ma-nera inusual en este país puesto que respondiómás a la coyuntura centroamericana que a recla-

mos internos. En un capítulo histórico poco co-nocido, la embajada de Estados Unidos en Tegu-cigalpa se encargó de persuadir a los militareshondureños para que convocaran a elecciones ypasaran el control del gobierno a los civiles.

A cambio de hacer el juego sucio en Centro-américa, los militares dijeron sí a las presionesde Washington pero exigieron conservar el po-der real y recibir cuantiosas ayudas económicasnorteamericanas. Años después, cuando el ejér-cito hondureño preguntó a Estados Unidos porqué lo había abandonado, un ex diplomáticonorteamericano respondió: “nosotros ya paga-mos la fiesta”.

Para los militares hondureños el enroque conlos civiles era una inversión, pero les resultó unmal negocio. Las mismas Fuerzas Armadas queen 1963 y 1972 encabezaron golpes de Estadocontra los políticos civiles, se encargaron de re-sucitar a los partidos Liberal y Nacional paradevolverles el poder en 1982, sin imaginarse queno lo volverían a recuperar... por lo menos hastaahora. La consolidación de los civiles en el po-der, con siete elecciones generales consecutivas,no puede entenderse sin la pérdida de poder delmilitarismo, sobre todo en la década de los no-venta cuando vieron desmoronarse toda su es-tructura de mando. Hoy, al menos nueve de cadadiez hondureños no conoce el nombre del jefede las Fuerzas Armadas, ni le importa.

Ese poder institucional tampoco se volvióenemigo del militarismo, simplemente lo despla-zó y pasó a ocupar directamente las riendas deun país que ambos habían considerado una es-pecie de hacienda.

Agotada la parte medular de esa transición,en los últimos cuatro años se suponía se iniciabateóricamente su etapa de consolidación, pero aestas alturas no existe una agenda ciudadana cla-

¿


ra al respecto (a excepción de la lucha por la justi-cia y la verdad en el caso de las desapariciones po-líticas de los años ochenta), lo cual abre un espaciomuy amplio para quienes añoran devolver a lasFuerzas Armadas su vieja hegemonía o su capa-cidad de intervención en los asuntos públicos.

El desafío en la actualidad es cómo sacar desu estancamiento la política democrática a partirdel fortalecimiento de la propia sociedad políti-ca y su capacidad para incidir en la formulaciónde políticas públicas que mejoren efectivamentela calidad de vida de la población mayoritaria.

Los políticos. Honduras no tuvo mucha suertecon su retorno al orden constitucional. Los favo-recidos con el retiro pactado de los militares fue-ron los políticos civiles más atrasados y conser-vadores del país, encabezados por un médico ycacique rural llamado Roberto Suazo Córdova,del Partido Liberal. Totalmente plegado a los in-tereses de Washington y del militarismo, SuazoCórdova fue como una reencarnación de los vie-jos dictadores que asolaron América Latina enlas primeras décadas del siglo XX. De todos te-nía algo, de unos la capacidad de intriga; y deotros un gusto nefasto por los placeres del poder.

Su período de gobierno como presidente fueentre 1982-1986; poco tiempo, pero no efímeroporque marcó gran parte de la transición futura.Durante su gestión tuvo lugar una guerra suciaencabezada por un furibundo general an-ticomunista, Gustavo Álvarez Martínez, que dejóun saldo de más de 180 desaparecidos políticos,un centenar de asesinatos políticos y violentótodos los preceptos legales que protegen al serhumano. De igual forma abrió las puertas delpaís a los planes de la administración de RonaldReagan y entregó el control de toda su fronteracon Nicaragua a los ex contras antisandinistas.Durante su gobierno, Suazo Córdova negó cíni-camente la presencia de la Contra, pese a queese ejército irregular llegó a tener unos 15,000hombres en territorio hondureño y disponía deoficinas y casas de seguridad en Tegucigalpa.

Pero quizá su peor legado fue consolidar unaescuela política que convirtió al Estado en unpatrimonio de pocos, alentando una corrupcióny un tráfico de influencias descarado. El “suazo-cordovismo” se instaló en 1982 y sigue vigentehasta la actualidad, al grado que en las recienteselecciones de noviembre del 2001 el viejo médi-co rural fue electo nuevamente diputado al Con-greso Nacional, aunque sea para gozar la pro-tección de la inmunidad parlamentaria. Las dosdécadas de orden constitucional han sido domi-nadas por un puñado de políticos imperturba-bles al tiempo y al desgaste que formaron partedel círculo íntimo de Suazo Córdova, como elex presidente Carlos Flores o el recién derrota-do candidato presidencial liberal Rafael PinedaPonce.

En ese contexto, la transición política institu-cional parece consumarse en la rutina de perió-dicos ejercicios electorales y cambios de gobier-no (1980, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 y 2002)y en la consolidación de una elite política conser-vadora que fue construyendo, a base de nuevasimpunidades, un Estado corporativo y patrimo-nial que favorece nuevas alianzas político-em-presariales.

En Honduras se ha llegado a un punto en elcual la representatividad o legitimidad de las au-toridades se limita a su fuente electoral y no a sucapacidad para tener visión de país y volversemediadores válidos de las demandas ciudadanas.La revitalización de los dos partidos políticos tra-dicionales (bipartidismo) y su poder en cada pro-ceso electoral es tan real como falso. Si bien losresultados confirman su convocatoria electoral,también se vuelven fenómenos coyunturales envirtud de la habilidad que tiene el sistema parapolarizar al electorado, pero sin corregir o aten-der sus debilidades crónicas. Lo que está en en-tredicho no es la validez de los partidos políticossino su vigencia para asumir las responsabilida-des inherentes a su función, entre ellas lograrque los ejercicios electorales puedan moldear unasociedad más participativa y una democracia real.

¿Quién conoce Honduras? 9

En ese contexto, la reforma de las estructuraselectorales, jurídicas e institucionales, es impera-tiva a corto o mediano plazo para acercar la polí-tica al electorado y evitar que prosiga su desgas-te acelerado.

En Honduras no han podido consolidarse al-ternativas políticas y electorales que compitancon el bipartidismo. El modelo actúa como unrodillo que aplasta o como un túnel que absor-be. Liberales y nacionalistas tienen más de cienaños de repartirse el poder. Los únicos que leshan “competido” han sido los militares, perohasta ellos fueron doblegados puesto que ahorala única opción que tienen de disfrutar de nuevoel poder es afiliándose a uno u otro partido ma-yoritario y esperar un triunfo en las urnas o unanegociación beneficiosa entre ganadores y per-dedores. En ese sentido, la “civilización” llegó ala política hondureña puesto que los generales,en lugar de dar golpes de Estado a los partidospolíticos, ahora se afilian a ellos.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2001,de Transparencia Internacional, el país ocupa elpuesto 71, junto a la India, Kazajstán y Uzbekis-tán, sólo superado en Centroamérica por Nica-ragua. A los hondureños no les extraña esa cali-ficación, aunque los políticos protesten por ella.

El desencanto–Inequidad social. El proble-ma que los políticos ven, pero no quieren aten-der, es el creciente desencanto de la poblacióncon respecto a la “democracia” por el deteriorosistemático de sus condiciones de vida. Veinteaños de orden constitucional no han modifica-do el hecho de que Honduras sea un país carac-terizado históricamente por su inestabilidad po-lítica, su debilidad institucional, su inequidadsocial, su fragmentación territorial, y el uso in-debido de sus recursos naturales.

La evolución de Honduras está marcada porsignos contradictorios. Las expectativas de vidaal nacer, por ejemplo, han evolucionado positi-vamente. En 1970 el promedio era de 54 años;64 en 1985 y 70 en 1995,1 pero al mismo tiem-

po, la tasa de violencia ha ido creciendo dramá-ticamente. La mortalidad infantil por cada milnacidos vivos bajó de 110 a 36 entre 1970 y 1995y el número de mujeres embarazadas que asis-ten a controles pasó de 65 a 84 en apenas unadécada (1985-1995).2

De hecho, nacer no es tanto el problema, sinosobrevivir. Siguiendo esa tendencia dual, las mu-jeres tienen ahora mayor acceso a los servicioshospitalarios básicos para dar a luz a sus hijos,pero sus condiciones de pobreza son en la ac-tualidad mayores que antes. Sobre la base de laEncuesta Permanente de Hogares, la pobreza dela mujer rural —para citar un caso— se incre-mentó entre 1991 y 1999 de 53.2 a 60.4 por cien-to. El 20 por ciento más pobre de la poblaciónsólo percibe 3 por ciento de los ingresos nacio-nales, hace 21 por ciento de las consultas pre-ventivas, 17 por ciento de los contactos clínicosambulatorios y 15 por ciento de las hospitaliza-ciones.3 Los indicadores técnico–sociales aparen-temente mejoran, pero no mejora la equidad.

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Hu-

mano, Honduras 2000, preparado por el PNUD,4

los avances en desarrollo humano alcanzados porel país a lo largo de la década de los noventa hanbeneficiado a la mayoría de la población. Sin em-bargo, estos beneficios no han sido similares paratodos los departamentos, regiones y sectoressociales ni han sido suficientes para superar elestado de pobreza en que se encuentra la mayorparte de los hondureños, lo que constituye elprincipal desafío del país.

La creciente inequidad, las desigualdades y lapobreza son el contexto general en que se des-envuelve la mayor parte de los hogares dondeestán presentes niños y jóvenes. Ello explica, porejemplo, que entre 1991 y 1999 el empleo demano de obra infantil creció de 7 a 14.3 por cien-to en el sector de menores ingresos de la pobla-ción, lo que evidencia una mayor incorporaciónde los menores de 14 años al mercado laboral,usualmente en actividades de baja calificación yremuneración.5 Muchas familias sencillamente no


pueden sostener a sus hijos en las escuelas. Losniños incorporados prematuramente a la fuerzade trabajo vean reducidas al máximo sus posibi-lidades de seguir estudiando y mejorar sus expec-tativas futuras de vida.

Un año adicional de educación primaria subelos salarios en un 10 por ciento, y uno adicionalde educación secundaria en 15 por ciento. El pro-medio de escolaridad de un trabajador hondure-ño es de apenas 5.3 años.6 El promedio oscure-ce los extremos. Un tercer de la población ruraltiene cero (0) años de estudio y 84 por cientoson pobres. Un tercer tiene 1–3 años de estudioy 76 por ciento son pobres. Catorce por cientode la población urbana tiene 10 a 12 años deestudio y de este grupo 14 por ciento es pobre.El promedio de ingreso de este grupo urbano escinco veces más que del grupo rural con ceroaños de estudio.7

Esa situación explica, de alguna manera, queen 1999 del total de desempleados, un 60 porciento son jóvenes entre 15 y 25 años.8 El des-empleo, el subempleo, la inseguridad laboral, losbajos salarios, la devaluación diaria del lempirafrente al dólar y el alza de precios de la canastabásica afectan gravemente a la familia hondure-ña, cuyos miembros casi nunca califican para tra-bajos que garanticen condiciones de vida condignidad. La baja escolaridad y la desintegraciónfamiliar con el consecuente aumento de madressolteras han supuesto la incorporación crecientede mujeres al mercado informal y la oferta detrabajos mal remunerados, con jornadas exten-sivas. Lograr que la niñez hondureña hubieselogrado alcanzar un nivel de educación primariacompleta hubiese sido un enorme paso adelanteen el contexto de la incipiente democracia, peroesa meta es una más de las que forma la deudasocial impagada con los jóvenes.

El desencanto–Factores sociales y políticos.Las respuestas para resolver estos contrastes afavor de una mayoría social han sido ineficientes,insuficientes y sesgadas. El modelo neoliberal

aplicado en el país desde marzo de 1990, ha pro-vocado que la crisis social y económica adquieranuevas manifestaciones, como:• El debilitamiento de tradicionales formas de

expresión solidaria a cambio de asumir pos-turas individualistas e indiferentes, aun den-tro de la misma familia, como el “sálvese quienpueda”. Por otra parte, “un 71 por ciento delos hondureños se consideran muy poco soli-darios,” y “69 por ciento dijo que nunca par-ticiparía en ningún tipo de organizaciones.”9

• Una movilización social en retroceso, que em-pujó a muchos pobres hacia la indigencia y amuchas familias de la clase media hacia la po-breza, en contraste con el enriquecimiento deun reducido sector de la sociedad. En materiade vivienda, por ejemplo el empobrecimientose evidencia cuando sectores de la llamada cla-se media conviven junto a los más pobres enlas zonas marginales. A unos y otros les tocapor igual soportar la carencia de servicios bá-sicos, como falta de agua domiciliaria o suprovisión racionada; inexistencia de instalacio-nes telefónicas; caminos de acceso en condi-ciones deplorables; un servicio de transportedeficiente y altos índices de inseguridad, puesno existe una política estatal de planificaciónurbana ni rural que busque mejorar la calidadde vida de los pobladores.

• Una crisis de valores que en sus formas másagresivas se expresa en actos de irracionali-dad y barbarie. Delincuentes de cuello blancoy delincuentes comunes emergen de una cul-tura común de antivalores.

• Ruptura de barreras estatales de protección ala economía del consumidor y establecimien-to de un mercado abierto de precios que de-teriora aceleradamente el poder adquisitivo delas familias.

• Migraciones masivas del campo hacia las ciu-dades y hacia otros países, en particular losEstados Unidos, como producto del empo-brecimiento de las familias; de la adopción denuevos valores y patrones culturales y de una


concentración creciente de la tierra en pocasmanos.

• Persistencia de un manejo no transparente delos fondos públicos y de las acciones del Esta-do, a espaldas de los intereses del pueblo, evi-dente en hechos como: negociaciones secre-tas entre los gobiernos y los organismos inter-nacionales de financiamiento; negación del ac-ceso a la información pública a los medios decomunicación; secretividad sobre el monto delos sueldos y salarios que devengan los fun-cionarios públicos; manejo de partidas confi-denciales, etc.

• Abandono o manipulación de los programasy proyectos de Modernización del Estado. Porejemplo: reducción del perfil de algunas delas instituciones creadas para fortalecer el Es-tado de Derecho, entre ellas el ComisionadoNacional de los Derechos Humanos, la Fis-calía General de la República o el InstitutoHondureño de la Niñez y la Familia, etc.

• Persistencia de problemas crónicos, como laexistencia de un sistema judicial que no cum-ple las demandas de un verdadero Estado deDerecho, marginamiento de la mujer en la par-ticipación política y económica y en la tomade decisiones y estigmatización del menor in-fractor, a pesar de la aprobación de leyes ten-dientes a romper esos patrones.

Indicadores positivos. Aunque el panorama esdeprimente, los Informes de Desarrollo Huma-no del PNUD destacan que existe potencial departicipación y de solidaridad en el seno de lasociedad hondureña para prevenir o amortiguarlos riesgos y hay experiencias de un ordenamien-to integral de los recursos, que tiene su germenen la organización comunitaria y que avanza ha-cia la creación de alianzas entre los diversos sec-tores de la sociedad civil para impulsar un desa-rrollo humano sostenible.10

A pesar de sus debilidades, la modernizacióndel Estado ha impulsado y llevado al debate pú-blico el tema de la descentralización y el fortale-

cimiento municipal y local. Es importante quelas comunidades asuman roles de participacióne impulsen proyectos donde suplan con recur-sos propios lo que tradicionalmente ha sido res-ponsabilidad del Estado, como la atención a laeducación y la salud. De acuerdo al nivel de or-ganización de las comunidades y al acompaña-miento que puedan agenciarse mediante iglesiasu ONG, éstas suelen responder a los desafíosque les plantea su propio contexto, y se vuelvencapaces de generar respuestas en gobernabilidad,incidencia ciudadana, protección al ambiente,comunicación popular, alfabetización, salud ma-terno-infantil, prevención del VIH/SIDA, agri-cultura sostenible, etc., para lo cual el país cuen-ta con innumerables experiencias y con la for-mación de centenares de líderes comunitarios.

Pero en términos políticos y económicos, ladescentralización ha sido un proceso lento debi-do a la falta de voluntad política de los gobier-nos centrales. Ni siquiera el paso demoledor delhuracán Mitch, octubre de 1998, pudo cambiarese esquema.

Mitch y Michelle. A fines del 2001, el paso dela tormenta tropical Michelle por Honduras recor-dó la tragedia provocada tres años antes por elhuracán Mitch y resucitó viejas preguntas e in-quietudes, entre ellas, en qué se invirtió y cuál fueel verdadero impacto de los 2,753 millones dedólares que otorgó la cooperación internacional.

Michelle provocó inundaciones en el litoralcaribeño y volvió a desnudar la vulnerabilidadexistente para enfrentar desastres. Tres días delluvia dejaron a numerosas poblaciones aisladasen cinco de los 18 departamentos, con el aguahasta el techo, incomunicadas, sin alimentos yexpuestas a brotes epidémicos. El departamen-to más afectado fue Yoro, donde las aguas provo-caron la caída de dos puentes, uno de 47 metrosque costó doce millones de lempiras (750 mildólares); y otro de 37 metros en el que se invirtie-ron 600 mil dólares. Hasta ahora no existe unmecanismo mediante el cual se dé una condona-


ción efectiva e inmediata para aquellas obras deinfraestructuras construidas con deuda externay destruidas por la naturaleza. Tampoco hay me-canismos que evalúen si las obras estaban bienhechas o no.

La valoración es necesaria. Por ejemplo, mu-chos bordos construidos con ayuda y préstamosinternacionales de 50 millones de dólares no re-sistieron las aguas desbordadas de los ríos lo queprovocó la sospecha ciudadana de malos mane-jos. La nueva deuda externa post huracán es cal-culada en unos 1,300 millones de dólares.

Varios analistas coinciden en que el paso delMitch multiplicó las demandas sociales y repercu-tió negativamente en la marcha de las políticaseconómicas, pero, al mismo tiempo, abrió paraHonduras una coyuntura internacional y nacio-nal sin precedentes para la conquista de impor-tantes objetivos. En lo externo, el huracán pusode nuevo al país en el mapa de la agenda inter-nacional, diez años después de que el fin del con-flicto centroamericano relegó a Honduras al só-tano.

El compromiso post Mitch era sentar las ba-ses de la transformación nacional a partir de lareconstrucción. Sin embargo, lo que a final decuentas ocurrió fue una rehabilitación o repara-ción parcial de los daños. En lo social, el Mitchdejó 165 mil pobres “nuevos.” Tres años des-pués, varios macro albergues “temporales” siguenfuncionando como símbolos de que no hubocambio de prioridades.

Quizá, más que la cooperación internacional,lo que desperdició la administración del ex pre-sidente Carlos Flores (1998-2002) con el Mitchfue una convocatoria excepcional de unidad na-cional. El país depuso sus contradicciones inter-nas para fortalecer una vocación solidaria y bus-car una visión distinta de mediano y largo plazo.Lamentablemente, muy rápido se impusieron losintereses y negocios de grupos privilegiados quele sacaron provecho personal al huracán.

El Mitch, pese a la magnitud de sus secuelas,no resultó un antes y un después en la historia

de Honduras, y en poco tiempo se convirtió enuna más en la larga lista de las tragedias.

La economía. Suena fuerte, pero Honduras esun país que carece de política económica pro-pia. La verdadera política procede del FondoMonetario Internacional (FMI), Banco Mundial(BM), Banco Interamericano de Desarrollo(BID) y de las principales agencias bilaterales,entre ellas la Agencia para el Desarrollo Inter-nacional (USAID). El debate económico —conconsensos y disensos— no forma parte de lademocracia hondureña. El Foro Social de laDeuda Externa sostiene que “buena parte de losgobiernos, junto con alguna parte de la llamadacooperación internacional, tratan, por todos losmedios, de silenciar, desprestigiar o relativizar losprocesos de discusión y consulta, como tambiénlos que desafían el pensamiento económico do-minante”.11

Esa conspiración ha tenido un marco propi-cio en el proceso de ajuste estructural que se ini-ció en 1990 y que desde entonces ha producidoniveles de inflación tres o cuatro veces superio-res a los períodos de NO ajuste. Entre 1950 y1989 la variación anual promedio del índice deprecios al consumidor fue de 4.5 por ciento yentre 1990-2000 fue de 16.7 por ciento.12 Curio-samente, el control de la inflación es considera-do uno de los éxitos de la gestión económicagubernamental.

Oficialmente, en el 2000 y 2001 la inflaciónosciló entre 10 y 11 por ciento por año, sin em-bargo, en el 2000 un salario mínimo solamentecubría 50 por ciento del costo de una canastabásica de alimentos y en el 2001 cayó a una pro-porción de 44.6 por ciento. En la agricultura,industria, comercio o en el resto de los sectores,más de la mitad de los obreros asalariados vivenpor debajo del nivel mínimo de subsistencia, ycon ellos sus familias. Cada día, la gran masa asa-lariada pierde poder adquisitivo con el lempirapero los exportadores ganan poder adquisitivocon sus dólares. A los exportadores cada vez les


cuesta menos el costo de producción y puedenaumentar sus ganancias. El empobrecimiento dela mano de obra hondureña, sobre todo en laindustria maquiladora, es una de las “ventajascomparativas” que el país ofrece en el mercadointernacional de inversiones. Aunque la políticadel modelo económico es abrir de par en par laspuertas a la inversión privada extranjera, lo cier-to es que la misma no superó en el 2001 los 150millones de dólares, concentrada sobre todo enla maquila, que genera empleo directo a más de120 mil personas, en su mayoría mujeres.

Entre 1999 y el 2001 se perdieron —al me-nos— 105,725 puestos de trabajo ya existentes,de acuerdo con estadísticas oficiales. El desem-pleo en el sector privado es mayor en la activi-dad agrícola, ya que ha sido la más afectada porel impacto de los fenómenos naturales (huraca-nes, inundaciones, sequías) y por lo bajos pre-cios de las materias primas nacionales en el mer-cado mundial, como el café o productos maqui-lados. El sector azucarero, por ejemplo, prevéuna producción de ocho millones de quintalespara el próximo año, pero la cotización interna-cional es tan baja que cubre apenas los costos deproducción. Los empresarios de ese rubro espe-ran autorización para aumentar el precio del azú-car para los consumidores internos (a los que sedestinan cinco millones de quintales) y balan-cear sus utilidades.

En apenas diez años los “migrantes” hondu-reños que se dirigen al “norte” se convirtieronen el principal producto de exportación. Para el2002 se calcula ingresos en remesas familiaresde divisas por el orden de los 600 millones dedólares, muy por arriba del monto de las expor-taciones bananeras o de café. Sin esas remesas,Honduras no podría pagar el servicio anual deuna deuda externa que en total supera los 5,000millones de dólares, una de las más altas per cápitaen Latinoamérica.

El gobierno de Carlos Flores consideró unéxito alcanzar en 1999 el “punto de decisión”para que Honduras fuese admitida por el Banco

Mundial y el FMI en la Iniciativa HIPC de lospaíses pobres altamente endeudados del mun-do. Para mediados del 2003 Honduras podráacceder al llamado “punto de culminación” pararecibir el beneficio de la condonación de unaparte de su deuda. Si logra cumplir la mayoría delas condicionalidades impuestas por el FMI,Honduras podrá tener una reducción del servi-cio de su deuda de 131.3 millones de dólares enel 2002; 203.9 en el 2003; 194.5 en el 2004; 157.3en el 2005; en el 123.4 en el 2006 y 56.9 en el2007.

La Iniciativa HIPC tiene un costo muy altopuesto que formalizó el traspaso de la conduc-ción económica nacional por parte del Gobier-no a los entes crediticios internacionales. Lasautoridades económicas perdieron más espacioy control en el manejo de los asuntos internos.El hecho que la oficina del representante del FMIesté en el propio Banco Central, dejó de ser vir-tual para volverse real. A los beneficios en mate-ria de condonación de deuda de la IniciativaHIPC sólo puede accederse si el país cumple alpié de la letra con las políticas y condicionalidadesde ajuste que establezcan los OFI para, al meos,los próximos seis años.

Se ha llegado a un momento de la transicióneconómica del país que las propuestas de desa-rrollo no sólo son frenadas por la incapacidadde los políticos para separar los intereses priva-dos de los de Estado, sino porque ya hay unaestructura nacional que genera atraso por sí mis-ma. Para el caso, un elevado porcentaje del Pre-supuesto General de Egresos e Ingresos para el2001 destinado para el gasto social, se diluye ensueldos, salarios y privilegios de una burocraciaque en lugar de disminuir, crece. El pago de laburocracia ya consume 9.2 por ciento del PIB,que en total suma 5.2 mil millones de dólares en2001.13

La misma supervivencia y fortalecimiento deorganismos asistencialitas y proselitistas comoel Fondo Hondureño de Inversión Social y elPrograma de Asignación Familiar —respaldados


Condicionalidades pendientes de cumplir al FMI en el 2002

• Un crecimiento económico que oscile entre 4 y 4.5

por ciento.

• Tasa inflacionaria de 8 por ciento.

• Aumentar en 60 millones de dólares las reservas in-

ternacionales netas.

• Mantener el déficit del sector público no financiero

en 2.0 por ciento. La asistencia internacional ayuda-

rá a financiar los gastos sociales y de reconstrucción.

• Los sueldos y salarios no sumarán 9.2 por ciento del

PIB, reflejando principalmente compromisos lega-

les anteriores con los maestros para incrementos sa-

lariales bajo el acuerdo salarial de 1997. Para asegu-

rar la reducción de la nómina de sueldos y salarios

en el mediano plazo como porcentaje del PIB, las

autoridades continuarán implementando el plan de

racionalización del empleo. Este plan prevé (hasta el

2006) un programa piloto para eliminar el exceso de

personal, la provisión de servicios para una transi-

ción más fácil del personal cancelado hacia el sector

privado, y la creación de incentivos para retener un

servicio civil más pequeño pero mejor calificado.

• El Congreso debe aprobar la reforma a la Ley del

Servicio Civil.

• Privatizar la distribución de la electricidad y desa-

rrollar un mercado de electricidad competitivo. El

gobierno subastará la banda B para teléfonos celula-

res y se deben revisar las opciones del sector privado

en el área de HONDUTEL.

• El gobierno está comprometido con una estrategia

comprensiva y participativa para mejorar la goberna-

bilidad, incluyendo medidas para incrementar la

transparencia de las políticas monetarias y fiscales y

reducir el potencial de corrupción.

• Mantener los ingresos tributarios del Gobierno Cen-

tral por encima del 17.6 por ciento del PIB.

• La DEI debe reorganizar la Unidad de Grandes Con-

tribuyentes y fortalecer la recaudación de impuestos

a través de los bancos.

• La reforma al Seguro Social debe continuar. Incluye

la separación (operacional y contable) de los fondos

de pensión y de salud del IHSS.

• El Fondo de la Estrategia para la Reducción de la

Pobreza debe ser incluido en el presupuesto del Go-

bierno Central. El gobierno también continuará con

el monitoreo externo de la ayuda externa y auditorias

regulares de los ingresos del exterior.

• Profundizar el mercado de los Certificados de Ab-

sorción Monetaria (CAM).

• En el 2002 el Banco Central deberá publicar un con-

junto completo de los estados financieros del 2001,

consistente con los estándares internacionales.

• En el 2002 está pendiente la operación de un sistema

electrónico de compensación de cheques (facilitan-

do en el futuro un mercado interbancario de divisas

y un mercado de títulos valores públicos más eficien-

te).

• En septiembre del 2002 el Congreso Nacional apro-

bará una ley que modifique un nuevo sistema de se-

guro de depósitos con límite.

• El Congreso Nacional deberá aprobar una ley que

regule los fondos privados de pensión, la Ley del

Sector Financiero revisada, la Ley del Registro de la

Propiedad Mueble (que se constituirá en el primer

paso para brindarle a las pequeñas empresas la posi-

bilidad de obtener préstamos garantizados) y la Ley

de la Carrera Judicial.

• El gobierno se esforzará para cumplir gradualmente

con los códigos del FMI para la transparencia de las

políticas fiscal, monetaria y financiera.

• En el presupuesto del 2002 el Gobierno debe incluir

usos específicos de los fondos que han sido asigna-

dos bajo la categoría de “asignaciones globales” y

requerirá un reporte mensual sobre el uso de esos

fondos.

• El Banco Central de Honduras continuará ajustando

la tasa de deslizamiento del tipo de cambio base.

por el FMI y el BM— confirman un estanca-miento de las políticas sociales que siguen vi-gentes pese a la reciente aprobación de una es-trategia oficial para la reducción y alivio de lapobreza.

Para Honduras contar con una estrategia ofi-cial para la reducción y el alivio de la pobreza eraun requisito obligatorio impuesto por el FMI paraacceder al alivio de la deuda, pero no representaun verdadero cambio de rumbo en la perspecti-


va oficial de la pobreza. Organizaciones de lasociedad civil dicen que en la estrategia no se to-mó en cuenta lo más importante que proponían,como impulsar la transformación del agro encondiciones de equidad y sostenibilidad, que sele considerara prioridad de la política macroeco-nómica y que no dependiera casi exclusivamen-te de recursos externos, no reembolsables oconcesionales, o el alivio de la deuda, para suejecución. En síntesis, pese a los aspectos positi-vos que contiene, el gobierno y las organizacio-nes internacionales pusieron la estrategia contrala pobreza en debate, pero no en agenda.

Desconocer que la sociedad civil tiene ideasconcretas y una experiencia enriquecedora enlucha contra la pobreza es un error fundamen-tal. De hecho, la iniciativa más novedosa e inte-resante en materia social de los últimos años esla redacción de propuestas regionales de com-bate a la pobreza, impulsada por organizacionescomo Interforos, o temáticas, como las de lasorganizaciones de mujeres.

El agravamiento de la pobreza, acumulado enlas últimas dos décadas no puede ser visto nadamás desde la perspectiva ética o política, sinoque hace imposible cualquier esfuerzo por eldesarrollo nacional. Los pobres pueden subsis-tir al largo plazo, la supervivencia mínima es sucondición natural, pero no es el caso de Hondu-ras que como nación no sólo afronta amenazasnaturales constantes (huracanes, inundaciones,sequías, etc.) sino que arrastra debilidades estruc-turales que la ponen en clara desventaja en elcontexto de la globalización internacional y, máscerca aún, en el marco de la integración centro-americana. Las circunstancias demandan una re-visión y conversión de todos los enfoques y mo-delos de desarrollo y promoción de la participa-ción social que impulsan la iniciativa pública, lano gubernamental y la cooperación externa.

El Gobierno de Maduro. En las elecciones del25 de noviembre, los partidos tradicionales, Na-cional y Liberal, ratificaron su hegemonía de

siempre en la papeleta presidencial —acaparan-do 95 por ciento de los votos válidos—, pero,por primera vez desde 1982 el partido triunfa-dor no tuvo el control de la mayoría simple delPoder Legislativo, donde el electorado dio a lospartidos minoritarios —PINU, Democracia Cris-tiana (DC) y Unificación Democrática (UD)—doce diputados de 128.

Ricardo Maduro, 55 años, nacido en Panamápero con nacionalidad hondureña, había adqui-rido su nacionalidad por la “vía consanguínea”en 1982, en un acuerdo emitido por un ministrode Gobernación liberal bajo un gobierno libe-ral. En los 18 años siguientes nadie objetó suidentidad pese a que fue diputado al CongresoNacional, al Parlamento Centroamericano y Pre-sidente del Banco Central de Honduras. Desdeque formalizó sus aspiraciones, el Partido Libe-ral lo consideró un rival muy peligroso y decidióvetarlo aduciendo que no era un verdadero hon-dureño por nacimiento, un requisito exigido porla Constitución. El Partido Liberal manipulóabiertamente el Tribunal Nacional Electoral ehizo casi imposible su inscripción, pero una há-bil campaña política y el respaldo de influyentespoderes fácticos —como la embajada de Esta-dos Unidos— le hizo salir avante.

Entre agosto de 1999 y marzo del 2001, cuan-do fue inscrito finalmente como candidato pre-sidencial, Maduro mostró su capacidad para ca-pitalizar a su favor los ataques de que era blanco.Más empresario que político, Maduro es Direc-tor Ejecutivo de Inversiones La Paz, que incluyeacciones en camaroneras, venta de autos, banca,supermercados, centros comerciales y hoteles,entre otras. Frente al candidato liberal PinedaPonce, a Maduro se le hizo fácil representar la“modernidad” no el atraso; al ejecutivo de nego-cios, no al cacique; el hombre de mundo, no el“rural” empedernido; al agredido, no al agresor;al conciliador, no al intolerante.

En sus primeros tres meses de gestión, el Pre-sidente Maduro dejó la impresión general de queno estaba tan preparado o listo para gobernar


como se había anticipado, sobre todo por dosrazones, la primera es la conformación de ungabinete de banqueros sin experiencia política y,mucho menos, social; y la segunda es la ausenciade una estrategia para reactivar económica y so-cialmente al país.

Ambos elementos dan a la administración deMaduro las siguientes características:a) Una gestión económica desligada de la pro-

ducción y lo social, con un peso fuerte en labúsqueda de salidas financieras, monetaristaso fiscales a la crisis.

b) El modelo “gerencial” o verticalista se impo-ne sobre la búsqueda de fórmulas de consen-so, entendimiento o diálogo con los sectoressociales. Un caso típico ha sido el prolongadoconflicto entre el Ministerio de Educación ylos maestros por el llamado “Estatuto Labo-ral”.

c) Escasa visión de lo político en el ejercicio dela administración pública, situación en la quereparan incluso dirigentes o miembros de supropio partido.La falta de interlocutores y negociadores ade-

cuados en su propio gabinete acentúa la impre-sión de soledad que lo acompaña. La voz oficialmás constante ha sido la del ministro de la Presi-dencia, Luis Cosenza, el funcionario más influ-yente, pero al mismo tiempo el más expuesto aun desgaste prematuro.

En cualquier valoración inicial del gobiernode Maduro no puede desconocerse que se encon-tró, de inicio, con dos circunstancias determi-nantes: primero, el resultado electoral quitó a supartido el control del Congreso Nacional que tra-dicionalmente han tenido los ex presidentes. Tie-ne 61 de los 128 diputados, los liberales tienen55. Segundo, la grave crisis económica del países más seria de lo que tenían previsto, lo cual esun argumento que siempre se repite de un go-bierno a otro.

En resumen, Maduro está nominalmente alfrente de un Estado insolvente y una población

demandante, sin un muro político claro sobre elcual recostarse o protegerse la espalda.

En el Congreso Nacional, la imagen de debi-lidad política de Maduro la acentuaron tres de-rrotas al hilo que su administración y su partidoencajaron. La primera fue el rechazo a un pro-yecto de reingeniería del gabinete, la segundatuvo que ver con la elección del ComisionadoNacional de los Derechos Humanos y, finalmen-te, el rechazo a su propuesta inicial de reformafiscal (“paquetazo”), que terminó siendo apro-bada luego de un acuerdo de último momentoentre nacionalistas y democristianos.

Cada vez que se ha visto obligado a acudir alCongreso Nacional, el Presidente Maduro salemás debilitado que fortalecido. Pareciera que al-gunos políticos, incluso correligionarios suyos,quisieran ver al gobernante reducido a papelessecundarios, como si se tratara de inventar enHonduras una “dictadura parlamentaria”. Dehecho, las primeras concesiones las tuvo que dara favor del llamado “lado oscuro” de su partido,integrado por un grupo de diputados ligados alex presidente Rafael Leonardo Callejas, quien hasido ampliamente favorecido en este período confallos judiciales en múltiples casos de presuntacorrupción o abuso de poder.

El Partido Liberal, por su parte, ya sintió elolor a sangre. Para su propia sorpresa, los libera-les se han topado con una inesperada y crecien-te cuota de poder, justo cuando se considerabanaislados en la llanura. En los liberales priva lasensación que dentro de cuatro años pueden es-tar de vuelta y eso caracteriza tanto su actitudcon respecto al Poder Ejecutivo como con rela-ción a sus asuntos internos. La clave para los li-berales está en cómo manejar su imagen de prin-cipal fuerza opositora y jugarán electoralmentecon ella. Los liberales no quieren alianzas de lar-go plazo o muy comprometedoras con los nacio-nalistas. Para cada pacto o compromiso políticohabrá un costo que hacer pagar al PresidenteMaduro, y el monto cada vez puede ser más alto.


Mientras tanto, al interior del Partido Liberallas nuevas condiciones hacen improbable quehaya espacio para una renovación del liderazgo.Es más, la carrera presidencial electoral ya co-menzó entre los liberales y es alrededor de losviejos apellidos o caciques, no de nuevas figuras.

Por si los problemas políticos fueran poco,Maduro tiene ante sí el desafío de cumplir suspromesas electorales, y la principal de ellas, elcombate a la inseguridad ciudadana, no la estáganando. El esfuerzo acumulado hasta ahoradespierta más preocupaciones que esperanzas.En lo jurídico se aprobó una Ley de Conviven-cia Ciudadana que parece calcada de los tiem-pos de la Guerra Fría, y en lo práctico lo que seve es un fortalecimiento del aparato policial ymilitar que asusta más a la ciudadanía que a losdelincuentes.

La economía tampoco anda bien, y esto no esuna responsabilidad que recae en los hombros

Los rostros de la delincuencia

En Honduras conviven dos tipos de delincuentes, el

común y el impune. El primero responde al viejo mo-

delo de la inseguridad, de raíces socioeconómicas, y que

ha encontrado sus propios mecanismos de reproduc-

ción. Es una delincuencia cada vez más violenta, pero

que —generalmente— vive en un círculo vicioso del que

difícilmente trasciende y donde está permanentemente

expuesto. Mientras tanto, las raíces del segundo están

ligadas al usufructo del poder y a la articulación de redes,

cada vez más extendidas y poderosas. Las redes del

crimen organizado no se muestran ajenas a la política, al

contrario, muchas invierten en ella; saben lo que quieren

y cómo alcanzarlo. Se habla de tráfico de drogas, lavado

de moneda, robo de carros, secuestros y otras figuras

delictivas.

Para emprender una guerra contra ese tipo de inseguri-

dades se requieren no sólo recursos, de por sí escasos,

sino una articulación eficaz de las instituciones de segu-

ridad, justicia, medios y ciudadanía. Esa articulación, por

ahora, no existe; al menos en el grado deseable.

Bajo esas circunstancias, la guerra se encuentra más en

un momento de gestos y gastos que de resultados.

exclusivos de Maduro. El mayor logro del go-bierno fue la reciente aprobación de una pró-rroga del permiso de trabajo temporal para losmigrantes hondureños en Estados Unidos. ElFMI sostiene que los ingresos por divisas for-man parte del Producto Interno Bruto, pero esees un criterio relativo y objetable. Los migrantesvenden su fuerza de trabajo en Estados Unidos,no en su país de origen.

En otra área, la quiebra de bancos —produc-to también de un desequilibrio heredado— in-troduce un factor de incertidumbre y ahonda elagujero negro fiscal. Los contribuyentes estánpagando —con más sacrificio— los platos ro-tos de la corrupción o ineficacia privada. Lo cu-rioso de esto es que la “cero tolerancia” —polí-tica que impulsa Maduro contra la delincuencia—no parece incluir a los banqueros responsablesde las quiebras. Ni siquiera se anuncian proce-sos judiciales.

Habituados al fuego lento, la mayoría de loshondureños no parece percatarse de la gravedadde una situación económica que en lugar de me-jorar; empeora, con un gobierno atrapado entrelas demandas salariales de sectores públicos, lasexigencias de una nueva renegociación de laCarta de Intenciones con el FMI, el estancamien-to crónico de la iniciativa privada y los efectosde la recesión e inestabilidad internacional.

Hay diversos indicadores de la situación, des-de los macroeconómicos que sirven para eva-luar si un país es de riesgo o no para los inversio-nistas hasta los microeconómicos, como aque-llos vinculados al sector social de la economía oa la economía informal que muestran con ma-yor rigor el rostro humano de la crisis.

De los 740 mil abonados al servicio de laEmpresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),unos 600 mil —más del 80 por ciento— sonmorosos, dijo Ángelo Botazzi, gerente de esainstitución. Desde que Honduras inició en 1990su programa de ajuste estructural, no ha cesadode promulgar medidas de apertura económica eincentivos a la inversión, pero la misma no llega


en la proporción deseada y el capital nacionaltampoco logra levantar cabeza. El Consejo Hon-dureño de la Empresa Privada (COHEP) asegu-ra que en los últimos seis años fiscales 4,750empresas han declarado renta negativa, operan-do al filo de la navaja, mientras 745 empresasconsideradas medianas y grandes cayeron enmora por no poder pagar impuestos. En estemarco, el país vive una dolarización de facto queel gobierno no se atreve a decretar oficialmente.El 33 por ciento de los depósitos en la bancaprivada ya son en dólares y muchas transaccio-nes de bienes y servicios se hacen en esa mone-da. El impacto o el costo de practicar una medi-

da monetaria de esa naturaleza sin que las es-tructuras económicas e institucionales estén pre-paradas para ello es muy alto.

En resumen, el gobierno de Maduro parecesufrir de un desgaste acelerado que abre un ca-pítulo de incertidumbre e inestabilidad sin pre-cedente desde 1980. No todos los políticos, in-cluyendo nacionalistas, apuestan a que Madurotermine su gestión de cuatro años. En todo caso,ciertas o no, esas conjeturas ratifican que la cri-sis poco a poco llega a grados de ebullición yque sólo cambios significativos en la gestiónpública pueden aliviar una presión cada vez máspeligrosa.

LA REFORMA MILITAR, UNA AGENDA INCONCLUSAPor Thelma Mejía

Atrás quedaron los años cincuenta que die-

ron origen a las Fuerzas Armadas para

convertirse, tres décadas después, en el

mayor poder político de Honduras, cuya rela-

ción con la sociedad estuvo regida por períodos

de cercanía y otros de total alejamiento.

En los años setenta, los militares iniciaron un

período de mucha “cercanía” con la población,

bajo el régimen populista del general, Oswaldo

López Arellano, quien promueve un esquema de

reforma agraria a favor de los grupos campesi-

nos, así como reformas constitucionales que ge-

neran simpatías en la sociedad. Era la época en

donde los uniformados castrenses saboreaban el

don de la “pleitesía” que les tributaba la clase

política, económica y social, con quienes se

aliaban para ejercer el control y los destinos del

país. Inicia así, la subordinación del poder civil

al militar.

No obstante, esa luna de miel entre civiles y

militares, se ve opacada por los primeros escán-

dalos de corrupción como el “banana-gate”, el

mayor soborno bananero que se achacó a latransnacional United Brands, al efectuar el pagode dos millones de dólares al gobierno hondure-ño para una presunta evasión fiscal. Al trascen-der el escándalo, uno de los ejecutivos de esacompañía estadounidense, se suicidó en NuevaYork. El gobierno de López Arellano nombracomisiones investigadoras, al margen de los ór-ganos contralores existentes en el Estado, para“encontrar” culpables, pero sin castigo “real”.

Cae entonces, su gestión gubernamental, el 22de abril de 1975. Pero, otro nubarrón se cerníaya en la relaciones cívico-militares al producirselas primeras masacres de grupos campesinos porel problema de tierras, como el caso de LosHorcones y la Masacre de Santa Clara, en elnororiental departamento de Olancho, en la épo-ca del extinto general, Juan Alberto Melgar Cas-tro. Se produce, entonces, una época de distan-ciamiento, donde la herida se profundiza en 1977,con el asesinato de los esposos Ferrari, por cues-tiones de narcotráfico, cuyos orígenes nacen vin-

La reforma militar, una agenda inconclusa 19

culados a la participación castrense. Ambos ca-sos, deterioraron las cercanas relaciones desarro-lladas con la población, que comenzaba a vercomo sus “héroes” de la guerra de 1969 con ElSalvador, caían cual si fueran “ídolos de barro”.

No obstante, el contexto político regional quevivía Centroamérica, tras el triunfo en 1979 dela revolución sandinista en Nicaragua, generónuevas coyunturas para las Fuerzas Armadashondureñas, que apoyadas por Estados Unidos,deciden abandonar “formalmente” el poder paradar paso a elecciones libres y democráticas quepermitan el retorno de los regímenes civiles. Ensu estrategia, Estados Unidos no podía llevar acabo su política de guerra sucia y baja intensidadcon gobiernos autoritarios y corruptos. Necesi-taba gobiernos civiles y democráticos para ava-lar sus acciones.

En esta etapa, los militares lograron granjear-se la simpatía de un amplio sector social e ini-cian una nueva fase de acercamiento con la po-blación, al venderse como los “abanderados” dela democracia que garantizaron el retorno de losgobiernos civiles, aunque en el fondo, ellos siem-pre ejercerían el poder real. En 1982, Hondurastiene, mediante elecciones libres, un nuevo go-bierno civil al mando del doctor, Roberto SuazoCórdova, quien a lo largo de su gestión fue unsimple “comodín” de las políticas de Washing-ton y los deseos de los militares hondureños. Susallegados afirman que nunca gobernó. Cedió elpoder al otrora hombre fuerte de las FuerzasArmadas, el general Gustavo Álvarez Martínez,con quien inicia así la más cruenta violación alos derechos humanos en este país centroameri-cano. Álvarez Martínez, fue depuesto de su car-go en 1984, en una emboscada táctica planifica-da por sus compañeros de armas, es forzado aabandonar el país, y a su retorno, años después,fue asesinado en 1988 por presuntos grupos deizquierda o, en otra versión por sus propios excompañeros militares.

Amparados en la doctrina de seguridad na-cional, los militares iniciaron en los ochenta, laejecución extrajudicial de más de 187 civiles opo-sitores, fomentando así un terrorismo de Esta-do. Aún se desconoce el paradero de estas per-sonas, al rehusarse la institución castrense a ren-dir cuentas sobre este aspecto.

Honduras y su ejército jugaron un papel ins-trumental al servicio de la política de EstadosUnidos, que usó el territorio para impulsar polí-ticas al resto de países centroamericanos desdesu base militar de Palmerola. Ese rol instrumen-tal desempeñado por las Fuerzas Armadas seprolonga más o menos a fines de la década, cuan-do, en América Central, los varios acuerdos depaz avanzaban una transición democrática don-de cada vez, los militares abandonaban su rolprotagónico. Honduras, no fue la excepción. Yaen la década de los noventa el factor de poderque en un momento fueron los militares, desapa-rece para convertirse en un grupo de presión más.

En 1990, asume la presidencia de Honduras,Rafael Callejas, un hombre vinculado a los gru-pos de derecha y que formaba parte de una ge-neración de líderes políticos modernos que asu-mía posiciones de mando en Centroamérica.Considerado un hábil comunicador, al grado deser uno de los gestores de la corrupción en elperiodismo, el gobierno de Callejas, no pudo, alfinal, quitarse la estirpe de ser uno de los regí-menes más corruptos del país, por lo cual exis-ten juicios pendientes.

Pero, de otro lado, Callejas, fue el impulsordel proceso de desmilitarización del país con laeliminación de la temible Dirección Nacional deInvestigación (DNI) o policía secreta, responsa-ble junto al batallón de la muerte 3-16, de lasviolaciones a los derechos humanos y la desapa-rición forzada de personas en la década de losochenta. La desaparición de la DNI cobra fuer-za tras las denuncias de abuso, violaciones y co-rrupción hechas por el ex agente, Josué Elí


Zúñiga, que fuerza al gobierno de Callejas a nom-brar una comisión de notables que recomiendaabolir la temible policía secreta.

Asimismo, da origen al estatal ComisionadoNacional de los Derechos Humanos, quien pre-senta un informe sobre las violaciones suscita-das en los años ochenta y responsabiliza al Esta-do de la ejecución extrajudicial de más de 187personas. El informe del Comisionado, surgetambién a raíz de dos sentencias emitidas en con-tra del Estado de Honduras por la Corte Inter-americana de Derechos Humanos (CIDH), quienlo condena por la desaparición forzada de losdirigentes populares Manfredo Velásquez y SaúlGodínez.

Paralelo a estas acciones, y con la puesta enmarcha del programa neoliberal de ajuste eco-nómico, el gobierno de Callejas elimina lasexoneraciones y subsidios que gozaban los mili-tares en sus negocios, un capítulo que incide enel deterioro de las relaciones cívico-militares consus tradicionales aliados, los empresarios, quevieron en ellos una competencia desleal.

Al interior de las Fuerzas Armadas, los cabil-deos y remezones estuvieron a la orden del día.El fantasma de los golpes de barraca no desapa-recía, y paradójicamente, uno de los militaresfundadores del batallón de la muerte 3-16 y con-siderado un experto en inteligencia, contra-inteligencia y guerra sucia, el general Luis AlonsoDiscua Elvir, se convierte en el máximo jerarcacastrense, y le toca iniciar la transición en la eta-pa de la desmilitarización.

En 1994, asume el poder del país el ex presi-dente, Carlos Roberto Reina, propulsor de una“revolución moral” que terminó salpicando sugestión con hechos de corrupción, pero que enmateria de relaciones cívico-militares hizo losmás fuertes impulsos en el proceso de desmili-tarización. Como parte de una promesa de cam-paña electoral, y bajo la fuerte presión de la so-ciedad civil, Reina se atrevió a abolir el serviciomilitar obligatorio, interpretado por los unifor-

mados como el “mayor golpe” propiciado a lainstitución. Los antecedentes que favorecieronla eliminación obligatoria del servicio militar fue-ron los reclutamientos forzosos, una especie de“cacería humana”, hechos los jóvenes de esca-sos recursos. La resistencia militar a este cambiofue tanta, que encerraron a Reina en uno de suscuarteles para intimidarlo, y el entonces jefe delas Fuerzas Armadas, el general Luis AlonsoDiscua Elvir, manifestó molesto que “volunta-rio” sólo se iba al cine.

La abolición del servicio militar obligatorio,fue seguido de la acción estatal de quitar el con-trol que los militares tenían en muchas empresasdel Estado, consideradas por ellos claves para laseguridad nacional, como la Empresa Hondure-ña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), elInstituto Geográfico Nacional y la Marina Mer-cante, entre otros, las que además formaban partede sus empresas particulares aglutinadas en elInstituto de Previsión Militar. Esta incursión enlos negocios, donde los uniformados son hastahoy propietarios de funerarias, aseguradoras, unbanco, una cementera, la Armería, una agenciapublicitaria, una radioemisora, camaroneras, yotros, fue considerado por los empresarios loca-les como una competencia desleal porque ha-cían sus negocios a costa de los beneficios queles otorgaba el mismo Estado. No obstante, pocoa poco esta irregularidad de competencia se fuecorrigiendo en la administración de Reina, cuan-do el entonces ministro de Finanzas, Juan Ferrera,decidió por primera vez en la historia del paíscontabilizar con nombre y número de cuenta enel Presupuesto Nacional, la partida asignada alas Fuerzas Armadas.

Otro momento importante fue la separaciónde la policía de las ramas que conforman las Fuer-zas Armadas. Por más de tres décadas la policíapreventiva, encargada de la seguridad ciudada-na, estuvo bajo el mando castrense. Sus abusosde poder, corrupción e implicación de sus altosmandos en acciones vinculadas a los secuestros,


delincuencia común, narcotráfico y robo de vehícu-los, entre otros grandes delitos sólo abonaron elya deteriorado camino e imagen de los militares.

Después de las acciones de Reina, PresidenteCarlos Flores Facussé (1998-2002), se elimina laautonomía de la institución armada, el cargo deComandante en Jefe, y asume, por primera vez,un civil como ministro de la Defensa.

Pero... ¿qué pasó con la reforma? Hasta ahí,el proceso de desmilitarización del país cobrabaforma a nivel institucional, pero en el régimendel ex presidente Flores, la marcha del mismo seestancó.

Polémico e impredecible, el ministro de la De-fensa, Edgardo Dumas Rodríguez, fue uno delos hombres de mayor confianza del mandatarioy quiso a lo interno de las Fuerzas Armadas pro-mover cambios en materia de transparencia yrendición de cuentas, sin imaginar las resisten-cias que iba a encontrar, y los más insólito aún:que Flores lo iba a dejar sólo en esa lucha.

El primer indicativo de que el presidente Flo-res no estaba interesado en ahondar las refor-mas fue la forma en que eligió al nuevo jefe delEstado Mayor Conjunto. La elección del generalDaniel López Carballo, se produjo violentandouna serie de normas internas de la instituciónarmada en cuanto a requisitos para asumir di-versos cargos. López Carballo, en menos de treshoras, y por decreto, fue ascendido de cargo encargo hasta llegar a su nombramiento final. Sunombramiento, precedido de una marcha mili-tar y una cadena de radio y televisión en el país,para simular a la población que se avecinaba unacrisis institucional que podría derrocar a Flores,fue considerado por oficiales castrenses y analis-tas políticos como una estrategia gubernamen-tal para justificar en el cargo a un hombre deentera confianza del entonces presidente, don-de la politización podría estar llegando nueva-mente a las Fuerzas Armadas.

Consciente de las irregularidades que prece-dieron su asunción al interior del ejército, López

Carballo entonces promovió una “política depuertas abiertas” y presentó hace un año, un plande transformación y readecuación de las Fuer-zas Armadas en lo que sería su nueva visión ymisión. Promovió, asimismo, cambios internosque no fueron del halago de muchos uniforma-dos. Apoyado por el Programa de las NacionesUnidas para el Desarrollo (PNUD), que impul-sa un proyecto de modernización de las FuerzasArmadas, los militares hablan ahora de derechoshumanos, transparencia, rendición de cuentas,sin que ésta última, de momento, implique ha-blar de la verdad en el tema de los desaparecidosde los años ochenta.

Sin embargo, procesos internos al interior delgremio castrense que culminaron con la salidadel ministro de la Defensa, Edgardo Dumas,promotor de esta modernización, bajaron el im-pulso a las reformas, que se dieron sólo a nivelde una auditoría al interior del Instituto de Pre-visión Militar (IPM), el órgano que controla lasempresas militares. Esta auditoría fue financiadapor países cooperantes, particularmente euro-peos, que dos décadas atrás nunca habrían apos-tado un dólar a favor de los militares, pero queahora consideran que se pueden producir refor-mas castrenses orientadas a la rendición de cuen-tas y la búsqueda de la verdad sobre lo aconteci-do en los años ochenta. En sus informes preli-minares, la auditoría arrojó irregularidades al in-terior de las empresas que controla el IPM, malmanejo administrativo en cuanto a la visión so-bre sus negocios, así como quiebras que pudie-ron evitarse, según trascendió en forma extra-oficial. Dumas encontró planillas fantasmas alinterior del gremio castrense, cobro de viáticosinjustificados, pago de periodistas de medioscomo “asesores” de imagen, y otras irregulari-dades que evidenciaban que los uniformados noentendían el concepto de la rendición de cuen-tas. No obstante, al interior del gremio armado,un amplio sector de jóvenes oficiales promovíanreformas orientadas a redefinir el nuevo rol delejército en tiempos de democracia y paz.


Con la asunción del gobierno de RicardoMaduro este año, López Carballo fue sustituidopor el ahora general Isaías Barahona, un oficialque considera que los militares deben abrirse ala sociedad, impulsar las reformas, pero en eltema de las violaciones a los derechos humanosse maneja con reserva porque es del criterio quelas Fuerzas Armadas no tienen porqué pedirperdón. Maduro, quien nombró como ministrode Defensa, a uno de sus mejores amigos y em-presario, Federico Brevé Travieso, no tiene claroaún qué hacer con las Fuerzas Armadas, cuáldebe ser su rol en el marco de una política dedefensa nacional y en tiempos de paz.

Pero los militares, parecen saber qué quierenhacer con su institución. Los días 6 y 7 de juniode este año, Naciones Unidas promovió lo quese considera el primer encuentro, post GuerraFría, entre civiles y militares, en la búsqueda decaminos que permitan focalizar los desencuen-tros y abrir nuevos espacios de diálogo y consen-so. Ahí, las fuerzas armadas aceptaron sus erro-res e incluso indicaron que sus relaciones con lasociedad civil nunca han sido “muy naturales”.Tenemos, dijo, el general, Isaías Barahona, una“lista larga de cuestionamientos” y debemos darrespuesta a ellos. “Muchas de las cosas que pasa-ron no fueron engendradas sólo en los cerebrosmilitares, fueron engendradas también en loscerebros de muchos políticos”, dijo el general.

Por eso ahora hablan de unas nuevas fuerzasarmadas apolíticas, de apertura institucional ha-cia la sociedad, la enseñanza de los derechoshumanos como un eje transversal de su reformainstitucional y currícula académica, sometimientoa la ley en forma “inteligente y progresista”. Tam-bién desean probidad al interior de su institu-ción y las empresas que manejan, fortalecimien-to institucional, redefinición del marco legal,conciliación con los sectores sociales con quie-nes han estado confrontados, mayor vocacióndemocrática y no repetir nunca más las atroci-dades cometidas en el pasado.

Según el sondeo, seis de cada diez hondure-ños indican que los militares nuevamente les ins-piran confianza, cuatro de 10 piensan que lasFuerzas Armadas siguen siendo necesarias, peroun 36 por ciento del total de encuestados —1,200hondureños—, considera que persiste la corrup-ción al interior del gremio uniformado.

Mientras, un estudio elaborado por la sociólo-ga Julieta Castellanos, que fue presentado en elevento patrocinado por el PNUD, revela que laimagen de los militares sigue deteriorada, peroresalta los esfuerzos de modernización en los últi-mos años. El estudio contiene entrevistas a secto-res representativos y elites de la sociedad con unmayor nivel académico y de incidencia política.

Ahí, los consultados, por unanimidad, consi-deran que las Fuerzas Armadas no saben aúnque rumbo tomar, no se ven aún en materia deinstitucionalidad castrense las reglas claras deljuego, y da la impresión que poco a poco losmilitares parecen estar más sujetos al “gusto” delgobernante de turno, que a la definición de unpapel más acorde con los nuevos tiempos quedemanda la democracia y el Estado de Derecho.Es evidente que a lo largo del trabajo elaboradopor Castellanos, la sociedad civil reclama justiciaen el caso de las violaciones a los derechos hu-manos y el paradero de los desaparecidos políti-cos. Ese es un punto toral para alcanzar cual-quier avance en la construcción de los valoresdemocráticos y la cultura política en Honduras.

Riesgos identificados. De momento tres pun-tos se han identificados como claves para conti-nuar profundizando la reforma militar: su pre-caria institucionalidad, donde los uniformadosno saben qué pasará con ellos y sus cargos, cuántotiempo durarán y hasta dónde la politizaciónpartidaria penetrará con tal fuerza que los lleve aconvertirse en corrientes apéndices de los parti-dos tradicionales.

El segundo está vinculado con la impunidad,en el cual los miembros de las Fuerzas Armadas


no están dispuestos aún de rendir cuenta de susacciones a la ciudadanía.

Y por último, se avizora el riesgo del retornoal autoritarismo ante las condiciones de insegu-ridad ciudadana que vive el país, donde la delin-cuencia común y el crimen organizado tienen“acorralado” al gobierno de Maduro, que cen-tró su principal promesa de campaña en brin-dar seguridad a las personas de sus bienes y suvida.

A dos semanas de instalado su gobierno, Ma-duro anunció una “guerra contra la delincuen-cia” en la que sacó a los militares y policías a lacalle, se militarizó el país y logró bajar sustantiva-mente el delito menor, así como reprimir a lasmaras o pandillas juveniles, pero nunca se atemo-rizó a la delincuencia ni el crimen organizado.

Las tanquetas militares, con soldados resguar-dando las principales ciudades del país con ar-mas para el ataque, no dejaron de crear incerti-dumbre en la población, que si bien aplaudía laacción, ante los primeros acordonamientos yexcesos por parte de más de algún oficial, evocóla reciente historia vivida en los años ochenta.

Pero un operativo tan costoso, en un país quese declaró hace un año como “pobre, altamenteendeudado” no podía durar mucho. Y el crimenorganizado al conocer los movimientos de lapolicía, dio fuertes golpes a la guerra contra ladelincuencia al extremo que violó la seguridadde los círculos de poder al secuestrar y poste-riormente asesinar al empresario y político libe-

ral, Reginaldo Panting, ministro de Economía enel gobierno del Flores. El secuestro y muertepuso al descubierto la fragilidad de Maduro ensu política de “cero tolerancia”, y nuevamente,sectores políticos y económicos, han vuelto susojos a los militares para que retomen un papelque no es el suyo: la seguridad ciudadana.

Hay claridad en la cúpula castrense que losmilitares no deben tomar papeles que en el pa-sado les causaron desprestigio, y casi a gritosdemandan del Estado la redefinición de sus ro-les desde una política estatal que establezca yplantee claramente las diferencias entre una po-lítica de Defensa y una de Seguridad Pública yCiudadana. Ambas no existen aún en el país. LasFuerzas Armadas irán cobrando mayor protago-nismo, se habla de más presupuesto para com-batir la guerra contra la delincuencia, y el riesgoes hasta qué punto el Estado está dispuesto adar “seguridad con democracia”, pero no segu-ridad a “costa de” la democracia.

De momento, después de 22 años, civiles ymilitares, incluyendo a víctimas de las violacio-nes a derechos humanos, se sentaron, por pri-mera vez, en una mesa a buscar puntos de en-cuentros, donde el esclarecimiento de las des-apariciones de los años ochenta parece ser el ter-mómetro que indicará qué tan lejos o cerca quierellegar el gobierno y los militares en la reforma ydesmilitarización del país, así como en la conso-lidación de la construcción democrática. Las se-ñales, por ahora, siguen siendo confusas.

Veinte años han transcurrido desde que

Honduras retornó formalmente a la de-

mocracia, dejando atrás el fantasma de

los golpes militares y los fraudes electorales ges-

tados por mutua conveniencia entre las princi-

pales fuerzas políticas y los militares. Muchas ac-

ciones se han ejecutado y entre ellos cuenta la

depuración del censo o padrón electoral, donde

las muertos ya no pueden votar. Asimismo, hoy

en día la Ley Electoral permite la inscripción de

nuevos partidos y candidatos independientes, así

como coaliciones parciales y totales entre parti-

dos. No obstante, hay mucha rigidez en los re-

quisitos legales para optar a estos mecanismos

de participación. Y permite ahora, con la nueva

papeleta separada, a los electores “cruzar su

voto” para elegir el presidente, diputados y al-

caldes municipales de su preferencia. También

la puesta en práctica en 1997 del llamado voto

domiciliario permitió ahorrar costos a los votan-

tes, partidos políticos y autoridades electorales

porque ahora la población ya no necesita trans-

portarse de un sitio a otro para votar, sino que lo

hace en el centro de votación más cerca de su

domicilio.

Los partidos. En Honduras existen cinco par-tidos políticos legalmente inscritos: el derechis-ta Partido Nacional, en el poder; el opositor yconservador Partido Liberal; la Democracia Cris-tiana; el Partido de Innovación y Unidad (PINU),de tendencia social cristiana; y el Partido de Uni-ficación Democrática (UD), de izquierda. Deestos cinco partidos políticos, la fuerza mayori-taria se concentra en el Liberal y el Nacional,quienes se reparten más de 90 por ciento del elec-torado, estimado en unas 3.4 millones de votan-

LA REFORMA POLÍTICA Y LA PARTICIPACIÓNDE SOCIEDAD CIVIL

Por Thelma Mejía

tes. El resto de votantes es captado por los lla-mados partidos minoritarios o emergentes. En2001 ganaron los dos grandes partidos menosde 83 por ciento de los votos en uno de los 18departamentos y por eso reparten 116 de los 128diputados en el Congreso Nacional: PN = 61,PL = 55, PINU = 3, PDCH = 4, UD = 5.

No obstante, la construcción de una culturademocrática no ha sido fácil. Persisten aún en lacultura hondureña fuertes rasgos del autoritaris-mo heredado por los militares, donde la socie-dad civil y la clase política no escapan a estosesquemas. Por ejemplo, muchos de los partidosven en las organizaciones de sociedad civil, el“enemigo” a vencer al expresar erróneamenteque ésta quiere desplazarlos de sus posicionesde elección y poder. Sin duda, esta concepciónerrónea en el establecimientos de relaciones de-mocráticas y transparentes entre ciudadanía yclase política, es por ahora uno de los principa-les obstáculos para que la reforma política enHonduras no adquiera mayor velocidad.

La Fundación Democracia y Desarrollo, unorganismo de la sociedad civil que tiene más desiete años de estar impulsando las reformas alsistema político y de justicia, sostiene como de-bilidades la escasa democratización interna enlos partidos, cuya cúpula está dominada por per-sonajes arcaicos, conocidos popularmente como“dinosaurios” por la falta de tacto y visión. Estacasta de dinosaurios se vislumbra más en lospartidos Liberal y Nacional, a diferencia de queéste último se abrió sutilmente a una democrati-zación interna al poner nuevos rostros yliderazgos, como parte de una estrategia de los“grupos oscuros” que predominan al interior delPartido Nacional. Una vez tomado el poder, con

La reforma política y la participación de sociedad civil 25

el presidente Maduro a la cabeza, ese modernis-mo e incluso “apertura” a las ideas procedentesde la sociedad civil, se cerró nuevamente. Ese“lado oscuro”, como se conoce popularmente,es el que está gobernando ahora con el presi-dente Maduro.

En el Partido Liberal, de ser un partido deideas avanzadas, con gente lúcida intelectual yprofesionalmente, los últimos ocho años en elpoder, desgastaron su liderazgo. El liberalismovive actualmente una crisis de identidad, y su viejacúpula, como si fuera una hacienda particular,quiere heredar las riendas del partido a sus hijos,gente joven, pequeños “yupies” sin visión, perocon ansias de alcanzar el poder para continuar latradición de sus padres: fama, protagonismo, in-fluencia y fortuna. Los líderes liberales con for-mación e inquietudes por promover cambios yreformas que democraticen su partido, han sidodesplazados e instrumentalizados en épocasproselitistas para dar una sensación de apertura,sin que ello signifique que están obteniendo es-pacios para penetrar la línea dura partidaria ygestar la modernización que ameritan. Y los lla-mados partidos emergentes o minoritarios, conpocos diputados, cuando asumen posiciones depoder, se plegan a los mandatos de los partidostradicionales.

La socióloga Mirna Flores, es del criterio quela crisis de los partidos políticos arrastra al Esta-do y sus instituciones. Muestra de ello es que losorganismos electorales están integrados pormiembros que no responden a requisitos de ca-pacidad e idoneidad, y se toman decisiones departido. La Fundación Democracia y Desarrollorevela en sus informes que para promover ver-daderos cambios políticos en el país es precisodepurar el actual Tribunal Nacional de Eleccio-nes (TNE), una especie de pequeño bazar, don-de los partidos políticos ahí representados sereparten el botín monetario de la deuda políticay el empleo para sus activistas. A su vez, recalcala necesidad de separar el Registro Nacional delas Personas (RNP), del tribunal electoral, debi-

do a su alta politización y falta de profesionalismoen sus mandos.

¿Reformas electorales? De cara a los comiciosgenerales de noviembre de 2001, los partidospolíticos suscribieron una serie de acuerdos ycompromisos orientados a promover la refor-ma política que en sus puntos primordiales re-salta la necesidad de despolitizar y separar el TNEy el RNP, la incorporación constitucional delPlebiscito y el Referéndum, la reducción del pe-ríodo de campaña electoral a seis meses, cuandola tradición es de cuatro años, autorización paraalianzas dos o más partidos, regulamiento en elfinanciamiento de las campañas políticas, reduc-ción de los diputados, que actualmente es de 128,e igual número de suplentes, la elección de dipu-tados por distrito en vez de listas de candidatosde cada partido por los 18 departamentos, y eli-minar los tres designados presidenciales por unsolo vicepresidente.

No obstante, pese a que estos acuerdos, pac-tos y compromisos fueron rubricados por loscinco partidos políticos legalmente inscritos, conel aval de las Naciones Unidas y el Foro de For-talecimiento Democrático, que aglutina a lacooperación internacional y la sociedad civil, enlos primeros cuatro meses de este año, dichoscompromisos empezaron a tambalear. El Parti-do Liberal condicionó su apoyo a la reforma acambio de nombramientos, reparto de cuotas depoder, control en el Congreso y otras peticionesque indicaban que los pactos suscritos, fueronbajo un enfoque de “oportunidad”, pero no detransformación.

Mirna Flores, en un estudio de monitoreo yseguimiento a los compromisos políticos y lareforma política, sostiene que los primeros des-acuerdos que afloran se vinculan con la reduc-ción de diputados, donde se percibe que no hayconsenso al interior de los partidos porque con-sideran que van a perder poder. El mayor debateal respecto, advierte Flores, se verá en el Con-greso, cuyos parlamentarios se resisten a limpiar


la imagen y credibilidad de este poder del Esta-do, mucho menos a rendir cuentas a la ciudada-nía sobre sus ejecutorias legislativas, administra-tivas y de proyección social.

El Congreso, en época electoral, es la princi-pal oferta de los políticos para ofrecer a los gru-pos económicos que financian sus campañas,leyes a cambio de dinero. De ahí que no sea ca-sual que al finalizar el período de un gobierno einiciar otro, se aprueben, sin mayor transparen-cia, leyes y decretos que favorecen a empresa-rios con exoneraciones de impuestos, condona-ción de deudas e incluso compra de terrenossobrevalorados en recompensa al “aporte” he-cho al partido en el poder.

El 13 de junio de este año, se conformó lallamada Comisión Especial de Seguimiento delos Acuerdos Políticos y Sociales, en un intentopor rescatar el proceso de reformas iniciados yauscultar la probabilidad de que la clase política,social y económica del país pueda estructurar alargo plazo un proyecto de visión de país, cuyosesbozos generales por ahora no incentivan a losactores principales. Hasta ahora, los puntos deconsenso de los grandes acuerdos de reformapolítica suscritos por los cinco partidos políti-cos se circunscriben a la separación del RegistroNacional de la Personas del TNE, el plebiscito yreferéndum y limitar la inmunidad de los dipu-tados, dejando en suspenso lo que concierne a laforma de elección y selección de los parlamen-tarios.

Una sociedad civil crítica y propositiva. Sinlugar a dudas, los últimos veinte años de cons-trucción formal de la democracia no hubieransido posible sin la participación activa de gruposciudadanos y organismos no gubernamentalesque cada día cobran mayor vigencia y beligeran-cia en el país. Por ejemplo, la mayoría de las re-formas electorales en los compromisos políticosson propuestas avanzadas por el Foro Ciudada-no, un organismo que tiene como objetivo laformación de cultura política y democrática.

La lucha de los grupos sindicales y campesi-nos de los años cincuenta y setenta sentaron lasbases para una mayor participación civil, perono fue un proceso fácil porque la represión es-tuvo vigente y muchos campesinos y ciudada-nos cayeron en la lucha. Podría decirse, que traslas masacres de los Horcones y Santa Clara enOlancho, a fines de los setenta, la década de losochenta marca un nuevo momento en la histo-ria y palpitar de la sociedad civil. Tradicional-mente, las estructuras políticas caracterizan larepresentación social en actores como los sindi-catos, empresarios, campesinos y gremiosmagisteriales. En los años ochenta surgen nue-vos actores: los grupos de derechos humanos.

Impulsados por la represión del sistema, antela aplicación militar de la doctrina de seguridadnacional y la desaparición forzada de personas,los grupos de derechos humanos fueron y si-guen siendo aún, protagonistas clave en la bús-queda de la verdad, la denuncia de la impunidady a lucha por un Estado de Derecho más justo yequitativo. Organismos como el Comité para laDefensa de los Derechos Humanos en Hondu-ras (CODEH), el Comité de Familiares Deteni-dos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)y el grupo de Mujeres por la Paz “VisitaciónPadilla”, gestaron un movimiento poco tradicio-nal. COFADEH, es por ahora el organismo másconsecuente en la búsqueda de la verdad sobrelas desapariciones forzadas en los años ochenta,así como en la ubicación, denuncia y acusaciónde los militares responsables de las ejecucionesque huyeron del país, en un intento por evadir lajusticia. Los archivos, denuncias y testimoniosen poder de este organismo han permitido en-juiciar a varios uniformados, señalar otros tan-tos, y proponer acciones orientadas a consolidarla construcción democrática y el cese de la im-punidad.

Estos grupos de derechos humanos, en algu-na medida, abrieron el camino para que hoy elpaís tenga una sociedad civil más entusiasta, crí-tica y propositiva. Ya en los años noventa, nue-


vos intentos surgen por otorgar mayor protago-nismo a la sociedad civil y fomentar la participa-ción ciudadana, a nivel local, especialmente enlos municipios del interior del país. La teoría so-bre la importancia de la descentralización y losesquemas gobernabilidad comienzan a tenerfuerzas y encuentran en la participación de losmunicipios el mayor componente de apertura.

Paralelo a ello, surgen también con mucha di-námica las organizaciones defensoras del am-biente y de las mujeres, la infancia y los gruposétnicos. Estos nuevos actores, en alguna medidadesplazaron a los tradicionales, y junto a las or-ganizaciones no gubernamentales de desarrollo,las ONG, y coaliciones de sociedad civil logranpoco a poco, nuevos espacios de apertura y diá-logo político.

El proceso de desmilitarización de la socie-dad y la abolición del servicio militar obligatoriopor uno voluntario, humanista y educativo, fueuno de los momentos de mayor pujanza de lasociedad, al sumarse a esta iniciativa no sólo lostradicionales grupos populares sino que tambiéndirigentes empresariales. El llamado Frente Cí-vico por la eliminación del servicio militar obli-gatorio, fue una experiencia exitosa, y si bien sedesactivó posteriormente, facilitó la apertura deotro tipo de coaliciones como la Red de Asocia-ciones de Organismos no Gubernamentales(ASONOG), el Foro Ciudadano, Interforos, elForo Social de la Deuda Externa de Honduras(FOSDEH) y la coalición de organismos por lasreformas de la justicia, entre otros.

Del lado gubernamental, estas florecientesiniciativas de la sociedad civil obligaron al Esta-do a conformar lo que se conoce como el ForoNacional de Convergencia (FONAC), donde seconcitan los actores sociales tradicionales máslos partidos políticos, sin que hasta ahora se ledé la seriedad y el lugar preciso en materia deincidencia política por parte de los gobiernos.

En sus diversos ámbitos y radios de acción,estos grupos y coaliciones de sociedad civil ju-garon también un fuerte protagonismo en la lu-

cha por el traspaso de la policía a manos civiles,liderando este proceso el Foro Ciudadano, el es-tatal Comisionado de Derechos Humanos jun-to, al CODEH y el COFADEH. Este sería, elsegundo gran momento de la sociedad civil.

En medio de una fuerte lucha de interesespolíticos en el Congreso, se logró crear lo quehoy es el Consejo Nacional de Seguridad Inte-rior (CONASIN), una figura sin precedentes enlos procesos de desmilitarización en AméricaLatina, porque incluye, por primera vez, la parti-cipación civil en la formulación de políticas pú-blicas y de seguridad ciudadana. Sin embargo, lapolitización, los niveles de corrupción al inte-rior de la policía y la inmadurez de la sociedadcivil, han permitido que el CONASIN no jue-gue el rol que le da su mandato, funcionandopor ahora como un apéndice más del sistemaque obliga a los sectores sociales a replantearseen qué momento los espacios ganados se pier-den por falta de visión y estrategia.

A raíz del paso del huracán Mitch la partici-pación de la sociedad civil alcanza su tercer granmomento, que incluye una confrontación abier-ta con el gobierno ante los niveles de intoleran-cia y cooptación que el presidente Flores hizocon gran parte de la sociedad hondureña, inclui-dos los medios de prensa y un amplio grupo deperiodistas. Flores, hipersensible a la crítica ycuestionamientos, utilizó el paso del huracánMitch para profundizar su verticalismo e impe-dir que la disidencia cuestionara sus ejecutorias,al grado que utilizó su periódico La Tribuna, paraofender, calumniar y acusar a quienes conside-raba “enemigos, críticos y opositores” al régi-men.

Fue una época de mucha tensión que conclu-yó con acuerdos mínimos en materia de trans-parencia y rendición de cuentas, pero permitió,a la vez, demostrar a la comunidad internacionalque en Honduras la sociedad civil se reactivaba,hacia propuestas y estaba dispuesta a jugar unrol de fiscalización del accionar público, dondela corrupción e impunidad, serían, junto a la


Tras el huracán Mitch, el Gobierno de Honduras

estaba sumamente sensible a las críticas de la socie-

dad civil a su programa de emergencia para la re-

construcción. Una de las manifestaciones más dra-

máticas de esto vino en respuesta a Leo Vallada-

res, Comisionado Nacional de los Derechos Hu-

manos en Honduras, cuando en marzo de 1999

sugirió que el gobierno hubiera podido actuar

mejor en respuesta al huracán.1

Valladares reportó 17 casos de posible abuso de

la ayuda de emergencia, y solicitó a los fiscales del

gobierno investigar si había habido alguna acción

ilegal. En realidad no había sucedido gran cosa.

Dada la magnitud del desastre, el presidente Car-

los Flores habría podido citar el informe como

una vindicación del desempeño de su administra-

ción. De hecho, Valladares, un ex profesor de le-

yes, comparó su informe con otorgarle al gobier-

no una nota de 92 de un posible 100. Sin embar-

go, creyendo que el informe le daba mala imagen

justo antes de una importante reunión con los do-

nantes en Suecia, el presidente llamó a Valladares

y exigió que se retirara el informe. “Él me dijo:

‘No puedo ir a Estocolmo ahora, van a pensar que

todos somos ladrones’,” declaró Valladares, sugirien-

do que la reacción de Flores ante el informe era algo

más que otra de las famosas rabietas del presidente.

“Para mí, el único sentido que tendría esa respuesta

tan desproporcionada es que les preocupaba que

pudiéramos investigar otras cosas.”2

Aunque como funcionario de gobierno, Valla-

dares técnicamente no representa a la sociedad

civil, desde la creación del cargo público autóno-

mo en 1992 como parte de la desmilitarización de

la sociedad hondureña, el comisionado había sido,

en efecto, un vocero eficiente y bien articulado

para la sociedad civil. Hasta el paso del huracán

Mitch, el trabajo de Valladares consistía principal-

mente en abordar asuntos de derechos humanos,

especialmente los abusos de las décadas anterio-

res. Pero este informe inicial sobre la respuesta

del gobierno ante el huracán marcó un giro en el

LA REACCIÓN EXCESIVA ANTE LA CRÍTICA

Por Paul Jeffrey

trabajo de Valladares y de otros “defensores del

pueblo” en la región. Al disminuirse la brutalidad

de las fuerzas armadas, Valladares empezó a po-

ner la mira más en los delitos administrativos que

en los abusos cometidos por los militares. Eso lo

puso en confrontación directa con el sistema ju-

dicial del país, que tiene fama de ocuparse más de

los delitos menores, al mismo tiempo que prote-

ge a los criminales de saco y corbata.

Para Valladares eso significa una descripción más

riesgosa de su cargo. “Este trabajo es más peli-

groso que el que hicimos antes”, reconoció. “Es

más fácil investigar las violaciones a los derechos

humanos que los actos de corrupción oficial.

Cuando presentamos nuestro trabajo titulado Los

hechos hablan por sí mismos, no hubo una respuesta

tan violenta y brutal por parte de las autoridades

como cuando investigamos después del Mitch.”3

Enfurecido por el informe del comisionado, espe-

cialmente por su sugerencia de malversación en la

semiprivada Fundación María de su esposa, Flo-

res llamó al presidente del Congreso, Rafael Pine-

da Ponce, y le ordenó que se destruyera el manda-

to de Valladares. Avanzada la noche del 20 de abril

de 1999, con apenas la mitad de sus miembros pre-

sentes, el Congreso votó a favor de recortar el pe-

ríodo del comisionado y de limitar su mandato a

una pasiva recepción de quejas. Cuando al día si-

guiente se filtró la noticia, el mundo tomó nota.

Los embajadores europeos mascullaron algo sobre

recortes a la ayuda, y el New York Times instó a un

cambio de parecer. Al sentirse atacado, Pineda Pon-

ce le hizo mérito a su apodo de “ping-pong” y lla-

mó a una nueva votación. El 27 de abril, con cien-

tos de manifestantes que apoyaban a Valladares

batallando afuera con la policía, el Congreso votó

por unanimidad dejar sin cambios el mandato del

comisionado. La sociedad civil ganó la batalla, pero

corrió la voz de que cualquiera que cuestionara al

gobierno pagaría un alto precio, y la autocensura

se apoderó de los posibles críticos, incluido el pro-

pio comisionado para los derechos humanos.


pobreza y la deuda externa, sus ejes transversa-les en la promoción y lucha por reformas másdemocráticas.

Esa intolerancia de la ex administración Flo-rista generó a la par nuevas oportunidades a la

sociedad civil, que ahora es tomada en cuenta yobjeto de consultas sobre el rumbo de la nación,al tiempo que se le abren mayores desafíos enmateria de representación, incidencia y partici-pación.

LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DESPUÉS DEL HURACÁN MITCH

Por Paul Jeffrey

Seis semanas después del huracán Mitch, el Foro

Ciudadano, un grupo de prestigiosos académicos

y empresarios hondureños, se quejó de que la res-

puesta de emergencia del gobierno estaba fatal-

mente marcada por la lentitud, la ineptitud y la

centralización. El grupo planteó que la “reconstruc-

ción sin participación ciudadana no aseguraba la

democratización del país ni permitía la transparen-

cia”. En respuesta, el presidente Carlos Flores dio

rienda suelta a un grupo de periodistas subsidiados

para que atacaran al Foro Ciudadano, y Flores por

su parte respondió a sus críticos en un discurso

ante el Congreso en enero. “El que se opone me-

nos, ayuda más; el que menos confunde y agita a

otros, ayuda más”, declaró el presidente.

“El Foro Ciudadano estaba cuestionando el

modelo de gobierno de Flores, y no el modelo de

organización social que el país necesitaba después

del huracán Mitch”, opinó Germán Calix, direc-

tor nacional de Cáritas.1 En medio del caos que

dejó el Mitch, parecía el momento perfecto para

unirse en torno a una visión alternativa de la so-

ciedad civil organizada, y justo antes de finalizar

1998, Cáritas reunió a representantes de varios

otros grupos, principalmente de organismos no

gubernamentales (ONG). De esa reunión se creó

una nueva alianza, llamada Interforos. Para abril,

la alianza decía representar a más de 500 diferen-

tes grupos de base y ONG, incluido el Foro Ciuda-

dano. Después de años de letargo, Interforos re-

presentaba una nueva oportunidad para que la

sociedad civil se pronunciara con una voz más

fuerte.

Si alguien prestara oídos. Durante la primera

parte de 1999, tanto el Foro Ciudadano como

Interforos centraron sus energías en tratar de con-

vencer al gobierno para que elaborara un plan de

reconstrucción que resultara en un país mejor del

que había destruido el huracán. Los dos grupos

aumentaron la presión hacia el gobierno mientras

éste preparaba un plan para presentarlo en mayo

en Estocolmo ante los principales donantes . En

repetidas ocasiones le pidieron a Flores que ela-

borara su propuesta pensando en la participación

ciudadana, la descentralización, el desarrollo sos-

tenible, la protección ambiental y el combate a la

pobreza. Los gobiernos europeos también se

entrometieron, quejándose de la lentitud de Flo-

res para desarrollar planes concretos. El Ministro

de Cooperación Externa de Suecia, Pierre Schori,

advirtió en enero que Flores enfrentaba un “Mitch

social” si no se movía más rápido para responder

a las necesidades de las víctimas.

El gobierno decía contar con la suficiente re-

troalimentación por parte del Foro Nacional de

Convergencia (FONAC). Sin embargo, FONAC

está controlado por los partidos políticos y du-

rante mucho tiempo ha funcionado como paten-

te de corso para las políticas de gobierno. Flores

alternaba entre ignorar y atacar a Interforos y a

Foro Ciudadano, amagaba con regulaciones con-

tra los ONG jactanciosos, y luego trataba —sin

éxito— de cooptar a algunos de los protagonistas

ofreciendo altos cargos públicos a tres líderes de

Foro Ciudadano.

El enorme Plan Maestro de Reconstrucción y

Transformación Nacional, elaborado en secreto

por tecnócratas de la administración, fue finalmen-

te presentado por el gobierno en abril, con las tres

últimas palabras del título agregadas a última hora. El


gobierno dijo a los críticos que era demasiado tar-

de para introducir cambios. El Plan detallaba una

larga lista de proyectos de reconstrucción que as-

cendían a un total de 3.99 mil millones de dólares,

para los cuales solicitaba 3.67 mil millones de dó-

lares en donaciones y préstamos de la comunidad

internacional.

Interforos declaró que el documento estaba de-

sastrosamente plagado de proyectos a corto pla-

zo diseñados para elevar la imagen del presidente,

y produjeron su propio plan alternativo, que de-

dicaba una larga etapa a la transformación y un

período corto a la reconstrucción. Aunque algu-

nos decían que los dos planes se complementa-

ban, había contradicciones inherentes. “No se pue-

de hablar de descentralización y de fortalecer el

trabajo de las alcaldías si casi todo el dinero para

la reconstrucción va a ser controlado por las gran-

des agencias centrales, como SOPTRAVI y FHIS”,

declaró la socióloga Julieta Castellanos, líder del

Foro Ciudadano, en referencia al Ministerio de

Obras Públicas y al Fondo de Inversión Social

manejado por el gobierno.2

Con los europeos presionando por un lado y la

sociedad civil en el país quejándose por el otro,

Flores cedió una semana antes de la reunión en

Estocolmo, e invitó al Foro Ciudadano a una reu-

nión. Produjeron una declaración conjunta en la

que el gobierno se comprometía a combatir la vul-

nerabilidad social y ambiental, al manejo transpa-

rente de la ayuda internacional, y a descentralizar

y apoyar los gobiernos locales. Castellanos, una

de las signatarias, dijo que no se hacía ninguna

ilusión. “El gobierno promete, el presidente pro-

mete, y no cumplen. Todos los documentos de

gobierno son papeles sin valor, debido a que no

hay una fiscalización posterior, no hay vigilancia”,

declaró Castellanos.

En el valle del Bajo Aguán, los activistas pensaron

que los Comités de Emergencia Local —o Codels—

habrían causado sensación en Estocolmo. “Qué me-

jor manera de convencer a los donantes de que us-

ted [Flores] hablaba en serio que mostrándoles a

los 500 Codels. Éramos el atractivo turístico que los

europeos querían. Pero Flores no podía darle de-

masiada rienda sin correr el riesgo de sacar a relu-

cir la ropa sucia de la familia a la vista de todos,”

indicó Peter Marchetti, quien fuera sacerdote en

Tocoa y uno de los organizadores de los Codels,

al referirse a las afirmaciones de que el tío de Flo-

res, Miguel Facussé, había patrocinado el asesina-

to de un importante activista político de la región.3

En Estocolmo, el Gobierno de Honduras pre-

sentó un show con multimedia, pero no mencio-

nó ni a los Codels ni a Interforos. No obstante, a

Flores se le sometió a un interrogatorio. Los re-

presentantes del gobierno alemán preguntaron a

Flores cómo podría garantizar que los proyectos

continuarían con el próximo gobierno. Japón pre-

guntó por qué el gobierno estaba solicitando do-

naciones para revitalizar al sector privado pero no

préstamos para programas sociales. Maltratado por

la crítica, Flores fue de inmediato conducido por

un diplomático sueco de regreso a la habitación

de su hotel para que se reuniera con Mauricio Díaz,

presidente de la delegación de Interforos en Esto-

colmo. Ambos salieron de la habitación prome-

tiendo trabajar juntos y anunciando que cinco re-

presentantes de Interforos se integrarían oficial-

mente a la delegación del Gobierno de Honduras.

“La presión internacional hizo que el gobierno fi-

nalmente nos escuchara”, declaró Díaz.4

Una vez que pasó la euforia de Estocolmo, los

activistas regresaron a la lucha diaria por lograr que

el gobierno mantuviera sus promesas. Tras cua-

tro meses de presión, finalmente se sentaron con

Flores y crearon una comisión de vigilancia que

supuestamente aseguraría la participación de la

sociedad civil en las actividades de reconstrucción

promovidas por el gobierno. Entre los miembros

estaban Interforos, Foro Ciudadano, FONAC, la

asociación de alcaldes y dos grupos empresaria-

les. Sin embargo, la Comisión de Participación de

la Sociedad Civil para la Reconstrucción y Trans-

formación Nacional se demoró en arrancar. Tatia-

na Lara, representante de Interforos, dijo que los

miembros de la Comisión le solicitaron al gobier-

no informes escritos antes de las reuniones sema-

nales. Los ministros de gobierno, por el contra-

rio, les dieron toda una cátedra y luego les entre-


garon voluminosos informes. “Así es como defi-

ne el gobierno la participación ciudadana”, mani-

festó Lara. “Nos invitan para que les escuchemos

hablar en términos generales sobre cómo están

utilizando el dinero. No hay debate. Y es difícil

para ellos ceder incluso ese espacio, puesto que

creen que por ser elegidos para su cargo tienen

derecho a hacer lo que quieran sin que se les cues-

tione”.5 La táctica del gobierno inutilizó la comi-

sión conjunta. Posteriormente el gobierno pidió

a la comisión conjunta insumos para su Estrate-

gia de Reducción de la Pobreza. Aunque gran par-

te del insumo no se tomó en cuenta, el gobierno

orgullosamente se ufana de que el documento re-

sultante fue preparado con una amplia participa-

ción de la sociedad civil.6

Interforos estaba plagado de debilidades diver-

sas. Lo más importante fue que en las reuniones de

Interforos los representantes de los ONG eran

mucho más numerosos que los representantes de

las organizaciones de base. Los tecnócratas con

sede en Tegucigalpa que solían responder más al

contexto político inmediato de la capital del país

que a la situación en el terreno de las comunida-

des pobres, determinaron en gran medida la agen-

da de Interforos.

Esto empezó a cambiar a finales del 2000, cuan-

do se ofreció a la Pastoral Social de la diócesis

católica de Trujillo un puesto en la junta directiva

de la coalición. Los funcionarios de la Iglesia de-

clinaron, diciendo que los Codels deberían estar

en la junta de Interforos. Los Codels decidieron

que su organización conjunta, conocida como

Unicorass, debía representar a los grupos comuni-

tarios, e Interforos aceptó, convirtiéndose en el pri-

mer grupo de base en ocupar un cargo en la junta de

Interforos. La presencia de Unicorass en Interforos

fue un factor significativo que condujo a la reorga-

nización de Interforos en siete diferentes foros re-

gionales, incluido uno en el valle de Aguán, diseña-

do para fomentar la participación de las bases.

Según Lorenzo Cruz, representante de Unicorass

en Interforos, a algunos de los temas que en un

principio llenaron la agenda de Interforos, como

la deuda externa del país, se les dará menos prio-

ridad que a los temas identificados al nivel regio-

nal. Cruz también afirmó que la prominencia de

los ONG en Interforos se está reduciendo. “Los

ONG son como golondrinas. Donde hay dinero,

ahí están. Cuando no hay dinero, entonces no se

les ve por ninguna parte,” agregó.7

Un logro de ese proceso ha sido que en elcaso de la reforma político-electoral, la sociedadcivil logró en la época de las elecciones desarro-llar una especie de monitoreo sobre el discurso,campaña y promesas de los candidatos políticosque culminó con la presentación de un libro enmayo de este año, a cargo del Centro de Docu-mentación de Honduras (CEDOH), una espe-cie de memoria histórica del país. Ello sirviócomo un termómetro para la clase política alsentirse vigilada por sectores sociales que ya nose conforman con las vagas promesas electora-les, sino que demandan cumplimiento y estándispuesto a tomar el pulso de sus iniciativas.

La reforma judicial. Otra lucha de la sociedadcivil, la constituyó la reforma al poder judicial,

un esfuerzo de siete años que culminó con ex-periencias alentadoras, de un lado, pero muyaleccionadoras, del otro —alentadoras en el sen-tido que se logró aglutinar a importantes secto-res de la sociedad civil, incluyendo los gruposreligiosos, en torno a la necesidad de promovercambios en la impartición de justicia y el nom-bramiento de los magistrados. Fue el cuarto granmomento de la sociedad civil.

Una encuesta publicada en septiembre del2001, revelaba que uno de los sectores máscorruptos del país era el poder judicial, seguidode la policía y la estatal Universidad NacionalAutónoma de Honduras (UNAH), entre otros.Esta encuesta, elaborada por el Consejo Antico-rrupción que encabeza el cardenal, Oscar An-drés Rodríguez, vino a acelerar los cambios y pro-


cesos impulsados por la sociedad civil en tornoa la elección de la nueva Corte de Justicia.

Numerosas fuerzas sociales del país orillarona la clase política a suscribir acuerdos en torno adar un nuevo rostro al poder judicial. Se decide,entonces, nombrar una Junta Nominadora, in-tegrada por notables, para iniciar un proceso deselección acerca de quiénes serán los nuevosmagistrados que integrarán el poder judicial. Paraello, se reforma la Constitución el 22 de diciem-bre de 2000 para validar la creación de la JuntaNominadora y establecer los mecanismos de se-lección de los nuevos magistrados.

Así, el Decreto 38-2001 del Congreso Nacio-nal, acuerda reformar el numeral 9 del artículo205 y el capítulo XI de la Constitución, que ensu parte central indica: “elegir para el períodoque corresponda y de la nómina de candidatosque proponga la Junta Nominadora a que se re-fiere esta Constitución, los magistrados de laCorte Suprema de Justicia”. Luego, en el artícu-lo 308 se establece que la Corte Suprema de Jus-ticia estará integrada por 15 magistrados cuyasdecisiones se tomarán por mayoría de la totali-dad de sus miembros.

Anteriormente, la elección de la Corte de Jus-ticia era potestad del gobierno de turno, quienponía a los magistrados de su simpatía, previanegociación de cuotas con el partido mayorita-rio en la oposición. Siempre este reparto fue entreliberales y nacionalistas, cosa que aún no ha cam-biado, a pesar de la reforma.

La reforma hecha a la Constitución para ini-ciar una nueva forma de elegir la Corte de Justi-cia indica también que los magistrados serán elec-tos por un período de siete años, y no cuatro,como ocurría anteriormente. Se crea, asimismo,la Sala de lo Constitucional que entre sus atribu-ciones tiene la de conocer de conformidad conla Constitución y la Ley, de los recursos de ha-

beas corpus, amparo, inconstitucionalidad y revi-sión; así como dirimir conflictos entre los pode-res del Estado, incluido el Tribunal Nacional deElecciones. Paralelo a ello, se establece también

el Consejo de la Judicatura, cuyos miembros se-rán nombrados por la Corte Suprema de Justi-cia. Todas estas iniciativas fueron gestadas enparte a la presión ejercida por la sociedad civil.

Así, la Junta Nominadora tenía entre su po-testad escoger una nómina de 45 candidatos amagistrados de un total de 160 postulados yautopropuestos. De los 45 seleccionados, el Con-greso Nacional iba a elegir los 15 que serían losnuevos integrantes de la Corte Suprema, inclu-yendo su Presidente. Esta fase de selección fueuna de las más duras para la Junta Nominadora,ante las presiones del poder político y económi-co por dejar en los 45 nominados a jueces cues-tionados por sus vínculos con el poder comoRita Núñez, la ex contralora, Vera Rubí y mu-chos magistrados de la Corte anterior.

Ninguna de estas personas de reputación du-dosa quedó en la lista de los 45 nominados, y alenterarse la clase política, representada en lospartidos Nacional y Liberal, que muchos de losseleccionados les eran desconocidos y no podíancontrolarlos, comenzaron a boicotear el trabajode la Junta Nominadora al grado que estuvierona punto de invalidar la reforma hecha a la Cons-titución.

Fue en ese momento cuando se produjo unade las batallas más fuertes de la sociedad civil,que indignada por la repartición y manoseo quelos políticos querían hacer de la nueva Corte deJusticia, sale a las calles a protestar y demanda elcumplimiento a la legalidad e institucionalidaddel país, más allá de la selección de los nomina-dos. La sociedad civil, en todo momento fueconsciente de que en los 45 nominados iban per-sonajes permeables al poder, pero al margen deello, luchó porque se respetara la institucionalidaddemocrática al impedir que dejaran sin validezla reforma constitucional para elegir el nuevopoder judicial.

Pero fue aquí donde la clase política logróconsolidar los “lados oscuros” de sus institucio-nes para burlar a la sociedad civil y hacer desdeel Congreso, una elección de magistrados acor-


de a sus intereses. Esta negociación escapaba alas manos de la sociedad civil porque la elecciónde la nueva Corte recaía sobre las espaldas delCongreso, es decir, los políticos, quienes públi-camente y sin tapujos decidieron que 8 magistra-dos nacionalistas y 7 liberales serían los nuevosintegrantes del poder judicial. Los partidos mino-ritarios quedaron al margen de esta repartición.

De ahí que la conformación de la nueva Cor-te no dejó de ser también un proceso aleccionador

para la misma sociedad civil, que si bien fue de-terminante para impedir mayor vulgaridad en laintegración del poder judicial, fue ingenua en susobjetivos y propósitos de creer en una madurezde la clase política tradicional hondureña. Lanueva Corte de Justicia es un ejemplo de queHonduras sigue siendo un país de contrastes.Mientras al nivel público se impulsan discursosoficiales que hablan de modernización y trans-formación; en lo privado, los esquemas no va-rían: hay resistencia en los grupos de poder adelegar y propiciar cambios que transformen larealidad del país.

En sus primeras ejecutorias, la nueva Cortede Justicia, integrada por nueve magistradasmujeres y seis varones, se ha concentrado en darcartas de libertad, como si fueran ofertas de su-permercado, al cuestionado ex presidente de laRepública, Rafael Callejas, del ahora gobernantePartido Nacional. Callejas junto a varios de susex funcionarios fueron vinculados y acusados depresuntos actos de corrupción. Pero al término

de los primeros dos meses de este año, reciéninstalado en el poder de Maduro, la SupremaCorte le ha otorgado ya cinco cartas de libertady sobreseído casos que, jurídicamente, no hanprescrito e incluso tenían órdenes de capturacontra varios ex integrantes del régimen callejista.

Todo apunta a que el riesgo de la politizaciónsigue latente en el poder judicial, y la sociedadcivil tendrá que convertirse en el vigilante perma-nente de un poder que hasta ahora sólo ha llena-do de vergüenza la imagen internacional del país.

En un balance a lo largo de este proceso, po-dría mencionarse como lecciones rescatables, esque, si bien el proceso de selección de los nue-vos magistrados, no fue perfecto, se puede con-siderar como más transparente y participativo.

A su vez, se ha iniciado una etapa gradual ha-cia un proceso de reformas constitucionales queamerita el país para afianzar la democracia y susinstituciones. También, la sociedad civil com-prendió que el funcionamiento de la justicia noes algo que atañe solamente a jueces y aboga-dos, sino que tiene que ver con su vida y su dere-cho a una seguridad jurídica donde descansa elEstado de Derecho y la institucionalidad del país.

El reto que queda por delante, es cómo la so-ciedad civil puede hacer entender a los nuevosintegrantes del poder judicial que pueden actuar“sin esperar las órdenes” de la clase política,como ha sido la costumbre y se evidencia, porahora, en los primeros seis meses de la gestiónde Ricardo Maduro.

El paso del huracán Mitch por Tegucigal-

pa, capital de Honduras, en octubre de

1998, fue un desastre anunciado. El

Mitch había bajado de ser un huracán de catego-

ría cinco a una tormenta tropical, pero aun así

trajo consigo suficiente agua para derramar en

cuestión de horas el equivalente de un año de

lluvias. A medida que aumentaban las crecidas y

se precipitaban ladera abajo, iban topando en su

avenida con algunos de los ciudadanos más po-

bres de Honduras. Las desesperantes condicio-

nes de pobreza en el campo habían empujado a

muchos de ellos a emigrar a Tegucigalpa, donde

debido a los altos alquileres habían terminado

por vivir en atestados alojamientos improvisa-

dos montados precariamente sobre las colinas

de Tegucigalpa y a lo largo de sus cauces. Se cons-

truyeron barriadas en peligrosas riberas y en

empinadas pendientes cuya vegetación había sido

arrasada mucho tiempo atrás.

Bajo el diluvio del Mitch, sectores enteros de

barriadas simplemente desaparecieron, enterra-

dos bajo aludes de tierra o arrastrados por la

correntada. A pesar de su proximidad con los

mejores servicios médicos y de rescate en el país,

se perdieron más de 500 vidas en Tegucigalpa y

sus alrededores, 300 de ellas en el distrito central

del municipio.1 “Fue horrible”, manifestó más

tarde un residente . “Todo fue arrastrado. Casas,

enseres, gente, comunidades enteras. Simplemen-

te desaparecieron.”2

Cada vez más, las organizaciones dedicadas al

restablecimiento tras el desastre utilizan comi-

llas para marcar la palabra “natural” dentro de la

trillada frase “desastre natural”, con el fin de

cuestionar la idea tradicional de que las comuni-

dades son víctimas pasivas de los actos de la na-

turaleza. La rápida urbanización eleva los pre-

cios de la tierra y de la vivienda; esto empuja a la

AMARATECA: OPORTUNIDAD TRAS EL DESASTREPor Dan Alder

gente a la contingencia. Tegucigalpa ha tenidoun proceso de urbanización extremadamente altoen las últimas tres décadas. Para el período 2000-2005 se proyecta que Honduras tendrá la tasa deurbanización más alta de América Latina.3 Unavez que esas presiones empujan a la gente hacialas áreas de mayor riesgo ambiental, es sólo cues-tión de tiempo. Tormentas como el huracán Mit-ch no son sólo actos de la naturaleza, son realida-des de la naturaleza. “Las acciones que realiza lagente antes y después de esos eventos es lo quelos convierte en desastres.”4

El estancamiento económico y las políticasgubernamentales que no dan respuesta agrava-ron el problema. “Debido a la débil capacidadinstitucional de aplicar debidamente sus propiasregulaciones en cuanto a zonificación y construc-ción, la alcaldía se ha convertido en cómplice dela hiperurbanización de los últimos 30 años y dela construcción de asentamientos vulnerables queresultaron devastados por los efectos del hura-cán.”5 Los funcionarios municipales respondie-ron a las demandas de las poblaciones margina-les —muchas veces expresadas mediante pro-testas callejeras—, para la instalación de agua yelectricidad. En décadas recientes, este tipo dedesarrollo habitacional ha sido la norma más quela excepción. Para 1998, la población de estosasentamientos informales en varios grados deconsolidación ascendía a 450,000, aproximada-mente la mitad de los residentes de la capitalhondureña.6

El análisis de que las prácticas humanas secombinan con los actos de la naturaleza paracrear desastres, ha llevado a las agencias interna-cionales a ver la respuesta a los desastres natura-les como una oportunidad de desarrollo.7 Lascampañas de recuperación deben contemplarmedidas para asegurar que a las comunidades

Amarateca: Oportunidad tras el desastre 35

reconstruidas les irá mejor la próxima vez quelas azote un huracán o un terremoto. A la par dela tendencia de añadir a la argamasa de la recons-trucción la mitigación de los desastres, hay unenfoque en los principios de la sostenibilidad.Es preciso tomar medidas para asegurar que losnuevos barrios sean social y económicamenteviables en el largo plazo.

La comunidad internacional entendió perfec-tamente que la reubicación era la única soluciónlógica para los antiguos residentes de los barriosde Tegucigalpa que fueron arrasados por la co-rriente, una tarea difícil en una ciudad ya abarro-tada de gente. Para ellos, la mitigación de losdesastres tomó la forma de barrios enteros to-talmente nuevos en el Valle de Amarateca. Aun-que ubicado dentro de la jurisdicción política dela alcaldía del distrito central de Tegucigalpa,11,000 hectáreas que comprende el Valle deAmarateca empiezan a 15 kilómetros al noroes-te del propio Tegucigalpa, y están separadas dela capital por una cadena montañosa.

La reubicación de las 3,500 unidades de vi-vienda nuevas representaba “la oportunidad dela vida” para las familias beneficiarias.8 A éstasse les daría la oportunidad de ser propietarias deuna vivienda decente y asequible que de otramanera hubiera estado fuera de su alcance. Y elproyecto, financiado por diversas fuentes inter-nacionales, podía satisfacer la meta de la comu-nidad internacional y del Gobierno de Hondu-ras de un desarrollo sostenible.

Pero la misma debilidad institucional y faltade liderazgo que permitió el crecimiento de losbarrios marginales en situación de riesgo queMitch borró del mapa, ha dejado su huella en lacampaña de reconstrucción y desarrollo en elValle de Amarateca. La falta de planificación y laincapacidad de brindar servicios básicos hanconducido a quejas totalmente justificadas so-bre el agua y el saneamiento, sobre la situaciónde seguridad y sobre las oportunidades de em-pleo. Incluso antes de que se completaran las nue-vas viviendas, algunos de los beneficiarios origi-

nales se habían mudado a Tegucigalpa, muy pro-bablemente a barrios marginales como los quedestruyó el Mitch.9 Este “repliegue” familia porfamilia, es un indicador de la falta de organiza-ción comunitaria y participación ciudadana. Lasagencias de gobierno e internacionales habíanelaborado el proceso de planificación y desarro-llo sin evidencia de ninguna participación y or-ganización por parte de los residentes y poten-ciales residentes de los varios asentamientos yproyectos que se estaban construyendo en todoel Valle. Esta relativa falta de participación ciu-dadana contrasta fuertemente con lo que suce-dió en el Valle del Bajo Aguán.

Que miles de personas permanezcan en Ama-rateca a pesar de las dificultades, es testimoniodel valor que confieren los nuevos residentes aser propietarios de su casa. Pero mientras espe-ran a que se complete la infraestructura básica yluchan por encontrar la manera de mantener asus familias —al mismo tiempo que viven en unvalle que está distante de los potenciales empleosen el centro de la ciudad—, todavía no hay unveredicto sobre si podrán consolidar esta opor-tunidad. A los actores nacionales e internacio-nales del proceso de reconstrucción les preocu-pa que las soluciones a estos problemas tardarándemasiado. “Tal vez vendrán hasta después deque la gente se haya ido, o después de que lascomunidades en Amarateca se hayan converti-do en un gueto”, dijo un funcionario internacio-nal.10 ¿Estaba la sostenibilidad incorporada enel proceso de reconstrucción, o se perdió unaoportunidad de desarrollo?

Respuesta internacional. Tras el huracánMitch, la comunidad internacional respondió conprontitud y, una vez que se determinó la magni-tud de la destrucción, la respuesta fue masiva.En los momentos iniciales, la presencia más vi-sible fue la de los mexicanos y los cubanos. Lapromesa inicial de Estados Unidos fue exigua,pero tras la visita de Tipper Gore, los norteame-ricanos plantearon su compromiso de ser los


mayores donantes. Los gobiernos y las organi-zaciones de auxilio extranjeras ayudaron prime-ro a salvar a aquellas personas que estaban enpeligro inminente, brindaron alimentos de emer-gencia y suministros médicos a más de un mi-llón de personas, y luego ofrecieron alberguetemporal y comida a aquellos que se habían que-dado sin hogar o sin empleo una vez que se em-pezaron a retirar las aguas. La respuesta regionaldel gobierno norteamericano al huracán Mitchascendió a un total de 319 millones de dólares y“excedió la magnitud de cualquier respuesta pre-via a un desastre en América Latina y el Cari-be.”11 Tras la primera respuesta a la emergencia,los Estados Unidos anunciaron una ayuda adi-cional para América Central de 563 millones dedólares. Una conferencia de donantes celebradaen mayo de 1999 en Estocolmo, culminó concompromisos internacionales para la reconstruc-ción post Mitch en América Central por un totalde 9 mil millones de dólares, de los cuales 2.5mil millones eran para Honduras.12 Sólo la mi-sión de la USAID en Honduras multiplicó pordiez su ayuda en nuevos recursos, destinados aprogramas de reconstrucción post Mitch duran-te un periodo de dos años.

Las naciones afectadas por desastres no sue-len tener la capacidad para administrar la respues-ta a esos desastres. Este era obviamente el casoen la América Central post Mitch. Organismosno gubernamentales (ONG) de todo el mundoque se especializan en respuestas ante desastresy en el desarrollo se volcaron hacia el istmo oreforzaron sus oficinas existentes en el país paraayudar a enfrentar el desafío. Compitieron porlos fondos del gobierno norteamericano y deotros donantes oficiales y utilizaron Internet paramontar sus propias campañas de recaudación defondos, al mismo tiempo que los nacionales desus respectivos países en miraban el desplieguede la tragedia por la televisión. La Cruz Roja In-ternacional y el Movimiento de la Media LunaRoja señalan en su código de conducta que “laayuda de emergencia ya no es un asunto fácil”.

Sin contar las víctimas de guerra, los desastresafectan a unos 300 millones de personas al año,y esa cifra está creciendo a una tasa de unos 10millones al año.

En Amarateca, un abrumado gobierno hon-dureño observó cómo Estados Unidos, España,Japón, Taiwán y otras naciones pedían ayuda alos ONG o utilizaban los servicios de sus pro-pios contratistas privados. Las organizaciones dela Cruz Roja de Honduras y de varias otras na-ciones, la Organización Internacional para las Mi-graciones (OIM), organizaciones de fe comoCáritas de la Iglesia Católica Romana, la arquidió-cesis de Tegucigalpa y la Agencia Adventista deDesarrollo y Asistencia (ADRA), junto con or-ganizaciones humanitarias como Hábitat para laHumanidad, todas entraron en acción. Fueronestos ONG los que manejaron la reconstrucciónde viviendas en el Valle de Amarateca.

Gobierno hondureño abrumado. Cuando elhuracán Mitch entró al país inundando al mis-mo tiempo todas las principales ciudades deHonduras, la defensa civil hondureña, COPECO,se vio abrumada y colapsó casi por completo.13

El gobierno creó una Comisión Nacional parala Emergencia, con rango ministerial para tomarlas riendas de la agobiada COPECO, y poste-riormente creó el gabinete de reconstrucciónpara fiscalizar los proyectos nacionales e inter-nacionales.14 Con un amplio apoyo internacio-nal y un cambio del liderazgo militar al liderazgocivil, COPECO se ha fortalecido desde enton-ces, pero su fracaso inicial dio el tono para larespuesta del Gobierno de Honduras. Los temo-res por la corrupción y el derroche en el gobier-no frenaron la liberación de los prometidos fon-dos internacionales para la reconstrucción. Losproyectos de reconstrucción se vieron entorpe-cidos por la débil capacidad de gestión de lasinstituciones nacionales, por un oneroso proce-so de contratación e implementación, y por faltade personal debidamente capacitado y motiva-do. De hecho, los niveles adicionales de rendi-


ción de cuentas, exigidos por los donantes inter-nacionales, hicieron que el avance en los proyec-tos públicos fuera más lento de lo normal, yaque los funcionarios hondureños se opusieronal inusual nivel de escrutinio.15

A pesar de haber formado un gabinete para lareconstrucción, el gobierno hondureño no con-taba con un mecanismo eficaz para coordinarlos grupos de donantes y los ONG. Después dela reunión de grupo consultivo en Estocolmoen 1999, los donantes formaron su propio órga-no de coordinación, con comités sectoriales, einvitaron al gobierno hondureño a participar.Éste, sin embargo, no logró desempeñar un pa-pel decisivo en este proceso, y muchas vecesenviaba funcionarios de bajo nivel a las reunio-nes del comité.16

El problema de la tierra. Tras el Mitch, los re-fugiados en Tegucigalpa fueron reubicados enalbergues temporales, construidos y administra-dos por la Oficina de las Naciones Unidas paralas Migraciones Internacionales, usando princi-palmente fondos norteamericanos. Cuando em-pezó la reconstrucción en serio y las agenciasinternacionales y ONG empezaron a buscar te-rrenos adecuados para las viviendas, primero sedirigieron al Gobierno de Honduras. Un funcio-nario internacional lamentó haber perdido seismeses —mientras las víctimas languidecían enalbergues temporales— visitando oficinas detodos los niveles del Gobierno de Honduras, enbusca de terrenos públicos que pudieran ofre-cerse como contrapartida local a la ayuda inter-nacional asignada para la construcción de vivien-das.17 “El gobierno no aportó mucho con esacontrapartida”, afirmó el funcionario. La excep-ción a la regla fue Ciudad España, un proyectode viviendas que se estaba construyendo princi-palmente con fondos de la ayuda española y res-paldado por la influencia política de la Cruz RojaHondureña. El Gobierno nacional de Hondu-ras ofreció un terreno para un complejo habita-cional de 1,500 viviendas. Para los otros grandes

proyectos que eventualmente se realizaron enAmarateca, el Gobierno de Honduras no ofre-ció tierra del todo.

Las autoridades hondureñas habían imple-mentado un control de precios para impedir quelos proveedores se aprovecharan injustamente dela ayuda internacional que estaba entrando al país.Algunos actores nacionales e internacionales su-girieron que el gobierno también debió habertomado por dominio supremo, tierras adecuadasmás cerca de la capital. Pero que el gobierno noestaba dispuesto a confrontar la influencia de losterratenientes adinerados. De hecho, ni siquierase mantuvo el intento por controlar precios. “Eneste caso, la mentalidad no era de solidaridad, si-no más bien de mercado”, manifestó un funcio-nario internacional.18 Otro cooperante interna-cional expresó sentimientos similares. “Sabe, unoviene aquí con este sentimiento de solidaridad,tratando de ayudar, de hacer algo por la gentepobre que está sufriendo tanto, y es decepcio-nante encontrar que entre los hondureños acomo-dados no hay un sentimiento de solidaridad.”19

Funcionarios de las agencias de ayuda y analistashondureños concuerdan en que el problema erapolítico más que de oferta. “Hay tierra en Tegu-cigalpa y sus alrededores. Lo que sucede es queno es lucrativo asentar ahí a la gente pobre.”20

Además, el Gobierno de Honduras hizo muypoco por coordinar los esfuerzos de los ONGen Amarateca. En otras áreas del país, los go-biernos municipales dieron un paso adelante yasumieron varios grados de responsabilidad enel esfuerzo de coordinación y reconstrucción,poniendo terrenos municipales a disposición onegociando con los terratenientes locales. Peroel Valle de Amarateca se encontró en la desafor-tunada posición de ser un lugar aislado del Dis-trito Central, un municipio que incorpora a lacapital, Tegucigalpa. El gobierno municipal te-nía dificultades para satisfacer las necesidadesbásicas incluso bajo circunstancias normales, yprácticamente no podía desempeñar ningunafunción en Amarateca. Esto dejó a una comple-


ja red de donantes y ONG enfrentados a la tareade lidiar a solas con la reconstrucción. “Si el go-bierno nacional no aporta nada, eso nos poneen una posición muy difícil”, indicó un funcio-nario internacional. “El Estado estuvo totalmen-te ausente (en Amarateca) y sigue estando total-mente ausente.”21

Cuando los donantes comprendieron que elGobierno de Honduras no iba a dar los terre-nos, su búsqueda de sitios de reasentamiento sevio obstaculizada por las mismas deficiencias delmercado de tierras que habían contribuido a crearlos vecindarios marginados de Tegucigalpa. Unsistema de registro de la propiedad obsoleto yde base nominal, que data de 1906, crea “unatremenda oportunidad para la confusión y lacontradicción” y el sistema de administración dela propiedad se ve aún más debilitado por su de-pendencia en varios actores institucionales conautoridad complementaria o conflictiva.22 El sis-tema de base nominal otorga títulos que se ba-san principalmente en el nombre del dueño y enmedidas imprecisas tales como el área de la su-perficie y las referencias de las propiedades ale-dañas. Por consiguiente, muchas propiedades enHonduras están en litigio, y cualquier intento porcomprar tierra en el país puede verse enredadoen prolongadas disputas legales. Y el tiempo eraalgo que no le sobraba a los ONG, debido enparte a un plazo límite de dos años impuestopor el Congreso norteamericano para gastar supaquete de ayuda complementaria. Los ONGtenían que encontrar terrenos adecuados e ini-ciar sus proyectos, o bien enfrentar la posibili-dad de perder contratos.

La OIM y el ONG Hábitat para la Humani-dad, financiado por la USAID, fueron los pri-meros en identificar y comprar un terreno en elValle de Amarateca. Una vez que lo hicieron, elacto abrió las puertas a lo que según un funcio-nario de la USAID se podía caracterizar comouna “fiebre por la tierra” por parte de los ONGhacia el área.23 Ninguno de los ONG o de losfuncionarios o analistas internacionales entrevis-

tados para este informe dijeron que Amaratecaera un buen lugar para la reubicación. “Automáti-camente todo el mundo llegó a Amarateca”, dijoel director de la OIM en Honduras. “No era elmejor lugar, pero era lo único que teníamos.”24

Los proyectos. En un estudio gubernamentalrealizado en 1976, el valle había sido identifica-do por como una zona de expansión industrial yresidencial para Tegucigalpa, pero aún le faltabamucho desarrollo. El estudio pronosticaba queen un período de 20 años, entre 50,000 y 60,000personas podrían establecer su residencia en elValle. Indicaba una serie de medidas que debíantomarse para asegurar el desarrollo de una infra-estructura adecuada. Pero la economía hondu-reña sufrió una serie de reveses durante ese pe-ríodo, y el esfuerzo de planificación de 1976 que-dó en el olvido. El censo de 1988 mostró que enel Valle sólo había 3,200 habitantes. Para el 2002,la población se había duplicado a 6,280, sin con-tar las víctimas del Mitch reubicadas en Amara-teca a principios del 2000, y el desarrollo de lainfraestructura era escasamente adecuada parasoportar ese crecimiento.25 A pesar de la falta deinfraestructura, de problemas relacionados conla disponibilidad de agua y de la distancia de lasfuentes de empleo en la capital, las tierras delValle de Amarateca eran relativamente planas, ylos ONG, con considerable esfuerzo, pudieronsuperar algunos de los obstáculos que habíanenfrentado en la propia Tegucigalpa en térmi-nos títulos de propiedad claramente estableci-dos y precios asequibles.

A finales de 1999, la OIM y Hábitat para laHumanidad iniciaron lo que se convertiría en unproyecto de vivienda con más de 400 unidades,llamado Nueva Suyapa. Este sería el proyectohabitacional más grande de Hábitat en AméricaLatina. Hábitat sabía que el sitio que habían com-prado tenía problemas de drenaje y de acceso alos servicios urbanos, pero la organización esta-ba sintiendo la presión para avanzar con rapi-dez.26 No pasó mucho tiempo antes de que otras


siete ONG u organizaciones eclesiásticas se lesunieran en el Valle, para construir un total de3,500 viviendas. Contratistas privados estabanconstruyendo otras 625 unidades para un totalde más de 4,000. Se contempla que al culminarestos proyectos, la población de Amarateca secuadruplicará a 27,300.27

Los proyectos de reconstrucción de vivien-das en el Valle de Amarateca se hicieron confor-me a cuatro modelos básicos que se pueden ca-racterizar por las organizaciones que los utili-zaron: El ONG financiado por la USAID, queconstruyó el grupo de barrios conocido colecti-vamente como La Joya; el proyecto construidopor Cáritas, una agencia de la Iglesia CatólicaRomana en Honduras; el proyecto de la arquidió-cesis católica romana de Tegucigalpa, llamadoCristo del Picacho; y el proyecto de la Cruz Roja,impulsado por los españoles y conocido comoCiudad España. Aunque esas organizaciones eranlos principales actores, cada proyecto incluía unadesconcertante red de financiadores, ejecutoresy, por supuesto, beneficiarios. A mediados del2002, más de tres años después del huracánMitch, muchas de las viviendas, y en el caso deCiudad España, todo un proyecto, no estabanhabitadas debido a atrasos en la construcciónde la infraestructura.

Con 597 viviendas, el proyecto de la arquidió-cesis es el proyecto de reconstrucción de vivien-das mejor organizado, más limpio y seguro detodos los proyectos en el Valle de Amarateca.Pero los resultados se lograron en parte por unproceso de selección de los beneficiarios queexcluyó a las víctimas más pobres del huracánMitch. Mientras que la mayoría de los proyectosde vivienda seleccionaron a sus beneficiarios deentre las personas que estaban viviendo en losalbergues provisionales en Tegucigalpa y quepertenecían al segmento de la población que másayuda necesitaba, Cristo del Picacho es un pro-yecto de clase media baja en términos de losestándares hondureños. Los beneficiarios paganuna cuota mensual por su casa, que a pesar deser subsidiada, es sustancial. Para que se les selec-cione como beneficiarios, las personas deben pa-sar un examen de ingresos en el que se les pidedemostrar que ganan por lo menos dos salariosmínimos. La selección, según un funcionario deuna agencia de ayuda internacional, la maneja-ron las parroquias católicas romanas en áreas deTegucigalpa afectadas por el Mitch, las que se-leccionaron una por una a las familias que lasiglesias consideraban eran “lo mejor de su reba-ño”.28 Los residentes son gobernados por lo queel funcionario caracterizó como controles socia-les “draconianos”, impuestos por la FundaciónArquidiocesana Cristo del Picacho y aplicadas através de la capacidad de la Fundación para re-vocar la propiedad de la vivienda. Estos contro-les se extienden al comportamiento individual,como la prohibición de vender y consumir alco-hol, y a los derechos de asociación, como prohi-bir a los educadores residentes en la comunidadunirse a las huelgas nacionales de los maestros.29

Menos bien organizado y ejecutado es el pro-yecto de Cáritas, ubicado al lado de la principalcarretera de dos carriles que atraviesa el Valle.El proyecto tiene 560 casas ya construidas, y ori-ginalmente su inauguración estaba contempladapara septiembre el 2001, pero Cáritas informó alos beneficiarios que no podían trasladarse debi-

Proyectos de reconstrucción de viviendas

en Amarateca

Fuente: Estudios, Proyectos y Planificación, S.A., Plan de uso

del suelo para el Valle de Amarateca.

Proyecto Viviendas

Residentes

proyectados

Caritas 560 2,800

Hábitat (La Joya) 353 1,765

ADRA (La Joya) 317 1,585

Ven a Servir (La Joya) 77 385

Ciudad España (Cruz Roja) 1,590 7,950

Cristo del Picacho

(Arquidiócesis)

597 2,985

Total 3,494 17,470


do a demoras en la instalación del sistema deagua y alcantarillado. En los primeros meses del2002, se “autorizó” el traslado de noventa fami-lias, después de que el director del proyecto deCáritas permaneciera secuestrado en su oficinadurante varias horas.30 Las dificultades que te-nían los residentes para pagar el agua transpor-tada en camiones, y el que usaran los lavaderosexternos de las casas vecinas no habitadas comosanitarios causó serios problemas ambientalesy de salud. En junio del 2002, la comunidad se-guía esperando que iniciara la construcción delsistema de alcantarillado financiado por laUSAID, y no se tenía ningún plan para un sumi-nistro permanente de agua.31 Cáritas utilizó par-te de un bosque de pino para instalar a la comuni-dad, en un país que lucha contra una deforesta-ción galopante. Dado el contexto post Mitch detrasladar a las personas que residían en comuni-dades precariamente ubicadas para ponerlas fue-ra de peligro, es particularmente irónico que elproyecto de Cáritas se haya construido al ladode una instalación para el almacenamiento degas líquido, propiedad de la empresa Tropigas.Los residentes estarían en peligro inminente encaso de una fuga o explosión en las instalaciones.32

En el grupo de proyectos financiados por laUSAID y conocidos como La Joya, la mayoríade las viviendas estaban habitadas tres años des-pués del Mitch. Sin embargo, aún no contabancon un sistema de alcantarillado, y el suministrode agua era inadecuado. Algunos de los benefi-ciarios originales del proyecto habían dejado suscasas, alquilándolas a terceras personas o sim-plemente abandonándolas. En un área construi-da por Hábitat para la Humanidad, algunas delas casas abandonadas fueron saqueadas, utiliza-das como letrinas por los vecinos, o bien comolugares para pasar el rato por miembros de laspandillas locales, que contribuían a crear un ni-vel general de inseguridad en el área.

El proyecto de Ciudad España cuenta con1,500 unidades de vivienda. Difiere de los otrosproyectos de Amarateca en que —debido a una

constante presión por parte del Gobierno Espa-ñol y de la influyente Cruz Roja Hondureña—,el Gobierno de Honduras ha invertido bastantedinero en el barrio. Ciudad España es notablepor la calidad de su construcción y por el nivelde coordinación entre las diversas agencias y or-ganizaciones que allí trabajan. Pero el proyectoestá ubicado al otro extremo del Valle de Ama-rateca y a tres kilómetros de la carretera princi-pal. Físicamente está tan alejado del mercadolaboral en Tegucigalpa como se puede estar sinsalirse del municipio. La caminata hasta la carre-tera principal y luego el viaje en autobús, de has-ta una hora en cada dirección, hará difícil que sejustifique el viaje desde Amarateca para los tra-bajos mal pagados en el sector informal de lacapital, que comúnmente son la fuente de em-pleo para los propuestos beneficiarios de Ciu-dad España. Y los costos ecológicos y financie-ros del desarrollo habitacional de un sitio queestá lejos de ser ideal, ayudó a convencer a laUSAID para que retirara una pequeña contribu-ción que originalmente ofreciera al proyecto.33

Desde el punto de vista ecológico, el lugar erainadecuado para el reasentamiento, obligando aderribar muchos árboles de pino y a dar nuevaforma a las laderas a base de terraceo. Aunqueno había datos sobre la inversión por unidad ha-bitacional, es obvio que Ciudad España iba en-caminada a convertirse en el proyecto más cos-toso de Amarateca. Varios expertos hondureñose internacionales estuvieron de acuerdo en quela remota ubicación de Ciudad España hacía queen el mejor de los casos su futuro fuera incierto.

La infraestructura de los servicios para la ma-yoría de los nuevos pobladores de Amarateca seha instalado sin orden ni concierto. En lugar delmétodo normal de construir calles e instalar latubería de agua potable y aguas negras antes deconstruir las viviendas, la mayoría de los proyec-tos se están haciendo a la inversa. Primero seconstruyen las casas y luego se instalan los servi-cios, lo que aumenta los costos generales. Funcio-narios de las agencias de emergencia internacio-


nales y expertos en desarrollo concuerdan en queen el afán por poblar de manera permanente elValle con los refugiados del Mitch y satisfacerlas diversas fechas límite impuestas por los do-nantes para el gasto de los fondos, no se respe-taron todos los procedimientos. Por consigui-ente, es probable que se haya comprometido lasostenibilidad a largo plazo de los nuevos asenta-mientos. “Todos los proyectos padecen de la de-bilidad de no haber contado con un plan generalde desarrollo. No cuentan con las condicioneseconómicas y sociales para crear la expectativade que sobrevivirán”, dijo Mario Martín, un plani-ficador urbano y director del Centro de Diseño,Arquitectura y Construcción (CEDAC) en Te-gucigalpa.34 Las directrices para el desarrollo delValle, preparadas de manera conjunta por CEDACy una universidad en Estados Unidos, despuésde que ya se había iniciado la compra de los terre-nos y la construcción de las viviendas, señaló quelos esfuerzos de reubicación “consistían en dise-ñar y construir nuevos asentamientos en un pa-trón improvisado de ordenamiento territorial,que por lo general se adelantaba a la provisiónde servicios urbanos adecuados.”35 Las directri-ces sugerían medidas para corregir el curso deldesarrollo en Amarateca, pero Martín observóque el documento suscitó pocas reacciones en-tre los ONG que trabajaban en el Valle, y ningu-na por parte del Gobierno de Honduras. El di-rector de uno de los ONG que estaban constru-yendo viviendas en Amarateca dijo que hubierasido beneficioso tener un plan maestro para desa-rrollar el Valle, “pero sencillamente no fue así.”36

Ese mismo director también dijo que el pro-ceso podría y debía haberse beneficiado de unacooperación más estrecha entre los ONG másgrandes involucrados y la comunidad beneficia-ria. “Mantenerlos informados sobre lo que esta-ba sucediendo hubiera evitado muchos proble-mas.”37 El promotor comunitario Hugo Avedañodijo que la comunidad se estaba cansando de loque veían como promesas falsas por parte demiríada de ONG y de otras organizaciones que

trabajaban en el Valle. “Vienen aquí y prometenuna cosa y luego salen con otra. A la gente no legusta eso.”38 Agregó que la desconfianza se sumaa la renuencia de los residentes a unirse a las ini-ciativas respaldadas por los ONG, dirigidas amejorar las condiciones en las comunidades.

Un esfuerzo descoordinado. Con gobiernos yagencias de todo el mundo respondiendo tras elpaso del huracán Mitch, la coordinación de losesfuerzos de la ayuda de emergencia internacio-nal fue un problema desde el inicio. Las com-pras fueron un gran obstáculo; las agencias sevieron obligadas a competir por suministros deemergencia, vuelos chárter y transporte en tie-rra.39 Los ONG compitieron intensamente porlos contratos, los insumos y las áreas de construc-ción, y en algunos casos por los beneficiarios.

En parte esta competencia fue consecuenciadel diseño. Como una medida de control de ca-lidad, la USAID otorgó bonos de 600 dólares alos refugiados del Mitch que estaban viviendoen albergues de transición, que las familias po-dían utilizar para solucionar a su elección su vi-vienda permanente. Los funcionarios de losONG dijeron que el programa aumentaba lacompetencia y no la cooperación entre los ONGy negaba parte de la organización comunitariaque había surgido en los albergues temporales alseparar a esas comunidades improvisadas. Fun-cionarios de la OIM y de la USAID dijeron, sinembargo, que el programa de bonos había teni-do un impacto positivo en la calidad de la vi-vienda de reconstrucción.40

En ocasiones la falta de coordinación con-dujo a una duplicación de los esfuerzos. Conseis meses de diferencia, la Cooperative Housing

Foundation (CHF), un organismo no gubernamen-tal internacional que recibe mucho financiamien-to de Estados Unidos, y la OIM, ofrecieron elmismo taller en autoconstrucción al mismo gru-po de ONG involucrados en la reconstrucción.Se realizaron dos estudios de ordenamiento te-rritorial para el Valle de Amarateca —el ya men-


cionado de la CEDAC/Politécnico de California,financiado por el Departamento de Vivienda yDesarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD);y otro plan más detallado sobre el uso del suelo,financiado por la Agencia Española de Coope-ración Internacional— sin ninguna cooperaciónmanifiesta entre los dos grupos de estudio.

Poniendo a los donantes antes de los benefi-

ciarios. La manera azarosa en que se construye-ron algunos de los proyectos de Amarateca pue-de atribuirse en parte a que los donantes inter-nacionales y los ONG colocan sus necesidadesantes de las de los hondureños beneficiarios. Enlugar de gastar dinero en componentes necesa-rios pero menos tangibles —tales como la planifi-cación, la organización comunitaria y la infraes-tructura subterránea—, la tendencia entre los ONGfue construir casas y nada más. Como explicaraun funcionario internacional, los ONG lanza-ron campañas para la recaudación de fondos ensus países de origen, y esas campañas “necesitanla fotografía de alto impacto de una obra gran-de, como casas o puentes, pero se presta muypoca atención al concepto de sostenibilidad.”41

La fecha límite de dos años impuesta por elCongreso de Estados Unidos para gastar los fon-dos complementarios también tuvo consecuen-cias negativas. Un funcionario de la USAID queayudó a administrar esos fondos dijo que, en re-trospectiva, dos años no era suficiente tiempopara desarrollar como es debido grandes pro-yectos de infraestructura en un país con las yadescritas limitaciones de Honduras.42 Martín, elplanificador urbano hondureño, estuvo de acuer-do. “El Congreso pone un tiempo límite muyclaro en la asignación para la reconstrucción...[y]... están todas las demoras normales… y elresultado es que todo es una improvisación.”

Un funcionario de la USAID dijo que la agen-cia, reconociendo las deficiencias en los planesde los ONG y la incapacidad del Gobierno de Hon-duras para proporcionar su propia infraestruc-tura, adoptó una estrategia de apalancamiento

que utilizó los fondos de reconstrucción estado-unidenses para “llenar los vacíos”. Una parte sig-nificativa de esta estrategia implicaba proporcio-nar 75 millones de dólares para infraestructurabásica, como sistemas de agua y alcantarillado.

Sin embargo, los funcionarios norteamerica-nos reconocieron que la decisión de invitar acompañías norteamericanas a licitar para proyec-tos de infraestructura dentro del programa dereconstrucción estaba en gran parte motivada porlas consideraciones políticas en Estados Uni-dos.43 Al final, dijeron, la decisión que aparente-mente conferiría pericia extranjera a los proyec-tos, no logró hacerlo. Los funcionarios norteame-ricanos manifestaron que una gran parte del con-trato para infraestructura se dio a la empresaconstructora DRC, Inc., con sede en Alabama,que por casualidad se encontraba en el distritodel republicano Sonny Callahan, en ese momentopresidente del subcomité que monitoreaba elgasto en la reconstrucción post Mitch. Uno delos funcionarios dijo que DRC hizo una jugadade enganche ofreciendo experiencia internacio-nal en su propuesta, pero dejando el trabajo asubcontratistas hondureños. El funcionario afir-mó que la USAID tuvo que empaquetar los pro-yectos de infraestructura hondureños de modoa hacerlos lo suficientemente grandes como parainteresar a las empresas norteamericanas. Perocuando esas firmas miraron las propuestas y vie-ron que eran un conjunto de pequeños proyec-tos diseminados por todo Honduras, “las em-presas de calidad decidieron que no valía la penadedicarle tiempo”. Los proyectos DRC inicialessufrieron numerosos atrasos debido en parte auna ejecución de baja calidad.

Cuando se hizo el anuncio de oferta para lasegunda mitad de los 75 millones de dólares asig-nados por USAID para financiar la infraestruc-tura, la oferta ganadora de DRC fue impugnadapor un competidor que alegaba que ésta conte-nía información equívoca. La subsecuente inves-tigación que realizó la USAID concluyó con lano asignación del contrato a la DRC. Las vícti-


mas reales de este episodio, sin embargo, fueronlas miles de personas afectadas por el huracánMitch, que se vieron obligadas a permanecer porlo menos un año más en viviendas temporales oa utilizar insalubres letrinas externas, en nuevosproyectos de vivienda de alta densidad.

Participación comunitaria. El código de con-ducta para la Cruz Roja Internacional y el Movi-miento de la Media Luna Roja, y para los ONGque trabajan en ayuda ante desastres establece: “Laasistencia eficaz y la rehabilitación duradera pue-den lograrse mejor allí donde los posibles bene-ficiarios están involucrados en el diseño, gestióne implementación de los programas de ayuda.”

El reasentamiento en el Valle de Amaratecainvolucraba a los beneficiarios en la fase de cons-trucción de algunos de los proyectos, pero enrealidad los beneficiarios tuvieron muy poca par-ticipación en el diseño de sus comunidades.44 LaOIM realizó actividades de organización comu-nitaria con refugiados del Mitch mientras éstosse encontraban hacinados en albergues tempo-rales en Tegucigalpa y en otros lugares. Las comu-nidades en transición eligieron a sus represen-tantes para las juntas comunales, y formaroncomités de voluntarios para lidiar con asuntosde salud, saneamiento y el cuidado de los niños.Pero estas organizaciones no se conservaron bienen el traslado a viviendas permanentes en Ama-rateca. En muchos casos, personas que habíansido vecinas en los albergues optaron por irse aotros proyectos de vivienda en el Valle, perdien-do así el sentido de comunidad que habían ga-nado en el alojamiento temporal.

Proveniente de comunidades marginales ca-pitalinas en diferentes etapas de normalización,la comunidad beneficiaria de Amarateca tuvomucha menos cohesión que otras comunidadesbeneficiarias. Funcionarios internacionales dije-ron también que los beneficiarios de Amaratecase mostraron muy poco razonables en cuanto alos derechos que creían tener. Como ejemplo,un funcionario de la cooperación europea citó

el caso de los residentes de La Joya, que despuésde que el Gobierno de Estados Unidos les dieraun centro de capacitación en informática, pidie-ron a otra agencia que pagara los servicios de unvigilante para cuidar las computadoras. “Les ha-bían regalado esas computadoras y querían queyo le pagara a alguien para que se las cuidara”,dijo el funcionario.

A medida que se construían las casas, HUD yOIM patrocinaron un programa que organizó alos residentes del Valle en una fundación para eldesarrollo comunitario, e invirtieron un millónde dólares como capital semilla. Los fondos seutilizaron para construir el centro de informáti-ca, y un centro para atender a los niños, un cen-tro comunal, una escuela primaria y un centrovocacional. Pero los residentes perdieron el in-terés en la fundación tan pronto como se gastóel capital semilla, y no han buscado otras fuen-tes de financiamiento por sí mismos, como seestablece bajo el programa de HUD/OIM. Loslíderes comunitarios que recibieron capacitaciónde HUD dijeron que habían tenido dificultadespara convencer a sus vecinos para que participa-ran en las reuniones convocadas para abordarlas necesidades de la comunidad.

Como se dijo antes, la falta de coordinaciónentre los múltiples actores involucrados en la re-construcción en Amarateca llevó a que los bene-ficiarios recibieran mensajes confusos y a vecescontradictorios, y a que aumentara su desconfian-za en el proceso. Los funcionarios internaciona-les y de los ONG, por otra parte, dijeron que losbeneficiarios se volvieron adeptos a manipularel sistema, y que solían utilizar el hecho de quelos funcionarios de reconstrucción no cumplíancon los beneficios programados —como infra-estructura de servicios básicos— para tratar desalirse de sus propios compromisos bajo el pro-grama de reasentamiento, tales como los pagospor la viviendas o el trabajo en proyectos comu-nitarios.

En mayo del 2002, la Agencia Española parala Cooperación Internacional (AECI) reunió a


los representantes de los ONG locales y de otrasorganizaciones que trabajaban en el Valle, enun esfuerzo por formar un frente unificado paralidiar con los problemas que enfrentaban los nue-vos residentes de Amarateca. La idea era filtrarel esfuerzo hacia los nuevos asentamientos, conla selección y capacitación de 120 líderes comu-nitarios. Pero los participantes en el foro obser-varon que llevar una verdadera mejora a la cali-dad de vida en el Valle dependería de su capaci-dad para involucrar a las agencias de gobierno,que hasta entonces habían mostrado muy pocointerés en Amarateca.

Servicios básicos. Las nuevas casas en Amara-teca tienen tubería interna con lavamanos e ino-doros. Sin embargo, en junio del 2002 la mayo-ría de los residentes seguían todavía recibiendoel agua en camiones cisterna o acarreándola enbaldes sobre sus cabezas desde los puestos co-munales hasta sus hogares. Algunas de las vivien-das en La Joya ya tenían conectada la tubería,pero los residentes informaron que sólo teníanagua potable por una hora al día. A pesar de sermuy pequeños sus lotes, cada familia en La Joyatodavía dependía de una letrina en el patio, loque planteaba serios peligros para la salud. “Di-cen que los servicios estarán listos en 14 meses,pero están diciendo lo mismo desde que yo meacuerdo”, dijo un constructor de casas en mar-zo del 2002.45 Los funcionarios de la USAID —que está financiando la instalación de los siste-mas de agua y alcantarillado para los nuevosasentamientos en Amarateca—, han obtenido laaprobación del Congreso para erogar el dinerodespués de la fecha límite inicial de dos años, ydicen que las demoras representan un atraso tem-poral. En los casos de Ciudad España y Cáritas,las demoras en la infraestructura de agua y al-cantarillado mantuvieron a sus beneficiarios vi-viendo en albergues temporales en otras parteshasta bien entrado el 2002.

Pero el problema de Amarateca con el aguaes mayor. Una serie de estudios hidrológicos rea-

lizados durante las dos últimas décadas aún tie-nen que dar una idea clara de los recursos dispo-nibles, y los pozos perforados por los ONG handado resultados decepcionantes.46 A finales del2001, el Fondo Hondureño de Inversión Social(FHIS) sugirió bombear agua desde una fuenteremota. Pero la comunidad no estaba de acuer-do con el costo propuesto, de un poco más de10 dólares al mes por casa, en un país con un sa-lario mínimo de unos 3 dólares por día. Un estu-dio sobre el ordenamiento territorial sugirió elestablecimiento de un plan regional y de empre-sas locales de agua para la extracción, tratamien-to en almacenamiento y administración del agua.47

Las comunidades necesitarán asistencia técnicacontinua para operar sus empresas de agua, y noestá claro de dónde provendrá ese apoyo.48 Elproblema no se limita a Amarateca. Muchos delos barrios de Tegucigalpa solamente reciben unsuministro esporádico.

La alcaldía del Distrito Central sostiene quelos nuevos asentamientos están demasiado ale-jados para que Tegucigalpa despache los camio-nes recolectores de basura de la ciudad, aun cuan-do el Valle está dentro de su jurisdicción. LosONG que trabajan en el Valle han organizadoun servicio temporal para el tratamiento de de-sechos y le han dado un subsidio inicial. Recien-temente, sin embargo, los residentes han tenidoque asumir más costos, y algunos han decididoquemar su basura o botarla en terrenos baldíosubicados alrededor de sus comunidades, lo queconlleva problemas y riesgos ambientales.49 Elestudio del CEDAC/Politécnico de Californiaseñaló que una evaluación ambiental de la CruzRoja Hondureña identificó varios sitios poten-ciales para un relleno sanitario en el Valle, peroagregó que aún falta por elaborar un muy nece-sitado plan para el manejo de desechos sólidos.

Oportunidad económica. Antes del Mitch ymientras vivía en los albergues temporales des-pués del Mitch, la nueva población de Amaratecaestaba íntimamente vinculada al mercado urba-


no, con muchos de los habitantes empleadoscomo trabajadores informales, pequeños comer-ciantes, vendedores ambulantes y sirvientes do-mésticos.50 Al recorrer el largo Valle se observaun quieto carácter rural con pocas fuentes deempleo. El trayecto de 11 a 18 millas desdeAma-rateca, exagerado por los lentos autobusesque cruzan la cadena de montañas, es un one-roso obstáculo para la participación en un mer-cado laborar de por sí difícil y de poca paga.51

Un estudio realizado en el 2001 por la OIM mos-traba que con el traslado a Amarateca, el des-empleo entre la población beneficiaria aumentódel 20 al 28 por ciento. En el 2001, sólo un 10por ciento de la nueva fuerza laboral del Vallede Amara-teca había sido absorbida por laindustria en el Valle. La comunidadeconómicamente activa del Valle se estimabaen 12,000 personas, mientras que su mercadolaboral era de 3,500.52

Salud y educación. Las comunidades de Ama-rateca no tienen suficientes escuelas o docentes.En el 2002, sólo la mitad de la población en edadescolar iba a la escuela.53 Los residentes de LaJoya, se quejaban de que sólo había cuatro maes-tros para 300 estudiantes, y que el Ministerio deEducación no había podido ni siquiera aportar lospupitres para la escuela, financiada con fondos in-ternacionales. Todos los días los estudiantes lleva-ban y traían sus sillas de su casa a la escuela y vice-versa.54 En una rara combinación, la clínica desalud de La Joya fue construida con fondos deHUD, y era atendida por un médico cubano envia-do por el Gobierno de Cuba, pero una vez más, nosin el apoyo directo del gobierno hondureño.

Seguridad. Durante una visita a La Joya en mar-zo, los jóvenes fumaban marihuana abiertamenteen una cancha de fútbol/baloncesto situada enmedio de la comunidad. Aunque no manifesta-

ban un comportamiento agresivo, los residen-tes evitaban salir por la noche. Los organizado-res comunitarios de los poblados aledaños de-cían que tenían problemas para que la gente lle-gara a las reuniones de la comunidad en La Joya,porque tenían miedo de las pandillas juveniles.55

La presencia policial en La Joya es esporádica.La policía, con el respaldo del ejército, ha entra-do con fuerza al barrio por lo menos en una oca-sión, realizando cateos generales y allanando lascasas de posibles miembros de las pandillas. Eldirector hondureño de un ONG que había ayu-dado a construir casas en Amarateca dijo que lasituación de la seguridad ha llevado a que algu-nos residentes abandonen sus hogares y regre-sen a Tegucigalpa.56

* * *

Más de tres años después del huracán Mitch,los fondos para la reconstrucción de Amaratecase están acabando rápidamente. Gran parte delo que queda está destinado para los sistemas dealcantarillado inconclusos. Y a medida que seborra la memoria de la tormenta y la comunidadinternacional centra su atención en otra parte,hay poca evidencia de que el Gobierno de Hon-duras intervendrá para atender los problemas,que empeoran día con día en el Valle. “Cada unode estos proyectos se convierte en un imán paraatraer posteriores desastres”, dijo Martín. “Ya sepuede ver que empiezan a suceder: se ven inva-siones de tierra; se ve la tala de los bosques parallevar leña a los hogares; se ve la contaminaciónde los cursos de agua.” Se está perdiendo la opor-tunidad para el desarrollo. Incluso el componentede mitigación de desastres del reasentamientode las víctimas del Mitch está en riesgo. Comoya se señaló, algunas personas han regresado ala ciudad principal, muy probablemente a barriosmuy precarios.

El huracán Mitch cambió la geografía de

Honduras, obligando a los cartógrafos

a trazar nuevos mapas. De igual manera,

las violentas crecidas derribaron las relaciones

de poder entre los grupos sociales. Para muchos,

especialmente para aquellos en las márgenes del

poder económico, este torbellino representó una

oportunidad para el cambio político, denegado

durante generaciones. Para algunos de los resi-

dentes del valle del Bajo Aguán en el norte del

país, el desastre se convirtió en una oportunidad

única para tomar control de sus vidas, para dejar

de mirar hacia fuera en busca de soluciones para

sus problemas y empezar a mirarse a sí mismos

para resolver los retos que enfrentaban. La trans-

formación que buscaban, sin embargo, se en-contraría a cada pulgada con la férrea oposi-ción de aquellos que se beneficiaban de laeconomía de plantación y de la políticaclientelista de la Honduras anterior al Mitch.Este experimento de cambio en la base —y elconflicto resultante— ofrecen importantes lec-ciones para aquellos que trabajan por un cambioal nivel local, así como para la comunidad in-ternacional en su procura por fomentar ungenuino desarrollo social en toda la región.

Antecedentes. El valle del Bajo Aguán es unallanura húmeda y fértil que se extiende desde elpoblado agrícola de Sabá tierra adentro hasta el

UNA MIRADA INTROSPECTIVA.La respuesta al huracán Mitch en el Valle del Bajo Aguán

Por Paul Jeffrey

Una mirada introspectiva 47

asentamiento garífuna de Sangrelaya en la costaCaribe de Honduras, cerca de Trujillo. En untiempo, el valle estuvo cubierto por plantacio-nes bananeras de la Trujillo Railroad Company, unasubsidiaria de la United Fruit Company, pero en1935 la compañía devolvió las tierras al gobier-no, luego de perder la mayoría de las plantacio-nes a causa del mal de Panamá. En años poste-riores, los ganaderos se apoderaron ilegalmentede la mayor parte de la tierra, y la cercaron. Enlos años setenta, el gobierno desalojó a los gana-deros (muchas veces dándoles una compensa-ción monetaria a pesar de que no poseían títuloslegales) y llevó a decenas de miles de campesi-nos sin tierra para que se asentaran en 80 coope-rativas formadas por el gobierno. El gobiernodel coronel Osvaldo López Arellano (1972-1975)llevó a cabo el programa en respuesta a la pre-sión de las bases por parte de los campesinos sintierra, y con financiamiento del Banco Intera-mericano de Desarrollo. En la reforma agrariade «ahora sí, ahora no» —que empezara en 1962,durante el gobierno del presidente RamónVilleda Morales con la Ley de Reforma Agrariainspirada en la Alianza para el Progreso— estefue un período de «ahora sí», y un esfuerzo porcooptar al movimiento campesino.1

El programa del Bajo Aguán no era una ge-nuina reforma agraria; era un programa de colo-nización agrícola. A los campesinos se les decíalo que tenían que sembrar. Se plantaron unas25,000 hectáreas (1 hectárea = 2.46 acres) depalma africana y en un inicio las cooperativastenían que vender sus cosechas a las subsidiariaslocales de las compañías norteamericanas.

James Carney, un sacerdote jesuita que vivíaen Tocoa, un poblado en medio del valle, orga-nizaba cooperativas en ese entonces y fue unduro crítico del programa de gobierno. “Pregun-tamos a los miembros de la cooperativa quiéneseran los verdaderos beneficiarios de la reformaagraria en Honduras. Son los gringos. Hacen elnegocio más grande del mundo al prestarnos eldinero para la reforma agraria. Con ese dinero

les compramos a ellos maquinaria, petróleo ymuchas otras cosas. Cuando las cooperativasfinalmente producen la fruta de la palma, ¿quiénse llevará la mayor parte de la ganancia del pro-ducto final, la margarina? Los gringos de la Stan-dard Fruit Company en Estados Unidos.”2

Cuando el coronel Juan Alberto Melgar Cas-tro derrocó a López Arellano en 1975, la asis-tencia técnica y el crédito que necesitaban lascooperativas campesinas ya no fluyó de la mis-ma manera. Aunque algunas cooperativas teníanun éxito relativo, muchas sobrevivían con difi-cultad, afectadas por una mala administración,corrupción gubernamental, la fluctuación en losprecios del aceite de palma, y su pequeña tajadade las utilidades comparada con las ganancias deaquellos que procesaban, transportaban y ven-dían el producto final.

Al terminarse los movimientos revoluciona-rios en América Central a principios de los añosnoventa, la tímida reforma agraria recibió el tirode gracia con la aprobación, en 1992, de la Leypara la Modernización y el Desarrollo del SectorAgrícola. Muchas fincas grandes, que bajo leyesanteriores eran candidatas para la expropiación,quedaban ahora exentas, y a las 2,800 cooperati-vas agrícolas en el país se les dio el derecho deparcelar o vender sus propiedades colectivas. Enel Bajo Aguán, la nueva ley alentó a varias de lascooperativas a vender sus tierras a corporacio-nes extranjeras o elites locales, especialmente aMiguel Facussé, el hombre más rico del país.Facussé está muy bien conectado con la elitepolítica del país,3 y estaba más que contento depagar bajo la mesa a líderes campesinos corru-ptos, dispuestos a vender a sus compañeros.4

La venta de las cooperativas tuvo un efectodevastador en la región. Muchos ex miembrosde las cooperativas gastaron pronto el dinero queobtuvieron por la venta de sus propiedades, yquedaron sin tierra y sin dinero, igual que antes.La actividad económica secundaria en Tocoatuvo un dramático descenso, y se aceleró la emi-gración de la región hacia Estados Unidos.5


Aunque fueron muchas las razones que llevarona la desintegración y venta de las cooperativas,varios observadores argumentan que la falta departicipación de las mujeres en la toma de de-cisiones de las cooperativas fue un factor crítico.“Si las mujeres campesinas hubieran tenido vozen el asunto, no hubieran vendido la tierra”, dijoPeter Marchetti, un sacerdote jesuita que vivía enTocoa cuando sucedió el huracán Mitch. “Para uncampesino tradicional, siempre existe la tentaciónde vender la tierra, porque entonces puedecomprar su propia arma, puede tener otra mujer ypuede comprar un vehículo que en seis meses yano servirá porque no sabe cómo manejarlo ocuidarlo. Cuando los hombres en esta área ven-dieron sus tierras a Facussé, las mujeres se opusie-ron, pero en ese entonces su voto no contaba.”6

A pesar de la experiencia negativa de muchasde las cooperativas del Bajo Aguán, un estudiomostró que más de las tres cuartas partes de losantiguos miembros de la cooperativa seguíancreyendo en el valor de la organización colecti-va, en particular, en aquella organización quepudiera superar el elitismo y la toma de decisio-nes verticalista que llegó a caracterizar a muchasde las cooperativas fundadas por el gobierno.7

Desafortunadamente, una vez que se vendieronlas cooperativas, las estructuras de poder localeslimitaron en extremo otras opciones de organi-zación política.

Por ejemplo, la mayoría de los municipios te-nían organizaciones políticas al nivel de pobla-do o de vecindario, llamadas patronatos, queusualmente eran designadas y controladas por elalcalde y su partido político. (Las alcaldías sonunidades de gobierno local y en las áreas ruralescorresponden más o menos a los condados nor-teamericanos. El pueblo de Tocoa es el centrourbano del municipio de Tocoa, con una super-ficie de unas 70 millas cuadradas). En algunospoblados los patronatos funcionan bien comoun órgano de mediación entre las autoridadesmunicipales y los vecindarios o poblados loca-les. En casi todos los lugares reproducen el ca-

rácter autoritario, verticalista y masculinista dela política hondureña de alto nivel. Muchos pa-tronatos sólo entran en acción antes de las elec-ciones, como vehículos de campaña para suspatrones. “El patronato, coludido con el partidoen el poder, actúa en nombre de la comunidad, yhasta roba en nombre de la comunidad”, diceFausto Orellana Luna, por largo tiempo activis-ta en el Valle de Aguán.8 Lorenzo Cruz, otroactivista del Valle, dijo que en ocasión de la dis-tribución de la ayuda material después del hura-cán Fifi en 1974, los patronatos estorbaron elproceso. “Llegó mucha ayuda y se distribuyó alos patronatos, pero no le llegó al pueblo”, dijoCruz. “Los presidentes de los patronatos se con-virtieron en bodegueros. Vendieron los colcho-nes y la comida. Ellos... estaban protegidos porlos políticos, muchos de los cuales sacaron supropia tajada de lo recaudado.”9

En años recientes se formaron varios gruposde base nuevos. Entre ellos están el Comité ProDesarrollo del Bajo Aguán (COPRODEBA)formado en 1984, la Asamblea Permanente deOrganizaciones Populares del Aguán (APOPA)fundada en 1988, y la Central de Organizacio-nes Populares del Aguán (COPA) establecida en1996. Todos los grupos, sin embargo, tuvierondificultades para ir a la propuesta más allá de laprotesta.10 COPRODEBA, por ejemplo, apoyólas huelgas de estudiantes y otras manifestacio-nes públicas, pero no pudo aprovechar el peque-ño espacio político que se ganó. APOPA estuvoal frente del cierre de carreteras y de otras pro-testas, pero se vio plagada por líderes sin repre-sentatividad.

COPA pareció aprender algunas lecciones delos otros dos grupos —ninguno de los cualesduró mucho antes de disolverse— y logró blo-quear con éxito varios proyectos controvertidos,incluida una planta para la extracción de aceitede palma —desastrosa para el medio ambien-te—, propiedad de Facussé, que estaba por cons-truirse en una antigua base militar —en procesode litigio— cerca de Trujillo. Sin embargo, COPA


terminó bajo el control de los líderes locales delPartido de Unificación Democrática (UD), unpartido político formado en 1993 por remanen-tes de varios antiguos grupos guerrilleros. Conel asesinato en 1997 de Carlos Escalera, coordi-nador de COPA y candidato del UD para la al-caldía de Tocoa, la organización fue literalmentedecapitada y perdió fuerza en la región.11

Con las cooperativas agrícolas en proceso dedisolución, con los patronatos plagados depolitización partidaria, y con organizaciones po-pulares disfuncionales, los ciudadanos del valledel Bajo Aguán quedaron con pocas opcionespara actuar de manera coordinada y organizadapara resolver sus problemas. Tuvo que sobreve-nir el huracán Mitch para que surgiera una nue-va alternativa.

Huracán Mitch. La mayoría de las casas y cam-pos en el valle del Bajo Aguán resultó inundadacuando las aguas del huracán Mitch se precipita-ron desde las montañas circundantes. Sin em-bargo, en medio de la tragedia floreció la solida-ridad. Los vecinos acudieron en ayuda de susvecinos. Las personas compartieron lo poco quetenían, y la mayoría sobrevivió. No obstante, amedida que empezaron a retirarse las aguas, es-caseó la comida. Las plantaciones arrasadas de-jaron a los trabajadores sin empleo, y los servi-cios locales quedaron dañados o destruidos. Lasagencias de ayuda nacionales e internacionalesse apresuraron a distribuir alimentos. Y prontosurgió un debate sobre quién debía manejar laemergencia alimentaria y cómo debía distribuirse.

No era solamente un debate local. El gobier-no hondureño daba bandazos de un plan admi-nistrativo a otro. La Comisión Permanente deContingencias (COPECO) controlada por losmilitares, pronto sufrió un fracaso espectacularen la abrumadora tarea de manejar la ayuda deemergencia.12 Posteriormente, el presidente Car-los Flores asignó responsabilidad geográfica alos ministros de su gabinete para el manejo de laemergencia. Asignó a la fundación de su esposa,

la Fundación María, un papel protagónico, su-giriendo a los donantes, que se mostraban ner-viosos por la corrupción en el gobierno,13 quepodían confiar en la organización semioficial dela primera dama.14 Cuando eso no logró aplacarlas críticas, a mediados de noviembre el presi-dente delegó el cuidado y la alimentación de laspersonas sin hogar a las iglesias del país. Floresautorizó a los organismos no gubernamentales(ONG) para traer con pocas restricciones ayudamaterial, y firmó un decreto apelando a los go-biernos locales a incorporar en su respuesta a laemergencia a los ONG, a las iglesias y a otrosgrupos privados. En enero de 1999, Flores dejóen manos de las alcaldías la tarea de encontraralojamiento para las familias sin hogar que aúnquedaban en los refugios. Sin embargo, el presi-dente no hizo nada por ayudar a las alcaldías atener acceso al cinco por ciento del ingreso delgobierno central, al cual tienen derecho por ley.Flores esencialmente descentralizó la respon-sabilidad sin descentralizar los recursos.15

En el valle del Bajo Aguán, la Pastoral Socialde la diócesis católica de Trujillo tenía una pre-sencia organizada en vecindarios urbanos y enpoblados rurales mucho antes del Mitch.16 Conel apoyo de Catholic Relief Services (CRS) y elfinanciamiento de la Agencia de Estados Uni-dos para el Desarrollo Internacional (USAID),la Pastoral Social se encargó de un programamasivo de alimento por trabajo. Al principiohubo una ligera resistencia por parte de los al-caldes y de otros políticos locales, quienes veíanen el programa de alimento por trabajo una pe-sadilla logística, y prefirieron concentrarse enobtener lucrativos contratos para la reconstruc-ción de puentes y de otra infraestructura dañadapor el huracán.

Creación de nuevas organizaciones locales.La Pastoral Social y el CRS vieron el programade alimento por trabajo como una oportunidadpara forjar organizaciones sostenibles con baseen la comunidad que pudieran transformar las


relaciones locales de poder. Así, como condiciónpara entregar la ayuda alimentaria, requirieronque las comunidades locales se organizaran enComités de Emergencia Locales, que por sus siglasse llegaron a conocer popularmente como Co-dels. Se especificó que cada Codel debía tenerrepresentantes de todas las fuerzas vivas, igualrepresentación de hombres y mujeres, así comoprocedimientos democráticos y transparentespara la planificación y la distribución de alimen-tos. En un momento dado, el número de Codelsllegó a sumar 551 en 12 alcaldías en el valle ylas áreas a su alrededor. Un trabajador extranjeroinvolucrado en el programa, que pidió omitir sunombre, explicó que “la idea era mantenerse ale-jado del paradigma común, particularmente evi-dente en emergencias, de tener a alguien quellegara al pueblo en un caballo blanco y atendieratodas las necesidades... El sentir era que tantolos políticos en Honduras como los ONG eranculpables precisamente de eso, de ir recogiendorecompensas o cobrando deudas políticas en elproceso. En esencia, ese tipo de desarrollo ‘heroi-co’ refuerza el sentir de las personas de que notienen el poder de hacerlo por sí mismas…. Claroestá que hay una gran cantidad de personas degran corazón que están haciendo con las mejo-res intenciones una cantidad de cosas muy bue-nas, pero una mirada a más largo plazo indica-ría que cuanto más pronto se pueda facilitar unproceso en el que la gente empiece a buscar cómoresolver sus propios problemas con sus propiassoluciones, más más pronto saldremos de las tram-pas de la dependencia... Esa era la idea tras elconcepto de una amplia participación popular enlos comités de emergencia locales. Fue también laparte más difícil, porque es una tarea tediosa ydesprolija, y no está llena de gratificacionesinmediatas o siquiera a mediano plazo.”17

Rosibel Hernández, del poblado de Isletas, enel municipio de Sonaguera (al oeste de Tocoa),recuerda cómo se creó el Codel de su comuni-dad: “El Codel se formó cuando organizamosun comité para distribuir la comida. Cavamos

las cunetas de drenaje y reparamos las calles ylas casas. Los hombres, las mujeres y los niñostrabajaron todos juntos, fue muy eficaz”, dijoHernández. “Durante ese tiempo el patronatoestaba involucrado en, bueno, en realidad no sélo que estaban haciendo, aparte de criticarnos.Al principio el patronato estaba en contra deCodel. Decían que era cosa de la iglesia. Pero enrealidad estaban celosos porque trabajábamos másduro que ellos, nos organizábamos mejor yliteralmente nos entregábamos a los proyectos. Yfue claro para todos que los Codels no erancatólicos, aunque la Iglesia católica los apoyaba.Buscamos a los evangélicos para involucrarlos yellos participaron bien. Nos aseguramos de quetodos participaran.”

En Planes, otro poblado en Sonaguera, Maria-na Ortiz tuvo una experiencia similar: “Cuandoel Mitch, muy pronto nos dimos cuenta de queno éramos importantes para los políticos, así queresolvimos emprender nuestra propia organiza-ción, un Codel, con la ayuda de la Pastoral So-cial de la iglesia. En realidad nunca habíamos tra-bajado juntos, pero la experiencia fue hermosa.Limpiamos la comunidad. Nunca tuvimos unproyecto de agua potable para nuestra comuni-dad, así que instalamos uno, junto con 85 letri-nas. Por esa experiencia aprendimos que tene-mos fuerza trabajando juntos. Gracias a Dios queel huracán Mitch nos hizo un favor. Para algu-nos, fueron momentos difíciles, pero para mu-chos de nosotros ha sido una oportunidad. Tu-vimos grandes pérdidas de personas y propieda-des, pero ganamos en conciencia y salimos conuna organización fuerte.”

La composición del Codel en la comunidadde Ortiz era típica. Incluía a dos representantesdel comité local de agua, dos de la asociación depadres, dos católicos, dos evangélicos, dos delprograma de educación para adultos, y dos de laasociación comunal de fútbol. En comunidadescon patronatos activos, también se les invitó adesignar a dos representantes ante el Codel. Losjóvenes también estuvieron presentes en muchos


Codels, algo que rara vez se oyó de otras orga-nizaciones en el valle. “Aquí los jóvenes antesno tenían ningún interés en participar en las or-ganizaciones populares, mucho menos en lospartidos políticos, ya que no los considerabanrelevantes o eficaces. Con el trabajo de losCodels, los jóvenes se sienten más positivosacerca de la participación política”, dijo Ortiz.

Muchos participantes sostienen que una cla-ve para el éxito fue la insistencia de que la mitadde los miembros fueran mujeres. “Teníamos mu-jeres en los Codels, algo que los patronatos notenían. Sólo había hombres. El patronato era unrefugio para el machismo. En los Codels, apren-dimos por experiencia que las mujeres podíanparticipar en cualquier puesto”, dijo Hernández.

Jennifer Casolo, consultora en género para laPastoral Social, calculaba que en los Codels ur-banos solía haber más mujeres que hombres. En1999 observó que: “Al principio los hombres sedecían: ‘Esto es sólo cuestión de distribuir ali-mentos, el verdadero poder se quedará en el pa-tronato.’ Así que las mujeres ocuparon espaciosque nunca antes habían ocupado, y eso les gus-tó. Han crecido. Han elaborado propuestas eco-nómicas y de otra índole. Sin embargo, tambiénhan empezado a tener conflictos con los patro-natos, porque los patronatos están empezando aver que se están quedando fuera. Las mujeres enlos Codels son ahora las que llevan la voz can-tante. Hemos visto en las mujeres mucha capa-cidad de liderazgo... un liderazgo que es positi-vo, muy democrático y alternativo. Aunque hayunas cuantas mujeres que son meras cacicas, lomismo que los hombres, y en cada nivel existe aveces la costumbre de ceder la última palabra alos hombres.”18

La Pastoral Social admitió, sin embargo, queaunque en los Codels se escuchaban las vocesde las mujeres de nuevas maneras, “las necesida-des estratégicas y prácticas de las mujeres no es-taban bien articuladas en los planes de desarro-llo local” que los Codels empezaron a produ-cir.19 En el 2000, un observador sugirió que los

Codels habían hecho avances. “La fuerte parti-cipación de las mujeres es tal vez el catalizadorde una mayor eficiencia y eficacia... dada la ten-dencia de las mujeres, percibida en muchos ca-sos, a atacar más directamente los factores quelimitan el bienestar de la familia... No he notadoel peligro de que la presencia de las mujeres enla organización sea una mera formalidad.”20

Cada Codel tenía una variedad de comisionestales como salud, educación, infraestructura,mitigación de desastres y auditoría social. El per-sonal de la Pastoral Social veía esto como unamanera de “repartir las responsabilidades entregran cantidad de personas, formando muchoslíderes pequeños en lugar de unos cuantos líde-res grandes.”21 Una vez más, esto difería de lospatronatos, las cooperativas, y las organizacio-nes populares, donde las decisiones las tomabaun grupo pequeño, o un líder. De esa manera,los Codels usualmente lograban evitar la descon-fianza que asolaba a las organizaciones tradicio-nales.

Ante el poderoso ejemplo de los Codels, al-gunos patronatos cambiaron poco a poco su es-tilo y organización para parecerse más a losCodels. El presidente de un patronato enSonaguera, que pasó por ese cambio, sostuvo que“ahora sentimos que somos parte de una corrien-te gigantesca, con la capacidad de movilizar a lacomunidad. Antes teníamos que ordenar que lagente llegara, con la amenaza de que se les mul-taría si no participaban en el trabajo comunal.Ahora, con esta nueva organización y la delega-ción de funciones, la responsabilidad que tengoes menos difícil. Desde que llegaron los Codelsno he tenido que trabajar tan duro.”22

El entusiasmo por los Codels era por lo gene-ral más fuerte en los poblados rurales que du-rante mucho tiempo han languidecido en la peri-feria de las estructuras municipales de poder. Envarias comunidades urbanas, los Codels “eranmás débiles, dada la mayor heterogeneidad social,la influencia más fuerte de la política clientelistatradicional, y el individualismo de la clase media.”23


Reacción y rivalidad. Sin embargo, algunos lí-deres de los gobiernos locales se pusieron rece-losos, y luego hostiles. “Cuando algunos de loslíderes de los patronatos se dieron cuenta de queno éramos simplemente un fenómeno tempo-ral, nos criticaron, preguntándonos quién noshabía elegido para el cargo. Respondimos que lacomunidad nos había escogido, pero eso no losimpresionó, porque los Papapolíticos los habíancolocado a ellos en sus cargos. Ciertos de ellosnos acusaron de representar a los católicos, ehicieron que algunos evangélicos vincularan elnúmero 666 a los Codels”, dijo Orellana Luna,refiriéndose a la alusión numérica del Anticristo,que algunos evangélicos relacionan con el Papa.

A mediados de 1999, los Codels empezaron atrabajar en planes de desarrollo a largo plazo,cambiando su nombre a Comités de DesarrolloLocal pero conservando las mismas siglas, y em-pezaron a vincular a cada Codel con una red re-gional. Un grupo de diez o más Codels de comu-nidades aledañas eligieron representantes ante unSecodel, que a su vez designó representantes paraun comité municipal llamado Unicom. Los Uni-coms procederían luego a cabildear en los gobier-nos municipales acerca de las demandas aproba-das a través de la estructura Codel–Secodel–Unicom. Para el 2001 los Unicoms formaron unaestructura regional que abarcaba a varios muni-cipios en el Bajo Aguán y en las áreas vecinas.Esta estructura recibió el nombre de Unicorass, laUnión de Comunidades Organizadas de la Re-gión de Aguán, Sico-Paulaya, y la Costa Atlánti-ca.24

Esta red, hasta el nivel municipal, era paralelaa la estructura de los alcaldes con sus patrona-tos, pero revirtió la cultura política tradicionalde Honduras de abajo hacia arriba en lugar deser de arriba hacia abajo. Tradicionalmente, silos alcaldes celebraban una reunión, era para in-formar a la ciudadanía sobre las decisiones quese habían tomado. Con el surgimiento de losCodels, las demandas fluían de abajo hacia arri-ba por la escalera del Secodel, donde se integra-

ban en solicitudes y planes sectoriales y luegose transmitían a Unicom.

Si eso no era suficiente para crear malestarentre algunos jefes políticos tradicionales, el sis-tema Codel también fortaleció los esfuerzos ciu-dadanos dirigidos a fiscalizar los aspectos eco-nómicos del gobierno municipal.

En Sonaguera, esto adquirió proporcionesdramáticas. Al alcalde, Carlos Morazán, nuncale gustaron los Codels, y al principio se negaba adar siquiera una cita a los líderes de Codel. (Estaactitud es una réplica del comportamiento polí-tico en el ámbito nacional. El presidente de laAsociación de Municipios de Honduras no pudoobtener una cita con el presidente Flores cuan-do éste subió al poder; no fue sino hasta des-pués del huracán Mitch que Flores percibió lanecesidad de dialogar con los alcaldes de su país).

Más tarde, los Codels acusaron a Morazán defraude. “A medida que nuestras comisiones deauditoría social empezaron a investigar… comen-zamos a recopilar evidencias de robo en la ofici-na del alcalde. Por ejemplo, en varias comunida-des se había obligado a la gente a firmar docu-mentos por cantidades de arena mayores de lasque habían recibido para los proyectos de cons-trucción patrocinados por la alcaldía. Y variospuentes reconstruidos y cruces de ríos reforza-dos fueron facturados dos veces por la alcaldía.Fuimos a la alcaldía y exigimos ver los registrosfinancieros, pero el tesorero huyó y sigue fugiti-vo. El alcalde… nunca respondió nuestras pre-guntas”, relató Ortiz.

Los Codels de Sonaguera llevaron sus eviden-cias a la Contraloría General de la República enTegucigalpa, principal ente auditor de la nación.Los Codels reunieron más evidencias y las pre-sentaron a la Dirección General de Investiga-ción Criminal (DGIC). Por último, algunos agen-tes de la DGIC se presentaron a la alcaldía enSonaguera pidiendo que les mostraran los libros.Morazán supuestamente estaba perplejo. “Nonos creía cuando le dijimos que íbamos a ende-rezar las cosas aquí”, observó Ortiz.


En septiembre del 2000, los Codels del BajoAguán exigieron a los funcionarios de las alcal-días del valle que firmaran una carta de inten-ciones reconociendo oficialmente a los Codels ycomprometiéndose a trabajar con ellos. LosCodels querían formalizar su existencia y garan-tizar su sobrevivencia a largo plazo. Algunos lí-deres de los Codels sugirieron que se les cortarala ayuda de la USAID a los alcaldes que se nega-ran a firmar la carta, en particular el financia-miento para costosos proyectos de agua y sanea-miento.

De los doce municipios donde funcionabanlos Codels, sólo firmaron la carta los alcaldes detres de ellos: Tocoa, Limón, e Iriona. El resto senegó a firmar, porque evidentemente se sentíanamenazados por el movimiento Codel, cada vezmás agresivo. “Por funcionar fuera de la maqui-naria de los partidos políticos, los Codels eranuna amenaza implícita para las bien establecidasestructuras de poder y autoridad en Colón. Dehecho, durante el último siglo, nadie en Hondu-ras había desafiado de verdad la hegemonía deestos partidos sin arriesgarse a las consecuen-cias”, dijo un funcionario extranjero que pidióomitir su nombre, en referencia al asesinato deEscalera cuando éste se postuló como alcaldede Tocoa. “Los alcaldes se despiertan un buendía y encuentran que sus comunidades están fir-memente organizadas y que exigen participar enlos planes para el financiamiento de emergen-cia, por fuera del conveniente marco del patro-nato. Probablemente para ellos eso ocasionódemasiado ruido en el sistema, y un desafío quesus habilidades políticas no podían afrontar... LosCodels se empezaron a ver como una tercerafuerza en la línea de un movimiento de “poderpopular” con serias consecuencias en la obten-ción de votos para los alcaldes. Si los alcaldes nopodían demostrar que estaban manejando la re-construcción por la generosidad del partido, en-tonces ¿qué caso tenía? Esa era su gran oportu-nidad de traer agua para su molino, y la Iglesiales estaba privando de ello con la formación de

lo que los alcaldes llamaban los “gobiernos pa-ralelos” de los Codels. Los Codels hablaban detransparencia en el manejo de los alimentos y delos otros recursos para la reconstrucción, sugi-riendo que los funcionarios podrían no ser tantransparentes; los Codels hablaban de una plani-ficación a mediano y largo plazo, independientede los ciclos electorales, porque las necesidadesestaban firmemente establecidas y necesitabanaños de esfuerzo para abordarlas, cuestionandoasí la capacidad de los partidos para mejorar susvidas; los Codels hablaban de nuevas formas deorganización comunitaria que no se apoyabanen los patronatos porque estas organizacionesbasadas en los patronatos no tenían arraigo enlas vidas y aspiraciones de la gente común.”

En lugar de percibir a los Codels como una“tercera fuerza”, muchos alcaldes querían clasi-ficar a los grupos como un frente para la izquier-dista UD. Y en efecto, “un buen número de losmiembros de Codel estaban a favor de la UD.”25

Orellana Luna, un veterano del una vez proscri-to Movimiento Popular de Liberación (el movi-miento izquierdista guerrillero “Cinchoneros”),reconoció que esto era un problema, pero sos-tuvo que los Codels estaban haciendo esfuerzospor contrarrestarlo: “Personalmente estoy cura-do de ideologías. Yo ahora soy del pueblo. Pode-mos hacer mucho con el pueblo, más de lo quepodemos hacer con sólo las cúpulas que quierenimponerle al pueblo, y que es precisamente elproblema con los partidos políticos. Hemos im-puesto demasiado... Hemos tenido problemascon los intentos de la UD de apoderarse de losCodels y de Unicorass, pero hemos resistido por-que sabemos que si el gobierno logra etiquetar-nos como un frente de la UD, entonces podránegar que realmente somos una expresión orga-nizada de la sociedad civil.”26

Un funcionario del gobierno de Estados Uni-dos, familiarizado con el desarrollo de los Codels,dijo que los alcaldes exageraban la amenaza delinvolucramiento de la UD. “Esta área tiene unagran cantidad de viejos revolucionarios. Pero


mire, en Honduras el problema serio es lograrque la gente se involucre. A mí no me interesasi son revolucionarios, siempre y cuando les im-porte y estén dispuestos a hacer que la gente seinvolucre. Lo único que pueden hacer es ayu-dar”, manifestó el funcionario que pidió que seomitiera su nombre.

Osvaldo Sandoval, miembro del consejo mu-nicipal en Tocoa durante ese período y ahoravicealcalde del municipio, indicó que también laizquierda se había equivocado en cuanto a cómoresultarían los Codel. “Los viejos revoluciona-rios que andan por ahí erraron al pensar que es-tas nuevas estructuras serían izquierdistas y re-volucionarias. La realidad ha sido bien distinta.Todos los Codels tienen tendencias dentro deellos, pero cumplen su trabajo. Tenemos algu-nos poblados que están a 25 minutos del centrode la ciudad, y que nunca habían tenido aguahasta que organizaron un Codel.”

Sandoval dijo no compartir la preocupaciónde Morazán y de la mayoría de los otros alcaldes.“Tras el Mitch, pedimos a la Iglesia que nos ayu-dara con alimentos, y ellos sacaron ventaja deesta oportunidad y organizaron los comités deemergencia”, explicó Sandoval. “Los patronatossiguieron en su tradicional actitud pasiva y pater-nalista, y hasta exigían que les pusiéramos la co-mida en la boca. La alcaldía necesitaba a losCodels, ya que no teníamos suficientes recursospropios... Los otros alcaldes estaban celosos delos Codels; pensaban que era un proyecto cató-lico. Tuvimos unas 30 ó 40 reuniones con alcal-des de todo el valle, hablamos de... la necesidadde crear estructuras con una nueva visión dedesarrollo. Pero los alcaldes tenían miedo de lasnuevas estructuras; nunca antes habían traba-jado con participación ciudadana … Acusabana Peter [Marchetti, el sacerdote en Tocoa queademás coordinaba la Pastoral Social diocesana]de ser un subversivo. Pero Peter sólo estaba ayu-dando a promover la participación ciudadana…Sin embargo, no logramos que entendieran eso.

Así que los otros alcaldes finalmente se fuerona quejar con el gobierno y con la Embajada deEstados Unidos.”

Una delegación de alcaldes, encabezada porMorazán (que había sido elegido jefe de la orga-nización regional de alcaldes) y acompañada porSolomón Martínez,27 diputado del Partido Libe-ral en Colón, fue a quejarse ante el jefe de lamisión de la USAID. Según una de las personasque participaron en la discusión con la embaja-da norteamericana, los alcaldes se quejaban fun-damentalmente de que “la USAID estaba sub-virtiendo la democracia estilo hondureño al apo-yar a la Iglesia en su trabajo fuera del marco par-tido-patronato.”

Aunque la reunión dejó en claro que los alcal-des que se negaran a firmar la carta de intencio-nes no correrían el riesgo de perder el financia-miento de la USAID, sí causó una gran conmo-ción dentro de la embajada, y condujo a acalora-das discusiones entre funcionarios de la USAID,el CRS, y la Pastoral Social. El liderazgo de Codelaccedió a dejar en claro que no pretendían for-zar la cooperación de los alcaldes renuentes porla vía de amenazarlos con presionar para que seles recortara la ayuda.

Marchetti afirmó que las discusiones habíansido una experiencia de aprendizaje para el per-sonal de la embajada: “A la USAID le interesacombatir la corrupción, y tienen una especie desistema de boletín donde se reporta qué tan biense están desempeñando los gobiernos municipa-les. Sin embargo, a veces los alumnos hacen tram-pa y la USAID es como el profesor sabio que notiene ni idea de lo que está sucediendo. Morazánhabía recibido su más alta calificación, era unode sus pupilos estrella, pero lo que sucede con laparticipación ciudadana es que la gente se involu-cra y descubre que él les está cobrando por pro-yectos que ya habían sido pagados por el gobier-no. El dinero adicional iba directo a su bolsillo.Esto provocó un escándalo tremendo. LaUSAID estaba bastante disgustada por eso…”28


Mientras la USAID conjeturaba qué hacer consu pupilo estrella, los Codels en Sonaguera se-guían batallando con su alcalde. “Morazán toda-vía se negaba a hablar directamente con noso-tros. En la oficina de su abogado declaró no sa-ber nada sobre la corrupción. Pero su abogadose llevó a La Ceiba todos los registros municipa-les relevantes”, afirmó Ortiz, quien agregó quede todos modos los Codels primero habían he-cho copias de varios documentos supuestamen-te incriminatorios. Cuando los Codels formal-mente acusaron de robo a Morazán ante laDGIC, el alcalde respondió acusando de calum-nia a 41 líderes de Codel.

Con el escándalo de la corrupción pendientesobre su cabeza, Morazán perdió las eleccionesprimarias del Partido Liberal para la alcaldía. Hizoun trato con el Partido Democracia Cristiana paracorrer como su candidato En un esfuerzo porcontrolar el daño, finalmente se reunió con losCodels en los últimos días de la campaña, y pro-metió reconocer la legitimidad de las organiza-ciones si éstas retiraban la acusación de delito ensu contra. Los Codels se negaron y montaronuna fuerte campaña en su contra. Morazán ter-minó en un distante tercer lugar en la elección,con el 16.7 por ciento de los votos. Nelson Sau-ceda, el primer candidato del Partido Nacionalen ganar una contienda para el cargo de alcaldeen Sonaguera, ganó con el 40.7 por ciento.

La campaña electoral y el voto del 2001 de-mostraron que los Codels habían alcanzado lamayoría de edad. En 11 de los 12 municipiosdonde había Codels, todos los candidatos a al-caldes firmaron una nueva carta de intencionesen la que se comprometían a cooperar con losCodels.29 En Balfate, un líder del Codel ganó laalcaldía. En Tocoa, los Codels reunieron a 2,000ciudadanos para un debate entre los candidatos,y desempeñaron un papel clave en el voto. EnSabá, los Codels celebraron foros públicos paratodos los candidatos y formaron un grupo demonitoreo de las elecciones, al que el alcaldetitular culpó por haber perdido la contienda con-

tra el candidato del Partido Nacional —al igualque en Sonaguera, la primera victoria para esepartido en una elección para la alcaldía de Sabá.

Tras tomar posesión en enero del 2002, lamayoría de los nuevos alcaldes organizaron ce-remonias para juramentar a sus Codels, Secodels,y Unicoms, algo que habían prometido en sucarta de intenciones. Cruz reconoció dos moti-vaciones para el cambio de actitud: “Los nuevosalcaldes están más abiertos hacia los Codels, de-bido en parte a que son más conscientes que losantiguos alcaldes, pero también porque de mu-chas maneras no tienen otra alternativa. Sin nues-tros votos no pueden ir muy lejos.” Orellana Lunalo dijo de una manera muy sencilla: “Cambia-mos votos por participación.”

Una señal de esperanza. Tras la juramentacióna principios del 2002, la red Codel concentró suenergía en reorganizarse para la carrera larga. Enla mayoría de las comunidades, los líderes deCodel trabajaron con funcionarios municipalespara obtener su personería jurídica. Y los acti-vistas de Codel siguieron viajando por todas par-tes, explicando su historia a grupos interesadosen emular la experiencia del Bajo Aguán. “Aho-ra a Tocoa se le considera internacionalmentecomo un nuevo modelo de reestructuración parael desarrollo”, afirmó Sandoval.

Algunas comunidades mantuvieron lo que lla-man un patronato, pero este funcionó como unCodel y trabajó como parte de la red Codel–Secodel–Unicom–Unicorass. En otros lugares,la lucha continúa. Los Codels de Sabá se enfren-taron con las autoridades municipales, que pare-cían haber olvidado la carta de intenciones. Losmiembros de Codel también se reunieron cons-tantemente para elaborar planes de desarrollopara sus poblados y municipios, y así poder de-cir a los funcionarios municipales lo que que-rían. “Tenemos que elaborar los proyectos y lle-varlos a la alcaldía, porque la alcaldía nunca vie-ne al pueblo”, comentó Ortiz, elegido represen-tante de Sonaguera ante Unicorass. Pero la ela-


Poco antes de la medianoche del 12 de mayo del

2000, una decidida multitud de 700 familias sin tie-

rra se abrieron paso entre las tropas del ejército

hondureño para invadir una antigua base militar en

el valle del Bajo Aguán, cerca de Trujillo. El Centro

Regional de Entrenamiento Militar (CREM) fue

construido por el gobierno de Estados Unidos en

los años ochenta para entrenar a los ejércitos de la

región. Los campesinos, muchos de los cuales per-

dieron sus humildes viviendas durante el huracán

Mitch, reclamaban que bajo las disposiciones de las

leyes sobre reforma agraria del país, el gobierno

debía entregarles a ellos la antigua base. El Institu-

to Nacional Agrario (INA) estaba de acuerdo. Sin

embargo, un grupo de ganaderos que había com-

prado la tierra de manera ilegal en 1991 —a una

fracción del valor real de la propiedad— se oponía

a la medida, y recibió a balazos a los campesinos.

Al salir el sol la mañana siguiente —día de San

Isidro, santo patrono de los campesinos—, la tierra

estaba en manos de los campesinos. Pronto, sus sen-

cillas chozas de frondas de palma empezaron a to-

mar apariencia de hogares. Construyeron una es-

cuela rústica sobre una plataforma de cemento don-

de alguna vez los asesores estadounidenses habían

enseñado técnicas de contrainsurgencia. Organiza-

dos en el Movimiento Campesino del Aguán (MCA),

prohibieron el alcohol, y organizaron brigadas para

supervisar la salud, la producción de alimentos, la

seguridad y la educación. Su presencia provocó una

airada respuesta por parte de los ganaderos, quie-

nes se sintieron injustamente privados de lo que una

vez habían robado con todas las de la ley. La ten-

sión entre los dos grupos escaló hasta que hubo un

intercambio de disparos en el que murió Diógenes

Osorto, uno de los ganaderos, con un AK-47 en sus

manos. La familia de Osorto y otros ganaderos cul-

paron al sacerdote jesuita Peter Marchetti de albo-

rotar a lo que ellos consideraban un campesinado

dócil, y juraron vengar la muerte de Osorto. Mar-

chetti atizó más el fuego al acusar a los terratenien-

tes locales del asesinato del activista político Carlos

Escalera, quien se había opuesto a la instalación de

la planta procesadora de aceite de palma en el Cen-

tro Regional de Entrenamiento Militar. Marchetti

agregó que los terratenientes locales se estaban bene-

ficiando del paso por la región de la cocaína desti-

nada al mercado estadounidense. Declaró que los

narcoganaderos tenían el respaldo del narcogobier-

no. Tras varios meses de amenazas de muerte,

Marchetti se vio obligado a salir del país.

Aun así, los nuevos residentes del CREM permane-

cieron en el lugar, desafiando a los ganaderos y a los

militares, aunque contaban con el apoyo del INA,

cuyo director, Aníbal Delgado Fiallos, había alenta-

do a los invasores. Delgado Fiallos finalmente con-

venció al presidente Carlos Flores para que entrega-

ra algunos títulos de propiedad. El gobierno prome-

tió pagar a los ganaderos para que hicieran “mejo-

ras”, una práctica común en Honduras que permite

que los ricos se beneficien de los fondos de la refor-

ma agraria, supuestamente destinados a beneficiar

a los pobres. Pero el gobierno se resistió a dar el dine-

ro, e, irónicamente, fue el MCA el que llegó a resca-

tar a los campesinos, bloqueando varias veces, a finales

del 2001 y principios del 2002, la carretera que pasa

por la propiedad. Al tener camiones cargados de

piñas y bananos de la empresa Dole aparcados a lo

largo de la carretera, el Ministro de Finanzas finalmen-

te decidió que podía encontrar el dinero necesario.

La nueva comunidad ubicada en el CREM se lla-

ma Colonia Guadalupe Carney, en memoria del sacer-

dote jesuita que organizó cooperativas en esa área

hasta que fue expulsado del país en 1979. Muchos

de los residentes provenían de comunidades en el

Bajo Aguán, donde se organizaron comités de emer-

gencia o Codels (véase el texto principal) tras el paso

del huracán Mitch. Los organizadores del MCA po-

nen como requisito que los participantes no hayan

estado involucrados en cooperativas agrícolas que

recibieron tierras del gobierno en los años setenta,

sólo para venderlas en los años noventa. Y, en con-

traste con las acciones campesinas de antaño, ahora

las mujeres forman parte del liderazgo del MCA.

Alentados por el éxito de la invasión, a mediados del

2002 los líderes campesinos del país y los líderes de

los Codels del Bajo Aguán, estuvieron maquinando

una recuperación aún más grande en un área cercana.

INVASIÓN CAMPESINA A UNA ANTIGUA BASE MILITAR


boración de planes técnicos a largo plazo re-quiere habilidades que por lo general los pobresno poseen. De manera que Unicorass y la Pas-toral Social también empezaron a hacer planesen el 2002 para abrir un centro técnico cerca deTocoa, una especie de universidad campesinaque piensan llamar Popol Natun– en náhuatl,“la Casa del Pueblo”.

En 2001, tras la partida de Marchetti del área—empujado por amenazas de muerte que mu-chos opinaron tenían su origen en Facussé—,30

el compromiso de la diócesis de Trujillo hacialos Codels pareció debilitarse. El nuevo director dela Pastoral Social empezó a alejarse de la red Co-del y a volver a formas más tradicionales de com-promiso social. Irónicamente, tres años despuésde su fundación, algunos políticos estaban todoel mundo se sentía decepcionado. “Peter[Marchetti] veía que el papel de la Pastoral Socialacogiendo a los Codels y algunos sacerdotes losestaban rechazando. Sin embargo, no estabadisminuyendo y que la sociedad civil se estabalevantando para tomar control de los Codels,pero algunos de los otros sacerdotes no queríansoltar su poder, y seguían pensando que podíanhablar en nombre de la sociedad civil”, opinóOrellana Luna, elegido coordinador de Uni-corass. “La sociedad civil es como los niños, ynosotros les decimos a los padres: «Ustedes noscrearon, así que acéptennos como somos». Peroalgunos de los sacerdotes están coludidos conlos ricos, con los asesinos. Cuando se deshicieronde Peter, pensaron que ahí terminaba todo,porque creyeron que Peter era todo. Pero estabanequivocados. Lo que Peter hizo fue darnosespejuelos para que pudiéramos ver nuestra

miopía, pero él no hizo el trabajo. Él solamentenos ayudó a ver las cosas como son en realidad.”

Mientras tanto, dado que gran parte del finan-ciamiento internacional para la reconstrucciónse terminó a finales del 2001, el gobierno hon-dureño finalizó su programa de reconstrucciónpost Mitch y empezó a implementar una estrate-gia de reducción de la pobreza que logró negociarcon las financieras internacionales como un requi-sito para que se le incluyera en la iniciativa de lospaíses pobres altamente endeudados del FondoMonetario Internacional.31 Algunos observadorescomentaron que la estrategia demostraba que elgobierno no había aprendido nada durante los úl-timos tres años. “La estrategia no aborda las cau-sas de la pobreza. Ataca algunos de sus efectos,como la mala salud y la deficiente infraestructura,pero no toca las causas fundamentales de la pobre-za, como la forma de poder político en Honduras,el tipo de democracia que se ejerce aquí”, mani-festó Germán Calix, director nacional de Cáritas.32

En el valle del Bajo Aguán, miles de personaspobres comunes y corrientes convirtieron la tra-gedia del huracán Mitch en una oportunidad parael cambio social. Para enfrentar la tragedia cró-nica de la pobreza, Honduras necesita canalizaresa misma creatividad y energía. “Estamos ha-ciendo grandes esfuerzos por cambiar nuestra his-toria, esta historia de nosotros en la que a la socie-dad civil siempre se le ignora, se le margina, o se leaplasta”, opinó Cruz. “El valle del Bajo Aguánpuede ser una señal de esperanza para Hondu-ras, una señal de lo que es posible en el futurocuando permitamos que la sociedad civil tengaun poco de espacio para florecer. Es una señal delo que es posible con una verdadera democracia.”

Introducción

(páginas 1-4)

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), Informe sobre desarrollo humano Honduras 1999: El

impacto humano de un huracán, Tegucigalpa, 1999, pp. 49-52;

Comisión Económica para América Latina y El Caribe

(CEPAL), “El terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salva-

dor : Impacto socioeconómico y ambiental”, y “Evaluación del terre-

moto del martes 13 de febrero de 2001”.

¿Quién conoce Honduras?

(páginas 5-16)

1 Honduras: ¿Cómo lograr salud para todos? Acceso, eficiencia

y equidad en el sector salud de Honduras. Banco Mundial, fe-

brero de 1998.

2 Idem 1.

3 Idem 1.

4 Informe sobre Desarrollo Humano-Honduras 2000 Por un

crecimiento con equidad. PNUD

5 Idem 4.

6 Idem 6.

7 Iem 138.

8 Idem 4, elaborado con base en DGEC, Encuesta Per-

manente de Hogares de Propósitos Múltiples.

9 Idem. 161, 159.

10 El impacto humano del huracán, 1999; y Por un crecimiento

con equidad, 2.000.

11 El desafío ciudadano: cambiar las intenciones de la Carta con

el FMI. Fosdeh, Tegucigalpa, Honduras, abril 2002.

12 Fuente: Banco Central de Honduras y Política Econó-

mica.

13 Banco Central de Honduras, “Datos Históricos”.

La reacción excesiva ante la crítica

(Página 26)

1 Valladares no fue el primer funcionario público de alto

rango que públicamente criticó a Flores por su manejo de la

emergencia. El canciller Fernando Martínez renunció en

diciembre al gabinete especial para la reconstrucción, en

NOTAS

protesta por la adjudicación de contratos de emergencia sin

licitaciones competitivas. “Me cansé de advertirle al presidente,

quien es mi amigo personal, pero él sólo sonreía al decirle yo

que durante esas reuniones nadie trabajaba; era más bien

una especie de club donde los amigos bebían café y hablaban

de cómo enriquecerse con esos proyectos”, dijo Martínez.

En enero, Martínez sugirió que el presidente —quien acababa

de autorizar la erogación de 3.5 millones de dólares para la

compra de un helicóptero—, hubiera gastado mejor ese

dinero en la construcción de nuevas viviendas para las 2,500

familias que perdieron sus hogares a raíz del Mitch. Flores

despidió a Martínez y logró que Taiwan pagara la factura por

el helicóptero.

2 Entrevista con Leo Valladares, mayo de 1999.

3 Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en

Honduras, Los hechos hablan por sí mismos: Informe preliminar

sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993 (Tegucigalpa:

Editorial Guaymuras, 1994). Un segundo informe se pu-

blicó en 1998, dando detalles de la negativa del gobierno

norteamericano de sacar a la luz pública la mayor parte de

los documentos secretos sobre violaciones a los derechos

humanos en Honduras. Véase Leo Valladares y Susan

Peacock, En búsqueda de la verdad que se nos oculta (Tegucigal-

pa: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en

Honduras, 1998).

La organización de la sociedad civil después

del huracán Mitch

(Páginas 27-29)

1 Entrevista con Germán Calix, mayo de 1999.

2 Entrevista con Julieta Castellanos, mayo 1999.

3 Entrevista con Peter Marchetti, 30 de mayo del 2001.

Sobre Facussé, véase Paul Jeffrey, “Landowners, peasants

in fight for land”, National Catholic Reporter, 12 de octubre

del 2001, p. 9.

4 Entrevista con Mauricio Díaz, junio de 1999.

5 Entrevista con Tatiana Lara, diciembre de 1999.

6 Estrategia para la Reducción de la Pobreza, República de

Honduras, agosto del 2001, pp. i, 3-6. Interforos no ha de-

jado de intentar configurar la estrategia. El 2 de abril del

2002 publicó anuncios a toda página en varios periódicos

haciendo un llamado al presidente Ricardo Maduro y al

Congreso para que ampliaran la representación de la socie-

Notas 59

dad civil en el Consejo Consultivo, el grupo encargado de

manejar la implementación de la estrategia. Véase “Pronun-

ciamiento”, Diario El Heraldo, 2 de abril del 2002, p. 7.

7 Entrevista con Lorenzo Cruz, marzo del 2002.

Amarateca: Oportunidad tras el desastre

(Páginas 32-43)

1 Comisión Nacional de Emergencias, 1999.

2 Entrevista con Oscar Galeas, Amarateca, marzo del

2002.

3 Centro Latinoamericano de Demografía CELADE,

Crecimiento, estructura y distribución de la población, informe con-

ciso, Nueva York, 2000.

4 Siembieda,William; Beard, Bruce y Topping, Ken,

“Disaster Recovery – A Global Planning Perspective”,

American Planning Association bulletin Interplan, No. 69

enero del 2002, pp. 1-4.

5 Pearce-Oroz, Glenn, Causes and Consequences of Rapid

Urban Segregation: the New Towns of Tegucigalpa (julio del 2000).

Documento presentado ante el Seminario internacional

sobre segregación espacial urbana, Lincoln Institute of

Land Policy, Cambridge, MA.

6 PADCO, Diagnóstico rápido: el mercado de terrenos y los

barrios marginales, ciudad de Tegucigalpa, Washington, 1988.

7 Para una discusión sobre desastres como una opor-

tunidad de desarrollo, véase Ranganath, Priya, Mitigation

and the Consequences of International Aid in Postdisaster

Reconstruction, (2000) Centre d’Etude et de Cooperation

Internationale (CECI). Montreal, Canadá.

8 Pearce-Oroz, Op. cit.

9 Entrevistas en Amarateca, marzo del 2002.

10 Entrevista, abril del 2002.

11 Oficina de Estados Unidos para la Ayuda en caso de

desastres (OFDA) (U.S. Foreign Disaster Assistance) In-

forme Anual FY 1999, Washington.

12 De los 9 mil millones de dólares prometidos en Esto-

colmo, 5.3 mil millones provendrían de organizaciones fi-

nancieras multilaterales e incluían reducciones de la deu-

da y préstamos, así como donaciones. Otros 3.7 mil millo-

nes de dólares provendrían de naciones donantes.

13 Espacios Consultores, S. A. Evaluación independiente del

gasto del DEC. Central America Hurricane Appeal Funds,

San José, Costa Rica, marzo del 2000, página iii.

14 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Huraca-

nes George y Mitch, 1999.

15 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (USAID) One Year After Mitch Report, Tegucigalpa,

Honduras, 2000.

16 Entrevistas con funcionarios norteamericanos, enero

del 2002



19 Entrevista, mayo del 2002.

20 Ibid.

21 Entrevista con funcionario de Naciones Unidas, abril

del 2002.

22 Pearce-Oroz, Op. cit.

23 Entrevista con funcionario de la USAID. Abril del

2002.

24 Entrevista con Miguel Angel Trinidad, abril del 2002.

25 Estudios, Proyectos y Planificación, S.A. (EPYPSA),

Plan de Ordenamiento Territorial para el Valle de Amarateca,

documento de trabajo, 2002, p. 43.

26 Comunicación personal con William Siembieda, Jefe

del Departamento de Planificación de la ciudad y de la

región, del California Polytechnic State University-San Luis

Obispo, marzo del 2002.

27 EPYPSA, Op. cit. p. 43.

28 Entrevista, mayo del 2002.

29 Presentaciones de representantes de la Fundación

Cristo de Picacho, en un foro celebrado en Tegucigalpa

en mayo del 2002, con el patrocinio de las agencias de

ayuda españolas.

30 Presentación del funcionario de Cáritas, Padre Ricar-

do Banegas, en el foro de mayo del 2002 en Tegucigalpa,

foro patrocinado por las agencias de ayuda españolas.

31 Entrevista con funcionario de agencia de ayuda in-

ternacional, mayo del 2002.

32 EPYPSA, p. 68, Op. cit.

33 Entrevista con funcionarios de la USAID, marzo del

2002.

34 Entrevista, abril 2002.

35 Department of City and Regional Planning, California

Polytechnic State University, San Juan Obispo (Cal Poly) y

el Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC),

Concept Plan and Development Guidelines: El Valle de Amarateca,

Honduras, Tegucigalpa, septiembre 2000, p. 30.

36 Entrevista, marzo del 2002.

37 Ibid.

38 Entrevista, Amarateca, marzo del 2002.


39 Espacios Consultores, S. A. P. 15, Op. cit.

40 Entrevistas, marzo, abril del 2002.

41 Entrevista con Miguel Angel Trinidad, abril del 2002.

42 Entrevista, abril 2002.

43 Entrevistas, marzo, abril del 2002.

44 Entrevistas con el profesor William Siembieda del Po-

litécnico de California y con el organizador de la comuni-

dad de la Joya, Hugo Avedaño, marzo del 2002.

45 Entrevista con funcionario de un ONG, marzo del

2002.

46 Estudio CEDAC/Politécnico de California, Op. cit,

p. 23.

47 Ibid.

48 Pearce-Oroz, op cit.

49 Entrevista con Hugo Avedaño, abril del 2002.

50 Ibid.

51 Ibid.

52 EPYPSA, página 57, Op. cit.

53 Ibid.

54 Entrevistas en Amarateca, marzo del 2002.

55 Entrevistas con promotores, marzo del 2002.

56 Entrevista con funcionario de ONG, marzo del 2002.

Una mirada introspectiva:

La respuesta al huracán Mitch en el Valle

del Bajo Aguán

(Páginas 44-55)

1 Miguel Alonzo Macías, La Capital de la Contrarreforma

Agraria: El Bajo Aguán de Honduras (Tegucigalpa: Editorial

Guaymuras, 2001), pp. 162, 193.

2 J. Guadalupe Carney, To Be a Revolutionary (San Francis-

co: Harper & Row, 1985), pp. 367-368. Carney fue expul-

sado de Honduras en 1979. En 1983, mientras acompaña-

ba a un grupo revolucionario hondureño, Carney supues-

tamente fue capturado y asesinado por el ejército hondu-

reño. La Standard Fruit Company es hoy una subsidiaria de

la Dole Food Company, Inc. con sede en California. El otro

productor importante de bananos en Honduras es la Tela

Railroad Company, una subsidiaria de la Chiquita Brands

International, Inc., descendiente corporativa de la tristemente

famosa United Fruit Company.

3 Durante la administración del presidente Carlos Flores

(1998-2002), Facussé, que es tío de Flores, era común y

despectivamente apodado “Tío Mike”. Ese tipo de conexión

política, junto con su inmensa riqueza, lo mantuvo fuera de

la cárcel, a pesar de las acusaciones de crímenes en su contra,

que iban desde el narcotráfico hasta el asesinato. Paul Jeffrey,

“Landowners, peasants in fight for land”, National Catholic

Reporter, 12 de octubre del 2001, p. 9.

4 Macías, pp. 98-103.

5 Macías, pp. 125-155.

6 Citado en Paul Jeffrey, “Landowners, peasants in fight

for land”, National Catholic Reporter, 12 de octubre del 2001,

p. 9. Véase también Macías, pp. 104-107.

7 Macías, pp. 87, 123.

8 A menos que se indique lo contrario, todas las citas

en esta sección son de las entrevistas en el valle del Bajo

Aguán y en Tegucigalpa, durante marzo del 2002.

9 Véase también Mark Schmid: Consultoría: Participación

Ciudadana y Fortalecimiento Municipal en los municipios de la

Región del Aguán, agosto del 2000, p. 9.

10 Véase una discusión de estos grupos en Dorien Brunt:

Fortalecimiento Municipal por medio de la Participación Ciudada-

na Organizada: La experiencia después del huracán Mitch en Co-

lón, Honduras (Tegucigalpa: Netherlands Development

Organization (SNV), 1999), p. 11.

11 “Escalera fue un líder auténtico que decidió apedrear

los castillos de Miguel Facussé, quien primero intentó com-

prarlo. Cuando Escalera se negó a venderse, Facussé trató

de amenazarlo. Lo que necesitamos aquí son más líderes

como él, que sepan exactamente dónde tirar las piedras”,

afirmó Fausto Orellana Luna. Facussé. Dos miembros del

Congreso de la región están entre las personas a quienes

líderes de la iglesia y activistas de derechos humanos acu-

san de participar en el asesinato de Escalera, sin embargo,

las autoridades judiciales del país han jugado el juego de

las sillas musicales con los abogados y los jueces, impi-

diendo de esa manera que se avance en el caso. Véase Paul

Jeffrey, “Landowners, peasants in fight for land,” National

Catholic Reporter, 12 de octubre del 2001, p. 9.

12 El pésimo desempeño de los generales después del

Mitch ayudó a acelerar el proceso de desmilitarización en

Honduras. Paul Jeffrey, “Rhetoric and Reconstruction in

Post-Mitch Honduras”, NACLA Report on the Americas, sep-

tiembre-octubre de 1999, p. 29.

13 En su informe de 1998, Transparency International

clasificó a Honduras como la tercera nación más corrupta

del mundo —la peor en América Latina.

14 A pesar del encanto fotogénico de Mary Flakes, en 1999

Leo Valladares, Comisionado Nacional de los Derechos

Humanos, criticó a la Fundación María por posible mala

administración. En el 2000, la fundación se vio envuelta en

Notas 61

otros escándalos, incluidas acusaciones de asesinato para

encubrir fechorías financieras. Los periodistas hondureños,

temerosos de las represalias del presidente Flores —quien

intervino personalmente para despedir a cualquier periodista

crítico de su gobierno—, nunca publicaron los artículos.

Paul Jeffrey, “Press freedom under attack”, Latinamerica Press,

25 de junio del 2001, p. 3.

15 Cuando ocurrió el huracán Mitch, las alcaldías recibían

menos del 1.5 por ciento de los ingresos del gobierno cen-

tral. A inicios del 2002, la partida municipal había subido a

apenas el 2 por ciento. Véase Estrategia para la Reducción de la

Pobreza, República de Honduras, agosto del 2001, pp. 51-

53, 61-62.

16 Por los Caminos de la Participación Ciudadana: Una experien-

cia que contar, Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, sin

fecha.

17 Véase también François Grunewald, Véronique de

Geoffroy, y Sarah Lister, NGO Responses to Hurricane Mitch:

Evaluations for Accountability and Learning (Londres: Overseas

Development Institute, 2000).

18 Citado en Brunt, p. 23.

19 Brunt, p. 23.

20 Schmid, p. 10.

21 Brunt, p. 4.

22 Seferino Orellana Gutiérrez, presidente del patronato

en Brisas de Miramar, municipio de Sonaguera. Citado en

Brunt, p. 12.

23 Schmid, p. 8.

24 Al principio se llamó Unión de Comunidades Organi-

zadas de la Región de Aguán, Sico, y Sangrelaya, pero el

nombre cambió en el 2002, cuando el grupo inició gestio-

nes para obtener su personería legal.

25 Schmid, p. 15.

26 La entrevista con Orellana Luna en marzo del 2002

tuvo que ser clandestina, ya que en ese momento él estaba

escondido a resultas de que un activista de la UD presen-

tara acusaciones en su contra relacionadas con la compra

de unas tierras. Según Orellana Luna, las denuncias tenían

una motivación política, a causa de su negativa a sucumbir

a los intentos de la UD de apoderarse del movimiento

Codel. Los cargos ya fueron retirados.

27 Martínez está estrechamente asociado con Facussé, y

se le acusa también de participar en el asesinato de Esca-

lera.

28 Entrevista con Peter Marchetti, 30 de mayo del 2001.

29 El municipio donde los candidatos no firmaron la

carta del 2001 fue Limón, una comunidad predominante-

mente garífuna en el extremo este del valle del Bajo Aguán.

Los líderes del Codel admiten que las diferencias cultura-

les han hecho más difícil la aceptación en Limón de un

modelo organizativo desarrollado en comunidades pre-

dominantemente mestizas.

30 Paul Jeffrey, “Landowners, peasants in fight for land”,

National Catholic Reporter, 12 de octubre del 2001, p. 9.

31 Véase Estrategia para la Reducción de la Pobreza, Repú-

blica de Honduras, agosto del 2001.

32 Entrevista con Germán Calix, 29 de agosto del 2001.

Descifrando a Honduras

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