DERECHO PROCESAL LABORAL- ESPAÑA

8/9/2019 DERECHO PROCESAL LABORAL- ESPAA

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LIBRO PRIMERO

Parte general

TTULO PRIMERO

Del ejercicio de la potestad jurisdiccional

CAPTULO PRIMERO

De la jurisdiccin

LA NOCIN DE JURISDICCIN

El proceso por s solo, es decir, sin referencia a los conceptos previos de

jurisdiccin y de accin, carece de sentido. El proceso no es ms que el instrumentocon que los titulares de la potestad jurisdiccional cumplen la funcin que les vieneatribuida constitucionalmente y no es ms que el medio con el que se desarrolla elejercicio del derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Comoinstrumento y medio el proceso y tambin una de sus clases, el laboral adquierepleno sentido cuando se advierte su correlacin con las nociones de jurisdiccin y deaccin.

La jurisdiccin es la potestad dimanante de la soberana del Estado, ejercida

exclusivamente por jueces y tribunales independientes, de realizar el derecho en elcaso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado.

1.) Es una potestad, es decir, una derivacin de la soberana que atribuye a sustitulares una posicin de superioridad o de supremaca respecto de las personas quecon ellos se relacionan, llevando insita una fuerza de mando capaz de vincular elcomportamiento de los dems, incluso acudiendo al uso de la fuerza.

2.) Corresponde al Estado en este momento histrico, lo que no impide que en

otros momentos pudiera no ser as, pero aqu y ahora slo puede entenderse integradaen la soberana del Estado.


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3.) Se ejerce por unos rganos especficos, los juzgados y tribunales, lo queimplica que stos, dentro del Estado, tienen el monopolio de su ejercicio, no pudiendoatribuirse a rganos distintos.

4.) La independencia de los titulares de la jurisdiccin es caractersticaesencial, hasta el extremo de que sin independencia no puede existir ejercicio de la jurisdiccin.

5.) La funcin de los titulares de la jurisdiccin se resuelve en la realizacindel derecho en el caso concreto, es decir, en la actuacin del derecho objetivomediante su aplicacin al caso concreto. Ahora bien, esa actuacin se caracteriza, a suvez, porque:

1') Se realiza slo ante la interposicin de pretensiones y resistencias, es decir,

con peticin de parte y ante la existencia de dos partes enfrentadas, de modo que lostitulares de la potestad jurisdiccional no actan de oficio.

2') Se realiza de modo irrevocable, esto es, supone una realizacin del derechoobjetivo en el caso concreto de modo que satisface definitivamente la pretensin y laresistencia, por lo que despus de esa actuacin no existe la posibilidad de volver asuscitar la misma cuestin, surgiendo la existencia de la cosa juzgada.

3') Se acta en relaciones jurdicas ajenas y, por tanto, con desinters objetivo.

Si el funcionamiento administrativo y el juez tienen que actuar con imparcialidadsubjetiva (sin tener inters en el caso concreto), la jurisdiccin lo hace adems condesinters objetivo, es decir, respecto de actividad ajena.

6.) La ejecucin es parte integrante de la jurisdiccin; sta no se limita adeclarar el derecho, sino que ha de proceder tambin a su ejecucin o, en otraspalabras, a adecuar la realidad a lo establecido en el ttulo ejecutivo.

Con lo dicho hasta aqu tiene que parecer evidente que, primero, no puedeexistir sino una nica jurisdiccin y, luego, que se tiene toda la jurisdiccin o no setiene, pero adems que:

1) La jurisdiccin como potestad slo puede ser una, siendo conceptualmenteimposible que un Estado no federal tenga ms de una jurisdiccin. Cuando se habla de


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jurisdiccin ordinaria o especial, civil o penal, etc., se est partiendo deldesconocimiento de lo que la jurisdiccin sea.

2) La jurisdiccin es indivisible y, por tanto, todos los rganos dotados de lamisma la poseen en su totalidad; no se puede tener parte de la jurisdiccin, sino que setiene esa potestad o no se tiene. No cabe decir que la jurisdiccin civil se atribuye aunos rganos y la jurisdiccin laboral a otros; si a un rgano del Estado se le atribuye jurisdiccin se le confa plenamente, sin perjuicio de que s pueda dividirse lacompetencia.

EL ORIGEN DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO

Inicialmente las reclamaciones judiciales con base en la relacin laboral eran dela competencia de los tribunales civiles, que conocan de ellas por los procesosordinarios con base en la cuanta. La primera manifestacin de especialidad seencuentra en la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900, que atribuy losconflictos que surgieran de su aplicacin a los Juzgados de Primera Instancia, loscuales los resolveran por medio del juicio verbal, independientemente de la cuanta.Sin embargo, en esa Ley ya se aluda a la creacin de unos futuros "tribunales o jurados especiales". A partir de ah se inicia una evolucin en la que cabe distinguirdos etapas:

A) Dispersin jurisdiccional

El 19 de mayo de 1908 se dictaron dos leyes complementarias. Una de ellas,relativa a los conflictos colectivos, se denomina de Consejos de conciliacin yarbitraje industrial; la otra, dedicada a los conflictos individuales se titul deTribunales industriales.

a) Los Tribunales industriales

La Ley de Tribunales industriales facultaba al Gobierno para que, a peticin deobreros y patronos, procediera a la creacin de estos Tribunales en las cabezas departido judicial, con lo que naci el primer rgano jurisdiccional especfico de trabajo.


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Los defectos de esa Ley eran tales que pronto fue sustituida por la Ley de 23 de juliode 1912, que estuvo en vigor hasta que fue refundida en el Cdigo de Trabajo de 1926.

El Tribunal industrial se compona de un presidente, que era el juez de primerainstancia del partido correspondiente, y de cuatro jurados, dos obreros y dos patronos,designados por sorteo entre las listas elegidas por una y otra clase. El sistema electoralde las mayoras dio el control de los vocales obreros a la UGT. Se trataba de unverdadero jurado, es decir, limitado al conocimiento de los hechos, reservndose al juez la aplicacin a los mismos del derecho. Los jurados formulaban el veredicto y el juez la sentencia.

b) Los Comits paritarios y los Jurados mixtos

La Ley de 1908 sobre Consejos de conciliacin y arbitraje industrial, la relativa

a los conflictos colectivos, fue un rotundo fracaso, por lo que a finales de la I GuerraMundial la clase trabajadora auspici la creacin de unos rganos paritarios a los quese atribuyera la regulacin bsica de los oficios, la aprobacin de normas reguladorasde los contratos de trabajo y la conciliacin en los conflictos colectivos.

En 1919 se inici la creacin de esos rganos que cristalizaron en el RD-ley de26 de noviembre de 1926, de Organizacin Corporativa Nacional, con el nombre deComits paritarios. A pesar de que no eran rganos jurisdiccionales se les atribuyeronfunciones de ndole netamente jurisdiccional, sobre todo en materia de despidos.

La cada de la Dictadura y la proclamacin de la II Repblica significaron laconsolidacin de los organismos paritarios. La entrada de los socialistas en elMinisterio de Trabajo (Largo Caballero) llev a cambiarles de nombre, que pas a serJurados mixtos en la Ley de 27 de noviembre de 1931, pero las diferencias entre losComits y los Jurados fueron de detalle, aclarndose sus atribuciones jurisdiccionales:despidos y reclamaciones salariales hasta 2.500 ptas.

c) "La jurisdiccin especial de previsin"

Tambin por los aos veinte, pero sobre todo en la dcada de los treinta, lamateria de previsin fue atribuida a unas Comisiones revisoras paritarias, integradaspor uno o varios patronos, uno o varios vocales obreros y un presidente que lo era el


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del Patronato correspondiente. Contra las decisiones de la Comisin caba recurso dealzada ante una Comisin revisora paritaria superior formada en el Instituto Nacionalde Previsin e integrada por un magistrado del Tribunal Supremo, designado por elpresidente de ste, y por varios vocales patronos y obreros, designados por la

Comisin Asesora Nacional (Decreto de 7 de abril de 1932, reglamento de losPatronatos de Previsin Social).

B) Concentracin jurisdiccional

Se lleg as a la Guerra Civil de 1936-1939 con tres rganos con funciones jurisdiccionales y los tres fueron suprimidos, como consecuencia de la declaracin VIIdel Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938 que anunciaba la creacin de "una nuevaMagistratura de Trabajo, con sujecin al principio de que esta funcin corresponde al

Estado". Consecuentemente el Decreto de 13 de mayo de 1938 suprimi losTribunales industriales y los Jurados mixtos y el Decreto de 6 de febrero de 1939 hizolo mismo con las Comisiones revisoras, incluida la superior.

La norma fundamental en toda la larga etapa franquista fue la Ley Orgnica delas Magistraturas de Trabajo, de 17 de octubre de 1940, con base en la que los rganos jurisdiccionales eran:

1.) Las Magistraturas de Trabajo: Eran rganos jurisdiccionales unipersonalesde base normalmente provincial y con sede en las capitales de provincia. Estabanvinculadas administrativamente al Ministerio de Trabajo, lo que da una idea de susentido.

2.) El Tribunal Central de Trabajo: Era un rgano colegiado con sede enMadrid y competencia en todo el territorio nacional, compuesto por Salas, que conocade un recurso especfico: el de suplicacin contra las resoluciones de las Magistraturas.

3.) Sala VI del Tribunal Supremo: La Sala de lo Social del Tribunal Supremose cre en 1931, entonces como V y se convirti en VI en 1957; conoca del recurso decasacin contra las resoluciones de las Magistraturas.


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Las Magistraturas de Trabajo fueron sustituidas en enero de 1989 por losJuzgados de lo Social; el Tribunal Central dej de funcionar el 23 de mayo de 1989, yla Sala de lo Social del Tribunal Supremo pas a ser la IV en enero de 1989.

EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y SUS RGANOS

La LOPJ de 1985 regula los tribunales ordinarios y dentro de ellos haconsagrado la distincin entre cuatro rdenes jurisdiccionales: civil, penal,contencioso-administrativo y social. La distincin atiende a la materia en la que seejerce la jurisdiccin; esa referencia a la materia presupone que los rdenes se basanen la especializacin. La diversidad de pretensiones que pueden interponerse ante losrganos jurisdiccionales, la variedad de tutelas jurdicas atendiendo al derecho

sustantivo a aplicar y las varias maneras de conformar el instrumento que es elproceso, han llevado a que la LOPJ tienda a la especializacin de los rganos jurisdiccionales. Las previsiones de la LOPJ han sido desarrolladas en la Ley 38/1988,de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial.

A) Juzgados de lo Social

Para la planta de estos Juzgados el art. 92 LOPJ prev tres posibilidades:

1.) Establecimiento de uno o ms Juzgados en la capital de cada provincia, con

sede en ella y con competencia territorial provincial; este es el supuesto normal que hadesarrollado el Anexo IV de la LDYPJ.

2.) Aparte de en la capital de la provincia pueden establecerse uno o msJuzgados en otras ciudades, cuando las necesidades del servicio o la proximidad adeterminados ncleos de trabajo lo aconsejen, y en tal caso el territorio de la provinciase dividir entre unos y otros a efectos competenciales. Esto lo ha hecho la LDYPJ, ylas leyes posteriores de reforma, con Algeciras, Jerez, Ceuta, Motril, Melilla; Gijn,Avils, Mieres; Ibiza, Ciutadella de Menorca; Galdar, Arrecife; Ponferrada; Talaverade la Reina; Manresa, Granollers, Matar, Sabadell, Terrassa, Figueres, Reus, Tortosa;Elche, Benidorm, Ferrol, Santiago de Compostela, Vigo; Alcal, Getafe, Mstoles;Cartagena; Eibar. Estn constituidos 302 Juzgados.


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3.) Excepcionalmente uno o ms Juzgados pueden comprender en sucompetencia territorial dos o ms provincias, con sede en la capital de una de ellas,siempre que se trate de una misma Comunidad Autnoma; de esta posibilidad no se hahecho uso de la LDYPJ.

El elemento jurisdiccional de los Juzgados es unipersonal, teniendo su titular lacategora de magistrado, y el no jurisdiccional se integra por un secretario y por losoficiales, auxiliares y agentes judiciales correspondientes.

B) Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia

La LOPJ generaliz este Tribunal en las 17 Comunidades Autnomas, una decuyas Salas es la de lo Social. El esquema normal es la existencia de una Sala en lasede del Tribunal (caso de A Corua, Oviedo, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Valencia,

Palma de Mallorca, Cceres, Madrid, Pamplona, Murcia, Santander, Logroo yAlbacete), pero existen dos Comunidades con dos Salas (Valladolid y Burgos; LasPalmas y Santa Cruz de Tenerife) y una con tres (Granada, Sevilla y Mlaga).

La Sala ha de integrarse con tres magistrados (incluido el presidente) para quepueda dictar resolucin, pero caben dos posibilidades. Si el volumen de trabajo esescaso en una Sala, sta puede tener en su plantilla un nmero de magistrados inferiora tres, con lo que tendr que integrar la Sala de lo Social un magistrado de otra Saladel Tribunal Superior (lo que ocurre en Baleares, Extremadura, Navarra y La Rioja);por el contrario si el volumen de trabajo lo determina la Sala puede funcionar con doso ms Secciones (lo que sucede en la mayora de las Salas), integrndose cada una deellas con tres magistrados como mnimo.

C) Sala de lo Social de la Audiencia Nacional

La LOPJ mantiene la Audiencia Nacional, creada por el RD-Ley 1/1977, de 4de enero, con la reforma fundamental de que le aadi esta Sala de lo Social.Naturalmente la Audiencia y la Sala tienen su sede en Madrid y competencia en todaEspaa. Empez a funcionar el 23 de mayo de 1989. Como todos los rganoscolegiados acta con tres magistrados (y se integra por un presidente de sala y dosmagistrados).


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D) Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo

La LOPJ de 1985 supuso la reorganizacin del Tribunal Supremo, en el que laSala VI pas a ser la IV, de lo Social, con efectos de enero de 1989. Se integra por unpresidente de Sala y por doce magistrados (Ley 3/1992, de 20 de marzo), si bien puedeactuar con tres magistrados (salvo en los recursos de casacin para la unificacin dedoctrina, en los que puede actuar con cinco; art. 224.2 LOPJ).

Todos estos rganos precisan para su funcionamiento un personal muy variado,entre el que hay que distinguir:

1.) Personal jurisdiccional: Es el que tiene atribuida por la ley la potestad jurisdiccional, bien individual bien colegiadamente, y comprende nicamente a losmagistrados y a los magistrados del Tribunal Supremo (en el orden social los jueces

no desempean la titularidad de los rganos).

2.) Personal no jurisdiccional: Carece de potestad jurisdiccional, debiendodistinguirse dentro del mismo situaciones muy diversas pues comprende:

1) Personal auxiliar: Est constituido fundamentalmente por secretarios,oficiales, auxiliares y agentes judiciales, caracterizndose por dependerfuncionalmente del personal jurisdiccional.

2) Personal colaborador: No depende del personal jurisdiccional y lo

componen el Ministerio Fiscal (que se integra por funcionarios dependientes delMinisterio de Justicia) y por abogados, procuradores y graduados sociales (que ejercenprofesiones liberales).

EXTENSIN Y LIMITES DE LA JURISDICCIN ESPAOLA

EN LO SOCIAL

Antes de adentrarnos en la determinacin de la competencia, tanto genrica (laatribuida al orden jurisdiccional social) como objetiva, funcional y territorial (la quefija el mbito de actuacin de cada rgano del orden social), es preciso resolver un


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problema previo que atiende a fijar el marco en el que ejercen jurisdiccin lostribunales espaoles.

Este problema suele denominarse de la competencia judicial internacional, peroen realidad no se refiere a la competencia sino a la jurisdiccin, pues se trata dedeterminar hasta dnde se extiende la potestad jurisdiccional de los tribunalesespaoles en relacin con los extranjeros. Se trata, por tanto, de fijar la extensin y loslmites de la jurisdiccin espaola en lo social. Lo ms importante a tener en cuenta esque hasta ahora no han existido unas normas internacionales que repartieran la funcin jurisdiccional entre los tribunales de todos los pases, sino que simplemente existanunas normas espaolas que nos decan cundo la jurisdiccin espaola deba conocerde una pretensin.

Esto debe entenderse en la actualidad matizado como consecuencia del Tratadoconstitutivo de la Unin Europea y del Reglamento (CE) nm. 44/2001 del Consejo,de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial y a la ejecucin deresoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que ha entrado en vigor el 1 demarzo de 2002 y que en sus arts. 19 a 21 regula competencia en materia de contratosindividuales de trabajo. De este modo s existe una norma internacional por encima delas normas espaolas, aunque referida nicamente a la Unin Europea.

La necesidad de fijar la extensin y los lmites de la jurisdiccin espaola sepresenta cuando en un proceso existe un elemento extranjero; si todos los elementosson espaoles no ha lugar ni siquiera a plantear la cuestin. Partiendo, pues, de laconcurrencia de un elemento extranjero debe estarse al art. 25 LOPJ, segn el cual lostribunales espaoles sern competentes (es decir, extendern su jurisdiccin):

a) Conflictos individuales de trabajo: La determinacin de la jurisdiccin de lostribunales espaoles se hace atendiendo a unos fueros concurrentes relativos a criteriospersonales o territoriales.

Desde el punto de vista personal los tribunales espaoles podrn basar suconocimiento de un asunto tanto en que el demandado tenga su domicilio en Espaa, ouna agencia, sucursal o delegacin, como en que el trabajador y el empresario tengan


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nacionalidad espaola. As mismo podrn basar su jurisdiccin en que los servicios sehayan prestado en Espaa o en que el contrato se haya realizado en territorio espaol.Ms an, en el caso del contrato de embarque podr estarse a que el mismo fueraprecedido de una oferta recibida en Espaa por trabajador espaol.

STS de 24 de abril de 2000:TERCERO.- El razonamiento queconduce a la conclusin de reconocer lacompetencia de la jurisdiccin socialespaola para la resolucin del litigio sepuede resumir en las siguientesconsideraciones: 1) el art. 25 de la LOPJestablece diversos puntos de conexin dela competencia de los tribunales de trabajoespaoles en asuntos derivados delcontrato de trabajo con algn elementoextranjero, varios de los cuales concurren

en el caso (el contrato de trabajo se hacelebrado en Espaa, la parte demandadatiene su domicilio en Espaa, y elempresario y el trabajador tienennacionalidad espaola); 2) como se verenseguida, este precepto de derechointerno no slo es compatible sinoplenamente coincidente con lasdisposiciones de los tratados o conveniosinternacionales en la materia de los queEspaa es parte, que son de aplicacin alos litigios surgidos del contrato de trabajo;3) el art. 2 del Convenio de Bruselas de

1968, relativo a la competencia judicial yla ejecucin de resoluciones judiciales enla Comunidad Europea, establece comofuero general en materia civil ymercantil (y la laboral ha de entenderseincluida sin duda, a los efectos del citadoConvenio, dentro de la materia civil) eldomicilio del demandado, que en el casoes, como se recordar, el Ministerio deEducacin y Ciencia de la Administracinespaola; 4) el art. 5.1 del propio Conveniode Bruselas faculta pero no obliga aldemandante a reclamar ante los tribunalesdel pas en el que el trabajadordesempeare habitualmente su trabajo,facultad que el demandante en el caso hadecidido no ejercitar; 5) el mismo art. 5.1del Convenio de Bruselas faculta adems

al trabajador para demandar al empresarioante el tribunal del lugar en que estuviereo hubiere estado situado el establecimientoque hubiere contratado al trabajador, quees obviamente un tribunal u rgano de la jurisdiccin social espaola; 6) el art. 17del Convenio de Bruselas restringe lospactos de fuero o convenios atributivos decompetencia jurisdiccional en materia decontratos individuales de trabajo,exigiendo para su validez o bien que talespactos o convenios sean posteriores al

nacimiento del litigio, o bien que losmismos sean invocados ante otrostribunales distintos del tribunal deldomicilio del demandado o del que seindica en el punto 1 del artculo 5 (recinreproducido), circunstancias o requisitos devalidez que con toda evidencia noconcurren en el pacto de fuero incluido enel contrato de trabajo celebrado entre eldemandante y el Ministerio de Educacin yCiencia; 7) las reclamaciones derivadas delcontrato de trabajo no se encuentran en lalista del art. 16 del Convenio de Bruselas

de competencias exclusivas, quedeterminan imperativamente el fuero porunas u otras circunstancias sinconsideracin del domicilio; y, en fin, 8)como se explica con detalle en las citadassentencias precedentes de esta Sala de 17de julio, 29 de septiembre y 20 denoviembre de 1998, una cosa es ladeterminacin del rgimen jurdico-laboralo conjunto de normas sustantivasaplicables a los contratos de trabajo en losque se incluye un elemento de extranjera,cuestin regulada en el Convenio de Romade 1980 y en varias disposiciones dederecho interno (art. 10.6 del Cdigo Civil,art. 1.4 del Estatuto de los Trabajadores[RCL 1995\997], Ley 45/1999 de 19 denoviembre [RCL 1999\2950], sobre


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desplazamientos transnacionales detrabajadores), y otra cosa distinta es ladeterminacin de los rganos jurisdiccionales que hayan de resolver los

litigios derivados del cumplimiento oejecucin de los contratos de trabajo (RJ2000\5504).

Como hemos dicho antes entre los pases de la Unin Europea debe estarse al

Reglamento del Consejo 44/2001, que ha sustituido al Convenio de Bruselas que secita en la anterior sentencia.

b) Conflictos colectivos: No existen reglas generales sino previsin de doscasos concretos, uno relativo al control de la legalidad de los convenios colectivos detrabajo celebrados en Espaa (con referencia al art. 90.5 ET y a los arts. 161 a 164LPL) y otro atinente a las pretensiones derivadas de conflictos colectivos promovidosen territorio espaol (atendido lo dispuesto en el art. 17 y ss. del RD-Ley 17/1977, de 4de marzo, y en los arts. 151 a 160 LPL).

c) Pretensiones de Seguridad Social: Los tribunales espaoles asumirn elconocimiento de estas pretensiones frente a entidades espaolas o que tengan sudomicilio, agencia, delegacin o cualquier otra representacin en Espaa.

Si con base en estas normas un tribunal espaol entiende que a la pretensinconcreta ejercitada en la demanda no se extiende la jurisdiccin espaola, se limitar adeclararlo as, no pudiendo advertir al demandante qu pas tiene jurisdiccin en elasunto, pues las normas espaolas lo nico que resuelven es cundo los tribunales

espaoles deben asumir el conocimiento, pero nada ms.

LA NOCIN DE COMPETENCIA

Partiendo del concepto de jurisdiccin como potestad, decamos antes que staes indivisible, en el sentido de que todos los rganos jurisdiccionales la poseen en sutotalidad. Los rganos a los que se atribuye esa potestad son los que prev la LOPJ ylos que, en concreto, crea la LDYPJ. Todos ellos tienen potestad jurisdiccional y la

tienen de modo completo.La atribucin de jurisdiccin a un rgano no es por s sola bastante para que ese

rgano conozca de una pretensin determinada y respecto de ella acte el derecho


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objetivo. Es preciso, adems, que una norma le atribuya el conocimiento de esapretensin en concreto. Surge as el concepto de competencia; sta no es la parte de la jurisdiccin que se confiere a un rgano, ni la medida de la jurisdiccin. Lacompetencia es el mbito sobre el que un rgano ejerce su potestad jurisdiccional. La

jurisdiccin no se reparte, pero s cabe repartir las materias, la actividad procesal y elterritorio en el que se ejerce la jurisdiccin.

Desde el punto de vista objetivo la competencia es el conjunto de pretensionessobre las que un rgano jurisdiccional ejerce su jurisdiccin; desde el subjetivo, conreferencia al rgano jurisdiccional es la facultad de ejercer su funcin con relacin apretensiones determinadas, y con referencia a las partes es tanto el derecho de que suspretensiones resistencias sean conocidas por un rgano determinado, como el deber de

someterse al mismo. Si un rgano jurisdiccional ha de conocer de determinadaspretensiones, es en virtud de que una norma distribuye el conocimiento de las diversaspretensiones posibles entre los distintos rganos existentes.

A) Su distribucin entre rdenes jurisdiccionales

El primer paso a la hora de atribuir competencia debe partir de la constatacinde la existencia de rdenes jurisdiccionales, de los cuatro rdenes (civil, penal,contencioso-administrativo y social) a que se refiere la LOPJ, de modo que lasposibles pretensiones se reparten, ante todo, entre ellos. Surgir as la competenciagenrica, para la que debe estarse al art. 9 LOPJ y, en lo que ahora nos importa, a losarts. 1 y 2 LPL.

Atendiendo a la competencia genrica, la primera distribucin entre lostribunales se refiere a que stos conocern de pretensiones penales o de no penales,dada la radical diferencia entre pena y no pena. Pero dejando ahora a un lado lostribunales penales y centrndonos en los no penales o, si se prefiere, en los quepodemos llamar civiles en general, con base en la competencia cabe distinguir:

a) Tribunales de competencia general

La competencia se les atribuye en virtud de una norma general, que les confiereel conocimiento de todas las pretensiones que surjan, de forma tal que la generalidad


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implica vis attractiva sobre las pretensiones no atribuidas expresamente a otrostribunales. Una norma de esta naturaleza se encuentra en el art. 9.2 LOPJ: "LosTribunales y Juzgados del orden civil conocern, adems de las materias que les sonpropias, de todas aqullas que no estn atribuidas a otro orden jurisdiccional".

b) Tribunales de competencia especializada

La especializacin consiste en la atribucin de competencia atendiendo a ramaso sectores del ordenamiento jurdico, y eso es lo que hace el art. 1 LPL cuandoatribuye a los rganos jurisdiccionales del orden social el conocimiento de laspretensiones que se promuevan "dentro de la rama social del Derecho".

c) Tribunales de competencia especial

La atribucin de competencia se hace normalmente dentro ya de un orden jurisdiccional, con relacin a grupos de asuntos especficos e incluso, a veces, respectode grupos de personas. En el orden social este es el caso de la aplicacin del art. 98LOPJ que se ha hecho en el art. 135 LPL para los procesos en materia electoral.

Los tribunales de excepcin, esto es, los creados o a los que se atribuyecompetencia con vulneracin de las normas generales, con el fin de que conozcan deun caso particular o de algunos de esos casos, siendo establecidos o asumida lacompetencia ex post facto, estn prohibidos por los arts. 24.2 y 117.6 CE.

B) Los criterios dentro del orden social

Partiendo de la base de que la competencia ya se ha atribuido al orden jurisdiccional social, el paso siguiente consiste en la constatacin de que en este ordenexisten muchos rganos jurisdiccionales, por lo que es preciso atribuir a cada uno deellos su competencia especfica. Esta atribucin se hace conforme a tres criterios:

a) Objetivo

Presupone la existencia de variedad de tribunales del mismo tipo y tomando

como base la naturaleza de la pretensin sirve para determinar a cul de esos tipos seatribuye la competencia para conocer de los procesos en general. En el orden socialnos resuelve si una pretensin es de la competencia de los Juzgados de lo Social, de la


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Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia o de la misma Sala de laAudiencia Nacional (arts. 6, 7 y 8 LPL).

b) Funcional

Atiende a la existencia de etapas o fases de la actividad jurisdiccional, e inclusodentro de cada una de ellas de incidentes o secuencias, y, correlativamente detribunales de distinta naturaleza. Lo fundamental en este criterio es la existencia deinstancia, recursos y ejecucin. En el orden social distribuye la competencia entretodos los rganos que lo integran (arts. 6 a 9 LPL).

c) Territorial

Presupone que existen varios (o muchos) rganos del mismo tipo entre los quehay que distinguir la competencia con base en el territorio. Nos servir para deslindarla competencia entre los Juzgados de lo Social por un lado y entre las Salas de loSocial de los Tribunales Superiores de Justicia por otro (arts. 10 y 11 LPL).

Artculo 1

Los rganos jurisdiccionales del orden social conocern de las pretensionesque se promuevan dentro de la rama social del Derecho en conflictos tantoindividuales como colectivos.

LA COMPETENCIA GENRICA DE LOS TRIBUNALES DEL ORDENSOCIAL. LA RAMA SOCIAL DEL DERECHO

Segn el art. 9.5 LOPJ los juzgados y tribunales del orden social "conocern delas pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto enconflictos individuales como colectivos, as como las reclamaciones en materia de

Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislacinlaboral". En esta norma parece que se est haciendo referencia a tres grupos dematerias y, sin embargo, el art. 1 LPL se limita al grupo primero y ms amplio, al de la


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"rama social del Derecho", con lo que el propio legislador ha introducido un elementode confusin.

En realidad las cosas son ms sencillas de lo que aparentan. Por "rama socialdel Derecho" hay que entender Derecho del trabajo en sentido amplio, esto es,incluyendo en el mismo la Seguridad Social y aun otras parcelas que tienden a adquirircierta autonoma, como el Derecho sindical. Por ello la frmula clara es la del art. 1LPL, y el art. 9.5 LOPJ lo nico que hace es confundir distinguiendo entre Derechodel trabajo en sentido estricto y Seguridad Social. Advirtase que existecorrespondencia entre rama social del Derecho y orden jurisdiccional social uorden social de la jurisdiccin.

STS de 23 de junio de 1997 :Aunque la referencia a la rama social delDerecho es vaga, parece opinin cientficamayoritaria, la que incluye los sectores

propios de las ramas del Derechocorrespondientes al laboral, sindical y de la

Seguridad Social (RJ 1997\4935).

Los verdaderos problemas surgen cuando se trata de precisar si una norma es deDerecho del trabajo o de Derecho administrativo, y ello como consecuencia delintervencionismo de la Administracin en las relaciones de trabajo y susconsecuencias. Si se atiende a las materias incluidas (del art. 2) y a las excluidas (delart. 3) puede ahora llegarse a la conclusin de que una relacin laboral no cambia denaturaleza jurdica por la intervencin en ella de la Administracin, por lo que sigue

perteneciendo a la "rama social del Derecho". Todas las materias incluidas en esa"rama" son de la competencia del orden social, salvo que exista una norma que demanera expresa realice la exclusin.

Artculo 2

Los rganos jurisdiccionales del orden social conocern de las cuestioneslitigiosas que se promuevan:

a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato detrabajo.

b) En materia de Seguridad Social, incluida la proteccin por desempleo.


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c) En la aplicacin de los sistemas de mejoras de la accin protectora de laSeguridad Social incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro siempre quesu causa derive de un contrato de trabajo o convenio colectivo.

d) Entre los asociados y las Mutualidades, excepto las establecidas por losColegios Profesionales, en los trminos previstos en los artculos 64 y siguientes y en

la disposicin adicional dcimo quinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, deOrdenacin y Supervisin de los seguros Privados, as como entre las Fundacioneslaborales o entre stas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia odeclaracin de sus obligaciones especficas y derechos de carcter patrimonial,relacionados con los fines y obligaciones propios de estas entidades.

e) Contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislacin laboral. f) Contra el Fondo de Garanta Salarial, en los casos en que le atribuya

responsabilidad la legislacin laboral.g) Sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de los

sindicatos, impugnacin de sus estatutos y su modificacin.

h) En materia de rgimen jurdico especfico de los sindicatos, tanto legal comoestatutario, en lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con susafiliados.

i) Sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de lasasociaciones empresariales en los trminos referidos en la disposicin derogatoria dela Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnacin de susestatutos y su modificacin.

j) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociacionesempresariales por infraccin de normas de la rama social del Derecho.

k) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical.l) En procesos de conflictos colectivos.m) Sobre impugnacin de convenios colectivos.n) En procesos sobre materias electorales, incluida la denegacin de registro

de actas electorales, tambin cuando se refieran a elecciones a rganos derepresentacin del personal al servicio de las Administraciones pblicas.

) Entre las sociedades cooperativas de trabajo asociado o annimas laborales y sus socios trabajadores, por su condicin de tales.

o) Entre los empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de puesta a disposicin.

p) Respecto de cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por

normas con rango de Ley.

LAS CUESTIONES LITIGIOSAS INCLUIDAS


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Adems de la frmula general del art. 1 LPL, luego el art. 2 se lanza a unaenumeracin de las cuestiones que entiende incluidas en el orden social de la jurisdiccin. Estas cuestiones pueden sistematizarse de este modo:

A) Cuestiones individuales derivadas directamente del contrato de trabajo

1.) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato detrabajo.

Para lo que deba entenderse por contrato de trabajo debe estarse a la normamaterial correspondiente, es decir, al Estatuto de los Trabajadores, y lo mismo cabedecir de los conceptos de trabajador y de empresario. El punto de mayor dificultadinterpretativa es el relativo a la palabra "consecuencia", que ha entenderse como"relacin directa", de modo que la competencia del orden social no nace de que las

partes en el proceso sean trabajador y empresario, sino de que la cuestin entre ellassea un efecto directo de la relacin laboral.

Por ello se ha venido sosteniendo que todo lo relativo al prstamo concedidopor la empresa a un trabajador puede ser competencia del orden social, y no del civil.

ATS (Sala de Conflictos deCompetencia) de 14 de diciembre de 1993:PRIMERO.- La cuestin que se debate enel conflicto de jurisdiccin negativoplanteado, conjuntamente, por lasempresas Gala-Gar, SA y Acom, SA,pertenecientes, ambas, a un mismo grupode sociedades, es determinar si compete ala jurisdiccin civil o a la jurisdiccinlaboral el conocimiento de lasreclamaciones acumuladas de devolucinde sendos prstamos concedidos por lascitadas entidades al demandado seor L.B., el cual prestaba servicios en rgimenlaboral por cuenta de las mismas en elmomento de las respectivas concesiones dedichos prestamos.

La decisin de la cuestinplanteada depende de que haya existido ono conexin entre los sucesivos contratosde trabajo que unieron a las partes de esteconflicto de jurisdiccin y los contratos deprstamo que estn en el origen del litigio

cuya atribucin jurisdiccional debemosdecidir ahora. Si no se ha dado talconexin y slo nos encontramos ante unamera coincidencia de vnculoscontractuales entre los mismos

contratantes, resulta claro que el orden jurisdiccional competente es el civil, comopropone el informe del Ministerio Fiscal.En cambio, si los prstamos se hanconcedido en relacin con el contrato detrabajo, como una de las ventajas obeneficios extrasalariales que la empresapuede proporcionar a sus empleados, ladecisin debe ser distinta, correspondiendoel conocimiento y la resolucin del asuntoal orden jurisdiccional social.

Esta segunda hiptesis de contratosconexos a un contrato de trabajo es la quese prev en los arts. 52 y 53 de la Ley deContrato de Trabajo (RCL 1944\274yNDL 7232), cuya vigencia mantiene conmatizaciones que no vienen al caso ladisposicin final cuarta del Estatuto de los


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Trabajadores (RCL 1980\607y ApNDL3006). Regulan estos preceptos, dentro delcaptulo de la Ley relativo a laremuneracin del trabajo, lasespecialidades del rgimen jurdico delcontrato de alquiler de una vivienda al

trabajador en relacin con el trabajo (art.52 LCT), y del contrato de cesin de unterreno para su cultivo en conexin con elcontrato de trabajo (art. 53 LCT).

En un supuesto contractual msprximo al del presente asunto, loscrditos no reintegrables en su totalidad oen parte, concedidos a los trabajadores ydems beneficios del mismo carcter,son contemplados tambin comopercepciones o ventajas extrasalariales delos trabajadores por el art. 4 de la OM de

22-11-1973 (RCL 1973\2252y NDL 7303)para el desarrollo del Decreto 2380/1973,de 17 agosto (RCL 1973\1810, 1922 y

NDL 7302), sobre ordenacin del salario.A su vez, dentro de las normas sectorialesalgunas establecen normas especiales designo favorable al prestatario para loscrditos o prstamos concedidos a lostrabajadores.

Las anteriores referencias dentro dela rama social del derecho a ventajasextrasalariales configuradas como contratode alquiler de vivienda, o cesin de terrenopara cultivo, o de crdito en condicionesventajosas que permiten inferir unprincipio normativo segn el cual elconocimiento de los litigios derivados decontratos conexos al de trabajo, que son loscelebrados en relacin con ste y en cuyaregulacin exista alguna influencia de losprincipios inspiradores del ordenamiento

laboral, debe corresponder al orden socialde la jurisdiccin (RJ 1993\10129.

Establecida la doctrina general anterior la aplicacin es ya que los conflictosderivados del contrato de prstamo hecho por razn del contrato de trabajo son de lacompetencia del orden social.

STSJ Galicia de 29 de marzo de1999: El art. 2 a) de la LPL atribuye a laJurisdiccin Social el conocimiento de lascuestiones litigiosas que se promuevan

entre empresarios y trabajadores comoconsecuencia del contrato de trabajo y losTribunales han interpretado siempre esteprecepto (as por ejemplo la STS de 25 deoctubre de 1971 [RJ 1971\4020] y del TCTdel 21 de abril de 1977 [RTCT1977\2194]) en el sentido de quecomprende tambin las demandas dereconvencin por prstamos delempresario al trabajador siempre que lohayan sido por razn del contrato detrabajo; y en el presente caso, como se

razona con acierto por el Magistrado aquo, resulta impensable el indicadoprstamo sin la existencia de la relacinlaboral que una a ambos litigantes, ybuena prueba de ello es que se vincula alcese de la relacin laboral el vencimientoanticipado del mismo, sin que aparezcacomo relevante a estos efectos la alegacinde que se trata de tener la garanta delsalario del trabajador porque, aunque ellosea as, es evidente, y lo prueba la propiareclamacin que ahora examinamos, queya no existira esa garanta para la parte delprstamo que todava se adeudase (AS1999\5319).

Por la relacin directa cabe incluso la existencia de conflictos entretrabajadores. Algunos supuestos de competencia son por lo menos dudosos en su baselegal; es el caso por ejemplo de los conflictos entre las instituciones sanitarias de la


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Seguridad Social y su personal estatutario, cuya cobertura es el art. 45.2 de la LGSS de1974.

2.) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de puestaa disposicin.

Proviene de la Disp. Adic. 2. de la Ley 14/1994, de 1 de junio, de empresas detrabajo temporal, que son aqullas cuya actividad consiste en poner a disposicin deotra empresa usuaria, con carcter temporal, trabajadores por ella contratados. Elcontrato de puesta a disposicin es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal yla empresa usuaria, teniendo por objeto la cesin del trabajador para prestar serviciosen la segunda (RD 4/1995, de 13 de enero).

3.) Entre las Sociedades cooperativas de trabajo asociado o annimas laborales

y sus socios trabajadores, por su condicin de tales.

Se est haciendo referencia a las cooperativas de trabajo asociado, reguladas enlos arts. 118 a 126 de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, y a lassociedades laborales, reguladas en la Ley 4/1997, de 24 de marzo.

B) Cuestiones en materia de Seguridad Social

1.) En materia de Seguridad Social (pblica), incluida la proteccin pordesempleo.

El acierto de la norma del prrafo b) del art. 2 radica en su generalidad, y ello apesar de que trata en el fondo de un conflicto entre un beneficiario y un ente pblico.Realmente lo nico excluido es lo que se refiere a la gestin recaudatoria.

STS de 12 de julio de 1999: 2. Ensu reciente Sentencia de 2-2-1999 (RJ1999\1684), ha sealado, reiterandodoctrina anterior, que el art. 9.5 LOPJ(RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375)atribuye a los Juzgados y Tribunales delorden jurisdiccional social el conocimiento

de las "reclamaciones en materia deSeguridad Social", norma desarrollada porel art. 2 b) LPL al atribuir con carctergeneral a este orden jurisdiccional elconocimiento de las cuestiones litigiosas

que se promuevan "en materia deSeguridad Social, incluida la proteccinpor desempleo". No constituyendo unaexcepcin a este principio general deatribucin competencial en esta materia alorden social, al no ser propiamente materiade Seguridad Social sino recaudatoria,

aunque se realice por ahora principalmentepor un organismo encuadrado en ladenominada Administracin de laSeguridad Social y no en laAdministracin Tributaria, la regla


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contenida en el art. 3 b) LPL que excluyede la competencia del orden social elconocimiento de "las resoluciones dictadaspor la Tesorera General de la SeguridadSocial en materia de gestin recaudatoria,o en su caso, por las Entidades gestoras en

el supuesto de cuotas de recaudacinconjunta"; precepto, que ha sidointerpretado por la jurisprudencia deconflictos en el sentido de que "no todoacto de gestin emanado de la TesoreraGeneral puede considerarse comorecaudatorio, sino slo aquellos quepersigan el cobro de recursos o que serefieran al ejercicio de la actividadadministrativa conducente a la realizacinde los crditos y derechos de la SeguridadSocial de Acuerdo con lo establecido por elReal Decreto 1637/1995, de 6 de octubre(RCL 1995\2891, 3179 y RCL 1996\502) -arts. 2, 4 y 183- por el que se aprueba el

Reglamento General de Recaudacin delos recursos del sistema de la SeguridadSocial (entre otros, Autos de la Sala deConflictos de Competencia de 18-3-1997[RJ 1997\1313], 27-3-1998 [RJ1998\7344] y 3-11-1998 [RJ 1998\7977]).

En consecuencia, como se ha destacado jurisprudencial (entre otras STS IV de 20-6-1998 [RJ 1998\5474]) y doctrinalmente,en materia de Seguridad Social los arts. 9.5LOPJ y 2 b) LPL no hacen reduccinatributiva alguna, siendo la SeguridadSocial uno de los bloques diferenciadosasignados de plena forma al orden jurisdiccional social, con independencia dequines sean los sujetos que acten lapretensin y con relacin a toda laSeguridad Social a la que se refiere el art.41 de la Constitucin (RCL 1978\2836yApNDL 2875) (RJ 1999\7163).

2.) En la aplicacin de los sistemas de mejoras de la accin protectora de laSeguridad Social, incluidos los planes de pensiones (Ley 8/1987, de 8 de junio) ycontratos de seguro siempre que su causa derive de un contrato de trabajo o conveniocolectivo.

STS de 6 de octubre de 1998:SEGUNDO.- La primera censura jurdicaenunciada consiste en infraccin delartculo 2, c) de la ya citada Ley de

Procedimiento Laboral, cuestin de ordenpblico procesal, que la Sala debe decidiratendiendo la realidad de la pretensinejercitada y la naturaleza jurdica de lossujetos, de donde se deduce la inmediatavinculacin de la mejora con el contrato detrabajo que ligaba al beneficiario con latomadora del seguro -Junta de Andaluca-cuya naturaleza pblica no la priva de lacualidad de empresaria, respecto deldemandante, sin que haya aparienciasiquiera de vnculo administrativo alguno

entre ellos, ni como causa de la mejora dela proteccin. Por tanto y segn dictaminael Ministerio Fiscal, la utilizacin de uncontrato mercantil de seguro para

materializar la eficacia de la mejora, nodesvirta dicha naturaleza laboral y ladeclaracin de competencia de este ordensocial de la jurisdiccin no infringe elprecepto invocado, cuya literalidad incluyeprecisamente las cuestiones concernientesa los contratos de seguros cuando amparenmejoras derivadas del contrato de trabajo,como viene declarando esta Sala desde suSentencia de 27 enero 1987 (RJ1987\147) (RJ 1998\7427).

Se trata de las mejoras voluntarias, que forman parte del sistema de laSeguridad Social (arts. 41 CE y 191 LGSS), aunque esta Ley no prev todos losmecanismos de complementacin. Tngase en cuenta que los planes de pensiones de


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sistema asociado no pueden atribuirse a los tribunales laborales porque su origen no seencuentra en una relacin laboral.

3.) Entre los asociados y las Mutualidades (excepto las establecidas por loscolegios profesionales) as como entre las Fundaciones Laborales o entre stas y susbeneficiarios sobre cumplimiento, existencia o declaracin de sus obligacionesespecficas y derechos de carcter patrimonial, relacionados con los fines yobligaciones propios de estas Entidades.

Para las Mutualidades de Previsin Social debe estarse a los arts. 16 a 21 de laLey 33/1984, de 3 de agosto, de Ordenacin del Seguro Privado [a los litigios entreMutualidades se refiere luego el art. 10.2, b) de la propia LPL], y para las FundacionesLaborales al D. 441/1961, de 16 de marzo, y a la OM de 25 de enero de 1962, aunque

en parte derogados por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. ATS (Sala de Conflictos de

Competencia) de 14 de diciembre de 1993:Despejada la anterior incgnita, la tesissobre la competencia del orden jurisdiccional social cae por su peso. Comorecuerda el documentado informe delMinisterio Fiscal, las Mutualidades a quese refiere el Texto Refundido de la Ley deProcedimiento Laboral [y su sucesor elTexto Articulado de la Ley deProcedimiento Laboral de 1990 (RCL1990\922y 1049)] -TA LPL- actualmentevigente, que no altera la regulacin de estamateria) son las que se constituyeron alamparo de la Ley de Mutualidades de 6-12-1941 (RCL 1941\2142; RCL 1942\43 yNDL 22070), expresamente derogada por

la Ley 33/1984, de 2 agosto (RCL1984\2013, 2532 y ApNDL 12941) deOrdenacin de los Seguros Privados, quededica sus arts. 16 a 21 a la regulacin deestas entidades. Este cambio en el Derechosustantivo no ha afectado, para nada, alorden jurisdiccional competente paraconocer de las cuestiones contenciosasentre las mismas y sus asociados, que, afalta de indicacin legal en contrario,sigui siendo el social durante la vigencia

del anterior Texto Refundido de la Ley deProcedimiento Laboral, y lo sigue siendoahora en virtud de la confirmacin expresacontenida en el art. 2,c del TextoArticulado de la Ley de ProcedimientoLaboral -TA LPL- (RJ 1993\10130).

La Disposicin Final 11. de la LEC de 2000 modific el contenido del apartadod) de este art. 2 en el sentido de exceptuar las mutualidades establecidas por loscolegios profesionales, segn lo dispuesto en los arts. 64 y siguientes de la Ley30/1995, de 8 de noviembre.

C) Cuestiones con el Estado sin relacin laboral con l

1.) Contra el Estado, cuando le atribuya responsabilidad la legislacin laboral.


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Cuando el Estado es el empresario estamos ante el caso del art. 2, a), por lo queeste otro apartado se refiere slo al supuesto del art. 57 ET, desarrollado en lamodalidad procesal de los arts. 116 a 119 LPL, con la reclamacin previa del RD924/1982, de 17 de abril (si bien despus del RD-ley 5/2002, de 24 de mayo, de

medidas urgentes para la reforma del sistema de proteccin por desempleo y mejora dela ocupabilidad, debe cuestionarse la vigencia de estos artculos de la LPL, lo queveremos en su lugar).

2.) Contra el Fondo de Garanta Salarial, en los casos en que le atribuyaresponsabilidad la legislacin laboral.

Desde la Ley 20/1988, de 14 de julio, que modific el art. 1.2 de la LPL de1980, no hubo dudas de la competencia del orden social para conocer de las

reclamaciones contra el Fogasa con base en el art. 33 ET.D) Cuestiones sindicales o de asociaciones empresariales

1.) Sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de losSindicatos, impugnacin de sus Estatutos y su modificacin.

2.) En materia de rgimen jurdico especfico de los Sindicatos, tanto legalcomo estatutario, en lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con susafiliados.

Los dos apartados pueden tratarse conjuntamente por atribuir al orden socialtodo lo relativo a la constitucin de los sindicatos y su funcionamiento. El punto departida es la LO 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, completada con losarts. 165 a 174 LPL.

3.) Sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de lasAsociaciones empresariales en los trminos referidos en la Disposicin Derogatoria dela Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnacin de susEstatutos y su modificacin; (con lo que se excluye todo lo relativo a las asociacionesprofesionales que no estn preordenadas para intervenir en el mundo laboral, STS de25 de enero de 1999, RJ 1999\1022, o que sean slo profesionales, STS de 23 de juliode 1999, RJ 1999\6843).


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La Disp. Derog. de la LOLS declara en vigor la Ley 19/1977, de 1 de abril, y elRD 873/1977, de 22 de abril, para las asociaciones empresariales; la Disp. Adic. 6. dela LPL de 1995 se remite a la modalidad procesal de los arts. 165 a 174. Falta en el art.2 LPL referencia al rgimen jurdico de las asociaciones empresariales, pero es

obviamente un olvido del legislador.

4.) Sobre la responsabilidad de los Sindicatos y de las Asociacionesempresariales por infraccin de normas de la rama social del Derecho.

STS de 30 de junio de 1990: ... esntido el verdadero alcance de la pretensindeducida, cuyo objeto consiste en que sedeclare viciada la convocatoria de huelgaefectuada por dicho Sindicato y se condeneal mismo a resarcir a la Sociedaddemandante de los daos ocasionadoscomo consecuencia de tal huelga.Partiendo de esta realidad, devieneevidente que tal pretensin corresponde almbito de conocimiento que atribuye alcitado Orden Jurisdiccional el antes citadoart. 9,5 de la Ley de ProcedimientoLaboral. Se trata de pretensin promovidadentro de la rama social del Derecho, puesafecta al ejercicio del derecho de huelga,sus contornos y consecuencias derivadasde supuesta extralimitacin de stos. Laresponsabilidad de los sindicatos por los

actos o acuerdos adoptados por susrganos estatutarios en la esfera de su

respectiva competencia figuraexpresamente prevista en el art. 5 de la LeyOrgnica de Libertad Sindical (RCL1985\1980 y ApNDL 1975-85, 13091).Cuando tales actos se proyecten en elmbito de las relaciones laborales yeventualmente produzcan consecuenciasperniciosas para alguna de las partes dedicha clase de relaciones, en suma, cuandomediante dichos actos, como dice el art.2.j) del Texto Articulado de la Ley deProcedimiento Laboral, aprobado por RealDecreto legislativo 521/1990, de 27 deabril (RCL 1990\922y 1049), resultareninfringidas normas correspondientes a larama social del Derecho, es claro quepretensin que se deduzca con relacin aaqullos corresponde al mbito jurisdiccional del Orden Social, pues as resulta del tantas veces citado art. 9,5 (RJ1990\5551).

5.) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical.

Para esta tutela se crea una modalidad procesal, en los arts. 175 a 180 LPL; elart. 181 se refiere a dems derechos fundamentales y libertades pblicas, incluida laprohibicin de tratamiento discriminatorio.

E) Cuestiones colectivas

1.) En procesos de conflictos colectivos.

Atendidos el art. 150 LPL y el RD-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobreRelaciones de Trabajo, la competencia del orden social es limitada (se extiende slo a


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los conflictos jurdicos, no a los de intereses) y directa (no depende de que laAdministracin remita el conflicto a los tribunales).

2.) Sobre impugnacin de convenios colectivos.

3.) En procesos sobre materias electorales, incluida la denegacin de registrode actas electorales, tambin cuando se refieran a elecciones a rganos derepresentacin del personal (debe entenderse tanto laboral como estatutario yfuncionarial) al servicio de las Administraciones pblicas (Ley 18/1994, de 30 de junio).

E) Clusula de remisin

Todava hay que tener en cuenta que el apartado p) del art. 2 abre una clusulageneral que permite a la ley (y no a normas de rango inferior) atribuir otraspretensiones a la competencia de los tribunales del orden social, con lo que laenumeracin no es cerrada, sino abierta. En todo caso hay que tener en cuenta que lafrmula general del art. 1 (rama social del Derecho) hara siempre que laenumeracin del art. 2 no pudiera ser cerrada.

Artculo 3

1. No conocern los rganos jurisdiccionales del orden social:a) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga

relativa a los funcionarios pblicos y al personal a que se refiere el artculo 1.3.a) deltexto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b) De las resoluciones dictadas por la Tesorera General de la Seguridad Social en materia de gestin recaudatoria o, en su caso, por las Entidades gestoras enel supuesto de cuotas de recaudacin conjunta, as como de las relativas a las actasde liquidacin y de infraccin.

c) De las pretensiones que versen sobre la impugnacin de las disposicionesgenerales y actos de las Administraciones pblicas sujetos al Derecho Administrativoen materia laboral, salvo los que se expresan en el apartado siguiente.

2. Los rganos jurisdiccionales del orden social conocern, en todo caso, y previa reclamacin en los trminos previstos en los artculos 69 a 73 del presentetexto refundido, ante la Administracin pblica, de las pretensiones sobre:

a) Las resoluciones administrativas relativas a la imposicin de cualesquiera


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sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con la excepcin prevista enla letra a) del apartado 1 de este artculo.

b) Las resoluciones administrativas relativas a regulacin de empleo yactuacin administrativa en materia de traslados colectivos.

3. En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley, elGobierno remitir a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de Procedimiento Laboral las modalidades y especialidades procesalescorrespondientes a los supuestos del anterior nmero 2. Dicha Ley determinar la fecha de entrada en vigor de la atribucin a la Jurisdiccin del Orden Social de lasmaterias comprendidas en el nmero 2 de este artculo1.

LAS MATERIAS EXCLUIDAS

Tradicionalmente ha existido una gran confusin entre los mbitos de ejerciciode la funcin jurisdiccional por los rdenes contencioso-administrativo y social comoconsecuencia del intervencionismo del poder poltico en el Derecho del trabajo y deque el legislador se ha ido moviendo ms por impulsos polticos coyunturales queatendiendo a una tcnica jurdica correcta. As las cosas hay que afirmar que,entendiendo por "rama social del Derecho" el Derecho del trabajo en sentido amplio,de modo que la intervencin de la Administracin en la relacin laboral no supone uncambio en la naturaleza de sta, las exclusiones que realiza el art. 3 de la competenciadel orden social son producto de una decisin poltica contraria a la lgica jurdica ypor ello no pueden dejar de suscitarse dudas.

1 La STS, Sala 3, de 3 de octubre de 1997 declar la invalidez del art. 3, c) del Real DecretoLegislativo 521/1990, de 27 de abril, si bien slo en lo que se refiere a la tutela del derecho de huelgadel personal estatutario; consiguientemente si esa referencia no pudo entenderse existente en el RD-Legislativo de 1990 tampoco puede entenderse incluida en el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7abril; ste aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de modo que el Gobiernoal dictar un texto refundido no pudo incluir en l lo que se ha declarado invlido. Despus de laSentencia dicha la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, ha dado nueva redaccin al art. 3 de la LPL, con lo que esa norma pas a tener el rangode ley.Pero ms an, la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del OrdenSocial, volvi a dar nueva redaccin al artculo (en su Disp. Adicional 24..2), que es el del texto yaadiendo el prrafo 3.


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STS de 21 de julio de 1992: ... ypara dar respuesta a esta cuestin hay quepartir de una consideracin general sobrela delimitacin legal del mbito de losrdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social. Este ltimo conoceen principio de las pretensiones que sepromuevan en la rama social del Derecho[art. 9.5 de la Ley Orgnica del PoderJudicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL8375)], mientras que el contencioso-administrativo tiene atribuidas laspretensiones que se deduzcan en relacincon los actos de la Administracin Pblicasujetos al Derecho Administrativo y conlas disposiciones reglamentarias (art. 9.4de la Ley Orgnica del Poder Judicial).

Esta delimitacin no resulta en ocasionessuficientemente inequvoca, porque en ellase utilizan dos criterios -el de rama delDerecho y el del carcter administrativodel acto, con remisin, a su vez, a lasujecin de ste al Derecho

Administrativo- que pueden superponerseen la prctica ante la existencia frecuentede actos administrativos que operan sobrela materia social y que, por tanto, estnafectados por regulaciones propias de larama social del Derecho y por el DerechoAdministrativo. De ah que las LeyesProcesales de los respectivos rdenes jurisdiccionales incluyan normasadicionales de coordinacin (RJ1992\5641).

En sntesis, no conocen los rganos jurisdiccionales del orden social:

a) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelgarelativa a los funcionarios pblicos y al personal a que se refiere el art. 1.3, a) de laLey 8/1980, de 10 marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

El personal del art. 1.3, a) del ET son los funcionarios pblicos pero tambin elque est al servicio del Estado, Comunidades Autnomas, Corporaciones Locales yEntidades pblicas autnomas con una relacin jurdica regulada por normasadministrativas o estatutarias.

b) De las resoluciones dictadas por la Tesorera General de la Seguridad Socialen materia de gestin recaudatoria o, en su caso, por las Entidades gestoras en elsupuesto de cuotas de recaudacin conjunta, as como de las actas de liquidacin y deinfraccin.

Desde 1940 se atribuy a los tribunales de trabajo competencia, y por elprocedimiento de apremio, para el cobro de las primas y cuotas atrasadas de laSeguridad Social, pero esa atribucin empez a quebrar en el RD-Ley 10/1981, de 19de junio, y ahora se atribuye a la Tesorera General y a las Entidades gestoras,controlando jurisdiccionalmente el orden contencioso-administrativo.

c) De las pretensiones que versen sobre la impugnacin de las disposicionesgenerales y actos de las Administraciones Pblicas sujetos al Derecho administrativo


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en materia laboral, salvo los que expresan en el apartado siguiente.

STS de 24 de febrero de 1998:CUARTO.- Es doctrina reiterada de estaSala, a partir de la Sentencia de la SalaGeneral del 21 julio 1992 (RJ 1992\5641),de las que son ejemplo, entre otras, lasSentencias del 11 marzo y 10 noviembre1993 (RJ 1993\1849y RJ 1993\8677),citadas en la de 15 octubre 1997 (RJ1997\7351), que el rgano competente parael conocimiento de las incidencias quesurjan en la convocatoria de un rgano dela Administracin Pblica, para el accesoal exterior a plazas laborales es elcontencioso-administrativo, como diceliteralmente la sentencia ltimamentecitada. As se desprende como expresa enla sentencia de la Sala General denaturaleza del acto, de sus destinatarios y

de la regulacin contenida en la Ley30/1984 (RCL 1984\2000, 2317, 2427 yApNDL 6595) y en el RD 2233/1984(RCL 1984\2873y ApNDL 6598). Este

ltimo distingue entre las convocatoriaspara el personal de nuevo ingreso, que sesometen a lo previsto en los Ttulos I y IIIdel Real Decreto y a los criterios generalesde seleccin que se fijen por el Ministeriode la Presidencia (artculo 25), y lossistemas de promocin interna y decobertura de vacantes del personal laboralque no sea de nuevo ingreso, a los que noes aplicable la regulacin del reglamentogeneral, rigindose por susreglamentaciones especficas o losconvenios colectivos en vigor (artculo

24.2) (RJ 1998\1960).Se trata, pues de distinguir entre el nuevo ingreso (contencioso-administrativo)

y la promocin interna (social), lo que se refuerza en la siguiente sentencia inclusocuando se trata de la contratacin con base en la inclusin en bolsas de trabajo. Si setrata de ingresas en el organismo pblico no es competente el orden social de la jurisdiccin.

STS de 4 de octubre de 2000:Sobre esta materia, la sentencia de SalaGeneral de 21 de julio de 1992 (RJ1992\5641) (recurso 1428/1991)argumenta que: El artculo 3 a) de la Leyde Procedimiento Laboral (RCL 1990\922 y 1049), al establecer la exclusin, serefiere a los actos de las AdministracionesPblicas sujetos a Derecho Administrativoen materia laboral. La convocatoria para laprovisin de plazas laborales de nuevoingreso aparece como un acto de estascaractersticas. Mientras que en lasconvocatorias de promocin interna laAdministracin acta claramente como

empresario en el marco de una relacincontractual establecida y aplicando normasde indiscutible carcter laboral respecto aun personal que ya tiene la condicin detrabajador, no sucede lo mismo con lasconvocatorias de nuevo ingreso...

Tal doctrina fue reiterada ensentencias de 11 de marzo (RJ 1993\1849)y 10 de noviembre de 1993 (RJ1993\8677) (recursos 443 y 4150/1992),pero en parte es modificada por lasentencia tambin de Sala General de 23 de junio de 1997 (RJ 1997\4935) (recurso1760/1996), a propsito de una demandaen proceso de conflicto colectivo contra elOrganismo Autnomo de Correos yTelgrafos para...

El criterio de la sentencia de 23 de junio de 1997 fue mantenido en sentenciasde 23 de junio (RJ 1997\4936) (tambin deSala General), 17 de noviembre (RJ1997\8316) y 12 de diciembre de 1997 (RJ1997\9167) (recursos 2742/1996 y 240 y237/1997), ante supuestos anlogosreferidos tambin al Organismo Autnomode Correos y Telgrafos, y de 19 de enero


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de 1999 (RJ 1999\1020) (recurso1857/1998)...

En este sentido, se volvi apronunciar esta Sala, en Sentencia de 31 demayo de 1999 (RJ 1999\5006) (recurso1805/1998), tambin sobre mejor derechoa ser contratada temporalmente, en estecaso por el Servicio Andaluz de la Salud,segn listas confeccionadas en virtud deacuerdo con los Sindicatos...

Tambin en favor de lacompetencia de esta Jurisdiccin, sobresupuestos de contratacin laboral temporalpor el Instituto Cataln de la Salud yConsejera de Sanidad de la GeneralidadValenciana, se pronunciaronrespectivamente, las ms recientessentencias de esta Sala de 4 y 15 de febrero

de 2000 (RJ 2000\411y RJ 2000\2042)(recursos 2412 y 1984/1999)...

A pesar de la anterior doctrina enfavor de la competencia del orden jurisdiccional laboral, las sentencias de laSala IV de 17 (RJ 1998\1842) y 24 defebrero (RJ 1998\1960) y 21 de julio de1998 (RJ 1998\6530) (recursos 1297, 3105y 4696/1997), en demandas contra elServicio Vasco de Salud, entabladastambin sobre contratacin temporal depersonas incluidas en las listas de la bolsade trabajo, mantuvieron la incompetenciade jurisdiccin del orden social, razonando,que al no existir contrato entre las partes,ni pacto colectivo determinante de laconvocatoria, en tal supuesto la actuacinde la administracin se rige por normas de

derecho administrativo... (RJ 2000\8661).En dicho apartado siguiente, el 2, s se atribuye al orden social, en todo caso yprevia reclamacin administrativa previa, las pretensiones sobre:

1.) Las resoluciones administrativas relativas a la imposicin de cualesquierasanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con la excepcin prevista en laletra a) del apartado anterior.

2.) Las resoluciones administrativas relativas a regulacin de empleo yactuacin administrativa en materia de traslados colectivos.

Resulta de este modo que:

1.) El texto del art. 3 dado por la LJCA de 1998 estuvo en vigor del 14 al 31 dediciembre de 1998.

2.) El prrafo 3, el aadido por la Ley 50/1998, se refiere a un plazo de 9meses a contar desde el 1 de enero de 1999, por lo que concluy el 30 de septiembrede ese mismo ao, sin que se hubiera producido la remisin del proyecto de ley.

3.) El apartado 2 del art. 3 en la redaccin de la Ley 50/1998 no ha entrado envigor y estamos an esperando la Ley oportuna.


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CAPTULO II

De la competencia

Artculo 41. La competencia de los rganos jurisdiccionales del orden social se extender

al conocimiento y decisin de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientesa dicho orden, que estn directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvolo previsto en el apartado 3 de este artculo.

2. Las cuestiones previas y prejudiciales sern decididas en la resolucin judicial que ponga fin al proceso. La decisin que se pronuncie no producir efecto fuera del proceso en que se dicte.

3. Hasta que las resuelva el rgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspendern el plazo para adoptar la debida decisin slocuando se basen en falsedad documental y su solucin sea de todo puntoindispensable para dictarla.

4. La suspensin de la ejecucin por existencia de una cuestin prejudicial penal slo proceder si la falsedad documental en que se base se hubiere producidodespus de constituido el ttulo ejecutivo y se limitar a las actuaciones ejecutivascondicionadas directamente por la resolucin de aqulla.

CUESTIONES PREJUDICIALES, INCIDENTALES Y PREVIAS

El problema previo para la interpretacin de este artculo es de explicar en qu

consisten las cuestiones a las que se refiere, a las que hay que aadir las cuestionesincidentales.

A) Cuestiones prejudiciales

Son aquellas que, conexas con la pretensin sometida al conocimiento delrgano jurisdiccional social, no quedan incluidas en el mbito de su competencia porser de la competencia de otro orden jurisdiccional (pueden ser, pues, civiles,contencioso-administrativas y penales). La norma general se encuentra en el art. 10.1

de la LOPJ de 1985.Debe tenerse en cuenta que la verdadera prejudicialidad es siempre

heterognea, es decir, se refiere a materias de otros rdenes jurisdiccionales. Cuando


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un tribunal laboral est conociendo de una cuestin laboral y surge una cuestin de esanaturaleza puede pronunciarse sobre la misma porque, en principio, es competentepara ello. El nico problema en si es aplicable supletoriamente en lo laboral lodispuesto en el art. 43 de la LEC, que prev una especia de cuestin prejudicial

homognea, y nuestra respuesta es que nada se opone a ello.

El sistema de las cuestiones prejudiciales en el orden jurisdiccional social partede distinguir entre:

a) Cuestiones civiles y administrativas

Sern planteadas en los actos de alegacin por las partes y resueltas por el juzgador en la sentencia que ponga final al proceso, si bien la decisin no producirefectos fuera del proceso en que se dicte (art. 4.1 y 2), es decir, la decisin del rgano

jurisdiccional no impedir que la cuestin que fue prejudicial en el proceso laboral seplantee como principal ante el rgano competente y el proceso correspondiente.

En este caso se est simplemente siguiendo lo dispuesto en general en el art.10.1 de la LOPJ de 1985, en virtud de la cual se produce una real ampliacin de lacompetencia aunque sea slo con efectos prejudiciales (admitida plenamente por laSTC 171/1994, de 7 de junio). En este sentido es claro lo dispuesto en el arts. 42 de laLEC.

Ni que decir tiene que la cuestin prejudicial existe cuando en lo civil o en loadministrativo no se ha resuelto an la cuestin, pues si ya existe resolucin firme aella habr de estarse.

STC 182/1994, de 20 de junio:Ahora bien, la posibilidad deconocimiento incidental sobre la validez deun acto administrativo requiere comocondicin que esa validez sea cuestionable,por no existir sobre ella unpronunciamiento del orden jurisdiccionalal que prioritariamente correspondepronunciarse sobre esa validez, la jurisdiccin contencioso-administrativa. Laposibilidad implica que no exista un previopronunciamiento de dicha jurisdiccincontencioso-administrativa, pues en tal

caso no es cuestionable esa validez y porello el Juez laboral estar vinculado alpronunciamiento que el rgano de la jurisdiccin contencioso-administrativahaya realizado con plenitud de efectosdentro de su propia competencia material.La cuestin prejudicial implica, pues, lanecesidad de resolver incidentalmente, y alos solos efectos de decidir la pretensinplanteada, un tema litigioso por no habersido objeto de resolucin firme y definitivadel rgano competente para ello.


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b) Cuestiones penalesEntre las que hay que distinguir dos clases:

1.) No devolutivas y no suspensivas: En general el que las partes susciten una

cuestin de este tipo no suspender el proceso laboral. No se trata, obviamente, de queel juzgador laboral imponga penas, sino de que resolver la pretensin laboral aunqueest tramitndose al mismo tiempo un proceso penal (art. 86.1).

La posibilidad de que existan un proceso laboral y un proceso penal sobre losmismos hechos y que en los dos se llegue a soluciones distintas explica el art. 86.3LPL. Si en el proceso penal se llega a la conclusin de que no existi el hecho o queen l no particip el sujeto, se configura un nuevo motivo del "recurso" de revisin(como veremos en el comentario al art. 234).

2.) Devolutivas y suspensivas: Si presentado en el proceso laboral undocumento, tanto material como procesal, la parte contraria alega la falsedad delmismo y ese documento tiene influencia notoria en la decisin del pleito, en el sentidode que su falsedad o no condiciona el contenido de la sentencia, el juzgador, terminadoel juicio oral, suspender las actuaciones y conceder a la parte que aleg la falsedaddel documento un plazo de ocho das para que presente el documento justificativo deque ha formulado querella (que es el acto de parte por el que se insta la incoacin deproceso penal). Si el documento acreditativo de que la querella ha sido formulada sepresenta ante el juzgador laboral la suspensin durar hasta que se dicte sentencia oauto de sobreseimiento en la causa criminal (art. 86.2).

B) Cuestiones incidentales

En sentido estricto son aquellas que, estando en conexin con el objeto delproceso o con el proceso mismo y, en todo caso, siendo de la competencia del rgano jurisdiccional social que conoce de lo principal, podran dar lugar a un procedimientoy a una resolucin propias. En el proceso laboral hay dos clases de estas cuestiones:

1.) Especficas: Que dan lugar a un incidente especial con tramitacin reguladade modo expreso para el mismo (como es el caso de la recusacin, del art. 15 LPL).


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2.) Generales: No dan lugar a un incidente especial sino que se formulan en losactos normales de alegacin, se discuten en el juicio oral y se resuelven en lasentencia.

C) Cuestiones previas

De estas cuestiones se viene hablando durante centenares de aos y todava noexiste claridad en torno a lo que son las mismas. Si nos ceimos a la jurisprudencia delTribunal Supremo se ha producido la identificacin entre cuestin previa y excepcinprocesal, pues aquella es la que versa sobre la falta de alguno de los presupuestosprocesales necesarios para la validez de la relacin jurdico procesal (aunque en algncaso se refiere tambin a la falta de un requisito procesal).

As las cosas la referencia del art. 4.1 a las cuestiones previas "no pertenecientes

a dicho orden" carece de sentido, pues estas cuestiones, si se identifican con lospresupuestos procesales, siempre pertenecen al orden social cuando se alegan en unproceso laboral. Partiendo de ah el art. 4.1 y 2, en lo que se refiere a las cuestionesprevias, o es obvio (sern resueltas por el mismo rgano que conoce del proceso y enla resolucin que le ponga fin) o es absurdo (la decisin que las resuelva no producirefecto fuera del proceso).

Artculo 51. Si los rganos jurisdiccionales se estimaren incompetentes para conocer de

la demanda por razn de la materia o de la funcin, acto seguido de su presentacindictarn auto declarndolo as y previniendo al demandante ante quin y cmo puedehacer uso de su derecho.

2. Igual declaracin debern hacer al dictar sentencia, si se estimasenincompetentes, abstenindose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto.

3. La declaracin de oficio de la incompetencia en los casos de los dos prrafosanteriores requerir previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazocomn de tres das.

4. Contra el auto de declaracin de incompetencia podrn ejercitarse losrecursos previstos en la presente Ley.


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TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA

Cuando se plantea el tema del tratamiento procesal de la competencia de lo quese trata es de quin y cmo puede cuestionar en el proceso si el rgano jurisdiccionalal que ha acudido el demandante es o no competente para conocer del asunto; en otraspalabras, de lo que se trata es de saber si la competencia puede ser cuestionada deoficio por el juzgador o si se abandona a la alegacin del demandado y, resuelto esteprimer punto, cmo se realiza el cuestionamiento.

A este tema atiende el art. 5 LPL en el que debe partirse de la declaracingeneral contenida en su prrafo 1 para, inmediatamente, hacer frente a una grave duda.

A) Extensin del examen de oficio

Lo que el art. 5.1 dice es que el juzgador debe controlar de oficio su propiacompetencia, pero no est claro el mbito al que debe referirse ese examen:

1.) No tiene dudas que el juzgador debe controlar de oficio su competenciaobjetiva, a la que se refiere el artculo cuando habla de "por razn de la materia".

En realidad la "razn de la materia" comprende tres cosas: 1) La extensin de la jurisdiccin espaola (art. 25 LOPJ), 2) La competencia genrica (arts. 1, 2 y 3 LPL),y 3) La competencia objetiva (arts. 6, 7 y 8 LPL).

2.) Tampoco se duda de que el juzgador debe controlar de oficio sucompetencia funcional, que debe entenderse comprendida en el art. 5.1 cuando hablade "la funcin", y que se determina en los arts. 6 a 9 LPL.

3.) Lo discutible es la competencia territorial, a la que no se refiere de modoexpreso el art. 5.1 despertando la duda de si debe ser o no controlada de oficio por elrgano judicial. La base 2..1 de la LBPL de 1989 deca: "La competencia de losrganos jurisdiccionales del orden social es improrrogable. Los Juzgados y Tribunalesexaminarn de oficio su propia competencia y resolvern sobre la misma con

audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal", de modo que puede concluirse que lano alusin del art. 5.1 LPL a la competencia territorial es un olvido.


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En el art. 2, III, de la LPL de 1980 se deca que las reglas de la competenciaterritorial deban regir "cualesquiera que sean las estipulaciones contenidas en elcontrato de trabajo o relacin de seguridad social", y esa norma era interpretada en elsentido de que: 1) Las partes no podan establecer clusulas de sumisin expresa, 2) S

era admisible la sumisin tcita, y 3) No exista control de oficio de la competenciaterritorial, que quedaba a la alegacin de las partes.

Si la base 2..1 de la LBPL afirm despus que la competencia eraimprorrogable, comprendiendo todos los criterios de atribucin, y si en las LPL de1990 y de 1995 ha desaparecido la norma que antes hemos dicho que contena el art. 2,III, de la LPL de 1980, la nica consecuencia posible es que la competencia territorialtambin ha de ser controlada de oficio, aunque los redactores de la LPL de 1990

olvidaran incluirla en el art. 5.1, y aunque no pudiera ya incluirse en la LPL de 1995.STSJ Galicia de 7 de agosto de1996 : SEGUNDO.- Las cuestionesplanteadas en el recurso ya han sidoresueltas por esta Sala en Sentencias de 24enero y 13 febrero 1991 (AS 1991\77y AS1991\1526), 17 marzo y 14 abril de 1994(AS 1994\1761), sentando como doctrinaque la competencia por razn de territoriopuede ser objeto de examen de oficio, deacuerdo con lo que dispone la Base 2. dela Ley de Bases de 12 abril 1989 (RCL1989\816), antecedente y fundamento de lavigente LPL, ya que al establecer que la

competencia de los rganosJurisdiccionales del orden social esimprorrogable y que los Juzgadosexaminarn de oficio su propiacompetencia no contiene limitacin algunaal referido examen, por lo que no ha deexcluirse la competencia territorial pese aque el artculo 5 de la LPL pudiera servirde base a la tesis contraria, cual es que elexamen de oficio de la propia competenciaquede reducido a por razn de la materia oa la funcional (AS 1996\2750).

Existe, con todo, alguna resolucin en sentido contrario, de la que nocompartimos el criterio.

STSJ Andaluca, Granada, de 3 de julio de 1996 : ... se hace preciso poner derelieve que esta Sala, sin desconocer laexistencia de posiciones doctrinalesopuestas, entiende que, a diferencia de lascuestiones de competencia por razn de lamateria, que se definen por su carcter dederecho necesario, constituyendo unacuestin de orden pblico procesal queobliga a los Tribunales a apreciarlas deoficio, tal como se deduce del art. 9.6 de laLey Orgnica del Poder Judicial y del art. 5de la Ley de Procedimiento Laboral, la

incompetencia territorial necesita para suapreciacin la previa alegacin de laspartes, al no existir inconveniente algunoen el proceso laboral para aceptar laprocedencia de la sumisin expresa otcita, ya que la norma especficamentereguladora de dicho proceso no la prohbe,en tanto que la Ley de Enjuiciamiento

Civil, que opera como supletoria, la admitey consecuentemente impide en su art. 74,su apreciacin de oficio. Se trata, porcuantas razones han quedado expuestas, deuna situacin encuadrable en el marco del


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derecho dispositivo no necesario, que sesubordina al principio de autonoma de lavoluntad de las partes, que no puedenplantear en suplicacin esta cuestin si lamisma no fue aducida en la instancia. No

siendo apreciable, pues, la infraccin jurdica que se argumenta en el recurso, seimpone la plena desestimacin delmismo.

B) Momentos del examen de oficio

Segn el art. 5.1 y 2 los momentos posibles son dos:

1.) El de la admisin o inadmisin de la demanda, despus de su presentaciny, en su caso, reparto, dictndose auto de inadmisin por declaracin deincompetencia.

2.) El de la sentencia, despus de realizado el proceso, dictndose unasentencia sin entrar en el fondo del asunto y declarndose incompetente, lo que puedeser consecuencia de: 1) La estimacin por el juzgador de la excepcin deincompetencia o de la declinatoria alegadas por el demandado, y 2) La reconsideracinde oficio por el juzgador de la competencia.

C) Audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal

El art. 5.3 ordena que la declaracin de oficio de la incompetencia se hagaprevia audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en un plazo comn de tres das.

En realidad debe distinguirse:

1.) Si el rgano jurisdiccional se cuestiona de oficio su competencia en elmomento de la admisin o inadmisin de la demanda, deber or necesariamente a lasdos partes y al Fiscal, a los que debe conceder el plazo de tres das para que aleguenpor escrito.

2.) Si el cuestionamiento de la competencia se produce en el momento dedictar sentencia, ello puede deberse:

1) A que el demandado ha alegado en el juicio la incompetencia, y entonces eltema ha sido debatido por las partes en el mismo juicio oral, caso en el que no creemosque deba darse audiencia al Fiscal.


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2) A que el juzgador se cuestione de oficio su competencia, sin alegacin deldemandado, y entonces ser necesario suspender el plazo para dictar sentencia yconceder a las partes y al Fiscal tres das para alegar por escrito.

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FORMULARIOS

ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDADA

(art. 5.3)

AL JUZGADO DE LO SOCIAL [NUMERO] DE [SEDE]

[NOMBRE], Abogado, con estudio profesional en [ubicacin], en nombre de

[demandado], representacin que acredito con copia de escritura de poder que acompao, conel ruego de su devolucin, testimoniada que lo sea, en el expediente [nmero], promovido por[demandante] sobre [objeto], ante el Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda,DIGO:

Que el da [fecha] ha sido notificado a mi poderdante auto de fecha [da] por el que sele emplaza a fin de que en los tres das siguientes formule alegaciones en relacin con laposible incompetencia del Juzgado para conocer de la demanda formulada de contrario.

Que por medio del presente escrito comparezco en autos, desde la posicin procesal de

demandado, evacuando el trmite otorgado, conforme al artculo 5.3 de la Ley deProcedimiento Laboral, elevo las siguientes:

A L E G A C I O N E S

NICA.[Se razonar sobre la competencia o incompetencia del orden social de la jurisdiccin para el conocimiento y resolucin del litigio, apoyando las argumentaciones en

los correspondientes preceptos legales y jurisprudencia interpretativa de los mismos2].

2 A ttulo de ejemplo: La pretensin de la actora se concreta en la declaracin de improcedencia deldespido, dando por supuesta la existencia de relacin jurdico laboral. Es preciso concluir, por contra, que el orden social de la jurisdiccin no tiene competencia para resolver litigios derivados decontrato de arrendamiento de servicios como el que vincula a las partes. En efecto, el actor pone demanifiesto en su escrito de demanda que el contenido de la prestacin laboral era el transporte demercancas, cometido que realizaba a bordo de un vehculo de su propiedad, [marca], [modelo], con


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Por todo ello, invocando en cuanto sean de menester los 2,1 y 9.5 de la Ley Orgnica6/1985, del Poder Judicial, y 1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral,

SUPLICO AL JUZGADOque, por presentado este escrito con sus copias, se sirvaadmitirlo, tenga por cumplido el trmite de alegaciones y dicte Auto por el que declare su

incompetencia por razn de la materia para el conocimiento y resolucin de la demanda quemotiva estas actuaciones, expresando al tiempo que la competencia corresponde al orden jurisdiccional [civil/contencioso-administrativo] y dentro de l, a [Juzgado o Tribunal].

Lugar, fecha y firma.

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ALEGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE

(art. 5.3)

AL JUZGADO DE LO SOCIAL [NMERO] DE [SEDE]

[NOMBRE], en la representacin que consta acreditada de [demandante] y en losautos [nmero], promovidos contra [demandado], ante el Juzgado, como mejor en Derechoproceda,DIGO:

Que habiendo sido emplazado en fecha [da] para que en los tres das hbiles

siguientes manifestase cuanto al derecho de mi representado interesa en relacin con laposible declaracin de incompetencia, por medio del presente escrito formulo las siguientes:

A L E G A C I O N E S

[matrcula], con un peso mximo autorizado de 38 toneladas, en uso de la autorizacinadministrativa de servicio pblico de que es titular (hecho segundo de la demanda). En el propioescrito consta que el actor se haca cargo del seguro obligatorio y de responsabilidad civil por daosa terceros as como de los distintos tributos que gravan el vehculo (hecho tercero). Por ltimo seindica de contrario que corresponda al actor la fijacin de la ruta a seguir (hecho cuarto).

El Tribunal Supremo, por sentencia de 18/7/1996, dictada en casacin para la unificacin dedoctrina, interpretando el artculo 1.3, apartado g), del Estatuto de los Trabajadores concreta laexclusin de su mbito de aplicacin el contrato de transporte con vehculo propio celebrado contransportista autorizado. La identidad de hechos, fundamentos y pretensiones ha de concluir en ladeclaracin de incompetencia de jurisdiccin.


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NICA. [Se concretarn los pormenores y fundamentos a fin de determinar el

encuadramiento de la pretensin en la genricamente denominada rama social del Derecho3].

Por todo ello,

SUPLICOque, por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por evacuado entiempo y forma el trmite de alegaciones y, previa declaracin de competencia, proceda asealar los actos de conciliacin y juicio, citando a las partes para su celebracin.

Lugar, fecha y firma.

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RECURSO DE REPOSICIN CONTRA AUTO DECLARATIVO DEINCOMPETENCIA

(art. 5.4)

AL JUZGADO DE LO SOCIAL [NMERO] DE [SEDE]

[NOMBRE], en la representacin que consta acreditada de [demandante] y en losautos [nmero], promovidos contra [demandado], ante el Juzgado, como mejor en Derechoproceda,DIGO:

Que el da [fecha] me ha sido notificado Auto de fecha [da], cuya parte dispositiva

declara la incompetencia del orden social de la jurisdiccin para el conocimiento y resolucindel litigio planteado.

3 A ttulo de ejemplo: La competencia genrica o por rdenes es improrrogable y, por tanto,irrenunciable. Determinadas sus reglas por el artculo 9 de la Ley Orgnica del Poder Judicial,corresponde al orden social de la jurisdiccin el conocimiento y resolucin de los litigios que se promuevan en la rama social del Derecho. El objeto de la litis se concreta en la reclamacin de daos y perjuicios ocasionados con ocasin de la ejecucin de la prestacin laboral y, por ello, en modoalguno identificable con las acciones de resarcimiento nacidas de la culpa extracontractual quedefine el artculo

DERECHO PROCESAL LABORAL- ESPAÑA

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