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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN

ALBA-TCP

ASC

ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL

OCTUBRE 2007

Informe realizado por Antulio Rosales. Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela

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Tabla de Contenidos

ACRÓNIMOS Y SIGLAS 3

1. INTRODUCCIÓN 4

2. BREVE DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL 4

2.1. LOS ACUERDOS ALBA: PETROCARIBE, EL TCP Y EL TRATADO ENERGÉTICO 4 2.2. LA V DECLARACIÓN POLÍTICA: LAS PUERTAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7

3. LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DENTRO DEL ALBA 8

3.1 ENCUENTRO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ALBA-TCP 9

4. PERCEPCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL ALBA 10

4.1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUALITATIVO 10 4.2. EL ALBA VISTA DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 11 4.2. LAS MISIONES SOCIALES COMO DINAMIZADORAS DE LA PARTICIPACIÓN 12 4.3. LAS MUJERES EN EL ALBA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 14 4.4. MÁS ALLÁ DEL ALBA: LOS OTROS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN 16 4.5. EL CONSEJO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ALBA 18

5. CONCLUSIONES GENERALES 20

6. FUENTES DE INFORMACIÓN 22

6.1. FUENTES ESCRITAS 22 6.2. ENTREVISTAS REALIZADAS 22

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Acrónimos y siglas

ALBA Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBMA Alternativa Bolivariana para las Mujeres de Nuestra América ALCA Área de Libre Comercio de las Américas ASC Alianza Social Continental CAFTA-DR Acuerdo de Libre Comercio de América Central y República

Dominicana CAN Comunidad Andina de Naciones CARICOM INAMUJER

Comunidad del Caribe Instituto Nacional de la Mujer

FBT Federación Bolivariana de Trabajadores FDIM Federación Democrática Internacional de Mujeres FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional MERCOSUR Mercado Común del Sur MOMUMAS Movimiento de Mujeres Manuelita Sáez PDVSA TCP TLC

Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima Tratado de Comercio de los Pueblos Tratado de Libre Comercio

TELESUR La Nueva Televisora del Sur UNASUR Unión de Naciones Suramericanas

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1. Introducción

El presente es un análisis político-institucional de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) como iniciativa gubernamental de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como sus espacios para la inclusión de la participación ciudadana en la estructuración de este nuevo referente de integración. En este sentido, este trabajo recoge un análisis de los principales acuerdos que forman parte del mecanismo de integración y su evolución desde su origen hasta la actualidad. Además, recoge los primeros intentos de participación ciudadana concebida desde los gobiernos. Para acompañar el análisis institucional y alimentar el trabajo cualitativo, se consultaron cuatro grupos sociales incorporados en el ALBA y a un oficial del gobierno venezolano encargado de relacionar el trabajo de la Cancillería con la participación de los movimientos sociales. De esta manera, se constituyó un análisis sobre la definición propia del ALBA vista desde los movimientos sociales. De allí surge el tema de las Misiones Sociales como posibles dinamizadoras de la participación y sus consecuencias para la perspectiva de género en el proceso integrador. En este caso, surgen interrogantes pertinentes sobre la profundización del ALBA como mecanismo de integración social y sus implicaciones para la democracia participativa como modelo para la Alternativa Bolivariana. Finalmente, se abordan las consideraciones de los actores sobre la estructura de participación del ALBA denominada Consejo de Movimientos Sociales, su evolución y estatus actual.

2. Breve Descripción Institucional

2.1. Los acuerdos ALBA: PETROCARIBE, el TCP y el Tratado Energético

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) surge como respuesta a la propuesta hegemónica de integración económica defendida por Estados Unidos para el hemisferio occidental, el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Después de más de una década de pronunciamientos desde las organizaciones populares, grupos indígenas, mujeres, trabajadores y sectores de la sociedad civil contra la propuesta de libre comercio a lo largo de América Latina, un gobierno nacional incorpora estas banderas en el ámbito multilateral. En el año 2001 en la Cumbre de las Américas de Québec, el Estado venezolano se convierte en el primero en sostener críticas a este modelo de integración. Posteriormente, estas críticas se convierten en una contra-propuesta que se concreta con la firma del Acuerdo para la Aplicación del ALBA, suscrito el 14 de diciembre de 2004 entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Consejo de Estado de la República de Cuba. Con este acuerdo, nace un mecanismo de integración alternativo, sustentado en los principios de complementariedad, solidaridad, defensa de la soberanía y el respecto a la auto-determinación de los pueblos. Si bien el intercambio comercial se mantiene presente en el ALBA, éste pasa a un segundo plano y las políticas sociales se convierten en la prioridad de la integración. En el acuerdo ALBA, las partes “admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida que éste resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio comercial” (Acuerdo para la implementación del ALBA, 2004). Venezuela y Cuba plantean además la necesidad de erradicar el analfabetismo y consolidar una integración que promueva la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población en términos de salud y educación. Es por ello que el acuerdo también contempla la transferencia tecnológica en áreas de interés para las partes así como la capacitación en campos estratégicos como la energía y la salud pública.

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Diversos acuerdos y mecanismos de cooperación se han sumado a la propuesta del ALBA de manera progresiva, en tanto reivindican los principios consagrados en el acuerdo original firmado por Cuba y Venezuela en 2004. En junio del año 2005 se constituyó PETROCARIBE, una compañía intergubernamental integrada por Venezuela y sus socios de CARICOM. Este mecanismo fue diseñado con la intención de coordinar políticas energéticas y proveer a los países del Caribe petróleo venezolano y sus derivados a precio subsidiado y con bajas tasas de interés. De esta manera, los Estados de la región caribeña ahorrarían recursos que tradicionalmente eran invertidos para pagar a las comercializadoras y empresas de transporte trasnacionales. El principal objetivo que persigue este acuerdo es proveer estabilidad al mercado energético a la región con la finalidad de que “los precios no se conviertan en un obstáculo para su desarrollo”. Venezuela se comprometió a financiar desde un 5% el precio del barril cuando éste se ubique por debajo de 15 dólares estadounidenses, un 40% cuando el precio exceda los 40 dólares hasta 50% en caso de que el barril de petróleo ascienda por encima de los 100 dólares (Acuerdo de Cooperación Enegética PETROCARIBE, 2005). Los Estados signatarios acordaron la conformación del Fondo ALBA-Caribe para promover la inversión en políticas sociales activas producto del ahorro proveniente del “comercio directo”. Venezuela aportó a este Fondo 50 millones de dólares estadounidenses al momento de la firma del acuerdo. Gran parte de los acuerdos que se desprenden del ALBA tienen como centro al petróleo como herramienta de negociación geoestratégica por parte de Venezuela. En ese sentido, defensores de este modelo alternativo de integración legitiman esta dinámica en tanto está inscrita en el respeto a la soberanía de otros estados. Valencia sostiene que “el gobierno bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos, negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias de las transnacionales privadas” (2005). En abril de 2006 Bolivia se adhirió al acuerdo para la aplicación del ALBA y propuso la incorporación de un innovador mecanismo que da mayor organicidad, funcionalidad e institucionalidad a los principios defendidos en esta propuesta, como son la complementariedad económica, solidaridad, defensa de la soberanía y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Este acuerdo es el Tratado de Comercio de los Pueblos (TPC) y lo suscribieron los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba. El TCP reduce las barreras comerciales entre los países signatarios pero, a su vez, incentiva las exportaciones del sector productivo estatal y local. La inversión toma un matiz público y estratégico, al tiempo que el Estado motor de las inversiones en tanto éstas pueden “adoptar la forma de empresas públicas, binacionales, mixtas, cooperativas, proyectos de administración conjunta y otras modalidades de asociación que decidan establecer”. Sin embargo, las partes establecen como prioridad “las iniciativas que fortalezcan las capacidades de inclusión social, la industrialización de los recursos, la seguridad alimentaria, en el marco del respeto y la preservación del medio ambiente” (TCP, 2006). Además, este acuerdo contempla la posibilidad de establecer líneas de trabajo en transferencia tecnológica sobre sectores de particular interés, tales como de energía, salud y turismo. Un aspecto fundamental del TCP es su explícita consideración de las asimetrías existentes entre las partes, aspecto usualmente ignorado en otros acuerdos de cooperación e integración. En su artículo 12, el TCP manifiesta que “los gobiernos de Venezuela y Cuba reconocen las especiales necesidades de Bolivia como resultado de la explotación y el saqueo de sus recursos naturales durante siglos de dominio colonial y neocolonial”. De este argumento se desprenden una serie de compromisos tendientes a mejorar las condiciones

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de salud de la población boliviana, a la capacitación de miles de ciudadanos y ciudadanas de ese país así como a la prestación de servicios y satisfacción de algunas demandas bolivianas en el sector energético. En contraposición, Bolivia se comprometió con proporcionar “toda su experiencia en el estudio de los pueblos originarios tanto en la teoría como en la metodología investigativa”, al tiempo que contribuirá con “el intercambio de experiencias para el estudio y recuperación de los conocimientos ancestrales de la medicina natural” (TCP, 2006). Asimismo, el TCP estipula la apertura de exportaciones bolivianas en materia minera, agrícola y agropecuaria que se consideren necesarias para Venezuela y Cuba, entre otros compromisos. Con la firma del TCP, el ALBA comienza a establecer patrones de relacionamiento alternativo al exclusivamente comercial-privado, para consolidar intercambios inducido por los Estados y focalizados en sectores considerados prioritarios para la sociedad. Con la victoria electoral, en enero de 2007, de la alianza encabezada por Daniel Ortega y conformada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otros partidos de centro y derecha, Nicaragua se incorporó al ALBA y al TCP. Por medio de una declaración crítica a los principios del neoliberalismo, que “han generado la exclusión de las mayorías populares de los beneficios del crecimiento económico y han profundizado la desigualdad y la pobreza en la región”, el presidente Ortega asumió los principios consagrados en el ALBA. No obstante, la incorporación de Nicaragua al acuerdo ALBA-TCP representa un reto significativo para el nuevo modelo de integración ya que este país es signatario, igualmente, del Acuerdo de Libre Comercio de América Central y República Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). Como lo expone Judith Valencia el “ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio, con intensiones opuestas y a un mismo tiempo” (Valencia, 2005). El caso nicaragüense pone a prueba esta aseveración, también respaldada por el presidente venezolano Hugo Chávez, sobre la incompatibilidad entre el modelo de integración propuesto por el ALBA y el libre comercio. Cabe preguntar hasta qué punto la adhesión nicaragüense y su mediación entre ambos modelos, podría implicar no sólo la supervivencia de ambos mecanismos sino su propia complementación. Los acuerdos alcanzados en el marco del ALBA tienden a enfocarse en el ámbito energético como motor de la cooperación entre los países. Es por ello que Venezuela parece mantenerse en el foco de este mecanismo de integración. La tendencia a profundizar la integración energética llegó a su cúspide en la última Cumbre de Presidentes del ALBA, realizada en Venezuela en abril de 2007. En ese momento, los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el Vicepresidente de la República de Cuba firmaron el Acuerdo Energético del ALBA que contempla la satisfacción total de la demanda energética de las partes a precio subsidiado, así como “garantizar el balance de la matriz energética actual de cada Parte”. Asimismo, el acuerdo estipula la participación “en bloque” de las partes en la Faja Petrolífera del Orinoco para que estos países tengan “a su disposición las reservas de petróleo” que garanticen el suministro en los próximos 25 años. De igual manera, los Estados parte acordaron la creación de una empresa Gran Nacional de Energía para dar cumplimiento a este acuerdo y que “abarcará las áreas de petróleo, gas, refinación, petroquímica, desarrollo de infraestructura de transporte, de almacenamiento, de distribución, electricidad, energías alternativas y transporte marítimo, de acuerdo a la soberanía y el marco legal vigente en cada país” (Acuerdo Energético del ALBA, 2007).

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2.2. La V Declaración Política: las puertas de la participación ciudadana

Después de varios años en los que el ALBA ha ganado adeptos y obtenido logros en el campo de lo social y energético, su carácter institucional sigue siendo precario. Este mecanismo de integración se sostiene principalmente por la voluntad política de sus defensores, quienes desde las estructuras de poder del Estado han avanzado la propuesta alternativa. En ese sentido, la V Declaración Política, firmada en abril de 2007 sostiene: “El ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición conciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente” (V Declaración Política, 2007). La V Declaración Política incluye el primer organigrama que sistematiza la voluntad de institucionalizar el ALBA (ver gráfico 1). En este caso, los movimientos sociales aparecen por primera vez en la estructura formal del mecanismo de integración. En el organigrama, los movimientos sociales se suman a los poderes ejecutivos de los gobiernos que forman parte del ALBA en la conformación de las comisiones especializadas sobre temas de interés. Un punto fundamental en la dinámica participación-representación en los mecanismos de integración resulta de la interrelación de los movimientos sociales con órganos formales encargados de la toma de decisiones. En el caso de este primer organigrama, no queda claro el hecho de que tanto el consejo de ministros como el consejo presidencial forman parte de la misma estructura política a lo interno de los Estados-parte (poder ejecutivo). A su vez, otros cuerpos deliberativos de representación popular formal están ausentes (gobiernos intermedios, parlamentos nacionales y locales). Gráfico No. 1: Estructura organizativa del ALBA

Si bien es cierto que la participación ciudadana forma parte del discurso propulsor del mecanismo de integración alternativo al libre comercio, el ALBA no ha dado señales claras de cómo canalizará la participación en su dinámica. Con la inclusión del “consejo de movimientos sociales” en este organigrama se hace mención por primera vez de los movimientos sociales en su estructura formal. No obstante, la forma de incidencia que este consejo tendrá, aún está por verse.

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Hasta ahora, la Alternativa Bolivariana ha acumulado un número de acuerdos concretados por los Jefes de Estado. Éstos giran entorno a la provisión de energía fósil proveniente de Venezuela y, en igual medida, a la promoción de políticas sociales. Aunque las políticas de índole social vienen a solventar antiguas deudas con las grandes mayorías de cada una de las sociedades y pueden eventualmente propiciar una comunicación más justa, horizontal y democrática de los colectivos de base, éstas siguen promoviendo una atención social desde el Estado y no estipulan de manera transparente cómo la ciudadanía y los colectivos sociales podrán participar en este mecanismo de integración. En términos de participación popular y ciudadana, el ALBA podría estar modelando un mecanismo de integración sustentada en la organización social avocada casi exclusivamente a la satisfacción de las necesidades de los colectivos. Judith Valencia reflexiona que “los criterios de eficiencia de la forma perdieron la razón ante el experimento social de organizarse partiendo de las necesidades: de saber, de salud, de alimentación” (2005). Las misiones sociales de salud, alimentación y educación vienen a cubrir el espacio de las políticas sociales y son parte fundamental del ALBA. En ese caso, una parte esencial de la investigación sobre el despliegue de la participación en el contexto ALBA-TCP debe estar relacionada con el desarrollo de las misiones sociales impulsadas por la cooperación entre los actores signatarios. Sin embargo, queda por demostrar la capacidad de este mecanismo de integración para asimilar una participación ciudadana amparada en la representación política y el reconocimiento identitario (cultural, sexual, laboral, sectorial, etario, etc) más allá de la satisfacción de las necesidades materiales básicas.

3. La participación de la sociedad civil dentro del ALBA

Como se ha visto, la institucionalidad del ALBA se aleja en buena medida de los mecanismos de integración tradicionales que se basan en la expansión de los mercados. En este sentido, el ALBA representa un mecanismo bastado en la voluntad política de los líderes de las cuatro naciones signatarias para adelantar una integración más social y política. En efecto, a pesar de haber incorporado las críticas de los movimientos organizados de todo el continente, el ALBA emerge como un mecanismo eminentemente Estado-céntrico, como un pacto político entre gobiernos. Los avances más claros en este mecanismo se concentran en la unión energética y la aplicación de políticas sociales innovadoras. En sentido estricto, la participación ciudadana en el ALBA hasta ahora ha quedado supeditada a la ejecución de políticas sociales solidarias entre los Estados, como por ejemplo, las políticas de erradicación del analfabetismo o Misión Robinson. No obstante, al tener las necesidades sociales y la integración política como objetivos centrales, la participación ciudadana aparece como una opción necesaria para la articulación entre pueblos de este proyecto alternativo. Partiendo de esa necesidad, los movimientos sociales han comenzado a ser convocados para formar parte integral del ALBA como mecanismo de integración. La activación de la participación ciudadana en el ALBA comienza desde el punto de vista institucional con la V Cumbre de Presidentes en la que se menciona por primera vez los movimientos sociales como parte de la institucionalidad del mecanismo. Además, se convoca la participación de grupos representativos de la región a participar en un Encuentro paralelo. En este encuentro de movimientos sociales, éstos realizaron una serie de propuestas para agilizar la participación popular en el ALBA. Los movimientos sociales del ALBA que coincidieron en Tintorero parecen estar de acuerdo con la modalidad de incorporar la participación popular por medio de una estructura vinculante, tal y como fue presentada en la V Declaración Política. Sin embargo, los

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movimientos profundizaron sobre otros temas comúnmente ignorados en la agenda de integración como es la equidad de género. En general, los movimientos sociales hicieron un llamado a la incorporación de las organizaciones civiles y gobiernos intermedios en el esfuerzo integracionista.

3.1 Encuentro de los Movimientos Sociales ALBA-TCP

En el marco de la V Cumbre de Presidentes, en abril de 2007, se realizó el primer encuentro de movimientos sociales ALBA-TCP. De esta manera, el organigrama propuesto en la V Declaración Política estuvo acompañado por una primera experiencia que incluyó –formalmente- a los movimientos populares y ciudadanos de América Latina y el Caribe. Los resultados de ese encuentro están consustanciados con los objetivos del modelo de integración planteado en el ALBA, pero además lo enriquecen con nuevas propuestas. Los movimientos sociales exhortan a las estructuras decisorias del ALBA hacer suyo “el análisis y la perspectiva de género que contribuya a una nueva cultura entre los géneros en paridad, sin opresión y sin discriminación de un sexo sobre otro” (Encuentro de Movimientos Sociales, 2007). De igual manera, proponen incorporar a los principios y objetivos planteados la “participación de los pueblos en los asuntos públicos”, y asumir la defensa de la “pluriculturalidad, diversidad, reconocimiento de la cultura afrodescendiente, y el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas, tal como lo establecen los pactos de derechos humanos” (idem). Con respecto a la organización y participación de los movimientos sociales en el marco del ALBA, éstos plantean mantener “la unidad y la diversidad” con el objetivo de transformar el “ALBA en una herramienta inclusiva de amplias mayorías de nuestros pueblos” (2007). La declaración de los movimientos sociales enfatiza la necesidad de crear la “Carta ALBA” que dé sustento y estructura a este modelo de integración, en particular para que “permita la articulación de los entes gubernamentales nacionales con los movimientos sociales, pueblos indígenas, afrodescendientes, gobiernos locales, grupos de mujeres y feministas, ecológicos, culturales, entre otros” (Encuentro de Movimientos Sociales, 2007). El pronunciamiento de los movimientos sociales estipula la articulación de los gobiernos nacionales con los gobiernos locales como intermediaros con los pueblos organizados. Asimismo, se promueve la articulación con los gobiernos locales en los países no-ALBA. Con respecto a otros órganos de representación pública, las organizaciones populares argumentan la necesidad de establecer vínculos entre los parlamentarios y parlamentarias de los países ALBA “con miras a la conformación de un espacio parlamentario ALBA” (Encuentro de Movimientos Sociales, 2007). A efectos de mejorar la eficiencia de los proyectos propuestos en el marco del ALBA, ampliar la participación popular y democratizar las decisiones, los movimientos sociales proponen la creación de una instancia para la “vigilancia y control de los diferentes acuerdos y Proyectos suscritos por los Gobiernos del ALBA, donde se realicen periódicamente encuentros en los cuales los gobiernos del ALBA hagan un balance de los alcances y la implementación del ALBA a los pueblos organizados a través de reportes”. Según esta propuesta, tal instancia es “vital y su organización debe partir desde las bases”, ya que “sólo una profunda participación popular es capaz de garantizar la viabilidad del ALBA” (Encuentro de Movimientos Sociales, 2007). Una lucha comúnmente ignorada en los acuerdos ALBA-TCP es la de la equidad de género. En ese sentido, el comunicado de las organizaciones sociales no sólo defiende la equidad de género como principio rector sino que apoya la creación de una red de mujeres por el

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ALBA “que articule todos los movimientos de mujeres en América Latina y el Caribe, que impulse la lucha por la desconstrucción de las desigualdades de poder entre las personas y promuevan la unidad en la diversidad, a demás de establecer agendas feministas de lucha de incidencia política” (Encuentro de Movimientos Sociales, 2007). Estas propuestas pueden tener un asidero económico sustancial con la construcción de instituciones financieras sólidas amparadas por los principios del ALBA. Los movimientos sociales en su encuentro apoyan la creación de instituciones que “se adapten a las necesidades de financiamiento de los emprendimiento sociales”. Por ello, llaman a la creación dentro de la estructura organizativa del Banco del Sur de áreas de atención a la “economía social”, específicamente orientado a impulsar la Alternativa Bolivariana de las Mujeres de América, “con miras a erradicar la feminización de la pobreza” (Encuentro de Movimientos Sociales, 2007).

4. Percepciones de la Sociedad Civil sobre el ALBA

4.1. Introducción al análisis cualitativo

Partiendo de la experiencia documentada sobre el Encuentro de Movimientos Sociales de ALBA-TCP, es necesario profundizar sobre las percepciones de la ciudadanía, en particular aquellos grupos organizados alrededor de temas con impacto internacional. En este contexto, un punto central que surge del análisis institucional tiene que ver con la ausencia de una Comisión de mujeres en la propuesta presentada por los Presidentes para la institucionalidad del ALBA y, simultáneamente, las constantes menciones, por parte del comunicado emitido por el Encuentro de Movimientos Sociales, sobre la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en el mecanismo. Por lo tanto, en las entrevistas realizadas se aproximan los movimientos de mujeres activos en la integración latinoamericana y caribeña desde una perspectiva de género. Igualmente, en las diversas entrevistas emergen de manera transversal temas como la percepción de los grupos organizados sobre la integración regional en su espectro más amplio (casos MERCOSUR y UNASUR) y, en esos casos, el tratamiento de las asimetrías, así como el asunto financiero de la integración latinoamericana bajo el amparo de propuestas como el Banco del Sur. La perspectiva social como centro del ALBA resalta en el discurso de los movimientos sociales y del propio gobierno venezolano como la mejor fórmula para enfrentar tales asimetrías. El tema de las Misiones Sociales es el centro del enfoque ALBA para el tratamiento de estas asimetrías. En ese caso, las Misiones surgen como programas sociales innovadores apoyados por los movimientos sociales, aunque corren el riesgo de implicar la invisibilización de sus demandas particulares. Las opiniones de los movimientos sociales que se analizan a continuación buscan dar cuenta de las visiones que los grupos organizados tienen sobre la institucionalidad y la participación en el ALBA. De tal forma, se busca consolidar una relación entre las percepciones de los movimientos sociales y como ésta difiere o se asemeja a aquellas que mantienen dentro de la estructura estatal que delinea las políticas de participación desde el Despacho del Vice-canciller para América Latina y el Caribe. En primera instancia se hace un esbozo de los principales argumentos que esgrimen los movimientos sociales sobre el ALBA, sus orígenes y el rol de los movimientos organizados en él. Posteriormente, se analiza el tema de las Misiones Sociales como dinamizadoras de la visión social del mecanismo y, en consecuencia, de la participación ciudadana. En tercer lugar y producto de la denotada participación de las mujeres en los procesos de integración social, se explora la percepción de los movimientos de mujeres sobre el ALBA, sus

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obstáculos y logros, así como sus propuestas para incorporar la perspectiva de género en el mecanismo. De igual forma, se observan las visiones de los movimientos sociales sobre una posible ampliación del mecanismo, partiendo de la interconexión de los pueblos. Y por último, arribamos al análisis sobre la concreción del Consejo de Movimientos Sociales como espacio para la institucionalización de la participación ciudadana en el ALBA.

4.2. El ALBA vista desde los Movimientos Sociales

Las llamadas Misiones Sociales se convirtieron en las primeras políticas internalizadas por los colectivos luego de ser asumidas como compromisos de Estado: “hasta ahora, el ALBA viene llegando en forma de las misiones y asistencia social, no en forma de participación, todo queda dirigido desde las Embajadas o los ministerios. El pueblo en sí, organizado, no participa. Eso ha evidenciado el presidente, y nos llama para que hagamos un esfuerzo en eso” (Saúl Yánez). La posición de los líderes de movimientos sociales sobre el ALBA recoge aspectos de optimismo y expectativa hacia la participación. En ese sentido, Fabián Paredes de Puente Sur, movimiento juvenil venezolano, plantea: “para nosotros, justamente eso es el ALBA, es un renacer de lo pueblos de América y un encuentro entre los pueblos”, en el cual, la participación de los movimientos sociales de base es esencial. Asimismo, el planteamiento de Paredes recoge los principios rectores del ALBA como guía para los la unión de los países del Sur, tal y como lo plantea el presidente venezolano Hugo Chávez: “la unión de los países del Sur con una perspectiva de solidaridad, complementariedad, ayuda mutua”. Igualmente, una lideresa del movimiento de mujeres Clara Zetkins, y vicepresidenta del Directorio Ejecutivo del Instituto Nacional de la Mujer (parte de FDIM), Claudia Herrera, plantea que el ALBA es una excelente oportunidad para construir un nuevo referente de integración. Herrera sostiene que el ALBA “representa un mecanismo novedosísimo, donde la solidaridad y la complementariedad está en el centro”. Además, “es un hecho inédito acercarse al otro con una visión alejada de la tradicional comercial y competitiva. Por eso el ALBA nos da una oportunidad de oro para construir un nuevo referente en el relacionamiento internacional y entre los pueblos”. Por su parte, Jacobo Torres, dirigente sindical de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT) y miembro de la Alianza Social Continental (ASC), define al ALBA como un modelo alternativo de integración. En ese caso, Torres responde a la dicotomía ALBA-ALCA argumentando:

Para nosotros, el ALBA no es una alternativa a los tratados de libre comercio, no es una alternativa al ALCA, sino que es un modelo propio de integración y si no lo entendemos así, en definitiva vamos a terminar reproduciendo el debate en el que nos ha querido meter el imperio.

El trabajo de Torres, y la FBT, se vincula con el ALBA desde su participación en la ASC y explica la amplitud y heterogeneidad de los movimientos sociales con respecto al mecanismo de integración y su relación con la propuesta gubernamental. En ese caso, expone la complejidad de la realidad histórica en la relación de los movimientos sociales con el Estado. En primera instancia, éstos surgen como refugio de los sectores revolucionarios ante la caída de las referencias del socialismo realmente existente en la década “gris” del noventa y ante la disminución del rol del Estado en el período neoliberal. El “antrincheramiento” de los sectores revolucionarios en los movimientos sociales implica una relación incómoda con el Estado caracterizado por la defensa de los espacios conquistados y la lucha por reivindicaciones sociales.

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De esa manera, Torres explica los “desencuentros” entre los movimientos sociales y la agenda gubernamental de integración. Pero “una cosa que finalmente logró superar la ASC y otros movimientos sociales es el recelo que se le tenía a la propuesta”. En ese sentido, el ALBA “como propuesta de gobierno, ha tenido bastante resistencia por parte de los movimientos sociales. Sin embargo, ese proceso se ha venido rompiendo, en la medida en que desde la propia propuesta del gobierno revolucionario venezolano ha venido atacado espacios y estructuras, que precisamente han combatido redes y movimientos como la Alianza Social Continental” (2007). En ese encuentro de objetivos de la propuesta gubernamental y los movimientos populares del ALBA, éstos se han empeñado en “dotarla de carne, de sangre, de contenido, porque hasta ahora el ALBA se ha enfocado fundamentalmente en la activación de las Misiones Sociales” (Torres, 2007). Ese análisis histórico de la evolución de los movimientos sociales en las últimas décadas, les permite concluir que ya pasó la etapa de defensa y “atrincheramiento”, que desde el Foro de Sao Paulo y el Foro Social Mundial, estamos en una ofensiva de los movimientos sociales. Según Torres, ese reconocimiento, le ha permitido a diversas redes de movimientos y organizaciones populares “hablar con propiedad de gobiernos amigos”. Es decir, por primera vez se construye un debate no antagónico que facilita la concreción de agendas comunes: “la primera lección que dio la Alianza, fue reconocerse en ese escenario y hacer una reunión del Foro de Sao Paulo con representantes de gobiernos por lo menos de Bolivia y Venezuela, hubo un buen debate, pero no un debate antagónico, muy al contrario, buscando puntos en común que nos permitiera concluir cosas”. De tal manera que el ALBA fue considerada, de entrada, como un mecanismo de gobiernos, amparado y sustanciado por la voluntad política de los líderes políticos de cada país. De ahí surge la necesidad de ampliar la capacidad de impacto y creación de este proyecto, con la inclusión de grupos organizados representativos de la realidad social de los países en cuestión. En ese contexto, algunos líderes de los movimientos consultados consideran que el presidente Hugo Chávez es el principal responsable de la apertura del ALBA hacia los movimientos organizados. Esta apertura es vista como un objetivo estratégico para los sectores sociales así como para los ejecutores de las políticas de Estado. Saúl Yánez, coordinador de las relaciones entre el despacho del vice-ministro para América Latina y el Caribe con los Movimientos Sociales, lo plantea así: “la idea es que estos sectores sociales organizados sean los referentes para relacionarse con los otros movimientos organizados”. Nuevamente, la idea surge del propio Jefe de Estado para la unidad de las voluntades gubernamentales con las acciones del pueblo organizado “esa es una intención del presidente Chávez. Que se una la voluntad política con la acción de los pueblos”. Asimismo, para Jacobo Torres, la participación social en el ALBA “es idea del presidente Chávez”. Pero, ¿en qué consiste la apertura de hacia los movimientos sociales y cómo funcionará? ¿De qué manera la institucionalidad del ALBA está preparada para incorporar la participación ciudadana de manera integral en sus mecanismos de acción y toma de decisiones? Esas preguntas serán abordadas en las siguientes secciones partiendo del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a movimientos sociales y gobierno, así como utilizando algunos datos cuantitativos disponibles sobre las políticas de cooperación del ALBA.

4.2. Las Misiones Sociales como dinamizadoras de la participación

Las y los entrevistados coinciden en ver a las Misiones Sociales como el principal mecanismo social de la política de integración que han internalizado los pueblos. De hecho,

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estos programas sociales pueden ser considerados como los dinamizadores de la participación ciudadana formal en el ALBA. Las Misiones Sociales como se han implementado en Venezuela bajo la colaboración del gobierno cubano, el cual ha formado parte medular de la estructuración del ALBA como mecanismo de integración con una visión social. La participación de los pueblos organizados en la solución de los problemas sociales de la población se ha convertido en un asunto de interés para los gobiernos y movimientos de base. Hasta ahora, el modelo de las Misiones en Venezuela ha sido conducido por el Estado como propulsor y financista de lo programas y los movimientos organizados en las comunidades como los órganos ejecutores, veedores y contralores de la política. Sin embargo, esta situación no ha sido igual en los proyectos internacionales de las Misiones. Yánez plantea la necesidad de construir ese vínculo Misiones-Movimientos como un mecanismo para facilitar el desarrollo de los programas sociales tal y como se ha venido desarrollando en Venezuela:

Ese trabajo es importante, por ejemplo, el caso de la Misión Milagro, en Nicaragua digamos. El trabajo lo llevarían los movimientos de campesinos, de mujeres, que hacen una especie de trabajo de campo que ubican y captan los posibles beneficiaros de las políticas de salud más allá del embajador o embajadora. Entonces hay una relación más directa, los movimientos instrumentalizarían las políticas y les harían seguimiento, podrían explicar sobre las situaciones que enfrentan las comunidades otras necesidades, colaterales, que vayan surgiendo.

En ese sentido, el caso de la Misión Milagro resulta una referencia constante al tema de la participación social en los programas gubernamentales. Desde que el acuerdo del ALBA fue suscrito, la Misión Milagro funciona como un mecanismo de cooperación internacional ejecutado por los gobiernos de Venezuela y Cuba no sólo en los países signatarios del ALBA sino en otros de América Latina y el Caribe. Las cifras indican que esta Misión ha atendido a un total de 41.256 pacientes en la región donde se incluyen ciudadanos y ciudadanas de diversos países.

Cuadro No. 1: Procedencia de las personas atendidas por la Misión Milagro (A finales de 2006)

País Personas

atendidas Venezuela 36.079 Ecuador 1.770 El Salvador 1.008 Colombia 947 Chile 214 Nicaragua 358 Paraguay 156 Brasil 110 Guatemala 284 Perú 118 Costa Rica 69 República Dominicana

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Argentina 23 Uruguay 3

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Bolivia 1 Total 41.256

Fuente: elaboración propia a partir de la página http://www.mci.gob.ve/reportajes/2/10998/mision_milagrobrinda_saludisual.html

El proceso de “internacionalización” de las Misiones incluye la Misión Robinson, programa que busca erradicar el analfabetismo. Un grupo de 18 facilitadores y facilitadoras venezolanas ya fueron enviados a Bolivia con la intención de alfabetizar a 700 mil personas. Este proceso se está llevando a cabo en conjunto con el gobierno cubano. Por su parte, el gobierno venezolano, en el marco del acuerdo ALBA ha provisto la plataforma tecnológica de la Misión Identidad para que el Estado boliviano tenga la capacidad de otorgar documentos de identidad con los cuales muchos ciudadanos y ciudadanas de ese país no cuentan. El ejemplo venezolano de las Misiones ejecutadas y coordinadas con los movimientos populares al frente es un objetivo planteado también por los líderes de las organizaciones de base. Torres utiliza el caso venezolano como posible “espejo” para solventar los problemas sociales más importantes de la región: “Venezuela tiene un espejo de misiones que han sido exitosas y que no dependen de la dinámica de cada país, pero puede permitir resolver problemas ingentes de las sociedades que se quieren transformar”. Mas sin embargo, para Torres, la idea no es copiar el modelo, sino utilizar “el método con el que se trabaja el tema de la deuda social” para que tenga “una expresión común a toda América”. Nuevamente, los movimientos sociales funcionarían como veedores y contralores, vistos como conocedores de las realidades locales y más eficientes que las estructuras del Estado “no es lo mismo que la Embajada de Venezuela en el Salvador maneje la misión milagro, a que los movimientos organizados en El Salvador lo manejen”.

4.3. Las mujeres en el ALBA y la perspectiva de género

…para construir un mecanismo verdaderamente distinto, y que rompiera con las relaciones de explotación capitalista, éste debía incorporar la perspectiva de género, porque es precisamente el capitalismo el que carga sobre los hombros de las mujeres la reproducción y la producción de extracción del capital de manera desigual. Entonces, si queremos construir un referente alternativo, éste debe incorporar a las mujeres.

Claudia Herrera Las Misiones Sociales no sólo han implicado avances sustanciales en la política social en general para la realidad venezolana, sino que ha beneficiado de manera particular a las mujeres en tanto receptoras como activas participantes en la ejecución de la política. En ese caso, Luzbelia Marín de la Fundación del Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz (MOMOMAS), habla de la exclusión social de las mujeres y el efecto de las misiones en ellas: “una de las mayores graficaciones que tenemos es que por ejemplo, el 70% de las personas alfabetizadas por la Misión Robinson es mujeres. ¿qué quiere decir eso? Que eran las más excluidas”. La perspectiva de género no forma parte de la estructuración original de las misiones “no es que tenía ese componente de alfabetizar mujeres, no tenía enfoque de género de entrada, pero como las mujeres eran las más excluidas, las benefició más a ellas”. El fenómeno de la feminización de las políticas sociales es un elemento esencial para Claudia Herrera, miembra del movimiento Clara Zetkins, quién alertó sobre el riesgo de replicar la triple jornada de las mujeres con el trabajo comunitario no remunerado que han implicado las Misiones Sociales. Si bien estos programas gubernamentales han acercado la

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atención primaria en términos de salud y educación a las localidades, y en ese sentido se han beneficiado las mujeres, puesto que tienden a ser las más excluidas, también es una realidad que en ellas ha recaído un mayor peso en las labores de cuidado y reproducción. Herrera sostiene que “es una realidad que la mujer no sólo debe atender las demandas de trabajo doméstico y productivo sino que también ha mantenido y sostenido las misiones sociales y la participación en las comunidades, entonces nos hemos encargado, de alguna manera de replicar la triple jornada”. Esta realidad complejiza el tema de las Misiones como modelo de participación ciudadana para la integración social que plantea el ALBA ya que “las mujeres forman parte en su mayoría, participan (de la organización social), pero no están entrando a los espacios de toma de decisiones. Ahí todavía los hombres son la mayoría”. Y en ese caso, “las mujeres están activando la democracia participativa en Venezuela, se han adueñado de la política social y de la integración social. Pero hay mucho que trabajar para que esa participación popular y democrática también tenga efectos positivos en las demandas de los movimientos de mujeres en la región”. Por su parte, el Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz (MOMUMAS) defiende su incorporación al ALBA dentro del marco de facilitación para el logro de las misiones. No obstante, han planteado la necesidad de construir una Alternativa de Bolivariana Mujeres para América (ALBMA) puesto que “las mujeres son las que sostienen las misiones, las políticas sociales, sujetamos el trabajo social. Pero qué pasa, las demandas de las mujeres como tal, pareciera como si se quisieran dejar ocultas bajo el manto de las políticas generales. No es la voz expresa de la mujer en general. El alma viene siendo esa lucha: canalizar organizativamente las luchas de las mujeres” (Bertha Vásquez). Al analizar el tratamiento de las políticas sociales por parte del Estado, la perspectiva de género está ausente, aunque finalmente tenga mayor impacto en las mujeres mediante la doble figura de beneficiarias y dinamizadoras de las políticas. En ese caso, una vez estructurado el primer boceto de organigrama para la institucionalidad del ALBA, resalta, pero no sorprende, la ausencia de una Comisión que atienda la agenda de las mujeres. Claudia Herrera plantea que “cuando nosotras asistíamos a reuniones en la Cancillería muchas veces no nos entendían porqué llevar a las mujeres de base organizadas a los mecanismos de integración… es una lucha complicada que cuesta mucho”. Sobre la institucionalidad del ALBA y la participación ciudadana, las demandas propias del movimiento de mujeres produjo algunos cambios entre los que se incluye el tratamiento de la agenda de mujeres. Según Luzbelia Marín “gracias a nuestras demandas, la institucionalidad del ALBA ahora es muy distinta”. El movimiento de MOMUMAS comenzó un trabajo de interconexión con distintas organizaciones sociales en Bolivia y Cuba que prosiguió en Nicaragua. Allí se acercaron al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al movimiento de mujeres Amanda Espinoza. De acuerdo con la información provista, el contacto con Rosario Murillo, “primera dama” del país, contribuyó a la inclusión posterior de los movimientos de mujeres en la agenda social del ALBA:

producto de su influencia a nivel gubernamental, en una de las reuniones de ministros llevadas a cabo después de Tintorero, el Canciller de Nicaragua propuso que se incorporara la Comisión de mujer. Pero no hubo consenso entre los Cancilleres que estaban allí en ese momento. Sin embargo, en las conclusiones de ese día, se incorporó la comisión de mujer. Eso fue en la primera reunión del Consejo de Ministros, donde estaba presente el presidente Chávez.

En un contexto de frágil institucionalidad, el MOMUMA ha logrado insertar en la agenda organizativa del ALBA el tema de las mujeres y han comenzado a proponer una Alternativa Bolivariana de las Mujeres de América (ALBMA). Este proyecto tiene como objetivos

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esenciales “la reducción de la feminización de la pobreza. Que nos podamos incorporar al trabajo productivo”. El ALBMA prevé la incorporación de las mujeres al aparato producto mediante el financiamiento de proyectos de emprendimientos social vía Banco del Sur o Banco del ALBA, así como el reconocimiento del trabajo reproductivo no remunerado. Los movimientos de mujeres esperan que la institucionalidad del ALBA incorpore la agenda feminista en sus mecanismos de participación al tiempo que se transversalice la perspectiva de género en los procesos de toma de decisiones. Tanto las lideresas de MOMUMAS como Claudia Herrera de Clara Zetkins argumentan que la trasnversalidad de la perspectiva de género no debe servir de excusa para excluir un espacio específico para atender las demandas que emanan de las mujeres. Sobre la institucionalización de la participación ciudadana o la libre asociación de los movimientos populares al proceso de integración, Herrera sostiene que:

…ya viendo la institucionalidad y el movimiento de mujeres es importante tanto transversalizar la perspectiva de género como además incorporar espacios exclusivos para el avance de los derechos de las mujeres y que, de esta manera, se pueda luchar contra la exclusión, no sólo en las políticas de atención sino en la participación política (…) Aquí es importante llegar a un sano punto medio entre la burocracia y la participación autónoma y abierta de los movimientos sociales. La participación debe estar incorporada en todos los mecanismos de negociación internacional, nosotras pensamos que en la Cancillería, en PDVSA y en todos los organismos donde se ejecuta la política exterior se deben mantener las puertas abiertas a la participación.

En este sentido, un punto importante que deberá dilucidar el trabajo del Consejo de Movimientos Sociales es la relación de éstos, y sus intereses particulares como grupos organizados, frente a la agenda social concebida directamente desde el Estado. Si bien las políticas sociales planteadas desde las Misiones parecen ser un punto de convergencia sobre el tratamiento de las más fundamentales necesidades de las sociedades latinoamericanas, las demandas particulares de mujeres, campesinos, indígenas, trabajadores y trabajadoras seguramente entrarán en la agenda del ALBA en tanto incorpora la participación ciudadana desde la base.

4.4. Más allá del ALBA: los otros mecanismos de integración

Una visión convergente de los movimientos sociales consultados sobre el accionar de la instancia social en el ALBA era la necesidad de construir sólidos vínculos y redes sociales con los grupos organizados de otros países más allá de aquellos signatarios del acuerdo de integración. La construcción de una red de movimientos de América tendría como objetivo luchar contra el neoliberalismo y profundizar los lazos entre los pueblos. Todo ello amparado bajo los acuerdos del ALBA. Luzbelia Marín, presidenta de la Fundación MOMUMAS, lo explica de la siguiente forma:

… implica que nosotros, por ejemplo, como movimientos sociales podemos establecer relaciones con otros movimientos sociales de países con gobiernos que no son progresistas y que no son signatarios del ALBA. Pero como movimiento social, tenemos un espacio, una instancia que nos permite establecer esas relaciones (…) Eso no se puede hacer desde la institución formal del gobierno, es decir, tú no puedes como gobierno ir a invertir en Perú porque te van a decir que estás ejerciendo injerencia, pero claro, como

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movimiento social, si lo puedes hacer. Eso a mí me parece desde el punto de vista político al igual que económico es extraordinario, y desde el punto de vista estratégico para lo que es la construcción de un nuevo referente social, económico y político en el continente me parece acertadísimo.

La participación ciudadana fuera de los países signatarios del ALBA es un punto en común que incluso está siendo previsto por la Cancillería venezolana. En ese sentido, la coordinación de la relación de los Movimientos Sociales con la vice-cancillería para América Latina y el Caribe está avanzando un proceso de recolección de datos para construir en lo sucesivo una red de movimientos sociales latinoamericana. Se piensa que esta red debería vincularse con las estructuras de participación popular de base que se vayan consolidando desde el ALBA. En todo caso, los movimientos consultados manifestaron su disposición a construir las bases de una comunicación continua con otros grupos organizados de países fuera del acuerdo así como involucrarse en la transformación/construcción de los otros mecanismos de integración de la región. De acuerdo con Jacobo Torres, los movimientos se deben relacionar “en paralelo con lo que se viene desarrollando en CAN, MERCOSUR, UNASUR, con lo grave que ahí no tienes casi expresiones sociales, excepto por la sindical de MERCOSUR”. Asimismo, esperan aproximarse y formar parte en la construcción de espacios de los movimientos sociales en esos mecanismos ya que “no necesariamente el Consejo de Movimientos Sociales está sujeto a la agendas presidenciales, o gubernamentales”. Por ello, los movimientos consultados mantienen abierta su intención de incorporarse a los espacios sociales de MERCORSUR y de UNASUR, particularmente defendiendo los argumentos esbozados desde Venezuela como guías para la integración latinoamericana y caribeña. De acuerdo con Fabián Paredes, quien a pesar de haber participado en la Cumbre Social del MERCOSUR, considera que ese mecanismo es eminentemente comercial. Por lo tanto, según Paredes, las asimetrías son utilizadas como “una excusa de los Estados para no integrar a los pueblos”. No obstante, varios consultados consideran que el ALBA incorpora una dimensión social y política que da cuenta de las asimetrías más importantes, aquellas que aquejan a los pueblos. Los grupos de mujeres, trabajadores y jóvenes entrevistados coinciden en la defensa de los espacios ganados dentro de los mecanismos de integración en Suramérica y el Cono Sur. Jacobo Torres, de la FBT, pide la inclusión de los movimientos sociales del ALBA en agendas de trabajo ya concretadas por los gobiernos. En primera instancia, Torres reconoce la existencia de oficiales de gobierno que mantienen un “esquema medio neoliberal en la construcción de la integración” y en ese sentido están consustanciados con el sistema de infraestructura, excepto por el gobierno boliviano, que se plantea para la integración suramericana. Es por ello que plantea la necesidad de “revisar las propuestas ya realizadas, el tema del oleoducto, la red de carreteras, porque como concepto es correcto, pero eso involucra al medio ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras”. Esa discusión debe darse para ampliar los niveles de negociación y para que “se puedan ver los pueblos retratados”. Otra institución mencionada reiteradamente es el Banco del Sur como un espacio de participación popular que permita financiar proyectos como el del ALBMA. Además de la visión financiera del financiamiento a la nueva integración del Sur, direccionada por los gobiernos, este banco debe convertirse en el Banco Solidario del Sur. Según Torres, “que no sólo ampare grandes proyectos gubernamentales sino que pueda ir hasta la microeconomía, hasta los sin tierra del Brasil, para que doten al resto del país del productos agrícolas, agropecuarios”. De esta forma, la visión financiera de la integración trasciende el

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nivel de la infraestructura y profundiza en la integración de los pueblos vía movimientos sociales productivos.

4.5. El Consejo de Movimientos Sociales del ALBA

Hasta ahora, el principal mecanismo de participación ciudadana del ALBA está organizado alrededor de lo que será el Consejo de Movimientos Sociales. Esta estructura surgió en la Cumbre presidencial de Tintorero y fue criticada tanto por los movimientos como por los gobiernos. Los consultados de los grupos sociales así como del gobierno venezolano coinciden en que la principal falla del encuentro de movimientos sociales del ALBA en Tintorero tuvo que ver con la convocatoria. De esta forma, surgió una estructura de Consejo sustentada en una visión de gobierno sobre los principales temas que se deberán abordar bajo el nombre de Comisiones. Posteriormente, en reuniones ministeriales, la estructura organizativa del ALBA sufrió algunos cambios que todavía no están documentados de manera oficial. En lo que tiene que ver con la participación ciudadana, Saúl Yánez opina que en esa estructura acordada en Tintorero “los movimientos sociales no se sentían representados, puesto que parecía que era una estructura más bien de ministerio, no de movimientos sociales”. De acuerdo con Yánez, “ahora se le dio el carácter de pueblo y gobierno. Tiene una nueva caracterización sobre grandes temas y se espera que se publique en los próximos días”. Jacobo Torres fue más enfático y argumentó que la idea de participación del presidente Chávez “la abortaron los burócratas-gobiernos en Tintorero, de ahí no podía salir absolutamente nada porque ni siquiera sabíamos de lo que estábamos hablando”. Asimismo, considera que “apenas ahora se está haciendo un diseño de la participación. A mi juicio el gobierno no tenía ni idea de cómo abordarlo”. En cuanto a los objetivos de la participación, los movimientos consideran que “se trata de construir una referencia de integración, el gobierno tiene que entenderlo. Yo no le puedo imponer al presidente su política exterior, pero él tampoco me puede imponer su ritmo de trabajo”. Sin embargo, Yánez considera que el trabajo central de los movimientos es “insertarse” en los proyectos grannacionales planteados por los gobiernos. Ese diálogo entre los sectores se está generando desde ahora y la estructuración del Consejo está en proceso. Según Yánez “es un gran esfuerzo, porque este trabajo antes lo hacían los partidos políticos y eran los secretarios de relaciones internacionales, ahora el Estado está asumiendo el papel de articulador entre los entes de gobierno que tienen que materializar un proyecto grannacional con los movimientos populares, sin meter la mano en los movimientos”. La forma de funcionamiento interno del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA es un tema aún sin definiciones concretas. Sin embargo, ya existen esbozos de la estructura que tendrá este organismo y, según los actores involucrados, ha sufrido algunos cambios desde que fue presentado en Tintorero. Yánez explica que, en primer término, la Comisión Política “pasará a tener un rol de monitoreo y relación directa con los movimientos sociales… pasa a un plano de mayor actividad”. Por su parte, las comisiones propuestas en el organigrama de Tintorero desaparecerían y se concentrarían en grandes temas ampliados. De acuerdo con Jacobo Torres, los temas centrales deberían ser: la integración política, los derechos sociales y económicos y las agendas centrales de las redes de movimientos sociales. Así, plantea Yánez, la caracterización por grandes temas es más representativa de los movimientos sociales, quienes no se sentían representados en la estructura anterior de las comisiones. Ahora bien, se mantiene la discusión sobre la forma que tomará la representatividad de los movimientos sociales en el Consejo. El trabajo del Vice-ministerio para América Latina y el

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Caribe apunta hacia una vocería de los grupos sociales representados. Todavía se desconoce cuáles serán esos grupos sociales, pero la orientación de la vice-cancillería indica “una vocería rotativa y paritaria”. Asimismo, Jacobo Torres, representante de la FBT propone la conformación de grupos sociales afines con las y los trabajadores, mujeres, campesinos, indígenas y jóvenes. No obstante, Saúl Yánez plantea la formación de vocerías por parte de grupos más diversos aun que incluyen, por ejemplo, asociaciones religiosas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos. En cuanto a la representatividad, expone la necesidad de formarse en un solo frente “muchos sectores populares están organizados pero en parcelas, por ejemplo, el Frente de trabajadores de la salud, los de la energía, los de la ferrominera, de la construcción, entonces, en un proceso revolucionario todos los frentes deben formar un solo frente y que exista una vocería”.

En la estructura organizativa del Consejo de Movimientos Sociales los grupos asociados entorno al movimiento de mujeres, campesino, indígena, obrero y juvenil tienen la potestad de escoger un vocero o vocera que les represente ante el Consejo y la Comisión Política del ALBA. No obstante, en las reuniones realizadas en Caracas a comienzos del mes de octubre de 2007, se escogieron vocerías para más de cinco sectores sociales que estarán representados en el Consejo de Movimientos Sociales. Aunque hasta la fecha no todos los sectores tienen vocerías escogidas, los siguientes son los sectores que se espera estén representados por el capítulo Venezuela. Ya entre el 21 y 22 de octubre de 2007, las y los voceros escogidos tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias con sus homólogos de Bolivia, Nicaragua y Cuba, quienes asistirán a una reunión de trabajo en Caracas. Gráfico No. 2: Organigrama del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA

Consejo de Movimientos Sociales

del ALBA-TCP Movimiento Campesino

Movimiento Indígena

Movimiento de Trabajadores

Movimiento de Jóvenes Movimiento de

Mujeres

Organizaciones barriales y territoriales

Movimiento de Estudiantes

Energía Organizaciones de Educación

Derechos Humanos

Movimiento Ecologista

Movimiento de Afrodescendientes

Movimiento de Ecuménicos

Movimientos de Solidaridad

Organizaciones de Salud

Cultura

Medios Alternativos

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5. Conclusiones Generales

Indudablemente, el ALBA constituye una oportunidad histórica invaluable hacia la construcción de un nuevo referente de integración e incluso de desarrollo en América Latina y el Caribe. En ese contexto, la institucionalidad del ALBA es un aspecto de considerable fragilidad, producto de su joven origen y propósitos iniciales. Por un lado, el ALBA está fundamentada en una crítica ostensible a los mecanismos tradicionales de integración económica y comercial, crítica por demás sustentada desde y por los movimientos sociales de América Latina. Por otro lado, el ALBA se erige de los propios métodos de relacionamiento internacional basado en la firma de convenios gubernamentales legitimados desde las Jefaturas de Estado exclusivamente. Es por tanto, que el ALBA comienza como un pacto de gobiernos que busca la complementariedad económica y la solución de los problemas sociales de los pueblos. En la medida en que esos objetivos van tomando forma y se traducen en acuerdos para los pueblos, amparados en políticas sociales activas (las denominadas “Misiones”) y en tanto las críticas populares a los modelos tradicionales de integración y formulación de la política exterior son visibles, la participación popular se vuelve perentoria. La unidad de los pueblos y la participación ciudadana bajo principios innovadores que guían la cooperación y la integración es el aditivo fundamental de esa construcción de un nuevo paradigma. Esta visión trasciende a la simple perspectiva de ALBA como alternativa del libre comercio y plantea la construcción y consolidación de “referentes propios”. Y en esa misma dimensión, el ALBA reviste no pocos retos y contradicciones que deberá ir enfrentando con su propia práctica. Al mismo tiempo, esos retos tienen consideraciones teóricas fundamentales. En ese sentido, la democracia participativa como forma de relacionamiento Estado-movimientos organizados lleva implícita una serie de cuestionamientos importantes. El tema de la instrumentalización-participación-representación de los movimientos sociales en un mecanismo de integración conducido por el Estado es crucial. Hasta ahora, la relación de los movimientos sociales vinculados con el ALBA y el Estado es positiva. De hecho, existe un compromiso expreso por parte de las organizaciones populares con las políticas sociales promovidas desde el gobierno, al menos en el caso venezolano. Pero además, de acuerdo a las consultas realizadas con las asociaciones de base, existen demandas y propuestas aparte de las políticas sociales que los movimientos sociales esperan ver concretadas en el proceso de integración. Entre ellas se encuentran la participación e interrelación con otros espacios participativos de los mecanismos de integración latinoamericano y caribeño, su deseo de hacer propuestas a los otros acuerdos e incluso a los proyectos financieros como el Banco del Sur y su exigencia a dar espacios para transversalizar una visión de género que lejos de obscurecer, visualice la realidad de las mujeres de la región. En ese sentido, el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, como organismo de la propia institucionalidad del ALBA representa una oportunidad para hacer vinculantes los argumentos esgrimidos desde la base. Esa modalidad parece ser aceptada y compartida por los movimientos sociales, quienes asumen la participación dentro de las estructuras planteadas por los gobiernos. Los movimientos sociales, hasta el momento no se oponen abiertamente a la llamada “instrumentalización” de las políticas sociales y proyectos Grannacionales del ALBA aunque esperan ir más allá en sus objetivos particulares dentro de la estructura planteada. Es por ello que si bien la institucionalización de la participación representa una oportunidad extraordinaria para impactar la toma de decisiones también puede implicar una limitante para los movimientos sociales tomar parte en otras iniciativas y defender propuestas más allá del propio ALBA.

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Con respecto a las demandas sectoriales resalta el movimiento de mujeres, quienes han sido esenciales en la puesta en práctica de las políticas sociales centrales que han sido acordadas en el ALBA como son las Misiones. A pesar de defenderlas y consolidarlas, exigen que esas “políticas generales” no obscurezcan sus propias demandas en términos de representación política, ampliación de derechos económicos y sociales así como el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Como lo planteó Claudia Herrera, del Movimiento Clara Zetkins, el reto de transformación de la integración pasa por la incorporación de las mujeres y sus demandas. No lograr este objetivo, según los movimientos consultados hace correr el riesgo de replicar las relaciones de explotación que reinan en el sistema capitalista y tienen en su centro la explotación del trabajo doméstico no remunerado de las mujeres. El tema de la representatividad y la participación siguen siendo puntos que deberán ser explorados en futuros trabajos. Esto se debe a las constantes menciones al deseo de representación en un mecanismo participativo que no replique las estructuras parlamentarias o gubernamentales de los otros procesos. Las representaciones regionales y nacionales de los movimientos y la aspiración de las estructuras de gobierno, al menos venezolana, de consolidar “un solo frente” por cada sector social puede implicar grietas en la participación y posibles escisiones dentro de los movimientos en una etapa temprana de consolidación del mecanismo de integración. Además, el propio Consejo deberá reglamentar su funcionamiento para mantener la flexibilidad y representatividad constante de los movimientos de base de tal manera que los riesgos de constreñir la participación vía institucionalidad se reduzcan. Finalmente, dilucidar la fórmula de trabajo entre la representatividad y la participación activa parece ser el centro del futuro debate para el mecanismo de integración alternativo al neoliberal. El optimismo de las organizaciones populares y los propios gobiernos nacionales sobre el ALBA como mecanismo de integración entre pueblos es un punto de significativo valor. Con el Consejo de Movimientos Sociales, el ALBA comienza a dar cauce a las voces de las bases en el proyecto que hasta ahora se había inspirado en las acciones de los movimientos organizados pero que se mantenía funcionando en base a los acuerdos gubernamentales. Los movimientos sociales vienen en todo caso a darle carne, sangre y alma a esta propuesta de “alborada”, del diálogo constante y la vinculación de las bases con los gobiernos surgirán los nuevos referentes que en términos de integración y democracia este proyecto aspira a consolidar.

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6. Fuentes de información

6.1. Fuentes escritas

ACUERDO entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Consejo

de Estado de Cuba para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (2004). Acceso el 01-05-2007, Disponible en: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=514

ACUERDO la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para Nuestra América y el

Tratado de Comercio de los Pueblos (2006). Acceso el 01-05-2007, Disponible en:http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=516

ACUERDO de Cooperación Energética PETROCARIBE (2005). Acceso el 01-05- 2007, Disponible en: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=show page&pid=232 ACUERDO Energético del ALBA (2007). Acceso el 05-05-2007, Disponible en:

http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2007/cumbre%20Alba/DocumentoALBA-05.htm DECLARACIÓN Política, V Cumbre ALBA-TCP (2007). Acceso el 05-05-2007, Disponible en:http://www.mre.gob.ve/Noticias/A2007/cumbre%20Alba/Declaracion- 5taALBA.htm ENCUENTRO de los Movimientos Sociales en el Marco de la V Cumbre ALBA-TCP

(2007). Acceso el 07-05-2007, Disponible en: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1808

MINCI. Misión Milagro brinda salud visual en América Latina y el Caribe. Acceso el

01-10-2007, disponible en: http://www.mci.gob.ve/reportajes/2/10998/mision_milagrobrinda_saludisual.html

VALENCIA, Judith (2005). El ALBA: un cause para la integración de nuestra América.

Koeyu. Año 26, No 87, Abril/Junio 2005. VALENCIA, Judith (2005). El ALBA elabora filosofía. Presentado en el encuentro

Por la Consolidación de un Nuevo Estado de Derecho y de Justicia Social en el Marco de la Alternativa Bolivariana para la América. (ALBA). Mimeo

6.2. Entrevistas realizadas

Fabián Paredes, Movimiento de Jóvenes Puente Sur.

Claudia Herrera, INAMUJER, Movimiento Clara Zetkins, FDIM.

Luzbelia Marín, Ragnild Ortha, Bertha Vásquez (grupo focal), MOMUMAS.

Jacobo Torres, Movimiento de Trabajadores, FBT.

Saúl Yánez, Despacho del Vice-ministro para América Latina y el Caribe, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.