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Democracia liberal einestabilidad política en Ecuador.Apuntes para una interpretación política

Pablo Andrade A.*

Universidad Andina Simón Bolívar,

Sede Ecuador

correo electrónico:

pandrade1@uasb.edu.ec

* Fecha de entrega, 22 de agosto de 2005. Fecha de aceptación, 2 de septiembre de 2005.1 El primero fue Jamil Mahuad, destituido el 21 de enero de 2000.2 El presidente Abdalá Bucaram fue destituido de su cargo el 7 de febrero de 1997, luego de que el Congre-so lo declaró en “incapacidad mental” para ejercer la Presidencia de la República.3 Córdova del Alcázar ha indicado que la presión de los medios de comunicación de la Sierra por la renun-cia del presidente Mahuad en realidad ocurrió en la semana inmediatamente anterior a su caída, mientras

I. INTRODUCCIÓN

El 20 de abril de 2005 el Congreso de laRepública del Ecuador destituyó a LucioGutiérrez como presidente de la Repúbli-ca; fue el segundo defenestrado medianteeste procedimiento desde la Asamblea Na-cional Constituyente de 19981 y el terce-ro desde febrero de 19972. Al igual que enel 2000 el Congreso procedió a posesio-nar en remplazo del presidente saliente asu vicepresidente, en esta ocasión el doc-tor Alfredo Palacio, el cual por mandatoconstitucional deberá ejercer el cargo has-

ta el término del período constitucionalde un Presidente, esto es cuatro años; has-ta el 15 de enero de 2007.

De manera similar a lo que ya habíasucedido en 1997 y 2000, la decisión delCongreso fue precedida por intensas yhasta dramáticas demostraciones calleje-ras, que tomaron varios días, así como porla constante demanda de los medios decomunicación masiva localizados en Qui-to, la capital -y en menor medida en Cuen-ca, la tercera ciudad más importante delpaís- porque el presidente renunciara3.Tanto las demostraciones callejeras, como

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el hecho de que el Congreso se apoyara enexpresas disposiciones constitucionales paraargumentar sus decisiones, han servido encada ocasión para calificar a esos cambiosde gobierno de “constitucionales” y “demo-cráticos”. También, en cada una de estasoportunidades la comunidad internacionalha reaccionado con un inicial escepticismofrente a esas pretensiones democráticas, parafinalmente aceptar al nuevo gobierno ecua-toriano como si fuese uno elegido en lasurnas y actuando en derecho.

En contraste, entre 1979 y 1996 losgobiernos ecuatorianos se constituyerony sucedieron por vías electorales, e inclu-so en uno de ellos, el del presidente LeónFebres-Cordero (1984-1988), demostra-ciones masivas, acusaciones constantes decorrupción, un parlamento hostil, y el se-cuestro del presidente luego de un fallidogolpe de Estado, no dieron como resulta-do el tipo de secuencia que he descrito enpárrafos anteriores. Cabe, por tanto, con-siderar dos fases en la historia de veinti-séis años de democracia en el Ecuador.

La primera fase se caracterizó por lasucesión presidencial ordenada y estable,

con la característica adicional de que per-mitió la alternancia de gobiernos de sig-nos ideológicos opuestos. En efecto, eneste período a un gobierno reformista si-guió otro de corte neoliberal. La segundafase, en cambio, se distingue por la ines-tabilidad gubernamental y el rol del Con-greso en la conformación de gobiernos.Adicionalmente, es posible diferenciar es-tos dos períodos en relación con su fun-cionamiento económico. En la primerafase (1979-1996) se sucedieron programasde ajuste estructural que lograron conte-ner crisis inflacionarias mayores y caídasbruscas en las exportaciones, construyen-do progresivamente una institucionalidadeconómica de mercado. En la segundafase (1996) han ocurrido transformacio-nes mayores y violentas de la economíaecuatoriana4, así como bruscos cambios enla institucionalidad política5.

El presente ensayo explora el recientecambio de gobierno en Ecuador a la luzde las siguientes hipótesis: 1. la inestabili-dad política que caracteriza al Ecuadordesde hace nueve años es una fase de largaduración, y no sólo un conjunto más o

en el caso del presidente Bucaram esa presión inició prácticamente al día siguiente de su posesión (Córdovadel Alcázar, 2003). En el más reciente golpe de Estado la posición de la prensa fue bastante más ambigua, yla de la televisión estuvo dividida, a partir de diciembre de 2004 entre medios serranos, sumamente críticosdel presidente Gutiérrez, y costeños, que tendían a ser más benévolos con el gobierno.4 Entre las transformaciones económicas cabe citar: la destrucción causada por el fenómeno de el Niño en1997, una crisis bancaria mayor que entre 1999 y 2000 eliminó al 60% de las instituciones financierasprivadas del país; y la adopción del dólar como moneda nacional en 2000-2001.5 Dos cambios sobresalen: la reforma total de la Constitución de 1978 en 1998, al punto que resulta másadecuado hablar de una nueva constitución (Andrade et al., 2004); y las reformas de 1997 a la Ley deElecciones y Partidos Políticos.

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menos aleatorio de episodios de “ingober-nabilidad”; 2. esta fase es resultado de lascontradicciones creadas por el intento dereconciliar una economía organizada entorno al libre mercado con los procedimien-tos de una democracia representativa; 3. elproceso que ha llevado en los últimos treceaños -desde 1992, con el gobierno de SixtoDurán Ballén, el último de la fase de esta-bilidad- a la desarticulación de las institu-ciones democráticas en Ecuador, no es ensí mismo una novedad histórica, puesto quetiene antecedentes en desarrollos similaresocurridos entre 1900 y 1948. Desarrollocada una de estas consideraciones en las dosprimeras secciones del ensayo, en la tercerasección hago una “descripción reflexiva” delos acontecimientos que llevaron a la caídadel presidente Gutiérrez para, finalmente,en las conclusiones mostrar las implicacio-nes teóricas y analíticas que el análisis de lapresente fase de inestabilidad política tienepara el estudio de la política en Ecuador.

II. LA INESTABILIDAD

EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

La “historia corta” de la democracia ecua-toriana inició en 1976 cuando el gobiernonacionalista revolucionario del generalGuillermo Rodríguez Lara fue derrocado ysustituido por un Triunvirato Militar, cons-tituido por los comandantes de las tres ra-

mas de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.El gobierno del general Rodríguez

Lara había adoptado un programa polí-tico que, basado en la abundancia de re-cursos fiscales provistos por el boompetrolero, intentaba profundizar y am-pliar el proceso de industrialización delEcuador y avanzar en la construcción deun Estado que proveyese a los ciudada-nos de un conjunto de servicios univer-sales, tales como educación, salud,empleo y, en el caso de los campesinos,acceso a la tierra, sistemas de riego, cré-dito y comercialización. Se trató, en cual-quier caso, de un gobierno obsesionadomás que nada por una rápida industriali-zación del país y por encontrar un sus-tento social para su proyecto en una“burguesía industrial nacional” con la quesoñaban sus ideólogos y técnicos (Cona-ghan, 1983; North, 1984). A pesar de susesfuerzos, sin embargo, el gobierno na-cionalista revolucionario no logró aliarsecon sector alguno de la burguesía, y me-nos aún con la inexistente “burguesía in-dustrial”6, de manera que incluso tímidasreformas sociales, en especial en cuantoa legislación laboral y distribución de lapropiedad agraria, fueron ferozmente re-sistidas por la burguesía, la cual en lugarde actuar según intereses diferenciadospor sectores, mostró un nivel de solida-ridad y comunidad de posiciones que lle-

6 El gobierno cortejó permanentemente a los sectores industriales de la burguesía ecuatoriana medianteuna serie de medidas económicas que favorecían la importación barata de bienes de capital, la provisiónabundante de créditos blandos y la subvención del consumo urbano (Lefeber, 1984)

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varon a la sustitución del gobierno na-cionalista revolucionario por un nuevogobierno de sesgo más ortodoxo.

Fueron estos dos actores, el gobiernomilitar en control del Estado, pero caren-te de aliados sociales suficientemente fuer-tes o estables, por un lado, y, por otro, laburguesía en coalición con sectores de clasemedia que habían sido incorporados a lospartidos políticos que habían emergidoentre 1948 y 1968 (a saber: Coalición deFuerzas Populares, CFP; Izquierda Demo-crática, ID; Democracia Popular, DC-DPy el Partido Social Cristiano, PSC) los quenegociaron, diseñaron y llevaron a cabo elllamado “Proceso de retorno a la demo-cracia” (Conaghan, 1983; North, 1984;Collins, 2000; North y Andrade, 2004).Esta transición democrática se apegó es-trictamente al modelo soñado por la teo-ría de las transiciones: un pacto a dosniveles, entre las elites para luchar políti-camente por el control del Estado conmedios electorales; y entre las elites civilesy los militares para que éstos pudiesen efec-tuar un repliegue ordenado a sus cuarte-les, conservando una buena parte de losprivilegios adquiridos durante la dictadu-ra, pero formalmente sometiéndose a laautoridad civil. Los instrumentos de estedoble pacto político fueron la Ley de Elec-ciones y Partidos Políticos, y la Constitu-

ción de 1978. Los movimientos obrero ycampesino, con intereses en impulsaracuerdos de distribución de la riqueza,fueron excluidos del “Retorno” por elmecanismo adoptado para diseñar las“reglas del juego democrático”; esto es, me-diante comisiones especiales, mayoritaria-mente constituidas por representantes delos partidos políticos y de las cámaras dela producción7, de manera que la mayorconcesión que hicieron las nuevas reglasdel juego a los intereses populares fue launiversalización del sufragio.

Se trató, por tanto, de una democra-cia lograda, negociada y puesta en mar-cha “desde arriba”. Desde el punto de vistade los sectores populares, la nueva demo-cracia ratificaba la concentración de rique-za existente, alta incluso para parámetroslatinoamericanos y, por lo tanto, la ausen-cia de interés por parte de los partidospolíticos en formar coaliciones que pudie-sen impulsar, en el mediano y largo plazo,propuestas que asegurasen la provisión debienes colectivos para los grupos pobresdel país. Este segundo aserto tal vez noresulte del todo evidente. Históricamen-te, los partidos políticos ecuatorianos sehabían organizado eficientemente comomáquinas electorales, esto es, se habíanespecializado en la captación de los votosde los electores, mediante un mecanismo

7 Las organizaciones de mayor nivel de los sectores empresariales, agrarios y comerciales. Ciertamente,en la conformación de las comisiones se integró a una minoría de representantes del Partido Comunista,del Partido Socialista y del Movimiento Popular Democrático, partidos de izquierda con vínculos laxoscon el movimiento obrero y campesino.

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de intercambio típicamente clientelar(Menéndez Carrión, 1988; Conaghan,1995; Mejía, 2002). Los partidos políti-cos continuaron este legado institucionalen la nueva democracia, encontrando enella el complemento típico del clientelis-mo moderno: una sociedad bruscamenteurbanizada con sectores populares “estruc-turalmente carenciados” (Menéndez Ca-rrión, 1988; Rock, 2001). Las institucionespolíticas adoptadas en 1978 simplementecarecían de estímulos para que los políti-cos en sus acciones concretas tuvieran inte-rés en cambiar en el mediano y largo plazola fuente principal de su poder: el inter-cambio de favores políticos por votos enlas elecciones.

Contrariamente a lo que sostuvieronlos analistas políticos ecuatorianos cuan-do se inició la actual fase de inestabilidadpolítica, mantengo que ésta no es resulta-do del mal funcionamiento de las institu-ciones políticas adoptadas en 19788; todolo contrario, es hija de su éxito. En efecto,si en condiciones extraordinarias es posi-ble que una democracia representativapueda procesar las demandas de distribu-ción de riqueza, ampliación de los servi-cios estatales y mejoramiento de lascondiciones de vida de los ciudadanos, encircunstancias como las que se encontrabaEcuador al inicio de su democracia y en lasque tuvo que sobrevivir económicamente

en los siguientes dieciséis años, la desigual-dad económica y social no sólo que no serevirtió, sino que de hecho se incrementó,lo cual fortaleció el éxito electoral de lasmaquinarias mejor organizadas. Si no setoma en cuenta este factor resulta muy di-fícil explicar el ascenso sistemático del Par-tido Roldosista Ecuatoriano (PRE), “labestia negra de las elites ecuatorianas” (Nor-th y Andrade, 2004; Freidenberg, 2003),ni tampoco las intensas especialización yespacialización de los partidos y movimien-tos sociales ecuatorianos.

En el primer caso, el del PRE, ésteempezó siendo un partido con una baseregional relativamente débil en la ciudadde mayor electorado del Ecuador, Guaya-quil, que gracias a la acción organizativade su liderazgo (básicamente la familiaBucaram y sus parientes extendidos deorigen sirio-libanés), y a la presencia porocho años en la Alcaldía de Guayaquil yde doce años en el Congreso, logró trans-ferir bienes materiales y simbólicos a uncreciente electorado urbano marginal yexpandirse tanto en la Costa como en laSierra (Freidenberg, 2003). En el segun-do caso, resultan ilustrativos los ejemplosdel Partido Social Cristiano (PSC) y de laIzquierda Democrática (ID), partidos quehabiendo tenido presencia nacional e in-cluso conquistado el gobierno9, actual-mente se han refugiado en bases de poder

8 Véase, por ejemplo, Echeverría, 1997; Burbano de Lara y Rowland, 1998; Pachano, 1996.9 El PSC con León Febres Cordero en 1984, y la Izquierda Democrática con Rodrigo Borja, en 1988.

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regionales, en la Costa el primero, y en laSierra, el segundo. Pero, sin que esa fuer-za electoral, traducida normalmente enalta representación de los diputados de losdos partidos en los congresos, haya logra-do transformarse en coaliciones electora-les triunfantes en elecciones presidencialesdesde 1992 hasta la actualidad. Esos trespartidos -y la Democracia Popular, DP-corrieron suertes diferentes por razonesque exploro a profundidad en la siguientesección, por el momento es necesario con-siderar el conjunto de la evolución políti-ca ecuatoriana hasta 1996-1997.

Había afirmado que el sistema de-mocrático instaurado en 1978 funcionóde acuerdo con sus reglas y logró las me-tas propuestas; estos efectos no fueron sóloeconómicos sino también, y principal-mente, políticos. En efecto, el pacto dealternancia de las elites vía competenciaelectoral más o menos limpia se cumplióen la sucesión de gobiernos de distintaorientación ideológica que se dio entre1979 y 1996. Los gobiernos ecuatorianosen este período provinieron todos de par-tidos políticos que habían participado enel diseño institucional del “Retorno”10.Excepción hecha del período 1984-1988,

esto es del gobierno del presidente FebresCordero, los gobernantes legislaron encoalición con el Congreso y los “checksand balances” entre los tres poderes delEstado se respetaron y mantuvieron11. In-cluso emergieron partidos políticos com-pletamente nuevos, vinculados a ampliossectores marginales urbanos y rurales, quefueron rápidamente integrados al sistemapolítico, tal el caso del ya mencionado Par-tido Roldosista Ecuatoriano, y del Movi-miento Pluricultural Pachakutik-NuevoPaís (MUPP-NP)12; sin que estos procesosimplicasen la desintegración o la decaden-cia del sistema de partidos, tal y como ocu-rrió en Perú y Venezuela en los años noventa(Tanaka, 2004; Levine, 2002).

El efecto de retroalimentación entreclientelismo y éxito político de partidoscada vez más desideologizados y domina-dos por caudillos no dejó, sin embargo,de tener su precio: el fraccionamiento delos partidos de las elites, y el crecimientode la fuerza electoral del PRE, el partidopopulista por excelencia. Ambos factoresempezaron a manifestarse con fuerza enlas elecciones de 1992. En efecto, los dosmayores partidos políticos nacionales con-trolados por las élites, la Izquierda Demo-

10 La excepción parcial es el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, el cual emergió de una disidenciadel Partido Social Cristiano, el Partido Unión Republicana (PUR), en coalición con el renovado PartidoConservador (PCE-UNO).11 El presidente Febres Cordero prefirió hacer amplio uso de sus privilegios legislativos para “gobernar pordecreto” e interfirió en el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia, una atribución privativa delCongreso hasta 1998 (Montúfar, 2000).12 Nuevo País se escindió del MUPP en 2000, a consecuencia de la participación del movimiento indígenaen el golpe de Estado contra el presidente Mahuad.

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crática y el Partido Social Cristiano sufrie-ron fuertes divisiones internas que dismi-nuyeron su presencia electoral nacional, loque facilitó el triunfo de la coalición políti-ca personalista PUR-UNO de Sixto DuránBallén. La coalición no pudo, sin embar-go, consolidarse como un nuevo partidode derecha susceptible de enfrentar al PREen la competencia de 1996. En 1996 la elec-ción del líder del PRE, Abdalá Bucaram,como presidente de la República marcó elinicio de la presente fase de inestabilidadde la democracia ecuatoriana.

La elección de Bucaram no sólo pusoen evidencia la perpetuación de la lógicaclientelar en la política ecuatoriana, sinotambién y más importante, el hecho deque los partidos de las elites tradicionalesy la clase media habían perdido su capaci-dad para crear coaliciones electorales queabarcaran al conjunto del país (inter-re-gionales). En efecto, el triunfo de Buca-ram frente a su contrincante Jaime Nebot,del PSC, contó con dos tipos de apoyo:primero, el de sectores de las elites serra-nas que se habían separado del PSC en laselecciones de 1992, y que temían una re-vancha política en caso de que fuese elec-to Jaime Nebot, y segundo, el apoyoeconómico de dos importantes gruposeconómicos de Guayaquil: el grupo Isaías,dueño de medios de comunicación y unode los bancos más grandes del país, Filan-banco; y el grupo Noboa, cuyo controlestaba en disputa entre dos fracciones dela familia Noboa, una de las cuales, enca-bezada por Alvaro Noboa Pontón, ganó

la pelea cuando éste fue designado minis-tro de finanzas en el gobierno del presi-dente Bucaram.

El segundo factor que alimentó eldesarrollo de la fase de inestabilidad fue lafuerza electoral y política del movimientoindígena, que formó en 1996 el Movi-miento Pluricultural Pachakutik, el cualen alianza con Nuevo País, logró dividirel electorado de la Sierra, facilitando queen las elecciones de ese año llegaran a lasegunda vuelta dos candidatos de origencosteño. Adicionalmente, la representa-ción política lograda por el movimientoindígena fue insuficiente para que pudie-sen participar directamente en el gobier-no, pero sí lo hizo atractivo para que elpresidente Bucaram intentara cooptarlo,mediante la creación de un Ministerio deAsuntos Indígenas. Esta acción del presi-dente Bucaram, junto con su decisión deatacar a los sindicatos de trabajadores pú-blicos para facilitar su programa de con-solidación de la maquinaria clientelar delPRE, mediante empleos estatales, facilitóla confluencia temporal entre el movi-miento indígena y los sindicatos públicos;actores que fueron claves en las moviliza-ciones sociales que sirvieron de telón defondo al golpe de Estado del 6 de febrerode 1997.

Como había indicado, el golpe deEstado de 1997 contiene todos los elemen-tos del procedimiento que de ahí en ade-lante ha servido para remover a lospresidentes electos en tres ocasiones. Elmodelo es en sí mismo, bastante simple.

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El 5 de febrero de 1997 una hetero-génea coalición de sindicatos de trabaja-dores públicos, grupos de interés(feministas, de defensa de derechos huma-nos, ecologistas, etc.), el movimiento in-dígena, organizaciones de industriales,banqueros y comerciantes y partidos po-líticos de oposición (desde la derecha has-ta la izquierda) convocaron a una huelgageneral (“Paro Cívico Nacional”) con de-mostraciones en las calles (“Jornadas Cí-vicas de Protesta Nacional por la DignidadNacional”)13. Una coalición similar, conparticipación limitada de la clase mediaurbana, se produjo en enero de 2000 cuan-do cayó el presidente Mahuad; tal vez lomás llamativo del último golpe de Estadofue la ausencia en las manifestaciones deabril de 2005 del movimiento indígena, yel protagonismo de la clase media quite-ña. En el marco de las protestas transmi-tidas directamente por televisión elCongreso destituyó al presidente con unargumento legal de dudosa validez.

La espectacularidad de las demostra-ciones callejeras contribuyó a obscurecerel hecho de que el golpe fue llevado a cabopor una combinación de fuerzas parlamen-

tarias y militares. De igual forma a lo queocurrió en enero de 2000 y más reciente-mente en abril de 2005, la coalición gol-pista actuando desde el Congreso debióimprovisar interpretaciones constituciona-les para evadir la disposición constitucio-nal que facultaba al Congreso a destituiral presidente luego de un juicio político14.A diferencia de las destituciones más re-cientes, el Congreso debió, además, vio-lar varias disposiciones constitucionalespara lograr darle apariencia de legalidad asus acciones al desconocer el orden de su-cesión presidencial y nombrar al titular delCongreso como “Presidente Interino”15.

Roto el orden constitucional y con ungobierno provisional de dudosa legitimi-dad internacional y nacional, el presiden-te interino, Fabián Alarcón (1997-1998)convocó a una Consulta Popular de la cualemergió una Asamblea Nacional Consti-tuyente, con el mandato de reformar laConstitución. Sería largo detallar el pro-ceso político durante los años 1997-1998que dieron como resultado una reforma ala Ley de Elecciones y Partidos Políticos,y a la Constitución; baste por el momen-to señalar que tres fueron los hilos con-

13 Los documentos llamando a la protesta pueden consultarse en El Comercio, 2 de febrero de 1997: 5B, A2y A3.14 El Congreso destituyó al presidente, sin un juicio político previo, amparándose en el artículo 100 de laConstitución de 1978 que establecía que el Congreso podía dejar cesante al presidente por incapacidadfísica y mental. En 2000 y 2005 el Congreso apeló a una interpretación del artículo de la Constitución de1998 que faculta a sustituir al presidente por el vicepresidente por “abandono del cargo”.15 En la Constitución de 1978 se preveía que en ausencia temporal del presidente, éste sería remplazado porel vicepresidente, no se contemplaba el caso de ausencia definitiva del presidente. Este defecto en la Cons-titución de 1978 fue usado por el Congreso para elegir un presidente interino, Fabián Alarcón, el cual fue

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ductores de tal reforma. En primer lugar,lograr una mayor gobernabilidad de lasociedad desde el Estado, fortaleciendo lospoderes del ejecutivo, creando una CorteSuprema autónoma y debilitando al Con-greso. En segundo lugar, incrementar larepresentatividad de las instituciones po-líticas, mediante la descentralización delpoder del Estado hacia los municipios yestableciendo la participación de movi-mientos políticos, elecciones individualespor candidato y mecanismos de asigna-ción de cargos mediante una fórmula fa-vorable a las minorías. Finalmente,democratizar el manejo del Estado, am-pliando la inclusión de las institucionespolíticas hacia los pueblos indígenas, me-diante el reconocimiento de derechos co-lectivos y la creación de organizacionesestatales especializadas controladas por losrepresentantes indígenas (Andrade, 2004).

Mejía ha argumentado recientemen-te que aunque esos tres ejes de reforma con-siderados individualmente deberían rendirefectos positivos, tomados en conjunto hancreado efectos perversos que se refuerzanmutuamente16. En efecto, la reforma de1998 fortaleció al ejecutivo, pero tambiéndejó como único poder real para que elCongreso pueda corregir la marcha del go-bierno el de destituir al presidente17; porotro lado, los mecanismos que incremen-

tan la representatividad política han logra-do fortalecer la tendencia de los políticos aactuar como “empresarios personales” queadministran su carrera política y menoscomo miembros de partidos políticos conproyectos nacionales; finalmente, la inclu-sión directa de los pueblos indígenas en elmanejo del aparato estatal ha facilitado nosólo la cooptación de sus dirigentes -al dis-minuir su representatividad frente a susconstituyentes, las comunidades indígenasde base-, sino también la fragmentación desus organizaciones de nivel nacional. Esteúltimo elemento es el factor explicativo cla-ve para entender la ausencia del movimien-to indígena en las movilizaciones de abrilpasado (Ramírez, 2005).

Aunque esencialmente correcta, unainterpretación institucionalista de decisiónracional como la que ha propuesto Mejíapierde de vista el fenómeno político defondo tras la actual fase de inestabilidadde la democracia ecuatoriana, a saber: lasreformas de 1997-1998 intentaron con-formar un conjunto institucional políticocentrado en una concepción de lo políti-co como mera administración de los con-flictos sociales, disminuyendo al mismotiempo las capacidades estatales para re-gular y dirigir la vida económica y, por lotanto, cerrando aún más el margen de ac-ción del Estado para corregir la extrema-

16 6 de julio de 2005, ponencia presentada ante el seminario “Reforma institucional, innovación o copia”,FLACSO-CEDIME-Universidad Andina Simón Bolívar.17 El Congreso ya no puede destituir ministros ni participar en la elaboración del presupuesto general delEstado, y las atribuciones legislativas del presidente fueron aumentadas en la Constitución de 1998.

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da concentración de riqueza que prevaleceen Ecuador. Para lograr esta meta de neu-tralidad administrativa, el Estado fue redu-cido no sólo en un sentido estrictamenteadministrativo, sino también simbólico. ElEstado es el gobierno; el sentido de comu-nidad política fue referido a lo local o in-cluso a lo micro-local (como en el caso decomunidades indígenas que son reconoci-das legalmente como “pueblos”). Adicio-nalmente, el gobierno es pensado comoencarnación de un pacto permanente en-tre elites, pero cuando éstas son incapacesde formar coaliciones gubernamentales, elgobierno no es más que el sujeto en dispu-ta entre fuerzas oligárquicas y/o elites emer-gentes (Andrade, 2005). El emperadornunca ha estado más desnudo que luegode las reformas de 1998.

¿Existió una lógica suicida de las eli-tes cuando realizaron las reformas de1997-1998? Definitivamente no, tal vezsólo torpeza o más probablemente la ce-guera sistemática que en ellas había crea-do la repetición monótona de argumentosprovenientes de una ciencia política obse-sionada con la ingeniera institucional (An-drade, 2004 y 2005). Sin embargo, ésteno sería el factor decisivo, como dije, lareforma de 1997-1998 tenía por objetivosimplificar la política, neutralizarla, con-vertirla en mera administración de con-flictos sociales. La política imaginada enla Constitución de 1998 es la contrapar-

tida a una economía de mercado extrema-damente simplificada que había sido crea-da en el Ecuador desde 1984 en adelante.

III. ECONOMÍA DE MERCADO

Y DEMOCRACIA LIBERAL

REPRESENTATIVA

Desde un punto de vista político el libe-ralismo económico puede ser entendidocomo el uso deliberado del poder estatalpara construir una sociedad basada en unconjunto de premisas ideológicas y filo-sóficas fundamentales: 1. el predominiode la economía sobre cualquier otra insti-tución; 2. la creación de condiciones quepermitan la oferta abundante de fuerzalaboral, bajo el supuesto de que esta ofer-ta puede ser absorbida por el crecimientocontinuo de las actividades productivas;3. el incremento sostenido de la producti-vidad; 4. la promesa de que el permanen-te avance tecnológico y la competenciaentre actores económicos racionales trae-rá una elevación de los estándares de vidade todos los miembros de la sociedad, yésta en su conjunto evolucionará haciadelante (i.e.: “progreso”); y 5. que la exis-tencia de un mercado libre de regulacio-nes e interferencias políticas resultará enla asignación más eficiente y socialmenteóptima de los recursos de una sociedad(Chang, 2003; Xing, 2001; North, 1990;Polanyi, 1989)18.

18 En realidad una perspectiva estrictamente (neo)liberal no aceptaría el rol que he asignado al Estado en laconstrucción de la sociedad de mercado, sostendría que la emergencia del conjunto de condiciones que he

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El liberalismo económico supone, portanto, un proyecto político y actores queestén dispuestos a llevarlo a cabo. Estosactores típicamente se conciben a sí mis-mos como enfrentados a un conjunto deotros actores y fuerzas sociales que persis-ten en mantener mercados regulados y/oen lograr metas sociales -tales como unadistribución más justa de la riqueza- pormedios distintos a los de la acción libredel mercado, por lo que su acción políticabusca, en primer lugar, alterar las correla-ciones de poder entre ellos y los otros ac-tores y fuerzas sociales -particularmente elaparato estatal encarnado en la burocra-cia (Hay, 2002)-. Los actores liberalesdeben concebirse, por tanto, como 1. fuer-temente afincados en una ideología anti-estatal; y 2. orientados hacia -una vez quehan conseguido la fuerza política suficientepara avanzar su proyecto-, el interés en laconservación de un status quo que les esfavorable.

Pasando del análisis abstracto al desituaciones concretas, cabe suponer 1. quelos actores liberales y su proyecto políti-co/económico tendrán mayores probabi-lidades de triunfar en condiciones de altadesigualdad social y concentración de ri-queza19; y 2. que la existencia de eleccio-

nes competitivas entre una pluralidad deactores políticos complica la permanen-cia de los actores liberales en control delaparato estatal. Como he indicado en lasección anterior estas condiciones se ob-tuvieron en Ecuador desde el inicio de sudemocracia. Debe considerarse un factoradicional para el caso ecuatoriano, la in-dustrialización ecuatoriana desde 1948hasta 1984 no había logrado crear unaeconomía industrializada con un fuertemercado interno, Ecuador seguía siendohacia fines del siglo veinte una economíaprimario exportadora, con una oferta in-ternacional de productos bastante limita-da: petróleo y banano, principalmente(Larrea, 2004). Estas condiciones impli-can una alta vulnerabilidad al ciclo eco-nómico internacional, pero también quelos actores liberales encuentran su origene interés en vínculos particularmente fa-vorables con el mercado internacional, esdecir, tienen un fuerte componente de losgrupos exportadores y de los sectores fi-nancieros vinculados al capital financierointernacional.

Durante la década de los setenta yochenta, el programa político de los sec-tores neoliberales en Ecuador fue muy si-milar al adoptado a lo largo de América

citado es fruto espontáneo del desarrollo de la economía capitalista. Los argumentos de North sobre elaspecto político-institucional de la construcción de la economía de libre mercado son suficientementeconocidos como para repetirlos, y no están del todo reñidos con una concepción liberal de la economía.19 El supuesto es razonable toda vez que la desigualdad social y la concentración de riqueza se originan yrefuerzan en la mayor capacidad de los actores en acumular recursos de todo tipo, incluidos los simbólicos,que son particularmente útiles en la lucha política (Tilly, 1997).

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Latina y en otras partes del mundo, suimpulsor inicial fue el Partido Social Cris-tiano (PSC), que no logró ganar la prime-ra competencia electoral. La oportunidadvino a raíz de la crisis económica de 1982-1984; en las elecciones de 1984 el líderdel PSC ganó las elecciones y ensayó du-rante los dos primeros años de su admi-nistración un programa neoliberal típico,interrumpido a partir de 1986. Así y todo,este primer gobierno neoliberal logró ins-titucionalizar algunos de los componen-tes básicos del programa neoliberal, el cualfue parcialmente continuado por su suce-sor, el gobierno del presidente RodrigoBorja (1988-1992). Fue a partir de la elec-ción del gobierno neoliberal/conservadorde Sixto Durán Ballén (1992-1996) queel proyecto neoliberal se volvió dominan-te bajo la bandera de la “modernizaciónde la economía y la política”.

Los gobiernos neoliberales fortalecie-ron a los sectores exportadores y financie-ros mediante políticas de liberalización delcomercio exterior, devaluaciones y otrosmecanismos. Sin embargo, pronto esaspolíticas y el conjunto del proyecto cho-caron con dos límites fuertes.

Por un lado, la liberalización extremadel sistema financiero, adoptada en 1994,favoreció temporalmente una conductarentista generalizada orientada hacia lasganancias financieras de los grupos eco-nómicos ecuatorianos, la cual requeríapara su éxito de una estabilidad políticadoméstica e internacional que no se ob-tuvieron. Factores tales como la interrup-

ción de flujos de inversión por la guerracon Perú en 1995, la incapacidad de lospartidos políticos de derecha para confor-mar una coalición electoral exitosa frenteal PRE en 1996, y la crisis financiera de1997, agudizaron la lucha política entrelas elites, las que se refugiaron en sus ba-ses de poder regional y local para mante-ner el chantaje político al Estado. Este esel primer límite duro, la intensificaciónde la lucha política inter-elites.

El segundo factor fue el surgimientode nuevos actores políticos. El éxito mis-mo del proceso de achicamiento del Esta-do proveyó de los estímulos necesariospara que los grupos rurales se comprome-tieran en la lucha por lograr participaciónen los servicios básicos que el Estado to-davía podía proveer, a través del movi-miento indígena. Simultáneamente, losúnicos sindicatos realmente fuertes y or-ganizados, los de los servidores públicos,tuvieron que movilizarse para luchar porsu supervivencia. De manera que tantoen las áreas rurales como en las urbanas,la débil capacidad de las elites para encau-zar y controlar el proceso político, obte-niendo éxitos electorales que lespermitiesen a los grupos económicos go-bernar directamente se vio confrontadacon niveles inéditos de protesta popular yde la clase media.

Si bien la emergencia del movimien-to indígena como actor político funda-mental ocurrió en 1990, fue en el período1994-1997 que el movimiento alteró lacorrelación de poder hasta entonces exis-

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tente, ganando un significativo apoyo en-tre la clase media urbana, sobre todo delas ciudades de la Sierra. También duran-te estos años sus demandas iniciales deredistribución de la propiedad agraria fue-ron abandonadas y sustituidas por deman-das de inclusión política y un programapolítico centrado en demandas culturalesque, durante el período de la AsambleaNacional Constituyente (1997-1998),fueron presentadas al conjunto de la so-ciedad bajo la idea de “refundar el país” ycrear un “Estado plurinacional”.

Mientras tanto, y en conexión con uncambio en las políticas de desarrollo delBanco Mundial -y de otros actores inter-nacionales claves, como el BID e inclusoel FMI-, los sectores neoliberales descubrie-ron una verdad fundamental sobre el cam-bio político: resulta más económico elinstitucionalizar las batallas ganadas, demanera que el control de las políticas es-tatales no tenga que ser disputado en cadacontienda electoral. La ideología de quees posible obtener una estabilidad políti-ca que favorezca el desarrollo continuo deuna economía de mercado fue recibida con

entusiasmo por un amplio espectro de in-telectuales -neoliberales y anti-neolibera-les- y sirvió como “cemento ideológico”para poner en marcha un programa debruscas reformas político-institucionales,guiadas por una concepción de ingenieríapolítica obsesionada con la gobernabili-dad. La expresión más acabada de estaideología y concepción fue la Constitu-ción de 1998 (Andrade, 2005).

Las dislocaciones sociales producidaspor la vigencia del neoliberalismo se hi-cieron dramáticamente evidentes a partirde 199820. El gobierno de Jamil Mahuadmostró con transparencia inédita la depen-dencia de los partidos políticos de dere-cha de los intereses de los sectoresfinancieros de la Costa, no sólo en la cam-paña electoral, sino, y más importante, enlas medidas adoptadas para proteger losintereses financieros cuando se desató lacrisis bancaria de 1998-2000. Estas me-didas asumían para el Estado el total delas pérdidas de los bancos quebrados, enespecial de dos de los más grandes bancoscosteños: Filanbanco y El Progreso21, alcrear la Agencia de Garantías de Depósi-

20 La manifestación más dramática de tales dislocaciones ha sido la masiva emigración de ecuatorianos.Basándose en informaciones oficiales que “subestiman” el número real de emigrantes, Larrea indica que“entre 1990 y 2001 [el número de emigrantes] alcanzaría a 682.000 personas, de las cuales 445.000, equi-valentes a dos tercios, habrían salido a partir de 1998” (Larrea, 2004: 165, el subrayado es mío). Debeconsiderarse que según el Censo Nacional de 2000, la población total del Ecuador en esos años oscilabaalrededor de los 12 millones de habitantes, lo que significa que en una década salieron del país cerca del 6%de los ecuatorianos. Otra dislocación esencial ha sido la estrategia de flexibilidad del mercado laboral,adoptada por los exportadores ecuatorianos -y facilitada por las reformas al Código Laboral impulsadas porel gobierno de Rodrigo Borja- para encontrar nuevos nichos de exportación (flores y camarón) o reforzar losexistentes (banano) (Korovkin, 2004).21 Ambos grupos habían financiado la campaña electoral de Jamil Mahuad.

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tos (AGD), y realizaban un verdadero des-pojo de los ahorros de la clase media, me-diante el decreto de un “feriado bancario”.Adicionalmente, con un déficit fiscal quebordeaba el 7% del PIB y con un preciodel barril de petróleo que llegó a su nivelmás bajo en diez años22 , el gobierno re-currió a la emisión inorgánica de dineroprovocando dos efectos pagados mayor-mente por los consumidores urbanos, laclase media, y los sectores rurales: la infla-ción se disparó y se dio un proceso de rá-pida devaluación del dólar americano23. Elproducto interno bruto se contrajo hastaalcanzar una tasa negativa de -6,3% comoconsecuencia de la quiebra masiva de em-presas, lo que se reflejó en un desempleoabierto urbano (esto es, del sector másproductivo de la economía) de 15,1%.Rápidamente la clase media, empresariosy banqueros de Quito y Guayaquil empe-zaron a presionar por la dolarización de laeconomía nacional (Solimano, 2002).

Atrapado en una telaraña de alianzaspolíticas “fantasmas” y cambiantes (Me-jía, 2001), el gobierno del presidente Ma-huad perdió cualquier margen demaniobra frente a los partidos políticostanto de derecha como de izquierda, fi-

nalmente, en enero de 2000 anunció ladolarización de la economía. Existe con-senso académico respecto a que las condi-ciones en que fue adoptada la medida eranlas peores posibles (Larrea, 2004; Jame-son, 2003; Beckerman, 2002), no sólopor los efectos sociales y económicos in-mediatos, sino además porque eliminabala utilidad del gobierno para los sectoresdominantes dejándolo a merced de susprincipales opositores: las Fuerzas Arma-das y el movimiento indígena.

La caída de Mahuad en enero de 2000fue el resultado de un golpe de Estadodado por oficiales de las Fuerzas Armadasy el movimiento indígena. Este hecho fueno sólo el origen de la coalición electoralque llevaría al poder al ex coronel LucioGutiérrez -y del partido político SociedadPatriótica, PSP, conformado en su dirigen-cia por antiguos participantes del golpe del2000 y familiares de Gutiérrez (Vistazo,No. 905, abril 28, 2005)- sino que tam-bién sirvió para eliminar cualquier tipo delegitimidad simbólica que hubiesen podi-do tener la Constitución y las reformaspolíticas de 1998.

El liberalismo económico y políticohabía fracasado en toda regla en Ecuador.

22 US $8,00 el barril en mayo de 1998 (Larrea, 2004).23 Basándose en información del Banco Central del Ecuador, Jameson (2003) ha mostrado que la inflaciónpasó de 36,1% en 1998 a 96,1% en 2000, dándose un incremento de 69% entre 1998 y 1999, y de 184%entre 1999 y 2000. En cuanto a la devaluación del Sucre, pasó de 21,8% en 1997 a 196,6% en 1999, estamoneda extremadamente devaluada sufrió una devaluación adicional de 23, 5% en el proceso de dolariza-ción puesto que la tasa de cambio fue fijada por el gobierno a S/. 25.000 por US $1,00. Es necesariorecordar que una devaluación fuerte no sólo incide en el poder adquisitivo de los salarios, sino que tambiénconstituye una forma de redistribución de la riqueza a favor de los sectores exportadores y financieros.

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En el plano económico los magros logrosdel primer período de instalación de unaeconomía de libre mercado, tales como unamodesta diversificación de las exportacio-nes (la canasta exportadora ecuatoriana ac-tualmente incluye flores, frutas exóticas ycamarón) y la atracción de inversión extran-jera directa, fueron prácticamente borradospor la crisis de 1998-2000. Lo que es másimportante en el nivel simbólico, el fracasodel liberalismo comprometió para la gentecomún incluso las garantías jurídicas a supapel como consumidores, ahorristas y pro-pietarios, y demostró que una economía demercado sin un Estado fuerte es un triunfopírrico incluso para los propios capitalis-tas. En el plano político, los partidos polí-ticos identificados con las elites económicas(PSC, ID, DP) que no habían logrado reco-brarse del ataque que sufrieron durante lafase de reformas políticas, quedaron expues-tos como simples “instrumentos de la oli-garquía”, y las instituciones políticas engeneral perdieron su capacidad de “hacersentido para la gente común”.

En este clima político no es extrañoque una coalición electoral que parecíaprovenir de fuera de los partidos políticostradicionales, la de PSP-Pachakutik, usan-do un discurso fuertemente anti-oligárqui-co y anti-partidista ganara la voluntad delelectorado24. Tampoco lo es que la coali-ción se desarticulara en los primeros seismeses de gobierno y que, a partir de ahí,el gobierno del presidente Gutiérrez seconcentrase en dos objetivos muy limita-dos: 1. aprovechando el alto precio delpetróleo nacional y los primeros efectosbenéficos de la dolarización, continuartransfiriendo recursos a la fracción domi-nante del capital financiero nacional, me-diante el pago de la deuda externa, cuyosbonos se encuentran en su mayoría enpoder del principal grupo financiero ecua-toriano, y 2. sobrevivir políticamente conbase en alianzas cambiantes con los parti-dos políticos representados en el Congre-so, mediante la firme alineación conEstados Unidos25, y usando instrumental-mente las divisiones internas del movi-

24 Cabe señalar además un factor organizacional en el triunfo de la coalición. PSP usó sus vínculos con losmandos medios de las Fuerzas Armadas para afirmar el apoyo de las familias de los oficiales del ejército, unelectorado usualmente descuidado. Pachakutik, en cambio, empleó su presencia en la Sierra y el Orientecomo brazo político del movimiento indígena para obtener el apoyo electoral de las poblaciones rurales yurbanas. La combinación de estos dos grupos de electores fueron suficientes para que el candidato Gutié-rrez ganara la primera vuelta electoral. En la segunda vuelta electoral, el efecto de simplificación de lacompetencia entre Gutiérrez y Álvaro Noboa, líder de uno de los mayores grupos económicos del país yfácilmente identificable con la oligarquía, es factor suficiente para explicar el triunfo de Gutiérrez.25 Gutiérrez no sólo se alineó con la política estadounidense hacia la región andina, a través de su respaldoal Plan Colombia y al Tratado de Libre Comercio -respaldo mantenido en la práctica por el actual gobierno,pese a su retórica nacionalista, sino que de hecho continuaba la política de los presidentes Mahuad yNoboa-, sino que además dio un rol particularmente activo a la Embajada de Estados Unidos en el manejocasi cotidiano de su política interna.

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miento indígena para erosionar -de hecho,eliminar- la capacidad de movilizaciónsocial contestaria de CONAIE, hasta hacepoco la principal organización del movi-miento indígena ecuatoriano.

IV. LO NUEVO: EL RETORNO AL

PASADO LIBERAL-REPUBLICANO

En la sección anterior señalé que el mo-delo para poner en escena los golpes deEstado característicos del período post1996 se creó en febrero de 1997, y tam-bién mostré que en contraste con las defe-nestraciones de Bucaram y Mahuad conGutiérrez hubo una sustitución significati-va de actores: del movimiento indígena porla clase media quiteña. Paso ahora a explo-rar la lógica del movimiento anti-Gutiérrezy el sentido político de su caída.

El gobierno de Gutiérrez cayó a con-secuencia de manifestaciones públicas ur-banas, principalmente localizadas en elDistrito Metropolitano de Quito, que seextendieron entre el 13 y el 20 de abril de2005. El desencadenante de la protesta fuela decisión del Congreso, el 8 de diciem-bre de 2004, adoptada por una coaliciónparlamentaria fabricada por el presidenteGutiérrez, de nombrar una nueva CorteSuprema, en la cual tenían predominan-cia miembros del Partido Roldosista Ecua-toriano, cuyo líder Abdalá Bucaram teníajuicios pendientes por corrupción ante laCorte. Los protagonistas de las demostra-ciones se describieron a sí mismos comociudadanos antipolíticos, demandando y

ejerciendo las libertades civiles básicas(Vg.: el derecho a la libre asociación, adecir públicamente lo que piensan, y a queesos reclamos sean informados por mediosde comunicación no controlados por elgobierno). Este fue y, transformado, siguesiendo el escenario de la calle, la radio yen menor medida de la televisión y laprensa. El remplazo del gobierno de Gutié-rrez por un nuevo gobierno civil, califica-do de “sucesión constitucional”, ocurrióen el Congreso, luego de que colapsó lacoalición parlamentaria y de agencias es-tatales que había sostenido al presidente.Independientemente de sí hubo o no in-tentos militares por dar un golpe de Esta-do, el resultado final fue un nuevogobierno civil, potencialmente autónomode una coalición parlamentaria de gobier-no. El escenario de esta transformación fueuna de las instituciones políticas previstasen la Constitución para el gobierno delEstado, el Parlamento; ya he examinadola lógica de contradicción institucionalfruto de las reformas políticas de 1998detrás de esta decisión del Congreso.

Los escenarios y los actores que hedescrito son los clásicamente previstos enuna sociedad política liberal, moderna yurbana. Esto es: ciudadanos y parlamen-tarios, ejerciendo derechos claramente es-tablecidos en el orden legal vigente,actuando en dos tipos de espacios públi-cos, los que a su vez son parte de un todomayor diferente al Estado: la esfera públi-ca. De no ser por el contexto inmediato,la velocidad de los acontecimientos y el

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resultado imprevisto del cambio de gobier-no, esos escenarios, actores y acciones se-rían el tipo de sueño que un liberal sueña.Lo malo es que para sostener esa fantasía sedebe prescindir de gran parte de los acon-tecimientos que realmente ocurrieron. Elpeso de esa evidencia indica que del con-junto de las instituciones estatales previstaspara el autogobierno de la sociedad deja-ron de existir o de operar todas, exceptodos: el Parlamento y la ciudadanía.

Para salir de esta contradicción es ne-cesario volver a prestar atención a los re-clamos de los ciudadanos y de losparlamentarios. Unos y otros, en sus res-pectivos espacios de la esfera pública, re-clamaban desde fines de noviembre ydurante las manifestaciones, primero lavigencia plena del Estado de derecho, lue-go la destitución del presidente y más re-cientemente el remplazo total de losrepresentantes electos en 2002, y una re-forma política total. Una demanda insis-tentemente expresada desde la destitucióndel presidente, en la tarde del 20 de abril,y parcialmente acogida por el gobiernodel actual presidente Alfredo Palacio, ensu programa político. Todos los actoresse refirieron a la reforma como “refunda-ción del país”. Al menos una parte de losactores propusieron que dicho procesodebería realizarse mediante una AsambleaConstituyente que dicte una nueva Cons-titución y nuevas leyes electorales y, fi-

nalmente, con la convocatoria a eleccio-nes anticipadas; demandas todas quevuelven a repetir las que se levantaron enfebrero de 1997 con la caída del presi-dente Bucaram.

Esas demandas y el modo en el quefueron enunciadas denuncian el sentidopolítico del momento actual de la demo-cracia ecuatoriana. Voy a dejar de lado elhecho de que una parte de ese proceso deenunciación apeló a ingeniosos recursosestéticos, tales como: el baile, el canto, lacreación de iconografías humorísticas, laironía y la poética. Lo que llama la aten-ción es el argumento que justificó la movi-lización de las personas: fueron ciudadanosindividuales que reunidos dieron forma aun cuerpo colectivo mayor, la ciudadanía.Este cuerpo colectivo demandó el ejerciciode una libertad enmarcada en la Constitu-ción, pero al mismo tiempo arraigada enrelaciones objetivas e inmutables, dadas porlas relaciones “naturales” establecidas porlas personas a partir de marcos de referen-cia no jurídicos, tales como: el lugar de re-sidencia (su barrio, sus calles, su ciudad),su sitio de trabajo, la pertenencia a algúntipo de asociación informal, etc. En la se-mana del 13 al 18 de abril, parte de estereclamo se expresó en los carteles que por-taban los manifestantes, en la dramatiza-ción callejera y en las voces de los locutoresde una o dos radios quiteñas (la más desta-cada, “La Luna”)26.

26 Para una cronología de los acontecimientos véase Vistazo, No. 905, abril 28/05 y la edición especial de ElComercio, domingo 24 de abril de 2005, así como el suplemento del mismo diario “Siete Días”, de la misma fecha.

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Las demandas apelaban constante-mente a referentes morales, tales como laética pública, el sentimiento de traición,el derecho a la rebelión, la indignaciónpública, el amor a las leyes y la patria. Elpresidente y su amigo Abdalá Bucaram,quien había retornado al país a inicios deabril luego de ser sobreseído por el presi-dente de la Corte Suprema de Justicia27,así como los magistrados que ocupaban laCorte Suprema de Justicia e incluso losparlamentarios, fueron calificados como“ilegítimos y corruptos”. Todos estos per-sonajes y sus defensores fueron presenta-dos como enemigos públicos que debíanser inmediatamente castigados con la pér-dida de sus cargos públicos y sometidos ala humillación, esto es a la forma por ex-celencia de la venganza pública. En sínte-sis, en los siete días que culminaron conla destrucción del gobierno de Gutiérrezlas personas individuales, ejerciendo sucapacidad de juicio autónomo y su mayo-ría de edad política, participaron en la for-mación de la voluntad colectiva y seconstituyeron en “pueblo soberano”, enciudadanía moralmente indignada. Laexistencia de este sujeto soberano estuvonutrida de un espíritu republicano.

¿Cómo sabemos de ese espíritu? Porlos símbolos que lo representan, a saber:las asambleas, el uso intensivo de los sím-

bolos patrios tradicionales (la bandera yel himno nacionales, creados en la épocarepublicana), la demanda por una consti-tución que otorgue nuevos fundamentoslegales a la nación (natural); si quedaraalguna duda, incluso por el recurso sim-bólico que permitió la identificación re-flexiva del sujeto colectivo, esto es, “laciudadanía activa”. El sentido político ge-neral de la movilización social, aquel en elque se reconocieron los que en él partici-paron, fue eminentemente republicano28.

También lo es su dirección actual atodos los niveles políticos pertinentes.Veamos: el ejecutivo está conformado porpersonas de prestigio, cuya divisa de pre-sentación es su intachable lealtad hacia larepública, en su mayor parte de origenconservador y republicano (algunos deellos fueron militantes del extinto partidorepublicano, o por razones familiaresemergen de bien establecidas familias con-servadoras y republicanas). El Congreso,gracias a las presiones sociales, está actuan-do bajo motivos republicanos (calmar laindignación pública) y, como he dicho,con una agenda política republicana. Encuanto a los ciudadanos, muchos de elloshan retornado a su condición pre-políticade simples individuos, aunque todavíainsuflados por la ética política que he des-crito, y los que se mantienen activos en

27 El doctor Guillermo Castro Dáger, militante del PRE y amigo personal, confeso, del ex presidente Buca-ram.28 Sobre la vigencia y revitalización del republicanismo en el pensamiento político y la acción colectiva enAmérica Latina véase Cohn, 2004 y Villavicencio, 2004.

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las asambleas y asociaciones informalesimpulsan, como lo hacía notar en una delas jornadas anteriores, un proyecto polí-tico republicano.

Vistos los acontecimientos de abril-mayo desde una perspectiva de filosofíapolítica destaca una lección relevante. Esclaro que fracasó la intención de una bue-na parte de la Constitución de 1998 deconformar un tipo de gobierno para lasociedad que fuese básicamente una granmáquina de administración ordenada yneutra de todo tipo de conflictos (econó-micos, políticos y sociales). La idea liberalde la política como simple administracióndel Estado no daba cabida, ni pudo tam-poco contener al espíritu republicano, perosí crear una esfera pública lo suficiente-mente amplia y fuerte como para que éstepudiese manifestarse de forma relativa-mente libre. El problema fundamental delliberalismo en la sociedad altamente des-igual del Ecuador sigue en pie: encontraruna fórmula política que mantenga la des-igualdad social, avance la sociedad demercado y al mismo tiempo provea de es-tabilidad política a los gobiernos elegidospor votación universal.

Este problema no es, de hecho, nove-doso. Los experimentos liberal-constitu-cionales del siglo XIX y temprano siglo XXen toda América Latina confrontaron undilema similar, resolviéndolo con la crea-ción de un liberalismo republicano y con-servador. ¿Es ésta la dirección que va atomar la nueva ola de reformas políticasinstitucionales? Intentaré esbozar una res-

puesta en la siguiente y última sección.

V. LOS REFORMISMOS

EN SU LABERINTO

La democracia liberal requiere no sólo laposibilidad de una continúa expansión dela esfera de decisiones que quedan por fue-ra del dominio estatal, reduciendo al go-bierno a una función puramente decisionaly administrativa. Esta es una tarea rutina-ria que asume que la lucha política está bienordenada, y en la cual las instituciones delorden político no son constantemente cues-tionadas en sus sesgos fundamentales. Estefuncionamiento supone la existencia de unacontinua alteración de las relaciones depoder, que ocurre en plazos largos y demanera acumulativa, de forma que even-tualmente las nuevas constelaciones de po-der -traducidas en sucesivas coalicionesgubernamentales-, produzcan nuevas ins-tituciones políticas o cambien algunas fun-ciones centrales de las existentes. No haydemocracia liberal sin democratización delas relaciones de poder, por lo mismo nopuede haber tal cosa como una democra-cia liberal con un mandato estricto y rígi-do de una estabilidad radical en lasrelaciones de poder. Pero esto es precisa-mente lo que buscan los reformadoresecuatorianos.

¿De qué clase de reforma estamoshablando entonces? De una que sea libe-ral en la superficie y conservadora en lapráctica. Para lograr esta combinación nobasta con conformar una democracia con-

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servadora con partidos, hay que ademáslimitar la participación política y mante-ner formas políticas que garanticen lasganancias de las elites económicas.

Retomo brevemente las lecciones dela historia; los períodos de estabilidad po-lítica en el Ecuador, básicamente entre1900-1925 y 1948-1961 (Quintero y Sil-va, 1995; Ayala, 1993), se obtuvieron conla participación limitada tanto en el nú-mero de electores como en el número yprocedencia de los decisores. A inicios delsiglo XX esta limitación fue extrema; amediados del siglo XX la restricción delvoto para los analfabetos permitió acogera los nuevos sectores urbanos, pero sólo alprecio de mantener la exclusión de la ma-yoría rural. En uno y otro períodos la con-servación de relaciones de poder arcaicasen las zonas rurales, mantenidas legalmen-te o institucionalizadas de facto, en todocaso por intervención del Estado, garan-tizaban que las elites terratenientes-expor-tadoras-financieras prosperaran gracias auna economía de exportación y libre co-mercio (relativo, en el segundo período).

Dos factores facilitaron esa estabili-dad. Primero, un ciclo económico positi-vo en el cual los productos de exportación,controlados por las elites económicas, te-nían una alta demanda y precio en el mer-cado internacional. Segundo, un relativoconsenso entre las fracciones de las elitespara mantener el control general del pro-ceso político, mediante partidos políticosrelativamente no-ideológicos, pero conaparatos nacionales que “sustituyesen la

ideología”. Sólo una de estas variables seencuentra presente en el momento actual,y de manera parcial; la segundo está au-sente. Estas condiciones traen efectos parala deseada estabilidad política.

El producto de alto precio interna-cional es el petróleo, pero éste es contro-lado por el Estado, las elites sólo puedenbeneficiarse del auge exportador por tresvías indirectas: mediante la asociación conel Estado en la explotación y exportacióndel petróleo; a través del sistema financierointernacional, o dirigiendo las ganancias delEstado en beneficio propio. En el primercaso, la asociación puede ser directa me-diante la creación de joint-ventures entre elEstado y compañías transnacionales, de lascuales las elites nacionales son contrapartelocal a través de diversas vías: asociación decapitales, provisión de servicios de interme-diación y jurídicos; o bien creando com-pañías que provean servicios terciarios ala explotación petrolera. En el segundocaso, el pago de la deuda interna y externapermite la captación directa de los recur-sos estatales. En el tercero, un programade “reactivación industrial” indiscrimina-do permite a las elites ganar por su con-trol sobre industrias oligopólicas.

En cualquiera de los tres casos el con-trol más o menos directo del gobierno esdeseable, pero esta condición en la actua-lidad se dificulta con partidos políticoscuya fuerza electoral real es limitada e in-cluso impredecible. Una solución institu-cional sería la limitación de laparticipación política organizada por vía

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legal, o bien informalmente, mediante lacooptación de líderes y partidos disiden-tes (el ejemplo más reciente es el movi-miento indígena y Pachakutik). En amboscasos, la institucionalidad resultante tal vezsería estable, pero difícilmente democrá-tica, y sin lugar a dudas reñida con la idealiberal de neutralidad del proceso políticogubernamental.

La reforma posible, más allá de cual-quier especulación teórica que pueda pro-venir de los científicos políticos y de losactivistas liberales, tendría que apuntar enuna sola dirección: simplificar la vida polí-tica hasta que alcance un grado de sencillezparecido al de la economía ecuatoriana. Estasimplificación tendría que lograrse por laeliminación de contendores políticos. Sinembargo, tal objetivo no es fácil de alcan-zar y menos aún cuando existen graves di-ferencias entre las elites serranas y costeñas.

La alternativa podría ser, de hecho hasido, la creación de una institucionalidadque conecte directamente al Estado, encasos como Quito, Guayaquil, Cuenca yotros municipios menores, con los electo-res para, a través de la provisión de bienesy servicios, crear y dar coherencia a un sis-tema avanzado de cooptación de los sec-tores medios y populares. En este caso, esposible que el desarrollo de la actual fasede inestabilidad se realice en dos niveles:alta estabilidad en los núcleos de controlregional de las elites, a saber los gobiernoslocales de Quito, Guayaquil, Cuenca yprobablemente en aquellos en la actuali-dad dominados por el movimiento indí-

gena, e inestabilidad en la periferia de esasregiones y en el espacio político nacional.

Lo que está en juego en la resoluciónde la actual fase de inestabilidad sería en-tonces la emergencia de nuevas formasinstitucionales que contengan la disloca-ción social y política creada por el neoli-beralismo. He indicado que las opcionesaparentemente son pocas: democraciaconservadora de alcance nacional, o la di-solución lenta del Estado y de la demo-cracia como forma política nacional.

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