Defensoría del Pueblo del Ecuador

Gina Benavides LlerenaDefensora del Pueblo del Ecuador ( e )

Javier Arcentales IllescasAsesor en Movilidad Humana

Paulina Salazar BeltránDirectora de Relaciones Internacionales

Gabriela Delgado PoloEquipo Relaciones Internacionales

CARE - Ecuador

Alexandra Moncada Directora País

Catalina Vargas VillamarínGerente de Calidad de Programas y Recursos

Johanna Aguirre SánchezTécnica de Proyectos

Sistematización general de información: Paola Moreno Núñez

Comunicación y diseño: Equipo de comunicación DPE

Fotografía: Equipo de Comunicación DPE y Edu León

Quito, Ecuador - 2018

DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN MEMORIA DEL FORO

Contexto Foro Regional “Desafíos en la Protección de los derechos de la Población Venezolana en Movilidad Humana”Antecedentes del Foro1. Normativa y Políticas migratorias:2. Atención humanitaria de emergencia:3. Protección especial a grupos de atención prioritaria:4. Igualdad y no discriminación en el ejercicio de derechos y combate a la xenofobia:5. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes:Sistematización de resultados de las mesas de trabajo – segundo díaMesa 1: Normativa y Políticas MigratoriasMesa 2: Atención Humanitaria de EmergenciaMesa 3: Protección Especial a Grupos de Atención PrioritariaMesa 4: Igualdad Y No Discriminación en el Ejercicio de Derechos y Combate a la XenofobiaMesa 5: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

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Índice

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Foro Regional “Desafíos en la Protección de los derechos de la Población Venezolana en Movilidad Humana”

ContextoVenezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha provocado que más de 2.5 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y la situación de derechos humanos, evidenciada por la Comisión Interamericana en su reporte de Derechos Humanos de 2017, y la crisis socio económica que se ha agravado en los años recientes. Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela deban enfrentar alarmantes dificultades para atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación (CIDH 2017).

Venezuela tiene uno de los índices más altos de inflación del mundo. En 2016 la inflación anual superó el 600% mientras que en 2017 ha llegado a 1360%. Cerca del 82% de los hogares se encuentran en pobreza, y cerca del 70% de los venezolanos están desempleados o dependen del mercado informal (MPI, 2017).

Colombia es el destino principal de los flujos de personas venezolanas que salen de su país. De acuerdo a la información de la OIM (2018), se estima que hay 400.000 personas de esa nacionalidad en Colombia, 120,000 de ellas son niños y niñas, muchos de éstos/as con necesidad urgente de cuidados de salud. Aproximadamente el 50% de las personas venezolanas en Colombia no tienen situación migratoria regularizada, y aquellas que tienen situación migratoria

regular, son consideradas migrantes económicos, por lo tanto, no reciben protección o apoyo. Esta población está en alta vulnerabilidad con necesidades de vivienda, cuidados de salud, acceso a educación para niños/as, alimentos, e inclusión económica y social.

Desde el 2016 se ha presentado un incremento de población venezolana que cruza el puente internacional de Rumichaca hacia Ecuador. Este flujo tuvo importantes incrementos desde mayo del 2018, pasando de un saldo migratorio de 7,445 personas que permanecieron en territorio ecuatoriano en abril, a 14.917 personas1. Aproximadamente entre 2.500 y 3.000 personas cruzan la frontera diariamente. Las cifras de los saldos migratorios desde el año 2015 hasta agosto del 2018 dan cuenta de la presencia de 188,872 personas venezolanas en el Ecuador2, no obstante, esta cifra bien podría alcanzar mayores dimensiones si se considera que el ingreso y salida de las personas en movilidad humana, para calcular los saldos migratorios, solamente registran los pasos por controles migratorios regulares. Ecuador es visto como un país de tránsito para llegar a Perú y Chile; sin embargo, muchas personas no cuentan con los recursos para continuar su viaje. La población adulta muestra signos de malnutrición; hay casos extremos de desnutrición entre los niños y las niñas. Dado su estado migratorio, las personas venezolanas en Ecuador están sujetas a explotación y extorsión en el mercado laboral3.

____________________1 Estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, al 9 de agosto de 2018.2 Ibíd.3 CARE 2018, Diagnóstico de situación y necesidades humanitarias de la población venezolana que se encuentra en situación de movilidad humana –regular e irregular- en los países de América del Sur.

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Antecedentes del Foro

Este incremento vertiginoso del flujo migratorio de población venezolana tiene como principales países de tránsito y destino a los países de la región, en particular Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile ha puesto en evidencia serias amenazas y vulneraciones a los derechos humanos de esta población, las cuales configuran una crisis humanitaria que requiere respuestas coordinadas entre Estados y acordes a los derechos humanos. Este contexto genera retos importantes en las acciones de las instituciones nacionales de derechos humanos de la región.

Con estos antecedentes, CARE impulsó un acuerdo con la Defensoría del Pueblo del Ecuador, para co-organizar el FORO REGIONAL: Desafíos en la Protección de los derechos de la Población Venezolana en Movilidad Humana en la Región4 junto con organizaciones de la sociedad civil, agencias del sistema de Naciones Unidas, Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la cooperación internacional, dirigido a crear un espacio regional para el intercambio de información, diálogo y cooperación, con miras a brindar adecuada atención a la población venezolana en la región, particularizando en el rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH).

Además es importante contar con estrategias claras frente a los desafíos que tienen los Estados para brindar la atención adecuada y proteger los derechos humanos de la población venezolana en movilidad humana articulando a los diferentes actores participantes.

1. Hay brechas significativas entre los enunciados de las normativas nacionales y su aplicación práctica, para proteger los derechos de las personas venezolanas. Persiste la tensión entre la perspectiva de derechos humanos y los paradigmas de soberanía y seguridad de los Estados. 2. A pesar de las respuestas respecto al ingreso y la regularización de las personas venezolanas en movilidad humana en los países de la región, existen vacíos de protección: rechazos en frontera, detenciones migratorias, solicitud de documentos oficiales y requisitos que no se pueden cumplir (obligando a las personas a recurrir a canales irregulares de migración).

Los siguientes puntos constituyen un reflejo de las tendencias sobe nudos críticos, vacíos y desafíos que enfrentan los países receptores de personas venezolanas en movilidad humana de la región, a partir de la llegada, tránsito y permanencia de dicha población en sus territorios. No se ha recogido situaciones específicas o particularidades de cada país, con el objeto de las estrategias que se definan en cada eje temático apunten a plantear respuestas regionales conjuntas.

1. Normativa y Políticas migratorias:

Nudos críticos, desafíos y vacíos en la región a partir de paneles del primer día

____________________4 Inicialmente el Foro se propuso en torno a la región Andina, pero en consideración a las dimensiones de la movilidad humana venezolana y las necesidades de protección ha sido ampliado a un nivel regional.

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3. Algunas respuestas de regularización continúan siendo restrictivas en cuanto a su aplicabilidad y en lo que respecta al ejercicio de derechos. No responden a las complejidades de los flujos migratorios de las personas venezolanas, o a los flujos mixtos, y están pensadas para responder a corto plazo (no a una crisis humanitaria que tendrá efectos a mediano y largo plazo).

4. Las respuestas de regularización no contemplan la transición desde una situación de protección temporal hacia procesos de inclusión e integración a mediano o largo plazo.

5. La posibilidad de acceso al proceso de reconocimiento de la condición de refugiado es mínima; no se están aplicando la definición y los principios de la Declaración de Cartagena para reconocer que las personas venezolanas que han salido de manera forzada de su país tienen la necesidad de protección internacional. Las respuestas positivas a las solicitudes de refugio que son admitidas, frente al número de solicitudes presentadas, son insuficientes en todos los países.

6. Los mecanismos para el ingreso y la regularización colocan requisitos y plazos que desconocen el debido proceso. Hay actitud discrecional en la aplicación de los mecanismos y reglamentos por parte de servidores públicos.

7. Las dimensiones e intensidad de los flujos sobrepasan las capacidades económicas e institucionales de los Estados para procesar y/o tramitar la regularización de las personas venezolanas en sus territorios, incluyendo las solicitudes de refugio. Lo mismo sucede con las respuestas de protección integral.

8. Las personas venezolanas desconocen sobre los trámites y requisitos para la regularización a los que podrían acceder en los países de destino (en los cuales existen alternativas o procesos de regularización de su condición migratoria).

9. Personas venezolanas no pueden tener sus documentos de identidad actualizados y/o en regla porque el Estado venezolano tiene serias limitaciones para emitir dichos documentos a sus ciudadanos. Lo mismo sucede con legalización y/o apostilla de otros documentos requeridos para regularizarse, trabajar o estudiar.

10. La adecuación normativa y los mecanismos de respuesta sobre el ingreso, tránsito y salida de personas venezolanas no se están dando en sincronía entre los países de la región. Las respuestas no han sido regionales y las decisiones unilaterales han puesto en riesgo a las personas que buscan ingresar o transitar entre países, en particular a los NNA y sus familias.

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1. Las dimensiones y complejidad de los flujos migratorios sobrepasan las capacidades y recursos con los que cuentan los Estados, las organizaciones de sociedad civil, y los organismos internacionales para dar respuestas en emergencia/asistencia humanitaria.

2. En algunos casos la presencia numerosa de personas venezolanas, comparada con el número de población local, ha colapsado los servicios básicos en los territorios, agravando la crisis humanitaria.

3. Hay muy pocas capacidades para albergar a la población venezolana en situación de vulnerabilidad en espacios adecuados que cumplan con estándares mínimos y protocolos de seguridad y protección, llevando a las personas a estar en situación de calle. No existe coordinación entre los distintos niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios para implementar albergues y espacios seguros.

4. Los protocolos de atención en situaciones de crisis humanitaria no son eficaces, o incluso no están siendo implementados; en particular en lo que respecta a grupos en situación de vulnerabilidad (NNA no acompañados o separados de sus padres/tutores, comunidades indígenas bifronterizas, personas con discapacidad).

5. Se evidencian vacíos de respuesta a necesidades humanitarias en cuanto a atención psicosocial, alimentación y nutrición, servicios de salud (en especial de salud sexual y salud reproductiva), y orientación sobre procesos de regularización.

1. En la mayoría de los casos se cuenta apenas con estimaciones o aproximados del número de personas venezolanas presentes en los países, a partir de las cifras de quienes han recurrido a las distintas alternativas de regularización de su condición migratoria o que han solicitado refugio. Sin embargo no se tiene datos exactos sobre las personas en situación irregular, o datos desagregados de la población venezolana en general, que permitan diseñar políticas y respuestas específicas, especialmente para grupos de atención prioritaria como NNA, adultos mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, mujeres gestantes, etc.

2. La debilidad en la gestión de información estadística oficial redunda en una potencial dificultad para movilizar/gestionar recursos con los organismos multilaterales de cooperación al desarrollo o la comunidad internacional. Para saber cuántos recursos se necesita y hacer un plan de búsqueda de recursos para apoyar las respuestas en cada país y en la región, es fundamental contar con registro e información cuantitativa/datos oficiales claros.

3. No existen respuestas integrales y adecuadas de protección, en atención a las condiciones de edad, identidad sexo genérica, o de salud y discapacidad, y protocolos específicos de actuación, ante las situaciones de riesgo a las que están expuestos grupos de población en condición de particular vulnerabilidad.

4. Las y los defensores de derechos humanos, que acompañan y protegen a población venezolana, están expuestos a riesgos de amenazas, persecuciones, criminalización, así como a limitantes en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos.

•Exacerbación de las distintas formas de violencia basada en género y la explotación sexual, ejercida sobre todo hacia niñas, y mujeres adolescentes y adultas.•Existen prácticas de sexo transaccional por servicios y alimentos colocando a las mujeres en particular situación de indefensión, y atentando contra su integridad y salud física y mental.•NNA y mujeres están en riesgo de reclutamiento forzado por los distintos grupos armados irregulares asociados al conflicto colombiano, en las zonas de frontera. •Personas con enfermedades crónicas /enfermedades infecto contagiosas no están siendo atendidas de manera adecuada y oportuna.•Numerosa presencia de Mujeres solas que llegan con uno o varios niños.•NNA, especialmente no acompañados o separados de sus padres, están más expuestos a diversas formas de violencia y explotación. •Los NNA que no llegan a los países con documentos de identidad están en situación grave de desprotección y en riesgo de ser separados de su familia y de privación en el acceso a sus derechos.•No se está garantizando el pleno acceso y permanencia de NNA en los sistemas educativos públicos, sobre la base de actuaciones discrecionales y discriminación.•Son escasas las respuestas de coordinación bi-nacional para atender y proteger específicamente a NNA no acompañados y separados de sus padres que están viajando entre países para lograr la reunificación con su familia.•Preocupa el alto porcentaje de personas viviendo con VIH y portando ETS, sin la adecuada atención por parte de servicios de salud.

2. Atención humanitaria de emergencia:

3. Protección especial a grupos de atención prioritaria:

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1. No existe una clara articulación en los países, entre las políticas migratorias y mecanismos de respuesta y regularización implementados, y las políticas públicas de acceso y ejercicio de derechos, para que las personas venezolanas puedan ejercerlos efectivamente.

2. Las respuestas de regularización implementadas no apuntan a soluciones de integración a mediano y largo plazo.

3. Se han manifestado dificultades de acceso a la justicia cuando ha habido faltas al debido proceso en los procesos de regularización.

4. Localidades no cuentan con condiciones para recibir a personas venezolanas en condición de dignidad, porque la población se está asentando en lugares de por sí empobrecidos.

5. La presión sobre los escasos servicios públicos genera tensión hacia la población venezolana y exacerbación de actitudes discriminatorias y de xenofobia. Personas venezolanas son culpabilizadas por las crisis económicas y empobrecimiento de los países receptores.

6. Existe una sobre- exposición y exceso de información de los medios de comunicación, que no siempre es adecuada y positiva, sobre la presencia de las personas venezolanas en la región, lo cual alimenta la opinión pública negativa y los estereotipos que pesan sobre las personas venezolanas en este momento.

7. A pesar de que en algunos países el mecanismo de regularización temporal implementado permite a las personas venezolanas el acceso a salud y educación, la actuación de los servidores públicos es discrecional y discriminatoria en la atención de estos servicios públicos. En otros casos no está claramente definido cómo puede la población venezolana acceder a dichos derechos básicos al acceder a los mecanismos de regularización establecidos.

8. Las políticas migratorias restrictivas impiden a la población venezolana trabajar de forma digna. Hay una clara descualificación de la población que cuenta con niveles de estudios y profesionalización elevados.

9. Hay acoso sexual hacia ambos sexos en espacios laborales; y en particular en lo laboral y en espacios públicos hacia las mujeres venezolanas por la hipersexualización de la que son objeto.

4. Igualdad y no discriminación en el ejercicio de derechos y combate a la xenofobia:

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1. Hay proliferación de servicios fraudulentos de hospedaje y albergues, de transporte, y de ofertas laborales, especialmente en las fronteras, como mecanismos para captar a personas venezolanas para ser víctimas trata, y que no están siendo investigados.

2. Las redes de trata están sacando provecho de la situación de desprotección de las personas venezolanas, y de la condición de la irregularidad a la que les empujan las políticas migratorias restrictivas.

3. Presencia en las zonas de frontera de NNA no acompañados o separados de sus padres los coloca en situación de riesgo a ser captados por redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

4. Albergues improvisados que no cuentan con protocolos adecuados de seguridad, protección y atención en emergencia colocan a la población venezolana en situación de vulnerabilidad, en especial a NNA y mujeres, en situación de riesgo a ser captados por redes de trata con fines de explotación sexual y laboral. Personas en situación de calle también están expuestas a estos riesgos.

5. No existen respuestas regionales para enfrentar estas problemáticas, más aún si se considera que puede haber presencia de redes transnacionales de trata y tráfico.

6. Son situaciones que no están claramente visibilizadas. Hay muy poca información estadística y conceptual sobre la incidencia de estos delitos.

7. Se está implementando medidas restrictivas de ingreso a los países con el argumento de proteger a las personas venezolanas de las redes de trata y tráfico.

10. Es común la explotación laboral, el trabajo injusto, y despidos de empleos estables, sobre la base de la condición de irregularidad de la población en edad de empleabilidad.

5. Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes:

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Sistematización de resultados de las mesas de trabajo – segundo día

A continuación se presenta las propuestas de estrategias elaboradas por los grupos de trabajo5, en las mesas temáticas. Es importante aclarar que debido a limitantes de tiempo, algunos grupos optaron por priorizar los nudos críticos identificados al final del Primer Día del Foro, y plantear estrategias que podrían responder a varios nudos críticos a la vez.

Se debe enfatizar que las observaciones que realizaron los grupos de trabajo, para todos los ejes/temas, tienen que ver con:

____________________5 Para la redacción de este informe se realizó un trabajo de edición de los resultados presentados por los grupos, a fin de excluir información duplicada, ordenar ideas en función de los ejes temáticos, y desarrollar propuestas que requerían mayores precisiones.

-Todos los países deben hacer un llamado a la comunidad internacional, para canalizar asistencia técnica y financiera. Para ello, es fundamental que exista una postura común de la región frente a la presencia de una crisis humanitaria en sus países y una declaratoria de estado de emergencia regional.

-Implementar mecanismos de participación de la población venezolana en movilidad humana y particularmente de quienes requieren de protección en el diseño y definición de las estrategias planteadas.

-Garantizar la coordinación interinstitucional entre instancias estatales, contando con el apoyo de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO). -Construir una base de datos de todas las organizaciones de sociedad civil (en cada país y a nivel regional) que trabajan en materia de derechos humanos, y de defensores/as, para generar enlaces de trabajo, articular esfuerzos e intercambiar experiencias.

-Presentar la Declaratoria del Foro junto con las estrategias en espacios regionales, interestatales y de sociedad civil. Asimismo, solicitar a las agencias del sistema ONU que socialicen los resultados del Foro en los espacios internacionales de discusión y articulación sobre derechos humanos, y también a quienes representan a redes en sus distintos países. Para el caso concreto de Ecuador, se solicita que los insumos de las mesas sean entregados a la Cancillería como apoyo para la construcción del plan de contingencia solicitado por la jueza que emitió su resolución frente a las medidas cautelares presentadas por la DPE.

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Mesa 1: Normativa y Políticas Migratorias

Nudos críticos/vacíos Estrategias propuestas1. Hay brechas significativas entre los enunciados de las normativas nacionales y su aplicación práctica, para proteger los derechos de las personas venezolanas. Persiste la tensión entre la perspectiva de derechos humanos y los paradigmas de soberanía y seguridad de los Estados.

2. Las respuestas de regularización no contemplan la transición desde una situación de protección temporal hacia procesos de inclusión e integración a mediano o largo plazo.

3. Los mecanismos de regularización colocan requisitos y plazos que desconocen el debido proceso. Hay actitud discrecional en la aplicación de los mecanismos y reglamentos por parte de servidores públicos.

Implementar un Sistema Regional Humanitario que permita la regularización justa y ágil y la garantía de derechos fundamentales en todos los países de recepción y tránsito de personas venezolanas en movilidad humana. Los principales aspectos que debe considerar este Sistema son:

• Elaborar un documento jurídico a nivel regional, con directrices y orientaciones, que cuente con el respaldo de las INDH, previo a la creación del Sistema Humanitario.

• Lograr un acuerdo regional, entre los Gobiernos de los países de recepción y tránsito de la población venezolana en movilidad humana que está en situación de vulnerabilidad, para la implementación de mecanismos orientados a la protección que permitan a la población venezolana una permanencia regular en los territorios de llegada y su movilidad segura hacia otros países de la región.

• Homologar los criterios de ingreso de la PVMH a los países de la región, estableciendo requisitos de documentación que sean asequibles/cuya obtención no implique trámites burocráticos complejos y costos elevados. Considerar mecanismos especiales/exenciones para el ingreso de niños y niñas sin documentos de identidad.

• Crear una moratoria migratoria como una respuesta emergente, mientras se implementan procesos de regularización del estatus migratorio de la población.

• Otorgar un status migratorio para la población venezolana que permita su permanencia a largo plazo (pensando en su integración local).

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• Poner en marcha procesos de regularización ágiles y accesibles para la población venezolana en movilidad humana.

• Eliminar las multas y sanciones por la condición migratoria irregular de la población venezolana.

• Diseñar mecanismos para otorgar visas de residencia permanente.

• Impulsar la concreción de la ciudadanía latinoamericana que propenda hacia una real integración de los países de la región.

• Levantar una línea de base sobre las dimensiones, perfiles y necesidades de la población venezolana en movilidad humana en cada país.

• Elaborar informes sobre la situación de la población venezolana en movilidad humana en cada país, bajo criterios homologados, que respondan al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos.

• Implementar espacios permanentes de coordinación regional para garantizar el cumplimiento de las acciones del Sistema.

• Realizar incidencia para que los Estados de la región den debido cumplimiento a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en particular los referidos a personas migrantes y refugiadas, que han firmado y ratificado.

• Solicitar el asesoramiento y acompañamiento técnico por parte de la CIDH.4. Algunas respuestas de ingreso y regularización continúan siendo restrictivas en cuanto a su aplicabilidad y en lo que respecta al ejercicio de derechos. No responden a las complejidades de los flujos migratorios de las personas venezolanas, o a los flujos mixtos, y están pensadas para responder a corto plazo (no a una crisis humanitaria que tendrá efectos a mediano y largo plazo).

Diseñar, implementar y monitorear el cumplimiento de un protocolo regional sobre el ingreso y tránsito de personas en movilidad humana. Este protocolo debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Las necesidades particulares de las personas de grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes, personas LGBTI, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas. Y además, plantear estándares mínimos para dar respuestas concretas que no dejen en un limbo jurídico a la persona migrante.

• Respuestas ágiles de atención administrativa frente a la ausencia de documentos de identidad.

• Homologar procesos para permitir el ingreso de la población venezolana y unificar criterios para la solicitud de documentos de identidad (cédula, partida de nacimiento o cualquier otro documento que certifique la identidad de la persona).

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5. La adecuación normativa y los mecanismos de respuesta sobre el ingreso, tránsito y salida de personas venezolanas no se están dando en sincronía entre los países de la región. Las respuestas no han sido regionales y las decisiones unilaterales han puesto en riesgo a las personas que buscan ingresar o transitar entre países, en particular a los NNA y sus familias.

• La articulación del protocolo con un sistema biométrico compartido regional que permita cruzar información entre países.

• Generar mecanismos que faciliten el acceso a la información de requisitos, costos, procesos, para poder regularizar el estatus migratorio para garantizar su estancia. Se puede generar material edu-comunicacional (físico y digital) que brinde información al respecto.

6. La posibilidad de acceso al proceso de reconocimiento de la condición de refugiado es mínima; no se están aplicando la definición y los principios de la Declaración de Cartagena para reconocer que las personas venezolanas que han salido de manera forzada de su país tienen la necesidad de protección internacional. Las respuestas positivas a las solicitudes de refugio que son admitidas, frente al número de solicitudes presentadas, son insuficientes en todos los países.

Incidir para que los Estados garanticen el derecho al refugio y se cumpla con los estándares y derechos establecidos en la normativa nacional e internacional en materia de refugio. (Declaración de Cartagena- Convención 1951), así como otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, derechos de la niñez, y derechos de las personas migrantes.

• Garantizar el debido proceso y el ejercicio de derechos para la población venezolana desde el primer día de llegada al país de destino.

• Realizar litigio estratégico para evidenciar nudos críticos, estructuras que vulneren derechos, prácticas discriminatorias, etc.

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Mesa 2: Atención Humanitaria de Emergencia

Nudos críticos/vacíos Estrategias de respuesta

1. Las dimensiones y complejidad de los flujos migratorios sobrepasan las capacidades y recursos con los que cuentan los Estados, las organizaciones de sociedad civil, y los organismos internacionales para dar respuestas en emergencia/asistencia humanitaria.

Identificación y evaluación rápida de necesidades priorizadas para precautelar la vida de las personas en movilidad humana, conforme el mandato de cada organización, a través de una acción integral del Estado (Defensoría del Pueblo). Compartir esta información entre los países de la región, así como las metodologías de la evaluación realizada y las buenas prácticas obtenidas.

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2. En algunos casos la presencia numerosa de personas venezolanas, comparada con el número de población local, ha colapsado los servicios básicos en los territorios, agravando la crisis humanitaria.

Desarrollar un plan regional que aborde: i) agua, saneamiento, higiene; ii) salud; iii) seguridad alimentaria; iv) refugio y alojamiento; v) atención psicosocial y jurídica; y vi) protección, para dar respuestas integrales.

3. Hay muy pocas capacidades para albergar a la población venezolana en situación de vulnerabilidad en espacios adecuados que cumplan con estándares mínimos y protocolos de seguridad y protección, llevando a las personas a estar en situación de calle. No existe coordinación entre los distintos niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y actores humanitarios para implementar albergues y espacios seguros.

Crear una red de Defensorías a nivel regional para exigir la habilitación de centros de descanso temporales para la población en tránsito, que cumpla con los protocolos internacional y estándares mínimos que señala la Carta Humanitaria.

4. Los protocolos de atención en situaciones de crisis humanitaria no son eficaces, o incluso no están siendo implementados; en particular en lo que respecta a grupos en situación de vulnerabilidad (NNA no acompañados o separados de sus padres/tutores, comunidades indígenas bi-fronterizas, personas con discapacidad).

Socializar y adaptar protocolos de atención en situaciones de emergencia a poblaciones en especial vulnerabilidad para brindar una atención diferenciada, a través de encuentros regionales y la socialización/revisión de protocolos y buenas prácticas existentes. (Manual de Esfera, normas INNE, estándares internacionales)

5. Se evidencian vacíos de respuesta a necesidades humanitarias en cuanto a atención psicosocial, alimentación y nutrición, servicios de salud (en especial de salud sexual y salud reproductiva, enfermedades metaxénicas), y orientación sobre procesos de regularización.

Activar y generar centros de atención en zonas estratégicas para dar respuestas integrales, con carácter intersectorial, a las necesidades humanitarias, a través de la coordinación del responsable de gestión de riesgo de cada país). Compartir entre los países de la región las metodologías de atención y las buenas prácticas obtenidas.

17Fotografía: Edu León

“No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas, marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados”.

-Eduardo Galeano

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Mesa 3: Protección Especial a Grupos de Atención Prioritaria

Nudos críticos/vacíos Estrategias de respuesta1. Falta de información de las personas migrantes impide el diagnóstico de realidad, diseño de políticas públicas y gestión de recursos. Es fundamental contar con registro e información cuantitativa/datos oficiales claros.

2. En la mayoría de los casos se cuenta apenas con estimaciones o aproximados del número de personas venezolanas presentes en los países, a partir de las cifras de quienes han recurrido a las distintas alternativas de regularización de su condición migratoria o que han solicitado refugio. Sin embargo no se tiene datos exactos sobre las personas en situación irregular, o datos desagregados de la población venezolana en general, que permitan diseñar políticas y respuestas específicas, especialmente para grupos de atención prioritaria como NNA, adultos mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, mujeres gestantes, etc.

Exhortar a los Gobiernos de la región para que se implemente un sistema homologado de gestión de información sobre personas en movilidad humana, que contemple el registro y levantamiento de información estadística, que permita desagregación de datos en función de los perfiles sociodemográficos de los grupos de atención prioritaria, y que incluya lugares de destino; que ésta sea asequible, actualizada y transparente (con estándares que garanticen la privacidad, protección de la vida, y confidencialidad). Incidir para que las entidades encargadas del procesamiento de la información estadística generen reportes periódicos que sea públicos, guardando los principios y estándares antes mencionados. Los Gobiernos que han implementado registros y sistemas de estas características pueden compartir sus metodologías e instrumentos a los demás países de la región.

Se plantea que este sistema esté articulado con los servicios de protección especial que se activen en cada país.

La información servirá para garantizar el enfoque de protección especial a los grupos de atención prioritaria, como insumo para el diseño e implementación de política pública y la activación de los servicios de protección especial.

(Articular con estrategias de Mesa 1)

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3. Exacerbación de las distintas formas de violencia basada en género y la explotación sexual, ejercida sobre todo hacia niñas, y mujeres adolescentes y adultas.

4. Existen prácticas de sexo transaccional por servicios y alimentos colocando a las mujeres en particular situación de indefensión, y atentando contra su integridad y salud física y mental.

5. NNA y mujeres están en riesgo de reclutamiento forzado por los distintos grupos amados irregulares asociados al conflicto colombiano, en las zonas de frontera.

• Capacitar a los agentes de frontera e inclusión de personal especializado para identificar casos de violencia basada en género (y posibles riesgos asociados a los vectores del conflicto armado colombiano, en el caso de las zonas fronterizas de este país) y referir las rutas de implementación de protocolos de protección. Implica incorporar un mayor número de funcionarias mujeres en los puestos de control migratorio, con la debida capacitación.

• Fortalecer los sistemas y rutas de atención existentes. Socializar y difundir las rutas de atención y los mecanismos de denuncia (ej: una aplicación celular).

• Realizar material de difusión y prevención integral sobre los riesgos de violencia basada en género en contextos de movilidad humana y situaciones humanitarias, así como de rutas seguras de migración en toda la región.

• Fortalecer la articulación en red de las organizaciones de sociedad civil, organismos estatales y organismos internacionales, con presencia en las zonas de frontera.

• Implementar procesos de empoderamiento con mujeres para la denuncia ante actos de extorsión; promover el rol de las organizaciones de sociedad civil para este proceso.

(Articular con estrategias de Mesa 1)

6. NNA, especialmente no acompañados o separados de sus padres, están más expuestos a diversas formas de violencia y explotación.

7. Los NNA que no llegan a los países con documentos de identidad están en situación grave de desprotección y en riesgo de ser separados de su familia y de privación en el acceso a sus derechos.

8. Son escasas las respuestas de coordinación bi-nacional para atender y proteger específicamente a NNA no acompañados y separados de sus padres que están viajando entre países para lograr la reunificación con su familia.

• No poner limitaciones administrativas o de cualquier tipo al ingreso de niños y niñas, apelando al principio del interés superior del niño (Articular con estrategias de Mesa 1).

• Implementar protocolos y mecanismos regionales que garanticen la reagrupación familiar (en la medida de lo posible), desplegando la debida coordinación bi-nacional, entre las INDH y las instancias gubernamentales competentes. Hacer uso de las buenas prácticas, experiencias y protocolos ya existentes en ciertos países, que se puedan adaptar a las realidades/contextos de cada país, contando con la asistencia técnica de las agencias del Sistema Naciones Unidas. Asegurar que los protocolos incorporen estándares mínimos para la región. Se puede pensar también en protocolos más específico para cada país.

• Incidir para que los Estados tengan la obligación prioritaria de dar documentación al niño/a y a las personas adultas acompañantes, en función de los principios del interés superior del niño y la unidad familiar.

• Establecer puntos focales de las INDH en las zonas de frontera para garantizar el debido proceso, el cumplimiento de los estándares y la protección de los NNA (y otros grupos de atención prioritaria), así como para contar con una ágil coordinación bi-fronteriza.

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9. Personas con enfermedades crónicas /enfermedades infecto contagiosas no están siendo atendidas de manera adecuada y oportuna.

• Proveer en los puntos de frontera y otros lugares de llegada de la PVMH información adecuada y oportuna sobre los puntos de acceso a tratamiento y atención médica.

• Compartir información entre los sistemas de salud pública de los países de la región.

• Incidir para que los sistemas de salud pública nacionales pongan en marcha campañas de información y prevención sobre enfermedades infecto contagiosas y metaxénicas (ZIKA, dengue, chikungunya).

• Articular esfuerzos interinstitucionales en cada país para implementar mecanismos (capacitación, sensibilización, controles, puntos de información, etc.) que garanticen a las PMH el ejercer el trabajo sexual en condiciones de seguridad y dignidad.

10. No se está garantizando el pleno acceso y permanencia de NNA en los sistemas educativos públicos, sobre la base de actuaciones discrecionales y discriminación.

• Incidir para que se reforme y/o armonice la normativa en materia de educación, para que se garantice el acceso y permanencia de NNA en el sistema educativo público. Asimismo, trabajar para que los Gobiernos flexibilicen los requisitos de documentación (y costos si fuera el caso), para la matriculación de los NNA en los establecimientos educativos.

• Adecuación de sistemas informáticos para el registro, acceso y ubicación de los NNA en establecimientos educativos, para el ejercicio efectivo de este derecho.

(Articular con Mesas 1 y 4)

11. Las y los defensores de derechos humanos, que acompañan y protegen a población venezolana, están expuestos a riesgos de amenazas, persecuciones, criminalización, así como a limitantes en su trabajo de acompañamiento y defensa de derechos.

Nota: se plantea que el tema de defensores y defensoras de derechos humanos esté presente como eje transversal en el diseño y definición de las estrategias.

• Incidir para que los Estados, a nivel regional y cada uno en su país, asuman una política de cero tolerancia a la criminalización y/o persecución de defensores/as de derechos humanos; y que esta política sea ampliamente difundida.

• Asimismo, que los Estados establezcan y socialicen los mecanismos de protección y garantía de la integridad de defensores/as. Solicitar a los Estados que cuenten con dichos mecanismos y buenas prácticas, que intercambien esta información y brinden asistencia técnica entre homólogos. • Articular una plataforma regional de defensores/as. Compartir información y publicar denuncias a través de este espacio.• Recopilación de información que evidencie la xenofobia y como ésta pone en riesgo la integridad de las y los defensores.

(Articular con Mesa 4)

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“Al extranjero o bien se le ignora, es decir, se trata de no verlo, o peor aún se le asesina: físicamente, como lo demuestran las fronteras de varios países en el mundo tan manchadas de sangre, o se le mata negándole el acceso a la educación, a la escuela, al trabajo”…

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Mesa 4: Igualdad Y No Discriminación en el Ejercicio de Derechos y Combate a la Xenofobia

Nudos críticos/vacíos Estrategias de respuesta1. No existe una clara articulación en los países, entre las políticas migratorias y mecanismos de respuesta y regularización implementados, y las políticas públicas de acceso y ejercicio de derechos, para que las personas venezolanas puedan ejercerlos efectivamente.

2. A pesar de que en algunos países el mecanismo de regularización temporal implementado permite a las personas venezolanas el acceso a salud y educación, la actuación de los servidores públicos es discrecional y discriminatoria en la atención de estos servicios públicos. En otros casos no está claramente definido cómo puede la población venezolana acceder a dichos derechos básicos al acceder a los mecanismos de regularización establecidos.

• Unificar en la región los requisitos mínimos para el acceso a derechos que contemplen la situación específica de las personas en contexto de migración, para evitar la discrecionalidad.

• Elaborar informes situacionales sobre el acceso y ejercicio de derechos de la PVMH y población en movilidad humana en general, para visibilizar los vacíos y nudos críticos, que permitan hacer exigibilidad a los Estados.

• Interponer acciones de protección para lograr el amparo directo y eficaz de los derechos que han sido negados, bien sea por la actuación discrecional de servidores/as públicos, o por políticas públicas discriminatorias.

• Coordinar a nivel territorial, con los gobiernos locales y redes locales de protección de derechos el apoyo para establecer rutas y protocolos internos para restitución de derechos. Con especial énfasis en la respuesta en casos de emergencia de salud, menores no acompañados, potenciales casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

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3. Las respuestas de regularización implementadas no apuntan a soluciones de integración y permanencia a mediano y largo plazo.

Articular con Mesa 1:

Incidir para que se otorgue un status migratorio para la población venezolana que permita su permanencia a largo plazo, y posibilite su integración local.

4. Se han manifestado dificultades de acceso a la justicia cuando ha habido faltas al debido proceso en los procesos de regularización.

• Establecer entidades de los Estados que brinden patrocinio para la generación del trámite administrativo y/o judicial de procesos de regularización.

• Compartir prácticas administrativas/judiciales y extrajudiciales entre los Estados que permitan la regularización de las personas venezolanas.

5. Localidades no cuentan con condiciones para recibir a personas venezolanas en condición de dignidad, porque la población se está asentando en lugares de por sí empobrecidos.

6. La presión sobre los escasos servicios públicos genera tensión hacia la población venezolana y exacerbación de actitudes discriminatorias y de xenofobia. Personas venezolanas son culpabilizadas por las crisis económicas y empobrecimiento de los países receptores.

• Campañas que evidencien que no existe relación entre la llegada de personas venezolanas y la deficiente prestación de servicios públicos generadas conjuntamente entre organizaciones de sociedad civil/organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y entidades Estatales.

• Judicialización de casos de xenofobia, discriminación, odio o el tipo penal que se adecue a las conductas que vulneran derechos de personas venezolanas en movilidad. Compartir buenas prácticas.

• Determinar a nivel regional la situación específica de la migración venezolana como crisis humanitaria y con base en esto generar campañas edu-comunicacionales que reflejen la verdadera razón que motiva a las personas a migrar.

• Establecer la institucionalidad de cada país que debe regular y/o garantizar el ejercicio de derechos para que se prevenga la discriminación y se la desnaturalice.

7. Existe una sobre- exposición y exceso de información de los medios de comunicación, que no siempre es adecuada y positiva, sobre la presencia de las personas venezolanas en la región, lo cual alimenta la opinión pública negativa y los estereotipos que pesan sobre las personas venezolanas en este momento.

• Realizar procesos sostenidos de sensibilización y capacitación a comunicadores sociales, periodistas y editores de contenidos de los medios de comunicación sobre migración, refugio, discriminación y xenofobia, con enfoques de derechos humanos, género y diversidades; y en particular sobre el manejo adecuado de la información respecto de la crisis humanitaria que atraviesan los países de la región.

• Incidir para que las entidades estatales competentes realicen el monitoreo y control de lo que en medios se presenta respecto de la población venezolana en particular, y de las personas en movilidad humana en general.

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8. Las políticas migratorias restrictivas impiden a la población venezolana trabajar de forma digna. Hay una clara descualificación de la población que cuenta con niveles de estudios y profesionalización elevados.

9. Hay acoso sexual hacia ambos sexos en espacios laborales; y en particular en lo laboral y en espacios públicos hacia las mujeres venezolanas por la hipersexualización de la que son objeto.

10. Es común la explotación laboral, el trabajo injusto, y despidos de empleos estables, sobre la base de la condición de irregularidad de la población en edad de empleabilidad.

• Adoptar medidas a nivel regional para la regularización de personas con fines laborales. (Articular con Mesa 1)

• Promover, desde un enfoque de derechos, controles permanentes a empresas y comercios locales, para evitar abusos, explotación, tratos arbitrarios e injustos a personas trabajadores en movilidad humana.

• Incidir en las entidades estatales competentes a nivel territorial, para a mediar en permisos para ventas ambulantes, definiendo reglas de beneficio mutuo: delimitar zonas permitidas para las ventas, controlar los abusos o excesos por parte de policías/autoridades de control, y promover normativa local sobre trabajo informal que no vulnere los derechos de la población en situación de movilidad humana.

• Promover programas de generación de ingresos y medios de vida dignos: fomentar la formación de cajas de ahorro; formación en el diseño e implementación de micro emprendimientos productivos, apoyando el acceso a crédito con instituciones de las estructuras financieras locales (cooperativas y cajas de crédito).

• Incidir para que existan procesos ágiles y asequibles (en términos de costos y requerimientos) de reconocimiento y homologación de títulos profesionales.

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Mesa 5: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

Nudos críticos/vacíos Estrategias de respuesta

1. Hay proliferación de servicios fraudulentos de hospedaje y albergues, de transporte, y de ofertas laborales, especialmente en las fronteras, como mecanismos para captar a personas venezolanas para ser víctimas trata, y que no están siendo investigados.

• Aplicar y definir las competencias institucionales del Estado e identificar competencias en territorio a fin de contar con una ruta de asistencia integral regional que tenga enfoque de derechos humanos, género, intergeneracional y diversidades, a través de los encuentros convocados por las instituciones rectoras.

• Coordinar operativos interinstitucionales (y bi-nacionales si fuera el caso), que permitan el control y la judicialización de los casos identificados.

2. Las redes de trata están sacando provecho de la situación de desprotección de las personas venezolanas, y de la condición de la irregularidad a la que les empujan las políticas migratorias restrictivas.

Flexibilizar las políticas migratorias específicas para prevenir la desprotección de la población venezolana, a través de medidas incluyentes y mecanismo migratorios ágiles y alternativos que estén coordinados a nivel regional.

3. Presencia en las zonas de frontera de NNA no acompañados o separados de sus padres los coloca en situación de riesgo a ser captados por redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Elaborar un Protocolo de actuación regional integral frente a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, para garantizar la protección de NNA no acompañados y separados en todo el territorio, mediante el acompañamiento de la cooperación internacional.

(Articular con Mesa 3)

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4. Albergues improvisados que no cuentan con protocolos adecuados de seguridad, protección y atención en emergencia colocan a la población venezolana en situación de vulnerabilidad, en especial a NNA y mujeres, en situación de riesgo a ser captados por redes de trata con fines de explotación sexual y laboral. Personas en situación de calle también están expuestas a estos riesgos.

• Incidir para que las entidades estatales competentes asuman la gestión/asministración de los albergues y que éstos funcionen con protocolos que cumplan con los estándares internacionales (Manual de Esfera, normas INNE, etc.).

• Implementar mecanismos de veeduría ciudadana y acción estatal/institución competente para garantizar que los albergues funcionen adecuadamente y de forma segura, especialmente para los NNA y las mujeres.

(Articular con Mesa 3)

5. Son situaciones que no están claramente visibilizadas. Hay muy poca información estadística y conceptual sobre la incidencia de estos delitos.

6. No existen respuestas regionales para enfrentar estas problemáticas, más aún si se considera que puede haber presencia de redes transnacionales de trata y tráfico.

• Levantar información sobre la incidencia, características y alcances de estos delitos en los contextos de la crisis humanitaria en todos los países, con enfoques de derechos humanos, género, intergeneracional y diversidad, garantizando la protección de datos de las personas que facilitan la información. Preparar informes sombra con esta información, para hacer incidencia frente a los Estados.

• Fortalecer las capacidades de los actores clave para que reconozcan estas dos problemáticas así como demás problemáticas conexas (sexo transaccional) con procesos sostenidos y permanentes.

7. Se desconocen las rutas de atención en casos de trata de personas

Fortalecer las capacidades de los actores claves para que reconozcan estas dos problemáticas así como demás problemáticas conexas (sexo transaccional) con procesos sostenidos y permanentes, que incluyan la capacitación sobre rutas y protocolos de atención.

8. Existe debilidad en el sistema de justicia para la judicialización en los casos de trata y tráfico de personas

Fortalecer las capacidades instituciones a través del desarrollo de metodologías alternativas de capacitación y sensibilización para conseguir resolver los casos de forma ágil y coherente con la condición de la persona en situación de movilidad humana, a través de la vigilancias del debido proceso de las INDH.

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“No es la tierra esta vez la que se mueve, somos nosotros, migrantes. Los y las migrantes, todas las personas que vivimos las diversas formas de movilidad humana, somos parte consustancial de las nuevas realidades mundiales y también una expresión emblemática de sus contradicciones y desafíos”.

-Carta latinoamericana de migrantes