DE UN CÍRCULO VICIOSO A UNO VIRTUOSO

El cambio climático, la destrucción medioambiental y la esclavitud contemporánea

DE UN CÍRCULO VICIOSO A UNO VIRTUOSO

«Existe una relación muy fuerte: medio ambiente, minería y la trata»

Fiscal especializado en la trata de personas, región de la Amazonia, Perú

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Resumen ejecutivoEn estos momentos, el cambio climático está afectando negativamente a muchas de las personas más vulnerables de los países más pobres del mundo. Una combinación de desastres repentinos y eventos más graduales está desestabilizando comunidades urbanas y sobre todo rurales. Además, en muchas regiones del mundo, los efectos del cambio climático se ven exacerbados por actividades económicas que causan la degradación medioambiental. Combinados, estos factores empeoran vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes, aumentan la exclusión y la marginalización, conducen al desplazamiento forzado y la migración, e incrementan el riesgo de la esclavitud contemporánea para niños y adultos.

Por otro lado, el impacto devastador del COVID-19 también está exacerbando las desigualdades económicas y sociales existentes, llevando a millones de personas a situaciones de vulnerabilidad y explotación que incluyen la trata de personas, el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas.1 Es necesario abordar estas crisis de manera conjunta para asegurar que las personas que se vuelven vulnerables a formas contemporáneas de esclavitud tengan las protecciones sociales y las condiciones laborales que requieren para vivir con dignidad.

No obstante, los escenarios negativos no siempre son inevitables. De hecho, a falta de medidas sostenidas y de profundo alcance a nivel nacional y global, muchas comunidades vulnerables ya están respondiendo de manera proactiva a estos desafíos. Además, los Estados y la comunidad científica han comenzado a poner más atención al potencial que poseen el conocimiento y las técnicas tradicionales, ancestrales e indígenas para crear respuestas de base a la crisis climática. También existen ejemplos aislados de la implementación por parte de Estados de marcos legales que promueven la resiliencia y la adaptación.

Es necesario otorgar a las comunidades y los países más afectados por el cambio climático y el daño medioambiental una serie de opciones y formas de apoyo que protejan sus derechos humanos fundamentales y les permitan crear resiliencia para sobrellevar esta crisis con dignidad. Las voces de aquellos afectados por esta emergencia multifacética – entre ellos defensores de derechos medioambientales y territoriales, personas en riesgo de ser explotadas y sobrevivientes de la trata de personas y la esclavitud – deben ser oídas y no pasadas por alto.

En las palabras de la líder indígena Nemonte Nenquimo:

«Estamos luchando por proteger lo que amamos: nuestra forma de vida, nuestros ríos, los animales, nuestros bosques, la vida en la Tierra. Y es hora que nos escuchen...»2

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Optar por este camino significará un cambio radical en los enfoques de la sociedad en general a estos temas. Durante mucho tiempo, los Estados, las corporaciones y las organizaciones multilaterales han tratado el cambio climático como una amenaza externa que se produce en una especie de vacío, en vez de la consecuencia directa de un sistema económico global basado en la idea del crecimiento infinito y la explotación de la naturaleza y de la mano de obra. Por otro lado, la respuesta global ha consistido sobre todo en una mezcla de medidas tecnocráticas de corto plazo impuestas de manera externa y mecanismos basados en el mercado que son insuficientes para resolver estos problemas y que muchas veces son incompatibles con un enfoque de derechos humanos. Lo que realmente se necesita es un cambio fundamental en la distribución de poder y recursos. Si no se logra esto, corremos el riesgo de entrar en un escenario cada vez más profundo de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad, al que el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza, Philip Alston, se ha referido como un «apartheid climático».3

Si no se lleva a cabo este cambio fundamental de manera urgente, no será posible cumplir con los objetivos estipulados de compromisos internacionales tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Acuerdo de París, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y muchos otros acuerdos de derechos humanos internacionales. Los Estados se han comprometido a reducir emisiones, financiar la adaptación climática, apoyar a los migrantes, prevenir los abusos y la explotación, involucrar a los grupos afectados y en riesgo, y penalizar a aquellos que generan ganancias a partir del abuso del planeta y sus habitantes, tanto humanos como animales. Ha llegado el momento de que finalmente cumplan con estas promesas.

En estos momentos, un gran número de personas en los países más pobres y vulnerables al cambio climático está atrapado en un sistema económico global que convierte la naturaleza y los seres humanos en bienes económicos y crea incentivos económicos para la destrucción medioambiental y la explotación. En estos momentos, existe un gran número de gobiernos e instituciones multilaterales que promueven e incluso subsidian actividades que, en vez de disminuir las emisiones, las aumentan a través de la contaminación, cambios en el uso de tierras y la deforestación. En estos momentos, estándares laborales y medioambientales están siendo socavados por empresas globales que priorizan las ganancias por sobre las personas y el planeta, mientras que los gobiernos hacen caso omiso de estos abusos. En estos momentos, muchos de los que resisten se ven amenazados, criminalizados y asesinados. En estos momentos, tenemos la oportunidad de diseñar un plan de recuperación global que se base en los derechos humanos y la justicia climática.

El presente documento presenta los resultados de una investigación sobre la relación entre el cambio climático, la destrucción medioambiental y la esclavitud contemporánea para crear recomendaciones de políticas a nivel nacional e internacional. Dicha investigación hace hincapié en la importancia de un enfoque basado en los derechos para abordar estos temas complejos y entrelazados.

Dr. Chris O’Connell Investigador CAROLINE, School of Law and Government, Dublin City University

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¿Qué estamos viendo?El cambio climático y la destrucción medioambiental son causas subyacentes de la vulnerabilidad a la esclavitud contemporánea

• Los efectos del cambio climático están desestabilizando comunidades y provocando la migración tanto interna como transfronteriza.

• Las personas más pobres del mundo son especialmente vulnerables a la variabilidad climática y la degradación medioambiental debido a su dependencia de los bosques y los recursos naturales.

• Si no se crean herramientas y formas de apoyo para los más vulnerables, las personas forzadas a migrar corren el riesgo de ser explotadas y abusadas.

• En muchas regiones del mundo, modelos de desarrollo basados en la extracción de recursos y una agroindustria exportadora están exacerbando la vulnerabilidad a la explotación debido a que monopolizan la tierra y los recursos, contaminan el suelo, el aire y el agua, destruyen los ecosistemas y generan desplazamiento forzado.

• A nivel del aparato estatal, los temas climáticos, medioambientales y de derechos humanos muchas veces se tratan de forma aislada, lo cual hace más difícil abordarlos de manera efectiva.

• Una falta de claridad sobre conceptos clave relacionados con la esclavitud contemporánea y un énfasis exagerado en medidas de justicia criminal pueden acaparar la atención y los recursos en desmedro del cumplimiento de las obligaciones positivas de los Estados de prevenir daños previsibles y proteger a las víctimas, y de las empresas de erradicar el abuso de sus cadenas de suministro.

• Muchas de las comunidades más afectadas y las personas de los sectores más vulnerables, incluyendo los sobrevivientes del trata de personas y la esclavitud, no son incluidas en discusiones acerca de iniciativas o políticas futuras.

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¿Qué queremos ver?Una respuesta social, económica y medioambiental integrada para crear resiliencia

• Adoptar un enfoque integrado basado en los derechos para abordar las crisis climáticas, medioambientales y de biodiversidad.

• Actuar de manera urgente para reducir emisiones en los países más ricos a través de una transición justa desde los combustibles fósiles hacia alternativas renovables que sean ambientalmente sostenibles y respeten los derechos humanos.

• Priorizar y proveer de los recursos adecuados a intervenciones de adaptación climática y acciones para construir resiliencia en los países más afectados y en las poblaciones más vulnerables, de acuerdo a los compromisos internacionales existentes.

• Permitir y apoyar la migración segura tanto interna como transfronteriza.

• Hacer cumplir las leyes existentes en torno a la esclavitud, el trabajo forzoso, la trata de personas y la servidumbre por deudas.

• Adoptar un enfoque centrado en las víctimas para combatir la esclavitud contemporánea y tomar en serio las obligaciones positivas los Estados para prevenir daños.

• A nivel nacional, fiscalizar de manera enérgica los sectores industriales asociados con la destrucción medioambiental y la esclavitud.

• Introducir leyes de debida diligencia ambiental y de derechos humanos con cláusulas de responsabilidad sólidas a nivel nacional y regional, además de un acuerdo internacional vinculante que abarque las cadenas de suministro y comercio a nivel global.

• Abordar las causas subyacentes de las vulnerabilidades entrelazadas al cambio climático y la explotación a través de políticas de antidiscriminación, medidas de protección social de amplio alcance y la provisión de servicios clave tales como la salud y, en especial, la educación.

• Adoptar procesos de toma de decisiones participativos e inclusivos en todos los niveles y asegurar la participación real de trabajadores, grupos afectados y comunidades vulnerables.

«Ellos [los trabajadores] saben que hay muchos problemas por la minería, especialmente para el agua del lago... pero no lo pueden decir abiertamente, no pueden quejarse porque dicen ‘nosotros también trabajamos ahí’.»

ONG ambiental y de derechos indígenas, Bolivia

Una pareja boliviana con su hijo en su campo donde su cosecha de quinua falló este año debido a las heladas. El cambio climático está afectando la viabilidad de la agricultura en esta zona.

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Visión general: un círculo viciosoEl cambio climático, la destrucción ambiental y la esclavitud contemporánea

El cambio climático está poniendo en peligro la subsistencia de las personas, aumentando su vulnerabilidad y provocando movimientos de migración. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID-19 está empeorando las desigualdades económicas y sociales existentes y llevando a millones de personas a situaciones de vulnerabilidad y explotación.

Según un informe del Banco Mundial publicado en 2018, más de 140 millones de personas podrían verse desplazadas solamente por los efectos del cambio climático para el año 2050 si no se toman suficientes medidas climáticas.4 Investigaciones anteriores también han establecido un vínculo claro entre la migración riesgosa y varias formas de explotación, incluyendo la trata, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso.5

El presente estudio confirma que dichos fenómenos se encuentran estrechamente entrelazados. Encontramos evidencia de que los impactos negativos del cambio climático son un factor significativo tras la migración, la que inician muchas personas incluso cuando saben que podrían ser explotadas.

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Los participantes en la presente investigación describieron un escenario de creciente presión social, económica y medioambiental. Una y otra vez, los participantes describieron los efectos del cambio climático, tales como la pérdida de cultivos debido a inundaciones, la muerte de ganado debido a heladas repentinas y la falta de agua para la irrigación y el consumo propio. Dichos golpes muchas veces constituyen «la última gota» para personas que ya se encuentran en situaciones precarias, y las obligan a abandonar sus tierras o a mudarse lejos de sus familias para intentar suplementar sus ingresos.

No obstante, se encontró evidencia de que otros factores medioambientales también están influenciando la decisión de migrar. Entre estos, el principal es el impacto de los sectores extractivos o agroindustriales que ocupan tierras, talan bosques y contaminan el aire, el agua y el suelo, lo que hace que la agricultura e incluso la vida ya no sean posibles. Por ejemplo, estudios recientes han mostrado que la agricultura industrializada, especialmente los cultivos como la soja, el aceite de palma y la caña de azúcar, era responsable por niveles «vertiginosos» de deforestación global.6 Por otro lado, tanto la agroindustria como la minería a gran escala requieren cantidades significativas de un recurso hídrico cada vez más escaso, al que se obtiene acceso con el apoyo del Estado y a costas de los pequeños agricultores y el consumo humano y animal.

Esta combinación de dinámicas no sólo obliga a las personas a migrar, sino que además viola muchos de sus derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia) estipula que los niños tienen derecho a la educación, la recreación y a un estándar adecuado de vida. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho al trabajo, la salud y a un estándar adecuado de vida, mientras que la ONU ha reconocido el derecho humano al agua. La mayoría de estos derechos, si es que no todos, son violados o se ven amenazados por los efectos del cambio climático y la destrucción medioambiental.

Además, las personas forzadas a migrar bajo dichas circunstancias lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, lo que los expone al riesgo de la explotación y el abuso. Muchos acaban trabajando, directa o indirectamente, en los mismos sectores destructivos antes mencionados. De esta manera, su trabajo también contribuye al cambio climático y el daño ambiental, y así se cierra el círculo vicioso. Estos resultados reflejan una realización emergente de que la degradación ambiental y la deforestación no sólo son una consecuencia, sino también una causa de vulnerabilidad que puede llevar a la explotación y abuso.7

El presente análisis indica que la relación entre el cambio climático, la destrucción medioambiental y la esclavitud contemporánea es multidimensional. Nosotros representamos esta relación como un círculo: los impactos del cambio climático agravan vulnerabilidades económicas y ambientales existentes y exacerban la exclusión y la marginalización, lo cual lleva a que algunas de estas personas acaben en situaciones de servidumbre por deudas, explotación laboral y sexual, y condiciones análogas a la esclavitud. Por lo demás, muchas de estas personas terminan trabajando, directa e indirectamente, en actividades que causan la devastación medioambiental, lo cual hace que se produzcan más emisiones que por su parte aumentan el cambio climático.8

CAMBIO CLIMÁTICO

VULNERABILIDADES ECONÓMICAS Y AMBIENTALES

ACTIVIDADES QUE CAUSAN LA

DEVASTACIÓN AMBIENTAL

AGRAVAN LA EXCLUSIÓN Y LA

MARGINALIZACIÓN

SERVIDUMBRE POR DEUDAS, EXPLOTACIÓN

SEXUAL Y ESCLAVITUD

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Este círculo vicioso no es inevitable. Está cada vez más claro que la migración puede ser una importante adaptación o manera de lidiar ante el cambio climático.9 Para aquellos que se ven altamente afectados, puede ser una forma de diversificar sus ingresos y crear resiliencia. Además, no todas las formas de migración son inherentemente riesgosas, especialmente si los migrantes tienen acceso a la información y el apoyo adecuados. Por otro lado, es importante destacar que para que la vulnerabilidad acabe en explotación y abuso tiene que haber personas dispuestas a explotar a otras. Estas acciones no se producen en el vacío. Sin embargo, el círculo vicioso que describimos aquí es sistemático e interconectado, lo cual significa que no puede romperse a través de una sola vía de acción, como el arresto y procesamiento penal de individuos.

En realidad, la calidad de las soluciones para las comunidades afectadas depende en gran medida de decisiones políticas a nivel local, nacional, regional e internacional. Durante la presente investigación, encontramos ejemplos de políticas innovadoras y alternativas programáticas al nivel de comunidades, y a veces a nivel nacional, que van más allá de los métodos «típicos» que se usan para combatir ya sea la esclavitud contemporánea o el cambio climático (véase página 15 «Enfoques de base para reducir la vulnerabilidad»). Aún así, dichas alternativas eran limitadas en su escala y alcance, lo que apunta a la necesidad de «ideas valientes y creativas y un enfoque coordinado».10

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Contexto: las consecuencias humanas del cambio climáticoEl Informe especial de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) fue una verdadera alarma para el planeta, al establecer un período de 12 años dentro del cual sería posible limitar la subida de la temperatura global promedio a 1,5 °C.11 Sin embargo, el informe también hizo ver que en muchas partes del mundo ya se sienten los efectos del cambio climático. Existe evidencia clara de que especialmente los países más pobres se están viendo cada vez más afectados por desastres repentinos como inundaciones, tormentas, incendios y deslizamientos de tierras, y eventos más graduales, como la escasez de agua, el agotamiento de suelos, la irregularidad en las lluvias, temperaturas extremas y la pérdida de biodiversidad y seguridad alimentaria.

Los efectos de la crisis climática en las poblaciones humanas de los países más pobres y más afectados son significantes, pero también variados. Si bien se han recalibrado ciertas predicciones tempranas de una movilidad internacional masiva, el cambio climático sigue siendo la causa más importante de desplazamiento forzado a nivel global.12 Por ejemplo, el Banco Mundial estima que tan sólo en Bangladesh más de 13 millones de personas podrían verse desplazadas por el cambio climático para el año 2050. Además, existe evidencia de que el cambio climático también está llevando a un aumento en la migración hacia el norte desde América Central.13

Como ya se ha establecido, bajo las condiciones correctas la migración en todas sus formas puede representar un método importante de adaptación climática y reducir la precariedad económica y la vulnerabilidad.14 De hecho, evidencia proveniente de diferentes regiones del mundo indica que muchas comunidades afectadas están creando sus propias respuestas a estas amenazas a falta de respuestas de los Estados o los mercados. Dichos métodos incluyen sistemas alimentarios tradicionales y agroecológicos que son productivos, sostenibles y equitativos,15 y que crean una manera de que las comunidades puedan sobrellevar los peores efectos de esta «emergencia triple».16 Por lo demás, literatura reciente apunta hacia el rol de pueblos indígenas como «agentes del cambio»17 y destaca la importancia de sus saberes

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ancestrales en la preservación y la restauración de la biodiversidad.18 Por otra parte, se está reconociendo cada vez más el rol crucial de la agencia femenina en la adaptación climática y la resiliencia social.19 En el área de la lucha en contra de la esclavitud, se está reconociendo cada vez más que el involucrar a los sobrevivientes en todas las etapas de las intervenciones produce mejores resultados.

Sin embargo, la naturaleza compleja e interseccional de dichos desafíos requiere respuestas coordinadas y de amplio alcance que vayan más allá de la capacidad de comunidades afectadas actuando en aislamiento. A falta de formas efectivas de intervención y apoyo por parte de los Estados y otros actores, los efectos del cambio climático agravan las vulnerabilidades existentes y por tanto aumentan el riesgo de la explotación.

Estas vulnerabilidades se manifiestan de formas diferentes e incluyen factores a nivel individual, tales como el género, la edad, el ser migrante o no y la etnicidad, además de factores estructurales tales como la marginalización económica, la distribución desigual de tierras, el aumento en la precariedad, el conflicto y el impacto humano directo en el medio ambiente. Eso sí, los denominados factores de riesgo individuales no necesariamente reflejan vulnerabilidades inherentes, sino que son por su parte el producto de estructuras y procesos históricos y contemporáneos que muchas veces se utilizan para justificar la exclusión y explotación de ciertos grupos dentro de la sociedad.

Cuando se combinan, dichos factores producen «constelaciones de riesgo»20 que incrementan la probabilidad de sufrir explotación. Existe cada vez más evidencia de que lo más importante en términos de la vulnerabilidad no es la pobreza absoluta, sino la pobreza relativa y los desequilibrios de poder asociados. Dicho de otra manera, estamos de acuerdo con la conceptualización de la vulnerabilidad a la esclavitud como «una forma de desigualdad extrema, sostenida por una serie de intereses creados».21

Lo anterior se aplica especialmente al caso de personas pobres en sectores rurales. Según un informe reciente, aproximadamente el 90% de las personas más pobres en el mundo dependen de la disponibilidad de recursos naturales, mientras que el 75% de los hogares más pobres dependen directamente de la pesca o la agricultura de subsistencia para sobrevivir.22 Los pueblos indígenas son especialmente dependientes de recursos naturales y de esta manera son particularmente vulnerables a la variabilidad climática.23 Debido al impacto combinado del cambio climático y la destrucción medioambiental, dichas comunidades se ven forzadas cada vez más a buscar fuentes alternativas de subsistencia.

Para muchos, esto significa migrar bajo condiciones precarias, arriesgándose a formas de explotación que incluyen la servidumbre por deudas, la servidumbre doméstica, el trabajo forzoso y la trata de personas. Por ejemplo, investigaciones recientes en Camboya caracterizan los efectos del cambio climático y la esclavitud contemporánea en la industria de la construcción como una serie de «traumas convergentes».24 Este vínculo entre el cambio climático, la precariedad, la deuda y la explotación también fue reconocido en el informe de 2019 del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, en el que se hace un llamado a que los esfuerzos en contra de la esclavitud se integren «mejor en los esfuerzos más generales por lograr el desarrollo sostenible».25

«Tenemos un sistema de fiscalización laboral que es extremadamente débil, que no tiene autoridad, que incluso cuando impone multas, rara vez las hace cumplir.»

Antiguo funcionario del Ministerio de Trabajo,, Perú

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Respuestas estatales a las vulnerabilidades inducidas por el clima

Los Estados juegan un papel importante en el fortalecimiento de medidas de adaptación, en apoyar una migración más segura, facilitar la integración, prevenir la explotación y apoyar las víctimas. Sin embargo, la capacidad de los Estados de cumplir con esta tarea depende de una serie de factores. A nivel nacional, es posible destacar dos desafíos principales.

El primer desafío es la capacidad. Muchos de los países más pobres sufren de una insuficiente capacidad técnica, una presencia estatal limitada y una carencia de fondos. Esto significa que incluso cuando existen leyes robustas y las disposiciones correctas sobre el papel (lo cual muchas veces es el caso), en realidad los Estados carecen de las herramientas para implementarlas adecuadamente. Esta dinámica se ve exacerbada en el «sector informal», en el que se concentran la mayoría de los trabajos y gran parte de la actividad económica en muchos países, pero donde el Estado juega un rol muy limitado.

El segundo desafío es la falta de voluntad política, especialmente en Estados que dependen significativamente de las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales, tierras y trabajo. Los Estados más pobres se encuentran bajo presión por parte de poderosos actores globales y nacionales para crear un entorno «amigable a los inversores» y muchas veces tienen las manos atadas debido a las condiciones de tratados de inversión o de comercio que les impiden tomar ciertas medidas políticas y financieras.26 De esta manera, se les incentiva a relajar su legislación medioambiental, marginalizar a los sindicatos y hacer caso omiso de los abusos de derechos de trabajadores y migrantes. Si no se frena, este ciclo de explotación laboral puede llevar a graves violaciones de derechos humanos, que incluyen el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y la esclavitud.27

Combinados, dichos factores pueden causar distorsiones políticas y económicas y conflictos socioambientales. De manera más preocupante aún, pueden resultar en amenazas a la salud y la vida de las personas y los grupos que buscan defender la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, las personas que son «la primera línea de defensa en contra de las causas y los efectos de la degradación climática».28

Caravana migrante en México

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Obstáculos globales para una acción efectiva en contra de la vulnerabilidad causada por el climaLa respuesta a la esclavitud contemporánea ha sido insuficientemente articulada

Los esfuerzos para combatir la esclavitud contemporánea tienden a ser especializados y a limitarse a ciertas áreas de actividad estatal, en particular al sistema de justicia penal. Sin embargo, el concentrarse en enfoques de justicia penal puede quitarle atención y recursos a medidas que podrían abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad a la explotación. La esclavitud contemporánea es un problema social multidimensional y si los Estados se concentran en sólo una de esas dimensiones, no serán capaces de prevenir daño y proteger a las víctimas de manera adecuada. Así, un enfoque injustificadamente limitado en la lucha contra la esclavitud contemporánea puede generar vacíos institucionales, legislativos y de implementación, con el resultado de que los Estados estén lejos de cumplir con sus obligaciones positivas de prevenir de manera activa la explotación de poblaciones vulnerables, acorde a las leyes internacionales de derechos humanos.29

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No se tiene una comprensión suficientemente acabada de la relación entre el cambio climático, la destrucción medioambiental y la esclavitud contemporánea

La comprensión de esta relación compleja aún está evolucionando. Investigaciones recientes han representado la relación como un «nexo bidireccional»30 entre la destrucción medioambiental y la vulnerabilidad a la esclavitud. Esta visión apunta a las industrias extractivas y la agroindustria como las fuentes principales de demanda para mano de obra barata, y establece un lazo entre dichas industrias y presiones desde arriba dentro de las cadenas de suministro globales que incentivan la explotación laboral y el trabajo forzoso. Este concepto también reconoce la contribución de estos sectores al cambio climático: las industrias extractivas son responsables por la mitad de las emisiones de carbono a nivel mundial y más del 80% de la pérdida de biodiversidad.31

No obstante, la relación es aún más compleja. En primer lugar, tanto el cambio climático como la destrucción medioambiental ligada al extractivismo están causando vulnerabilidad y desplazamiento forzado, lo cual crea un flujo continuo de mano de obra explotable. Ya se ha establecido claramente la conexión entre las personas obligadas a dejar sus tierras y la esclavitud, a tal punto que países como Brasil y Bolivia se han referido explícitamente a la redistribución de tierras como un método viable para prevenir la explotación. En segundo lugar, es necesario analizar de manera más detenida los efectos raciales y de género del cambio climático y la destrucción medioambiental, tales como los vínculos entre las industrias extractivas y la trata para la explotación sexual, además de la existencia continuada de trabajo forzoso que involucra a personas de castas más bajas, como también a adultos y niños indígenas.32 En tercer lugar, si bien una transición hacia energías renovables es esencial, hay investigaciones que indican que el reemplazar los combustibles fósiles con alternativas basadas en la minería de metales o la agricultura industrializada – sectores asociados a la contaminación, el uso intensivo de agua, la deforestación, el desplazamiento forzado y asesinatos extrajudiciales – crea el riesgo de replicar patrones dañinos y agravar las condiciones de las comunidades vulnerables que se ven directamente afectadas.33

No será posible erradicar la esclavitud contemporánea si no se logra abordar de manera efectiva estos problemas complejos y profundamente arraigados.

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El cambio climático no se ha tratado como un tema de derechos humanos

Hasta hace poco, la respuesta global más establecida al cambio climático se caracterizaba por un enfoque tecnocrático que buscaba incentivar las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero a través de objetivos voluntarios moderados, de manera suplementada por medidas tecnocráticas de corto plazo y mecanismos basados en el mercado. El Informe especial del IPCC ha derrumbado este enfoque «gradualista» al afirmar en términos claros que la escala de transformación requerida no tiene «precedente histórico documentado». Además, el informe destaca el efecto humano del calentamiento global, el que según el antiguo relator especial de la ONU Philip Alston «probablemente dificultará o socavará el disfrute de casi todos los derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos».34 Esto demuestra la necesidad urgente de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para combatir el cambio climático.

Un cambio de enfoque de esta índole tendría implicancias profundas no solamente para los Estados, sino también para la acción internacional en contra del cambio climático, las empresas transnacionales y el sector de desarrollo. Para comenzar, este enfoque hace referencia a temas más amplios de justicia medioambiental. Investigaciones indican que más del 90% de las emisiones globales históricas en exceso de CO2 son atribuibles a los países del Norte Global.35 Los principios de justicia climática que insisten en que el peso del cambio climático se distribuya de manera equitativa deben considerarse en conjunto con los principios del derecho medioambiental del «contaminador-pagador» y de «la responsabilidad común pero diferenciada». Así, en términos tanto de justicia y derecho, las naciones y las empresas más ricas del mundo deben asumir la responsabilidad principal en la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental. Por otro lado, hay investigaciones que indican que los mecanismos basados en el mercado quizás no sean coherentes con enfoques de derechos humanos y que pueden acabar creando una carga más grande para los países más pobres.36

Bajo este enfoque queda claramente establecido que hay ciertos poderosos actores estatales y no estatales que tienen obligaciones significativas e históricas acorde a las leyes internacionales de derechos humanos. Lo anterior incluye derechos universales a la educación, la salud, el trabajo y los estándares de vida; y deberes específicos hacia grupos vulnerables, incluyendo mujeres, niños, migrantes y pueblos indígenas. En cuanto a la esclavitud contemporánea, los Estados tienen el deber positivo de actuar para prevenir estas graves violaciones de derechos humanos, apoyar y proteger a las víctimas de forma adecuada y proveer un remedio adecuado. De manera similar, según los términos de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Estados tienen el deber de proteger a sus ciudadanos en contra de abusos de derechos humanos por parte de empresas, tanto las empresas que se encuentran domiciliadas en el país como aquellas que tengan operaciones ahí, a lo largo de sus cadenas de suministro completas. Por su parte, las empresas tienen la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos al prevenir, mitigar y, en algunos casos, remediar efectos negativos de derechos humanos asociados a sus operaciones o relaciones de negocios, entre otras cosas al llevar a cabo una debida diligencia de derechos humanos.

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El proyecto de investigación: Perú y Bolivia El presente documento de resultados y recomendaciones está basado en un proceso de investigación realizado en Perú y Bolivia en 2018 y 2019. Los casos fueron seleccionados debido a una vulnerabilidad compartida a los efectos del cambio climático y patrones de explotación, pero también debido a las diferencias en sus marcos institucionales, influencias y modelos políticos. Si bien Perú y Bolivia son clasificados como países de ingreso mediano, ambos son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Perú fue clasificado como tercero en el mundo según su nivel de riesgo a eventos climáticos por el Centro Tyndall del Reino Unido en 2004 y descrito por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como «severamente afectado por el cambio climático» en 2013.37 Por su parte, Bolivia es considerado el país más vulnerable en Sudamérica según el Índice de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN). Además, ambos países se encuentran particularmente expuestos al riesgo de escasez de agua, debido a una combinación de derretimiento glaciar y altas temperaturas. Por ejemplo, el 80% de los peruanos depende de agua glaciar para su consumo e irrigación.

PERU

BOLIVIA

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El proyecto consistió en una mezcla de investigación secundaria y de campo. La investigación secundaria incluyó una revisión de bibliografía académica y de políticas, además de la lectura de informes relevantes tanto estatales como de la sociedad civil, planes nacionales y textos oficiales. La investigación de campo se llevó a cabo en dos etapas e incluyó entrevistas semiestructuradas con participantes clave a nivel estatal y de la sociedad civil, entre ellos: oficiales de ministerios relevantes, fiscales, oficiales de la policía, fiscalizadores laborales, representantes de órdenes religiosas, ONG, y movimientos de base de campesinos, indígenas, trabajadores domésticos y obreros. A esto se le agregó entrevistas con expertos académicos y del sector en ambos países.

El proyecto utilizó un enfoque comparativo para evaluar la respuesta estatal a la esclavitud contemporánea en el contexto del cambio climático en Bolivia y Perú. El análisis de respuestas legales, institucionales y discursivas reveló variaciones significativas. Dichas diferencias reflejan, en parte, contrastes en las ideologías gubernamentales y la visión del rol del Estado en ambos países. Perú opta en gran medida por un enfoque individualizado de justicia penal que se concentra en las actividades ilícitas, con pocas medidas para prevenir el daño y la vulnerabilidad. El Estado boliviano, por su parte, se encontraba más dispuesto a intervenir para abordar vulnerabilidades más amplias, por ejemplo facilitando títulos de propiedades para pueblos indígenas y proveyendo transferencias de efectivo.

Un ejemplo es el caso de la servidumbre por deudas en el pueblo guaraní en la región del Gran Chaco. La difícil situación de estas «comunidades cautivas» ha sido considerada el caso «más dramático» de trabajo forzoso en la región andina38 y fue resaltada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.39 A modo de respuesta, el Estado intensificó sus labores de reforma territorial y facilitó el autogobierno indígena, lo que permitió eliminar dichas prácticas casi en su totalidad.40 Si bien las intervenciones estatales se volvieron más irregulares y politizadas con el tiempo, este caso demuestra el potencial de enfoques más holísticos en la lucha en contra de la esclavitud contemporánea.

El presente proyecto también encontró similitudes significativas entre ambos países. Ninguno de los dos había implementado formas de apoyo de amplio alcance para las comunidades afectadas por el cambio climático con el fin de reducir su vulnerabilidad; y si bien se ha intentado en algunos casos involucrar las comunidades, esto no se hizo de manera sistemática o transparente. Además, ninguno de los dos estados ha sido capaz de facilitar de manera adecuada el paso seguro o la integración de migrantes climáticos, lo cual ha resultado en la explotación de algunos de ellos. De manera aún más significativa, ambos Estados priorizan modelos de desarrollo basados en aumentar el crecimiento y capturar rentas de actividades dañinas para el medio ambiente como la extracción de combustibles fósiles, la minería y la agricultura industrializada. Se encontró que el apoyo del Estado para estas actividades se producía de forma tanto directa como indirecta, e incluía: subsidios, recortes de impuestos y la creación de regímenes especiales de trabajo; además de una tolerancia y falta de medidas en caso de acusaciones de explotación en ciertas industrias.41

Estas variaciones destacan la existencia de enfoques alternativos para lidiar con las vulnerabilidades y nos permiten reconocer la posibilidad de nuevas formas de pensar sobre la prevención de la explotación. Por otro lado, las similitudes entre dos Estados muy diferentes apunta hacia un orden económico global que obliga a los países más pobres a competir los unos con los otros para proveer bienes a los países más ricos de la manera más económica posible. Luego, los perdedores de esta carrera son llevados hasta condiciones de explotación y esclavitud contemporánea, un ciclo que ellos mismos terminan impulsando a través de su trabajo.

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Resultados principales de la investigación 1. Una mayor precariedad

El cambio climático está volviendo más precaria la subsistencia en los sectores rurales. Fenómenos como temperaturas extremas, patrones de lluvia impredecibles, la pérdida de biodiversidad y un acceso insuficiente al agua limpia interactúan con una marginalización económica ya existente para amenazar la viabilidad de la agricultura y la pesca a pequeña escala. Si no se toman medidas adecuadas para apoyar a las comunidades rurales, esta situación lleva a una pérdida de la seguridad alimentaria, daños al bienestar físico y emocional, una exacerbación de la precariedad económica y la migración.

2. Migración riesgosaLa movilidad causada por la crisis climática sigue patrones migratorios existentes, algunos de los cuales tienen un riesgo inherente mayor que otros. Sin el apoyo adecuado y medidas de integración facilitada, tanto en origen como el destino, muchos migrantes corren el riesgo de sufrir explotación y abuso.

3. Desarrollo no sostenibleLos efectos desestabilizadores del cambio climático se ven agravados por modelos de desarrollo económico basados en la extracción de recursos naturales y la agricultura industrializada. Dichos modelos han llevado a la deforestación a causa del cambio en el uso de tierras, la contaminación por la minería, el petróleo y los agroquímicos, y un acceso desigual al agua y la tierra. La minería, los cultivos comerciales y los hidrocarburos también están asociados con la explotación laboral y sexual. Además, esta investigación encontró que los efectos medioambientales de dichas actividades también ayudan a crear una fuente de mano de obra barata disponible. La contaminación del agua y el suelo, el agotamiento del suelo, la desertificación, la deforestación y la escasez de agua vinculados a dichas actividades están causando o contribuyendo a la precariedad y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. Esta situación refleja un sistema económico global que prioriza el crecimiento desmedido por sobre la sostenibilidad, el bienestar y los derechos humanos.

4. Enfoques aisladosEl Estado juega un rol central en lidiar con estos temas. Sin embargo, la estructura de muchos Estados no es apta para este propósito. Así, temas como el cambio climático, la gestión medioambiental, los derechos humanos, la explotación, la migración y la actividad económica son tratados de manera aislada por diferentes ministerios con objetivos y métodos completamente diferentes e incluso contradictorios. Esta desconexión se ve exacerbada por estructuras débiles de comunicación y coordinación entre y dentro de los ministerios, una reducida presencia del Estado fuera de las ciudades principales y capacidades técnicas insuficientes.

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5. Falta de claridad conceptual Los esfuerzos para combatir la esclavitud contemporánea se ven dificultados por una falta de claridad general en relación con la naturaleza y las relaciones entre conceptos tales como la trata de personas, el trabajo forzoso y la explotación laboral y sexual. En particular, se encontró un enfoque sobre todo en la explotación sexual de mujeres y niñas, mientras que la explotación laboral es ampliamente tolerada y considerada como algo «natural» o «cultural».

Este sesgo tiende a ser replicada por instituciones estatales, la policía, inspectores laborales y el sector judicial. El resultado es generalmente un enfoque individualizado de justicia penal en vez de un intento de abordar problemas estructurales, como la falta de redes de protección social, barreras a la organización de trabajadores, presiones ejercidas por corporaciones a través de cadenas de suministro globales y un rol insuficiente del Estado en la regulación y la aplicación de leyes existentes.

Enfoques de base para reducir la vulnerabilidad Tanto en Perú como en Bolivia, los participantes en la investigación describieron el uso de una serie de enfoques alternativos para reducir las vulnerabilidades identificadas en el presente documento. Un ejemplo es el uso de métodos ancestrales o tradicionales de producción agrícola como una forma de adaptación climática para mitigar vulnerabilidades en comunidades rurales. La gran variedad de métodos usados incluye: el pronóstico climático utilizando bioindicadores, sistemas tradicionales de riego, la rotación de cultivos y el cultivo e intercambio de variedades diferentes de semillas.42 De manera similar, encontramos ejemplos de esfuerzos comunitarios para prevenir la trata de personas y formas relacionadas de explotación, especialmente a través del empoderamiento y la formación de mujeres líderes a nivel local, tales como el proyecto de «defensoras comunitarias» en Bolivia.

La crisis climática y niveles cada vez más profundos de desigualdad han suscitado un interés internacional en estos métodos. Esto ha llevado a la asignación de fondos limitados de los sectores de la ayuda al desarrollo y la investigación científica a proyectos piloto para explorar su potencial. Además, a nivel nacional, algunos gobiernos centrales y municipios han tomado pasos para explorar e incluso implementar dichos métodos. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente en Perú está investigando la «siembra y cosecha de agua» como medio para reducir la vulnerabilidad a la escasez de agua. Por otro lado, en Bolivia el gobierno ha trabajado con movimientos sociales para implementar métodos de agricultura agroecológicas. No obstante, en ninguno de los dos casos se podría decir que dichos proyectos sean de aplicación general, y comparado con la minería y la agroindustria son minúsculos en términos de su escala, el apoyo que reciben y su acceso a recursos.

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ESTUDIO DE CASO

Minería de oro en Madre de Dios, Perú

La minería aurífera aluvial en la región amazónica del Perú es una actividad donde se concentran muchos de los temas a los que se alude en los resultados de la presente investigación y donde se demuestran las limitaciones de enfoques existentes. La minería de oro informal e ilegal se encuentra ampliamente difundida en Latinoamérica y está estrechamente asociada con la trata de personas para la explotación tanto laboral como sexual, el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas. Por otro lado, esta actividad causa un daño medioambiental enorme debido al uso extendido de mercurio y la deforestación que contribuye a la emisión de gases de invernadero.

Gran parte de las actividades mineras en la región de Madre de Dios de Perú se clasifica como «ilegal», ya que se lleva a cabo dentro de una reserva natural que es el hogar de pueblos indígenas y una enorme biodiversidad. La región ha sido descrita como «un símbolo de la deforestación global»,43 en donde más de 100.000 hectáreas de selva virgen han sido destruidas desde 2009. Dicho año es significativo, ya que fue el momento en el que los precios de oro en los mercados globales empezaron a crecer exponencialmente, lo que subraya el rol de la globalización en la deforestación. Se estima que más del 20% del oro peruano se produce ilegalmente, pero entra en las cadenas de suministro globales a través de mecanismos de intercambio en Europa, los Estados Unidos y el Medio Oriente.44

Sin embargo, la demanda global no es el único factor responsable por la situación desastrosa en Madre de Dios. También existe una serie de factores nacionales que son significativos, por ejemplo: la legislación medioambiental poco estricta y una falta de supervisión (muchas veces producto de las actividades de lobby del sector minero formal), inspectores laborales insuficientemente financiados y empoderados, una falta de coordinación en la lucha en contra del trabajo forzoso y la trata de personas, y la corrupción política. Otro hecho especialmente relevante fue la construcción de la carretera interoceánica – parte de una estrategia de infraestructura más amplia para facilitar la exportación – que fue considerada un catalizador en este sentido, ya que después de su construcción se produjo un incremento de un 400% en la deforestación asociada a la minería en tan sólo algunos años.

De manera algo inusual, la trata de personas para la explotación tanto laboral como sexual45 y el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas46 han sido ampliamente documentados en Madre de Dios. En un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se encontró que una cantidad significativa de trabajadores trabajaba cerca de 70 horas por semana, siete días a la semana, bajo condiciones infrahumanas. Un trabajo similar llevado a cabo por CHS Alternativo describió la trata de mujeres y niñas a denominados «prosti-bares» adyacentes a los campos mineros. Tras años de intervenciones estatales esporádicas e inefectivas, el gobierno peruano finalmente tomó medidas a principios de 2019.

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En febrero de dicho año se inició la «Operación Mercurio» con dos objetivos estipulados: mitigar el daño ambiental y rescatar a las víctimas de la trata de personas. La operación fue dirigida formalmente por el Ministerio del Ambiente y acompañado por la nominación de un fiscal especial para crímenes medioambientales. La operación fue además altamente militarizada, con un plan para establecer una base permanente en la región. Cabe destacar que la operación no llevó a ningún arresto por trata de personas o trabajo forzoso y no se rescató a una sola víctima.

Aún no está claro cómo el Estado resolverá la tensión entre sus objetivos de cuidar el medio ambiente, por un lado, y la formalización de más proyectos mineros, por el otro. Además, si bien la deforestación ha disminuido en algunas antiguas áreas de minería, han aparecido nuevos puntos focales de deforestación en varias otras ubicaciones, un ejemplo del denominado «efecto globo». Actualmente, con precios de oro a niveles récord debido al COVID-19, es difícil prever una solución a esta situación, especialmente considerando la crisis económica causada por el coronavirus. De hecho, influyentes actores políticos y de negocios están haciendo un llamado a una relajación mayor aún de las leyes medioambientales y de trabajo con el fin de incentivar la inversión.

No obstante, el fracaso quizás más grande aquí es la incapacidad de reducir la vulnerabilidad y prevenir la explotación en su fuente. En el caso de Madre de Dios, la mayoría de las personas que sufren de la trata o la explotación vienen de la región de Cusco. Según una encuesta de la OIT, el 47% de los trabajadores volvería a trabajar en Madre de Dios a pesar de las terribles condiciones de trabajo, la libertad restringida y los niveles muy altos de explotación y abuso.47 Esta contradicción aparente denota la marginalización y la vulnerabilidad a las que se hace referencia aquí. La región de Cusco tiene niveles extremadamente altos de pobreza e inseguridad alimentaria, y los participantes en este estudio describieron una falta de apoyo adecuado para la pequeña agricultura.

Más aún, además de los efectos negativos del cambio climático, que incluyen temperaturas bajo cero y sequías, estas comunidades también sufren las consecuencias del daño ambiental causado por décadas de minería formal. El ejemplo más notorio es la contaminación de las fuentes de agua con metales pesados, incluyendo el mercurio, que dañan la salud humana e imposibilitan la agricultura.48 Otro problema es el uso intensivo por parte de las empresas mineras de un recurso hídrico ya escaso, lo que significa que muchas veces no hay suficiente agua para el consumo humano y la agricultura.

El testimonio de los participantes en el presente estudio corroboran estos hechos. Por ejemplo, el profesor Augusto Castro de la Universidad Católica del Perú, experto en políticas ambientales, notó la existencia de «enormes conflictos» en torno al agua entre comunidades rurales y empresas mineras en Perú. Afirmó que incluso en periodos de sequía, las empresas mineras continuaban usando grandes cantidades de agua y contaminando las reservas comunitarias. El efecto combinado de estas dinámicas es el desplazamiento forzado y la vulnerabilidad.

En las palabras de un dirigente de una asociación de agricultores de Cusco: «Cada año la población es menor y parece que las comunidades campesinas van a despoblarse completamente... las personas están obligadas a emigrar a otras regiones, sobre todo a Madre de Dios, donde trabajan en las minas».

Una activista comunitaria en contra de la trata de personas estuvo de acuerdo y notó que los pequeños agricultores están abandonando sus tierras para mudarse a asentamientos informales en las afueras de la ciudad de Cusco. Afirmó que, al recibir muy poco apoyo del Estado estas personas se ven «fácilmente engañadas» por ofertas falsas de trabajo y luego acaban atrapadas en la deuda debido a sus circunstancias precarias. Este es el círculo vicioso del que muchos luchan para escapar.

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EMPODERAR A LAS

COMUNIDADES

PROTEGER EL AMBIENTE

REGULAR LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y

ESCUCHAR A LOS TRABAJADORES

ACCIÓN CLIMÁTICA

DIFERENCIADA

Recomendaciones

Hacia un círculo virtuoso En vez del círculo vicioso del cambio climático, la vulnerabilidad, la explotación y la destrucción medioambiental al que nos hemos referido, es posible imaginar una realidad muy diferente.

Nuestras recomendaciones son interdependientes y están interconectadas: ninguna intervención por sí sola – por muy bienvenida que sea – tiene el potencial de lidiar con los problemas antes mencionados. Así, lo que queremos enfatizar sobre todo es la necesidad de tomar medidas en todos los frentes, para lograr respuestas integradas y de amplio alcance. Este enfoque es coherente con el espíritu de la Agenda 2030, la que trata las metas y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles como parte de un «todo indivisible» y es una fuente de orientación para una recuperación post COVID-19 sostenida y global.

Los siguientes principios no se presentan como una lista exhaustiva de soluciones, sino más bien como principios indicativos que, si se combinan, ofrecen la posibilidad de movernos hacia un «círculo virtuoso» como el que se describe en el diagrama más abajo.

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1. Empoderar a las comunidadesAl asegurar los derechos colectivos e individuales a las tierras y a un ambiente limpio, a través de la entrega de títulos de propiedades y la distribución y el reconocimiento de las autonomías indígenas sobre sus territorios y el subsuelo; incluir a los grupos y las comunidades afectados en los procesos de toma de decisiones, valorando su conocimiento y sus técnicas ancestrales; proveer protecciones y servicios sociales de amplio alcance; facilitar la migración segura, incluyendo el acceso a créditos e información basada en los derechos; facilitar los flujos de envío de dinero; y crear programas especializados de protección, asistencia, remedio y rehabilitación a víctimas de la trata de personas y la esclavitud contemporánea.

2. Regular las entidades públicas y privadas y escuchar a los trabajadores

Mediante sistemas de informes y de transparencia de amplio alcance; la regulación y fiscalización efectiva en múltiples niveles de la cadena de suministro; leyes de debida diligencia ambiental y de derechos humanos con robustas disposiciones de responsabilidad legal para las cadenas de suministro tanto a nivel nacional como regional; la investigación de posibles violaciones y la aplicación efectiva de sanciones; el respeto a la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva a través de sindicatos; y al escuchar las voces de las trabajadoras y los trabajadores, lo que incluye implementar sistemas de monitoreo y aplicación efectiva de regulaciones impulsados por los mismos trabajadores.

3. Protección del medio ambiente Mediante la inclusión y participación real de las comunidades y los grupos afectados en el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones; la transparencia y debida diligencia en las cadenas de suministro; la provisión de recursos y personal a las agencias de protección medioambiental, además de hacerles entrega de las facultades apropiadas, incluyendo de remedio y procesamiento penal; y la vinculación de objetivos climáticos y ambientales a actividades económicas como el comercio y la inversión.

4. Acción climática diferenciadaAl respetar el principio de la responsabilidad común pero diferenciada por el cambio climático, combinando medidas drásticas de reducción de emisiones en países más ricos de altas emisiones con paquetes significativos y sostenidos de remedio económico para los países más pobres que ya están sufriendo daños y pérdidas debido al cambio climático, con el fin de apoyar una adaptación de amplio alcance y crear resiliencia en las comunidades en riesgo.

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Recomendaciones detalladas 1. Para gobiernos en países más pobres y vulnerables al clima

• La regulación vigorosa de los sectores económicos asociados a la destrucción medioambiental y los abusos de derechos humanos, entre ellos la esclavitud contemporánea. Las medidas deben incluir la creación y aplicación efectiva de estándares ambientales apropiados, la participación real de comunidades locales, haciendo valer los derechos indígenas tales como aquellos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT; la regulación de cadenas de suministro globales a través de una debida diligencia ambiental y de derechos humanos con robustas disposiciones de responsabilidad legal; la protección de defensores de las tierras, el medio ambiente y los derechos humanos, y la investigación y el procesamiento enérgico de cualquier ataque o amenaza en contra de ellos.

• Mejorar las protecciones sociales y el apoyo, especialmente para las comunidades agrarias. Los Estados deben otorgarles a las comunidades rurales acceso a servicios básicos como la salud, la educación, infraestructura sanitaria y viviendas, los que aumentarían su capacidad de permanecer donde están, si es que así lo desean. Además, medidas tales como otorgar créditos justos, establecer derechos de tierras, facilitar el acceso al mercado y proteger la agrobiodiversidad pueden reducir la vulnerabilidad y hacer que la migración sea más segura.

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• Tomar en serio las obligaciones positivas del Estado en cuanto a la prevención de violaciones de derechos humanos. Si bien los Estados deben continuar investigando y procesando los crímenes asociados a la explotación, el tomar medidas para evitar o prevenir las condiciones que aumentan la vulnerabilidad a la explotación no será solamente más efectivo a largo plazo, sino también más eficiente dados los recursos finitos de los Estados.

• Priorizar intervenciones de adaptación al clima y creación de resiliencia. Si bien ningún país debería dejar de lado su responsabilidad compartida en la reducción de emisiones, muchos países más pobres se están viendo obligados a elegir entre prioridades ambientales y socioeconómicas. Por lo demás, dicha dicotomía es falsa, ya que las ganancias a corto plazo derivadas de estas últimas no pueden compensar la pérdida de ecosistemas y las subsistencias asociadas a mediano y largo plazo.

• Hacer valer las leyes existentes en torno a la esclavitud, la trata de personas, la servidumbre por deudas y el trabajo forzoso de niños y adultos de manera más holística y basada en los derechos. Esto debe incluir: revindicar los derechos laborales y mantener sistemas robustos de fiscalización laboral; asegurar un nivel adecuado de financiamiento y formación; incluir las víctimas de la trata y la esclavitud, los sindicatos y las organizaciones de la social civil; y proveer protecciones y apoyo de amplio alcance para las víctimas.

• Crear espacios efectivos para la inclusión real de trabajadores, sectores marginalizados y comunidades mediante procesos participativos de toma de decisiones.

• Facilitar la migración segura, tanto interna como internacionalmente, incluyendo medidas para integrar a los migrantes en sus nuevas comunidades a través de mecanismos como campañas de información y capacitaciones formales antes de la migración; apoyando el acceso a remedio a niveles no estatales y proveyendo acceso a servicios básicos adecuados tanto en origen como en el destino.

• Implementar todos los tratados de derechos humanos internacionales y regionales al nivel de la legislación nacional. En particular, ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT de 1930 y la convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, e implementar sus disposiciones. Además, llevar a cabo evaluaciones de impacto de derechos humanos en toda política relacionada con el clima.

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2. Para los gobiernos de países más ricos

• Aumentar de manera urgente las medidas de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un nivel neto de cero emisiones para el 2050. Basado en el principio del «contaminador-pagador», estos países normalmente son los emisores más grandes a nivel neto, y un compromiso con la justicia climática exige que actúen de manera urgente para mitigar el daño que ya han hecho. Estas medidas también deberían incluir eliminar barreras a la innovación financiera y en políticas, tales como los mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados contenidos en muchos acuerdos de inversión y de comercio.

• Regular de manera adecuada la «externalización» de emisiones de efecto invernadero a países más pobres. No es suficiente que los países y las corporaciones más ricos reduzcan sus emisiones al mover sus actividades de alta emisión a otras regiones. El cambio climático es una amenaza global que requiere una respuesta global coordinada para reducir las emisiones totales, donde sea que ocurran.

• Asegurar una recuperación justa de los efectos del COVID-19 y una transición justa hacia energías e industrias renovables que garanticen los derechos de los trabajadores en todo el mundo y eviten la reproducción de vulnerabilidades y violaciones de derechos.

• Introducir legislación de debida diligencia ambiental y de derechos humanos para las cadenas de suministro globales con el fin de regular de manera efectiva los efectos de las corporaciones en sus países. Es fundamental que cualquier legislación de esta índole cuente con regímenes robustos de responsabilidad y aplicación y un acceso mejorado a remedio, además de un enfoque de cero tolerancia a los ataques a defensores territoriales, medioambientales y de derechos humanos.

• Actuar de manera decisiva para cerrar la «brecha de financiamiento» asociada con la adaptación climática que afecta a los países más vulnerables.

• En el caso de la migración transfronteriza, los gobiernos deben asegurar que los trabajadores migrantes gocen de las mismas protecciones sociales que los trabajadores locales, incluyendo condiciones de trabajo justas y seguras.

• Implementar todos los tratados de derechos humanos internacionales y regionales al nivel de la legislación nacional. En particular, ratificar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT de 1930 y la convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, e implementar sus disposiciones. Además, llevar a cabo evaluaciones de impacto de derechos humanos en toda política relacionada con el clima.

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3. Para organismos multilaterales

• Adoptar y promover un enfoque holístico y basado en los derechos en relación con la esclavitud contemporánea y toda forma asociado de explotación, orientado hacia reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental. Promover el intercambio de conocimiento y el financiamiento para ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones legales positivas para prevenir daños razonablemente previsibles.

• Basado en el principio de la responsabilidad común pero diferenciada, proveer financiamiento significativo no vinculado a los países más pobres y vulnerables al cambio climático para ampliar protecciones sociales, facilitar la migración segura y apoyar adecuadamente las comunidades en la creación de resiliencia para poder lidiar con los impactos del cambio climático. Apoyar la eliminación de obstáculos a políticas climáticas y de financiamiento contenidos en mecanismos desiguales como aquellos de resolución de conflictos entre inversores y Estados que permiten que los inversores demanden a los Estados pero no viceversa.

• Proveer apoyo financiero directo, asistencia legal, tecnología y posibilidades de formación a trabajadores, pueblos indígenas y comunidades vulnerables para empoderarlos a proteger sus derechos, defender y demarcar sus territorios, crear estructuras locales de monitoreo y supervisión y prevenir la explotación y el abuso.

• Cumplir con las aplicaciones del Acuerdo de París al establecer metas de emisiones ambiciosas entre los países más ricos y apoyar mecanismos de adaptación, resiliencia y de daños y pérdidas en los países más afectados.

• Priorizar iniciativas lideradas por las comunidades para proteger los ecosistemas que apoyan la biodiversidad y la subsistencia humana, y abogar por que los bosques y subsuelos estén bajo el control de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

• Concentrar el financiamiento, las políticas y la ayuda en actividades que combatan los verdaderos motores de la deforestación, el acaparamiento de tierras, la contaminación y la precariedad. La agricultura industrializada, las represas hidroeléctricas, las carreteras y la minería aluvial representan amenazas mayores para los bosques que actividades madereras de pequeña escala y son aspectos claves del círculo vicioso de vulnerabilidad y explotación humana.

• Apoyar una recuperación justa del COVID-19 y medidas de transición justas para proteger a los trabajadores y las comunidades; introducir y hacer valer leyes de debida diligencia ambiental y de derechos humanos con disposiciones robustas de responsabilidad legal a nivel regional y global; y acelerar el progreso hacia el propuesto Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos.

• Introducir instrumentos legales internacionales para facilitar la migración segura tanto interna como internacional, y promover una cooperación internacional efectiva para apoyar a los migrantes climáticos.

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1 Anti-Slavery International, 2020: Covid-19 and Slavery: the five big impacts.

2 Nenquimo, N. 2020. ‘This is my message to the western world – your civilisation is killing life on Earth’. The Guardian, 12 October 2020. Disponible en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/oct/12/western-worldyour-civilisation-killing-life-on-earth-indigenous-amazon-planet.

3 Alston, P. 2019. Climate change and poverty. Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. June A/HRC/41/39. Geneva, United Human Rights Commission.

4 World Bank. 2018. Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration..

5 International Labour Organization (ILO). 2009. The Cost of Coercion; International Organization for Migration (IOM) & Alliance 8.7. 2019. Migrants and their Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour..

6 Stokstad, E. 2018. ‘New global study reveals the ‘staggering’ loss of forests caused by industrial agriculture’. Science Magazine, September 13th. Disponible en: https://www.sciencemag.org/news/2018/09/scientists-reveal-how-much-world-s-forests-being-destroyed-industrial-agriculture#:~:text=Tarris%2FMinden%20Pictures-,New%20global%20study%20reveals%20the%20’staggering’%20loss%20of,forests%20caused%20by%20industrial%20agriculture&text=And%20despite%20years%20of%20pledges,steady%20between%202001%20and%202015.

7 Ver, por ejemplo: Boyd. D., K. Brickell, D. Brown, C. Ives, N. Natarajan and L. Parsons. 2018. Modern Slavery, Environmental Destruction and Climate Change: Fisheries, Fields, Forests, and Factories. University of Nottingham Rights Lab; Mujica, J. 2015. Precariedad y Trabajo Forzoso en la Extracción de Madera: Un estudio en espacios rurales de la Amazonia peruana. ILO; Brickell, K., L. Parsons, N. Natarajan, y S. Chann. 2018. Blood bricks: Untold stories of modern slavery and climate change from Cambodia. Royal Holloway: University of London;

8 Jackson, B., Decker Sparks, J. L., Brown, C., & Boyd, D. S. 2020. ‘Understanding the co‐occurrence of tree loss and modern slavery to improve efficacy of conservation actions and policies’, Conservation Science and Practice, 2(5), e183.

9 Foresight. 2011. Migration and Global Environmental Change: Future Challenges and Opportunities.

10 Alston. Poverty and Climate Change.

11 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2018. Special Report on Global Warming of 1.5°C. Foresight. 2011. Migration and Global Environmental Change.

12 Oxfam. 2019. Forced from Home: Climate-fuelled displacement.

13 Hallett, M. C. 2019. How climate change is driving emigration from Central America. The Conversation, September 6th, available at: https://theconversation.com/how-climate-change-is-driving-emigration-from-central-america-121525.

14 Foresight. 2011. Migration and Global Environmental Change..

15 Kuhnlein, H. V., B. Erasmus, D. Spigelski, and B. Burlingame. 2013. Indigenous peoples’ food systems and well-being: interventions and policies for healthy communities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

16 Bond Development and Environment Group. 2020. Addressing the Triple Emergency: Poverty, climate change and environmental degradation.

17 ILO. 2017. Indigenous peoples and climate change: From victims to change agents through decent work.

18 Ogar, E., G. Pecl, and T. Mustonen. 2020. ‘Science Must Embrace Traditional and Indigenous Knowledge to Solve Our Biodiversity Crisis.’ One Earth 3(2): 162-165.

19 Rao, N., A. Mishra, A. Prakash, et al. 2019. ‘A qualitative comparative analysis of women’s agency and adaptive capacity in climate change hotspots in Asia and Africa’. Nat. Clim. Chang. 9, 964–971.

20 IOM and Alliance 8.7. 2019. Migrants and their Vulnerability.

21 UNU/The Freedom Fund. 2015. Unshackling Development: Why We Need a Global Partnership to End Modern Slavery.

22 Bond Development and Environment Group. 2020. Addressing the Triple Emergency.

23 ILO. 2017. Indigenous peoples and climate change.

24 Brickell, K, Parsons, N. Natarajan, and S. Chann. 2018. Blood bricks..

25 Bhoola, U. 2019. Report of the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery, Including its Causes and Consequences. New York: United Nations.

26 Tienhaara, K. and L. Cotula. 2020. Raising the cost of climate action Investor-state dispute settlement and compensation for stranded fossil fuel assets. IIED.

27 Skrivankova, K. 2010. Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation. JFR Programme Paper.

28 Global Witness. 2020. Defending Tomorrow: The climate crisis and threats against land and environmental defenders.

29 LeBaron, G. 2018. The Global Business of Forced Labour: Report of Findings. SPERI & University of Sheffield.

30 Boyd. D., K. Brickell, D. Brown, C. Ives, N. Natarajan and L. Parsons. 2018. Modern Slavery, Environmental Destruction and Climate Change..

31 International Resource Panel (IRP). 2019.The Global Resources Outlook.

32 UN Permanent Forum on Indigenous Issues. 2011. El Trabajo Forzoso y los Pueblos Indígenas. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/session_10_crp_4.pdf.

33 Ver, por ejemplo: Gonzales, A. and E. de Haan. 2020. The battery paradox: How the electric vehicle boom is draining communities and the planet. SOMO.; o el Monitor de Minerales de Transición de la Business and Human Rights Resource Centre, disponible en: https://trackers.business-humanrights.org/transition-minerals/.

34 Alston. Poverty and Climate Change.

35 Hickel, J. 2020. ‘Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary’, Lancet Planet Health 4(9), e399-e404.

36 Action Aid. 2019. Market solutions to help climate victims fail human rights test.

37 UNDP. 2013. Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible.

38 Bedoya Garland, E., and A. Bedoya Silva-Santisteban. 2005. Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia. ILO Working Paper No. 993765633402676.

39 IACHR. 2009. Captive Communities: Situation of the Guaraní Indigenous People and Contemporary Forms of Slavery in the Bolivian Chaco. Inter-American Commission on Human Rights.

40 Defensoría del Pueblo. 2012. Servidumbre y empadronamiento en el Chaco.

41 Ver, por ejemplo: Baraybar Hidalgo, V., and E. Dargent. 2020. ‘State Responses to the Gold Rush in the Andes (2004–2018): The Politics of State Action (and Inaction)’, Studies in Comparative International Development 55(4): 516-537; Orbie, J., L. Van den Putte and D. Martens. 2017. ‘The Impact of Labour Rights Commitments in EU Trade Agreements: The Case of Peru’, Politics and Governance 5(4): 6-18.

42 Para leer más acerca de formas alternativas y tradicionales de adaptación al cambio climático ver, por ejemplo: Galloway McLean, K. 2010. Advance Guard: Climate Change Impacts, Adaptation, Mitigation and Indigenous Peoples. UNU.

43 Mongabay, ‘Gov’t takedown of illegal gold mining in Peru shows promise, but at a cost’, 19 August 2019. Disponible en: https://news.mongabay.com/2019/08/govt-takedown-of-illegal-gold-mining-in-peru-shows-promise-but-at-a-cost/.

44 Verite. 2013. Risk Analysis of Indicators of Forced Labor and Human Trafficking in Illegal Gold Mining in Peru; SPDA. 2015. Las Rutas del Oro Ilegal: Estudios de Caso en Cinco Países Amazónicos.

45 CHS Alternativo, 2016. Rutas de la trata de personas en la Amazonia peruana.

46 ILO. 2015. Caracterización de las condiciones de trabajo forzoso en la minería de oro en Madre de Dios y una aproximación a los factores de riesgo; Verite. 2016. The Nexus of Illegal Gold Mining Supply Chains: Lessons from Latin America.

47 ILO. 2015. Caracterización de las condiciones.

48 Amnesty International. 2017. A Toxic State: Violations of the Right to Health of Indigenous Peoples in Cuninico and Espinar, Peru.

Notas finales

Este estudio ha recibido financiamiento del Consejo de Investigación de Irlanda y del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvención núm. 713279. Anti-Slavery International ha recibido financiamiento de Nelumbo Stiftung.

Autor: Dr. Chris O’ConnellInvestigador CAROLINE, School of Law and Government, Dublin City UniversityCorreo electrónico: [email protected]: Santiago Killing Stringer abril de 2021

Anti-Slavery InternationalThomas Clarkson House The StableyardBroomgrove Road London SW9 9TLUnited Kingdom

tel: +44 (0)20 7501 8920correo electrónico: [email protected]ágina web: www.antislavery.org

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