los dossieresde

Juicio al franquismo

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Por Pedro Antonio Navarro

L a causa contra los crímenes delfranquismo se iniciaba en la sim-bólica fecha del 14 de abril de2010, y como consecuencia de la

negativa de la justicia española a investigarestos delitos. Los denunciantes iniciales (InésGarcía Holgado –familiar de desaparecido–y Darío Rivas –hijo del alcalde de Castro Rei,asesinado en 1937)–apelaban a que la Cons-titución argentina reconoce el principio de lajurisdicción universal para juzgar a los cul-pables de los delitos de lesa humanidad. A laquerella inicial se han sumado ya otras 300que están siendo tramitadas en el Juzgado Fe-deral nº 1 de Buenos Aires, cuyo titular es lajuez María Servini de Cubría.

Los querellantes, que recuerdan que la le-gislación argentina contempla penas de en-tre 20 y 25 años de prisión por esta clase dedelitos, en su demanda reclaman la recu-peración a cargo del Estado de los restosabandonados en fosas comunes y su devo-lución a los familiares, la anulación de to-dos los procesos judiciales de los tribuna-les especiales de la dictadura; la condena

del expolio económico que sufrieron los re-publicanos por parte de los vencedores enla Guerra Civil; y la aplicación de la legis-lación de crímenes de lesa humanidad con-tra los supervivientes de la dictadura que es-tuvieran implicados en la comisión de es-tos crímenes.

Desde el arranque de este procedimien-to, la causa ha atravesado por diversas vi-cisitudes, incluida la frontal oposición delEjecutivo español y la ‘actuación’ de la Fis-calía, así como los impedimentos econó-micos para que la juez encargada de la ins-trucción se desplazase a Madrid para versecon víctimas y denunciantes, tal y como te-nía prevista.

Pero hace dos semanas el caso recibía unimportante impulso cuando el juzgado bo-

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Pese a las trabas gubernamentales, el proceso abiertoen Argentina continúa y reclama detenciones a España

Juicio al régimenfranquistaLa orden para permitir las declaraciones judiciales de las víctimas y denunciantesen todos los consulados argentinos del mundo, la orden de detención internacionaldictada contra cuatro torturadores y sospechosos de asesinato, la ‘visita’ a Españade la Comisión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, y lavuelta a Buenos Aires de los querellantes, el próximo 20 de noviembre, agilizaránel proceso contra los crímenes del franquismo iniciado en Argentina en 2010. Pesea ello, las presiones del Gobierno español y la actuación de la Fiscalía continúantratando de evitar el avance de la causa.

La demanda presentada en Buenos Aires reclama también la exhumación de

El reconocimiento en laConstitución argentina

de la jurisdicciónuniversal ha abierto la

puerta al proceso

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naerense emitía una orden internacional dedetención contra cuatro torturadores de ladictadura para “declaraciones indagatorias”.Se trata de tres miembros de la Brigada Po-lítico-Social de la dictadura (Juan AntonioGonzález –‘Billy el Niño’–, Celso Galván yGiralte González) y contra el ex guardia ci-vil Jesús Muñecas, golpista en el 23-F.

Los querellantes habían solicitado también–aunque sin éxito, por el momento–la de-tención, entre otros, de tres exministros dela dictadura: Rodolfo Martín Villa, por el ase-sinato de cinco obreros durante una huelgaen Vitoria, y José Utrera Molina (suegro deGallardón), por firmar la condena a muertede Puig Antich; y de Fernando Suárez, ex-ministro de Trabajo.

La reacción de las autoridades españolas

no era positiva. La Fiscalía no veía “necesa-ria” la detención por tratarse de delitos co-metidos hace mucho tiempo y estar ‘lava-dos’ por la Ley de Amnistía de 1977. Ade-más, Galván Abascal y Giralte González hanfallecido en 2007 y 2009, respectivamente.

Pese a lo planteado por la Fiscalía, el juezde la Audiencia Nacional Pablo Ruz, sobrequien ha recaído la causa por encontrarse

de guardia esa semana, decidía citar a de-clarar a ‘Billy el Niño’ y a Jesús Muñecas,una vez que Argentina remita formalmentela petición de extradición cursada para ellos.Además, comunicará a la magistrada argen-tina y a la Interpol el fallecimiento de Gal-ván y Giralte. El magistrado había solicitadoa la policía y a la Guardia Civil la localiza-ción de los reclamados.

Frente a la actitud de las autoridades, ungran número de asociaciones, partidos de iz-quierda, sindicatos y diversas organizacio-nes han mostrado abiertamente su apoyo ala querella y a la continuidad del procesohasta sus últimas consecuencias.

La juez ha decidido recibir de nuevo, elpróximo 20 de noviembre, a víctimas de ladictadura y a funcionarios españoles para

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ón de desaparecidos. En la foto, la de José Antonio Díaz Fernández, asesinado en Mondoñedo (Lugo) el 20 de septiembre de 1936.

La Fiscalía españolainvoca la Ley de Amnistíade 1977 para oponerse a

la orden internacional dedetención

ARMH

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que presten su testimonio en el marco dela causa. Se espera la llegada de parla-mentarios de BNG, ERC, IU, Amaiur, y delPSOE.

El pasado mes de junio, el Parlamento vas-co aprobaba una proposición no de leyme-diante la cual manifiesta “su apoyo y adhe-sión” a la querella interpuesta en Buenos Ai-res contra los responsables de la dictadurafranquista por los delitos de genocidio y crí-

menes de lesa humanidad. La proposición,era sido consensuada por los grupos parla-mentarios del PNV, EH Bildu y PSE, con-tando con el respaldo de 74 de los 85 par-lamentarios. El Partido Popular y UPyD seoponían.

La Cámara vasca seguía así los pasos delpropio Parlamento Federal argentino, que se

implicaba directamente en el proceso, el pa-sado mes de agosto. “La Cámara de Diputa-dos de la Nación declara su enérgico repu-dio a los crímenes de lesa humanidad co-metidos en España por la dictadura franquistay a la impunidad de que gozan sus respon-sables, apoyando el proceso judicial abier-to en nuestro país para investigar los críme-nes, promoviendo de esta forma la memo-ria, la verdad y la justicia”, señalan en el tex-to, denunciando, además, “la absoluta de-negación de justicia existente en España res-pecto a estos crímenes”.

Aun así, en esta declaración también sereconoce que “las víctimas del genocidiosufrido por nuestros pueblos recurrieron alos tribunales españoles, y a los de otros pa-íses europeos, en procura de que se les otor-gara el amparo judicial que los nuestros lesnegaban. Hoy las víctimas del genocidiofranquista, uno de los más graves perpetra-dos en el siglo XX, lo hacen ante los tribu-nales de justicia argentinos con el mismopropósito”.

Pero el respaldo al proceso por parte del

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María Servini de Cubría, ca-si ya al final de su carrera pro-fesional, está protagonizando,a sus 75 años, probablementeel último ‘gran caso’ al que seenfrente como magistrada. Sutrayectoria ha estado plagadade intervenciones de gran im-pacto mediático, ya desde suadscripción a los juzgados demenores, en la década de los70. Fue la primera togada queobligó a restituir a niños se-cuestrados por la dictadura mi-litar a familias de desapareci-dos –1976 y 1977–, forjandodesde entonces una estrecharelación con las Madres de laPlaza de Mayo.

Se encargó de la defensa,como abogada, de la expresi-denta María Estela Martínez dePerón, en pleno régimen fas-cista militar, y su rostro era ha-bitual en los noticiarios en los80 cuando tenía la costumbrede personarse en varias prisio-nes cuando llevaba casos demotines carcelarios.

En noviembre de 1990 llega-ba al cargo de juez nacional delo criminal Nº1, nombrada porel entonces presidente, CarlosMenem. En 1992 caía en susmanos el denominado ‘Yoma-gate’, un caso de presunto la-vado de dinero del narcotráfi-co en el que estaba implicadala cuñada de Menem, AmiraYoma, y que había sido inicia-do en España por Baltasar Gar-zón. En aquella ocasión, Servi-ni intervenía para impedir la ex-tradición de Yoma a España.

En su trayectoria profesional

también destaca la orden dedetención contra el almiranteEmilio Massera, que fue presi-dente de la Junta Militar, así

La ‘Garzón’argentina

María Servini se ha enfrentado durante su carrera a c

El Valle de los Caídos sigue estando en el debate político sobre su continuidad o reconversión en espacio para la memoria.

Asociaciones, partidosde izquierda y

sindicatos hanmanifestado su apoyo a

la querella

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Estado argentino no se ha quedado en meraretórica. La pasada semana, el Ministerio deRelaciones Exteriores de la República Ar-gentina tomaba la decisión de habilitar to-dos sus consulados en el mundo para quepuedan recibir denuncias de víctimas delfranquismo, tal y como hace medio año yahabía solicitado la juez Servini, instando a

que los diplomáticos recojan los testimoniosde unas víctimas cuya declaración en estassedes tendrá valor judicial, y que ya no ha-brán de desplazarse hasta Buenos Aires pa-ra hacer oír su voz. Los consulados, además,también tendrán la obligación de tramitar lasdemandas. Las declaraciones serán tomadas

por funcionarios y certificadas por los cón-sules, dando valor notarial y remitiéndolasal Juzgado Federal nº 1.

Cabe recordar que en Argentina, a dife-rencia de lo que sucede en nuestro país, seabolieron en 2006, con el Gobierno de Nés-tor Kirchner, las amnistías que protegían alos criminales de la última dictadura militarde los años 1976 a 1983, y que desde en-tonces han sido condenados más de 300culpables.

En la decisión de las autoridades de Bue-nos Aires también ha pesado, y mucho, laactuación en nuestro país, en los años 90,del juez Baltasar Garzón, iniciando la in-vestigación internacional sobre los crímenescometidos por las dictaduras argentina y chi-lena, cuando en su propio país no se podíaabrir ninguna causa por este motivo.

El propio Garzón declaraba como testigoante la juez Servini en esta causa en mayode este año, dejando claro que la justiciaespañola no está investigando los crímenesde la dictadura franquista, muy al contrariode lo reiterado hasta en dos ocasiones porparte de la Fiscalía a la Justicia argentinacuando ésta había solicitado información alrespecto.

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como el interrogatorio al agen-te de la DINA –la policía polí-tica de la dictadura–, el esta-dounidense Michael Towley,

que reconocía la responsabili-dad de esta instancia en el ase-sinato en 1974 del general Car-los Prats, exjefe del Ejército chi-leno que permaneció fiel al Go-bierno de democrático de Sal-vador Allende, y de su esposa,en 1974.

Tuvo a su cargo la investiga-ción sobre la violenta actuaciónpolicial de los días 19 y 20 dediciembre de 2001, que acaba-ría costándole el cargo al pre-sidente Fernando de la Rúa.

En 2008 interpuso un recur-so para que se bloqueara el ac-ceso a cualquier información eimágenes suyas existentes enlos buscadores Google y Yahooque no tuviera su consenti-miento. Pero tras una primerasentencia a su favor, la Cáma-ra Civil y Comercial decidía de-sestimar su demanda.

No era la primera vez quetrataba de preservar su ‘ima-

gen’. A comienzos de los años90 presentaba un recurso deamparo para evitar ser la pro-tagonista de un sketch televi-sivo del humorista Tato Bores,y la Cámara Federal atendía sudemanda, prohibiendo quefuera mencionada en el pro-grama. Sin embargo, la paro-dia salía a las ondas una se-mana más tarde, emitiendo unpitido cada vez que su nombreera pronunciado.

Recientemente volvía a serprotagonista al oponerse a laintención gubernamental deampliar de 13 a 19 el númerode magistrados integrantes delConsejo de la Magistratura–órgano equivalente al Conse-jo General del Poder Judicial–,declarando inconstitucional lamedida, mostrándose tambiéncontraria a que 12 de esos con-sejeros sean elegidos directa-mente por los electores.

era a casos de gran trascendencia mediática.

El juez Ruz tramita en la Audiencia Nacional el sumario trasladado desde Argentina, y ya ha citado a los encausados vivos.

El juez Garzón ha sido,una vez más,

determinante en ladecisión adoptada por

la justicia argentina

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En España elGobierno nodeja investigar

P ese a que las encuestas recientesrevelan que más de un 60 por cien-to de los ciudadanos de nuestropaís son partidarios de investigar

los crímenes del franquismo y aplicar la jus-ticia a los responsables de estos desmanes quetodavía se encuentran entre nosotros, ningu-no de los diferentes gobiernos en más de 35años de democracia ha tenido ningún interésen establecer la verdad acerca de unas atro-cidades cometidas durante cuatro décadas,ni de aplicar la justicia a los culpables, ni deprocurar la correspondiente reparación a lasvíctimas y sus familiares.

No sólo esto. En muchas ocasiones se haprocedido para impedir la investigación deestos delitos, tanto dentro de nuestras fron-teras –resulta chocante que el único ‘con-denado’ en el periodo democrático ha sidoBaltasar Garzón, que intentó perseguir demanera global a los responsables y conse-guir la reparación de las víctimas, y que hasido apartado de la carrera judicial–, comofuera de ellas.

España es el único país que ha padecidouna dictadura fascista que no ha creado una‘comisión de la verdad’, que no ha resarci-do a los que sufrieron esta injusta situación,que ha tenido a algunos de los victimariosen cargos públicos de alto rango en plenademocracia, y que ni siquiera castiga en sulegislación la apología y la exaltación del ré-gimen fascista que detentó el poder duran-te cuatro décadas, lo que explica en parte eltriste espectáculo que están ofreciendo enlos últimos tiempos las imágenes de desta-cados militantes locales de las juventudesdel Partido Popular posando junto a diversasimbología fascista, o las declaraciones dealcaldes de este mismo partido, o miembrosde la Fundación Francisco Franco –como Jo-sé Utrera Molina, exministro del régimen ysuegro Alberto Ruiz Gallardón, actual mi-nistro de Justicia–justificando la dictadura ylos crímenes cometidos por ésta.

Esta misma semana, el propio Gallardón

protagonizaba un duro enfrentamiento en laCámara con el portavoz de Izquierda Unidaen el Congreso, Cayo Lara, cuando este gru-po recriminaba al Ejecutivo el incumpli-miento sistemático de la Ley de MemoriaHistórica y la oposición de la Fiscalía a ladetención preventiva de cuatro agentes delas Fuerzas de Seguridad acusados de tortu-ras en el marco de la investigación abiertapor la Justicia argentina sobre los crímenesdel franquismo.

“Usted no tiene memoria histórica, no sa-be nada del pasado y no puede aportar na-da al futuro”, espetaba el ministro a Lara,quien había acusado a la Fiscalía de la Au-diencia Nacional de “entorpecer esa inves-tigación protegiendo a responsables de de-litos y permitiendo la impunidad de esos de-salmados”. El coordinador general de IU re-cordaba que “es triste y vergonzoso que seala Justicia argentina la que tenga que inves-tigar los crímenes del franquismo y ordenela detención de los torturadores y los cri-minales”.

Lo cierto es que la respuesta de la Fiscalíaante la orden internacional de busca y cap-tura emitida por la juez Servini contra el co-nocido torturador Juan Antonio González Pa-checo –‘Billy el Niño’–, miembro de la Bri-gada Político-Social; Celso Abad Abascal,acusado del asesinato del estudiante EnriqueRuano; el guardia civil Jesús Muñecas, asal-tante del Congreso el 23-F; y el tambiénmiembro de la Brigada Político-social, JoséIgnacio Giralte, ha sido la de no considerarnecesaria la detención preventiva de estaspersonas –dos de ellas, ya fallecidas–ale-gando la antigüedad de los hechos, la pres-cripción de los delitos,  lo dispuesto en laLey de Amnistía española de 1977, y la fal-ta de un relato pormenorizado de los hechosatribuidos a cada uno de los reclamados, conconcreción de fechas y lugar de comisión.

No se trataba de la única actuación de laAdministración española que intentaba im-pedir el desarrollo de este proceso judicialiniciado en Argentina. En mayo de este año,poco tiempo antes de que comenzaran lasprevistas declaraciones de víctimas y testi-gos en la sede del consulado de este país enMadrid, el Ministerio de Asuntos Exterioresemitía una nota verbal al embajador de Ar-gentina en España, Carlos Bettini, mostran-do su rechazo a la toma de declaración de

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Ruiz-Gallardón a Cayo Lara: “Usted no sabe nada del pasado y no aporta nada al futuro”.

España es el único paísque habiendo sufrido

una dictadura fascistano ha creado una

‘comisión de la verdad’

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las víctimas al no respetar el “tratado bilate-ral de extradición y asistencia judicial en ma-teria penal de 1987” que, a juicio del Go-bierno español, obliga a Argentina a cursaruna solicitud mediante comisión rogatoriapara poder realizar las videoconferencias.  

La nota, firmada por el director de Asun-tos Consulares del Gobierno español,con-seguía queel embajador argentino, CarlosBettini, contactase con la juez María Servi-ni, que se encontraba en esos instantes ensu despacho de Buenos Aires preparada pa-ra tomar declaración mediante videoconfe-rencia a varios testigos, víctimas y familiaresque se encontraban en Madrid. Se decidíaentonces suspender esta actuación.

Pero no sólo durante los mandatos de laderecha se ha tratado de impedir la investi-gación de los crímenes del franquismo. Enoctubre de 2008, la Fiscalía ya se opuso a lainvestigación que desarrollaba Baltasar Gar-zón desde la Audiencia Nacional, alegando,entre otras razones, la Ley de Amnistía de1977.

En un informe elaborado por Amnistía In-ternacional y hecho público en junio de es-te año, titulado ‘El tiempo pasa, la impuni-dad permanece’, esta prestigiosa organiza-ción analiza la actuación de los tres pode-res del Estado (ejecutivo, legislativo y judi-cial) en relación a la investigación de los crí-menes del franquismo. En este escrito ponende manifiesto que “todas las denuncias pre-sentadas por víctimas de la dictadura y laGuerra Civil en España a las que AmnistíaInternacional ha tenido acceso han sido ar-chivadas. De las 47 investigaciones abiertasdesde 2008, 38 han sido archivadas y de lasotras 9 no hemos recibido la información so-licitada a las instituciones públicas”.

Denuncian que “en España hemos pasa-do de una situación de olvido en 2005 a si-tuación de obstaculización en la actualidad.Es decir, hemos empeorado sustancialmen-te. Esta es una tendencia que ya identifica-mos en 2012 pero quese ha profundiza-do con la sentencia del Tribunal Supremo so-bre Baltasar Garzón que cierra la puerta a lainvestigación de crímenes contra el DerechoInternacional en España”.

Del mismo modo, acusan a la Fiscalía dehaber facilitado a la Justicia argentina “in-formaciones falsas y contrarias al derechointernacional” en dos ocasiones: cuando han

asegurado que España está investigando loscrímenes del franquismo, y que nuestro pa-ís tiene preferencia para ello, por lo que so-licita a Argentina que remita los expedien-tes para que la Justicia española se haga car-go de la investigación.

También recuerdan que a pesar de que lapasada legislatura el Gobierno se compro-metió a ratificar la ‘Convención sobre la Im-prescriptibilidad de los Crímenes de Guerray de los Crímenes de Lesa Humanidad’, aúnno lo ha hecho. Y también hacen hincapiéen que la ONU ha solicitado a España en di-versas ocasiones la derogación de la Ley deAmnistía de 1977. La última vez fue en fe-brero de 2012 cuando el portavoz de la Al-ta Comisaria de Naciones Unidas para losDerechos Humanos, Rupert Colville, seña-ló que España estaba obligada a derogar di-cha ley y a investigar las “graves violacionescontra los derechos humanos del pasado, in-cluidas aquellas cometidas durante el régi-

men de Franco y perseguir y castigar a losresponsables si es que alguno vive aún”.

Naciones Unidas interviene. Ante la situa-ción generada, el Grupo de Trabajo sobreDesapariciones Forzadas o Involuntarias dela ONU visitaba recientemente nuestro país ,desplazándose a Madrid, Barcelona, Sevillay Vitoria para mantener diversas reunionescon autoridades, víctimas de la dictadura,familiares de desaparecidos, asociacionesciviles, abogados y académicos. La delega-ción del Grupo de Trabajo estaba integradapor los expertos Ariel Dulitzky y JasminkaDzumhur, acompañados por los funciona-rios del Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos (AC-NUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Gru-po de Trabajo) y Yiyao Zhang.

La investigación por parte de la ONU dela impunidad de los crímenes franquistas ydel incumplimiento por parte de España dela legalidad internacional no se limitaba alperíodo de Gobierno de Mariano Rajoy y los‘obstáculos’ puestos al proceso iniciado enArgentina. Las víctimas acudieron al Grupode Trabajo de Desapariciones Forzadas e In-voluntarias de la ONU por primera vez enel año 2002.

Ya en su informe anual de 2004, el Grupode Trabajo reflejó la imposibilidad de infor-

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El Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel García-Margallo negaba legitimidad a la iniciativa argentina.

Amnistía Internacionalresalta cómo todas las

denunciaspresentadas en España

han sido archivadas

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mar sobre las denuncias interpuestas por víc-timas y familiares ante la falta de informa-ción aportada por las autoridades españo-las. En el año 2008 el Grupo de Trabajo re-comendó a España derogar la Ley de Am-nistía recordando al Estado español que loscrímenes contra la humanidad no prescri-ben nunca y que una ley nacional no pue-de esgrimirse como argumento frente a la le-galidad internacional.

Este Grupo de Trabajo ha estado recaban-do información sobre cómo actúa el Estadocuando las víctimas o las asociaciones dememoria denuncian haber encontrado unavíctima de desaparición forzosa y solicitanla exhumación de los restos, acerca de la Leyde Amnistía, la falta de formación sobre losDerechos Humanos en la Universidad es-pañola o la dificultad para investigadores yfamiliares de acudir a los archivos históricosde la Guardia Civil para conocer la suertede sus familiares desconocidos.

El historiador Ian Gibson, que ha partici-pado en las reuniones con la comisión deNaciones Unidas, declaraba que le resulta-ba “vergonzoso que tengan que venir de laONU para que se conozca y se sepa la si-tuación que se vive en España. Me pareceque el país está por los suelos éticamente”.

En España están censadas 2.888 fosas co-munes con restos de personas aún sin identi-ficar, que podrían estar entre las 112.000 ylas 130.0000 según diversos estudios. A sullegada al poder, el Gobierno del PP –un par-tido que aún no ha condenado la dictadurafascista del general Franco–, presidido por Ma-riano Rajoy, cerraba la Oficina de Víctimas dela Guerra Civil y de la Dictadura, organismocreado en la Ley de Memoria Histórica parala coordinación de la exhumación e identifi-cación de desaparecidos. También procedíaa la eliminación de la partida económica des-tinada a la Memoria Histórica en los Presu-puestos Generales del Estado, alegando la ne-cesidad de recortes por la crisis.

‘Secretos’ de Estado. Pero es que la ‘ley delsilencio’ en torno a lo acontecido duranteese negro periodo –y muchos otros- afectaincluso a la investigación histórica, que notiene consecuencia jurídicas ni penales. ElMinisterio de Asuntos Exteriores y de Coo-peración mantiene clasificada como “secre-ta” y “reservada” desde 2010 la práctica to-

talidad de su documentación, incluyendo losfondos históricos de su archivo compuestospor papeles diplomáticos del siglo XV al XX,mientras que el Ministerio de Defensa can-celó en mayo de 2012 1a publicación de10.000 documentos militares del periodocomprendido entre 1936 y 1968 que esta-ban listos para su desclasificación.

Esta situación arranca en octubre de 2010,con José Luis Rodríguez Zapatero como pre-sidente del Gobierno. El Consejo de Minis-tros calificaba como “secreto” todo docu-mento relacionado con 17 materias com-prendidas en un listado tan genérico que ve-

ta e acceso a cualquier dato que afecte a lasrelaciones diplomáticas.

Ante las denuncias de más de 300 investi-gadores por esta situación, el actual ministrode Exteriores, José Manuel García Margallo,se comprometía, en junio de 2012, a revisarel acuerdo de 2010 para determinar con ma-yor precisión las materias que afectan a la se-guridad y defensa nacional procediendo aponer a disposición de los investigadores to-dos aquellos documentos que no afectaran ala seguridad nacional. Pero lo acontecido des-de entonces no ha hecho más que empeorarla situación. En septiembre de 2012, Exte-riores cerró el acceso a su Archivo General ydispersó sus fondos entre el Archivo Históri-co Nacional y el Archivo General de la Ad-ministración sin comunicar si esos fondos se-rán algún día consultables de nuevo.

UPF critica a la justicia española. Ante las tra-bas que desde la Fiscalía se están poniendoa la instrucción del caso contra los crímenesdel franquismo que se está llevando a caboen Argentina y el hecho de que estos delitosno hayan podido ser investigados en nues-tro país, la Unión Progresista de Fiscales rea -lizaba esta semana pasada unas duras críti-cas contra el sistema judicial nacional.

En un comunicado se felicitan por la ac-tuación de la justicia argentina, “subsanan-do la penosa actuación de nuestro sistemajudicial en este caso”. Denuncian la menti-ra de la Fiscalía General del Estado al infor-mar de que en España se estaban persi-guiendo los crímenes de la dictadura, y queresoluciones judiciales de diversos tribuna-les de nuestro país han terminado definiti-vamente con las posibles vías a la obtenciónde justicia para las víctimas, sellando “sinresquicio alguno la impunidad del franquis-mo, cerrándose definitivamente las puertasa la obtención de Justicia por estos hechos”.

Los fiscales progresistas, tras las últimasactuaciones del Ministerio de Asuntos Exte-riores y de la Fiscalía de la Audiencia na-cional, instaban al Gobierno de Rajoy a quepermita, con arreglo a los tratados firmadospor España, que la investigación iniciada enArgentina, “no choque con la oposición delas autoridades nacionales encargadas de darcumplimiento a los tratados de extradicióny de cooperación jurídica internacional enmateria penal suscritos con Argentina”. l

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Gibson denuncia el bajo nivel ético del Estado español

Los fiscales progresistas, contra Torres-Dulce.

F. MORENO

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