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CUENTA PÚBLICA SENADO 2020

Vivimos tiempos extraordinariamente difíciles.

Mis primeras palabras son para las miles de familias que

han perdido un ser querido, sea por los hechos de

Octubre o por la pandemia. También para quienes

sufrieron graves lesiones y heridas en las

manifestaciones. Como Senado, nos hacemos parte del

dolor y sufrimiento de estos hogares y les reiteramos

nuestras condolencias y solidaridad.

Chile ha experimentado, en el curso de pocos meses,

tres situaciones de enorme complejidad: el estallido

social de Octubre, la pandemia COVID 19 y la crisis social

derivada de ambos fenómenos.

Los sucesos de Octubre partieron como la protesta de

estudiantes por el alza de las tarifas del transporte

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público, pero derivaron luego en masivas

manifestaciones por los problemas acumulados en una

transición, que generó avances sociales, pero que

acumuló enormes desigualdades y abusos.

La movilidad social que logramos y que permitió salir de

la pobreza a millones de chilenas y chilenos, realizada en

condiciones de preeminencia del mercado y de un

Estado socialmente débil, se nos ha revelado de una

enorme fragilidad por la mala calidad de los empleos y

las bajas remuneraciones, característica estructural del

actual modelo económico.

La protesta ciudadana sobrepasó a las instituciones, a

los partidos políticos y a los liderazgos tradicionales.

Alcanzó una masividad que no veíamos desde los 80 y

también niveles de violencia insospechados.

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Pero sería injusto quedarse en eso. También vimos a una

ciudadanía participativa, ocupada del quehacer público,

discutiendo en cabildos y asambleas acerca del país que

anhela.

Una expresión colectiva y transversal, que persiste hoy

y que ha permitido enfrentar la pandemia en miles de

ollas comunes y esfuerzos asociativos, que nos refleja

que hay una comunidad viva y solidaria.

No soy de las que ve todo lo realizado en la transición

como negativo. Creo que se hizo todo lo que se pudo, en

el marco de un sistema institucional heredado de la

dictadura y de un modelo económico que funciona con

graves desequilibrios sociales, de género y

medioambientales.

En ese marco, con el dictador sentado en estas bancas,

se avanzó en el marco de un precario equilibrio que

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obligaba a negociar cada paso y a retrasar

transformaciones que eran ya -y son hoy- imperiosas de

abordar.

No soy tampoco autocomplaciente. Hubo fallas y

errores gruesos.

El principal de ellos es haber tolerado niveles de

desigualdad inaceptables. Es cierto que las familias de

menores recursos tuvieron progresos importantes y que

crecieron los sectores medios, pero el carácter del

modelo y la timidez de las reformas, permitieron que

muchos obtuvieran ingresos sobre todo lo razonable, sin

aportar a la sociedad lo suficiente para mantener niveles

suficientes de equidad y cohesión social.

Un Chile que prospera, con conglomerados que se

expanden por el continente, con elites interconectadas,

con ingresos comparables al primer mundo, se enfrenta

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con la precariedad de millones de chilenas y chilenos,

que apenas sobreviven, con empleo inestable, sueldos

escasos y pensiones miserables, con elevados niveles de

endeudamiento y con graves deficiencias en la calidad y

acceso a derechos sociales, con sectores medios en la

incertidumbre de volver a la pobreza ante cualquier

contingencia.

Eso es lo que explotó con fuerza en Octubre. Una

desigualdad agresiva.

Posteriormente, vino la pandemia. En cuatro meses ha

causado estragos cuantiosos. Los muertos confirmados

o probables superan los 12.000, mientras los

contagiados se acercan a los 350.000, una de las cifras

más altas del mundo si las medimos por el número de

habitantes del país.

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En este punto, quiero detenerme especialmente, para

agradecer a nombre del Senado de la República, el

extraordinario esfuerzo del personal de la salud,

profesionales, auxiliares, administrativos, técnicos, que

han entregado lo mejor de sí, arriesgando su propia vida

por sus compatriotas.

Han dado un ejemplo servicio público, solidaridad y

profesionalismo en medio de las precariedades de

nuestro sistema de salud, fragmentado y débil. Todos les

debemos bastante más que un aplauso. Sin duda, la

sociedad les debe un reconocimiento formal y material.

Lamentablemente, no se entendió a tiempo que el

cumplimiento de las medidas sanitarias iba íntimamente

ligado a la posibilidad de las familias de acceder a

ingresos en forma oportuna y suficiente.

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Aún no se ha terminado de configurar un sistema de

protección que permita a los hogares tener la

tranquilidad de no ver afectada su calidad de vida.

En este contexto se ha desenvuelto el trabajo del

Senado.

Quiero destacar, como un hito trascendente en esta

materia, el Acuerdo por la Paz, suscrito el 15 de

Noviembre pasado, por un amplio arco de fuerzas

políticas, al alero de esta Corporación, encabezada en

ese momento por el Senador Jaime Quintana y que abrió

un camino institucional para resolver uno de los

conflictos más grandes de nuestra historia.

Fruto de ese esfuerzo se generó un inédito proceso

constituyente que comenzará en Octubre,

consultándole a las chilenas y chilenos acerca de la

necesidad de una Nueva Carta Fundamental y la forma

de elaborarla.

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Destaco, asimismo, muy especialmente la modificación

realizada para garantizar la paridad en la integración del

órgano constituyente, impulsada por la movilización de

miles de mujeres a lo largo de todo el país y concretada

con el enorme esfuerzo de diputadas y senadoras de

todos los sectores.

Pero la amplitud de la Convención no está aún

asegurada. Seguimos trabajando para reservar también

escaños a los pueblos originarios, de modo que el nuevo

texto incluya a la pluralidad de nuestra sociedad.

El Senado está comprometido en ese esfuerzo.

Hicimos las gestiones tendientes a establecer una nueva

fecha cuando quedó claro que el COVID 19 no permitiría

cumplir el itinerario original.

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Ahora, hemos abierto una mesa de trabajo, junto al

Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados,

Diego Paulsen, y a los Presidentes de las Comisiones de

Constitución de ambas Corporaciones, Alfonso de

Urresti y Matías Walker y con la participación de

diversas entidades técnicas y centros de estudios, con el

objeto de recoger las mejores experiencias para llevar

adelante los eventos electorales en las actuales

circunstancias. Y garantizar un plebiscito seguro y

participativo.

De aprobarse la Convención Constituyente, pondremos

a disposición de ella toda la ayuda necesaria compatible

con las labores habituales del Senado.

Lo anterior, sin perjuicio del trabajo que como

Corporación y que también la Biblioteca del Congreso

Nacional está desarrollando para aumentar la educación

cívica.

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En los próximos días pondremos a disposición de la

ciudadanía un mini sitio elaborado por nuestro

Departamento de Comunicaciones sobre estas

temáticas.

Destaco, asimismo, el Marco de Entendimiento para un

Plan de Emergencia, iniciativa surgida a partir de las

propuestas del Colegio Médico y del aporte de

destacados economistas, que cristalizó en este esfuerzo

que tuvo como instancia de reunión nuestra Comisión

de Hacienda.

Los hitos mencionados, Acuerdo por la Paz, nuevo

calendario constituyente y el Marco de Entendimiento

reflejan el rol del Senado, como un lugar de diálogo y de

acuerdos, particularmente en momentos complejos

para Chile.

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En las condiciones reseñadas, el Senado ha seguido con

su trabajo. Ni los sucesos de Octubre ni la pandemia han

detenido nuestra labor.

Decidimos mantener nuestro funcionamiento, por vías

telemáticas, para responder a las necesidades de las

chilenas y chilenos.

Se realizaron, en el período que va desde el 1 de julio de

2019 al 30 de junio de 2020, un total de 126 sesiones de

sala, con un promedio de asistencia de 93% de las

senadoras y senadores.

Se despacharon, en el mismo lapso, 205 proyectos de

ley, 7 acuerdos internacionales y 35 acuerdos de otro

tipo.

Las comisiones realizaron un total de 1248 sesiones.

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Estas cifras representan un alza de aproximadamente un

20% en cualquier indicador anual medible, lo que refleja

el intenso trabajo desplegado por el Senado, aún en

estas especiales y difíciles circunstancias.

Quiero remarcar especialmente el trabajo ocurrido

desde Marzo en adelante.

En estos casi cinco meses, se han desarrollado 47

sesiones de sala, con un promedio de asistencia altísimo

de 41 senadoras y senadores y durante el cual se han

despachado 85 proyectos de ley, un acuerdo

internacional y 7 acuerdos de otro tipo.

De estas iniciativas, hemos aprobado más de 25 textos

legales vinculados a la pandemia, aporte que ha sido

destacado por el propio Ejecutivo y que echa por tierra

acusaciones ocasionales de obstruccionismo.

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Entre éstos destacan las modificaciones al Fondo de

Garantía para Empresas de Menor Tamaño, los dos

proyectos de Ingreso Familiar de Emergencia, las dos

versiones de las normas de Protección al Empleo, el

proyecto de ley respecto de las y los trabajadores a

honorarios, el indulto conmutativo, los proyectos de ley

destinados a solucionar asuntos tales como los procesos

y plazos judiciales, el mandato de las directivas de los

cuerpos intermedios y los permisos de circulación.

No puedo dejar de mencionar dos iniciativas legislativas,

surgidas desde el Congreso Nacional, que han sido

aprobadas horas atrás por mayorías históricas: el

proyecto que permite a los afiliados a las AFP retirar

hasta un 10% de su ahorro y el que impide que las

empresas proveedoras de servicios básicos corten su

suministro por razón de no pago.

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Son iniciativas que surgen como respuesta a la

dramática situación que viven miles de familias y que

expresan los anhelos profundos de la gran mayoría de

las chilenas y chilenos, por vivir en un país menos

desigual, más justo, sin abusos, con pleno respeto a los

derechos de todas y todos, sin odio y sin violencia.

Lo ocurrido, mucho más que una derrota política para el

Gobierno o la reivindicación de las atribuciones del

Parlamento frente al Ejecutivo, es una manifestación

clara de que los representantes de la ciudadanía han

recogido ese clamor amplio y profundo de sus

comunidades, eso es lo que explica su apoyo tan

transversal.

Ha sido una inmensa oportunidad de sintonizar de una

vez por todas con los anhelos de nuestros compatriotas,

empujando las fronteras de lo posible y mostrando que

el bien común puede y debe estar por sobre los

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intereses económicos de cualquier sector. Eso es, por

sobre todo, lo que dará paz y estabilidad a nuestro país

y le permitirá seguir creciendo y prosperando.

Durante el año comprendido en esta cuenta pudimos

despachar iniciativas extraordinariamente relevantes,

alguna de las cuáles quiero recordar.

Se aprobó un nuevo mecanismo de financiamiento de

las capacidades estratégicas de la defensa nacional, que

pone fin a un sistema fuera del marco democrático y que

constituía una carga excesiva para CODELCO.

También se aprobó una iniciativa que moderniza la

legislación tributaria y que, tras los sucesos de Octubre,

tuvo un giro significativo, pasando de entregar

franquicias adicionales a constituir un texto

recaudatorio.

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Con un trabajo destacado de la Comisión de Economía,

se aprobó la ley que regula la portabilidad financiera,

fomentando la competencia en el sector.

Asimismo, se autorizó a la CENABAST a proveer a

almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, iniciativa

que esperamos contribuya a reducir el precio de los

medicamentos, una de las principales demandas

sociales, especialmente de nuestros adultos mayores.

Se aprobó, asimismo, el subsidio para alcanzar un

ingreso mínimo garantizado o aporte para trabajadores

de bajas remuneraciones, que persigue elevar los

ingresos de las familias, cuyos sueldos son insuficientes.

A consecuencia de las movilizaciones de Octubre y a la

espera de la urgente, imprescindible y profunda reforma

al fracasado sistema de pensiones existente, se aprobó

una ley que mejora el sistema de pensiones solidarias.

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Destaco, también, la aprobación de la Ley sobre

imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra

menores, que establece una protección eficaz para las

vulneraciones graves a los derechos de nuestros nuños,

niñas y adolescentes.

En materia ambiental, con la participación destacada de

algunas senadoras y senadores, se aprobó la ley de

protección de los humedales urbanos.

Hago presente, por último, dos iniciativas que no se han

convertido en ley, pero que motivaron la preocupación

de senadoras y senadores, como son el proyecto de Ley

Nacional del Cáncer y los proyectos que reemplazan al

actual Servicio Nacional de Menores.

En los 12 meses referidos, se propusieron a trámite

legislativo un total de 288 mociones, 249 de las cuales

fueron declaradas admisibles y 39 inadmisibles.

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En esta materia, quiero señalar que no comparto la

polémica suscitada en torno a este último tipo de

iniciativas. Ello no ocurrió nunca en años anteriores,

cuando este tipo de proyectos fueron bastante más

numerosos.

La Constitución, la Ley Orgánica Constitucional y nuestro

Reglamento entregan la decisión de la admisibilidad a

las respectivas cámaras y otorgan a ambos órganos

colegisladores atribuciones para cautelar su

cumplimiento. No se ha vulnerado ninguna de esas

disposiciones y estimo que no es necesaria la creación

de organismo alguno de control como se ha propuesto.

Los poderes del estado nos debemos deferencia y

respeto y no cabe ningún tipo de tutelaje o

supervigilancia.

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Quiero destacar, asimismo, que cumpliendo una de las

principales demandas de la ciudadanía, esta Mesa y el

Senado, pusieron en tabla iniciativas que por años no

habían sido atendidas.

Fruto de ello, en los últimos meses, se aprobó la norma

que reduce, primero transitoriamente y, luego en forma

definitiva, a través de un nuevo mecanismo, las dietas

parlamentarias. Asimismo, se despachó la ley que limita

la reelección, con el objeto de facilitar la renovación de

liderazgos.

Debemos seguir avanzando para fortalecer la calidad de

nuestra democracia, la transparencia de las

instituciones y la participación ciudadana.

Sin embargo, con la misma claridad, debo señalar que

debemos cuidar nuestras instituciones.

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El Estado y las instituciones democráticas son la principal

defensa y protección de los sectores más

desfavorecidos. Sin Estado, sin política y sin democracia

priman los poderosos.

Con sus imperfecciones, el Congreso Nacional es el

centro de la democracia representativa y de la

pluralidad de la sociedad chilena. Podemos y debemos

mejorar la calidad de esa representación, pero sin

cuestionar su existencia.

En ese camino, hemos seguido fortaleciendo las

comunicaciones e interacción con la comunidad.

El canal de televisión del Senado está desplegando su

máximo potencial. Se ha ampliado la plataforma

permitiendo transmitir diversas sesiones de comisiones

simultáneamente por streaming.

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Se pusieron al aire 974 sesiones de comisiones y 120

sesiones de Sala, con un total cercano a las 2.000 horas

de transmisión.

En el mismo sentido, a través de un esfuerzo de la

Comisión Bicameral de Transparencia, se ha

incorporado a la Cámara de Diputados al Senador

Virtual, pasando a ser Congreso Virtual.

Quiero destacar, asimismo, el trabajo del Congreso del

Futuro, iniciativa que ha seguido ganando prestigio y

calidad. Su última versión contó con 79 expositores, más

de 25.000 asistentes presenciales, 500.000 visitas a la

página durante el evento y un millón y medio de

conexiones streaming.

Autoridades presentes. Estimadas y estimados colegas.

Esta pandemia ha revelado las dificultades que viven

muchas mujeres. Hemos instalado una mesa de género

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COVID 19, conformada por más de 90 organizaciones de

la sociedad civil, senadoras y diputadas que elaboró una

completa agenda, que incluye el diseño de una ley de

catástrofes con perspectiva de género.

Llamo la atención, por ejemplo, sobre las enormes

dificultades que viven miles de jefas de hogar, que

deben sobrevivir con un aporte estatal que no ha tenido

la magnitud esperada y no pueden trabajar por no tener

con quien dejar a sus hijos. Por eso era tan

imprescindible apurar el postnatal de emergencia.

Asimismo, quiero llamar la atención sobre la violencia

contra la mujer. Hemos aprobado hace algunos meses la

Ley Gabriela, iniciativa que fortalece la penalización del

femicidio y tipifica el homicidio de género fuera del

ámbito familiar. En ello trabajó un grupo transversal de

parlamentarias, cuyo aporte destaco.

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Sin embargo, la pandemia ha revelado que aún nos resta

mucho. Llamo al Ejecutivo a fortalecer las redes de

apoyo e insistir en una cultura contra el maltrato y los

estereotipos, que explica las dificultades existentes para

que policías, operadores y tribunales acojan las

denuncias y sancionen a los responsables. El caso de

Antonia nos ha conmovido profundamente.

Estimados Ministros, es necesario empujar el proyecto

de ley de monitoreo telemático, que se encuentra

próximo a su total despacho. No es necesario rediscutir

un texto que ya ha cumplido dos trámites

constitucionales. Lleva 6 años en el Parlamento y busca

evitar el asesinato de mujeres.

También constituimos una Mesa de Trabajo por la

Diversidad Sexual. Chile necesita avanzar para terminar

con los estereotipos y la discriminación. Hace unos días

aprobamos, en general, el proyecto sobre filiación de

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hijas e hijos de personas del mismo sexo. Tenemos que

seguir avanzando en leyes como el matrimonio

igualitario, que es una exigencia de una sociedad

moderna.

Quiero reconocer el aporte que en todo esto han tenido

las funcionarias y funcionarios del Senado. No han sido

meses fáciles. Nuestro trabajo no sería posible sin ellos

y es necesario reconocerles su entrega y colaboración.

Señor Presidente de la República,

Autoridades presentes,

Senadoras, senadores, diputadas, diputados, señoras y

señores.

Estamos en un momento inédito de nuestra historia

republicana.

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Atravesamos una coyuntura especialmente compleja.

Un virus nos ha dejado confinados ya por varios meses,

pero mucho antes el virus de la desigualdad marginó y

postergó a muchas chilenas y chilenos.

Necesitamos un nuevo pacto institucional y un nuevo

pacto social.

Tenemos una oportunidad histórica de que una

Convención Constituyente elegida por todas y todos los

chilenos elabore una Nueva Constitución.

Elaborarla permite pensar, desde la diversidad de

nuestras posturas políticas e ideales, el país que

queremos para los próximos decenios y abordar los

desafíos que el desarrollo científico, tecnológico, la

biopolítica y la bioética colocan desde el punto de vista

valórico y normativo.

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Una de las reformas esenciales es la del sistema político.

Se requiere un reequilibrio de poderes que genere el

respeto a las competencias de cada órgano del Estado,

la eficacia en la gestión y los mecanismos adecuados

para resolver los conflictos en una sociedad compleja

como la que vivimos y en un mundo donde factores

dominantes son la inmediatez, la celeridad, la

incertidumbre y el cambio.

Hay que reponer al Congreso Nacional en el centro de la

representación plural de una sociedad diversa. Parte de

la polémica sobre las competencias entre el Ejecutivo y

el Legislativo se da porque en el actual sistema político

el Parlamento está debilitado, carente de atribuciones

reales.

El filósofo español Daniel Innerarity nos dice que hoy, en

que la información se distribuye a través de las redes

sociales y de los medios, cuando los ciudadanos son

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receptores y transmisores a la vez, se autoconvocan e

instalan sus propias agendas que condicionan el espacio

político institucional, y cuando las personas le confieren

su propio sentido a las cosas, la gobernanza y la

legitimidad social requieren de una horizontalidad que

reconozca a una ciudadanía incidente en lo político.

Necesitamos una nueva constitución que, como lo deja

en claro la pandemia que enfrentamos, establezca un

estado potente y moderno, acorde a las exigencias de

este siglo, que fortalezca la educación y la salud pública

y termine, por ejemplo, con la privatización de

elementos básicos como el agua, respecto de lo cual

reclamo acelerar la dictación de un nuevo Código de

Aguas, cuya tramitación lleva ya 8 años en el

Parlamento. Los intereses de unos pocos no pueden

detener un avance para tantos.

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Necesitamos una nueva constitución que rompa las

ataduras de un modelo neoliberal que reduce el Estado

al mínimo indispensable, muy conveniente a la hora de

desplegar el lucro privado, pero incapaz de entregar

servicios de calidad y proteger las chilenas y chilenos.

Debemos también contribuir a generar un nuevo pacto

social. El de la transición, basado en fomentar un

crecimiento desregulado que permitiera financiar los

programas sociales cumplió su ciclo. Hoy necesitamos

un nuevo pacto, un derrotero que establezca

condiciones mínimas para todos los chilenos y que

reponga principios distributivos esenciales.

Las chilenas y chilenos necesitan una visión compartida.

Un camino que entregue a todos una oportunidad y

servicios básicos, que no deje a nadie atrás, pero que

tampoco permita inequidades que violentan la

convivencia.

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Durante el estallido social muchos estuvieron

disponibles para aumentar la carga tributaria.

Posteriormente, muchos de esos buenos deseos

quedaron congelados. La pandemia los sumergió. Pero

están ahí. No olvidemos esa exigencia ciudadana. Chile

necesita una nueva estructura tributaria que haga

posible una mayor equidad, condición indispensable de

la paz social.

Esperamos seguir aportando en estas tareas y en la

legislación cotidiana.

Es cierto que son momentos complejos, pero también

desafiantes.

Si somos capaces de asumirlos, de enfrentar las deudas

de la transición y corregir, podemos dar pasos

significativos hacia el desarrollo, pero no aquél que

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veníamos experimentando, con dos Chiles, sino uno que

brinde a los hombres y mujeres de esta tierra derechos

básicos y la tranquilidad de no quedarse atrás por un

desastre, una pandemia o contingencias de la vida.

Estoy segura que juntos podemos hacerlo.

Muchas gracias.