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Andr Felipe Aponte Gonzlez.1

Ccuta y el Catatumbo: entre la integracin y la marginalizacin. Disputas territoriales, arreglos institucionales e imposicin de un orden social de la guerra2.

En: Conflicto y territorio en el Oriente Colombiano. Fernn Gonzlez, Et Al. CINEP ODECOFI. 2012. (Libro en preparacin para imprimir)

Introduccin

Para finales de la dcada del noventa, con mayor precisin para el ao de 1999, la entrada del paramilitarismo produjo en Norte de Santander, y con mayor acento en el Catatumbo y en Ccuta y su rea metropolitana, una reconfiguracin del orden social, poltico y econmico. Este cambio fue originado por la avanzada del paramilitarismo desde el sur del Cesar y el Magdalena Medio, en un proceso de expansin nacional que atacaba lugares que haban sido de dominio histrico de los grupos guerrilleros, como el Sur de Bolvar, Bajo y Medio Atrato y Meta.

En Norte de Santander, esta expansin llev a una cruenta disputa por el control territorial, que inicialmente enfrent a los paramilitares con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) e incluy luego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), teniendo como resultado el paulatino debilitamiento del ELN. Esa bsqueda del control territorial se materializ en masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos individuales y colectivos y amenazas para ejercer una vigilancia sobre todos los espacios de sociabilidad incluidos los de la vida cotidiana de los pobladores. Esto a su vez produjo la reconfiguracin del orden social en Ccuta y su rea metropolitana junto con una reestructuracin total en el andamiaje institucional, que se tradujo en ciertos arreglos institucionales que buscaban incidir en la vida poltica regional-local.

Como consecuencia, el departamento de Norte de Santander y especialmente su capital, Ccuta, y la subregin del Catatumbo, sufrieron un escalamiento de la violencia desde 1998 hasta el 2006, que registr distintos propsitos y lgicas segn los diversos clculos econmicos, militares y polticos. Los econmicos estaban ligados a la presencia de cultivos de coca y el control del comercio ilegal de gasolina proveniente del vecino pas, debido a las ventajas ofrecidas por la tradicin de comercio ilegal y el poco control del rea de frontera en su territorio, cuyas caractersticas geogrficas y la condicin de zona perifrica posibilitaban el establecimiento de un cluster cocalero que articulaba la siembra de la coca con su procesamiento y comercializacin.

1 Politlogo e historiador de la Universidad de los Andes; su inters se centra en el conflicto armado, la cuestin agraria y la construccin del Estado y la poltica colombiana desde la sociologa histrica. As mismo trabaja temas como justicia transicional y el legislativo colombiano. Ha trabajado para el Grupo de Memoria Histrica, es investigador de Odecofi. 2 Debo reconocer y expresar mi gratitud a Vctor Barrera, pues sin su rigurosa y crtica lectura no hubiera sido posible afinar mis interpretaciones en el presente estudio.

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En los clculos militares el objetivo de los paramilitares era establecer un corredor que uniera esta zona con el Urab, a travs del Magdalena medio, y arrasar el orden establecido por la influencia del ELN en el Catatumbo y las partes perifricas del rea metropolitana, territorios caracterizados por ser de gran influencia guerrillera, en especial del ELN, que haba gozado de mucha influencia en la regin desde la dcada del 70 por su labor de apoyo a distintos procesos organizativos de las organizaciones de base, que le valieron legitimidad por la poca respuesta a las demandas de los pobladores locales por parte del gobierno regional y nacional.

En esta direccin no sobra hacer notar que la presencia diferenciada de las instituciones del Estado colombiano en el espacio y tiempo est tambin reflejada en el departamento de Norte de Santander: Ccuta, capital del departamento, cuenta con una infraestructura considerablemente desarrollada, instituciones de justicia, planes de desarrollo y una prestacin de servicios bsicos. En la otra orilla se encuentra el Catatumbo, territorialidad histricamente marginada, percibida por los mismos santandereanos como una zona sin dios ni ley, caracterizada por tener una precariedad en su infraestructura - segn las personas entrevistadas es ms fcil acceder a esta territorio por el lado venezolano que por el colombiano. En esta va se tiene comprensin del Paro de Nororiente (1987) que reclam una mayor presencia del Estado en materia de polticas de salud y del agro. Sumado a lo anterior, una ausencia de instituciones que no slo proveyeran de justicia sino tambin de notarias que registraran las posesiones de los habitantes, fueron entre otros factores, una gran ventana de oportunidad para que los grupos armados, especialmente el ELN, lograran insertarse en este territorio.

Por eso, para comprender la integracin del departamento de Norte de Santander, en especial del Catatumbo y el rea metropolitana de Ccuta, a las lgicas de la guerra nacional hay que contraponer dos espacialidades, que hacen parte de un mismo departamento pero cuyos grados de integracin y articulacin se encuentra en posiciones divergentes pero con procesos interrelacionados. La contraposicin se centra en sus procesos de poblamiento, sus procesos de sedimentacin social, su forma de integracin al Estado en los niveles regional y nacional y la consiguiente presencia de una maquinaria estatal.

Correspondientemente con esta presencia diferenciada del Estado y la contraposicin de las dos territorialidades, tambin el ejercicio y el despliegue de la violencia es diferenciado. En el Catatumbo, el objetivo central de controlar un territorio de alto valor estratgico en el campo militar y econmico llev a ejercer una violencia sistemtica con masacres y desplazamientos forzados contra la poblacin civil, que era considerada como un brazo del enemigo, dado el papel que haba jugado los grupos armados en la organizacin de la comunidad y la regulacin de los espacios de sociabilidad. Por eso, la insercin del paramilitarismo se caracteriz por la regulacin de las actividades econmicas y del territorio, sobre todo en los cascos urbanos.

En contraste, Ccuta, como centro poltico del departamento con una clase poltica ms organizada y una sociedad ms sedimentada, significaba no slo

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un botn militar y econmico ilegal sino tambin la posibilidad de regular actividades legales en acuerdo con los poderes locales. All los paramilitares fueron capaces de establecer arreglos institucionales con los gobernantes para la reparticin de los recursos tanto municipales como departamentales y de la burocracia local. As Ccuta representa un caso paradigmtico de la llamada Parapoltica por ser uno de los primeros lugares del pas donde tuvo lugar una este tipo de acuerdos.

En esta direccin surgen los siguientes interrogantes que guan este captulo: Qu permiti la insercin del paramilitarismo en las dos subregiones? Cmo se dio esta insercin? Cmo fueron las relaciones entre los poderes locales-regionales y el paramilitarismo y cmo se vio afectada la institucionalidad en el Catatumbo y el rea Metropolitana de Ccuta?

Para poder responder las anteriores preguntas y comprender cul es la gnesis de la contraposicin de las dos espacialidades y la forma diferenciada de la insercin de paramilitarismo, es necesario hacer un examen sobre cules han sido los procesos de poblamiento en cada territorio, cmo se han dado los procesos que posibilitaron una diferenciacin social y la emergencia de poderes locales, cmo se efectu o no la integracin de esos poderes locales a la vida nacional, cules son los componentes que caracterizan la presencia de las instituciones del Estado en la regin y cul ha sido el papel de los grupos armados en la zona en lo tocante a su relacin con la poblacin, los poderes locales y las instituciones del Estado.

En esta direccin la hiptesis del presente captulo parte del supuesto de que las caractersticas del poblamiento han incidido directamente en la percepcin de dos espacialidades contrapuestas en una misma regin: San Jos de Ccuta y su rea metropolitana ha sido integrada progresivamente a la vida poltica nacional, mientras la subregin de Catatumbo se ha caracterizado por ser un territorio marginado y excluido, cuyos espacios de sociabilidad no han podido ser regulados ni por el nivel central del Estado ni por los poderes regionales. Estas diferencias explican la forma diversa como los paramilitares se relacionaron con la poblacin y su posibilidad de reconfigurar el orden social. Esta insercin diferenciada y el consecuente incremento de la violencia en la regin se corresponden con unos objetivos estratgicos dentro de la lgica nacional de la guerra.

Para la consecucin de este objetivo se realiz un barrido de literatura secundaria tanto de las dinmicas del conflicto armado en la regin, como de los procesos de poblamiento y de ciertos procesos sociales como la organizacin y movilizacin obrera y campesina en la zona. Adems, se realizaron una serie de entrevistas a distintos lderes sociales tanto del Catatumbo como de Ccuta y su rea metropolitana; tambin, una revisin de prensa tanto de medios nacionales como regionales del ao 1995 hasta el 2010, utilizando el archivo de prensa del Centro de Investigacin y Educacin Popular (CINEP); por ltimo, la base de datos de Violencia del CINEP permiti realizar un anlisis estadstico sobre las dinmicas del conflicto.

El presente artculo se dividir en cinco acpites: el primero abordar el tema de configuracin espacial de la regin nororiente en relacin con el proceso de

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formacin del Estado que ha tenido lugar en este territorio; el segundo resaltar la importancia de la explotacin petrolera en la procesos tanto de poblamiento del Catatumbo as como su relacin con los lites locales; el tercero mostrar una nueva intensificacin del poblamiento del Catatumbo, la emergencia de los proyectos insurgentes y su relacin con la poblacin local; el cuarto se interesa por mostrar los efectos de la expansin y estancamiento de los proyectos contrainsurgentes, y los frustrados dilogos de paz que contaron con la oposicin de los poderes locales expresados en la organizacin de grupos paramilitares; el quinto mostrar las lgicas subyacentes de la llegada del paramilitarismo, sus efectos sobre la institucionalidad local y la instauracin de un nuevo orden social, que conduce al anlisis de la nueva reconfiguracin del orden social luego de la desmovilizacin de los paramilitares y una nueva recuperacin de los proyectos revolucionarios en la zona; por ltimo, se brindarn unas conclusiones generales.

I. La Configuracin espacial de Norte de Santander. Los procesos de poblamiento y la formacin del Estado.

La contraposicin de territorialidades en Norte de Santander

La presente seccin presenta la configuracin espacial del departamento de Norte de Santander, que muestra cmo las dinmicas econmicas, sociales, culturales y polticas de sus subregiones se relacionan con una espacialidad de mayor amplitud, el Nororiente andino, que incluye total o parcialmente, los departamentos de Cesar, los Santanderes, Boyac, Arauca y Cundinamarca. Obviamente, este planteamiento implica que las dinmicas econmicas, culturales, sociales, polticas y de poblamiento de esas subregiones trascienden la divisin poltico- administrativa del territorio nacional y se ligan con la violencia poltica, haciendo evidente la presencia diferenciada del Estado (Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003 y Oquist, 1978)3.

La geografa fsica del territorio colombiano, cruzado por tres ramales de la cordillera que separaban los valles interandinos y las Costas del Caribe y Pacfico, tendi a producir grados relativos de autonoma y autosuficiencia de las diversas jurisdicciones en lo poltico administrativo y en lo econmico: cada regin era relativamente autrquica y deba autoabastecerse; por eso las economas no se especializaron en ciertos proyectos ni intercambiaban sus productos sino en reducida escala. A esto contribua el precario sistema de caminos en la colonia y repblica, que produjo una marcada diferenciacin en las regiones: un suroccidente agrcola, minero y ganadero (Valle, Cauca, Nario), el noroccidente minero (Antioquia), el Centrooriente agrcola y ganadero (Cundinamarca, Tolima, Huila y Boyac) y el Nororiente agrcola y artesano (Pamplona, Villa de Rosario, Vlez, Ccuta, Socorro, etc.) y los llanos del Arauca y Casanare (Citado por Gutirrez, 2008).

3 Esta categora analtica hace referencia a que el Estado colombiano hace una presencia diferenciada en el territorio nacional en el espacio y tiempo, por los diversos grados de poder y los distintos tipos de relacin con las sociedades locales y el momento de integracin en el conjunto de la vida nacional. Trayendo a colacin casos como los de los aos cuarenta, donde el pas tena regiones lo suficientemente diferenciadas y donde el poder local y regional era tan importante en la estructuracin de la sociedad, que la coherencia local y regional de los grupos dominantes todava poda compensar una ruptura estructural con el nivel nacional.

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Pero, a pesar de esta relativa autarqua de las regiones, se produca algn intercambio: la actividad manufacturera del nororiente de los valles elevados de la cordillera oriental (Mlaga, Ocaa, Tunja y Vlez) surta a las zonas mineras de Antioquia, el Cauca medio y el Magdalena con harina y bizcochos; las zonas mineras tambin reciban panela y conservas de Vlez y La Palma (situadas en valles templados de la vertiente occidental de la cordillera oriental) (Ramos Peuela, 2005). En estos intercambios entre el centro, noroccidente y nororiente de la Nueva, el valle interandino del Magdalena representaba una especie de frontera interna, que encuadra los primeros avances colonizadores del Magdalena medio Santandereano: la construccin de caminos y asociado a ellos la fundacin de aldeas fue la estructura que determin el poblamiento de la zona, procesos conocidos tericamente como poblamiento de aldeas lineales (Ramos Peuela, 2005).

La anterior lgica tuvo como resultado que la configuracin del Nororiente tuviera un peso marcado la creacin de intereses econmicos y polticos, particulares o estatales, y su manifestacin en conflictos de orden social, pues desde el siglo XVIII, y como resultado del creciente mestizaje y conformacin de resguardos, se dio origen a la presin por la adquisicin y titulacin de tierras entre mestizos libres y blancos pobres frente a la Corona. Bajo este proceso se ancl la gnesis de la hacienda que marcara el rumbo en el largo plazo de la forma de ocupacin y colonizacin de tierras baldas. Pues el objetivo clave era el control y subordinacin de la nueva mano de obra a disposicin, donde la posesin de la tierra tena implcito un valor simblico asociado al estatus social, poder poltico y posibilidad de ascenso social (Guillen, 2008).

En cambio, la subregin del Catatumbo escap de esta lgica de ocupacin pues la expansin hacia esta frontera obedeci a las necesidades de tierras y recursos por parte de pobladores de las ciudades de Maracaibo, Salazar de las Palmas, Ccuta y Pamplona, donde se llev a cabo un proceso tpico de ampliacin de la frontera agrcola, topndose con un contexto de alta conflictividad con las comunidades indgenas locales (Motiln Bar), que fueron objeto de campaas de pacificacin, militares y misionales -la ocupacin de los territorios de esta comunidad const de tres fases: La primera, entre 1530-1662, caracterizada por incursiones expedicionarias y por la fundacin de los primeros poblados; la segunda, entre 1662 y 1772, en donde se acenta la guerra contra los nativos; y una tercera, entre 1772-1818, cuando las comunidades religiosas entablan contacto pacfico- (Vega y Aguilera, 1995). En este orden de ideas, la no injerencia de un poder central desde los tiempos de la colonia hasta nuestros das en zonas de frontera ha obedecido a clculos racionales, que dejan el manejo de sus poblamientos dispersos en manos de la poblacin que se est all formando (Pabn Villamizar, 1994 y Ramos Peuela, 2005).

El proceso de poblamiento del departamento de Norte de Santander est caracterizado por el contraste de estas dos dinmicas. Sus primeros habitantes fueron lo que hoy se denomina la comunidad de los indgenas Bar, que siguen teniendo presencia en el Catatumbo (Vega y Aguilera, 1995). El proceso de reduccin de los indgenas tuvo como punto de lanza la ciudad de Santa Fe,

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cuando desde finales del siglo XVI, los conquistadores avanzaron en busca de oro y suelos aptos para el cultivo de caf y cacao. De esta forma fundaron las ciudades de Pamplona y Ocaa: esta ltima cumpla a la funcin de puerto seco para conectar la regin de Cartagena con Zaragoza por el acceso al Ro Magdalena (Arenas, 1994;CINEP, 1998; Melndez, 1987 y 1993; Vega y Aguilera, 1995); siendo Pamplona fue el eje del poblamiento del centro de la regin, los valles de Cucutilla y Arboledas (Pabn Villamizar, 1994) -replicando el mismo sistema: la creacin de estancias y hatos ganaderos sujetando la mano de obra disponible; adems que las tierras de resguardo y valles enteros quedaron libres para la expansin agrcola y ganadera de los colonos mestizos-.

La fundacin de estos poblados, y el descubrimiento de algunas minas de oro, fueron un imn para los encomenderos, mineros, y comerciantes, que no slo poblaron los alrededores de estos territorios sino que llegaron hasta los Valles del Zulia (Ccuta y San Cristbal), enfrentndose con los indgenas Bar, que fueron exterminados o arrinconados en zonas perifricas (Catatumbo). De esta forma, la economa local gir alrededor del caf y el cacao como productos de comercializacin, alrededor de la lnea Ocaa-Ccuta, cuyo un largo proceso de poblamiento desde los tiempos coloniales hasta fines del siglo XIX fue abriendo espacios para una colonizacin masiva de esas tierras, que fueron receptoras de flujos migratorios provenientes de Santa Marta, Cartagena y la misma provincia de Santander (CINEP, 1998).

El proceso de ereccin de muchas parroquias, durante los siglos XVII y XVIII fue profundizado por las reformas borbnicas que buscaban solucionar los crecientes conflictos ocasionados por la insercin de los vecinos (blancos y mestizos) en los pueblos indgenas (Pabn Villamizar, 1994). De este proceso se benefici San Jos de Ccuta, que con el desarrollo de una incipiente agricultura comercial anclada en el cacao y el caf inici un proceso de crecimiento que tendr sus mayores rditos para el siglo XIX (CINEP, 1998). En cambio, en el Catatumbo, la formacin y la consolidacin de las haciendas fueron respaldadas por empresas militares de las lites regionales a partir del siglo XVII (Ramos Peuela, 2005 y Melndez, 1982), para responder a las necesidades de tierras y recursos por parte de pobladores de Maracaibo, Salazar de las Palmas Ccuta y Pamplona. Como resultado de esta expansin, la comunidad Bar fue objeto de acciones militares pacificadoras y polticas misionales que determinaron las nuevas relaciones territoriales (Ramos Peuela, 2005).

Estos ciclos de poblamiento de los siglos XVII y XVIII se vieron profundizados por la colonizacin campesina y empresarial de los dos Santanderes durante el siglo XIX y por la Violencia de mediados del siglo XX, que desplaza poblacin hacia la zona del Catatumbo. Finalmente, en los aos setenta se inicia un nuevo ciclo, con interrupciones, hasta la dcada del noventa, que se prolonga hoy con el auge de la explotacin de hidrocarburos y los cultivos ilcitos (Gonzlez F).

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El breve recuento histrico sobre este poblamiento implica que ni las ciudades coloniales del Nororiente, como Pamplona, Vlez y Socorro, ni las desarrolladas en los siglos XIX y XX lograron nunca dominar completamente sus respectivos espacios provinciales, como sucedi en otros territorios de la Nueva Granada (Jaramillo Uribe, 1989 y Colmenares 1987). Precisamente, las tierras del Catatumbo fueron territorios donde el Estado tanto colonial como republicano tuvo poca presencia, por lo que fueron escenarios favorables al comercio ilegal, dado que las reformas borbnicas del siglo XVIII y las dinmicas econmicas, sociales y demogrficas de los siglos XIX y XX configuraron el espacio regional en torno a Ccuta y Bucaramanga y Ocaa, conectadas con los circuitos comerciales internacionales (Ramos Peuela, 2004).

Pero estos procesos mostraban profundas diferencias: las provincias de Socorro y Vlez fundaron aldeas lineales para fortalecer los circuitos comerciales internos, especialmente con aquellas provincias con las cuales podra generar complementariedad (Antioquia y Santa fe de Bogot); en cambio, Ccuta y Ocaa llevaron a un proceso de colonizacin espontnea durante el siglo XVIII, sobre todo en las vertientes del ro Zulia y Catatumbo, que se vio estimulado por la conformacin de haciendas destinadas al cultivo del cacao- vindose favorecidas por la condiciones geogrficas y ambientales propicias para el cultivo de cacao y ros navegables para su comercializacin-(Ramos Peuela, 2004). Y trajo consigo necesidad de la guerra para la pacificacin de los pobladores locales para la consolidacin de las propiedades, lo que perdur hasta las primeras dcadas del siglo XX con la entrada de compaas extranjeras para la explotacin de petrleo en la zona- este proceso inici en el ltimo siglo del dominio colonial y an contina en nuestros das. Por lo cual ha sido un proceso prolongado y con mltiples etapas, variables y contextos -(Ramos Peuela, 2004). Por otra parte, la agricultura comercial y su salida al puerto de Maracaibo, vincularon a Ccuta y sus alrededores ms con Venezuela que con los circuitos comerciales internos para vincularse al centro del pas. De ah se puede concluir la contraposicin de estas dos territorialidades: Ccuta, ms integrada a la vida nacional y con mayor sedimentacin social, ha dado lugar a la emergencia de poderes locales y regionales vinculados al Estado central, hecho que contrasta con el Catatumbo, marginal al desarrollo nacional, sin una jerarquizacin social que d lugar al surgimiento de grupos locales de poder. Este repaso histrico-sociolgico ayudar a comprender las dinmicas estructurales del actual conflicto armado y las modalidades de la aparicin de grupos armados en la regin, lo mismo que la incidencia de la Violencia de mediados del siglo pasado, que mostr una desarticulacin entre los procesos de colonizacin y el bipartidismo tradicional. En este orden de ideas se puede afirmar que el departamento de Norte de Santander presenta ciertas continuidades de largo plazo, como en muchas otras regiones del territorio nacional, por el control hegemnico de los recursos naturales y la poblacin.

La articulacin del territorio de Norte de Santander en la construccin del Estado colombiano (1810-1910).

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El anterior contraste de territorialidades permite comprender cmo se integra este departamento en la construccin del Estado colombiano, especialmente cmo se articulan sus subregiones con el centro poltico y cmo sus elites se relacionan con las instituciones estatales del nivel central. Para ello, hay que considerar que este proceso, en el Tercer Mundo, se distancia del modelo terico construido a partir de la experiencia de Europa: por ejemplo, Centeno considera que la guerra no fue un elemento estructurante del Estado, a diferencia de lo que muestra Tilly en Francia e Inglaterra, sino que las economas de exportacin jugaron un papel mucho ms importante (Centeno, 2002 y Tilly, 1992). Y que el carcter limitado de sus guerras no exigi una gran racionalizacin burocrtica para el reclutamiento de poblacin y la consecucin de recursos fiscales, ni de la movilizacin poltica y militar de la sociedad- en esta direccin se considera que la guerra no es la nica ruta para la centralizacin burocrtica, tambin juegan un papel importante las coaliciones sociales y polticas y la ideologa de lite gobernante, el modelo administrativo, doctrinas religiosas y hasta legado colonial, si el territorio perteneci a alguna de los imperios de ultramar (Centeno, 2002 y Vu, 2010).

Por otra parte, la inexistencia o ausencia de un proyecto nacional que le diera sentido a la construccin del Estado-Nacin permite entender la magnitud del reto que tuvieron que asumir las oligarquas locales, quienes heredaron una unidad administrativa del imperio espaol, para construir un Estado republicano a partir de la base de una sociedad de castas y jerarquas poblacionales y privilegios, fragmentada regionalmente, con espacios al margen del control de la administracin estatal- es por esto que hay estudiosos del tema (Colmenares y Mnera) que consideran que la autoridad de Santa F, por la inexistencia de una lite criolla con un proyecto nacional, permiti la existencia de varias lites regionales con proyectos distintos que podan cuestionar al centro como rector de la unidad poltica; por otro lado, estn (Jaramillo Uribe y Garrido) consideran que hubo cierta continuidad entre las nuevas naciones y las unidades administrativas y polticas de la Colonia Espaola, que le dio sentido a una red protonacional que encontraba lmites en localismo producto de las rivalidades entre ciudades y villas vecinas -(Colmenares,1987; Garrido, 1987; Gonzlez, 2006, 2006a, 2008 y 2011; Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003 ; Jaramillo Uribe 1989; Mnera, 1998).

Para los casos de los que nos ocupamos, Ccuta se va integrando gradualmente a la nacin, a pesar de haber estado poco poblada antes del siglo XVIII, por su clima malsano, la inseguridad del territorio y la inexistencia de minas y mano de obra sumisa, gracias al auge de cultivos comerciales (CINEP, 1998). Su mayor integracin a los circuitos nacionales gener un proceso de sedimentacin social, que permiti a la lite poltica establecer un tipo de intermediacin y de negociacin frente al poder central. En cambio, el aislamiento del Catatumbo hizo escasos los intentos colonizadores de terratenientes y campesinos, que solo tenan el propsito de ampliar la red comercial con Venezuela y la necesidad de controlar el trfico ilegal del cacao por la desembocadura del ro en el delta llamado Las Damas (Melndez, 1993). Lo anterior deja entrever que el control de las autoridades de Ccuta segua siendo limitado. La misma situacin se refleja en el desarrollo de la infraestructura de la regin, con poco apoyo del poder central, que hizo

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fracasar todos los intentos de integrar la subregin durante todo el siglo XIX, pues la mejora de las vas de comunicacin qued relegada a las manos de los hacendados de acuerdo a sus intereses (Melndez, 1993). Adems, los altos costos de la medicin de la tierra y los largos trmites en el centro hacan onerosos los reclamos de baldos por parte del campesinado, que hizo que la ocupacin de la tierra en el Catatumbo fuera de facto (Melndez, 1993), como en muchas otras regiones del pas.

En la segunda mitad del siglo XIX, se dio un nuevo intento de penetracin en los baldos de las montaas cercanas al ro Catatumbo, enmarcada nuevamente en los estmulos de la agro-exportacin de las reformas liberales (Melndez, 1993). Se organizaron las Sociedades Democrticas, del sector draconiano del Liberalismo, que llev a muchas familias del patriciado de Pamplona a migrar hacia los valles cucuteos para dedicarse a actividades comerciales de carcter legal e ilegal, as como un trabajo poltico. La oposicin de los radicales de Pamplona a esta colonizacin se inscribe en la disputa liberal conservadora, pues en varios puntos de los que hoy son los Santanderes (Cucutilla, Chopo, Toledo, Salazar y Ocaa), la masa de labriegos fue dirigida por draconianos godificados (Villamizar, 1994).

A finales del siglo XIX, la baja de precios de la quina y el tabaco produjo una grave crisis econmica (Villamizar, 1994), profundizada por la decadencia poltica de la regin producida por la Guerra de los Mil Das, que se expres en la divisin del Estado, para 1910, en Santander y Norte de Santander; acompaado de un clima de desorden social y precariedad del Estado que posibilitaba el bandolerismo y asiento de grupos armados enfrentados a la autoridad (CINEP, 1998). Pero esta situacin trajo consigo una mayor integracin de la capital a la vida nacional en los ltimos aos del siglo XIX, que se concreta en la construccin del ferrocarril de Ccuta y en la expansin de maquinaria institucional, con la consiguiente emergencia de una clase media de burcratas, que, unida a los comerciantes, obreros y la lite radical, convirti a la ciudad en refugio liberal contra las facciones conservadoras en Ricaurte, Villa del Rosario y San Cayetano (CINEP, 1998). De esta forma, se evidencia lo que Tilly afirma que son las cargas impremeditadas del Estado, pues con el desarrollo de las instituciones nacionales y regionales, estas mismas van creando sus propios intereses, derechos, necesidades y demandas a partir de sus propias bases de poder (Tilly, 1992 y 1993).

Este desarrollo muestra que el poder central se vio en la necesidad de negociar con las lites regionales las polticas nacionales que estaban dirigidas un territorio (infraestructura, educacin, planes de desarrollo, administracin de la justicia, aduanas nacionales, etc.), dado que ni la capital central de Bogot, ni ningn foco provincial (Cauca, Bolvar, Santander, etc.) logr imponerse plenamente sobre las otras regiones. Sin embargo, cuando las lites regionales estaban en sincrona con el gobierno de turno, se beneficiaban con las polticas impulsadas desde el centro- por ejemplo con la llegada al poder de Mosquera, se ratific el impulso de Ccuta como centro econmico. Se abri el camino al puerto de los Cachos y se intensificaron las exportaciones -(Melndez, 1987). Estas pujas evidencian que la captacin o negociacin por parte del Estado con los poderes locales y regionales es un elemento clave en la formacin del

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Estado y su posicin como aparato regulador de las sociabilidades sobre un territorio y una poblacin determinada, debido a que muchas veces el asentamiento de la maquinaria estatal se hace sobre los campos preexistentes y constituidos por los poderes locales, como ha insistido repetidamente Michael Mann (Mann, 1997 y 2006). Esto convirti a los partidos polticos en redes de poderes regionales y locales y subculturas con las cuales la poblacin sent las bases de su identificacin, lo que permiti articular las regiones y habitantes entre s y tendieron puentes entre la maquinaria estatal y las distintas regiones y territorios por medio de la inclusin subordinada de las clases populares a los grupos existentes de poder mediante mecanismos de corte clientelista (Gonzlez, 2006, 2006a y 2009; Gonzlez y Otero, 2010 y 2010a, Gutirrez, 2010 y Pcaut, 1987, 1991 y 2003).

De lo anterior se desprende que la dominacin ejercida por el Estado hacia la poblacin fuera de manera indirecta, pues a pesar de la existencia de instituciones burocrticas modernas, la articulacin bipartidista hizo que el ejercicio poltico se caracterizara por la permanencia de mecanismos clientelistas en la actividad poltica. Lo que tuvo como resultado una tensin entre modernidad y tradicin poltica, fruto de la combinacin de dominio directo e indirecto, en la terminologa de Tilly, por parte del Estado colombiano, que march a travs de redes de poder ya existentes en la sociedad, que impuso una selectiva negociacin con los notables (Gonzlez, 2008; Gutirrez, 2010; Tilly, 1992 y 1993).

En resumidas cuentas, el nororiente y el departamento de Norte de Santander, desde la colonia hasta el siglo XIX, se constituyeron en una territorialidad de importantes procesos econmicos y polticos que los convirtieron en espacio integrado a la vida nacional (Gonzlez, 2008 y Gutirrez , 2008 y 2010), salvo la subregin del Catatumbo con su vertiente, donde la apropiacin del espacio fue ms resultado de voluntad individual de los colonos interesados en el cultivo de cacao que de las polticas estatales (Melndez, 1993). Y donde el Estado en zonas como el Catatumbo no poda desplegar su poder, control y extraer recursos sobre el conjunto de un territorio frente a la imposibilidad de enjaular a los moradores en un espacio, en trminos de Gellner, porque la posibilidad de los grupos poblaciones de desplazarse hacia zonas ms marginales hace muy costosa la tarea unificadora del Estado (Gellner, 1997).

II. Modernidad y tradicin: Colonizacin Petrolera y Violencia (1910-1958).

Los primeros aos del Siglo XX van a presenciar importantes transformaciones en la espacialidad del Catatumbo por su integracin a la explotacin minero-energtica, impulsado por el notablato cucuteo, encarnado en el general Barco, que logr, gracias a su cercana con las administraciones de turno y su influencia en la institucionalidad local, que se le adjudicara una concesin que posteriormente cedi a una empresa extranjera, la Colombian Petroleum Compay (COLPET). Esta nueva actividad econmica y la consiguiente mejora de la infraestructura nacional atrajeron dos olas de migrantes espontneos, sin ninguna planeacin estatal: la primera, compuesta por campesinos expulsados de las tierras altas donde la frontera agraria se haba

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cerrado o estaba a punto de cerrarse, y la segunda, por migrantes atrados por las nuevas oportunidades del petrleo y los puertos fluviales (Vega y Aguilera, 1995). Este considerable poblamiento hizo que la subregin se configurara bajo dinmicas endgenas, que caracterizaron a los principales centros poblados de esta subregin (El Tarra, La Gabarra, Tib, etc.). No hubo all ninguna presencia de una institucionalidad estatal, ni regional ni central, que regulara tanto los espacios de sociabilidad as como las distintas modalidades de apropiacin de la tierra. Al general Barco y a la petrolera norteamericana se le delegaron todas las funciones propias de un Estado central como la construccin de vas, la prestacin de servicios bsicos, el rgimen laboral, la provisin de justicia, que eran ejercidas con total autonoma. Esto obligaba al campesinado recin llegado a construir sus propios espacios de sociabilidad y los mecanismos regulatorios, al margen de la intermediacin bipartidista.

Este contexto subregional de cierta autonoma de las comunidades y de ausencia de las instituciones estatales produce condiciones propicias para la insercin, en los aos sesenta, del proyecto insurgente del ELN, que logr as un considerable respaldo y legitimidad. Por eso, esta subregin pas de ser asociada con lo salvaje y lo indomable a verse considerada, para la segunda mitad del siglo, como un territorio caracterizado por la ilegalidad, el desorden y una poblacin reticente a integrarse a la nacin a travs de los mecanismos tradicionales del bipartidismo.

Hacia una mayor integracin a la vida nacional: el impacto del petrleo en la colonizacin y la dinmica social

Tanto la concesin Barco en el Catatumbo como la de Mares en Barrancabermeja, otorgadas por el gobierno de Reyes (1904-1909), fueron retribuciones que recibieron ciertos lderes regionales por su adhesin al gobierno, pero su incapacidad para la explotacin los llev a negociar con la Colombian Petroleum Company (COLPET). Esta actividad favoreci la colonizacin del Catatumbo y estimul la economa subregional, en particular la de Ccuta. Se produjo as la expansin de la tradicional frontera santandereana, centrada en el nuevo tringulo de oro con epicentro en Barrancabermeja, Bucaramanga y Ccuta (CINEP, 1998). Uno de los efectos colaterales del descubrimiento y de la colonizacin de tierras fue el desalojo de la comunidad Motiln-Bar a lugares ms apartados del Catatumbo (Vega y Aguilera, 1995).

Esta economa de enclave trajo consigo el auge del proceso de la colonizacin petrolera, en palabras de Renn Vega y Mario Aguilera, que fue acompaada por otra colonizacin ms espontnea de campesinos en torno a las mrgenes de la carretera construidas en la zona de Tib por la compaa petrolera (Melndez, 1987 y Vega y Aguilera, 1995). Ambos procesos significaron para la subregin una mayor integracin tanto con el nivel regional as como el nacional. Tib, que contaba slo con tres caminos de salida (las travesas de Teorama, el del Carmen- va el Guamal- que comunicaba con el puerto de la Gloria en el Magdalena- y el camino de Ocaa, por la Las Mercedes), qued ahora conectado con la carretera que vena de Ccuta y Convencin, que

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luego se prolongara hasta Valledupar y sera el paso obligado entre el interior de Colombia y la Costa Caribe por el Oriente (Melndez, 1987).

Otro de los resultados de estos procesos fue la consolidacin de una lite regional, que estaba vinculada a la creacin del departamento en 1908, como es el caso del general Barco, que encarnaba al notable poltico colombiano, en el cual conflua el poder econmico y poltico (Vega y Aguilera, 1995) tanto en lo regional como en el nivel central, no slo por las concesiones sino tambin por la participacin de las lites locales en el reparto de ministerios, con mayor precisin los relacionados con la actividad petrolera como los Ministerios de Industria, Minas y Energa o Comunicaciones (Vega y Aguilera, 1995). Estos nexos entre las lites locales y las petroleras se hicieron evidentes en la reaccin de los poderes locales y de las compaas extranjeras cuando se quiso reversar la creacin del departamento. Incluso esa alianza se reflej en los cruces familiares y en el nombramiento de antiguos empleados de la COLPET como funcionarios del departamento (Vega y Aguilera, 1995).Estos nexos entre las lites locales con las empresas petroleras y su influencia en el nivel central permitieron que la concesin Barco cediera toda la explotacin a la COLPET y a la South American Gulf Oil Company (SAGOC) en 1931.

La consolidacin de la colonizacin petrolera, la reconfiguracin y apropiacin de un territorio.

Los procesos de configuracin territorial y apropiacin del espacio en el Catatumbo recibieron un nuevo impulso por la llegada de campesinos de Antioquia, los Santanderes y otras regiones del centro andino (Corporacin Minuto de Dios e INDEC, 1971). En un primer momento (1955-1960), los nuevos pobladores se ubicaron en la parte norte entre La Gabarra, las bocas del Ro de Oro y La Pista; y en un segundo momento, a partir de mediados del 60, pobl principalmente la parte sur, desde La Gabarra hacia las bocas del ro Or, pero que tambin ha provocado la penetracin en la parte noreste (Monteadentro y Tierrafirme) siguiendo la denominada Trocha Ganadera (Corporacin Minuto de Dios e INDEC, 1971). Como resultado de estos poblamientos, la subregin casi duplic su poblacin en un lapso de 20 aos (Tabla 1) hasta llegar a constituirse la segunda subregin ms poblada del departamento. Alrededor de las instalaciones de los campos petroleros se formaron los nuevos asentamientos poblacionales (que) le dieron fisionoma a estos dos municipios (Tib y El Tarra) (Minga y Progresar, 2008).

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Tabla 1 Crecimiento demogrfico por Subregiones 1951-1973

Subregin 1951 1964 1973

Ccuta y rea Metropolitana 104.817 183.384 305.393

Catatumbo 75.476 99.459 124.982

Centro 52.325 60.174 59.591

Suroriente 52.030 55.689 70.999

Pamplona 47.438 58.834 90.732

Ocaa 55.364 76.946 113.178

Las anteriores dinmicas denotan a primera vista que el trasfondo de lo que se ha denominado debilidad del Estado es este proceso de poblamiento marginal a las directrices del Estado central y regional; por eso, la idea de Estado que tienen los pobladores es difusa porque la ausencia de la maquinaria estatal en la zona hizo que la construccin de lo legal y lo legtimo no fuera producto de su presencia efectiva sino que estuvo anclado en la propia experiencia de los pobladores locales. Esta situacin limit la posibilidad de que los poderes regionales, apoyados en la economa petrolera, pudieran ser intermediarios para articular la subregin con el nivel regional y central, debido a su poca injerencia en este proceso de poblamiento: las nicas vas del ejercicio de la ciudadana eran las elecciones y los controles militares (Minga y Progresar, 2008).

En suma, este proceso confirma la concepcin de la violencia poltica como el sntoma ms protuberante de un problema de raz: la manera concreta cmo se emprendi la construccin del Estado en Colombia, donde el proceso gradual y desigual de integracin a la nacin hace que el Estado tenga una presencia diferenciada en el espacio y tiempo, segn el tipo de relaciones de las instituciones estatales con las redes de poder previamente existentes en las regiones, que resultan de los grados de cohesin y jerarquizacin sociales que ellas han logrado desarrollar en ellas. Y del grado y momento de la insercin de ellas en la vida econmica del conjunto de la nacin (Gonzlez, 2009 y 2008; Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003; Gonzlez y Otero, 2010).

Los casos de Ccuta y Catatumbo evidencian los lazos estrechos de los procesos de poblamiento e integracin territorial con la manera diferenciada como funcionan las instituciones en las regiones integradas y perifricas y de las integradas medianamente. La contraposicin de dos territorialidades como son San Jos de Ccuta y el Catatumbo evidencia cmo los procesos de larga duracin y mediana duracin se conjugan con los coyunturales para caracterizar la forma como hacen presencia las instituciones del Estado segn las distintas maneras de integracin o marginalizacin de la vida nacional y regional. No en vano Elas considera que la construccin de un Estado Nacional conlleva dos tipos de procesos principales y, que estn estructuralmente conectados pero cada uno con sus luchas especficas: los

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procesos de integracin territorial o regional; y los procesos de integracin de los estratos sociales (Elas, 1998 y2010).

III. Las transformaciones socio-polticas del mediano plazo: reactivacin de la protesta e insercin de la insurgencia en las regiones marginalizadas 1958-1982.

La pacificacin exitosa de la Violencia por el Frente Nacional (FN) no trajo consigo una respuesta adecuada frente a las rpidas y evidentes transformaciones que sufri la sociedad colombiana en los aos sesenta, que superaron los marcos institucionales y los referentes culturales entonces vigentes. El Estado se mostr incapaz de construir nuevos tipos de intermediacin poltica y social que reemplazaran las tradicionales y permitieran crear nuevos mecanismos de convivencia- a pesar de que el FN no fue tan cerrado, como otros autores lo afirman, si se puede considerar que este sistema haca difcil la expresin poltica de nuevos poderes locales, grupos y problemas sociales que se formaban al margen de l, y a su vez, no permita ampliar la ciudadana ms all de las fronteras de los partidos tradicionales- (Gonzlez, 2008 y Gutirrez, 2007). Este contexto proporcion una ventana de oportunidad para que los grupos guerrilleros pudieran promover o infiltrar los distintos procesos organizativos de base que se estaban teniendo lugar en zonas perifricas no articuladas a la vida nacional. Esos procesos organizativos no slo buscaban reivindicar sus derechos y el ejercicio de una ciudadana plena, sino que exigan cada vez ms una mayor integracin a la vida nacional a travs del desarrollo de la infraestructura y la implementacin de planes de desarrollo. Y los grupos armados de izquierda van a ver en estas reivindicaciones una ventana de oportunidad para hacerse una base social para su proyecto revolucionario.

Poderes locales y reivindicaciones laborales en Norte de Santander

Normalmente, las zonas con un cierto de grado de articulacin con el nivel nacional y regional suelen ver satisfechas sus demandas mediante prcticas clientelistas o por la misma intervencin del poder central, como es el caso de Ocaa, que afrontaba todava en los sesenta problemas de violencia bipartidista pero que lograba la construccin de obras de infraestructura a travs de la intermediacin de los notables polticos frente al poder central, como Argelino Durn Quintero en la gobernacin del departamento y posteriormente en el Ministerio de Obras Pblicas(Melndez, 1980).

En cambio, los obreros petroleros de la subregin del Catatumbo tenan que recurrir a paros y huelgas para obtener mejores condiciones de vida y trabajo y lograr reversar la Concesin Barco. Tambin se presentaban disputas por la tierra entre campesinos y terratenientes en las reas de colonizacin, que no impidieron el florecimiento de una cultura campesina propia de la subregin, que tena una vocacin ganadera y agrcola (Minga y Progresar, 2008). En ese sentido, las Juntas de Accin Comunal empezaron a independizarse del gobierno y de las prcticas clientelistas de los partidos tradicionales, que no

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satisfacan adecuadamente sus necesidades, para buscar nuevos canales de intermediacin y representacin. Esta ineficacia contrastaba con los grandes recursos de las regalas, que no redundaban en la cobertura de servicios pblicos ni el desarrollo de la subregin (Minga y Progresar, 2008). Pero estos procesos organizados al margen de los poderes locales y regionales ligados al bipartidismo fueron atacados y amenazados por representar una amenaza al orden social hegemnico. Esto se ver refrendado dos dcadas despus, cuando la UP gane la alcalda de Tib (Entrevistado 1, 2011).

A esta altura cabe resaltar un punto que se ha venido manifestando de manera gradual y que ser de gran importancia para los siguientes aos. El hecho de que el proceso de poblamiento que tuvo lugar en el Catatumbo no fuera agenciado por el bipartidismo tradicional, no quiere decir que no haya tenido lugar un proceso previo de organizacin de los colonizadores. De hecho como se evidenci en los anteriores acpites las acciones colectivas y los reclamos de la poblacin local- por mejores condiciones laborales, por la precariedad de la vas de comunicacin y la ausencia de planes de desarrollo-, dejan entrever que la llegada de los proyectos revolucionarios de izquierda no son los orquestadores de dichos procesos de organizacin y reivindicacin, sino que ms bien que el ELN y las FARC vieron en estos procesos orgnicos una ventana de oportunidad para hacerse una base social para la toma del poder, y de esta forma los dinamizaron y buscaron darle forma de acuerdo a sus concepciones organizacionales. En este sentido el Catatumbo, al igual que otras regiones del pas, se diferencia de los procesos organizativos que tuvieron lugar en el sur de Colombia en razn de que los segundos tuvieron una relacin mucho ms orgnica con los proyectos insurgentes.

Insercin regional de los proyectos insurgentes y su relacin con la poblacin local.

La situacin anteriormente descrita permite comprender las distintas temporalidades y diferentes procesos de la insercin de los grupos en la regin del Catatumbo desde los aos sesenta: En los aos 60 aparecen los elenos a partir de Camilo Torres, formando un proyecto poltico-militar; despus aparece el EPL de una franja de las FARC, generalmente por la zona de Ocaa y Catatumbo, pero el Norte de Santander con la zona de Arauca tiene mucho predominio del ELN. Y aparece de ltimo las FARC que entraron por Aguachica [en la dcada del ochenta] (Entrevistado 1, 2011).

En esos procesos, los espacios de sociabilidad de la poblacin local fueron regulados por los grupos armados, quienes se infiltraron en los procesos organizativos (Rincn, 2003), lo que gener una legitimidad y simpata frente al proyecto revolucionario. Es el caso del ELN, que ha tenido una presencia histrica en la regin que, ms recientemente, se va ver mermada con la incursin paramilitar4. Es distinto el caso de las FARC, ms vinculada a la nueva ola colonizadora de los ochenta, alrededor de los cultivos de coca, que 4 Considera que la relacin es de infiltracin, debido a que como se ha venido exponiendo con el recuento del proceso de poblamiento y apropiacin del espacio por parte de los pobladores locales queda en evidencias que ste antecedi a la llegada de este grupo guerrillero, lo que a su vez indica que los procesos organizativos son previos, como lo muestra John Jairo Rincn. Cosa diferente es que esta organizacin se haya involucrado en los procesos organizativos y haya querido tomar las riendas como una estrategia revolucionaria para la consecucin de una base social.

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lograron gran ascendencia sobre la poblacin local por la regulacin de esta actividad econmica. La Tabla 1 muestra precisamente cmo el Catatumbo es la regin de mayor crecimiento demogrfico, despus de Ccuta y su rea metropolitana, hasta el 2005 cuando se evidencian los efectos de la incursin paramilitar.

Tabla 2. Crecimiento Demogrfico Subregional Norte de Santander.

Columna1 1951 1964 1973 1985 1993 2005

Ccuta y rea Metropolitana 104.817 183.384 305.393 470.021 633.866 758.312

Catatumbo 75.476 99.459 124.982 146.899 156.476 146.046

Centro 52.325 60.174 59.591 52.717 52.595 44.668

Suroriente 52.030 55.689 70.999 55.729 64.458 60.081

Pamplona 47.438 58.834 90.732 67.525 81.407 60.081

Ocaa 55.364 76.946 113.178 120.610 143.670 154.976

Fuente: DANE. Elaboracin propia.

La insercin del ELN en la zona del Catatumbo y Norte de Santander obedeca al propsito de acercarse a la frontera con Venezuela y crear un corredor de comunicacin con Arauca, pero las tensiones en torno a la construccin del oleoducto Cao-Limn-Coveas le proporcionaron condiciones para su expansin despus del relativo fortalecimiento que logr luego de recuperarse del desastre en Anor5. Surgieron entonces varios frentes, articulados alrededor del Frente de Guerra Nororiental (FGO): los frentes Efran Pabn en el sur, el Juan Fernando Porras en la provincia de Pamplona y Carlos Velasco Villamizar en la ciudad de Ccuta. En la subregin del Catatumbo el frente Armando Cacua Guerrero y en Ocaa el Claudia Isabel Escobar Jerez. Adems, el Camilo Torres con base en la Serrana del Perij. El departamento, y especialmente el Catatumbo, qued convertido en una de las principales zonas de retaguardia del ELN, hasta el punto que Manuel Prez implant all su centro de operaciones (Vicepresidencia, 2007).

La marginacin de la subregin con respecto a la vida poltica nacional, con la excepcin de la explotacin de enclave en la zona y el paso del oleoducto, proporcion al ELN y las FARC un espacio propicio para infiltrarse en el movimiento social, campesino y obrero con un trabajo ms poltico que violento ( Entrevistado 4, 2011). Su influencia en el caso del Catatumbo, se estructur alrededor de la Unin Sindical Obrera (USO) y se hizo notoria en el paro del Nororiente (1987), la marcha campesina de 1988 y las protestas de los campesinos cocaleros en la dcada del noventa en contra de las fumigaciones. En esta misma lnea, Villarraga considera que la vieja presencia guerrillera aprovech este territorio no slo por su ubicacin geogrfica sino 5 Operacin adelantada por el Ejrcito Nacional en 1973 en el norte de Antioquia, en el cual el grupo es prcticamente aniquilado. Los pocos sobrevivientes se refugiaron en la cordillera Oriental.

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tambin por la posibilidad de lograr incidencia poltica y fortaleza militar en la regin por medio de sus relaciones con un campesinado receptivo a su mensaje, por sus malas condiciones de vida y la ausencia de polticas pblicas (Villarraga, 2005).

Esta relacin tendra graves consecuencias para la poblacin civil en los ochenta y noventa, cuando numerosos lderes sindicales y populares fueron objeto de amenazas o asesinatos por parte de los paramilitares, como lo expresaba la Comisin de Superacin de la Violencia (CSV) en 1992, que contrastaba la riqueza de la regin con las carencias de vas de comunicacin, crditos y asistencia tcnica para los colonos campesinos, que deba complementar sus ingresos con la produccin de coca en pequea escala, a lo que se aadan la inmensa corrupcin administrativa y la deficiente presencia del Estado en vasta regiones, expresada en la carencia de infraestructura o en la inexistencia de instituciones bsicas o la Registradura. Segn la Comisin, las guerrillas se asientan sobre este vaco de Estado, al que reemplazan por medio de cooperativas y procesos de organizacin comunitaria, cumpliendo el papel de polica a travs de la imposicin del orden a veces con mtodos tan cuestionables como las limpiezas sociales o simplemente la intimidacin de la poblacin (CSV, 1992).

Los testimonios de campesinos colonos llegados a la zona de La Gabarra a comienzos de los setenta hacen evidente la precariedad regulatoria de la maquinaria estatal, pues la forma de apropiacin de la tierra se daba sin una titulacin u otro mecanismo que legalizara la posesin (Entrevista a un campesino del Catatumbo, realizada por Omar Gutirrez, 2008). Esa escasa regulacin se hizo presente tambin en las zonas perifricas de Ccuta, en lo que se denomin con posteridad las comunas (entre ella Atalaya 7), donde se insert el ELN con la misma intencionalidad: el direccionamiento de la vida de los pobladores pero adaptndose a la problemtica urbana: La periferia urbana nuestra era bsicamente guerrilla. La parte Sur y Occidente, ellos marcaban pauta, all no se poda entrar. Efectivamente la gente viva y conviva con estos rdenes que era uno que otro paro armado, una que otra limpieza pasaba con listado, avisaban y la gente viva ritmo de eso. Hasta la actividad escolar era parada, pero fue cambiando porque no tena ningn sentido que los nios pasaron en el rancho o en la calle (Entrevistado 5, 2011).

Este acompaamiento de los grupos guerrilleros a los procesos organizativos y sus reivindicaciones estuvo acompaado por el avance electoral de la Unin Patritica en la alcalda y el Concejo de Tib, fruto de un intenso trabajo poltico de sus activistas por todo el Catatumbo (Pabn, 2009).

III.Auge guerrillero, dilogos frustrados e inicio de los grupos paramilitares.1982-1991.

Los avances organizativos antes descritos hicieron que el perodo entre 1982-1988 estuviera marcado por un auge guerrillero que pona en marcha los planes estratgicos de los grupos en el nivel nacional, que significaban una transformacin de su lgica organizacional poltica y militar, encaminada ahora hacia la toma del poder nacional, que aprovechaba la mayor acumulacin de recursos lograda en las etapas anteriores a travs del involucramiento en la

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economa de la coca, la extorsin a las empresas petroleras y a los ganaderos, etc.

En este nuevo contexto se insertan las FARC en el departamento de Norte de Santander, con especial acento sobre la subregin de Ccuta, a diferencia del ELN, cuyo entorno se concentraba en la zona rural y la cercana de los campos petroleros. Adems, una decisin significativa por parte de estos grupos, junto con otras organizaciones- como el EPL, M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el MIR-Patria Libre- fue fundar la Coordinadora Nacional Guerrillera (CGN). Sin embargo, las FARC slo adheriran a ella para finales de la dcada cuando adopta el nombre de Coordinadora Guerrillera Simn Bolvar (CGSB).

En este contexto de auge guerrillero se desarrollaron varios intentos de dilogos de los gobiernos con las organizaciones guerrilleras, que contaron con la frrea oposicin de las FF.MM, los gremios econmicos y buena parte del establecimiento polticos, que vean en esas iniciativas una amenaza a los rdenes locales, que reforzaba el avance electoral de la UP, apoyado en el trabajo poltico de los grupos guerrilleros. A esto se sumaba el descontento frente a la extraccin de recursos a los que los someta la guerrilla. En esta direccin, se puede entender la conformacin de los grupos paramilitares como la reaccin unos poderes locales y de los nuevos propietarios, los polticos regionales y miembros de la Fuerza Pblica, opuestos al cuestionamiento del orden social preexistente.

Por esto, los noventas se constituyeron en un punto de inflexin en el conflicto armado colombiano tanto en esta regin del Catatumbo como en el conjunto del pas, donde se intensificaba la disputa econmica, militar y poltica por el Urab antioqueo que trasladaba la confrontacin al bajo y medio Atrato mientras se realizaban las movilizaciones de los campesinos cocaleros en el sur oriente del pas en 1995 y 1996. Se haca evidente la interdependencia entre el conflicto y los problemas sociales y econmicos derivados de las regiones que basaban su economa en la coca (Vsquez, 2009 y Vsquez, Restrepo y Vargas, 2011).

El auge y retroceso regional del ELN

La expansin de los grupos era muy diferenciada: el ELN haba superado ya el desastre de Anor y logrado un crecimiento incluso mayor que el de otros grupos, gracias a su extorsin de las compaas extranjeras que construan el oleoducto Cao Limn-Coveas y el acceso a regalas petroleras de las zona bajo su control. Estos recursos le permitieron proyectarse a territorios distintos de su origen santandereano y de sus reas originales en Antioquia y el Sur de Bolvar: el desdoblamiento de sus frentes del nororiente y noroccidente permite al grupo expandirse al sur del Cesar (Serrana del Perij y Motilones y a la zona plana) y consolidar los frentes en la subregin del Catatumbo, Arauca (Sarare y zona plana) y el piedemonte llanero. En 1984 nace el frente Jos Solano Seplveda (Serrana San Lucas, sur de Bolvar) y el Manuel Velsquez Castao en la bota Caucana y Sur del Huila. En 1985, surgen el Efran Pabn en el sur de Norte de Santander y norte de Boyac, el Armando Cacua Guerrero en el Catatumbo y Lus Alberto Crdenas Arbelez (Norte del Valle); y

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en 1986, los frentes Capitn Parmenio (entre Barrancabermeja y Bucaramanga) y el Carlos Alirio Buitrago (Suroccidente de Antioquia) (Carroll, 2001 y Gonzlez, 2011).

Estos nuevos frentes expresaban la reconstitucin de la organizacin, bajo parmetros diferentes a los establecidos originalmente, como, producto de la llegada de nuevos cuadros (en su mayora sacerdotes que introdujeron una nueva forma de accin poltica al trabajar directamente con las comunidades). Este nuevo rumbo qued concretado en la I Reunin Nacional del ELN de 1983, que ratific la apuesta revolucionaria y el acuerdo de la realizacin de un nuevo congreso denominado Comandante Camilo Torres6 para el ao de1986 (Aguilera, 2006). Este resurgir del ELN se debi no slo a que se nutri de la economa minero-energtica (petrleo y carbn), sino tambin gracias el ejercicio sistemtico de la extorsin y secuestro a miembros del sector agropecuario, principalmente de las zonas planas del departamento de Cesar y Norte de Santander- para ciertos estudios la insercin del ELN al Catatumbo fue por el sur departamento de Cesar, cuando esta guerrilla por la dcada del sesenta se asent en la Serrana del Perij, en busca del apoyo de campesinos y colonos- (Presidencia, 2002, 2006, 2006a). Este fortalecimiento econmico, poltico y social del ELN se apoyaba en su papel en la configuracin de orden local paralelo al regional y nacional, atestiguado por moradores de la zona, que destacan, ms all del aspecto puramente militar, su trabajo poltico y organizativo de las comunidades, que lo mimetizaba dentro de la poblacin al incidir y propiciar y liderar procesos sociales y procesos de desarrollo socioeconmicos, redes de intercambio econmico, de cooperativas( Entrevista a un campesino del Catatumbo, realizada por Omar Gutirrez, 2008 y Prez, 2008).

Y en los barrios perifricos de Ccuta, su casi total dominio territorial permita a esta guerrilla dirimir los conflictos de la vida cotidiana, supliendo la ausencia de la Fuerza Pblica y las instituciones del Estado, para lograr establecer un orden social, bastante coercitivo, entre 1989 y 1990: esta sustitucin de la fuerza pblica se evidenciaba en la represin guerrillera cuando alguien se pasaba de la raya, quien molestaba ms que otro, quien se meta a romper familia, quien robaba, quien se meta con vicio o no vicio (Entrevistado 5, 2001).

Este proceso de reconstitucin interna quedara consolidado en el II Congreso, de 1989, que ratific la idea de construir poder popular como su principal planteamiento poltico-militar. En estos aos se defini una estrategia de guerra fundamentada en el ataque a las bases de la economa nacional, enfocada sobre la industria petrolera, la infraestructura elctrica y de transporte, como recordaba su campaa Despierta, Colombia nos estn robando el petrleo!. Su propuesta de defensa de la soberana nacional en materia petrolera iba de la mano de su propsito de ganar influencia entre los trabajadores del sector energtico y las comunidades cercanas a las refineras 6 Este congreso fue celebrado en el ao de 1986, centrado en la organizacin y en clarificacin del horizonte poltico, que no es ms que su plegamiento al discurso marxista-leninista. Adems se acepta el acercamiento con otros grupos guerrilleros, se aprueba la creacin de cinco nuevos frentes de guerra y la adopcin del modelo militar de la Guerra Popular Prolongada (GPP) frente al evidente fracaso del foquismo.

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y oleoductos (Aguilera, 2006), como es el caso del Catatumbo. De ah el apoyo del ELN al Paro del Nororiente y al notable avance electoral de la UP en Arauca (Carroll, 2011). Como resultado de esto, en opinin de Aguilera, la dcada de los ochentas signific para el ELN la etapa de su mayor expansin: sus dirigentes calculaban un crecimiento del 350% para 1986 hasta alcanzar un 500% en 1989(Aguilera, 2006).

Por eso, el ELN va a tener un papel protagnico en los dilogos de Caracas-Tlaxcala de comienzos de los noventa, que no conduciran a ningn acuerdo, por falta de una verdadera propuesta de paz por parte tanto del gobierno como de las guerrillas. Pero, ya durante el perodo de Samper esta organizacin va ir perdiendo terreno frente al creciente protagonismo que ha adquirido las FARC y a las limitaciones propias de la estrategia adoptada. Se supona que la importante acumulacin de recursos lograda en la dcada anterior deba conducir a una fase de equilibrio estratgico: se plane entonces la formacin de compaas que seran el embrin de los Batallones que tendran la labor de poner en prctica la guerra mvil. Pero la Campaa Vuelo de guila, que iniciaba la nueva estrategia, no alcanz los resultados esperados (Aguilera, 2006 y Ortiz, 2006).

Esta inflexin marc el fin del momento expansivo y el inicio de una etapa de estancamiento, por la incapacidad de dar el salto estratgico, que supona pasar de la guerra de guerrillas a la de posiciones. As, para 1997, los elenos slo haban establecido 17 Compaas y ningn Batalln, al tiempo que la expansin territorial qued reducida al nororiente del pas. Ya al final de perodo, en 1998, la expansin paramilitar en amplios zonas del territorio colombiano, entre esas la subregin del Catatumbo y Ccuta y su rea metropolitana y otros de sus bastiones histricos obliga a este grupo a una etapa de retroceso (CNRR-GMH, 2011).

La expansin territorial de las FARC

Por su parte, tambin las FARC haban iniciado una fase expansiva promulgada en la VII Conferencia (1982), que se constituy en un punto de quiebre para su planteamiento militar: no slo se agregaron las siglas de EP (Ejrcito del Pueblo), sino que tambin se decidi una clara concepcin operacional y estratgica que consisti en el desdoblamiento de sus frentes y su acceso a los recursos de la economa de la coca, con un reajuste de todos sus mecanismos de direccin y mando (Pizarro Leongmez, 2006 y 2011). Pero ya desde 1977 las FARC haban empezado a insertarse en territorialidades que haban experimentado transformaciones en la estructura agraria o de frontera por sus ventajas comparativas (Gonzlez, 2011y 2010b; Pizarro Leongmez, 1991, 2006 y 2011)7. As arribaron a Norte de Santander por la provincia de Ocaa y se proyectaron hasta el Catatumbo, por medio del Frente 33 y 29, buscando el dominio de la cordillera Oriental y comunicar as las fronteras de Ecuador y Venezuela. 7 Territorios del Meta, Caquet, Magdalena Medio y Crdoba caracterizados por la ganadera extensiva; Urab, reas de Santander y Sur del Cesar de agricultura comercial; Magdalena Medio, Sarare y Catatumbo de explotacin petrolfera; Cesar y Guajira con el carbn; En el Sur de Bolvar y Bajo Cauca Antioqueo oro; En Nario, Putumayo, Huila, Tolima, Cauca, Guaviare, Sierra Nevada de Santa Marta y Serrana del Perij la emergente economa de la coca. Y las zonas fronterizas o costeras como Sarare, Putumayo, Urab, Occidente del Valle y Sierra Nevada.

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Tambin las FARC haba accedido a una nueva ola de recursos, procedentes de su regulacin de la economa cocalera en el Sur de Colombia, principalmente en Putumayo pero tambin en zonas del departamento del Caquet y Meta, que explican el crecimiento y expansin de este grupo. Pero sin desconocer otras prcticas como el secuestro y extorsin a terratenientes de zonas de la Costa Caribe, Magdalena Medio, entre otras. Segn Ortiz, estos cambios se reflejan en el aumento del nmero de efectivos: en 1978 no pasaban en 1.200 pero se estimaba que para 1990 estaban cerca de los 5.800 hombres (Ortiz, 2006). El involucramiento de la guerrilla en esta actividad le vali una mayor legitimidad dentro de los pobladores locales: su proteccin a los cultivadores y la regulacin del precio garantizaban una transaccin ms justa entre los compradores y los campesinos productores. Pero acarreaba su deslegitimacin ante la opinin pblica nacional e internacional (Vsquez, 2009 y Torres, 2011).

Con esta misma lgica y parecidos mecanismos de relacin con la poblacin local, esta organizacin guerrillera se insert en el Catatumbo a lo largo de la dcada del ochenta y noventa. La mayor rentabilidad comparativa de la economa de la coca en comparacin con los cultivos tradicionales se sumaba con la crisis generada por la apertura econmica del gobierno Gaviria, para producir condiciones ideales para la adopcin de este cultivo. En la regin del Catatumbo, esta economa ilegal atrajo an ms poblacin, que se aada al aumento demogrfico, que se haba registrado antes: la tabla 2 muestra este ascenso demogrfico durante la dcada del ochenta y noventa, que solo se va revertir con la entrada del paramilitarismo.

El desdoblamiento de sus frentes hacia zonas con mayor riqueza y con un mayor nivel de integracin a la vida nacional se expresa en una importante expansin de la presencia guerrillera: a partir de 1994, las FARC, cuya fuerza se estimaba en 9.600 combatientes, decidi dar el salto de la guerra de guerrillas a la guerra mvil (Ortiz, 2006 y Pizarro Leongmez, 2006 y 2011). De ah sus victorias militares como su ataque a la base antinarcticos de las Delicias (Putumayo), La Carpa, El Cerro, Patascoy, El Billar y Miraflores, que empezaron a infundir la percepcin que la balanza dentro de la confrontacin armada se estaba inclinando en su favor.

En el caso del Catatumbo, la poblacin de La Gabarra fue el epicentro inicial de esta actividad econmica, que se desplaz luego al municipio de El Tarra. En esta regin, las FARC replicaron su forma habitual de relacionarse con la poblacin local de las reas de frontera interna, donde intentaron asumir funciones de polica, definicin de lmites prediales, acompaamiento en los procesos organizativos, para ir sustrayendo municipios enteros al control del gobierno central y regional. Segn los campesinos entrevistados, se les peda informar sobre los ladrones y se ponan a sus rdenes para reprimirlos y apoyar las juntas comunales de las comunidades (Entrevista a Campesino del Catatumbo, realizada por Omar Gutirrez, 2008).Los entrevistados afirmaban que las FARC haban logrado, a mediados de los noventa, establecer una serie de normas que regulaban los espacios de sociabilidad de los pobladores y la produccin y comercializacin de la coca, este grupo guerrillero era la ley; los comandantes, jueces y alcaldes. Extorsionaban, cobraban impuestos a

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cocaleros, raspachines y traquetos, aunque en Campo Dos la coca era cultivada en pequea escala. La guerrilla tena instalado un retn para controlar el paso de pasajeros y mercanca (Entrevista a Campesino, citado por Molano, 2012).

El vertiginoso crecimiento experimentado por las FARC durante esta dcada, y ratificado para los aos noventa se debe, segn Pizarro Leongmez, a la combinacin del cese al fuego bilateral con el gobierno Betancur con la naciente bonanza cocalera y la extorsin sobre el sector bananero y ganadero (Pizarro Leongmez, 1991, 2006 y 2011). De la propuesta de paz de Betancur emergi la Unin Patritica como un intento por parte de esta organizacin guerrillera de hacer parte del juego democrtico, que despertaba toda suerte de resistencias por parte de ciertos poderes locales, que vean amenazados los rdenes regionales constituidos, especialmente en el Urab Antioqueo y Caquet (Carroll, 2011; Romero, 2003 y Surez, 2007) . Situacin que tambin tuvo su correlato en el Nororiente, sobre todo en el Meta y Norte de Santander, donde la alcalda de Tib estuvo en las manos de la UP por tres perodos consecutivos.

En suma en departamento de Norte de Santander, tanto en Ccuta y su parea metropolitana como el Catatumbo se entrelazaban tanto los componentes objetivos como subjetivos de la guerra: las ventajas estratgicas de su localizacin cerca a la frontera venezolana, su potencial minero-energtico, la presencia de la economa de la coca y los corredores naturales que comunican el oriente con el norte y centro del pas, se aaden a su carcter de zonas excluidas de la vida poltica nacional, ausencia de planes de desarrollo para ciertos territorios, la ausencia de ciertas instituciones de regulacin de las sociabilidades de los pobladores y la no prestacin de servicios pblicos. Todos ellos evidencian la presencia diferenciada en el espacio y tiempo del Estado colombiano, como resultado del inacabado proceso de integracin de ciertas territorialidades que an estn por fuera del control del poder central.

Por ltimo, los grupos guerrilleros presentes en la zona tambin se nutrieron de la extorsin y el secuestro a personas involucradas en la agroindustria y ganadera en el sur del Cesar (Vicepresidencia, 2006).En resumidas cuentas, la presencia guerrillera en Norte de Santander est asociada con el desarrollo de economas relacionadas con la produccin agrcola, minera o de la coca.

Las Autodefensas del Sur del Cesar y su relacin con Norte de Santander.

La reedicin del surgimiento paramilitar de Puerto Boyac en varias regiones del territorio colombiano se localiz precisamente en zonas donde las FARC se expandan desde sus zonas tradicionales de colonizacin perifrica hacia lugares ms integrados a la vida nacional, como Crdoba, Sur del Cesar, Meta y Casanare (Aponte, 2010; Duncan, 2006; Gutirrez y Barn, 2006; Medina; 1990; Nieto, 2011; Richani, 2007; Romero, 2003). Dentro de esta misma lgica se enmarca una zona como Norte de Santander, y en especial el norte del departamento (las subregiones de Ocaa y Catatumbo), donde en los ochenta el ELN consolida su presencia y las FARC empiezan a incursionar por el norte. Frente a esta expansin, los ganaderos y poderes locales del Sur del Cesar, exasperados tanto por la extraccin de recursos hacia los sectores ms

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pudientes (extorsiones, boleteos, secuestros, abigeato, etc.) as como por su injerencia en la poltica local, empiezan a organizar grupos de autodefensas.

En los primeros aos de los ochenta, e incluso un poco antes, la presencia espordica de algunos de estos grupos8 empezaba a ejercer actos de violencia contra de la poblacin local, a travs de muertes selectivas y amenazas de dirigentes populares, lderes de accin comunal, sindicalistas y supuestos simpatizantes de la guerrilla, especialmente en el Catatumbo (Vicepresidencia, 2006a y 2007). Se pretenda no slo enviar un mensaje de advertencia frente a la cercana de la poblacin local con la insurgencia armada, sino que tambin tena un objetivo econmico detrs: la concentracin de la tierra por parte de los grandes propietarios (Entrevistado 1, 2011).

Para los aos ochenta, la crisis del algodn y la ausencia de planes de desarrollo del Estado llevaron a los campesinos de la regin a convocar el Paro del Nororiente Colombiano. La firma del acuerdo con el gobierno, que pretenda dar respuesta a las reivindicaciones de los pobladores fue seguida por el asesinato de sus lderes a manos de paramilitares, junto con las extorsiones y asesinatos de los hacendados a manos de las FARC y el ELN. Los hacendados y otros personajes como el ex diputado Rodolfo Rivera Stapper, el agricultor Roberto Prada Gamarra y el finquero Luis Obrego Ovalle, empezaron a financiar los grupos de autodefensa en la regin (Verdad Abierta, 2010). El grupo de Los Masetos fue importado desde Puerto Boyac, con la venia del gobierno y del ejrcito, que consideraban conveniente la organizacin de la poblacin civil en forma militar, para que se proteja de la accin de las guerrillas y apoye las operaciones de combate () (Documento secreto del Ejrcito Nacional, citado por Verdad Abierta, 2010).

La incursin espordica de los grupos paramilitares en la regin parta del sur del Cesar hacia Ocaa y otros lugares como respuesta al accionar insurgente en municipios como San Alberto o San Martn (Villarraga, 2005), donde la guerrilla cobraba impuestos a los terratenientes y ejerca influencia sobre el gremio de trabajadores de palma en la segunda mitad de los ochenta. En este contexto fue aprobada la ley que permita la organizacin de las Cooperativas de Seguridad Privada conocidas como las Convivir, que sirvieron de soporte para el fortalecimiento de los grupos paramilitares (Caizares, 2010; Medina, 2006; Minga y Progresar, 2008; Richani; 2007; Vicepresidencia, 2006). En 1995, el jefe paramilitar conocido como Juancho Prada, y antiguo miembro de las Autodefensas del Sur del Cesar (AUSC), cometi las masacres de Puerto Patio (Cesar), en enero de 1995 en el Cesar, y la de Guamalito (Norte de Santander) (Verdad Abierta, 2011).

Pero la insercin a fondo de los paramilitares se produjo a finales de la dcada con un ejercicio sistemtico de violencia, liderado por Camilo Morantes, que se tradujo en masacres, desplazamientos colectivos o individual y muertes selectivas en contra de los pobladores para aislarlos del movimiento insurgente, y, de paso hacerse el control de la economa de la coca, al igual

8 En esta instancia nos referimos a grupos de autodefensas y no a paramilitares, pues el carcter de estas organizaciones es dismil no slo en cuanto a su organizacin sino tambin en relacin a su finalidad.

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que de otros negocios legales e ilegales, como el comercio de gasolina en Ccuta y su rea metropolitana (Entrevistado 4, 2011).

De esta forma se expandi el proyecto paramilitar, con la ayuda tanto de los grandes propietarios del sur del Cesar y de la Fuerza Pblica, hacia Ccuta y su rea metropolitana y a la subregin del Catatumbo. En la capital se pretenda instaurar un orden social de guerra para influir sobre el poder poltico local y regional y en una serie de actividades legales e ilegales, gracias al establecimiento de arreglos institucionales con los poderes locales que posibilitaron su insercin. En el Catatumbo, se buscaba controlar un territorio estratgico que una el occidente con el oriente del pas, cuyos cultivos ilcitos haban ayudado a financiar el proyecto contrainsurgente y socavar as uno de los bastiones histricos de la guerrilla. Por otra parte, la insercin paramilitar llev a un proceso de concentracin de la tierra, en terrenos cultivados hoy con palma de aceite (Minga y Progresar, 2008; Observatorio Social y Poltico de Norte de Santander, 2009, Prez, 2006 ; Vicepresidencia, 2006 , 2006a, 2007).

La expansin en contrava de guerrillas y paramilitares se entrelaza con una mayor erosin del rgimen poltico, ya que el perodo se caracteriz por una desarticulacin y fragmentacin de los partidos polticos que vena de tiempo atrs, y con la implementacin e institucionalizacin de la eleccin popular de alcaldes y gobernadores que permiti una mayor autonoma de los poderes regionales y locales a costa del centro (Gutirrez, 2007). Estas reformas en el sistema poltico fueron reforzadas y profundizadas por la Constitucin de 1991, teniendo como resultado una desarticulacin del sistema tradicional de las maquinarias polticas por medio de las cuales los partidos mediaban entre localidad, regin y nivel central.

A los dos puntos anteriores se suma el impacto de la economa del narcotrfico, que no slo brind nuevas fuentes de recursos a los grupos armados y una mayor autonoma en las dinmicas nacionales e internacionales para llevar a cabo la guerra, sino que tambin perme a la sociedad colombiana transformando los parmetros culturales, econmicos, polticos y sociales, teniendo como origen la corrupcin generalizada y la mayor deslegitimacin de la clase poltica. Especialmente bajo la administracin de Ernesto Samper Pizano (Gonzlez, 2011; Gutirrez, 2007; Henderson, 2012).

IV. La expansin territorial del paramilitarismo: su agencia en la reconfiguracin de un orden social y la institucionalidad local y regional. (1998-2006).

Despus de una serie de disputas internas se inici, bajo el liderazgo de Carlos Castao, un proceso de expansin del proyecto paramilitar a distintas regiones del territorio colombiano, que parta del intento de coordinar los distintos grupos paramilitares regionales alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).Sin embargo, el fracaso de este intento evidenci que las AUC eran slo un etiqueta que aglomeraba a diversos proyectos con distintos objetivos y lgicas (Duncan,2006 y Nieto, 2011), lo que permite entender la disputa entre el Bloque Norte (BN) y el Bloque Central Bolvar (BCB) por el control de estas subregiones.

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La incursin paramilitar en el departamento tuvo varias dimensiones: poltica, social, econmica y militar. Como Norte de Santander, especialmente el Catatumbo y la periferia de Ccuta, era considerado un bastin histrico del ELN, pero donde las FARC haba consolidado un apoyo social a partir del control social de la economa de la coca, los poderes locales y los paramilitares reaccionaron frente a lo que miraban como una amenaza al orden social hegemnico. En la dimensin econmica y militar, hay que mencionar la presencia de cultivos ilcitos y una economa ilegal (gasolina venezolana), sumada a la decisin de los paramilitares de consolidar un corredor de movilidad entre el Oriente con el Occidente del pas (Norte de Santander y Cesar hasta el Urab antioqueo) y de penetrar en las retaguardias histricas del ELN (Arauca) y las FARC (Cagun) en el sur del pas.

Nuevamente durante este perodo tendr un peso relevante la contraposicin de las espacialidades entre Ccuta y su rea metropolitana y la subregin del Catatumbo. En la primera, al contar con la presencia de unos poderes locales y una integracin a la vida nacional, expresada en la presencia de la maquinaria de dominacin del poder estatal y sus recursos materiales al igual que planes de desarrollo, los paramilitares pudieron establecer un orden social de la guerra. Dicho orden se tradujo en la injerencia del paramilitarismo en la vida poltica, social y econmica del departamento mediante una serie de arreglos institucionales pactados entre ellos y los poderes locales. Por su parte, el Catatumbo al no contar con unos poderes locales sedimentados, como en el caso de Ccuta, y frente a la precariedad institucional en la zona, el paramilitarismo se limit a la regulacin de la economa de la coca, sin pretender la implantacin de un orden social de la guerra. Con el evidente fracaso de la desmovilizacin iniciada en la administracin de Uribe Vlez, que no logr desarticular las estructuras del paramilitarismo, se dio una nueva reconfiguracin de la presencia de los grupos armados en la regin.

La insercin a las lgicas del Conflicto Armado y efectos sobre la institucionalidad en Norte de Santander.

Desde mediados de la dcada del noventa, la ms activa presencia de los grupos paramilitares en el departamento de Norte Santander utiliz una estrategia de baja intensidad, referenciada en nuestro contexto como guerra sucia contra la subversin y sus bases sociales por medio de mecanismos tales como masacres, asesinatos selectivos y amenazas. Estas prcticas se concentraron en las zonas donde las FARC y el ELN ejercan una fuerte influencia. Pero solo a finales de los noventa se inici la primera fase de la expansin paramilitar, a cargo del Bloque Norte, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y apoyado por los hermanos Castao y Salvatore Mancuso.

Esta llegada fue anunciada por el mismo jefe y comandante de las AUC, cuando afirm en mayo de 1999 que iba a colgar su hamaca en el Catatumbo, sin que tuviera respuesta por parte del gobierno central. El resultado dej en once meses 92 personas muertas en masacres, y el desplazamiento de alrededor de 50.000 campesinos que se asentaron en la periferia de ciudades

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intermedias de la regin, especialmente en Ccuta (Revista Semana, La caldera del diablo, 27 de Marzo de 200 y La otra cara, 22 de Octubre de 2001; Minga y Progresar, 2008). Precisamente en la grfica 1 se puede observar cmo las Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) sufren una escalada sin precedentes en el departamento y con mayor acento para la subregin del Catatumbo, donde se registr hasta el ao 2010 el 29% del total de infracciones cometidas por los actores armados (grfica 2).

Grfica 1

Fuente: Banco de Datos CINEP. Elaboracin propia.

Grfica 2

Infracciones al DIH por subregiones.

Fuente: Banco de Datos CINEP. Elaboracin propia.

Otro punto que se puede resaltar de la grfica 2 es el impacto diferenciado de la accin de los grupos paramilitares en el departamento, siendo el Catatumbo y Ccuta y su rea metropolitana los epicentros, a pesar de que la

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confrontacin armada se mantuvo constante en las zonas rurales. Otro resultado fue que la mayor parte de los golpes se dirigan contra el ELN, cuyas estructuras urbanas en la capital del departamento fueron desvertebradas. Para los aos 2004 hasta 2007, cuando desciende la intensidad de la confrontacin, como se puede observar en la grfica 2, los paramilitares ejercieron un control efectivo sobre Ccuta y su rea metropolitana. En cambio, no suceda lo mismo en la subregin del Catatumbo, donde solo lograron el control de los principales cascos urbanos y no de las reas rurales perifricas, donde persista la presencia de las FARC y ELN; especialmente la de las FARC en las reas selvticas, donde la produccin de hoja de coca y cocana segua siendo su principal fuente de recursos econmicos y de relacin con las comunidades locales.

As, la disputa en la regin del Catatumbo no se reduca a la lucha por el dominio territorial, sino que se extenda tambin a la bsqueda del control de una actividad econmica que permita ejercer un control sobre la poblacin. La regulacin de la economa de la coca condujo a la creacin de un cluster que permita a los habitantes locales acceder a ciertos bienes y recursos debido a un auge econmico, que se expresaba en el aumento del consumo suntuario de los pobladores, atestiguado por cronistas de la zona (Pabn, 2009).

Ya para los aos 2001 y 2002, estaba ya consolidado el dominio paramilitar en el Catatumbo, y para finales del 2003 en Ccuta, lo que se puede observar en el descenso de las infracciones al DIH (Grfica 1 y 2). El control seguro de la capital y su rea metropolitana, permiti a los paramilitares emprender una nueva fase de expansin: la infiltracin de las economas legales y de la poltica local. Esto posibilitaba la cooptacin de los grupos dominantes mediante acuerdos polticos, econmicos y/o la disuasin y la accin violenta, que llevaron a controlar tambin actividades econmicas legales como la seguridad privada y las inversiones en moteles, al lado del cobro de vacunas al gremio de taxistas y la regulacin del contrabando de gasolina y arroz (El Espectador, Pedro Frontera destapa su poder paramilitar en Ccuta, 20 Junio 2007; El Pas, cae red paramilitar, 1 Enero 2009; El Colombiano, Fiscala investiga alcalde de Ccuta por nexos con AUC, 5 Junio 2004; Villarraga 2005 y 2007, Quiroga, 2010).

En el caso del contrabando de la gasolina, uno de los ejes del comercio en Norte de Santander, la regulacin que ejerci el paramilitarismo fue mucho ms all del control militar sobre un sector ilegal de la economa, al juntarse con la infiltracin de la poltica local. Este comercio ilegal aprovecha las ventajas comparativas que ofrece la cercana de San Jos de Ccuta con San Antonio de Tchira en Venezuela, donde el precio de la gasolina es uno de los ms baratos del mundo (El Tiempo, en la Frontera, cartel de gasolina, 3 Julio 2005 y Quiroga, 2010). En un inicio, por el 2002, los paramilitares se limitaban a cobrar un impuesto mensual a cada uno de los pimpineros, pero despus, a mediados de 2004, adquirieron vehculos para manejar directamente el contrabando y centralizar las ganancias de este mercado por medio de testaferros y el manejo de las bodegas de almacenamiento (El Tiempo, La sombra Para en las economas regionales, 3 Julio 2005).Para esto, era de suma importancia la relacin del paramilitarismo con la poltica local de la

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capital, ya que esta iniciativa del almacenamiento haca parte de una poltica pblica, pactada entre los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Otro indicador del grado de infiltracin en la poltica local fue el arrasador triunfo de Ramiro Surez Corzo en las elecciones para la alcalda, en el ao de 2003. Sin embargo, los evidentes vnculos de su administracin hicieron que este funcionario estuviera detenido, acusado de colaborar con el paramilitarismo a cambio de apoyo en los comicios electorales. Su gestin se caracteriz por una gobernabilidad sin precedentes, gracias a la regulacin social paramilitar en Ccuta y su rea de influencia. Adems, la alianza de Surez Corso con el paramilitarismo evit que su forma de hacer poltica y sus relaciones clandestinas fueran difundidas pblicamente, porque el periodismo fue disuadido con amenazas y asesinatos selectivos (El Tiempo, Somos objetivo militar, Noviembre 20 2002 y Amenazan a periodistas en Ccuta, Junio 18 de 2004; Quiroga, 2010). Tambin fueron asesinados lderes comunitarios que denunciaron las irregularidades de su administracin, como atestiguaba El Iguano, que era el verdadero dueo de la zona, donde los concejales no dicen nada, pues todos estn amarrados (Entrevistado4, 2011).

Las lgicas de la incursin paramilitar y su relacin con los poderes locales.

Como se dijo antes, los grupos paramilitares llegan a Norte de Santander procedentes de los municipios de Aguachica, San Alberto y San Martn, en el sur del Cesar, siguiendo un dispositivo militar, diseado por Carlos Castao, desde Tierralta (Crdoba), que se traslad a una finca entre San Alberto y San Martn (Cesar), para penetrar el departamento por el norte (Villarraga, 2007), desde Ocaa a La Gabarra, corregimiento del Municipio de Tib. De ah las denominaciones de las estructuras que tuvieron asiento el departamento, como el frente La Gabarra, el Bloque Mvil Catatumbo y la Comisin de Frontera, que se fusionaron con los grupos contra-guerrilleras previamente presentes desde la Gabarra y Tib hasta Ccuta. En forma paralela las AUSC, ahora adscritas a las AUC, se incorporaron al BN, lo que permita usar su conocimiento previo de la zona.

La mayora de los estudios, sino la totalidad, coinciden en enmarcar la expansin paramilitar en la regin en los objetivos estratgicos nacionales del paramilitarismo, que buscaban consolidar un corredor entre Oriente y Occidente por el norte del pas y controlar tambin el corredor Tib-Ccuta para mantener una presencia activa sobre la frontera de Venezuela y golpear as las retaguardias histricas de la guerrilla en el sur del pas por medio del control sobre actividades legales e ilegales (Caizares, 2010;Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003; Minga y progresar, 2008; Prez, 2008; Vicepresidencia, 2006 y 2006a; Villarraga, 2007). Y por ltimo, la presencia de cultivos ilcitos en la zona del Catatumbo hizo de Norte de Santander un lugar atractivo para la extraccin de recursos para el proyecto paramilitar en esta regin y en otras zonas del pas. Lo mismo que para el contrabando de armas y drogas e incluso la trata de personas, segn testimonios de las entrevistas realizadas en la regin (Entrevista 1, 2011).

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Precisamente, para el ao de 1999 Norte de Santander es el cuarto departamento con mayor presencia de cultivos ilcitos en Colombia, que se calculaban, segn cuentas del SIMCI, en cerca de 15.039 hectreas sembradas con coca9. Una mirada ms desagregada de los cultivos por municipios muestra que la violencia paramilitar se concentr precisamente en la regin del Catatumbo, sobre todo en Tib y el Tarra (Tabla 3) con cerca de ms de la mitad de las confrontaciones armadas e infracci