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CRISIS FISCAL, FINANZAS UNIVERSITARIAS Y EQUIDAD CONTRIBUTIVAUNA REFORMULACIÓN DEL MODELO DE FINANCIACIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS

Juan Hernández ArmenterosJosé Antonio Pérez García

CUADERNO DE TRABAJO #7

00. Cuaderno de trabajo 7_informes 17/01/14 12:30 Página 1

CUADERNO DE TRABAJO #7

CRISIS FISCAL, FINANZAS UNIVERSITARIAS Y EQUIDAD CONTRIBUTIVAUNA REFORMULACIÓN DEL MODELO DE FINANCIACIÓN DE LOSUSUARIOS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS

Juan Hernández Armenteros (UJA)José Antonio Pérez García (UPV)


CRISIS FISCAL, FINANZAS UNIVERSITARIAS Y EQUIDAD CONTRIBUTIVACuaderno de trabajo 7

DIRECCIÓNMercedes de Esteban VillarJavier García Cañete

AUTORJuan Hernández Armenteros José Antonio Pérez García

DISEÑO GRÁFICO DE LA COLECCIÓN Y MAQUETACIÓNKEN / www.ken.es

© Studia XXIFundación Europea Sociedad y EducaciónTodos los derechos reservadosEste documento no podrá ser reproducido total o parcialmente en cualquier soporte impreso o digital sin laautorización de la Fundación Europea Sociedad y Educación.

José Abascal 57 5º B 28003 MadridT 34 91 455 15 76www. sociedadyeducacion.org

ISBN: 978-84-695-7276-4


ÍNDICE

00 INTRODUCCIÓN

01 CRISIS FISCAL Y FINANZAS UNIVERSITARIAS

02 UNA PROPUESTA INTEGRAL DE FINANCIACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

02.1. IDENTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ALUMNO UNIVERSITARIO

02.2. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

02.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNO UNIVERSITARIO

02.4. BECAS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

02.5. PERMANENCIA Y PROGRESO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

03 CONCLUSIONES

04 BIBLIOGRAFÍA


CUADERNO DE TRABAJO #7 | 7

No existe acuerdo en los ámbitos internacionales de previsión

y gobierno, ni en los foros académicos de reflexión y opinión,

acerca de las actuaciones de política económica que deben apli-

carse para abandonar la pronunciada y alargada recesión eco-

nómica que, con mayor o menor virulencia, viene marcando el

devenir socioeconómico de los países desarrollados, y, muy es-

pecialmente, de las sociedades del sur de Europa. Práctica-

mente, desde su inicio en el año 2007 se vislumbraron dos

posibles alternativas para encauzar y mitigar los efectos noci-

vos de una crisis económica que para muchos economistas es

equiparable a la Gran Depresión de 1929. Alternativas que, sal-

vando las distancias, se formulan desde postulados económi-

cos e idearios políticos que ya rivalizaron en los años treinta del

pasado siglo y que hoy, año 2013, mantienen enfoques encon-

trados en lo referente al programa de actuación.

En Europa, predomina claramente la postura defendida

por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo

Monetario Internacional, con matices revisionistas de última

hora1, y cuyo principal valedor viene siendo el gobierno con-

servador de la República de Alemania presidido por Angela

Merkel, que han hecho de la estabilidad presupuestaria y de la

austeridad en el gasto público el fármaco capaz de remediar

todos los males que aquejan a nuestras economías. Los funda-

mentos teóricos de esta política económica se encuentran en

los trabajos de los profesores de la Universidad de Harvard, Alberto Alesina y Silvia Ar-

dagna, que sostienen que las políticas de austeridad fundamentadas en el equilibrio fiscal

y en la ortodoxia económica favorecen la confianza de los mercados financieros, lo que pro-

picia el crecimiento económico. Sin embargo, no parece que la evidencia empírica que re-

INTRODUCCIÓN

0OEN ESTE CUADERNOABORDAMOS LASDECISIONES QUE ENMATERIA DE POLÍTICAUNIVERSITARIA HATOMADO ELGOBIERNO YPOSTULAMOS UNAREFORMULACIÓN DELMODELO DEAPORTACIÓN PRIVADAAL GASTO EDUCATIVOUNIVERSITARIO

1. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reiterado en los últimos informes de evolución de las economíasoccidentales que el diagnóstico y las políticas aplicadas son equivocadas y que la idea de que la austeridadfiscal estimula la actividad económica a corto plazo tiene poca base empírica. El FMI advierte de que unapolítica fiscal restrictiva en una economía estancada consigue efectos contrarios a los pretendidos, al pro-fundizar en la recesión.


8 | STUDIA XXI

gistran los indicadores de actividad de las economías europeas,

y muy particularmente en los países más afectados por la crisis

económica —Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia—, ratifi-

quen las bondades atribuidas al “dogma”2 de la austeridad ex-

pansiva.

Frente a este planteamiento, la Reserva Federal de Estados

Unidos, el presidente Obama, junto a destacados economistas,

como los premios Nobel Joseph E. Stiglitz y Paul Krugman, han

venido defendiendo la necesidad de aplicar sólidos y continua-

dos programas de gasto público que, junto a las reformas que

deben realizarse en el sistema financiero internacional, estimu-

len la demanda interna y reduzcan las elevadas tasas de desem-

pleo que están empobreciendo a estas sociedades y acentuando

las desigualdades económicas entre los ciudadanos residentes

en estos países.

España, y su Gobierno, han optado por aplicar con toda fir-

meza los principios de consolidación fiscal, llevando a la Consti-

tución el equilibrio presupuestario como criterio que ha de

prevalecer en todas y cada una de las actuaciones a emprender por los organismos que con-

forman el Sector Público Español. Como señala el profesor Emilio Ontiveros (2012): “el Go-

bierno español ha definido los tres ejes de reformas que identifican su política económica

actuando sobre los presupuestos de la Administración Pública, el sistema bancario y el mer-

cado de trabajo, buscando satisfacer las exigencias del nuevo Tratado sobre el Pacto Fiscal

de la Unión Europea, aprobado a principios del año 2012, cuyo objetivo es avanzar hacia la

integración fiscal de los países que comparten el euro como moneda”.

Sin embargo, la implementación de estas reformas, que socialmente se están perci-

biendo como recortes del gasto público y reducción de derechos sociales, no parece, en opi-

nión de analistas económicos nacionales e internacionales, que puedan por sí solas

conseguir una salida pronta de la crisis y, a la vez, propiciar la modernización de las es-

2. El profesor Vicenç Navarro (2012) considera que el principio de la austeridad expansiva actúa a modo dedogma, ya que sus fundamentos están basados más en la fe que en la evidencia científica. En la línea de se-ñalar la falacia de la austeridad fiscal y el error de diagnóstico de la actual crisis económica, Juan Laborda(2013) dibuja para España un escenario que difiere radicalmente de las expectativas de recuperación que seapuntan desde el Gobierno y considera que el lastre de la deuda, pública y privada, la elevada tasa de des-empleo, la pérdida de competitividad y el empobrecimiento de la ciudadanía, hacen poco factible una reactivación de nuestra economía.

ESPAÑA HA OPTADOPOR APLICAR LOSPRINCIPIOS DECONSOLIDACIÓNFISCAL, LLEVANDO A LA CONSTITUCIÓNEL EQUILIBRIOPRESUPUESTARIOCOMO CRITERIOQUE HA DEPREVALECER ENTODAS LASACTUACIONES DELOS ORGANISMOSDEL SECTORPÚBLICO



tructuras productivas que requiere nuestra economía. Resultaría un fiasco, tal y como

apuntan los profesores José M. Domínguez y Miguel González (2011), “que una vez rea-

lizados los ajustes presupuestarios, restablecido el crédito bancario, flexibilizado el mer-

cado de trabajo y renovado el sistema educativo, al final todo el esfuerzo realizado fuese

para esperar meramente un nuevo renacimiento del sector inmobiliario y un ciclo turís-

tico alcista. El futuro no puede ser el pasado”.

En este artículo abordamos, en un primer epígrafe, las decisiones que en materia de po-

lítica universitaria ha tomado el Gobierno del presidente Rajoy, que se distancian tanto de

las actuaciones recogidas en el Documento de mejora y seguimiento de las Políticas de Financiación

de las Universidades para promover la excelencia académica e incrementar el impacto socioeconómico

del Sistema Universitario Español, que se aprobó de manera consensuada en abril de 2010,

como de las recomendaciones recogidas en el informe Propuestas para la reforma y mejora de

la calidad y eficiencia del Sistema Universitario Español, elaborado por la Comisión de Expertos

que, a propuesta del Ministro de Educación, nombró el Consejo de Ministros el 15 de abril

de 2012. En un segundo epígrafe, se postula una reformulación del modelo de contribu-

ción privada al gasto educativo universitario, que busca profundizar en la equidad y en la

eficiencia exigible a toda política de gasto público. Por último, recogemos en un tercer epí-

grafe, a modo de conclusiones, las reflexiones más relevantes de este trabajo.



En este contexto de omnipresencia de austeridad que im-

pregna todos los poros de la política económica española, el

sistema educativo y el sistema de I+D+i no ha quedado al

margen del activismo normativo que caracteriza al gobierno

del presidente Rajoy. En esta dirección, la enseñanza pública

universitaria, que está digiriendo la transformación que im-

plica la implantación del Espacio Europeo de Educación Su-

perior (EEES), se encuentra con que el cambio debe

realizarlo no a coste cero, sino con menos recursos, más in-

certidumbre y con un Real Decreto-Ley que define unos ob-

jetivos que pueden ser más o menos compartidos, pero que

adolecen tanto del consenso necesario para garantizar su

pacífica implantación como del suficiente alineamiento de

las medidas que requieren los cambios que se recogen en él.

En un reciente artículo, el profesor Antón Costas (2013) afirmaba que “sería una buena

cosa prohibir a los ministros de Educación hacer nuevas leyes. El país lo agradecería”. En

nuestro caso, el ministro Wert aún no ha elaborado una nueva ley universitaria3, si bien el

Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto pú-

blico en el ámbito educativo, introduce cambios en la vigente ley universitaria que, bajo la apa-

riencia de achicar ámbitos de ineficiencia en la asignación y uso de recursos, apunta

claramente a un reduccionismo de la dimensión social de la Universidad.

En principio, resulta difícil no compartir los objetivos que proclama el RDL 14/2012,

que se concretan “en introducir elementos de racionalidad y eficiencia en el sistema uni-

versitario, que redundarán en una mejor prestación de este servicio público indispensa-

ble”. En cuanto a las medidas, ni compartimos su enfoque, basado en la necesidad de

reducir el gasto público universitario para avanzar por la senda de la consolidación fiscal,

ni menos aún las opciones que se han elegido para retirar recursos del sistema universita-

rio público. Sin embargo, nuestro desacuerdo con la orientación y concreción de las actua-

CRISIS FISCAL Y FINANZASUNIVERSITARIAS

01

3. En declaración al periódico La Razón (25-11-2013), el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunciaba queuna vez se apruebe la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, aprobada el 28/11/2013), esintención del Ministerio abordar las reformas necesarias en materia de financiación y gobierno del SistemaUniversitario Público de España.


12 | STUDIA XXI

ciones del RDL no puede entenderse como un rechazo a algunos de los diagnósticos que

han podido sugerir la proclamación de estas medidas. Cuestiona, eso sí, la oportunidad

temporal de su aprobación al adelantarse al informe de la Comisión de Expertos para la Re-

forma del Sistema Universitario Español, que nombró el Consejo de Ministros a propuesta

del propio Ministro de Educación y que éste recibió el 12 de febrero del año 2013.

Días antes a la publicación del RDL 14/2012, el Gobierno aprobó unos recortes en gas-

tos sociales que, en el caso de la educación, estaban próximos a los 4.000 millones de euros

y cuyas consecuencias se han manifestado en los presupuestos liquidados de las universi-

dades públicas del año 2012 con unas reducciones procedentes de la financiación pública

autonómica de 892,46 millones de euros, que representan una caída del 13,17% con rela-

ción a los valores del año 2010 (Gráfico 1), junto a la minoración de más del 45% de la fi-

nanciación que en el año 2010 destinaba el Ministerio de Economía y Competitividad al

desarrollo de la actividad investigadora. Reducción de la financiación pública que, junto

al elevado endeudamiento que mantienen las Comunidades Autónomas con las universi-

dades —a finales del año 2012 la cifra ascendía a 2.308,72 millones de euros, equivalente

91,52%

51,84%

22,18

56,99

30,09%

68,76%

145,01 %

56,26%

87,95% 83,59% 80,71%

49,82%

29,60%

86,02%

36,41%

64,49%52,22%

65,00%

2,72%

-8,38 % -3,89 %-13,18% -12,89%

-19,70 %

-48,28%

-15,35%-29,77%

-16,36% -12,87%-4,79%

-12,79% -15,25 % -16,53%-4,25%

1,42%

-13,17%

U. D

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Crecimiento 2002/2010 Crecimiento 2010/2012

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICAAUTONÓMICA. AÑOS 2002 A 2012

Variación Nominal:2010/2002: 2.668,88 M€ | 2012/2002: 1.776,42 M€ | 2 012/2010: -892,46 M€

FUENTE: La Universidad Española en cifras. CRUE. Elaboración propia.

GRÁFICO 1



al 39,11 % del total de las transferencias reconocidas en dicho año—, puede llegar a dañar

seriamente la viabilidad financiera de un número destacado de instituciones.

La aplicación en el curso 2012-13 de la nueva política de precios que contempla el men-

cionado Real Decreto-Ley para las enseñanzas de grado y máster, a diferencia de la reforma

que se recogía en el Documento de mejora y seguimiento... de abril de 2010, tiene un claro ca-

rácter recaudatorio que pretende compensar las reducciones de financiación pública que

se están registrando en los presupuestos universitarios por la aplicación de la política de

consolidación fiscal del Gobierno. Los resultados han sido, por una parte, un aumento no-

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ENSEÑANZASOFICIALES DE CICLO Y GRADO: 1992-2012 ESQUEMA 1

EXPERIMENTALIDAD MÁXIMA EXPERIMENTALIDAD MÍNIMA

CURSO 1992-1993

Precio máximo: 7,95 €/crédito (País Vasco)

Precio mínimo: 6,01 €/crédito (Andalucía)

Brecha: 1,94 €/crédito 32,28% máx/mín

CURSO 2002-2003

Precio máximo: 13,12 €/crédito (Navarra)

Tasa de crecimiento: 65,03 % (2002/1992)




CURSO 2010-2011






CURSO 2012-2013

Precio máximo: 39,50 €/crédito (Cataluña)


125,71 % (2012/2010)



6,83 % (2012/2010)

Brecha: 27 €/crédito 216% máx/mín

Consecuencia: Un estudiante matriculado de 60 créditos

en el grado de Medicina en la U. de Barcelona paga 1.620 €

más que el estudiante de Medicina matriculado en la U. de

Granada.

CURSO 1992-1993

Precio máximo: 6,01 €/crédito (Andalucía)

Precio mínimo: 4,99 €/crédito (Madrid)


CURSO 2002-2003



Precio mínimo: 6,02 €/crédito (Canarias)



CURSO 2010-2011



Precio mínimo: 8,33 €/crédito (Canarias)



CURSO 2012-2013

Precio máximo: 25,30 €/crédito (Cataluña)


104,69 % (2012/2010)

Precio mínimo: 9,90 €/crédito (Galicia)


18,85 % (2012/2010)


Consecuencia: Un estudiante matriculado de 60 créditos en

el grado de Historia en la U. de Barcelona paga 924 € más que

el estudiante de Historia matriculado en la U. de Santiago de

Compostela.


14 | STUDIA XXI

table de los precios aplicados con relación a los vigentes en el curso 2010-11 —hasta un

125% en Cataluña para enseñanzas de experimentalidad máxima— que, a su vez, ha pro-

ducido un distanciamiento desmesurado de la brecha existente en los precios públicos co-

brados por crédito académico matriculado en enseñanzas de grado a nivel de

Comunidades Autónomas (Esquema 1 y Gráficos 2 y 3). La concreción práctica de esta

pseudoliberalización de precios universitarios viene dada por el hecho de que un estu-

diante de la titulación de Medicina matriculado en la Universidad de Barcelona ha pagado

1.620 euros más que el estudiante de Medicina matriculado en la Universidad de Granada

en el curso 2012-2013, sin que puedan argumentarse razones objetivas en la prestación del

servicio que justifiquen estas diferencias.

Por otra parte, se ha evidenciado el insuficiente poder compensatorio que ha tenido el

aumento generalizado de los precios de la matrícula en el montante de los ingresos pre-

supuestarios de las universidades, dado que el mayor ingreso escasamente compensa el

25% de los casi 900 millones de euros que han recortado las Comunidades Autónomas en

la cifra total de transferencias destinadas a financiar a las universidades públicas españo-

las. Los estudiantes muestran un comportamiento racional y han reducido los créditos

académicos matriculados, fundamentalmente en las asignaturas que están repitiendo, con

32,28%44,33% 49,57%

216,00%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

1992/93 2002/03 2010/11 2012/13

20,44%

53,82% 48,38%

155,55%

1992/93 2002/03 2010/11 2012/13

EXPERIMENTALIDAD MÍNIMAEXPERIMENTALIDAD MÁXIMA

0%

50%

100%

150%

200%

250%

EVOLUCIÓN DE LA BRECHA DE PRECIOS PÚBLICOS APLICADOS PORCRÉDITO ACADÉMICO MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ, SEGÚNNIVEL DE EXPERIMENTALIDAD GRÁFICO 2




lo que alargarán, aún más, su permanencia en los centros universitarios con el consiguiente

aumento de gastos que ello conlleva. Tampoco los responsables universitarios de las Comu-

nidades Autónomas y Universidades han aplicado en el curso 2012-13 los precios máximos

que para cada opción de matrícula facultaba el Real Decreto-Ley y que según estimaciones

U. DE CATALUÑA432,03

181,91206,50

U. DE EXTREMADURA257,59

136,6544,29

U. DE GALICIA132,92

80,5330,20

U. DE CASTILLA Y LEÓN216,67

118,67110,33

48,60

PRIMERA SEGUNDA TERCERA

,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

TOTAL UU.PP. PRESENCIALES 130,63237,73

73,94

U. DE LA RIOJA200,73

107,69

U. DEL PAÍS VASCO73,29

64,2048,01

U. DE NAVARRA434,46

167,0960,61

U. DE MURCIA184,76

100,9246,13

U. DE MADRID323,04

219,97112,66

U. DE COMUNIDAD VALENCIANA460,74

253,00130,07

U. DE CASTILLA LA MANCHA182,77

117,9446,64

U. DE CANTABRIA161,67

79,7530,48

U. DE LAS ISLAS CANARIAS

498,00226,18

79,46

U. DE ARAGÓN

U. DE ANDALUCÍA

158,9479,9780,53

139,2337,36

281,51

U. DE I. BALEARES232,88

128,4066,02

U. DE ASTURIAS64,43

79,5070,32

DETALLE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS TASAS DECRECIMIENTO REGISTRADO POR LOS PRECIOS PÚBLICOS MEDIOS DELCRÉDITO MATRICULADO POR PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA VEZ ENENSEÑANZAS DE CICLO Y GRADO. CURSOS 2012/13 Y 2002/3 GRÁFICO 3



16 | STUDIA XXI

recogidas en el documento Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012-

20154, permitiría recaudar a las universidades un ingreso adicional de 1.700 millones de

euros. Cantidad que casi duplica la facturación que en concepto de precios públicos por

enseñanzas de grado liquidaron el conjunto de las universidades públicas en el año acadé-

mico 2010-11.

Sin embargo, sí ha resultado más eficaz para equilibrar el re-

corte en la financiación pública autonómica el cambio en el régi-

men de dedicación del profesorado que introduce el Real

Decreto-Ley, al identificar, como único elemento reductor de capa-

cidad productiva en el desempeño docente del PDI, la acredita-

ción de un mínimo de sexenios en concepto de productividad

investigadora, lo que ha alterado los planes de ordenación docente

de las universidades públicas. Las consecuencias de la aplicación

de este cambio en contabilizar las necesidades de profesorado

atendiendo al desempeño de las funciones docentes e investigado-

ras han sido inmediatas y están permitiendo, no sólo mitigar las

reducciones de capacidad derivadas de la aplicación de la tasa de

reposición del 10% de las personas que acceden a la jubilación,

sino también ajustar el gasto de personal por la vía de la cancela-

ción de contratos en el colectivo de PDI asociado.

Atendiendo a la estructura de plantilla del PDI de las uni-

versidades públicas del año 2010, considerando los criterios de dedicación y capacidad

productiva que establece el Real Decreto-Ley, y sabiendo que sólo el 10% del PDI funciona-

rio5 satisface el mínimo exigido para poder reducir su dedicación hasta los 16 créditos en

el desempeño de la actividad docente, el resultado que se alcanza para la realidad produc-

tiva del año 2010 se concreta en que la plantilla de profesorado de las universidades públi-

HA SIDO LAREDUCCIÓN DELGASTO DEPERSONAL —500MILLONES DEEUROS MENOS EN2012 CON RELACIÓNA 2010— LA QUE HACOMPENSADO LAMINORACIÓN DE LAFINANCIACIÓNPÚBLICAAUTONÓMICA

4. En el documento Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2012-2015, remitido por el Go-bierno de España al Consejo de la Unión Europea, se recogen (página 57) las medidas que en el ámbito dela educación se están aplicando para la racionalización y reducción del gasto público, cifrando su impactoen 3.987,5 millones de euro/año. En lo referente a los precios públicos de las enseñanzas universitarias, eldocumento contempla unos ahorros de recursos públicos de 1.760 millones de euros/año que los Gobiernosde las Comunidades Autónomas dejarán de aportar a las universidades al ser éstas compensadas por lamayor aportación privada en aplicación de la medida “Aproximación de los precios a los costes del servicioen Universidades”.

5. El trabajo de Nicolás Agraït y Alfredo Poves (2009), referido a la situación de los sexenios de investigacióndel profesorado universitario funcionario, registra para el año 2008 un total de 5.011 profesores que teníanacreditados tres o más sexenios de un colectivo de 51.011 profesores que conformaban las plantillas de pro-fesorado funcionario de las universidades públicas presenciales españolas.



cas dispone de una capacidad adicional equivalente a 10.200 y 13.300 profesores, según

consideremos el colectivo de PDI funcionario o el PDI doctor, respectivamente. Por tanto,

no parece que sea arriesgado afirmar que ha sido la reducción del gasto de personal —más

de 500 millones de euros en el año 2012 con relación al año 2010— la que realmente ha

compensado la minoración de la financiación pública autonómica. Ahora bien, es iluso

pensar que esta intensificación de actividad docente del profesorado universitario no va a

tener consecuencias en el desempeño de la investigación, que, a medio plazo, verá empo-

brecer sus resultados.

Un segundo frente de recortes presupuestarios se viene

plasmando en el ámbito de las transferencias de capital que

afectan tanto a las inversiones reales —edificios, instalaciones y

equipamientos— como a las inversiones inmateriales —investi-

gación básica y aplicada—. Para las primeras, el recorte está

siendo generalizado y muy fuerte, alcanzando cifras superio-

res a los 400 millones de euros —más del 50% de la inversión ma-

terial contraída en el año 2010—, si bien el impacto negativo de

estas reducciones, salvo excepciones, no se significa, en el corto

plazo, en el normal desempeño de las actividades productivas

de las universidades. Además, es obligado reconocer la impor-

tante capitalización que se ha realizado en la última década, lo

que, sin duda, está ayudando a que la percepción de esta reduc-

ción sea muy débil. No podemos decir lo mismo cuando obser-

vamos los recortes que se vienen aplicando en la inversión

destinada a las actividades directamente relacionadas con la in-

vestigación. Las cifras estimadas superan a las cantidades afec-

tadas a la inversión material y, lo más importante, sus efectos

son inmediatos en las estructuras productivas internas de las

universidades y en el tejido del sistema productivo español que, a medio plazo, perderá

capacidad competitiva en los mercados internacionales.

En suma, vemos que la racionalidad que proclama el Real Decreto-Ley se concreta en

facilitar a los responsables universitarios instrumentos para poder compensar la pérdida

de financiación pública que previamente se había producido. Además, a través de otra mo-

dificación de la LOU, el Real Decreto-Ley alinea los comportamientos presupuestarios de

las universidades públicas con las exigencias de equilibrios en sus cuentas que, con poste-

rioridad, va a establecer la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria

y Sostenibilidad Financiera, fijando procedimientos de intervención de las autoridades auto-

LA REDUCCIÓN ENLA INVERSIÓNDESTINADA A LAINVESTIGACIÓNAFECTA A LASESTRUCTURASPRODUCTIVASINTERNAS DE LASUNIVERSIDADES YAL TEJIDO DELSISTEMAPRODUCTIVOESPAÑOL QUEPERDERÁ, A MEDIOPLAZO, CAPACIDADCOMPETITIVA ENLOS MERCADOSINTERNACIONALES


18 | STUDIA XXI

nómicas cuando los responsables institucionales incurran en déficits y eludan aplicar las

medidas que se detallan en el articulado modificado de la LOU.

La línea de actuación que sí responde a un programa de racionalización del gasto pú-

blico, pero cuya materialización requiere un riguroso y poliédrico ejercicio de coordina-

ción, viene sólo identificada en el Real Decreto-Ley al señalar, en su introducción, “la

necesidad de proceder a la racionalización del mapa universitario y de la oferta de titula-

ciones, de acuerdo con los requisitos mínimos que se fijen reglamentariamente”. Obvia-

mente, el Gobierno sabe de las exigencias que esta actuación requiere y, en consecuencia,

la evita. Su preocupación está en el escenario del corto plazo, en la reducción cuantitativa

del gasto público y no parece estar en garantizar un servicio universitario eficaz al que

pueda acceder en igualdad de condiciones cualquier ciudadano español.

Más evidentes, en el propósito de adelgazar la dimensión social del acceso a la educa-

ción universitaria, resultan las reformas introducidas en la normativa que regula el dere-

cho a las becas universitarias —R.D. 1721/2012, de 29 de julio y R.D. 609/2013, de 2 de

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN MEDIA POR BECARIO EN €CORRIENTES Y EN € CONSTANTES DE 1996 DE LAS UNIVERSIDADESPÚBLICAS PRESENCIALES. COEFICIENTE BRUTO DE ACEPTACIÓNAÑOS 1996 A 2010 GRÁFICO 4




agosto— que, sin duda, van a suponer un cambio en la tendencia alcista que venía observán-

dose en el esfuerzo financiero público para avanzar en la igualdad de oportunidades (Grá-

fico 4) y sobre el que existía un acuerdo unánime para continuar aumentando las

dotaciones económicas de las ayudas y la extensión de los beneficiarios de becas. La revi-

sión al alza de las calificaciones académicas exigidas para acceder y para renovar la condi-

ción de becario reducirá drásticamente el número de alumnos que pueden ser beneficiarios

de estas ayudas —estimamos que más del 40% de los 225.000 estudiantes de las universi-

dades públicas que tenían en el curso 2011-12 la condición de becarios perderán este be-

neficio en el curso 2013-14—. La incertidumbre e inseguridad que introduce el nuevo

diseño de ayudas —fijas y variables— en nada favorece la transparencia y la eficacia que re-

clama el sistema de gestión de las becas, con lo que en muchos casos motivara la salida de

estas personas del sistema universitario dada la insuficiente capacidad económica de sus

familias.

Albergamos fundadas dudas sobre que el propósito que

anima la aplicación de unos criterios académicos discriminato-

rios para el colectivo estudiantil que ha venido beneficiándose

de las ayudas universitarias sea mejorar la racionalidad y la efi-

ciencia del gasto público y, más aún, elevar el rendimiento aca-

démico de los estudiantes universitarios. Consideramos que

son razones de índole ideológica, más que económica, las que

están impulsando estas actuaciones. Los datos son tozudos y

desdicen el interés por mejorar la eficiencia académica de un

colectivo que de media obtiene su graduación en un tiempo de

5,2 años, frente a una media de 7,14 años que es el tiempo re-

querido para la graduación de un estudiante que no tiene la

condición de becario, pero que sí se beneficia de un subsidio

anual de más del 82% del gasto necesario para el desempeño de

la actividad docente. La aplicación con carácter general de unas normas de permanencia y

progreso académico equivalentes a los requisitos académicos exigidos en el curso 2011-

2012 a los estudiantes becarios determinaría, a medio plazo, unos ahorros de recursos en

el ámbito de la actividad docente que superaría los 900 millones de euros al año. Ahorro

que podría llegar hasta los 1.400 millones de euros de aplicarles a los estudiantes no beca-

rios, sí subsidiados, los requisitos académicos que estarán vigentes para los becarios uni-

versitarios en el curso 2013-2014.

Estas reformas (recortes) inciden directamente sobre la equidad del gasto público uni-

versitario, siendo los alumnos que disponen de menor capacidad económica los que sufri-

MÁS DEL 40%

DE LOS 225.000

ESTUDIANTES DE LAS

UNIVERSIDADES

PÚBLICAS QUE

TENÍAN EN EL CURSO

2011-12 LA CONDICIÓN

DE BECARIOS

PERDERÁN ESTE

BENEFICIO EN EL

CURSO 2013-14


20 | STUDIA XXI

rán las consecuencias de las modificaciones introducidas en los

criterios aplicables para el acceso y la permanencia con la condi-

ción de becario. Observando la actuación del Gobierno, la racio-

nalización del gasto público se ha de conseguir debilitando el

principio de igualdad de oportunidades, dado que parece que

sólo los estudiantes becarios deben preocuparse por la eficien-

cia exigible a los recursos públicos. El Gobierno confunde a la

sociedad española al aprobar y aplicar estas medidas, que pre-

senta como necesarias para aumentar la rentabilidad del gasto

público y el compromiso de los becarios con la sociedad, cuando

realmente las medidas que deberían aprobarse y aplicarse debe-

rían tener un mayor calado y afectar por igual al conjunto del

alumnado, puesto que todos ellos disfrutan de bonificaciones en

los precios que pagan al formalizar sus respectivas matrículas.

De aquí nuestro escepticismo en lo concerniente al alcance eco-

nómico de esta medida y nuestra preocupación por las conse-

cuencias que sin duda tendrá en la exclusión de personas que, al

no poder acceder a la beca e incluso pudiendo acceder, no puedan

esperar a disponer del total de las ayudas y tengan que abando-

nar o autoexcluirse de los estudios universitarios.

Racionalidad, eficiencia, austeridad, transparencia y respon-

sabilidad, son atributos que venimos reiteradamente recla-

mando para que su plasmación en el sistema universitario se

generalice e intensifique, con independencia de la coyuntura económica que en cada mo-

mento pueda darse. Por consiguiente, nada que objetar a aquellas actuaciones que supon-

gan avances:

– en la especialización y singularización institucional;

– en la asignación de recursos públicos, primando tanto el desempeño de actividades

productivas como los resultados alcanzados en los diferentes ámbitos funcionales;

– en la necesidad de coordinar y planificar las políticas de crecimiento y de ajuste de la

oferta de servicios universitarios;

– en la profundización y extensión de los sistemas de información, que han de mejo-

rar su nivel de compresión, accesibilidad y actualidad;

LA APLICACIÓN CON

CARÁCTER GENERAL

DE UNAS NORMAS DE

PERMANENCIA Y

PROGRESO

ACADÉMICO

EQUIVALENTES A LOS

REQUISITOS

ACADÉMICOS

EXIGIDOS EN EL

CURSO 2011-2012 A

LOS ESTUDIANTES

BECARIOS

DETERMINARÍA, A

MEDIO PLAZO, UNOS

AHORROS DE

RECURSOS EN EL

ÁMBITO DE LA

ACTIVIDAD DOCENTE

QUE SUPERARÍA LOS

900 MILLONES DE

EUROS AL AÑO



– en la exigencia de responsabilidad a los estudiantes con los esfuerzos que la sociedad

española hace subsidiando los gastos de su formación;

– y, finalmente, en la gobernanza universitaria, que debe acabar con la multiplicidad

e inflación de órganos que difuminan responsabilidades y dilatan innecesariamente

la toma de decisiones.

En nuestro trabajo Instrumentos para una financiación eficaz de las universidades (2013), hemos

tenido oportunidad de exponer las características que, en nuestra opinión, debe reunir

un modelo de financiación institucional que, respetando la autonomía, procure suficien-

cia y certidumbre en las fuentes de financiación a través de mecanismos reconocedores de

la actividad y de los resultados alcanzados por las diferentes organizaciones. No es, por

tanto, con actuaciones improvisadas que intencionadamente ocultan su verdadero alcance,

ni dificultando el ejercicio responsable de la autonomía institucional, como puede plan-

tearse con rigor mejorar la eficiencia y la equidad del gasto universitario.


La educación universitaria no pertenece a la categoría de los

llamados bienes públicos puros, sino que se encuadra en los

denominados bienes preferentes, cuya producción presenta

importantes externalidades positivas para el conjunto de la

sociedad, lo que justifica la dedicación de recursos públicos

en su provisión, aunque un significativo número de perso-

nas no accedan a su consumo. En la Europa continental se re-

gistran diferentes modelos de financiación para el acceso a

las enseñanzas universitarias, si bien la mayoría de los países

presentan un elevado grado de aportación pública (Gráfico 5,

pág. 24). No obstante, son cada vez más los países que vienen

estableciendo límites al uso ineficiente que el alumno puede

llegar a realizar de esta solidaridad social.

Nuestro propósito en este artículo es presentar un plan

de actuación que afecta al comportamiento académico y eco-

nómico del estudiante universitario en el desarrollo curricu-

lar de una enseñanza universitaria de grado impartida por

un centro perteneciente a una universidad pública presen-

cial. La propuesta supone una amplia revisión del modelo vi-

gente en el Sistema Público Universitario de España, dado

que se combina de manera integrada todas las variables que

influyen en la financiación pública-privada de la educación

universitaria. No se trata de definir un modelo de financia-

ción institucional, cuestión ya planteada en el trabajo anteriormente mencionado, aun-

que, obviamente, el resultado de aplicar este esquema de financiación para el acceso a los

servicios docentes prestados por centros universitarios públicos tendrá incidencia en la

concreción de la financiación pública asignada anualmente a las universidades públicas

españolas. Igualmente, somos conscientes que un modelo de acceso a los servicios univer-

sitarios donde la aportación pública está condicionada a la renta familiar del demandante,

implica cambios que van más allá de los que se tengan que producir en el marco de la es-

tricta gestión universitaria. Razones de equidad, eficiencia y prevalencia del principio de

igualdad de oportunidades, son argumentos de suficiente entidad como para valorar la

idoneidad de esta propuesta.


UNA PROPUESTAINTEGRAL DEFINANCIACIÓNPARA LOSUSUARIOS DE LOSSERVICIOSDOCENTESUNIVERSITARIOS

02


24 | STUDIA XXI

A tal efecto, se consideran elementos referenciales los siguientes:

– La renta disponible de la unidad familiar en la que está integrado el alumno univer-

sitario.

– El coste medio estándar por curso académico correspondiente a la provisión de los

servicios académicos de una titulación universitaria de experimentalidad básica im-

partida en un centro universitario público.

– La estructura de aportación privada y bonificación pública del coste medio estándar

por año académico de provisión del título universitario.

– El rendimiento académico del alumno y de la titulación en la que está matriculado.

– Las becas del Ministerio de Educación a las que pueden acceder los estudiantes uni-

versitarios matriculados en centros universitarios públicos.

– Los criterios de permanencia y progreso curricular aplicables a los alumnos matricu-

lados en enseñanzas universitarias de grado en centros pertenecientes a universida-

des públicas presenciales.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SEGÚN AGENTES FINANCIADORES.DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y PRIVADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (2010) GRÁFICO 5

FUENTE: Education at an Glance. OECD 2013. Tabla B 2.3



IDENTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL ALUMNO UNIVERSITARIO

Al objeto de fijar la aportación privada que el alumno universitario deberá realizar para

atender el coste medio estándar que implica la provisión del servicio docente universita-

rio, se plantea clasificar al alumnado atendiendo la capacidad económica de la unidad fa-

miliar de pertenencia. Cada una de las diez categorías consideradas se determina

atendiendo a unos umbrales de renta familiar anual que vienen definidos de acuerdo con

la cifra que anualmente establece el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el indica-

dor de bienestar social que se identifica con el Nivel de Pobreza Familiar (NPF)6.

6. El indicador Nivel de Pobreza Familiar (NPF) se obtiene a partir de los datos suministrados por la Encuestade Condiciones de Vida (ECV) que con periodicidad anual elabora el INE. El umbral de pobreza se fija en el60 por 100 de la mediana de la distribución de los ingresos adjudicados a las personas por unidad de con-sumo. En cuanto al número de unidades de consumo por hogar familiar se determina utilizando la escalade la OCDE modificada que se referencia: peso 1 para el primer adulto; 0,5 para el resto de adultos de la fa-milia y 0,3 para los llamados hijos dependientes a cargo del responsable familiar. El valor del umbral de po-breza en España, obtenido por unidad de consumo, fue de 7.533 euros en el año 2.012.

MODELO GENERAL DE PRECIOS Y BECAS APLICABLES A ALUMNOS DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SEGÚN CAPACIDAD ECONÓMICADE LA UNIDAD FAMILIAR CUADRO 1

1. SALARIO 2.DESPLAZAMIENTO 3. RESIDENCIA 4. MOVILIDAD5. MATERIAL DIDÁCTICO

ÍNDICE PRECIO (€) ÍNDICE BECA (€) IPREM de 450 a 1.000 € 4.000 € 5.000 € 550 €

1 Menos de 1,25 Menos de 19.775 0 0 100,00 5.000 X X X X X

2 Más de 1,25 a 1,50 De 19.776 a 23.730 5,00 250 95,00 4.750 X X X X

3 Más de 1,50 a 1,75 De 23.731 a 27.685 7,50 375 92,50 4.625 X X X X

4 Más de 1,75 a 2,00 De 27.686 a 31.640 10,00 500 90,00 4.500 X X X X

5 Más de 2,00 a 2,50 De 31.641 a 39.550 12,50 625 87,50 4.375 X X

6 Más de 2,50 a 3,00 De 39.551 a 47.460 20,00 1.000 80,00 4.000 X

7 Más de 3,00 a 4,00 De 47.461 a 63.280 35,00 1.750 65,00 3.250

8 Más de 4,00 a 5,50 De 63.281 a 87.010 55,00 2.750 45,00 2.250

9 Más de 5,50 a 7,50 De 87.011 a 118.650 77,50 3.875 22,50 1.125

10 Más de 7,50 Más de 118.650 100,00 5.000 0,00 0


UMBRALNIVEL DE POBREZA

FAMILIAR (NPF)

REFERENCIA EN

EUROS (2012)

FINANCIACIÓN DEL COSTE MEDIO DEL SERVICIO DOCENTE

UNIVERSITARIO

ALUMNO PRIMERA

MATRÍCULA

BONIFICACIÓN

PRIMERA

MATRÍCULA

ESTRUCTURA GENERAL DE BECAS UNIVERSITARIAS: Estudiante a tiempo completo

Ejemplo: Familia de 4 miembros. Primera matrícula 60 créditos académicos.


26 | STUDIA XXI

En el caso concreto que aquí se desarrolla se ha considerado

como referencia tipo la unidad familiar de cuatro miembros —

dos adultos y dos hijos dependiente a cargo— cuya renta dispo-

nible anual, en términos de Nivel de Pobreza Familiar, ascendió

a 15.820 euros en el año 2012, siendo las horquillas de renta que

tipifican al alumnado universitario las categorías (umbrales)

que se muestran en el cuadro 1. Como puede observarse, los va-

lores que definen la amplitud de la horquilla resultan reduci-

dos para los primeros rangos, de 1 a 5, y aumentan de manera

progresiva en la medida que las referencias de renta familiar su-

peran los 47.460 euros anuales para la unidad familiar que se

considera prototipo. Se pretende mostrar para los primeros ran-

gos, tanto en términos de multiplicador de NPF como en valo-

res absolutos expresados en euros, unas menguadas diferencias

de capacidad económica que permitan acentuar la equidad con-

tributiva al establecer la aportación en la financiación de los ser-

vicios docentes universitarios de los usuarios pertenecientes a

las mencionadas categorías. Los alumnos universitarios perte-

necientes a estas unidades familiares serán los que reciban un

mayor grado de bonificación en el coste directo de la enseñanza

y los que concentren la totalidad de las ayudas complementarias para el estudio que con-

cede el Ministerio de Educación.

Con datos del curso académico 2011-2012, el 65,59% de las familias españolas con hijos

en edad universitaria registraron rentas inferiores a 38.831 euros, que era la cantidad má-

xima fijada para poder acceder a la beca del precio de matrícula concedida por el Ministe-

rio de Educación. El resto de las familias españolas con hijos universitarios (34,41%),

superaban el nivel máximo de renta establecido para poder beneficiarse de alguna de las

modalidades de ayudas otorgadas con cargo a los presupuestos generales del Estado.

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Las universidades públicas presenciales determinarán los niveles de aportación privada y

de bonificación pública de los costes medios estándar de provisión de los servicios docen-

tes de las enseñanzas universitarias de grado atendiendo a la capacidad económica de la

unidad familiar a la que pertenezca el alumno. A tal efecto, los alumnos universitarios es-

UN MODELO DEACCESO A LOSSERVICIOSUNIVERSITARIOSDONDE LAAPORTACIÓNPÚBLICA ESTÁCONDICIONADA A LARENTA FAMILIAR DELDEMANDANTE,IMPLICA CAMBIOSQUE VAN MÁS ALLÁDE LOS QUE SETENGAN QUEPRODUCIR EN ELMARCO DE LAESTRICTA GESTIÓNUNIVERSITARIA



tarán adscritos a una de las diez categorías que se han definido para identificar la capaci-

dad económica familiar, siendo su aportación financiera en su primera matrícula de 0 al

100% del coste de provisión del servicio docente universitario, según la capacidad econó-

mica familiar. Las aportaciones establecidas para los alumnos pertenecientes a unidades fa-

miliares con renta inferior a 2,5 veces el valor de la renta correspondiente al Nivel de

Pobreza Familiar no superarán el 12,5% del coste de prestación del servicio docente. Este

colectivo de alumnos será el principal destinatario de las becas que concede el Ministerio

de Educación.

Al formalizar la matrícula, los alumnos deberán conocer el

coste de la prestación del servicio docente que demandan, dife-

renciando la universidad la cantidad que les corresponde apor-

tar directamente de la cantidad que será bonificada por la

administración educativa con competencias en el ámbito de las

enseñanzas universitarias.

En tanto se elabora un modelo de financiación para las uni-

versidades públicas, tal como se recoge en la disposición adi-

cional octava de la LOU, que permita establecer unas

referencias objetivas de las necesidades de financiación reque-

ridas por las diferentes enseñanzas universitarias de grado, se

ha considerado una hipótesis de coste medio estándar de 5.000

euros por curso académico (60 créditos; 83,33 euros por cré-

dito), que corresponde a la imputación del 70% del gasto co-

rriente registrado por estudiante de grado matriculado en una

titulación de experimentalidad básica en las universidades pú-

blicas presenciales en el año 2012. Las universidades públicas

presenciales aplicarán, atendiendo a la capacidad económica

que identifica a cada uno de sus alumnos, los índices de participación privada-pública a la

provisión de los servicios docentes como precio establecido para cada una de las enseñan-

zas de grado que anualmente conformen su oferta (Cuadro 1).

Es preciso resaltar que la información suministrada por los registros contables corres-

pondientes a las distintas enseñanzas universitarias evidencia notables diferencias entre

titulaciones de una misma universidad y entre universidades para una misma titulación,

atendiendo a los inputs utilizados para la provisión del servicio docente y al número de

usuarios que en cada caso lo demanden. Por tales circunstancias, entendemos conveniente

fijar unos valores máximos a aplicar para los costes estándar de las enseñanzas universi-

tarias que deban ser cubiertos con las aportaciones privadas y públicas, respectivamente.

Con esta prescripción se pretende evitar que las cantidades a pagar por los demandantes

LOS ALUMNOSDEBERÁN CONOCEREL COSTE DE LAPRESTACIÓN DELSERVICIO DOCENTEQUE DEMANDAN,DIFERENCIANDO LAUNIVERSIDAD LACANTIDAD QUE LESCORRESPONDEAPORTARDIRECTAMENTE DELA CANTIDAD QUESERÁ BONIFICADAPOR LAADMINISTRACIÓN


28 | STUDIA XXI

y la financiación pública a transferir por los servicios docentes sean dispares de un centro

universitario a otro y, a la vez, que las instituciones corrijan el exceso de coste que puedan

registrar con relación al coste estándar financiado.

Los alumnos que repitan matrícula en una determinada disciplina académica verán

modificados, según se trate de la segunda, tercera o sucesivas matrículas, los índices de

aportación privada-pública aplicables, con arreglo a la capacidad económica de la unidad

familiar de referencia, a la financiación de los costes medios estándar de la titulación uni-

versitaria en la que formalicen su correspondiente matrícula (Cuadro 2). En estos casos, el

compromiso social (subsidio) con los usuarios de los servicios docentes universitarios de-

berá ser apreciablemente menor que el que se manifiesta para la primera matrícula, pro-

curando conjugar la protección del principio de igualdad de oportunidades con la

exigencia debida de asignar de manera eficiente los recursos públicos.

Cabe contemplar excepciones a estos criterios de imputación de pago para alumnos

que, por acontecimientos que objetivamente hayan podido mermar su rendimiento aca-

PRECIOS Y BONIFICACIONES APLICABLES A LOS ALUMNOS DEENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS SEGÚN CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAUNIDAD FAMILIAR CUADRO 2

ÍNDICE PRECIO (€) ÍNDICE BECA (€) ÍNDICE PRECIO (€) ÍNDICE BECA (€)

1 Menos de 1,25 Menos de 19.775 25,00 20,83 75,00 62,50 75,00 62,50 25,00 20,83

2 Más de 1,25 a 1,50 De 19.776 a 23.730 25,00 20,83 75,00 62,50 75,00 62,50 25,00 20,83

3 Más de 1,50 a 1,75 De 23.731 a 27.685 25,00 20,83 75,00 62,50 75,00 62,50 25,00 20,83

4 Más de 1,75 a 2,00 De 27.686 a 31.640 50,00 41,66 50,00 41,66 75,00 62,50 25,00 20,83

5 Más de 2,00 a 2,50 De 31.641 a 39.550 50,00 41,66 50,00 41,66 75,00 62,50 25,00 20,83

6 Más de 2,50 a 3,00 De 39.551 a 47.460 50,00 41,66 50,00 41,66 100,00 83,33 0,00 0,00

7 Más de 3,00 a 4,00 De 47.461 a 63.280 75,00 62,50 25,00 20,83 100,00 83,33 0,00 0,00

8 Más de 4,00 a 5,50 De 63.281 a 87.010 75,00 62,50 25,00 20,83 100,00 83,33 0,00 0,00

9 Más de 5,50 a 7,50 De 87.011 a 118.650 100,00 83,33 0,00 0,00 100,00 83,33 0,00 0,00

10 Más de 7,50 Más de 118.650 100,00 83,33 0,00 0,00 100,00 83,33 0,00 0,00


UMBRALNIVEL DE POBREZA

FAMILIAR (NPF)

REFERENCIA EN

EUROS (2012)

ALUMNO SEGUNDA

MATRÍCULA

(1 CRÉDITO)

BONIFICACIÓN

SEGUNDA

MATRÍCULA

(1 CRÉDITO)

ALUMNO TERCERA Y

SUCESIVAS MATRÍCULA

(1 CRÉDITO)

BONIFICACIÓN TERCERA Y

SUCESIVAS MATRÍCULA

(1 CRÉDITO)

FINANCIACIÓN DEL COSTE MEDIO DEL SERVICIO DOCENTE UNIVERSITARIO

Ejemplo: Familia de 4 miembros. Segunda, tercera y sucesivas matrículas 1 crédito académico.



démico en el curso anterior, incurran en repetición de una determinada disciplina a la que

se le tenga que aplicar la correspondiente reducción de subvención. Igualmente, cabe for-

mular excepciones para los alumnos que desarrollen su actividad docente en régimen de

dedicación parcial, en cuyo caso los rendimientos académicos exigidos deberán adaptarse

para evitar perjuicios económicos ajenos a la responsabilidad social que contraen las per-

sonas que acceden a los centros universitarios públicos. En sentido contrario, debería con-

siderarse la demanda de nuevos estudios universitarios por aquellas personas que

acreditan una titulación universitaria que han cursado en centros públicos y para la que,

en su momento, ya fueron beneficiarios de subvenciones.

RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNO UNIVERSITARIO

Con el propósito de mejorar la transparencia y la eficiencia institucional e incentivar el es-

fuerzo del alumnado, se plantea introducir, en el proceso de matriculación, los rendimien-

tos académicos obtenidos en el curso anterior por el alumno y los correspondientes a la

titulación en la que está matriculado, al objeto de poder determinar la aportación econó-

mica del usuario de los servicios docentes universitarios. A tal efecto, las contribuciones

económicas que deba realizar el alumno en su fase de matriculación se verán bonificadas

al multiplicar los importes a pagar —en cualquier opción de matrícula— por el coeficiente

que resulte de dividir la tasa de rendimiento académico de la titulación por la tasa de ren-

dimiento académico del alumno, siempre y cuando la tasa de rendimiento de éste sea su-

perior a la tasa media registrada por la titulación en la que vaya a formalizar matrícula y

estén ambas referidas a un número similar de créditos matriculados.

BECAS PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

El modelo de financiación que viene aplicándose a la enseñanza universitaria pública en

España a la hora de cuantificar la aportación que debe realizar el alumno, centra el esfuerzo

público en subvencionar linealmente los costes directos del servicio docente prestado por

las universidades —precios públicos de matrícula— y subestima los costes indirectos en los

que incurre la familia del alumno, sólo contemplados parcialmente para una minoría a

través de las becas universitarias. Este modelo, además de favorecer la inequidad del gasto

público resulta excluyente, al impedir el acceso de las personas de baja capacidad econó-


mica, y ofrece pocos o nulos incentivos para aumentar la eficien-

cia económica y académica. Las reformas que está desarrollando

el actual gobierno, como ha quedado señalado, abundan en la

exclusión y en la inequidad bajo el falaz paraguas de aumentar

la eficiencia del gasto público.

En esta propuesta, todos los alumnos que accedan a centros

universitarios públicos dispondrán de una beca que financiará el

coste del servicio docente universitario de manera inversamente

proporcional a la capacidad económica que identifica a la uni-

dad familiar de pertenencia (a excepción de los alumnos perte-

necientes a familias cuya renta anual sea 7,5 veces mayor que la

renta que anualmente se fije para establecer el Nivel de Pobreza

Familiar). Sin embargo, es preciso reconocer que a pesar de la

progresividad contributiva que implica la aplicación del modelo

de precios universitarios que aquí se propone, las familias de

media y baja capacidad económica encuentran serias dificulta-

des para poder sufragar los gastos complementarios en los que

incurre el estudiante universitario, siendo en algunos casos ma-

terialmente imposible continuar el proceso de aprendizaje por

los costes de oportunidad que conlleva alargar el tiempo de for-

mación, lo que impide aplicar el principio de igualdad de oportunidades.

La extensión que en los últimos treinta años ha alcanzado en España la oferta univer-

sitaria pública, apoyada en una localización de centros universitarios en la que ha primado

la proximidad geográfica al potencial usuario, ha reducido notablemente los costes indi-

rectos de los estudios universitarios a los que las familias deben hacer frente. Sin embargo,

en muchos casos encontramos familias en las que la dificultad para que sus hijos conti-

núen los estudios surge por la imposibilidad económica de prescindir de las rentas que

éstos aportarían a la unidad familiar al incorporarse al mercado laboral. Del mismo modo,

resulta restrictivo para avanzar en la igualdad de oportunidades que el estudiante tenga su

residencia familiar alejada del centro universitario que oferta la titulación de su interés y

que la capacidad económica de la familia no pueda asumir el coste derivado del desplaza-

miento, aunque estén económicamente predispuestos a aceptar el coste de oportunidad

que supone alargar el proceso de formación.

La propuesta de becas que se formula tiene como principal referencia la superación de

la insuficiencia económica de la unidad familiar del alumno, al objeto de garantizar la igual-

dad de oportunidades que facilite el acceso y la permanencia de las personas en los estudios

30 | STUDIA XXI

EL MODELO DEFINANCIACIÓN DELA ENSEÑANZAUNIVERSITARIAPÚBLICA CENTRA ELESFUERZO ENSUBVENCIONARLINEALMENTE LOSCOSTES DIRECTOSDEL SERVICIODOCENTEPRESTADO POR LASUNIVERSIDADES YSUBESTIMA LOSCOSTES INDIRECTOSEN LOS QUEINCURRE LA FAMILIADEL ALUMNO



universitarios. Los requisitos académicos para acceder y mantener las becas universitarias

serán los exigidos a toda persona que desee matricularse en una determinada enseñanza

universitaria (acceso) y equiparables al rendimiento medio exigido en la titulación en la

que se encuentren matriculados (permanencia). Las tasas de rendimiento académico y la

duración media para obtener la acreditación deberán ser cuestiones que afecten al conjunto

de los alumnos universitarios y han de ser fijadas en las normas de permanencia y progreso

que obligatoriamente han de aprobar y aplicar los centros universitarios públicos.

— MODALIDAD DE LAS BECAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTUDIO UNIVERSITARIO.DETALLE Y SINGULARIDADES.

BECA SALARIO. Está destinada a alumnos pertenecientes a familias con rentas inferiores a

19.775 euros anuales (umbral 1), con el objetivo de que la unidad familiar pueda prescin-

dir de las rentas que podría aportar el alumno con su incorporación al mercado laboral.

La dotación vendrá determinada por la cuantía que anualmente se fije en los Presupues-

tos Generales del Estado para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),

que para el año 2012 ha sido de 7.455,14 euros (14 pagas). Con esta ayuda, el alumno podrá

dedicarse a estudiar sin tener que compatibilizar el estudio con trabajos a tiempo parcial

que puedan reducir su rendimiento académico y, en consecuencia, pueda ocasionarle la

pérdida de la beca.

En relación con la actual beca salario, la propuesta que aquí se detalla presenta dos mo-

dificaciones de relevancia. La primera viene dada por el ámbito de aplicación que fija un

umbral de renta familiar de 19.775 euros /año, que resulta notablemente superior al vi-

gente en la última convocatoria del Ministerio, que ha sido de 13.909 euros/año para una

familia de cuatro miembros. El aumento en más del 42% de la renta familiar que da dere-

cho a la percepción de esta ayuda propiciará una ampliación del colectivo del alumnado

universitario que pueda acceder a ella. La segunda modificación está relacionada con la

dotación económica de la ayuda, que pasa de 3.500 (1.500 euros es la dotación en el curso

2013/14 en concepto de renta fija) a 7.500 euros, lo que supone más que duplicar la dota-

ción actual y aplicar una cantidad que realmente estimule a continuar los estudios, sin que

esta decisión suponga un empobrecimiento para la unidad familiar de origen del alumno.

DESPLAZAMIENTO. La dotación económica de las ayudas que se recogen bajo el epígrafe de

desplazamiento es variada en función del carácter urbano o interurbano que motive la

aplicación de la ayuda, así como de la distancia en kilómetros que exista entre el centro

universitario y la residencia familiar del alumno. En cualquier caso, la dotación debe ser su-


32 | STUDIA XXI

ficiente para atender los gastos reales que ocasiona el desplazamiento del alumno utili-

zando la referencia de los precios aplicados por los transportes públicos. La dotación pro-

puesta establece una horquilla entre 450 y 1.000 euros, a la que podrán acceder los alumnos

pertenecientes a unidades familiares correspondientes a los umbrales 1 a 4.

RESIDENCIA. La finalidad de esta ayuda es atender al gasto que

ocasiona a la unidad familiar la salida del alumno del domicilio

familiar para cursar estudios universitarios en un centro pú-

blico. El criterio para fijar esta ayuda vendrá dado por la distan-

cia que exista entre el domicilio familiar y el centro

universitario, que no debe ser causa de una pérdida de rendi-

miento académico por el tiempo empleado en recorrerla, siendo,

por tanto, aconsejable el cambio de residencia en el periodo lec-

tivo. La dotación económica propuesta es de 4.000 euros/año, su-

perior en un 56,49% a la dotación fijada en la última

convocatoria, que ha sido de 2.556 euros (1.500 euros es la dota-

ción en el curso 2013/14 en concepto fija) y que resulta clara-

mente insuficiente para atender a los gastos adicionales que

ocasiona el cambio de residencia habitual (alojamiento y despla-

zamiento). Los alumnos que pueden acceder a esta modalidad

de ayudas son los pertenecientes a las familias cuyas rentas se

encuentren en los umbrales 1 a 5.

MOVILIDAD. A diferencia de las ayudas para desplazamiento o re-

sidencia, las ayudas de movilidad se justifican por la necesidad que tiene el alumno de

abandonar su domicilio familiar por la ausencia del estudio elegido en la oferta de la uni-

versidad pública más próxima —movilidad condicionada—, o bien porque existiendo la

oferta de la enseñanza elegida en la universidad pública más próxima a su residencia fa-

miliar, el alumno desea cursar esos estudios en una universidad pública diferente, lo que

le obliga a cambiar de domicilio durante el periodo lectivo —movilidad incondicionada—.

En este segundo caso, el alumno deberá presentar para acceder unas calificaciones acadé-

micas superiores a 7,5 puntos sobre 10, y para permanecer, superar el total de la carga do-

cente programada con una nota media superior a 7 sobre 10. La finalidad de esta ayuda es

la mejora de la excelencia de los centros públicos universitarios por la vía de la atracción

de los mejores estudiantes. La dotación económica de estas ayudas se establece en 5.000

euros/año, pudiendo acceder a ellas los alumnos que pertenezcan a familias correspon-

dientes a los umbrales 1 a 5 (movilidad condicionada) y 1 a 6 (movilidad incondicionada).

LA PROPUESTA DEBECAS QUE SEFORMULA BUSCASUPERAR LAINSUFICIENCIAECONÓMICA DE LAUNIDAD FAMILIARDEL ALUMNO, ALOBJETO DEGARANTIZAR LAIGUALDAD DEOPORTUNIDADESQUE FACILITE ELACCESO Y LAPERMANENCIA DELAS PERSONAS ENLOS ESTUDIOSUNIVERSITARIOS



En el caso de la movilidad internacional, la dotación económica

de la ayuda se ajustará atendiendo al diferencial de renta per

cápita de España y el país de destino.

MATERIAL DIDÁCTICO. La dotación económica de esta ayuda está

destinada a sufragar el coste de los materiales que requiere el

alumno para el eficaz desarrollo de su actividad discente, tales

como libros, fotocopias, material para prácticas, etc. La dota-

ción se fija en 550 euros/año, siendo los alumnos pertenecien-

tes a las familias de renta de los umbrales 1 a 4 los que pueden

acceder a ella.

PRECIOS DE MATRÍCULA. Los alumnos que acrediten la condi-

ción de becarios del Ministerio de Educación verán bonificado

el importe del precio de la matrícula en un 100% en el caso de

los pertenecientes al umbral 1, y de entre el 95 y el 87,5% en el de los alumnos adscritos a

los umbrales 2 a 5, respectivamente. El importe de estas bonificaciones será cubierto par-

cialmente con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación, que anualmente liquidará

a las universidades las cantidades que correspondan a la suma de las diferencias que se ob-

tienen de aplicar para cada umbral los valores fijados de bonificación y la referencia de bo-

nificación que corresponde al umbral techo que determina la condición de becario. Así,

para los alumnos becarios del umbral 1, cuya bonificación es del 100% del precio de la en-

señanza, el Ministerio de Educación transferirá a la universidad, con cargo al presupuesto

de becas, el importe correspondiente al 12,5 por 100 del precio de la matrícula.

La aplicación generalizada de este modelo de ayudas al estudio universitario —que son

complementarias a la bonificación del coste de matrícula y adicionales entre sí— supone

reforzar la visión que en el año 1983 motivó el diseño de las becas universitarias y conlleva

introducir un cambio notable en la concepción que tiene el actual Gobierno de la política

de becas, que se caracteriza por el incremento de la exclusión y por la consideración de la

beca como acto de beneficencia destinada a premiar a los estudiantes económicamente

más necesitados y académicamente más brillantes. Las becas están destinadas a superar

las limitaciones económicas que tienen las familias y los estudiantes para poder desarro-

llar en igualdad de condiciones las actividades discentes. No deben concebirse como un

premio, ni tampoco son fruto de la caridad, sino que son un derecho que todas las perso-

nas tienen para conseguir alcanzar su desarrollo personal y profesional. No se conceden por

estudiar, sino que se conceden para poder estudiar.

LA APLICACIÓNGENERALIZADA DEESTE MODELO DEAYUDAS AL ESTUDIOUNIVERSITARIOCONLLEVAINTRODUCIR UNCAMBIO NOTABLEEN LA CONCEPCIÓNQUE TIENE ELACTUAL GOBIERNODE LA POLÍTICA DEBECAS


34 | STUDIA XXI

El impacto que tiene una política de becas que combine bajas

o nulas contribuciones de los alumnos a los costes directos de la

prestación del servicio docente, con dotaciones suficientes y con

coberturas amplias para sufragar los costes indirectos y de opor-

tunidad en los que incurre el alumno cuando decide demandar

estudios universitarios, resulta relevante y creciente en la me-

dida que la capacidad económica de la unidad familiar es menor,

siendo muy importante para los primeros umbrales de renta que

se contemplan en el Cuadro 1. Las investigaciones realizadas por

las profesoras Laura de Pablos y María Gil (2008), así lo confir-

man para el caso de las universidades públicas españolas. Igual-

mente, las citadas profesoras han podido verificar cómo ejerce

un impacto negativo en la demanda de estudios universitarios

la presencia de hermanos menores de 16 años en la unidad fami-

liar del potencial demandante y de miembros de la unidad fami-

liar que están en situación de desempleo. Circunstancias que, junto a las ya consideradas

para compensar las desventajas de los estudiantes con discapacidad y las contempladas en

el artículo 138.1 de la Constitución, deberían ser estimadas para discriminar positiva-

mente a favor de aquellos alumnos que desean acceder o mantener la condición de beca-

rio universitario.

PERMANENCIA Y PROGRESO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Con la actual normativa, las reglas de permanencia y progreso de los estudiantes en los

centros universitarios públicos corresponde fijarlas a los órganos de gobierno de cada uni-

versidad, lo que se traduce en una disparidad de criterios en cuanto a la extensión y el rigor

con el que se vienen aplicando las normas que cada una se ha dado. Sin embargo, es un

hecho probado que la aplicación de criterios de exigencia en los procesos de matricula-

ción, evaluación y rendimiento académico del alumno reportan mejores resultados, tanto

en los comportamientos académicos anuales, tasa de rendimiento y tasa de abandono,

como en el tiempo requerido para la obtención de la acreditación como graduado univer-

sitario (los datos académicos de la Universidad Pompeu Fabra referidos a los años

2006/2007, 2008/2009 y 2010/2011 muestran diferencias de más de 16 puntos de media

en sus tasas de rendimiento académico con los valores de referencia del Sistema Universi-

tario Público Presencial tal y como se muestra en el Gráfico 6).

LAS BECAS SON UN

DERECHO QUE TODAS

LAS PERSONAS

TIENEN PARA

CONSEGUIR

ALCANZAR SU

DESARROLLO

PERSONAL Y

PROFESIONAL. NO SE

CONCEDEN POR

ESTUDIAR, SINO QUE

SE CONCEDEN PARA

PODER ESTUDIAR



Un reciente estudio de la Conferencia de Consejos Sociales (2012), que analiza las nor-

mativas de permanencia y progreso académico vigentes en las universidades públicas es-

pañolas, destaca, entre otras cuestiones, la gran heterogeneidad existente entre las

TASA DE RENDIMIENTO DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO. INDICADOR DE POSICIÓN RELATIVA SOBRE LA MEDIA DEL SISTEMA.CURSO ACADÉMICO 2010/2011. DETALLE POR UNIVERSIDAD GRÁFICO 6

TASA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

76,64

80,99

U. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

U. DE LA LAGUNA

TASA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO

0 20 40 60 80 100 120 140

83,63

88,41

U. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

U. DE A CORUÑA

91,18

91,89

U. DE SEVILLA

U. DE VIGO

92,91

93,63

U. DE GRANADA

U. DE MÁLAGA

93,88

94,15

U. JAIME I DE CASTELLÓN

U. DE OVIEDO

94,54

94,67

U. POLITÉCNICA DE MADRID

U. DE JAÉN

95,26

95,69

U. DE HUELVA

U. MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

96,08

97,17

U. DE ALICANTE

U. DE CÓRDOBA

97,86

97,89

U. DE MURCIA

U. DE LA RIOJA

98,37

98,72

U. DE ALMERÍA

U. POLITÉCNICA DE VALENCIA

98,78

99

U. DE ALCALÁ

U. DE CÁDIZ

99,35

99,82

U. DE BURGOS

U. DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

TOTAL U. PÚBLICAS PRESENCIALES100,07

100TOTAL U. PÚBLICAS PRENCIALES

100,35

102,09

U. DE LAS ILLES BALEARS

U. DE CASTILLA-LA MANCHA

U. DE EXTREMADURA

102,15

102,73

U. EL PAÍS VASCO

U. DE CANTABRIA

104,75

104,81

U. DE VALLADOLID

U. DE LEÓN

104,84

105,13

U. COMPLUTENSE DE MADRID

U. DE SALAMANCA

105,24

105,33

U. REY JUAN CARLOS

U. POLITÉCNICA DE CATALUNYA

106,24

107,35

U. PÚBLICA DE NAVARRA

U. DE BARCELONA108,57

109

U. PABLO DE OLAVIDE

U. DE LLEIDA

111,52

112,27

U. ROVIRA I VIRGILI

U. AUTÓNOMA DE MADRID

112,75

113,99

U. DE GIRONA

U. AUTÓNOMA DE BARCELONA

115,25

125,56

U. CARLOS III DE MADRID

U. POMPEU FABRA

102,98

104,6

U. DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL)

U. DE ZARAGOZA



36 | STUDIA XXI

normativas adaptadas al EESS, las diferencias observadas al considerar la accesibilidad, vi-

sibilidad e inteligibilidad de las correspondientes normativas, la omisión en más del 40%

de la normativa de las universidades de la diferente tipología de estudios universitarios

—grado, máster y doctorado—, la indefinición de estudiante a tiempo parcial (38,6%), así

como la omisión de las necesidades educativas especiales (43,18%) que identifican a estu-

diantes pertenecientes a los colectivos de discapacitados, deportistas de élite, alumnos

avanzados, etc. Tampoco parece que la movilidad estudiantil sea una preocupación de las

autoridades universitarias responsables de elaborar y aplicar la normativa de progreso y

VARIABLES IDENTIFICATIVAS DEL PROCESO ACADÉMICO CON LOSRESULTADOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE COSTE ECONÓMICO GRÁFICO 7

RESULTADOS RELACIÓN VARIABLES

Evaluación por compensación≤ Duración media

≥ Tasa de rendimiento

≤ Tasa de abandono

≥ Equidad≥ Empleabilidad≤ Coste

≥ Coste

≥ Duración media

≥ Tasa de abandono

Limitación de ECTS en primer curso

Número máximo de ECTS de matrícula

Limitación de ECTS en segundo curso

Estudiantes a tiempo parcial

Anulación de convocatorias

FUENTE: Conferencia de Consejos Sociales (2012)



permanencia en los estudios universitarios. Aunque, sin duda, lo más inquietante es el di-

ferente grado de rigor que se contempla a la hora de definir el número de créditos de ma-

trícula mínimo y máximo, el tratamiento que se da a la evaluación de las asignaturas en lo

referente a la presentación o no por el alumno en convocatorias oficiales y el olvido mayo-

ritario de establecer un tiempo máximo para obtener la acreditación académica.

El Gráfico 7 relaciona una serie de variables identificativas del proceso académico con

los resultados expresados en términos de coste económico, de capacidad productiva del

titulado universitario —empleabilidad— y de equidad en la asignación de los fondos públi-

cos. El informe concluye estableciendo, por presunción, una correlación entre exigencia y

rigor de la universidad respecto al número de créditos y matrí-

cula, y la presencia de un estudiante más eficiente en cuanto a

rendimiento y duración de los estudios.

La importante aportación pública que con carácter lineal se

viene realizando para financiar los servicios docentes universi-

tarios o, alternativamente, las muy destacadas contribuciones

públicas que se explicitan en el modelo de financiación progre-

siva que aquí se propone, junto con el importante esfuerzo pre-

supuestario que supone la aplicación del programa de becas

universitarias, requieren un cambio radical en el tratamiento

que muy mayoritariamente se viene efectuando por las univer-

sidades de su laxa e incompleta normativa de permanencia y

progreso en los estudios universitarios. Garantizar la igualdad

de oportunidades para cursar estudios universitarios, con independencia de la capacidad

económica familiar, deviene en una mutua y recíproca responsabilidad del alumno con la

sociedad que coadyuva a financiar sus estudios.

En nuestro caso, la propuesta que aquí se enuncia se identifica en gran medida con la

normativa de las universidades Politécnica de Valencia y Pompeu Fabra. Así, consideramos

que los criterios aplicables en relación con la permanencia y progreso deben estar presididos

por una exigencia mínima de superación de créditos académicos en el primer curso de la ti-

tulación en la que se matricula el alumno —para los alumnos con dedicación a tiempo com-

pleto, el 45% del total de la carga docente programada para las enseñanzas de la rama de

Ingeniería y Arquitectura, y el 55% para el resto de las ramas de enseñanza—; y, por la necesi-

dad de superar el primer curso de las titulaciones en un plazo razonable — para los estudian-

tes a tiempo completo, 5 semestres para las enseñanzas de las ramas de Ingeniería y

Arquitectura, y 4 semestres para el resto de ramas—. Para los restantes cursos académicos, los

alumnos deberán mantener un mínimo de rendimiento académico que haga factible la gra-

LAS UNIVERSIDADES

DEBERÍAN APLICAR

UN CAMBIO RADICAL

EN SU LAXA E

INCOMPLETA

NORMATIVA DE

PERMANENCIA Y

PROGRESO EN LOS

ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS


38 | STUDIA XXI

duación en un tiempo que no se aleje en exceso de los años programados en sus correspon-

dientes planes de estudio —70% de los créditos académicos correspondientes a cada curso

para las enseñanzas de la rama de Ingeniería y Arquitectura, y 80% para el resto de las ramas

de enseñanza, siendo, respectivamente, de t+3 y t+2 años —donde t expresa el número de

años que contempla el plan de estudios de la titulación para obtener la acreditación— el

tiempo máximo empleado para la obtención de la graduación por los estudiantes a tiempo

completo en dichas enseñanzas. Las condiciones de permanencia deben ser aplicadas con la

suficiente flexibilidad como para permitir las desviaciones que, con carácter excepcional,

puedan darse con vistas a lograr la graduación o a que, tras una desvinculación de dos cur-

sos académicos sucesivos, los alumnos puedan retomar sus estudios.

En cuanto a los criterios de progreso académico, su aplicación debe evitar “la huida

hacia adelante” del estudiante, fundamentalmente en el primer curso, así como ordenar

adecuada y curricularmente los contenidos y la carga docente de la matrícula que el

alumno formalice cada año, con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, reducir

tanto las tasas de abandono de los estudios universitarios como las tasas de adaptación en

los estudios universitarios, y acortar, a su vez, el tiempo medio en que se produce el aban-

dono en la titulación elegida por el estudiante universitario.

La normativa debe contemplar las diferencias exigibles al estudiante a tiempo com-

pleto y al estudiante a tiempo parcial, estableciendo los procedimientos y los requisitos

necesarios para alcanzar la condición de estudiante a tiempo parcial, así como el procedi-

miento de reversión. Igualmente, debe fijarse el número máximo de convocatorias de eva-

luación ordinarias aplicables para la superación de una asignatura —6 para enseñanzas de

la rama de Ingeniería y Arquitectura, y 5 para el resto de las ramas—.

Los estudiantes de primer curso accederán a la condición de becario acreditando la su-

peración de las pruebas de acceso a la universidad con la calificación de aprobado —5 sobre

10 puntos— y mantendrán la condición de becario superando los rendimientos académi-

cos medios establecidos en la normativa de progreso de la titulación en la que están matri-

culados. Los beneficios derivados de la condición de becario sólo podrán mantenerse, para

una única enseñanza de grado y máster, durante el tiempo máximo de un año más del pro-

gramado oficialmente para la obtención de su correspondiente acreditación académica.


Los cambios normativos que se han realizado en los dos últi-

mos años, justificados por la exigencia comunitaria de reducir

los déficits presupuestarios y por la necesidad de racionalizar el

gasto público, han devenido en recortes en la (in)suficiencia fi-

nanciera de las universidades públicas españolas, lo que sin

duda va a propiciar un retroceso en su capacidad competitiva a

nivel internacional. La generalización y la rapidez con la que se

han concretado los recortes (reformas) rivalizan con las exigen-

cias de rigor y diferenciación que deben presidir cualquier plan

de acción que pretenda corregir debilidades objetivamente se-

ñaladas, al tiempo que reforzar las potencialidades y singulari-

dades que se le reconocen al Sistema Público de Universidades.

La excelencia institucional y el reconocimiento en los rankings

internacionales de las universidades públicas españolas son

poco compatibles con actuaciones como las que se predican en

los cambios que está implementado el Gobierno Rajoy.

La eficiencia y la responsabilidad social exigida a los estudian-

tes que tienen acreditada la condición de becarios del Ministe-

rio de Educación contrastan con la laxitud que se observa en la

aplicación de normas de permanencia y progreso para los estu-

diantes subsidiados (no becarios) que representan el colectivo

mayor del total de los matriculados en los centros públicos.

Estos comportamientos nos hacen recelar de las verdaderas in-

tenciones que se ocultan en los cambios que se han aprobado para el acceso y la permanen-

cia a la condición de becario, dado que su aplicación supone exclusión para los alumnos de

menor poder adquisitivo y, a la vez, reduce la dimensión social de la educación universita-

ria. Las cifras de avance avalan esta consideración, que no ha podido ser negada por el pro-

pio Ministro al reconocer el impacto expresado en términos de reducción de más de 10.000

beneficiarios de becas por la aplicación parcial de la nueva normativa a los estudiantes de

nuevo ingreso en las enseñanzas universitarias.

Consideramos que las actuaciones que se están implementando desde los poderes públi-


03CONCLUSIONESLA EXCELENCIAINSTITUCIONAL Y ELRECONOCIMIENTO ENLOS RANKINGSINTERNACIONALESDE LASUNIVERSIDADESPÚBLICAS SON POCOCOMPATIBLES CONLOS CAMBIOS QUEESTÁ IMPLEMENTADOEL GOBIERNO


40 | STUDIA XXI

cos vienen motivadas más por razones ideológicas que por argu-

mentos de racionalidad, eficiencia y equidad del gasto público,

dado el escaso interés en abordar las cuestiones que están mer-

mando los resultados y, en consecuencia, reduciendo la rentabi-

lidad social y económica de la inversión pública en las

universidades españolas.

La finalidad de esta propuesta de financiación parcial uni-

versitaria es doble. Por una parte, busca mejorar la equidad del

gasto público universitario mediante la aplicación de incentivos

que permitan reducir —eliminar— las barreras económicas que

encuentran los potenciales demandantes de estudios universi-

tarios que pertenecen a los grupos sociales de menor renta. Por

otra, busca incidir favorablemente en la eficiencia del gasto uni-

versitario —público y privado— mediante la aplicación de meca-

nismos de penalización e incentivación económica y el

establecimiento de unas exigencias de rendimiento académico que

afectan a todos y cada uno de los alumnos que cursan estudios en centros universitarios pú-

blicos.

No ocultamos que su implantación puede inicialmente resultar poco amigable para

alumnos que acuden a la universidad con bajo nivel de responsabilidad social; tampoco

dudamos de que haya profesores que muestren poco entusiasmo por la propuesta porque

piensen que la mayor exigencia académica para el alumno tendrá repercusiones en su de-

dicación docente; e, igualmente, intuimos que los diferentes niveles de gobierno univer-

sitario encontrarán argumentos para dilatar su aplicación por las exigencias de rigor

informativo y por las decisiones que cada uno en su ámbito competencial deberá tomar

para alcanzar los objetivos que aquí se contemplan. Por último, no ignoramos el rechazo

que manifestarán las familias de rentas elevadas que deberán pasar a contribuir significa-

tivamente en el coste directo del servicio docente universitario, así como la importante

transferencia de renta a favor de las familias más necesitadas que implica la política de

becas que se recoge en la propuesta. La consideración de los préstamos-renta, en el ámbito

de la política de ayudas al estudio, podría complementar las opciones de financiación para

la demanda universitaria que atendiendo a su mayor capacidad económica resulta total o

parcialmente excluida de los subsidios públicos.

La materialización de esta propuesta requiere de un periodo de tiempo que excede cla-

ramente al cortoplacismo con el que está actuando el actual Gobierno y, a la vez, demanda

una mayor implicación financiera pública para poder desarrollar el modelo de becas, que

NUESTRAPROPUESTA DEFINANCIACIÓNBUSCA MEJORAR LAEQUIDAD Y LAEFICIENCIA DELGASTOUNIVERSITARIOPÚBLICO Y PRIVADOA LA VEZ QUEESTIMULAR LARESPONSABILIDADSOCIAL DE LOSESTUDIANTES



podrá ser financiado únicamente en el medio plazo, gracias a

los ahorros presupuestarios que se generarán como conse-

cuencia de la mejora en los rendimientos académicos, la re-

ducción de los abandonos en y de los estudios universitarios,

y la disminución de las necesidades de personal —PDI y PAS—

para el desempeño docente motivado por el estrechamiento

en los índices de embolsamiento de las cohortes de nuevo in-

greso. Y, fundamentalmente, requiere un plan de acción que

ha de estar presidido por el consenso, la pedagogía y la trans-

parencia para con todos los agentes implicados en el sistema

de educación universitaria. Contexto y circunstancias que en

modo alguno podemos afirmar que hasta la fecha sean los re-

ferentes de la actuación del Gobierno Rajoy en materia de po-

lítica universitaria.

ESTA PROPUESTA DEFINANCIACIÓNREQUIERE UN PLAN DE

ACCIÓN QUE HA DE

ESTAR PRESIDIDO POR

EL CONSENSO, LA

PEDAGOGÍA Y LA

TRANSPARENCIA PARA

CON TODOS LOS

AGENTES IMPLICADOS

EN EL SISTEMA DE

EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA



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BIBLIOGRAFÍA

04


CRISIS FISCAL, FINANZAS UNIVERSITARIAS Y EQUIDAD … · 02.1. identificaciÓn econÓmica del alumno...

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