CRISIS DEL ESTADO DE

BIENESTAR Y TENDENCIAS ACTUALES

ESTADO DE BIENESTAR

La noción de "Estado del Bienestar" tiene su origen en el año 1945, como consecuencia de la experiencia traumática de la crisis generalizada producto de la Gran Depresión, que, generalmente, se considera que culminó en la Segunda Guerra Mundial.

T.H. Marshall define Estado del Bienestar como una combinación especial de la democracia, el bienestar social y el capitalismo.

De acuerdo a Claus Offe, es uno de los dos factores -junto a la existencia de partidos políticos masivos y en competencia- que hace posible la existencia del Capitalismo democrático o "Estado de Economía mixta“.

El modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el estado de bienestar, y que se desarrolla a partir de la II Guerra Mundial, otorga al estado una función interventora, que se podría concretar en dos ámbitos:  

                  1º) Política económica, por medio de la cual el estado se convierte en un

elemento dinamizador del sistema económico, cuyo objetivo prioritario es el mantenimiento de la actividad, impulsando la producción, orientando la política de gasto y de inversión, y corrigiendo los desajustes que se van produciendo. El estado adquiere la función de reactivar la economía, especialmente en los momentos en los que el crecimiento constante no está garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido el mercado.

2º) Política social, a fin de conseguir: a) una distribución de la renta, mediante la financiación de un amplio sistema de servicios sociales de carácter asistencial, y de nuevo sistema de seguridad social, articulado en torno a un principio de reparto, que ha ido sustituyendo al de los seguros privados; b) promover el pleno empleo, estableciendo una política de concertación social que garantice elevados salarios y otras ventajas laborales; y, c) posibilitar los recursos suficientes para fomentar el consumo interno y contribuir al mantenimiento de la productividad.

Ambas políticas, la económica y la social, requieren una política fiscal, basada en un sistema progresivo y personalizado, que permita generar recursos suficientes para financiar la política económica y social.

Luego de la crisis del petróleo (1973) que afectó a todo el sistema capitalista, se comenzó a debatir sobre las funciones que había llevado a cabo hasta entonces el Estado como garantia del funcionamiento del mismo sistema. Una de las principales críticas que nacían desde los sectores neoliberales era que, justamente el Estado, denominado en el periodo 1930 – 1970 como “Estado de Bienestar” o “estado Benefactor”, basado en las teorías económicas de Keynes, era el culpable de la crisis del momento y por lo tanto debía ser reformulado. Es decir, según los postulados neoliberales el Estado debía dejar de intervenir en la economía, no solo como controlador sino también como generador y distribuidor de riquezas, ya que estas últimas funciones hacían que el Estado elevara considerablemente su presupuesto dejando sin ganancias a las grandes empresas. De esta forma se ponía en lugar central, para la salida de la crisis, a la reducción de los gastos del Estado.

Las consecuencias no se hicieron esperar demasiado: aumento de la desocupación, despidos producidos por el propio Estado y por las empresas privadas, brusca disminución de las ventas debido a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, privatizaciones en todas las áreas, suspensión o cierre definitivo de servicios que cumplían funciones sociales (transportes, educación, salud, etc.).

Otra de las consecuencias que trajo aparejada el desmantelamiento del “Estado de Bienestar” y su papel regulador de la relaciones entre los empresarios privados y los trabajadores, fue la pérdida, por parte de los sindicatos, de su poder de negociación ante las medidas neoliberales y de la homogeneidad en sus reclamos.

El fuerte aumento del desempleo, el cierre de empresas y el deterioro de las condiciones de trabajo, presionaron a los que todavía conservaban su puesto, a aceptar nuevas condiciones de “flexibilidad” laboral. Estas “facilidades” brindadas a los particulares fueron aprovechadas para bajar costos laborales directamente con la disminución de salarios y de esta manera recuperar o mantener los niveles de ganancia.

La excusa era que el Estado era ineficiente, y que sus gastos generaban inflación. Para “corregir” estas deficiencias, se aplicaron ajustes de todo tipo, que los trabajadores, desmovilizados por el miedo a más pérdidas de empleos, no tuvieron más remedio que aceptar.

Al mismo tiempo, la “revolución tecnológica” de los ´70, había provocado una alta tecnificación de la industria, con la consecuente disminución de la mano de obra y la especialización de la misma. El desempleo aumentó el número de trabajadores marginales o informales, con trabajos temporales, artesanales o de servicios alternativos (transporte, seguridad, etc.).

Esta situación generó diferentes tipos de trabajadores (heterogeneidad de la clase trabajadora): por un lado unos muy especializados, trabajando en empresas con cierta estabilidad y con mayor capacitación; otros, trabajadores “flexibilizados”, con una gran inestabilidad laboral y otros directamente desocupados, marginados o caídos del sistema laboral. Evidentemente esto significó un quiebre en la unidad (homogeneidad) de la clase trabajadora y en los reclamos obreros.

Desde mediados del siglo XIX la forma de reclamar y protestar de las masas había sido canalizada principalmente por los partidos políticos y por los sindicatos.

Al terminar el siglo XX, nos encontramos con una profunda crisis de los partidos políticos tradicionales y por diversas razones se ha producido un debilitamiento de los sindicatos. Esta situación produjo nuevas formas y canales de participación para la demanda frente a situaciones injustas y de explotación. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), comenzaron a surgir y a reemplazar en algunas áreas a los partidos y al Estado: la defensa de los derechos humanos, de la mujer, del consumidor, de la ecología, de los homosexuales, etc. Grupos de damnificados por diferentes hechos (accidentes, cierres de bancos, desalojos, etc.) hicieron oír sus reclamos sin comprometerse con partidos ni con organismos de gobierno, sindicatos o instituciones religiosas.

El estado-nación en un contexto globalizado: el futuro de la sociedad del bienestar

El estado de bienestar está determinado por la problemática coyuntural que está afectando a los países desarrollados y al contexto mundial, y en particular por la globalización como condicionante estructural. Según Rodriguez Cabrero, el estado de bienestar ha sido históricamente un mecanismo institucional de regulación del capitalismo en su fase de expansión, pero, a finales de los setenta, comienza a ser considerado, por una parte, como un obstáculo para la globalización, pero por otra, sigue siendo un mecanismo compensador de los costes sociales. La globalización de la economía, ha supuesto, en primer lugar, el agotamiento del modelo keynesiano ante los profundos cambios producidos en el mercado mundial, y la aparición de movimientos especulativos y políticas competitivas a gran escala, que impiden el crecimiento económico constante, que había posibilitado el desarrollo y funcionamiento del estado de bienestar. En segundo lugar, la expansión de las nuevas tecnologías, que han acelerado la crisis del modelo, que han transformado los procesos productivos y sistemas distributivos, afectando al mundo del trabajo y a su organización. A esto hay que añadir los efectos de la desaparición del socialismo real, ocurrido tras la desintegración de la U.R.S.S. a finales de los años ochenta, que era un obstáculo a la mundialización de la economía y a la expansión del sistema capitalista. Pero esta globalización está produciendo una serie de contradicciones, que están afectando a las relaciones entre el norte y el sur -del enfrentamiento entre Este-Oeste se ha pasado al enfrentamiento entre los países ricos y países pobres-, y ha dado origen a una dualización social dentro de los mismos países desarrollados, al crear diferentes espacios de bienestar y provocar situaciones crónicas de exclusión social.        

El estado de bienestar futuro tendrá que dirigir su intervención hacia los riesgos fabricados, derivados de la situaciones de dominación que se mantienen sobre el Tercer Mundo, y cuyas repercusiones a largo plazo se desconocen y no pueden evaluarse adecuadamente. La explotación económica del Tercer Mundo ha beneficiado y ayudado, durante siglos, a la expansión económica de los paises desarrollados, a través del mantenimiento de unos precios baratos de las materias primas y de la mano de obra, lo que ha producido una situación de dominación y dependencia económica y tecnológica. Es urgente, por tanto, un replanteamiento de las actuaciones de los países industrializados respecto a los subdesarrollados. Los Programas de actuación, deben procurar un desarrollo alternativo, basado en políticas generativas y en el fomento de actividades ya existentes en el mismo lugar.

Asimismo deberán tenerse presente los nuevos riesgos sociales y económicos que aparecen en cada país, como consecuencia del envejecimiento de la población, y el consiguiente incremento de los gastos de protección social: pensiones, asistencia sanitaria, ayuda personalizada... y de los cambios producidos en el ciclo formativo y laboral de la población, y que afectan a los procesos educativos, que cada vez son más largos, a la incorporación a la actividad laboral, que se produce a una edad más tardía, y al adelantamiento de la edad de jubilación. Esto supone la disminución del período medio de actividad por persona, lo que en conjunto significa mayores gastos sociales y menos recursos fiscales para el estado. A ello, habría que añadir los nuevos riesgos que se están produciendo por el impacto de la mundialización en la economía nacional, es decir,  la repercusión que los procesos de globalización están teniendo en las economías de los países desarrollados, como consecuencia de la competitividad mundial, de los movimientos especulativos...     

Por otra parte, tampoco se pueden olvidar las nuevas desigualdades y cambios en la estructura social, derivados de: 1º)  el cambio que se ha producido en la estructura familiar, concretamente por la incorporación de la mujer a la actividad laboral y por las nuevas situaciones familiares, producidas por el aumento de divorcios y la aparición de otras formas de convivencia; 2º) las nuevas formas de desigualdad y de pobreza, asociadas a los procesos migratorios y sus problemas de integración, la extensión de familias mono parentales y a la descalificación profesional y exclusión social. 3º) las nuevas desigualdades por los cambios producidos en la estructura social, y los efectos del paro estructural, que está afectando especialmente a colectivos muy específicos: jóvenes y mayores de 45 años, con bajo nivel de cualificación. 4º) la dualización social que aparece como resultado de la extensión de la economía sumergida y, de los cambios en la organización del trabajo debido a la implantación tecnológica.

GRACIAS