Costa Rica en el siglo XX - Editorial Universidad de Costa ...
Costa Rica en El Siglo XX
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COSTA RICA EN EL SIGLO XX.
JOSE ANTONIO SALAS VÍQUEZ. (2008)
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INTRODUCCION.
El estudio y reflexión en torno a la historia de un país siempre deber tener como
referencia la comprensión de los problemas y situación del presente, pues esto permite
entender el por qué de esos problemas, valorar el camino recorrido en la superación de
obstáculos durante el pasado y aprender la experiencia para trazar nuevos y menos azarosos
rumbos hacia el futuro. Comprender la Historia de esta manera, nos lleva a visualizarla
como un proceso, un continuum, en el que se enmarcan las distintas experiencias de vida de
los habitantes de un país y no como un simple recuento de hechos y sucesos aislados que
sucedieron hacen muchos años y que poco o nada tienen que ver con nosotros y nuestras
vidas presentes y futuras.
Corresponde en esta oportunidad abocarnos al estudio de los cambios y
transformaciones vividos por la sociedad costarricense durante el siglo XX, lo que de
previo nos obliga a preguntarnos por los vínculos entre ellos y nuestra sociedad presente.
Hoy día sufrimos múltiples problemas y en la búsqueda de soluciones o formas de
enfrentarlos es frecuente que acudamos en primera instancia a las leyes como un medio
para defender y garantizar nuestros derechos de tipo político, laboral, social, etc. Pero,
¿sabemos como se han producido esas leyes, en qué contexto se dieron, por qué se dieron,
quién o por presión de quiénes se han dado, de dónde y cómo se toman los recursos
económicos para enfrentar muchas de las decisiones que emanan de ellas, a quienes
benefician y a quiénes dejan por fuera, cómo es que se han generado las condiciones para
que la ciudadanía obtenga y pueda reclamar mejores condiciones de vida? En pocas
palabras, ¿cómo es que la ciudadanía costarricense ha ganado espacios para obtener
mejores condiciones de vida y qué es lo que ha condicionado dichas conquistas y
posibilidades? La Historia Nacional, es así un asunto de todos y no de unos cuantos
hombres o personajes ilustres y célebres pues son los ciudadanos de un país los que
construyen y transforman su patria a través de sus acciones.
1. La herencia del siglo XIX y la fragilidad del modelo de desarrollo agroexportador.
¿Qué caracterizaba el modelo de desarrollo económico de Costa Rica a inicios del Siglo
XX?
¿Qué consecuencias traía ese modelo de desarrollo económico para la economía y
sociedad costarricense?
¿Cómo se organizó el Estado costarricense para responder a las particularidades y
demandas de ese modelo de desarrollo económico?
1 Este trabajo es una síntesis muy concreta elaborada a solicitud de la Editorial Santillana para tenerla como
referencia en la confección de manuales escolares para enseñanza media.
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Los temas a que haremos referencia para cumplir con los propósitos antes
mencionados tienen un vínculo estrecho con las particularidades de nuestro sistema
económico, la forma en que nos hemos integrado al mercado mundial, la organización del
trabajo y la producción, los problemas derivados de ellos, así como las luchas que los
trabajadores han tenido que dar para enfrentar algunas de esas dificultades. El panorama se
amplía cuando a esas particularidades agregamos las funciones que ha asumido el Estado,
sus formas de financiamiento para cumplir con los compromisos adquiridos con la sociedad
costarricense, la forma en que se ha organizado para atender esos compromisos, al igual
que la transformación que ha tenido que experimentar nuestro sistema político para dar
cabida a las demandas de una población cada vez más numerosa y enfrascada en distintos
problemas derivados, en su mayoría, de las vivencias generadas por el modelo de desarrollo
agroexportador que se impulsó a lo largo del siglo XIX.
Para facilitar la comprensión del tema es importante que recordemos, a manera de
recuento, algunas de las características que la economía y sociedad costarricense adquirió a
lo largo del siglo XIX y que en buena medida condicionaron los cambios que se
experimentaron durante la primera mitad del siglo XX.
El modelo de desarrollo económico impulsado durante el siglo XIX, fue el agro
exportador, fundamentado en la exportación de productos agropecuarios entre los que
destaca el café como el más importante, seguido por el banano, el cacao y la minería
entre otros.
Las actividades económicas giraron en torno a la caficultura la que se convirtió en la
principal vía para la acumulación de capital y para moldear las formas de vida,
organización y trabajo de la sociedad costarricense. Por eso puede decirse que el café se
constituyó en un elemento cohesionador de la sociedad.
Con el café se benefició un amplio grupo de la población: los campesinos que se
dedicaron a su cultivo, los beneficiadores que se dedicaron a su procesamiento y
comercialización, los transportistas que los llevaban en carretas hasta el puerto de
Puntarenas y los comerciantes de todo nivel que encontraron clientes con ingresos
suficientes para comprar sus mercancías.
Gracias al cultivo del café se promovió la colonización agrícola, las migraciones de la
parte central del país hacia el campo y la apropiación privada de las tierras baldías, lo
que dio origen a la ocupación efectiva del territorio nacional y a la aparición de una
gran cantidad de poblados por todos los rincones del país.
La escasa población del país, unida a los procesos migratorios provocados por la
colonización agrícola, provocaron que el cultivo del café fuera una tarea asumida por
las familias campesinas, mientras que el procesamiento (beneficiado) y
comercialización descansaba en manos de un reducido sector que se fue constituyendo
como una elite poderosa desde el punto de vista económico y político, la cual influía
notablemente en las acciones tomadas por los gobiernos del país para enfrentar el futuro
de la nación.
Estos procesos colonizadores hicieron que las distintas regiones encontraran espacios
para ir especializando su producción en determinado tipo de productos que eran
intercambiados entre ellas lo que favoreció el desarrollo del mercado interno y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos que
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encontraban tierras, oportunidades laborales y mercados que demandaban y compraban
sus productos.
El contacto comercial con las grandes metrópolis permitió que a nuestro país fluyeran
gran cantidad de mercancías las cuales podían ser consumidas por los pobladores
gracias a los ingresos generados por el cultivo y comercialización del café, lo que unido
al aumento de recursos financieros para el Estado, favoreció la construcción de obras de
infraestructura y por ende la mejora en las condiciones de vida de la población. A lo
anterior se unieron las mayores oportunidades para adquirir tierras en distintas partes
del país, aspectos todos que permiten afirmar que el cultivo del café propició la
existencia de mecanismos de movilidad social ascendente para la mayoría de las
personas.
La dinámica productiva predominante durante el siglo XIX permitió la formación de un
grupo poderoso económicamente que asumió el poder político, pero dentro de él se
notaban algunas diferencias que hicieron florecer algunas fracciones que, en su disputa
por el poder, generaban inestabilidad política retardando el desarrollo económico y las
posibilidades de integrar la economía local al mercado nacional bajo mejores
condiciones.
Los éxitos de la caficultura y de la colonización agrícola permitieron que en las distintas
regiones se formaran elites locales que basaban su poder en la posesión de tierras,
bienes de fortuna y en el prestigio que les daba su condición de pioneros exitosos y
emprendedores, aspecto que les abrió espacios para ocupar cargos políticos a nivel
local, orientar los proyectos de desarrollo regional y en muchos casos el mérito
suficiente para ascender a posiciones de poder nacionales, compartiendo espacios
políticos con los sectores dominantes. Por eso preferimos utilizar el término elites para
referirnos a todos estos grupos de poder, antes que oligarquía, un término muy usado en
el pasado, pero que hace referencia círculos muy cerrados constituidos por grupos de
familias o personas poderosas a los que difícilmente se podía tener acceso.
La caficultura y sus actividades conexas obligaron a los grupos en el poder a buscar
mejores formas de convivencia dictando leyes y codificaciones y creando instituciones
que expresaran los intereses de esos grupos como si fuera la voluntad del Estado. Por
eso la dinámica política durante aquellos años consistió en legitimar el acceso al poder
y garantizar su control, lo que llevó en muchos casos a golpes de estado y procesos
electorales excluyentes y de dudosa legalidad para que ciertos sectores de la elite
retuvieran el control político.
Ideológicamente, estos grupos políticos se identificaron con los principios del
liberalismo económico, asignándole al Estado tareas ordenadoras, promotoras,
protectoras y de mantenimiento del sistema económico, pero sin que se diera ninguna
intervención directa en asuntos propios de la economía. El liberalismo fue la filosofía
que guió las acciones del Estado durante todo el siglo XIX, aunque es necesario
destacar que después de 1870 este liberalismo se identifica más coherentemente con los
ideales de orden y progreso de corte positivista. Esto llevó a una revisión y
modernización de las acciones estatales tendientes a intensificar y diversificar las
actividades productivas con la ayuda del capital foráneo. Dicha acción fue iniciada por
el General Tomás Guardia, quien asumiendo el mando por la fuerza logró imponer los
compromisos modernizadores del estado por encima de los intereses particulares de los
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distintos grupos que conformaban la elite cafetalera y que competían por entre si por el
control del poder político.
Puede afirmarse entonces que a partir de 1870 Costa Rica experimenta un proceso de
modernización económica y política que inicia por la redefinición de las tareas del
Estado, acción que fue dirigida por un grupo intelectual, en su mayoría abogados, el
cual es conocido como generación del Olimpo. De esta forma se inicia un período de
nuestra historia marcado por la confección y confianza de múltiples y variadas leyes,
donde el Estado define las normas de convivencia social estableciendo normas que lo
identifican como mediador en los conflictos que se presentan al interior de la sociedad
civil. Muchos de los impulsores de estas leyes y codificaciones, como los licenciados
José Joaquín Rodríguez, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oreamuno y
Ascención Esquivel, llegaron a ocupar el cargo presidentes de la República a partir de
1890 y durante buena parte de la primera mitad del siglo XX.
El inicio de un nuevo orden, donde el Estado se impone sobre los intereses de
determinados sectores se expresó con el compromiso que se asumió para la
construcción del ferrocarril al Atlántico, la apertura y generación de condiciones
favorables para el ingreso del capital extranjero, así como el desarrollo de nuevas
actividades productivas para la exportación, tales como el banano, el cacao y la
minería. Dicho capital también estuvo presente en las actividades comerciales, y en el
campo de los servicios, pero sin llegar a competir ni a modificar las formas de
producir, procesar y comercializar el café.
Como parte de la modernización y generación de condiciones para el crecimiento
económico se hizo una importante reforma jurídica (labor codificadora) que tocó el
campo de lo civil, comercial, fiscal, penal, procesal, de funcionamiento del poder
judicial con las cuales se fijan las reglas del juego para el funcionamiento de la sociedad
en medio de una nueva etapa de desarrollo para la economía privada. Estas acciones se
hicieron acompañar de una reforma en el sistema educativo que garantizaba la plena
intervención del Estado en la orientación y regulación de esta actividad, así como la
separación de los intereses de la Iglesia Católica en los asuntos de la política.
Las preocupaciones legalistas y la necesidad de legitimar el acceso al poder, provocaron
modificaciones importantes en la dinámica política, sobre todo después de 1890. A
partir de esa fecha los gobernantes del país fueron civiles y no militares y aunque los
procesos electorales eran bastante irregulares y manipulados se hicieron importantes
esfuerzos para ir mejorando el funcionamiento del sistema democrático costarricense.
Los votos empezaron a ser importantes y para ganarlos el Estado y los gobernantes se
comprometieron con una ardua campaña de construcción de obras públicas: escuelas,
caminos, puentes, edificios públicos, pavimentación de calles, cañerías; acciones que
dieron paso a la aparición de los gamonales, las visitas de candidatos a las localidades,
las plazas públicas, etc. De este modo la labor del gobernante se media por sus obras y
respuesta a los compromisos con el pueblo. Por esta razón, también se hicieron
esfuerzos por mejorar el respeto de la voluntad popular, tal y como sucedió con el
establecimiento del voto directo aplicado por primera vez en las elecciones de 1913.
A pesar de las oportunidades que abrió el café y la modernización del desarrollo
capitalista que se incentivó después de 1870, la liberalidad con que se manejaron las
cosas provocó muchos abusos y problemas derivados de ellos. Un ejemplo de ello fue la
preocupación por volver productivas las tierras del país, razón por la que los baldíos
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nacionales se vendieron o donaron en grandes cantidades, lo que dio paso a procesos de
acaparamiento de tierras y especulación con su posterior venta. Este aspecto no fue un
problema grave al inicio, pues la población del país era poca, la tierra abundante y el
campesino se acostumbró a estar migrando buscando nuevas tierras en los distintos
frentes de colonización. Pero con la presencia de capitalistas extranjeros y las
posibilidades que tuvieron para adquirir grandes proporciones de tierras, así como con
las inversiones que hicieron algunos nacionales para volver productivos algunos
terrenos que antes tenían incultos, las posibilidades de adquirir tierra se volvieron cada
vez más limitadas. A esta situación se sumaban los altibajos en los precios de los
productos exportables, lo que vino a afectar duramente la economía campesina.
Por las condiciones mencionadas, desde las últimas décadas del siglo XIX, los
trabajadores del agro vieron reducidas sus posibilidades de ascenso social, lo que
generó ocupaciones forzosas de tierras, migraciones a la ciudad en busca de mejores
condiciones de vida y por ende el aumento de la problemática social en los centros
urbanos: escasez de vivienda, altos alquileres, bajos salarios, problemas de salubridad,
alcoholismo, delincuencia, etc. Dichos problemas aumentaban con las pésimas
condiciones laborales sufridas por los trabajadores de las empresas vinculadas al capital
extranjero, las cuales operaban bajo otras reglas de explotación y trato a la mano de
obra, muy diferente a las del trabajador vinculado a la actividad cafetalera. El desarrollo
del capitalismo agrario, así como generó una mayor relación con el mercado mundial ,
provocó una serie de problemas sociales que en el contexto político de la época
obligaron al Estado a intervenir para atender las demandas sociales, pero sin afectar a
fondo el modelo económico y las formas de producción imperantes a inicios del siglo
XX.
Para cumplir con sus funciones, tareas y compromisos el Estado necesitaba mantener
sus ingresos estables y en crecimiento. Dichos entradas, llamadas ingresos fiscales, eran
producto de recaudación de impuestos indirectos, es decir pagados por todos, sin afectar
la posesión de bienes de fortuna como la tierra, la acumulación de dinero o las
ganancias generadas por los negocios. De este modo las rentas del Estado provenían, en
su mayor parte, del cobro de tributos por la importación de mercancías, así como por las
exportaciones del café, del banano que empezó a pagar impuestos a partir de 1910 y el
monopolio de los licores. No obstante, dependiendo de las fluctuaciones de precios en
los mercados internacionales por la compra de los productos agrícolas nacionales, los
impuestos a la exportación sufrían variaciones para ayudar a compensar las pérdidas a
que se exponían los productores. Este fue el caso de una dura crisis que se presentó a
finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando a raíz de un drástico descenso en los
precios del café, los productores se vieron duramente afectados, bajaron las
importaciones, descendió el consumo y disminuyó el empleo, todo lo cual repercutió en
un descenso de los ingresos del Estado (déficit fiscal) lo cual lo puso en grandes apuros
para atender sus compromisos como el pago de deuda externa y los empleados públicos,
así como la construcción de obras de infraestructura.
De este modo, el modelo de desarrollo agroexportador y la forma como Costa Rica se
incorporó en el proceso de división internacional del trabajo, se mostraba
excesivamente vulnerable. Los altibajos en el mercado mundial repercutían
enormemente en todos los sectores de la sociedad, quienes en carne propia sentían
como se desvalorizaba su trabajo, producción, posibilidades de consumo y en general
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sus condiciones de vida, mientras que el Estado veía disminuidas sus posibilidades de
atender con eficiencia las demandas de la población ante la escasez de recursos
económicos.
2. La primera Guerra Mundial y los intentos para modificar la acción del Estado en
el campo económico.
¿Cuál fue el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en la economía y sociedad
costarricense.
¿Cómo enfrentó el gobierno de Alfredo González Flores las repercusiones económicas
y sociales generadas por la Primera Guerra Mundial en le economía y sociedad
costarricense?
¿Cuál fue el costo político de la adopción de estas medidas?
Como parte del proceso de apertura democrática impulsada por los liberales, en 1913 se
aprobó que las elecciones debieran realizarse por medio de procesos donde se aplicara el
voto directo y público. Para esas fechas, se acercaba el período donde había que elegir un
sucesor para el presidente de entonces el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno (1910-1914),
principal impulsor de este cambio electoral. Desafortunadamente, ninguno de los aspirantes
obtuvo la mayoría necesaria para ser electo, razón por la que, de acuerdo a la ley de
elecciones, la decisión debía ser tomada por el Congreso. En medio de confrontaciones y
pactos políticos entre los aspirantes presidenciales, el Congreso optó por nombrar como
primer designado a la presidencia (cargo similar al de vicepresidente), al diputado
Alfredo González Flores, el cual no había sido candidato presidencial, pero que pertenecía
a la línea del partido Republicano. Ante las componendas entre los diputados, los
candidatos presidenciales con opción a ser electos renunciaron, razón por la que González
Flores ascendió a la presidencia de la República a partir de 1914, sin haber contado con el
apoyo popular ni tener una plataforma política consolidada.
Su ascenso a la presidencia coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial,
conflicto que afectó el comercio exterior de Costa Rica y en consecuencia la principal
fuente de ingresos del gobierno, los impuestos de aduanas. Las exportaciones descendieron,
pero el impacto más grande se sintió a nivel de importaciones las cuales bajaron un cerca de
un 75 %, pasando de 10 millones de colones en 1913 a 5 millones en 1915, lo cual se
tradujo en una crisis fiscal, cuyo mayor impacto se sintió a partir de ese año. El problema se
agravó porque el Estado tenía que seguir haciendo los pagos de la deuda externa y ante la
disminución de importaciones los precios de los artículos traídos del exterior, como los
textiles y algunos alimentos, aumentaron considerablemente dando paso al acaparamiento y
la especulación. Esto ocasionó la protesta de los sectores populares y la mayor presión de
los sindicatos obreros que ya estaban más consolidados, lo que unido al problema fiscal
obligó al gobierno de González Flores a construir medidas para enfrentar esta crisis y
prevenir problemas similares en el futuro.
Las salidas que se buscaron tendieron a promover el ahorro y aumentar los ingresos
del Estado. Así, se buscó un mayor control de la circulación y respaldo monetario, el
ordenamiento del crédito, una reforma bancaria y tributaria, la protección de las riquezas
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naturales del país, ampliar la oferta de productos para vender en el exterior. Igualmente se
incentivar la construcción de obras de infraestructura como una forma de generar empleo y
evitar el descenso de los salarios en otros sectores, pues había sido frecuente que en
situaciones de crisis, los sectores del capital tendieran a trasladar sus costos a los
trabajadores bajándole los salarios. A ello se sumó un mayor orden y control en los gastos
del Estado, creándose instituciones como la Pagaduría Nacional, para cumplir con ese fin.
Siendo la crisis fiscal el principal problema a atender, las medidas más destacadas
de esta administración estuvieron en el plano económico donde, contrario a los que había
sucedido en años anteriores, el Estado empezó a tener una mayor intervención en los
asuntos económicos. De esta manera se decretó una devaluación gradual de la moneda para
hacerla coincidir con la realidad económica del momento, pasando de 2,12 colones por
dólar en 1913 a 4,47 colones en 1918, lo cual aumentó el monto a pagar en colones por la
deuda externa y los precios de los artículos importados mientras que los salarios perdían su
poder adquisitivo. Por otro lado, los bancos privados habían reducido los créditos para los
productores y comerciantes y el Estado no tenía dónde acudir para resolver su faltantes
presupuestarios, razón por la que se decidió intervenir el negocio bancario fundando en
Banco Internacional de Costa Rica como una institución autónoma, propiedad del Estado,
administrada por particulares pero supervisada por el Poder Ejecutivo.
Como arte de sus funciones este banco estaba autorizado para emitir cierta cantidad
de dinero respaldado con bonos del Estado y un empréstito inglés. La mitad del dinero
emitido se concedió en préstamo al Estado para ayudarse a resolver y la otra mitad se
dedicó a otorgar crédito a al público, en especial a los agricultores y algunos sectores del
comercio. De este último fondo, se destinó una parte para financiar las Juntas de Crédito
Agrícola que se establecieron como una dependencia del banco, para otorgar crédito a los
pequeños agricultores del campo. Los buenos resultados de la creación de esta institución
bancaria estatal se sintieron pronto pues se aumentó la emisión y circulación de moneda,
ofreció crédito a bajo interés y con el crédito aportado los productores agrícolas se logró un
ascenso en la producción de maíz, frijoles, verduras y otros productos. No obstante, los
dueños de los bancos privados vieron en esta acción una competencia e intromisión del
Estado en el negocio que durante muchos años habían conducido a su antojo.
Sin embargo, el problema de la crisis era más profundo y se buscó solucionarlo
buscando ingresos sanos para el Estado, razón por la que se impulsó una reforma tributaria
en la que se pretendía que "el rico contribuyera como rico y el pobre como pobre." De
acuerdo a esta reforma se introducía un sistema de impuestos donde los propietarios de
tierra y de negocios que generaran ganancias debían tributar en correspondencia a lo que
poseían y ganaban. Es decir que además de los impuestos indirectos que se pagaban antes
se introducía un nuevo ingreso al Estado, producto de los impuestos directos a los bienes de
fortuna. De esta forma, en 1916 se aprobó la ley del catastro para llevar un registro de las
propiedades privadas existentes en el país, su extensión y propietarios. Esta disposición se
hizo acompañar de una ley general de impuestos directos que establecía una contribución
de acuerdo al tamaño de las propiedades privadas y un gravamen adicional para la tierra
inculta, ingresos que se invertirían en la construcción y reparación de caminos. A este
impuesto se sumó el gravamen a las rentas superiores a los 1200 colones anuales, el cual
iba a las arcas del Estado. Complementariamente se estableció un impuesto a la producción
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de cerveza y la obligación de los bancos privados a contribuir con el 1 % de sus utilidades
netas.
Tales disposiciones chocaron de inmediato con los intereses del sector bancario, de
los productores y comerciantes que devengaban importantes ganancias y por supuesto de
los terratenientes, entre los cuales estaba la compañía bananera, que por esa época tenía una
importante extensión de tierras incultas como reserva para sus actividades o por abandono
debido a la proliferación de las enfermedades que afectaban sus plantaciones. El malestar
también se sentía en los sectores populares que sintieron disminuido el poder adquisitivo de
sus salarios, mientras que debía enfrentar el alza en los precios de los productos, la escasez
y la especulación, aspectos que se aglutinaron para que los sectores del capital se
organizaran y dieran un golpe de Estado en 1917 capitaneado por el propio Ministro de
Guerra Federico Tinoco Granados.
Del total de reformas impulsadas por González Flores solo el Banco Internacional y
las Juntas Crédito Agrícola se lograron institucionalizar, pues el golpe de Estado impidió
que se pusiera en práctica la reforma tributaria. De esta forma se frustró el intento de
introducir cambios profundos en la tradicional forma de acción estatal y de fortalecer el
sistema democrático a través de una mayor justicia tributaria. No obstante, la labor de
González Flores hay que visualizarla como la un reformista liberal que con sus
disposiciones pretendía contribuir a solucionar el problema fiscal del Estado sin alterar las
estructuras productivas que daban sustento al modelo agroexportador y al desarrollo
capitalista de Costa Rica.
3. El régimen del General Federico Tinoco Granados. 1917-1919.
¿Cómo fue que el General Federico Tinoco llegó al poder?
¿Quiénes lo apoyaron y por qué perdió el respaldo que se le había dado inicialmente?
¿ Cuáles son las características de su gestión gubernativa?
Federico Tinoco Granados llegó al poder gracias a un golpe de Estado impulsado
por los sectores económicamente poderosos como los banqueros y financistas quienes
habían visto roto su control del crédito y emisión de moneda. También fue apoyado por las
empresas de seguros extranjeras, los terratenientes, la compañía bananera, la Costa Rica Oil
Company y muchos políticos nacionales que no compartían el modelo de intervención
estatal y de reforma tributaria impulsado por González Flores. Los sectores populares
también creyeron que el cambio de gobierno podría mejorar la atención los problemas que
los aquejaban como producto de la crisis generada por el contexto de guerra mundial.
Tinoco se presentaba como el gran salvador en medio de una crisis económica y
fiscal que había acentuado los problemas sociales. Su imagen era la del militar, el
representante del ejército, que con su poder se comprometía a restablecer el orden y
retornar a tiempos a los tiempos de cama que habían sido alterados por la reforma
tributaria, a la cual se le atribuía ser una causante más de la crisis. Siendo su gobierno
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producto de un golpe de Estado, actuó de forma autoritaria y empleó la represión política
para acallara a sus enemigos y críticos. A los pocos meses de asumir el poder convocó a
elecciones siendo el único candidato a escala nacional, razón por la que ganó sin mayores
obstáculos. En dichas elecciones también se nombró una Asamblea Constituyente, la cual
redactó una nueva Carta Magna en 1917. En dicha labor participaron los expresidentes
Bernardo Soto, Cleto González Víquez, Ascensión Esquivel, Rafael Yglesias y Carlos
Durán, junto con otros allegados de Tinoco.
Entre varios de los aspectos que caracterizan esa Carta Magna, está la eliminación
del voto directo, lo cual venía a favorecer los intereses los grupos dominantes, ampliaba el
período presidencial a seis años y dividía el poder legislativo en dos cámaras: diputados y
senadores. Igualmente establecía como tarea prioritaria del Estado el fomento de la
enseñanza primaria y secundaria, así como su obligación por velar por el bienestar de los
trabajadores para lo cual se empezó a trabajar en la confección de un Código de trabajo.
Sin embargo, este gobierno debió enfrentar una serie de obstáculos derivados de la
negativa de reconocimiento por parte de los Estados Unidos, actitud que influyó para que
los gobiernos de otros países se negaran a aceptar como legítima a esta administración
presidencial, aspecto que deterioró las relaciones diplomáticas e incidió negativamente en
la actividad comercial. Incluso países vecinos como Nicaragua y Panamá, prestaron sus
territorios para que se gestaran movimientos políticos en contra del régimen tinoquista.
En medio de tales circunstancias, la situación de crisis económica y fiscal no se
había superado, a lo que se unieron las restricciones del crédito internacional y la
prohibición de gobiernos como el de Estados Unidos para que sus ciudadanos realizaran
inversiones en Costa Rica. A pesar de ello Minor C. Keith y la United Fruit Co le ofreció su
colaboración para el transporte de mercancías hacia los Estados Unidos. Pero estas ayudas
no fueron suficientes para enfrentar los problemas económicos, razón por la que Tinoco
elaboró un plan para mejorar las finanzas públicas haciendo emisiones de bonos y
estableciendo un impuesto para la exportación del café, lo que le valió la pérdida de apoyo
por parte de los cafetaleros.
Por su parte los acreedores internacionales reclamaron el pago de los intereses
atrasados la deuda externa y ante la presión que ejercieron Tinoco entregó las reservas de
oro del Banco Internacional de Costa Rica, lo que provocó la renuncia de los miembros de
la junta directiva de dicha entidad. Esto generó la inmediata devaluación del colón, se
detuvo la acuñación de monedas generando la consecuente disminución de circulante y ante
la escasez de dinero el gobierno no pudo aumentar los salarios que ante la devaluación se
vieron notablemente disminuidos. A ello se sumó la falta de dinero para pagar a los
servidores públicos, mientras que los movimientos de protesta al interior del país se hacía
sentir cada vez con mayor fuerza. Dichos tumultos lo llevaron a fortalecer el poder militar,
el cual consumió buena parte de los exhaustos ingresos del Estado.
El aumento del descontento fue atendido con represión y violencia, el aumento de
los presos políticos, la persecución, los exilios forzados y el irrespeto a la libertad de prensa
lo que a la larga motivo una serie de protestas y levantamientos dirigidos por sectores que
adversaban al gobierno el cual terminó por caer en agosto de 1919. Cabe destacar aquí la
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participación de Carmen Lyra como una de las principales dirigentes de los movimientos
populares, así como el levantamiento dirigido por don Julio Acosta García, antiguo
ministro de González Flores, quien después de muchos tropiezos logró organizar un
levantamiento armado que incursionó desde Nicaragua. Todos estos acontecimientos
unidos a la presencia de buques de guerra y soldados norteamericanos en la costa Atlántica
y Pacífica del país incidieron para que Federico Tinoco planteara su renuncia y su salida
hacia Europa, luego que su hermano y ministro de guerra, fuera asesinado.
Con la caída de Tinoco, se restableció la constitución de 1871 y se convocaron a
elecciones, resultando electo don Julio Acosta García, con quien se inicia el
restablecimiento del orden liberal, después de haber sido cuestionado por si incapacidad de
respuesta ante las circunstancias vinculadas a la Primera Guerra Mundial.
4. El restablecimiento del orden liberal: las nuevas condiciones.
¿Bajo qué circunstancias se logró restablecer el orden económico y político liberal?
¿Qué problemas tuvieron que enfrentar los gobiernos que se instauran después de 1920?
¿Se lograron superar las debilidades del modelo de desarrollo agroexportador una vez
superadas las dificultades que generó la Primera Guerra Mundial?
Don Julio Acosta asumió el mando en 1920 por un período de cuatro años teniendo que
enfrentar como primera dificultad los intereses del bando ganador por sacar provecho de la
caída de Tinoco. Para ello se amparaban en una ley de nulidades que dejaba sin efecto las
acciones ejecutadas por el gobierno anterior y en la ley de recompensas con la que
pretendían obtener algún tipo de compensación por haber combatido el régimen. Tales
demandas, que podían resultar sumamente costosas para el Estado, chocaron con la actitud
negociadora, de perdón, olvido y amnistía que trataba de impulsar el nuevo gobernante,
aspecto que le generó roces con el Congreso, razón por la que buscó apoyo en los políticos
liberales tradicionales para terminar distanciándose de sus compañeros de armas.
Las circunstancias del momento también fueron propicias para el restablecimiento
del orden liberal, pues el fin de la guerra mundial coincidió con un aumento de precios y
crecimiento de las exportaciones, así como de las importaciones, en su mayoría de
artículos suntuarios, los cuales empezaron a proliferar gracias a las bondades de crédito que
ofrecían los fabricantes como un medio para aumentar el consumo. Esto indudablemente
mejoraba los ingresos del Estado, lo que unido a la mayor presencia del capital
norteamericano que había desplazado al europeo después de la guerra, hizo pensar que los
tiempos de crisis no se presentarían otra vez y que de hacerlo el sistema económico tenía
sus propios medios para defenderse y recuperase, sin necesidad de más cambios o
intervención estatal. Así, don Ricardo Jiménez, quien de nuevo llegó a la presidencia en
1924, refiriéndose a la prosperidad experimentada, decía
"Los principales factores del fenómeno son la generosidad de la naturaleza... la
consagración del pueblo a sus faenas del trabajo, la paz política de que disfrutamos y las
buenísimas ventas en el exterior de café y cacao."
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Tales ingresos y la posibilidad de comprar la más amplia variedad de productos
desalentaron los intentos de industrialización en el país, aunque éstos se habían iniciado en
otras partes de Latinoamérica por el duro golpe de la Guerra Mundial. Costa Rica en
cambio seguía apostándole a la agricultura y al comercio exportador e importador como la
base de su riqueza desalentando y comprimiendo el consumo de artículos artesanales
locales. No obstante lo frágil de esas condiciones económicas, se pudo estabilizar el tipo de
cambio en 4 colones por dólar durante toda la década y se tomaron medidas para controlar
el gasto público creándose la Contraloría lo que implicó la confección de presupuestos
estatales más precisos. Igualmente se puso fin al desorden en la emisión de monedas,
asignándole esta tarea en forma exclusiva al Banco Internacional de Costa Rica.
De este modo puede afirmarse que la década de 1920 fue para Costa Rica un
período de prosperidad económica pero que tenía bases ficticias en la medida que se apoyó
en la mayor demanda y aumento de precios del café como producto tradicional de
exportación, de mayor ingreso de capital producto de las inversiones que hacían los
extranjeros para fomentar el crédito y el consumo de productos suntuarios que se
importaban del exterior. Con ese dinero se capitalizaban los bancos para obtener más
moneda, aumentar el circulante y ofrecer créditos. Pero lo cierto es que la mayor parte de
ese dinero no era fruto de la riqueza nacional y fue utilizado para aumentar las
importaciones. De este modo entre 1924 y 1927 las exportaciones crecieron cerca de un 6
%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 67 %.
El resultado fue una balanza comercial positiva que fortaleció los ingresos del
Estado, produjo ganancias para el sector bancario y comercial, aumentó las posibilidades de
consumo, pero a la vez provocó el endeudamiento de muchas personas que buscaron en el
crédito hipotecario una forma de ampliar sus negocios en agricultura y comercio. El modelo
económico de desarrollo quedó a merced del mercado, sin intervención ni control estatal y
orientado a fortalecer la economía agroexportadora con el café como si pilar fundamental.
Las masas trabajadoras, más organizadas y amparadas en sindicatos consolidados
contaron con el apoyo de algunas opciones partidarias reformistas durante esta época. Es el
caso del Partido Reformista capitaneado por don Jorge Volio y fundado en 1923 el cual
tenía un programa de trabajo que tenía como eje atender las necesidades de los sectores
tradicionalmente menos favorecidos en el país. El desarrollo de la educación, la
organización sindical y su participación en los asuntos políticos como la caída de Tinoco,
fortaleció el movimiento obrero y lo llevó a expresarse públicamente para que se atendieran
sus demandas. Las huelgas fueron cada vez más frecuentes y así entre 1927 y 1928 se
dieron 70 movimientos huelguísticos, se fundaron 15 sindicatos nuevos y se presentaron 10
conflictos por problemas de tierras. Ante tales circunstancias y dados los buenos ingresos
que tenía el país, el Estado, controlado por los liberales, intervino en calidad de mediador,
en la solución de algunos de esos conflictos resolviendo, la mayoría de las veces a favor de
los trabajadores. De este modo se atenuaba el conflicto social y combatía a los adversarios
políticos para garantizar la calma social que se requería para que el modelo agroexportador
siguiera operando.
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Sin embargo esta estabilidad no podía ser duradera y un nuevo revés económico
habría de alterar este orden. Nos referimos a la crisis económica mundial de 1930.
5. La economía y sociedad costarricense y la depresión económica mundial de 1930.
¿De qué forma la depresión mundial de 1930 afectó a la economía y sociedad
costarricense?
¿Qué acciones tomó el Estado para enfrentar la crisis en Costa Rica?
¿Hasta donde la experiencia de la crisis de los años 30 varió las características del
modelo de desarrollo agroexportador?
Una de las características del capitalismo internacional es que no es estático y que en su
desarrollo experimenta una serie de movimientos conocidos como ciclos. Así a un período
de ascenso o progreso en la economía le llega un momento donde no se crece más y
entonces se inicia una crisis que va seguida por un descenso en el crecimiento el cual
también es llamado depresión. Es aquí donde se toman medidas correctivas para intentar
recuperar la prosperidad y volver a las situaciones de crecimiento económico. Dependiendo
de las circunstancias estos distintos momentos pueden durar varios años.
Crisis
Crecimiento o «-Depresión
Prosperidad -»
Cuando un país como Costa Rica, está estrechamente vinculado a estructuras
económicas internacionales, sufre las consecuencias de los ciclos de crecimiento, crisis y
depresión que éstas experimentan. En el caso que nos toca analizar, se tiene que Costa Rica
se encontraba estrechamente vinculada al mercado internacional a través de las
exportaciones de sus productos agrícolas, en especial café, la importación de toda clase de
artículos y el crédito con el que se financiaba el consumo, características que se habían
acentuado durante la década de los veinte, impulsadas por un ciclo de prosperidad que
experimentaba el mercado mundial.
En momentos de crisis y para buscar salir de ellas se procura gastar lo menos
posible y comprar lo necesario a precios los precios más bajos, buscando los proveedores
que ofrezcan las mejores condiciones de venta. En 1929 se produjo la quiebra de la Bolsa
de Valores de Nueva York, debido a la sobreproducción de mercancías, la especulación
financiera, la aplicación de barreras proteccionistas a los productos agrícolas impuestas por
Europa y el descenso en el consumo de artículos industriales. Esta situación generó un gran
caos a nivel económico mundial, pues fue necesario aplicar mecanismos muy estrictos para
intentar los índices de crecimiento.
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Costa Rica se vio directamente vinculada en el fenómeno a raíz del descenso brusco
en los precios del café, el cual pasó de $0,41 por kilo en 1931 a $0,27 en 1932, año a partir
del cual la crisis golpeó más duramente a nuestro vulnerable sistema económico. En medio
de tales circunstancias los depósitos bancarios disminuyeron lo que implicó una reducción
drástica en el crédito y la presión de los bancos para que los deudores pagaran sus
préstamos o de lo contrario rematarían sus propiedades. Por otro lado, los países
proveedores de artículos importados, disminuyeron su producción y dejaron de otorgar el
crédito que antes daban para fomentar el consumo. De este modo, dichos artículos
empezaron a escasear y a subir de precio, lo que de inmediato repercute en el Estado pues
disminuyeron drásticamente los ingresos de aduanas. Estos pasaron de 23.5 millones de
colones en 1929 a 10.9 millones de colones en 1932, iniciándose por tanto una nueva crisis
fiscal.
Los gobiernos de la época, a saber el de Cleto González Víquez (1928-1932) y el de
Ricardo Jiménez (1934-1936) interpretaron que la crisis era un problema coyuntural y que
gran parte de los problemas que se experimentaban internamente eran fruto de una mala
administración pública. De esta forma excluían al modelo de desarrollo agroexportador
como parte de la crisis y centraron en las reformas administrativas las respuestas para
enfrentar la crisis y depresión de los años siguientes.
Una de las acciones momentáneas fue impulsar la producción y ventas de café,
aunque fuera a precios bajos, sin discutir que con ello se estaba desvalorizando el trabajo
nacional . Así, de la cosecha de 1929-30 se vendieron 23.6 millones de kilos por un monto
que superaba los $10.4 millones, mientras que en la de 1932-33 se vendieron 27.8 millones
de kilos por una suma que apenas cercana a los $7.9 millones. La producción bananera,
había empezado a para un impuesto de exportación de $0.01 por racimo exportado desde
1910, pero debido a las enfermedades la producción de banano descendió a partir de 1913.
Como parte de la estrategia de la compañía para disminuir pérdidas, la producción de
banano en un 75 % estaba en manos de nacionales, así que cuando bajaron las ventas por la
crisis éstos fueron los más perjudicados, además de que se les disminuyó el precio que se
pagaba por racimo.
La situación social resultante fue atroz. Hubo despidos en el comercio, quiebra de
negocios, reducción de salarios, aumento de impuestos, bajaron las ventas y precios
internacionales de cacao y caña de azúcar, aspectos todos que motivaron la queja y protesta
social. Desempleo, problemas con la educación, vivienda y salud pública hicieron que esta
crisis se expresara como una de las más grandes experimentadas por la sociedad
costarricense.
La actitud de los gobiernos fue la de sostener el modelo agroexportador y tratar de
que los menos perjudicados con las medidas fueran los cafetaleros. De ahí que las medidas
para enfrentar la crisis fueran muy tímidas: solicitar a los bancos detener los remates de
fincas hasta que se superara la situación de crisis, subir el impuesto a los productos
importados como un medio de evitar la salida de divisas y fomentar el ahorro, legislar para
el establecimiento de colonias agrícolas en las que pudieran ubicarse los desocupados y
evitar un descenso abrupto de salarios utilizando el poco ahorro nacional en la construcción
de obras públicas como un medio de generar empleo y competencia laboral.
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Desde el punto de vista fiscal, se nota una intervención estatal más drástica a partir
de 1932, cuando se establece la Junta de Control de Cambios y exportación de productos
que tenía como función otorgar los permisos exportación y regular el flujo de oro y dólares.
Esto se hacía para atender el problema de la escasez de divisas y evitar la circulación de
colones que no tuvieran el debido respaldo en dólares, tal y como había sucedido años
antes. De este modo, si los importadores querían comprar en el exterior, debían recibir la
autorización y abastecerse de dólares en esta Junta, la cual también recibía el dinero de las
exportaciones y lo cancelaba en colones a los exportadores. Sin embargo, las regulaciones
de la Junta de Control fueron insuficientes y a su lado operaba el mercado negro de dólares,
razón por la que ante su fracaso se acordó que a partir de 1935 el precio de dicha moneda
quedaba dependiendo del juego de la oferta y la demanda.
Esta decisión tuvo profundas consecuencias ya que las divisas que ingresaban eran
insuficientes para hacer los pagos de la deuda externa y mantener el tipo de cambio, el cual
debió ser ajustado, pasando de 4,55 colones por dólar en 1935 a 6,16 en 1936, situación
que no sólo acrecentó la deuda externa, sino también la de aquellas personas que habían
contraído deudas en el exterior como un medio de dinamizar sus comercios o empresas. El
Estado también fue presa de los acuerdos del momento, pues en su afán de mantener divisas
en el país había negociado no para la deuda externa ni sus intereses, hasta que se hubiese
superado la crisis, lo que de hecho aumento sus compromisos financieros a futuro.
Al lado de estas medias la protesta social se hacía sentir cada vez con mayor fuerza,
razón por la que en 1933 se creó el Consejo de Obreros y Patronos para establecer el salario
mínimo de los trabajadores de fincas, talleres y empresas. De esta manera se fijaron salarios
mínimos para los trabajadores del campo en 0,25 colones la hora en fincas de café, caña de
azúcar y tabaco y en 0,50 colones en las plantaciones bananeras y cacaoteras.
A estos problemas se sumaron las protestas de los productores de café quienes desde
años atrás venían quejándose porque los beneficiadores fijaban los precios unilateralmente
y en esos momentos de crisis les estaban trasladando los costos por lo que consideraban que
recibían un trato injusto. Fue así como en 1932 se creó el Instituto de Defensa del Café
integrado por representantes de los beneficiadores, productores y del Estado, quien de esta
forma entró a mediar en el conflicto. Dicho instituto fue el encargado de fijar los precios
mínimos que anualmente debían pagarse a los productores por fanega de café entregada al
beneficiador.
El resultado de tales acciones fue el saneamiento fiscal, se mantuvo la balanza
comercial favorable y se fortaleció la caficultura, medidas que coinciden con un nuevo
ciclo de recuperación económica a nivel mundial a partir de 1935. Aunque los precios del
café siguieron bajos, el mayor volumen de ventas aumentó los ingresos; las importaciones
crecieron de nuevo y con ello aumentaron los ingresos fiscales, gracias a los cuales el
Estado pudo fortalecer su campaña de construcción de obras de infraestructura y generación
de empleo, labor en la que destaca la administración de don León Cortes, mejor conocida
con la de la "varilla y el cemento". Con la mejora en los ingresos del Estado se decretó el
fin de la moratoria y se reiniciaron los pagos de la deuda externa, mientras que los deudores
de los bancos volvieron a cancelar sus cuotas a los acreedores.
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6. Las reformas bancarias de 1936.
¿Con qué intención se dieron las reformas bancarias de 1936?
¿Qué fue lo que se reformó?
¿Cómo reaccionaron los sectores de la banca privada ante dichas reformas?
En un intento para mejorar la estructura económica y evitar problemas como los
experimentados en años anteriores, la administración de don León Cortés decidió fundar el
Departamento de Investigaciones Económicas cuya función sería estudiar la situación
nacional y sugerir las acciones del caso para atender las dificultades que se presentaran.
Para dirigirlo contrató al experto chileno Herman Max quien hizo una propuesta tendiente a
controlar el funcionamiento de la banca privada, su integración en un sistema nacional, la
promulgación de una ley de la moneda, una reforma a la fracasada Junta de Control de
Cambios y Exportación de Productos, así como mecanismos para la fijación de intereses
bancarios. Su propuesta fue adversada por la banca privada quien se oponía a la
intervención del Estado en su negocio. No obstante, el Congreso aprobó en noviembre de
1936, luego de algunas modificaciones la Ley General de Bancos y la Ley del Banco
Nacional de Costa Rica.
Con dichas leyes se pretendía evitar que los bancos quebraran por manejos
inadecuados y que orienten sus acciones en pro del desarrollo del país. El Banco
Internacional de Costa Rica cambió su nombre por el de Banco Nacional de Costa Rica, el
cual fue dividido en tres departamentos: el hipotecario encargado de canalizar el crédito
rural y el funcionamiento de los almacenes de depósito, fundados desde 1934 para facilitar
las importaciones, el comercial que apoyaba al a sector del comercio y algunos sectores
agrícolas y empresariales y el emisor que asumió el monopolio de la emisión monetaria y
el control de la cantidad de dinero circulante.
La supervisión de los demás bancos quedó a cargo de la Superintendencia de
Bancos, la cual dependía de la Secretaría de Hacienda. Igualmente, los bancos privados
quedaban obligados a mantener una parte de su capital en el Banco Nacional, aspectos
todos que se consideran antecedentes de la banca centralizada en Costa Rica. Con dichas
disposiciones el Estado se cubría parcialmente saneando el respaldo de la moneda, las
inversiones y el crédito, pero sin tocar las bases del modelo de desarrollo. Tan solo se
buscaba reorientar los recursos financieros para reactivar la economía dentro de los viejos
patrones de producción e integración al mercado mundial.
7. Los movimientos sociales, la organización obrera y sus conquistas.
¿Qué dificultades experimentaba la mano de obra campesina y los obreros en Costa
Rica antes de 1940?
¿Qué similitudes y diferencias se dieron entre las diferentes formas de protesta y
organización de los trabajadores costarricenses?
¿Qué conquistas laborales obtuvieron los trabajadores costarricenses?
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El desarrollo capitalista en Costa Rica trajo consigo una serie de problemas derivados
del acceso a la propiedad privada de la tierra y de las relaciones de producción que se
establecieron en las actividades agrícolas y artesanales. Todo ello afectó las condiciones de
vida de los trabajadores en medio de un mundo que los alejaba de los entes que tomaban las
decisiones políticas que pudieran atender sus problemas. Por eso buscaron formas de
expresar su malestar y presionar para ser escuchados y atendidos en sus demandas, las
cuales fueron evolucionando desde las simples protestas hasta llegar a acciones concretas
que los llevaron a organizarse y hacerse sentir en el plano político.
Para comprender los movimientos sociales en Costa Rica es necesario diferenciarlos
por el tipo de trabajadores afectados, pues en cada caso sus demandas, forma de protesta,
organización y conquistas laborales fueron diferentes. En ese sentido, hay que diferenciar
los movimientos de los trabajadores vinculados al agro, entre los que se distinguen los
campesinos que luchaban por el acceso a la tierra y los productores cafetaleros. Sus luchas
y las razones que las motivaban distaban de parecerse a las de los trabajadores que se
vinculaban a las actividades desarrolladas por el capital extranjero, mientras que los
trabajadores urbanos tuvieron formas más coherentes de protesta y organización que les
depararon un éxito relativo en la búsqueda de soluciones a sus dificultades.
Las oportunidades que brindó el siglo XIX para el acceso a la tierra baldía fueron
disminuyendo a finales de ese siglo cuando, la alta movilidad del campesinado y la avidez
de los terratenientes por acaparar tierra dejaron prácticamente todo el territorio nacional en
manos privadas. Nacionales y extranjeros se posesionaron de grandes propiedades que no
siempre se explotaron. El Estado, en un intento por prevenir tales procesos de
acaparamiento se había negado a otorgar o vender más tierras baldías desde fines del siglo
XIX, pero la ley siempre dejaba las puertas abiertas para que se cometieran irregularidades.
A inicios del siglo XX, aumentaron los casos de campesinos que se ubicaban en
propiedades privadas que permanecían incultas, lo que motivo el malestar de los
propietarios y demandas al Estado para que actuara a su favor.
En ese contexto, el Estado se vio obligado a emitir algunas reformas tales como la
ley de cabezas de familia en 1909 que premiaba con pequeñas extensiones de tierra baldía a
familias campesinas que se establecieran durante varios años en zonas alejadas. Esta
disposición se hizo acompañar de otra que permitía hacer expropiaciones de fincas que
habían sido invadidas por campesinos previa compensación monetaria o con más tierras a
los dueños legítimos. Pero esto último no obedeció a una acción organizada del Estado,
sino a la presión ejercida por los campesinos que se organizaban protagonizando muchas
veces acciones violentas. Sin embargo, estos movimientos nunca fueron de largo plazo,
pues una vez resuelta su dificultad inmediata, la organización se diluía. Lo importante de
hacer notar en este caso, es la existencia de un problema generalizado por el acceso a la
tierra, el cual se fue acentuando cada vez más a lo largo del siglo XX, señalando la base de
un fuerte malestar campesino hacia la gran propiedad territorial, los privilegios que
disfrutaban los extranjeros y las actividades agro ganaderas de los grandes propietarios.
Dichas protesta fueron momentáneamente atendidas sin que constituyeran un
motivo de preocupación central por parte del Estado o de los partidos políticos. Sólo los
pequeños y medianos productores cafetaleros tuvieron más éxito en ese sentido, pues
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calentaron el ambiente quejándose por la situación en que vivían, al elevar constantes
protestas por los abusos que cometidos por los beneficiadores a la hora de imponer los
precios finales de liquidación de cosechas, concesiones de crédito y fijación de intereses. Al
ser los beneficiadores un grupo pequeño, formado especialmente por extranjeros, les era
más fácil ponerse de acuerdo para que prevalecieran sus criterios en detrimento del
productor cafetalero. Por eso los productores de café se organizaron y protestaron a través
de la prensa, buscaron vías legales para solucionar sus dificultades y hasta formaron
asociaciones locales y cooperativas con el fin de defenderse de los grandes beneficiadores
que actuaban bajo condiciones propias de un monopolio. Así, entre 1900 y 1920 se
fundaron 12 organizaciones cooperativas, sin que eso garantizara el éxito de sus luchas. No
sería sino hasta 1933, cuando en el contexto de la crisis, el Estado aceptó ser árbitro en esos
problemas al fundar el Instituto de Defensa del Café y la Junta de Liquidaciones.
Por otro lado, el inversionista extranjero que se estableció en Costa Rica se
involucró en actividades nuevas como la producción bananera y la minería, las cuales no
competían con las labores a que se dedicaban los nacionales. Sin embargo, introdujeron
lógicas de trabajo, trato y explotación de la mano de obra que no se empleaban en Costa
Rica. Por eso el trabajo duro y en condiciones insalubres, el maltrato, largas jornadas,
incumplimiento de contratos, los choques culturales entre trabajadores de distintas
nacionalidades y las precarias condiciones de convivencia en barracas ubicadas dentro de
las explotaciones agrícolas o mineras, fueron las razones de las múltiples protestas y
conflictos que se presentaron en aquellos sitios de trabajo.
Dichos trabajadores tenían en común que se sentían obreros, no campesinos pues
trabajaban para otros y en la tierra de otros. Sus movimientos de protesta eran violentos y la
mayoría de las veces buscaban mejoras salariales en de las condiciones de trabajo
movilizando grandes masas de afectados. En sus luchas estuvieron solos, pues el gobierno
siempre favoreció los intereses de los inversionistas extranjeros, razón por la que muchas
de las conquistas estuvieron supeditadas al uso de la fuerza y la buena voluntad del patrono.
A inicios del siglo XX, dichas protestas fueron aumentaron considerablemente, sobre todo
en las fincas bananeras y más tarde en las minas de las serranías de Tilarán
caracterizándose algunas por sus expresiones de violencia que concluyeron con el saldo de
varias vidas. Por eso el gobierno, de una forma muy tímida empezó a mediar en algunos de
esos conflictos promoviendo el diálogo entre las partes. Las soluciones, cuando se dieron,
fueron espontáneas y no como parte de una búsqueda sistemática de soluciones por parte
del Estado. Sin embargo, esas luchas permitieron que los obreros tomaran mayor
conciencia de su situación, lo que les dio fuerza para clamar por derechos laborales.
Un caso que ilustra esta situación fue la huelga bananera de 1934 caracterizada por
su alto nivel de organización. Para esa fecha los trabajadores contaban con un sindicato
sólidamente constituido, el cual era dirigido por Carlos Luis Fallas, quien retrató la
situación vivida en su célebre novela Mamita Yunai. En aquella ocasión los trabajadores
demandaban un incremento de salarios, reducción de la jornada laboral, el pago del salario
en efectivo y no con fichas, mejorar las condiciones de trabajo, el establecimiento de
dispensarios en las fincas, así como la eliminación de varias prácticas usadas por la
compañía bananera para la compra de la fruta. El movimiento se extendió por toda la zona
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Atlántica y se expresó con fuerza y violencia, siendo reprimidos duramente por el gobierno
y la compañía.
En el caso de los trabajadores urbanos, aunque la economía agroexportadora había
inhibido el desarrollo industrial, esto no hizo eliminó ciertas industrias y talleres artesanales
en las ciudades. Sus trabajadores se unieron en sus luchas a los empleados del comercio, el
sector servicios y la burocracia estatal, con quienes sentían un destino común caracterizado
por los bajos salarios, jornadas laborales largas y no reguladas, accidentes laborales y
deterioro de las condiciones de vida motivadas por los precios de los artículos de consumo,
la especulación, las precarias condiciones de vivienda, el abuso con los alquileres y las
malas condiciones de trabajo en las fábricas. Todo esto les permitió ir conociendo y
desarrollando su identidad como grupo, se sienten proletarios y conocen de dónde vienen
sus problemas, aspectos todos que le permiten ir tomando conciencia de su situación como
obreros.
Estos trabajadores buscaron formas de atender sus dificultades y para ello fundaron
asociaciones mutualistas desde el siglo XIX consistente en cajas de ahorro que establecían
los gremios para ayudar a sus afiliados a desarrollar sus actividades o recibir auxilios en
caso de enfermedad o muerte. Sin embargo, éstas eran acciones espontáneas y no
fructificaron como un movimiento sólido y acabado. En 1901, se fundó la Liga de Obreros
en San José con la intención de ingresar en el juego político y llevar diputados al Congreso
que legislaran a su favor. En 1902 lograron elegir un diputado, pero luego el movimiento se
diluyó. En los años siguientes los obreros urbanos se dedicaron a fundar una serie de
organizaciones que los agrupaban según oficio, pero sin que llegaran a formar parte de un
movimiento unificado.
Las ideas socialistas y anarquistas circulaban ampliamente ente los obreros y
adquirieron mayor difusión cuando en 1912 un grupo de intelectuales fundó el grupo
Germinal con ese fin. Su labor tuvo éxito, cuando en 1913 se fundó la Confederación
General de Trabajadores con un carácter nacional y se celebró por primera vez el 1 de mayo
como día del trabajador. Antes de esa fecha, las agrupaciones obreras buscaron los canales
institucionales para resolver sus dificultades, ya fuera nombrando diputados o apoyando a
determinados grupos políticos, lo cual les restó independencia como movimiento propio. Su
objetivo no era cambiar la sociedad, pero mientras tanto fueron tomando conciencia de su
situación sobre todo con la difusión de las ideas socialistas y anarquistas. Esto hizo que
algunos de los sindicatos y líderes obreros optaran por vías radicales (marxistas) para
demandar soluciones a sus problemas, pero la mayoría se caracterizó por buscar vías
moderadas y reformistas, utilizando la negociación.
Antes de 1920, su forma de organización fue muy débil, pero después de esa fecha
se desarrollan los sindicatos modernos que aprovechan las circunstancias políticas del
momento para obtener importantes conquistas. La década del veinte se caracteriza por la
gran variedad de movimientos huelguísticos urbanos de ebanistas, carpinteros, albañiles,
zapateros, tipógrafos, pureros, costureras, trabajadores del tranvía, plantas eléctricas,
recolectores de basura, obreros de fábricas textiles, empleados públicos, sastres, etc.
Gracias a la presión que ejercieron, a su participación en la caída del régimen de Tinoco, al
temor al comunismo y la coyuntura reformista internacional, lograron varias conquistas
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como la jornada laboral de 8 horas para los empleados públicos, la emisión de leyes para
garantizar el abasto de ciertos productos y castigar la especulación, la emisión de la ley de
inquilinato en 1922 para regular el cobre de alquileres de vivienda, la emisión de la ley de
accidentes de trabajo y la creación de Banco de Seguros en 1924.
Aunque no lograron éxito en todas sus demandas, el movimiento obrero urbano
salió fortalecido de estas luchas e incluso encontró una buena voz política en las filas de
Partido Reformista de don Jorge Volio, al cual no dudaron en apoyar. Pero los liberales
tampoco podía obviar la existencia de la problemática social y la prosperidad de la década
del veinte fue propicia para que el Estado se ocupara de los temas de higiene, salubridad
pública y relaciones laborales, proponiéndose en 1928 desarrollar un proyecto de trabajo y
bienestar social que entre otras cosas contemplaba la redacción de un Código de Trabajo.
Lamentablemente la crisis de 1929 acabó con estas intenciones, pues la atención del
Estado se dirigió a atender la problemática económica y fiscal y se bajó la guardia en la
atención de la temática laboral. Los despidos, la desocupación, las bajas en los salarios y el
decrecimiento de su poder adquisitivo por la devaluación, la escasez de productos de
consumo básico, la especulación con los alquileres y la mala atención de los problemas de
salud fueron la nota constante. Para esos años, fue el Partido Comunista, fundado en 1931,
quien tomó la bandera de los trabajadores para intentar introducir algunas reformas por la
vía legislativa. No obstante, su radicalismo hizo que los sindicatos obreros se orbitaran en
torno a diferentes banderas políticas sin que pudieran mantener el impacto de las conquistas
que habían logrado en la década de los veinte.
Los trabajadores bananeros en la década del treinta.
"Las condiciones de vida del trabajador bananero eran paupérrimas como
consecuencia de los bajos salarios que recibían. Vivían en ranchos destartalados,
insalubres, desprovistos de agua potable, de letrinas y de electricidad. La falta de agua
ocasionaba enfermedades del aparato digestivo, que al combinarse con la transmisión de
la fiebre palúdica, por medio de los mosquitos, creaba condiciones de trabajo malsano. En
esa década, las principales causas de mortalidad en Limón eran el paludismo, la
tuberculosis, las enfermedades circulatorias, la tifoidea, la fiebre amarilla y los accidentes.
Eran propios de la cultura del peón bananero el desarraigo, la soledad y una especia de
nomadismo, los cuales se asociaban con el alcoholismo, la prostitución y formas menores
de hechos delictivos como la riña, la ebriedad y el escándalo en la vía pública."
Jorge Mario Salazar. Crisis liberal y Estado Reformista en Costa Rica. Editorial U.C.R, San
José 1995, p.162.
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8. La dinámica política y los partidos políticos.
¿Qué características tenían los partidos políticos?
¿Cómo era la dinámica político - electoral?
¿Qué diferenciaba a los partidos Reformista y Comunista de los partidos tradicionales?
La elite política que se constituyó durante el siglo XIX, buscó la forma de controlar
el acceso al poder estableciendo una serie de requisitos para ostentar la condición de elector
y la posibilidad de ser electo. El saber leer y escribir, así como la posesión de bienes de
fortuna limitaron el acceso a la conducción del Estado. No obstante, las reformas que se
dieron después de 1885 definieron una serie de nuevas normas de convivencia social que
obligaron a perfeccionar el juego político electoral y mejorar el sistema de partidos.
Después de 1890, los gobernantes de Costa Rica, con excepción de Federico Tinoco, fueron
civiles que llegaron al poder después de haber disputado el mando en campañas electorales
que tenían como base una participación popular creciente.
Esto llevó a buscar formas de ganarse el electorado y de manipular sus decisiones,
aspectos que llevaron a la formación de partidos políticos, al desarrollo de plazas públicas
donde se hacían toda clase de ofrecimientos y al empleo del fraude como último recurso
para posesionarse del mando. A pesar de ello, el papel de la prensa, la aparición de
corrientes adversas al liberalismo, el aumento de las demandas populares y la organización
obrera, obligó a los grupos políticos a ir depurando las formas de acceso al poder. Esto fue
evidente en la década de los veinte, cuando a partir de los cuestionamientos que se hicieron
a la democracia liberal por las injusticias que se cometían con la población, las ideas
políticas se renovaron, surgieron partidos nuevos, se incorporó el tema de la justicia social,
los viejos líderes renovaron sus ideas y programas y se trató de incorporar más activamente
a los distintos sectores sociales en el proceso electoral.
Varios proyectos en este sentido habían sido planteados desde inicios del siglo por
líderes vinculados al Partido Republicano, en especial don Ricardo Jiménez, sin que
tuvieran buena fortuna. No fue hasta 1913 que se aceptó la incorporación del voto directo,
público y masculino, el cual pasó a ser secreto hasta 1925. A esta disposición le acompañó
el establecimiento de un Registro Cívico, para llevar control de los votantes y un Consejo
Electoral, con lo cual se pretendía evitar los fraudes. Sin embargo, la figura del Poder
Ejecutivo estaba siempre tras la organización y dirección del proceso, lo que dio paso a
múltiples irregularidades. En 1932, se dio un importante avance al establecerse una nueva
ley electoral que reglamentaba la formación e inscripción de partidos políticos y el proceso
electoral. Esta ley fue mejorada en 1936 cuando se estableció la obligatoriedad del voto
para todos los ciudadanos costarricenses. Cabe indicar que todas estas reformas fueron
gestadas en la cúpula del poder, muy especialmente, por líderes vinculados al Partido
Republicano.
Una característica más de la dinámica política de esta época era el carácter
personalista de los partidos, pues se formaban en torno a un líder, sus programas eran poco
definidos y tendían a desaparecer una vez concluido el proceso electoral. Por eso los
partidos, más que por su nombre eran reconocidos por el apellido del líder: Jimenismo,
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Cortesismo, Fernandismo, etc. Esto también se debía a la forma en que se desarrollaban las
campañas, donde era frecuente el trato directo y personal, el compadrazgo y las expresiones
carismáticas y de prestigio del líder. A estas expresiones se unía el clientelismo logrado a
través del apoyo de los gamonales en los pueblos y a la forma en que se desarrollaba el
proceso eleccionario, cargado de pasiones e intrigas, que se expresaban como una
verdadera contienda donde lo importante era el triunfo, sin importar los métodos. Ese fue el
espacio práctico donde desarrollaron sus habilidades los maestros del fraude electoral.
Ideológicamente la mayoría de los partidos se identificaban con el ideario liberal,
asumiendo posiciones reformistas para mantener el sistema político y económico cuando
fuera necesario. De los partidos liberales el de más larga duración fue el Republicano que
nació como un club patriótico y popular para evitar la reelección de Rafael Yglesias. Más
tarde aumentó su fuerza con el apoyo de partidarios del desaparecido Unión Católica y del
Partido Socialista y tuvo como sus principales líderes a Máximo Fernández y Ricardo
Jiménez. Su programa nunca fue definido como uno de largo plazo e ideológicamente
coordinado, pero sus líderes fueron muy versátiles para acomodar sus objetivos y reformas
a las condiciones de cada uno de los momentos en que participaron.
Contrario a las particularidades de los partidos liberales, fue el nacimiento del
Partido Reformista en 1923, teniendo como principal líder al General Jorge Volio. Su
creación tiene como antecedente el malestar de la liga cívica que se formó luego de la caída
de Tinoco, con el acercamiento que el presidente Julio Acosta tuvo con los sectores
tradicionales del liberalismo. A ello se sumó el interés de la Confederación General de
Trabajadores por participar a nivel político y luchar por reivindicaciones sociales razón por
la que no dudaron en apoyar este movimiento, aunque a la larga eso significó la disolución
de la Confederación. Poco después de su fundación participó en la campaña electoral de
1924, donde acuerdo a la ley, el Congreso tuvo que decidir la elección presidencial porque
ninguno de los candidatos tuvo mayoría de votos.
En esa ocasión los diputados reformistas y republicanos se unieron para nombrar
como primer designado a don Ricardo Jiménez y como segundo a don Jorge Volio, al igual
que se logró ubicar a reformistas en las secretarías de Educación y Fomento. Esta pacto
para obtener una cuota de poder, contradijo uno de los postulados básicos del partido, el
cual repitió la historia cuando apoyó la elección de Cleto González en 1928, aspectos que
llevaron a la posterior disolución del movimiento. Muchos de sus seguidores se aliaron a
las filas del Republicano, donde la apertura a la introducción de reformas satisfacía algunos
de sus compromisos políticos.
Del Partido Reformista es importante destacar su compromiso para reivindicar las
aspiraciones de la masa obrera atendiendo el problema de la vivienda, la estabilidad laboral,
el desarrollo de campañas de higienización y nutrición, la fundación de cooperativas y la
puesta en práctica de una reforma agraria. También proponían una reforma jurídica que
entre otras cosas impulsaría el compromiso del Estado con la educación laboral y el acceso
para las mayorías a la educación media y superior. Estos compromisos quedaron plasmados
en su programa de trabajo y en su carta ideológica que revela una profunda identificación
con el cristianismo social inspirado en las encíclicas papales como la Rerum Novarum.
Todo esto implicaba hablar de un nuevo concepto de Estado, el cual debía intervenir en
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asuntos concretos de la economía y la sociedad para atender problemas que se consideraban
graves y urgentes.
Una vez diluidas las fuerzas del reformismo y en el contexto de la crisis económica
de inicios de los años 30, nace el Partido Comunista como fuerza radical y opositora al
liberalismo. Este fue fundado en el 16 de junio de 1931 teniendo como antecedente
inmediato la fundación de la Asociación Revolucionaria de Cultura Obrera, establecida dos
años antes. Dicha Asociación se convirtió en un centro de estudios marxistas que contó con
el apoyo de cierto grupo de estudiantes universitarios, en especial de derecho, así como
dirigentes sindicales y varios obreros quienes intentaron revivir el proyecto de universidad
obrera de Joaquín García Monge.
El secretario general del partido fue don Manuel Mora Valverde y se presentaron a
los procesos electorales luchando porque se cumpliera su programa mínimo en el cual
proponían la fundación del seguro social, la reglamentación del trabajo, la fijación
obligatoria de la jornada de trabajo de 8 horas tanto en el sector público como privado y de
6 horas en las industrias agotadoras, el salario mínimo, el derecho a la organización sindical
y a la huelga, la construcción de casas para los trabajadores, la educación gratuita a todo
nivel y la creación de la universidad obrera. A partir de 1932, participaron en procesos
electorales con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos ganando cada vez más
votos, lo que les permitió obtener puestos de representación en algunas municipalidades y
en el Congresos.
En sus primeros años de existencia el partido se caracterizó por su posición
ultraizquierdista que impulsaba la lucha de clases y la administración estatal de todos los
medios da producción excluyendo cualquier posibilidad de pactar con otros sectores
políticos. En 1935, después de la VII Conferencia de la Internacional Comunista, en la que
por primera vez participó una delegación costarricense, atenuaron su posición y optaron por
la constitución de un frente popular de lucha contra el fascismo y el imperialismo. De ese
modo proclamaban su compromiso por la constitución de un frente de lucha a favor de la
democracia y el bienestar popular e integraron un frente nacional anti nazi durante la II
Guerra Mundial. Este cambio, le valió un apoyo creciente después de 1938, ya que se
adaptaban a las particularidades de la escena política del país.
La participación de este partido en pro de los derechos de los trabajadores y el
mejoramiento de sus condiciones de vida fue altamente destacada tanto en el Congreso,
como apoyando diferentes movimientos huelguísticos, tal y como sucedió con la huelga
bananera de 1934.
La década de 1930 se expresó como un período de gran trascendencia política ya
que las condiciones económicas y sociales hicieron que las ideas reformistas y
revolucionarias penetraran la estructura de los partidos, los programas fueron mejor
elaborados y lo líderes tuvieron que apostar por el cambio como un medio de lograr el
apoyo electoral. Sin embargo, en la práctica atender las condiciones económicas era la
prioridad de los gobernantes, que como don León Cortés (1936-1940) centraron su atención
en la construcción de obras de infraestructura, limitaron la expresión de la protesta obrera,
rechazaron proyectos de interés social y permitieron prácticas políticas reprochables como
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el brochismo y el nepotismo para obtener favores políticos. Así la década de los cuarenta
iniciaba con una gran cantidad de problemas acumulados en el campo social y económico
acentuado por la práctica política de enredos, componendas y manipulaciones para
favorecer los intereses de los grupos dominantes.
9. La Segunda Guerra Mundial y el problema económico y social. Una nueva crisis.
¿Qué problemas enfrentaba la economía y sociedad costarricense a inicios de 1940?
¿En qué consistía el compromiso político del presidente Rafael Angel Calderón
Guardia, cuando asumió la presidencia en 1940?
¿Cómo hizo el presidente Calderón Guardia para atender el problema económico y
social?
En 1940 llegó a la presidencia de la República el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia
con un amplio respaldo del electorado pues obtuvo el 85 % de los votos emitidos en esa
ocasión. Su único contendor fue el Partido Comunista que logró el 9,8 % de los votos, pues
dadas las maniobras políticas de la época y el apoyo del presidente Cortés, Calderón pudo
presentarse como el candidato que podía defender los intereses de los sectores del capital
(productores y beneficiadores de café, comerciantes, banqueros e industriales) de la
burguesía progresista y crítica y de los sectores populares con quienes se comprometía a
atender muchos de sus problemas sociales.
Antes de ser electo, había desempeñado cargos de representación popular en la
municipalidad de San José y como diputado en el Congreso durante el período 1936-1940.
De él era conocida su actitud filantrópica y su identificación con las ideas del cristianismo
social acrecentadas por la formación y ejemplo que recibió de su padre el Dr. Rafael
Calderón Muñoz y los estudios que tuvo la oportunidad de desarrollar en Bélgica
conociendo de cerca la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento del Cardenal Mercier y
las enseñanzas derivadas del Código de Malinas. Todo esto lo hacía un líder carismático y
de fuerza para contener la amenaza comunista.
En su programa de gobierno incorporó algunos puntos sugeridos por sectores
progresistas del país que abogaban por la intervención estatal para promover el desarrollo
industrial, el mejoramiento de las condiciones de vivienda, los seguros de vejez, medidas
proteccionistas para la agricultura y ayudas al pequeño propietario, pues eran coincidentes
con suposición de que el Estado debía ser mediador en la solución de los conflictos que se
presentaran entre las distintas fuerzas sociales.
Su ascenso al poder coincidió con la II Guerra Mundial, la cual se había iniciado en
1939. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl
Harbor y Costa Rica en solidaridad con los Estados Unidos, al día siguiente le declaró la
guerra a Japón. Tres días después lo hizo contra Italia y Alemania. Pero este no fue un
hecho fortuito, pues el país venía padeciendo las consecuencias de este conflicto ante el
cierre de los mercados europeos para su principal producto de exportación, el café. Por su
parte, la situación de guerra hizo que los Estados Unidos centraran sus esfuerzos para
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atender el conflicto bélico y prestar ayuda a sus aliados, lo que se tradujo en una
disminución de los artículos importados. Nuevamente estos años fueron de crisis
económica.
Para esta época el 80 % de las exportaciones correspondían al café y el banano, más
del 50% de la población económicamente activa estaba dedicada a labores agrícolas, la
tierra estaba concentrada en pocas manos mientras que la elite agraria y comercial captaba
la mayor parte del crédito privado y público inhibiendo el desarrollo industrial. Desde 1939
el precio del café había empezado a descender de nuevo, el 75 % de las exportaciones de
ese fruto de dirigían hacia Europa y durante el conflicto solo el 5 % de ese producto fueron
compradas los europeos. La producción bananera se concentraba en el Pacífico Sur, donde
a raíz de las enfermedades se habían abandonado las plantaciones en Quepos y Saavegre.
La compañía reordenó sus actividades y coordinó la producción con la que tenía en la
división Chiriquí, sufriendo los embates del mercado, pues los buques habían sido
utilizados para la guerra. Eso la hizo bajar producción y abandonar tierras despidiendo una
gran cantidad de trabajadores. Estos, mejor organizados, protestaron violentamente
demando soluciones por parte del gobierno.
Bajo tales circunstancias los pagos adelantados por la cosecha de café dejaron de
llegar, disminuyeron las divisas para compras al exterior, mientras que los artículos
importados escaseaban. Faltaban artículos para la industria y el comercio pues Estados
Unidos ya no los proveía en las cantidades que lo hacía antes, tampoco daba crédito y
exigían los pagos en efectivo. Hubo carestía de artículos nacionales de consumo básico
como la manteca y el arroz y de los importados como fósforos, harina, metales, cemento,
materia prima para sastrería, etc. Todo esto dio paso al acaparamiento, la especulación y el
desarrollo de un mercado negro que generó gran malestar entre la población que se
encontraba agobiada con la situación y la pobreza que arrastraban desde años atrás.
De todos los sectores se demandó la intervención estatal pero no todos estuvieron de
acuerdo con las medidas. Para atender el problema cafetalero, se fijó por ley el precio de la
fanega de café, se trató de estimular la actividad exonerándola de ciertos impuestos y se
firmó un convenio de cuotas de exportación con el gobierno de los Estados Unidos, gracias
a lo cual pudo colocarse más del 50 % de la producción a precios muy favorables. También
se dieron facilidades para que la banca estatal financiara las cosechas de café y otros rubros
de la producción nacional. En su intento por sanear la moneda supeditó el funcionamiento
de la banca privada a disposiciones emanadas del Banco Nacional de Costa Rica, el cual
controló la cantidad de dinero circulante y la venta de divisas.
También se emitieron leyes para el fomento y protección de la industria y se
establecieron disposiciones que regulaban las relaciones entre los productores y
procesadores de tabaco y caña de azúcar. Estos acuerdos no fueron compartidos por los
sectores dueños de capital quienes sintieron una fuerte intromisión del Estado en sus
negocios, razón por la que empezaron a distanciarse políticamente de Calderón y a
organizarse como oposición a su gobierno. El distanciamiento fue mayor cuando a raíz de
la declaratoria de guerra a Alemania el buque bananero San Pablo, anclado en Limón, fue
destruido, supuestamente por un torpedo proveniente de un submarino enemigo. A ello se
sumó la confiscación de bienes, la elaboración de listas negras y el traslado a campos de
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concentración de ciudadanos alemanes e italianos, muy vinculados al mundo del comercio
y la banca.
Estos hechos unidos a los discursos anti nazis, generaron un clima de alta tensión
que acabaron en disturbios y saqueos de los negocios confiscados. Dichos negocios y
propiedades fueron puestos en manos de una Junta de Custodia, que los entregó para su
administración a algunos nacionales allegados al gobierno para que los administraran
mientras durara la guerra, lo que ocasionó malestar por la corrupción que esto significaba.
A ello se sumó la campaña de construcción de obras públicas, sobre todo de la carretera
interamericana con el financiamiento de capital norteamericano, con el que se favorecieron
constructores amigos del gobierno. Todo esto hizo aumentar el malestar contra el gobierno,
el cual aplicó mano dura con sus detractores. Este fue el caso de José Figueres, una figura
poco conocida del mundo político para ese entonces, quien tomó los micrófonos de la radio
para denunciar, criticar y recriminar al gobierno por sus actos lo que le valió la expulsión
del país.
La problemática social no era menos angustiante que la económica. A inicios de
1940 la población del país apenas superaba los 650000 habitantes pero crecía con rapidez,
sobre todo en los centros urbanos como San José y otras ciudades de la parte central del
país. De ese total de población aproximadamente el 70 %, dependía de un salario para
sobrevivir, por eso se constituían en el sector menos favorecido de la sociedad el cual
arrastraba una serie de dificultades que se profundizaron con la situación de crisis. La
escasez de productos, la especulación, el aumento de los precios, los bajos salarios y las
malas condiciones de trabajo fueron su problema más inmediato. A ello se unía la
deficiente atención de la salud, la desnutrición, la alta mortalidad infantil, los problemas
para tener acceso a la vivienda, a la educación, a la tierra y la dispersa legislación laboral
que no protegía a todos por igual. Pero así como eran una mayoría desprotegida, formaban
un sector de gran peso político que también ejerció presión para que el Estado atendiera sus
problemas, situación que no se podía dejar pasar por alto dado el avance político que
estaban teniendo los comunistas.
Considerando la situación del momento y dadas las divisiones evidentes en el grupo
que había llevado a Calderón al poder, el gobierno decidió cambiar de rumbo a partir de
1942 y tomó la decisión de impulsar una profunda reforma social.
Sobre el pensamiento del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
"En mis estudios universitarios encontré una comprobación más clara y más profunda de
que no erraba al buscar dentro de las doctrinas de la Iglesia, el principio, el impulso y la
voluntad de justicia que faltaban en un mundo materialista, dominado por el grosero y
cruel dominio del más fuerte sobre el más débil, de esclavitud económica impuesta por
unos pocos sobre las grandes masas humanas, y de brutalidad y tiranía por parte de los
que disponen de fuerza."
Rafael Angel Calderón G. El gobernante y el hombre frente al problema social
costarricense. 1942.
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"El Estado ya no puede limitar su acción a una gestión administrativa, pura y simple, ni
permitir el libre juego de factores que no pueden vivir ni progresar sin un cabal
ordenamiento de los mismos. La armonía social exige, antes que la abierta competencia de
las fuerzas económicas, al intervención del Estado a fin de evitar que unas se pongan sobre
otras, con detrimento del tranquilo desarrollo de la colectividad."
Rafael Angel Calderón. Mensaje presidencial al Congreso. 1 de mayo de 1942
10. La Reforma Social de los años cuarenta.
¿En qué consistió la reforma social que se dio durante la administración del Dr. Rafael
Angel Calderón Guardia?
¿Por qué razón las diferentes fuerzas políticas progresistas se unieron para apoyar esta
reforma?
¿Qué importancia ha tenido para la sociedad costarricense esta reforma social?
La pérdida de apoyo político que tuvo el gobierno Calderón Guardia, los llevó
replantear su estrategia de trabajo para hacerla coincidir con los principios ideológicos que
defendía su líder y los compromisos expuestos en su programa de gobierno. A ello
contribuyeron otros factores, como el ascenso a la silla arzobispal de Monseñor Víctor
Manuel Sanabria Martínez en 1940, personaje altamente comprometido con los principios
de la doctrina social de la iglesia. Por otra parte, los cambios que había generado la guerra
con la Unión Soviética luchando al lado de los aliados y la directriz para que los partidos
comunistas transaran alianzas que llevaran al mejoramiento de las condiciones de vida de
los trabajadores fueron propicios para que se constituyera un bloque político que impulsara
una reforma social.
Sin embargo, la reforma social no es un hecho aislado y hay que visualizarla como
parte de los cambios que el país demandaba del Estado, el cual requería asumir un papel
interventor en aquellos asuntos que fueran necesarios para proteger a la ciudadanía y evitar
que el conflicto social desestabilizara la democracia y el modelo de desarrollo económico.
En medio de la crisis, la reforma se inició en el campo de la economía con una serie
de medidas aisladas e inconexas que fueron fruto de la necesidad de resolver problemas
inmediatos, pero que culminan con una clara intervención estatal regulando aspectos claves
de este campo. En lo político, el nuevo concepto de Estado debía cimentarse sobre la base
de un grupo que rompiera con la tradición liberal y se expresara como una nueva fuerza
portadora de una ética de reconciliación y justicia social. Para esto era necesario actuar con
cálculo político y garantizar que este grupo se mantuviera en el poder para materializar los
cambios. Por eso, aunque la reforma electoral estaba en la mesa de discusión, no hubo
mucha prisa para atenderla. Pero lo social si era urgente y debía ser atendido en forma
sistemática.
El apoyo y acercamiento con la Iglesia se obtuvo recién iniciado el gobierno cuando
se abolieron las reformas liberales y se volvió a incluir la enseñanza religiosa como parte de
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la educación formal. Posteriormente se le brindó oportunidad de abrir más centros de
enseñanza media a la vez que el 26 de agosto de 1940 se decretaba la apertura de la
Universidad de Costa Rica como ente formador de los profesionales que el país requería
para atender los cambios propuestos. A esto se unió la voluntad por reordenar una serie
leyes y decretos vinculados al campo educativo, los cuales fueron expresados en el Código
de Educación emitido en 1943. Bajo esta nueva disposición se mejoraron los índices de
alfabetización, aumentaron los centros de educación media y en los años siguientes
abrieron escuelas vespertinas e indígenas, así como centros para impulsar y mejorar la
formación del magisterio.
Uno de los impactos más trascendentes se dio en el sector salud, cuando en 1940 el
Estado emite la ley de asistencia y promoción social que le compromete atender este
campo. Consecuente con esta disposición, el 1 de noviembre de 1941 se fundó la Caja
Costarricense de Seguro Social para atender los campos de enfermedad, invalidez, vejez,
muerte y paro involuntario, institución que aunque en un inició tuvo una cobertura
restringida la fue ampliando con el paso de los años. En 1942 y ante la coyuntura política
que vivía el gobierno se buscó el apoyo de los comunistas y de la Iglesia presentándose ante
el Congreso el proyecto de las Garantías Sociales. Estas fueron aprobadas por el Congreso
el año 1943 y consistieron en una reforma al artículo 29 de la Constitución, con lo cual el
Estado quedaba obligado por la máxima ley de la República atender dos asuntos
fundamentales para la mayoría de los costarricenses.
Por un lado se comprometía a corregir los abusos en el acceso a la propiedad y el
derecho de los campesinos a cultivar parcelas incultas y por otro a fijar una serie de
disposiciones que garantizaran el derecho al trabajo, la protección de la familia, la fijación
de la jornada laboral en ocho horas, el salario mínimo, la organización sindical, el derecho a
la huelga y la firma de contratos colectivos de trabajo. Igualmente se señalaba el
compromiso de impulsar la construcción de viviendas populares, la preparación técnica de
los trabajadores, la creación de tribunales de trabajo y el derecho al seguro social para el
trabajador y su familia.
Dicho mandato constitucional debía quedar expresado en una ley que fue el Código
de Trabajo, el cual entró en vigencia el 15 de setiembre de 1943. A partir de ese momento
quedaron estipulados por la ley los derechos de los trabajadores a organizarse, a hacer
huelgas, firmar negociaciones colectivas de trabajo, fundar organizaciones corporativas en
pro de sus intereses (cooperativas) la regulación de la jornada de trabajo para hombres,
mujeres y menores, la fijación del salario mínimo, pago de horas extra, vacaciones, el
arbitraje obligatorio del estado en caso de conflictos laborales y su obligación de velar por
la dignidad del trabajador, entre otras cosas. Estos han sido derechos que se han ido
ampliando y mejorando con el paso de los años, constituyéndose en una conquista
fundamental para los trabajadores costarricenses.
Medidas complementarias fueron una serie de disposiciones menos sistemáticas
que marcharon acordes con este proceso de reforma social. Este fue el caso de los acuerdos
para apoyar a los trabajadores en su actividades agrícolas y en el acceso a la tierra , la
creación de una oficina para el control de precios y de la Junta Central de Abastos
encargada de fiscalizar la exportación de importación de artículos de primera necesidad,
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fijar precios y evitar la especulación. A ellas se sumaron los decretos para fijar salarios
mínimos los cuales subieron entre un 20 y un 50%, sin olvidar otros acuerdos tendientes a
la atención de la nutrición infantil y necesidades de los escolares.
En el campo de la vivienda se estableció, desde 1940 la Junta Nacional de
Habitación y en 1942 la Cooperativa de Casas Baratas La Familia que beneficiaba a
peones, obreros, artesanos y empleados con salarios menores a 250 colones. Entre 1942 y
1945 se construyeron 197 casa en proyectos habitacionales bien planificados como las
ciudadelas Calderón Muñoz y Carlos María Jiménez. A partir de 1945 el programa de
construcción de viviendas populares fue incorporado a la Caja Costarricense del Seguro
Social y gracias a su acción se edificaron más de 686 casas entre 1945 y 1954. Este
constituye el antecedente inmediato de la creación del INVU.
11. La recomposición de las fuerzas políticas y la administración de Teodoro Picado.
¿Qué impacto tuvo la situación de crisis y las medidas tomadas por la administración
Calderón en el campo político?
¿Cuáles eran las propuestas de los grupos que adversaban a Calderón?
¿Qué hicieron los Calderonistas para robustecer su poder y proyectos?
¿Qué logros y nuevos problemas se presentaron en la administración de Teodoro
Picado?
Las medidas económicas tomadas por el gobierno de Calderón fueron interpretadas
de muy diversas formas por los sectores dueños de capital, pero en su mayoría externaron
su malestar y oposición por lo que consideraban una intromisión del Estado en asuntos de
economía y un aumento de sus gastos pues tendrían que contribuir al financiamiento de la
reforma social en un momento donde la situación económica del país no era la mejor. A
ello sumaban las denuncias de corrupción, despilfarro y malos manejos por parte del
gobierno, el cual había aumentado su presupuesto enormemente hasta cerrar con déficit
muy grandes por el costo de financiar la reforma social y la disminución en los ingresos del
Estado. A ello se sumaba la presencia de un número cada vez mayor de militantes
comunistas en las instituciones del Estado, sobre todo las que debieron crearse para poner
en práctica la reforma social, lo que para los opositores eran signos evidentes de infiltración
comunista y una amenaza a sus intereses.
Por estas razones los sectores de la burguesía agraria, comercial y bancaria
empezaron a expresarse como fuerza opositora del gobierno, aglutinándose en torno a León
Cortés como su líder y candidato presidencial para las elecciones de 1944. Por otro lado,
un grupo de jóvenes intelectuales de clase media habían fundado un centro de estudios
sobre la realidad nacional en 1940 y asumiendo una posición reformista y desarrollista
empezaron a plantear duras críticas a la labor, acciones y asuntos no atendidos por el
gobierno. Este grupo recibe el nombre de Centro para el Estudio de Problemas Nacionales
(CEPN) y se expresó como un grupo crítico y propositivo que no pretendía, por el
momento, transformarse en partido político.
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Entre los miembros del CEPN, estaban Roberto Brenes Mesén, Carlos Monge
Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa, Rodrigo Facio, etc. Sus expresiones fueron esencialmente
críticas para terminar proponiendo ideas acerca de la intervención estatal en la
diversificación de la economía y su mayor participación en la dirección de las actividades
tradicionales. En suma impulsaban un programa de rectificación económica que garantizara
una distribución más justa de la renta nacional, un mayor control sobre las empresas de
capital nacional y extranjero, el impulso de actividades productivas por el Estado, todo lo
cual debía ser orientado por instituciones autónomas encargadas de organizar la producción
nacional. Con ello se obtendrían los ingresos necesarios para atender las demandas sociales,
por eso solucionar lo económico era el primer y más urgente paso.
Por su parte las fuerzas de gobierno buscaron ampliar su plataforma de apoyo y no
dudaron en buscar la bendición de la iglesia católica para su programa de reforma social.
Este último también fue compartido con el partido comunista, quien en función de dicho
proyecto no dudó en brindar el apoyo al calderonismo convirtiéndose en un gran animador
para que las fuerzas populares se expresaran públicamente en marchas y manifestaciones de
apoyo a la gestión del presidente Calderón Guardia. Esos fueron momentos muy convulsos
y criticados por la oposición, que vieron en dichas manifestaciones la intromisión del
comunismo. Sin embargo, el proyecto de reforma no era asunto de leyes y nada más, razón
por la que estas fuerzas aliadas buscaron la forma de continuar en el poder para garantizar
la maduración y éxito de la reforma social.
Para las elecciones de 1944 el gobierno apoyó la candidatura de Don Teodoro
Picado Michalsky, mientras que los comunistas en la coyuntura de la reforma habían
obtenido el beneplácito de la iglesia para que los católicos pudieran apoyarlos siempre y
cuando se expresaran como una fuerza política renovada, razón por la que optaron por el
nombre de Vanguardia Popular. Este partido tuvo como eje de su lucha consolidar y
ampliar la reforma social, razón por la que no fue difícil que se coaligaran con las fuerzas
del calderonismo para constituir lo que en aquel momento se llamó Bloque de la Victoria.
La oposición se presentó con su candidato León Cortés, expresando una serie de
duras críticas al gobierno por la ineficiencia administrativa, la corrupción y la necesidad de
garantizar el respeto al sufragio. El tema electoral cobró especial importancia en esta
ocasión, pues era mucho lo que estaba en juego y de todas partes venían presiones y actos
anómalos para acceder al poder e impulsar poder impulsar los proyectos tras los que se
aglutinaba cada grupo. Las elecciones fueron ganadas por don Teodoro Picado quien
aunque no tuvo el mismo apoyo que se le había dado a Calderón, ganó de una manera
holgada. Su gobierno se caracterizó por tratar de buscar la conciliación nacional aunque con
muy poco éxito, pues las pasiones y críticas ardían por todo lado.
Los esfuerzos se centraron en ordenar la hacienda pública, procurar el saneamiento
fiscal y atender problemas económicos inmediatos que eran secuela de crisis. Así, se
emitieron leyes para impulsar las actividades económicas, controlar la especulación,
mejorar la confección y ejecución del presupuesto, las ayudas a los productores agrícolas y
se restituyó el impuesto sobre la renta a partir de 1946. En el campo social continuo con el
mejoramiento de la reforma social, mientras que en lo político el esfuerzo se centró en la
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confección de un nuevo Código Electoral que garantizara la pureza del sufragio y el respeto
a la voluntad popular. Con dicho código, se evitaban muchas de las anomalías que habían
caracterizado los procesos electorales de años anteriores que era una de las principales
críticas de la oposición.
A pesar de los esfuerzos toda la administración de Picado fue un período muy
convulso. Las críticas por su alianza y presencia de los comunistas en el gobierno, la
influencia y poder del calderonismo y la desconfianza continua a las decisiones
gubernativas eran parte de los cotidiano. La prensa se polarizó y asumió posiciones duras
contra el gobierno, los sectores dueños de capital no se quedaban atrás y lanzaban
constantes amenazas, los miembros del CEPN valoraban la posibilidad de convertirse en
partido político y los sectores tradicionales perdieron a su líder León Cortés, quien falleció
en 1946. Dichas expresiones de molestia dividieron al pueblo costarricense, el cual fue
convocado por José Figueres (había regresado al país en 1944) a una huelga de brazos
caídos en agosto de 1947 como repudio al gobierno.
Esta huelga se inició como una serie de marchas para pedirle al gobierno garantías
electorales, las cuales fueron apoyadas por el comercio y la banca que cerró sus puertas en
apoyo al movimiento durante doce días. Las acciones violentas pronto salieron a flote y la
protesta terminó cuando el gobierno entregó la dirección del tribunal electoral y del registro
cívico a la oposición. Esta huelga fue un punto más que calentó el ambiente de cara al
proceso electoral de 1948.
Las distintas fuerzas políticas se prepararon con tiempo para este proceso. Desde
1945 corrían rumores de un eventual levantamiento contra el gobierno, mientras las fuerzas
de la oposición se organizaban para impedir a toda costa que el calderonismo tomara el
poder. Para esto habían acordado presentarse como un bloque unido al que llamaron
movimiento de compactación nacional que tenía como propósito luchar por la libertad de
sufragio, el restablecimiento de la democracia y la honestidad administrativa. Este fue el
marco de referencia para a una oposición que tenía proyectos bastante distintos como para
ser un grupo homogéneo.
Los sectores opositores se agruparon en torno al Partido Demócrata y el Unión
Nacional como los más fuertes. A su lado, José Figueres era el líder del Partido Acción
Demócrata, el que se coaligó con los militantes de CEPN, dados sus objetivos similares
para formar el partido Social Demócrata. Estos fueron a una convención de la que resultó
ganador Otilio Ulate, candidato del Partido Unión Nacional. De esas agrupaciones la más
pequeña y la de menor arrastre era la jefeada por Figueres quien desde sus años en el exilio
se había comprometido a formar un grupo internacional para luchar contra las disctaduras
retrógradas, llamado Legión Caribe.
Rafael Angel Calderón se presentó como el candidato del oficialismo, pero esta vez
algo más distante del comunismo, dado el nivel de críticas y la recién iniciada guerra fría.
Los comunistas inscribieron papeletas independientes y aunque no hubo pacto formal con
el calderonismo, llamaron a apoyarlo con los votos presidenciales pues constituía un
elemento de confianza para mantener y ampliar las conquistas sociales. La campaña se
caracterizó por la violencia, insultos y marchas de protesta que anunciaban un clima
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beligerante de acuerdo al resultado de la elección, la cual estuvo caracterizada por múltiples
irregularidades y denuncias de todos los frentes. A esto se sumó la quema parcial, en un
dudoso accidente, de las papeletas electorales que habían sido remitidas a San José luego de
los comicios. También varios ciudadanos indicaron que no habían podido votar debido a
acciones irregulares en el Registro Cívico.
A pesar de todo, el Tribunal Electoral, basándose en la información proporcionada
por los telegramas declaró electo a Ulate, mientras que el calderonismo ganó la mayoría de
los puestos legislativos. Dicha declaración de acuerdo a ley se hizo luego del plazo fijado y
no contó con el aval de uno de los tres miembros del tribunal, razón por la que el asunto
debió ser resuelto en el Congreso donde había mayoría calderonista. En este ente se acordó
declarar nulas las elecciones presidenciales pero no las de diputados ni munícipes. Esta fue
la chispa que encendió la guerra civil de 1948, pues antes de que se conocieran los
resultados ya Figueres se encontraba en las montañas donde tenía guardadas las armas para
prepara la ofensiva contra el gobierno.
12. La guerra civil de 1948 y la labor de la Junta de Gobierno (1948-1949).
¿Por qué se dio la guerra civil de 1948?
¿En qué cambio el papel del Estado después de la guarra civil?
¿Qué cambios introdujo la Junta de Gobierno para impulsar un proyecto económico y
político modernizante y acorde a los intereses del grupo que representaba?
¿Bajo que condiciones quedaron los sectores políticos tradicionales, los calderonistas y
comunistas una vez que la Junta de Gobierno entregó el mando a Otilio Ulate?
La guerra civil tuvo como motivos inmediatos la defensa del sufragio, la lucha contra la
corrupción así como contener la influencia política de los comunistas y calderonistas. Pero
en el fondo estaba el interés de un sector emergente de la pequeña y mediana burguesía
aglutinada en torno al Partido Social Demócrata que buscaban la oportunidad de gobernar
para introducir cambios trascendentales en el Estado en los cuales apoyar sus proyectos
modernizantes centrados en la diversificación productiva con la ayuda de la intervención
estatal. Ellos no tenían base ni arrastre político, pues eran un grupo pequeño, recién
fundado que pactó con las fuerzas del capital para entrar más fortalecido a la lucha por el
poder y que vislumbró en la guerra civil un camino rápido para lograr sus objetivos.
El levantamiento armado se inició el 12 de marzo de 1948 desde San Isidro de El
General y se extendió hasta el 19 de abril del mismo año cuando se firma el Pacto de la
Embajada de México. Otro frente se alzó desde San Ramón y lograron un importante
triunfo con la toma de Limón de Cartago para el trasiego de armas y sitiar San José. Para su
lucha reclutaron milicianos entre algunos sectores de la burguesía tradicional, de las capas
medias y algunos campesinos de Alajuela, Heredia y Cartago atraídos a la lucha por los
grandes propietarios y beneficiadores que eran dirigentes rebeldes. Dichas fuerzas se
completaron con milicianos extranjeros vinculados a la Legión Caribe que veían en esta
guerra el punto de arranque para llevar su movimiento a otros países como Nicaragua
donde gobernaba Anastasio Somoza García y República Dominicana dirigida por José
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Leonidas Trujillo. Las armas llegaban desde Guatemala gracias al apoyo que el presidente
Juan José Arévalo prometió a los legionarios.
Calderón no aceptó la decisión del Tribunal Electoral y apoyó al gobierno en su
intento de contener el movimiento. Las fuerzas oficialistas se nutrieron con los 300
efectivos que componían el ejército nacional, algunos empleados públicos, maestros e
intelectuales de izquierda, pero sobre todo con el proletariado rural constituido por los
obreros bananeros y campesinos pobres de Puntarenas, Limón y Guanacaste, los cuales
habían tenido una participación muy activa en el proceso de aprobación de las garantías
sociales y en las manifestaciones de apoyo a los gobiernos de Calderón y Picado. Estos
estaban mal armados y poco organizados. El gobierno de Picado recibió el ofrecimiento de
apoyo militar de Nicaragua, pero lo rechazó. A la vez el gobierno norteamericano estaba
muy atento a la forma como se desenvolvía el conflicto, pues en el contexto de guerra fría
no se podía permitir el avance comunista.
La situación se tornó caótica y difícil de contener por parte del gobierno. Sus
fuerzas eran pocas y mal preparadas, razón por la que la lucha la estaban dando
especialmente los comunistas en franca desventaja respecto a los alzados en armas. Por esta
razón el gobierno decidió capitular. Los comunistas buscaron la forma de contactar con
Figueres y firmaron con su emisario, el padre Benjamín Núñez el Pacto de la Embajada de
México, donde el primero se comprometía a mantener las garantías sociales, el código de
trabajo, las instituciones de bien social, lo movimientos sindicales, así como respetar la vida
y bienes quienes apoyaron el gobierno y garantizar la existencia del partido comunista
como movimiento político.
E este modo los comunistas capitulaban con Figueres y dejaban a Calderón solo en
la lucha. Posteriormente Monseñor Sanabria expresa su apoyo a Figueres quien finalmente
ingresa San José el 24 de abril de 1948. Teodoro Picado, para generar una transición
ordenada en la entrega del poder, el 19 de abril había cedido el mando al tercer designado
don Santos León Herrera y abandonó el país. Calderón también salió de Costa Rica y se
refugió en Nicaragua. Inmediatamente se notó la fragilidad de la alianza de Figueres con
los sectores del capital, pues se negó a entregarles el mando y el 1 de mayo acordó con
Ulate que una Junta de Gobierno se haría cargo del poder por un plazo de 18 meses,
después de los cuales le cedería la presidencia.
De este modo, el 8 de mayo de 1948, la Junta de Gobierno, con Figures a la cabeza,
asumió el mando con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República, abolió la
Constitución de 1871, lo que le abrió el espacio para legislar unilateralmente e imponer el
proyecto transformista del sector emergente de la burguesía. Para ello y contraviniendo el
Pacto de la Embajada de México, se dedicó a sacar de escena a sus enemigos políticos;
pusieron fuera de ley al Partido Vanguardia Popular, declararon fuera de ley a los
sindicatos comunistas, autorizaron a los patronos a despedir empleados de quienes
sospecharan una militancia comunista, se intervinieron propiedades y negocios de personas
vinculadas políticamente a Calderón y Picado, se crearon tribunales de probidad para juzgar
a estas personas, se despidieron empleados públicos, y se establecieron tribunales de ética
para aplicarlos especialmente a los maestros de quienes se sospechaba una identificación
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con las ideas comunistas. También se suspendieron los partidos políticos que atentaran
contra la democracia, lo que significó sacar del juego político a comunistas y calderonistas.
Las medidas anteriores dieron paso a lamentables situaciones de persecución,
reparto del botín político, expulsiones del país, y desaparición de personas que han
generado profundas heridas en la familia costarricense. Para atraer dineros al Estado
decretó un impuesto del 10 % a los capitales superiores de 50 mil colones, por una sola vez,
el cual podía ser pagado en un plazo de cinco años. Se mantuvo el impuesto sobre la renta y
el territorial y se decretó el compromiso del Estado para impulsar el desarrollo industrial
iniciando por la diversificación y modernización de la agricultura. Para ello pretendían
desarrollar una serie de planes mixtos donde instituciones estatales debían ser las
encargadas de estimular la siembra de arroz, frijoles y maíz por parte de particulares con el
fin de abaratar los costos. Otras actividades a estimular por estas instituciones eran la
ganadería de carne para la exportación, la producción de algodón, pesca y turismo, lo que
abría espacios para que la pequeña burguesía pudiera hacer crecer sus capitales.
Para complementar estos planes se decretó la nacionalización bancaria, con lo cual
el Estado lograba captar la totalidad del ahorro nacional al eliminar la banca privada y
disponía cuáles eran las actividades que debían impulsarse con el crédito bancario.
Adicionalmente se creó el Consejo Nacional de la Producción en 1948 como la institución
estatal encargada de promover la agricultura y controlar los precios de los productos
agrícolas. Complementariamente, en 1949, se decretó la nacionalización de los recursos
ecológicos del país y se creo el ICE como la institución encargada de generar los recursos
hidroeléctricos que demandaba el país y su nuevos planes de desarrollo. De esta manera se
sentaron la bases para imponer un Estado gestor e interventor en el proceso de desarrollo
económico nacional garantizándose la generación de la riqueza necesaria sobre la cual
habría de descansar el mejoramiento de las condiciones de vida de los costarricenses.
En el campo social, la acción de la junta se limitó reorganizar el Ministerio de
Trabajo y a mantener su compromiso con el fortalecimiento de la reforma social. Como
complemento se creo un servicio de empleo y se fundó el Servicio Civil como la institución
encargada de calificar y seleccionar el personal idóneo para trabajar en las instituciones
estatales, abandonándose así la práctica otorgar empleos por relaciones de compadrazgo o
compromiso político.
En el plano político se tomó la medida de eliminar el ejército y constituir en su lugar
la guardia civil como garante del orden y la seguridad nacional. Esta medida, ha sido muy
aplaudida a lo largo del tiempo, aunque para aquellas fechas tuvo una clara intencionalidad
política ya que el ejército costarricense que luchó contra Figueres era pequeño y mal
armado y formalmente desapareció cuando éste entró a San José y se le entregaron los
cuarteles. En su lugar, el que quedó fue el llamado ejército de liberación nacional, el que
hizo la guerra dentro del cual habían varios milicianos de la Legión Caribe a los cuales
había que pagarles mientas esperaban el momento de continuar con sus luchas fuera del
territorio costarricense. Pero ese no era un buen momento para que Costa Rica se
involucrara en un conflicto armado con otros países, además de que el peso vigilante de los
Estados Unidos era enorme. Por eso fue una buena táctica disolver el ejército de liberación
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nacional y cambiarlo por una fuerza pública que garantizara el orden y tranquilidad
internos.
Con estas acciones la Junta logra que el Estado se convierta en el eje del proyecto
de transformación económica y para garantizar esto por largo tiempo procuró que esos
principios quedaran plasmados en una nueva constitución política. Así, convocó a
elecciones de diputados para que integraran una Asamblea Constituyente que elaborara la
nueva constitución. Para ello preparó un proyecto de carta magna que no fue aceptado del
todo por los nuevos diputados ya que el autoritarismo con se manejaron las cosas causó
temores en los distintos sectores razón por la que no recibieron mucho apoyo en la elección
de diputados constituyentes. De los 45 puestos para dicha asamblea solo obtuvieron cuatro,
mientras que el Unión Nacional logró 34, de ahí que no les resultara difícil imponer su
criterio y redactar la nueva constitución teniendo como referente la de 1871.
La Constitución aprobada el 7 de noviembre de 1949 incorporó muchas de las
reformas al funcionamiento del Estado que se habían venido dando desde años atrás, así
mantuvo las garantías sociales, incorporó el funcionamiento de las instituciones autónomas,
mantuvo la nacionalización bancaria y creó mecanismos para mejorar la administración
pública fundando la Contraloría General de la República como el ente encargado de
controlar y supervisar el destino y uso de los fondos públicos por parte del gobierno central
y las instituciones autónomas. De la misma forma se definieron con claridad los
compromisos del Estado, pero se descentralizó su funcionamiento para que las decisiones
no pesaran tanto en el poder ejecutivo. Por eso la Asamblea Legislativa emergió como el
poder más fuerte y se crearon las instituciones autónomas.
Otro aspecto que merece destacarse en esta Constitución es la importancia que se
concede a la educación la cual fue conceptualizada como un proceso organizado desde la
preescolar hasta la universidad por el cual debía velar el Estado procurando su mejor
organización y financiamiento. Además se incorporó la creación del Tribunal Supremo de
Elecciones como una instancia autónoma de los demás poderes, lo que sacaba las
decisiones de los procesos electorales de los demás poderes de la República. Igualmente se
le señalaron pautas para organizar todo lo relativo a la organización de procesos electorales
incluyendo por primera vez el voto femenino, una de las luchas centrales de los
movimientos feministas organizados en Costa Rica desde la década del veinte.
Una vez aprobada la Constitución se convocó a elecciones de diputados y se entregó
el poder a Otilio Ulate. Sin embargo, ni comunistas, ni calderonistas pudieron participar en
los sucesivos procesos electorales pues su participación política no fue permitida por la
nueva Carta Magna.
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