Córdova, Arnaldo- El rescate del Estado

7/29/2019 Crdova, Arnaldo- El rescate del Estado

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EL RESCATE DEL ESTADO PARA PONERLO AL SERVICIO DEL

PUEBLO Y LA NACION

Arnaldo Crdova

1. El pueblo soberano y su Estado

La Nacin mexicana es el conjunto de todos los que han nacido en el

territorio nacional o que, habiendo nacido en otros pases, han adoptado la

nacionalidad mexicana. ElPueblo es el Cuerpo Poltico de la Nacin y comprende

a todos los mexicanos que estn calificados por la Constitucin y sus leyes para

decidir, en nombre de la Nacin, qu tipo de Estado se dan y cmo debe funcionar.

Es el Pueblo de los ciudadanos. No todos los mexicanos pueden ser ciudadanos. El

artculo 34 de la Constitucin establece que, para ello, se deben cumplir dieciocho

aos de edad y tener un modo honesto de vivir. Otras disposiciones sealan cundo

se restringe o se pierde la ciudadana (por ejemplo, cuando se est sujeto a proceso

por haber cometido un delito o, ya juzgado, mientras se purga la sentencia).

Dentro de la Nacin, constituida por todos los mexicanos, el que est

capacitado para decidir por ella es el Pueblo. Este la representa en todo lo que

concierne al bienestar del conjunto de todos sus miembros. El es el que decide qu

Estado se da para su buen gobierno y tambin el que elige o designa a quienes se

harn cargo de ese gobierno. Por eso el artculo 39 de nuestra Carta Magna

establece que: La soberana nacional reside esencial y originariamente en el

pueblo. Todo poder pblico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de ste.

El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la

forma de su gobierno.

La razn por la cual el Pueblo constituye al Estado es porque tampoco l

puede gobernar por si solo y debe elegir a sus mejores ciudadanos para que lo

hagan en su nombre y en el de la Nacin. De esa manera, el Pueblo representa a la


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Nacin y el Estado representa al Pueblo y tambin a la Nacin. Todos los rganos

del Estado surgen de la voluntad del Pueblo. Incluso el Congreso Constituyente,

que nos dio nuestra Constitucin y de la cual surgi el Estado, fue convocado en

nombre del Pueblo. A este propsito cabe anotar que la Carta Magna expresa en

todo momento la voluntad del Pueblo y debe adecuarse a lo que esa voluntad

determine o decida.

Por eso es un falso dilema el plantearse si la Constitucin puede o no ser

modificada. Esta puede cambiarse en todo momento y ella misma da las bases para

ello. El artculo 135 nos dice: La presente Constitucin puede ser adicionada o

reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se

requiere que el Congreso de la Unin, por el voto de las dos terceras partes de los

individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que stas sean aprobadas

por la mayora de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unin o la

Comisin Permanente, en su caso, harn el cmputo de los votos de las legislaturas

y la declaracin de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

A este procedimiento para reformar o adicionar la Carta Magna se le ha

llamado Constituyente Permanente o Poder Revisor. Para el caso no importa. Y

como podr verse, el 135 no impone ninguna limitacin para reformar o adicionar

y, adems, ningn artculo dice que no puede ser reformado. As que no es

necesario convocar a un nuevo Congreso Constituyente para esa tarea. La

Constitucin puede reformarse como los representantes del Pueblo lo decidan.

Creemos, empero, que hay un solo artculo que no podra ser modificado porque es

la base y la raz de todo el orden constitucional: el 39 que establece el principio de

la soberana popular. Si no hablamos de la soberana del Pueblo, que nos

comprende a todos, habra que hablar de la soberana de un grupo o lite, con lo

que tendramos, de plano, otra Constitucin y otro Estado.

Es as que el Pueblo ha decidido constituirse en una Repblica, como lo

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establece el 40 constitucional, que ser representativa, democrtica, federal,

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen

interior, pero unidos en una Federacin establecida segn los principios de la ley

fundamental. Ahora el Poder Revisor de la Constitucin ha decidido que esa

Repblica ser tambin laica, lo que no sobra, pero no haca falta de verdad, pues

esa caracterstica del Estado est ya definida en el artculo 130 constitucional. Que

sea representativa quiere decir que sus instituciones estatales se constituirn con

representantes del Pueblo, elegidos directamente por l o por medio de sus rganos

constituidos. Por eso ser tambin democrtica, porque es el Pueblo el que elige a

travs de las elecciones a sus representantes. No sobra recordar que democracia es

una palabra integrada por otras dos: demos, pueblo, y kratos, poder. Es el poder del

pueblo, por el pueblo y para el pueblo, deca Lincoln.

Necesitamos que el Pueblo no slo elija, sino que se le de un poder activo de

control y vigilancia de sus representantes y, al mismo tiempo, que stos estn

obligados a rendir cuentas de la misin para la que fueron electos. Por eso es

necesario que se establezcan instituciones de participacin ciudadana que hagan

real y efectivo ese control y esa vigilancia. Desde siempre nos hemos pronunciado

por la institucin del plebiscito, el referndum, la iniciativa popular y la revocacin

del mandato, que le dan cuerpo a una democracia de verdad participativa. En el

plebiscito se le pide al pueblo que decida sobre diversas opciones que se le

presentan para la elaboracin de una disposicin legal o reglamentaria; en el

referndum se le pone a consideracin, para su aprobacin o su rechazo, una ley o

inclusive un reglamento aprobados previamente por el Legislativo o el Ejecutivo.

El Legislativo produce leyes; el Ejecutivo reglamentos. La iniciativa popular

consiste en que un cierto nmero de ciudadanos tenga la posibilidad de presentar

iniciativas de ley. La revocacin del mandato es la decisin popular de suspender

de su cargo a cualquier funcionario que ejerza encomiendas pblicas por eleccin o

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por designacin y que puede iniciarse si un cierto nmero de ciudadanos

establecido en la ley lo demanda por su mal desempeo.

Nuestro Pueblo, sin embargo, no es un pueblo unitario, sino, ms bien, una

federacin de pueblos, unidos en una misma Nacin. Por eso su Estado tiene que

ser tambin federal.

2. El federalismo y el autogobierno del Pueblo

El federalismo no fue una mera ocurrencia en Mxico, sino un hecho

histrico que se registr en un enorme pas y con una escasa poblacin. Cuando

Mxico naci a la vida independiente tena vastsimas extensiones muy poco

pobladas que, no obstante, contaban con poblaciones locales muy activas y

demandantes, muchas de las cuales haban combatido por la independencia. Fue as

que en 1823, las provincias de Jalisco, Oaxaca, Yucatn y Zacatecas proclamaron

sus gobiernos locales y llamaron al resto de las provincias del pas a establecer en

Mxico una Repblica federal. Una vez triunfante la causa federalista, la primera

Constitucin del Mxico independiente, la de 1824, instaur en el pas el rgimen

federalista.

El federalismo resulta, por muchas razones, la forma ms democrtica de

organizacin del Estado nacional, porque esa organizacin viene desde las

profundidades de la Nacin, de las comunidades y localidades en las que viven los

pueblos. Es all donde los ciudadanos actan diariamente y luchan por sus

intereses. Cuando se reclama un Estado desde la base, se tiene la ms acabada

democracia. Ahora bien, cada pueblo es diferente a los dems y plantea sus propias

exigencias. Una Repblica federal tiene que organizarse tomando en cuenta todas

esas exigencias y buscar la manera de que queden representadas en el poder federal

que las unifica a todas.

El gran estudioso francs de la democracia norteamericana, Alexis de

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Tocqueville, deca que hay una escala que va de abajo hacia arriba: primero es la

comunidad, luego el Estado y al final la Federacin. Eso fue lo que nuestros padres

hicieron al conformar nuestra primera Repblica federal y democrtica. Se entiende

que las comunidades (las localidades) organizan a sus Estados, las futuras entidades

de la Repblica federal, dndose su propio gobierno en el Municipio y sus

Ayuntamientos y representndose todas en el poder local, estatal. Los Estados, a su

vez, organizan al Estado nacional, federalista, en el que todos los Estados y sus

comunidades estn plenamente representados. Esto fue un proyecto y un plan de

accin, pero finalmente cuaj en la constitucin del Estado moderno en Mxico.

De esa experiencia histrica real extraemos nuestro programa poltico. La

democracia debe formarse desde la base, desde las comunidades de los Municipios.

Estos deben dejar de ser simples demarcaciones administrativas de los Estados para

convertirse en organizaciones ciudadanas fundadoras de los poderes estatales, los

que, a su vez, formarn el Estado nacional. Una democracia en la que los

Municipios no son nada es una ficcin de democracia. La verdadera democracia

comienza por el fortalecimiento de las comunas municipales, donde los ciudadanos

viven, conviven y luchan por la existencia.

Los poderes estatales en sus tres ramas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial,

deben concebirse como representacin de la voluntad soberana de todos las

comunidades municipales que conforman el mbito territorial de cada entidad

federal y nunca ser vistos como si ellos fueran autnomos de las comunidades de

ciudadanos a las que se deben y por las cuales existen. Por eso, deben abolirse

todas las formas de sujecin de los Municipios al poder de los Estados. Ya no

deben ser las Legislaturas las que dicten a los Municipios sus leyes orgnicas. Esa

facultad debe darse a los mismos Municipios y cada uno debe decidir cmo

gobernarse, atendiendo siempre a los lineamientos de las Constituciones estatales y,

sobre todo, de la Constitucin Poltica de la Repblica.

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Los Estados de la Federacin, a su vez, se entienden como entidades

fundadoras de la Repblica y las enumera el artculo 43 de nuestra Carta Magna.

Entre ellas se cuenta al Distrito Federal, asiento de los poderes de la Unin al que,

por razones que no se justifican ni histrica ni constitucionalmente, se le niega su

soberana interior. Cada Estado (incluido el DF) cedi parte de sus poderes, para

concentrarlos en la Federacin, de manera que sta pudiera decidir por todos y

tener la fuerza suficiente para representarlos a todos y protegerlos respecto de otros

Estados.

Los Estados son autnomos en su rgimen interior, del mismo modo en que

deben serlo los Municipios. La Federacin concentra los poderes suficientes para

poder gobernar a todo el pas y representarlo en el exterior y actuar en su defensa

cuando se requiera. Un poder central como lo es el federal debe actuar en estricto

acatamiento del pacto entre los Estados que le dieron nacimiento. Por eso, sus

facultades estn rigurosamente sealadas en la Carta Magna, mientras que las de

los Estados no, pero debiendo stos siempre atender a los lineamientos de ese pacto

poltico que es nuestra Constitucin.

En un autntico Estado federal, son soberanos lo mismo los Municipios que

los Estados, porque son la expresin de la voluntad de sus comunidades de

ciudadanos. El Estado federal es soberano en la medida en que expresa la voluntad

de los ciudadanos reunidos en las comunas y en las entidades. Por eso, un Estado

federal no puede funcionar si no es totalmente democrtico, de manera que la

voluntad del pueblo pueda fluir de abajo hacia arriba y manifestarse en actos

soberanos de decisin poltica. La diversidad de soberanas (comunal, local y

federal) slo es un asunto de competencias que deben complementarse a la

perfeccin. Mxico ser libre de verdad cuando sea de verdad democrtico.

Todo eso se resume en el texto del artculo 40: Es voluntad del pueblo

mexicano constituirse en una Repblica representativa, democrtica, federal,

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compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen

interior; pero unidos en una Federacin establecida segn los principios de esta ley

fundamental. Faltara slo agregar que los Estados, a su vez, se componen de

Municipios libres y soberanos en todo lo concerniente a su rgimen comunal, para

que la idea de la soberana del pueblo fundadora del Estado nacional quedara

plenamente plasmada y legitimada.

3. El Pueblo y la Nacin

Andrs Molina Enrquez, el gran precursor e idelogo de la Revolucin

Mexicana, escribi que la tierra es a un pueblo como la concha al caracol: en ella y

de ella vive. Un pueblo sin tierra jams podra subsistir. Por eso el Constituyente de

Quertaro imagin un sistema de relaciones de propiedad que asegurara, en primer

trmino, el dominio (vale decir, la propiedad) del comn del pueblo sobre su propio

territorio. Introdujo un sujeto que sera el propietario original de ese territorio, o

sea, la Nacin, la que, representada por su cuerpo poltico, su pueblo de

ciudadanos, distribuira sus bienes entre todos sus integrantes, fundando la

propiedad privada, pero no solo, tambin la propiedad de los grupos sociales y

reservara para el conjunto de ellos un patrimonio que el Estado, organizado por el

pueblo, administrara para el bienestar de todos.

Fue as como surgieron, en orden de jerarqua, la propiedad nacional, la

propiedad privada y la propiedad social. En el artculo 27 de la Carta Magna se

define a la propiedad nacional como la propiedad que naci antes que ninguna otra

y de la cual surgieron las dems. La Nacin hizo a los hombres propietarios

privados y garantiz a los grupos originarios del pas, los indgenas, a los

trabajadores del campo (en una poca en la que la inmensa mayora viva de la

agricultura), as como a los grupos de productores que se asociaban en

cooperativas, lo que se llam propiedad social. La propiedad nacional qued como

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reserva para hacer nuevos propietarios, privados o sociales, y para administrar la

riqueza comn para el desarrollo del pas.

Los propietarios privados, respecto a las tierras, lo son slo de la superficie

del territorio, por lo que se les llama superficiarios; pero en lo restante, pueden

ocuparse de toda clase de actividades productivas y profesionales con entero

dominio de sus bienes. El patrimonio nacional est constituido, segn el 27, por las

tierras y aguas que no se hayan entregado a los privados (lo que antes se llamaba

terrenos nacionales), por lo mares aledaos y sus fondos, por el subsuelo y sus

riquezas y por el espacio areo sobre el pas. El mismo artculo seala las

actividades productivas que explotan los bienes de la Nacin y que quedarn en

exclusiva reservados para la Nacin.

Entre ellos se encuentran los hidrocarburos (el principal, el petrleo), la

produccin de electricidad y otras actividades (ya no muchas, porque los

regmenes derechistas los han entregado a los privados, extranjeros y nacionales).

Los privados pueden explotar los bienes de la Nacin, mediante concesiones que el

Estado les otorga. La primaca del dominio de la Nacin, empero, se denota por el

hecho de que la misma Constitucin encarga al Estado, su representante poltico y

jurdico, ser rector del desarrollo econmico del pas, coordinando y planificando la

actividad de todos con ese fin (artculos 25 y 26). El artculo 28, que estipula un

desarrollo sin monopolios ni concentraciones indebidas de riqueza, da tambin al

Estado la facultad de regir el desarrollo a fin de hacerlo un desarrollo igual y

benfico para todos.

Puede observarse, sin mucha dificultad, que las relaciones de propiedad, tal y

como estn descritas y legitimadas en la Constitucin, nos revelan que la Nacin no

es un ente abstracto e idntico a s mismo, sino un conjunto extremadamente

variado y variopinto. Tenemos, a simple vista, tres grupos sociales diferentes entre

s: los propietarios privados, los grupos sociales y quienes trabajan para los

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privados, los asalariados. La Constitucin los protege a todos (artculos 27 y 123).

Pero el artculo primero instituye la proteccin a todos los mexicanos,

definindolos como diferentes entre s; el artculo segundo nos habla de la

composicin pluricultural y pluritnica de la Nacin y protege y preserva a todos

sus componentes de cualquier clase o tipo que sean. Est claro que en ese sentido

deberemos avanzar mucho ms, porque a nadie satisfacen las actuales

estipulaciones de la Carta Magna.

Podemos decir que todo ese conjunto de rasgos distintivos y de realidades

que definen a la Nacin mexicana constituyen nuestro caparazn protector y

tambin como la definicin de lo que somos ante el mundo de las naciones. No

estamos aislados ni vivimos slo para nosotros. Ese caparazn nos describe frente a

los dems en el planeta y habla claramente de los derechos que reivindicamos en

nuestra existencia como Nacin entre las dems. Los intercambios econmicos,

sociales y culturales con ellas, parten de lo que somos. Resulta imperativo, por lo

mismo, que refundemos nuestra poltica internacional y le demos un giro que nos

permita hablar en derecho con los otros y hacernos respetar como nosotros

debemos respetarlos a ellos.

Hace ya mucho tiempo que hemos estado perdiendo la nocin de lo que

despus de la Revolucin Mexicana adquirimos como conciencia y como voluntad

de preservar y hacer respetar: la nocin del inters nacional. Los gobiernos

derechistas que hemos padecido desde 1982 nos han llevado a una debacle total de

cualquier voluntad de luchar por nosotros mismos como nacin. El entreguismo a

los intereses econmicos y financieros del exterior, la prdida de rumbo en nuestro

trato con las potencias del mundo y el abandono de la educacin del pueblo y de la

promocin de la ciencia, la tecnologa y las artes nos han convertido en una nacin

postrada e indefensa. Hay ramas enteras de la economa nacional, como la banca o

la industria que ya no son nuestras; nuestra cultura sobrevive porque los mexicanos

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siguen siendo un pueblo de hondas races histricas, pero la pobreza y la miseria se

extienden por doquier en nuestro territorio, por efecto del mal gobierno y de

nuestra descomposicin social y econmica a que ha dado lugar.

Estamos convencidos de que defender a la Nacin, a sus grupos tnicos, a

sus clases econmicamente activas, a sus trabajadores del campo y la ciudad y a

su progreso cultural, cientfico, tecnolgico y artstico es una lucha de vida o

muerte y nuestro Movimiento, en ese sentido, est decido a todo.

4. El gobierno del pueblo

El gobierno o, tambin, la administracin pblica, constituyen la rama

ejecutiva del Estado, diferente de la legislativa o la judicial, que se encargan de

otras materias. En la Constitucin, los artculos 80 a 93 encargan al presidente de la

Repblica, titular del Ejecutivo, y a sus subordinados, los secretarios de Estado y

los servidores de la Administracin Pblica Federal, la conduccin del pas, su

gobierno, y su recta administracin, no slo del aparato del Estado, sino tambin de

los bienes que son propiedad de la Nacin y de los servicios que todos estn

llamados a prestar a la sociedad. La rama ejecutiva del Estado nos representa

tambin frente al mundo de las naciones y, con las fuerzas armadas a su

disposicin, est, asimismo, encargada de la defensa y el mantenimiento del orden

interior de la Repblica.

Para muchos tericos y analistas de la poltica se trata, en verdad, de un

superpoder. En una democracia como queremos ser nosotros, sin embargo, debe

tener sus limitaciones que lo hagan sindicable a los ojos de la ciudadana sin

desmedro de sus facultades, pues una sociedad sin gobierno es una sociedad

anrquica e incontrolable. Pero es el caso de que todo en nuestra Constitucin, tal y

como nos ha sido legada, es defectuoso en este respecto: ni se precisan con

propiedad las facultades de un buen gobierno ni, por otro lado, se especifican los

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controles que deben darse sobre ese enorme poder, para que el gobierno sea eficaz

y, al mismo tiempo, democrtico.

En el Constituyente de 1917 fue diseado un Ejecutivo fuerte, prevaleciente

sobre los otros dos poderes que, a travs del tiempo, pudo ejercer un dominio total

no slo sobre esos dos poderes, sino, adems, sobre los poderes locales. A esos

mecanismos constitucionales se les agregaron otros aditamentos, como la creacin,

en primer trmino, del partido oficial en 1929, el Partido Nacional Revolucionario,

del que derivaron el Partido de la Revolucin Mexicana y, finalmente, el Partido

Revolucionario Institucional. El artculo 89 enumera las facultades del Ejecutivo,

las que en la letra de ese artculo no representan mayores poderes. Los ultrapoderes

de esa rama del Estado radican en otros artculos de la Constitucin,

sealadamente, en el 27 y el 123.

El primero de esos artculos da al presidente la facultad de expropiacin de

toda forma de propiedad, privada o social. Lo que se consolid con la Ley de

Expropiacin de 1936. Sin previo aviso, el titular del Ejecutivo nos puede

expropiar a todos. No es una facultad que pueda ejercer a todas horas, por supuesto,

pero le representa un enorme poder disuasivo que no est comprendido en sus

facultades del 89. El artculo 123 lo hace rbitro, mediante las Juntas de

Conciliacin y Arbitraje, en las que actan, tripartitamente, un representante del

gobierno, uno de los patrones y otro de los trabajadores. Eso ha permitido al

presidente someter a los trabajadores y tambin a los empresarios a su voluntad.

Desde luego que necesitamos un Ejecutivo que funcione bien. El presidente

debe tener amplias facultades para ejercer sus funciones, por ejemplo, nombrando a

sus funcionarios segn su leal saber y entender, pero el Legislativo, que tiene la

facultad constitucional de controlar los actos polticos del Ejecutivo, debe poder

decidir sobre la idoneidad de esos funcionarios y aceptarlos como se hace en los

gobiernos de gabinete. Debe tener el mando de las fuerzas armadas, pero los

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secretarios de la Defensa y de la Marina que, en primer trmino, deben ser

unificadas en una sola secretara de la Defensa, deben quedar bajo la conduccin

poltica de un secretario civil. No debemos seguir dando a los militares las

secretaras que tienen que ver con la conduccin poltica de las fuerzas armadas.

En particular, a las fuerzas armadas debe reservrseles la facultad

jurisdiccional de juzgar a los militares de las tres ramas, nicamente por faltas a la

disciplina militar. Los militares que, en servicio, cometan delitos del orden comn

o federal, deben ser juzgados por autoridades civiles, lo que se llama los jueces

naturales. Eso evitar la impunidad y el encubrimiento en el funcionamiento de

nuestros institutos armados. Esto no slo es materia de derechos humanos, sino

tambin del funcionamiento democrtico de la Repblica.

En el derecho constitucional, el Legislativo ejerce lo que se llama control

poltico, que quiere decir una vigilancia y, en su caso, una recomendacin, sobre

los actos del Ejecutivo. Pero la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder

Judicial Federal, ejerce lo que tambin se denomina control constitucional o de

constitucionalidad, que quiere decir que, tanto sobre leyes del Legislativo como

sobre actos del Ejecutivo, puede hacer observaciones sobre su apego a la letra y al

espritu de la Constitucin. Si una ley o un acto de gobierno violan o no se apegan a

los preceptos constitucionales, carecen de validez. El Ejecutivo no acta solo ni

puede hacer lo que quiera. Debe someterse a las leyes y dar cuenta al Legislativo de

sus actos y, sobre todo, debe apegarse a la Carta Magna, cumplir sus leyes y

tambin los tratados internacionales que forman parte de nuestra ley fundamental,

segn el artculo 133.

Nosotros no estamos luchando por una forma de Estado en la que el gobierno

de la sociedad desaparezca ni nos hemos pronunciado por una forma parlamentaria

de organizacin de la Repblica, como muchos de nuestros compaeros desean. La

forma de Estado que tenemos, est bien para nosotros, pero queremos que, en todo

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caso, sea una forma democrtica de gobernar a la Nacin. No podemos seguir

permitiendo un rgimen que no es capaz de gobernar al pas, pero tampoco

deseamos una dictadura que es lo que desea la derecha gobernante hoy en da. El

rgimen presidencial es parte de la tradicin poltica del pas. No estamos peleados

con l. Pero debe ser democrtico y obediente de la Constitucin y sus leyes. Ya

ms adelante veremos si todos los mexicanos de verdad deseamos una repblica

parlamentaria para nosotros. Hoy tenemos lo que tenemos y nos atenemos a ello.

5. El Legislativo del pueblo

El Poder Legislativo es el encargado de elaborar las leyes de un pas. Las

leyes no vienen del cielo ni las dicta un individuo que est por encima de todos los

dems. En la sociedad moderna y democrtica, un Legislativo se integra por todas

las fuerzas polticas y sociales que eligen a sus representantes y, a travs del voto,

se les encarga que lleven los diferentes intereses de esas fuerzas al debate

parlamentario y busquen incluirlas en las leyes que se producen. Al Legislativo se

le llama de muchas maneras: Asamblea Nacional, Congreso, Parlamento. Entre

nosotros es el Congreso de la Unin, integrado por representantes elegidos por el

Pueblo. Todos ellos, diputados o senadores, son considerados representantes de la

Nacin, vale decir, de todos los integrantes de la sociedad, independientemente de

que sean elegidos en Distritos o por listas plurinominales.

Las leyes se hacen sobre la base de iniciativas que puede presentar el

presidente de la Repblica, los diputados o senadores del Congreso y las

Legislaturas de los Estados. Nadie ms puede hacerlo y eso es una limitacin que

nos proponemos remediar. Debe darse a grupos de ciudadanos esa facultad, lo que

se llama iniciativa popular, o sea, un cierto nmero de ciudadanos que, de acuerdo

con la ley, presentan propuestas de ley o de modificacin de leyes. En todo caso, es

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siempre el Congreso el que decide, pero debe ser un poder que se acostumbre a

escuchar la opinin de los ciudadanos, sobre todo, cuando se trata de intereses que

directamente les ataen.

Las responsabilidades del Congreso, por supuesto, no se limitan a elaborar

las leyes que derivan necesariamente de la Constitucin (no puede hacer leyes que

vayan en contra de la Constitucin o que se permitan ignorarla), sino que tiene

muchas otras responsabilidades. Un parlamento es una instancia en la que se parla

o se habla y se escucha, y adems se discute. El nuestro est hoy muy lejos de ser

eso. Pero el Congreso tiene, como ya se apuntaba antes, la facultad de controlar

polticamente los actos del Ejecutivo. Esto quiere decir que no slo debe recibir las

iniciativas de ley del presidente (las que siempre son mayora, porque es el

Ejecutivo el que sabe en dnde y en qu materia se necesita de una buena ley).

Debe tambin vigilar que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos y se apegue a

los acuerdos con todas las fuerzas polticas del pas. Debe ver que sus funcionarios,

por sus antecedentes, sean los ms adecuados para auxiliarlo en sus funciones.

El Congreso no slo debe aprobar la Ley de Ingresos (tarea de las dos

Cmaras) y el Presupuesto de Egresos (tarea de la Cmara de Diputados), sino

vigilar que se cumplan y se ejerzan bien, llamando a cuentas a los gobernantes y

sometindolos a responsabilidades. Eso es parte del control poltico. Tambin si

hay un exceso en la accin de las fuerzas de seguridad, que dependen del Ejecutivo,

los representantes de la Nacin tienen la facultad de llamar a cuentas y ser bien

informados. El Congreso acta, tambin, como supremo tribunal de control cuando

somete a juicio poltico o juicio de procedencia a los responsables de ejercer el

poder cuando cometen ilcitos en sus funciones o violaciones graves a la

Constitucin y las leyes.

Un rgano muy importante de control del Ejecutivo en su poltica de gasto es

la Auditora Superior de la Federacin, la cual se crea por ley del Congreso, segn

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manda la fraccin XXIV del 73 constitucional y que coordina y evala la Cmara

de Diputados, como lo establece la fraccin II del artculo 74 (dedicado a las

facultades exclusivas de esa Cmara). Ese rgano de fiscalizacin debe constituirse

como un rgano autnomo de evaluacin de la actividad del gobierno en el gasto

pblico y tener facultades para que esa vigilancia se d al mismo tiempo que se

cumple con el Presupuesto de Egresos y deje de ser un rgano subordinado al

Legislativo y, en particular, a la Cmara de Diputados. Debe dotrsele, adems, de

facultades persecutorias cuando se den ilcitos en el desarrollo del gasto y fincar

responsabilidades a los responsables.

A los gobiernos derechistas y autoritarios como los que padecemos desde

hace tres dcadas les incomoda un Legislativo que los llama a cuentas y que les

finca responsabilidades. Salen desde luego con el argumento de que no los deja

gobernar. No acaban de entender que un parlamento es el lugar por excelencia del

debate pblico y que en l todos los asuntos se deben ventilar. Fortalecer al

Ejecutivo, como ahora se pretende, restando facultades al Congreso o limitando sus

funciones es profundamente antidemocrtico y autoritario. Un buen gobierno debe

asumir sus responsabilidades pblicas en todo momento y ello, muchas veces,

quiere decir, dar cuenta a los representantes de la Nacin de todos sus actos.

Imaginarse un Congreso en el que sus miembros sean obsecuentes y solcitos

a toda pretensin o exigencia de los gobernantes es pensar en el pasado autoritario

que se supone ya dejamos atrs. Eso no quiere decir que nuestro Congreso funcione

bien o, incluso, no pueda ser un impedimento para el buen funcionamiento de las

instituciones. Claro que funciona mal y hace falta regular mucho mejor su trabajo.

La Ley Orgnica del Congreso y su Reglamento Interior son una basura heredada

de los viejos tiempos pristas que casi no se han tocado y que los partidos, quin

sabe por qu, no quieren tocar ni modificar adecuadamente.

Llegar a acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios, por ejemplo,

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tambin requiere de reglas, de normas que fijen el modo de seguir adelante con el

trabajo legislativo y eso no existe. Hay una total anarqua ah y se siguen dando los

mayoriteos y las celadas entre los negociadores de los grupos que nadie puede

controlar. Todo eso se puede someter a reglas, fijando, en primer lugar, tiempos y

modos para hacer propuestas y definir posibles soluciones. Si se deja a su libre

voluntad a los lideres parlamentarios, sin responsabilidad ninguna, vale decir, sin

que se les obligue a pronunciarse en cada momento sobre las posturas de sus

grupos, no habr ni podr haber acuerdos de ninguna naturaleza. Llegar a acuerdos

debe ser un procedimiento previsto en el Reglamento Interior, evitando que los

lderes manden los acuerdos a las calendas griegas.

Reelegir a los representantes populares es un falso problema. Se alegan

tonteras como la de que debe haber una especializacin en el trabajo legislativo.

En realidad, en ese trabajo no hace falta ninguna especializacin y cualquier

ciudadano lo puede desempear. Lo que se busca con esas propuestas es conformar

grupos de poder que se consolidan entorno de compromisos inconfesables. Todo

buen ciudadano, despus de un poco puede ser un buen conducto para expresar las

inquietudes y las demandas de sus representados. Necesitamos slo de normas

claras en el ejercicio de la democracia, al elegir, y en el desempeo en el poder

cuando ya se ha llegado a los puestos de representacin y eso es, precisamente, lo

que falta. No tenemos mucho que cambiar, pero s muchos establos de Augas que

limpiar. Necesitamos slo, como en todo, transparencia y reglas claras.

6. La justicia del pueblo

Un Estado sin tribunales no es un verdadero Estado. El Poder Judicial se

establece, como su nombre lo indica, para hacer justicia, para decir el derecho de

cada quien. El juez es el derecho hecho hombre, deca el gran jurista italiano Piero

Calamandrei. De ese hombre, dedicado a interpretar el derecho, depende de que a

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todos se nos haga justicia en cualquier clase de asuntos. En un Estado federal como

el nuestro, la imparticin de justicia es vital para el buen funcionamiento y la

debida convivencia de todos los intereses que surgen en la sociedad. Quiere decir

que hay un fuero, vale decir, una jurisdiccin, que es general, federal, y otro que es

local, estatal. Las materias de que se ocupa pueden ser parecidas, pero vara la

jurisdiccin. La justicia federal tiene, adems, el encargo de interpretar la

Constitucin y proteger los intereses que ella misma estipula.

En el primer ttulo, captulo primero, de la Carta Magna, se renen todos los

artculos que estn dedicados a proteger a la persona. Proviene de la Constitucin

liberal de 1857. Estamos en la era de los derechos humanos y todo mundo

comienza a reclamar que ese captulo sea reemplazado por otro que se dedique a la

proteccin de los derechos humanos y no solamente a garantizar algunas libertades

fundamentales. Hay un enorme nmero de tratados y convenios internacionales que

nuestro gobierno ha signado y que se refieren a derechos de las personas y de los

grupos humanos que deben ser consignados en ese captulo. Hasta ahora se llama

De las Garantas Individuales; en adelante deber ser De los Derechos

Humanos y no slo individuales sino tambin de grupos o sociales.

Los revolucionarios franceses acuaron, en su Declaracin de los Derechos

Humanos y del Ciudadano de 1789, que una nacin que no cuenta con una

Constitucin en la que se contenga una declaracin de derechos y el principio de la

divisin de poderes, no es una verdadera nacin ni la suya una verdadera

Constitucin. Para que eso tenga sentido, desde luego, necesitamos un Poder

Judicial que sea el garante de esos derechos y de la Carta Magna en su conjunto.

Ahora bien, el Poder Judicial se integra por dos instancias claramente definidas:

una, que es preventiva y persecutora de las violaciones al derecho y, otra, que es

resolutiva o juzgadora. A la primera llamamos Ministerio Pblico (en otros

regmenes jurdicos se llama tambin Fiscala). A la segunda, propiamente, sistema

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judicial.

El Ministerio Pblico, entre nosotros, es una autntica aberracin, porque se

instituye como una rama del Poder Ejecutivo sin que haya absolutamente ninguna

razn para ello. En la mayora de los pases se encuentra integrado al Poder

Judicial. Tenemos una figura que es emblemtica: la de los procuradores de

justicia, que no son lo que el nombre indica, sino, a la vez, abogados del Ejecutivo

(federal o local) y cabezas del Ministerio Pblico. Eso debe terminar. El Ministerio

Pblico debe instituirse como una rama autnoma del Poder Judicial, con su

servicio civil de carrera, su organizacin propia y su propia ley orgnica. Los

procuradores deben conservarse slo como abogados o representantes legales del

Ejecutivo.

El problema de los servicios de carrera en este pas es que no hay reglas

claras para su integracin ni una carrera cierta a la que sus integrantes puedan

acceder. Eso ocurre tambin con el sistema judicial. Las cosas han mejorado en los

ltimos decenios, pero todava est todo para hacerse casi desde el principio. Los

servicios civiles de carrera deben concebirse como sistemas formadores de personal

especializado en las dos ramas, persecutoria y juzgadora. Debe haber centros

formadores de estudios y de capacitacin en el mismo Poder Judicial y un escalafn

de mritos que lleven a ocupar todos los cargos de la carrera. Para eso hay que

formular una nueva ley orgnica del Poder Judicial, federal y local.

El juez local, en los sistemas estatales, se ocupa de decir el derecho de

acuerdo con las legislaciones de los Estados. Pero, cmo protege el juez federal

los derechos constitucionales de todos? Existe hoy una institucin que es la

encargada de desahogarlo, el Juicio de Amparo. Nos fue legado por los grandes

liberales y constitucionalistas del siglo XIX, Manuel Crescencio Rejn y Mariano

Otero. El segundo nos leg tambin la llamada Frmula Otero, que consiste en

amparar a quien lo solicite por violaciones de derechos constitucionales, pero sin

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afectar la ley ni la autoridad cuyo acto se reclama, vale decir, que no tiene efectos

protectores para todos. Si a m, el juez federal me ampara, eso no quiere decir que

ampare a todos los que se encuentran en mi situacin.

En los Estados Unidos, cualquier juez, desde el juez de paz o vecinal, est

facultado para interpretar la Constitucin y, por lo tanto, para dictar el amparo de

cualquier persona. Entre nosotros slo son intrpretes de la Constitucin los

ministros de la Suprema Corte de Justicia, con exclusin de todos los dems. Ya

que tanto imitamos a los norteamericanos, es en eso, precisamente, en lo que

deberamos seguirlos. Nosotros proponemos que cualquier juez pueda declararse

sobre toda ley que sea aprobada por los Poderes Legislativos y est en capacidad de

sealar su inconstitucionalidad o su anticonstitucionalidad (o sea, que ignore la

Carta Magna o, de plano, vaya en contra de su letra y su espritu).

A esa facultad se le llama control de constitucionalidady corre siempre a

cargo del Judicial. Consiste en saber si las leyes del Legislativo o los actos del

Ejecutivo van en contra de la Constitucin. La Frmula Otero debe eliminarse, por

restrictiva, e imponerse el pleno control de la constitucionalidad por parte del

Judicial. As, el Legislativo se cuidar de elaborar leyes inadecuadas y los

Ejecutivos de realizar actos ilegales o anticonstitucionales.

Se discute si a la Corte se le debe dar la facultad de iniciar leyes, o sea, de

presentar iniciativas de ley ante el Congreso. Nosotros creemos que no debe tener

esa facultad, porque sus funciones son de otro tipo. Podra, en todo caso, hacer

recomendaciones, pero no iniciar leyes, por la sencilla razn de que se convertira

en juez y parte. Qu pasara cuando alguien, por ejemplo, se ampare contra una

ley que fue propuesta por el Judicial? Cada Poder del Estado debe estar a lo suyo.

Los Consejos de la Judicatura pueden ser buenos o malos, todo depende. Un

Consejo de la Judicatura debe ser el cernidor de una buena seleccin y una buena

eleccin de los jueces y los agentes del Ministerio Pblico. Pero debe ser una

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instancia por completo autnoma, que sea nombrada por un Poder que tenga

facultad de control. Nos parece que se slo lo puede ser el Legislativo. Los

miembros del foro (as se llama a la comunidad de litigantes y abogados que

ejercen la profesin) o de la academia en los centros formadores de abogados,

podran ser los encargados de proponer a los integrantes de esos consejos.

La fraccin XXIX-H del artculo 73 faculta al Congreso de la Unin para

expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo. Se trata de

instancias separadas del Poder Judicial de la Federacin. Antes se inscriban en la

rbita del Poder Ejecutivo, se deca, como tribunales administrativos, y nadie se

explicaba cmo era que el Ejecutivo tena a su cargo la imparticin de justicia.

Ahora tenemos un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y tribunales

agrarios, uno, llamado Tribunal Superior Agrario y, otros que son Unitarios

Agrarios. Esos tribunales deben entrar en la esfera del Poder Judicial de la

Federacin, pues no se justifica que funcionen como organismos autnomos e

independientes en su funcionamiento.

7. La administracin pblica del pueblo

El Poder Ejecutivo de la Nacin se ocupa de dos materias fundamentales: el

gobierno de la sociedad, coordinando y poniendo de acuerdo a todas las fuerzas

polticas y sociales del pas, y la administracin del Estado, en sus dos clases de

entidades, los organismos que integran las dependencias del gobierno (Secretaras

de Estado, Departamentos administrativos y la Consejera Jurdica de la

Presidencia, que, en nuestra opinin, debera ser sustituida por la PGR) y las

entidades llamadas paraestatales (literalmente que estn al lado o detrs del Estado)

y que se dedican, en su mayor parte, a administrar los bienes de la Nacin o prestar

servicios pblicos estratgicos a la poblacin.

La administracin pblica federal se define como centralizada y paraestatal,

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para diferenciarse de otro tipo de entidades que son los organismos pblicos

autnomos y permanentes que la misma Constitucin establece (como el Instituto

Federal Electoral, el INEGI o el Banco de Mxico y otros de esa clase) y los

organismos pblicos descentralizados (como la Universidad Nacional Autnoma de

Mxico y otras instituciones de educacin superior, algunas entidades de sistema

financiero y los Institutos de Asistencia Social, como el IMSS e el ISSSTE o,

tambin, el Instituto Federal de Acceso a la Informacin), que son creados por

leyes del Legislativo, tienen un estatuto aparte y se manejan autnomamente

respecto del gobierno. Hoy en da no hay ya Departamentos administrativos (el

ltimo fue el del gobierno del DF), pero se mantienen, digamos, como hiptesis de

trabajo para el futuro, pues pueden ser creados por una ley del Legislativo.

Que sea centralizada, no quiere decir que la Administracin Pblica Federal

se maneja sin reglas ni control por el hecho de que depende directamente del

presidente de la Repblica. De hecho, el Poder encargado de crear sus organismos

no es el Ejecutivo, sino el Legislativo, como lo seala el artculo 90 de la Carta

Magna: el Congreso distribuir los negocios del orden administrativo de la

Federacin que estarn a cargo de las Secretaras de Estado y definir las bases

generales de creacin de las entidades paraestatales y la intervencin del Ejecutivo

Federal en su operacin.

El Ejecutivo no puede, de ninguna manera, crear o desaparecer, a su antojo,

las entidades de la Administracin Pblica Federal. Slo el Congreso puede

hacerlo, si bien a sugerencia del Ejecutivo, porque es el encargado de esa rama del

Estado. No puede hacer lo que hizo el gobierno panista con la Compaa de Luz y

Fuerza del Centro (cualquier creacin o reforma de los organismos pblicos slo

las decide el Congreso), menos an, sacrificando la suerte de decenas de miles de

trabajadores.

Una administracin pblica debe manejarse democrticamente, no slo

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porque su creacin o desaparicin debe decidirla el Congreso, sino porque todas

sus entidades y organismos atienden dos fines: el manejo del patrimonio nacional,

como las paraestatales, que administran una riqueza de todos, como PEMEX, o dan

un servicio pblico, como lo proporcionaba Luz y Fuerza del Centro. Las primeras

se encargan de manejar los bienes de la Nacin, cada vez ms privatizados; las

segundas, de proveer a la sociedad de aquellas funciones que son indispensables

para su trabajo y su bienestar.

La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y la Ley Federal de

Entidades Paraestatales, obra del Congreso, como su nombre de leyes lo indica,

definen los asuntos de las mismas y los distribuyen entre los diferentes organismos

pblicos y paraestatales o, tambin, descentralizados. Lo que quiere decir que la

Administracin Pblica no es un asunto privativo o exclusivo del presidente. Puede

decirse que, entre los muchos temas que tienen que ver con el control poltico que

el Legislativo ejerce sobre el Ejecutivo, se cuenta en primer lugar el de definir con

la mayor precisin la organizacin, el funcionamiento y los fines de cada entidad

de la Administracin Pblica, sean las Secretaras de Estado, los Departamentos

Administrativos o la Consejera Jurdica de la Presidencia, o sean los organismos

creados para el manejo de las riquezas nacionales o la prestacin de servicios

pblicos.

El objetivo general, se entiende y se encuentra fundado en los principios

democrticos de nuestro sistema constitucional, es que la administracin pblica

federal, siendo centralizada, en su parte puramente gubernativa, no se convierta en

un instrumento de opresin de la sociedad ni de los diferentes grupos que la

integran. Resulta inadmisible, por ejemplo, que, como sealbamos antes, la Ley

Orgnica en la fraccin VIII del artculo 40, reservado a la Secretara del Trabajo y

Previsin Social, imponga que ser la encargada de coordinar la integracin y

establecimiento, as como de vigilar su funcionamiento, de las Juntas Federales de

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Conciliacin y de la Federal de Conciliacin y Arbitraje destinadas a regular las

relaciones obrero patronales.

O se concilia o se arbitra en los conflictos obrero patronales y a travs de un

rgano administrativo, no jurisdiccional (como se acostumbra en todas partes del

mundo, excepto en los pases de regmenes autoritarios). El sometimiento de los

trabajadores comienza, precisamente, al negrseles la imparticin de justicia por

parte de tribunales dedicados a ello y depender para eso de la voluntad del

gobierno. Si, adems, agregamos todos los mecanismos que la Ley Federal del

Trabajo establece para el control de los trabajadores por parte de la STPS, como el

tomar nota de sus directivas sindicales o llevar el registro de sus organizaciones, se

puede entender que, desde el punto de vista de la proteccin de los derechos

laborales, los mexicanos que viven de la prestacin de su fuerza de trabajo se

encuentren inermes y sometidos a cualquier administracin desptica y autoritaria,

como lo hemos podido ver en los casos recientes de los mineros y de los

electricistas.

Est claro que necesitamos una Administracin Pblica sometida al control

de la ciudadana representada en el Legislativo, lo cual est lejos de restar eficacia

al gobierno de la sociedad, pues de lo que se trata es de que funcione bien, para el

servicio de la sociedad y para el bienestar general de los mexicanos.

8. La Capital Federal

Nuestra capital federal, asentada en el Valle de Mxico o Valle de Anhuac,

resume en gran parte la identidad de nuestra patria. De hecho, puede decirse, es el

ncleo de la historia del poder poltico en Mxico. Muchas veces, despus de

realizada la independencia del pas se pens en trasladarla a otras partes. Pero

siempre hubo voces juiciosas que ponderaron la ubicacin de ese corazn de la

Nacin, precisamente, en el centro de su territorio. Se trata de un valle cuya

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extensin es de cerca de ocho mil kilmetros cuadrados, de los que nuestra actual

capital ocupa tan slo ms de mil. Est estratgicamente situada. Por eso ha sido, a

travs de los siglos, la cabeza del poder. Lo fue del antiguo imperio nhualt,

tambin del poder colonial y, luego, de la Repblica.

Pues ese corazn de la patria ha sido tratado con gran injusticia desde que

nos dimos una Constitucin. Fue un gran avance el que la Carta Magna de 1857

reconociera al Distrito Federal como una entidad fundadora del Pacto Federal. Le

llam Valle de Mxico, en su artculo 43. La Constitucin de 1917, en ese mismo

artculo la denomina Distrito Federal. Las partes fundadoras del Pacto Federal,

como se seal antes, son los pueblos independientes y soberanos que decidieron

unirse para fundar la Repblica Federal Mexicana. Pues el de nuestro Distrito

Federal es considerado un pueblo soberano e independiente que decidi unirse a los

dems en esa tarea unificadora.

Por esa razn, resulta inexplicable cmo fue que los constituyentes de 1857

y luego los de 1917 decidieron que al convertirse en capital federal, vale decir, en

asiento de los poderes federales, nuestra entidad capital perda sus derechos como

entidad fundadora del Pacto Federal. Siempre se aleg una supuesta sobreposicin

de jurisdicciones que, se deca, habra implicado que ni los poderes federales

desarrollaran sus funciones plenamente ni las autoridades locales, en caso de ser

autnomas y soberanas, habran podido gobernar a su poblacin. Nunca se discuti

si eso era verdad. Se dio por hecho y as se procedi.

Luego muchos apuntaron que en las capitales de los Estados sobrevivan al

mismo tiempo autoridades estatales y municipales sin que por ello hubiera conflicto

alguno. Eso, empero, no se admiti para nuestra ciudad capital. A decir verdad, la

coexistencia de dos poderes en un mismo territorio no es un problema espacial,

vale decir, que haya dos en un mismo lugar, sino jurisdiccional, lo que equivale a

decir que basta con definir con toda precisin las facultades de cada uno. La misma

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prctica tan limitada del autogobierno del DF nos ha venido a demostrar que esa

coexistencia de poderes no implica ninguna interferencia en las funciones de cada

uno.

Ahora se dedica todo el artculo 122 a estipular la institucionalidad del DF,

manteniendo siempre su limitada soberana en el Pacto Federal y ante los Poderes

federales. Hoy los ciudadanos defeos pueden elegir a sus gobernantes (llamados

jefes de Gobierno) y a su Poder Legislativo local (llamada Asamblea Legislativa),

pero ambos con limitaciones que no tienen los de los Estados y que marca su

sometimiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federacin. Resulta

inadmisible que los ciudadanos del DF, la segunda ciudadana de todo el pas,

despus de la del Estado de Mxico, tenga sus derechos polticos limitados por el

solo hecho de que en su entidad residen los poderes federales. Si es una de las

entidades fundadoras de la Federacin, nuestra Capital debe ser plenamente

soberana dentro del Pacto Federal.

Al tratar de conservar ese rgimen de soberana disminuida se han cometido

errores poltico constitucionales que es preciso subsanar. Seguir llamando, por

ejemplo, Delegaciones a sus demarcaciones territoriales es herencia del pasado

inmediato en el que el presidente nombraba al jefe del Departamento del DF y ste,

a su vez, designaba a los que eran sus delegados, o sea, a quienes eran sus

empleados. Como toda entidad federal, al DF debe drsele su constitucin

municipalista y proceder en consecuencia. No se justifica el dicho de quienes

sostienen que nuestra ciudad capital es un Municipio grandote. Se necesita

reivindicar su calidad de entidad federativa y, tambin, las dimensiones de su

poblacin tan numerosa.

La Capital debe adoptar el rgimen municipal para el autogobierno de sus

ciudadanos. No debe darnos temor el nmero de Municipios. Y en la ciudad no hay

otro modo de dar el poder municipal a los ciudadanos que organizndolos en sus

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barrios naturales para su autogobierno. Se habla de la existencia de, por lo menos,

600 grandes barrios en la ciudad. Por qu no dar a esos barrios la calidad de

Municipios en los que los defeos cuiden de s mismos y se puedan gobernar a s

mismos? Las llamadas Delegaciones fueron muy arbitrariamente fijadas sobre los

mapas sin cuidar la integridad barrial de la ciudad. Sus lmites partieron, a veces

por la mitad, barrios histricos que, as, quedaron en entidades de gobierno

diferentes.

Al titular del gobierno del DF le seguimos llamando jefe, como si se

siguiera tratando de un Departamento del gobierno federal, y no del gobernante de

una entidad. Eso debe corregirse. Lo que los ciudadanos eligen es a un gobernante

no a un jefe de una oficina administrativa y las Delegaciones no tienen sentido

como se las concibe. Si se quisiera dar una regionalizacin del DF que

correspondiera a las actuales Delegaciones no habra problema, siempre y cuando

se diera a los ciudadanos la posibilidad de autogobernarse en sus barrios. Las

regiones urbanas, as constituidas serviran, sobre todo, para hacer ms racional la

prestacin de servicios. Pero nuestra demanda es la municipalizacin.

La existencia de una zona urbana metropolitana es un problema maysculo.

Un da deberemos redisear el Pacto Federal para hacer de esa zona, en la que

viven 21 millones de habitantes, o una sola entidad (el Valle de Anhuac o Valle de

Mxico) o varias entidades, siempre con la mira de garantizar a esa gigantesca

poblacin el autogobierno. Lo ideal, desde nuestro punto de vista, sera hacer una

sola entidad, con un gobierno nico y una administracin que pudiera ser lo ms

eficaz para el buen gobierno de esta enorme zona urbana. Desde luego, esto lo

tendr que decidir la misma poblacin del Valle de Mxico. Sern sus ciudadanos

los que disciernan qu tipo de gobierno desean darse. Ello, empero, siempre a

condicin de que lo decidan entre todos y no separados por las actuales barreras

polticas.

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9. Una nueva democracia

No hay democracia sin partidos polticos. Eso lo hemos venido aprendiendo

con muchas dificultades y con gran repugnancia. Los partidos polticos no le gustan

a la gente. Pero en la lucha democrtica por el poder del Estado no es posible hacer

a menos de los partidos. Deberemos, eso s, elaborar reglas legales que nos

permitan tener mejores partidos y menos proclives a tendencias antidemocrticas

como lo son la manipulacin de sus militantes y de los ciudadanos que les dan su

confianza. Es un avance el que hoy se reclame una ley de partidos polticos. Hay

que advertir, empero, que eso ser siempre el resultado de un acuerdo

perfectamente consensado entre todos los partidos. El mejoramiento de nuestra vida

democrtica slo podr darse si todos estamos de acuerdo.

Muchas veces se crean ilusiones sobre el poder abstracto de los ciudadanos

que no tienen ninguna razn de ser. Todos quisiramos tener una ciudadana tan

fuerte que ya no necesitara de los partidos. Pero nos falta un gran trecho para eso y,

la verdad sea dicha, nunca dejaremos de necesitar de los partidos. Ciudadanos

independientes, candidaturas independientes, son slo banderas demaggicas que

deben ser vistas con todo realismo. No puede haber candidaturas donde no se

cuenta con un gran aparato y, por supuesto, con mucho dinero. Por eso son

necesarios los partidos. De otra manera se abre el camino a la accin de los poderes

fcticos privados, como los monopolios empresariales o todos los que cuenten con

dinero en abundancia. Los partidos, entre otras cosas, sirven para hacer

transparente los gastos en las elecciones y procurar la igualdad de los

contendientes.

La funcin primordial de los partidos, desde luego a travs de sus ofertas y

propuestas, es la de ser los verdaderos organizadores del consenso popular en la

contienda por el poder. Pero es bien sabido que las masas populares tienden a

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organizarse cada vez que enfrentan un problema. Hoy la vida social comunitaria no

puede por ms de ser una vida social organizada. Pero en la poltica las cosas no se

improvisan. Nosotros hemos mostrado que los ciudadanos pueden organizarse por

su cuenta, sea para luchar por un inters nacional, como el petrleo, sea por la

defensa de los trabajadores, como con los mineros o los electricistas, o sea por la

defensa de la economa de las masas populares. Y sabemos tambin que eso

desemboca en la lucha poltica.

La organizacin ciudadana debe fortalecerse en todos los campos. No

podemos hacer a menos de los partidos, pero podemos vigilarlos y actuar para que

se conduzcan democrticamente, siempre que estemos organizados

autnomamente. Un pueblo que no est organizado no puede defenderse de sus

opresores y de sus explotadores. Tampoco podr cambiar la organizacin del

Estado para hacer del mismo un Estado que vele por sus intereses. La democracia

debe cambiar de signo, debe dejar de ser meramente representativa para convertirse

en una democracia participativa. Eso quiere decir llevar al pueblo a tener la

capacidad real de decidir cmo se instituye el Estado y cmo gobierna.

Fortalecer el poder del pueblo es nuestro objetivo. Esas propuestas seran una

miserable morralla si los ciudadanos siguieran estando desarmados para decidir

cmo se integran y cmo funcionan todos los rganos del Estado en todos sus

niveles. Para tener una verdadera democracia necesitamos darle al pueblo, a sus

ciudadanos, mediante canales ciertos de expresin de su voluntad, el control de sus

gobernantes y representantes. Por eso hemos venido proponiendo las figuras del

plebiscito, el referndum, la revocacin del mandato y la plena iniciativa popular

para hacer propuestas en todos los niveles a que nos referamos.

A eso llamamos una autntica democracia participativa, en la que todos los

ciudadanos, el pueblo que decide libremente, puedan controlar a sus gobernantes y

servirles de apoyo eficaz para que desarrollen su tarea. No es demasiado pedir. Es

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slo reivindicar plenamente la soberana popular. Slo los que viven de la

impunidad y el abuso del poder pueden pensar que esto es anrquico o llevar a

nuestra Nacin al caos. No puede haber orden aceptable para todos si no participan

todos. No puede haber orden si slo lo deciden los oligarcas explotadores de

nuestro pueblo, muchos de ellos extranjeros, esos cuyos medios y recursos se han

venido llamando poderes fcticos.

El dinero a raudales, los medios de comunicacin en manos monoplicas, las

asociaciones patronales que son verdaderos parlamentos de las clases dominantes,

las organizaciones sindicales que antes eran puntales del autoritarismo prista y

ahora son verdaderas mafias de poder, el sistema financiero que en ninguna parte

del mundo es tan productivo como aqu y que se dedica a extraer la riqueza de una

poblacin ya de por s empobrecida, las lites polticas que hacen carrera

vendindose al mejor postor y hasta los grupos criminales son, de verdad, esos

poderes fcticos que cada vez ms deciden qu se hace y qu no en este pas. Esos

son los verdaderos enemigos de la libertad, la cual reclaman para s como un

monopolio.

Hay que hacer notar que los llamados poderes fcticos, en realidad, jams

han gozado de un verdadero poder propio. Slo tienen el poder que nuestros

gobernantes corruptos les dan o les permiten ejercer. Las televisoras no podran

ejercer el poder que tienen si no se les permitiera desde el Estado el dominio de los

medios y del dinero. Los multimillonarios, dueos de Mxico, que deciden por

todos nosotros, no podran abusar de la ciudadana y volverse cada vez ms ricos si

no estuvieran en permanente contubernio con los malos gobiernos. Los lderes

sindicales corruptos no podran someter a los trabajadores si no se lo permitieran

los gobernantes. Los llamados poderes fcticos no son sino una extensin del poder

de la oligarqua que nos gobierna y decide por s misma el destino del pas.

Todos los derechistas piensan que la democracia no sirve para gobernar y

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que hay que endurecer la accin del poder del Estado. Su bandera es gobernar sin la

voluntad del pueblo. Pero eso no dar nunca eficacia al gobierno de la sociedad. O

se gobierna de acuerdo con ella o slo se abusa del poder y se abre el cauce a la

violencia proveniente de la misma sociedad y respondida con igual violencia desde

el Estado. La democracia, es nuestro credo, es la nica forma de poder gobernar a

nuestra sociedad y de alcanzar el bienestar que se proclama en nuestra Carta

Magna. Un pueblo impedido de actuar libremente a favor de sus intereses es un

pueblo castrado que ir siempre a la deriva. Nuestro pueblo est clamando por un

buen gobierno y exigiendo que se le permita participar en y decidir ese gobierno.

La nuestra es una lucha por la democracia, porque sabemos que slo la

democracia nos abrir las puertas del futuro. Sin democracia no habr porvenir para

nosotros.

10. La poltica internacional

Es difcil explicarlo, pero no ha habido en Amrica Latina un rgimen que

haya sabido jugar tan bien las cartas de la poltica internacional como lo supo hacer

el que surgi de la Revolucin Mexicana. Fue un gran mrito, si se piensa en la

extrema debilidad con la que nuestro pas surgi del movimiento revolucionario.

Fue entonces cuando se formularon los principios fundamentales de la poltica

internacional de los regmenes revolucionarios: que las grandes potencias no

mandaran a sus caoneras detrs de los negociantes extranjeros, vidos de fortuna,

y stos se sometieran a nuestras leyes; que los poderosos aprendieran a tratarnos en

condiciones de igualdad y de acuerdo con las normas del derecho internacional;

que se nos permitiera decidir tambin a nosotros sobre los asuntos del mundo,

clamaba Carranza, y fue una lnea invariable del Estado surgido de la Revolucin.

Todo cambi cuando la derecha ms entreguista y lacayuna del capital

privado y de los amos extranjeros llegaron al poder con Miguel de la Madrid. La

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vileza, la traicin a los intereses nacionales y el entreguismo al poderoso extranjero

se convirtieron en la norma de nuestra poltica internacional, antes tan prestigiada

en el mundo. Antes fuimos un lder indispensable en Amrica Latina en su trato

con los imperialistas de todos los signos; despus, no fuimos ms que alcahuetes de

los poderosos, serviles a sus intereses y siempre dispuestos a avalar todas sus

felonas. Dejamos de ser un referente en Amrica Latina. Los latinoamericanos

cada vez ms y ms nos fueron identificando como unos traidores a los ideales

bolivarianos de unidad continental y unos serviles de los norteamericanos.

Para decirlo con claridad, hemos dejado de ser un pas serio, para

convertirnos en unos simuladores. Ni siquiera hemos sido capaces de dar

seguimiento al derecho internacional plasmado en los tratados y convenios que

hemos signado y convertirlo en norma fundamental para nuestro pas. Dejamos de

ser un pas con una poltica plural hacia el mundo cuando los gobernantes

derechistas nos encapsularon en un tratado de libre comercio con los Estados

Unidos que nos apart del mundo. Es una vergenza que hoy ms de las cuatro

quintas partes de nuestro comercio internacional sean slo con los Estados Unidos.

Ni siquiera pases como Chile, que han sufrido prolongados interludios dictatoriales

y derechistas, han llegado a la abyeccin en la que ahora nos encontramos nosotros.

Hubo etapas en la historia de nuestra poltica internacional que fueron

gloriosas, como cuando supimos, en tiempos del general Crdenas, defender a los

dbiles del mundo en contra de las agresiones fascistas (Abisinia, China, Austria,

Espaa, Checoslovaquia, Polonia, Finlandia). Fuimos refugio todo el tiempo de

todos los perseguidos del mundo, como los republicanos espaoles, los judos y los

antifascistas europeos o, despus, todos los luchadores de la libertad y la igualdad

en Amrica Latina, muchos de los cuales hoy viven entre nosotros. Supimos

defender a Guatemala contra la agresin norteamericana con Castillo Armas como

pelele; defendimos a Cuba revolucionaria, sin compartir su modo de gobierno, pero

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dejando en claro que slo ella deba decidir su destino.

La derecha no ha hecho otra cosa, desde que nos gobierna desde 1982, que

provocar la vergenza de todos los mexicanos ante el mundo. Hemos claudicado de

todos nuestros principios nacionalistas y democrticos ante todas las naciones. Nos

hemos convertido en unos servidores de los amos del mundo, siempre creyendo que

con ello nos ira bien. Por supuesto que a algunos les ha ido de maravilla. Basta ver

las casas que tienen en Estados Unidos y el dinero que les manejan los bancos

norteamericanos. Resulta pattico que hoy nuestra banca est toda en manos de

extranjeros y, ms todava, que en ella predominen los bancos espaoles,

endeudados hasta la coronilla con el sistema financiero internacional, y nuestro pas

sea el lugar en el que hacen los ms jugosos negocios. Y todo, con slo dar unos

cuantos millones de dlares a algunos funcionarios vendidos y traidores.

No hay modo de calificar el entreguismo de la derecha que nos gobierna

desde hace tres dcadas a los intereses extranjeros. Finalmente, nos ha dejado sin

pas, sin riqueza propia y nos ha convertido en un pueblo de parias ante el mundo.

Mxico ahora se ostenta con un ochenta por ciento de pobres de los cuales ms del

cincuenta por ciento son miserables y ya ni siquiera podemos competir con

nuestros hermanos centroamericanos en niveles de vida. Pero, eso s, para

vergenza de todos, podemos exhibirnos como el pas que cuenta con el hombre

ms rico del mundo y hasta con un narcotraficante en la lista de los ricos de la

revistaForbes.

Tenemos doce millones de compatriotas viviendo en Estados Unidos. Ellos

hacen gran parte de la riqueza de ese pas y denotan nuestra miseria como nacin

que no sabe dar a los suyos el bienestar que requieren. Humillados y ultrajados en

el pas ms poderoso y rico del planeta, los mexicanos en Norteamrica,

simplemente, han dejado de ser mexicanos y no quieren saber ya nada de una patria

que los ha descuidado y traicionado. Fox, con su estpida poltica en Amrica

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Latina, nos hizo ver como unos muecos de ventrlocuo del imperio. Y con su

absurda poltica migratoria ante los Estados Unidos nos exhibi como unos

debiluchos a los que no les interesaba mayormente el destino de nuestros

compatriotas en ese pas.

La derecha ha hecho de Mxico un pas desprestigiado y ridculo frente a

todas las naciones. Difcilmente alguien puede ya tomarnos en cuenta. Nos hemos

entregado por entero a los Estados Unidos y a ese capitalismo andrajoso que es el

espaol, pero del que dependen muchos de nuestros criollos derechistas y dueos

de nuestras riquezas. Nuestro pasado glorioso, por lo menos, nos dicta una leccin

elemental: aprender de nuevo a ser nosotros mismos, con lo que somos y como

somos, ante el mundo. Tambin saber cuidar nuestro patrimonio nacional, hoy

dilapidado y malbaratado a los extranjeros. Darnos cuenta de que para ser ante el

mundo lo que somos, vale decir, ser reconocidos, tenemos que darnos a respetar.

Eso no cuesta mucho y los ejemplos abundan en nuestra historia.

Tenemos que volver a ser la nacin lder que fuimos en Amrica Latina.

Tenemos que volver a ganar el respeto de todos los poderosos. Deberemos pugnar

porque los dbiles del mundo vuelvan a creer en nosotros, como un tiempo lo

hicieron los republicanos espaoles, los abisinios, los austriacos, los chilenos, los

argentinos, los bolivianos, los centroamericanos y todos aquellos que en nuestra

Amrica encontraron refugio entre nosotros. Deberemos reconquistar el orgullo

nacionalista de volver a ser nosotros mismos y dejar de ser unos siervos de los

imperialistas. Deberemos aprender, de nuevo, a ser libres, en este mundo de

conflictos y guerras y saber conquistar un lugar digno y respetable entre las

naciones.

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Córdova, Arnaldo- El rescate del Estado

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