Contexto Político Crisis de gobiernos

Consulta Popular

Lunes 15 de septiembre de 2014

 

 

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Presentación

En distinto escenarios dos gobernadores están en la punta de la picota, se trata

del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Guillermo Padrés de Sonora.

El mandatario poblano recibió un sendo revés por parte de la Comisión Nacional

de Derechos Humanos en el sentido de desmotar su versión que eximia a la

policía estatal de ser responsable del asesinato de un menor el pasado mes de

julio. Mientras que en el caso del sonorense, si de por sí la tragedia

medioambiental que provocó el derrame de tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi

por la empresa minera Buenavista del cobre, subsidiaria de Grupo México, activó

las movilizaciones de la población y del aparato institucional del gobierno federal

para castigar a los responsables, Guillermo Padrés terminó por complicar su

imagen al solicitar la expulsión de funcionarios federales, una vez que se ventiló

en los medios la construcción de una presa en una de sus propiedades.

Son dos casos por separado y bajo aristas diferentes que ilustran una profunda

insuficiencia y de tensión entre las instituciones que dejan mal parados a sus

gobiernos. Moreno Valle y Guillermo Padrés están hasta el cuello de

comprometidos y sus declaraciones solo sirven para empantanar sus respectivas

gestiones.

Otro tema para esta primer quincena de septiembre que resulta clave es la

presentación de firmas que los diversos partidos políticos han promovido para

poder celebrar en junio del siguiente año sus propuestas de consulta popular. El

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el PRD hizo lo propio, así como

los panistas y priistas ya cumplieron su objetivo. El primer punto ya esta zanjado y

ahora será el turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir si

proceden constitucionalmente o no, sobre todo las de los temas energéticos que

encabezan Morena y el PRD y la supresión de algunas diputaciones (100) y 32

senadurías que el PRI ha acogido como estandarte para dicho ejercicio. Serán así

cuatro propuestas de Consulta las que se perfilen. Veremos cuáles avanzan.

 

 

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Crisis de gobiernos

Desde que explotó el escándalo por la muerte de un menor de 13 años, José Luis

Alberto Tehuatlie, justo cuando manifestantes del pueblo de San Bernardino

Chalchihuapan, en el estado de Puebla contra elementos del cuerpo de

granaderos de la policía estatal, el gobierno cometió una cadena de errores que

solo terminaron por desacreditar la versión oficial de los hechos y que hoy

confirman un profundo desaseo por limpiar su imagen.

Resulta que la movilización comenzó porque las oficinas del registro civil en dicha

localidad serían retiradas, lo cual representa un serio problema para quienes se

ven en la necesidad de obtener una acta de defunción, se retrasan los trámites y

con ello las exequias, entre otras derivaciones que parecen imposibles de creer en

pleno siglo XXI. Esta garrafal decisión motivó a los habitantes a protestar y como

ya es costumbre la toma de vialidades y bloqueos desquició la autopista Puebla-

Atilxco. Por eso las autoridades respondieron con mano dura, mejor pretexto

imposible para estrena la reciente ley (Ley para Proteger los Derechos Humanos y

Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública) que el gobernador Rafael Moreno

Valle había impulsado para evitar escenarios de tal dimensión.

Después de la muerte del menor, el gobierno se deslindó y echó a andar una

estrategia no solo para contener la crisis, sino para culpar a los propios

manifestantes y grupos infiltrados de ser los responsables. La presión social,

desde la redes sociales y la opinión pública, lo doblegaron, terminó por derogar la

Ley Bala, pero aún así no aceptó su culpabilidad.

Dos meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos por fin entregó

su informe en el que constata que, en efecto, la muerte del menor fue provocada

por el disparo de un proyectil, presuntamente el de uno de gas lacrimógeno. Con

esto, es un duro manotazo al escritorio del gobernador, desmotan su defensa y

desnuda el ominoso aparato que trabajó para limpiarle el rostro. Además asistimos

 

 

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al que podría ser un severo golpe a las aspiraciones políticas de un

presidenciable. La sombra de la Ley bala lo seguirá por un buen rato, al tiempo en

que su gobierno tampoco termina por contrastar con las administraciones

encabezadas por el PRI. Moreno Valle confirma la tesis que la estrategia aliancista

obedece a la coyuntura electoral, pero con un profundo vacío de contenido y plan

de gobierno.

Otro de los gobernadores que la está pasando terrible es el sonorense y panista

Guillermo Padrés. El derrame tóxico que provocó la minera Buenavista del cobre,

que pertenece a Grupo México dirigida por el tercer hombre más rico de México,

Germán Larreaga, destapó varias cosas. Primero el exiguo control y supervisión a

este tipo de industrias quedó rebasado, las consecuencias medioambientales,

económicas y por supuesto políticas apenas están floreciendo, la cuantiosa multa

impuesta a GMéxico demuestra la firmeza del gobierno federal, al tiempo en que

ya provocó una reacción temperamental del gobernador. En ese sentido,

Guillermo Padrés solicitó la expulsión de tres delegados federales por su presunta

irresponsabilidad y omisión a los mensajes que advertían de la posible tragedia

ambiental.

La gota que derramó el vaso fue el campanazo que reveló la prensa sobre la

construcción de una presa en el rancho Pozo Nuevo, propiedad nada menos que

del gobernador. Lo anterior no solo molestó a Padrés sino que puso en entredicho

su relación con el gobierno federal al punto de elevar la discusión en un plano

ajeno a su cause institucional. La reacción del gobierno federal, desestimó el

berrinche de Padrés y lo conminó a limitarse al ámbito de sus facultades, es decir,

la “expulsión” los tres delegados de la Semarnat, la Profepa y de Conagua, no

procedió porque eso compete al Ejecutivo Federal.

El sonorense erró porque además matizó sus acusaciones con cierto tufo de que

los representantes federales están operando electoralmente, cosa que sale de

toda proporción para desviar el problema de fondo. Guillermo Padrés dejó el bajo

 

 

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perfil para confrontarse con la federación. Un pleito que además ilustra su dejadez

y que los tiempos políticos ya andan en otra coyuntura. La respuesta del gobierno

federal así lo confirma y la muestra del desdén en el sentido que no hay

condiciones que garanticen un diálogo político entre el gobierno de Sonora y la

federación marcan esa distancia de cara a los comicios intermedios del próximo

año.

Si el panismo de Gustavo Madero no quiere echarse un pleito mayor, será mejor

que atempere a Guillermo Padrés, hasta ahora no se ha visto al dirigente nacional

que se le acerque. Tal vez ya con mayor mesura el gobernador pondrá las cosas

sobre la mesa y si el Ejecutivo federal se decide podría ser muy demoledor que su

presa no cumpla con la normatividad requerida para haberse construido. Es un

problema que seguramente seguirá en las próximas semanas. Habrá que seguir

hasta dónde se extrapolan las diferencias.

Consulta Popular

La fiebre de las consultas populares para el próximo año a propósito que entrará

en juego este instrumento de participación impulsadas por los partido políticos,

como era de esperarse, parece haber llegado para quedarse. Esta medida, no

obstante, se encamina para desvirtuar su esencia y ser una más de las

chabacanerías que los partidos confieren limitaciones como un mero recurso de

legitimidad política para sus banderas y estandartes electoreros.

Este 15 de septiembre venció el plazo para que los institutos políticos deseosos de

proponer una consulta popular presentaran el requisito mínimo de las firmas

estimadas en dos por ciento del padrón electoral, es decir, poco más de un millón

600,761. Pasado este primer requisito seguirá ver si el máximo tribunal de la

nación, la Suprema Corte de Justica, admite la constitucionalidad de las preguntas

planteadas, lo temas, pues, porque los temas excluidos para ser tratados son en

materia de derechos humanos, seguridad nacional e ingresos y gastos del estado,

 

 

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dentro del cual entran aspectos de la reforma energética, así como del ámbito

electoral. Entonces las propuestas del PRD, Morena y del PRI ya despertaron la

inquietud y seguramente el debate en la SCJN será el tema que llamará la

atención en las subsecuentes semanas.

Son cuatro ejercicios de consulta popular los que han presentado sus firmas.

Primero el PRD entregó 2 millones 356,664 firmas para solicitar una consulta

popular sobre la revocación de la reforma energética; Morena entregó 2 millones

7,285 rúbricas bajo el mismo argumento. Los panistas entregaron 2.5 millones de

rúbricas para solicitar una consulta sobre el salario mínimo, mientras que el PRI

presentó 1.8 millones de firmas para solicitar la supresión de legisladores

plurinominales.

El asunto de trivializar las consultas populares por supuesto un trasfondo político

en el sentido de erigirse como lema de campaña para los comicios intermedios.

Para las izquierdas se trata también de una rivalidad hermanada por un tema que

ambas propuestas, la de Morena y del PRD, se disputarán al electorado

enemistado con el gobierno federal. Todo parece indicar que de prosperar será

dos preguntas sobre el mismo tema, tal vez si logran convocar a un grueso de la

población será un aliciente en la lucha por revertir la reforma energética, por lo

mientras esta discusión entrará a la Suprema Corte.

Del lado de la propuesta del PAN es evidente que el incremento al salario mínimo

le atrae reflectores y simpatías, pero quedarán rebasados porque el Gobierno del

Distrito Federal y el gobierno de la República ya tiene una propuesta mucho más

acabada, incluso para que se discuta en este periodo legislativo. De la estrategia

del PRI, sin duda, es de las que más polémica ha desatado porque llega en un

momento en que la clase política no goza de buena salud y porque además le

quita reflectores a la izquierda. El verdadero asunto de fondo también obedece al

espinoso tema de la representatividad que muchos partidos tienen gracias a la

designación de espacios plurinominales. De prosperar será un dardo envenenado.