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IIRSA, SOYA Y BIOCOMBUSTIBLES, COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE SAN BUENAVENTURA

Actualización 2009-2010

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Marco Octavio Ribera Arismendi

SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA

www.lidema.org.bo


ACTUALIzACIóN 2009-2010




Bolivia - diciembre 2010

TíTulo:IIRSA, Soya y Biocombustibles, Complejo Agroindustrial de San Buenaventura. Actualización 2009-2010

Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia.

AuTor:Marco Octavio Ribera Arismendi Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental - LIDEMA

EdiTor:Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA

rEvisión y Edición:Jenny Gruenberger PérezEdwin Alvarado Terrazas

Edición:Fernando Espinoza

diAgrAmAción:GYG Diseño y Comunicación Visual

cArTogrAfíA:Giovani Roque

imprEsión:SOIPA Ltda.

dEpósiTo lEgAl:xxxxxxxxxxxxxxx

Las opiniones expresadas son de absoluta responsabilidad del autor y no comprometen necesariamente a LIDEMA.

Se autoriza la utilización sin fines de lucro de la información de la presente publicación para fines de difusión o capacitación, citando la fuente.

ciTAr como: RIBERA,A.M.O. 2010. IIRSA, Soya y Biocombustibles, Complejo Agroindustrial de San Buenaventura. Actualización 2009-2010. La Paz, Bolivia. LIDEMA.

Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia Nº 5.

Bolivia - diciembre 2010

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Índice

INTRODUCCIÓN GENERAL AL REPORTE DE ACTUALIZACIÓN 2009 - 2010 DE LOS ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES......................... 5

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL EN LAS INICIATIVAS DEL IIRSA ........................................................................... 11

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DE LA SOYA OLEAGINOSAS Y BIOCOMBUSTIBLES .......................................... 61

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DEL MEGAPROYECTO COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE SAN BUENAVENTURA .................... 137

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inTROdUcciÓn GeneRAL AL RePORTe de AcTUALiZAciÓn 2009 - 2010 de LOS eSTUdiOS

de cASO SOBRe PROBLeMÁTicAS SOciO AMBienTALeS

El año 2008 LIDEMA realizó la publicación de la información sistemati-zada sobre ocho temas socio ambientales críticos que fueron priorizados para fines de evaluación y seguimiento. En dicha oportunidad ya se ad-vertía que estas problemáticas ocasionaban una importante acumulación de impactos severos y amenazas crecientes sobre la calidad ambiental, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones locales.

Durante el 2009 y parte del 2010, se hizo el seguimiento y la actualiza-ción de estas problemáticas. Muchas de éstas han sido desglosadas en otros subtemas específicos, por ejemplo en temas especialmente comple-jos como minería, hidrocarburos o megaproyectos energéticos.

En términos generales, y considerando la totalidad de los temas críticos priorizados a los cuales LIDEMA ha venido dando seguimiento, no ha habido mejoras o avances, en el sentido de una reducción del nivel de impacto o de disminución de la amenaza Las situaciones críticas de conta-minación por fuentes mineras o doméstico-industriales, o la reducción de las amenazas en el caso de los diversos megaproyectos, siguen aumentan-do en varias regiones del país. Es más, las problemáticas socio ambiental es por diversas causas, o han proliferado o se han magnificado, y en el mejor de los casos permanecen invariables. Una de las causas para esta situación de empeoramiento, ha sido el permanente marginamiento de la

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gestión ambiental, la cual ha tenido magros avances en algunos aspectos, pero en general ha predominado un marcado decaimiento.

Ambos elementos, causa-efecto, tienen, sin embargo, una raíz en el modelo de desarrollo vigente, caracterizado por su perfil extractivista y primario exportador (gas, minerales, energía, suelos-soya), pero que ha hecho un énfasis exacerbado en los sectores de hidrocarburos, minería y energía, tornándose más preeminentes que antes. El avance acelerado y a ultran-za del modelo extractivista y primario exportador, desafortunadamente requiere de una gestión ambiental y de autoridades ambientales, débiles y sumisa. Paralelamente las organizaciones ambientalistas son atacadas, desprestigiadas y marginadas. Esto se da en nuestro país, al igual que en Perú, Ecuador, Argentina o Brasil y cualquier nación embebida en dicho modelo.

Como resultado de esta figura desarrollista, se crean escenarios cada vez más críticos y de mayor incertidumbre, tanto en lo social como en lo am-biental. El seguimiento de los estudios de caso así lo demuestra.

En el sector de minería, descontando el logro del Decreto Supremo que declara zona de emergencia la cuenca Huanuni-Sora Sora, los avances de atención de remediación-mitigación de los impactos mineros han sido muy magros, especialmente en las cuencas más contaminadas como Pil-comayo y Poopo. La minería, experimentó a lo largo del 2009 una pro-gresiva recuperación de los precios de metales como zinc, plata, plomo o estaño, tanto en el nivel empresarial (San Cristóbal) como al nivel de la minería cooperativizada, por tanto los ritmos de explotación y procesa-miento no han sufrido grandes variaciones. El oro, ha alcanzado precios de record histórico, por tanto las presiones de explotación se han inten-sificado como nunca antes, tanto en las zonas cordilleranas de La Paz, como en la Chiquitanía, en paralelo a la escasa o ninguna regulación por parte de la Autoridad Ambiental Competente o del Ministerio de Minas, además generando enormes impactos ambientales y conflictos con las co-

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munidades en las diversas regiones de explotación. En tanto que el pro-yecto hidrometalúrgico de Coro Coro se convirtió algo así como una nota de aplazo para el Ministerio de Minería y la COMIBOL, por el desapego a la norma y la generación de conflictos al interior de las comunidades y organizaciones sociales.

El megaproyecto minero metalúrgico Mutún, ha estado paralizado por di-versas situaciones y conflictos de manejo interno, a pesar de ello, las ame-nazas previstas en el 2008, como el uso de grandes volúmenes de agua, ferrovía, camino, canal a Pto.Busch, etc., se han incrementado, incluido el establecimiento de un polo industrial, donde el Brasil ha mostrado su in-terés de financiamiento. Todos estos impactos ocurren dentro de un área protegida, el PNANMI Otuquis. La región sudeste de Bolivia no se ha limitado a la minería del Mutún sino que los riesgos de enormes impactos socio ambientales se han dado en otra Áreas protegidas. Por ejemplo, la Reserva del Valle de Tucavaca, donde las empresas Kyleno y Sidereste, han proyectado grandes operaciones de exploración, explotación y trans-formación industrial, amenazando el interior de la Reserva (Serranía de Santiago) y las zonas de influencia. Por su parte, la voracidad del mega-proyecto minero San Cristóbal, debido al uso de enormes volúmenes de agua, genera actualmente el riesgo sin precedentes, de vaciar los acuíferos fósiles, así como los acuíferos superficiales y humedales de la región Nor Lípez-Valdivieso al sur del Salar de Uyuni, la región ecológica más seca (semidesértica) del país, “donde el agua vale más que el oro”, y donde la mega minería no paga un dólar por ella.

Otras situaciones de alto riesgo ambiental y que generan conflictos al interior de las organizaciones indígenas, se da por la ampliación de la frontera petrolera, más allá de la denominada Zona tradicional, tal es el caso de la exploración petrolera en la zona de Liquimuni en el norte de La Paz. En el tema hidrocarburífero, el 2009 y 2010 se vienen generando grandes amenazas que se concretarán los siguientes años, esto en función

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a la multiplicidad de operaciones previstas de exploración sísmica y de perforación de pozos exploratorios. Las de mayor impacto se darán en los bloques Río Hondo y Tuichi, al interior del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas, en tanto que en la Zona tradicional, nuevamente el Parque Aguarague sufrirá un nuevo ciclo de impactos por operaciones de explo-ración, que se adicionarán a los graves pasivos ambientales que ya afectan a varias de sus cuencas y no han recibido ningún tratamiento efectivo de mitigación. El afán de asegurar grandes inversiones hidrocarburífe-ras en el territorio nacional, ha llevado al Gobierno a un acercamiento muy cuestionable con la empresa REPSOL-YPF, la cual tiene un nutrido prontuario nacional e internacional de afectaciones socio ambientales, in-cluidas deudas ecológicas con los pueblos indígenas. Similares situacio-nes de “borrón y cuenta nueva” parece haberse dado en el caso de otras empresas (BG, Petrobras, Total) a pesar de los resultados de la auditoria petrolera del 2007.

En el tema energético, el nivel de riesgo socio ambiental de los mega-proyectos del Brasil (Jirau y San Antonio), así como los megaproyectos “propios”, como El Bala (que afectaría grandes superficies del PN Ma-didi y la Reserva-TCO Pilón Lajas) y Cachuela Esperanza, se han incre-mentado, especialmente con el anuncio interés de inversión por parte de grandes transnacionales rusas. No solo ha aumentado el nivel de riesgo por avance de los procesos de estudio, licitaciones, negociaciones con in-versores, sino que se han diversificado, tal es el caso de represas grandes como Rositas en Santa Cruz o San José en Cochabamba. En la misma línea de creciente amenaza, avanza el megaproyecto Geotérmico de La-guna Colorada, amenazando por igual, los frágiles ecosistemas, paisajes y la vida silvestre de un área protegida de extraordinario valor patrimonial, así como las iniciativas de turismo comunitario existentes. Este proyecto supuestamente “limpio”, estará ligado a la gran minería de San Cristóbal e incluso la planta de Litio de Río Grande.

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En tanto, la mega iniciativa IIRSA, ha recibido un claro y repetido re-chazo de pueblos indígenas y organizaciones sociales, por su espíritu y la forma en que está siendo desarrollado, mientras que el gobierno, la ABC y el Ministerio de Obras públicas, continúan impulsando con mucho en-tusiasmo, los corredores bioceánicos, con ninguna o muy escasas medidas de recaudo socio ambiental. Los efectos más drásticos se vienen obser-vando en el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, a pesar de contar con un Plan de Protección Ambiental que fue parcialmente aplicado y similares efectos se prevén para el corredor Norte.

En otro ámbito, las corporaciones empresariales de la CAO, CAINCO-ANAPO junto al IBCE, continuaron el 2009, con una intensa campaña en favor de los biocombustibles, ejerciendo presión y acercamiento al go-bierno para la aprobación de un reglamento operativo de la Ley 3207 del 2005 (Ley del Biodiesel). Este acercamiento magnifica el riesgo de una apertura del gobierno a la producción de biodiesel y etanol. En tanto que los campos de producción del oriente y norte de Santa Cruz, están inun-dados de soya transgénica “rr” resistente al glifosato y otras variedades afines, mientras la frontera agrícola de la soya se va expandiendo con es-caso control hacia los bosques de la Chiquitanía y de Guarayos. De igual forma, el Complejo Agroindustrial de San Buenaventura en el norte de La Paz, un proyecto de alto riesgo en una de las regiones más frágiles y de mayor riqueza biológica del país, tiene un gran avance, a partir de las desordenadas e inconsistentes acciones promovidas por la prefectura y el gobierno central, y a pesar de que un último estudio de suelos del año 2009, concluye que la región del norte de La Paz, es marginalmente apta para el cultivo de caña a gran escala, por las fuertes limitaciones edafoló-gicas. Es posiblemente unos de los más claros ejemplos del desarrollismo imperante.

Finalmente, la gran contaminación de la Bahía de Cohana en el Lago Menor, sigue avanzando hacia las zonas de las islas interiores como Pariti

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y Suriqui, en tanto que todas las acciones que vienen realizando diversas instituciones públicas y privadas, se orientan al tratamiento de los efectos (desde limpiezas de lenteja de agua hasta monitoreos) y no se encami-nan soluciones estructurales, que deberían pasar por el tratamiento de las aguas contaminadas que salen de El Alto y Viacha, a través de ríos fuertemente contaminados como el Seco y el Pallina.

La proliferación y agudización de las problemáticas ambientales, ya sea por omisión o por promoción de proyectos con alto costo ambiental, ha dado lugar a una crítica generalizada al gobierno actual de manejar una dualidad de discursos y de crear una imagen internacional de impostura, que no coincide con lo que se está viviendo en el país, vale decir la promo-ción del respeto a la naturaleza en los foros internacionales, y la realidad de un modelo de desarrollo avasallante del ambiente, la naturaleza y las comunidades indígenas.

En conclusión, ambientalmente y solo considerando las grandes proble-máticas bajo seguimiento, estamos mucho peor que en el 2008, con el agravante de que si se siguen manteniendo las actuales políticas de desa-rrollo y el actual modelo económico, muchas amenazas se irán tornando en mega impactos el 2010 y los siguientes años.

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IIRSA

PROBLeMÁTicA SOciO AMBienTAL en LAS iniciATiVAS deL iiRSA

estado

Hasta el año 2010, se han escrito centenares de documentos, reportes y denuncias sobre la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Re-gional Sudamericana (IIRSA), muchos se han publicado, y la mayoría cir-culan en la WEB por diversas páginas. De alguna manera, todo esto ha contribuido a develar el trasfondo de estas iniciativas progresistas de los países sudamericanos y de sus complacientes gobiernos para con los gran-des capitales de inversión. Bolivia no está al margen: a pesar de su plata-forma de cambio, se alinea perfectamente al lado del Brasil, Perú o Colom-bia, alegando las urgentes necesidades de desarrollo vial y aplaudiendo los apoyos financieros para las diversas obras. Así, el primer mandatario boli-viano señaló que: “en su segundo mandato presidencial, se concretará un verdadero corredor bioceánico, al considerar que la integración caminera es fundamental para el desarrollo del país, no sólo entre los nueve departamentos, sino con las hermanas naciones de la región” (www.lapatriaenlinea.com, enero 2010).

Es evidente el beneplácito en la declaración pública del actual presidente de Bolivia: “El deseo...es que no solamente nos quedemos con un corredor bioceánico sino....dos o tres corredores”. (constituyentesoberana.org). Según el discur-so del Ministerio de Obras Públicas, una vez concluidos los corredores bioceánicos, habrá una conexión desde Santos (Brasil) hasta los puertos

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de Chile y Perú; se facilitarán las exportaciones y aumentará el tránsito, lográndose disminuir los costos y el tiempo del transporte y, a su vez, generando polos de desarrollo en las poblaciones a su paso, donde sus ha-bitantes podrán comercializar sus producción (La Prensa, 8 marzo 2009).

Breves antecedentes

El IIRSA pone énfasis en las conexiones viales transoceánicas y en el paso hacia los puertos del Pacífico, bajo la lógica fundamental de abaratar los costos de transporte, principalmente de la soya (además de otros re-cursos) e incentivar una mayor producción de este “commodity”, con alta y creciente demanda de mercado, proceso además acicateado por la lógica de los agrobiocombustibles. Este enfoque se proyecta en gran medida con un importante apoyo financiero de bancos y agencias internacionales y, en especial, por el interés del Brasil que llega a liderar, muchas acciones.

El problema del IIRSA radica en su extrema polarización hacia una vi-sión economicista, situación del todo compatible con las políticas de los gobiernos de los países que participan, quienes han marginando la gestión ambiental y, por tanto, los recaudos ambientales y sociales pertinentes. El IIRSA es un “motor” que incentiva la amplificación y multiplicación de iniciativas desarrollistas a diversas escalas, las cuales, de cualquier forma, tienen sus propias agendas dictadas por las demandas de mercado y las lógicas corporativas. Estas iniciativas surgen al margen de los numerosos proyectos amparados por la iniciativa, y pueden aprovechar la oportuni-dad de vinculación que brinda.

Los mayores riesgos tienen que ver con la expansión descontrolada de la agricultura intensiva agroindustrial, la explotación insostenible de mu-chos recursos, el cambio de uso del suelo, la ocupación desordenada de tierras y afectaciones a las áreas protegidas y remanentes de biodiversi-dad que todavía están en buen estado de conservación.

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El IIRSA, desde el año 2000, ha avanzado sigilosamente, casi sin difusión, para no despertar reacciones, incrustándose exitosamente en las agendas gubernamentales de todos los países sudamericanos. Comprende 10 ejes de integración vial-energética a lo largo de Sudamérica, de los cuales 6 incluyen a Bolivia (1, 4, 5, 6, 7 y 10), los ejes cuatro, cinco y seis (Perú-Bolivia-Brasil; Corredor interoceánico central; Hidrovía Paraguay-Para-ná). Posiblemente son los más críticos, en términos de los elevados riesgos ambientales y sociales. Bolivia se constituye principalmente en una vía de paso. Estos ejes del IIRSA, como se los observa, han sido exclusivamente diseñados a partir de la lógica desarrollista (UICN, 2007a). Ha primado la visión economicista de forma unilateral, siendo que las variables am-bientales y naturales sólo son visualizadas desde una perspectiva de uso, por ejemplo, como potencialidades para el turismo (y no el ecoturismo, precisamente). Los ejes cruzan o pasan cerca de las regiones más produc-tivas y de mayor riqueza de recursos en los diversos países.

El IIRSA ha sido comparado al Plan Puebla de Panamá, impulsado den-tro de las lógicas del ALCA a partir de fines de los años 90. Como men-ciona Gudynas (2007), la iniciativa IIRSA se origina desde una “visión estratégica de negocios”; se partió de la evaluación de las capacidades productivas que generan los espacios territoriales y de las carencias y “necesidades” de servicios de infraestructura física (transporte, energía y telecomunicaciones), para darle soporte a las oportunidades de negocios. Son franjas geográficas multinacionales que concentran flujos de produc-ción y comercio actuales y potenciales. Este fue el criterio aplicado para definir los “ejes de integración económica”. Dicha visión tiene estrecha afini-dad con las corrientes de crecimiento económico ilimitado a nivel mundial (Alimonda, 2003; Avellaneda, 2007; García, 2005). Se podría decir que el IIRSA ha tenido la “virtud” de haber llegado a uniformizar el modelo economicista a lo largo y ancho de toda Sudamérica, con una tendencia a

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replicar el modelo predominante de aceleración de crecimiento del Brasil, del cual Bolivia parece encaminarse a ser una copia en miniatura.

Otros riesgos se desprenden de las marcadas falencias y limitaciones de las diversas agencias ambientales de los gobiernos en todos los países, en términos de control y fiscalización de impactos ambientales o en la regu-lación del uso de los recursos.

corredores cruzando Bolivia

Bolivia el año 2007, no pudo acceder al financiamiento de la Cuenta del Milenio, luego de que el gobierno de Estados Unidos congelara los 657 millones de dólares de donación. Gran parte de este fondo estaba destina-do para la construcción y mejora del Corredor Norte. En el 2008, Bolivia firma con Brasil un acuerdo de crédito de 230 millones de dólares para la construcción del Corredor Norte (Rurrenabaque-Riberalta). El tramo carretero Rurrenabaque-Riberalta de 508 kilómetros, la más grande del Corredor Norte, comprende los tramos Riberalta-El Choro de 75 Km., El Choro-Australia de 168 Km., Australia-Santa Rosa de 169 Km. y Santa Rosa-Rurrenabaque de 96 Km.

El área de influencia del Corredor Norte se extiende sobre los 234.000 Km2 y abarca 39 municipios de La Paz, Beni y Pando. El tramo pre-visto atraviesa los municipios de Cobija, Porvenir, Bolpebra, Bella Flor (Costa Rica), Puerto Rico (Victoria), San Pedro (Conquista), Filadelfia (Arroyo Grande), Puerto Gonzalo Moreno (Agua Dulce), San Lorenzo (Exaltación), Sena (Bolívar), Santa Rosa del Abuná, Ingavi (Humaita), Nueva Manoa (N. Esperanza), Villa Nueva, Eureka (Santos Mercado), Riberalta, Guayaramerín, Reyes, San Borja, Santa Rosa, Rurrenabaque, Santa Ana, Exaltación, Caranavi, Guanay (dividido en Teoponte y Ma-piri), Tipuani, Apolo, Chulumani, Irupana, Yanacachi, Palos Blancos, La Asunta, Coroico, Coripata, Ixiamas, San Buenaventura y La Paz (www.

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amazonia.bo). A fines del 2008, se anunciaba que el asfaltado de los 90 ki-lómetros une a las ciudades de Riberalta y Guayaramerín. Una licitación internacional adjudicó la conclusión del estudio a diseño final. 42 millones de dólares que demanda el proyecto están garantizados por ley y debían ser financiados por la Corporación Andina de Fomento (www.amazonia.bo, octubre 2009).

A diferencia del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez, que obedece a una estructura de proyecto general, el Corredor Norte es un mosaico dis-continuo de tramos a ser construidos o mejorados, a partir de diversas fuentes financieras (BID, ABC, Gobierno del Brasil, etc.) no necesaria-mente articuladas entre sí. Esto implica la ausencia de un Plan de Pro-tección Ambiental. A pesar de que la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor Norte, considera numerosas acciones destinadas a la prevención y mitigación de impactos, estas carecen de una funcionalidad programática y presupuestaria, por tanto, no están en aplicación en nin-guna de las zonas donde existen o proyectan obras de desarrollo.

Las acciones municipales se interesan, en algunos casos, en realizar apo-yos puntuales y dar pequeñas contrapartes. Las obras viales del Corredor Norte revisten un riesgo creciente de incentivo a la expansión de la colo-nización y la ocupación desordenada de tierras, proceso en gran manera flexibilizado por las políticas estatales y la nueva Constitución Política del Estado. La figura del Corredor Norte está también sirviendo como un incentivo al desarrollo del complejo agroindustrial cañero de San Buena-ventura (Norte de La Paz) al incentivar la mejora de tramos de vincula-ción, incluido el puente sobre el río Beni.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informaba a inicios del 2010, que una sola empresa, la Asociación Accidental ARBOL (con-sorcio accidental de empresas argentinas y bolivianas), presentó su pro-puesta para el diseño, la construcción y pavimentación de la carretera

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Santa Bárbara-Quiquibey, que forma parte del Corredor Norte, un me-gaproyecto carretero que forma parte de la IIRSA, en el Eje 4, (www.lapatriaenlinea.com enero 2010). El precio referencial de la construcción y pavimentación del tramo asciende a 250 millones de dólares, 67% a ser cubiertos por préstamos de Venezuela y el resto por la Prefectura y el TGN, monto establecido en el acto público de apertura de propuestas, donde se verificó la documentación de la Asociación Accidental ARBOL, única interesada en la adjudicación de la obra. La modalidad fue de ad-judicación “llave en mano”, consistente en la entrega de un producto fi-nal por parte del adjudicatario, que incluye el diseño, la construcción, la supervisión, el control de calidad y el mantenimiento de la obra durante cinco años, computables a partir de la recepción definitiva de los traba-jos. Este tramo tiene una longitud de 160 kilómetros que se extienden a través de las poblaciones de Santa Bárbara, Challa, Choro, San Pedro, Santa Ana, Caranavi, San Pablo, Carrasco, Las Colonias, Abaroa, In-cas, La Abra, Bella Vista, Camacho, Segunda Nueva Esperanza, Río Alto Beni, Sapecho, San Martín, Playa Verde, San Luís, Río Inicua, Nuevos Horizontes, Ingavi, Villa Cruz, Las Delicias, Santa Fe, Vencedora, La Cascada y Quiquibey (www.hoyboliva.com enero 2010).

En cuanto al corredor bioceánico Santa Cruz-Puerto Suárez, a inicios del 2009, los presidentes de Bolivia y Brasil inauguran los tramos: Arroyo Concepción – El Carmen, a cargo de la empresa Odebretch-IASA (180 millones de dólares) y El Carmen – Roboré (Empresa Camargo Correa, por similar monto) ambos “llave en mano” (La Prensa, enero 2009). Las obras son parte del Corredor Oceánico Santos-Arica (eje Interoceánico Central). Mientras tanto, los impactos colaterales en este corredor del IIRSA ya se dejan sentir. Por ejemplo, en la Región de San José de Chi-quitos se ha incrementado la ocupación desordenada de tierras y la ex-tracción de madera, la cual es comercializada en el Brasil. Entre el 2008

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y 2009, la inconsistente y parcial aplicación del Plan de Protección Am-biental y Social, que estaba destinado a prevenir y mitigar los impactos sociales y ambientales de este corredor, dio lugar a un conjunto de efectos, perfectamente previstos en los diversos estudios realizados: ocupación irregular de tierras, expansión de cultivos agro-industriales, ganadería de reemplazo y extracción de recursos, especialmente de madera y fauna. (Oct. 2009). Similares indicios comienzan a advertirse en la región ama-zónica cruzada por el Corredor Norte.

El corredor vial Santa Cruz - Puerto Suárez, parece haber incentivando diversas iniciativas empresariales de elevado riesgo ambiental, por ejem-plo, diversas expectativas mineras de mediana y gran escala, como la ex-plotación de hierro en el interior de la Reserva de Tucavaca por las em-presas KILENO y SIDERESTE. Mientras que en la zona de influencia de esta Reserva, se incrementaban los procesos de colonización espontá-nea y dirigida por el gobierno.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) fue parte de las ac-ciones de reposición y compensación del Programa de Apoyo Ambiental y Social (PAAS) del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez, que contaba con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que en resumidas cuentas, tuvo un alcance muy limitado.

En general, las obras previstas en el IIRSA mostraban, a inicios del 2009, una regular continuidad en varias regiones de Sudamérica, por ejemplo la construcción del puente Billinghurst en el río Madre de Dios en Perú, que llega a constituirse en un elemento emblemático continental de los corredores bioceánicos, mientras que los avances en materia de aplica-ción de recaudos ambientales, desde los ámbitos gubernamentales, siguen siendo en el mejor de los casos insuficientes. Como se analiza más ade-lante, la sociedad civil y las organizaciones sociales, permanecieron en la línea de la denuncia pública, sin poder realizar avances efectivos de

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incidencia sobre el estado, para que éste proceda a la implementación de regulaciones y medidas precautorias.

Resumen de los tramos en ejecución y planificación

En total, a fines del 2009, la ABC tenía el registro de 40 obras en cons-trucción en los nueve departamentos, además de 11 licitaciones y cinco obras en estudio (La Razón, abril 2010). De este total, al menos 20 tienen directa relación con el IIRSA.

El costo total del corredor Santa Cruz-Puerto Suárez superó los 407 mi-llones de dólares. Hasta fin de este año, la ABC prevé concluir las carre-teras Paraíso-El Tinto (128 Km.) con una inversión que llegará a 76 mi-llones de dólares y El Tinto-San José (82 Km.) que costará 64 millones de dólares. Casi 150 millones de dólares en total (La Prensa, 8 marzo 2009). La conclusión final de esta ruta bioceánica, vinculará fundamentalmente al Brasil con el Perú y Chile, cruzando Bolivia como vía de paso desde Puerto Suárez hasta Tambo Quemado. Este corredor tiene una longitud de 1.603 Km., de largo, más sus dos ramales, uno al oeste y otro al este, alcanzando 2.585 Km., y se esperaba que estuviese plenamente concluido durante el 2010 (La Prensa, 8 marzo 2009), con la pavimentación de los tramos Huachacalla-Pisiga (72 Km.), y Toledo-Ancaravi (53 Km.).

En el corredor norte-sur, que tiene una superficie de 1.564 Km., que une Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, según la ABC, sólo un tramo está en ejecución: Santa Cruz-Cotoca (20 Km.), con una inversión de 21 millones de dólares; el resto de las rutas estarían pavimentadas y en servicio.

El otro corredor de importancia para el gobierno es el Corredor Norte, que unirá La Paz, Riberalta y Pando, y vinculará esencialmente al Brasil con el Perú. Se prevé una inversión de 552 millones de dólares, que serán financiados por Venezuela, Brasil, Banco Interamericano de Desarrollo

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(BID) y la Corporación Andina de Fomento - CAF (La Prensa, 8 marzo 2009). Estas carreteras permitirán una conexión desde el Desaguadero hasta Guayaramerín. El tramo Yucumo-Rurrenabaque (106 Km.) está en proceso de licitación, con 70 millones de dólares de presupuesto y fi-nanciado por el BID. (La Prensa, 8 marzo 2009), en tanto que el tramo entre Rurrenabaque y Riberalta, de 510 Km. de longitud demandará un costo de 260 millones de dólares, 230 millones provenientes del Brasil y 30 millones de la ABC. También es parte del Corredor Norte el tramo Riberalta-Guayaramerín (86 km.) que ya fue adjudicada y está en ejecu-ción, demandando una inversión de 42 millones de dólares provenientes de la CAF (La Prensa, 8 marzo 2009). La CAF también financia con 22 millones de dólares (fase de estudios) la ruta El Porvenir-El Choro, que conectará con Cobija.

El cuarto corredor (Oeste-Sur: Cotagaita-Villazón) conectará a Bolivia con Perú, Argentina y Paraguay, en el que la ABC comenzó trabajos el 2008 con un costo de 85 millones de dólares, también financiado por la CAF (La Prensa, 8 marzo 2009).

El Corredor Central Sur pretende conectar el Hito BR 94 en la fronte-ra con el Paraguay, y el Hito LX, con Chile. El tramo en ejecución es Villamontes-Cañada Oruro, en el que la ABC está a cargo de la ejecución de la ruta Palo Marcado-Hito BR 94 (76 Km.), con una inversión de 34 millones de dólares y la Prefectura de Tarija, la ruta Puerto de Chaco-Palos Blancos (La Prensa, 8 marzo 2009). Según Villegas (Petro Press, Nº 18, enero 2010), en la Agenda 2005-2010 del IIRSA, Bolivia habrá invertido alrededor de 690 millones de dólares en el Eje Interoceánico Central, cubriendo más del 60% de los 1143,7 millones de dólares del eje, que favorecerá sobre todo a Chile y Brasil. Esto no incluye otros proyectos de gran magnitud aún no avaluados, como ser el mejoramiento de la navegabilidad del Río Paraguay entre Apa y Corumbá (Hidrovía

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Paraguay-Paraná), a ser enfrentado por Bolivia, Paraguay y Brasil; las hidrovías Ichilo – Mamoré y Madre de Dios; la navegabilidad del Río Beni, en el eje Perú - Brasil – Bolivia, entre otros. Estas obras serían en-caradas por Bolivia.

Para el financiamiento de las iniciativas del IIRSA en Bolivia, han sido esen-

ciales los préstamos del Banco Mundial, CAF y BID. En 1996, estas entidades

concentraban el 59% de la deuda externa de país y, el 2008, llegaron al 78%.

Esta dependencia, desde ya peligrosa para Bolivia, se incrementará aún más

con el préstamo de 10.000 millones que el Banco Mundial aprobó recientemente

(Villegas, P. Petro Press, Nº 18, enero 2010). Estas cifras mencionadas sobre-

pasan fácilmente el PIB boliviano. El año 2000, el 35% del presupuesto general

de la nación (PGN) se invirtió en infraestructura; el año 2009, fue el 47%; lo

que obviamente quiere decir que, por una parte, la estructura de inversiones

del neoliberalismo no ha cambiado y, por otra, que está íntimamente ligada a la

IIRSA (Villegas, P. Petro Press, Nº 18, enero 2010). Hasta mediados del 2010,

la inversión en el rubro transportes (inversión en mejora y construcción de cami-

nos) fue de 36.8% del PGN (Jubileo, 2010) y si bien es todavía un dato parcial,

no deja de ser elevado.

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22

IIRSA

Presión

Es menester recordar que la construcción de un camino implica una doble connotación de impacto-riesgo. El proceso de construcción puede ocasio-nar severos daños a los ecosistemas y procesos ecológicos, siendo más se-veros en regiones de elevada fragilidad como los Yungas o el Subandino, por los condicionamientos topográficos y tectónicos; sin embargo, en la llanura, los efectos también pueden ser críticos cuando están relacionados a la afectación de los cursos drenaje.

Las etapas de construcción o mejora de las vías camineras pueden generar impactos en los ecosistemas a partir de los cortes, movimiento de tierras, deposición de material de corte, elevación de terraplenes, y la emisión de ruidos y polvo por uso de maquinarias y explosivos. La extracción de áridos es especialmente crítico, por la afectación de zonas de préstamo en áreas sensibles como cuencas y coluvios. La instalación de campamen-tos y concentración de alto número de personal de obra también genera importantes efectos, especialmente sociales (comercio, precios de pro-ductos, residuos sólidos, uso eventual de fauna, etc.). Todos estos efectos negativos minimizan las eventuales ventajas positivas que se generan, es decir, la oferta de empleos temporales a los pobladores locales.

Se pueden alterar valores patrimoniales y culturales como restos arqueo-lógicos, sitios sagrados de las comunidades o medios de vida y afectar la supervivencia de las poblaciones locales a través del deterioro de sus medios de vida: Fuentes de agua, tierras de cultivo, pastizales, bosques, fauna terrestre, peces, etc. Las grandes concentraciones de personal de obra pueden generar perturbaciones

El otro conjunto de impactos y riesgos, implica etapas posteriores a la construcción o de futuro inducido, según la normativa ambiental, cuan-do en regiones naturales y aparentemente vacías o despobladas, se abren

23

IIRSA

rutas que permiten el ingreso desordenado de asentamientos humanos, favoreciendo la explotación no regulada de recursos, en muchos casos provocando conflictos con las poblaciones y comunidades locales ya exis-tentes y que tienen derechos de usos legales o consuetudinarios.

Por esta razón, las medidas de prevención y control en la construcción de obras viales deben ser claras y rigurosas. Sin embargo, aún incorporando normas de control muy exigentes, pueden producirse impactos negativos considerables. Tal es el caso de la construcción de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, donde se comprobó que se produce un marcado deterioro de los ecosistemas, a pesar de las medidas de control y fiscalización in-corporadas. Para los corredores bioceánicos relacionados al IIRSA, en ninguno de los dos tipos de impacto-riesgo mencionados se están toman-do las necesarias precauciones y medidas de control. Un claro ejemplo es el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, donde, en un par de años, se han multiplicado los impactos degradativos.

Considerando la superficialidad e ineficacia innata de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y la laxitud en las medidas de control, regulación y fiscalización ambiental, se podría esperar una enorme acu-mulación de impactos actuales y de futuro inducido en el gran conjunto de obras relacionadas con el IIRSA.

Otro conjunto de presiones se derivará de las construcciones viales anexas a los corredores principales: caminos departamentales y vecinales a ser construidos por las prefecturas y municipios bajo la característica escasa responsabilidad ambiental y reducida o inexistente fiscalización por parte de las autoridades ambientales competentes. Existen decenas de ejemplos en todo el país, pudiendo citarse por su gravedad, sólo en el departamento de La Paz, el Tramo Vial Apolo-Asariamas, dentro del Parque Nacional Madidi; la vía improvisada que destruyó los bosques nublados remanen-

24

IIRSA

tes de Wila Wila en Irupana, o el camino que partió en dos el extraordina-rio patrimonio arqueológico de Pasto Grande a orillas del río de La Paz.

Cuadro resumen de las iniciativas viales relacionadas con el IIRSA (Fuente propia).

PROYECTO/ TRAMO ESTADO IMPACTOS Y RIESGOS DIRECTOS e INDIRECTOS

Corredor Norte: Santa Bárbara-Quiquibey

(Eje 4 del IIRSA)

Adjudicado, a ser ejecutado el 2010

Impactos en zonas de elevada fragilidad ecológica (Yungas y Subandino).Ocupación desordenada de tierras, explotación maderera, caza furtiva, minería de oro. Afectación a Reserva TCO Pilón Lajas y TCO Chimane en sudeste del Beni.

Corredor Norte: Sillar-Quiquibey –Yucumo- Rurrenabaque

(Eje 4 del IIRSA)

Adjudicado, a ser ejecutado el 2010

Impactos en zonas de elevada fragilidad ecológica (Subandina-Pie de monte). Ampliación de ocupaciones desordenadas en Reserva Pilón Lajas y Bosque Chimanes. Afectación de tierras indígenas. Explotación forestal ilegal. Incentivo al Complejo Agroindustrial de San Buenaventura y Producción de Biocombustibles (etanol-biodiesel). Incentivo a la ampliación descontrolada de cultivos de caña y palma africana en el norte de La Paz.

Corredor Norte: Rurrenabaque-Sta. Rosa-Chorro

(Eje 4 del IIRSA)

Previsto para 2010

Expansión de fronteras agropecuarias en bosques de galería e islas de bosque, ganadería de reemplazo y expansión del cultivo de arroz en sabanas y humedales, drenaje de humedales, explotación maderera y caza furtiva. Afectación de tierras indígenas (TCO´s).

Corredor Norte: Chorro-Puerto Rico-Cobija

(Eje 4 del IIRSA)

En estudio la construcción y pavimentación del tramo Chorro-Porvenir.

Ampliación de la ganadería de reemplazo y desmontes a gran escala para cultivos de caña, palma africana y soya.

Corredor Norte: Cobija-Nareuda-Extrema

(Eje 4 del IIRSA)En estudio

Expansión de ocupaciones y de las fronteras agropecuarias, ganadería de reemplazo, e incremento de la explotación maderera.

Corredor Norte: Chorro-Riberalta-Guayaramerin

(Eje 4 del IIRSA)

Con estudios y en ejecución

Ampliación de la ganadería de reemplazo, y posibles desmontes a gran escala para cultivos de caña, palma africana y soya

Corredor Norte: Cobija-Chivé-Ixiamas

(Eje 4 del IIRSA)En estudio

Impactos al PNANMI Madidi y sus zonas de influencia, impactos a TCO´s y zonas megadiversas de elevada sensibilidad. Expansión de fronteras agropecuarias en bosques de galería e islas de bosque, ganadería de reemplazo, expansión del cultivo de arroz en sabanas y humedales, drenaje de humedales, explotación maderera y caza furtiva.

25

IIRSA

Corredor Norte–Sur: Trinidad-Santa Cruz-Camiri-Villazón

(Ejes 4,6,7 IIRSA)

Sólo un tramo está en ejecución: Santa Cruz-Cotoca

Expansión de fronteras agropecuarias, agricultura de soya a nivel industrial. Explotación forestal. Afectación de tierras indígenas.

Hidrovía Madeira-Guaporé-Mamoré-Ichilo (Represas del Madeira)

(Ejes 4 -5 del IIRSA)

Megarepresas en construcción.

Grandes inundaciones en la Amazonía boliviana, incremento del flujo de grandes barcos, incentivo a los mercados de soya, carne y madera. Deterioro drástico de la cuenca Amazónica (Guaporé) y del río Paraguay por unión manipulada de las cuencas (río Alegre – río Aguapei).

Corredor Santa Cruz- Puerto Suarez

(Ejes 5 y 6 del IIRSA)

Concluido, salvo dos tramos (El Tinto-San José y Paraíso – Tinto)

Expansión del cultivo de soya, ganadería de reemplazo y explotación de maderas. Proyectos mineros en la Reserva Tucavaca. Presiones crecientes en la región norte del PNANMI Kaa Iya. Conflictos con pueblos indígenas por avasallamientos. Incentivo a la construcción de represa Rositas (riesgo del Chaco y Chiquitanía) y la eventual explotación de acuíferos fósiles, en ambos casos se espera una mayor expansión de la soya.

Hidrovía Pantanal

(Ríos Paraguay-Paraná)


En proyecto

Relación directa con el Mutún y mega infraestructuras asociadas. Deterioro general de cuencas y lagunas. Expansión de los cultivos de soya, ganadería de reemplazo y extracción de madera. Incentivo a incremento de otras explotaciones mineras.

Corredor San Matías-Concepción-Santa Cruz

(Ejes 5 del IIRSA)En estudio

Expansión de cultivo de soya, explotación de maderas y ganadería de reemplazo. Impactos de caza furtiva sobre vida silvestre.

Corredor Oruro-Toledo-Pisiga

(Eje 10 del IIRSA)

En construcción Varios tramos concluidos

Incentivo a la explotación minera, quinua a nivel industrial e incentivo al contrabando.

Corredor central sur

Villamontes-Iscayachi-Atocha-Uyuni-Hito LX


Inicio de obras en la zona del Chaco Tarijeño

Incentivo a la explotación minera, expansión de la quinua a nivel industrial. Posible deterioro de zonas de potencial turístico.

iiRSA y modelos de desarrollo

Es por demás evidente la relación entre el IIRSA y el modelo de desarro-llo primario exportador, vigente desde hace varias décadas. El IIRSA es un viabilizador y dinamizador de este tipo de modelo y ha sido definido

26

IIRSA

como la columna vertebral del libre comercio en Sudamérica; habiendo adquirido una importancia central en la política del gobierno, a expensas de enormes créditos financieros generosamente distribuidos por el BID, la CAF y el gobierno del Brasil. Según Villegas, P. (Petro Press, 2010), “Bolivia ha adoptado el modelo brasilero de explotación de los recursos naturales, con la particularidad de que no lo hace de manera autónoma, sino accesoria a la de ese país”, algo que ya había manifestado Carvalho (2006), al referirse al fenómeno de la integración sudamericana en relación al Brasil.

En esta línea, Hernández (2008), cita al pensador cruceño Don Helio Montenegro: “Las carreteras no son buenas ni malas. Lo que importa es el modelo de desarrollo detrás de las carreteras”. Hernández (2008) plantea que los gran-des proyectos de desarrollo, en especial los relacionados a la construcción del Corredor bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez, proveen un estudio de caso de importantes impactos socio ambientales negativos que se agu-dizan por la presencia de una institucionalidad contraria a los valores de sostenibilidad.

Es de enorme importancia tomar en cuenta las advertencias de S. Molina (2009), sobre el verdadero rol del IIRSA, como un facilitador de los agro-negocios y megaproyectos de diversa índole, pero hábilmente camuflado tras los anhelos y necesidades de progreso y vinculación del país y sus regiones. De esta manera, los ideólogos del IIRSA han encontrado insu-perables aliados en las oficinas nacionales de obras públicas, prefecturas, alcaldías y cámaras de construcción. De esta forma, la construcción del Corredor Norte en Bolivia (y del Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez), significa subvencionar el transporte de carga brasileña y, a la vez, asumir los impactos sociales y ambientales que la acompañan (Molina, S. 2009). Es precisamente, en este sentido que lo asume el sector exportador cruce-ño, el cual se percibe como el mayor beneficiado de la habilitación de los corredores de integración, principalmente el bioceánico Este-Oeste, espe-

27

IIRSA

rando ahorrar por año cerca de 15 millones de dólares en costos de expor-tación. Así lo revelan las proyecciones de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX: www.cadex.org). El sector exportador calcula que con la adecuación de nuevos costos y la competencia por la carga, tanto de empresas nacionales como de servicios multinacionales, una vez que estén terminados los tramos que faltan, generará ajustes de unos ocho dólares por tonelada en los costos de importación y exportación, (La Prensa, 8 de marzo 2009). Si se toma en cuenta que el costo por tonelada exportable oscila entre 90 y 150 dólares y que anualmente se exporta 1,8 millones de toneladas por año, se tiene que esos costos están entre 162 y 270 millones de dólares por año. Con el ajuste de los ocho dólares que la CADEX cal-cula, se podrá reducir esos egresos en 14,4 millones de dólares por año.

Según portavoces del CADEX, éste es uno de los beneficios que con-seguirán con la habilitación del corredor bioceánico. El segundo será la creación de nuevos mecanismos de logística multimodal, que incorporará nuevas alianzas comerciales de productos de exportación, importación y de mercadería en tránsito. “No hay que olvidar que países como Chile, Perú y Brasil van a tener una alternativa interesante en el cruce de carga por Bolivia, eso implica un incremento en los servicios logísticos que se brindan hoy y que se brinda-rán en un futuro no muy lejano”. Esta instancia considera que una vez que el corredor bioceánico este-oeste esté concluido (posiblemente hasta fines del 2009, con el asfaltado de los tramos Paraíso-El Tinto y El Tinto-San José), el comercio con Brasil se intensificará en mercadería de expor-tación, importación y tránsito con destino al Perú, Chile y la costa del océano Pacífico.

PROBIOMA denunció en septiembre del 2009 que un elemento indi-cador del avance del Corredor Vial Santa Cruz – Puerto Suárez, fue las actividades de diversas organizaciones que promovían en la región Chi-quitana, la implementación de grandes proyectos productivos y sistemas

28

IIRSA

de riego a gran escala. Existen inversores que recorren las comunidades de la región ofertando créditos y facilidades para la habilitación de nue-vas tierras para cultivos, créditos que lógicamente tienen como base del préstamo, la propia tierra del productor. El aditamento a esta situación es la escasa aptitud de la tierra para fines agropecuarios, especialmente intensivos y a gran escala (PROBIOMA, septiembre 2009).

En el caso del corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, el propio banco inter-nacional impulsor (BID) ha recomendado inversiones en la explotación de madera, la expansión de la agricultura de soya, ganadería (aún a costa de suelos no apropiados), la explotación de los ricos yacimientos de hierro del Mutún, fabricas de cemento e instalación de termoeléctricas (Hernán-dez, 2008). Paradójicamente, el propio organismo financiador reconoce expresamente la existencia de importantes efectos negativos tales como la ampliación de la brecha de desigualdad social, la exacerbación de los conflictos socio-culturales y la degradación compulsiva y creciente del medio ambiente, al momento de apoyar el Programa de Apoyo Ambiental y Social. De cualquier forma, según Hernández (2008), “la población en su conjunto desea construir la carretera a toda costa. Por ello apoyan el financiamiento de un proyecto de modernización que es destructor de la sociedad en su conjunto”.

En esta línea de análisis, Hernández (2008), menciona que: “el ferrocarril hacia Puerto Suárez, construido entre 1938 y 1948, el cual permitió la afectación de la estructura de los bosques y la estructura socio-cultural de los pueblos, perdiéndose los valores locales que habían sido herencia de las misiones. Podría decirse que el ferroca-rril hizo una suerte de praxis de entrenamiento para impactos ambientales y socio-culturales por venir, viabilizando la explotación forestal de primera mano; es decir, de aquellas especies que necesitaba el ferrocarril en su proceso de construcción, y después, el régimen de explotación de especies estrella, del bosque seco Chiquitano, como el mo-rado. A partir de los años 60 permitió las primeras ocupaciones de tierras hacia el Este, que continuaron años después con la expansión incontrolada de la soya”.

29

IIRSA

Los impactos sobre los ecosistemas y los medios de vida de las comuni-dades locales se han multiplicado en los últimos cinco años, en paralelo a la construcción del tramo vial bioceánico. La carretera ha traído una serie de conflictos que en el caso de Aguas Calientes, se traducen en la especulación de la tierra, la reducción de los animales salvajes (de im-portancia fundamental para economías de semi-subsistencia), el aumento de la deforestación y el encarecimiento de la tierra (Hernández, 2008). Se han producido varias situaciones de asentamientos espontáneos y ha aumentado la explotación forestal, así como la caza furtiva para fines co-merciales (carne, cueros, mascotas).

Cuando Hernández habla de la colisión cultural del IIRSA, en referen-cia al corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, se refiere concretamente a los modelos de desarrollo que se implementan bajo la lógica de modernización compulsiva y sin capacidad creativa y talento previsor, y es entonces que es ade-cuado hablar de un choque cultural. Precisamente, de esta manera, lo han expresado las diversas organizaciones indígenas afiliadas a la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), que a fines del 2009 denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos, los atropellos y avasallamientos actuales y potenciales que tienen ori-gen en las vías y megaproyectos relacionados con el IIRSA.

Miguel Palacín Quispe de la CAOI (www.albatv.org/Congreso-de-la-CAOI; www.cedla.org) denunció que el Corredor Sur (Eje Brasil-Bolivia-Perú) afecta los territorios de casi 4.000 comunidades andinas y 78 comunida-des nativas de tierras bajas, tres parques nacionales y dos reservas natu-rales, que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales alberga especies únicas que pueden ser llevadas al borde de la extinción. Entre los impactos más graves, mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión

30

IIRSA

de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos. En cuanto a la central hidroeléctrica de Iñambari, mega obra de alguna forma relacionada al IIRSA, dijo que ésta afectará 46.000 hectáreas de tierras en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos, al ver destruido su modo de vida.

Denuncia de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), ante la Comisión Interamericana de Derechos HumanosFuentes: www.cidh.oas.org/prensa/www.biodiversidadla.org

En la Audiencia de la CAOI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Noviembre, 2009), las organizaciones indígenas detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza. Desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades, degradación ambiental irreversible y delincuencia fueron algunos de los severos impactos sustentados por los dirigentes indígenas participantes.

Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: La Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú. Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA, sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y recordó que la IIRSA es financiada principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES.

Detalló que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: La propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, sus autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

En este evento, Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios. En tanto que Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. La carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros y migración masiva a la zona.

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En el caso del Corredor Norte, la mayor presión de riesgos socio ambien-tales actuales, se deriva del proyecto de construcción y pavimentación de la carretera Santa Bárbara-Quiquibey. En términos generales, esta ruta es la continuidad del tramo La Cumbre–Santa Bárbara, que atraviesa el PNANMI Cotapata, y que ha generado importantes impactos de deterio-ro ecosistémico, a pesar de las acciones de mitigación. En general, toda la vía que atraviesa la vertiente oriental húmeda de los andes bolivianos. El objetivo debió apuntar a mejorarla con determinados recaudos socio ambientales. Sin embargo, el proyecto aprobado implica procesos de rec-tificación de trazos y de construcción, lo que implicará un alto número de variantes y nuevos tramos, aumentando la afectación a una región de extremada fragilidad ecológica. Existen sectores muy críticos, como las serranías abruptas del trayecto a Caranavi y la zona de Bella Vista (des-de ya bastante afectada por la colonización), y principalmente la región subandina del Sillar-Yucumo, que bordea la Reserva y TCO Pilón Lajas. A mediados del 2010, esta última zona, tramo que atraviesa el subandino, se encontraba en pleno proceso de obras de mejora y construcción, desde hace algunos meses.

La construcción de nuevos tramos en las zonas de los yungas y subandino implicará abrir el acceso a una colonización desordenada y una extrac-ción expoliativa de recursos forestales y mineros en zonas de elevada fra-gilidad ecológica, que hasta ahora se mantuvieron bien conservadas por las dificultades de acceso.

El riesgo es mayor cuando se toma en cuenta la debatible responsabilidad ambiental de la ABC, en términos de regulación y cumplimiento de las normas ambientales vigentes, tomando como ejemplo el caso de la cons-trucción del camino San Ignacio de Moxos – Villa Tunari, que atraviesa el TIPNIS y vulnera los derechos indígenas. Se suma a la irresponsabili-dad de la ABC, la incertidumbre de entregar la obra (bajo la modalidad,

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también muy debatible “llave en mano”) a un consorcio prácticamente desconocido (ARBOL). Pero el nivel de riesgo se incrementa aún más cuando se exige celeridad en la realización de obras, siendo que el plazo de ejecución de esta mega obra es de cuatro años y medio. El propio pre-sidente boliviano pidió al consorcio ARBOL que entregue la obra en el menor tiempo posible, al sugerirles trabajar 24 horas en procura de lograr ese objetivo, mediante una adecuada organización en tres grupos (www.lapatriaenlinea.com enero 2010). A mayor premura y aceleración, mayor será el riesgo de que determinados aspectos reciban menor atención, y desafortunadamente, los temas ambientales y sociales sean los que que-dan relegados o pendientes.

En tanto, los planes de la ABC y el gobierno avanzan en los otros tramos del Corredor Norte, que competen a las regiones amazónicas de tierras bajas, a expensas del abundante soporte crediticio direccionado por las agencias internacionales y sin asomo de recaudos ambientales sustancia-les. Es muy probable que el IIRSA esté induciendo, de forma muy efec-tiva y directa al futuro, los peores escenarios previstos para la Amazonía (Killeen, 2007).

Caminos, desarrollismo y saldos negativos de la ganadería de reemplazo en el Norte de Beni Marco Octavio Ribera AOctubre 2009

El inicio del avance de las fronteras agropecuarias en el triángulo Riberalta-Guayaramerin-Cachuela Esperanza, data de fines del siglo XIX, cuando la explotación de la goma comenzó a generar una intensa actividad económica en toda la región amazónica. La ausencia de caminos era facilitada por la navegación por los grandes ríos y también fue parcialmente cubierta a partir de 1912 por líneas de ferrocarril tanto en Bolivia como en el Brasil (Madeira-Mamoré), para atender en especial el transporte de cargas. Sendas de carretones y de herradura vinculaban las poblaciones más importantes en el extremo más Norte del Beni. La carne vacuna era provista desde los llanos del Beni donde existían factorías de cueros y el ganado esencialmente era “cazado”. Posteriormente se conformaron las primeras estancias pero el consumo de carne de animales silvestres era generalizado.

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Recién en el siglo XX, en los años 60, se empieza a hablar de los caminos de vinculación entre las poblaciones más importantes del norte beniano, proyectos que empiezan a materializarse recién a inicios de en los años 80, situación aparejada con la dotación de grandes superficies de tierras por el instituto de Reforma Agraria. A mediados de los 70, empezó la desafortunada popularización de la ganadería de reemplazo en el Brasil, miles de hectáreas de bosque amazónico fueron removidos en el arco de deforestación Río Branco - Rondonia. La devastación ecológica que se puede apreciar en el actual paisaje de la ruta BR-425 que une Guajaramirin con Abuna, es un recordatorio final de dicho proceso.

Sin duda el proceso ganadero brasilero y el aparente éxito económico, incentivaron la réplica del proceso en el norte del Beni y Pando, aprovechando la apertura de caminos.

Los resultados finales de la ganadería de reemplazo en la amazonía noreste de Bolivia (región Guayaramerín- Riberalta - Cachuela Esperanza) pueden ser observados a lo largo de las carreteras que unen dichas localidades, después de 30 años. A fines de los años 70, la actividad ganadera a expensas del bosque se popularizó en la región en relación a la mejora de los caminos de vinculación y créditos otorgados. Una gran parte de este oneroso proceso se basó también en emular el avance de la ganadería de reemplazo que ya se había iniciado en el Brasil unos años antes. En la actualidad, en los tramos viales Guayaramerin-Cachuela y Riberalta-Guayaramerin, se pueden observar extensos campos ganaderos abiertos en reemplazo del frágil bosque amazónico. La productividad de los primeros años, cayó a merced de la marcada pobreza de nutrientes de los suelos, asociada al mal manejo de dichos sistemas. Como resultado, hay cientos de hectáreas de antiguos campos ganaderos abandonados o subutilizados, acompañando los bordes de los caminos, cubiertos de pastos no palatables duros o “sujales”, y fases estancadas de malezas llamadas “pampa monte”, en los cuales la sucesión natural ya no avanza. Decenas de ganaderos abandonaron los campos abiertos unos años antes, perdiendo las inversiones derivadas de créditos bancarios, que como en muchos otros casos, fueron “absorbidos” por el Estado.

Actualmente, sólo en algunos campos ganaderos medran unas pocas cabezas de ganado, con una relación irrisoria de incluso una res por cada 10 hectáreas, mostrando la insostenibilidad de un proceso, que desafortunadamente puede volver a replicarse gracias al milagro caminero del IIRSA.

Como parte del paquete IIRSA en su Eje 4, los megaproyectos hidroeléc-tricos del Madeira (inicialmente concebidos como hidroviales) volvieron a ser denunciados por la activista Telma Delgado Monteiro (www.bio-diversidadla.org, 3 noviembre 2009), representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, quien manifestó una vez más la relación de estas iniciativas con el Corredor Norte y su verdadero ob-jetivo de favorecer el monocultivo de soya. Denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos

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transfronterizos Perú-Bolivia-Brasil: “Las audiencias públicas no fueron reali-zadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecu-tándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”. Precisó que las obras han provocado: “El desplazamiento de un millón de personas, degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.”

Una situación aún más comprometida, aunque debatible, se derivaría de la lógica del IIRSA. Según Yásser Gómez, periodista y corresponsal de Upsidedownworld en Perú (www.somossur.net nov. 2009), las proyec-ciones del IIRSA estarían también previstas para facilitar las eventuales operaciones militares futuras de Estados Unidos en la región. Según este analista, la posición geográfica del Perú respecto a la situación política y geopolítica del continente, realmente es inmejorable, como para que algunas potencias del mundo tengan una posibilidad de acceso más di-recto hacia algunas regiones con recursos estratégicos de enorme valor, como la zona sur gasífera de Bolivia y la zona norte de Argentina, que es petrolífera.

Desafíos en la Implementación de un Buen EAE. BICECA, junio 2009 Caso I. Bolivia: Carretera Santa Cruz – Puerto Suarez Fuente: oscar castillo, (wcs).

La carretera cruza a través de varios ecosistemas importantes de la región, entre ellos el Pantanal y el Bosque Seco Chiquitano, los cuales ya enfrentan tasas muy altas de deforestación. La construcción de esta carretera está conduciendo a un aumento de dicha deforestación, como consecuencia directa del cambio de uso de suelos a través de la conversión a la agricultura, el aumento de flujos migratorios, consecuente colonización de tierras y del incremento de la tala de bosques ilegal. Estos impactos inducidos por la construcción de la carretera, probablemente serán agravados por los efectos e impactos directos e indirectos de otros grandes proyectos de desarrollo en la región, tales como la Hidrovía Paraguay-Paraná, las actividades mineras del Mutún, el Gasoducto Bolivia-Brasil y los incipientes proyectos de energía y de petroquímica en Puerto Suárez.

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Los impactos sociales generados se estiman ser igual de graves o peor, especialmente en las poblaciones indígenas y campesinas locales, de los cuales, la mayoría no tienen títulos legales sobre sus tierras, incrementando de esta manera la pobreza y desigualdad de la región. A pesar de las promesas realizadas para la titulación de tierras, son relativamente pocos los títulos que se han garantizado desde la aprobación del proyecto. Para las comunidades locales de la región, simplemente la idea o los planes para construir la carretera, han generado el aumento en la especulación de tierras, la intensificación de los conflictos de tierras en la zona, y de la misma manera ha creado más obstáculos al proceso de consolidación de los territorios indígenas de comunidades de origen (TCOs) en la Chiquitania.

En este sentido, es probable que los grupos más vulnerables sufran la expulsión de sus territorios y que las diferencias sociales entre los más pobres, los grupos marginados y los que tienen mayor acceso a recursos económicos y poder, se incremente aún más.

Estos efectos negativos se ven agravados aún más por la débil capacidad institucional y la falta de voluntad política del gobierno boliviano, para abordar con mayor eficacia la gestión de recursos naturales y garantizar el cumplimiento de las leyes bolivianas. En términos generales el problema central, no radica en la carretera misma, sino en los impactos negativos que vienen incluso con la sola idea de la construcción de la vía y que son agravados al ser implementados sin un adecuado programa de prevención y mitigación de dichos impactos, que en la mayoría de los casos son previsibles. En este sentido, dentro del marco temporal y espacial estratégico de las intervenciones de infraestructura, el tema central no es solamente cómo hacemos una buena Evaluación Ambiental Estratégica, sino también el cómo hacer un uso adecuado de esta herramienta en el proceso de planificación, que desarrolle un plan integrado ambiental y social, igualmente estratégico, incorporando en los sistemas de gestión ambiental y social del conjunto de los actores públicos, sociales y privados en el ámbito territorial correspondiente, para su aplicación previa a la construcción de la carretera misma.

Respuesta

A diferencia del 2008, el 2009 se percibió en al ámbito sudamericano una mayor resistencia social e institucional hacia el IIRSA. Posiblemente, como se había comentado en una oportunidad (Ribera, 2008), la denun-cia después del 2002 necesariamente tenía un sabor de extemporaneidad, dado el avance raudo y silencioso de las mega iniciativas del IIRSA. De cualquier forma, el tema genera mayores reacciones y debates ante la pa-sividad y beneplácito de las clases gobernantes.

Al igual que en el caso de las empresas o agencias estatales ligadas a los sectores extractivos, como YPFB o COMIBOL, la ABC y el propio Mi-

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nisterio de Obras Públicas poco hicieron en favor del medio ambiente y la aplicación de las normativas vigentes de prevención y control de las obras, actividades y proyectos. En el caso específico de las obras públi-cas, se percibe, de forma crónica, una total indiferencia hacia la toma de medidas de precaución, análisis de alternativas, o gestión de riesgos, considerando que muchas de las obras viales en actual ejecución cruzan regiones de elevada fragilidad ecológica, incluso áreas protegidas y tierras comunitarias de origen. El ejemplo más reciente es la aprobación del ca-mino que cruzará el TIPNIS.

En esta tónica, es relevante observar que por parte de la ABC, en ninguna presentación o declaración pública a los medios de prensa se menciona aspectos de control y responsabilidad ambiental y social en los procesos de construcción de obras viales. Todos los aspectos tratados se relacionan con el afán de lograr contrataciones más rápidas, acortamiento de plazos de entrega de obras, celeridad de construcción y ahorro de tiempo, lo cual implica riesgos adicionales, no sólo en cuanto a la calidad de las propues-tas y las obras, sino en la toma de medidas precautorias y cuidado socio ambiental. Como en muchos otros rubros relacionados al desarrollismo implantado, el rol de la Autoridad Ambiental Competente Nacional y de las homólogas departamentales, ha sido de una marcada pasividad o ple-na ausencia de control, regulación, fiscalización y acompañamiento de las numerosas obras viales en planificación y ejecución en todo el territorio nacional. Sería importante que en el futuro se realicen rigurosas auditorias ecológicas y socio ambientales sobre la enorme diversidad de corredores y tramos viales que están siendo ejecutados en los últimos cuatro años.

En marzo del 2009, el “Encuentro de Articulación y Definición de Estrategias contra el Cambio Climático” sirvió para que las organizaciones sindicales, indígenas y algunas representaciones de la sociedad civil rechazaran las obras de infraestructura de transportes y comunicaciones y otros mega-

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proyectos como represas y emprendimientos mineros (muchos relaciona-dos al IIRSA), que no sean concordantes con las estrategias y necesidades del pueblo boliviano y que respondan a intereses foráneos y transnaciona-les. (www.fmbolivia.com.bo; marzo 2009).

Más contundente fue la resistencia social, el pronunciamiento a fines del 2009, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI (Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, denunciando que el IIRSA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza, dejando claramente establecida la vulneración del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado: ”Los pueblos indígenas no están en contra de la IIRSA: la IIRSA está en contra de los pueblos indígenas” (www.kaosenlared.net). Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: “el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global”.

Las acciones de mitigación del corredor Santa cruz-Puerto Suárez

El BID, el año 2002, aprobó préstamos para financiar la primera fase de construcción de la carretera (Proyecto BO-0036) y tratar el tema de los numerosos impactos socio-ambientales (BO-0033). Se pretendía contro-lar los impactos negativos de la carretera a través del PAAS (Programa de Apoyo Ambiental y Social). La crítica central a este proceso de mitiga-ción apunta al modelo de ejecución empleado, pero también a la falta de voluntad política para garantizar la sostenibilidad y la inconsistencia que existe en el seno de la normatividad internacional para garantizar el cum-plimiento de estándares socio ambientales mínimos (Hernández, 2008).

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Fue de cualquier forma importante la intención del organismo financia-dor que, tanto las obras de construcción como el PAAS, empezaran de forma simultánea. La falta de voluntad política de los gobiernos para ha-cer cumplir mínimos estándares socio-ambientales, asociada a la ausencia de exigibilidad ante las instancias financieras, explican, que en el caso del corredor bioceánico de Bolivia, la construcción de la carretera co-menzó antes de que las actividades de prevención social se iniciaran. Las medidas de mitigación de la eminente deforestación de cinco millones de hectáreas de bosque subtropical, esenciales para la reproducción de los pueblos indígenas, hasta el momento, no han podido ser ejecutadas. El PAAS-B0-0033 del BID, inicialmente diseñado para ser implementado con un monto de dólares 81 millones, fue aprobado finalmente para ser ejecutado por un monto de dólares 26.5 millones. El programa BO-0033 fue ante todo un “programa de indeminización” (Hernández, 2008).

Desafíos en la Implementación de un Buen EAE. BICECA Caso I. Bolivia: Carretera Santa Cruz – Puerto SuarezFuente: oscar castillo, (wcs).Junio 2009

La EAE realizada para la Carretera Santa Cruz-Puerto Suarez, fue concluida el 2000 y reconocida como un buen estudio por su amplio proceso de participación (3 etapas de consulta pública, diseminación de información, mecanismos permanentes de participación, facilitador independiente, etc.). El resultado de la EAE fue la elaboración del Programa de Protección Ambiental y Social (PPAS), destinado a prevenir y mitigar los impactos sociales y ambientales del proyecto, el cual fue definido después de un amplio proceso de consulta pública.

El Programa de Apoyo Ambiental y Social (Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez (PAAS), con un fondo de 81 millones de dólares, incluía la implementación de diferentes obras complementarias dentro del sistema vial y un potencial conjunto de iniciativas ambientales, financiadas por diferentes instituciones privadas, incluyendo asociaciones destinadas a la conservación de zonas sensibles.

Sin embargo, debido a una variedad de factores políticos e insuficiencias financieras, así como también de la capacidad de ejecución, el gobierno boliviano rechazó el Plan de Operaciones de 81 millones de dólares. Para resolver el estancamiento del programa, un nuevo estudio fue encargado con el objetivo de revisar el plan y recortar el presupuesto para dar prioridad a las acciones más importantes. Dicho estudio fue comisionado a un grupo independiente creado por el BID.

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El resultado de dicho estudio fue la reducción a un préstamo de 26,5 millones de dólares, para un nuevo programa de Protección Social y Ambiental, frente a los 86 millones de dólares que estaban previstos, propuesta que fue aceptado por el gobierno de Bolivia. Entre tanto la EAE se aprueba con 26,5 millones de dólares, la inversión para la construcción de la carretera alcanzó a 377 millones de dólares, comparativamente equivale a un 7%. • A pesar del recorte, el nuevo PPAS, incluyó algunos programas importantes como:

5,05 millones para la titulación de 7, 2 millones de hectáreas de tierras en 6 de los municipios por donde la carretera atraviesa

• 3,1 millones de dólares para un plan de desarrollo de 10 años para los Pueblos Indígenas de la región, que deberán ser gestionados por las comunidades indígenas representantes

• 2,25 millones de refuerzo presupuestario para la gestión de 10 años de las tres principales áreas protegidas que comprende 7,3 millones de hectáreas

• 2,1 millones de refuerzo presupuestario para 10 años de gestión de la Agencia Forestal, con el fin de promover desarrollo sostenible de más de 10 millones de hectáreas de bosque Chiquitano

• 2,8 millones para fortalecimiento institucional y desarrollo sostenible a nivel municipal• 2,5 millones para la indemnización y el reasentamiento de las familias afectadas• 2,4 millones para la supervisión ambiental de las obras de construcción, incluyendo la

participación de la comunidad y • 3 millones para la gestión de proyectos y la participación social. El Plan de diseño incluyó la creación de tres fondos fiduciarios administrados por fundaciones privadas, para permitir un responsable de manejo de los fondos asignados a las comunidades indígenas, los bosques y áreas protegidas a mediano plazo. La ejecución del PPAS debía ser obligatoria en todos los tramos de la carretera independientemente del financiador y previa su construcción. De acuerdo a Ley 2375 del año 2002, el PPAS debía ser ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible. En el 2004, aproximadamente dos años después de su aprobación, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP), el principal organismo de ejecución, no manifestó la suficiente capacidad o voluntad de iniciar la ejecución del préstamo. Debido a ello, mediante D.S. 27585 del año 2004 se transfiere la ejecución del PPAS a la Prefectura de Santa Cruz a partir de una Unidad Ejecutiva del Proyecto (UEP). Desde entonces y, en un tiempo de seis años, sólo se ejecutó el 35% del PPAS (Aprox. 7 millones de dólares de los US$26.5 presupuestados). Si la CAF hubiese condicionado el inicio de sus operaciones al desembolso o implementación del Programa de Protección, la historia tal vez hubiera sido diferente, ya que el BID, sí condicionó su primer desembolso a la implementación de un significativo número de actividades incluidas en el PAAS.La CAF, a pesar de conocer que el proyecto tenía el potencial de acelerar varios impactos ambientales y provocar serios impactos sociales, tomó la decisión de aprobar el préstamo para su sección de la carretera y empezar su construcción sin ningún tipo de condicionante o mecanismo para la implementación del PAAS. Esta decisión de la CAF, erosionó significativamente los esfuerzos y el trabajo que el BID, vino realizando para asegurar una adecuada prevención y mitigación de impactos ambientales y sociales en el proyecto.

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De acuerdo a información de PROBIOMA, dada por Lucero (2008), en enero del 2008, los pobladores de Candelaria, pertenecientes al Munici-pio del Carmen Rivero Torres, desconocían la existencia del Programa PAAS que estaba siendo administrado por la prefectura del departamen-to, y además por la ABC, instituciones que a cinco años de otorgado dicho préstamo, no habían informado a las comunidades sobre la existencia del mismo. Un testimonio local decía textualmente: “Los personeros de la ABC vinieron a reunirse con nosotros y nos dijeron que sólo hay 35 mil dólares para nues-tra comunidad, nos dijeron que ya no hay más plata así que es que debemos aceptar lo que nos ofrecen…”.

Se han detectado diferentes cuestionamientos al cumplimiento de normas y compromisos ambientales en el Corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, tramos referidos a los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y el Carmen Rivero Torrez (Lucero, 2008):

y Falta de información ante el avance del Programa de Prevención y Mi-tigación Ambiental, ya que no se realizan consultas de aviso o informa-ción a los principales actores de estos municipios.

y El Comité de Vigilancia del Municipio de Puerto Suárez manifestó su preocupación por el impacto causado en los ojos de agua de la comu-nidad el Salao, daños que se consideran irreversibles y difíciles de in-demnizar.

y Incumplimiento de los planes de re-vegetación de taludes, los cuales no fueron considerados a tiempo, y el incumplimiento a los programas de desarrollo agropecuario comprometidos.

PROBIOMA (Septiembre, 2009) denunció que en la región Chiquita-na, a más de dos años de haber finalizado la construcción del tramo 3 de la carretera San José – Roboré, todavía hay compromisos incumplidos por parte de los responsables del proyecto vial, en este caso la Unidad

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Ejecutiva del Proyecto (UEP) y la ABC. Ninguna de las dos instancias presentó un informe a las comunidades sobre el manejo de los recursos, en tanto que personeros de la ABC visitaron las comunidades para pedir que se apruebe el recorte de los presupuestos, aduciendo que ya no había fondos en el PAAS, lo cual había sido aprobado el año 2007 (fondo de 26,5 millones de dólares).

Según Arkonada y Laats (2009), el BID, a través del proyecto BO-033, quiso mostrar que es posible construir una carretera con impactos sociales y ambientales mínimos. En realidad, el BID pretendió que la construcción de la carretera Santa Cruz – Puerto Suárez se convierta en un “proyecto estrella”. Sin embargo, estudios realizados mostraron que los impactos sociales y ambientales de la carretera son graves o muy graves. Una pri-mera falla ocurrió en el acceso a la información pública, información que fue ocultada, restringida o sólo parcialmente entregada, y de acuerdo a los intereses de los responsables del proyecto. Se ha denunciado que los co-mités de fiscalización de la carretera funcionaron satisfactoriamente sólo durante el inicio de la construcción. Según estos expertos, la deficitaria política de transparencia del BID, tanto conceptual como operativamen-te, incide en violaciones a los Derechos Humanos integrales, en especial los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos ambientales. Las prácticas descritas, además, ignoran la propia Constitución Política del Estado Boliviano, en cuyo territorio y soberanía se implementan los pro-yectos financiados por el Banco.

Las recomendaciones de Arkonada y Laats (2009) son de extrema impor-tancia, en sentido de que el BID necesita una verdadera política, ya no de “disponibilidad de la información”, sino de transparencia y respeto a los Derechos Humanos, basándose en los siguientes principios: máximo ac-ceso a la información y divulgación automática de la misma, con una lista concisa y limitada de excepciones; un procedimiento claro para acceder

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a la información y el derecho a la apelación ante una instancia indepen-diente, y si la misma fuera denegada, acceso a la toma de decisiones por parte de la sociedad civil, y especialmente de los pueblos afectados por los megaproyectos financiados por el BID, entidad cuya política operativa deberá ser el estándar mínimo para cualquier crédito financiador otorga-do a cualquier institución, sea pública o privada.

Arkonada y Laats (2009) concluyen que: “a pesar de que el BID es una ins-titución entre cuyos objetivos principales se encuentra la integración regional o con-tinental, la integración que propone es puramente comercial, como lo demuestra la apuesta por la IIRSA. La iniciativa promovida por el BID no busca una verdadera integración, cuya lógica se base en que el verdadero desarrollo. La verdadera inte-gración sólo puede venir de una integración de los pueblos y para los pueblos, y ese desarrollo sólo puede ser pleno si viene acompañado de un total respeto a los Derechos Humanos en su integralidad, síntoma de democracia plena”.

el corredor norte

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el Corredor Norte fue encargada por el BID a la Consultora Holandesa DHV y supervisada por el entonces Servicio Nacional de Caminos. Fue realizado entre el 2004 y 2006, y presentado al gobierno en diciembre del 2007. El costo total del EAE fue de más de un millón de dólares, comparado con el costo del proyecto vial, estimado en 330 millones, según lo estipulaba el VIPFE el 2006, ó su equivalente de 235.000 dólares/Km. El total invertido y com-prometido en estudios y construcción es de 882.4 millones de dólares o de 628.500 dólares/Km. (Molina, S, 2009).

Según Molina, S. (2009), la EAE del Corredor Norte, que debía haber significado una serie de intervenciones en la región, por el contrario, llegó a ser básicamente la planificación de una gran cantidad de estudios pos-teriores. La experta es contundente al mencionar que a partir de la EAE,

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se cayó en el error de tratar de empezar a planificar el territorio a partir del proyecto. Es decir, el proyecto es el factor transformador. El resultado final de esta aproximación, es un Plan de Acción que “constituye el plantea-miento de una estrategia de intervención con programas que acompañen los trabajos de construcción de la carretera y que permitan alcanzar el desarrollo sostenible de la región, minimizando los impactos negativos y potenciando los efectos positivos esperados”. El planteamiento de la EAE, representa, así, una propuesta de elaboración de posteriores estudios de mitigación, compensación y res-tauración.

Adicionalmente, la EAE planteada, evade el análisis holístico, en donde hacen parte, el IIRSA, la Red Fundamental de Carreteras y los Corredo-res de Integración. Es en este sentido, que la planificación concurrente no fue considerada: tal es el grado de descontextualización en la EAE que incluso se plantearon varias consideraciones falsas dentro del mismo proceso, indicando que el Corredor Norte es una carretera de vinculación interna, por la cual no circulará carga internacional hacia o desde Brasil, y que su construcción satisface sólo las necesidades nacionales (Molina,S. 2009). La propia EAE se contradice en su análisis de factibilidad, cuando parece desconocer intencionalmente que su planificación y diseño res-ponden a que los estados Brasileños de Rondonia y Acre son zonas de expansión del cultivo de soya, y que se pretende incorporar a Pando y Beni dentro del área de expansión de los agronegocios, para lo cual, el Corredor Norte, juega un papel clave. Curiosamente, al mismo tiempo, en los criterios de diseño del Corredor Norte, se toma en cuenta camiones o tráileres de carga pesada, los cuales casi no existen en esa región de Bolivia, mientras que sus costos han sido definidos para una carretera de tráfico internacional como las previstas por el IIRSA (Molina,S. 2009).

El Corredor Norte en Bolivia, tiene una implicancia directa con la diná-mica de transporte y comercial del Corredor vial Brasil-Perú, que bordea

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la frontera boliviana y que cruzando las regiones de Puerto Maldonado e Iñambari del Perú, traspone la cordillera hacia los puertos peruano del Pacífico. El puente colgante Billinghurst, sobre el río Madre de Dios y de casi un kilómetro de longitud, está previsto a ser inaugurado a fines del 2010 y es el elemento central de la conexión bioceánica, que tendrá reper-cusiones en la Amazonía no solo de Brasil y Perú sino también de Bolivia.

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BICECA:www.biceca.org

PROBIOMA: www.probioma.org.bo

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www.amazonia.bo

www.lapatriaenlinea.com,

constituyentesoberana.org

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www.cedla.org

www.cidh.oas.org/prensa

www.biodiversidadla.org

www.iirsa.org

www.caf.com

www.fonplata.org

www.iadb.org (BID)

www.cadex.org

www.hoybolivia.com

www.fmbolivia.com.bo

La Prensa www.laprensa.com.bo

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IIRSA

Listado de SiglasAAC Autoridad Ambiental competenteABC Autoridad Boliviana de Carreteras ALCA Área de Libre Comercio de las Américas ANAPO Asociación Nacional de Productores de OleaginosasANMI Área Natural de Manejo IntegradoAP Área ProtegidaBIC Bank Information CenterBICECA Building Informed Civic Engagement for ConservationBID Banco Interamericano de DesarrolloBM Banco MundialBNDES Banco Nacional de Desarrollo del Brasil CAF Corporación Andina de FomentoCADEX Cámara de Exportadores CAOI Coordinadora Andina de Organizaciones IndígenasEAE Evaluación Ambiental EstratégicaEEIA Estudio de Evaluación de Impacto AmbientalFMI Fondo Monetario InternacionalFOBOMADE Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el DesarrolloFONPLATA Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del PlataIIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional SudamericanaLIDEMA Liga de Defensa del Medio AmbienteLMA Ley del Medio AmbienteOIT Organización Internacional del TrabajoOTCA Organización del Tratado de Cooperación AmazónicaPAAS Programa de Apoyo Ambiental y Social (Corredor Santa Cruz-Puerto

Suárez) PIB Producto Interno BrutoPN Parque NacionalPNCC Programa Nacional de Cambios ClimáticosPNANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo IntegradoPROBIOMA Productividad, Biosfera y Medio AmbienteRAMSAR Convención Internacional para la Protección de HumedalesSNAP Servicio Nacional de Áreas ProtegidasTLC Tratado de Libre ComercioTGN Tesoro General de la NaciónUSAID Programa de Cooperación de los Estados UnidosVIPFE Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento Externo

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La extraordinaria fragilidad de los yungas y subandino implica un elevado costo ambiental del Corredor Norte (zona Cotapata). Foto M. Ribera LIDEMA

La apertura de nuevos tramos en el tramo yungas - subandino del Corredor norte, conlleva el riesgo de la colonización desordenada en zonas frágiles. Foto M.Ribera LIDEMA

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El Corredor Norte en la llanura, no solo cambiara el paisaje de la región, sino también las dinámicas de uso de la tierra y los recursos. Foto M.Ribera LIDEMA

Campos de ganadería de reemplazo abandonados entre Riberalta y Guayaramerin. Un recordatorio de lo que pude ocurrir a lo largo del Corredor Norte. Foto M.Ribera LIDEMA

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La expansión de la ganadería de reemplazo es uno de los riesgos de los corredores bioceánicos. Foto M.Ribera LIDEMA

La promoción del cambio de uso del suelo y la contradicción con la aptitud de los suelos es uno de los mayores riesgos del IIRSA. Foto M.Ribera LIDEMA

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Esta foto de Greenpeace ejemplifica la devastación de la agroindustria soyera en el Cerrado y la Amazonía con gran impulso del IIRSA. Fuente Greenpeace

Corredor Santa Cruz Puerto Suárez atravesando la frágil ecoregión de la Chiquitanía. Foto P.Lázaro google earth

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SOYA Y BIOCOMBUSTIBLES

PROBLeMÁTicA SOciO AMBienTAL de LA SOYA OLeAGinOSAS Y BiOcOMBUSTiBLeS

estado

La producción de soya es la actividad agrícola más importante del depar-tamento de Santa Cruz. El 70% del área sembrada corresponde a este cul-tivo, la proporción aumenta si se incluye el girasol, otra oleaginosa. Aún no se consideran comerciales otros productos aceiteros como la jatropha (piñón), el macororó (ricino) o la palma africana, que están siendo culti-vados todavía de forma aislada en fase experimental por ciertos institutos de investigación y socios de las grandes corporaciones del oriente.

La industria de la soya representa el 12% de las exportaciones nacionales y se constituye en el tercer ingreso más importante de Bolivia, después de los hidrocarburos y los minerales, haciendo el 5% del PIB nacional. Los tres principales sub productos de la soya son el aceite, la torta y la harina de soya. El requerimiento de Bolivia es del 20% y el resto es exportado. La inversión productiva de la soya supera los mil millones de dólares ame-ricanos. El cálculo aproximado del valor de la semilla certificada utilizada es más de 21 millones de dólares. Durante esta campaña se utilizaron más de 43 variedades de soya. El 71% del área cultivada corresponde a variedades transgénicas (ANAPO, agosto 2009).

El sector aduce un conjunto de situaciones desfavorables que afectaron negativamente la producción de soya, por ejemplo, las condiciones cli-

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máticas desfavorables, en especial, las fuertes inundaciones, la escasez de combustibles, como el diesel, las prohibiciones gubernamentales a la exportación de productos con valor agregado, como el aceite (la obstacu-lización a las exportaciones ha generado que los silos se saturen y no haya lugar para almacenar más soya), y las plagas, como la roya de la soya, una enfermedad que está siendo difícil de combatir y erradicar. Estos aspectos condicionaron la productividad y rentabilidad del sector. Según la Aso-ciación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO), en la cam-paña de verano 2008-2009, se sembraron 700 mil hectáreas, de las que se perdieron 10 mil por efectos de inundación del Río Grande y unas 80 mil hectáreas fueron afectadas por sequía.

La Gerencia de Planificación de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) señaló que los precios descendieron desde el segundo semestre del 2008, llegando los primeros meses del 2009 incluso hasta los 200 dólares (50%). La baja, según las estimaciones de ANAPO, ocasionó que las exportaciones de soya y sus derivados bajen en aproxi-madamente 30% en dicha gestión. A pesar de la mencionada crisis del 2008, en dicho año y según la ANAPO, los agronegocios de la soya al-canzaron 513 millones de dólares, constituyéndose en el tercer producto de importancia, luego del gas y los minerales. Los principales mercados para la soya continúan siendo los países de la Comunidad Andina de Na-ciones (CAN), aunque también hay mercados potenciales, pero limitados, por ejemplo, en la Argentina, se impusieron restricciones impositivas para proteger a sus productores (La Prensa, abril 2009). A lo largo del 2010, el precio internacional de la soya experimento una tendencia de incremento, hasta superar los 300 dólares la tonelada; en gran parte este fenómeno se los atribuyó al aumento de la demanda de la China. A pesar de las prome-sas de bonanza internacional, la visión de las corporaciones de producto-res, la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) de Perú y Colombia

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con Estados Unidos, la baja competitividad de la producción local frente a la Argentina, Brasil o Paraguay, y la falta de incentivos para subir la demanda del mercado interno, hacen que la producción de soya se frene e impide que ésta alcance una mejor posición entre los países productores de la región.

Así se deduce del estudio Promesas y Peligros de la Liberalización del Comercio Agrícola: Lecciones desde América, escrito por Mamerto Pérez, Sergio Schle-singer y Timothy A Wise (2010). En el capítulo Las Promesas: El Boom de la Soya Sudamericana; los autores señalan que entre 1985 y 1992, se dio el mayor desarrollo de la soya en el país.

Actualmente, y a escala mundial, Bolivia es el octavo productor, y en la región, ocupa el cuarto lugar, según datos de la ANAPO (2009). En la memoria anual de esta asociación se puede ver que en el verano del 2008, se cultivaron 428.000 hectáreas de las que se obtuvo 836.700 toneladas métricas (Tm). El 2008, ha sido considerado por el sector como un año calamitoso (El Deber, junio 2009). En la campaña de verano 2008-2009, se alcanzó una producción de 1.243.953 Tm, de un área de 691.085 hectáreas.

Si bien la soya y sus derivados tradicionales siguen siendo el principal puntal de los agronegocios del oriente boliviano, desde el año 2007 y hasta el 2010, el objetivo de las grandes corporaciones agroindustriales, estuvo orientado a impulsar el tema de los biocombustibles para la ela-boración de biodiesel y etanol. Las campañas tanto mediáticas como de eventos fueron muy intensas y con seguridad muy costosas, de acuerdo a la capacidad de gasto e inversión de dichas instancias. Además, contó con el apoyo de grandes empresas nacionales (GUABIRÁ) y transnacionales como MONSANTO o BASF. Aprovechando la escasa información so-bre el tema en la sociedad nacional, el embate de las corporaciones y del IBCE utilizó discursos y mensajes exitistas y reduccionistas, mostrando sólo las bondades económicas de los biocombustibles, manoseando sin

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fundamentos el tema de las oportunidades de empleo, mal utilizando el concepto de reducción de emisiones y, sobre todo, ocultando los drásticos impactos ambientales y sociales que viene ocasionando su expansión en diversos partes del mundo, incluida Sudamérica.

Lo más notorio en el plano internacional el año 2010, fue el avance de las grandes transnacionales petroleras en el supernegocio del etanol, y como no podía ser de otra manera, el mejor puerto fue el Brasil. La Transnacio-nal Anglo-Holandesa Royal Dutch SHELL - PLC anunció, la mayor in-versión extranjera hasta la fecha en la industria del etanol en Brasil (1.630 millones de dólares). La petrolera informó que planea crear una empresa conjunta multimillonaria con COSAN SA., para producir y vender etanol producido con caña de azúcar. El pacto le abriría la puerta a SHELL a uno de los principales mercados de biocombustibles del mundo, pues to-dos los vehículos nuevos vendidos en Brasil están equipados con motores “flexfuel” que utilizan una mezcla de etanol y gasolina. El negocio conjun-to de SHELL y COSAN dará lugar a uno de los principales distribuido-res de combustible en Brasil, con 4.500 estaciones de servicio en todo el país. Se trata de la operación más reciente en una oleada de inversiones de empresas extranjeras en el sector brasileño del etanol, que históricamente está conformado por un grupo fragmentado y difuso de negocios azuca-reros familiares (estrategiaynegocios.net. febrero 2010).

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Soya – Biocombustibles (Situación a fines del 2008)

ESTADO PRESIÓN RESPUESTA

Situación actual y problemática Impacto - Amenaza Agente, causa

o fuente EfectoGestión ambiental pública, social y organizacional

Desde los años 70, el cultivo agroindustrial de la soya empezó a cobrar importancia por los niveles de inversión y exportación, situación que fue catapultada a mediados de los años 80 por el proyecto Tierras Bajas con apoyo del BM, CAF y BID. En años posteriores la frontera agropecuaria se multiplicó varias veces. En la actualidad, casi se ha alcanzado el millón de hectáreas de soya (sin contar otras oleaginosas como el girasol), con un nivel de producción promedio anual de 1.8 millones de toneladas. El proceso es agroexportador a gran escala, bajo una visión estrictamente economicista y con altos costos ambientales, creando en sus proyecciones contra-prestaciones y contradicciones con las estrategias de manejo forestal, deforestación evitada-REED-reducción de emisiones, turismo, uso de biodiversidad, etc. Más allá del aporte al PIB, existe incertidumbre sobre los reales beneficios para el país y las regiones.

Impacto de cambio de uso del suelo forestal a agrícola intensivo y a escala agro-industrial. Entre 1985 y 2000, la superficie cultivada de soya pasó de 70 mil a más de 600 mil hectáreas. Esto implicó el acelerado avance de la frontera agrícola y remoción total de extensas superficies de los bosques subhúmedos de transición del centro de Santa Cruz. Los impactos incluyen la reducción del potencial de los suelos sujetos a procesos agrícolas intensivos, un elevado volumen de insumos energéticos (diesel en parte subvencionado), el uso de grandes volúmenes de plaguicidas, y a partir de fines de los años 90, el uso de variedades transgénicas resistentes al glifosato.

La amenaza actual de expansión de la soya y otras oleaginosas, se relaciona con el enfoque de los biocombustibles y las facilidades de transporte de los corredores oceánicos (IIRSA), para lo cual la CAINCO-ANAPO-CAO-IBCE maneja una visión-falacia de millones de hectáreas aptas para cultivos intensivos en el país.

Los principales agentes de presión son los grandes productores privados extranjeros (mayormente brasileños y argentinos) y nacionales, cooperativas, empresas agropecuarias medianas, colonias menonitas, etc. Muchos productores pequeños participan activamente en la cadena de la soya, aunque de forma minoritaria. Detrás de las fuerzas de producción, están las instancias corporativas, como Cámaras y Asociaciones (CAO, CAINCO, ANAPO, etc.) que promueven activamente el crecimiento del modelo agroexportador.

A nivel internacional existen corporaciones transnacionales exportadoras de grano y procesados, como CARGILL, o de variedades de semillas transgénicas (MONSANTO) que dinamizan el proceso a gran escala.

Una multitud de pequeñas empresas de servicios (fumigación, semilleras, cosechadoras, silos, etc.) participan del proceso.

Las pérdidas de biodiversidad y potencial forestal son difíciles de estimar por su enorme magnitud. Destaca la desaparición casi total del bosque de transición entre la Amazonía-Chiquitanía y Chaco y fenómenos de erosión eólica masiva. También la mecanización en sus diversas fases ocasionó procesos de compactación y alteración del suelo, generando pérdida de potencialidad y búsqueda de nuevas tierras (nuevos ciclos de expansión).

En las regiones productoras, hay una fuerte competencia entre la soya y productos de consumo básico, los cuales tiene que ser adquiridos desde zonas más alejadas (con mayor costo de transporte). La elevada inversión en mecanización repercute en una baja utilización de mano de obra por lo que los beneficios en este campo son magros. Existe contaminación por uso de agrotóxicos a gran escala y persiste el riesgo de uso de variedades transgénicas que implica el uso de herbicidas de importante toxicidad en personas y los ecosistemas en general.

El despegue soyero se acelera en los años 80. Los gobiernos de entonces estuvieron muy abiertos a inversiones con incentivos perversos como el proyecto Tierras Bajas. En los siguientes años, la actividad soyera fue privilegiada de diversas formas (créditos, inversión pública, condonaciones de deudas millonarias, subvenciones, políticas favorables, transgénicos, etc.). A esto se sumó la parcial aplicación del PLUS departamental y el escaso control de las Superintendencias Agraria y Forestal. Si bien actualmente desde el nivel central se han reducido las prerrogativas del sector, éstas aún se mantienen como puntal de desarrollo regional del modelo cruceño agroexportador. Se deben mencionar además las escasas medidas de mitigación o de búsqueda de alternativas con menor costo ambiental a lo largo de muchos años.

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Presión

Soya-Oleaginosas

De acuerdo al IBCE y el INE, el año 2009, las ventas externas de soya boliviana y sus derivados se incrementaron, tanto en volumen como en valor, con relación al 2008. A diferencia del 2008, según la ANAPO, el 2009 no se enfrentaron los problemas de desabastecimiento de diesel y las condiciones climáticas permitieron que la producción se desarrolle con normalidad. El principal mercado para el grano boliviano fue Venezuela, seguido de Colombia y Perú, en tanto que la Argentina redujo sus impor-taciones de soya boliviana.

El reporte IBCE/INE da cuenta que el 2008, se exportaron 1.110.532 ki-logramos de soya y otros subproductos, por un valor de 517,5 millones de dólares. Ambas cifras subieron el año pasado, cuando las ventas llegaron a 1.362.347 kilogramos y 575,17 millones de dólares Los sembradíos también aumentaron: la superficie cultivada creció de 837.000 hectáreas en el pe-riodo 2007-2008, a 1,13 millones de hectáreas en 2008 y 2009, dato que coincide con las cifras del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. (La Razón, 8 de marzo, 2010). No se mencionan datos del rendimiento por hectárea; pero de acuerdo a PROBIOMA (julio, 2009), el rendimiento de la soya habría bajado en los últimos años, como consecuencia del ingreso masivo de varie-dades transgénicas (2,5 Tm/ha a 1,5 Tm/ha), aunque este descenso también pudo estar en relacionado a la sobrepresión de los suelos.

De cualquier forma, existe una contradicción entre el aumento del volu-men total producido entre los años 2008-2009 y la reducción de la pro-ductividad por superficie, lo cual podría entonces tener correlación con el reportado incremento de la superficie de cultivo, algo ya manifestado por Villegas y Vargas (PetroPress Nº 14, marzo, 2009). La aplicación

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del glifosato a los cultivos de soya transgénica “rr” que habría llegado a 50 millones de litros en los últimos 7 años (PROBIOMA, julio 2009), se supone que debería dar como resultado una mayor productividad por hectárea al eliminar la competencia con malezas; pero al parecer no está funcionado bajo dicha lógica. Sería importante investigar el nivel de efec-tividad de las variedades transgénicas ampliamente utilizadas, así como la aplicación de herbicidas, como el glifosato, en relación a los cambios de productividad que se están dando.

Es aquí donde entra otro punto de discusión, de acuerdo al reporte del IBCE/INE, el sueño del sector soyero de llegar al millón de hectáreas cultivadas, situación que se podría haber hecho realidad. Sin embargo, parece no haber demasiado consenso ni demasiado entusiasmo. Según los datos del IBCE/INE, la superficie cultivada de soya ha superado el millón de hectáreas (1,13 mill.has.), pero según la CAO, las exportacio-nes de soya, si bien crecieron en volumen y valor respecto del 2008, el 2009 se habría sólo llegado a 975 mil hectáreas (El Día, marzo, 2010). Según la Fundación Tierra (agosto, 2009/www.ftierra.org), en el 2008, ya se habían sembrado en el oriente más de 1.3 millones de hectáreas de soya, aunque los volúmenes cosechados fueron bajos por diversos proble-mas enfrentados por el sector. Todo parecería indicar que el sector soyero habría alcanzado su meta del 2008 en términos de superficie cultivada. Paralelamente, el mercado internacional de la soya tuvo una asombrosa recuperación el 2009, y aunque Bolivia no participa directamente de los enormes y crecientes mercados asiáticos, los mercados latinoamericanos siguen generando una demanda que mantiene el ritmo de crecimiento de los volúmenes de exportación y de la superficie cultivada. Así lo muestran las estadísticas del sector. Claro está que la expectativa del sector no es mantener este ritmo de crecimiento relativamente somero. Tal pareciera que el millón de hectáreas ha quedado chico, y ahora se apunta a una

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expansión mucho mayor de la producción de oleaginosas, posiblemente teniendo como imaginario inmediato el volumen y superficie de cultivos de soya del Paraguay, en especial, bajo el sobre-estímulo de las potencia-lidades de los mercados de biodiesel y las bondades viales que brindan los corredores del IIRSA.

A mediados del 2009, se evidenciaba un avance de la frontera soyera prin-cipalmente hacia la Chiquitanía en el norte de Santa Cruz, hacia el sur en el Chaco, afectando el límite del PNANMI KaaIya y en torno a la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez (corredor bioceánico). Es evidente la fuerte afectación del espejo de agua de la Laguna Concepción (Sitio RAMSAR), debido a la intensificación del riego a escala agroindustrial, a partir de los afluentes que llegan a la laguna, en especial el río Quimome, en tanto que el uso de semillas transgénicas y herbicidas se han extendido favorecido por los débiles marcos de regulación.

Gudynas (com.per. a LIDEMA), advertía el 2009 que en la medida en que se termine completamente con el asfaltado de la vía Santa Cruz - Puerto Suárez y se habilite la hidrovía Paraná Paraguay, las dinámicas comerciales que mueven el negocio de la soya se intensificarán y esta-remos frente a un boom soyero impresionante. Precisamente, es lo que parece estar empezando a ocurrir. A lo anterior, se debe sumar otro factor de riesgo alertado por LIDEMA el 2008 (Ribera, 2008) y es el de la cons-trucción del proyecto de la represa Rositas en el Río Grande-Abapó, bajo la visión de servicios de riego y además generar 400 MW de energía, el cual está priorizado en los planes energéticos del gobierno y de la gober-natura de Santa Cruz, existiendo, además, intereses de su inversión por una empresa rusa (GAZPROM). El riego a gran escala en una zona seca donde las mayores dificultades productivas tienen que ver con la reducida disponibilidad de agua, permitiría un cambio de uso del suelo acelerado y la ampliación de la frontera agrícola, especialmente soyera al este del

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río Parapetí, afectando el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI Kaa Iya) y la TCO Izoceña. En esta línea, se debe mencionar también, como otra proyectiva de elevado riesgo, los estudios y propuesta sobre el potencial uso de aguas subterráneas (acuíferos fó-siles del Chaco) para riego a nivel agroindustrial en la zona Chaqueña, situación que podría desembocar en una expansión descontrolada de los agrobiocombustibles (Cochrane et al. 2006).

Demás está decir que las proyecciones de comercialización de soya, otras oleaginosas y, en especial, sus derivados “estrella” como el biodiesel, ca-minan además de la mano omnipresente del IIRSA y sus corredores bio-ceánicos. El sector exportador cruceño será el mayor beneficiado con la habilitación de los corredores de integración, principalmente el Bioceáni-co este-oeste, y ahorrará por año cerca de 15 millones de dólares en costos de exportación. Así revelan datos proporcionados por la Gerencia de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX). El sector exportador calcula que con la adecuación de nuevos costos y la competencia por la carga, tanto de empresas nacionales, como de servicios multinacionales, una vez que estén terminados los tramos que faltan, generará ajustes de unos ocho dólares por tonelada en los costos de importación y exporta-ción, (La Prensa, 8 de marzo, 2009). Si se toma en cuenta que el costo por tonelada exportable oscila entre 90 y 150 dólares y que anualmente se exporta 1,8 millones de toneladas por año, al multiplicar estas cifras, se tiene que esos costos están entre 162 y 270 millones de dólares por año. Con el ajuste de los ocho dólares que la CADEX calcula, se podrá reducir esos egresos en 14,4 millones de dólares cada año.

Finalmente, es muy pertinente culminar este punto con las reflexiones y conclusiones del Grupo de Trabajo de Desarrollo y Medio Ambiente en las Américas, donde Mamerto Pérez, Sergio Schlesinger y Timothy A

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Wise, publicaron, el 2010: Promesas y Peligros de la Liberalización del Comer-cio Agrícola: Lecciones desde América (www.ase.tufts.edu/gdae):

y La agricultura de exportación, aún expandiendo su acceso a los mer-cados globales, no es por sí misma un motor confiable del desarrollo de base ancha que favorezca a las poblaciones rurales.

y Las industrias de soya de Sur América son las innegables ganadoras de la liberalización del comercio global, pero muy poco de sus beneficios favorecen a las comunidades rurales.

y Al basarse en las altas tecnologías, la agricultura industrializada del monocultivo ha generado una declinación del empleo y los salarios, a pesar del crecimiento de su producción.

y Los impactos ecológicos de la expansión de la agricultura en tierras altamente sensibles causan daños duraderos. El modelo “extractivo” de la producción de soya es insostenible, porque desperdicia los activos naturales de la región por lograr ganancias privadas de corto plazo.

Biocombustibles

A manera de antecedente, desde el 2007, pero fundamentalmente a partir del 2008, se inició una desenfrenada y sostenida promoción de las bon-dades de los biocombustibles, esto desde los sectores agroindustriales del oriente, poniendo énfasis en el biodiesel y el etanol, con el especial apo-yo del Brasil. Los foros de “biocombustibles sostenibles” enviaron mensajes propagandísticos con gran euforia y a una escala tal, como si se tratara de vender una nueva marca de gaseosa. Los mensajes “inclusivos” llegaron a todas partes, incluso a las tierras altas; los biocombustibles se podían obtener de remolacha, tarwi, poroto, quinua, incluso de thola (arbusto resinoso del altiplano que se usa como leña) y de cualquier otro producto inimaginable. En el caso de muchos de estas fuentes novedosas, la compe-

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tencia con productos alimenticios y el impacto a la seguridad alimentaria era clara y evidente, situación que posteriormente los consorcios agroin-dustriales y el IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) corrigie-ron y procuraron estratégicamente cambiar de discurso.

En junio del 2008, se realizó la tercera edición del “Foro Nacional sobre Bio-combustibles Sostenibles” organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y el IBCE, en el Salón de Convenciones, en Santa Cruz de la Sierra. El entonces Presidente de la CAINCO, Jorge Arias Lazcano, declaró que “lo que algunos consideran un problema, más bien es la solución. Brasil ha entendido claramente esta situación, que con los biocombustibles se puede producir un combustible más limpio y generar más alimento para el mundo. En Bolivia el efecto adicional sería que una mayor cantidad de bolivianos tengan trabajo”.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL FORO NACIONAL SOBRE BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES (IBCE, 2008. Santa Cruz)Es posible desarrollar proyectos de biocombustibles, sin afectar a los alimentos, sino todo lo contrario, procurando –además- empleos sostenibles.

La producción de biocombustibles tendría un impacto altamente positivo sobre todo en el sector rural, impidiendo la migración campo-ciudad.

Es una falacia que los biocombustibles estén compitiendo con los alimentos a nivel mundial: recientes informes dan cuenta que en el caso de las oleaginosas, por ejemplo, éstas sólo aportan con el 1% de la producción de biocombustibles; un 31% es para alimentación humana y el 68% animal.

“Sembrar energía, es una gran oportunidad para Bolivia. No podemos caer en el rentismo gasífero, porque no es generador de empleo”.

Algunos aspectos de este foro ya fueron comentados brevemente (Ribera, 2008), por lo que queda profundizar en algunas reflexiones. Por ejemplo, el amplio debate a nivel mundial sobre el costo ambiental y social de pro-ducir biocombustibles (Red GRAIN 2007-2009) desdice la opinión del presidente de la CAINCO sobre la bondad de los biocombustibles, de ser más limpios. También carece de fundamento la afirmación de que con los

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biocombustibles se genera más alimento. Esto es rebatido por diversas ex-periencias latinoamericanas, en especial, en Paraguay y Argentina, donde la seguridad alimentaria de regiones enteras se ha visto deteriorada por la expansión de los cultivos industriales de soya (Altieri y Pengue, 2007; Honty, 2007). La ampliación de los cultivos agroindustriales de soya en la Argentina ocasionaron los años 2008 y 2009 un éxodo masivo de tra-bajadores rurales, que antes conseguían empleo en medianas y peque-ñas granjas de productos básicos. La mecanización del cultivo de soya no dejó otras opciones y aumentó el desempleo (www.ecoportal.net; www.tierramerica.net; www.acsoja.org.ar). En Paraguay, el avance de los mo-nocultivos de soya transgénica y de caña de azúcar se expresa también en un compulsivo proceso de acaparamiento de las mejores tierras. Ese país destina 2.4 millones de hectáreas a la producción de soya, pero contem-pla alcanzar los 4 millones para cumplir con sus compromisos de venta a la Unión Europea. En un país donde el 21% de la población vive en la extrema pobreza, 1% de los propietarios posee 55% de la tierra, y 40% de los productores cultivan lotes de entre 0.5 y 5 hectáreas, (CEDLA, 26, marzo, 2010). En esta línea, la situación del desempleo ocasionado por la agroindustria soyera, así como su carácter de insostenibilidad y escasos beneficios a las poblaciones locales, fueron advertidos a inicios del 2010 por Pérez, Schlesinger y Wise (2010).

Tanto las declaraciones del presidente de la CAINCO como las conclu-siones del Foro, utilizan una vez más el discurso de la oportunidad de generación de un gran número de empleos. Se conoce que el sector de grandes y medianos productores cañeros, que contrataba alto número de zafreros, ya ha ingresado en una activa mecanización de la cosecha, hasta en un 60% (La Razón, 18 abril 2010), lo cual significa mucha gente des-ocupada. Concordamos en que la explotación gasífera no es generadora de empleo, pero tampoco lo es la agroindustria empresarial de la soya, y

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ahora, ni de la caña de azúcar, debido a la dependencia de la mecanización y el desplazamiento de otras factorías rurales que sí pueden dar empleo. Ya el año 2008, Pérez (2008) manifestaba sus dudas sobre la relevancia del sector soyero como generador de los miles de empleos que supuesta-mente dice sustentar.

En este sentido, los mensajes que emiten la CAINCO y el IBCE a la so-ciedad boliviana son falsos. Los biocombustibles sí compiten con los ali-mentos a nivel mundial y hay tristes experiencias en países vecinos. Ob-viamente, al momento y en el ámbito internacional, las oleaginosas como la soya pueden aportar solo un 1% al mercado del biodiesel, y el resto se destina al consumo de humanos y animales; sin embargo, la lógica de ex-pansión industrial a gran escala para producir biocombustibles, revertiría dicha proporción, desplazando a las superficies de cultivos alimenticios tradicionales y oportunidades de manejo forestal o de otros usos de la biodiversidad.

A fines del 2008, se continuaba hablando de millones de hectáreas de tie-rras supuestamente aptas y disponibles en el país para producir agrobio-combustibles en el país (los datos oscilaron entre 30 y 12 millones). No-sotros seguimos afirmando lo contrario y nos remitimos a la opinión del Coordinador del Grupo de Desarrollo Rural (G-DRU) Gonzalo Flores, especialista en seguridad alimentaria, (La Razón 7 de noviembre 2008): “Del total de tierras que posee el territorio boliviano, sólo el 7% es completamente adecuado para la agricultura”. De acuerdo a este experto, estudios realizados muestran que del total de tierras disponibles en el país, sólo una pequeña parte cuenta con los nutrientes necesarios, la cantidad óptima de agua, material orgánico e inorgánico, y buen drenaje, como para que puedan ser aprovechadas agrícolamente y de forma constante por muchos años. Por su parte, la Fundación Tierra reporta un total de 7 millones de hectá-reas aptas para fines agrícolas de los 109 millones de hectáreas que tiene

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el país (www.ftierra.org, 2000). La mayor parte de las tierras no aptas se encuentran en tierras de vocación eminentemente forestal, tierras de suelos ácidos y de baja fertilidad, en tierras de elevada fragilidad por su topografía, dentro de áreas protegidas, o en sabanas naturales de fuerte inundación estacional. Otras tierras regularmente aptas para fines agríco-las en el país están bajo ocupación y uso actual; mientras tanto, otras han sido abandonadas por la degradación de los suelos debido a malas prác-ticas. Aún cuando las nuevas tecnologías agrarias (ejemplo variedades mejoradas a suelos pobres y ácidos: Killeen, 2007) permitiesen el cultivo en tierras tradicionalmente consideradas no aptas, los costos sociales y ambientales serían demasiado elevados.

En los primeros meses del 2009, se conocía la noticia de que Bolivia no había

firmado el documento final de la V Cumbre de Las Américas (Declaración de

Puerto España), debido a una cláusula a favor de los biocombustibles. A pesar

del entusiasmo de países como la Argentina, Brasil o EEUU, uno de los motivos

notorios de discrepancias por las que la reciente Cumbre de Las Américas no

pudo concluir con la acostumbrada firma unánime del documento culminante,

fue la generada por la inclusión de un punto sobre biocombustibles en la decla-

ración final en el que los gobiernos se comprometían a promover una estrategia

para biocombustibles de segunda generación y más avanzados, de manera que

no compitan directamente con otros productos agrícolas por la tierra, el agua o

los fertilizantes (Constituyente soberana, abril 2009). El presidente boliviano,

Evo Morales pidió corregir el punto de la Declaración de Puerto España que

promovía la producción de biocombustibles como alternativa energética, posi-

ción que fue minimizada por el Secretario General de la OEA, J. Miguel Insul-

za, como “una mera nota de atención sobre los problemas alimentarios que podrían traer”

(Constituyente soberana, abril, 2009).

En dirección opuesta a la posición del Gobierno, el IBCE, la CAINCO y la ANAPO continuaban el 2009 desarrollando un intenso proceso de

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promoción de los biocombustibles a través de publicaciones, eventos y desarrollo de proyectos. En Santa Cruz, se anuncia el interés de empresas argentinas y brasileras en invertir y transferir tecnología para el desarro-llo de plantas de etanol o biodiesel, para lo cual se está buscando definir un apoyo del gobierno departamental. Esta iniciativa se destinaría, en principio, a aliviar la inseguridad energética que aqueja al sector pro-ductor agropecuario. Según la ANAPO, se busca trabajar con principios técnicos sostenibles, respetando la cobertura boscosa actual, desarrollando los cultivos con especies nativas no comestibles resistentes, que crecen en lugares casi áridos o no aptos para el cultivo de alimentos (Constituyente soberana, abril 2009).

Una línea de debate se suscitó en torno a la Ley de Biodiesel (Nº 3207), promulgada el 30 de septiembre del 2005. Según las corporaciones del oriente, desde ese año se recibieron una docena de iniciativas para la fa-bricación de biodiesel, las cuales no prosperaron debido a la ausencia de una reglamentación. El gobierno nacional ha declarado que no quiere po-ner en riesgo la seguridad alimentaria, razón por la que no daba curso al tema del reglamento mencionado.

La ANAPO volvía a enarbolar el conocido discurso del biodiesel, como una de las alternativas para salir de la dependencia del diesel, y así gene-rar fuentes de trabajo, reducir la contaminación ambiental y evitar la fuga de divisas, y por tanto, Bolivia debería inclinarse por la producción de biodiesel y otros combustibles vegetales. Según la ANAPO, uno de los beneficios más importantes que traería la producción de combustibles ve-getales es la generación de mano de obra, que es una de las falencias que se tiene actualmente: “Vamos a tener más trabajo en el área rural, ya que los agricultores podrán cultivar ya sea soya, tártago, palma africana o piñón, productos que mejorarán en su precio, porque se presentarán otras alternativas para su uso” (El Diario, mayo 2009). La ANAPO instó a las autoridades a que se

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apruebe el Reglamento a la Ley No. 3207 para estimular la producción y consumo de biocombustibles. Nótese que en dichas fechas, comenzaba a ser recurrente el mensaje de la bondad de los biocombustibles como op-ción o alternativa al diesel, que el país debe importar y que con frecuencia escasea.

Del discurso se pasó a la práctica y en abril del 2009, se daba a cono-cer que un grupo empresarial del oriente de Bolivia comenzó a sembrar productos para fabricar biodiesel, convencido sin duda, de que tarde o temprano el gobierno de Evo Morales cambiará su opinión negativa sobre los agrocombustibles (Constituyente soberana, abril 2009). Representan-tes de la empresa productora de azúcar GUABIRÁ sostuvieron que en el Norte de la Región de Santa Cruz, existen cerca de 300 hectáreas de plantaciones de prueba, de productos que serán usados para producir biodiesel. Los empresarios confían en que el gobierno central cambie su visión, porque aseguran que no usarán como materia prima los alimentos como el maíz, y cultivarán en tierras no aptas para productos de consumo humano. Se mencionaba que al gobierno no se le pedirá ayuda para im-plementar estos proyectos, sino sólo que haga viable la producción con la reglamentación sobre agro-biocombustibles, como en Colombia y Brasil. Un alto funcionario de la Empresa GUABIRÁ mostró a la prensa, en una remota zona de la región tropical de Santa Cruz, un cultivo de su propiedad de cinco hectáreas de “piñón manso”, una planta aceitera que proveerá el fruto para el biodiesel (Constituyente soberana, abril 2009). En los alrededores del lugar, otros empresarios han cultivado al menos otras 300 hectáreas de productos similares, a la espera de que el gobierno central dé un paso hacia adelante en la normativa.

Hacia mediados del 2009, el sector empresarial de Santa Cruz había em-pezado a cambiar de estrategia e ingresar en una etapa de franco acerca-miento al gobierno, lo cual incrementaba el riesgo de una apertura al tema

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de los biocombustibles por parte del nivel central. Al mismo tiempo, se-guía la presión al gobierno para la aprobación del decreto para la produc-ción de biocombustibles. Las proyecciones de los sectores de producción agroindustrial y las iniciativas experimentales de producción de biocom-bustibles en marcha en Santa Cruz, fueron temas que se discutieron en el Palacio de Gobierno de La Paz entre el Jefe de Estado y el nuevo presi-dente de la ANAPO, Demetrio Pérez, quien fue invitado por Morales a reunirse en La Paz, en lo que fue uno de los primeros acercamientos for-males del presidente de la nación con el sector productivo de Santa Cruz. En dicha reunión, se argumentó que estudios realizados por la CAINCO y el IBCE concluyeron que frente a la crisis energética del país, ésta pue-de ser una alternativa para reducir el desabastecimiento de diesel. De esta manera, se formalizaba el discurso de los biocombustibles como una solu-ción a la carestía de diesel y su alto costo de importación. Bajo esta línea, ANAPO y el Gobierno departamental de Santa Cruz, en el seminario “Biodiesel, cultivos y oportunidades de negocios para el Departamento de Santa Cruz” mani-festaron estar a la espera de la promulgación del reglamento de la Ley del Biodiesel, para empezar la producción de biocombustibles (El Diario, mayo, 2009). En dicho evento participaron además del CIAT (Centro de Investigaciones en Agricultura Tropical), una empresa de capitales ar-gentinos. Uno de los principios del evento fue que considerando que en el país se importa un 40% del diesel que se utiliza en el sector agrícola, es imprescindible acelerar diferentes programas de producción de biodiesel.

En marzo del 2009, el CIAT tenía previsto contar con una planta modular de producción de biodiesel en la localidad de Saavedra, ubicada a 65 kiló-metros al Norte de Santa Cruz de la Sierra. Según el Proyecto Biodiesel del CIAT, la planta iba a producir biodiesel destinado al consumo interno y para varias reparticiones de la prefectura cruceña. Una comisión inte-grada por funcionarios del Proyecto Biodiesel y representantes de las em-

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presas GUABIRÁ y de la ANAPO viajaron, a inicios del 2009, al Brasil para definir el tipo de planta. La Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) realizaba entonces un diagnóstico para el CIAT, acerca de la potencialidad de aceites vegetales para la producción de biocombus-tibles (ReporteEnergía.com 5 marzo 2010). En mayo del 2009, el CIAT tenía un programa experimental de cultivos no alimenticios para aceite, en base a piñón, macororó y palmeras, del que se esperaba resultados concretos en un par de años. El trabajo del CIAT para la implementación de una planta modular de biodiesel en el Municipio de Saavedra se realizó bajo un convenio con EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria). Existe una propuesta para el gobierno central que cuando hayan las posibilidades estratégicas, económicas y políticas de producir biodiesel y salga el reglamento, de manera gradual, se ingrese a producir biodiesel con cultivos no alimenticios como el girasol, en el entendido que un 80% de esta oleaginosa, se exporta como aceite y por ello habría posibilidad económica de producir biodiesel con este producto (El Diario, mayo 2009). A este respecto, o hay un error de prensa o una franca contradicción, por-que una gran proporción del aceite de girasol producido (sino toda) es destinada para fines de aceite de mesa o alimenticio.

Finalmente en septiembre del 2009, las corporaciones del oriente, ante la posición inflexible del gobierno central de no reglamentar la Ley 3207, planteaban una salida, apelando a las capacidades autonómicas y nue-vas competencias del Gobierno Departamental y la Asamblea Departa-mental, aprobadas en la nueva Constitución Política del Estado (NCPE: Artículo 300, inciso 16), y así dar luz verde a la producción y comercia-lización de biocombustibles. Así lo mencionaba una publicación de la re-vista especializada ReporteEnergía (Nº 19, septiembre 2009). Esta salida legal que pretende esquivar la negativa de aval del gobierno central fue justificada en cuanto a garantizar la demanda regional de combustible

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para las actividades agroindustriales y así disminuir la dependencia de las importaciones de carburantes. El Decreto Prefectural será denominado “Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de biocombustibles en el Departamento de Santa Cruz”. El amparo del Estatuto Autonómico y lo dispuesto en la NCPE, implicarían el pleno impulso a un modelo de producción antiecológico con vinculaciones directas a capitales transna-cionales e incluso, poniendo en riesgo la soberanía nacional (Villegas y Vargas, PetroPress Nº 14, marzo 2009).

Hacia fines del 2009, continuaban las declaraciones cargadas de buenas intenciones ambientales y los discursos socialmente inclusivos, es así que el proyecto de los agro empresarios, buscaba acercarse a los pequeños y microproductores mencionando que estos “en muchos casos ya experimentan, aunque en pequeña escala, los beneficios de la generación de este elemento energético alternativo” (El Diario, 18 diciembre 2009). En esta misma línea se daba el discurso del Presidente del IBCE, Pablo Antelo, que señalaba: “Abogamos por una producción que contribuya a disminuir el recalentamiento global y la conta-minación ambiental; que sea económicamente rentable y sustentable; que respete el medio ambiente y la biodiversidad; que genere divisas, ingresos y empleo; que atraiga inversión para la producción comercial” (El Diario, 18, diciembre 2009).

No es nuevo q ue los defensores radicales de la agroindustria de los bio-combustibles recurran con frecuencia al discurso de artilugio de “favo-recer” la reducción del calentamiento global y el cambio climático, por ende, “salvar al planeta” con la producción y consumo masivo de etanol o biodiesel. Villegas y Vargas (PetroPress, Nº 14, marzo 2009) hacen re-ferencia que hasta un 18% de las emisiones mundiales corresponden al cambio de uso del suelo y deforestación, y en especial, a las modalidades agroindustriales de gran escala (es decir, post-desbosque), que son res-ponsables de enormes emisiones no sólo de carbono sino de óxido nitroso, un gas que produce un enorme efecto invernadero. De modo que lo de

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reducir las emisiones con los biocombustibles es realmente una falacia y ya ha sido científicamente desmentido.

Etanol brasileño, la solución que nadie quiere verFuente: alFonso daniels. 2007. www.revistasculturales.com

La espesa humareda durante el amanecer, provocada por la quema de los campos para facilitar la cosecha, muestra que el etanol brasileño no es tan “verde”. Expertos aseguran que esta práctica agrícola genera una cantidad de CO2 que anula la contribución positiva del uso de etanol sobre el efecto invernadero. “La quema la hacemos en mitad de la noche, cuando no hace viento”, comenta Rodrigo Santos, un agricultor de la zona. Es vital evitar incendios, pero es imposible prevenirlos”, añade.

Las personas que viven en la región se ven directamente afectadas por el humo. Según Gustavo Fonseca, Vicepresidente de la Organización Conservation International, “existe una verdadera preocupación por los efectos de la polución en la salud de trabajadores y de la población local, debido a las partículas de carbón que quedan en el aire”. Un estudio de José Eduardo Delfini, de la Sociedad Paulista de Neumología, apunta que el aumento de partículas contaminantes generadas por la quema de caña es directamente proporcional al aumento de ingresos hospitalarios por problemas respiratorios en zonas de producción de etanol. Delfini señala que, en Piracicaba, la media de microgramos de partículas contaminantes es de 56, igual que en São Paulo, que tiene 20 millones de habitantes. Durante la cosecha, esta proporción alcanza los 88 microgramos, cuando la tasa permitida por el Consejo Nacional de Medio Ambiente brasileño es de 50.

Expertos y técnicos de Cosan señalan que en São Paulo, donde se produce la mayoría del etanol brasileño, se quema alrededor del 70 por ciento de la caña. Esta proporción es aún mayor en los Estados de Minas Gerais y Matto Grosso del Sur. En São Paulo se acordó la eliminación de la práctica de la quema para el 2005, pero el ex gobernador del Estado y ex candidato presidencial, Geraldo Alckmin, amplió el límite a 2031.

Las autoridades brasileñas reconocen el problema. El Ministro de Agricultura del Brasil, Reinhold Stephanes, asegura que quieren “llegar a un acuerdo con productores y agricultores para acabar con las quemas en 2020” y añade que la utilización de cosechadoras será la clave para conseguir este objetivo, algo que según él, ya ha comenzado a hacerse. Sin embargo, en Piracicaba se observa que el uso de maquinaria no elimina la quema de cultivos. Además, los esfuerzos por acabar con esta práctica no se reflejan sobre el terreno, ya que la proporción de campos quemados en São Paulo se ha mantenido estable en los últimos dos o tres años, según las propias empresas productoras de etanol.

A inicios del 2010, el entonces Viceministro de Ciencias y Tecnología, Ro-ger Carvajal, aseguraba categóricamente que: “La implementación del biodie-sel es una posición de ANAPO, nosotros decimos que el biodiesel no lo vamos a apo-yar mientras no se demuestre que no tiene una connotación de competencia contra la

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seguridad alimentaria” (Energy Press febrero 2010). Sin embargo, la figura parecía cambiar poco después, cuando el gobierno central, en febrero del 2010, abrió un resquicio a la posibilidad de discutir en torno a proyectos de biocombustibles, “algo que en el pasado reciente no se había dado ni siquiera como mensaje, desde las autoridades del poder ejecutivo” según comentario textual de ReporteEnergía, (Nº 28, febrero 2010). La apertura gubernamental al tema biocombustibles se atribuye paradójicamente al que era entonces Viceministro de Ciencias y Tecnología, Roger Carvajal, quien participó de un Simposio Internacional de “Agricultura Sustentable” realizado en febrero del 2010 en Santa Cruz y que fue organizado por las corporacio-nes del oriente, con patrocinio nada menos que de MONSANTO, BASF y SYNGENTA, las poderosas transnacionales de semillas transgénicas y pesticidas. La mencionada ex autoridad estatal manifestó que el gobierno rechazó el tema de los biocombustibles debido al riesgo de competencia con la producción de alimentos, “sin embargo, si existen propuestas con bases científicas en las regiones, no se las negará sistemáticamente, sino que se abrirán espacios de discusión y uno de ellos será la Asamblea Legislativa”. Como parte de esta cautelosa apertura, se mencionó como “muy interesante la tecnología de Brasil y Estados Unidos para producir biocombustibles.” El entonces Viceminis-tro Carvajal reiteraba que sería necesario estudiar los aspectos ambien-tales en referencia a la ampliación de la frontera agrícola, a expensas de bosques y la afectación a la seguridad alimentaria ReporteEnergía, (Nº 28, febrero 2010). De cualquier forma, con dichas declaraciones, se abrió la puerta.

En septiembre del 2010, la Plataforma energética (ABI, 3 septiembre 2010) mencionaba, que mientras el titular de la poderosa Cámara de Industrias, Comercio y Servicios de Santa Cruz (CAINCO) formuló el compromiso del empresariado con la industrialización de Bolivia, el pre-sidente Evo Morales saludó explícitamente el concepto, pidiendo al “sector

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sumarse a los grandes proyectos productivos de su gobierno”. El líder empresarial sostuvo: “creemos firmemente que es la industrialización, el agregar valor a la pro-ducción, lo que va ser sostenible el crecimiento para los próximos años”, en la inau-guración del Centro Social Cultural de la CAINCO, construido en un su-burbio empobrecido de Santa Cruz de Bolivia. El mandatario boliviano, a su vez, pidió al empresariado boliviano asociarse con el Estado o invertir en paralelo para la “ejecución de los megaproyectos viales e industriales que ate-sora el gobierno nacional.” Bajo el denominador común del desarrollismo, se dio este nuevo acercamiento entre el gobierno central y el empresariado cruceño, ávido de ingresar a la industrialización de los biocombustibles. Esto, sin duda marca el camino futuro de apertura del gobierno central a la penosa aventura de los biofuels, contradiciendo, como ya es de costum-bre, sus postulados originales.

Una nueva campaña en pro de los biocombustibles se desataba a inicios del 2010. Miguel Dabdoub, uno de los más acérrimos defensores de los biocombustibles en Bolivia, presentado como Profesor de la Universidad de San Pablo, por la revista especializada ReporteEnergía, (Nº 28, febre-ro 2010) en el Simposio Internacional de “Agricultura Sustentable”, sos-tuvo que “es improbable que los alimentos compitan con los biocombustibles. La producción de biodiesel a partir del aceite de soya, dará como resultado que a mayor producción de biocombustibles, mas alimento se tendrá disponible”. Una suposi-ción simplista en extremo, pues si bien es cierto que de una tonelada de soya se pueden obtener 200 litros de aceite y 800 Kg. de proteína, en rea-lidad, de lo que se trata es, que los cultivos a gran escala de soya no des-placen a varios otros cultivos que son base de la seguridad alimentaria en las regiones. Tampoco se puede pretender que la gente cambie una dieta diversificada y se dedique únicamente a consumir solo proteína de soya, como si se trataran de animales de granja. Ya el año 2008, el presidente de la CAINCO apeló a este falso razonamiento: “Con los biocombustibles se

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puede producir un combustible más limpio y generar más alimento para el mundo”. De esta manera, se manejan razonamientos aparentemente válidos, pero con los cuales sólo se busca captar apoyo público.

Otro elemento mencionado en el Simposio Internacional de “Agricultura Sustentable” es “que en el país existen 10 millones de hectáreas mal ocupadas y muchas áreas degradadas pueden ser recuperadas para plantar especies silvestres, reforestar y secuestrar CO2”. Es evidente que así debería ser, es un deseo de muchos, pero lo que no se dice, es que al menos un 5% de esas 10 millones de hectáreas “mal ocupadas”, corresponden a zonas que estuvieron hasta hace unos años con cultivos de soya, y ahora tienen pastizales casi infér-tiles donde la reforestación implicaría elevadas inversiones para la recu-peración de suelos, si es que es todavía posible. En las memorias de dicho evento se puede leer una afirmación que realmente causa asombro por su anacronismo y total inconsistencia: “La industria de los biocombustibles permite aprovechar económicamente los bosques para que las poblaciones puedan beneficiarse”. Esta afirmación parece rayar en el cinismo, puesto que trata de forzar una correlación entre dos situaciones no solamente inconexas sino antagónicas. Los cultivos industriales para biocombustibles van en contra vía del aprovechamiento sostenible de los bosques, puesto que im-plica su reemplazo por plantíos, exactamente lo que ha hecho hasta ahora la expansión de la soya, a expensas del bosque húmedo-subhúmedo de transición del este de Santa Cruz, el cual virtualmente ha desaparecido, para no mencionar las matas del Cerrado brasilero.

Durante varios años, a pesar de haberse hablado mucho de la deforesta-ción masiva de la Zona Integrada y de las Tierras bajas del Este de Santa Cruz, éste fue un aspecto abstracto y adimensional para la mayor parte de la sociedad boliviana. En la actualidad, gracias al programa google earth, el acceso a imágenes de Bolivia permite apreciar la inmensa cobertura del “milagro soyero”, de más de un millón de hectáreas cultivadas, en

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gran parte, para la soya. La expansión de las oleaginosas (llámese soya, girasol, palma africana o piñón), bajo la perspectiva de los biocombusti-bles, y de acuerdo a la ambición de las corporaciones de los agronegocios, es replicar en el país, por varias veces (al menos 12, según los profetas corporativos), la enorme mancha de desbosques al este y Norte de Santa Cruz. A pesar de la marginalidad de muchas de las tierras espectadas por el limitado status mineral o la acidez de sus suelos, las nuevas tecnolo-gías agrícolas, que incluyen nuevas variedades y paquetes de enmiendas edafológicas, hacen que ya no sea un factor demasiado limitante (Killeen, 2007) como para que se instalen iniciativas productivas, que de cualquier forma, buscan generar ganancias a corto plazo.

Otra afirmación muy temeraria vertida en el Simposio Internacional de “Agricultura Sustentable” de inicios del 2010, fue que “La frontera agrícola puede expandirse sin problema alguno, y que la sociedad brasileña se ha desarrollado mejor y tiene mejor acceso a los alimentos después que se introdujera el etanol en los últimos 40 años”. Parte del “sin problema alguno” son: los millones de tone-ladas de CO2 liberados a la atmósfera por el cambio de uso del suelo, que paradójicamente se quieren paliar con el uso de biocombustibles; la gente que habita, vive y depende de los bosques que queda despojada de los recursos de la biodiversidad; el potencial forestal en continuo menoscabo y pérdida de recursos y potencialidades; los servicios ambientales como el secuestro de carbono que se pierden a medida que avanza la frontera agrícola, y el uso de grandes volúmenes de agua para riego. Hay excesiva temeridad en los supuestos y, al mismo tiempo, mal suponer que en este país la gente no piensa. De cualquier manera, podría remotamente tratar-se de repetidos errores de transcripción del medio de prensa, lo que en todo caso ameritaría las debidas disculpas del caso.

En cuanto a que los biocombustibles no afectan la seguridad alimentaria, el más claro contra-argumento viene del modelo brasileño, donde muchos

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estudios muestran que la sociedad brasileña no se ha desarrollado mejor ni tiene mejor acceso a los alimentos después que se introdujera el etanol en los últimos 40 años, especialmente, para las regiones productoras de caña y etanol en el estado de Sao Paulo y el Nordeste brasileño, donde se vienen sufriendo los peores efectos. En una entrevista de Gabriel Brito (“Brasil De Fato”: mayo 2008) a Ariovaldo Umbelino, Profesor de geografía de la Universidad de Sao Paulo, el periodista pregunta al académico:

Os bio-combustíveis estão envoltos em algumas noções falaciosas, já que as lavouras de cana ocupariam apenas 2% dos quase 3 milhões de Km2 utilizados pelo sector agro-pecuário e, ademais, seriam cultivadas pela conversão de pastagens - e o espaço ocupado por pastos estaria em decréscimo. O que você responderia a isso?

A lo que el profesor Umbelino responde:

“Veja bem. Se tomarmos a área de crescimento da cana neste ano, da penúltima safra para a última, vê-se que, na maioria, não se invadiu a área da produção de alimentos. Mesmo assim, há locais em que isso ocorreu, o que é reconhecido por órgãos do próprio sector sucro-alcooleiro. A cana, portanto, cresce sim sobre parte das terras que eram destinadas à produção de outros alimentos. E o principal efeito da expansão da cana, esse é o ponto primordial, é o sucessivo. Não se trata neces-sariamente de um efeito que irá se sentir de forma direta, entre um ano e outro. É um efeito que ao longo dos anos vai se somando. Se compararmos os dados do IBGE da produção agro-pecuária de 1990 a 2006, considerando-se somente os municípios que tiveram aumento na área plantada de cana e tomando como referência os mu-nicípios que cresceram em mais de 500 hectares essa área, o que encontramos? Uma redução de 261 mil hectares de área de feijão. E uma redução de 340 mil hectares de área plantada de arroz. Desta forma, como a expansão da cana não afecta? Não só o arroz e feijão são afectados, mas também a agro-pecuária, pois nesses municípios houve uma redução de 460 milhões de litros na produção de leite, por ano. E também uma redução de 4,5 milhões de cabeças de gado bovino. E aí aparece ainda o efeito perverso do desmatamento: a cana está deslocando a pecuária - assim como a soja

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no Mato Grosso também a desloca - para o Pará, onde existe hoje o terceiro maior rebanho do país”.

Será importante aclarar a qué segmento afortunado de la sociedad brasi-leña hacía referencia el experto de la Universidad de San Pablo en el sim-posio del 2010. Para mayores referencias, léase más adelante el reportaje de Bruno Ribeiro para la Comisión Pastoral de Tierra del Brasil sobre la situación social de las regiones que soportan el modelo de desarrollo caña-etanol en el Brasil.

En la Argentina, los escenarios de la soya industrial no son diferentes (Amigos de la Tierra. Argentina. Septiembre 2009): “…Mientras la superfi-cie destinada a la soja aumenta, la tierra que se usa para la lechería y la producción de granos, frutas y verduras ha disminuido. Esto ha tenido un considerable impacto en los precios de dichos alimentos. Más del 90 % de la soya argentina es transgénica y esto implica la fumigación con herbicidas y la contaminación de las napas super-ficiales y de los acuíferos, así como la aparición de enfermedades en las personas ex-puestas al cóctel químico. La tasa de empleo rural viene descendiendo debido al menor requerimiento de mano de obra en la producción industrial de soya”.

Las corporaciones agroindustriales exportan soya y sus derivados con provisiones de grandes y medianos empresarios, pero también de los pe-queños productores que son los menos beneficiados. Lo mismo ocurre en el caso del alcohol anhidro. Al momento, la expansión del modelo cañero-etanol en Bolivia se da a partir de la mano de obra más abundante y más barata, es decir, de los pequeños productores que son campesinos pobres en busca de nuevas tierras u oportunidades de empleo. El modelo agroindustrial de los biocombustibles empuja un proceso de ocupación de nuevas tierras a través de la colonización, para obtener su materia prima, un auténtico “agronegocio”. Por otra parte, este agronegocio se alimenta, como ya ocurre en Argentina y Paraguay, con el reemplazo de parcelas de productos alimenticios por parcelas de caña o soya, al prometer éstas

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últimas ingresos monetarios (Villegas y Vargas, PetroPress Nº 14, mar-zo 2009). Precisamente, de esta forma se ha predicado el modelo “caña versus productos locales” en el desarrollo del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura (Poder Local, junio 2009; Malky y Ledezma, 2009). En este controversial discurso, no tiene cabida la relevancia del concepto de seguridad alimentaria.

Una nueva faceta de la exacerbada campaña mediática y política de las corporaciones agroindustriales a favor de los biocombustibles, se volcó a las ventajas y conveniencia del biodiesel sobre la importación actual del diesel, que evidentemente es cara e insuficiente. Es posible, que esta propuesta tenga mayores posibilidades de flexibilizar la posición guber-namental. El discurso corporativo no habla de exportar biodiesel o etanol, sino más bien, de destinarlo al mercado interno.

El mayor elemento de presión en el tema soyero y de los biocombustibles, fue el desmesurado empeño, el ahínco y la vehemencia de la campaña de las corporaciones en favor de los biocombustibles, ciertamente algo que no se había visto en ningún otro sector extractivo (minero, petrolero, forestal, etc.) y que puede denominarse una fiebre o una cruzada. Estas “fiebres” (como las del oro), tienen una directa implicancia con grandes expectativas de ganancia, grandes capitales de inversión, grandes apetitos comerciales corporativos transnacionales y el estímulo de importantes y crecientes demandas de mercado. Las corporaciones del oriente son la punta de lanza en esta fiebre, por detrás están las perspectivas de inversores argentinos, brasileros y hasta colombianos, mientras que los que realmente se frotan las manos esperando la fiesta, son la CARGILL, ADM, DREYFUS, BUNGE, MONSANTO, etc., y otras grandes transnacionales de la soya y los transgénicos. Desde luego, está presente el beneplácito y apoyo directo del BID (por ejemplo, el apoyo a las enormes inversiones en las etanoleras del Brasil, como LA MOEMA), con proyecciones hacia una

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América Latina que en 14 años se convertirá en una zona productora de biodiesel y etanol, y con una estimación de inversión de 200 billones de dólares (Villegas y Vargas, PetroPress Nº 14, marzo, 2009), situación que se está gestando a partir del avance del IIRSA. Es así que, BUNGE Ltd., acordó a fines del 2009 comprar USINA MOEMA PARTICIPAÇÕES SA, otro productor brasileño de etanol, mientras que la francesa LOUIS DREYFUS COMMODITIES adquirió otra refinadora importante unos meses antes. (estrategiaynegocios.net. febrero 2010).

Según Camila Moreno de la Fundación Terra do Direitos (2008): “Assis-timos uma concentração sem precedentes das cadeias com maior poder corporativo no mundo: energia e agronegócio, com empresas petroleiras como a Shell, a BP (antiga British Petroleum), Chevron, Petrobrás, aliadas com a Cargill, ADM, Louis Dre-yfus, Bunge, passando pela empresas de biotecnologia e agrotóxicos como a Novozy-mes, gigantes como a Monsanto, a Syngenta e novas como a Amyris. Apesar disso, a imagem que querem ter é de “renováveis e alternativos”. Traducimos la última frase: ”a pesar de eso, la imagen que quieren tener es de “renovables y alternativos”.

En estas “fiebres”, todo vale y se ofrece todo, se exageran las bondades, se ocultan o minimizan las amenazas y los riesgos, y hasta se miente abier-tamente. El sentido de oportunidad (léase oportunismo) se agudiza. Un claro ejemplo es la identificación del nicho vacante de escasez de diesel y las peripecias que hace el gobierno para el oportuno abastecimiento. Des-de luego, las promesas de beneficios empresariales y de jugosas utilidades compensan los costos y esfuerzos invertidos en el juego mediático, un juego donde no importa y no conviene revelar la verdadera relación costo ambiental /beneficio, que es demasiado elevado. Haciendo eco de Villegas y Vargas (PetroPress Nº 14, marzo 2009), la agroindustria debe su éxito al pirateo de un recurso natural nacional, la fertilidad de nuevas tierras y otros recursos como el agua. La fiebre de los biocombustibles significa apostar en un margen de seguridad de enormes ganancias y utilidades,

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que es lo que mueve realmente a dichas iniciativas, donde obviamente ocupan un sitial preferencial las poderosas empresas transnacionales y sus testaferros nacionales. Como ya se ha mencionado antes, se enarbolan los discursos de 1a seguridad alimentaria y la soberanía energética, dos temas muy sensibles en el quehacer nacional: el primero, con un discurso engañoso, y el segundo, con posibles justificaciones, pero igualmente con un signo de alto riesgo socio ambiental.

De acuerdo a Reporter Brasil (2008), la deforestación en la Amazonía y en el Cerrado, y la contaminación por agrotóxicos, amenazan a la soberanía alimentaria de pequeños agricultores y la concentración social inclusiva de renta y de tierra. Estos son algunos de los impactos causados por la expansión de monocultivos usados para la producción de biodiesel en el Brasil. En el trabajo “El Brasil de los Agrocombustibles - Palmáceas, Algodón, Maíz y Jatropha - 2008”, la ONG Repórter Brasil constata la existencia de proyectos de expansión de esos monocultivos ya instaladas, o en progreso, como es el caso de la palma aceitera en la Amazonía y de algodón en las áreas de Cerrado, de las regiones Centro-Oeste y Noreste. En el caso de la palma aceitera, una de las mayores preocupaciones es la relacionada a las propuestas de cambio en el Código Florestal, que buscan permitir la re-cuperación de tierras con especies exóticas como la palma aceitera. Tales medidas pueden incentivar el monocultivo en la Amazonía, causando de-forestación y provocando impactos para la biodiversidad. Corporaciones extranjeras comienzan a implementar proyectos en la región, como el caso de la empresa FELDA, de Malasia, en el municipio de Tefé, y de la BIO-PALMA, de capital canadiense, en Pará. (REPORTER BRASIL, 2008).

Es conocido que la masificación del uso de los biocombustibles a nivel mundial obedeció en una primera instancia a un intento de los países de-sarrollados e industriales (USA, UE y Japón) de reducir su dependen-cia de los combustibles provenientes de los hidrocarburos. En segunda

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instancia y de forma muy secundaria, el uso de los biocombustibles se justificó en el supuesto de contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y el calentamiento global (claro está que han primado más razones económicas y estratégicas que de ética ambiental). La UE en su conjunto cuenta, desde hace varios años, con un importante paquete de incentivos fiscales en favor de la producción y el uso de biocombustibles. Europa sigue empeñada en su meta, a mediano y largo plazo, de aumentar el consumo de biocombustibles, pero bajo una mirada de estricta depen-dencia de una importación lo menos dificultosa posible, desde los países no desarrollados o de los “emergentes” (GRAIN, 2008). Sin embargo, existen cuestionamientos incluso desde el mismo seno de los bureaus de la UE, como lo menciona el artículo de Harrison (2010), expuesto en el siguiente recuadro. Más allá de las posibles conveniencias económicas de los países o bloques, ya se va generando un razonamiento de crítica en ciertos colectivos mundiales, en torno a la falacia de los biocombustibles como forma de energía limpia y supuesto contribuyente de reducción del calentamiento global.

Europa se cuestiona el uso de biocombustiblesFuente: pete harrison bruselas, reuters; http/noticas.terra.com

4 marzo 2010

El biodiesel y otros combustibles “ecológicos” que los europeos usan en sus autos puede tener consecuencias no intencionadas para los bosques tropicales y selvas húmedas, según un informe de la Unión Europea (UE).

La UE quiere que para el 2020 sus 500 millones de habitantes obtengan aproximadamente una décima parte de los combustibles para automotores de fuentes renovables como los biocombustibles, pero algunos funcionarios comunitarios quieren que la meta se reduzca. “Los efectos simulados de las políticas de biocombustible de la UE implican una conmoción considerable para los mercados de materias primas agrícolas”, dijo un proyecto de borrador para asesorar a los políticos. Otro informe advierte: “El apoyo actual y futuro a los biocombustibles acelerará probablemente la expansión de tierra cultivada, especialmente en América Latina y Asia”; “Conlleva el riesgo de daños significativos y difícilmente reversibles”, añadió el documento.

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Hace años que los ecologistas vienen haciendo estas advertencias, pero los estudios de impacto y los correos electrónicos muestran por primera vez que los políticos europeos están también muy preocupados por las consecuencias en los bosques tropicales, los humedales y las sabanas. Sin embargo, no han llegado a cifrar las consecuencias probables. “La gran cantidad de documentos y su contenido detallado muestra que la Comisión ha estado estudiando que el cambio indirecto del uso de la tierra tiene graves impactos”, dijo el portavoz del Comisariato de Energía, Günther Tinger.

Una carta interna de un funcionario de agricultura advierte: De tener en cuenta la “huella” ecológica total de los biocombustibles “mataría” una industria europea valorada en unos 5.000 millones de dólares al año. Los críticos dicen que independientemente de dónde se cultive, los biocombustibles compiten con las cosechas de alimentos por la tierra, lo que obliga a los agricultores de todo el mundo a expandir los cultivos a zonas donde no habían arado antes, talando en ocasiones bosques tropicales o drenando zonas pantanosas.

Nota.- Es posible que estas discusiones se radicalicen en el futuro, incidiendo en la tendencia hacia la búsqueda de otras alternativas como las baterías de litio. En realidad el sueño de un mundo basado en la energía de los biocombustibles, puede ser realmente muy corto.

Casi a mediados del 2010, la CAINCO arremete nuevamente con las proyecciones de los biocombustibles (Plataformaenergetica.org, 6 mayo 2010), presentando una serie de estudios sobre la potencialidad y venta-jas de esta alternativa energética. No deja de causar asombro el enorme despliegue de esfuerzos e inversiones técnicas y mediáticas que maneja este sector corporativo. Incluso recibieron claro apoyo de un diplomático brasileño quien a través de una nota a la mencionada plataforma, afirma-ba que países como Bolivia deberían seguir los pasos del Brasil en el tema del etanol y biocombustibles en general. André Amado, Subsecretario General de Energía y Alta Tecnología de la Cancillería brasileña, desde la visión del poderoso modelo desarrollista brasilero, afirmó que “la produc-ción y el uso de biocombustibles tienen todo para servir de base al progreso socioeco-nómico de decenas de países de menor desarrollo relativo”, y que “el caso brasileño es un ejemplo contundente de que los biocombustibles pueden contribuir a la seguri-dad alimentaria” (http://wwww.plataformaenergetica.13 mayo 2010). Las argumentaciones, posiblemente válidas para la dimensión económica de un país como Brasil, pero poco adecuadas para la realidad SOCIO AM-

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BIENTAL de Bolivia, recibieron una respuesta en la misma plataforma especializada, donde se puede encontrar el artículo completo del funcio-nario brasilero. El corto documento técnico rebatiendo dicha posición, se incorpora en un recuadro en el apartado de Respuesta.

Posiblemente con asidero en las facultades autonómicas, la producción de los biocombustibles en el país parecía iniciarse en agosto del 2010, cuan-do en Santa Cruz y desde el CIAT, se anunciaba el arranque de la planta experimental o piloto ubicada en la provincia Saavedra, para una produc-ción de 300 litros/día y un financiamiento de cuarto de millón de dólares (Reporte Energía, agosto 2010). En tanto, queda la incertidumbre sobre las autorizaciones que supuestamente debió otorgar la gobernatura del de-partamento y el rol regulador a partir de las políticas del gobierno central.

La Palma Africana

La ambición de los agroindustriales del oriente va aumentando en mag-nitud: De la soya a la promesa hiperproductiva de la palma africana o aceitera, que evidentemente multiplica varias veces el rendimiento del grano de oro por hectárea, pero que también genera pasivos ambientales posiblemente mucho más severos.

La Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles organizada por el IBCE el año 2008, entre las numerosas argumentaciones a favor del bio-diesel, concluía en una de sus partes, “que el desarrollo de la palma aceitera en otras regiones del globo puede que haya tenido en alguna medida consecuencia de afectación negativa al medio ambiente y los recursos naturales. No es este el caso en el continente americano, en donde Brasil cuenta con tierras potenciales para la agricultura, sin afectar la selva amazónica” (IBCE, junio 2008). Primero, es increíble cómo el discurso intencionado busca relativizar y minimizar la realidad. Lo que ocurre actualmente en Indonesia, Borneo y Malasia, gracias al boom de la palma aceitera, no se puede calificar como “puede

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que haya tenido en alguna medida consecuencia de afectación negativa”. Está por demás demostrado que es un desastre ecológico de gran magnitud (Mel White, 2008). Segundo, el Brasil es el peor ejemplo que se podría utilizar para argumentar en cuanto a “no afectaciones negativas” al medio am-biente, y tercero, se cae nuevamente en la falsedad cuando se afirma que “no es este el caso en el continente americano”. De inicio es importante mencio-nar que en Colombia, el avance de las grandes empresas palmiteras ha dejado una estela de muerte y despojo violento de tierras, al amparo de grupos paramilitares.

Algo que no se menciona es que los inmensos campos de palma aceitera conforman los primeros 20 años de producción, “desiertos de biodiversi-dad”, en comparación con los ecosistemas reemplazados y, luego, al ser abandonados, se convierten en auténticos desiertos con suelos depaupe-rados y contaminados por el excesivo uso de pesticidas y otros agroquí-micos; mientras que los esfuerzos para la recuperación de estas tierras después del ciclo palmitero son exiguos.

Esto ocurre en México, Chiapas, continente americano (Gustavo Castro Soto. México, Chiapas. www.biodiversidadla.org):

“Las miles de hectáreas de palma africana implican no sólo mantener la defores-tación, sino aumentar el CO2, e incrementar la contaminación del agua con agro-químicos en las regiones de alta biodiversidad como las regiones de biosfera y la selva Lacandona. Por otro lado, en nada ayuda, sino al contrario, a recuperar la producción de miel de donde dependen miles de apicultores. La crisis de los apicul-tores en Chiapas ha caído y se va agravando y más en la medida en que aumentan las plantaciones. Las plantaciones no regeneran la biodiversidad, las plantaciones no son bosques y no están ajenas a las afectaciones que se dan en todos lados como la grave deforestación, que trae aparejada la pérdida de biodiversidad, inundaciones, el agravamiento de las sequías, la erosión de suelos, contaminación de los cursos de agua, aparición de plagas; además pone en peligro la conservación del agua, de los

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suelos, de la flora y de la fauna. La degradación de los bosques disminuye sus fun-ciones en materia climática y su desaparición afecta a la humanidad en su conjunto.

Las más de 11 mil personas que habitan el Municipio de Marqués de Comillas, consumen más de 82 mil metros cúbicos de agua al año, la mayoría de fuentes sub-terráneas por medio de pozos ante la falta del servicio de agua potable. A partir de hace algunos años el servicio de agua en la región se amplía poco a poco, incluyen-do ahora medidores en los nuevos proyectos habitacionales. Ante esta situación, las plantaciones de palma, grandes consumidoras de agua, agravan la disponibilidad de agua en la región. Es en esta misma región de la selva de los Montes Azules, de 220 mil hectáreas, que ya ha sido deforestada el 80%. Para contenerlo se pretende crear los “cordones de protección mediante proyectos productivos de gran impacto como la palma africana, el hule, los cítricos y la agricultura protegida”. Tan sólo para la palma africana se impulsan sembrar 5 mil hectáreas en Marqués de Comillas de las 30 mil que se pretenden, en una región donde no hay un control ambiental efectivo. Esto pese a que el Panel Intergubernamental sobre Bosques de las Naciones Unidas identificó como causas de la deforestación y la degradación de los bosques, las polí-ticas gubernamentales de sustitución de bosques, por plantaciones industriales de árboles, como la palma aceitera”.

Y esto ocurre en Colombia (Gerardo Iglesias, Proyecto Lemu. Col. 14 feb.2010):

“Cuanto más avanzan las plantaciones de palma africana, más profundo y solitario se contempla el socavón verde, donde el Estado se paraliza y desvanece. Un vértigo extraño le impide aproximarse y mirar. Sin embargo, hay veces que tras un enorme sacrificio, el Estado logra acercarse al borde de ese abismo, pero el pobre no puede abrir sus ojos. Los mayorales de la Palma saben que al Estado y al gobierno se le aflojan las piernas en la plantación, por eso la gente allí podrá encontrar un trabajo, pero de seguro no encontrará un solo derecho. No es casualidad que los trabajadores que ocupan la Finca Palmitera de Palo Alto (Colombia) estén reclamando el pago de salarios, primas, cesantías, los intereses de esas cesantías, el subsidio familiar y

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siete años de cotización al seguro social. Estos esclavos modernos ganan en promedio 230 dólares, unos 30 dólares por debajo del salario mínimo. Según la Central Uni-taria de Trabajadores (CUT), en Colombia se necesitan dos salarios mínimos para que una familia no se muera de hambre”.

También en Colombia, las tierras de las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó fueron ocupadas por la Empresa URA-PALMA, al amparo de grupos paramilitares y sus bosques arrasados para el cultivo de la palma africana. Los pobladores que se quedaron fueron progresivamente envenenados por las fumigaciones de herbicidas (GRA-IN/Villegas y Vargas, PetroPress Nº 14, marzo, 2009).

Mientras tanto, en la región amazónica del Ecuador, la empresa Palmeras del Ecuador, instalada en una extensa superficie desde fines de los años 70 en la Amazonía Ecuatoriana (Provincia Sucumbios) ha afectado las tierras tradicionales de los pueblos indígenas Siona y Secoya. La expan-sión progresiva de los campos de palma africana, a la par de la creciente demanda de mercado, significó la tala total de miles de hectáreas de uno de los bosques biológicamente más ricos del Ecuador. Además de la de-vastación, se drenaron muchos pantanos naturales, se aplicaron sucesivas fumigaciones de herbicidas y se eutrofizaron los ríos con la incorporación de fertilizantes para contrarrestar la pobreza en nutrientes de los suelos ácidos (I. Ramos, 2008. WRM, Bol Nº 129.Acción ecológica/www.wrm.org.uy).

Cabe además reflexionar sobre aseveraciones tendenciosas que en otras oportunidades se ha mencionado: que los plantíos de palma africana y de caña de azúcar (caso del Brasil) no están afectando la Amazonía. Evidentemente los ecosistemas afectados corresponden al Nordeste brasilero, las transicio-nes de la Mata Atlántica y el Cerrado. Esto es un intento de minimizar la imagen del impacto bajo el argumento: “sino se daña la Amazonía, es menor el impacto, o no hay impacto”, lo cual es un razonamiento engañoso. Además

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de la Amazonía, existen otros ecosistemas muy amenazados y de gran im-portancia en el continente americano, como el cerrado, la Mata Atlántica, el Chocó colombiano, o el Chaco y los bosques Chiquitanos de Bolivia. En el caso de Bolivia, para la palma africana, se están visualizando el Norte de La Paz, el Norte de Santa Cruz, el Sur de Pando y, en especial el Beni, donde ya existen unas experiencias palmiteras en curso. En todos estos casos, para información del IBCE, sí estamos hablando de la selva amazónica boliviana. La Ley 3546 de fines del 2006, de reactivación del complejo agroindustrial de San Buenaventura, especifica concretamente las proyecciones de producción de palma africana para elaboración de biodiesel.

A inicios del 2010, se informaba sobre una iniciativa del cultivo de la palma africana (Ealeis guineensis) en la hacienda “Sarah”, ubicada en la Provincia Ballivián del departamento del Beni. (Energy Press, febrero 2010). De acuerdo a dicho reportaje, el aceite de palma que se produciría en el trópico boliviano puede ser utilizado como materia prima para la fabricación de bio-diesel, reemplazando al diesel caro y contaminante que se usa actualmente. La lógica de los propulsores de la iniciativa es: “La Provincia Ballivián desea encontrar su especialización económica, energética y co-mercial, de la misma forma que Santa Cruz la encontró con la soya”. La visión de dicho proyecto es generar un polo de desarrollo en el Sudoeste del Beni, en base al cultivo de este producto de alto rendimiento en producción de consumo humano y uso industrial, con proyecciones de su cultivo a gran escala en el Beni, Pando y el Norte de La Paz. Este tipo de iniciativas agroindustriales pretende fundamentarse en la actual política económica, que evidentemente fomenta proyectos de industrialización de materias primas, para darles comercialmente alto valor agregado.

Los parámetros de proyección de los impulsores de dicha iniciativa en el Beni son plenamente economicistas: La elevada productividad y el alto

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nivel de utilidades respecto de la inversión, que se basa en el desarrollo acelerado de la palma aceitera, tomando como ejemplo las experiencias en más de diez países de la región tropical de América, desde México hasta Ecuador, con cultivos que sobrepasan las 500 mil hectáreas en constante aumento (pero obviamente sin mencionar los costos ambientales y so-ciales). Los responsables de dicha iniciativa de altísimo riesgo ecológico, hablan de proyecciones de cultivo de 100.000 hectáreas y contarían con apoyo de una empresa de Costa Rica. Esto significaría una devastación sin precedentes de los ecosistemas boscosos de alto valor biológico y ri-queza forestal en el sudeste beniano, una región de particular fragilidad ecológica y fuertes limitaciones nutricionales en sus suelos.

Las “bondades” de la Palma AfricanaFuentes: energy press Febrero, 2010/portalForestal.com

El portalforestal.com, sostiene que la fiebre del aceite de palma, el cultivo “milagro” que prometía combustibles ecológicos y desarrollo económico en los países emergentes, va camino de convertirse en la principal causa de la salvaje deforestación que padece Indonesia. Afirma que las plantaciones se extienden de manera imparable, con anuncios de nuevos proyectos cada semana, siguiendo el plan del gobierno para alcanzar los veinte millones de hectáreas productivas el 2020, desde los siete millones actuales. “En breve, el aceite de palma va a ser el primer causante de la deforestación en Indonesia”, asegura a Efe Bustar Maitar, responsable de campañas forestales de Greenpeace en el Archipiélago.

Colombia: Incentivo económico perverso para la plantación de palma aceiterawww.ecoportal.net

El daño más irremediable es sobre el ambiente y por ende sobre la gente que vive en él y fundamentalmente la de menores recursos. En un estudio publicado recientemente por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, se afirma que “Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: Decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona”. Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de “la Zona Palmera Occidental (Municipio de Tumaco), en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma. Como ya es conocido, una de las principales causas para que especies de fauna ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que las soportan”.

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El objetivo fundamental de ese estudio científico fue demostrar la “perversidad” de determinados incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), enunciados como “para la paz” y promovidos dentro del marco del Plan Colombia. “Se escogió el ICR para cultivos de tardío rendimiento, como incentivo potencialmente perverso, debido a que este se orienta directamente a la expansión de áreas sembradas en palma, en cualquier región del país sin tener en cuenta consideraciones con respecto a la conservación de la biodiversidad. El ICR, es una condonación del crédito otorgado por FINAGRO a los productores agropecuarios y puede ser hasta del 40% del mismo, dependiendo del tipo de productor involucrado”.

Impactos en el Ecuador Fuente: www.pasc.ca comisión inter-eclesial de Justicia y paz (2004)

El cultivo de palma aceitera acaba la vida. No por nada estos cultivos reciben el nombre de “desiertos verdes”: Donde se dan los cultivos de palma aceitera a nivel industrial, hay que arrasar toda la vegetación existente. La palma no puede sobrevivir con otros cultivos o plantas, pues le quitan alimento a la tierra, y rendimiento en cuanto a cantidad de aceite por hectárea. Por ello, los cultivos de palma ofrecen un paisaje monótono, donde la vista solo vislumbra hasta el horizonte un desierto verde. Para preparar las tierras para estos cultivos hay que tumbar toda la vegetación. Nada puede quedar a su lado, se canalizan y se secan humedales y manglares. Desaparece toda la vida vegetal, y las especies animales que tenían su hábitat en el ecosistema original, no pueden ahora sobrevivir, viéndose obligadas a emigrar hacia otras tierras.

En la cuenca del río Curvaradó, aproximadamente 26 especies forestales se encuentran extintas, entre ellas 12 especies maderables para la construcción, 8 especies medicinales y 5 especies para colorantes. Así mismo, cerca de 28 especies faunísticas han sido eliminadas y su hábitat completamente destruido.

También la destrucción de ecosistemas originales, acaba con los medios de vida básicos de las comunidades campesinas nativas del territorio, que encuentran en esos ecosistemas, caza, pesca, madera para construcción, plantas medicinales y cuantos elementos les resultan básicos en su supervivencia. En las plantaciones de palma aceitera es necesario drenar las aguas, pues si la palma crece en tierras húmedas, el fruto se amarillea y no da el rendimiento esperado. Para maximizar el rendimiento, es decir la cantidad de aceite por fruto o por planta, hay que secar las tierras. En la práctica, esto supone la construcción de canales de drenaje que desecan lagunas, caños y cualquier tipo de humedal que quede cerca de los cultivos. La desecación de aguas acaba también con la vida de animales acuáticos.

Las plantaciones de palma aceitera necesitan de cantidades ingentes de químicos (fungicidas, herbicidas, plaguicidas), dado que, al no tratarse de un cultivo autóctono, se ve sometido a muchas plagas y enfermedades. El más famoso de estos químicos es el Roundup, fabricado por la multinacional de Estados Unidos Monsanto (la reina de los transgénicos), cuyo elemento activo principal, es precisamente el mismo que están usando en las fumigaciones de cultivos ilícitos, es decir el glifosato, curiosa coincidencia.

Transgénicos

Se conocía que en marzo del 2008, el gobierno había recibido la solicitud de una empresa importadora para realizar experimentos con soya trans-génica. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Fores-tales (INIAF), supuestamente la única instancia que autoriza o rechaza

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el ingreso de transgénicos, y miembro del Comité Nacional de Bioseguri-dad, observó poco después que la mencionada empresa ya contaba con la autorización en el mes de abril (no dada o avalada por el INIAF), obser-vándose el insuficiente tiempo para las pruebas que avalen una eventual autorización (La Razón, 7 enero, 2009). Después de esta noticia, que más pareció un trascendido, no se volvió a saber de dicha situación y tampoco se volvió a destacar en la prensa al INIAF. De cualquier manera, parecía dar un indicio de la forma en que estaría siendo manejado el asunto.

El 2008, PROBIOMA, LIDEMA y otras instancias contrarias al ingreso de los transgénicos apoyaron la inicial medida precautoria de prohibición plasmada en la penúltima versión de la nueva CPE. Para sorpresa de mu-chos, la última versión aprobada en las sesiones del Congreso Nacional en La Paz, es decir, la mención de prohibición, había sido levantada y en su lugar se abría la puerta para una “regulación por Ley” (Art. 409). Posible-mente, a pesar de lo controversial de la decisión, puede haber obedecido a una medida realista o incluso de aceptación fatalista, dado que ya algu-nos años antes de la redacción de la nueva CPE, los transgénicos habían invadido el agro cruceño y se expandían en los campos soyeros cruceños. Como se mencionaba al inicio de este capítulo, la realidad es que a media-dos del 2009, más de un 70% del área cultivada soyera correspondía a variedades transgénicas (ANAPO, agosto 2009).

En esta línea, y prescindiendo de cualquier regulación y aplicación de las normas, la feria agrotecnológica “Vidas 2009” fue la plataforma para presentar una nueva variedad de soya transgénica con tiempo rápido de maduración y rendimiento superior a otras variedades. La FCZ 3005 RG (nombre provisional) es la cuarta variedad de soya transgénica que se lanza en el país y es considerada de ciclo precoz, porque su periodo de maduración toma 100 días en verano y 91 en invierno, indicó Raúl Amaral, Presidente de la Fundación para el Desarrollo Agrícola de Santa

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Cruz (FUNDACRUZ), entidad encargada de la organización (El Día, septiembre 2009). Se adapta a las zonas norte y este del departamento, las dos grandes regiones de cultivo de Santa Cruz. Esta era una de las novedades del evento realizado entre el 9 y 10 de octubre en el centro de FUNDACRUZ, ubicado en el kilómetro 40 en la ruta entre Warnes y Montero (El Día, septiembre 2009).

La soya modificada tiene una particularidad en la discusión ambiental: la variedad transgénica, que forma parte de un paquete que supuestamente tendría algunos aspectos ambientales positivos, y que ha suscitado más de una discusión (Gudynas. com. per. a LIDEMA, 2009). La siembra directa es una práctica que deja el rastrojo de cosechas anteriores y de las malezas en la tierra cultivada (no lo remueve ni quema) y, por tanto, protege el suelo del efecto erosivo. El problema de la siembra directa es que favorece la aparición y rebrote de las malezas, lo cual obliga al uso de herbicidas, pero que normalmente ocasionan también daños a las plantas cultivadas. Ante esta situación, los productores que adoptan la siembra directa, se ven en la necesidad de usar las variedades de soyas transgéni-cas (p.e la round up ready o “rr”), que es específicamente resistente al efecto de los herbicidas como el glifosato, lo cual permite un uso masivo de estas sustancias nocivas. A pesar de estas repercusiones, este modelo producti-vo ha sido injustificadamente señalado como ecológico considerando solo la protección del suelo.

etanol

Ya hemos hecho referencia a la falacia del ambientalismo de libre merca-do, de favorecer la reducción del calentamiento global y el cambio climá-tico, por ende “salvar al planeta”, con la producción y consumo masivo de etanol (y biodiesel), discurso que recibió una fuerte promoción como alternativa energética “ecológica” y “sustentable” por parte de las corpo-

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raciones del oriente y de los grandes ingenios azucareros-alcoholeros. En lo que respecta al ámbito nacional, al igual que en el caso del biodiesel, se usa el etanol para “tocar” una fibra más sensible y hasta creíble, tema económico relacionado al gasto público en la importación de diesel o ga-solina. En este caso, tocar fibras económicas sin duda puede dar mejores resultados que recurrir al discurso “ambientalista” o verde, de reducir las emisiones a la atmósfera.

A pesar de la situación coyuntural de reducción de la oferta y abasteci-miento de azúcar en relación al incremento de la demanda internacional , los ingenios azucareros de Santa Cruz están ingresando de manera pro-gresiva en la producción de subproductos como la melaza, el alcohol para distintos usos, incluido el etanol como base para los biocombustibles (Or-machea, 2010). Parte del desabastecimiento local pudo deberse, además del contrabando, a una mayor producción de alcohol.

Precisamente, en esta línea, el ingenio GUABIRÁ ofrece etanol para ate-nuar la escasez de gasolina en el país. En dos o tres meses, pueden subir de 60 a 100 millones de litros, de acuerdo con la información del Presiden-te del Grupo, Mariano Aguilera (elnuevodía.com, abril 2009). El alcohol anhidro puede ser mezclado con la gasolina y se ofertaría un combustible de mayor octanaje al mercado nacional, aseguró al señalar que el produc-to que ofrecen es de 115 octanos (85 octanos es el mínimo requerido). “Va a mejorar la gasolina tremendamente”, puntualizó el ejecutivo, al asegurar que GUABIRÁ ya aumentó la capacidad de molienda, de producción de alcohol y de azúcar, en tanto la siembra de caña también ha sido ampliada. (elnuevodía.com, abril, 2009). Esto, además, ha favorecido la creciente mecanización de la cosecha de caña, en especial, de los grandes y media-nos productores, lo cual ha incrementado notablemente la eficiencia y rentabilidad de la cosecha (La Razón, 18 abril 2009).

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Es necesario analizar algunos elementos sociales relacionados al tema del etanol, que en parte fueron abordados en el capítulo referido al Complejo Agroindustrial del Norte de La Paz y que tienen plena vigencia en nuestro colosal vecino, primer productor y exportador de etanol del mundo, el Brasil. El modelo de desarrollo cañero y de producción de etanol del Brasil enfrentó un conflicto social severo en marzo del 2009 (Le Monde Diplo-matique, abril 2009). Causaba alarma el rumbo del tratamiento social que está llevando la fiebre de los biocombustibles en el vecino país: En la déca-da de los 80, un obrero cañero cortaba cerca de cuatro toneladas de caña al día. Hoy el rendimiento es de más de 10 toneladas de caña al día, y algunos tra-bajadores alcanzan records de hasta 25 toneladas al día. Un ritmo de trabajo difícil-mente soportable para el organismo humano, equivalente a correr una maratón diaria. Las afecciones musculares, problemas de articulaciones, lumbagos, calambres, deshidratación y la desnutrición son comunes en la mayoría de los cortadores de caña. Algo que deja secuelas a largo plazo. Incluso existen casos de muerte por agotamiento (Le Monde Diplomatique, abril 2009).

Adicionalmente, en el caso de la caña transgénica, deben cortar una su-perficie o tonelaje mucho mayor, por el menor peso de este producto (Vi-llegas y Vargas, PetroPress Nº 14, marzo 2009). Estos “esclavos” de la plusvalía cañera, además de la explotación física extrema –“equivale a correr una maratón diaria”- son asalariados temporarios que sólo son con-tratados para las épocas de cosecha (Revelli, P. 2009; Le Monde Diplo-matique, abril 2009). Esta es la realidad de la “energía verde” y “salvadora del planeta” que tanto predican los profetas de los biocombustibles, ya sea en Brasil o aquí en Bolivia. En relación con lo que podría considerarse comercio justo y equitativo, tan de moda ahora, especialmente entre los países de la Unión Europea, parece que no se toma en cuenta, o no se conoce el padecimiento y la explotación social que implica mover un au-tomóvil con 25% del preciado etanol.

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Sin embargo, esto parece ser temporal, dada la tendencia a la mecaniza-ción en la cosecha de caña, en especial en grandes factorías y empresas, existe la amenaza de liberar a los esclavos zafreros de la noche a la maña-na. En el Brasil, es un hecho y también ya lo es en Bolivia, con lo cual, por lo menos se podrá dejar de lado la falacia del discurso demagógico de que “lo mejor de todo es la gran cantidad de empleos que genera el modelo caña-etanol”. Sólo hasta el año 2000, la agroindustria cañera del Brasil en la región de Sao Paulo habría eliminado 700.000 empleos por la creciente mecaniza-ción (que es mayor en los últimos años), en tanto que en el caso de la soya, por cada 300 hectáreas, se crean únicamente entre 1 a 4 empleos (Villegas y Vargas, PetroPress Nº 14, marzo 2009).

Una noticia generada en Santa Cruz (El Día, abril 2010) mencionaba lo siguiente: “En los cañaverales que años atrás se llenaban de miles de zafreros, hoy aparecen gigantescas cosechadoras que en cuestión de minutos cortan hasta una hectárea de caña.”. Cada máquina puede cortar hasta 600 toneladas por día; para hacer el trabajo a mano, se necesitan unos 120 zafreros, cada uno corta de dos a tres toneladas por día. En la zafra del año pasado, 72 de estas cosechadoras estaban repartidas por los cañaverales cruceños; para la campaña de este año han llegado otras diez más. La noticia re-ferida menciona también la percepción de una migrante de 24 años que llegó con su marido a la localidad de Mineros, quien temía quedarse sin empleo en esta zafra, debido al aumento de la mecanización. Aún no se conocen estadísticas sobre el desempleo de zafreros en las zonas cañeras de Bolivia, pero sin duda ya se constituye en una problemática social que elimina el discurso demagógico de la generación masiva de empleos. El sector empresarial cañero, ha pretendido hacer creer al público, que igual número de zafreros desplazados por la mecanización, que es muy elevado, ya habrían asumido otro tipo de trabajos en los ingenios (La Razón, 18 abril 2010).

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Critica à certificação do etanolData: Segunda, 29 Junho, 2009Tópico: AgrocombustívelEntrevista com Bruno RibeiroFonte: setor de comunicação da comissão pastoral da terra pt ne2

O Governo Federal anunciou a assinatura do “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar”. De acordo com o Governo, a iniciativa visa garantir “melhores práticas” nas relações de trabalho no monocultivo. Em entrevista a Comissão Pastoral da Terra, o advogado Bruno Ribeiro Paiva – que há 18 anos atua em defesa dos trabalhadores canavieiros e com entidades que os acompanham como a CPT e a Fetape (Federação dos Trabalhadores na Agricultura de PE) – faz criticas ao acordo e questiona a sua eficácia para modificar as relações de trabalho na produção da cana. “Não enxergo nada nos termos do acordo e na forma como foi construído que me dê qualquer esperança de que vá contribuir para mudar esse quadro de escravidão e/ou de trabalho degradante que cresce, ano a ano, nos canaviais brasileiros.” Afirma Bruno Ribeiro.

Nos últimos anos, com a expansão indiscriminada do etanol e dos canaviais, com a ampliação da super-exploração dos trabalhadores e do trabalho análogo ao escravo, a sociedade brasileira e diversas forças em todo o mundo têm denunciado esses fatos e exigido mudanças. Entendo que este acordo foi uma tentativa de responder a essas denúncias e reivindicações. Mas é uma resposta tímida e até acanhada, sem o poder de gerar mudanças significativas nas condições de trabalho e de vida dos canavieiros e, muito menos, na questão ambiental, pois esta não foi tratada no acordo.

No ano passado, andamos 1.500 quilômetros nos canaviais paulistas, ouvindo canavieiros, entrando nas suas casas, adentrando nos seus locais de trabalho, escutando setores organizados da sociedade que acompanham a sua vida e a sua luta bastante difícil, como tão bem sabemos. Em geral, praticamente definindo um padrão, encontrei em São Paulo o centro mais desenvolvido do setor sucroalcooleiro brasileiro, uma situação muito distante que uma certificação pudesse atestar como detendo níveis satisfatórios de qualidade de trabalho, de vida e de preservação ambiental. E se em São Paulo o caminho ainda é bastante longo, no Nordeste e no Centro-Oeste, nas condições atuais, ainda é mais fictício e irreal se pretender uma certificação de boas práticas, de trabalho decente e de segurança ambiental. Olhamos as piores condições possíveis. No trajeto, no trabalho, na habitação e na qualidade de vida. Quase todos declaram que apenas se afastam de suas famílias para ir aos canaviais paulistas porque não possuem alternativas de trabalho e renda em suas regiões. A maioria declara que, ainda por cima, o ganho maior em São Paulo é ilusório porque o alto custo de vida naquele estado, sobretudo em alimentação e moradia, captura boa parte do salário que o migrante sonhava em remeter para a família.

Para que a produção do etanol deixe de violar os direitos dos cidadãos que trabalham e/ou moram nas proximidades das usinas, bem como ao meio ambiente, precisa-se mudar o modelo como o etanol é produzido no País, assim como a prática histórica por parte da maioria das empresas brasileiras. Mas para realizar essas mudanças, antes tem de se mudar as atitudes e a ação do Estado brasileiro, nos seus vários níveis.

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Respuesta

Ante la avalancha mediática y de organización de eventos como foros y simposios que impulsaron las corporaciones de los agronegocios del oriente, comparativamente, fueron muy escasas las expresiones contes-tatarias para rebatir la avalancha propagandística de los biocombusti-bles. La cobertura de los simposios, foros y declaraciones del IBCE y las corporaciones en torno a los biocombustibles por los medios escritos de prensa nacional, fue intensa y permanente. En todos los casos, dicha cobertura fue nada más que informativa y, en pocos casos, se observó una profundización en el análisis o la reflexión del tema. La campaña de las corporaciones tuvo además plena cobertura por medios especializados como ReporteEnergía o EnergyPress.

Desde el Estado, se pueden destacar las posiciones iniciales del gobierno central en contra de los agrobiocombustibles y a favor de los recaudos ambientales y la seguridad alimentaria, tal el caso de las declaraciones del Viceministro de Ciencia y Tecnología el año 2009, pero que parecían cambiar de tono el 2010. En una línea similar de oposición y de precau-ción ante los biocombustibles, se dieron las declaraciones del entonces Viceministro de Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, el 2008 (El País, junio, 2008), quien observó que la campaña a favor del uso de biocom-bustibles es mucho más fuerte, sobre todo porque algunas instituciones ligadas a los agropecuarios del oriente hicieron eco del planteamiento del ex-presidente Bush, cuando visitó Guatemala, Brasil y varios países de Latinoamérica, con el objetivo de promover la producción de agrobio-combustibles en el año 2007. Dos opiniones vertidas por el Viceministro de Medio Ambiente fueron:

y “Hay una presión de ciertos grupos ligados a la agropecuaria de Oriente por in-centivar la producción de agro combustibles” y añadió “en un principio hablaban

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de soya y otros productos agropecuarios y después de recibir una andanada de críticas en términos de seguridad alimentaria, han comenzado a variar el discurso hacia productos alternativos como la palma africana”.

y “El gran negocio incentivado por EE.UU. y algunas empresas trasnacionales de las automotrices, petroleras y de las empresas de transgénicos, debería ser rela-tivizado en términos de generar un debate profundo al respecto y demostrar las implicancias en nuestro país. Esta corriente muy fuerte que viene de la CAINCO, fundamentalmente, con estudios aparentemente sólidos debe llevarnos a que cada uno de los puntos los reflexionemos con mayor incidencia teórica, cualitativa y cuantitativa”.

Estas declaraciones correspondían al 2008 y con seguridad la posición se mantuvo a lo largo del 2009, pero se desconoce al momento cual es la posición actual en el Viceministerio de Medio Ambiente (Autoridad Ambiental Competente del país) respecto del tema y qué nivel de con-cordancia o contraposición existe respecto al Viceministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Rural.

Tiene mucha relevancia lo expresado en el discurso del Ministro de Re-laciones Exteriores, David Choquehuanca, durante la Reunión del Buro Ministerial del Movimiento de Países No Alineados, realizado en Cuba en abril del 2009: “Las soluciones a la crisis energética, alimentaria y del cam-bio climático tienen que ser integrales e interdependientes. No podemos resolver un problema creando otro. Por ejemplo, generalizar el uso de biocombustibles sólo puede incidir negativamente en los precios de los alimentos y en la utilización de recursos esenciales como el agua, la tierra y los bosques”. Palabras históricas, pero que pueden quedar solamente en el discurso, dada la postura actual del go-bierno hacia una mayor flexibilidad.

En resumen, se puede afirmar que la posición del gobierno central está siendo ambigua y vacilante. Las manifestaciones más directas y de oposi-

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ción a la producción de biocombustibles vinieron inicialmente desde los estamentos superiores del Gobierno, aunque siempre con rasgos dualistas y contradictorios. Como ejemplo está la Ley del Complejo Agroindustrial del San Buenaventura que habla abiertamente de la producción de bio-combustibles. Por su parte, la posición del Gobierno Departamental de Santa Cruz (y sin duda de otras gobernaturas) es totalmente favorable a los biocombustibles, en tanto que la Autoridad Ambiental Competente Departamental (de Santa Cruz) no se ha manifestado en absoluto.

Existe una remota posibilidad de que el gobierno central, en consecuencia con sus principios fundamentales, dé la espalda al modelo de desarrollo netamente economicista y marginador crónico de los temas socio ambien-tales, y no abra la puerta a proyectos de biocombustibles, lo cual debería además implicar el rebatir la amplia y favorable predisposición que tiene el Gobierno Departamental de Santa Cruz al tema.

Un ejemplo de la tremenda asimetría entre la arremetida de la soya-bio-diesel y lo magro respecto de los usos alternativos alimenticios del “grano de oro” es el siguiente: Ocurrió cuando se anunciaba, desde el Viceminis-terio de Ciencias y Tecnología, que la producción de soya “ingresaba en una nueva etapa de industrialización”, en principio, para abastecer al mercado interno y aprovechar todas las bondades nutricionales del producto. Se hablaba de los derivados de la soya: la leche, carne de soya, cereales y oleaginosas, entre otros (El Diario, diciembre, 2009). Al mismo tiempo, la ANAPO, no perdía el tiempo y ponderaba el trabajo del grupo de damas voluntarias “Soya y Vida”, que lleva adelante una labor integral a favor de diferentes hogares e instituciones sociales de Santa Cruz de la Sierra y las provincias, en las áreas de salud, calidad de vida, recreación, infraes-tructura y fomento a la alimentación con Soya (hoybolivia.com. diciembre 2009). Ponderando las buenas intenciones de las damas voluntarias y el sentido de oportunidad de la ANAPO, es importante reflexionar sobre la

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procedencia de la materia prima, dado que el 70% de la soya cultivada en el oriente de Bolivia se basa en semillas transgénicas y cada año se pro-mocionan nuevas variedades y semillas en las ferias de Santa Cruz. Cabe desde luego manifestar que existe una elevada incertidumbre sobre qué proporción de estos “nobles” alimentos derivados de la soya tiene mate-riales transgénicos, algo en lo que las oficinas de salud deberían prestar atención, considerando además que una buena parte de estos alimentos tiene como destino el desayuno escolar.

No se han podido constatar pronunciamientos o declaraciones recientes de las organizaciones de base, indígenas y originarias, específicamente en contra de los biocombustibles y en especial referencia a la intensa pro-moción que las corporaciones agroindustriales realizaron el 2008-2009. Únicamente se podía destacar que en octubre del 2009, las organizaciones indígenas de América, en el Foro Social Mundial 2009, se movilizaron y pronunciaron contra: ”la mercantilización de la vida (alimentos, agua, biodiver-sidad, bienes naturales); contaminación y depredación, agrocombustibles y transgé-nicos” (AINI/Momivientos.org, 9 octubre 2009).

Por su parte, la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto, al embate corporativo de los agronegocios, fue comparati-vamente magro, debiendo destacar de cualquier forma, las acciones sis-temáticas de denuncia y reflexión de las organizaciones PROBIOMA, LIDEMA, PETROPRESS-CEDIB y el CEDLA, entre otras. A manera de autocrítica se debe mencionar que las manifestaciones de las organiza-ciones de la sociedad civil se dieron mayormente a nivel de texto escrito, ya sea como libros o artículos, y siempre de forma aislada, sin llegar a con-formar algo parecido a una plataforma o un movimiento. En ningún mo-mento del 2009, se llegaron a organizar eventos (seminarios, foros, mesas redondas, etc.) de reflexión y debate que rebatan y orienten a la sociedad. No hubo ni remotamente algo parecido al activismo y, en cierto sentido,

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predominó la pasividad y la crítica intelectual expresada en algunas revis-tas, semanarios o boletines especializados. Tampoco se llegó a conformar algo así como un frente entre las organizaciones civiles y las organizacio-nes sociales de base, a pesar de que manejaban un discurso muy afín. Po-siblemente, el factor económico fue limitante para concretar este tipo de acciones, aunque podría haber otras causales. Por otra parte, las acciones de las organizaciones de la sociedad civil fueron esencialmente aisladas, otro elemento que difiere de la arremetida de las corporaciones, las cuales desarrollaron sus acciones de forma coordinada y colectiva.

Entre las iniciativas agroecológicas, continuó destacando la labor de PROBIOMA, que desarrolla el Programa de Manejo Responsable de la Soya, el cual abarca a un conjunto creciente de pequeños productores soyeros del Departamento de Santa Cruz (PROBIOMA, Ed. Nº 7, junio 2009), bajo el principio de pleno rechazo a la tecnología transgénica, la lógica de liberación de la dependencia de los agroquímicos y la asistencia técnica en la producción orgánica. Paralelamente al trabajo de PROBIO-MA, se debe resaltar la labor de las pequeñas asociaciones de producto-res, así como los esfuerzos de trabajo en red con productores e instancias técnicas de otros países vecinos.

Conclusiones del III Encuentro de La Alianza Internacional de Pequeños Productores de Soya y de Agricultura Familiar, realizado en la ciudad de Asunción-Paraguay, entre el 22 y el 24 de abril del 2009 (Fuente: PROBIOMA, abril, 2009): La crisis alimentaria, ambiental, energética y financiera que actualmente está afectando en todo el mundo, está generando procesos de cambio social y económico en los países del continente. En este marco, los pequeños productores familiares, seguimos siendo el actor fundamental que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria, sobre la base de una agricultura responsable, solidaria, sostenible y sustentable, como una alternativa a los agronegocios, que han concentrado la riqueza en pocas manos y están llevando a procesos de desertificación y pérdida de la soberanía sobre la tierra y la extranjerización de los recursos naturales.

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Los procesos de integración regional que se están construyendo en el continente a partir de las propuestas de los movimientos sociales, como es el caso del TCP-ALBA, está siendo distorsionado por los operadores de los gobiernos suscriptores (Bolivia, Venezuela y Cuba), los cuales no están cumpliendo con los objetivos de operativizar las políticas de seguridad y soberanía alimentaria, al excluir y marginar a los pequeños productores limitando su apoyo y distorsionando el mismo, al promover la introducción masiva del cultivo de soya y maíz transgénicos, la adquisición de agroquímicos obsoletos y de alta toxicidad, la introducción de fertilizantes químicos y al promover la introducción de los agrocombustibles.

De este encuentro emanaron las siguientes exigencias:

El control social de las organizaciones, para evitar el fortalecimiento de los agronegocios que han llevado a la destrucción de los recursos naturales de los países. Por lo anterior, exigimos al gobierno boliviano una auditoría financiera a EMAPA y la reestructuración de dicha empresa, con la participación y el control social de las asociaciones de pequeños productores en las decisiones operativas, a fin de garantizar que se cumplan los objetivos relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria. Asimismo, exigimos al Gobierno Boliviano, que haga respetar las leyes que rigen en el país a la empresa venezolana GRAVETAL, la misma que está promoviendo la violación a las leyes y normas vigentes en Bolivia, al inducir el uso de transgénicos y agrocombustibles.

Dicho encuentro hacía un llamado a las organizaciones sociales del continente, a fin de que promuevan acciones para establecer mecanismos de fiscalización a los operadores de las políticas de dichos gobiernos, con el propósito de garantizar que las políticas y acciones en seguridad y soberanía alimentaria, se cumplan.

Destaca el 2010, el aporte del Grupo de Trabajo de Desarrollo y Me-dio Ambiente en las Américas y de los expertos Mamerto Pérez, Sergio Schlesinger y Timothy A Wise, con la publicación: Promesas y Peligros de la Liberalización del Comercio Agrícola: Lecciones desde América. Algunas de sus numerosas y acertadas reflexiones han sido comentadas en puntos ante-riores. Una de sus conclusiones más importantes expresa: “El actual modelo de monocultivo de la soya es insostenible y origina un daño ambiental duradero. Así como la minería no regulada puede acabar con los recursos no renovables a cambio de sus ganancias de cortos plazo de las empresas privadas, también lo puede hacer la agroindustria a gran escala”.

En julio del 2010, el OBIE (Ormachea, 2010) edita el documento “Estado de situación y del debate sobre biocombustibles en Bolivia” (Bol. Nº 10.), un aná-

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lisis sucinto pero incisivo sobre el carácter crítico que reviste el tema, y de donde se pueden destacar dos conclusiones fundamentales al debate:

y “Tomando en cuenta la dualidad de discurso que ha manejado el gobierno del MAS, es probable que en el marco del acercamiento que existe entre el gobierno con los sectores agroempresariales cruceños y la actual gobernación departamental, este tema sea finalmente abordado y concretizado en el futuro próximo, mientras en el plano internacional se prosiga con el discurso de defensa de la Pachamama y de condena del capitalismo”.

y “El sector agroindustrial cruceño no cuenta con muchas tierras aptas para la producción agrícola, pues los suelos agrícolas arables sin limitaciones solamente ascienden a 16.840 km2 (1,5% del total de la superficie del país) por lo que la utilización de tierras para el desarrollo de cultivos articulados a la producción de biocombustibles tendría impactos negativos para la producción de alimentos”.

Algo importante a destacar es que los biocombustibles, especialmente previstos a partir de monocultivos de soya, palma africana o caña de azú-car, y a escala industrial, al representar un elevado riesgo para la estabi-lidad ambiental de muchas regiones ecológicas y medios de vida de las comunidades locales, contradicen y amenazan los postulados del la nueva Constitución Política del Estado, la cual en su Artículo 378, inciso I, men-ciona: “Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estra-tégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente”. La expansión de los biocombustibles a gran escala y bajo perspectivas empresariales amenaza la preservación del medio ambiente en el país. .

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BOLIVIA NO DEBERIA CAER EN EMULACIONES DE ALTO RIESGO AMBIENTAL Y SOCIAL Plataforma Energética del CEDLA, mayo 2010Marco Octavio Ribera Arismendi LIDEMAUna respuesta a André Amado, Subsecretario General de Energía y Alta Tecnología de la Cancillería brasileña

Existe una marcada tendencia al momento de ponderar las supuestas bondades de los biocombustibles y la agroindustria, de utilizar con extrema facilidad, cifras globales y datos macroeconómicos, que logran enmascarar las realidades locales y panfletizar el éxito productivo de los modelos la soya-biodiesel y caña de azúcar-etanol. El efecto es inflar las cifras de los PIB nacionales. La aparente bonanza de estas cifras macroeconómicas, no permite apreciar los costos ambientales y sociales que se ocasionan en los niveles locales o microregionales.

Se recurre además, no sólo a generalizar sin reparos, cifras, e incluso porcentajes, sino también espacios, como si el planeta fuera la superficie homogénea de una mesa sin continuidades ni diferencias, es decir, sin caer en cuenta en las particularidades y las condiciones limitantes que presenta cada zona o sector. Existe por tanto el riesgo de recurrir a extrapolaciones arriesgadas, desconociendo las notables asimetrías entre países y regiones, asimetrías que tienen que ver con diferentes dimensiones territoriales, fragilidad ecológica intrazonal, realidades históricas y culturales, acceso a capital y tecnología, etc.

Es lamentable que se trate de ensalzar a toda costa el modelo de desarrollo agroindustrial brasileño de los biocombustibles, denunciado por propios y extraños, como devastador y expoliativo, y que está lacerando la integridad ambiental y social de algunas de las regiones ecológicas más importantes de un precioso país (REPORTER BRASIL, 2008). Desde luego, el sugerir que dichos modelos devastativos deberían replicarse en otros territorios, va más allá y puede ser interpretado como de carácter casi invasivo o intrusivo, y como boliviano que ama su país, me opongo y manifiesto mi total desacuerdo. Estoy totalmente convencido de que millones de brasileros que sufren en carne propia y que denuncian a diario las tropelías de la agroindustria, estarían de acuerdo conmigo.

Se predica la eficiencia del sector agrícola moderno y eficiente, que podrá producir alimentos y bioenergía de manera sostenible. Pues bien, en una gran parte de Sudamérica, la primera propuesta, la de producir alimentos de manera sostenible, aún es un desafío pendiente a ser alcanzado, dado que el costo ambiental de los “modelos agrícolas modernos”, la resaca de la revolución verde, han teniendo y siguen teniendo elevados costos ambientales y sociales. Si tanta confianza se tiene en la magia de la modernidad para expandir monocultivos para biocombustibles sin ocasionar alteraciones ecológicas y ambientales, sería importante primero, ver demostraciones de la eficiencia de la agricultura moderna en producir alimentos de forma sostenible, vale decir sin ocasionar los descalabros de la base de recursos que se perciben en diversas regiones, no solo de Sudamérica sino del mundo. Si ello se empezaría a demostrar, entonces tal vez, estemos preparados para ver la eficiencia en la producción de bioenergía. Mientras tanto, son tan solo predicamentos basados en supuestos.

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La idílica figura de una convivencia armónica, entre monocultivos de commodities como la soya y diversos productos alimenticios, es al momento una figura mayormente hipotética en franca contradicción de lo que ocurre en diversas zonas agroindustriales como San Pedro, en Bolivia, Filadelfia en Paraguay, Formosa y el Chaco Argentino, San José en Uruguay, o Matogrosso do Sul. Esto no es nuevo y ya fue alertado por Honty el año 2007 (Honty/CLAES, 2007): Un efecto que se está comenzando a sentir es el impacto del mercado de los agro-combustibles en los precios de los alimentos y otros productos agrícolas. Esto está siendo influido, no sólo por la competencia por la cantidad de tierra dedicada al cultivo de uno u otro producto, sino por el impacto indirecto del aumento de los precios de la tierra, de los precios de los fertilizantes e insumos agropecuarios y del aumento de los precios internacionales de los mismos granos, que pueden tener usos alimentarios o energéticos, como el maíz, la soja o la caña de azúcar.

La agricultura e escala industrial y con cadenas productivas intensificadas, erosiona de forma muy sutil y progresiva, la seguridad alimentaria, especialmente de las poblaciones campesinas, proceso que obedece a la competencia de superficies de cultivo entre hortalizas y biocombustibles. El poder disuasivo del mercado, ocasiona que las pequeñas parcelas ocupadas originalmente por productos alimenticios, vayan siendo reemplazadas por los monocultivos, desde luego más competitivos monetariamente y por tanto más atractivos. Entonces, hay menos oferta local de alimentos y aumenta la importación desde otras regiones, puede ocasionar escasez, dependencia del comercio de los alimentos (fiesta para los comerciantes), se encarecen los precios de los alimentos y desde luego puede cambiar la calidad nutricional. Mucha gente tiene menor poder de acceso, parafraseando a Sen, dando como resultado, que no solo la seguridad alimentaria es afectada, si no también la autarquía y soberania alimentaria de las regiones. El último estudio de Pérez,Schlesinger y Wise, (2010) es por demás explícito al mencionar, que “Las industrias de soya de Sur América son las innegables ganadoras de la liberalización del comercio global, pero muy poco de sus beneficios favorecen a las comunidades rurales. Al basarse en altas tecnologías, la agricultura industrializada del monocultivo ha generado una declinación del empleo y los salarios a pesar del crecimiento de su producción”.

La argumentación de las corporaciones agroindustriales de Bolivia de que los pequeños productores campesinos, (los cuales en gran parte desarrollan sistemas de producción convencionales de tendencia cada vez más intensificada), pueden producir exitosamente biocombustibles (¿y alimentos al mismo tiempo?) tiene elevados riesgos para la seguridad y soberanía alimentaria, no solo de las regiones productoras sino de las propias familias, nuevamente replicamos que primero sería necesario demostrar la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de producción convencional, antes de empujar a los pequeños productores a la aventura del biodiesel o el etanol.

Shivaji Pandey, Director del Departamento de Producción y Protección Vegetal de la FAO, fue concluyente el año 2009, al referirse a la agricultura intensificada moderna: “En nombre de la intensificación, en muchas partes del mundo se ha arado, utilizado fertilizantes, regado y aplicado pesticidas en exceso, Pero al hacerlo así también se ha afectado en todos sus aspectos al suelo, el agua, la tierra, la biodiversidad y los servicios que proporciona un ecosistema intacto. Así se inició un declive el crecimiento de los rendimientos. Uno de los motivos del descenso de las tasas de crecimiento de la productividad estriba en la excesiva dependencia de los productores en un aumento de los niveles de insumos para aumentar la producción, ya que ello daña al suelo y los ecosistemas y hace descender el rendimiento”.

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Las cadenas productivas de la agricultura moderna, pueden parecer muy pujantes, y favorecer las cifras macroeconómicas, que tanto entusiasman a los neo-desarrollistas, lo que no se dice, es que estas cadenas favorecen mayoritariamente a los productores grandes y medianos, a los intermediarios, a los comerciantes de semillas y agroquímicos, pero muy poco a los pequeños productores. Este lacerante costo social y ambiental, no entra en las deducciones de las cuentas nacionales o del PIB. La competitividad de las cadenas productivas, tan halagadas por ciertas escuelas del desarrollo rural, llega a representar una de las peores caras del “darwinismo social”, condenando a miles de productores pequeños a la marginalidad de los “beneficios migajas” y de las estadísticas.

También se argumenta que la producción de los biocombustibles pueden recurrir a zonas degradadas, las cuales recuperar o “restaura”, este es otro supuesto que de ser cierto podría tener su mérito. Hasta el momento y precisamente en el Brasil, gracias a esta lógica, se ha dado lugar al “domino perverso”, donde la agroindustria soyera adquiere tierras degradadas, acondiciona su fertilidad con insumos de agroquímicos y las torna productivas para la soya. Meritorio efecto, si no supondría el hecho de que los antiguos propietarios ganaderos, trasladan sus hatos a nuevas zonas boscosas que son reemplazadas por pasturas, iniciando una cadena de degradación ecológica que ha puesto en la picota a las selvas de la amazonía. Los predicamentos simplistas tienen en general, penosos trasfondos ecológicos.

Bolivia no es Brasil, para empezar, tiene casi diez veces menos de superficie, por tanto la expansión de cultivos para biocombustibles sobre “millones de hectáreas disponibles”, pueden tener efectos desastrosos al mediano y largo plazo. De cualquier forma y a pesar del tamaño colosal de nuestro vecino, llama la atención que existan comentarios diversos en la WEB que proclaman un “Brasil con espacio de sobra para expandir su agricultura industrial”. A pesar de que esto podría sonar a verdad, considerando su colosal superficie, miles de brasileros concientes no están de acuerdo con esas aseveraciones simplistas y denuncian por diversos medios, la tremenda devastación de los ecosistemas del Cerrado, la Amazonía y los remanentes de la Mata Atlántica.

Sin duda, Bolivia puede enorgullecerse de sus diversas formas de agricultura tradicional, fundamentada en la pervivencia de valores culturales ancestrales como el respeto a la tierra, prácticas de bajo costo ambiental o la conservación de su rica agrobiodiversidad, donde no prima la competitividad, sino la solidaridad y la reciprocidad, algo que desde luego también queremos compartir, especialmente en épocas históricas acuciantes, donde la demencial ansiedad de producir y acumular capitales del agrobussines, está agobiando al planeta hasta más allá de sus límites.

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Lista de Siglas ALBA Alianza Bolivariana de los Pueblos de América

ANAPO Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CAINCO Cámara de Industria y Comercio

CAN Comunidad Andina de Naciones

CAO Cámara Agropecuaria del Oriente

CIAT Centro Interamericano de Agricultura Tropical

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

IBAMA Instituto Brasilero de Medio Ambiente

IBCE Instituto Boliviano de Comercio Exterior

IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana

INE Instituto Nacional de Estadística

LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente

INIAF Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

OGM Organismo Genéticamente Modificado

PROBIOMA Productividad, Biosfera y Medio Ambiente

SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria

TLC Tratado de Libre Comercio

TCP Tratado de Comercio de los Pueblos

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Los frutos amargos de la Palma Africana

Sarah FriederichMayo 2010

Plantaciones de palma africana en Indonesia (Oka Budhi, Greenpeace)

En Malasia e Indonesia, la producción de aceite de palmera está pasando actualmente por un verdadero auge, debido a la lógica de los biocombus-tibles y la creciente demanda desde la Unión Europea y otros países. Uno de los lugares más afectados por el rápido crecimiento de la extensión de las plantaciones de palma africana es el estado de Sarawak, en Malasia, que se encuentra en la isla Borneo y que tiene una superficie parecida a la del departamento de La Paz.

Sarawak y Borneo, en general, son originalmente tierras cubiertas com-pletamente por selva tropical; pero, grandes extensiones de la selva han sido deforestadas, dando lugar a millones de hectáreas de plantaciones de palma africana, con impactos ambientales y sociales devastadores (Col-chester et al. 2007). Según las estadísticas el año 2006 las plantaciones de palma africana en Sarawak ocupaban 600.000 hectáreas y en el año 2010 llegaron a 750.000 ha. (Adnan 2010; Colchester et al. 2007, p. 21). Los

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planes ambiciosos del gobierno de Sarawak prevén la expansión de las plantaciones a un ritmo acelerado de 60.000 – 100.000 hectáreas por año, sobre todo en tierras que pertenecen a los pueblos indígenas (2007, p. 2).

En Sarawak la mayoría de la población es indígena, este Estado cuenta con aproximadamente 40 grupos étnicos diferentes. Uno de ellos es la etnia de los Penan, un pueblo que tradicionalmente vivía como cazadores-recolectores nómadas en la extensa selva. Si bien hoy en día casi todos los Penan son sedentarios, todavía dependen en gran medida de los recursos de la selva para su subsistencia. La selva, además, tiene una importancia fundamental para su identidad cultural; pero el estilo de vida de los Penan está cada vez más en peligro de desaparecer, y con él un conocimiento impresionante sobre la selva (Friederich 2009).

La Constitución de Malasia otorga autonomía a los diferentes Estados en lo que concierne a la gestión de los recursos naturales. En Sarawak esto ha favorecido el surgimiento de una élite política cuyo poder está basado en la explotación de los recursos naturales, y que domina la economía desde hace más de treinta años. Aunque los pueblos indígenas forman la mayoría de la población, tienen muy poco acceso a cargos políticos. Una gran parte del territorio de Sarawak pertenece a los indígenas, quienes lo gestionan con su derecho consuetudinario llamado adat. La constitución de Malasia reconoce esta pluralidad de sistemas judiciales, y también el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno del Estado de Sarawak ha cambiado el sentido de estos derechos, interpre-tando el derecho de tierra no como un derecho de propiedad, sino como un derecho de uso de tierras que en realidad pertenecen al Estado. Bajo una política llamada el “Nuevo Concepto” (Konsep Baru) implementada por el gobierno de Sarawak desde 1994, se espera que los indígenas entre-guen sus tierras durante 60 años al gobierno, para que éste las desarrolle en sociedades anónimas con empresas privadas. Como compensación, los

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indígenas teóricamente tienen el derecho de recibir el 30% de las ganan-cias de la sociedad anónima; pero, sin embargo, muchas veces no reciben las compensaciones adecuadas. Esta situación ha causado muchos con-flictos sobre tierra, ya que los derechos de los pueblos indígenas están siendo vulnerados y los indígenas pierden sus tierras, que al final benefi-cian a empresas madereras y empresas de plantaciones de palma africana (Colchester et al. 2007).

Bloqueo de un camino maderero por los Penan (BMF - Bruno - Manser - Fonds)

Los pueblos indígenas de Sarawak y, sobre todo, los Penan que dependen para su supervivencia de la existencia de una selva intacta, tienen una larga historia de lucha y de reivindicaciones. Desde los años 80 este grupo étnico ha hecho repetidos bloqueos de caminos madereros, en un intento desesperado de salvar los últimos pedazos de selva intacta. La respuesta del Estado siempre ha sido una represión fuerte, con medidas como la detención de las personas que se atrevían a protestar (Friederich 2009). Hoy, en los tribunales de Sarawak, hay más de 100 juicios de indígenas contra empresas madereras y de plantaciones (Colchester et al. 2007). En los últimos años, algunas comunidades han ganado estos juicios, ya que los jueces consideraban que las empresas están vulnerando la con-

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stitución, que reconoce claramente el derecho de tierra de los pueblos indígenas. Sin embargo, las sentencias de estos juicios no son siempre re-spetadas, como muestra el caso reciente de la comunidad Sungai Sekabai del pueblo Iban: En enero de 2010, veinticinco casas han sido destruidas sin ningún aviso previo por las fuerzas armadas y la policía, con el fin de hacer lugar para una plantación de palma africana; no obstante que esta comunidad había ganado un juicio a su favor en el año 2001 (BMF 2010).

Los impactos ambientales y sociales de las políticas de expansión de las plantaciones de palma africana son devastadores: A estas alturas ya casi no queda nada de selva intacta en Sarawak, excepto unos parques nacio-nales. Existe una pérdida de biodiversidad enorme, además de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) muy altas, sobre todo en los casos donde se quema selva que crece en tierras turbosas (BMF 2009). Con la desaparición de la selva, existe también, una enorme pérdida de conoci-mientos e identidades culturales, más aún de pueblos que viven tradicio-nalmente del bosque, como los Penan. El proceso de cambio cultural es to-davía acelerado por la presencia de trabajadores extranjeros que trabajan para las empresas madereras y de plantaciones, que no respetan los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a la tierra, a la consulta previa o a ser representados por las propias autoridades, son sis-temáticamente violados; estos derechos figuran también entre los criterios del RSPO, Roundtable on Sustainable Palmoil – Mesa Redonda Sobre Aceite de Palma Sostenible, un estándar de producción de aceite de pal-mera aceptado a nivel internacional. El resultado son conflictos sobre la tierra y una situación de mayor pobreza e inseguridad alimentaria entre los pueblos indígenas, ya que pierden la capacidad de sustentarse así mis-mos y a sus familias (Colchester et al. 2007; Friederich 2009).

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Bibliografía:ADNAN, HANIM 2010: More Costly to Plant Oil Palm in Sarawak. The Star, 22 de

marzo de 2010. http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2010/3/ 22/business/5897690&sec=business, consultado el 22 de marzo de 2010.

BMF 2009: Palmöl zerstört den Regenwald (Aceite de Palmera está Destruyendo la Selva). Tong Tana (Septiembre 2009). Basilea: BMF [Bruno-Manser-Fonds].

— 2010: Malaysian Authorities Destroy Borneo Rainforest Village. 20 de enero de 2010. http://www.bmf.ch/en/news/?show=195, consultado el 22 de marzo de 2010.

COLCHESTER, MARCUS, AIK PANG WEE, MENG CHUO WONG, y THOMAS JALONG 2007: Land is Life. Land Rights and Oil Palm Development in Sarawak. Moreton-in-Marsh y Bogor: Forest Peoples Programme y Sawit Watch.

FRIEDERICH, SARAH 2009: Literaturschau zum Thema Indigene in Sarawak (Malaysia) im Spannungsfeld zwischen Anpassung an die Moderne und traditioneller Lebensweise (Resumen de Literatura sobre el Tema Indígenas en Sarawak (Malasia) en el Área Conflictiva entre Adaptación a la Modernidad y Forma de Vida Tradicional). Berna: Universität Bern, Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie.

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Extensas superficies desboscadas para el cultivo de soya en la Amazonía brasilera (Rondonia) cerca de la frontera con Bolivia. Foto M.Ribera LIDEMA

Expansión de la frontera soyera en el noreste de Santa Cruz. Fuente M.Liberman

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Cultivos agroindustriales menonitas en la Amazonía beniana. Foto M. Ribera LIDEMA

La expansión de cultivo de caña o palma africana para biocombustibles es un alto riesgo para el norte de La Paz. Foto E.Veliz PRODENA

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La expansión de cultivos para agrobiocombustibles es la principal causa de pérdida de biodiversidad a gran escala. Fuente google earth

Avance de monocultivos de soya sobre el bosque chiquitano al este de Laguna Concepción. Fuente google earth

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Intensa actividad agroindustrial en torno a la laguna Concepción, un sitio RAMSAR. Fuente google earth 2006

Expansión de la agroindustria y captaciones de agua del arroyo Quimone. Fuente google earth

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Después de algunos años de producción muchos terrenos de cultivo de palma africana quedan devastados. Fuente National Geographic (Borneo)

A los desiertos biodiversidad iniciales, siguen los verdaderos desiertos del milagro industrial de la palma africana. Fuente frikinai. spaces. live.com

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COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE SAN BUENAVENTURA

PROBLeMÁTicA SOciO AMBienTAL deL MeGAPROYecTO cOMPLeJO

AGROindUSTRiAL de SAn BUenAVenTURA

estado

Los antecedentes del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura (CAISB), se remontan a la década de los años 70 a partir de una rei-vindicación desarrollista cívico-regional que, en esencia no ha cambiado después de más de 30 años, a pesar de la modificación del contexto y es-tructura de la figura Republicana hacia un Estado Plurinacional.

Hasta antes de la intervención de las oficinas de Colonización y Reforma Agraria y posterior promulgación de Ley INRA, el Estado había perdido absolutamente el control sobre el proceso agrario y de dotación de tierras. La creación de la Reserva Forestal de Inmovilización Abel Iturralde en 1991, no tuvo mayores repercusiones en los años siguientes, y el proceso forestal recién pudo ser encaminado a partir de la emisión de las normas forestal y agraria. Considerando que la carretera entre San Buenaventura – Ixiamas, fue construida entre 1976 y 1991, y que la primera oleada de colonos se produjo en la década de los 70, los barbechos más antiguos que ocasionalmente aparecen como bosques secundarios, provendrían de está época (30 a 35 años).

El CAISB fue impulsado nuevamente el año 2006, sobre la pobrísima base técnica y financiera del Estudio de Factibilidad elaborado por la en-

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tonces prefectura ahora gobernación de La Paz (gestión José Luis Pare-des), volviendo a circular dicho documento el año 2008, sin correcciones ni ajustes. El siguiente recuadro resume las proyecciones del 2006 para el CAISB.

Fuente: Estudio dE Factibilidad técnico-Económico-FinanciEro dEl “ingEnio azucarEro dEl nortE” (preFectura de la paz, 2006)

Asume una productividad de 65 Tn/ha., que el inicio de siembra/cosecha de caña sobre 2.500 has., empezaba el año 2010, la extensión total del complejo agroindustrial está prevista en 17.500 hectáreas, con 12.550 hectáreas para fines de cultivo.

Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz (medios de prensa, 2007)

La molienda procesará 5.000 toneladas de caña por día. Esto significa que se producirán al día: 14.000 quintales de azúcar orgánica, 50.000 litros de alcohol carburante, 50.000 litros de alcohol potable, 5.000 KW por hora de energía eléctrica, 120 toneladas de bagazo hidrolizado, bioabono de cachaza, melaza, chancaca y alimento balanceado para el ganado.

PERÍODO DE ZAFRA: 120 días

TRANSITABILIDAD: Todo el año

DISPONIBILIDAD DE TIERRA PREFECTURA DE LA PAZ: 4.500 hectáreas

SUPERFICIE AGRICULTORES DE LA ZONA: 6.500 hectáreas

GENERACIÓN DE EMPLEO: 6.129 trabajos para la zafra; 573 para el mantenimiento agrícola; 1.067 para el proceso industrial; y 33.596 empleos indirectos.

En el estudio preliminar del VMDRA-UCIP/UPAAP, 2008, se proyecta una superficie total de producción de 12.500 hectáreas en los tres municipios (San Buenaventura, Ixiamas y Rurrenabaque), de los cuales 2.500 has., serán manejadas por el municipio de San Buenaventura en forma directa y 10.000 has., serán manejadas por los pequeños productores en los tres municipios, para lo cual está previsto que cada familia beneficiaria produzca entre 3 a 5 hectáreas de caña de azúcar. Para el inicio de la producción se habilitará el 50% de la superficie, haciendo un total de 6.250 has., en forma progresiva, en los tres municipios durante los primeros tres años, posteriormente se completarán hasta las 12.500 hectáreas, en los diez años que dure el proyecto. La superficie de producción estará distribuida por municipio y por número de productores, en los tres municipios alcanzarán a 1.600 pequeños productores aproximadamente, la distribución de las parcelas será en cajones, los que tendrán diferentes superficies siendo el ideal de 5 hectáreas. El “Complejo Agroindustrial San Buenaventura”, tendrá una capacidad máxima de 4.500 Toneladas/día; en su primera etapa de 1.800 Tn de caña de azúcar de molienda diaria, representando el 40% de su capacidad máxima; en una segunda etapa se permitiría ampliar la capacidad de la molienda, aproximadamente a un 20% más y; la última etapa se llegaría a una capacidad de molienda de 3.082 Tn/día.

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Nótese en el recuadro anterior que existen varias incongruencias entre la información de la prefectura y el estudio de factibilidad del Viceministerio de Desarrollo Rural (VMDR); por ejemplo, en cuanto al número de hec-táreas de habilitación. El estudio del VMDR fue aún más inconsistente que el elaborado por la prefectura, llegando a carecer de un análisis de suelos entre varias otras falencias. Este estudio mencionaba la producción de azúcar morena y tenía una proyección de rendimiento de 65 Tn/ha., por encima de la media nacional, adelantando la participación activa de los municipios de San Buenaventura, Ixiamas y Rurrenabaque en el pro-ceso de producción. Estas inconsistencias son discutidas mas adelante en el apartado de Presión. De acuerdo a las proyecciones del Viceministerio de Desarrollo Rural, la producción del CAISB se iba a orientar a producir “azúcar morena” o “ecológica”, sin embargo, esta presente el mandato le-gal del año 2006, que habla de producir etanol y aceite de palma africana.

Con este proyecto, se replica la figura del modelo extractivista, al igual que en la minería o los hidrocarburos (en este caso se refiere a nutrientes edáficos), con el aditamento de desembocar en una aventura industrial que está anclada en la lógica de los biocombustibles, tal como lo predica la Ley 3546, específica del Complejo y aprobada a fines del 2006 y, el Decreto 0637 de fines del 2010 que crea la empresa azucarera. Es otro de los megaproyectos, con origen en los años 80, que ha sido reeditado en los últimos tres años. Empezó a ser activamente impulsado por la ges-tión del entonces Prefecto José Luís Paredes y que luego continuó con la prefectura interina del Lic. Pablo Ramos y se sigue proyectando con la nueva gobernatura de La Paz el 2010. Al momento, todo lo expuesto en dicho proyecto, hace prever un elevado costo socio ambiental, en una de las regiones más frágiles y con mayor diversidad biológica y cultural del país. Así lo alertó la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) desde el año 2007, destacando además, la escasa consistencia técnica y económica del proceso.

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De acuerdo a Ormachea (2010), la demanda local de azúcar estaba ple-namente abastecida a fines del 2009, por lo que existían importantes ex-cedentes que representan alrededor del 40% del total de la producción interna que es exportada. Las proyecciones de crecimiento de la demanda interna no parecían relevantes y las perspectivas de demanda del mercado mundial tampoco eran alentadoras. Sin embargo, el precio internacional del azúcar empezo a subir vertiginosamente desde mediados del 2010, desde 289 dólares/Tn (inicios del 2009) a más de 600 dólares/Tn (2010), llegando a niveles de record histórico. Varias razones han sido argumen-tadas para esta escalada, por ejemplo la decisión de los agricultores de India y otro países del Asia de reducir las superficies de cultivo debido a los bajos precios del 2008 y 2009; también eventos climáticos adversos en diversas regiones productoras del mundo; y finalmente el desvío de mucha materia prima (caña-melaza) para elaboración de alcohol y eta-nol. El resultado fue una reducción de la oferta (aunque hay opiniones en contra) y un aumento de la demanda, lo que derivó en la escalada de precios. En el país, esto significó un incremento del contrabando del producto, especialmente al Perú, pero también se da la situación que los ingenios azucareros de Santa Cruz, están ingresando de manera progre-siva en una mayor producción de alcohol y etanol dentro de la lógica de los biocombustibles. Desde luego que esto ha servido como un oportuno argumento para justificar el impulso del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura (CAISB), como centro de abastecimiento de azúcar para satisfacer la demanda interna y la exportación.

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NOTAS SOBRE LA PRODUCCION Y MERCADO DEL AZUCARSituación del Azúcar en Bolivia

Fuente: www.guabira.com / www.unagro.com.bo

La corporación Guabirá llega a producir más de 2,9 millones de quintales de azúcar por año y más de 700.000 litros de alcohol/día (datos al 2010 El Mundo, febrero, 2010), con una capacidad de molienda de caña de 17.000 Tn/día. Esta compañía controla más del 26% de la oferta nacional. Siguen en orden de importancia de producción, UNAGRO con el 25%, San Aurelio 22,3%, La Bélgica 15%, y Bermejo 11,9%. Guabirá se encuentra en plena fase de expansión de su producción, con expectativas hacia los biocombustibles basados en la caña de azúcar, para lo cual hace pruebas. Además, produce 25 MW de energía en base a biofuels provenientes del bagazo y residuos.

La producción de azúcar alcanzó, el año 2009, a 577.000 Tn, mientras que el consumo interno es algo más de 385.000 Tn, existiendo un remanente o superávit para exportación, que el gobierno frenó los primeros meses del 2010 (La Razón, febrero, 2010). Esta situación sufriría una distorsión en meses posteriores, debido al incremento desmesurado del precio internacional del azúcar, el aumento de la demanda externa, el aumento del contrabando y agio, y el consecuente desabastecimiento. Desafortunadamente, debido a esta coyuntura, a fines del 2010, el CAISB parecía estar plenamente justificado.

A finales de 2008 el gobierno, a partir del Decreto 29784, creó la empresa estatal Azucarbol, asentada en Bermejo-Tarija, y le otorgó un presupuesto de inversión de 175 millones de bolivianos. La fábrica es construida en una superficie de diez hectáreas saneadas en Bermejo frontera con Argentina. El objetivo de su creación es frenar el contrabando y ofrecer al país un producto más barato. Los mercados internos que tratará de abastecer esta fábrica son: Tarija, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca. Se espera que, cuando comience a operar, la empresa genere 110 empleos directos y 2.500 indirectos.

La instalación del complejo Azucarbol, es un elemento de contexto que no ha sido analizado en relación al Complejo de San Buenaventura.

Alza del Precio Internacional del Azúcar (2009)Fuentes: www.portaFolio.com.co; www.panoramadiario.com.

El precio del azúcar se incrementó en más del 96% durante el año 2009 (de 11,85 a 23,33 centavos de dólar por libra en la Bolsa de Nueva York) y supero el 200 % a lo largo del 2010. Tal comportamiento se debe, de forma particular, a que tanto el verano como el invierno han afectado la producción azucarera de la India y del Brasil, respectivamente. Ha sido tal la incidencia del clima, que a la par del aumento de la demanda y de los precios, se producía un descenso de la producción que no se registraba desde hace 28 años, con inventarios mundiales alrededor de unas 12 millones de toneladas, cuando lo normal está entre 20 y 25 millones. El precio del azúcar subió, alcanzando su más alto precio en casi 29 años, ya que los pedidos de Asia señalan un crecimiento de la demanda mundial del edulcorante.

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Records históricos en el precio internacional del azúcar Fuente: http://actualidad.rt.com/economía/mercados (3 noviembre 2010)

Los precios del azúcar han batido el récord de los últimos 30 años, al subir su precio hasta 30,64 centavos la libra. La razón principal es la sequía en Brasil, las inundaciones en Pakistán y la ola de calor en Rusia y Europa, principales exportadores del producto. En el mercado de Nueva York, el precio de la libra de azúcar bruto para entregar en marzo se incrementó hasta los 30,64 centavos, superando la cota de los 30,40 centavos alcanzada a principios de febrero y volviendo a niveles sin precedentes desde enero de 1981. Los precios aumentaron debido a los temores del mercado sobre la posible falta de azúcar frente a una demanda mundial creciente y las reservas de los países consumidores que continúan siendo históricamente bajas, y que podrían incitar el agiotaje. Los cataclismos naturales -la sequía en Brasil, las inundaciones en Pakistán y la ola de calor en Rusia y Europa Occidental- tuvieron un impacto negativo sobre el suministro de la sustancia dulce. Además, “la incertidumbre sobre la política de las autoridades indias en relación a las exportaciones se suma a las preocupaciones sobre el suministro”, indicó a AFP Sudakshina Unnikrishnan, analista de Barclays Capital. India, el primer exportador y segundo productor mundial, debe anunciar su decisión sobre los límites de sus exportaciones de azúcar para la temporada 2010-2011, y los operadores se preocupan de una eventual reducción. La brusca alza de precios del azúcar inquieta no sólo a los brokers y fabricantes, sino a los políticos. Mientras en Occidente el azúcar es ampliamente disponible y su precio no es un factor determinante, en los países del tercer mundo la situación es contraria: el azúcar allí es una fuente importante de calorías baratas para millones de personas.

En cuanto a las limitantes ecológicas, un importante estudio de suelos (Vargas, 2009) concluye que la región es marginalmente apta para el cul-tivo de caña, debido a la naturaleza de sus suelos, y que serían necesarios al menos tres años de experimentación para seleccionar el mejor modelo de producción. Esto es coincidente con las opiniones de expertos agroe-cólogos y edafólogos de alto nivel en el país, los mismos que expresan preocupaciones de una total insostenibilidad por las limitantes ecológicas y logísticas. Incluso los expertos cubanos traídos por el gobierno habrían manifestado dudas sobre la sostenibilidad del proceso en la dimensión planteada, dadas las condiciones de la región. Los documentos elabora-dos, primero por la prefectura (2006) y después por el Viceministerio de Desarrollo Rural (2008), denotan fuerte inconsistencia, y no se conocía hasta fines del año 2010 un proyecto a diseño final. De cualquier forma,

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se ha generado una enorme expectativa regional sobre el cultivo de caña y el complejo agroindustrial.

De acuerdo a información del gobierno el 2009, la reactivación del CAISB ubicado al norte del departamento de La Paz, demandaría una inversión de 140 millones de dólares, de cuyo monto ya se tendrían comprometidos 57 millones destinados a la primera etapa de construcción del ingenio (El Cambio, abril, 2009). El programa de gobierno del MAS “Bolivia Líder”, dentro del concepto de Creación de Ingresos y Excedentes Agro-pecuarios, está considerando el CAISB como base para el desarrollo de las economías de la región del norte de La Paz y el Beni (Procampo, Oct, 2009). Un año después, según datos del Ministerio de Desarrollo Rural, la instalación del ingenio demandaría alrededor de 190 millones de dóla-res (Cambio, 3 abril 2010), aspecto corroborado por el Decreto Supremo 0637 de septiembre del 2010.

Según menciona Ormachea (2010), voceros oficiales del proyecto agroin-dustrial, habrían asegurado la factibilidad del proyecto, en base a los in-formes preliminares de los equipos de expertos, los cuales habrían ase-gurado la factibilidad de este proceso, siendo que las obras del complejo agroindustrial estarían empezando en la época seca del 2010; además el proyecto contaría con el financiamiento correspondiente.

estado de la región

El estado ambiental de la región al sur del río Madidi (piedemonte-llanu-ra amazónica de la Provincia Iturralde), se puede calificar como regular y presenta evidencias de fuertes y recurrentes impactos ecológicos, des-afortunadamente, con tendencias a empeorar. A ello contribuye el avance no controlado de las fronteras agrícolas y de ganadería de reemplazo a lo largo del camino principal (San Buenaventura-Ixiamas-Alto Madidi), la colonización a lo largo de caminos secundarios que se desprenden del

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camino principal, o el vaciamiento de las especies forestales de maderas preciosas durante dos décadas de explotación expoliativa forestal.

Las zonas más afectadas por el cambio de uso del suelo y avance de fron-teras agropecuarias son: el entorno de San Buenaventura (formando un triángulo entre el río Beni, el camino principal y el ingreso a la comunidad El Porvenir) y una amplia zona circundante al camino principal en su tra-yecto hacia Tumupasa e Ixiamas. El tramo San Buenaventura-Tumupasa se caracteriza por un intrincado mosaico de barbechos de diversas edades y campos de ganadería de relativa reciente apertura. En todo el trayecto caminero no se observan remanentes del bosque primario o natural pro-pio de esta ecoregión pedemontana. Sólo en un sector surcado con varias cañadas, se observaron manchas de bosque mediano y rodales de la palma Mautiria flexuosa (palma real), especie relacionada a terrenos con drenaje deficiente y con poco interés para la agricultura. El patrón de intensa modificación ecosistémica en torno al camino, es muy similar al que se observa en el tramo Rurrenabaque – Yucumo.

Las fuentes de agua como arroyos y cañadas que descienden de las se-rranías, en general tienen poco caudal, especialmente en la época seca. Muchos de estos cursos de agua han sido afectados por las explotaciones forestales (por ejemplo, con “puentes locos”) y pueden estar sufriendo efectos de reducción por el cambio climático. La instalación del Complejo Industrial tiene elevados requerimientos de agua de buena calidad y las futuras captaciones podrían afectar al abastecimiento de las poblaciones locales.

La mayoría de los barbechos a lo largo de la carretera tienen unos 20 a 25 años, los primeros asentamientos datan de cuando estaba en plena construcción a inicios de los años 80. Existen barbechos aparentemente más jóvenes (posiblemente de desbroces de menos de 10 años) pero que podrían, en algunos casos, corresponder a fases sucesionales estancadas,

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producto de sucesivos desmontes. También provendrían de mediados de los años 70, los grandes desmontes realizados injustificadamente en la etapa de la primera anunciada instalación del complejo cañero de San Buenaventura, promovida por CORDEPAZ, proceso que indujo al des-monte de amplios espacios de bosques primarios, donde años después se conformaría la comunidad de El Porvenir. Estas zonas presentan pro-fusión de barbechos antiguos y posibles fases estancadas, cuyas formas desde el aire mantienen la original distribución en fajas paralelas en torno al camino secundario de acceso. Avendaño (2006) menciona que desde la década de los años 70, las tierras más solicitadas fueron las del cantón de San Buenaventura. De las 350.000 hectáreas de este cantón se habían ad-judicado, hasta 1985, 105.213 has., es decir un 30%, esta superficie había sido repartida entre 35 latifundios con un promedio de 3.000 hectáreas por dotación.

En cuanto a la población indígena, a mediados de los años 90, sólo siete comunidades tenían derechos reconocidos sobre un total de 19.347 has., para lo cual debieron identificarse como no indígenas. En el 2006, existían cuatro TCO, con un total de 995.342 has., (Croncklenton et al. 2009). La población indígena Tacana comprende 27 comunidades (3.168 habitantes).

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En los últimos 15 años, de un total de 600 propiedades privadas sin tí-tulo o demarcaciones de propiedad, se reconocieron casi 800 predios en 325.000 hectáreas. Como se ha mencionado, los actores sociales más re-levantes son los pequeños parcelarios con propiedades de hasta 50 hectá-reas en promedio (Croncklenton et al. 2009).

En un mapa basado en imágenes satelitales de 1981 del Instituto Geográ-fico Militar (IGM) figuran las siguientes comunidades o asentamientos en el tramo San Buenaventura–Tumupasa: Santa Rosa, Campamento Maije (CORDEPAZ), Rancho San Silvestre, Siani, Rancho Idiria y Rancho Sayuba; sobre el río Beni destacan las comunidades de Buena Vista, Altamarani y Puerto Portillo. De acuerdo a Cronkleton et al. (2009) entre mediados de los años 70 y 90, se formaron las comunidades San Isidro y Santa Ana, ambas muy próximas a la población de San Buenaventura. Entre los años 90 y 95 aparecieron otras comunidades en la región, como Sacariapo alto y bajo, Tacaso, Piedras Blancas. Otras más recientes fueron Nueva Jerusalén, Santa Anita, Esmeralda, Iriama, Nueva Belén y Mendizabal. Después del año 1997 se promueve una colonización dirigida hacia la zona de Alto Madidi (El Tigre) con apoyo del INRA y una ONG (Programa de Asentamientos Humanos).

A partir de la titulación de la TCO Tacana y el saneamiento previo, desde el año 2003, se conformaron comunidades como Siyaya, Nuevo Amanecer e Iturralde. (Cronkleton et al. 2009). Una comunidad importante en este análisis, conformada en dicho período fue El Porvenir, instalada precisa-mente sobre los antiguos terrenos del proyecto agroindustrial de COR-DEPAZ, con 132 familias en algo más de 5.000 hectáreas (Ibarguen, 2008). Un mapa del SERNAP del 2003, indica las siguientes comunida-des entre San Buena Ventura y Alto Madidi: Villa Copacabana, Caigene, San Isidro, Everest, Santa Ana, 25 de Mayo, 7 de Diciembre, La Esmeralda, Nueva Pa-lestina, San Silvestre, Hore Huapo, Tarene, Sinaí, Santa Rosa de Maravilla, San

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Felipe, Flor de Mayo, 30 de Agosto, Macahua, Santa Fe, Coro Coro, Alto Satariapo, Huahuayana, Nueva Idiama y El Tigre. Sobre el río Beni figuran: Capama. Buena Vista, Puerto Motor y Altamarani. En un mapa basado en imágenes satelitales del año 2010 (Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de San Buenaventura) figuran las siguientes comunidades y asentamientos; entre San Buena Ventura y Tumupasa: San Isidro, Porvenir, Nueva Jerusalén, Dorado, Everest, Esmeralda, Villa Aroma, Santa Ana, 25 de Mayo, 7 de Diciembre, Nueva Pallestina y La Esmeralda; entre Tumupasa e Ixiamas: San Silvestre, Río Colorado, Hore Guapo, Paraíso, Cinteño, Tarene, Santa rosa de Maravilla y San Felipe; sobre el río Beni: Eyiyoquivo, Capaina, Bella Altura, Buena Vista, Altamarani, Puerto Guzmán, Tres hermanos. Se advierte que todas las lis-tas de comunidades son parciales y varios asentamientos se reubicaron o desaparecieron en los últimos quince años y el tránsito desde la zona perimetral de la carretera hacia sectores más interiores parece ser evi-dente. Entre las comunidades indígenas Tacana mas importantes figuran: Villa Alcira, Altamarani, Caigene, Capaima, Buena vista, Tres Herma-nos, Soraida. Cachichira, Villa Fatima, San Marcos, Enapurera, Tequeje, Carmen del Emero, Napashi, Macahua. Carmen Pecha, San Pedro, San Miguel, (CIPTA/WCS-Bolivia, 2002).

Usos actuales y dinámicas económicas

Las comunidades colonas de la región combinan formas de propiedad individual y colectiva. De acuerdo a Cronkleton et al. (2009), el grupo de usuarios de la tierra más numeroso, es el de los pequeños parcela-rios con propiedades de 50 hectáreas en promedio. Según estos autores, los campesinos colonos de esta zona son esencialmente agricultores que aprovechan entre 2-6 hectáreas de cultivos básicos, como yuca, plátano, arroz y maíz, en gran parte para uso de subsistencia, aunque con algunos excedentes de comercialización en las poblaciones más cercanas. El arroz es el producto con mayor importancia comercial y con mayor cobertura

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de cultivo. Muchas familias destinan entre 5 y 15 hectáreas a campos de ganadería para una cría de vacunos, principalmente con fines de reserva. La mayoría de las familias combinan el uso agropecuario con actividades de aprovechamiento forestal de tipo familiar. En el terreno se observan campos ganaderos que exceden las 15 hectáreas, posiblemente llegando a alcanzar las 100 hectáreas.

A partir del análisis de imágenes satelitales, un elemento que llama pro-fundamente la atención, es la diferencia de dimensión de los chacos o cul-tivos de zonas mayormente indígenas, como es el caso del sector Napashe y Tumupasa, caracterizado por chacos pequeños que en pocos casos so-brepasan una hectárea y denotan una mayor recuperación de la cubierta vegetal. Ello contrasta notablemente con la dimensión de los campos de cultivo y de ganadería de las zonas colonas más al sur (Santa Ana, San Silvestre y 25 de Mayo), donde las aperturas pueden sobrepasar frecuen-temente las cinco hectáreas, hasta campos de ganadería de más de 50 hectáreas.

La dinámica económica de la macroregión tiene como principal actividad el turismo, privilegiando de forma muy especial a la población de Rurre-nabaque, aunque generando fuentes de empleo, a un importante número de pobladores de la zona de San Buenaventura, especialmente temporales como motoristas, guías y porteadores. De cualquier forma, el auge del turismo en Rurrenabaque, parece no tener mayores repercusiones en el centro urbano de San Buenaventura. Esto contrasta con la situación del Parque Madidi (río Tuichi y Chalalán) en la región norte de la provincia Iturralde, en especial de las Pampas de Ixiamas hacia el norte, a pesar de su elevado potencial natural, no reviste mayor interés para actividades de turismo, las cuales son esporádicas, en parte debido a la lejanía y el difícil acceso, que repercute en los costos de transporte. Un elemento negativo para actividades con un enfoque de ecoturismo serio hacia dicha región,

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es sin duda, el acceso desde San Buenaventura, hasta Tumupasa primero e Ixiamas después, donde el recorrido transcurre por un largo y monóto-no callejón de ecosistemas altamente modificados y degradados como ser, barbechos de diversas edades y amplios campos de ganadería de reempla-zo, casi sin evidencias de la vegetación natural original.

Otra base económica importante, especialmente para los municipios de San Buenaventura e Ixiamas es el aprovechamiento forestal maderero, el cual a pesar de las marcadas deficiencias existentes, involucra varias Asociaciones de Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), Tierras Comu-nitarias de Origen (TCO) y empresas, así como a actores informales de la región. De manera recurrente, en los últimos veinte años, ha sido puesta de manifiesta la marcada vocación forestal de la región, reforzando al mis-mo tiempo el criterio de la escasa aptitud agropecuaria. En base a ello, se visualizó la potencialidad de la región para el manejo forestal, situación que desafortunadamente no supo ser bien manejada debido a la expolia-ción selectiva de los años 80-90. El uso forestal de la región se remonta a los años 70, con un auge dirigido a las maderas preciosas. Antes de la Ley Forestal, habían nueve empresas que abarcaban más de un millón de hectáreas, de esta superficie sólo 400.000 hectáreas, fueron convertidas a concesiones. Actualmente existen seis concesiones en un total de 250.000 hectáreas. Después de esta Ley siete concesiones del municipio de Ixia-mas se definieron para la ASL (111.600 hectáreas) y 39 barraqueros con derechos expectaticios de concesiones para manejo de recursos no made-rables en más de 350.000 hectáreas.

Cronkleton et al (2009) identifican un conjunto de aspectos sustantivos que inciden en el aprovechamiento forestal general de la región, pero que es-pecialmente son determinantes en el caso de las comunidades campesinas:

1. La calidad del recurso, base del aprovechamiento forestal en la re-gión, se ha reducido en los últimos años, debido a la extracción se-

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lectiva de décadas anteriores que depauperó las maderas valiosas, de manera que sólo se aprovechan maderas de segunda o tercera calidad o menores. Es posible que algunas de estas especies menores, pero que actualmente tienen demanda comercial, estén también sufriendo mermas poblacionales significativas.

2. El recurso madera es importante para las comunidades locales, pero su utilización es mayormente un medio de generar capital para pos-teriores inversiones en actividades agropecuarias.

3. Los medios de vida de los campesinos colonos e indígenas de la re-gión no se adaptan al modelo de manejo impuesto por la norma y las cargas burocráticas que implica.

Claramente, Cronkleton y su equipo afirman que de cualquier manera en que se de el aprovechamiento, sea legal o ilegal, los pequeños parcelarios ocupan el escalón mas bajo del proceso de producción forestal. En este sentido, el aprovechamiento forestal que hacen indígenas y campesinos en la región es notoriamente precarista, pues al carecer de capital para desarrollar emprendimientos de transformación y agregación de valor, venden la madera en bruto (tronca) a los aserraderos de los pueblos cer-canos o a las empresas, donde se quedan los mayores beneficios. En todo caso, el aprovechamiento forestal no representa para los colonos e incluso para algunos pobladores indígenas (Tacana), una alternativa ventajosa frente a las expectativas que ha venido generando la idea del cultivo de caña a escala industrial. Las modalidades de manejo sustentable de bos-ques tropicales de tierras bajas (“old growth amazonian forest”), proveen típicamente bajos niveles de retorno y de empleo, en comparación con formas de agropecuaria comercial que llegan a multiplicar por varias ve-ces el valor actual neto por hectárea. Existen ejemplos en Sudamerica y Asia que demuestran lo poco ventajosa que es la extracción forestal en

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comparación con el cultivo de soya, palma africana o incluso arroz (Cho-mitz, 2007).

Más allá del manejo forestal, en la región existen interesantes experien-cias productivas en marcha o proyectadas. Por ejemplo, desde el año 2003, se empezaron a impulsar diversos proyectos para la producción de cacao, aunque se habrían presentado problemas de mercado y calidad final. Actualmente, varias comunidades Tacana cuentan con huertos de variedades silvestres y mejoradas de cacao. En la región del río Madidi, también existe producción de castaña, la cual es transportada en bruto hacia Riberalta por el río Beni. El manejo forestal maderero es impor-tante en la región, dirigido mayormente a maderas de segunda y tercera calidad. También, hace unos años atrás se extrajo uña de gato y sangre de grado, de forma eventual y no autorizada en algunas zonas de la región. Asimismo, existen iniciativas localizadas de producción de miel (APA-BIO) y de café ecológico, en el sector vecino de Pilón Lajas (Cascada: “Café Mujer”).

Los sistemas agroforestales son escasos en la región, en comparación con otras zonas de colonización, lo cual puede estar relacionado principalmen-te con restricciones de mercados. Por otra parte, aunque, las operaciones de turismo en los municipios de San Buenaventura e Ixiamas son escasas y no regulares, existe un enorme potencial, especialmente en el norte del río Madidi, ello a pesar de las dificultades de acceso. De cualquier forma, en la actualidad, las mayores expectativas de alternativa productiva, se han volcado hacia el cultivo de caña y la producción agroindustrial de azúcar-etanol.

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RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Variables claves Descripción general de aspectos relevantes

Estado de conservación ecosistemas y paisajes

Existe un fuerte impacto en la ecoregión pedemontana (colinas, terrazas onduladas, semiplanicies) en torno al camino principal. El impacto puede llegar afectar hasta un 60% de la superficie total de esta franja próxima a las serranías subandinas, que se va proyectando en varias zonas hacia la llanura norte, bajo el modelo “espina de pescado”. En la zona pedemontana, los ecosistemas llegan a ser relictuales, especialmente hacia San Buenaventura y Tumupasa. Hacia la llanura, existen importantes superficies de bosques naturales, pero se observan parches extensos de barbechos de diversas edades y bosques secundarios, que ocupan lo que fueran hace décadas los terrenos del primer proyecto agroindustrial, y ahora, espacios comunitarios en expansión e ingreso de caminos secundarios.

Estado de conservación de la biodiversidad (fauna - flora)

En las zonas más afectadas por el cambio de uso del suelo (franja pedemontana – camino), la afectación de los ecosistemas (remoción del bosque primario) ha ocasionado fuertes perturbaciones a los hábitats, sumándose la caza y acoso regular. Las poblaciones de especies, fauna más estables, se encontrarían desplazadas hacia las regiones donde ingresan actualmente los cazadores, que es en las serranías, pero especialmente en la llanura (normalmente una o dos jornadas). Es posible que existan amplias zonas de vaciamiento de especies de fauna de mayor biomasa.

Presiones sobre Áreas Protegidas

Existe afectación creciente a los ecosistemas pedemontanos (colinas y terrazas onduladas) en la zona de influencia norte del PNANMI Madidi (cuyo límite es la divisoria de aguas de las serranías), por avance de fronteras agropecuarias. Similar proceso se observa en el límite norte de la Reserva Pilón Lajas en el Municipio de Rurrenabaque. La debilidad del SERNAP y las direcciones de las áreas protegidas, se hacen evidentes ante las frecuentes contravenciones que van desde ocupaciones ilegales, corte de madera o formas inapropiadas de turismo.

Calidad ambiental (contaminación) agua, aire y suelos

En términos generales, en poblaciones mayores, como San Buenaventura o Ixiamas, existen problemas con el manejo y disposición de residuos sólidos, en especial plásticos, aguas residuales y residuos de mataderos. También existe alguna acumulación localizada de restos de peladoras de arroz que ocasionan procesos localizados de fermentación, aunque esto parece no llegar a ser un gran problema ambiental.

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Efectos del cambio climático global

No existe información precisa que permita sacar conclusiones al momento. La gente se queja de una notoria irregularidad climática desde hace varios años. Por ejemplo, hay cambios en la afluencia de frentes fríos del sur o “surazos”, incluso en pleno verano. Tanto en el Norte de La Paz, como en el sector vecino de Pilón Lajas, la percepción de los pobladores es que los desbosques en el pie de monte y las variaciones climáticas están ocasionando un desecamiento de varias cañadas y una reducción en la disponibilidad de agua en dicha zona. Las grandes crecidas del río Beni ocasionaron inundaciones que afectaron las comunidades del Municipio de San Buenaventura.

Desempeño industrial

No existen industrias o procesos de transformación en la zona, salvo las procesadoras de madera (aserraderos de concesiones y pueblos) o las peladoras de arroz, en la zona de San Buenaventura y Rurrenabaque. En ambos casos son de pequeñas dimensiones y capacidades de laboreo. En la región (La Paz-Beni), no existe un emprendimiento industrial de la magnitud prevista para el Complejo Agroindustrial Cañero, lo cual ha generado una gran expectativa.

Medios de vida (suelos, agua, madera, fauna) – seguridad alimentaria

Es posible que en ciertas comunidades (especialmente las más antiguas) existan procesos de “crisis de barbecho” y problemas de productividad por el descenso de fertilidad de los suelos. Los recursos de fauna escasean en las zonas próximas a los caminos y comunidades (mosaicos de barbechos) y pueden existir cuadros de carencia proteica en las comunidades colonas de las zonas más intervenidas. Se observa poco ganado en las zonas de potreros de reemplazo, sin embargo, los que fueron observados presentaban buenas condiciones de peso y estado nutricional. Las comunidades indígenas tienen un espectro alimentario más amplio a partir de diversos recursos obtenidos a través de la recolección. Se ha producido un vaciamiento de maderas valiosas por la explotación forestal selectiva. Las fuentes de agua, como arroyos y cañadas que descienden de las serranías, en general, tienen poco caudal, especialmente, en la época seca. Pobladores indígenas se quejan de la perturbación de río y arroyos que ocasionan las actividades madereras por la construcción de “puentes locos” y desvío de cursos. La instalación del CAISB tendrá elevados requerimientos de agua de buena calidad y las futuras captaciones podrían afectar al abastecimiento de las poblaciones locales. Paralelamente, las eventuales necesidades de modificación del drenaje para el manejo agronómico, puede ocasionar severos trastornos a la dinámica hídrica de la región.

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Dinámica y estructura de los sistemas productivos

Los sistemas de producción de los campesinos-colonos de la región, están fundamentados en la agricultura de pocos productos, como arroz, yuca, plátano y maíz. Muchos sistemas producen mayoritariamente para subsistencia familiar, con algunos excedentes para su comercialización en las poblaciones locales. En general, no existe una producción agrícola intensiva exclusiva para fines comerciales, salvo en el caso de los productores de arroz. Muchas familias incluyen en sus sistemas el aprovechamiento forestal, ya sea en espacios de ASL o a través de las autorizaciones de desmonte. La pecuaria es un subsistema complementario con cría para fines de reserva económica o comercialización a baja escala. Los sistemas de producción indígenas tienen una agricultura mayormente de subsistencia, en chacos ostensiblemente de menor superficie que de los colonos, e incorporan actividades regulares de recolección, caza y pesca, varias familias de las comunidades Tacana participan del aprovechamiento forestal. Algunos sistemas productivos incorporan la producción alternativa de ciertos productos como el cacao.

Iniciativas de usos alternativos de los recursos

En la región, existen experiencias interesantes en marcha o proyectadas. Desde el año 2003, se impulsaron diversos proyectos para la producción de cacao, habiéndose incrementado la producción, aunque se percibe la necesidad de apoyo y asesoramiento técnico. En la región del río Madidi, existe producción de castaña, la cual es transportada en bruto hacia Riberalta por el río Beni. El manejo forestal maderero es importante en la región, y es dirigido mayormente a maderas de segunda y tercera calidad, pero enfrenta numerosas dificultades (a excepción de las concesiones); los pobladores locales, venden la madera en bruto (tronca) a los aserraderos y no existen iniciativas efectivas de apoyo a la incorporación de valor agregado. Hace unos años, en algunas zonas de la región, se extrajo uña de gato y sangre de grado, de forma eventual y no autorizada. Existen iniciativas localizadas de producción de miel y de café ecológico en el sector vecino de Pilón Lajas. Los sistemas agroforestales son llamativamente escasos en la región. Las iniciativas de ecoturismo y turismo, en general, se concentran mayormente en el municipio vecino de Rurrenabaque y al interior del PN Madidi. Las operaciones de turismo en los municipios de San Buenaventura e Ixiamas son escasas y no regulares. En la actualidad, las mayores expectativas de uso alternativo se han volcado hacia el cultivo de caña y la producción agroindustrial de azúcar-etanol.

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Procesos extractivos - presión sobre los recursos naturales

La mayor presión extractiva en la región se ha dado desde hace varias décadas, sobre el recurso madera, al punto de la desaparición casi total de los stocks comerciales de maderas valiosas. Actualmente, existe presión sobre las maderas de segundo y tercer nivel de calidad. Es posible que algunas especies con mayor demanda comercial estén sufriendo mermas poblacionales significativas. La presión sobre la fauna silvestre, en especial de ciertas especies de mayor talla, pudo haber generado vaciamientos locales relevantes, considerando además que existe en la región un mercado de carne silvestre para fines domésticos y comerciales (restaurantes-mercados) y se reporta carne de monte comercializada, la cual proviene del Norte de La Paz.

Cambio de uso del suelo - avance de fronteras agropecuarias

En los años 80, el uso más importante en la región fue el forestal (madera), produciéndose una sobre explotación de maderas de alto valor comercial como la mara. Un primer avance de las fronteras agropecuarias a gran escala se dio en los años 70, con la primera iniciativa del complejo cañero, habiéndose desmontado cientos de hectáreas sin motivo alguno, puesto que no se realizaron siembras efectivas, y que actualmente son extensos parches de barbechos y bosques secundarios (zona El Porvenir). El incremento de la colonización a lo largo del camino de ingreso a Ixiamas ocasionó un progresivo avance de las fronteras agropecuarias, ocasionando la remoción de hasta un 60% del bosque original de la franja pedemontana entre San Buenaventura y Tumupasa. En muchas regiones, el primer ciclo de agricultura, vía colonización en torno al camino (6 a 10 años aproximadamente), dio paso en años posteriores a un avance de nuevos espacios hacia zonas interiores, proceso asociado a la formación de nuevas comunidades y generación de conflictos con la TCO Tacana y concesiones forestales. Un segundo proceso de cambio de uso del suelo se dio a partir de la habilitación de campos de ganadería de reemplazo, en terrenos de barbecho cerca de la carretera. Se ha generado una enorme expectativa en toda la región por el cultivo de la caña. Los impulsores del proyecto proponen entre 3 y 5 hectáreas para cada productor.

Sostenibilidad del uso de los suelos - productividad

En la franja pedemontana bajo directa influencia del camino, algunos suelos pueden haber estado sujetos a una sobrepresión y crisis de barbecho. Actualmente, existen grandes campos de ganadería donde el stock mineral de los suelos puede ser bajo y los niveles de aluminio elevados. En las zonas de desbosques interiores de la década de los 70 (terrenos de CORDEPAZ), existen sectores aparentemente con fases de sucesión vegetal estancadas, donde los suelos se habrían recuperado solo parcialmente. Después del segundo año de cultivo, la productividad declina debido a los descensos del stock mineral en los suelos y aumento de la acidez. Debió recurrirse a la migración de terrenos nuevos o ya recuperados por el barbechado. En las zonas más densamente pobladas esta dinámica se vería más dificultada.

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Calidad de vida - pobreza

De acuerdo a los índices del Censo 2001, el nivel de incidencia de pobreza es de 83 para el Municipio de San Buenaventura y 75.7 para el de Ixiamas, que corresponden a niveles intermedios, considerando el rango municipal: 0.40 (menor pobreza) y 0.989 (mayor pobreza). Los índices de los municipios de la región están por encima de la media de Bolivia (70.7) y alrededor de la media del departamento de La Paz (82.0). En cuanto a la calidad de vida, el índice para San Buenaventura es de 0.65 y para Ixiamas 0.61, también en un rango intermedio y por debajo de la media del país (0.67). Estos valores no son actualizados y sin duda pudieron modificarse de alguna forma al presente, sin embargo, una percepción general de la región, comparativamente a otras regiones del país, sería de una situación intermedia, pero claramente con mayores actividades económicas y oportunidades en la zona de Rurrenabaque, teniendo al turismo como elemento dinamizador. La producción de caña a escala industrial ha generado una expectativa generalizada como reactivador económico y una salida de la pobreza.

Caminos e infraestructuras

El camino principal que se empezó a construir a fines de los años 70, ha estado sujeto a mejoras y mantenimiento regular en los últimos diez años, habiéndose construido puentes sobre los ríos de mayor caudal estacional. El actual camino ingresa hasta la zona de El Tigre, en el borde del PN Madidi y, desde Ixiamas, hacia el río Madidi. Existe una red de caminos madereros que han sido mantenidos y utilizados regularmente para el transporte de madera y que han facilitado el asentamiento de familias colonas. El camino de ingreso a los terrenos de CORDEPAZ dio lugar a asentamientos y posterior formación de comunidades. Alrededor de unos diez caminos secundarios se extienden desde el camino principal hacia la llanura norte, sólo en el tramo hasta Tumupasa. En la actualidad, se vienen construyendo varios puentes sobre ríos y cañadas menores en el tramo San Buenaventura-Ixiamas. El anuncio de la construcción del puente (que ya tiene un respaldo financiero para su construcción) sobre el río Beni ha ocasionado gran expectativa en San Buenaventura, pero notable resistencia en Rurrenabaque (Beni), debido a la potencial ubicación de dicha infraestructura, que afectaría al pueblo o el paso por la serranía que podría afectar las nacientes de provisión de agua a dicha población beniana. La posición de Rurrenabaque es el desarrollo del puente aguas abajo del pueblo, por la zona de las islas. De cualquier forma, la futura obra, incrementará el riesgo de ocupación de tierras y cambio de uso del suelo.

Salud - salubridad ambiental

Existe información general sobre la recurrencia de enfermedades tropicales como la leishmaniasis y dengue. Las enfermedades gastrointestinales y parasitosis son frecuentes, y afectan especialmente a la población infantil. Se han reportado casos de tuberculosis en la región, así como brotes de malaria.

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Conflictos

Los conflictos mayores se dieron y se siguen dando entre comunidades indígenas y colonos debido a la ocupación de nuevas tierras, también entre indígenas y empresas forestales o a partir de incursiones de mineros. La TCO Tacana y otras como Chupiamonas, tuvieron mucha oposición de la alcaldía de San Buenaventura entre el 2001 y 2003. Otros conflictos recurrentes se dieron entre concesionarios forestales o de ASL con explotadores irregulares de madera o motosierristas. En función a los procesos de saneamiento, se dieron algunos conflictos por temas de linderos entre comunidades colonas.

Pueblos Indígenas -TCO´s

La TCO Tacana tiene importantes avances en cuanto al desarrollo organizativo y la planificación del uso de recursos en su territorio; similar grado de avance se advierte en la TCO de Pilón Lajas y de San José de Chupiamonas, sin embargo, enfrentan riesgos permanentes de avasallamientos de tierras por colonos e incursiones del motosierrismo. También las comunidades indígenas y las TCO, en general, se enfrentan a un abierto antagonismo por parte de las alcaldías.

Aplicación de políticas y normas

En general, la aplicación de los marcos normativos y de regulación de ocupación de tierras, recursos forestales y áreas protegidas soporta marcadas debilidades que residen en la incompetencia, falta de seriedad, responsabilidad y sensibilidad de las instituciones responsables.

Presión

Avance de las fronteras agropecuarias

El análisis comparativo de fotos aéreas recientes e imágenes satelitales de hace unos años, permite concluir que el avance de la deforestación y el cambio de uso del suelo (forestal a agropecuario) en torno a la carretera San Buenaventura – Ixiamas, ha sido intenso y afectaron decisivamente la franja o cinturón de bosques pedemontanos, distribuidos como una franja de colinas y planicies onduladas entre la llanura aluvial y las serranías subandinas. Parte de esta degradación, ya se produjo a fines de los años 70 e inicios de los 80, debido al primer intento de instalación del complejo azucarero en la zona de El Porvenir (entonces tierras de la prefectura de La Paz). En dicha oportunidad, se desbocaron cientos de hectáreas de

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bosque natural, se hicieron algunas siembras “piloto” de caña que luego fueron abandonadas, dando lugar a extensas cuadrículas de “ambaibales” (Cecropia spp.), bosques secundarios y hasta fases sucesionales estancadas.

La modificación y degradación de los ecosistemas en esta ecoregión, para diversos fines, podría oscilar entre un 60 y 70% de la superficie total. Esto significa una enorme pérdida de riqueza biológica; prácticamente, casi toda una ecoregión o un piso ecológico, estaría comprometido por los efectos degradativos. El deterioro de la franja pedemontana contribuye a reducir significativamente la calidad del estado ambiental de la extensa región al sureste del río Madidi y el motor fundamental de dicho proceso, fue la carretera marginal de la selva entre San Buenaventura e Ixiamas. En la actualidad, el camino en la zona pedemontana está permitiendo la expansión de la colonización hacia las zonas de la llanura (nor-noreste), existiendo al momento 19 proyecciones perpendiculares (tipo espina de pescado), pero también hacia las serranías en el sur en el borde mismo del Parque Nacional Madidi. Las expansiones más severas hacia la llanura corresponden a las comunidades El Porvenir, San Silvestre-Siani, Santa Ana, Nueva Palestina y 25 de Mayo, todas antes de Tumupasa.

Un aspecto muy particular en las proximidades del camino entre San Bue-naventura – Tumupasa, salvo algunas huertas de cítricos y platanales, es la total ausencia de cultivos agrícolas, lo cual contrasta con la abundancia de barbechos y de campos de ganadería antiguos y recientemente estable-cidos. La estructura de esta ruta muestra con claridad el ciclo de coloni-zación iniciado a fines de los años 70. A inicios y mediados de los años 80 los asentamientos de colonos y sus cultivos iniciales se concentraban en torno a la carretera recientemente aperturada. En el transcurso de unos años, con la caída de la fertilidad de los suelos, las fajas de cultivos se tras-ladaron a otras regiones o zonas interiores, estructurándose comunidades en sentido perpendicular al camino principal (hacia la llanura), siguiendo

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en parte el modelo general de “espina de pescado”, con proyecciones más extensas de desbosques hacia la región de la llanura. De cualquier forma, los avances de desbosque se proyectaron a ambos lados de la carretera.

Como en otras regiones pedemontanas del país, por ejemplo Yapacaní en Santa Cruz, la caída de la fertilidad de los suelos después de varios años de ciclos agrícolas y posible crisis de barbechos de por medio, es el cam-bio hacia la instalación de pastizales secundarios (con frecuencia pastos exóticos sembrados), con las típicas palmeras dispersas (Attalea phalerata o motacú), campos que varían en superficie desde 3 hectáreas hasta gran-des desbosques de más de 300 hectáreas. Algunos de estos campos incluso se instalan en zonas de colinas con pendientes notablemente pronuncia-das (20 a 40%). Una de las principales amenazas actuales para la ecore-gión pedemontana, es precisamente la ganadería de reemplazo. Con esta práctica, se eliminan las posibilidades de restauración de los barbechos y masas boscosas secundarias y, las pérdidas de biodiversidad son mayores. Varios campos ganaderos en torno a la carretera y que cubren más de un centenar de hectáreas, han sido instalados abarcando cursos de ríos y arroyos que bajan de las serranías, sin haber respetado el mantenimiento de vegetación ribereña en torno al curso de dichos cuerpos de agua.

La Ecoregión Pedemontana Tropical HúmedaRepresenta una extensa franja que bordea los últimos contrafuertes de las serranías subandinas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La amplitud de esta franja es variable y puede comprender desde 2 hasta más de 20 kilómetros. La topografía varía desde colinada y con altas terrazas de edad terciaria, hacia el muro de serranías subandinas, terrenos ondulados a medida que aumenta la distancia de las serranías, hasta planicies de ligera inclinación hacia la llanura. Comprende rampas erosivas - deposicionales y superficies aluviales al pie del Subandino, con algunos afloramientos de colinas aisladas constituidas todavía por materiales del Subandino (Plan de manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado PNANMI Madidi). El rango altitudinal puede variar entre los 400 y 250 msnm. La composición biológica es esencialmente amazónica, megatérmica y con elevados niveles de precipitación, que pueden, en general, superar fácilmente los 2.000 mm. anuales, aunque el sector pedemontano megalluvioso del Chapare tiene precipitaciones anuales mayores a 5.000 mm.

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La ecoregión se caracteriza por sus bosques altos, densos, multiestratificados, con gigantescos emergentes de hasta 50 metros, muy ricos en palmas y una elevada riqueza en biodiversidad en general. Se estima que son los bosques más ricos de Bolivia, producto de la mezcla de elementos de la serranía y las terrazas aluviales antiguas; es decir, que su diversidad está compuesta, tanto por elementos del bosque amazónico, como del bosque montano (Plan de manejo PNANMI Madidi). Los conjuntos florísticos son similares a los de los bosques amazónicos de la llanura, aunque con mayor riqueza de especies. La riqueza forestal de la región es elevada, y hasta hace unas décadas era un reservorio importante de maderas de alto valor económico como la mara, cedro y roble, pero la explotación selectiva y expoliativa ha ocasionado un vaciamiento de estos stocks de maderas preciosas, existiendo remanentes en algunas zonas, pero bajo fuerte amenaza.

Destaca la presencia de la palma de bajo porte “jatata” (Geonoma deversa), que forma inmensos palmares o jatatales y que son un recurso base para la fabricación de techos para una activa comercialización. En zonas con menor drenaje hacia el límite con la llanura, pueden existir manchones de la palma real (Mauritia flexuosa). Es una de las ecoregiones en mayor situación de riesgo y vulnerabilidad, en el país y otros países amazónicos, por el fácil acceso y los diversos proyectos de carreteras “marginales de la selva”. Las condiciones de topografía (colinas, serranías bajas y ondulaciones), asociadas a las fuertes precipitaciones pluviales le confieren un elevado grado de fragilidad ecológica. La región carece de vocación agropecuaria por las limitaciones nutricionales y fragilidad de los suelos, siendo su mayor aptitud para conservación de la biodiversidad, prestación de servicios ambientales y manejo forestal con especiales resguardos. Desafortunadamente, estos aspectos fueron pasados por alto a lo largo de varios años.

Esta ecoregión ha sido muy degradada en varios sectores por efecto de la construcción de carreteras y el incentivo a activos procesos de colonización a gran escala, además de una explotación forestal expoliativa. Los sectores más afectados son los tramos Yucumo-Rurrenabaque, San Buenaventura-Ixiamas y, en el Chapare a lo largo del camino Villa Tunari-Yapacaní-Buena Vista, sector donde se han afectado drásticamente los bordes de los parques nacionales Carrasco y Amboró. Las pérdidas de los ecosistemas naturales pedemontanos pueden estimarse en cientos de miles de hectáreas. La colonización avanza desde Yucumo-río Maniqui en el borde oeste del Bosque Chimanes amenazando el pie de monte de la serranía de Eva Eva, mientras que los desmontes de la colonización avanzan desde Tumupasa hacia Alto Madidi (El Tigre). En el TIPNIS, la colonización para cultivo de coca, ha generado en el sureste (Puerto Patiño-Santísima Trinidad-Ichoa), la devastación de los ecosistemas pedemontanos en una gran superficie, en tanto que la explotación forestal ilegal por parte de algunas empresas, ejerció fuertes impactos en ecosistemas prácticamente prístinos del pie de monte de Oromono-Asunta.

Las únicas zonas aún no degradadas se encuentran hacia el Alto Madidi (río Heath), el borde de Eva Eva en el Bosque Chimanes y las zonas interiores del TIPNIS (sector Sécure-Ichoa). De cualquier forma, estos constituyen remanentes en elevado grado de riesgo. Una gran amenaza proviene actualmente de la construcción del camino San Ignacio-Villa Tunari, que cruza el TIPNIS. Otra amenaza a esta región crítica se da en el norte de La Paz y proviene del proyecto agroindustrial cañero. En general, los procesos de ampliación de fronteras agropecuarias significaron desastrosas pérdidas de biodiversidad, resultando en miles de hectáreas improductivas después de unos años de uso intensivo. Las mayores amenazas sobre los remanentes se derivan del avance de la colonización, megaproyectos agroindustriales e iniciativas agropecuarias expoliativas, como la ganadería de reemplazo.

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Uno de los grandes efectos sobre la biodiversidad regional, es la elimina-ción de las masas boscosas que facilitan el flujo de poblaciones de fauna y flora entre el subandino y la llanura, lo que implica, en el caso del avance de la frontera agropecuaria, la ampliación de las barreras geográficas que limitan o impiden dicho flujo. Especialmente en el tramo San Buenaven-tura -Tumupasa, el efecto barrera debería ser más crítico, debido a la am-plitud de los campos de pastos secundarios abiertos a ambos lados de la carretera.

En su tránsito, desde las serranías subandinas hasta las llanuras aluviales, las masas boscosas continuas pueden dar una apariencia de uniformidad y ser la misma cosa; sin embargo, a pesar de compartir determinados patro-nes estructurales y de composición de especies, los bosques de las serra-nías son ecosistemas diferentes a los bosques de la llanura. Ambos difieren notablemente entre sí, en tanto que los bosques de la franja pedemontana, por su carácter de interfase o de transición, compartiría con ambas eco-regiones, más similitudes que diferencias. Tradicionalmente se ha confe-rido especial interés a los ecotonos o zonas de transición entre dos o más ecosistemas, especialmente por sus elevados niveles de biodiversidad, al compartir composiciones biológicas de los ecosistemas en contacto; es el caso de los bosques pedemontanos. Precisamente, el Plan de Manejo del PNANMI Madidi identifica a la región pedemontana como la de mayor riqueza biológica en toda la secuencia de pisos ecológicos. Esta zona eco-tonal se caracteriza, además, por el buen drenaje de sus suelos, dadas las pendientes moderadas, lo cual significa la existencia de bosques muy altos (de altura o tierra firme) típicos por su mayor riqueza biológica, respecto de otros bosques con impedimentos de drenaje (bosques de inundación estacional), más comunes en las llanuras. Estas condiciones confieren al pie de monte una elevada vulnerabilidad.

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El buen drenaje, debido a sus terrenos elevados, aunque de topografía suave, hace que sea la zona más apropiada para la construcción de cami-nos (“carreteras marginales de la selva”), en una región de lluvias abun-dantes y poca estacionalidad. En el pie de monte, los constructores de caminos evitan la topografía accidentada de las serranías, así como los terrenos inundadizos de la llanura, factores que son altamente desfavora-bles para la conservación de estos ecosistemas. Por otra parte, un camino de ingreso y suelos con buen drenaje, son especialmente atractivos para la colonización, de forma que no es raro que la franja pedemontana sea comparativamente la ecoregión más impactada de las tierras bajas.

Riesgos derivados de las inconsistencias del proyecto

Al momento, se han podido constatar profundas inconsistencias en el de-sarrollo de la iniciativa agroindustrial, como ser acciones improvisadas, ausencia de un estudio a diseño final, ausencia de una Ficha Ambiental del proyecto y del EEIA, así como un estudio de factibilidad del año 2006 (prefectura de La Paz), notablemente deficiente y otro estudio del año 2008, elaborado por el Viceministerio de Desarrollo Rural (UCIP/UPA-AP), también muy superficial y contradictorio con el estudio del 2006. A fines del 2009, no se contaba con ninguna otra fuente oficial, a pesar de los anuncios de que el estudio a diseño final estaba en elaboración. Tampoco se dieron a conocer oficialmente los resultados de los estudios realizados por expertos cubanos y brasileros en la región. El nivel de desinformación en la región y en la sociedad en general, es alarmante.

Varios aspectos descritos en los documentos preliminares mencionados, fueron sujetos a un análisis el año 2008 (Ribera, 2008). Tanto el análisis de la producción de la materia prima (caña) y la producción industrial (ingenio), como el proceso económico y de comercialización, presentaban elementos ambiguos y con muchos vacíos.

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Un elemento crítico, que es un indicio claro de la temeridad de la pro-puesta y lo negligente del estudio de factibilidad de la prefectura (2006), era la referencia del programa de desmonte donde se anunciaba “que se encontraba en plena actividad en la región, una empresa privada con contrato con la prefectura para desmontar 5.000 hectáreas de tierra”. Dicha supuesta actividad de desmonte, no contaba en ese entonces con la autorización de la Super-intendencia Agraria y afortunadamente el proceso expoliativo no avan-zó debido a los problemas políticos que enfrentó esa gestión prefectural. Otro de los elementos críticos en un proyecto de esta naturaleza, se refie-re a la productividad espectada respecto al rendimiento por hectárea de la caña de azúcar. Un ejemplo de lo extraviado que estaba el primer Estudio de Factibilidad Técnico-Económico-Financiero del “Ingenio Azucarero del Norte”, elaborado por la Prefectura de La Paz el año 2006, era que se asumía una proyección de rendimiento de producción de la caña de 65 Tn/ha., cifra excepcionalmente alta y por encima de la media nacional.

Un estudio sobre la caña de azúcar en la región del norte integrado de Santa Cruz (Salinas y Soruco, 2005), promovido por Trópico Húmedo y SIBTA, menciona que el rendimiento promedio del productor pequeño es de 35 Tn/ha., mientras que del mediano productor es de 45 Tn/ha., en tanto que el promedio para los grandes productores cañeros es de 72 Tn/ha. El promedio de rendimiento general a nivel nacional asumido por esos autores es de 51 Tn/ha. Nina (2009), hace referencia a datos del INE (2006), que define un promedio nacional de 43 Tn/ha. Comparativa-mente, se puede mencionar que el rendimiento de México de 72 Tn/ha., constituye un parámetro internacional particularmente alto (Nina, 2009).

En términos generales, el rendimiento del cultivo de caña, es variable y normalmente decreciente año tras año. Las variaciones claramente obede-cen a aspectos relacionados al nivel de inversión en parcelas (enmiendas, control de plagas), que son definitivamente altas, incluso para grandes

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productores que manejan extensas superficies de tierra, y prácticamente imposibles de aplicar para pequeños productores que trabajan al límite del margen de utilidad.

El estudio del VMDRA-UCIP/UPAAP (2008) asume para el complejo de San Buenaventura una proyección de rendimiento de azúcar por hec-tárea entre 40 a 50 Tn/ha., con un promedio para los últimos quince años de 46 Tn/ha., lo cual es coincidente con el rendimiento del mediano pro-ductor de la zona cruceña, que hace un regular manejo de sus parcelas, pero no con los rendimientos que logran los pequeños productores, como los previstos para la producción de San Buenaventura.

Por su parte, Vargas (2009), asume valores similares, pues menciona que bajo las condiciones climáticas y edáficas actuales, en los primeros 4 años de producción se lograrán rendimientos entre 40 y 55 Tn/ha., de caña de azúcar con un contenido de sacarosa interesante (en otra parte de su estu-dio hace referencia a 46 Tn/ha.). Pero, realiza las siguientes advertencias que no se deberían pasar por alto, si se quiere enfocar el problema con seriedad: “Dada la naturaleza de los suelos y las condiciones climáticas del área y bajo las características de monocultivo de la caña, el pH disminuirá y se volverá mas ácido, por lo que la fertilidad natural del suelo sufrirá un decremento drástico, lo que repercutirá en el sistema de producción”, además: “Si bien con los contenidos actuales se puede garantizar un rendimiento similar a la media nacional de 46 Tn/ha., esto será sostenible hasta los primeros tres a cuatro cortes, y a partir de ahí se notará una disminución en el rendimiento de la caña en tonelaje, así como en el contenido de sacarosa como insumo vital para derivación de productos de la caña”.

Siendo que el proyecto industrial está fundamentado en la producción de pequeños parcelarios (máximo de 5 hectáreas de laboreo), no es per-tinente pensar en un rendimiento de 65 Tn/ha., incluso, es irreal pensar en mantener la media de rendimiento nacional después del cuarto año, puesto que difícilmente los pequeños productores de la región podrían

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realizar las inversiones en enmiendas de forma regular, incluso si existiese un subsidio de fertilizantes, las condiciones ecológicas de la región, en comparación con el norte integrado de Santa Cruz, son suelos ácidos y más demandantes de enmiendas cálcicas, además de otras particularida-des climáticas en términos de humedad y duración de luminosidad.

Si se asume una capacidad de molienda mayor a 4.400 Tn/día, y que el rendimiento promedio de caña de azúcar en las zonas productoras de Bo-livia es de aproximadamente 50 Tn/ha, se requeriría cerca de 16.000 has., de plantaciones de caña, para abastecer el ingenio, solamente durante medio año (Orsag, 2007). Por su parte, Nina (2009) concluye que si la proyección productiva de molienda del ingenio es de 4.400 Tn de caña por día, se requeriría 682.000 toneladas de caña de azúcar en el punto máximo de trabajo, que significaría 15.860 hectáreas. Esto significa que de cualquier forma existirá una considerable ampliación de la frontera agrícola en los primeros cuatro años.

Como se verá mas adelante, otro error de los estudios preliminares, es la de asumir un Brix (concentración de sacarosa) del 12%, que es el pro-medio comercial nacional. Los contenidos de sacarosa en caña, varían de acuerdo al nivel de fertilidad e hidratura del campo, las variedades utilizadas, además de las condiciones climáticas y meteorológicas como precipitación y brillo solar. Los standares varían entre los países, Bolivia tiene como umbral de eficiencia el 12% de concentración de sacarosa, Co-lombia el 15.8% y Perú el 14,7%; en tanto que el promedio umbral mun-dial es del 14%. Se debe señalar que el porcentaje de sacarosa en la caña, que no debería ser menor del 12% para asegurar éxito comercial, influye directamente en la eficiencia del proceso industrial de obtención del azú-car (FDTA, 2007; F. Nina, 2009). El efecto de la escasa concentración de sacarosa (desventaja para el proceso industrial), puede derivarse en una mayor exigencia de biomasa total cultivada y cosechada a ser procesada,

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para compensar las bajas concentraciones de azúcar (sacarosa). Esto po-dría repercutir en una subsecuente ampliación de las superficies de los cultivos y, por tanto, de las fronteras agrícolas en toda la región.

Superficie, Producción y Rendimiento de Caña de Azúcar

2006/2007 2007/2008

Departamento Super Produc Rendim Super Produc Rendim

(ha.) (Tm.) (Kg/ha.) (ha.) (Tm.) (Kg/ha.)

Chuquisaca 451 17.361 38.460 476 18.349 38.548

La Paz 620 20.657 33.318 656 20.557 31.337

Cochabamba 131 4.329 33.046 115 4.018 34.939

Santa Cruz 120.531 5.690.594 47.213 135.415 6.705.652 49.519

Beni 2.798 83428 29.817 2.737 75.133 27.451

Pando 243 7.475 30.761 246 7.474 30.382

Tarija 11.567 605.856 52.378 11.494 627.625 54.605

TOTAL 136.341 6.429.700 151.139 7.458.808

Fuente: INE- MDRyT- VDRA (F. Nina, 2009)

Según el Estudio de Factibilidad (Prefectura 2006), la capacidad del Com-plejo Azucarero, buscará habilitar 17.000 hectáreas, cifra que significa el incrementó en 25 veces más de lo que actualmente se siembra, en la región (Nina, 2009). De acuerdo al periodo de zafra (mayo a octubre), la capacidad de la planta calculada es de 10.000 toneladas caña/día (TCD), con un rendi-miento de 95 Kg. de azúcar por tonelada de caña molida, cuando el promedio nacional es de 61 Kg. de azúcar por tonelada de caña (Nina, 2009).

En los estudios de mercado y técnicos realizados al momento, se pueden observar serios problemas, tanto en el cálculo de los ingresos (problemas en las proyecciones de precios y consumo), como en el de los costos; por otra parte, tampoco se determinó una vida útil del proyecto. Por estas razones, el análisis del Valor Actual Neto (VAN), no corresponde a la rea-lidad y debería reestructurarse (Nina, 2009). Así mismo, el proyecto se

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presenta como la única alternativa de producción en la zona y no se hace un análisis de otras posibilidades. No existen datos oficiales sobre el costo de producción agrícola de caña para soportar el complejo industrial. En el caso del Ingenio Guabirá, el total de inversión por hectárea considerando el promedio de productores (incluye desmontes, enmiendas cálcicas, fer-tilizaciones, control de plagas y laboreo), está alrededor de los 270 dólares por hectárea, sin tomar en cuenta los costos de cosecha y transporte al ingenio (FDTA, 2007; Nina, 2009). Este es un punto esencialmente sen-sible, puesto que dicho monto reflejaría mayormente las inversiones por hectárea de los productores medianos y grandes y, en menor proporción la de los pequeños. De cualquier forma, D. Robinson (2009) indica va-lores de costo de inversión por hectárea, mucho mayores, considerando todas las etapas (casi 500 $US/hectárea.).

Considerando que la inversión por hectárea podría superar los 300 dó-lares, dadas las necesidades de encalamiento y control de malezas, la inversión en un campo de 5 has., alcanzaría a 1.500 dólares/hectárea. Suponiendo un rendimiento de 40 Tn/hectárea, los primeros años y una paulatina reducción después, con un precio alrededor de los 12 a 13 dó-lares por tonelada de caña (precio de compra del ingenio según el estu-dio de factibilidad), la utilidad parece interesante hasta el cuarto año o cuarto corte, esto es, entre 700 y 900 dólares en total, considerando el valor de 157 dólares/hectárea como ingreso para el pequeño productor según el Estudio de Factibilidad de la prefectura. Sin embargo, debido a las posteriores y mayores exigencias de enmiendas minerales y en espe-cial el encalamiento (Vargas, 2009), los niveles de inversión por hectárea aumentarían sustancialmente, reduciéndose paralelamente las utilidades. Bajo estas circunstancias, el productor podría exigir un precio subsidiado por tonelada de caña (subsidio para las enmiendas), retirarse del negocio y buscar otras alternativas productivas, o simplemente buscar y habilitar nuevas tierras con mejores suelos para mantener la productividad y la

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demanda del ingenio. Este aspecto es algo que se vuelve a recalcar más adelante, debido a su importancia.

En cuanto al costo de transporte, no existe información al respecto y, en los estudios existentes no se tomó en cuenta esta variable en el capital operativo. El experto Dan Robinson (2009), observa también la escasa viabilidad económica del proceso en función a los costos de transporte de la materia prima y de los productos derivados, ya sea que se trate de la materia prima, el azúcar o alcohol. San Buenaventura se encuentra a 420 Km. del mercado paceño, la carretera a esta ciudad en época seca (abril a septiembre), se encuentra transitable, pero en época de lluvias (no-viembre a marzo) se dificulta el paso de camiones de alto tonelaje (Nina, 2009). En el caso de Santa Cruz, principal productor de azúcar del país, cuenta con toda la infraestructura básica de servicios de transporte y esti-baje, disponibles para el traslado del producto final, así como de la fase de acopio. Los costos de transporte de Santa Cruz a La Paz, para un camión de 400 qq., alcanzan a 6.000 Bs. y, por las condiciones de dicha carretera se usan trailers que pueden cargar hasta 800 qq. Considerando las distan-cias a los principales centros de comercialización o a las rutas principales de exportación, el costo del transporte, influiría negativamente en la com-petitividad y los costos operativos, repercutiendo en una reducción neta de las utilidades (Nina, 2009), incluso considerando mejoras de las vías o la construcción del puente sobre el río Beni. Al respecto, se anunciaba a mediados del 2010, que el gobierno había asegurado un crédito del Banco Mundial para la mejora del camino San Buenaventura-Ixiamas (www.fmbolivia.com.bo 10 agosto 2010) y de Corea del Sur para la construcción del puente sobre el río Beni (Cambio, 29 agosto 2010), también se manejó la información de un crédito del BID para la construcción de dicho puen-te (la Razón, 29 agosto 2010). La construcción del puente ha generado un conflicto entre San Buenaventura y Rurrenabaque, que se opone a la

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construcción del puente por el lugar propuesto por el gobierno, básica-mente cruzando los pueblos o en las serranías más al sur.

Existe un enorme vacío en torno a los costos de transformación, desde la materia prima al azúcar o alcohol, pues los estudios disponibles a fines del 2009, no detallaban los costos variables y constantes en los que se incu-rriría para la transformación y la manufactura de azúcar. En el estudio se menciona un costo operativo que alcanzaría cifras entre 329 dólares/Tn (2007), hasta 74 dólares $US/Tn (2027). Desde una evaluación financie-ra, tomando como base de cálculo los precios de mercado, y sustrayendo los porcentajes de impuestos y utilidad, este costo no debería superar los 216 dólares/Tn (Nina, 2009).

Evaluación Crítica del Estudio de Factibilidad: “Ingenio Azucarero del Norte de La Paz”.Daniela Pereira (Economista) LIDEMA. 2008

El Estudio de Factibil idad: “Ingenio Azucarero del Norte de La Paz” elaborado el año 2006 por la Prefectura del Departamento de La Paz y nuevamente puesto en circulación a mediados del 2008, no cuenta con un análisis de mercado como tal, y describe sólo parcialmente algunos aspectos básicos, faltando aspectos centrales que permitirían hacer una evaluación correcta del proyecto. Así mismo, dicho estudio carece de productos sustitutos que también representan la competencia del producto que se quiere comercializar y no señala la vida útil del proyecto. Además, no presenta un análisis de demanda proyectado mediante el cálculo de tasas de crecimiento por el tiempo de vida útil del proyecto. Dicho estudio presenta una pequeña proyección del consumo esperado a 4 años. Esta proyección además de no ser suficiente y estar desactualizada, sólo considera como indicador la población, no está basada en datos históricos, no considera variaciones en los precios, productos sustitutos, preferencia de consumidores; es decir, la proyección de la demanda no toma en cuenta aspectos fundamentales para el proyecto, por lo que no es válida. Dicho estudio carece de un análisis de la demanda insatisfecha del producto (azúcar). En el caso de que la demanda esté satisfecha (situación real actual) o exista un exceso de oferta, no se explica qué factores podrían permitir captar un mercado ya cubierto, aspecto que no se menciona en el estudio y se asume que el proyecto podrá vender el 100% de su producción. Además, carece de un análisis histórico de los precios del producto principal y los subproductos, así como sus proyecciones en el tiempo de duración del proyecto. En el estudio de factibilidad no se hacen proyecciones temporales de los precios, asumiendo que el precio se mantendrá constante.

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En cuanto a los costos de inversión, se estaría considerando, los costos de desmonte y la habi l i tación de t ierra. S i bien se los menciona, no se toma en cuenta en el cálculo de utilidades. La inversión realizada en instalación (vivienda, instalaciones sanitarias, eléctricas, etc.) que, a pesar de ser un costo cubierto por la prefectura (ahora gobernación), también, debe considerarse. Tampoco se mencionan otros costos como de capacitación, costos de arranque y puesta en marcha del proyecto. No se especifican costos fijos de costos variables y la clasificación de costos está en términos muy generales, ya que todos estos gastos se engloban como costos de operación y no se hace el correspondiente desglose (pág. 21, 22). Aunque si se considera el impuesto a las utilidades, no se incorporan los costos de transporte de los productos, desde la planta a los mercados. Tampoco se toman en cuenta los costos de comercial ización que normalmente representan un costo importante en los proyectos.

El estudio financiero realiza un análisis para demostrar que el proyecto puede desarrollarse con los recursos financieros disponibles. Asimismo, se debe examinar la conveniencia de comprometer los recursos financieros del proyecto, en comparación con otras posibilidades. La decisión final sobre la realización del proyecto dependerá de las conclusiones de los estudios de mercado, técnico y financiero. Se detectan problemas, tanto en el cálculo de los ingresos (problemas en las proyecciones de precios y consumo), como en el de los costos, tampoco se determina una vida útil del proyecto. Por estas razones, el análisis del Valor Actual Neto (VAN) no corresponde a la realidad y debería reestructurarse.

Por otro lado, el cálculo se basa en una tasa de interés de oportunidad del 11%, esto significaría que el proyecto prácticamente no tiene ningún riesgo (riesgo de 0,8%), lo cual no concuerda con la realidad, considerando que:

Se estaría entrando a producir un bien que ya tiene exceso de oferta, tanto en el mercado nacional, como en el internacional;

No tiene una estrategia de comercialización del producto bajo estas circunstancias;

No tiene total certeza si el suelo es o no apto para este producto; y

No se considera el alto impacto ambiental del proyecto.

Bajo estos conceptos la tasa de interés de oportunidad debería ser de al menos 15%, bajo la cual el proyecto dejaría de ser viable.

Finalmente, el proyecto se presenta como la única alternativa de producción en la zona y no se hace un anál is i s de otras posibi l idades que podrían ser más sostenibles.

Desde los años 70 cuando empezó a estructurarse la idea del proyecto cañero, existieron varios intentos de ensayos de campo y evaluaciones. Según D. Robinson (2009), después de cada intento, la información de la parte productiva se perdió y no existe un solo informe de rendimientos

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y porcentajes de sacarosa. Este experto supone que esto obedeció a que dichos análisis fueron por debajo del 10% y que los porcentajes de rendi-miento fueron menos de lo esperado.

Si bien la región tradicionalmente ha producido caña de forma artesanal y doméstica desde hace siglos, con niveles bajos a regulares de produc-tividad, esta producción ha sido a baja escala y sólo para satisfacer el pequeño mercado regional. D. Robinson (2009), asume que en la región los rendimientos serían demasiado bajos (máximo unas 35Tn/ha.) y con tendencia a ir disminuyendo, en tanto que el porcentaje de sacarosa tam-bién sería demasiado bajo (6% a 9%). El esfuerzo necesario para abonar estos suelos, no se compensaría con la producción adicional. D. Robin-son (2009) concluye que el aumento del porcentaje de sacarosa depende poco de abonar y depende mucho del brillo solar y de la duración de la época seca o estacionalidad. Al existir en la región, una reducida época seca, ele-vada pluviosidad anual y gran hidratura en los tejidos vegetales, la caña tiende a tener baja concentración de azúcar. Es diferente el caso de una experiencia semi-artesanal en un valle seco cálido del Perú (com per. D. Robinson, 2009), donde en un predio de 19 has., con abono natural, el promedio de rendimiento de caña alcanza la cifra extraordinaria de 180 Tn/ha., con un porcentaje igualmente asombroso de sacarosa del 16% y un potencial fabuloso de 28.8 Tn de azúcar/ha. D. Robinson destaca las condiciones ecológicas y climáticas de esta zona peruana, diametralmente opuestas a las imperantes en el pie de monte del trópico paceño. Según Robinson (2009), no existe perspectiva de superación económica para agricultores del norte de La Paz, a través de la caña, debido a los diversos aspectos ya analizados y que mejores perspectivas se tienen con la pro-ducción orgánica.

En resumen, se debe destacar que los patrones de brillo solar y duración de la época seca de la región amazónica del norte de La Paz, no permiti-

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rían alcanzar niveles económicamente rentables de sacarosa, lo cual tam-bién tiene relación con las deficiencias nutricionales de los suelos; además, los suelos accesibles no son aptos, y los pocos suelos aptos, no son accesi-bles o se incremento el costo de acceso y transporte. Finalmente, debido al bajo porcentaje de sacarosa, se haría imposible cubrir el costo de man-tenimiento de fertilidad de los suelos.

Los siguientes principios son aplicables a la región según D. Robinson (2009):

1. Donde hay alta temperatura y elevada humedad, la oxidación de ma-teria orgánica del ecosistema es acelerada. Requiere constante insu-mo orgánico para mantener la fertilidad.

2. En suelos ácidos es mucho más difícil el mantenimiento de la fertili-dad, se requiere mayor inversión en insumos y/o mano de obra.

3. Tradicionalmente, la labor de fertilización de los suelos la cumple el barbecho en forma excelente. Con producción “convencional” indus-trializada, esto se torna inviable.

4. Tradicionalmente en la zona se produce caña en pocas extensiones, por pocos períodos, con poca inversión de tiempo y con dinámica de barbecho.

5. Las experiencias de escala media a grande, se limitarían exclusiva-mente a suelos aluviales de ríos andinos, por la fertilidad comparati-vamente amplia que estos pueden tener.

6. En el pie de monte paceño y beniano predominan suelos formados so-bre depósitos aluviales locales con serios problemas físicos y químicos.

7. La región amazónica, en general, tiene brillo solar insuficiente en perío-dos críticos del desarrollo del cultivo. Permite buen crecimiento vegeta-tivo, pero no permite concentración de niveles económicos de sacarosa.

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El riesgo socio ambiental del Complejo Agroindustrial San Buenaventura (CAISB), en una región de extrema fragilidad, no radica en la producción de azúcar, ni la sobreoferta, incluso si se considera el “azúcar morena” u orgánica, sino en la producción de alcohol anhidro, y aún más crítico en cuanto a producción de etanol, propiamente. De acuerdo a la tendencia de incremento de los volúmenes de venta de productos diferentes al azú-car, se puede mencionar que existe una creciente demanda del producto, incluidas la fugas por contrabando, y que los cinco principales ingenios del país no abastecerían la demanda (Nina, 2009). Esto podría significar una sobre-demanda de caña en el futuro y una expansión sin control de las fronteras agrícolas en la provincia Iturralde. Como ya se ha mencionado, al menos coyunturalmente, la demanda internacional de azúcar parece ir en una tendencia de alza y con buenos precios, lo cual, podría significar una justificación para impulsar las iniciativas agroindustriales no solo del CAISB sino las cañeras en todo el país, situación que ya tiene bastante apoyo de las corporaciones y desde la lógica de los biocombustibles.

Aprender de las lecciones del pasado: el caso de la región de Apolo

El =cultivo de caña en el norte de La Paz no es cosa nueva. Desde hace siglos, el cultivo de la caña de azúcar acompañó los sistemas productivos de los pequeños campesinos de la región, inclusive hoy en día es un ele-mento importante en muchas parcelas. Incluso, la producción de caña y su transformación a gran escala, tampoco es cosa muy nueva. Lo que nos dice la historia es que a fines del siglo XVIII se inició un proceso de proliferación de grandes haciendas agropecuarias en la región de Apolo, y se empezó a ejercer una creciente presión sobre los suelos y recursos. En esa época se incrementó el cultivo de caña, y se hace referencia a los “cañaverales de Caupolicán” aparecieron industrias de alcohol, melaza y empanizado, puesto que la importación de estos productos, desde el Perú, resultaba muy costosa (Machicao, 1990; Soux, 1991).

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A inicios del siglo XIX, se produjo en toda la región el auge de la quina, codiciada por sus propiedades medicinales contra la malaria (Peñaloza, 1992). La demanda masiva de dicha corteza atrajo a enormes cantidades de recolectores, rescatadores y comerciantes a toda el área. Apolo y sus alrededores, se convirtieron en el granero de la región. Las haciendas ya establecidas varias décadas antes del auge de la quina, se expandieron, multiplicaron e intensificaron su producción. Se incrementaron los sem-bradíos de caña, maíz y pastizales para ganado.

El cultivo de la caña fue muy privilegiado debido a la elevada demanda de azúcar y alcohol, de modo que también proliferaron las industrias de producción de miel de caña, empanizado, azúcar y alcohol, así como la extracción de leña para los procesos industriales (Ribera, 2008; Ribera y Liberman, 2006). El resultado fue que después de algunas décadas, la región de Apolo sufrió fuertes transformaciones ecológicas y proliferaron extensos campos agrícolas, sabanas secundarias y zonas degradadas. Al finalizar el auge de la quina, casi de forma inmediata, sobrevino otro em-bate al equilibrio ecológico de la región: el auge de la goma, que se inició en 1870 y se extendió hasta 1930 (Gamarra y Kente, 1992; Avendaño, 2006), tuvo como centros intensivos de extractivismo a la Amazonía norte del país y Larecaja tropical, que ejercían la misma demanda de productos que en el auge quinero. Una vez más Apolo se convertía en el centro de aprovisionamiento de bienes y recursos para las regiones productoras de goma y, la zona volvía a experimentar un segundo ciclo de sobre-explo-tación de suelos y recursos, con especial énfasis en el cultivo intensivo y a gran escala de la caña de azúcar y los procesos industriales derivados.

Posiblemente la región de Apolo, situada alrededor de los 1.200 msnm. con suelos regularmente mineralizados y con precipitaciones anuales in-feriores a 1.500 mm/año, sea una de las más privilegiadas para el logro de buenos rendimientos cañeros, es más, la producción artesanal de la caña

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y sus derivados en la zona de Apolo, sigue siendo una de las más impor-tantes del norte de La Paz, a pesar de la fuerte degradación de los suelos. Sin embargo, la sobreexplotación de los suelos y la intensificación de la producción cañera a una escala industrial en dichas épocas, dio como re-sultado el derrumbe de los ecosistemas, de forma que actualmente, puede verse desde el espacio y en imágenes satelitales de muy baja escala, una enorme expansión de sabanas antrópicas y tierras degradadas de más de 1.500 kilómetros cuadrados.

el dilema de la capacidad de los suelos: el estudio de Ronald J. Vargas

Desde hace muchos años, la mayor incertidumbre sobre la instalación de un complejo agroindustrial en la región tropical amazónica del norte de La Paz, fue la escasa capacidad de los suelos, por ser ácidos y pobres en nutrientes, para soportar a largo plazo una intensificación agrícola como la proyectada. Estudios muy generales realizados desde los años 70 (Co-chrane, 1973; EUROCONULT, 1999) arrojaron algunos resultados so-bre la fragilidad de los suelos de la región, sin embargo se observaba la escasa cobertura espacial de dichas evaluaciones.

El año 2009 emergió un estudio edafológico a mucho mayor detalle (pH, materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico efectivo, etc.), realizado por el edafólogo R. Vargas, bajo auspicio de la Conservation Strategy Fund (CSF) y Conservación Internacional (CI), 2008-2009, en el marco del Programa de Conservación de Paisajes, financiado por US-AID, cuyas conclusiones apuntaron a que la aptitud química-edáfica de la región tenía fuertes limitaciones y que no existen suelos aptos para el cultivo de caña desde un punto de vista de las propiedades químicas del suelo. En tanto que más de un 90% del área de estudio, es marginalmente

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apta y no apta para el cultivo de la caña de azúcar y sólo un 10% es “mo-deradamente apta”, lo que significa que ninguna zona es totalmente apta.

Causa especial preocupación que una de las conclusiones de dicho es-tudio, manifieste que: “Las limitaciones de aptitud, no significa que no puedan realizarse actividades agrícolas. El problema es que no se lograrán rendimientos mínimos que respondan a la inversión por parte del usuario y que en términos am-bientales su impacto será mas negativo aún”. Dicho estudio, que muestra ser de alta calidad técnica y confiabilidad, menciona que: “Si bien con los con-tenidos iniciales de nutrientes pueden garantizar un rendimiento similar a la media nacional de 46 Tn/ha., esto será sostenible hasta los primeros tres a cuatro cortes, y a partir de ahí se notará una disminución en el rendimiento de la caña en tonelaje, así como en el contenido de sacarosa”.

Esta información, derivada del estudio más completo de suelos realizado hasta el momento en la región, es concluyente, respecto a la escasa soste-nibilidad productiva, por la condición de los suelos, pero ha sido utilizada de forma inadecuada por los actores interesados en impulsar el proce-so (Prefectura, Asociación de Productores de Caña y municipio de San Buenaventura), difundiendo la figura de que la región tiene gran aptitud como productora de caña.

El mapa de aptitud química-edáfica del estudio de R. J. Vargas (2009), que resume el grado de aptitud desde un punto de vista de las propieda-des químicas, muestra que: “Los suelos son marginalmente aptos para el cultivo de caña de azúcar en un 61.4% del área de estudio”, esto llama la atención por su magnitud. Es importante considerar que este grado de aptitud se debe a que: “los suelos son fuertemente ácidos, lo que influye directamente en una baja Capacidad de Intercambio Catiónico Efectiva (CICE)” y un bajo contenido de ma-teria orgánica” (Vargas, 2009). Además, se destaca la elevada toxicidad de aluminio debido al bajo pH de los suelos, esto implica que: “La incorpora-

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ción de enmiendas cálcicas en el área de estudio es una de las prácticas inevitables considerando los niveles del complejo de acidez presentes en el suelo”. (Vargas, 2009).

Se abre este análisis en base a un artículo de un medio de difusión mu-nicipal (Revista de la FAM: Poder Local, junio 2009) sobre el proyecto agroindustrial de San Buenaventura, en el cual se destaca una declara-ción de un funcionario de la organización CSF, promotora del estudio del complejo. En dicha entrevista causa mucha extrañeza la siguiente decla-ración: “Contrariamente a lo que se especulaba, el estudio de suelos permite afirmar que la zona sí es apta para la producción de caña de azúcar, aunque no a niveles óptimos, no se alcanzarían niveles de rendimiento ni contenidos de sacarosa extraor-dinarios, pero la zona sí es apta para producir caña de azúcar a niveles aceptables.”

Estas declaraciones, contradicen las siguientes conclusiones del estudio de suelos realizado por R. Vargas (2009):

y “En el área de estudio, desde un punto de vista edáfico, no existe un suelo que sea completamente apto para el cultivo de caña de azúcar, esto se debe principalmente a las condiciones físicas del suelo (la textura y drenaje) son las limitantes”.

y “Los suelos del área de estudio tienen ciertas restricciones que limitarán la pro-ducción adecuada de caña de azúcar. Sólo el 10% del área de estudio tiene un grado moderadamente apto para la producción de la caña de azúcar.

y El estudio es aún más concluyente: “Bajo las condiciones climáticas y edáfi-cas actuales, en los primeros 4 años de producción se lograrán rendimientos entre 40 y 55 Tn/ha., de caña de azúcar con un contenido de sacarosa (Brix) intere-sante. Sin embargo, dada la naturaleza de los suelos y las condiciones climáticas del área de estudio, y bajo las características de monocultivo de la caña, el pH disminuirá y se volverá más ácido, por lo que la fertilidad natural del suelo sufrirá un decremento drástico, lo que repercutirá en el sistema de producción.

y “El carácter marginal de la región para producir caña a nivel industrial e incer-tidumbres lógicas sobre la sostenibilidad, mientras no exista una fase de experi-

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mentación de al menos unos tres años”. Este aspecto fue recalcado por dicho autor en un taller de análisis sobre el tema, organizado por LIDEMA a fines del 2009.

Siguiendo las declaraciones de CSF en la revista de difusión de la FAM, (PODER LOCAL, 2009) se lee: “Si la producción tradicional en la zona es sustituida por la caña de azúcar, considerando que ésta va a generar mejores ingre-sos para los productores, habrá una reducción de la deforestación porque la caña de azúcar es un producto agrícola muchos más eficiente que el arroz o el maíz, ya que no requiere de la habilitación de nuevas tierras cada año, como ocurre con otros cul-tivos”. Al respecto, es importante considerar que la eficiencia productiva tiene estrecha dependencia de la fertilidad de los suelos y no solamente con el tipo de producto. En este sentido, es importante volver a recurrir a los resultados de R. Vargas. Este estudio concluye que: “El 87.1% del área de estudio requiere de encalado moderado, lo que significa una aplicación de 4 a 8 toneladas por hectárea. El 9.7% del área de estudio presenta un requerimiento bajo y un 3.2% requiere de dosis altas de encalado”. El área que no requiere de encalado es insignificante. En el caso del nitrógeno, los suelos de la región ya sufren deficiencia de este elemento, por lo que el estudio concluye que “si no se considera un programa de fertilización a largo plazo y se implanta la pro-ducción de caña de azúcar, entonces la deficiencia se incrementará hasta degradar el recurso suelo”. El estudio define también que: “Alrededor de 14.2% de los suelos del área de estudio requieren de fertilización nitrogenada a nivel moderado; es decir, entre 8 a 15 Kg. por hectárea”. Las áreas que requieren este grado de fertilización se encuentran alrededor de la carretera San Buenaventura-Flor de Mayo, que en la actualidad es sujeta a prácticas agrícolas. Un 20% del área de estudio, principalmente alrededor de las comunidades de Tumupasa y Nueva Jerusalén, requiere de dosis altas de fertilización que se encuentran entre 15 a 30 Kg. por hectárea, lo cual implica que estos suelos son deficientes en cuanto a este elemento. Por otra parte, Vargas,

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concluye que el requerimiento de fertilización fosfórica en un 54.9% del área, es elevado. Se requiere fertilización fosfórica moderada en 27.5% del área de estudio, lo cual, también es una superficie considerable. Esta demanda se hallaría localizada espacialmente a lo largo del área de estu-dio, sin un patrón específico, como consecuencia de la alta variabilidad de este elemento.

Por otro lado, el estudio de Vargas concluye que: “dentro de las labores cul-turales en la producción de caña de azúcar en Bolivia, en casi la totalidad de las zonas de producción, se evidenció que la fertilización no es una práctica común, por lo que no se constituye en parte del sistema de producción cañero. Dicho estudio evi-denció que la productividad del sistema es cada vez menor, llegando los rendimientos y el contenido de sacarosa a ser más bajos con el pasar del tiempo si la producción continúa”. En el caso del norte integrado de Santa Cruz, las labores de enmienda regular son realizadas casi exclusivamente por los medianos y grandes productores, no así por los pequeños productores que trabajan al margen de la rentabilidad y con bajos niveles de productividad (Salinas y Soruco, 2005).

Lo anterior puede significar que a partir del cuarto año, si no hay un sub-sidio adecuado de los cultivos de caña con fertilizantes y cal, se pueden generar las siguientes situaciones negativas para los productores cañeros y todo el sistema agroindustrial:

1. El estado deberá subvencionar la fertilidad de los suelos o el sistema de producción, en general, se verá obligado a ampliar las fronteras de los cultivos agroindustriales en busca de nuevos suelos para satisfa-cer la demanda industrial.

2. Si lo anterior se torna difícil, por ejemplo debido a los conflictos, el complejo, simplemente colapsará por falta de materia prima. En el mejor de los casos, después de unos años, los pequeños productores

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deberán volver a sus “cultivos tradicionales“ lo cual harían en franca desventaja, puesto que lo harían sobre suelos empobrecidos por la caña, o habilitarían pastizales para una ganadería forzada, de baja productividad y, en el peor de los casos, se verían forzados a migrar hacia otras regiones.

Otra afirmación de CSF para la revista de la FAM mencionaba: “Actual-mente cada productor requiere 2.5 hectáreas nuevas cada año, que multiplicadas por las más de 1.200 familias, suman 2.800 hectáreas de deforestación anual en la región. Esta deforestación se reduciría sustancialmente si los cultivos son sus-tituidos por caña de azúcar”. En primera instancia, esta aritmética, parece no considerar que los sistemas de producción de la región corresponden a una figura de agricultura migratoria de pequeñas parcelas (en algunos casos de menos de dos hectáreas) y que si bien puede darse una tasa de recambio anual de superficies, dado que la zona no ha ingresado en una crisis de barbecho como en otras regiones pedemontanas (Yucumo, Chi-moré y Yapacaní), los productores después de algunos años reutilizan los barbechos en regeneración, evitando la apertura de bosque primario (más costoso en términos energéticos y económicos).

Si los productores que ahora utilizan 2.5 hectáreas/año para productos tradicionales, ingresan en la lógica de la caña (y a escala industrial) y los biocombustibles (etanol), es muy posible que las superficies de siembra de caña se dupliquen o incluso abarquen mayores extensiones anuales, esta figura sería especialmente favorecida por la demanda del complejo y los atractivos precios reales o subvencionados. Es posible también que muchos productores, además de sembrar caña, mantengan algunas su-perficies para productos de subsistencia, con lo cual la figura idílica de reducción de la deforestación si se cultiva caña, no es real. Lo anterior es aún más probable si se considera el período crítico más allá del cuarto año de siembra y corte, cuando empieza a decrecer la fertilidad de los suelos.

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En cuanto al estudio económico de CI-CSF (Malky y Ledesma, 2009) que paradójicamente acompaña al estudio de suelos, determina que el im-pacto ambiental sobre el área boscosa “sería positivo, sólo si la caña sustituye a los actuales cultivos tradicionales, no se extiende la frontera agrícola más allá del límite tradicional y no se da un incremento del proceso migratorio en la zona”. Esta conclusión podría parecer, en principio, muy atractiva desde el punto de vista netamente económico: podemos imaginar a los productores campe-sinos cañeros de la región, produciendo caña en todas sus parcelas, dado lo “ventajoso de los precios”; pero teniendo que comprar fideos, arroz, enlatados y todos los productos básicos de las tiendas y pulperías, pro-ductos además traídos de otras regiones a precios obviamente más altos, a no ser que sean subvencionados. Vale decir, un escenario muy precario de seguridad y soberanía alimentaria, además bajo una figura de supuestas buenas cosechas, que duraría en el mejor de los casos algo más de los cua-tro años ya mencionados. La sustitución de la caña agroindustrial por los cultivos tradicionales, podría significar un cambio contraproducente, que repercutiría negativamente en la calidad de vida de la gente en la región.

Respecto a la no expansión de la frontera agrícola, debe precisarse que se entiende por “límite tradicional” (posiblemente el tope de las cinco hectá-reas). El cultivo de la caña a escala industrial, como está planteado, reem-plazaría a los cultivos tradicionales como ser: yuca, plátano, arroz, maíz, frijol, etc., en las pequeñas parcelas (para hacer supuestamente positivo el proceso). El propio proceso agroindustrial ampliará la frontera agrí-cola, en correlación a la demanda del complejo y la necesidad de nuevos suelos, sacrificando espacios potencialmente utilizables para productos tradicionales.

Considerando estos elementos y tomando la palabra a dichas presun-ciones, podemos visualizar que desde un inicio, el mencionado complejo

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agroindustrial, no sería positivo ni sostenible, al contrario conlleva el ries-go de generar efectos eminentemente negativos.

Es también necesario comentar la aseveración incluida en el medio de di-fusión de la FAM, de que: “La deforestación se reduciría sustancialmente si los cultivos son sustituidos por caña de azúcar, ya que una vez alcanzada la superficie mínima para abastecer de materia prima al ingenio, los requerimientos anuales de habilitación de nuevas tierras serían mínimos”. Este supuesto, considera que los suelos mantendrían su fertilidad y un buen pH de forma permanen-te, es decir, más allá del cuarto año; sin embargo, sólo se cumpliría, si se asegura el regular abastecimiento subsidiado de enmiendas (fertilización) y encalamiento. Los requerimientos de habilitación de nuevas tierras o la necesidad imperiosa de enmiendas se producirían precisamente después del límite crítico de los 4 primeros años; por tanto, la aseveración de que “los requerimientos anuales de habilitación de nuevas tierras serían mínimos”, es en exceso apresurada.

El estudio económico estima que la superficie de cultivo, en una primera instancia, podría ser de 11 mil hectáreas (observamos que nuevamente hay una variación en las proyecciones de la superficie total de cultivo). Esta superficie crecería anualmente hasta alcanzar 20 mil hectáreas al cabo de 20 años. Esta situación se podría dar bajo el supuesto de que la ampliación de superficies de cultivo es reducida, gracias al mantenimiento de la fertilidad y el pH de los suelos bajo producción. Como esta dinámica de subsidio al suelo podría ocurrir en muy baja proporción, si es que se da, la suposición de las 20.000 ha, después de 20 años, provoca muchas incertidumbres. Esto significa que el futuro inducido de la región bajo la presión del proyecto agroindustrial podría ocasionar un avance descon-trolado de ocupación de nuevas tierras y de las fronteras agrícolas. Si el Estado, en un momento, decide subsidiar la fertilidad y pH de los suelos (subvencionar a los productores), para mantener la productividad de los

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cultivos de caña y tener bien aprovisionado al complejo, entonces estamos ante una figura demasiado artificial, donde la rentabilidad neta del pro-yecto y los beneficios para el país estarían puestos en serias dudas.

Otros dos supuestos del estudio económico de CI-CSF establecen que el proyecto puede ser económicamente viable: “Si el sistema de producción agrícola es de base comunitaria (la participación de comunidades situadas a no más de 85 kilómetros del ingenio); si no se construye otro ingenio azucarero en la región; si no se incentiva la migración hacia el lugar; y si el Estado boliviano mantiene su posición de no participar en la producción de biocombustibles”. La mención de “sistema de producción de base comunitaria” como requisito de viabilidad del proyecto, es especialmente ambigua. Si bien muchas dotaciones de tierras han sido comunitarias, el acceso a las parcelas agrícolas y ganaderas, in-cluso a predios de aprovechamiento forestal, es mayormente individual (Kroncklenton et at., 2009). Una base comunitaria de producción es lo contrario a una base individualizada. En la región, sólo algunos recursos “abiertos” son manejados en un sentido comunitario o comunal, como ser la caza, pesca o la forestería doméstica. El uso del suelo es individual-familiar (incluso por familias extendidas indígenas), lo cual significa que la producción de caña estará sujeta a esta figura de cultivo de propietarios individuales. Lo que probablemente se quiso decir es que la producción se dará en el contexto territorial de las comunidades relativamente cercanas, lo cual es diferente.

Por otra parte, resulta difícil visualizar otro ingenio azucarero en la re-gión. Lo que sí se puede prever es la potencial instalación de industrias para la elaboración de alcohol, etanol o biodiesel (fomentando además las proyecciones del Ley del Complejo, respecto al cultivo de la palma africana), existiendo, al momento, una gran expectativa por los industria-les de Santa Cruz y, especialmente, del Brasil, para realizar este tipo de inversiones.

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En cuanto al supuesto de no incentivar o incrementar un proceso migra-torio, el supuesto peca de ingenuo, pues cualquier proceso de esta natura-leza incide en el aumento de afluencia de gente a las zonas con incremento de actividad económica. El sólo hecho de anunciar el proyecto ha genera-do expectativas migratorias hacia la región. Este proceso no sólo se daría a partir de potenciales colonos, sino de personas que buscarán oportuni-dades de empleo en los períodos de zafra y otras labores. Esto implica que las migraciones permanentes o temporales no sólo se darán hacia las zo-nas rurales, sino también a las poblaciones próximas (San Buenaventura, Rurrenabaque, Tumupasa, Ixiamas, Reyes). Algo que llama la atención, es que en ningún momento se han mencionado los eventuales conflic-tos que se pueden suscitar con los actuales usuarios colonos o indígenas, considerando además que existen nutridos antecedentes de conflictos por tierras y recursos que se han dado en la región (Salinas, 2007), uno relati-vamente reciente, el 2009, entre indígenas de Tacanas y colonos.

En lo que respecta a los biocombustibles, la Ley 3546 del Complejo Agroindustrial del Norte de La Paz, de noviembre del 2006, declara de Prioridad Nacional la construcción del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura: Artículo 1. (Objeto) “Se declara de Prioridad Nacional la cons-trucción del Complejo Agroindustrial de San Buenaventura, teniendo como base la implementación del Ingenio Azucarero del Norte Paceño, ubicado en San Buenaven-tura, Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz, para la producción de azúcar, biocombustible en base al etanol, alcohol anhidro y alcohol deshidratado, así como también la producción de palma africana para la producción de aceite y biodie-sel, como fuentes de energía renovable y compatible dentro del marco de la producción ecológicamente sostenible”.

Siguiendo está línea legal, las proyecciones oficiales del proyecto reim-pulsado por la prefectura de La Paz el 2006, mencionan la producción de 50.000 litros de alcohol carburante, 50.000 litros de alcohol potable. En

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mayo del 2008, las declaraciones del entonces Prefecto del departamen-to de La Paz (J.L.Paredes) con motivo de despedir a la caravana que transportó las semillas de caña donadas por la Federación de Cañeros de Bermejo, reiteró que: “Se inicia una alianza estratégica para la producción de azúcar, biocombustible sobre la base del etanol, alcohol anhidro y alcohol deshi-dratado, así como también la elaboración de palma africana para la fabricación de aceite y biodiesel, como fuentes de energía renovable y compatible dentro del marco de la producción ecológicamente sostenible” (El Diario, mayo, 2008).

Como se puede ver, el supuesto de la viabilidad del proyecto agroindus-trial, en caso de que “el Estado boliviano mantenga su posición de no participar en la producción de biocombustibles” (PODER LOCAL/FAM, 2009) es algo que desafortunadamente, según las políticas del actual gobierno, no tendría grandes posibilidades de darse en la práctica, especialmente dado el cre-ciente acercamiento de los sectores corporativos del oriente al gobierno. Lo cierto es que más allá del éxito o fracaso de la producción azucarera, el proyecto está abriendo las expectativas para la producción regional de biocombustibles, algo mucho más delicado en términos socio ambientales que tan sólo producir azúcar. El 2007, de acuerdo a estudios realizados por los expertos C. Delius y M. Barba, expuestos en uno de los foros de “biocombustibles sostenibles”, se percibía como promisoria la producción de etanol en el norte de La Paz (San Buenaventura) y otras regiones de Bolivia, por lo que consideraban al proyecto de exportación de etanol de caña como “nacionalmente incluyente” (www.ibce.org.bo, 2007). Esto muestra que respecto al norte de La Paz no solamente se está hablando y espectando una producción de azúcar y menos, sólo de azúcar morena orgánica, con lo cual uno de los supuestos del estudio ya no funciona.

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Avanza la Lógica de los Biocombustibles: Fuente: amazoniaboliviana.com

Cabe mencionar que en la región oriental del país existen varios ingenios azucareros, como Guabirá, que ya producen etanol y lo exportan, mientras esperan la reglamentación de la Ley 3086, aprobada en el 2005, para poner en vigencia la mezcla de etanol con la gasolina. Por otra parte, la Ley Nº 3207 del 30 de septiembre de 2005, o del biodiesel, en su Artículo 2, dispone la incorporación del componente vegetal de producción nacional como aditivo al diesel de petróleo, de manera gradual y progresiva, hasta llegar a una proporción del 20%. A los 2 años de promulgada dicha Ley, se esperaba que el biodiesel incorpore un mínimo de 2,5% de componente vegetal para su comercialización y uso en todo el territorio del Estado boliviano. El incremento progresivo y gradual del porcentaje inicial (2,5%) debía ser realizado según metas anuales que determine el Poder Ejecutivo, las mismas que tenderán a sustituir la mayor proporción posible del diesel de petróleo importado. Después de la promulgación de la Ley de Biodiesel, se recibieron una docena de iniciativas para fabricación de biodiesel, las cuales no prosperaron simplemente debido a la ausencia de una reglamentación.

La lógica del ingenio Guabirá ha sido ofrecer etanol para atenuar la escasez de gasolina en el país. En dos o tres meses, la producción de este grupo estaba prevista subir de 60 a 100 millones de litros, de acuerdo con la información del Presidente del Grupo, Mariano Aguilera (elnuevodía.com, abril, 2009). El alcohol anhidro puede ser mezclado con la gasolina y se ofrecería un combustible de mayor octanaje al mercado nacional, aseguró al señalar que el producto que ofrecen es de 115 octanos (85 octanos es el mínimo requerido). “Va a mejorar la gasolina tremendamente”, puntualizó el ejecutivo al asegurar que Guabirá ya aumentó la capacidad de molienda, de producción de alcohol y de azúcar, también la siembra de caña ha sido ampliada. (elnuevodía.com, abril 2009).

En el Foro “Por qué debería Bolivia apostar por los Biocombustibles”, organizado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, los especialistas Carlos Delius y Miguel Barba, manifestaron que la participación del uso del Etanol como combustible está prevista ya en más de un 80 por ciento, para fines de 2010. “Esta alternativa es la que pone nerviosos a algunos países que hoy en día producen y exportan petróleo, motivándolos a promover una resistencia en contra de los biocombustibles”, sostuvo Delius a tiempo de alentar la construcción de un verdadero Complejo Agroindustrial en San Buenaventura (amazoniaboliviana.com, septiembre 2009).

Nota.- Mayor información sobre el tema, es ampliada en el capítulo Soya y biocombustibles, de este volumen.

Por si lo anterior fuese poco, a inicios del 2010 se anunció la instalación del Ingenio Sucro Alcoholero AGUAÍ S.A., con una inversión total de 100 millones de dólares. Según un comunicado de prensa de la propia empresa, estaría ubicado en la Provincia Obispo Santisteban del De-partamento de Santa Cruz. Los trabajos de construcción de la planta se

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iniciarán el 2010 y comenzará su funcionamiento en el 2011. Su capaci-dad de producción será de 600.000 litros de alcohol por día y producirá 100 millones anuales, para lo cual se requerirán 1.5 millones de toneladas anuales de caña, cultivadas en un área de aproximadamente 23 mil hectá-reas (El Diario, 15 enero 2010). La demanda de caña para producción de alcohol anhidro y etanol, puede incrementarse en el país de tal forma en los próximos años, que parte de la producción cañera de la zona de San Buenaventura podría derivarse a las iniciativas tipo AGUAÍ.

Considerando que existe una elevada probabilidad de que los requisi-tos o supuestos de viabilidad respecto a otras iniciativas industriales, la migración y los biocombustibles, no se cumplan, se pone en duda que el proyecto sea económicamente viable a largo plazo.

En cuanto a la reducción de la deforestación, que era un supuesto del estudio de CI-CSF (Malky y Ledesma, 2009), es necesario remitirnos nuevamente al estudio de suelos y la elevada incertidumbre de sosteni-bilidad después del cuarto año. Si se realizan esfuerzos para asegurar la rentabilidad de la iniciativa industrial, ya sea subvencionando desde el Estado la fertilidad de los suelos o la propia funcionalidad del ingenio, la real viabilidad y “deseabilidad” económica del proceso estará en serias dudas. Si la subvención del proceso ingresa por la habilitación de nuevos suelos y la expansión acelerada de las fronteras agrícolas, se puede consi-derar que la iniciativa es ecológicamente inviable y no deseable. Dada la situación de pobreza de los suelos, es difícil pensar en una “deforestación evitada” y un estancamiento de la frontera agrícola (cosa factible si se tratara de un proyecto de manejo forestal), y por tanto, es previsible que en un plazo de 5 o 10 años, se produzca una deforestación acelerada para el abastecimiento de caña al ingenio azucarero-etanol o para la siembra de palma africana.

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El estudio económico de CSF-CI afirma que “la viabilidad del Complejo Azu-carero de San Buenaventura dependerá de la competitividad alcanzada en la fase agrícola (55 Tm/has., y 12,5% de sacarosa), el precio del azúcar (sobre $US 17/quintal), la disponibilidad de los actores públicos de invertir (al menos $US 90 mi-llones) y la disponibilidad de los inversores públicos de subsidiar el proyecto en una etapa inicial”. Como se ha analizado anteriormente, los supuestos de producti-vidad, porcentaje de sacarosa o de precios, son muy volátiles. En cuanto a la disponibilidad pública o privada de invertir incluso más de 100 millo-nes de dólares, el riesgo de crear “elefantes blancos” ya es conocido, por ejemplo Karachipampa.

Otra de las conclusiones del estudio económico de CSF-CI es: “que a pesar de que la industria en su conjunto es deseable para la economía nacional (“por los impactos positivos que generaría sobre los productores y por la deforestación que sería evitada”), la empresa que administre el ingenio difícilmente alcanzará una viabili-dad financiera, por que el negocio azucarero tendrá dos socios: los productores agrí-colas y la empresa que administre el ingenio (inversionistas); los grandes ganadores serían los productores y los perdedores los inversionistas”. Esta conclusión final es muy sombría y entra en disenso con el resto de afirmaciones optimistas sobre la viabilidad, pues mostraría un escenario de constante subvención del Estado a una industria en permanente quiebra. El inversionista más importante, el Estado, resultaría ser el gran perdedor junto con la em-presa que administre el ingenio y supuestamente los productores serían los ganadores (al ser un “proyecto social”), situación que difícilmente se puede mantener a largo plazo. Es paradójico y contradictorio asumir que la “industria es deseable para la economía nacional con una empresa administrado-ra que difícilmente alcance la viabilidad financiera”. La afirmación dada puede llegar a confirmar nuestros temores de que la iniciativa agroindustrial del norte de La Paz tiene un elevado riesgo de ser un “elefante blanco”, cuya rentabilidad sólo pueda estar asegurada por unos años, a partir de sub-

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venciones y subsidios del Estado. En este caso, la preocupación debería centrarse sobre el grado de eficiencia y responsabilidad en la inversión y el gasto público. Bajo esta visión de inconsistencia y a la luz del estudio de R. Vargas, resulta difícil preciar cuáles son los móviles reales para seguir impulsando, desde diversos ángulos, una iniciativa que lleva el signo de no sólo del fracaso, sino del riesgo de una devastación ecológica a gran escala en una de las regiones de mayor fragilidad y riqueza biológica del país. Se percibe una curiosa insistencia en tratar de mostrar como “desea-ble” un proceso agroindustrial que conlleva mucha incertidumbre de via-bilidad a mediano plazo, incluso contradiciendo los resultados que verifi-can la marginalidad del potencial productivo agrícola de la región. Causa preocupación que los planes de desarrollo de las regiones continúen obe-deciendo lineamientos y visiones con elevado riesgo socio ambiental, muy concordantes con los enfoques de décadas pasadas, donde las variables medio ambientales no eran tomadas en cuenta.

evaluaciones técnicas de las misiones de cuba y Brasil

Finalmente, y después de varios meses del más absoluto hermetismo, en julio del 2010 se conocían algunos aspectos sobre los resultados de las misiones de Cuba y Brasil, en un informe del OBIE/CEDLA, elaborado por E. Ormachea (2009).

Expertos del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario de Cuba emitieron en junio del año 2009, el informe titulado “Consideraciones téc-nicas sobre la ampliación de la industria azucarera boliviana en el Norte paceño” (Ormachea, 2010). En el informe se menciona que la superficie disponible con posibilidades para el cultivo de caña en la región, no supera las 23.000 hectáreas y que la configuración espacial del área potencial (larga y es-trecha) a manera de un corredor de 100 Km., implica grandes distancias extensas para el traslado de materia prima al ingenio, lo que encarecería

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el costo de producción. Se destacan, niveles prometedores de rendimiento y de concentración de sacarosa. El informe cubano señala que los suelos de la zona requieren un adecuado manejo agronómico y que se deben contemplar ciclos de cosecha que no superen las cinco zafras, después de las cuales sería prudente dejar descansar el suelo o sembrar un culti-vo alternativo, preferentemente una leguminosa, por un año (Ormachea, 2010). Estas consideraciones son coincidentes con las recomendaciones de R.Vargas (2009). De acuerdo al reporte de Ormachea (OBIE, 2010), el informe cubano sostiene que debido a la alta pluviosidad, el cultivo requerirá de un largo periodo de crecimiento para la caña de azúcar y un periodo corto (no mayor a 100 días) para la zafra.

Un dato que resulta alarmante en el informe cubano y que contradice las optimistas expectativas de deforestación evitada de otros estudios, es que en la zona se requeriría, “de una intensa labor de deforestación” y que gran parte del área “requiere de nivelación de suelos y establecimiento de un sistema de drenaje antes de proceder a las labores propias del fomento” (Ormachea, 2010), sin duda procesos agrarios a gran escala, que podrían ocasionar severos impactos en una región de notable fragilidad ecológica, afectando defini-tivamente un parte importante de la TCO Tacana. Finalmente, el boletín del OBIE menciona que el informe cubano, recomienda la realización de un estudio de factibilidad económica, en virtud a las limitaciones de vías de acceso y necesidades eléctricas y energéticas.

Paralelamente, al análisis del informe de la misión cubana, Ormachea (OBIE, 2010) hace mención de los resultados que el equipo de evalua-ción del Brasil (Escuela Superior de Agricultura de la Universidad de San Pablo), habría presentado al gobierno boliviano en agosto del 2009, en un informe titulado “Evaluación de las condiciones agrarias para el desarrollo fabril de azúcar y etanol en la región de San Buenaventura, Bolivia”. Este informe considera el proyecto como un “desafío tecnológico, social y ambiental”, esto,

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en función a las limitaciones existentes. El mismo sostiene que “la produc-ción de caña de azúcar es técnicamente viable, pero con dificultades en el manejo del cultivo relacionadas con las operaciones agrícolas de preparación del suelo, instala-ción del cultivo y también de procedimientos operacionales de cosecha” (Ormachea, 2010). Al contrario del optimismo del informe cubano, sostiene que exis-ten características desfavorables en la materia prima existente, como ser bajos niveles de sacarosa, desecamiento del tercio superior de los tallos y baja resistencia a enfermedades como carbón y raquitismo, a pesar del elevado desarrollo vegetativo.

Algo interesante del informe brasilero es la visión de diversificación pro-ductiva en la región, pues considera la posibilidad de establecer varios cultivos asociados como yuca, caucho, copoazú, palmito, cacao, etc., así como actividades de cría bovina y, piscicultura; esto dependería, sin embargo, de la inversión en infraestructura, como mejora de carreteras, puentes, centros de almacenamiento y de beneficio, inclusive con la uti-lización de energía eléctrica como producto de cogeneración de la que-ma de bagazo de caña de azúcar (Ormachea, 2010). El informe brasilero destaca dos dificultades centrales relacionadas a la viabilidad técnica del proyecto: a) las “adversidades en el manejo del cultivo relacionadas con las opera-ciones agrícolas de preparación de suelo, instalación del cultivo y de procedimientos operacionales de cosecha”; y b) “restricciones de drenaje de los suelos asociados a la distribución de lluvias” que afectarían “negativamente, en niveles variables, tanto las operaciones mecánicas de colecta como la calidad tecnológica de la caña de azú-car” (Ormachea, 2010).

Los tan esperados informes de las misiones de evaluación de Cuba y Bra-sil, aportan datos interesantes; aunque por una parte contradictorios, como destaca Ormachea (2010), en cuanto las potencialidades produc-tivas y, en especial, el tema de la concentración de sacarosa, al mismo tiempo, son coincidentes en un aspecto fundamental: Las dificultades

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impuestas por las limitaciones de los suelos y la ecología de la región y que requerirían manejos agronómicos de alto impacto ecológico como la nivelación del suelo y obras de drenaje. De igual forma ambos informes destacan la necesidad de un manejo agronómico riguroso, para contra-rrestar las limitaciones edáficas. También ambos coinciden en que una de las limitaciones más serias se refiere al costo de transporte de la materia prima y productos. La pregunta es: ¿con qué seriedad se incorporarán en el proyecto agroindustrial, las observaciones y recomendaciones a los condicionamientos estructurales críticos que impone la región?

De acuerdo a información de prensa, en abril del 2010, la República de Cuba, ofreció su apoyo técnico para la reactivación del proyecto azuca-rero de San Buenaventura. La diplomacia cubana en el país, afirmó que Cuba apoyará el proyecto con el conocimiento de sus ingenieros y larga experiencia en la producción de caña y azúcar, mientras que Bolivia asu-mirá el financiamiento (Cambio, 3 abril 2010). Según este dato de prensa, el gobierno a partir del Ministerio de Desarrollo Rural, continua afirman-do que “El proyecto de San Buenaventura es técnica, ambiental y climáticamente viable y que se desvirtuaron versiones interesadas que en el pasado aseguraban que San Buenaventura no era una región apta para el cultivo de la caña y en consecuen-cia para la producción de azúcar”.

A mediados de septiembre del 2010, se anunciaba en la prensa (La Ra-zón, 17 septiembre 2010), que el gobierno del MAS aprobó el Decre-to Supremo 0637, que crea la Empresa Estratégica Agroindustrial San Buenaventura, el cual demandará una inversión 306 millones de dólares (42 millones de dólares para la producción de la materia prima y 150 mi-llones de dólares para la instalación del ingenio bajo la modalidad llave en mano y 104 millones de dólares para la construcción y mejoramiento de la ruta San Buenaventura-Ixiamas y del puente sobre el río Beni). El anuncio gubernamental aseguraba que un tercio será financiado por la

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cooperación internacional y el resto por el Tesoro General de la Nación (TGN). El anuncio gubernamental del mencionado Decreto, asume una capacidad de molienda diaria de 6.000 Tn caña/día, la producción de 500 Tn azúcar/día de azúcar. También se anuncia la habilitación de 13.840 hectáreas para la siembra, cifra que supera las superficies estimadas en los proyectos de factibilidad. Además se asume un rendimiento de 10 al 14% de sacarosa. Todas estas cifras, no guardan relación con las proyecciones difundidas anteriormente y han sido sobredimensionadas, incluida la su-perficie de siembra y los montos de inversión, obedeciendo a la clásica estrategia discursiva desarrollista.

Respuesta

Es importante mencionar la escasa respuesta general a la problemática, en términos de pronunciamientos o demandas de información sobre los estudios y planes que venía desarrollando el gobierno, la prefectura y algunos municipios de la región. No se conocieron posicionamientos pú-blicos expresos por parte de las organizaciones indígenas regionales, ni de las que directamente se encontrarían bajo riesgo, como el pueblo Tacana (CIPTA).

La AAC, fue absolutamente invisible y no tomó posición alguna respecto a un megaproyecto que a claras vistas representa una amenaza superla-tiva para la región más biodiversa de Bolivia, y que incluye la zona de influencia directa del área protegida Madidi.

Es importante mencionar que en ninguno de los documentos de estudio de la prefectura o del gobierno central referidos al complejo agroindus-trial, como tampoco en los estudios de CSF-CI, se hace referencia al tema de la intensa conflictividad social en la región, situación que a su vez está estrechamente ligada al acceso a tierras y uso de los recursos, como el forestal. Los conflictos se han manifestado, en los últimos diez años, en

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especial en referencia a situaciones de avasallamiento o desconocimiento de las tierras indígenas, tanto por parte de las alcaldías como por la colo-nización, sin que falten conflictos por los recursos madereros, tanto con empresas, como con explotadores ilegales, y eventualmente procesos de exploración minera. Existen grandes probabilidades de que un proceso de intensificación de la agricultura a nivel industrial, como el previsto en la región, influya en la generación de nuevos conflictos entre diversos actores sociales y agudice algunos de los conflictos existentes que no fue-ron resueltos o, incluso, reactive o reedite conflictos anteriores, resueltos parcial o totalmente. Hasta el momento los análisis realizados han girado en torno a los aspectos económicos y agriculturales, en menor proporción a los temas ambientales, pero casi nada en cuanto a aspectos sociales y antropológicos.

El desarrollo del Complejo Agroindustrial del Norte de La Paz es un tema priorizado por la LIDEMA, habiendo sido seleccionado como un estudio de caso para fines de evaluación, seguimiento e incidencia, bajo la figura del Observatorio Ambiental. Una primera aproximación fue la sistema-tización y publicación de información en torno a la problemática, a fines del 2008, con mayor enfoque en los antecedentes históricos, la dinámica de reedición del proceso a fines del 2006, poniendo en relevancia las in-consistencias técnicas del nuevo planteamiento. Las acciones de LIDE-MA se han centrado en el análisis de información primaria y secundaria, especializada, actualizada e histórica (ejemplo evaluaciones edafológicas, visiones estratégicas regionales, estudios sobre desarrollo rural, etc.). A esto se sumó una iniciativa de continuidad en el proceso de análisis y reflexión, a partir de un proyecto conjunto que desarrollaron cuatro insti-tuciones: PRODENA, SOBE, ACT y el Instituto de Ecología, enfocando en un diagnóstico más detallado, la obtención de información primaria en la región a partir de recorridos en terreno, evaluación aérea (sobrevuelo),

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análisis de imágenes satelitales, consultas y entrevistas directas con acto-res de la región. A partir de las fotografías aéreas recientemente realiza-das (fotos oblicuas) y uso de imágenes satelitales de diferentes años, se ha establecido una línea base para la medición del avance de fronteras agrí-colas y un análisis de escenarios. Así mismo, se esbozó un planteamiento de alternativas al complejo cañero, orientado fundamentalmente a una figura agroindustrial más amigable (y de menor dimensión en un inicio), basado en la producción diversificada de la biodiversidad, considerando diversas iniciativas, formales e informales, existentes en la región, como el cacao, café ecológico, castaña, majo, miel, jatata, uña de gato, madera, artesanía, etc., además del turismo.

contradicciones y manejo discrecional de la información

A mediados del 2009, de acuerdo a declaraciones oficiales de la entonces prefectura de L a Paz, el Complejo Azucarero de San Buenaventura no se iniciará hasta dentro de uno a tres años porque no tiene diseño final y falta infraestructura vial (La Prensa, julio 2009). Según el entonces Secretario General de la prefectura de La Paz, Félix Patzi, se requería de un informe final de factibilidad que se elaboraría hasta septiembre del 2009.

Llamó la atención la diatriba entre el entonces Secretario General de la prefectura (F.Patzi) y el anterior Secretario General, Alejandro Zapata (gestión J.L.Paredes), quien fustigó al gobierno por que en estos últimos años no se había llegado a ejecutar ninguna obra (La Prensa, julio 2009). Recordó que en la gestión de José Luis Paredes se convocó a reuniones de directorio, a las que no asistieron instancias de decisión y autoridades del poder ejecutivo. Patzi, a su vez, calificó que el interés del anterior Prefecto era “meramente político” y que nunca hubo una coordinación con el Ejecutivo para desarrollar el proyecto, mencionando: “Ahora es más factible porque existe una relación directa con la prefectura”. Según el ex Secre-

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tario General de la gestión de Paredes, se contrató a una consultora para actualizar el diseño del estudio elaborado en 1977 y se presupuestó para ello 200.000 bolivianos. Este nuevo estudio no terminó por la revocatoria de la anterior autoridad prefectural. Patzi confirmó que “en la actualidad no se cuenta con un proyecto de diseño final y que Paredes simplemente se dedicó a traer semilla de caña de azúcar sin tener nada específico”. Zapata por su parte sostenía “que la adquisición de 60 toneladas de cuatro tipos de semilla de caña de azúcar tenía como objetivo preparar 280 hectáreas de tierra para producir materia prima. La meta era llegar a 5.000 hectáreas. Este año ya se debía contar con la producción de azúcar negra y alcohol para comercializarlos en el mercado interno, además lamentó que la administración de Pablo Ramos no haya realizado un segui-miento sobre la plantación de la caña de azúcar que se hizo en San Buenaventura porque las semillas fueron entregadas a más de 10.000 cañeros de la zona”. Patzi explicó que “la elaboración del proyecto de diseño final demorará tres meses y, al cabo de ellos, en uno o tres años, conforme a los presupuestos, se iniciarán las obras, por lo que no habría manera de recuperar las plantaciones realizadas por los cañe-ros de San Buenaventura. La mayor prioridad, al margen de emplazar el ingenio azucarero, es mejorar las condiciones de las vías camineras con la construcción de la carretera hacia el Norte del Departamento y el puente sobre el río Beni, entre Ru-rrenabaque y San Buenaventura. Sin infraestructura, el traslado de los productos que se obtengan del ingenio tendrá un costo elevado porque habrá que utilizar rutas alternativas como ríos y caminos vecinales”. Esta diatriba entre funcionarios y ex funcionarios prefecturales deja entrever la discrecionalidad con la que se manejó el proceso.

Patzi realizó, además, en esa oportunidad, otra declaración de alto riesgo, aunque aparentemente sin sentido: También se debe analizar el tratamiento del parque Madidi con el propósito de construir una vía directa entre Rurrenabaque y San Buenaventura” (La Prensa, julio 2009). Puesto que la vía directa entre ambas localidades ya está construida, no cruza el Madidi y sólo faltaría el

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puente, es posible que el mencionado ex-funcionario prefectural quiso re-ferirse al nefasto proyecto de camino entre Apolo-Ixiamas y que pretende cruzar el Parque Madidi.

De cualquier manera, esta es la dinámica rencillosa que envuelve al de-sarrollo del proyecto agroindustrial. Adicionalmente se observa que el proceso de “siembra adelantada” que menciona Zapata, carecía de es-tudios previos y otros requisitos importantes. Este caso de negligencia fue denunciado por LIDEMA el 2008. Se puede visualizar que en dicho paso “adelantado”, hubo daño público al Estado por mala planificación y un mal manejo de fondos. Curiosamente, similar proceso de “siembra adelantada” impulsó la actual gobernación de La Paz en octubre del 2010.

La precariedad con que se maneja la información en torno al tema eda-fológico en los ámbitos oficiales se pudo observar en las declaraciones de un asesor del Proyecto Agroindustrial de San Buenaventura y fun-cionario del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, quien informaba: “que los estudios técnicos preliminares arrojaron como resultado que el cultivo de la caña, en sus diferentes variedades, es posible por las condiciones favorables del suelo” (El Cambio, abril, 2009). Este vocero emitió además otras declaraciones desconcertantes en sentido de que “encontraron una serie de documentos muy contradictorios en sus informes sobre el proyecto, siendo que algunos confirmaban la viabilidad de implementar la producción de caña de azúcar en San Buenaventura y otros que daban cuenta de todo lo contrario con argumentos referidos a que los suelos eran precarios, de muy poca fertilidad y que se apropiaban más a ser tierras foresta-les”. Este es un claro ejemplo del desconocimiento pleno no solo del tema sino de la región y, de un manejo antojadizo de la información técnica en temas muy delicados.

Finalmente, se puede aseverar que el Complejo Agroindustrial del Norte de La Paz ha sido un tema electoralista por excelencia: así fue manejado en años anteriores y continúa siendo una oferta regional. En la exposición

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de su Plan de Gobierno, ante la cúpula del MAS, el candidato oficialista Cesar Cocarico se refirió al complejo agroindustrial como un proyecto dinamizador que diversificará actividades económicas en La Paz (www.eabolivia.com, 8 marzo 2009).

Repercusiones sobre los resultados del estudio de R.Vargas

Merece algún nivel de análisis las diferentes lecturas e interpretaciones que se dieron al estudio impulsado por CI-CSF en torno al complejo. Todo parece indicar que los resultados del estudio de suelos, aparente-mente, no fueron decodificados a cabalidad por el equipo que realizó el estudio económico, lo cual favoreció a que los sectores interesados en el desarrollo del complejo (prefectura y municipios “cañeros” de la región) interpreten las conclusiones como una luz verde. Diversos medios de co-municación, incluido el órgano de difusión de la FAM, llegaron a inter-pretar que los estudios confirmaban la viabilidad del proyecto. Al respec-to, llamaba la atención a fines del 2009, la precipitada e iracunda reacción del Vicepresidente del Estado Plurinacional, quien aparentemente sí leyó el estudio de R.Vargas, pues denunció estos estudios, como una intención de obstaculizar el desarrollo del complejo agroindustrial, arremetiendo contra CI y USAID por igual.

Según el periódico El Día (18 de noviembre, 2009), la investigación de CI-Bolivia aseguraba que la producción de la caña de azúcar y sus deriva-dos en el norte de La Paz, particularmente en el Municipio de San Buena-ventura, es económica y financieramente viable, siempre y cuando exista un uso adecuado del suelo, para evitar que este cultivo tenga un impacto ambiental negativo, y un efecto inverso para la economía de la región en el largo plazo. Este medio de prensa enfatizaba el estudio económico apo-yado por CI-CSF, dando por sentado que se aseguraba la viabilidad del complejo azucarero. Por el contrario, el periódico La Prensa, en fecha 23

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de noviembre del 2009, a diferencia de otros medios que interpretaron el estudio como una luz verde para el complejo cañero, mencionaba que di-cho estudio advertía sobre los peligros de la siembra de caña de azúcar en el norte paceño, la cual podría afectar la preservación del Madidi y de los suelos de la región, poniendo de manifiesto los cuestionamientos a la via-bilidad económica del proyecto de cultivo de caña de azúcar en la región.

En el plano oficial, el Vicepresidente del Estado Plurinacional, anunciaba que el gobierno mantendría el proyecto sobre explotación de la caña de azúcar en el norte paceño, pese a un informe de USAID, que advertía de los peligros ambientales y económicos. García Linera descartó el estudio “de la agencia estadounidense” en el norte de La Paz y anunció que con-tinuará con el proyecto de explotación azucarera en San Buenaventura, asegurando además la sostenibilidad del proceso. La declaración oficial del segundo mandatario del país decía: “Nuestro proyecto (de explotación azu-carera) en San Buenaventura va a arrancar pese a quien le pese. Aunque los gringos saquen informes contrarios, vamos a producir caña de azúcar para producir energía. (…). El informe de USAID dice que no se puede cultivar caña en La Paz, no, se-ñores, tenemos nuestro propio informe, nosotros vamos a construir nuestro ingenio azucarero ahí” (La Prensa, 23 noviembre 2009). El Vicepresidente reveló entonces, que el gobierno elaboró un estudio propio de factibilidad, ase-sorado por expertos brasileños y cubanos, dos países con amplia expe-riencia en la plantación y procesamiento de la caña de azúcar.

Adicionalmente, ha resultado bastante difícil interpretar hacia donde querían llegar CI y CSF con la realización de dicho estudio, en especial, si se considera la ambigüedad del análisis económico que contrasta noto-riamente con el estudio de suelos. Diversas personas e instancias mani-festaron que existió una manifiesta intencionalidad de dar un cierto aval al proyecto agroindustrial, a pesar de su dudosa viabilidad a largo plazo, pero que especialmente debido al estudio de suelos, el resultado final fue

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contraproducente. Las críticas de diversas instancias y personalidades no se dejaron esperar durante la presentación de dicho estudio, a fines de noviembre. Las observaciones más severas se dieron en el sentido de que dicho estudio y, en especial el económico, abre la puerta para que se in-cremente en mucho, el riesgo de degradación a gran escala de la región biológicamente más rica y diversa de Bolivia.

eventos recientes

En una visita en terreno, en julio del 2010, se evidenciaba en la zona de San Buenaventura y aledañas, que ninguna actividad se había desarrolla-do en torno a la implementación del complejo, manteniéndose, sin embar-go, las expectativas de las poblaciones de colonos del lugar.

A inicios de octubre se anunciaba oficialmente (Cambio, 6 octubre 2010) el inicio de la siembra de caña en la región, 100 toneladas de semillas en 21 hectáreas, cifra que iría en ascenso. La pregunta es ¿Cuál es el motivo o razón de esta siembra, siendo que no existe todavía el ingenio? El año 2007, la entonces prefectura de departamento, procedió a una inversión sin sentido, para una siembra similar y no se supo para qué. Si la razón fue o es con fines experimentales, no se lo ha anunciado de esta forma, ni existe información al respecto.

En cuanto a los estudios realizados por las misiones de Cuba y Brasil, Ormachea (2010) menciona algo recurrente en torno al complejo agroin-dustrial: la dificultad de indagar sobre el estado de situación de la imple-mentación del proyecto, y esto debido al hermetismo y reticencia de los funcionarios públicos. Esta falta de transparencia ha impedido conocer a cabalidad el estado de desarrollo de la propuesta. Cabe recalcar que a lo largo del 2010 no hubo una difusión oficial de la información de los estu-dios realizados por los expertos de Brasil y Cuba, y sólo se pudo contar con las menciones del boletín Nº 10 del OBIE (Ormachea, 2010).

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Brasil prohibirá cultivo de caña en Amazonía, para garantizar Etanol VerdeFuente: yana marull, aFp (brasilia, 17 de septiembre, 2009)

El gobierno brasileño lanzó el jueves un Proyecto de Ley que prohibirá plantar caña de azúcar en la Amazonía, el Pantanal y la cuenca del Alto Paraguay, para evitar que el cultivo, base para la producción de etanol, fomente la deforestación en áreas de flora nativa. “Ahora podremos decir que nuestro etanol es 100% verde”, declaró el Ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc. El Ordenamiento Agroecológico de la Caña de Azúcar, veta las plantaciones en más del 90% del territorio de Brasil, prohibiendo construir nuevas usinas y ampliar el plantío en áreas de flora nativa de la Amazonía (norte), el Pantanal (Centro oeste) y el Alto Paraguay (sur). El proyecto, que debe lograr la aprobación del Congreso, también favorece que la caña se expanda en zonas ya degradadas, que no necesitan irrigación plena y son de fácil mecanización, para evitar las contaminantes quemas del producto sobrante en el campo, informó el gobierno. Brasil es el mayor exportador mundial de azúcar y de etanol, y con la nueva reglamentación intenta frenar cuestionamientos internacionales que vinculaban la expansión de la producción de caña a la deforestación. “Ese ordenamiento es extremamente bienvenido, porque da señales claras a los agricultores y al mundo de que el gobierno quiere ejercer un control” sobre la expansión de esos cultivos, dijo a la AFP el investigador del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM) Paulo Moutinho.

La producción de caña en Brasil prácticamente se duplicará en los próximos ocho a diez años, informó el Ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, asegurando que a pesar de los límites ambientales, “el inversionista tiene opciones”. “Queremos que el etanol sea una gran commodity (materia prima)”, proclamó el Ministro de Medio Ambiente, aunque, a su lado, el de Agricultura criticó que “los países más desarrollados que hablaban mucho de etanol, a medida que el precio del petróleo bajó, hablan menos”. Brasil ha convertido el etanol en su bandera energética “verde” internacional, aunque ahora se debate con un gigantesco descubrimiento de yacimientos de petróleo en aguas profundas. En Brasil, la gasolina vendida contiene 25% de etanol y una buena parte de la flota de autos dispone de un motor bi-combustible (flex fuel), que permite que funcionen con alcohol, gasolina o cualquier mezcla de ambos.

Brasil prevé producir este año 629 millones de toneladas de caña de azúcar (un 10% más en relación al año 2008) que ocuparán 7,7 millones de hectáreas (9,5% más) y que se traducirán en 27.800 millones de litros de etanol (4,2% más) y 36,7 millones de toneladas de azúcar (16,2% más).

comentario sobre la noticia del Brasil

La noticia de que el gobierno brasilero impulsa una ley para prohibir la plantación (industrial) de caña de azúcar en la Amazonía; en el Pantanal y la cuenca del Alto Paraguay y evitar “que el cultivo, base para la producción de etanol, fomente la deforestación en áreas de flora nativa”, puede merecer muchos

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elogios, especialmente desde los movimientos verdes a nivel global, pero para países como Bolivia o Paraguay puede significar una nueva pesadilla ecológica. Bien por la Amazonía brasilera, pero la tendencia del Brasil a mantenerse en el primer lugar mundial como exportador de etanol podría implicar: “yo cuido mi casa, pero no me importa lo que pase con la tuya”, lo cual, significaría para el Brasil, importar materia prima (p.e. melaza de azúcar o alcohol, propiamente), desde países donde la legislación ambiental tiene poca valía, como Bolivia, y seguir punteando en el ranking del etanol. Obviamente, no sólo Bolivia se haría “merecedor de tan alto honor” de “exportador incondicional”, sino otros países como Perú, Paraguay y has-ta Ecuador. Si existe una demanda como la mencionada, desde el mega-exportador mundial, no solamente estaría en carrera el CAISB, sino que podrían proliferar otras iniciativas similares, paralelamente a la expan-sión desenfrenada de la frontera cañera, favorecida actualmente por la creciente mecanización.

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SOUX, 1991

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206


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www.eabolivia.com

www.portafolio.com.co

www.panoramadiario.com.

IBCE: www.ibce.org.bo

www. guabira.com

www.unagro.com.bo

El Mundo www.elmundo.com.bo

La Prensa www.laprensa.com.bo

El Diario: www.eldiario.com

La Razón: www.larazon.com

El Deber www.eldeber.com.bo

El Día: elnuevodia.com.bo

Reporte Energía: www.reporteenergia.com

Energy Press: www.energypress.com.bo

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Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental Competente

ANAPO Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas

ASL Asociación de Agrupaciones Sociales del Lugar

CAINCO Cámara de Industria y Comercio

CAISB Complejo Agroindustrial de San Buenaventura

CI Conservación Internacional

CIPTA Consejo Indígena del Pueblo Tacana

CORDEPAZ Corporación de Desarrollo de La Paz

CPILAP Central de Pueblos Indígenas de La Paz

CSF Conservation Strategy Fund

EEIA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

FDTA Fundación Altiplano

FOBOMADE Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo

ha. Hectárea

INE Instituto Nacional de Estadística

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

ISAT Imagen Satelital

IGM Instituto Geográfico Militar

LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente

OBIE Observatorio Boliviano de Industrias Extractivistas

PNANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

TCD Toneladas de caña por día

TCO´s Tierras Comunitarias de Origen

VMDRA Viceministerio de Desarrollo rural y Agropecuaria

UCIP Unidad de Coordinación Integral de Programas (Ministerio de Desarrollo Rural)

UPAAP Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca (Ministerio de Desarrollo Rural)

USAID Programa de Cooperación de los Estados Unidos

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AneXO

Alternativas productivas sostenibles en la región del norte de La Paz y sudeste del Beni

Diego Rivero Aguirre (ACT)2009

Fuente: Proyecto conjunto de LIdeMA. IdentIFIcAcIón de Los IMPActos Poten-cIALes, de LA IMPLeMentAcIón deL Proyecto AgroIndustrIAL sAn BuenAventurA

Debido a la importancia del proyecto agroindustrial y a los posibles im-pactos que podrían presentarse en el área de implementación del comple-jo, con la producción de caña como materia prima, ya sea por una caída en la calidad y/o cantidad del producto es que se pretende contar con varias opciones de respaldo, las cuales están basadas en experiencias puestas en marcha desde hace unos años atrás en sectores muy cercanos al área del complejo, mismas que aprovechan de manera sostenible los recursos na-turales. Estas alternativas de producción sostenible han sido experimen-tadas con grandes resultados en varias zonas del norte del departamento de La Paz, dos de estos grandes emprendimientos se dieron el las TCO Tacana y Pilón Lajas, las cuales comenzaron con la elaboración de planes de manejo, para posteriormente realizar las distintas actividades de mane-jo que se mencionan a continuación:

iniciativas en la TcO TAcAnA

crianza de abejas melipónidas.

El proyecto de crianza de abejas nativas se inició a mediados del año 2000, con el objetivo de promover iniciativas económicas basadas en el manejo sostenible de productos no maderables del bosque. Durante los primeros 3 años, la crianza de abejas fue experimental y la producción de miel se

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dirigió al autoconsumo; sin embargo, en los dos últimos años, ésta se ha visto incrementada, permitiendo extraer cerca de 19 Kg. de miel en 2006.

Manejo de fauna silvestre

Las actividades de manejo de fauna se iniciaron en 2001, con el apoyo de WCS/Bolivia, a través del automonitoreo de la caza en 2 comunidades (Carmen del Emero y Cachichira), con el objetivo de asegurar la sosteni-bilidad de la caza y de promover la toma de decisiones sobre el manejo de la cacería en la TCO Tacana.

Manejo de la pesca

El proyecto de manejo de la pesca se inicia en 2001 con las comunidades de San Antonio de Tequeje y Cachichira. En 2004, el proyecto se amplía con la incorporación de Carmen del Emero, San Miguel del Bala, Espe-ranza de Enapurera y Altamarani, centrando sus objetivos en la sosteni-bilidad de la actividad pesquera y la promoción de una adecuada toma de decisiones sobre su manejo.

Peces ornamentales

El manejo experimental de peces ornamentales se realiza en las comu-nidades de Carmen de Emero, San Antonio del Tequeje, Esperanza del Enapurera, Villa Fátima, Cachichira, Bella Altura, Buena Vista, Tumu-pasa, Santa Rosa de Maravilla, Macahua y Carmen Pecha. Su objetivo se dirige a identificar especies con características ornamentales que puedan ser comercializadas y que contribuyan al desarrollo económico de los po-bladores, como parte de la gestión territorial de la TCO Tacana.

Manejo de lagartos

El proyecto de manejo de lagartos inició sus actividades a través de la realización de estudios, con el apoyo de WCS/Bolivia, sobre la distribu-ción, abundancia y estructura poblacional del lagarto, en cuerpos de agua

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de las comunidades de Carmen del Emero, Cachichira, San Antonio de Tequeje, Esperanza de Enapurera, Villa Fátima y Tres Hermanos. Se ela-boró un Plan de Manejo para el aprovechamiento sostenible de las pobla-ciones de lagartos, presentado al Ministerio de Desarrollo Sostenible y la Prefectura de La Paz. Actualmente contamos con la autorización y nos encontramos realizando el primer aprovechamiento.

implementación y mejoramiento de cultivos de cacao silvestre para su comercialización por comunidades tacanas

Este proyecto se ejecuta en 5 comunidades: Napashi, Carmen del Eme-ro, Santa Fe, San Antonio de Tequeje, Tumupasa. Con el apoyo finan-ciero del Fondo de Pequeños Proyectos, la comunidad de Tumupasa ha establecido parcelas permanentes de producción de cacao silvestre bajo sistema agroforestal (también iniciaron el acopio y venta de arroz para consolidar en el futuro una pequeña empresa comunitaria de venta de productos bajo sistemas agroforestales).

Aprovechamiento forestal maderable

El aprovechamiento forestal en la TCO Tacana se inició en Tumupasa con dos agrupaciones productivas: APIAT y AGROFORT, en los siguientes años se conformaron otras 12 agrupaciones forestales. Esta actividad se desarrolla en base a planes de manejo, 6 de los cuales han sido aprobados por la Superintendencia Forestal, con el apoyo técnico de BOLFOR II y de WCS/Bolivia. El área de manejo forestal alcanza una superficie de 59.082 ha (15% del total de la TCO).

Aprovechamiento forestal no maderable

Con el apoyo del BOLFOR II, en el plan de manejo forestal de la comu-nidad de Bella Altura se está realizando el manejo forestal de la chonta, ya que es una de las principales materias primas para la elaboración de

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artesanía. También se encuentra en proceso de elaboración los planes de manejo de la castaña en 4 comunidades de la TCO Tacana II con el apoyo de ACCA Bolivia y WCS, ya que este recurso es uno de los que se apro-vechan históricamente en la zona y que es la base de la economía familiar.

Proyectos de ecoturismo comunitario

Son varias las iniciativas de ecoturismo que se están promoviendo en la TCO Tacana. La comunidad de Macahua, con el apoyo financiero del Fondo de Pequeños Proyectos, ha realizado un levantamiento de infor-mación y elaborado planos y propuestas para la construcción de albergues en el proyecto de Etno-Ecoturismo Santa Rosita Las Ruinas. En San Mi-guel del Bala se ha establecido un proyecto de ecoturismo comunitario, con el apoyo de PNUD, Conservación Internacional, CARE y WCS que se orienta al rescate de las tradiciones culturales Tacana y a brindar a los visitantes una experiencia única de contacto directo con la naturaleza en el corazón del PN y ANMI Madidi.

iniciativas en la TcO PiLOn LAJAS

Techos de jatata

En la TCO Pilón Lajas, actualmente están trabajando dos asociaciones con el aprovechamiento de la jatata como materia prima para la cons-trucción de techos de muy buena calidad, durabilidad y costos accesibles, estas asociaciones son: La Asociación Integral de Productores Ecológicos Alto Colorado (AIPEAC) y la Asociación de Productores Artesanales In-dígenas del Río Quiquibey (APAI - RQ). Ambas organizaciones buscan el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y pro-ductivos, comercializando productos con valor agregado.

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Proyecto cacao

En septiembre de 2006, se inicio el proyecto de “Agroproducción Co-munal y de Transformación de Cacao Silvestre” en 12 comunidades In-dígenas pertenecientes al consejo Tsimane y Mosetene. En la actualidad el proyecto cuenta con 1500 mts2 de viveros construidos en los cuales se tienen plantados 600.000 almácigos de Cacao Nativo Silvestre. Con esta cantidad se espera incrementar por lo menos 120 parcelas (60 hectáreas) nuevas de cacao silvestre.

café con aroma de mujer

Producido en la zona de la Cascada, al sudoeste de la Reserva, en las cabeceras de las serranías subandinas. Este tipo de café es una variedad ecológica que se produce, para luego ser exportado a Alemania y Nueva Zelanda. El año 2009 ya se tenían preparados 1.400 quintales de café Certificado Orgánico que saldrán del país a un precio aproximado, de 300 dólares americanos, cada saco de 70 Kg.

Pilón con sabor a miel

Hoy en día la miel vendida por Asociación de Productores Apícolas de Biomiel (APABIO) es bastante reconocida debido a su calidad y a la im-portante relación con la reserva Pilón Lajas. Es una gran ventaja es ofre-cer el producto con valor agregado y con el sello verde de la Reserva Pilón. El requerimiento de este producto solo en el municipio de Rurre-nabaque, para este año, es de 4.000 kilos, aproximadamente. La APABIO pretende cubrir cerca de la mitad de la demanda con la producción.

ReferenciasWCS (2007). Pueblo Indígena Tacana, consolidación y gestión territorial. Wildlife Conservation

Society.

ECOPILON (2008). Boletín informativo Nº 1. RB y TCO Pilón Lajas. Wildlife Conservation Society (WCS-USAID)

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Intensa degradación de los ecosistemas a lo largo de la carretera a Tumupasa. Foto M.Ribera LIDEMA

Sucesiones vegetales estancadas en la carretera S. Buenaventura-Tumupasa. Foto Elvis Veliz

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En amarillo los desboques entre S.Buenaventura e Ixiamas el año 1989. Nótese el desbosque grande en la zona de el provenir porducto del Complejo azucarero. Fuente WCS y D.Rivero

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Situación del avance de fronteras agropecuarias y recuperaciones de cubierta al año 2009. Fuente WCS y D.Rivero

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Los chacos indígenas tienen en general dimensiones reducidas. Foto E.Veliz

Grandes superficies de expansión de la colonización a través de caminos secundarios. Foto E.Veliz.

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Desbosques de ganadería de reemplazo en la carretera a Tumupasa. Foto Elvis Veliz

Amplios campos ganaderos a lo largo de la carretera incrementan la fragmentación de los bosques. Foto E.Veliz

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Grandes superficies de cultivos comerciales en torno a caminos secundarios. Foto E.Veliz

La devastación de bosques amenaza la zona pedemontana. Foto E.Veliz

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Campos degradados abandonados, abiertos hace varios años para el cultivo de caña hacia la zona El Porvenir. Foto M.Ribera LIDEMA

Los suelos de la región son notablemente pobres y ácidos, las actividades intensivas ocasionan una degradación poco reversible. Zona hacia El Porvenir. Foto M. Ribera LIDEMA

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Matriz general para la organización de la evaluación y seguimiento futuro en base a elementos claves

TEMAPRIORIZADO

ELEMENTOS CLAVE PARA EL SEGUIMIENTO

INDICADORES FUENTES Y HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO

IIRSA Corredor Norte

Incremento de la ocupación y cambio de uso del suelo

Avance de la frontera agropecuaria – aumento de la fragmentación Incremento o intensificación de conflictos

• Reportes, denuncias y testimonios locales • Información en medios de prensa• Información del SERNAP, organismos especializados, proyectos (IE,

CEADESC, FUN DESNAP, UICN)

Intensificación de procesos extractivos

Incremento o intensificación de conflictos

• Reportes, denuncias, testimonios locales y de organizaciones indígenas• Información en medios de prensa• Información del SERNAP, organismos especializados, proyectos (IE,

CEADESC, FUNDESNAP, UICN)

IIRSA Corredor SC –Pto.Suárez

Incremento de la ocupación y cambio de uso del suelo


• Reportes, denuncias, testimonios locales, y de organizaciones indígenas• Información en medios de prensa• Información de organismos especializados (PROBIOMA, CEDLA,

CEADESC, FCBC)

Intensificación de procesos extractivos

Incremento o intensificación de conflictos

• Reportes, denuncias, testimonios locales y de organizaciones indígenas• Información en medios de prensa• Información de organismos especializados (PROBIOMA, CEDLA

CEADESC, FCBC)

Megaproyectos mineros en Reserva Tucavaca

Inversiones aseguradas e ingreso de empresasConflictos sociales derivados

• Información de la prefectura (Secretaría de Minas), MMyM, COMIBOL, etc.

• Información de prensa y medios especializados (p.e. Reporte Energía)• Información de organismos especializados (PROBIOMA, CEDLA,

CEADESC, FCBC)

Soya – Palma africana y biocombustibles

Ampliación de la frontera soyera hacia la Chiquitanía (al este de Laguna Concepción) sobre el Parapetí (AP Kaa Iya) y hacia Guarayos


• Reportes, denuncias, testimonios locales y de organizaciones indígenas• Información en medios de prensa• Información de organismos especializados (PROBIOMA, CEDLA,

CEADESC, PETROPRESS)

Implementación de plantas de biodiesel – etanol en Santa Cruz y otras regiones del país

Implementación de otras plantas piloto de biodiesel, además de la del CIATIncremento de la producción de etanol y de plantas de procesamiento

• Información de instancias relacionadas (IBCE, CAO, ANAPO, CAINCO)• Información de prensa • Información especializada (Reporte Energía, Energy Press)• Información de organismos especializados (PROBIOMA, PETROPRESS,

CEDLA)

232

Iniciativas de cultivo industrial de palma africana en el sudeste del Beni y otras regiones de tierras bajas (p.e. Chapare)

Incremento del reporte de proyectos e iniciativas

• Seguimiento,información de prensa y medios especializados (Reporte Energía, Energy Press)

• Información del nivel municipal y testimonios locales• Información de organismos especializados (PROBIOMA, PETROPRESS,

CEDLA)• Verificaciones en terreno

Complejo agroindustrial CAISB

Arranque del proyecto agroindustrial y construcción del ingenio (infraestructura industrial) y acondicionamiento agronómico de tierras

Elaboración del proyecto a diseño final y logro de inversiones

• Información del MDR y gobernatura de La Paz sobre el proyecto• Información de municipios involucrados• Información de prensa y medios especializados (Reporte Energía, Energy

Press)• Información de organismo especializados (PETROPRESS, CEDLA)

Incremento de la ocupación y cambio de uso del suelo (expansión de frontera agrícola) y expectativas sobre la palma africana

Avance de la frontera agropecuaria – aumento de la fragmentación Incremento o intensificación de conflictos sociales

• Reportes, denuncias y testimonios locales • Información en medios de prensa y medios especializados• Información de organismos especializados y proyectos que apoyan la

conservación y manejo de recursos• Evaluaciones en terreno, sobrevuelos, análisis ISAT

Mejora de infraestructura vial en la región

Planes finales para la construcción del puente sobre el río Beni y mejoras de caminos

• Seguimiento de información de prensa • Información municipal y del MOPSV


Actualización 2009-2010

IIR

SA

, SO

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OM

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IBL

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, CO

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