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HidrocarburosANÁLISIS GENERAL, ZONA TRADICIONAL Y NORTE DE LA PAZ

Actualización 2009-2010

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Marco Octavio Ribera Arismendi

SERIE DE ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES EN BOLIVIA

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL - LIDEMA

www.lidema.org.bo

HidrocarburosaNÁLisis GENEraL, ZoNa TradicioNaL Y NorTE dE La PaZ

acTuaLiZacióN 2009-2010




Bolivia - noviembre 2010

TíTulo:Hidrocarburos: análisis general, la zona tradicional y norte de La Paz. Actualización 2009-2010

Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia.

AuTor:Marco Octavio Ribera Arismendi Programa de Investigación y Monitoreo Ambiental - LIDEMA

EdiTor:Liga de Defensa del Medio Ambiente - LIDEMA

rEvisión y Edición:Jenny Gruenberger PérezEdwin Alvarado Terrazas

Edición:Fernando Espinoza

diAgrAmAción:GYG Diseño y Comunicación Visual

cArTogrAfíA:Giovani Roque

imprEsión:SOIPA Ltda.

dEpósiTo lEgAl:4 - 1 - 2589 - 10

Las opiniones expresadas son de absoluta responsabilidad del autor y no comprometen necesariamente a LIDEMA.

Se autoriza la utilización sin fines de lucro de la información de la presente publicación para fines de difusión o capacitación, citando la fuente.

ciTAr como: Ribera,A.M.O. 2010. Análisis general, la zona tradicional, el norte de La Paz. Actualización 2009-2010. La Paz, Bolivia. : LIDEMA, 2010.

Serie de estudios de caso sobre problemáticas socio ambientales en Bolivia Nº 3.

Bolivia - noviembre 2010

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Hidrocarburos

Índice

INTRODUCCIÓN GENERAL AL REPORTE DE ACTUALIZACIÓN 2009 - 2010 DE LOS ESTUDIOS DE CASO SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO AMBIENTALES......................... 5

ANÁLISIS CRÍTICO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO AMBIENTAL ...................... 11

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN LA ZONA TRADICIONAL ................................. 89

PROBLEMÁTICA SOCIO AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL NORTE DE LA PAZ ..................................... 129

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Hidrocarburos

inTROdUcciÓn GeneRAL AL RePORTe de AcTUALiZAciÓn 2009 - 2010 de LOS eSTUdiOS

de cASO SOBRe PROBLeMÁTicAS SOciO AMBienTALeS

El año 2008 LIDEMA realizó la publicación de la información sistemati-zada sobre ocho temas socio ambientales críticos que fueron priorizados para fines de evaluación y seguimiento. En dicha oportunidad ya se ad-vertía que estas problemáticas ocasionaban una importante acumulación de impactos severos y amenazas crecientes sobre la calidad ambiental, ecosistemas y medios de vida de las poblaciones locales.

Durante el 2009 y parte del 2010, se hizo el seguimiento y la actualiza-ción de estas problemáticas. Muchas de éstas han sido desglosadas en otros subtemas específicos, por ejemplo en temas especialmente comple-jos como minería, hidrocarburos o megaproyectos energéticos.

En términos generales, y considerando la totalidad de los temas críticos priorizados a los cuales LIDEMA ha venido dando seguimiento, no ha habido mejoras o avances, en el sentido de una reducción del nivel de impacto o de disminución de la amenaza Las situaciones críticas de conta-minación por fuentes mineras o doméstico-industriales, o la reducción de las amenazas en el caso de los diversos megaproyectos, siguen aumentan-do en varias regiones del país. Es más, las problemáticas socio ambiental es por diversas causas, o han proliferado o se han magnificado, y en el mejor de los casos permanecen invariables. Una de las causas para esta situación de empeoramiento, ha sido el permanente marginamiento de la

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gestión ambiental, la cual ha tenido magros avances en algunos aspectos, pero en general ha predominado un marcado decaimiento.

Ambos elementos, causa-efecto, tienen, sin embargo, una raíz en el modelo de desarrollo vigente, caracterizado por su perfil extractivista y primario exportador (gas, minerales, energía, suelos-soya), pero que ha hecho un énfasis exacerbado en los sectores de hidrocarburos, minería y energía, tornándose más preeminentes que antes. El avance acelerado y a ultran-za del modelo extractivista y primario exportador, desafortunadamente requiere de una gestión ambiental y de autoridades ambientales, débiles y sumisa. Paralelamente las organizaciones ambientalistas son atacadas, desprestigiadas y marginadas. Esto se da en nuestro país, al igual que en Perú, Ecuador, Argentina o Brasil y cualquier nación embebida en dicho modelo.

Como resultado de esta figura desarrollista, se crean escenarios cada vez más críticos y de mayor incertidumbre, tanto en lo social como en lo am-biental. El seguimiento de los estudios de caso así lo demuestra.

En el sector de minería, descontando el logro del Decreto Supremo que declara zona de emergencia la cuenca Huanuni-Sora Sora, los avances de atención de remediación-mitigación de los impactos mineros han sido muy magros, especialmente en las cuencas más contaminadas como Pil-comayo y Poopo. La minería, experimentó a lo largo del 2009 una pro-gresiva recuperación de los precios de metales como zinc, plata, plomo o estaño, tanto en el nivel empresarial (p.e. San Cristóbal) como al nivel de la minería cooperativizada, por tanto los ritmos de explotación y procesa-miento no ha sufrido grandes variaciones. El oro, ha alcanzado precios de record histórico, por tanto las presiones de explotación se han intensifica-do como nunca antes, tanto en las zonas cordilleranas de La Paz, como en la Chiquitanía, en paralelo a la escasa o ninguna regulación por parte de la Autoridad Ambiental Competente o del Ministerio de Minas, además generando enormes impactos ambientales y conflictos con las comuni-

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dades en las diversas regiones de explotación. En tanto que el proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro se convirtió algo así como una nota de aplazo para el Ministerio de Minería y la COMIBOL, por el desapego a la norma y la generación de conflictos al interior de las comunidades y organizaciones sociales.

El megaproyecto minero metalúrgico Mutún, ha estado paralizado por di-versas situaciones y conflictos de manejo interno, a pesar de ello, las ame-nazas previstas en el 2008, como el uso de grandes volúmenes de agua, ferrovía, camino, canal a Pto.Busch, etc., se han incrementado, incluido el establecimiento de un polo industrial, donde el Brasil ha mostrado su in-terés de financiamiento. Todos estos impactos ocurren dentro de un Área protegida, el PNANMI Otuquis. La región sudeste de Bolivia no se ha limitado a la minería del Mutún sino que los riesgos de enormes impactos socio ambientales se han dado en otra Áreas protegidas. Por ejemplo, la Reserva del Valle de Tucavaca, donde las empresas Kyleno y Sidereste, han proyectado grandes operaciones de exploración, explotación y trans-formación industrial, amenazando el interior de la Reserva (Serranía de Santiago) y las zonas de influencia. Por su parte, la voracidad del mega-proyecto minero San Cristóbal, debido al uso de enormes volúmenes de agua, genera actualmente el riesgo sin precedentes, de vaciar los acuíferos fósiles, así como los acuíferos superficiales y humedales de la región Nor Lípez-Valdivieso al sur del Salar de Uyuni, la región ecológica más seca (semidesértica) del país, “donde el agua vale más que el oro”, y donde la mega minería no paga un dólar por ella.

Otras situaciones de alto riesgo ambiental y que generan conflictos al interior de las organizaciones indígenas, se da por la ampliación de la frontera petrolera, más allá de la denominada Zona tradicional, tal es el caso de la exploración petrolera en la zona de Liquimuni en el norte de La Paz. En el tema hidrocarburífero, el 2009 y 2010 se vienen generando grandes amenazas que se concretarán los siguientes años, esto en función

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a la multiplicidad de operaciones previstas de exploración sísmica y de perforación de pozos exploratorios. Las de mayor impacto se darán en los bloques Río Hondo y Tuichi, al interior del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas, en tanto que en la Zona tradicional, nuevamente el Parque Aguarague sufrirá un nuevo ciclo de impactos por operaciones de explo-ración, que se adicionarán a los graves pasivos ambientales que ya afectan a varias de sus cuencas y no han recibido ningún tratamiento efectivo de mitigación. El afán de asegurar grandes inversiones hidrocarburífe-ras en el territorio nacional, ha llevado al Gobierno a un acercamiento muy cuestionable con la empresa REPSOL-YPF, la cual tiene un nutrido prontuario nacional e internacional de afectaciones socio ambientales, in-cluidas deudas ecológicas con los pueblos indígenas. Similares situacio-nes de “borrón y cuenta nueva” parece haberse dado en el caso de otras empresas (BG, Petrobras, Total) a pesar de los resultados de la auditoria petrolera del 2007.

En el tema energético, el nivel de riesgo socio ambiental de los mega-proyectos del Brasil (Jirau y San Antonio), así como los megaproyectos “propios”, como El Bala (que afectaría grandes superficies del PN Ma-didi y la Reserva-TCO Pilón Lajas) y Cachuela Esperanza, se han incre-mentado, especialmente con el anuncio interés de inversión por parte de grandes transnacionales rusas. No solo ha aumentado el nivel de riesgo por avance de los procesos de estudio, licitaciones, negociaciones con in-versores, sino que se han diversificado, tal es el caso de represas grandes como Rositas en Santa Cruz o San José en Cochabamba. En la misma línea de creciente amenaza, avanza el megaproyecto Geotérmico de La-guna Colorada, amenazando por igual, los frágiles ecosistemas, paisajes y la vida silvestre de un área protegida de extraordinario valor patrimonial, así como las iniciativas de turismo comunitario existentes. Este proyecto supuestamente “limpio”, estará ligado a la gran minería de San Cristóbal e incluso la planta de Litio de Río Grande.

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En tanto, la mega iniciativa IIRSA, ha recibido un claro y repetido re-chazo de pueblos indígenas y organizaciones sociales, por su espíritu y la forma en que está siendo desarrollado, mientras que el gobierno, la ABC y el Ministerio de Obras públicas, continúan impulsando con mucho en-tusiasmo, los corredores bioceánicos, con ninguna o muy escasas medidas de recaudo socio ambiental. Los efectos más drásticos se vienen obser-vando en el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez, a pesar de contar con un Plan de Protección Ambiental que fue parcialmente aplicado y similares efectos se prevén para el corredor Norte.

En otro ámbito, las corporaciones empresariales de la CAO, CAINCO-ANAPO junto al IBCE, continuaron el 2009, con una intensa campaña en favor de los biocombustibles, ejerciendo presión y acercamiento al go-bierno para la aprobación de un reglamento operativo de la Ley 3207 del 2005 (Ley del Biodiesel). Este acercamiento magnifica el riesgo de una apertura del gobierno a la producción de biodiesel y etanol. En tanto que los campos de producción del oriente y norte de Santa Cruz, están inun-dados de soya transgénica “rr” resistente al glifosato y otras variedades afines, mientras la frontera agrícola de la soya se va expandiendo con es-caso control hacia los bosques de la Chiquitanía y de Guarayos. De igual forma, el Complejo Agroindustrial de San Buenaventura en el norte de La Paz, un proyecto de alto riesgo en una de las regiones más frágiles y de mayor riqueza biológica del país, tiene un gran avance, a partir de las desordenadas e inconsistentes acciones promovidas por la prefectura y el gobierno central, y a pesar de que un último estudio de suelos del año 2009, concluye que la región del norte de La Paz, es marginalmente apta para el cultivo de caña a gran escala, por las fuertes limitaciones edafoló-gicas. Es posiblemente unos de los más claros ejemplos del desarrollismo imperante.

Finalmente, la gran contaminación de la Bahía de Cohana en el Lago Menor, sigue avanzando hacia las zonas de las islas interiores como Pariti

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y Suriqui, en tanto que todas las acciones que vienen realizando diversas instituciones públicas y privadas, se orientan al tratamiento de los efectos (desde limpiezas de lenteja de agua hasta monitoreos) y no se encami-nan soluciones estructurales, que deberían pasar por el tratamiento de las aguas contaminadas que salen de El Alto y Viacha, a través de ríos fuertemente contaminados como el Seco y el Pallina.

La proliferación y agudización de las problemáticas ambientales, ya sea por omisión o por promoción de proyectos con alto costo ambiental, ha dado lugar a una crítica generalizada al gobierno actual de manejar una dualidad de discursos y de crear una imagen internacional de impostura, que no coincide con lo que se está viviendo en el país, vale decir la promo-ción del respeto a la naturaleza en los foros internacionales, y la realidad de un modelo de desarrollo avasallante del ambiente, la naturaleza y las comunidades indígenas.

En conclusión, ambientalmente y solo considerando las grandes proble-máticas bajo seguimiento, estamos mucho peor que en el 2008, con el agravante de que si se siguen manteniendo las actuales políticas de desa-rrollo y el actual modelo económico, muchas amenazas se irán tornando en mega impactos el 2010 y los siguientes años.

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AnÁLiSiS cRÍTicO deL SecTOR de HidROcARBUROS en BOLiViA deSde LA PeRSPecTiVA SOciO AMBienTAL

Aspectos Generales del Sector

Bolivia ha sido conocida a lo largo de muchas décadas como un país mi-nero; sin embargo, especialmente en los últimos veinte años, los hidrocar-buros (petróleo y gas) jugaron un rol determinante en la vida económica y política nacional. En los últimos años, el gas natural se ha vuelto el commo-dity más importante para la economía nacional, llegando a representar el 50% de las exportaciones del país e ingresos para el Estado (Humphreys y Catari, 2009). A pesar de que el 48% del territorio nacional es conside-rado de potencial interés hidrocarburífero (Reporte Energía, junio 2009), el desarrollo de la exploración y explotación de éstos se ha limitado a un espacio reducido, con una gran concentración en las zonas tradicionales, es decir, en el oriente del país, principalmente en el Chaco de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, las reservas probadas y probables se encuentran en su mayoría en el Chaco Tarijeño (Humphreys y Catari, 2009). Según aná-lisis del CEDLA (2008), hasta el 85% de las reservas de gas natural están bajo el suelo chaqueño. De cualquier forma, existe una elevada incerti-dumbre sobre las reservas probadas de gas en el país, mientras que a ini-cios del 2008, el gobierno seguía manejando la cifra de 48 trillones de pies cúbicos (TPC), cifra derivada de la certificación de la empresa DeGolyer,

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del año 2005, el 2009 se hablaba de cifras notablemente menores de hasta 18 TPC, en realidad según algunos analistas la cifra real nunca pasó de 25 TPC (fuente: siglo XXI). En general, es un tema que precisa de un nuevo esfuerzo de certificación que estuvo a cargo de la Firma Ryder Scott (ReporteEnergía, Nº 32). A mediados del año 2010, el Ministerio de Hidrocarburos, en base a los resultados de dicho proceso anunciaba las reservas probadas en 19 TPC (La Razón, 7 agosto 2010). A fines del 2010, se vivía en el país una elevada incertidumbre sobre un eventual des-censo de las reservas gasíferas, incluso por debajo 8,5 TPC (resultado de la última certificación de Ryder Scout), aunque el presidente interino de YPFB declaró que las reservas eran de 12 TPC, lo cual parecía no tener fundamento técnico fiable.

Con los sucesivos procesos de nacionalización y la refundación de YPFB a partir del 2007, la situación de muchas empresas fluctuó, y aquellas que se quedaron con las nuevas modalidades como socias minoritarias en las cadenas de producción tuvieron que aceptar las nuevas figuras de distribución de beneficios. En general, fue una etapa muy confusa y con-flictiva, dada la posición de las empresas petroleras que veían amenaza-das sus prerrogativas de años anteriores. El gobierno boliviano recibió muchas presiones directas de los países relacionados directamente con el origen de las grandes empresas petroleras, como ser Holanda, Inglaterra, España e incluso Brasil. Muchas empresas y las subsidiarias salieron del país o del esquema productivo como SHELL, TESORO y AMOCO. TRANSREDES, la subsidiaria de SHELL-ENRON, fue finalmente na-cionalizada a fines del 2008 y la totalidad del transporte pasó a manos de la empresa estatal YPFB. Dicho sea de paso, TRANSREDES se fue, no solo recibiendo pagos del Estado, sino con una deuda por la contamina-ción del derrame en el río Desaguadero.

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El 2008 estaba claro que las políticas económicas del gobierno apuntaban a dejar la mayor parte del programa económico y social del país a espal-das de la producción hidrocarburífera, a partir de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina. En el 2009, esta tendencia se acrecentó y fue claramente percibida, tanto en los ámbitos de análisis y reflexión del país, como por analistas del exterior (Bebington, 2007; Humphreys y Catari, 2009). Esto significó:

a) Conferir al sector hidrocarburífero mayor preeminencia de la que ya gozaba.

b) Apoyo incondicional al sector por parte de las máximas autoridades de gobierno.

c) Profundizar la lógica del rentismo especialmente en ciertas regiones.

d) Intensificación de las actividades de exploración y apertura de nuevos pozos, incluyendo la apertura de las zonas no tradicionales.

e) Incremento de los procesos de exportación y significativo incremento de divisas.

f) Políticas distributivas de rentas petroleras a las regiones, vía IDH, generando visiones de justificación de la intensificación de las opera-ciones hidrocarburíferas.

g) Mayor relegamiento de los temas socio ambientales por considerar-los obstáculos al desarrollo económico e inclusive, llegar a calificarlos como una amenaza para las proyecciones del sector.

En la dinámica institucional, se pueden destacar las últimas nacionaliza-ciones (DS. 298887), llevadas a cabo en enero del 2007y a fines del 2009, cuando la totalidad de las acciones de la AMOCO Oil and Gas AB, en la empresa CHACO SA., pasaron al Estado boliviano (YPFB-CHACO SA); en tanto que Air BP (BRITSH PETROLEUM), pasaron a confor-mar YPFB Aviación. La estatal petrolera tiene bajo su tuición 33 áreas

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bajo reserva (YPFB Corp. 2009), es importante conocer que las petrole-ras que operan en Bolivia son BRITISH GAS, TOTAL, PETROBRAS, REPSOL-YPF, PESA, PAN AMERICAN ENERGY, GTLI, PETRO-LEX, ORCA, CANADIAN, VINTAGE, PLUSPETROL y las naciona-lizadas CHACO y ANDINA. (www.opinion.com.bo, octubre 2009).

El año 2009 el mayor énfasis en la economía boliviana apuntó a generar mayores volúmenes de hidrocarburos, ampliar la frontera hidrocarbu-rífera, las reservas y el flujo de exportaciones, dando lugar a una clara tendencia hacia la flexibilización de las normas ambientales, minimizar la consulta pública, facilitar el ingreso a las áreas protegidas y agilizar los procedimientos ambientales previstos.

Empresas cuestionadas durante varios años en lo ambiental y lo social (in-cluso por personalidades que cumplen funciones en el actual gobierno), como REPSOL-YPF, PETROBRAS, TOTAL, PLUSPETROL y BG, aceptaron los nuevos contratos de operación y los esquemas impositivos del gobierno, y se quedaron, bajo el compromiso de realizar inversiones de exploración y operación de nuevos pozos. Las inversiones a lo largo del 2009, se fueron dando en muy baja escala y de manera muy forzada, atribuyéndose ello a la inseguridad jurídica derivada de las nacionaliza-ciones, ademas del desincentivo por la caída de los precios del petróleo y gas a nivel mundial y el bajo precio del petróleo en el país.

A lo largo y después de la nacionalización, en ningún momento, la perma-nencia de las empresas fue condicionada a un buen desempeño ambiental, menos aún en términos de resarcimiento de impactos ocasionados en años anteriores, o de falta de responsabilidad en las acciones de remediación, es el caso de TRANSREDES. Los pésimos antecedentes socio ambienta-les de algunas de estas empresas, no han sido tomados en cuenta a la hora de armar el nuevo esquema productivo hidrocarburífero del país. Una de las empresas que más daños socio ambientales ha causado en Latinoamé-

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rica es la española REPSOL, que sigue recibiendo paradójicamente un tratamiento muy deferente por parte del gobierno, situación obviamente, mediada por las inversiones comprometidas.

nuevas inversiones

A partir del 2010, comenzaron las inversiones significativas destinadas al desarrollo de campos, ampliaciones y construcciones en las refinerías, conexiones al sistema de transporte y el proceso de industrialización. La estatal petrolera (YPFB) tiene prevista la inversión de 1.422 millones de dolares en procesos de exploración (30 pozos exploratorios en dos fases), según declaraciones de la Presidencia de YPFB en el Foro del Gas de Tarija (ReporteEnergía, diciembre 2009).

Empresa Inversión (MM$US) 2010-2015

YPFB Andina 162

YPFB Chaco 211,5

PETROBRÁS 582,6

REPSOL 1.507,4

PESA 24,9

BG 14,3

TOTAL 1.111

PLUSPETROL 12

VINTAGE 7

Inversiones en el Plan de Producción Acelerada de YPFB. (Fuente: ReporteEnergía, diciembre 2009).

Según informaciones del Ministerio de Hidrocarburos (www.hidrocarburos.gob.bo), PETROBRAS trabaja en cuatro áreas; mientras que BG, PLUSPETROL, GTLI, CHACO, REPSOL, PETROANDINA, TOTAL y otras empresas también desarrollan actividades importantes. La petrolera BG confirmó que trabaja en los campos La Vertiente, Palo Marcado, Escondido, Los Suris, Taiguati, Ibibobo, Margarita, Itaú, etc.

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BG estima inversiones de 87 millones de dolares; en tanto que REPSOL YPFB informó de que trabajan en la intervención del campo Margarita y en la perforación del campo Huacaya.

El gobierno anunció a mediados del 2009 el inicio de exploración de hi-drocarburos en el bloque norte del país, que abarca La Paz, Pando y Beni, con participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en sociedad con GTLI (Gas To Liquid Internacional). Para el efecto, el Senado aprobó un Proyecto de Ley para la conformación de una compañía mixta entre la estatal YPFB y la privada GTLI. Como parte de esa labor, en el norte del departamento de La Paz, específicamente en la provincia Iturralde, se trabajaría en un millón de hectáreas para hacer estudios exploratorios. La inversión estimada en esa región, ronda los 800 millones de dolares, en las fases de exploración y explotación. La GTLI también trabaja en dos bloques de la región oriental de Santa Cruz y en uno de Chuquisaca (ERBOL, julio 2009).

En tanto que PETROANDINA SAM tiene previsto triplicar la actividad de prospección petrolera exploratoria en esta gestión, tanto en la región del Subandino Norte (La Paz y Beni) como en el Subandino Sur (Tarija a Chuquisaca), a través de los 12 contratos de exploración en vigencia. Ademas, esta empresa realizó el año 2009, tareas de sísmica 2D en el blo-que paceño Lliquimuni en busca de petróleo, e incursionará en el bloque Agüaragüe Sur “A” en el Chaco con una perforación exploratoria el 2010 (Energy Press, junio, 2009).

Desde YPFB se informaba que las operaciones de exploración en curso y proyectadas se están ejecutando en el marco de los contratos de operación suscritos el 2006, con las 12 empresas petroleras que operan en el país, incluyendo las dos compañías petroleras nacionalizadas CHACO y ANDINA. Los pozos que están en desarrollo son: El Palmar 18, Río Grande y Tajibo en Santa Cruz San Alberto 15, San Alberto 17 y La

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Vertiente 12 y Sábalo 5 enTarija y Kanata X-2 en Cochabamba. A mediados del 2009, se perforaron 12 pozos, tanto exploratorios como de desarrollo (Hidrocarburos.com julio 2009).

Por otra parte, el 2009 se anunció que la Empresa India JINDAL espe-raba producir gas en Bolivia para su exportación a Argentina. Un despa-cho de la agencia EFE señalaba que el Vicepresidente de la Siderúrgica, Vikrant Gujral, dijo a los medios tras una “reunión de cortesía” con el mandatario boliviano, que para junio del 2009, su empresa “esperaba en-tregar gas que irá a Argentina”, obtenido de una planta del departamento de Santa Cruz (El Palmar). A finales de marzo, la empresa y sus socios bolivianos iniciaron la perforación del pozo gasífero de El Palmar, en el que invirtieron alrededor de 7 millones de dolares (HidrocarburosBoli-via.com, abril 2009). Dirigentes cívicos de las poblaciones de la Chiquita-nía de Bolivia, observaron en dicho momento, que mientras la JINDAL se enfrasca en aventuras de exploración con vistas a la exportación de gas, dejaba en abandono la explotación de hierro del Mutún, de cualquier forma, la perforación de dicho pozo no arrojó los resultados esperados.

PROYECCIONES EXITISTAS: ASÍ SE OBSERVA EL SECTOR Fuente: La Patria/Boris Gómez Úzqueda, sePtiemBre 2009

Los ejes temáticos centrales en la arquitectura legislativa, normativa y regulatoria de un Estado moderno, en cuanto se refiere a Energía e Hidrocarburos, tienen que ver con: una Constitución moderna, ágil, adecuada a los tiempos globales, una nueva Ley de Hidrocarburos y Energía, una Ley de Electricidad y una Ley de Biocombustibles y Energías alternativas. Un marco legal que sea atractivo y complementario con las inversiones multinacionales. La actual Constitución no está acorde a los tiempos modernos. La Constitución va a dar el marco general: Bolivia acepta contratos de riesgo compartido en negocios nuevos de exploración de nuevas áreas, de explotación de nuevos reservorios y de negocios de comercialización de gas con otros mercados, adicionalmente acepta contratos de riesgo compartido en todas las iniciativas de industrialización a escala de gas.

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La nueva Ley de Hidrocarburos será más específica, modelando el diseño de país atractivo en inversiones que queremos ser. Debe haber, evidentemente, un acápite especializado a “industrialización” como prioridad para nuevos negocios entre el Estado y compañías multinacionales. Debe establecer el marco de lo que son los ejes del desarrollo de nuevas reservas de gas, para valor agregado: gas a líquidos (diesel), gas a electricidad, gas a petroquímica de segunda generación, gas a fertilizantes y urea, gas a nuevos energéticos como Dimetil Éter, gas excedente para exportación vía LNG. Deben intervenir con voz y voto las regiones productoras de hidrocarburos.

En el afán de ir incentivando la investigación y el desarrollo de nuevos productos, Bolivia puede ponerse a la vanguardia con una Ley de Biocombustibles, que de igual forma sea complementaria a la “ley madre” que sería la nueva Ley de Hidrocarburos y Energía, basada en una nueva Carta Constitucional. Evidentemente toda esta arquitectura legal debe ir acompañada de un proceso técnico serio y coherente. Elevar la producción de gas 40 Mmm3d (millón de metro cúbico) a 80 Mmm3d mínimamente; de 50.000 Bbl (barril por día) a 100.000 Bbl, mejorar las condiciones de refino, de transporte, reducir la importación de diesel y evitar “huecos” financieros por subvenciones a combustibles.

En lo macro: urge acelerar alianzas de riesgo compartido con compañías que quieran nuevos bloques exploratorios para certificación de nuevos reservorios. Tomará tiempo, pero se reencauzará al país a la senda de la que nunca debió haber salido: erigirnos en centro energético continental. Entre tanto se buscarán mercados, se fortalecerán los actuales contratos y se buscarán fórmulas de negocios de industrialización a escala de gas pensando en mercados de ultramar. Hay que evaluar nuestra capacidad de reservas, nuestros volúmenes de exportación, y de posibilidad de industrialización. La vocación boliviana es la energía y los hidrocarburos. La oferta electoral debe estar orientada a ello (La Patria/ Boris Gómez Úzqueda, septiembre 2009).

Como se puede ver, las proyecciones y expectativas del sector hidrocarburífero son muy grandes, pero a pesar de la parafernalia de anuncios de nuevas inversiones y compromisos de perforación de nuevos pozos exploratorios en diversas regiones del país, el balance del sector a fines del 2009, desde la óptica de diversos actores e instituciones privadas relacionadas al propio sector, parecería ser negativo; concretamente se habló de un rezago. La revista Reporte Energía (diciembre 2009) traduce el balance final negativo de diversos analistas, quienes ponían de manifiesto, la caída de las exportaciones de gas, la falta de mercados, la reducción de ingresos por exportación, la ausencia de procesos exploratorios efectivos o desarrollo de nuevos campos, el mal manejo de YPFB, etc. A pesar del panorama, el optimismo de las compañías petroleras que operan en

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Bolivia, se centraba en la expectativa de que el 2010, sería el año del gran despegue de la extracción de hidrocarburos, a partir de la firma del nuevo contrato que consolide y amplíe las exportaciones de gas boliviano a la Argentina. En la percepción empresarial, el desarrollo de la industria petrolera en Bolivia, depende en gran proporción del mercado argentino (www.plataformaenergetica.org, marzo 2010).

De acuerdo a expertos en materia hidrocarbuífera, los contratos petrole-ros relativos a la nacionalización son suficientemente tácitos y claros, en cuanto a las obligaciones y responsabilidades de las empresas; por ejem-plo, la ausencia de inversiones comprometidas es pasible a procesos de recesión de contratos; sin embargo, a pesar de haberse incurrido en dicho incumplimiento, el Estado, a través de YPFB, no ha tenido la suficien-te fortaleza, para hacer cumplir las cláusulas y revertir dicha situación. Como resultado, los megacampos gasíferos, continúan produciendo me-nos de 40 millones de metros cúbicos de gas/día (MMCD), cuando po-drían estar produciendo casi el doble, paradójicamente, se continúa con una dispersión de nuevas exploraciones en diversas regiones, con el fin de encontrar mayor número de campos y pozos, amplificando los impactos y riesgos socio ambientales.

Las proyecciones de YPFB y las empresas asociadas (operadoras) bus-carán hasta el 2015 acelerar la producción de gas natural, con una in-versión de 3.466 millones de dólares. Los proyectos exploratorios inme-diatos o exploratorios A (previstos entre 2009 y 2015) comprenden 10 pozos, principalmente localizados en la zona tradicional entre Tarija y Cochabamba, con un éxito estimado del 30%. En tanto que los proyectos exploratorios B, previstos por YPFB, están proyectados entre el 2016 y 2026, e incluyen 20 pozos exploratorios, con un éxito estimado del 20%. La magnitud de las operaciones hidrocarburíferas previstas en el terri-torio es muy grande y su análisis puede llegar a ser confuso, generando

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una alta incertidumbre sobre los riesgos ambientales que puede implicar, incluso bajo un óptimo desempeño ambiental. Podría inclusive, parecer una acumulación desordenada o aleatoria de iniciativas, resultado de la oportunidad y la disposición de las empresas; es decir, más que un proce-so estratégico propiamente.

El Plan de Inversiones de YPFB para el 2009–2015 (Plataformaener-getica.org 12, mayo 2010. Análisis de Gustavo Rodríguez) consigna de manera detallada todos los proyectos que ejecutará la recientemente na-cionalizada YPFB en los próximos cinco años, parece no responder al ob-jetivo de alcanzar la seguridad y soberanía energética y, por el contrario, además de insistir en la prelación otorgada al mercado externo, somete el consumo interno al abastecimiento vía importación. A esto se debe adi-cionar que el Decreto supremo 0676, emitido a fines de octubre del 2010, incrementa significativamente el número de zonas de operación petrolera en el país.

Vemos con preocupación que la proyección del sector para los siguientes años aparece como una desenfrenada carrera de perforaciones explora-torias, para generar mayores volúmenes de hidrocarburos, incluso al in-terior de áreas protegidas de enorme significancia patrimonial. Podemos afirmar que Bolivia está a la par de otros países, en igual proyectiva de aclaración extractivista de hidrocarburos, como es el caso de Perú, Co-lombia o Ecuador.

Modelo Primario exportador

El sector hidrocarburos, junto con la minería, es el centro del modelo de desarrollo actualmente vigente, caracterizado como primario-exportador y extractivista, recayendo sobre los ingresos generados por estos secto-res, el sostén mayoritario del actual programa social y económico del país. Ello explica la carrera gubernamental por asegurar y lograr inver-

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siones a como de lugar, buscando facilitar de diversas formas, el accionar de las empresas, siendo los temas ambiental y sociales, los más sensibles y vulnerables.

En el capítulo referido a la minería, se han enfatizado los aspectos carac-terísticos del modelo extractivista y primario exportador, estos aspectos en el sector hidrocarburos tienen plena vigencia, pudiendo incluso asu-mir, que este sector tiene mayores capacidades de generar lógicas de ren-tismo en las regiones que el sector minero, al menos en la actual política socio económica del país.

El hecho de que el modelo de desarrollo nacional esté basado fundamen-talmente en los ingresos petroleros, genera una excesiva dependencia en un solo sector, el cual, es especialmente vulnerable a las variaciones de los precios internacionales. A su vez, la explotación petrolera, genera una figura de aumento sustancial de los recursos económicos a partir del gas que afecta de manera forma crítica, la competitividad de las exportaciones no petroleras, fenómeno conocido como “enfermedad holandesa” (economy.blogs.ie.edu). Según Waldo Gutiérrez, ex Ministro de Hacienda, los sec-tores de hidrocarburos, minería y otros rubros extractivos conforman un 80% de las exportaciones, y una eventual disminución, por ejemplo por una crisis mundial, genera una fuerte caída del ingreso, que no puede ser compensado por ningún otro sector. Precisamente, la contracción de esta actividad ocasionó que el país tenga déficit fiscal los años 2009-2010, y que las alcaldías y prefecturas vean reducido drásticamente su presu-puesto, las cuales tienen un gran soporte en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Se percibe una situación por demás contradictoria al interior del actual modelo de exportación de hidrocarburos. Por una parte, existe una re-ducción neta de las exportaciones de gas, debido a los menores volúmenes de importación desde la Argentina, pero principalmente del Brasil. Sin

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embargo, la gran cantidad de esfuerzos e inversiones ha sido puesta en la exploración de nuevos campos, en especial gasíferos. Esta contradicción daba lugar a que el propio Ministro de Hidrocarburos, L.F.Vincenti, a mediados del 2010, afirme que el país detuvo las actividades de explora-ción de nuevas reservas de gas natural por falta de mercados para la venta del mismo (La Razón, 13 de agosto 2010). El 2009 una de las quejas del sector petrolero se centró en el poco esfuerzo en la búsqueda e identifica-ción de nuevos mercados.

El 2009 se advertía que los mercados de Brasil y Argentina se estaban constriñendo hasta posiblemente cerrarse, pues Brasil preparaba los procesos de abastecimiento energético desde sus campos de ultramar, en tanto que Argentina recibía ofertas de venta de gas de Chile, el cual había empezado a recibir gas en puerto, desde buques tanque metaneros y lo procesaba en su planta de regasificación o relicuefacción (LNG) de bahía Quintero (www.gnlquintero.com). La figura se había invertido, Chile ya no necesitaba el gas boliviano vía Argentina. Esto tiene relación además, con los bajos precios del gas, debido al descubrimiento de nuevos yacimientos y la producción a partir de esquistos bituminosos en varios países, habiéndose reducido la demanda internacional y originando una sobreoferta del energético: “barcos cargados de gas, buscando clientes en los puertos” (reporte Siglo XXI).

Entonces, al no existir mercados potenciales (baja demanda), mas al con-trario una tendencia a la sobreoferta por existir mayor riesgo de reduc-ción o cierre de nuestras exportaciones a los países vecinos, la pregunta es ¿para qué tanto esfuerzo en intensificar la búsqueda de mayores reser-vas?, ¿Por qué seguir apostando a este rubro dentro el modelo primario exportador?

Entre las paradojas del modelo primario exportador y la escasa cobertura de industrialización, destaca el hecho de que siendo un país productor y

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exportador de gas natural, existe por períodos una acuciante escasez de gas licuado en las ciudades y el campo, incluso en las regiones con ma-yores reservas como Tarija. Más paradójico aún, es que a fines del 2009, se reportaron compras de gas licuado desde la Argentina y Perú (www.hidrcarburosbolivia.com, www.info-bolivia.com).

Transnacionales

Una de las figuras protagónicas en los modelos primarios-extractivistas, son las empresas o consorcios transnacionales. La situación en hidrocar-buros, es similar al del sector minero, en términos de liderazgo económico de estas figuras corporativas y en el manejo discrecional de influencias y obtención de ventajas de los gobiernos, así como una marcada tendencia a la inobservancia de las normas nacionales, especialmente las ambientales.

Dentro la estructura del modelo extractivista, resalta la asimetría en las capacidades productivas entre las empresas nacionales y las transnacio-nales. De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, 2009), las empresas transnacionales siguen teniendo el control de la producción de los hidrocarburos y minería. Solamente PETROBRAS, el 2008, representó el 61,5% de la producción de hidro-carburos en el país, mientras que YPFB prácticamente no produjo nada. Similar situación ocurrió el 2009 (www.plataformaenergética.org 3 mar-zo 2010).

Según el CEDLA (27 Nov. 2009) una vez en el poder, y en paralelo al proceso de nacionalización, el gobierno del MAS suavizó su discurso, llegando a defender el “derecho de las petroleras de recuperar sus inversiones y de obtener ganancias”. Más adelante, el gobierno debe enfrentar las triqui-ñuelas de las grandes corporaciones, como REPSOL-YPF, que buscan por todos los medios mantener el control de importantes segmentos de

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la producción de hidrocarburos e insertarse en las políticas que pretende aplicar el gobierno.

Esto parece confirmar el caso de las auditorías petroleras, realizadas el año 2007 y que nunca se llegaron a conocer en su versión original, las cua-les volvieron a generar polémica en abril del 2010 (Plataformaenergetica.org M.Orgaz, abril, 2010. Hora 25), cuando se denunciaba que el propio Vicepresidente Alvaro García Linera, en conferencia de prensa, afirmó: “que las auditorías a las empresas petroleras no tenían sustancia ni seriedad y fue-ron hechas por antropólogos y gente incapaz”. Claramente, fue un intento de ocultar la omisión y falencia, de encarar en su momento a las empresas petroleras, que se habían dado un festín en los años de la privatización y neoliberalismo. Dicha omisión significó no solamente haber pasado por alto las irregularidades cometidas, sino brindarles resarcimientos del todo injustificados. De acuerdo a los resultados de dichas auditorias, las trans-nacionales petroleras, durante el proceso de capitalización del gobierno de Sánchez de Lozada, no cumplieron los compromisos de inversión, in-cumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nuestro me-dio ambiente y defraudaron al Estado boliviano, por lo que correspondía “nacionalizarlas sin ninguna indemnización”.

Fue revelador que las empresas transnacionales hidrocarburíferas hubie-ran dejado en el país un pasivo ambiental equivalente a más de 60 mi-llones de dólares, hecho que hasta el momento no fue, ni es remediado por las mismas. Así se concluye en el Informe Final de las Auditorías Petrole-ras, contenidas en el libro homenaje a Enrique Mariaca, ex presidente de YPFB y auditor principal del proceso del año 2007 (CEDLA, mayo 2010; El Diario, 7 julio 2010). Este informe recomendó el año 2007, notificar al Organismo Sectorial Competente (OSC) y/o a la Autoridad Ambiental Competente (AAC), proceder a la brevedad posible a la remediación de los pasivos ambientales identificados, porque al tratarse en su mayoría de

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procesos erosivos los mismos podrían agravarse en la época de lluvias, por deslizamientos de los taludes y probable formación de cárcavas y el consiguiente deterioro del entorno ambiental (El Diario, 7 julio 2010).

Lo que ocurrió en octubre del 2006 y 2007 fue que el gobierno vulneró su propio Decreto Supremo 28701, como se menciona en la Plataformaener-getica.org (M.Orgaz, abril 2010, Hora 25), se negoció con las empresas petroleras nuevos contratos aprobados por unanimidad en el Congreso, sin tomar en cuenta el resultado de las auditorías. Según este medio espe-cializado, el entonces Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas ocultó los resultados de las auditorías y aceptó la versión de las empresas, que aseguraron, haber invertido mucho más de lo que las auditorías determi-naron. La diferencia entre las cifras de la auditoría y la de las empresas es de 800 millones de dólares que el país en su conjunto tendrá que pagar. La gravedad del caso podría incluso implicar, que se habrían modificado los resultados de las auditorias “porque estaban mal”. Dichas auditorías no podían ser modificadas al estar normadas por Decretos Supremos que establecían procedimientos administrativos.

Finalmente, se menciona que Enrique Mariaca había señalado reiteradamente, que era un error comprar las acciones faltantes para tener el 50% más uno, pues, en el marco de la Capitalización al valorar las reservas de hidrocarburos entregadas por Gonzalo Sánchez de Lozada a precio cero, le correspondían a YPFB, como aporte patrimonial 87,18% en Chaco y 93,18% en Andina. Por tanto, no se requería comprar acciones al ser YPFB, socio súper mayoritario en estas capitalizadas (Plataforma energética, abril, 2010).

Las empresas hidrocarburíferas, a diferencia de las mineras, en la actual coyuntura que vive el país, con mayor dependencia de ingresos por venta de gas y derivados, gozan de mayores prerrogativas y de mayor preemi-nencia. El caso de la empresa REPSOL-YPF es actualmente paradig-

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mático en términos del legajo de pésimos antecedentes socio ambientales pasados por alto, tal como en su momento fue TEXACO en el Ecuador. Recordemos el sólo hecho de haber avasallado bajo la venia del primer gobierno de Sánchez de Lozada, un espacio indígena y área protegida (TIPNIS), con total impunidad (Gavalda, 1999).

Esto no quiere decir que empresas como PETROBRAS, BG, o la SHELL tengan historiales inmaculados, al contrario, se analiza el caso de REP-SOL-YPF porque tiene un especial interés actual, debido al acercamiento al gobierno a fines del 2009 y las proyecciones futuras de sus operaciones en el país. REPSOL es una corporación hispano-argentina-estadouni-dense y una de las siete empresas petroleras más grandes del mundo que en el 2004 facturó alrededor de 41.689 millones de euros (Energy Press, Nº 278). El proceso por el que esta empresa se convirtió en una de las petroleras más importantes que operan en el país, comenzó con la “capita-lización” de las empresas estatales, realizada en 1996 y a través de la cual se adjudicaron las diferentes unidades de negocio de YPFB. En el año 2000, REPSOL se convirtió en dueña del 50% de la empresa ANDINA S.A. A esto se sumaron sus activos en MAXUS BOLIVIA INC., en el bloque San Alberto y San Antonio, donde poseía el 50% de participación y la planta de Compresión de Río Grande, donde también detentaba el 50% del paquete accionario. Igualmente en el campo Víbora participó con el 50% de las acciones. Además participó en la comercialización de gas licuado en el mercado interno a través de la empresa REPSOL-YPF GAS DE BOLIVIA S.A., con el 51% (“Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza”: Informe de Intermón Oxfam: www.intermonoxfam.org/es/page; PetroPress, mayo, 2004).

Los impactos ocasionados por las grandes transnacionales, difícilmente pueden ser camufladas pese al enorme despliegue mediático para limpiar su imagen, tal es el caso de REPSOL en diversas regiones de Sudaméri-

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ca, que recibe continuamente una serie de acusaciones de diversas orga-nizaciones y denuncias de pueblos indígenas, por ejemplo el caso de los Wahorani del Ecuador por la contaminación ocasionada a su territorio (www.omal.info; CEDLA 27 Nov. 2009).

En Bolivia, REPSOL-YPF, en noviembre de 2005, fue denunciada por pueblos guaraníes de la Provincia O’Connor del departamento de Tari-ja por daños ambientales ocasionados a pueblos y territorios originarios, afectados por la construcción de un gasoducto que realizaba desmontes que afectarían la caza y la pesca; por otro lado, también, consideran que la empresa no respeta la nueva Ley de Hidrocarburos la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados obligatoriamente para las tareas de exploración y explotación petrolera (Ley Nº 3058, artículo 114). Los indígenas pidieron que una comisión gubernamental, visite el Campo Margarita para cuantificar los daños ambientales producidos por la actividad petrolera de REPSOL-YPF a los pueblos guaraníes aledaños a la construcción del gasoducto en la provincia (Los Tiempos, 15 febrero 2006). En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, invadieron la Comunidad Tentayapi, el último reduc-to de los guaraníes Simbas de Bolivia, para esta actividad contrataron a algunos jóvenes para deforestar el monte y enterrar explosivos, este es un ejemplo claro a la vulneración de dicha Ley, donde la consulta previa a la comunidad, obligación estipulada por las leyes bolivianas y tratados internacionales, resultó ser un engaño. Además se denunció que intro-dujeron alcohol para debilitar la cohesión comunitaria. Otros indígenas, de la Etnia Weenhayek, denunciaron a REPSOL por pretender zanjar la contaminación del río Pilcomayo mediante el pago de 40 mil euros. Y por si esto fuera poco, altos directivos de la firma están inmersos en un proceso judicial en Bolivia acusados de contrabando de petróleo por un valor de 8 millones de euros (www.rebelion.org).

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REPSOL YPF enfrentó, también acusaciones de fraude y robo el año 2007, por registrar en la Bolsa de Valores de Nueva York -como suyas- las reservas de gas natural boliviano que controlaba la empresa en el país (alrededor de 13 trillones de pies cúbicos). REPSOL-YPF concentraba hasta fines del 2008, el 8% de la producción de gas natural, con 112.4 de millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) y, a través de ANDINA la subsidiaria de REPSOL YPF, con 266.4 MMPCD, que representa el 18.9% (CEDLA 27 Nov. 2009). Por otro lado, la Aduana Nacional de Bolivia demandó a REPSOL-YPF por un presunto delito de contraban-do de 230.399 barriles de crudo valorados en más de nueve millones de dólares, equivalente a 7,54 millones de euros. Esta demanda fue el resul-tado de una investigación realizada sobre las exportaciones de REPSOL-YPF entre junio del 2004 y julio del 2005 (CEDLA 27 Nov. 2009). Se menciona que algún alto ejecutivo de la REPSOL llegó a aseverar, que Bolivia es el único país donde se ganan 10 dólares por cada dólar que se invierte (masas.nu/Boton masas; nov. 2009).

Contrariamente a todo lo mencionado anteriormente, la imagen que tiene de sí misma la transnacional es asombrosamente exitista y positiva:

“REPSOL YPF ha asumido como principio de actuación empresarial el logro de una gestión eficiente, moderna, rentable y eficaz, enmarcada en los principios del desarrollo sostenible y del compromiso con el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de las sociedades donde está presente. Este modelo de gestión, que tiene su origen en la Visión, Valores y Compromisos de la compañía ha sido reconocido en nume-rosas ocasiones. En septiembre de 2007, el enfoque de la compañía en materia de responsabilidad corporativa y desarrollo sostenible era reconocido de nuevo por Dow Jones, que volvía a incluir a Repsol YPF en sus selectivos Dow Jones Sustainability Indexes. Esta inclusión avala un año más el compromiso de Repsol YPF con la creación de valor a largo plazo. En el análisis de Dow Jones, entre otros aspectos, REPSOL YPF destacó por su estrategia en materia ambiental y por la solidez de

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su compromiso social, obteniendo la mejor puntuación en transparencia, estrategia ante el cambio climático, desarrollo del capital humano e impacto social en las co-munidades” (www.repsol.com/es).

El contenido del párrafo anterior, es repetido en muchos documentos ofi-ciales de la transnacional REPSOL. Sin embargo, no es difícil desenmas-carar la actitud de falsedad, especialmente en relación a la conservación de la biodiversidad y cuidado del medio ambiente, así como ante las co-munidades y pobladores de los lugares donde lleva adelante operaciones petroleras (www.iade.org.ar/PETROPRESS, junio 2008). En efecto, no de otra manera se puede comprender la siguiente declaración que se en-cuentra en el apartado de “Activos Intangibles” del documento de refe-rencia: “El Grupo ha recibido gratuitamente derechos de emisión equivalentes a 11,6 millones de toneladas de CO2 conforme al plan nacional de asignación, valo-rados en 67 millones de euros. En este plan también se estipulan las asignaciones gratuitas de derechos de emisión en el año 2008 por 11,6 millones de toneladas de CO2”. Es decir, a la vez que declara su “compromiso con el bienestar, el desa-rrollo y la prosperidad de las sociedades” REPSOL nos informa que ha recibi-do “gratuitamente derechos de emisión”: es decir, derechos de contaminación, que además son cuantificados y valorados en su ejercicio contable (PE-TROPRESS, junio 2008). El extremo de dicha falsedad llega al colmo cuando se constata que “REPSOL YPF y sus fundaciones, destinaron durante el 2007, un total de 32 millones de euros a inversión social. En su conjunto durante el año se desarrollaron más de 800 programas de acción social y cultural”. En preci-sión, REPSOL YPF destino el 0,96% de sus utilidades obtenidas el 2007 a “inversión social”. Una rápida revisión de las actividades de “compromiso social” de la empresa enseña que esos montos ínfimos han sido invertidos en la construcción de pequeñas escuelas, postas sanitarias, programas de música, campañas contra el SIDA, apoyo a mujeres microempresarias, etc. No obstante, si comparamos el monto destinado a los 800 programas

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de acción social y cultural que dice apoyar REPSOL, se tiene un prome-dio de 40 mil euros por programa. Visto de otro lado, si dividimos dicha suma con el número de subsidiarias que tiene la empresa, el promedio es de 93 mil euros. Ambas cifras son suficientemente importantes para contentar la miseria de las comunidades y poblaciones empobrecidas don-de REPSOL YPF desempeña sus funciones (www.iade.org.a/ PETRO-PRESS, 06/2008).

Aparentemente, todos los antecedentes de REPSOL pasaron desaperci-bidos. A fines del 2009, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Mo-rales, se reunió con el presidente de esta transnacional. Antonio Brufau, y anunciaron que ésta invertirá 1.500 millones de dólares dentro de los próximos cinco años para el desarrollo de reservas de gas natural. Par-ticiparon de la reunión el Ministro de Hidrocarburos y Energía, Oscar Coca, y el Presidente a.i. de YPFB, Carlos Villegas; por su parte, esta transnacional hizo el anuncio del inicio de la licitación de la ingeniería y la construcción de la planta de tratamiento para poder desarrollar el Campo Margarita y el de Huacaya. De acuerdo con las proyecciones, las inver-siones podrían incrementarse, si existieran grandes reservas de hidrocar-buros tal como se prevé (hidrocarburos.gov.bo; 26 noviembre 2009). “Es una buena noticia para Bolivia”, respondió Evo Morales y agradeció “la gran cooperación del gobierno de España y de REPSOL”, mencionando que “Toda inversión es bienvenida y será respetada y garantizada”.

Acogiéndose a la invitación, la Federación Rusa anunció inversiones en Bolivia, en los rubros de hidrocarburos y minería, por lo que a inicios del 2010 llegó al país una misión de dicho país, para iniciar una ronda de conversaciones con las autoridades del gobierno boliviano, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de sus posibles inversiones en el país. El proceso apunta a la creación de una compañía mixta en el rubro de hidrocarburos, vale decir, una sociedad mixta YPFB y GAZPROM. Los

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primeros acuerdos con el consorcio ruso ya proyectaban inversiones por 3.000 millones de dólares para la exploración de nuevos yacimientos de gas en Bolivia. (El Diario, 12 diciembre 2009).

dinámica de Precios y Mercados

A inicios del 2009, se anunciaba que Brasil bajaba la demanda de gas bo-liviano, además se reducía la compra de gasolina por Brasil y Argentina (de 31 a 19 MMC), y la reducción de precio de pago, todo esto generaba gran incertidumbre en el país por la reducción de ingresos netos de ex-portación (El Deber, enero 2009). En concordancia, el Brasil registró el 2009, el mayor excedente de gas en la historia brasileña, lo que produ-jo una retracción significativa de las importaciones de Bolivia. Con los descubrimientos de los campos hidrocarburíferos marinos del PRE-SAL (Tupi, Iara y Baleias) en el Brasil, hay incertidumbres de que PETRO-BRAS vuelva a ser un importante inversionista de proyectos energéticos en Bolivia (Reporte Energía, diciembre 2009).

El gobierno del Brasil, a inicios del 2010, anunciaba que prescindirá del gas boliviano en función a su propia producción de más de 60 millones de pies cúbicos diarios y que si compra gas será por “solidaridad” (siglo XXI, enero 2010). A esto se suma la baja demanda desde la Argentina, que incluso repercutió en el cierre temporal de la Planta de Gas de Santa Rosa (ReporteEnergía, diciembre 2009). También se menciona que la fal-ta de demanda de gas está ocasionando que en muchos campos se queme el gas excedente, con el fin de evitar el costo de la reinyección (siglo XXI, febrero 2010).

Desde el 1 de abril del 2009, Brasil y Argentina pagaban mucho menos por el gas natural que Bolivia les vende. La considerable caída en el pre-cio del barril de petróleo, de 140 dólares a un promedio de 40 dólares, se reflejaba en los resultados de las fórmulas de ajuste acordadas con esas

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naciones, en función de la variación del fuel-oil y diésel-oil. En el caso del contrato YPFB-PETROBRAS, el precio de exportación del gas boli-viano a Brasil habría pasado a ser de aproximadamente 4.34 dólares por millón de BTU, es decir, un decremento aproximado de 19 y 30% (La Prensa, abril 2009).

Para evitar que la crisis que se inició en Estados Unidos, influya en el resto de los países, las naciones más desarrolladas del mundo, propusieron a las regiones exportadoras de petróleos, aumentar su producción para bajar el precio del crudo. Al concretarse este pedido, Bolivia se vio seriamente afectada, ya que el 50% de sus exportaciones dependían del gas, deriva-dos de petróleo y minerales (El Mundo, septiembre 2009). La economía boliviana tiene la debilidad de depender de un producto estrella, que sin embargo, puede caer, ya que sus exportaciones dependen de lo que pase en los precios internacionales, por eso una caída en los precios de los hi-drocarburos y minerales afecta seriamente a la economía nacional.

En esa línea, de 4.780 millones de dólares, que exportó Bolivia en el 2007, un poco más de 2.000 millones de dólares estuvieron constituidos por ex-portaciones de gas natural, pero también de petróleo en bruto y derivados (El Mundo, septiembre 2009). Esta baja del precio del petróleo y del gas, a nivel mundial, significó precisamente que la actividad del sector hidro-carburífero, disminuyera en 13.07% en el primer semestre del año 2009, debido a la caída de la producción y precios, lo que golpeó a la economía que sólo alcanzó una tasa de crecimiento de 3.21%, según el Instituto Nacional de Estadística.

Entre el primer y segundo trimestre del año 2009, el precio de exporta-ción de gas a Argentina y Brasil cayó, como efecto directo de la baja del petróleo, para Brasil cae de 10,35 dólares por Unidad Térmica Británica (BTU) a 7,84 BTU, mientras que la cotización a Argentina pasaba de 5,77 dólares por BTU a 4,34 dólares (La Prensa, 13 abril 2009). A pesar

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de que Bolivia no es un país altamente productor de petróleo, sino de gas natural, la cotización del crudo es el referente para definir el valor de su exportación.

Como se manifestó en un inicio, una observación central de las empresas y analistas del sector, fue la escasez de mercados para gas y derivados del petróleo, siendo básicamente un requisito para la decisión de mayores inversiones por la parte empresarial.

Regalías e impuestos

Desde el 2008, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), además de haber generado un mar de rencillas, no solo con el gobierno sino entre las regiones, no aportó para los fines de fortalecimiento efectivo de la re-legada gestión ambiental, como tampoco a las comunidades locales en las regiones de explotación. Es paradójico no haber previsto ningún insumo para el sector ambiental, que es precisamente el más afectado por las ac-tividades hidrocarburíferas. A lo anterior se debe sumar el hecho de que las ofertas de desarrollo, desde el sector hidrocarburífero, por ejemplo, en Tarija o el Norte de La Paz, no tienen las adecuadas contenciones y recaudos ambientales, por lo que se hace necesario, diseñar canales alter-nativos de articulación entre los objetivos de conservación y de desarro-llo, que puedan ir más allá de la aplicación de instrumentos y recaudos ambientales clásicos, como el principio precautorio o las áreas protegidas (Zambrana, 2008). Esto se hace evidente, cuando llegan a las regiones recursos del IDH, que producen un apoyo social casi incondicional a la explotación petrolera o gasífera, situación que no se daba antes.

Por otra parte, estos beneficios impositivos como el IDH o las regalías, tampoco llegan hacia los pobladores y comunidades indígenas de las zo-nas con operaciones productivas, así lo manifiestan los representantes de las organizaciones indígenas matrices como las Comunidades Indíge-

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nas del Oriente Boliviano (CIDOB) o la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). De acuerdo a estos líderes indígenas, los beneficios se quedan en las prefecturas, alcaldías, universidades, etc., y no decantan hacia las regiones o en muy escasa proporción. Según el asesor del Consejo de Ca-pitanes Guaraníes del Chaco, Hernán Ruiz, la situación en el Chaco sigue siendo de extrema pobreza y de alto impacto para el medio ambiente, las regalías petroleras de Tarija ascendieron en el 2009, a más de 200 millones de dólares, de los cuales ni el 1% llegó a los pueblos indígenas, aproxima-damente a más de 100 comunidades, que hacen unas 3.200 familias sólo en Tarija (ReporteEnergía, octubre 2009).

En relación a la dinámica distributiva, según la Fundación Jubileo, existe una distribución inequitativa de la renta petrolera entre los nueve depar-tamentos del país por lo cual se planteó un diálogo fiscal para superar este problema y alcanzar el desarrollo, aumentar el empleo y reducir la pobreza (ERBOL, agosto 2009). Esto obedecería en parte a que la Ley 3058 del 2005 y el D.S. 28421, fue realizada en un clima de profunda cri-sis social y política y en medio de una serie de conflictos, que respondió más a la presión, pugna y protesta por la captación de los recursos, que a un análisis y planificación de lo que se debería hacer con los mismos. Esto significa que la distribución de la renta hidrocarburífera, genera inequida-des y conflictos entre los diferentes departamentos debido al presupuesto de gobernaciones y municipalidades, cuya principal atribución es la in-versión para el desarrollo regional y local, estas desigualdades afectaran al desarrollo equitativo de las diferentes regiones y localidades del país, ocasionando figuras de postergación y asimetría. Jubileo sostiene que al ser recursos de fuentes extractivas no renovables, es decir, que a futuro no van a existir más, los mismos deben ser invertidos adecuadamente, de manera que se constituyan en la base para el desarrollo futuro del país (ERBOL, agosto 2009).

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Los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) se redujeron debido a la caída del precio internacional del petróleo en los primeros meses del 2009, inclusive a menos de 40 dólares/barríl, con directas repercusiones en el precio del gas que exporta el país, haciendo que se reduzcan y obli-gando a realizar ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN). Esto repercute en los ingresos por concepto de impuestos y regalías, redu-ciéndose las asignaciones a gobernaciones y municipios de hasta un 40% (La Prensa, abril, 2009).

El Ministerio de Hidrocarburos admitió que durante el primer trimestre, el valor de las exportaciones de gas a Brasil y Argentina sufrió una caída de aproximadamente 40%, por lo que sería necesario ajustar el PGN. La Ley Financial fue proyectada sobre un precio promedio de 73,50 dólares para el barril de petróleo, pero la cotización en marzo fue de 43 dólares (La Prensa, abril 2009). Como se mencionó en un punto anterior, a fines del 2009 se conocía que las gobernaciones, alcaldías, universidades y el TGN verán disminuidos sus ingresos por el IDH en un 30% en el 2010 (La Prensa, 12 noviembre 2009).

A fines de febrero del 2010, se ponía de manifiesto que la caída de la renta petrolera en un 35% del IDH (2008: 10.873 Bs./2009: 7.115 Bs.) se tra-ducía en una menor recaudación y, por tanto, se afectaba definitivamente la coparticipación, desde el gobierno central hasta los municipios, además en todas las bonificaciones y subsidios sociales en vigencia, algunos de los cuales se están cubriendo con créditos internacionales, como es el caso del Banco Mundial o el BID para el Bono Juana Azurduy (F. Jubileo, 2010). Una vez más alcanzan al país, las consecuencias de apostar a un modelo económico basado esencialmente en la renta de un recurso de precios volátiles.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Inter-no Bruto (PIB) boliviano creció en 3,24% entre enero y septiembre del

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2009, no obstante, los hidrocarburos presentan una variación negativa de -12,18%, lo cual denota que no aportaron al crecimiento económico (ANF, diciembre 2009). Funcionarios del Ministerio de Planificación del Desarrollo, lamentaban a fines del 2009, el comportamiento negativo que se dio en la actividad de petróleo crudo y gas natural. De todas la actividades que aportan al PIB, gran parte de ellas tuvieron una varia-ción positiva, por ejemplo, los minerales metálicos y no metálicos con una variación de 10,69%, o construcción, con una importante variación de 8,85%, en tanto que el único rubro que presenta una variación negativa importante, es el petróleo crudo y gas natural, afirmaron ejecutivos del INE (ANF, diciembre 2009).

conflictos Sociales

Los conflictos sociales por el tema hidrocarburos que ya habían emergi-do el 2008 en el norte de La Paz, se agudizaron el 2009, afortunadamente sin llegar a niveles de violencia que tuvieron en el Perú (Bagua), pero pusieron de manifiesto que las lógicas pro empresariales del modelo de desarrollo, aún bajo moldes socialistas, propician situaciones de conflicto y demanda social. Es interesante analizar que en Bolivia, bajo la política de la nacionalización de los hidrocarburos, los conflictos sociales han experimentado una migración hacia una confrontación con el Estado, con mayor precisión, con la empresa estatal (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos. Vale decir, que los conflictos entre empresas y organi-zaciones sociales, que se manifestaban bajo el modelo privatizado de los gobiernos neoliberales, son ahora conflictos entre el gobierno y las orga-nizaciones sociales. El denominador común para ambos escenarios, sigue siendo el mal manejo de la consulta pública, la intencionalidad de dividir a las organizaciones en favor de las autorizaciones a los proyectos pe-troleros y el deficiente manejo de los instrumentos de gestión ambiental

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(p.e. Ficha Ambiental y EEIA insuficientes), así como la evasión a la normativa ambiental.

Como ejemplo, el año 2008, se había puesto en evidencia que el proceso exploratorio del Bloque Liquimuni, en el Norte de La Paz, adolecía de serias inconsistencias, desde las Fichas Ambientales que obviaban varios aspectos, hasta los EEIA absolutamente deficientes e insuficientes, pero que a pesar de ello y, por la presión del sector petrolero sobre la Autori-dad Ambiental Competente AAC, lograron la Licencia ambiental.

Adicionalmente, la consulta pública estuvo mal desarrollada y se de-nunció la cooptación-intromisión empresarial (PETROANDINA), que logró dividir a las organizaciones indígenas de la región afectada. Las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos aseguraban contar después de la “consulta pública” con la autorización indígena y una lista con más de 2.000 firmas, mientras que los representantes indígenas de la CPILAP replicaban que esta cifra es sólo una fracción de las 9.000 personas de las comunidades de la región a ser afectada y que en dicha lista hubieron incluso firmas de niños. La manipulación de PETROANDINA-YPFB llegó a fomentar una organización paralela que esté a favor de la explo-ración hidrocarburífera, ofertando diversos apoyos y logrando dividir la organización indígena regional (La Prensa, julio 2009). A inicios del 2010, dirigentes indígenas de las fracciones que respaldaron las acciones de la empresa petrolera denunciaron que la empresa PETROANDINA había incumplido los compromisos ofrecido a cambio del apoyo al pro-yecto petrolero.

Según Humphreys y Catari (2009), los recientes conflictos relacionados a la expansión de actividad hidrocarburífera en tierras bajas de los países andinos, demuestran cada vez más, lo terriblemente contencioso y explo-sivo que son las disputas por el territorio, las rentas, la protección de los servicios ambientales y la defensa de los medios de vida.

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Es importante considerar el conflicto sangriento en la Zona de Los Reyes, Campo Hormiguero Sur y los Bloques 14 y 17, a cargo de la PETRO-RIENTAL/ANDES PETROLEUM el 2009 en el Ecuador, el de Dayu-ma en el mismo país (2007), los terribles acontecimientos en Bagua en el Perú, en el mes de junio 2009, hasta el conflicto abierto entre el gobierno y los líderes indígenas Leco-Mosetenes, que se resisten a la propuesta de explorar hidrocarburos en sus territorios del Norte La Paz. Entonces, se puede evidenciar que hay indicios de que no todos están convencidos de que la actividad extractiva les traerá desarrollo, bienestar y el anhelado buen vivir (Humphreys y Catari, 2009).

Un punto culminante de las demandas socio ambiental es de las organiza-ciones del país, ante los atropellos de los sectores de hidrocarburos y mi-nería, se dio en julio del 2009, cuando los líderes de las organizaciones in-dígenas y campesinas conformaron la “Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos de Bolivia”, con la participación de numerosas organizacio-nes: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-“Bartolina Sisa” (CSMIOC–“BS”), la Confederación Indí-genas de Bolivia (CIDOB), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST–B) y el Pueblo Afro boliviano (Econoticias Bolivia, julio 2009). Estas emitie-ron un pronunciamiento de demanda al gobierno. El siguiente recuadro extracta los elementos más relevantes referidos a dicho pronunciamiento en torno al tema hidrocarburífero.

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Los aspectos más destacados de las resoluciones del Encuentro de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas de Bolivia, del 8 de julio del 2009, en relación al tema Hidrocarburífero:*Nosotros como afectados de los impactos negativos a los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros territorios, sin que los mismos tengan solución por parte del gobierno y sus Ministerios.

*Conocedores que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de normas en relación a la industria minera e hidrocarburífera, normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos, construidas sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado.

*Que los conflictos suscitados por la extracción de los recursos naturales, entre las organizaciones indígenas, originarias y campesinas con empresas privadas/públicas y el gobierno, por el desarrollo de actividades extractivas en hidrocarburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la consulta y participación previa, libre, informada y obligatoria.

*Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación a Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas para actividades hidrocarburíferas, afectando a las instancias de representación de estas naciones y pueblos, dividiendo a sus organizaciones, con el fin de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.

POR TANTO, RESOLVEMOS:TERCERO.- En lo referido al tema hidrocarburífero, exigimos la participación de las organizaciones indígenas originarias y campesinas en las decisiones que tome el Órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas, originarios y campesinos establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes.

CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Mozeten y Lecos e, integrantes del CPILAP, para obtener respaldo y otorgar la Licencia Ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado en la Constitución Política del Estado.

Exigimos la nulidad de los procesos de consulta desarrollados, omitiendo y vulnerando los derechos, hechos que pueden implicar inclusive, la revisión y en su caso la nulidad de la Licencia Ambiental otorgada para las operaciones hidrocarburíferas y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II Bloque Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíferos de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapampa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los Suyus, Markas y Ayllus del CONAMAQ.

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Paralelamente a este pronunciamiento, las organizaciones indígenas Mo-setene, Leco y Chimane, denunciaron que la empresa PETROANDINA había ingresado al Parque Nacional Madidi, para hacer la inspección y determinar las líneas sísmicas, sin autorización de las autoridades am-bientales para este proceso y, sobre todo sin seguir los adecuados pasos de la consulta establecidos en la norma (BICECA/La Prensa, julio 2009).

Desafortunadamente, la reacción gubernamental al pronunciamiento de las organizaciones sociales, hizo recordar los peores momentos del perio-do neoliberal, remitiendo una supuesta responsabilidad por el suceso a las ONG´s ambientalistas (ver capítulo de minería). El presidente Evo Mo-rales instó a las organizaciones no gubernamentales presentes en el país a trasparentar su gestión sin beneficiarse a costa de los pobres. En un en-cuentro con la prensa extranjera, el Jefe de Estado lamentó la postura de algunas de esas entidades que, con asesoría extranjera, entorpezcan pro-yectos hidrocarburíferos en el Norte del Departamento de La Paz (ER-BOL, octubre 2009). Recientemente, autoridades del sector señalaron que bajo falsos argumentos en defensa del medio ambiente, algunas agrupa-ciones indígenas y originarias, cuestionaron las labores de exploración y perforación de hidrocarburos, pero sin los datos reales. Por otra parte, pa-radójicamente, el mandatario no dejó de reconocer los daños ocasionados al entorno por la explotación petrolera (ERBOL, octubre 2009).

Como referente comparativo, el presidente peruano, Alan García, insi-nuó públicamente que los indígenas aislados han sido “creados” por los “medioambientalistas” que se oponen a la exploración petrolífera en la Amazonía, mientras que otro portavoz los comparó con el “monstruo del lago Ness”. En realidad existen quince pueblos indígenas en aislamien-to voluntario en Perú, todos ellos bajo la amenaza de la tala masiva y de exploraciones petrolíferas y de gas. La Amazonía peruana ha visto cómo recientemente miles de indígenas peruanos protestaban contra las

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nuevas leyes que, aseguran, facilitan a los forasteros, tomar el control so-bre sus territorios. Las protestas llevaron al Congreso peruano a revocar dos leyes. (ECOPORTAL, septiembre 2008). También en el Ecuador, el presidente Correa fustigó a los grupos ambientalistas que defienden al territorio Waorani en el Parque Yasuni por la intromisión petrolera, tachándolos de románticos e infantiles.

En Bolivia, algunos meses después del pronunciamiento indígena, el contra ataque provenía de la empresa estatal petrolera, en relación a las compensaciones exigidas por las organizaciones indígenas, ante el ava-sallamiento de las petroleras a sus espacios tradicionales. El presidente de YPFB, Carlos Villegas, acusó a los pueblos indígenas y a las organi-zaciones campesinas de obstaculizar, la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con YPFB y que debían invertir este año 600 millones de dólares: “En muchos casos esa demanda y compensación excede con creces a la disponibilidad de la empresa; inclu-sive no guarda proporción con lo que piden, versus las inversiones que realizan las empresas” (La Razón, 22 septiembre 2009). Supuestamente, los pueblos indígenas demandan a las empresas petroleras, que operan en sus terri-torios, compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes. Para el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, estas peticiones son justas y no sobredimensionadas, como las calificó la presidencia de YPFB. La posición de YPFB, obviamente es compartida por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, su presidente José Magela manifestó que las empresas petroleras, además de recibir demandas sobredimensionadas de los indígenas, también son víctimas de chantajes derivados de bloqueos de caminos: “Los comentarios del presidente de YPFB, Carlos Villegas, son muy acertados en relación a que las comunidades indígenas están sobredimensionando sus demandas por compensaciones e indemnizaciones” (La Razón. septiembre 2009). En enero del 2010 (La Razón), Carlos Villegas afirmaba que la

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Licencia Ambiental y la Consulta Indígena, eran un obstáculo para la eje-cución de los proyectos petroleros y la inversión. Meses después el propio presidente Morales confirmaba esta posición, ante los representantes del CONAMAQ. La posición del sector petrolero, llegó al extremo de la te-meridad al afirmar que dicho “obstáculo”, debía ser superado mediante la modificación de la nueva Constitución Política del Estado.

De cualquier forma, YPFB tuvo que enfrentar la oposición de los pueblos originarios del norte de La Paz, cuando ingresaron los equipos petroleros del consorcio PETROANDINA, empresa conformada junto con la ve-nezolana PDVSA. Es evidente que la supremacía del Estado progresista se imponía y la exploración petrolera procedió al interior de los espacios indígenas del norte de La Paz, “solucionando” el conflicto vía cooptación de dirigentes y archivando todo el artículo 30 de la nueva Constitución Política del Estado. El propio vicepresidente Álvaro García Linera aludió al tema cuando dijo que en esos casos deberá imponerse el interés del Es-tado nacional, “sin olvidar los intereses de las naciones originarias”.

Otro factor, visibilizado el año 2008, en relación a los conflictos sociales en las regiones productoras de hidrocarburos, se refiere a la aceptación y “permeabilidad” de las autoridades locales y pobladores en dichos espa-cios (subregiones y municipios “gasíferos” como Caraparí, Villamontes, Yacuiba, Camiri, etc.), al ingreso de las empresas petroleras y sus opera-ciones. El fenómeno del rentismo y los aportes financieros de las regalías, ha ejercido un efecto permisivo a las actividades extractivistas petroleras, por parte de las localidades, municipios y subprefecturas, relegando los problemas ambientales generados. Tales situaciones de “guante blanco” con la actividad hidrocarburífera se dieron en Yacuiba, Villazón, Carapa-rí, Entre Ríos, etc.

Una excepción, pudo haber sido la demanda de dirigentes cívicos de la localidad de Camiri que a fines del 2009, denunciaron irregularidades de

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la Empresa REPSOL YPF, la cual no tendría Licencia Ambiental, ni pro-yecto de diseño final y, por lo tanto, no debería iniciar trabajos de explo-ración. Los cívicos camireños anunciaron un paro indefinido pidiendo la renuncia del presidente de YPFB, Carlos Villegas y la salida de la empre-sa REPSOL (ernestojustiniano.com; noviembre 2009). Este conflicto, no tuvo mayores repercusiones y fue tachado de político. De cualquier for-ma, en este escenario de aceptación regional a las actividades petroleras, se produce un aislamiento de las comunidades indígenas, que enfrentan el conflicto socio ambiental, en franca desventaja y con escaso apoyo.

Otros actores en conflicto son las autoridades ambientales competentes y las sectoriales (parte ambiental del Ministerio de Hidrocarburos), ambas asumiendo un rol de indiferencia ante el conflicto y la sectorial abierta-mente a favor de las actividades petroleras. Ante esta orfandad, los únicos actores que apoyan a las comunidades y organizaciones indígenas son al-gunas ONG´s con compromiso socio ambiental. Vale recordar que en los conflictos de Liquimuni o en otros similares, las organizaciones sociales no tuvieron apoyo de ninguna comisión del Congreso, ni de la Oficina de Derechos Humanos o de la Defensoría del Pueblo.

Los conflictos socio ambientales, en relación a los derechos indígenas y afectaciones a territorios y recursos, a inicios del 2010, se agudizaba y subía la tensión entre el gobierno y las organizaciones indígenas, proceso equivalente en Bolivia como en Ecuador. Se anunciaba que la Confede-ración de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) gobierno de Evo Mo-rales, que respete su derecho a la tierra y a la autonomía, en tanto que en el Ecuador la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) convocó a un “levantamiento plurinacional” en contra de las políticas neoliberales y extractivistas del gobierno de Rafael Correa (Bol-press, marzo 2010).

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Las Políticas Neoliberales y Extractivistas de Correa y Evo enfurecen a la CONAIE y a la CIDOB

Fuente: Gustavo saavedra, BoLPress, marzo, 2010.

La denominada “revolución ciudadana” en Ecuador no ha modificado el Estado Colonial y sigue fortaleciendo el modelo neoliberal capitalista, traicionando al pueblo ecuatoriano, a las comunidades, a los pueblos y nacionalidades indígenas, denunciaron representantes ecuatorianos en una reunión celebrada el 25 y 26 de febrero de este año en la ciudad de Ambato. El Cónclave Indígena Ecuatoriano dio por terminado el diálogo con el gobierno de Correa por su falta de voluntad política y por su irrespeto a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, y convocó a un “levantamiento plurinacional” en Ecuador, precedido de acciones y movilizaciones concretas, en articulación con otros sectores sociales. Los delegados de la CONAIE acordaron organizar a cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas, desde las bases a través de “gobiernos comunitarios”, con el fin de ejercer formas propias de gobierno y de justicia en las áreas de educación, salud, administración de justicia, recursos naturales, biodiversidad y agua. La asamblea decidió “asumir el manejo de todas las reservas nacionales: parques, bosques, páramos y territorios de las nacionalidades y pueblos”, y “prohibir el ingreso y la intromisión de las autoridades gubernamentales en las tierras y territorios indígenas, en ejercicio de nuestros derechos colectivos, justicia indígena y derecho propio”. La CONAIE rechazó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Secretaría Nacional del Agua; y desconoció la elección y designación de miembros del Consejo de Participación Ciudadana por ser un proceso de institucionalización uninacional, excluyente que no refleja el carácter plurinacional del Estado. Además, desconocieron todas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, que desconocen el carácter Plurinacional del Estado y que han sido elaboradas sin la participación de todos los sectores, en franca violación de la Constitución y de los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, vigente desde septiembre de 2007.

El movimiento indígena ecuatoriano y boliviano asegura que sus derechos colectivos son desconocidos, inobservados y violentados por autoridades estatales, las cuales marginan a los representantes originarios, y en algunos casos alientan la división y la criminalización de la protesta social.

En Bolivia, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyo (CONAMAQ) siente que el Presidente Morales los discrimina y margina del escenario político. La prueba es que en el primer Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, abundan los ministros campesinos, pero escasean los representantes indígenas. En Ecuador, Correa vulnera los derechos indígenas, imponiendo una Ley Minera y varias licencias ambientales anticonstitucionales, para explotar recursos naturales en territorios comunitarios. En Bolivia, el Ejecutivo quiere autorizar por decreto la explotación de hidrocarburos en tierras comunitarias, sin consultar a sus ocupantes, como manda la propia Constitución.

No estamos molestos con el Presidente Morales, sino con sus ministros que actúan como los nuevos patrones, aclararon los dirigentes de la CIDOB, decididos a marchar desde Riberalta hasta la ciudad de La Paz, para expresar su disconformidad con las políticas del gobierno, declaró el secretario ejecutivo de esa organización, Adolfo Chávez.

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Sus exigencias más importantes son: respeto de los derechos indígenas reconocidos por instrumentos jurídicos internacionales; la conclusión del saneamiento en el Norte de La Paz, parte de Beni y Tarija y en el trópico de Cochabamba; y la implementación inmediata de las autonomías indígenas. El responsable de la Comisión de Tierra y Territorio del CONAMAQ Idelfonso Canasa denunció que el Viceministerio de Tierras, controlado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), gestiona una Ley de Reforma Agraria que promueve la mercantilización de la tierra en el país. (Agencia de Noticias Indígenas de la Red ERBOL). El CONAMAQ respalda el saneamiento y la titulación de territorios comunitarios como propiedades colectivas intransferibles, pero los campesinos exigen la titulación de propiedades agrarias individuales, que se puedan vender y heredar.

El territorio es la fuente de identidad y el sustento material y espiritual de las comunidades indígenas. Estos pueblos fueron desplazados de sus tierras en la colonia, y ahora enfrentan nuevas formas de colonización denominadas “concesiones” otorgadas por los Estados, para la extracción de recursos naturales.

La CONAIE, en Ecuador, ha pedido anular todas las adjudicaciones, concesiones y autorizaciones mineras, petroleras, madereras, servicios ambientales, farmacéuticos e hidroeléctricos en tierras ancestrales, y ha convocado a expulsar a las empresas mineras, petroleras nacionales y extranjeras, asentadas en territorios indígenas.

Los indígenas bolivianos proponen revertir todas las concesiones forestales del país, en cumplimiento de la nueva Constitución que determina un límite máximo de la propiedad agraria de 5 mil hectáreas.

La CONAIE y la CIDOB aún no han definido fecha de inicio de las protestas, pero sus comisiones de logística ya comenzaron a organizar la movilización. En Bolivia, fueron convocados todos los diputados indígenas y los 34 pueblos originarios de tierras bajas, quienes comienzan a aprovisionarse de alimentos, banderas y pancartas para participar en la VII gran marcha de los pueblos indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía.

Evidentemente, esta posición extrema que van tomando las organizacio-nes indígenas de Bolivia y Ecuador implica varios aspectos como tierra, territorios y recursos forestales; sin embargo, uno de los ejes centrales, son las agresivas políticas extractivistas relacionadas a los hidrocarburos y minería en ambos países. La nota referida a las posiciones de la CO-NAIE y la CIDOB, bien podría haberse leído el año 1997 o el 2002. Se percibe el desencanto y cansancio de los pueblos indígenas en torno a los modelos de desarrollo imperantes y el riesgo, según la tendencia de las si-tuaciones, es desembocar en ambas naciones en acontecimientos nefastos como del Bagua.

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Posterior al anuncio de la CONAIE y CIDOB, casi a mediados del 2010, la marcha indígena de los pueblos de la Amazonía y el Oriente de Bolivia arrancaba desde el norte amazónico del país, contando entre sus deman-das, el respeto a sus territorios por las petroleras y el derecho a la consulta pública. Tras varias semanas de caminata y su debilitamiento por el aban-dono de la medida por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que en función a acuerdos con el gobierno, la marcha indígena finalizó, sin pena ni gloria en una localidad al norte de Santa Cruz, con un acuerdo favora-ble al gobierno, el cual no dejó en todo el tiempo de duración del conflicto, en fustigar y acusar a los indígenas de fines políticos y desestabilizadores.

En la misma línea, la aparente férrea resistencia que habían iniciado las comunidades indígenas Guaraníes y la APG, para la defensa del Parque Nacional Aguaragüe ante el ingreso de varias exploraciones petroleras, a fines de julio del 2010, quedó en nada, después de negociaciones de acuerdos con el gobierno, a partir de las cuales se dio luz verde a las ope-raciones en dicha zona. La posición conciliatoria de la APG ha supuesto un marcado debilitamiento y un retroceso del movimiento indígena de las tierras bajas en Bolivia.

A inicios del 2010, la comisión especial sobre Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) había reconocido que en Bo-livia hay insatisfacción de parte de los pueblos indígenas por la falta de consulta del gobierno en la ejecución de proyectos extractivistas como los hidrocarburíferos y mineros. Mientras que para los miembros del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, se vulneran los derechos de los originarios y afecta a la calidad de vida. El representante en el país del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Denis Racicot, sostuvo que: “la declaración de las Naciones Unidas habla de un consen-timiento previo, no es sólo de carácter informativo, es mucho más”. La Presidenta de este Foro Permanente, Victoria Taulia, cuestionó la idea de desarrollo

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equivocado que tienen las empresas mineras y petroleras en el país: “Las decisiones que están tomando las empresas mineras y petroleras están afectando a los indígenas. Se hace una extracción ilimitada (de los recursos naturales), sin pen-samiento alguno, sin tener conciencia de las funciones de las fuentes naturales. En Bolivia la explotación minera es fuerte” (OBIE/CEDLA, marzo 2010).

impactos y Amenazas Ambientales

Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca se encuentran entre las regiones más pri-vilegiadas por concepto de regalías e impuestos directos de los hidrocarbu-ros, con implicancias en las dinámicas de crecimiento y cambios socioeco-nómicos asociados, pero también adolecen y comparten un amplio abanico de impactos derivados de muchas décadas de exploraciones y explotacio-nes. Las afectaciones de las operaciones hidrocarburíferas con alto costo ambiental, tiene su raíz en el pobre desempeño socio ambiental, de las empresas y el bajo perfil del Estado en materia de fiscalización y control.

Las amenazas ambientales de este sector se han ampliado en los últimos dos años, hacia las regiones del Subandino Amazónico de La Paz (bloques Liquimuni y Río Hondo), generando riesgos sobre regiones de elevada fragilidad de al menos tres municipios, al interior de áreas protegidas y TCO´s al mismo tiempo que los riesgos, en general, se incrementan en función a las proyecciones de exploraciones perforatorias a gran escala, que tiene el sector, a la cabeza de YPFB, para el próximo quinquenio.

La expansión de la frontera petrolera hacia zonas no tradicionales y la proliferación de operaciones en las zonas tradicionales, ocasionaron el 2009 y 2010, un incremento inusitado de los riesgos socio ambientales. Si se consideran las habituales falencias y deficiencias en la realización, aprobación y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental (Fi-chas y EEIA´s), y la clara presión del sector, en especial de YPFB, para flexibilizar las normas e instrumentos ambientales y sociales, poco se po-

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drá esperar en cuanto a un control real, mitigación o adecuación de las operaciones en los próximos años. Cabe destacar el carácter más agresi-vo, arrogante y despectivo de los temas ambientales que tiene el sector hidrocarburos, si comparamos ello con el sector minero, que a pesar de los impactos que ejerce, no llega a tomar posiciones institucionales tan draconianas.

Concomitantemente, el concepto que las oficinas estatales y las empresas del sector petrolero manejaron en sucesivos años, se siguen manejando actualmente: “lo ambiental no es más que un obstáculo al desarrollo de las in-versiones y la generación de beneficios económicos, una majadería de los ambienta-listas y de las organizaciones no gubernamentales”. Esta lógica derivada de la visión capitalista y neoliberal, que tiende a relegar al Estado, se ha hecho manifiesta en los últimos tres años, a lo largo de todo el desarrollo de las diversas operaciones hidrocarburíferas, tanto en los campos de las zonas tradicionales, como en las no tradicionales.

A fines del 2008 y en el 2009, la crisis mundial afectó los precios de los hidrocarburos y ocasionó reducciones de los ingresos para el Estado y las empresas hidrocarburíferas. La situación de reducción de ingresos y uti-lidades en estas empresas y el Estado, suele ser un buen argumento para realizar recortes de inversión, siendo los componentes ambiental y social, los que llevan la peor parte. Estas crisis económicas mundiales, conllevan un serio riesgo socio ambiental en el contexto mundial, el riesgo por parte de las empresas transnacionales a la reducción o flexibilización en cuanto a las exigencias ambientales, situación que puede ser, incluso favorecida, por los gobiernos.

Una de las fuentes principales de contaminación hidrocarburífera son los pasivos ambientales, particularmente concentrados en el Departamento de Tarija. En más de siete décadas, YPFB perforó 1.731 pozos petroleros, principalmente en la zona tradicional que abarca el Subandino y Chaco

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de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. (YPFB Corp. 2009). A esto se su-man, otras perforaciones provenientes de operaciones de muchas otras empresas a lo largo de décadas.

Sin necesidad de remontarnos demasiado en el pasado, situaciones socio ambientalmente muy críticas y ocasionadas especialmente en los últimos 15 años, desde el período de las capitalizaciones hasta el presente, no fue-ron resueltas, en términos de remediación, mitigación o indemnización. Es decir, ni en el período de transición después del gobierno de Sánchez de Lozada (etapa Mesa-Rodríguez Veltze) ni en el período ya transcurri-do del actual gobierno, se prestó atención para dar soluciones a las situa-ciones ambientales de impacto, que habían generado las empresas en su paso por Bolivia. Como ya se analizó antes, tampoco se exigieron cuentas; al contrario, se realizaron contratos y sociedades los mismos que fueron celebrados, como es el caso de REPSOL-YPF o de PETROBRAS.

Existen indicios de que los túneles abiertos para la instalación de los duc-tos del Aguagaragüe, construidos por PETROBRAS, en el año 2002, pu-dieron haber ocasionado severos daños a las venas de acuíferos y zonas de recargas de dicha serranía, aspectos que no han sido evaluados o au-ditados hasta ahora. Muchos daños ambientales considerables y sociales quedaron olvidados, un claro ejemplo es la contaminación del río Des-aguadero por el derrame del año 2000, situación ingrata que epiloga con la salida airosa de SHELL del país y posteriormente con la nacionaliza-ción de TRANSREDES, con la cual la deuda que tenían dichas empresas se difumina al ser “asumida” por el Estado.

Los anuncios de las grandes inversiones por parte del Ministerio de Hidro-carburos, YPFB y de las empresas transnacionales como REPSOL, entre otras, indican que Bolivia está por entrar en un nuevo ciclo de expansión hidrocarburífera significativa (Humphrey y Catari, 2009). El Presiden-te interino de YPFB, Carlos Villegas, anunciaba que se busca duplicar

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la producción en los próximos años. Sin embargo, la gestión del sector hidrocarburífero, a partir de la nacionalización del sector en el 2006, no da muestras de haber desarrollado políticas de gestión adecuadas de los pasivos ambientales. Por lo tanto, es muy probable que un nuevo ciclo de expansión hidrocarburífera revele las grandes debilidades del Estado en esta materia, situación que podrá dar lugar a un nuevo escenario de con-flictividad socio ambiental (Humphrey y Catari, 2009).

Representantes del gobierno han afirmado que no hay dinero para limpiar (pasivos ambientales), sólo para producir más hidrocarburos. Palabras que deben provocar la respuesta según Humphrey y Catari (2009): ¿Por qué no? ¿Cómo puede haber una política de promoción de producción sin estar acompañada por una política de gestión de los pasivos ambientales existen-tes y por los pasivos ambientales que seguramente se generarán en el futu-ro? Dado que el Decreto Supremo 26171 del 2001, prevé que todo pasivo ambiental pasa al gobierno, y dado que éste anuncia a menudo la situación favorable de las reservas financieras que goza el país, parece que la no re-mediación de los pasivos, no es un problema de falta de dinero (Humphrey y Catari, 2009) sino de falta de voluntad y de sensibilidad ambiental.

Las declaraciones por parte de las empresas que resaltan la adopción de tecnología de punta y que adhieren a altos estándares de responsabilidad social y ambiental, no son suficientes. Las empresas que desarrollan es-tudios de impacto ambiental que sólo toman en consideración el espacio de su proyecto, dejando de lado el impacto más amplio y acumulativo del conjunto de actividades (Humphrey y Catari, 2009).

Hablando de limpiar, vuelve a la palestra el tema del pasivo ambiental de SHELL-TRANSREDES en el río Desaguadero (Haglund, 2008; Ribe-ra, 2008). En el haber de TRANSREDES y las otras empresas de trans-porte, incluida la actual nacionalizada CHLB (caso del derrame en el río Acero: Ribera, 2008), quedan muchas cuentas ambientales pendientes,

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debido a accidentes negligentes y mal mitigados, donde destaca el del río Desaguadero. Al momento de las “nacionalizaciones”, en este caso parti-cular, no estuvo prevista una auditoría ambiental específica, que pudiera establecer responsabilidades. Sin embargo, la auditoría general técnico-financiera a las empresas petroleras, encargadas por el propio Ministerio de Hidrocarburos el año 2007, fue concluyente en sentido de que TRAN-SREDES se dedicó al beneficio y descuidó la protección del medio ambiente.

Nueve Años del Derrame de Petróleo en el Desaguadero Norma Mollo Mollo. CEPA/LIDEMA, Enero 2009

El 30 de enero del año 2000, la empresa transportadora de Hidrocarburos TRANSREDES, socia de la SHELL, causó uno de los sucesos más nefastos para el medio ambiente en el país. Lo más destacable de la auditoría ambiental realizada tiempo después, fue que resolvió que debería efectuarse una compensación económica (ascendía a unos 6,5 millones de dólares americanos) por haber causado pérdidas en los cultivos, pastos nativos, mortalidad de ganado, etc. Lo más insólito de la auditoría fue que en los análisis químicos de los diferentes parámetros, casi todos estaban dentro los límites permisibles o sea “no hubo contaminación ambiental de los factores” pese a que los impactos eran totalmente visibles; por ello, la compensación que debería efectivizarse era por los “perjuicios económicos” por haber impedido el ingreso de los animales a las zonas de pastoreo.

A pesar de haberse compensado por los daños a los comunarios, después de nueve años aún quedan pendientes recomendaciones de la auditoría ambiental y algunas sanciones que había ejecutado la Autoridad Ambiental Nacional, como el monitoreo ambiental que debía efectuarse; compensación por las enfermedades causadas a los animales; pérdida de la calidad de agua y suelo particularmente; y monitoreo de la salud a toda la población que estuvo expuesta al derrame, (actividad que nunca se efectivizó).

El 2 de junio del 2008, el gobierno nacional recuperó la totalidad de las acciones de TRANSREDES, mediante el Decreto Supremo 29856. De este modo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pasaba a controlar aproximadamente un 98% de la empresa. Un elemento que nos preocupa en este tema, es la situación de la deuda de la empresa TRANSREDES con las comunidades afectadas, suponemos que la mencionada empresa debería sanear sus deudas con los diferentes acreedores, antes de ser transferida del todo, de lo contrario significaría que YPFB o el gobierno se hace cargo de estos compromisos. TRANSREDES aún tiene temas pendientes con comunidades del departamento de Oruro: multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente; multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado su Licencia Ambiental para el depósito de los suelos impregnados con petróleo; y programas de atención a la salud de los animales.

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¿Quién asume ésta deuda socio ambiental de TRANSREDES?, ¿será el Estado Boliviano o pasará al olvido? Creemos que con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la temática ambiental adquiere un rango constitucional y precisamente el Artículo 347, Párrafo I indica “…Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales”, lo cual corresponde al derrame de petróleo ocasionado por la empresa TRANSREDES.

Existen muchas denuncias aún de parte de los comunarios, en sentido que a la fecha no ha desaparecido el petróleo de sus tierras y que en algunas oportunidades, aflora en la superficie, enfermedades de animales, nacimientos con deformidades y des-estructuración de la organización social, son algunos de los problemas que aún persisten.

Ser parte del principio de que cualquier operación hidrocarburífera, inde-pendientemente de su fase de actividad (exploración, planchadas, cami-nos de acceso, perforación, instalación de ductos, etc.), ocasiona impactos a los ecosistemas y medios de vida locales, los cuales deberían estar deta-lladamente definidos en los Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y en los Planes de Mitigación o Remediación Ambiental. A pesar de exis-tir este recaudo y bajo la incertidumbre del pleno y efectivo cumplimiento de éstos, los impactos inmediatos y posteriores (pasivos) pueden estar presentes. Posiblemente los pozos abandonados y mal sellados, sea que culminaron su fase productiva o que no resultaron económicamente via-bles, son las fuentes de pasivos que generan mayores impactos y suman varias decenas sólo en el departamento de Tarija.

Se hace una referencia sucinta de algunas operaciones petroleras en el territorio nacional, a partir de las cuales se pueden prever pasivos e im-pactos y amenazas actuales:

y Pozos en desarrollo a mediados del 2009: El Palmar 18, río Grande y Tajibo (en Santa Cruz); San Alberto 15, San Alberto 17, La Vertiente 12 y Sábalo 5 (Tarija); y Kanata X-2 (Cochabamba).

y Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguaragüe: Fuertes im-pactos de numerosos pasivos ambientales no mitigados de contaminación, deterioro de los ecosistemas por obras e infraestructuras (caminos, túne-

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les, ductos, planchadas, etc.), posible deterioro de las venas de acuíferos y recurrencia de episodios de riadas y avalanchas en el pie de monte.

y Impactos de pasivos provenientes de operaciones recientes e impactos actuales, de exploración perforatoria y explotación a gran escala, en los megacampos San Antonio, San Alberto, Sábalo, Itau, Margarita y Huacaya. Así como en otros campos menores como El Palmar en Santa Cruz (pozo PMR-18, GTLI-DONG WONG).

y Impactos en los Bloques XX y Tarija Oeste operados por TOTAL con participación de la BRITISH GAS (BG).

y BG confirmó inversiones por 87 millones de dólares en el Chaco Tari-jeño (Suris, Palo Marcado, Escondido, La Vertiente y Taiguati), mien-tras que REPSOL YPF informaba la intervención en Mega campo Margarita y las perforaciones del Mega campo Huacaya.

y Impactos a ecosistemas de elevada fragilidad y medios de vida de co-munidades indígenas en el Bloque Liquimuni (norte de La Paz), a car-go de PETROANDINA. Dada la inconsistencia de las Fichas y EEIA aprobadas, puede preverse importantes impactos socio ambientales, los cuales deberían ser evaluados o auditados el año 2010. A menos de un año de haber iniciado trabajos de exploración petrolera en el Norte de La Paz, el proceso a fines del 2009 tenía un avance del 70% de los regis-tros sísmicos 2D en los 1.093 kilómetros cuadrados previstos.

y Tendido de ductos, como el del Altiplano, campo Kanata (Sta. Cruz) y entre los campos productores y las plantas localizadas en Camiri y Villamontes. Uno de éstos cruza la TCO Weenhayek en el Chaco de Ta-rija. Todo el sistema de ductos (gas o petróleo y condensados) implica, además, un riesgo de accidentes, más aún considerando la caducidad de algunos tramos. No se conoce un informe actualizado al 2009 de YPFB-Transporte sobre el estado de los ductos hidrocarburíferos en Bolivia.

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y Otra operación se desarrolla en el Pozo Kanata X-2, cuya perforación es responsabilidad de la empresa petrolera CHACO, que ahora es sub-sidiaria de YPFB.

y Exploraciones 3D en el campo de Vuelta Grande Profundo en Chuquisaca (ERBOL, enero, 2010), iniciados a fines del 2009 y en proyecciones para los años 2010-2011, a cargo de la empresa operadora CHACO, subsidiaria de YPFB, y bajo subcontrato de GEOKINETICS. El campo Vuelta Grande está actualmente en producción.

y Las empresas TOTAL EXPLORACION y PRODUCCIÓN BOLI-VIA (80%, operadora) y TECPETROL iniciaron el 2010 la perfora-ción del pozo exploratorio Aquio X-1001, situado en Caraparicito en la Serranía de Incahuasi (Lagunillas-Santa Cruz), en busca de gas en la formación Huamampampa, en el área del bloque Aquío, con una inver-sión de 63 millones de dólares. El inicio de la perforación es vertical a 6.300 metros de profundidad y se utilizó un taladro considerado como uno de los más grandes que se usa en Bolivia.

y Es menester mencionar el gran número de pasivos ambientales en el Subandino y Chaco Serrano de la zona tradicional, los cuales hasta el momento han recibido escasa atención (ver los datos de Humprheys y Catari para el Aguaragüe). Se sabe de un inicio de operaciones de mi-tigación a mediados del 2010 en tres campos de la zona de Sanandita.

y Pasivo del río Desaguadero, donde no se realizaron posteriores evalua-ciones del impacto, pero que según referencias locales, existen zonas con indicios de fuerte deterioro ecosistémico y difícil recuperación de la vegetación, a casi diez años del desastre.

Entre las amenazas y en función a las ambiciosas proyecciones de YPFB, se prevén numerosas afectaciones socio ambientales en los próximos años, tanto por la magnitud de las operaciones, y sobre todo, debido a la

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especial renuencia que tiene la empresa estatal, respecto al cumplimiento de las normas e instrumentos ambientales y sociales. Algunas de las ope-raciones de mayor riesgo, previstas para el 2010 y los siguientes años son:

y Proyectos exploratorios inmediatos o proyectos exploratorios A, pre-vistos entre 2009 y 2015) y que comprenden 10 pozos exploratorios, principalmente localizados en la zona tradicional entre Tarija y Cocha-bamba, con un éxito estimado del 30%. En tanto que los proyectos exploratorios B, previstos por YPFB, están proyectados entre el 2016 y el 2026 los que incluyen 20 pozos exploratorios, con un éxito estimado del 20%.

y Entre los pozos exploratorios están: Ingre de Petrobras; Víbora de AN-DINA; El Palmar de GTLI (Gas To Liquid International) e Itaguazu-renda de YPFB.

y Se prevén impactos de las operaciones de perforación en el Campo San Alberto 15, que está a cargo de la Sociedad de las Empresas YPFB, la Brasileña PETROBRAS, la Española-Argentina REPSOL YPF y la Compañía Francesa TOTAL.

y YPFB – PDVSA (PETROANDINA – SAM) tienen previsto tripli-car la actividad de prospección petrolera exploratoria, tanto en la Re-gión del Subandino Norte (La Paz y Beni), como en el Subandino Sur (Tarija a Chuquisaca) a través de los 12 contratos de exploración en vigencia, la misma incursionará en el Bloque Agüaragüe Sur “A” en el Chaco con una perforación exploratoria, en el segundo semestre de 2009. También realizará tareas de sísmica exploratoria en los bloques Tiacia, Agüaragüe Norte, Agüaragüe Centro y Agüaragüe Sur B, en la zona de explotación tradicional del Chaco. El 2010 ingresará con operaciones en los bloques Tiacia e Iñiguazú, también ubicados en el Chaco Serrano. Dependiendo de los resultados de las exploraciones

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sísmicas; además, PETROANDINA tiene previsto el ingreso en el blo-que Liquimuni con exploraciones perforatorias.

Las operaciones de PETROANDINA serán 3D en cada uno de los siete bloques (un promedio de 300Km² por bloque) y se perforará 14 pozos exploratorios, dos por bloque, calculando una inversión total, alrededor de 646 millones de dólares.

y Exploración petrolera prevista por PETROBRAS-TOTAL y REPSOL YPF, en las zonas de máxima protección (zona núcleo) del Parque Nacional Madidi y zonas de uso comunal de la Reserva Pilón Lajas. Se teme una afectación muy fuerte a estos patrimonios naturales del Estado Plurinacional, además de la afectación de los medios de vida de varias comunidades indígenas, también está previsto el ingreso de esta empresa a las zonas de Chepite, Chispani y Sécure.

y YPFB realizará la primera prospección perforatoria después de más de 15 años, con el Pozo Itaguazurenda –X3 en el reservorio de la forma-ción Iquiri (municipios de Charagüa de Departamento de Santa Cruz), con una proyección de conclusión para el 2010.

y El cronograma de YPFB-ANDINA contempla, además, la perforación del Pozo SRR-X1 para abril del 2010, dentro el Proyecto Sararenda (Reporte Energía, diciembre, 2009).

y YPFB, también, encarará la exploración del Proyecto Camiri Profun-do, con una inversión de 55 millones de dólares y que implica el desa-rrollo de 5 nuevos pozos entre 2012 y 2016.

y YPFB Corporación operará Carohuaycho 8D, en un área reservada bajo su tuición que incluye los campos Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos), así como el proyecto Sararenda, que ha sido finalizado y con perforaciones previstas desde la planchada Guairuy.

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y Se proyecta la megaplanta de gas Sararenda PG-SRR (2013) y la cons-trucción de un gasoducto de 44 Km. de largo y un oleoducto que enla-zará con el ducto OCY-1. Las obras civiles del proyecto estarán a cargo de YPFB Andina y VIALCO, que implican el mejoramiento de cami-nos de acceso, planchada del pozo, del campamento, fosas de quemas, fosas de agua y áreas de acondicionamiento tubular.

y Construcción del gasoducto que irá desde el Campo Margarita hasta Madrejones en la frontera con la Argentina, donde YPFB Transportes prevé invertir 20 millones de dólares, operación prevista a partir del segundo trimestre del 2010.

y PETROANDINA SAM inició tareas para la exploración en los blo-ques del Subandino Sur, prospecto Timboy y área Iñiguazú, de acuerdo con el Plan de Inversiones 2010-2015 de YPFB.

y GAZPROM, socia de TOTAL, inició junto a YPFB, negociaciones para conformar una Sociedad Anónima Mixta, con vistas a realizar operaciones el año 2010 en el bloque Azero de 465.000 hectáreas, en el Subandino entre Chuquisaca y Santa Cruz.

y Conformación de una compañía mixta entre la estatal YPFB y la em-presa GTLI, que operativizará los contratos, para cuatro bloques: Nor-te para La Paz - Beni y Pando, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.

y Inversiones de REPSOL-YPF por 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años, para el desarrollo de reservas de gas natural. Se proyectan la ingeniería y la construcción de la planta de tratamiento, para el desarrollo del los mega campos Margarita y Huacaya. Adicio-nalmente, de acuerdo a esta transnacional, las potencialidades hidro-carburíferas del subandino sur, se incrementan al considerar las forma-ciones geológicas profundas como Huamampampa, Icla y Santa Rosa,

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lo cual fue confirmado por los hallazgos de los nuevos megacampos Huacaya e Incahuasi.

Pasivos ambientales y contravenciones, como resultado de la auditoria técnica y ambiental del año 2007 (E.Mariaca Bilbao et al.)

EmpresaBloques y campos

bajo administración y operación de

las empresasPasivos ambientales y contravenciones

PETROBRAS Bolivia SA.

Campo San Alberto, Sábalo

Humanpampa,-Icla-Santa Rosa

Procesos erosivos severos, deslizamientos. Incumplimiento de compromisos de la LA. Ausencia de EEIA y LA del proyecto 2D del campo S. Antonio. Incumplimiento del PASA de líneas de transferencia y recolección de la quebrada Los Monos. Construcción del tunel y oleoducto, atravesando la serranía de Aguarague desde campo Sábalo, posible deterioro de venas de acuíferos, y perturbaciones hidrológicas que ocasionaron riadas, rotura del ducto y contaminación de la quebrada Los Monos.

El año 2000, la empresa tramitó las licencias ambien-tales de los Proyectos de Sísmica 2D Río Hondo Sur y Sísmica 2D Río Hondo Norte, en el Bloque Río Hondo que afecta al PNANMI Madidi y RB-TCO Pilón Lajas. El año 2010, el gobierno del MAS autoriza a la empresa, el ingreso de las operaciones de exploración sísmica a dichas áreas protegidas.

PETROBRAS ENERGIA

Campo Colpa-Caranda-Pesa

Pozos abandonados sin restaurar y sin cierre técnico. Incumplimiento del Plan de monitoreo del Manifiesto Ambiental para gases y aguas de descarga.

PETROBRAS Bolivia SA.

San Alberto, Sábalo Procesos erosivos severos, deslizamientos en las zonas de operaciones. Ausencia de EEIA, LA y MMPASA, del proyecto sísmico 2D del campo San Antonio. Incumplimiento del MMPASA de líneas de transferencia y recolección en quebrada Monos.

REPSOL YPF Campo Margarita, Campos: Monteagudo, Paloma, Surubi, Surubi noroeste, Cambeiti, Itatique, Caipipendi, Huacaya

Reclamos indígenas por afectaciones e incumplimiento de compromisos asumidos. Existen reportes de quema de gas, infiltración de compuestos químicos, degradación de las piscinas de lodos, afectación a cultivos y aguas en la Región, además de áreas erosionadas, deslizamientos, riesgos de vertidos de lodos micro-encapsulados (Campo Itatique). La auditoria del año 2007, evidenció diversas contravenciones sujetas a

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sanciones administrativas. El Campo Margarita no contaba con documentación que autorice la construcción de líneas de recolección de pozos. El Campo Caipipendi no contaba con LA, en tanto que el Campo Monteagudo no contaba con MA.

A ello se deben sumar los pasivos ambientales de contaminación y deterioro de los ecosistemas, dejados en zonas del PNTCO Isiboro Secure (ríos Putintiri e Isinuta) y Villa Tunari, los años 1997 y 1998.

El año 2000 se tramita la licencia para exploraciones sísmicas en los Bloques Tuichi Norte y Sur, que afecta a las áras protegidas Madidi y Pilón Lajas, El año 2010 el gobierno del MAS, viabiliza el ingreso de las operaciones exploratorias de la empresa a dichas áreas protegidas.

PLUSPETROL Campos: Bermejo (Huamanpampa), Toro, Tacobo (Huamanpampa) – San Isidro (SC) - Tajibo-Petaca, Madrejones, Huayco, Rio Seco.

Pozos: 50 abandonados, 18 en cierre. Pozos antiguos de Campos Bermejo y Toro no tenían DAA. Gran quema de gas en Madrejones el año 1999, tardíamente controlada y con afectaciones a pobladores locales y a la biodiversidad. Denuncias de las organizaciones indígenas Guaraní de operaciones, obviando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones ambientales y en materia de consulta social.

CHACO Kanata, Bulo Bulo, Carrasco, Patujuzal, Chimore 1, Suarez Roca, Los Cusis, Montecristo, Patujuzal, San Roque, Vuelta Grande.

Contaminación de cultivos en colonia El Palmar (Trópico de Cbba.), vertidos de crudo en ríos en zona de Campo Katari, rebalse de fosas de lodos de perforación, Campo Carrasco. Evidencias de incumplimiento del PASA y EEIAs, ausencia de tareas de remediación en zonas afectadas y de monitoreos ambientales. Como socio de AMOCO, el año 1999, ocasionó la contaminación en el Bloque Aguarague (Comunidades Ipa y Tarairi) por derrame de lodos de perforación en el pozo exploratorio Camatindi X-1000, e incumplimiento del EEIA. Contaminación por derrame de petróleo (tubería del pozo X-8) en la quebrada Los Monos (Aguarague). En la perforación Exploratoria Timboy X-1, en el PN-ANMI Aguaragüe, se ocasionaron problemas ambientales por la desesta-bilización de taludes durante la apertura del camino provocando daños en la Quebrada Timboy y afectando la fuente de agua de las comunidades locales, además del incumplimiento de LA por el desvío no autorizado del camino que generó problemas de erosión y deterioro de la vegetación.

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TOTAL Campo Itaú, Campo Incahuasi, Ipati,

Fue la única empresa que no tuvo observa-ciones a lo largo de la auditoria del año 2007. Procesos erosivos

BG Escondido, Vertiente, Los Suris, Palo Marcado, Taiguati

Cursos de agua, vegetación y aumento de la erosión. Carencia de documentación ambiental y contravenciones al cumplimiento de de monitoreo de la construcción de la planta La Vertiente en Villamontes y la perforación de pozos. Carencia de LA para el cruce del ducto por el río Pilcomayo.

ANDINA Campos: Arroyo Negro, Penocos, Camiri, Cascabel, Guairuy, Peña-Tundy, Los Sauces, Río Grande, Sirari, Víbora, Yapacani

Denuncias en el Trópico de Cbba sobre pozos abandonados, contaminación de suelos y fosas de residuos con petróleo. La auditoria reportó que existen evidencias razonables de incumplimiento administrativo de la Ley 1333, además de un manejo discrecional de los PASA y fallas en la frecuencia de monitoreos ambientales. Intención el año 2000, de ingresar con exploraciones sísmicas al interior del PNANMI Amboró.

VINTAGE Chaco sur, Naranjillos, Ñupuco, Porvenir.

Incumplimiento del PASA e incumplimiento de la normativa de manejo de desechos líquidos, aguas de formación y residuos de procesamiento industrial. Carencia de inventario anual de emisiones atmosféricas. Incumplimiento de MA de las plantas Naranjillos, Provenir y batería de pozos de Ñupuco. Fallas en el manejo del MA del campo Chaco Sur.

TRANSREDES SA

Ducto Cochabamba-Sica Sica-Arica

Pasivos del derrame del Desaguadero del año 2000 e incumplimiento de compromisos de remediación e indemnización a las comunidades, lo que implica una deuda que fue asumida de facto por el Estado después del proceso de nacionalización. La auditoria del 2007 evidenció, no renovación de LA, la instalación de infraestructuras fuera de norma ambiental, ausencia de MA y reportes de monitoreo 2000-2005, no aplicación de recomendaciones del PASA sobre mantenimiento de ductos y contratación de una empresa (SERLIMP) sin licencia para el manejo de residuos peligrosos.

Fuente: Informe completo de las auditorias petroleras (Legado de Enrique Mariaca Bilbao), CEDLA/OBRN/Hora 25. 2010. (LA Licencia Ambiental, FA Ficha Ambiental, PASA Plan de adecuación y seguimiento ambiental, MA Manifiesto Ambiental, MM Medidas de mitigación, DAA Declaratoria de Adecuación ambiental).

Un impacto muy preocupante que pasó casi desapercibido a mediados del 2010, fue la contaminación por mercurio, en un espacio cerrado del Cam-po San Alberto (Tarija), operado y administrado por PETROBRÁS. En

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julio del 2010, la empresa INESCO que prestaba servicios de ingeniería y construcción a la empresa petrolera, denunció una contaminación con mercurio en instalaciones de PETROBRAS, la cual afectó a varios tra-bajadores (www.cedla.org/obie. 16 julio 2010). Uno de los afectados pre-sentó una polineuropatía y según estudios se encontró una concentración de mercurio en la sangre mayor a la normal. Varios de los afectados pre-sentaron una denuncia ante la Fiscalía y exigieron que INESCO pague los gastos médicos y se les otorgue una indemnización (El Deber, 16 julio 2010). El mercurio puede ser liberado en los campos hidrocarburíferos en el proceso de refinación – licuefacción del gas natural, se encuentra presente en las corrientes de CO2 de los pozos y debe ser eliminado usan-do tecnología adecuada, algo que PETROBRAS evidentemente no hizo, mas al contrario minimizó el suceso argumentando que se realizó una limpieza inmediata.

La magnitud de las operaciones hidrocarburíferas previstas en el territo-rio es muy grande y su análisis puede llegar a ser confuso. Cabe retrotraer lo mencionado anteriormente, no hay mercados de gas y los esfuerzos según el ministerio del sector, deben direccionarse el 2010 a la búsqueda de demandas. Entonces, ¿en qué queda toda la parafernalia explorativa y las inversiones, que YPFB desencadenó a inicios del 2009 en todo el país?

En otras latitudes y bajo la misma lógica: Ecuador, Inmensos Pasivos Ambientales Fuente: Bustos Lozano, H. 2008

La debilidad del Estado, la falta de políticas nacionales que velen por nuestro patrimonio y establezcan obligaciones claras para las compañías petroleras, en cuanto a remediación de daños socio ambientales en las zonas de exploración, explotación, extracción, transporte y demás componentes de esta actividad, muestran una historia dolorosa de impacto sobre la vida de muchas comunidades y sobre el ambiente. Si bien en los últimos quince años, aproximadamente, los estudios de impacto ambiental son una herramienta clave para formular programas y acciones concretas de prevención y remediación, no es menos cierto que formularlos, no es condición para que realmente se cumplan.

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La zona petrolera del Ecuador está localizada mayoritariamente en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país. Los efectos locales de más de tres décadas de explotación petrolera son desastrosos. Se estima en más de dos millones, las hectáreas de bosque húmedo tropical desforestadas con la consecuente pérdida de biodiversidad y afectación a zonas de vida de los Pueblos Ancestrales de la Amazonía; miles de barriles de crudo derramados en bosques, ríos, esteros y lagunas, con consecuencias en el ecosistema natural y efectos en la salud de la población; millones de galones de aguas de formación que contienen metales pesados que contaminan el ambiente, destruyen fuentes de agua, producen enfermedades y colocan a etnias como Sionas, Secoyas, Huaorani, en peligro de desaparición.

La historia de los derrames petroleros es interminable. Por ejemplo, entre 1948 y 1989, petróleo proveniente del campo Cuyabeno, se derramó contaminando el sistema lacustre de esta reserva. En 1989 se produjo un derrame de tal magnitud que despertó a la opinión pública y cuestionó la responsabilidad del Estado y de las compañías petroleras frente a la actividad petrolera y sus impactos en las condiciones ecológicas de la Reserva Cuyabeno. Los derrames que se producen a nivel de oleoductos también afectan el ambiente, la salud y la seguridad de muchas poblaciones. La mayor parte del agua que se consume en Quito, proviene de la Laguna de Papallacta; sin embargo, actualmente, los dos oleoductos, el SOTE y el OCP, pasan por los lados de la laguna. En varias ocasiones los derrames del SOTE, han afectado grandes extensiones de la superficie de la laguna, por lo que preocupa la bioacumulación de residuos hidrocarburíferos, como un riesgo a largo plazo, ya que el crudo contiene tóxicos y metales pesados que pueden permanecer hasta 10 años. La refinería de Balao también contribuye a problemas socio ambientales graves. Basta recordar el incendio que se produjo en la refinería, en 1998. Después del incendio, varias organizaciones demandaron a Petroecuador por daños y perjuicios; solicitaban remediación de los impactos ambientales y sociales, y, finalmente, ganaron la demanda. Sin embargo, los peligros persisten. En Esmeraldas, además de la refinería, se encuentra el Terminal del Oleoducto Transecuatoriano, el Petrolero de Balao, y la cabecera del poliducto Esmeraldas-Quito-Ambato. La interferencia de esta infraestructura desalojó a la población pescadora, ha modificado la vida agrícola y recolectora de una población mayoritariamente afro descendiente, contamina el ambiente por la descarga de desechos a los ríos Teone y Esmeraldas, y por la emisión de gases.

La compañía Texaco, hoy Chevrón-Texaco, explotó petróleo entre 1964-1990. Cuando hace más de una década, se retiró el Ecuador, dejó daños ambientales y sociales incalculables. Por ejemplo, se estima que, por ahorrar en costos de producción, fueron abandonados 18 mil millones de galones de aguas residuales en piscinas que no fueron remediadas.

A fines de octubre del 2010 (OBIE, 26 octubre 2010), se emitía el Decre-to Supremo 0676, por el cual se ampliaba el número de áreas de explo-ración y explotación hidrocarburífera en el país, a cargo de YPFB y con amplias posibilidades de realizar sociedades y contratos con las diversas empresas transnacionales, que ya vienen operando en el país desde el año

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2007. Las áreas reservadas para YPFB son Madre de Dios, Río Beni, Madidi, Secure zona 19, Secure zona 20, Cedro, Almendro, Azero, Ca-rohuaicho, Iñau, Sauce Mayu, Itacaray, Huacareta, Tiacia, Aguarague Sur A, Aguarague Sur B, Aguarague centro, Aguarague Norte, Iñiguazu, San Telmo, Coipasa, Corregidores, Buena Vista, Camatindi, Sanandita, Astillero, Sunchal, Sayurenda, Villamontes, Isipote, Carandaiti, Boyuibe, Yoai, Cupecito, Chispani, Lliquimuni, Chepite, Isarsama, Manco Kapac, San Miguel, Florida, El Dorado Oeste, Arenales, Taputá, Ovai, Alga-rrobilla, Uchan, Casira, La Ceiba, Capiguazuti, Río Salado, La Guardia, Iguembe, San Martín, Okinawa, Rodeo, Pilar, El Remate, Nuevo Hori-zonte y Puerto Grether. Varias de estas áreas, ya estaban con operaciones petroleras amparadas por otras normas emitidas en años anteriores.

El Decreto 0676, viene esencialmente a refrendar la intención del gobier-no actual, de ampliar la frontera petrolera y gasífera, en todo el país, con lo cual se llegará a afectar de forma definitiva a varias áreas protegidas de enorme importancia socioambiental, como Madidi, Pilón Lajas, Ambo-ró, Manuripi, Isiboro Secure, Iñao y desde luego Aguarague, además de otras tantas TCOs. Solo dentro del Parque Nacional Madidi se abrirán 690.000 hectáreas, y más de 720.000 hectáreas en el PN-TCO Isiboro Se-cure. Lo que nunca habían logrado los gobiernos neoliberales (calificados de vende patrias) gracias a la resistencia social en contra de la intromisión transnacional, está siendo impulsado por el gobierno socialista del MAS, en función a una política progresista y contradictoria con sus postulados más íntimos. Claramente, esto es un resultado de la incertidumbre sobre el eventual descenso de la reservas gasíferas del país, ha disparado una desesperada carrera que tendrá un elevado costo socioambiental en los próximos años.

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normativa e instrumentos de gestión ambiental

Al igual que en el sector minero, el año 2009 no se dieron significativos avances en cuanto a fortalecer el cumplimiento de las normas e instru-mentos de la gestión ambiental, destinados a reducir los impactos de las operaciones exploratorias y de las otras fases. Al contrario, fueron reite-radas las voces y tendencias del sector, para lograr la flexibilización de las normas ambientales y sociales, y así dar mayor celeridad y discrecionali-dad a los procesos de exploración y explotación. A ello, se suma, la crítica hecha en torno al tema minero, referido a la escasa aplicabilidad de las normas, debido a la “pesadez jurídico ambiental”, así como los vacíos y ambigüedades que dificultan la toma de decisiones (Peláez, 2009).

La página de difusión del Viceministerio de Medio Ambiente (VMABCC: Página Ambiental, octubre 2009) hace un análisis del Decreto Supremo 29595 (2008), que incrementa sustancialmente los plazos de revisión para la obtención de Licencias Ambientales, a partir del cual se habrían “redu-cido” los plazos para la obtención de éstas. Posiblemente, exista un error de interpretación o de trascripción, puesto que el Reglamento Ambien-tal para el Sector Hidrocarburos (RASH, 1996) otorgaba a la Autoridad Ambiental Competente sólo 5 días hábiles para la revisión de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental categoría I o II. Las modificaciones del DS. 29595 aumentaron el tiempo de revisión a 15 días hábiles. Simi-lares plazos se dan con esta nueva norma a la revisión de los Planes de Prevención y Mitigación (PPM), al Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) y al Manifiesto Ambiental (MA). Por medio de la misma norma, las empresas o responsables de la Autoridades-Obras-Pro-yectos (AOP) tienen, también mayores lapsos de tiempo, para responder a las observaciones y recomendaciones de ajuste. En general, la nota del órgano de difusión del Viceministerio, no es clara y puede dar lugar a confusión. Por ejemplo, se menciona que la sumatoria final de tiempo de

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revisión no se hubiese incrementado, cuando en todos los casos se tie-nen 10 días más de tiempo de revisión. Esta situación se contrapone, sin embargo, a la posición del Ministerio de Hidrocarburos que observa los “prolongados tiempos” para el otorgamiento de las Licencias por la Auto-ridad Ambiental Competente (AAC) además de los constantes reclamos de premura, que sólo han logrado, que en más de una vez, se otorguen Licencias Ambientales en tiempo record y sin la suficiente rigurosidad en las observaciones y los ajustes.

En tanto, en abril del 2009, mediante Resolución Administrativa 006/09, el Viceministerio de Medio Ambiente y Biodiversidad aprobó el meca-nismo integral de integración de Licencias Ambientales, que constituiría un avance de la gestión ambiental y permitiría a los promotores de AOP, reconocer la existencia de impactos de manera sinérgica y acumulativa, así como un control mucho más cercano de sus obligaciones ambienta-les; es decir, un mejor control por parte de la AAC (Página Ambiental, VMABCC-DGMACC; octubre 2009). Esta se considera una solución al problema de los requerimientos de varias licencias ambientales, para di-versas fases de AOP, las mismas que han dado lugar al cumplimiento de compromisos ambientales de forma aislada y parcial, a pesar de que las actividades tienen vinculación objetiva y pueden generar impactos de for-ma concurrente y sinérgica.

Estos buenos deseos e intenciones de la AAC podrían quedar en nada, si la mentada nueva Ley de Hidrocaburos aplica lo declarado con mu-cho desenfado por el Ministro de Hidrocarburos, L.F.Vincenti, en sentido de que el gobierno prevé transferir de forma exclusiva al ministerio del sector, la potestad de otorgar Licencia Ambiental a proyectos petroleros, tarea que actualmente está en manos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bajo el argumento de que al momento el trámite para la obtención de la ficha ambiental es “extremadamente largo e injustificadamente burocrático”

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(La Razón, 18 agosto 2010). Según el ministro L.F.Vincenti “la nueva Ley, deberá asignar al ministerio de sector —con carácter exclusivo— esta competencia”.

Esto en lenguaje popular significa, dar a cuidar “las gallinas al zorro”. El tiempo que toma emitir una Licencia, se prolonga en función al número de operaciones petroleras en curso, las cuales han aumentado de forma extrema. Paralelamente, las oficinas de la AAC siguen adoleciendo de una apremiante limitación de capacidades en términos de recursos, algo que el Estado no se ha encargado de subsanar en varios años. Entonces, existe una mayor carga de trabajo debido a la explosión de iniciativas y pro-yectos petroleros, pero, al mismo tiempo, no se tiene el apoyo suficiente para aumentar la capacidad de atención, y desde luego los trámites son prolongados, pues requieren una mínima responsabilidad y tiempo en la revisión y formulación de solicitud de ajustes. Si desde el Ministerio de Hidrocarburos se piensa piensa, que otorgar una Licencia Ambiental, es sólo mirarla, firmarla y remitirla, grave equivocación, pues ello incremen-tará nuevamente el nivel de riesgo socio ambiental.

Lo anterior es sólo una muestra de la tendencia y rumbo que pretende tomar la norma sectorial. El panorama es muy preocupante, puesto que los escasos recaudos ambientales, que se habían logrado en la Ley 3058 aún vigente, están siendo obviados en la nueva propuesta, la cual apunta a una flexibilización extrema en relación a los temas socio ambientales.

En octubre del 2009, se mencionaba que el proyecto de Política Hidro-carburífera estaba concluido. Sin embargo, debía superar “el examen del gobierno”, para luego pasar a la fase de nueva consulta para afinar detalles y, una vez que tenga el visto bueno del Jefe de Estado, entrar en vigencia (www.opinion.com.bo, octubre 2009). Según informe oficial del grupo comisionado a estas taréa, la misión estaba cumplida en su primera fase (documento final de Política de Hidrocarburos). Se preveía que si el Eje-cutivo lo autorizaba, en una segunda fase se podría volver a consulta e

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información a los actores involucrados, es decir, tanto de empresas, ana-listas y movimientos sociales. La política que tiene “una visión integral del sector”, establece mecanismos para el desarrollo de la industria. Se encara desde 12 áreas de trabajo, abarcando todos los eslabones de la cadena productiva (www.opinion.com.bo, octubre, 2009). Se mencionó que las compañías que tienen contratos de operación, asistirán a la convocatoria del gobierno, para hacer conocer sus planteamientos referidos a la nueva política sectorial pero, lamentablemente, ninguna referencia acerca de la participación de las organizaciones sociales y la sociedad civil. El nivel de participación social en la elaboración de las propuestas de políticas y Ley de Hidrocarburos, fue prácticamente cero. La crítica que tantas veces se hizo a los gobiernos de los años 90, de elaborar leyes entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo, es totalmente válida para el proceso realizado con la Ley de Hidrocarburos.

Los elementos de análisis en la nueva Ley giraron exclusivamente en tor-no a las consecuencias de la pérdida de mercados para las exportaciones del sector y la consecuente ausencia de inversiones, además de las con-diciones estables para las inversiones, es decir, que éstas no cambien de un momento a otro, el tema de los precios congelados para el mercado interno, los mismos que desalientan a los inversionistas, etc. Estos temas fueron debatidos a fines del 2009 en el Foro de Expertos Petroleros ac-tores a los cuales el gobierno quiso escuchar (La Razón, octubre 2009). En tanto, los temas ambientales fueron tratados mayormente como un obstáculo y los temas de preocupación fueron, cómo limitar el poder de los pueblos originarios, cómo salvar la barrera de las áreas protegidas, la mayor prontitud para la emisión de las Licencias Ambientales, etc., una situación mucho peor que lo sucedido en los años 2004 y 2005 para la aprobación de la Ley 3058.

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El nuevo proyecto de la Ley de Hidrocarburos ha sido calificada como extraordinariamente pobre en cuanto a aspectos ecológicos y socio am-bientales, debido a que es una propuesta hecha a la medida del más voraz modelo extractivista, característica que ya tenía en parte Ley 3058, pero la nueva Ley es mucho peor. Comparativamente la nueva Ley de Minería tiene un perfil de mayor responsabilidad socio ambiental que la Ley del sector petrolero.

Entre los vacíos e inconsistencias más relevantes de la propuesta de la nueva Ley, se identificaron las siguientes:

y En relación con el tema de la consulta pública, se menciona que la reali-zación del Estudio de Impacto Ambiental estará a cargo de YPFB de manera directa (Art. 136), situación que contradice los Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente.

y Con total intencionalidad y mala fe, la nueva propuesta no menciona el tema de las áreas protegidas, como lo hacía la Ley 3058, posición clara-mente dirigida a crear una figura de vacío institucional.

y El artículo 137 define la categoría 1 de Estudio de Evaluación de Im-pacto Ambiental (EEIA), si los proyectos hidrocarburíferos se desa-rrollarán en “áreas de alto valor para la biodiversidad”, aspecto esencialmen-te ambiguo y que carece de precisión. Por ejemplo, considerando la presencia de especies amenazadas, un alto valor para la biodiversidad, tiene tanto la Zona Altoandina del Sajama, como los bosques pluviales del Madidi.

y Se menciona que todo impacto socio ambiental que produzcan las actividades hidrocarburíferas, será compensado financieramente, de manera justa (Art.138). Aquí se aplica una lógica reduccionista de sustitución monetaria, que no da alternativas en el caso de que se traten de bienes o valores no sustituibles económicamente. El mencionado artículo tiene una con-

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notación sarcástica cuando dice: “respetando la identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidad, territorialidad, prácticas y costumbres y la propia cos-movisión de los afectados”, Similar situación se plantea para las indemni-zaciones (Art.141). Además se ingresa en el campo también ambiguo y mercantilista de la valoración de los impactos socio ambientales para determinar la compensación (Art.139).

y La propia Dirección Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos reali-zará las actividades de monitoreo socio ambiental a las empresas, man-teniendo la figura de “juez y parte” (Art.145)

A esto se añade, la nefasta alternativa anunciada por el titular del Minis-terio de Hidrocarburos, de que las Licencias Ambientales, las otorgará el Ministerio del sector.

Respecto al fenómeno de la flexibilización de las normas ambientales, en septiembre del 2009 se anunciaba que el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía “elaboraba una norma que evitará la obstaculización de las inversiones en las áreas petroleras”, debido a las demandas y reclamos que tienen los pueblos indí-genas. Se mencionaba que en principio, “Esta disposición legal, busca diálogos masivos con las comunidades y no sólo con sus líderes, para explicarles los beneficios y llegar a consensos”, contradiciendo el espíritu del Decreto 29033, del Re-glamento de Consulta Pública, que reconoce la estructura organizacional y el rol de las autoridades indígenas en el proceso. El propio presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, anunció que el Ministerio del sector trabajaba en una norma para que en el futuro “no haya obstáculos para la inversión” (La Razón, 22 septiembre 2009).

Según el ministerio, los impactos negativos sobre la actividad hidrocarburí-fera, se originan en los “procesos largos e interesados de Consulta y Participación”. Ante ello, el informe gubernamental propuso una “Reglamentación del pro-

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ceso de consulta pública” y otras acciones orientadas a lograr que “la Consulta y Participación demuestre que los habitantes consultados, no tengan derecho a vetar actividades, obras y proyectos” (El Diario, 6 de enero 2010).

El sector petrolero observó además, que existen varias debilidades en el subsector (ambiental), como la “Dispersión de la normativa” Ley, Re-glamentos y Resoluciones Ministeriales, la existencia de vacíos legales, la dualidad de funciones y atribuciones en prevención y control, el uso inadecuado del instrumento para la obtención de Licencias Ambientales a través de Manifiestos Ambientales e insuficiencias en el Reglamento Socio Ambiental y en los mecanismo de Seguimiento y Control.

Todo esto significa, no sólo un retroceso histórico, sino la negación a los logros del movimiento indígena, que con mucho esfuerzo y en ardua lucha a lo largo de varios años, logró incorporar aspectos relativos al respeto de sus espacios tradicionales y sus medios de vida.

El tema de la flexibilización de los instrumentos de gestión ambiental se extendió más allá del 2009, cuando en enero del 2010 (El Deber, 16 de enero) Carlos Villegas confirmó nuevamente, que el gobierno se propone cambiar la normativa de la Licencia Ambiental, necesaria para cualquier proyecto de explotación de recursos naturales en el país. Según Villegas, aquella norma se ha convertido, en el caso de la industria petrolera, en un obstáculo para el avance de los proyectos del sector. Como respuesta la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) declaraba que no permitirá que sean atropellados los Derechos de los Pueblos Origina-rios en la defensa de los recursos naturales existentes en sus territorios ancestrales, en este marco la CIDOB argumenta el Artículo 30, incisos 15, 16 y 17 de la nueva Constitución Política del Estado, referidos al de-recho de las naciones originarias, a ser consultadas sobre cualquier pro-yecto de explotación de los recursos naturales que existieren en sus terri-torios. Todo esto muestra que, en efecto, hay una discrepancia acerca del

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derecho a veto, que las naciones originarias creen tener como resultado del Artículo 30 de la CPE.

El gobierno nacional, a juzgar por lo que ha dicho Villegas, considera que algunas naciones originarias están poniendo obstáculos al avance de “proyectos vitales” para el sector petrolero, mientras que las organizacio-nes relacionadas con el medio ambiente, reclaman la plena vigencia del mencionado artículo de la Carta Magna. La contradictoria y retrógrada posición del sector petrolero ha llegado a sugerir, que podría ser necesario hacer algunos ajustes al texto de la CPE, (El Deber, enero 2010).

Sin embargo, a inicios del 2010 las tendencias de flexibilización llegaron al límite de lo absurdo. De acuerdo a un informe de la Plataforma Ener-gética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CE-DLA): El Ministerio de Hidrocarburos y Energía preparaba la formula-ción de la Ley Sectorial, debido a la existencia en Bolivia de cinco amenazas de carácter ambiental, que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional. Según el informe guberna-mental, se asegura que estas amenazas provienen:

a) Del carácter de la negociación sobre compensaciones entre las em-presas petroleras y los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas;

b) De la preservación estricta de las áreas protegidas;

c) De los procesos de Consulta y Participación;

d) Del proceso de obtención de la Licencia Ambiental y;

e) De los pasivos ambientales (El Diario, 6 de enero 2010).

Concretamente, se llegó a afirmar en el sector hidrocarburífero que: “Las áreas protegidas estrictamente conservacionistas, pueden inviabilizar los proyectos de interés nacional”, además, que similar efecto tendría la “negociación libre”

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sobre compensaciones que entablan las compañías petroleras, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas asentadas en áreas en las que se quiere explorar y explotar hidrocarburos. El hecho de afirmar que las “áreas protegidas y pueblos indígenas, son una amenaza que frenan proyectos en hi-drocarburos”, muestra claramente el perfil anti-ambiental radical que tiene el sector petrolero en Bolivia.

Es casi risible que el sector que más ha atentado contra el medio ambiente y los pueblos indígenas, no sólo en el país sino en el mundo, se muestra como una víctima de las limitaciones y regulaciones ambientales y socia-les, y se pone en posición de sector desvalido y amenazado. Algo inédito que en ningún lugar del mundo se había argumentado hasta ahora. La figura hace recordar a las grandes industrias tabacaleras, objetando las normas que obligan, anunciar en los paquetes de cigarrillos la nocividad del producto para la salud, o las del sector que fabrica bebidas alcohólicas, en contra de las campañas de abstinencia o de beber con moderación, bajo el argumento de que dichas campañas y anuncios son una amenaza a sus utilidades. La embriaguez de la ciega prepotencia, puede estar llevando a un extremo muy peligroso de anomia a ciertos sectores, en la cual incluso los contrabandistas, se pueden sentir con el total derecho de objetar las normas de la Aduana porque los perjudican.

Es cierto que la normativa ambiental es dispersa, al momento es obsoleta, confusa y, en general, tiene poca capacidad de aplicabilidad real, además de ser poco rigurosa y presentar vacíos o ambigüedades, algo que debería ser un alivio para los sectores extractivistas. El plantear modificaciones para agilizarla y hacerla más coherente sería una posición razonable y responsable, además de aumentar la capacidad operativa de la Autoridad Ambiental Competente (AAC), pero buscar una flexibilización arbitraria y pretender abrir la puerta de forma irrestricta a la extracción masiva de los recursos, sin regulaciones racionalmente estrictas, es señal de prepo-

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tencia y una gran irresponsabilidad. Es retroceder a los años 80, cuando las empresas que explotaban recursos en Bolivia y otros países latinoa-mericanos como Ecuador, vivían un absoluto carnaval. Esto es un mal ejemplo y pésimo antecedente, para cualquier país en el mundo.

LIDEMA observó, a inicios del 2009, la poco meditada política hidrocar-burífera hacia la flexibilización de las normas ambientales y la consulta pública en el país, para lo cual promovió un pronunciamiento público, en contra de las intenciones del sector petrolero, que vulneran de pleno la nueva Constitución Política del Estado y todas las conquistas de los pue-blos indígenas y originarios.

Pronunciamiento de las Instituciones Nacionales en Medio Ambiente y Desarrollo en contra de las intenciones de Flexibilizar las Normas Ambientales y la Consulta Social.

La flexibilización de las normas ambientales vulnera los derechos de las naciones indígenas y originarias y de la Madre Tierra

Ante recientes declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero, en sentido de que en Bolivia existen cinco amenazas de carácter ambiental, que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional, y que “reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto”, las instituciones y organizaciones firmantes señalamos que este intento de flexibilizar los recaudos socio ambientales, contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el Patrimonio Natural y Cultural del Estado Plurinacional, en la medida que ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales.

Estas conquistas quedaron establecidas en la nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuyo Artículo 299, Parágrafo II señala: “El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las que se encuentran las autonomías indígena originario campesinas, ejercerán la función de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental”. Así mismo, en el Artículo 312, se señala que: “Todas las formas de organización económica, tienen la obligación de proteger el medio ambiente”.

Por otra parte, se pretende vulnerar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 30, Parágrafo II, incisos 15, 16 y 17 de la CPE, garantiza su derecho a la consulta previa obligatoria, respecto a la explotación de

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los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, así como a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. Igualmente, quebranta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos y ratificados por el país.

De la misma manera, la administración y preservación de áreas protegidas está también contemplada en la NCPE, como competencia de los diferentes niveles del Estado, toda vez que constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, éstos cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable (artículos 298, 304, 385).

Si bien coincidimos en que la normativa ambiental no ha sido aplicada en su plenitud, es contradictoria con otras normas y requiere de actualización y complementación en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. Las modificaciones que se realicen para agilizarla y hacerla más preventiva y coherente, deben responder a un proceso en el que participen todos las y los bolivianos. Sin embargo, expresamos nuestro desacuerdo con la intención manifiesta de buscar una flexibilización y abrir las puerta de forma irrestricta a la extracción intensiva de los recursos no renovables, sin regulaciones ni recaudos concordantes con las políticas y visiones expresadas en la CPE. Lo contrario significaría eludir las responsabilidades sociales y ambientales y, sobre todo desconocer los derechos de la Madre Tierra, dando continuidad a un modelo primario exportador, que está siendo duramente cuestionado por el Presidente del Estado Plurinacional.

Es necesario recalcar una vez más que la dimensión ambiental, así como la social, no es un obstáculo para el desarrollo; sino la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien del pueblo boliviano, principalmente de las actuales y futuras generaciones de las naciones indígenas y originarias.

Por ello, llamamos a las autoridades nacionales a reflexionar sobre sus posiciones anticonstitucionales y a superar el falso dilema entre desarrollo y protección ambiental, entendido éste último, como la forma de garantizar la conservación de la base

productiva y el buen vivir de la población boliviana.

Instituciones que firmaron el pronunciamiento:

ACT - AMUPEI - APT - ASE - CADES - CARITAS Oruro - CECASEM - CDS Molle - CEDEFOA - CEEDI - CEJIS - CENDA - CEPA - CER DET - CETHA Emborozú - CETHA Socamani - CIAC - CIAT - CIDDEBENI - CIDEM - CIEC - CIMAR - CINEP - CISTEM - CSUTCB - FADECO - FIDES - Fundación ACLO - Fundación LAMPI - FUNDARE - HERENCIA - IDI AA - IE UMSA - IICCA - INBOMETRAKA - IPTK - IYA - JCI ELP - LIDEMA - MAN B El Alto - MHNNKM - NICOBIS - PAAC - PASOS - PROAGRO - PRODEMA - PRODENA - PROMETA - QHANA - RED NAVA - SAVIA - SEMTA - SOBE - SOBE Guayaramerín - SOPE - TEAPRO - TROPICO - VIVE.

No puede pasar desapercibida, la escasa capacidad de responder y reba-tir con opinión fundamentada, que ha mostrado la Autoridad Ambiental Competente AAC (Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Viceministe-

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rio de Medio Ambiente y Biodiversidad o sus demás reparticiones) ante las numerosas intervenciones y declaraciones de las autoridades de hidro-carburos, energía o minería. Nunca se ha conocido una réplica pública de reflexión por parte de la AAC, a las temerarias opiniones y anuncios del Ministerio de Hidrocarburos, del Presidente de YPFB, del Gerente de COMIBOL o de las diversas instancias técnicas dependientes de estas oficinas. No hay vocería ambiental en el Estado, que alerte o de una voz de reflexión, más aún cuando los responsables de los sectores extractivis-tas tratan temas críticos como la flexibilización de las normas ambienta-les, descalificar la consulta pública o pretender otorgarse tuición sobre la declaratoria de la Licencia Ambiental. Esto permite percibir el carácter subalterno que tiene el MMAA, respecto de los ministerios de los secto-res de desarrollo, los cuales cuentan además con la venia de las cúpulas gubernamentales.

Análisis crítico sobre los estudios de evaluación de impacto Ambiental (eeiA)

En términos generales, el nivel de aplicación y cumplimiento de estos ins-trumentos, en los últimos 20 años, ha sido parcial y con seguridad ha alcanzado apenas un 30% de cumplimiento (industria, minería, hidrocar-buros y obras públicas), situación que obedece a la debilidad de la gestión ambiental e institucional en el país y que explica en parte, los pronuncia-dos niveles de deterioro ambiental en muchas regiones.

El hecho de que los EEIA en el país sean considerados como meros for-malismos para dar luz verde a obras o proyectos que implican elevados costos ambientales y sociales, además de la negligencia con que son ela-borados, aplicados, evaluados y aprobados, tiene como una de sus prin-cipales raíces, en la debilidad ya acostumbrada de la gestión ambiental, situación que se enfrenta desde hace varias décadas. Todos los aspectos

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mencionados en el capítulo de análisis del sector minero, también son válidos en el caso de los hidrocarburos, añadiendo que en el sector petro-lero, la tendencia al manejo de los instrumentos de gestión ambiental es más discrecional.

Los EEIA adolecen de un mal congénito o de origen, algo definido a nivel internacional: su realización forma parte de la propuesta de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP) y corre a cargo de la empresa que es represen-tante legal de la AOP, desde la contratación del equipo, y lo que le toca al Estado, a partir de la Autoridad Ambiental Competente, es revisar y apro-bar. Existe una situación prevista en la norma ambiental que contribuye a generar inconsistencia al proceso, pues el Reglamento de Prevención y Control Ambiental establece que los organismos sectoriales competen-tes, como la Dirección Ambiental de Hidrocarburos, realizan en primera instancia una revisión de la Ficha Ambiental, el EEIA y el Manifiesto Ambiental y posteriormente remiten los informes a la AAC, para que ésta, únicamente haga observaciones y apruebe u homologue el proceso.

La AAC aprueba los EEIA, de manera casi forzada, vale decir, con una enorme presión por parte de las oficinas estatales ligadas a los sectores preeminentes como hidrocarburos o minería. En más de una oportunidad la AAC no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar una evaluación cuidadosa, ni realizar las recomendaciones de ajuste pertinentes. De exis-tir observaciones de parte de la AAC sobre inconsistencias o vacíos, éstos se toman como intentos de obstaculizar la obra o proyecto. La trivialidad con que se elaboran los EEIA, ha ocasionado que el instrumento haya perdido credibilidad tanto desde los proponentes, como de la propia AAC.

Por otra parte, la realización del EEIA no es una actividad neutral, como puede ser una auditoría ambiental, la cual es licitada y adjudicada por el Estado. Existe, por tanto, un sesgo donde la empresa o representante de la AOP, contrata el equipo consultor y tiene la potestad absoluta de orien-

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tar el estudio según sea la conveniencia del proyecto; por ejemplo, mini-mizando los impactos potenciales, sesgo que se inicia con la elaboración de la Ficha Ambiental. Es imposible pensar, que un equipo a cargo del EEIA y contratado por la propia empresa que impulsa la AOP, observe y cuestione la viabilidad del proyecto (por ejemplo, una exploración petro-lera), o recomiende la adecuación, la reubicación o la no realización por el elevado riesgo socio ambiental.

Bajo la figura de ventaja total de los sectores extractivistas, lastimosa-mente es difícil imaginar a la AAC, cuestionando y oponiéndose a un pro-yecto de alto costo socio ambiental. También es muy difícil pensar que ésta cuestione y rechace la exploración petrolera en la zona más frágil y de máxima protección del Parque Nacional Madidi, aun cuando hipoté-ticamente el EEIA así lo recomendara, cosa que además nunca podría suceder. La última propuesta de la Ley de Hidrocarburos, pretende deter-minar que la elaboración de los EEIA esté bajo la responsabilidad directa de YPFB, lo cual profundiza aún más la insustancialidad del instrumento. Para aumentar el absurdo, a parte de elaborar el EEIA, ellos mismo se otorgarían la Licencia.

Otro claro ejemplo de insustancialidad de los EEIA, está en el componen-te de análisis ecológico-biológico. Los estudios, en general, se han limita-do a procesos de inventarios de especies de animales y plantas sin mayo-res detalles de distribución espacial, abundancia, estado de conservación, importancia para las poblaciones locales, etc. El conocer, si existen po-blaciones de plantas o animales más o menos aisladas de una especie en determinadas zonas de la región (lo cual la haría rara en dicha zona), es de gran importancia, cuando dicha región va a ser impactada de alguna manera, aun cuando la misma especie pueda tener una distribución más regular y abundante en otras partes de la misma región. Por ejemplo, muchas especies de fauna y flora en los bosques del Subandino y Yun-

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gas, tienen una distribución restringida a parches, es decir, fragmentada y disyunta, además de ser endémicas, lo cual hace que sean muy sensibles.

El análisis de los ecosistemas es también extremadamente genérico, redu-ciéndose a la descripción de la vegetación, pero sin considerar el nivel de fragilidad, sensibilidad o prestación de servicios ambientales (cabeceras y ojos de agua). En tanto que aspectos socioculturales importantes, como la distribución de recursos o sitios de valor cultural (sitios sagrados), son definitivamente soslayados (Ribera, 2008). En el caso del Bloque Liqui-muni (Norte de La Paz), se podía advertir que la superficialidad del EEIA no mostraba una distribución de este tipo, es decir de valores en las zonas atravesadas por las líneas sísmicas y otro tipo de infraestructuras. Si algu-no de estos elementos naturales y culturales es cruzado por las líneas de exploración sísmica, algo que fue confirmado por algunos líderes indíge-nas de la zona Liquimuni, existe una gran probabilidad de degradación o pérdida de dichos valores.

Todo lo antes observado, tiene estrecha relación con las situaciones acae-cidas en torno al caso del bloque Liquimuni en el norte de La Paz, en los conflictos mineros de Coro Coro, o en la elaboración de un EEIA para Ca-chuela Esperanza, sin haber elaborado previamente la Ficha Ambiental.

Falencias, vacíos y limitaciones técnicas de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental Fuente: J.CoeLLo (2008: inForme de estado amBientaL de BoLivia, 2007-2008).

• La diferencia entre EEIA de categoría 1 y 2 se centra en el número de factores ambientales comprometidos, más que en la necesidad de profundizar el análisis de los factores involucrados en la categoría más exigente.

• En el proceso de categorización no existe la “categoría cero” que significaría la incompatibilidad de la AOP, con el área de intervención propuesta.

• Para la categoría 3, no hay una definición operativa sobre el término de “impactos no significativos” dando lugar a una libre interpretación y subjetividad de los umbrales de aceptación de un impacto ambiental.

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• En la práctica no hay una clara definición del momento en que debe aplicarse el EEIA de una AOP; por ejemplo en prefactibilidad, factibilidad y diseño final.

• No es habitual la presentación y análisis formal de alternativas sobre el tipo de AOP (en función de los objetivos que se persiguen), la locación de puntos fijos, la tecnología, etc.

• Los EEIA y las propias Fichas Ambientales no definen los límites del área de influencia de la AOP con claridad y la suficiente justificación técnica.

• En los estudios de impacto ambiental clásicos, siempre se ha considerado el medio receptor de los impactos, como una superficie invariante, sin realizar estudios de la variación espacial de la sensibilidad del medio receptor, para cada capa temática.

• No se conocen casos de uso de modelos de simulación, para reportar predictivamente el comportamiento de los factores ambientales.

• No existe una adecuada vinculación entre la línea base y el capítulo de identificación y evaluación de impactos.

• Escasa credibilidad y experiencia en la predicción y valoración cuantitativa de la magnitud del impacto ambiental.

• No se analizan o integran suficientemente los riesgos ambientales (impactos ambientales potenciales).

• No se analiza a profundidad la evaluación del futuro inducido, por ejemplo, sísmica de hidrocarburos, aspecto que facilita la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.

• La Consulta Pública y documento de divulgación en la práctica, han sido muy poco productivos para los fines requeridos, presentándose como instrumento de manipulación y validación de intereses particulares a favor de la obtención de la Licencia Ambiental.

• El Programa de Prevención y Mitigación, incluyendo las actividades de restauración, se constituyen en relatorios repetitivos (“cut” and “paste”) de medidas escasamente articuladas con los otros capítulos del EEIA.

• El Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental (PASA) muchas veces no muestra una clara articulación con el Plan de Prevención y Mitigación (PPM), no obstante que ambos no tienen generalmente un asidero técnico, basado en el análisis de sensibilidad de línea base y evaluación de impactos.

• Deficiente formulación del documento síntesis y una escasa aplicación del mismo, cuyo fin es dar a conocer a la ciudadanía, a través de la AAC, los aspectos más importantes del estudio realizado.

• El RPCA no establece el contenido mínimo del reporte de monitoreo, se deja a la discreción del Representante Legal de la AOP, la estructura del documento, aspecto que incide negativamente en la calidad y orientación del reporte.

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• No se observa en la práctica que el equipo consultor responsable del EEIA sea realmente multidisciplinario y demuestre la suficiente experiencia y formación profesional idónea para encarar el EEIA de AOP en áreas protegidas.

• No existe rigurosidad en la presentación bibliográfica ni en las referencias científicas y técnicas.

• No es frecuente la presentación de las referencias metodológicas, pese a que así se requiere según el Art. 34 del RPCA.

Especialmente para regiones donde se conoce o presume una elevada fra-gilidad-sensibilidad ecológica y en obras que amenazan áreas protegidas, se deberían asumir metodologías que permitan una diferenciación de la calidad ecológica y ambiental de los ecosistemas o hábitats. Se mencionan algunas de las situaciones en las cuales los EEIA deberían realizarse con mayor rigurosidad (Ribera, 2008):

y Ecosistemas en regiones de elevada fragilidad ecológica por limitacio-nes topográficas y sistemas de pendientes, condiciones tectónicas o cli-máticas, por ejemplo diversos tipos de bosques lluviosos de montaña.

y Áreas protegidas en diversas categorías de manejo.

y Zonas Núcleo y Zonas de Amortiguación interna de áreas protegidas, en cualquier categoría de manejo.

y Espacios territoriales tradicionales indígenas, mayormente con predo-minio de ecosistemas naturales o poco intervenidos como TCO u otras modalidades, las que muchas veces coinciden con áreas protegidas.

y Espacios con importantes valores culturales donde se realizan prácticas tradicionales en el uso del suelo y los recursos; sitios sagrados, patrimo-nio arqueológico, etc.

y Masas de Bosques primarios regularmente extensas, como únicos re-manentes bien conservados y con alto grado de pristinidad a nivel ma-croregional.

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y Sitios de especial relevancia para la conservación, que corresponderían a “habitats naturales críticos”, normalmente inmersos en regiones o zo-nas de mediana o incluso baja sensibilidad.

y Zonas de protección de cuencas y prestación de servicios ambientales, re-gulación de caudales u oferta de agua, dentro o fuera de áreas protegidas.

Finalmente, los EEIA además de adolecer de insuficiencias en la ejecu-ción y regirse a formatos técnicos ortodoxos y genéricos (como recetarios de libros), que tienden a ser extremadamente superficiales, no indagan ni traducen la realidad de los espacios ecológicos y culturales desde la visión y lógica de los propios pobladores locales, es más ni siquiera los toman en cuenta.

el salto industrial

Al igual que en el caso de la minería, el salto industrial podría ser un ele-mento importante para contribuir a reducir la preeminencia del modelo primario exportador y los sectores extractivistas de materias primas, figu-ra en la que está sumida el país, sería importante además por la genera-ción de empleos cualificados; sin embargo, reviste un enorme riesgo socio ambiental.

Es necesario recordar una vez más que la gestión ambiental en Bolivia tiene una debilidad crónica particularmente llamativa y que la Autoridad Ambiental Competente está muy venida a menos en las dinámicas del Estado, las cuales son manejadas por los sectores productivos preeminen-tes, como hidrocarburos, con pleno apoyo de las cúpulas gubernamenta-les. Una proliferación de industrias petroquímicas o mineras, conlleva un riesgo adicional de incrementar los impactos y la generación de pasivos ambientales de diversa naturaleza, a los ya existentes del proceso extracti-vo primario. Dicho en pocas palabras, considerando la gestión ambiental

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raquítica que tenemos, estaríamos poco preparados para desarrollar una industrialización efectiva, responsable ambiental y social.

Oficialmente se anunció que, a partir del control de las empresas estraté-gicas y la nueva administración de gobierno, un nuevo ciclo comenzaba en enero de 2010.

Según el Ministerio de Hidrocarburos (hidrocarburos.gov.bo), el Plan Quinquenal de YPFB establece que el sector de hidrocarburos, reque-rirá una inversión total de 11.200 millones de dólares hasta el 2015, en las áreas de exploración, explotación, industrialización, transporte y co-mercialización de los energéticos. De esos recursos, alrededor de 7.500 millones de dólares serían generados con fondos propios de YPFB. Con esa proyección, el gobierno fundó recientemente la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), que será la entidad más importante, bajo tuición de Yacimientos e impulsará la construcción de nuevas plantas, para la fabricación de productos o derivados del gas na-tural y petróleo con valor agregado.

La nueva entidad se creó en el marco del Artículo 363 de la nueva Cons-titución Política del Estado, que señala que la EBIH “será responsable de ejecutar, en representación del Estado y dentro de su territorio, la indus-trialización de los hidrocarburos”. Bolivia se ha planteado el reto de que “no es suficiente la nacionalización y que el siguiente paso es la industrialización” esto se afirmó desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. La nueva compañía estatal comenzará a funcionar en enero de año 2011 con un ca-pital de más de 28 millones de bolivianos, provenientes del Tesoro Gene-ral de la Nación (TGN), YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Las proyecciones muestran que con la industrialización del gas, Bolivia incrementará sus ingresos de cinco a siete veces más. Entre los principa-

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les proyectos de industrialización, según el plan de Yacimientos, figura la construcción de la fábrica de urea y amoníaco en Cochabamba, cuya inversión asciende a mil millones de dólares y generará 1.500 empleos di-rectos y 3.000 indirectos. Además, se tiene previsto instalar una planta de re-licuefacción o GTL (“Gas to liquid”) en Tarija para obtener diesel, que demandará 500 millones de dólaresy se espera que inicie operaciones en el 2015. También se construirá una planta de policloruro de vinilo (plás-tico), que operará desde el 2014, al respecto se menciona la fabricación de “petrocasas”. Adicionalmente se instalará una planta de extracción y separación de licuables en Tarija para obtener gasolina, gas licuado de petróleo (GLP) y etano, que entrará en funcionamiento el año 2012. La petroquímica es una parte de la cadena de hidrocarburos, la cual comien-za con el “upstream” (exploración y producción), pasa por refinerías y separadoras de gas, sigue por las centrales petroquímicas de primer nivel o de básicos (etano y etileno), para continuar luego por la petroquímica intermedia o de resinas y, finalmente, al convertidor de plásticos (Repor-teEnergía, septiembre 2009).

También se enunciaba que YPFB destinará el 2010, alrededor de 230 millones de dólares, más del 70% de su presupuesto, para desarrollar pro-yectos de “downstream” petrolero, estratificando proyectos de industria-lización del gas natural, transporte y almacenaje de hidrocarburos desti-nados a garantizar el abastecimiento del mercado interno en una gestión de crítico equilibrio entre la oferta y demanda de combustibles (Energy press, junio 2009).

De acuerdo a los planes de inversión de YPFB Corporación, la indus-trialización del gas natural será encarada en dos grandes proyectos; en primer lugar, la instalación de una planta de GTL, para producción de diesel, que procesará en el sur del país 4,5 MMCD de gas natural, a partir del año 2015 con una inversión de 500 millones de dólares; en segundo

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lugar, la planta de urea-amoniaco que se construirá en la localidad de Carrasco del Trópico de Cochabamba, que demandará un consumo de 2 MMCD de gas natural y una inversión de 1.000 millones de dólares para la producción de 600 mil TM anuales de Amoniaco y 720 mil TM anuales de Urea (Plan de Inversiones de YPFB, Corp., 2009-2015).

A pesar de estos anuncios, existen opiniones menos optimistas. Según el Observatorio boliviano de Industrias Extrativas OBIE (CEDLA, julio 2009). Las políticas energéticas del MAS, siguen reduciendo el rol del sector energético a un simple generador de excedentes, ignorando su na-turaleza e importancia para la economía y la calidad de vida de la pobla-ción. Por ejemplo, ignora el rol de las energías renovables, fortaleciendo el rol primario exportador del país. Las ambigüedades de dichas políticas energéticas ocultan a la opinión pública, la continuidad de las políticas implantadas por los gobiernos neoliberales. Todo esto se estaría dando a pesar de los anuncios del ingreso a la era de la industrialización hechas por el gobierno a fines del 2009. Según el análisis del OBIE, la famosa industrialización de los hidrocarburos no pasaba de ser un enunciado.

De cualquier manera, el discurso del salto industrial tiene una gran in-certidumbre cuando en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2010, se observa una reducción del 50% respecto de la gestión 2009 (Fund. Jubileo, 2010) para el rubro que incluye inversión pública en el sector de la industria. Esto hace suponer, o que los procesos industriales serán postergados debido al descenso en las recaudaciones impositivas, o que la industrialización estará supeditada a los capitales externos de las corporativas transnacionales.

En esta línea , la Empresa Rusa GAZPROM identificó a inicios del 2010, las zonas que cuentan con las condiciones para instalar tres plantas de petroquímica en el país, para el desarrollo de la industria nacional de fer-tilizantes. Se trata de las localidades de Villamontes en Tarija, Bulo Bulo

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en Cochabamba y Puerto Suárez al sudeste del departamento de Santa Cruz. El plan también identificó que las regiones del Choreti y Villamon-tes son factibles para el desarrollo de dos complejos de diesel sintético. La empresa rusa considera de importancia estratégica el desarrollo de la industria petroquímica, sobre todo para la fabricación de productos con valor agregado como el polietileno, etileno, metanol y otros, aunque no se mencionan los volúmenes de gas que se necesitarán para impulsar la industria. Otra consideración importante del esquema de desarrollo realizado por los expertos rusos, es la instalación de plantas para la ex-tracción de gas licuado de petróleo, así como la sustitución de productos energéticos importados por energía más barata producida en el país. Esto está orientado a proveer de energía barata sobre todo a los sectores indus-triales (OBIE 9 marzo 2010).

Por su parte, a inicios de abril del 2010, una comisión gubernamental bra-sileña de alto nivel llegó al país para abordar con el gobierno boliviano, la puesta en marcha de un polo de gas químico en Puerto Suárez (Santa Cruz) con una posible inversión de 2.000 millones de dólares (Platafor-maeneregtica.org /ABI, abril 2010).

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Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental CompetenteAPG Asamblea del Pueblo Guaraní AOP Actividades-Obras-Proyectos BG British GASCBH Camara Boliviana de HidrocarburosCEDIB Centro de Documentación e Información de BoliviaCEPILAP Central de Pueblos Indígenas de La PazCEJIS Centro de Estudios Jurídicos y Sociales CEADESC Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y

CulturalesCIDOB Comunidades Indígenas del Oriente BolivianoCONAIE Consejo de Nacionalidades Indígenas del EcuadorCONAMAQ Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo EEIA Estudio de Evaluación de Impacto AmbientalEBIH Empresa Boliviana de Industrialización de HidrocarburosFA Ficha AmbientalGTL Compañía Gas to LiquidIDH Impuesto Directo a los HidrocarburosLA Licencia Ambiental LIDEMA Liga de Defensa del Medio AmbienteLNG Liquid Natural Gas (licuefacción del gas natural)MMAA Ministerio de Medio Ambiente y AguasMMCD Millones de Metros Cúbicos por DíaOIT Organización Internacional del TrabajoOBIE Observatorio Boliviano de Industrias ExtrativasPGN Presupuesto General de la NaciónRASH Reglamento Ambiental del Sector HidrocarburosRPCA Reglamento de Prevención y Control AmbientalSAM Sociedad Anónima MixtaSERNAP Servicio Nacional de Áreas ProtegidasTCO Tierra Comunitaria de Origen TGN Tesoro General de la NaciónVMABCC Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios climáticosYPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

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Hidrocarburos

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Según Humphreys y Catari (2009), los planes del Ministerio de Hidro-carburos implican duplicar la producción de gas natural a corto plazo, para poder cumplir con las obligaciones de los contratos con Brasil y Argentina, como también para satisfacer la creciente demanda energéti-ca que incluye el Megaproyecto Minero el Mutún ubicado en los llanos orientales de Santa Cruz.

Dado el poco entusiasmo mostrado por las empresas transnacionales en invertir para expandir su producción, después de la renegociación de contratos, el gobierno autorizó la creación de sociedades de asociación mixta o SAM´s, para desarrollar los bloques que están reservados para YPFB por Decreto Supremo 29226. El gobierno asignó a la Empresa PETROANDINA siete bloques en el Sub Andino Sur y cinco bloques en el Sub Andino Norte, para realizar actividades de exploración y explota-ción. De los doce bloques incluidos, cinco se encuentran en territorio del Departamento de Tarija todos están sobrepuestos al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Serranía de Aguaragüe. Esta empresa mixta propone realizar estudios sísmicos en cada uno de los siete bloques (un promedio de 300Km² por bloque) y perforar catorce

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Hidrocarburos

pozos exploratorios, dos por bloque, en el tiempo previsto, calculando una inversión total de alrededor de 646 millones de dólares (La Prensa, 4 octubre 2009). La propuesta de explorar los bloques Aguaragüe Centro, Sur A (Timboy), Sur B y parte del Bloque Tiacia representan una ame-naza para la integridad del PNANMI Serranía de Aguaragüe y para los pueblos indígenas y campesinos, cuyos medios de vida dependen de los recursos de la zona, en particular del agua. Pero no es sólo el espectro de daños ambientales provocado por la actividad extractiva, la cual es preocupante, sino también los impactos sociales y culturales sobre po-blaciones muy pobres y altamente vulnerables que siempre acompañan a cualquier escenario de extracción.

A lo anterior, se suman los planes de exploración de PETROBRAS, por la extensión de sus actividades en el campo San Antonio las que afectarán el área protegida.

Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca se encuentran entre las regiones más privilegiadas por concepto de regalías e impuestos directos, con implican-cias en las dinámicas de crecimiento y cambios socioculturales asociados, pero, también adolecen y comparten un amplio abanico de impactos re-sultado de muchas décadas de exploraciones y explotaciones. Las afec-taciones de las operaciones hidrocarburíferas, con alto costo ambiental, tiene su raíz en el deficiente desempeño ambiental de las empresas y el bajo perfil del Estado en materia de fiscalización. Según Humphreys y Catari (2009), las reservas probadas y probables de gas se encuentran en su mayoría en el Chaco tarijeño. Bajo esta lógica, se preveía en un futuro próximo, el fomento de un centro energético exportador y un rol predo-minante en este sector estratégico. De acuerdo a estos autores, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional de procurar ampliar la frontera petro-lera y buscar hidrocarburos en otras zonas no tradicionales, las presiones

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Hidrocarburos

financieras inmediatas obligarán a éste mantener el estado de dependen-cia de la producción tarijeña en el mediano plazo.

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL TEMA HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACARolando Romero: Coordinación Departamental de Chuquisaca 2009 LIDEMA-ASE

La exploración y posterior explotación de hidrocarburos en Chuquisaca data de 1924, cuando se realizó la perforación del primer pozo exploratorio en la estructura de Buena Vista en el Chaco chuquisaqueño.

Según datos de la Superintendencia de Hidrocarburos, actualmente en el departamento existen un total de cinco campos petrolíferos, dos sin producción: Buena Vista y Camatindi, y tres en producción: Porvenir, Vuelta grande y Monteagudo. El total de reservas cerificadas al 1ro de Enero de 2004 de Gas Natural probadas, es de 626.886 MPC y de petróleo condensado probadas, es de 6.195.406 barriles. Los campos en producción, campo Vuelta Grande (en Macharetí, Provincia y Luís Calvo), cuenta con 36 pozos en producción; en el campo Monteagudo existen dos pozos en actual producción y dos pozos en Porvenir.

En tanto que los campos de Huacaya e Incahuasi son campos compartidos entre los departamentos de Chuquisaca-Tarija y Chuquisaca-Santa Cruz respectivamente, los mismos que están dentro de los planes de explotación futura del gobierno.

El reciente campo descubierto Huacaya X-1, pertenecienteal Bloque Caipipendi, tiene un 20% de su estructura en el Departamento de Tarija, mientras que el restante 80% se encuentra en territorio chuquisaqueño. El descubrimiento del mega campo gasífero Huacaya X-1, cuya producción inicial se calcula en 800 mil metros cúbicos diarios de gas, además de 900 barriles de condensados, volúmenes que se destinarían al mercado Argentino y al consumo interno. Este campo es similar al mega campo Margarita de Tarija. Se ha mencionado la posibilidad de generar mayores recursos por regalías e impuesto a los hidrocarburos para Chuquisaca, similar o mejor que a los de Tarija.

En cuanto al monitoreo ambiental que realiza la Gobernación sobre los tres campos en actual producción, se pudo constatar que éste se ejecuta, revisando el informe ambiental que presentan trimestralmente las empresas que están realizando la explotación, y en algunas ocasiones el único técnico representante de la Gobernación realiza viajes esporádicos a los diferentes campos para verificar el informe escrito presentado. Según versiones de este representante, no se realizan seguimientos y monitoreos cuando se están realizando las exploraciones, la que es la etapa más crítica. Otra situación que no se pudo constatar, fue el seguimiento a los pasivos ambientales que van dejando las empresas, cuando no encuentran gas o petróleo; por ejemplo, los campos de Buena vista y Camatindi que no se encuentran en producción y prácticamente han sido abandonados.

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Hidrocarburos

También preocupa la situación de que, si bien se hacen esfuerzos para declarar y gestionar áreas protegidas, en estas mismas se prevén exploraciones, como es el caso del PNANMI Serranía del Iñao, o las concesiones que se han otorgado para la exploración en el Área Protegida “Reserva de Vida Silvestre y Área Natural de Manejo Integrado Departamental de la Serranía de Mandiyurenda”, ubicada en el Municipio de Huacaya de Chuquisaca.

En Tarija, mas que en Chuquisaca, y en particular en el Chaco, prevalece un estado de elevada incertidumbre y de alarma ambiental y social entre las comunidades indígenas y las organizaciones ambientalistas, en previ-sión de un nuevo ciclo intensificado de inversión, exploración y extrac-ción que podría generar significantes impactos sociales y ambientales, in-cluyendo un alza en la conflictividad social en el corto plazo (Humphreys y Catari, 2009).

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Hidrocarburos

El año 2009 quedaba por demás manifiesto, que las operaciones hidrocarburíferas en el país, estaban en gran medida dirigidas por la Empresa Estatal YPFB, que detentaba las áreas reservadas el año 2008, genera sociedades mixtas (caso PDVSA y GTLI) y tenía control sobre las subsidiarias y operadoras post-nacionalización (CHACO, ANDINA y PETROBRAS). Los contratos petroleros actualizados los años 2007 y 2008, después del Decreto de Nacionalización, viabilizaron la amplia participación de empresas transnacionales como PETROBRÁS, REPSOL-YPF, TOTAL y BG, con operaciones mayoritarias en la región tradicional sur del país.

Relación de campos hidrocarburíferos al 2009 (fuente: YPFB Corp).

CAMPO Departamento Ecoregión Empresa

San AlbertoTarija Subandino PETROBRÁS Bol.

Sábalo

Margarita Tarija Subandino

REPSOL-YPFSurubi NW Cochabamba Llanura amazónica

Huacaya Chuquisaca Subandino

Itaú (Incahuasi) Chuquisaca Subandino TOTAL-TECPETROL

Chaco SurTarija Llanura Chaco VINTAGE

Ñupuco

Naranjillos Santa Cruz Transición VINTAGE

Vuelta Grande ChuquisacaLlanura Chaco

CHACO

San Roque Tarija

Patujuzal W

Santa CruzLlanura Amazónica

Los Cusis

Kanata

Carrasco I y II Cochabamba

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Hidrocarburos

La Peña-Tundy

Santa Cruz

Transición Amazonia-Chaco

ANDINA

Los Sauces

Río Grande

Yapacani

Llanura AmazónicaSirari

Víbora

Carandá-Colpa Santa Cruz Llanura Amazónica Petrobrás-Energía

La Vertiente

Tarija Llanura Chaco BG Escondido

Suris

Presión

Las presiones de la exploración hidrocarburífera se incrementaron nota-blemente el año 2009. Los principales impactos hidrocarburíferos actual-mente verificables, corresponden a un importante conjunto de actividades de exploración y explotación en la zona tradicional del subandino tarijeño, como en el Chaco de Tarija y Santa Cruz. Muchos de estos impactos se relacionan con las operaciones en los mega campos San Alberto (Sábalo), San Antonio y Margarita-Huacaya. Los impactos provenientes de sucesi-vas operaciones exploratorias han generado severos impactos, afectando regiones de elevada fragilidad ecológica, como es el caso del PNANMI Serranía de Aguaragüe, una de las áreas protegidas en peor estado am-biental del SNAP, donde además de los procesos exploratorios, se tienen impactos por cruce de túneles para ductos petroleros (PETROBRAS), y de la obra caminera que cruza la serranía entre Caraparí y Yacuiba (Pal-mar) impulsada por la gobernación de Tarija el 2008.

A las presiones en curso, se suman los pasivos ambientales derivados de las actividades hidrocarburíferas. En la zona tradicional petrolera sur del país, aproximadamente existen alrededor de 400 pasivos en los departa-

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Hidrocarburos

mentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, muchos de los cuales gene-ran efectos crónicos de contaminación a cuerpos de agua. En el caso del Área Protegida Aguaragüe el impacto de la quebrada Los Monos ya es crónico, la cual es afectada por pasivos contaminantes desde hace varios años y que hasta el momento no han sido mitigados (Mamani, 2003). Los pasivos de las quebradas Monos y Caigua corresponden a las operacio-nes de YPFB y una empresa americana (Gleen McCarthy) de los años 70. Además destacan los pasivos de la quebrada Cororoi, resultado de las operaciones de MAXUS-REPSOL y los pozos Camaitindi X-1000 y Timboy X-1, pasivos dejados por CHACO. Los pozos abandonados abiertos o mal sellados, sea que culminaron su fase productiva o que no resultaron económicamente viables, así como las piscinas de lodos y de aguas de formación, son las fuentes de pasivos que generan mayores im-pactos y suman varias decenas sólo en el departamento de Tarija.

El año 2009 se comentaba en la prensa de Tarija, que trece pozos aban-donados fueron identificados como de alto impacto ambiental, cuya si-tuación obliga a ejecutar permanentes intervenciones de mitigación para frenar la emanación de petróleo, gas natural y sulfuros aguas arriba y abajo de las planchadas. La emanación contamina las quebradas Cororoy, Tucán, Los Monos y Caigua circundantes a la zona, donde está ubicado el campo petrolero de Sanandita, descubierto a finales de 1920 por la STANDARD OIL (Tarija Economía, junio 2009). Alipio Valdez (CER-DET-LIDEMA) estimó que la salud de al menos cinco mil personas, en-tre guaraníes y campesinos, está en peligro por beber agua contaminada por la existencia de pasivos hidrocarburíferos en la zona del Aguaraguüe: “Hay animales que mueren, la vegetación no crece y las afluentes de agua están contaminadas por la emanación de crudo y gas”. En tanto que La Unidad de Gestión y Calidad Ambiental de la gobernación de Tarija, respaldó las ad-vertencias propaladas hasta el momento, añadiendo que los pozos Sanan-

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Hidrocarburos

dita X-1, Sanandita 31 y Tucán-9 son pasivos hidrocarburíferos de alto riesgo, debido a que producen petróleo alrededor de 2 barriles por día. A estos pasivos se agregan aquellos del campo Los Monos que contaminan las aguas y el suelo de la quebrada del mismo nombre con aproximada-mente la emisión de 4 barriles de petróleo diarios (Tarija Economía, junio 2010). Un experto geólogo de la región opina que entre el 2003 y 2004, el proyecto de perforación exploratoria del pozo Timboy X-1, por parte de la empresa Chaco, generó problemas ambientales por la desestabilización de taludes durante la apertura del camino, provocando daños en las que-bradas (Tarija Economía, junio 2010).

A los severos impactos por pasivos, en los próximos años, se sumarán dos procesos de exploración: a) la exploración sísmica 3D de YPFB-PE-TROBRAS. El uso de la 3D hace suponer que hay mayores probabili-dades de éxito de encontrar algún depósito hidrocarburífero económica-mente atractivo para las empresas, con lo cual aumenta el nivel de riesgo; b) las exploraciones sísmicas de PETROANDINA, Aguaragüe Norte, Aguaragüe Centro, Aguaragüe Sur A y Aguaragüe Sur B. Las operacio-nes hidrocarburíferas ocasionarán impactos a los ecosistemas y medios de vida locales, los cuales deberían estar claramente definidos en el Es-tudio de Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de mitigación y otros instrumentos de gestión. A pesar de los recaudos a tomarse, los impactos inmediatos, posteriores (pasivos) y acumulativos, estarán presentes.

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Hidrocarburos

Lodos y Aguas de Formación Fuentes: arenas, 2008. CBH

Los lodos de perforación tienen alto poder contaminante, son fluidos utilizados en la perforación de pozos para lubricar los taladros y las rocas, refrigerar, equilibrar las presiones de las aguas de formación, transporte de recortes, estabilizar las paredes rocosas. Además de aceites del tipo diesel (lodos con base aceite), incluyen adelgazantes como ligninas y lignosulfatos, sosa caústica, bisulfato de amonio o de sodio, antiespumantes, detergentes, biocidas como formaldehído o fenol clorinado (para evitar proliferación de hongos y bacterias en los equipos), aguas tiritadas y otros marcadores como Bario o Radón. Los volúmenes de lodos utilizados varían entre 500 y más de 5.000 metros cúbicos, dependiendo de la profundidad de perforación. Los lodos de perforación implica la utilización de aguas de fuentes locales.

Las aguas de formación constituyen las mezclas que aguas liberadas en el proceso de perforación y tienen también un alto poder contaminante por la presencia de aguas con cantidades variables de hidrocarburos, metales pesados, incluso materiales radiactivos y desde luego los materiales de los lodos de perforación. Las aguas de formación y lodos residuales pueden ser reinyectados, pero la modalidad más común es su depósito en piscinas que deben ser impermeables y controladas para evitar fugas. Los rebalses de piscinas y fugas accidentales o negligentes, ocasionan eventos de severa contaminación a cursos o cuerpos de agua en las zonas de operación.

Otras amenazas se derivan del tendido de ductos, como el del Altiplano, campo Kanata (Santa Cruz), entre los campos productores y las plantas localizadas en Camiri y Villamontes. Uno de estos cruza la TCO Weenha-yek en el Chaco de Tarija; otro cruza el área protegida Aguaragüe. Todo el sistema de ductos (gas o petróleo y condensados) implica además un riesgo de accidentes, más aún considerando la caducidad de algunos tra-mos. No se conoce un informe actualizado al 2009 de YPFB-Transporte, sobre el estado de los ductos hidrocarburíferos en Bolivia.

Las presiones sociales también han mantenido un ritmo constante, los espacios indígenas han sido de diversas formas avasallados por el ingreso temporal o permanente de las empresas petroleras, en tanto que los meca-nismos de consulta social han sido débilmente aplicados y con múltiples deficiencias de acuerdo a recurrentes denuncias de los líderes de la APG y las diferentes TCO´s Guaraníes y Weenhayek. Los líderes y monitores

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Hidrocarburos

indígenas enfrentan fuertes limitaciones de acceso por parte de las empre-sas a las zonas de operaciones, dentro de sus propias TCO´s o espacios comunitarios.

Un caso tristemente anecdótico y que podría ser paradigmático del accio-nar abusivo de las empresas petroleras, es el descrito por Katari (2009), en un informe de monitoreo, en la zona de las comunidades Central y Tucainti en la zona de los pozos Sábalo 1-6, bajo operaciones de PETRO-BRAS: Lo más sorprendente fue el ingreso a la comunidad Guaraní Tucainti donde se tiene un portón de ingreso controlado por PETROBRAS, el mismo que sólo se puede pasar en horarios determinados; es decir, se limita gravemente la circulación de los comunarios, si llegan tarde, deben esperar la hora habilitada por la empresa para ingresar a sus viviendas. A decir del Capitán comunal, ese problema lo vienen sufriendo desde hace más de 6 años, sin que PETROBRAS en ningún momento pro-cediera a consultarlos”. Es insólito e inaudito, los indígenas guaranies, con pleno apoyo de la nueva Constitución Política del Estado están impedidos de entrar a sus propias tierras, cuando así lo necesitan o quieren. La todo-poderosa empresa brasilera así lo ha dispuesto. Esta situación es una clara violación de los derechos humanos y los derechos indígenas, anteriores gobiernos así lo permitierony, desafortunadamente el actual gobierno lo sigue haciendo.

Caso Sanandita y la Eastern Humphreys y Catari, 2009

El PNANMI Serranía del Aguaragüe creado en el año 2000, mediante la Ley No 2083, es considerado la fuente más importante de agua para los tres municipios de Caraparí, Villa Montes y Yacuiba que conforman la Provincia del Gran Chaco. La extensa vegetación de esta selva de montaña produce el “efecto esponja” que absorbe humedad y envía agua a través de una serie de quebradas y riachuelos hacia el río Pilcomayo. Al interior de la parte ANMI, se encuentran 33 comunidades indígenas (Guaraní y Weenhayek) de las cuales 15 están dentro de los límites del Área Protegida y 18 están en la zona de influencia inmediata. La población total del área cuenta con un poco más de 5.500 habitantes.

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Hidrocarburos

Al Sur de la Serranía de Aguaragüe en el municipio de Yacuiba, se encuentra el campo Sanandita, uno de los campos petroleros más antiguos de Bolivia que data del tiempo de la Standard Oil, para luego pasar a ser operado por YPFB, hasta que dejó de producir en 1982, habiéndose perforado 27 pozos en total. El proceso de cierre y restauración de la zona no se realizó y, por varias décadas los pasivos ambientales han sido fuente de denuncias por parte de las organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y líderes indígenas y campesinas que tienen que convivir con la contaminación. YPFB estima que hay diez pozos en estado crítico en la zona.

El año 2006 el Vice-Ministerio de Biodiversidad había exigido una acción inmediata para el cierre definitivo de pozos petroleros abandonados en el campo Sanandita. El año siguiente YPFB contrató a la Consultora Ambiental Quebracho para realizar un estudion de diagnóstico sobre los pasivos ambientales. A finales de octubre del 2008, una pequeña comisión conformada por representantes de esta entidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, YPFB, SERNAP, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, representantes indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní Yaku Igua (Yacuiba) y del Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, realizaron una inspección a los pasivos ambientales del campo Sanandita. Quedó manifiesto que varios pozos se encontraban en un avanzado estado de abandono y deterioro abierto, evidenciándose la necesidad de remediación inmediata de los pozos X1, X3, X9, X17 y X31 que fue anotada en el Acta de Inspección.

A fines del 2008, la Empresa Eastern Petrogas,una empresa de capitales chinos con poca trayectoria en el sector hidrocarburífero y con ninguna operación en América Latina, notificó a las autoridades del área protegida la intención de solicitar un permiso de ingreso al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado PNANMI Aguaragüe para realizar “medidas provisionales de control de la contaminación” y la implementación del plan de acción ambiental inmediato para el campo Sanandita, plan que todavía no terminaba de ser elaborado. También se informó que la empresa necesitaba ingresar a la zona para realizar otras actividades que parecían más ligadas a la exploración, como el realizar una evaluación de la potencialidad de la zona para el desarrollo de proyectos futuros. La carta fue firmada por el Director Ejecutivo de Eastern Petrogas.

A pesar de no contar con un permiso para entrar en la zona, se observó en el acta de inspección la deficiente actuación por parte de YPFB, de no organizar un proceso de Consulta y Participación con los Pueblos Indígenas de la zona, los representantes de Eastern Petrogas realizaban visitas a la zona, donde sostuvieron conversaciones con los residentes para “socializar” el proyecto. Según algunos residentes entrevistados, los representantes de la empresa les aseguraban que el proyecto avanzaba y contaba con el apoyo del gobierno aunque YPFB y Eastern Petrogas no habían firmado aún un contrato.

Los líderes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Yaku Igua, junto con el Concejo de Capitanes Guaraníes de Tarija, observaron que los funcionarios públicos de YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos estaban a favor de las empresas ofreciendo comentarios como: “Hay que perforar,” y “ellos (las empresas) nos pueden presentar demandas si resistimos su entrada”. Por otro lado, los líderes estaban especialmente preocupados por las expectativas que se levantan en las comunidades y las divisiones que resultan entre los pobladores, como consecuencia de la presencia petrolera. En el pasado, las ofertas de empleo, compensación y beneficios han producido fuertes disputas por el poder, dentro de algunas organizaciones indígenas y comunidades campesinas. En esta ocasión los líderes expresaban su frustración con un gobierno que no tenía la capacidad de entender las consecuencias de sus acciones, para con las organizaciones indígenas.

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Hidrocarburos

Reunidos con funcionarios de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos, SERNAP y el Viceministerio de Biodiversidad, los líderes manifestaron su frustración por la falta de una buena comunicación, y la falta de respeto hacia sus organizaciones. La representante de YPFB admitió que el tema de remediación de los pasivos ambientales, era más complicado de lo esperado: “No hay plata para limpiar, confesó ella, sólo hay plata para producir”. En este caso, existía la autorización para llevar a cabo los trabajos de remediación; sin embargo, no se había asignado un presupuesto para realizar la actividad. Según esta representante, el gobierno no cuenta con fondos designados para trabajos de remediación y que los recursos para tales actividades, tendrán que venir de la cooperación internacional.

En el transcurso del año 2009, YPFB y EASTERN PETROGAS formaron una sociedad mixta para realizar un proyecto de recuperación de pozos en el Campo Sanandita, con una inversión aproximada de 193.5 millones de dólares Sin embargo, dos inspecciones independientes, el primero en el mes de mayo de 2009, conformado por un grupo de periodistas tarijeños, acompañados por representantes de la sociedad civil y funcionarios del SERNAP. El segundo en septiembre de 2009, una expedición conformada por profesionales de la sociedad civil junto con el SERNAP y representantes indígenas, encontraron lo mismo: Una situación de pasivos ambientales, incluyendo el campo Sanandita, totalmente desatendidas, compromisos incumplidos por parte de las empresas y el gobierno. A pesar de las promesas hechas por YPFB en enero de ese mismo año, de actuar en forma inmediata para remediar los pozos más peligrosos, todo quedaba igual.

intensificación de Riesgos

El año 2009 fue el año del incremento de riesgos por las actividades hi-drocarburíferas, básicamente la preparación de lo que será el 2010 (al contrario de lo que ocurre en minería), en términos de afectaciones por las diversas operaciones de exploración sísmica y de perforación de pozos exploratorios.

De acuerdo a los planes del gobierno, se prevé una intensa actividad de exploración y explotación para los próximos años. El año 2009 estaban en puertas, varias operaciones de perforación exploratoria en diversas regio-nes de Tarija a cargo de las empresas “socias” de YPFB (PETROANDI-NA, PETROBRAS, BG, GTLI y TOTAL). La empresa REPSOL-YPF, una gran transnacional española con numerosos antecedentes de incum-plimientos ambientales en el país y el mundo, anunció en noviembre de ese mismo año, una millonaria inversión en los campos Margarita-Huacaya. Por otro lado, YPFB-PETROANDINA perforará el pozo Timboy en el

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Hidrocarburos

Bloque Sur A, del PNANMI Aguaragüe. En tanto, TOTAL tiene partici-pación en las operaciones del megacampo Huacaya y la BG ya ampliaba sus operaciones en la llanura Chaqueña, afectando la TCO Weenhayek. En la región Chaqueña hacia Santa Cruz, se viene dando similar situación al igual que la región Subandina.

Como se podrá apreciar, la magnitud de las operaciones hidrocarburíferas previstas en el territorio es muy grande y su análisis puede llegar a ser confuso y ambientalmente abrumador. Podría inclusive parecer una acu-mulación desordenada o aleatoria de iniciativas de ampliación de la fron-tera petrolera, resultado de la oportunidad de inversiones y la disposición de las empresas, más que a un proceso estratégico. Resulta paradójico todo este enorme esfuerzo exploratorio y de ampliación de la frontera hi-drocarburífera, cuando a mediados del 2010, el propio Ministro Vincenti reconocía la falta de mercados, en especial para el gas boliviano, lo cual determinó la paralización de más acciones exploratorias (La Razón, 13 agosto 2010).

De cualquier manera, con lo avanzado hasta mediados del 2010, se puede prever una enorme multiplicidad y acumulación de impactos y riesgos socio ambientales, incluso bajo el supuesto de un óptimo desempeño am-biental.

Áreas de operación reservadas para YPFB (2008-2009)

Bloque Superficie Has. Ubicación

Carohauicho 408.000 Subandino y Chaco serrano de Santa Cruz

Iñau 100.000 Subandino de Chuquisaca, afecta la zona sudoeste del PNANMI Iñao

Aguaragüe 114.375 Subandino de Tarija. Es un PNANMI

Tiacia 91.225 Subandino de Chuquisaca-Tarija

Iñiguazu 64.375 Subandino de Tarija

Cedro 124.275 Subandino del PN Amboró en Santa Cruz

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Hidrocarburos

Operaciones Hidrocarburíferas en Curso o recientemente explorados

Campo-pozo-operación Empresa responsable Ubicación

Palmar 18 GTLI Llanura central de Santa Cruz

Río Grande - Tajibo Andina Llanura central de Santa Cruz

Víbora Andina Pie de monte norte de Santa Cruz

Itaú exploración, posible explotación para el 2010 Total E&P Subandino sur de Tarija

Ipati (Incahuasi) Total E&P Subandino sur Chuquisaca-Tarija

Bloque XX y Tarija Oeste Total con participación de BG Subandino de Tarija

Ipati y Aquío X 1001 Formación Huamanpampa Total E&P-Tecpetrol

Caraparicito en la serranía de Incahuasi (Lagunillas-Santa Cruz).

San Alberto 15, San Alberto 17 YPFB, Petrobras, REPSOL YPF Subandino de Tarija

Sábalo 5 Petrobras Bloque San Antonio, Subandino de Tarija

Ingre Petrobras Subandino sur de Chuquisaca

Margarita Repsol YPF Subandino de Tarija

Escondido, La Vertiente BG Llanura chaqueña entre Villamontes y Yacuiba

Kanata X-2 YPFB-Chaco Subandino norte Cbba-Sta.Cruz

Vuelta Grande Profundo. Sísmica 3D Chaco-Geokinetics Chuquisaca

La participación societaria en el Bloque San Antonio consiste en: ANDINA-REPSOL con el 50%, el operador de los trabajos PETROBRAS con el 35%, mientras que la firma TOTAL FINA BOLIVIA es el accionista menor en el proyecto con el 15%.

PETROBRAS daba a conocer en julio del 2009, una inversión superior a los 25 millones de dólares en el desarrollo del Pozo Gasífero Sábalo

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Hidrocarburos

X5, con lo que prevé aumentar la capacidad de producción de la Planta Sábalo a más de 13 Millones de Metros Cúbicos por Día (MMCD). Las acciones de PETROBRAS en el bloque San Antonio (Planta Sábalo y Pozo X5) se desarrollan en gran parte de la serranía Caipipendi de la pro-vincia Gran Chaco, entre los municipios de Villamontes y Caraparí (El Mundo, julio 2009). La planta Sábalo, a mediados del 2009, trabaja con cuatro pozos encargados del aprovisionamiento de los casi 14 MMCD de exportación de gas; en tanto que en la instalación del pozo Sábalo X5, se perforaron 4.557 metros de profundidad y las actividades continuaron hasta encontrar el nivel del reservorio gasífero, a una profundidad pro-gramada cercana a los 5.000 metros.

El proyecto de desarrollo del pozo Sábalo X5 demandó, además, la cons-trucción del puente que atraviesa el río Pilcomayo como apertura de rutas de acceso. En la zona operada por PETROBRAS, se encuentra el túnel de la serranía Aguaragüe, que fue construido en el período 2003-2004, atravesando el cerro en una longitud mayor a los dos kilómetros y, por donde atraviesan dos ductos que se conectan con las líneas Gasyrg y Yabó (El Mundo, julio 2009).

Las proyecciones de YPFB y las empresas asociadas apuntan a acelerar la producción de gas natural hasta el 2015, con una inversión de 3.466 millones de dólares. Los proyectos exploratorios inmediatos o proyectos exploratorios A (previstos entre 2009 y 2015), comprenden 10 pozos ex-ploratorios, principalmente localizados en la Zona tradicional entre Tarija y Cochabamba, con un éxito estimado del 30%.

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Hidrocarburos

Compañía Operadora Proyecto exploratorio A Año

PETROBRÁS Bol. Ingre 2009

YPFB Andina Camiri Profundo 2010

PETROANDINA Timboy 2010

YPFB Itaguazurenda 2010

CHACO

Percheles 2011

Carrasco 2010

Vuelta Grande 2011

El Dorado 2014

PETROANDINALiquimuni 2014

Iñau 2015

Plan de proyectos exploratorios inmediatos (fase A) Fuente: YPFB CorPoraCión

En tanto que los proyectos exploratorios B, previstos por YPFB, están proyectados entre el 2016 y 2026, e incluyen 20 pozos exploratorios, a un éxito estimado del 20%.

La Empresa Mixta PETROANDINA publicó la convocatoria para la “Contratación del Servicio de Levantamiento Sísmico Bidimensional (ex-ploración sísmica 2D), en los bloques Iñaú 09G 2D e Iñiguazú 10G 2D”. Según la convocatoria, la empresa tiene proyectado, en el 2010, “realizar la grabación de registros sísmicos bidimensionales terrestres” en los bloques se-ñalados.. La zona en la que se desarrollará el proyecto comprende los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Otras operaciones de PETROANDINA será la sísmica 3D en cada uno de los siete bloques del sur (un promedio de 300 kilómetros cuadrados por bloque) y se per-forarán 14 pozos exploratorios, dos por bloque, en el tiempo previsto, calculando una inversión total de alrededor 646 millones de dólares.

Paralelamente, se anunciaba que la Empresa Estatal YPFB, incorporó en su presupuesta 2009, la primera prospección perforatoria después de más de 15 años, con el Pozo Itaguazurenda –X3 en el Reservorio de la Forma-

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Hidrocarburos

ción Iquiri (municipios de Charagua del departamento de Santa Cruz), con una proyección de conclusión para el 2010 (YPFB Corp. 2009). La inversión total de la empresa estatal para exploración y producción, será de casi 88 millones de dólares, concentrando acciones en la zona tradi-cional del Chaco. En septiembre del 2009 (YPFB Corp.), se anunció que YPFB encarará la exploración del Proyecto Camiri Profundo, con una inversión de 55 millones de dólares proyectados a 500, en su fase integral y que implica el desarrollo de 5 nuevos pozos (entre 2012 y 2016). YPFB considera histórica la reactivación de las perforaciones en Camiri, pues significa su reactivación operativa después de 15 años. YPFB Corpora-ción operará Carohuaycho 8D en un área reservada bajo su tuición que incluye los campo Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos), así como el proyecto Sararenda, que ha sido finalizado y con perforaciones previstas para fines del 2010, desde la planchada Guairuy, a cargo de la empresa subcontratada PETREX (ERBOL, 14 julio 2010).

También se proyecta la Megaplanta de Gas Sararenda PG-SRR para el2013 y la construcción de un gasoducto de 44 kilómetros de largo y un oleoducto que enlazará con el ducto OCY-1. Las obras civiles del proyec-to estarán a cargo de YPFB-Andina y VIALCO, que implican el mejora-miento de caminos de acceso, planchada del pozo, del campamento, fosas de quemas, fosas de agua y áreas de acondicionamiento tubular (Reporte Energía, Noviembre, 2009). El cronograma de YPFB-Andina contempla además la perforación del pozo SRR-X1 para abril del 2010, dentro el proyecto Sararenda (Reporte Energía, Diciembre, 2009).

Las nuevas tecnologías de exploración en zonas más profundas (caso Sa-rarenda, Carohuaicho e Incahuasi, Tacobo y Huacaya) abren posibilida-des de encontrar mayores reservorios de hidrocarburos en el Subandi-no Sur de Bolivia. Los descubrimientos de Bermejo y San Alberto han

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Hidrocarburos

motivado la exploración de reservorios más profundos (profundidades mayores a 4 Km.).

Operaciones de Mayor Riesgo Previsto para el 2010 y los Siguientes Años:

Campo-pozo-operación Empresa Responsable Ubicación

Timboy Petroandina SAM (YPFB-PDVSA)

Bloque Sur del PN. Aguaragüe (Sur A)

Huacaya Total Subandino Sur de Chuquisaca

Margarita-Huacaya Repsol-YPF Subandino de Tarija y Chuquisaca

Suris, Palo Marcado, Escondido, La vertiente y Taiguati

BG Llanura Chaqueña de Tarija entre Villamontes y Yacuiba

Bloque Aguaragüe Sur “A” Petroandina SAM Subandino central de Tarija

Tiacia, Aguaragüe Norte, Aguaragüe Centro y Aguaragüe Sur B,

Petroandina SAM Subandino Norte de Tarija

Tiacia e Iñiguazú Petroandina SAM (2010-2015) Subandino Norte de Tarija

Megacampo San Antonio-Sábalo. Exploración Sísmica 3D

Petrobras Subandino Sur de Tarija

Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. YPFB-GLTI Subandino y llanura

chaqueña

Percheles, Vuelta Grande y Chimoré (Cbba.).

YPFB-Chaco (2010-2011) Subandino Sur - Chaco de Tarija

Bloque Azero Total-Gazprom y YPFB Subandino entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Carohuaycho 8D, incluye los campos Guairuy (dos pozos) y Camiri (tres pozos)

YPFB Corporación Subandino Sur de Santa Cruz

Sararenda (perforaciones previstas desde la planchada Guairuy)

YPFB CorporaciónProvincia Cordillera, pie de monte chaqueño de Santa Cruz

Pozo SRR-X1 dentro el proyecto Sararenda YPFB Andina

Provincia Cordillera, pie de monte chaqueño de Santa Cruz

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Hidrocarburos

Pozo Itaguazurenda –X3 (primera prospección perforatoria después de más de 15 años)

YPFB CorporaciónFormación Iquiri (Municipio de Charagua en Santa Cruz)

Camiri Profundo: 5 nuevos pozos (2012-l 2016) YPFB Corporación Subandino Sur de

Santa Cruz

Megaplanta de gas Sararenda PG-SRR (2013) y gasoducto de 44 kilómetros de largo y oleoducto de enlace al ducto OCY-1.

YPFB Andina-VIALCO Subandino Sur de Santa Cruz

Gasoducto Campo Margarita-Madrejones YPFB Transportes Frontera con la Argentina

En abril del año 2008, el Congreso Nacional aprobó el contrato para la exploración y explotación de áreas reservadas: Aguaragüe Norte, Centro, Sur “A” y Sur “B” Iñau, Iñiguazu y Tiacia, suscrito entre YPFB y PDV-SA (PETROANDINA SAM). Entre las cláusulas del contrato destacan la ejecución por parte de PETROANDINA SAM de actividades de ex-ploración y explotación, en un plazo de 40 años. En tanto que a fines del 2008, el Senado aprobó un Proyecto de Ley para la conformación de una compañía mixta entre la Estatal YPFB y la Empresa GTLI. A inicios del 2009, sólo restaba ser aprobada los contratos para cuatro bloques del nor-te que implicaban La Paz, Beni y Pando, además de otros en Chuquisaca Santa Cruz y Tarija. En tanto, YPFB-GTLI también trabaja en dos blo-ques de la Región Oriental de Santa Cruz y en un bloque de Chuquisaca (Hidrocarburosbolivia.com, julio 2008).

En los próximos cinco años se proyecta la inversión para la ingeniería y la construcción de la planta de tratamiento destinada a desarrollar los me-gacampos Margarita y Huacaya con inversiones de REPSOL YPF por 1.500 millones de dólares, para el desarrollo de reservas de gas natural. Adicionalmente, de acuerdo a esta empresa transnacional, las potenciali-dades hidrocarburíferas del Subandino sur se incrementan al considerar las formaciones geológicas profundas como en Huamampampa, Icla o

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Hidrocarburos

Santa Rosa, lo cual fue confirmado con los nuevos megacampos Huacaya e Incahuasi.

El Presidente Morales resaltó que “la inversión extrajera será siempre bienve-nida y respetada” siempre y cuando esté circunscrita en los términos de res-petar la soberanía del país. De acuerdo con las proyecciones, las inversio-nes podrían incrementarse, si existen grandes reservas de hidrocarburos.

Para el desarrollo de la cadena productiva en los próximos 10 años, se creará la Empresa Boliviana de Industrialización. La petroquímica es una parte de la cadena de hidrocarburos, la cual comienza con el “upstream” (exploración y producción), pasa por refinerías y separadoras de gas, si-gue por las centrales petroquímicas de primer nivel o de básicos (etano, etileno), para continuar luego por la petroquímica intermedia o de resinas y, finalmente, al convertidor de plásticos (ReporteEnergía, septiembre, 2009). Paralelamente, se anunciaba que YPFB Transportes invertirá 20 millones de dólares en un gasoducto que irá desde el campo Margarita hasta Madrejones en la frontera con la Argentina, lo cual está previsto a partir del segundo trimestre del 2010. De esta forma el gobierno busca compensar la disminución de la demanda brasilera y aprovechar la decli-nación de la producción de hidrocarburos en el norte argentino.

Estas que evidentemente son buenas noticias para diversos sectores del gobierno y el sector petrolero en particular, pero para los ambientalis-tas es motivo de fuerte preocupación, en especial considerando la posi-ción que adoptaron en los últimos meses del 2009, el entonces Ministro de Hidrocarburos y la Presidencia de YPFB, caracterizada por su pleno desprecio a la aplicación de las normativas y regulaciones ambientales y una actitud en exceso prepotente (ver capítulo de contexto general de los hidrocarburos, en este trabajo).

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El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que implica cuantiosas regalías a las regiones, además de haber generado una lógica rentista y un mar de rencillas, no sólo entre las regiones y el nivel central del Estado, sino entre las propias regiones, no ha aportado ni un centavo para fines de fortalecimiento efectivo de la paupérrima gestión ambiental del gobierno central o de las gobernaciones. Paradójicamente, no se ha previsto ningún insumo para el sector ambiental, que es precisamente el más afectado por las actividades hidrocarburíferas. A lo anterior se debe sumar el hecho de que las ofertas de desarrollo, desde el sector hidrocarburífero; por ejem-plo, en Tarija o en el Norte de La Paz, parecen no tener las adecuadas contenciones ambientales, por lo que se hace necesario, diseñar canales alternativos de articulación entre conservación y desarrollo, que puedan ir más allá de la aplicación de instrumentos y recaudos ambientales clá-sicos, como el principio precautorio (Zambrana, 2008). Esto es eviden-te cuando llegan a las regiones los recursos del IDH, que producen un apoyo social regional incondicional a la explotación petrolera y gasífera, situación que no se daba antes.

El Caso de PETROBRAS y la Expansión del Megacampo Sábalo(Bloque San Antonio) Humphreys y Catari, 2009

En diciembre del 2008, el SERNAP y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija (CCGT) firmaron un acuerdo para la co-administración del PNANMI Aguaragüe. Sin embargo, existe cierta disconformidad con los planes del gobierno nacional por ampliar la actividad hidrocarburífera dentro del Aguaragüe.

Un mes antes, es decir, en noviembre del 2008 se inició la expansión de actividades hidrocarburíferas por parte de PETROBRAS, el operador del mega campo Sábalo-San Antonio, dentro del Municipio de Villa Montes en el Gran Chaco. Esta transnacional y el Grupo PCA Ingenieros Consultores S.A. llamaban a una reunión para socializar la información con el público; sin embargo, según el acta de la reunión, firmada por los participantes, se cuestionó a los organizadores, por no haber invitado a las demás organizaciones de la sociedad civil de la zona.

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La propuesta presentada fue de un Proyecto de Exploración Sísmica 3D que proyectaba cubrir un área grande, aproximadamente 936km², establecer 5 campos de base, construir 500 helipuertos (uno cada 2km²) y crear 1.700 zonas de descarga. Además se abrirá 226 brechas sísmicas de 1.5m de ancho con una longitud total de más de 4.000 kilómetros de líneas sísmicas con más de 6.000 puntos de explosión. En la reunión, no se hizo mención a la cantidad de pueblos y familias impactadas y menos sobre las dimensiones de los impactos. La poca participación de la sociedad civil de la zona impactada (o sea del Chaco), por un lado, es indicador del poco conocimiento de la zona que tienen los consultores y, por el otro el poco interés de establecer buenas relaciones con las poblaciones afectadas. El Ministerio de Hidrocarburos no había llamado aún a los pueblos indígenas y comunidades campesinas a participar en un proceso de Consulta y Participación. De hecho, estos grupos ni sabían de la existencia de la propuesta de expansión por parte de PETROBRAS.

En septiembre del 2009, CERDET-LIDEMA y la Plataforma Ambiental de Tarija en coordinación con la APG Yaki Igua, el SERNAP Aguaragüe y el Consejo de Capitanes Guaraníes de Tarija organizaron una expedición a la zona de Aguaragüe para realizar actividades de seguimiento y vigilancia ambiental en relación a las operaciones hidrocarburíferas en el Chaco.

En relación al desagüe de las aguas residuales del campo Sábalo al río Pilcomayo, se tiene información de que en el día vierte aguas tratadas; no obstante, en horas altas de la noche o madrugada se vierte aguas no tratadas las que despiden un olor fuerte. Hasta la fecha no se tiene datos de laboratorio que pruebe el grado de contaminación de dichas aguas.

Respuesta

La respuesta de la Autoridad Ambiental Competente (AAC), a través de la fiscalización, aplicación de instrumentos ambientales, normas, consulta pública, remediación, etc. fue extremadamente magra, por diversas limi-taciones operativas y jerárquicas. Se observaron persistentes falencias y deficiencias en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental (Fi-chas y EEIA), lo cual se manifestó en una ausencia de acciones de fisca-lización, control y prevención de impactos de las operaciones petroleras. Algo que evidentemente contribuye a la reducida eficacia de la AAC, es la gran cantidad de operaciones petroleras en diversas regiones del país, en relación a la falta de recursos humanos y poca capacidad logística, así como los vacíos de acción de las autoridades ambientales departamentales en el tema, y la inexistencia de coordinación entre las autoridades ambien-

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tales del nivel nacional y departamental. El rol de la AAC fue eminente-mente pasivo y con muy escaso protagonismo en cuanto a aspectos de reflexión y de alertar al sector petrolero, sobre los riesgos de los procesos intensificados y acelerados que impulsa el sector energético. Un rol inclu-so más penoso, tuvieron las oficinas ambientales sectoriales dependientes, tanto del Viceministerio de Hidrocarburos como de YPFB.

El concepto ambiental que las oficinas estatales del sector oficial petrolero manejaron desde hace décadas, se continúan manejando actualmente y es la misma que han enarbolado las propias empresas petroleras, en sentido de que lo ambiental es un mero obstáculo al desarrollo de las inversiones y la generación de beneficios económicos; en resumidas cuentas, una ma-jadería de los ambientalistas y las organizaciones no gubernamentales, una lógica propia del desarrollismo que no tiene colores políticos, pues emergen, tanto en gobiernos de derecha como del Perú, o en gobiernos progresistas socialistas, como el de Bolivia o Ecuador.

A lo largo de varios años se ha dado una resistencia por parte de las or-ganizaciones indígenas a las actividades petroleras en la región; sin em-bargo, siempre han tenido muy escaso apoyo de las instancias guberna-mentales responsables como es el de fortalecer la participación social y asuntos indígenas, e incluso de las autoridades ambientales. La tónica de las empresas y de las oficinas sectoriales ha sido procurar debilitar a las comunidades a través de la división, cooptaciones y compensaciones in-adecuadas (testimonio directo, Nelson Bartolo, APG. Febrero, 2010). En los últimos años, algunas empresas transnacionales, más allá de la reticen-cia de YPFB a coordinar y concertar con los indígenas, han progresado en cuanto a plantear acuerdos de indemnización y compensación, más concordantes con las expectativas indígenas, tal es el caso de la TOTAL con la APG. Las dirigencias indígenas mencionan reiteradamente, la di-

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ficultad de lograr acuerdos favorables con YPFB o algunas empresas na-cionalizadas como CHACO o ANDINA.

Al igual que en años anteriores, el 2009, las principales manifestaciones de control-resistencia social a las operaciones hidrocarburíferas, se dieron a partir de las propias organizaciones indígenas de la región chaqueña. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), las diferentes TCO´s Guaraníes y la TCO Weenhayek fueron las protagonistas de recordar permanentemente al gobierno y a las diferentes empresas, la existencia de un marco normativo y una nueva Constitución Política del Estado, a las que se tenía que responder y cumplir. Se debe destacar el pronunciamiento de las organizaciones indígenas a mediados del 2009 (analizado a detalle en capítulos afines del presente trabajo), rechazando las políticas atentatorias e irresponsables en la explotación tanto hidrocarburífera como minera, las cuales vulneran no sólo las normas ambientales vigentes, sino los principios y disposiciones relacionadas a la consulta pública. El nivel de empoderamiento y de capacidades adquiridas; por ejemplo, la APG desdice la visión paternalista del gobierno hacia los indígenas, en sentido de que éstas dependerían de la supuesta manipulación de ONG´s, y serían incapaces de realizar sus propios planteamientos. Varias instancias privadas como ONG´s, redes, centros, ligas o foros (CEDLA, CEJIS, LIDEMA, FOBOMADE, CEADESC, CEADL) tuvieron un rol importante en el cuestionamiento, no sólo del accionar ambientalmente deficitario del sector petrolero, sino denunciando la agresividad del modelo de desarrollo extractivista y primario exportador, hacia el ambiente y los medios de vida locales, del cual el sector hidrocarburífero es posiblemente, en la actualidad el primer abanderado.

Otra queja recurrente de las organizaciones indígenas ha sido que las empresas ponen muchos obstáculos en el acceso a las zonas de operación,

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para fines de monitoreo, lo que desdice la aparente “buena voluntad” y transparencia de éstas.

A inicios del 2010, empezó el conflicto en la región sur de Tarija, ante el anuncio de YPFB-PETROANDINA sobre la perforación de su pri-mer pozo (Timboy) en el PNANMI Agüaragüe (bloque Sur “A”). Los indígenas guaraníes rechazaron los proyectos exploratorios y de explota-ción, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos abogaba por continuar con las actividades petroleras y “buscaba el diálogo” con los guaraníes para bajar la tensión y facilitar la ejecución de proyectos (ReporteEner-gia, abril 2010). Se conocía que PETROANDINA tramitaba la respec-tiva Licencia Ambiental y encaraba los trabajos de ingeniería básica y de detalle para construir accesos a los sitios escogidos y localización de la planchada sobre la que se construirán las fundaciones que soportarán el equipo de perforación. Por el contrario, no solamente son PETROBRAS y PETROANDINA, las empresas con proyecciones en el Aguaragüe, sino que, además, figuran en la lista de operadoras de YPFB, a TOTAL, BG y la empresa rusa GAZPROM, la cual es nueva en el conjunto de las recientes alianzas que ha realizado el gobierno.

Los indígenas se reunieron con el Ministro Vincenti de Energía e Hidro-carburos, donde expusieron sus demandas y avanzaron en el análisis de algunos temas, pero respecto a las operaciones en el Parque Nacional Aguaragüe y áreas de influencia no hubo acuerdo y se decidió no permitir actividad de exploración y explotación. El documento resolutivo de los indígenas Guaranies exigía una: “pausa por la Madre Tierra que se traduzca en la suspensión definitiva de todas las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Aguaragüe y áreas de influencia, mismas que son parte de nuestro territorio ancestral y sobre las cuales el Pueblo Guaraní tiene derechos precedentes al Estado boliviano” (ReporteEnergia, abril 2010).

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La alocución del Ministro de Energía e Hidrocarburos, a los indígenas en la asamblea respecto al conflicto de Aguaragüe, son testimoniales del modelo extractivista primario, preeminente a cualquier otra necesidad o expectativa de los habitantes de la nación: “…la exploración en el país no puede parar debido al aumento de la demanda de gas en el mercado interno por las conversiones a Gas Natural Vehicular (GNV), y mayores envíos de este energético a países vecinos. De alguna u otra forma, todos contaminamos el medio ambiente, pero se puede trabajar en reducir la mitigación. Las soluciones no son inmediatas, es un proceso en el que tendremos que avanzar, pero hay que explorar no más, es inevitable” (ReporteEnergia, abril 2010).

Ante el discurso tecnocrático ministerial, los dirigentes indígenas afirma-ron: “La verdad es que hay muchas cosas en las que deben reflexionar los ministros. Esta marcha que hemos realizado es una muestra de que se deben corregir algunas cosas que se están cometiendo en contra de la humanidad y que el pueblo sale a de-fender. No estamos hablando de compensación sino de que se respeten los derechos y se hagan cumplir las normas para evitar que se dañe los recursos naturales, espe-cialmente el agua” (ReporteEnergia, abril 2010).

La paciencia de los indígenas parecía haber llegado a su límite los prime-ros meses del 2010, cuando en el mes de abril, se inició una marcha indí-gena en el Chaco Tarijeño desde Yacuiba a Villamontes, en protesta por la conservación de los recursos naturales y la explotación de hidrocarburos. La medida busca generar conciencia de respeto y preservación de los re-cursos naturales en el gobierno nacional, precisamente como respuesta a los anuncios de las incursiones petroleras en el Parque Nacional Aguara-güe por parte de YPFB y las empresas socias (El Nacional, abril 2010). “Sabemos que quieren realizar seis mil explosiones subterráneas para estudios sis-mológicos en el Aguaragüe. Imagínese el daño que esto puede causar a nuestro reser-vorio natural de agua dulce, uno de los más importantes de Sudamérica. Con todo el trabajo sísmico que se va a hacer en el Aguaragüe tenemos miedo que nuestro recurso

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más preciado, como es el agua, se vaya a perder”, señaló un alto dirigente indíge-na. El Viceministro de Hidrocarburos se trasladó a Yacuiba en un intento de suspender la marcha. Los dirigentes indígenas ratificaron la medida y que ésta se realiza porque “es determinación de los indígenas de Yacuiba, Cara-parí y Villa Montes, cansados de no lograr una atención real a sus demandas por parte del gobierno”. Los Guaranies critican que el gobierno nacional no está diciéndoles la verdad sobre los proyectos en hidrocarburos que pretenden realizar en el Parque, por ello, piden mayor sinceridad en el tema.

El epílogo de esta resistencia indígena, se quiebra a fines de julio e inicios de agosto del 2010, cuando el Ministerio de Hidrocarburos anunció la suscripción de un acuerdo con la APG, que viabilizaba el ingreso de cuatro empresas petroleras al Aguaragüe y las zonas de influencia (PETROANDINA, BG, TOTAL y GAZPROM) para las tareas de exploración (La Razón, 5 agosto 2010). Llama la atención que no se mencionen ni conozcan, las condiciones del acuerdo suscrito entre el gobierno y la APG, debido a que es una muestra más de la supremacía del discurso gubernamental, sobre las reivindicaciones indígenas. Esto podría estar relacionado a su vez, con la posición que la APG asumió a mediados de julio, tras haber llegado a un acuerdo con el gobierno, y abandonando la fracasada marcha indígena de la CIDOB. Al final de cuentas, mucho discurso para finalmente, dejar al Aguaragüe en manos de las petroleras. A pesar de la posición de la APG, las comunidades del Aguarague, ratificaron posteriormente, su rechazo a la intromisión de las petroleras en su espacio tradicional.

En general, la respuesta desde los poderes del Estado al tema hidrocar-burífero, en la zona sur tradicional del país, estuvo marcada por la pola-rización y favoritismo hacia las inversiones y operaciones de YPFB con las empresas “socias-operadoras”. Esto se puede concluir de las declara-

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ciones del Ministro Vincenti ante la Asamblea del Pueblo Guaraní, por el conflicto de Aguaragüe.

Por su parte, el accionar del sector hidrocarburífero, a partir de YPFB principalmente, fue absolutamente agresivo y contrario, no sólo al marco normativo ambiental; generando posturas abiertas hacia la flexibilización de las leyes, para dar paso, por ejemplo, a las operaciones petroleras en áreas protegidas, como es el caso de Aguaragüe y Madidi, sino desme-reciendo el espíritu de la consulta pública y las demandas de los pueblos indígenas. El sector ha sido recurrentemente reacio hacia el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, es decir la revisión de la Fi-cha Ambiental, el EEIA y la aprobación de la Licencia Ambiental, con-sideradas como simples trámites o formalismos que deben ser cumplidos lo antes posible y sin mayores dilaciones. De existir observaciones de la Autoridad Ambiental Competente sobre inconsistencias o vacíos, estos se toman como intentos de obstaculizar la obra o proyecto. Este tipo de comportamientos institucionales e individuales muestran una notoria fal-ta de responsabilidad y menosprecio por el marco normativo, en la que se denota, además, una manifiesta arrogancia y falta de sensibilidad hacia los temas socio ambientales.

Tal es el caso del presidente de YPFB, Carlos Villegas que acusó a los pueblos indígenas y a las organizaciones campesinas, de obstaculizar la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con Yacimientos: “Los pueblos indígenas demandan a las empresas petroleras que operan en sus territorios compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes”. Para el Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE), estas peticiones son justas y no sobre-dimensionadas, como las calificó el presidente de YPFB, Carlos Villegas. En tanto que el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, censuró la declaración de Villegas y

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criticó la falta de voluntad para reunirse con las etnias del oriente para coordinar las labores petroleras que se pretende realizar (La Razón, 22 de septiembre 2009). Hacia fines del 2009, el Capitán Grande del Pueblo Weenhayek, Moisés Sapiranda, reveló que solicitaron a la empresa bri-tánica BRITISH GAS (BG) 11 millones de dólares. Sin embargo, tras una negociación, finalmente llegaron a acordar una compensación de 2 millones de dólares, con pagos anuales de 100 mil dólares, durante 22 años. La autoridad indígena dijo también que se exigió empleo, punto en el que aún no se llegó a un acuerdo debido a que la demanda era de 150 empleos y la petrolera sólo ofrece 65 puestos de trabajo. Aclaró que la propuesta aglutina a 20 Comunidades del Pueblo Weenhayek, que viven en la región del Chaco tarijeño. El dirigente afirmaba: “No consideramos que nuestros pedidos sean sobredimensionados, en absoluto, no es así, están conforme y de acuerdo a los impactos de la explotación petrolera” (La Razón, 22 septiembre 2009). La BG Bolivia trabaja en los campos La Vertiente, Palo Marcado, Escondido, Los Suris, Taiguati, Ibibobo, entre otros.

El tema de la consulta publica considerada por el gobierno y el sector energético, como un obstáculo a los proyectos de desarrollo, fue el cen-tro de análisis y controversia en la región. En noviembre del 2009, la Defensoría del Pueblo de Tarija organizaba una reunión para estudiar, reflexionar y dialogar sobre el derecho a la consulta previa en la provincia del Gran Chaco y los posibles escenarios de conflictividad social, en anti-cipación a una nueva ola de inversión en la región. Con la participación de representantes de la sociedad civil, las organizaciones indígenas, el Minis-terio de Hidrocarburos y la misma Defensoría del Pueblo, se buscaba de-sarrollar instrumentos de diálogo y manejo de conflictos, para responder a las situaciones que pudiesen surgir a raíz de la propuesta de expansión hidrocarburífera y los proyectos de infraestructura, relacionados a aque-lla expansión. En cuanto a las acciones de la Defensoría departamental,

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se comentó que éstas reflejan, tanto un nivel de preparación, como una actitud prudente frente a un futuro muy incierto y posiblemente altamen-te conflictivo.

Por su parte, bajo el título, Consulta Indígena: “Cuello de Botella para el de-sarrollo de la industria petrolera”, la revista especializada ReporteEnergía (octubre, 2009) analizó las contradicciones entre el desarrollo hidrocar-burífero y los derechos indígenas establecidos en la normativa vigente (Reglamento de Gestión Ambiental y Reglamento de Consulta del sector hidrocarburífero-DS 29033), pero especialmente en la nueva Constitu-ción Política del Estado. Un punto central de análisis era el pronuncia-miento de diversas organizaciones indígenas, observando las falencias de las oficinas estatales en términos del cumplimiento de la consulta y exigiendo la participación, en las decisiones que tomen las oficinas del ejecutivo, en proyectos que afectan las TCO´s y áreas indígenas, según lo establecido en la nueva CPE.

Según Miguel Vargas del CEJIS, existe una vulneración a los derechos indígenas, porque en el 2009, cuando se establecieron muchos contratos de operación petrolera, ya estaba vigente la nueva CPE. Incluso, el no respetar el procedimiento de consulta ha generado problemas al interior de las organizaciones indígenas, promoviendo divisiones (ReporteEner-gía, octubre, 2009).

Es importante manifestar que lo acaecido en Liquimuni (Norte de La Paz) y el tratamiento social que se hizo, es un evento funesto, que no se había producido ni en los peores momentos de la intervención de las transnacio-nales vía privatización, hace seis o siete años. Por otro lado, lo ocurrido en la TCO Itika Guazu del Chaco Tarijeño, es paradigmático en cuanto al uso de la consulta para lograr demandas como el saneamiento de sus tierras y paralizar las inversiones de la Empresa brasileña PETROBRAS (ReporteEnergía, octubre, 2009). Según el asesor del Consejo de Capi-

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tanes Guaranies del Chaco, Hernán Ruiz, la posición indígena fue dura y puso en una situación difícil a la petrolera, puesto que, mientras no se avance en el proceso de saneamiento, no habrá otorgación de la Licencia Ambiental. Al mismo tiempo, se observó como una burla y un engaño, la primera consulta al pueblo Weenhayek en el Campo Palo Marcado (BG-British Gas), en la cual sólo se hizo una transferencia de información, que ni siquiera fue producida por las oficinas del Estado sino por la propia empresa.

Según Ruiz, “la situación en el Chaco sigue siendo de extrema pobreza y de alto impacto para el medio ambiente”, las regalías petroleras de Tarija ascendie-ron el 2009 a más de 200 millones de dólares, de los cuales ni el 1% ha llegado a los pueblos indígenas, considerando que son de sus territorios ancestrales de donde salen esas riquezas. Sólo en Tarija, existen más de 100 comunidades indígenas Guaraní Weenhayek y Tapiete, que superan las 3.200 familias, las cuales se ubican en el centro o cerca de los bloques de exploración y explotación petrolera, generando impactos sociales, am-bientales y culturales negativos (ReporteEnergía, octubre 2009).

Según Miguel Vargas del CEJIS, luego de las experiencias en zonas de exploración petrolera, el gobierno esta viendo el reglamento de consulta como una traba para el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas, por lo que existirían planes para su modificación, de modo que no constituya fuente de problemas y conflictos. Vargas manifestó esto como alarmante, toda vez que estas modificaciones a la norma se estarían produciendo sin la participación de las organizaciones indígenas y viendo sólo la conve-niencia de las empresas. De acuerdo al activista social esto es paradógico, dado que en el ámbito internacional se considera a Bolivia como uno de los países más avanzados en el reconocimiento de los derechos colectivos, siendo que en la realidad, las acciones del gobierno constituyen un retro-ceso en el tema.

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A inicios del 2010, se daba lo que se puede calificar como un inicio de acercamiento positivo entre una empresa petrolera y la organización in-dígena matriz Guaraní. La empresa petrolera TOTAL y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) acordaron llevar adelante, previo a los trabajos de perforaciones del pozo AQUIO X-1001 en Caraparicito, un relaciona-miento comunitario en base a la Ley de Consulta en el Área de Hidrocar-buros (Erbol, febrero 2010). El acercamiento comprende la asignación de 300 mil dólares y la ejecución de proyectos sociales a favor de los ori-ginarios. El Secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la APG, Nelson Bartolo, informó que previo a los trabajos de perforación del pozo petrolero remitieron a la consulta de acuerdo a la legislativa vi-gente. “Nos estamos beneficiando las dos capitanías: Alto Parapetí e Irupaguatzu, porque es el área de influencias en las tierras comunitarias de origen que abarca. A cada capitanía se ha entregado 150 mil dólares, es decir, 300 mil dólares para ambas regiones. Se desarrollará proyectos productivos”. Además de la compensación económica, la empresa TOTAL captaría mano de obra en los trabajos de perforación, sobre todo en las pruebas sísmicas y en la ejecución de los proyectos sociales. La compensación económica beneficiará a 9.700 ha-bitantes aproximadamente, comprendidos en 36 comunidades de ambas capitanías, entre estas comunidades serán distribuidos los 300 mil dólares americanos. La compensación económica no es suficiente; sin embargo, ayuda apalancar y sirve como contraparte, según el vocero indígena.

Al respecto, la Gerencia de Relaciones Institucionales de TOTAL decla-raba: “Nosotros hemos sido muy cuidadosos y respetuosos con los pueblos indígenas, eso nos ha ayudado en los estudios de impacto ambiental que se hicieron de manera conjunta entre el Pueblo Guaraní y nosotros” (La Razón, 22 febrero 2010). Sin embargo, a pesar de esta buena predisposición, la APG denunciaba a fi-nes de febrero del 2010, que se restringió el acceso a los monitores indíge-nas a la zona de perforación del Pozo AQUIO X-1001 (bajo subcontrato

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de TECPETROL), permitiendo su ingreso sólo a una parte de las ins-talaciones. Supuestamente la culpa de dicha restricción tuvo la empresa de seguridad contratada por el consorcio y se anunciaba la autorización de ingreso de los monitores hasta la zona de perforación (La Razón, 27, febrero 2010).

El Pozo Aquio X-1001, a cargo de la Empresa TOTAL, sería el primer pozo que se opera en Bolivia, utilizando lodos de baja toxicidad. El com-ponente más contaminante, el diesel en elevado porcentaje ha sido reem-plazado por una parafina sintética de baja aromaticidad en comparación del diesel, proveniente del hidro-cracking del petróleo. El uso de lodos en base al agua en este pozo será de más de 4.700 metros cúbicos, además de más de 1.500 metros cúbicos de parafinas de baja toxicidad (Energy Press, febrero, 2010).

En cuanto a investigación y generación de información sobre los impactos ambientales petroleros, a fines del 2009, el reino de Holanda destinó un fondo de casi un millón de Bs (cerca a 140.000 dólares) para la realiza-ción de estudios ambientales relacionados a las actividades hidrocarburí-feras en la serranía de Aguaragüe y norte de La Paz. La donación suma 978.502 Bs. Además, dona 33,74 millones de bolivianos, equivalente a más de 4,77 millones de dólares, fondos destinados al Programa Estraté-gico de Fiscalización y Control Social, en el uso de los recursos de la tierra y los bosques, administrado por la Autoridad Sectorial. La evaluación ambiental estratégica del sector hidrocarburos en el área protegida de Tarija, brindará información para identificar y prevenir posibles impactos ambientales en estas zonas con interés petrolero. Los estudios se reali-zarán en ocho fases, incorporando la participación de las comunidades originarias, (Hidrocarburosbolivia.com, diciembre, 2009).

El tema de impacto por los pasivos ambientales petroleros, volvía a ser tema de análisis un año después., YPFB en julio del 2010, anunciaba

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acciones para la mitigación y remediación de tres pasivos en la zona de Sanandita (Parque Nacional Aguaragüe), especialmente el pozo X-31, considerado como uno de los de mayor riesgo ambiental. Es un buen co-mienzo, entendemos que es un esfuerzo inicial, puesto que quedarían al menos un centenar de pasivos, sólo en el departamento de Tarija, lo cual implica que debería tratarse de un proceso sistemático y no una acción eventual. Un aspecto crítico, respecto al tema de pasivos al interior de un área protegida, es que mientras se inicia muy tardíamente la atención a los pasados impactos de las actividades petroleras, al mismo tiempo, se prepara la agresiva campaña de operaciones por PETROANDINA y PETROBRAS, considerada como de “fuerza mayor”.

Otro aspecto crítico respecto a los pasivos ambientales, es el hecho re-velador de que las empresas transnacionales hidrocarburíferas habrían dejado en el país, un pasivo ambiental de más de 60 millones de dólares, que hasta el momento no fue, ni es remediado por las mismas. Así conclu-ye en el Informe Final de las Auditorías Petroleras, contenidas en el libro homenaje a Enrique Mariaca, ex presidente de YPFB y auditor principal del proceso del año 2007 (El Diario, 7 julio 2010). El Informe Final de estas auditorías recomendó notificar al Organismo Sectorial Competente (OSC) y/o la Autoridad Ambiental Competente (AAC) para proceder a la brevedad posible a la remediación de los pasivos ambientales identifi-cados, porque al tratarse en su mayoría de procesos erosivos los mismos podrían agravarse en la época de lluvias, con deslizamientos en los taludes y probable formación de cárcavas y el consiguiente deterioro del entorno ambiental (El Diario, 7 julio 2010).

Un análisis más detallado de dicho informe revela que en lo relaciona-do a los pozos abandonados por las empresas petroleras: PETROBRAS ENERGÍA y PLUSPETROL, estos debían haber sido considerados en su programa de Abandono de Pozos y Reservorios a ser presentados a

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YPFB, para proceder a la restauración ambiental establecido en el Art. 37 del Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburífero (RASH), con el objeto de devolver a su originalidad las actividades intervenidas. Asimis-mo, se identificaron pasivos ambientales de responsabilidad de la empresa petrolera ANDINA, por los fiscales de la Unidad de Fiscalización del Mi-nisterio de Hidrocarburos y Energía, con la respectiva valorización para su remediación (El Diario, 7 julio 2010).

La conclusión final de la auditoría petrolera encabezada por E. Mariaca, es ominosa al mencionar: “En suma, las auditorías, prueban que las petroleras no invirtieron, incumplieron contratos, saquearon nuestros recursos, dañaron nues-tro medio ambiente y defraudaron al Estado boliviano, correspondiendo simple y llanamente nacionalizarlas totalmente y sin indemnización”.

Los hidrocarburos y las comunidades guaraníes del Chaco boliviano Testimonios de dos experiencias

Testimonios levantados por Sarah Friederich, antropóloga, LIDEMA.• Testimonio de Fidel Cejas, responsable de recursos naturales del Alto Parapetí (Chaco

cruceño):

“Lo que nosotros buscamos es que se respete nuestros derechos como pueblo indígena. A veces el gobierno adjudica a empresas petroleras sin consulta de nosotros. Por ejemplo, el bloque Incahuasi X-2, cuando nosotros no sabíamos ya estaba adjudicado a la empresa petrolera Total. Entonces ¿qué hacen los de la empresa? Vienen y dicen no, no, nosotros ya hemos hablado con el Gobierno”, y punto. Y nosotros ¿qué somos? Entonces esto no, no tiene que suceder. Esto es por lo que nosotros siempre hemos estado peleando y vamos a seguir peleando. Muchas veces nos han dicho: -“Están peleando por la parte económica, la plata.”- No, nosotros no peleamos por esto. Por nosotros, como capitanía del Alto Parapetí, ¡qué no se haga ni una actividad petrolera! Porque nosotros nunca hemos vivido de esto. Cuando se hace la actividad petrolera, entran en los bosques primarios que tenemos nosotros. Pero cuando ya entra la actividad petrolera, ¿qué va a pasar? Se va a ir la hurina, se va a ir la pava, la charata… Donde hay la carahuata, eso quiere decir que donde nadie ha entrado, ahí vamos, esto nosotros lo utilizamos para ir a cazar, para consumir carne. Pero ahora la actividad ahí mismo se está haciendo. Cuando se hace la actividad petrolera, a ellos no les interesa nada. Porque la actividad petrolera, lo único que le interesa a la empresa es netamente la economía, la ganancia. Y a nosotros no, lo que a nosotros nos interesa es mantener nuestros recursos que tenemos ahí. Pero a veces no nos están entendiendo ellos.”

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• Testimonio de Yariguira Cañani Iguanday, técnico en saneamiento ambiental y asesor del capitán de Tentayape (Chaco chuquisaqueño):

“La empresa petrolera REPSOL, creo que entraron al territorio en el 2004. Tenían una actividad de exploración sísmica. Claro que más antes nosotros no sabíamos que ellos estaban proyectando lo que es la actividad esta. Y habían llegado ellos un día aquí a la casa de un comunario, y con unas dos, tres autoridades nomás se han encontrado ahí, y les han hecho firmar un documento, diciéndoles que era para su respaldo que han llegado aquí. Pero esto había sido la justificación para que ellos tengan lo que es el Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales, lo han hecho pasar como consulta, como autorización. Porque la comunidad en general, también las autoridades, todos no sabían que es lo que va a pasar. Entonces nos hemos movilizado contra la empresa, porque la actividad que ellos estaban realizando nos está afectando lo que es la tierra y el agua, especialmente el agua. Esto era la preocupación, que más allá, en un año, dos años, el ojo de agua se pierda. Y también ya la tierra y el bosque quedan dañados. El medio ambiente es lo principal, es nuestra base para vivir. REPSOL finalmente, se fue después de una larga lucha, cuando ya se había hecho un acta de resolución con firmas, con la APG nacional. Del ministerio también han venido aquí para hacer una investigación, porque el problema estaba fuerte. La empresa, finalmente, no pudo realizar ninguna explotación de hidrocarburos, gracias a nuestra resistencia. Pero en realidad la actividad sísmica en su bloque la han terminado de hacer.

Mientras nosotros nos movilizábamos, ellos seguían trabajando, porque ellos económicamente son fuertes. Nos ha costado de frenar, pero este es el ejemplo que ha dado Tentayape para toda la zona del Chaco, para lo que son las organizaciones guaraníes. Entonces ha demostrado este ejemplo, esta lucha, porque a nosotros nos corresponde, nos hemos defendido por derecho, la tierra es nuestra.”

126

Hidrocarburos

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La Razón: www.larazon.com.bo

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La Prensa: www.laprensa.com.bo

www.bolpress.com

ERBOL: www.erbol.com.

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Hidrocarburos

Lista de SiglasAAC Autoridad Ambiental CompetenteANMI Area Natural de Manejo IntegradoAPG Asamblea del Pueblo GuaraníBG British GASCBH Cámara Boliviana de HidrocarburosCEDIB Centro de Documentación e Información de BoliviaCEJIS Centro de Estudios Jurídicos y SocialesCEADESC Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y

CulturalesCIDOB Comunidades Indígenas del Oriente BolivianoEEIA Estudio de Evaluación de Impacto AmbientalFA Ficha AmbientalFOBOMADE Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el DesarrolloGTL Compañía Gas to LiquidIDH Impuesto Directo a los HidrocarburosLA Licencia Ambiental LIDEMA Liga de Defensa del Medio AmbienteMMAA Ministerio de Medio Ambiente y AguasMMCD Millones de metros cúbicos por díaOIT Organización Internacional del TrabajoPNANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo IntegradoRASH Reglamento Ambiental del Sector HidrocarburosSAM Sociedad Anónima MixtaSERNAP Servicio Nacional de Áreas ProtegidasSNAP Servicio Nacional de Áreas ProtegidasTCO Tierra Comunitaria de Origen YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

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Hidrocarburos

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La exploración sísmica a cargo de PETROANDINA SAM (sociedad mixta PDVSA-YPFB) está en ejecución bajo el antecedente de los EEIA deficientes aprobados y de una consulta pública parcial y manipulada, que condujo al debilitamiento de las organizaciones indígenas Leco y Mo-setene. Existe un elevado riesgo de efectosdada la elevada fragilidad de los ecosistemas de la zona.

PETROANDINA SAM, constituida como empresa mixta en agosto de 2007, realizó una serie de compromisos de desarrollo que se encuentran re-flejados en seis contratos de exploración y explotación de áreas reservadas, los cuales fueron suscritos el 23 de abril de 2008 y aprobados por el Con-greso Nacional el 15 de julio de 2008. La protocolización de los contratos ante Notaría de Gobierno data del 18 de septiembre del 2008 y a partir de esa fecha viene ejecutando un “plan mínimo” de desarrollo, que se encuen-tra endosado en los mismos contratos de exploración y explotación.

De las 33 áreas bajo reserva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-nos (YPFB), PETROANDINA tiene la concesión más importante con cuatro bloques en el subandino norte (Madidi, Liquimuni, Chepite, Chis-pani y Sécure) y otros siete en el bloque del subandino sur (Aguaragüe Norte, Centro, Sur “A”, Sur “B”, Iñau, Iñiguazu y Tiacia). El sector del

130

Hidrocarburos

bloque Liquimuni, en su totalidad, comprende la zona de influencia inme-diata de la Reserva Pilón Lajas y el espacio tradicional de varios pueblos indígenas (parte de las Tierras comunitarias o TCO de las etnias Mosete-ne, Chimane y Leco), que abarca ecosistemas de elevada fragilidad ecoló-gica, pero también de una elevada riqueza de biodiversidad.

La escasa responsabilidad de la Empresa Estatal de Hidrocarburos (YPFB) se hizo evidente a inicios del 2009, al iniciar las actividades de exploración en el Norte de La Paz (bloque Liquimuni), dando lugar a un proceso viciado de inconsistencias, atentatorio a la Ley del Medio Am-biente y a la nueva Constitución Política del Estado.

Ya en el año 2008, se evidenció una aceleración en las labores de explora-ción sísmica en el sector Norte del bloque Liquimuni II, correspondiente con la TCO Mosetene, labores que, de acuerdo a lo manifestado por di-rigentes indígenas, habrían contravenido las disposiciones de la norma ambiental al haber intentado incursionar en dicha TCO sin que exista la aprobación específica del EEIA para esta fase y sector, ni contar con la respectiva licencia ambiental.

A ritmo vertiginoso, el Viceministerio de Hidrocarburos, a través de su ofi-cina ambiental sectorial, otorgó un tiempo excesivamente corto (menos de 24 horas y bajo presiones) a la Autoridad Ambiental Competente (AAC) para revisar y “aprobar” la Ficha Ambiental, contradiciendo los tiempos dispuestos en la norma (DS 29595), que es de 5 días hábiles y que incluso fue aumentada a 15 días hábiles por adecuación de dicho decreto. A esto se sumó la presión de YPFB para la agilización de las licencias ambientales, las que fueron emitidas a pesar de los EEIA deficientes presentados. Es necesario mencionar que antes de que la AAC categorice formalmente y apruebe la Ficha Ambiental, el EEIA para la zona de la TCO Mosetene (“bloque II”), ya estaba siendo finalizado (supuestamente bajo categoría I).

La Ficha Ambiental elaborada para PETROANDINA presentaba im-portantes inconsistencias respecto de los posibles impactos a los ecosiste-

131

Hidrocarburos

mas y notables vacíos en el tratamiento de aspectos sociales y culturales. Asimismo, los EEIA revisados (para Liquimuni I y II) mostraron igual-mente una bajísima calidad técnica y superficialidad. Fue muy llamativo que la Autoridad Ambiental Competente, haya aprobado dichos estudios de tan baja calidad (desde luego bajo la premura exigida por la autoridad de hidrocarburos). La respuesta de la ACC (el VMABCC) ha sido extre-madamente débil y complaciente a las exigencias del sector de hidrocar-buros (fuertemente respaldada por las máximas autoridades de gobier-no). Lógicamente mucho menos se podía esperar de la oficina ambiental sectorial, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

Las presiones del sector hidrocarburífero no permitieron que la ACC realice una adecuada labor de revisión, seguimiento y aplicación de las normas ambientales. La oficina ambiental más importante del estado está supeditada a los dictámenes y premuras del sector hidrocarburífero. Se puede percibir incluso una situación de velado autoritarismo sectorial, casi una figura de amedrentamiento hacia la ACC, la cual parecía no tener voz de réplica y contra argumento (al menos no se ha dado una vocería pública oficial desde el sector ambiental) ante las irregularidades del sec-tor hidrocarburífero y las empresas.

Un riesgo mayor proviene de las futuras operaciones en los bloques Río Hondo y Tuichi en la zona núcleo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNANMI) Madidi y las áreas de uso tradicional de la Reserva-TCO Pilón Lajas, cuyas operaciones están a cargo de empresas transnacionales que lograron contratos aprobados de operación en abril del 2007: PETROBRAS-TOTAL-Contrato Ley 3672/2007 y REPSOL YPF-Contrato Ley 3668/2007, y otras zonas reservadas para YPFB (D.S. 29130/2007), también previstas en la zona de influencia del Parque Nacional Madidi, para ser exploradas y operadas por PETROANDINA. En agosto del 2010, continuaban las presiones desde el Ministerio de Hidrocarburos para facilitar las exploraciones al interior de las áreas protegidas.

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Hidrocarburos

Según información de ERBOL (julio, 2009), la Empresa Mixta de Bo-livia y Venezuela, PETROANDINA, inició labores de exploración de crudo en el norte paceño en julio del 2009, tras recibir la licencia ambien-tal otorgada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía; pero según Energy Press (febrero 2010), el proceso exploratorio habría empezado en octubre del 2008 en la Zona de Achiri, al Norte de Caranavi, con la apertura o desmonte de las sendas sísmicas, quedando de manifiesto lo errático de la información al respecto a la fecha de inicio de actividades.

EXPLORACIÓN EN LIQUIMUNI ARRANCAFuente: El Diario, 28 de octubre 2008

Con una inversión total de 242 millones de dólares (cinco bloques), Petroandina SAM arranca hoy con actividades de exploración en la Fase Sísmica 2D en la Zona de Liquimuni, una de las cinco áreas que se asignó la empresa binacional. Petroandina SAM está conformada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en sociedad con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), con una mayoría accionaria para la estatal boliviana.

La sociedad anónima entre YPFB y Petroandina (PDVSA) es del 60 a 40% y las inversiones de 600 millones de dólares. El memorando de entendimiento firmado entre Bolivia y Venezuela, el 9 de agosto de 2007, precisa que YPFB asignará una o más áreas bajo su reserva a YPFB Petroandina SAM, para actividades de prospección y exploración conducentes a determinación y cuantificación de reservas y su posterior explotación. Al respecto, cabe recordar que se trata de Chispani con 755.209.62 hectáreas en la Zona 19, bajo reserva de YPFB, un área no tradicional, ubicado entre los departamentos de Beni, La Paz, y Cochabamba, comprende las provincias Moxos, Sud Yungas, Inquisivi, Ayopaya y el Chapare.

En tanto que Liquimuni dispondrá de un área de 675.000 hectáreas, también en la Zona 19, como reserva de YPFB en un área no tradicional ubicada en La Paz, provincias Franz Tamayo, Larecaja, Caranavi y Sud Yungas. Mientras que Chepite tiene 387.500 hectáreas para explorar, en la Zona 19 en reserva de YPFB en área no tradicional, en el Departamento de La Paz, provincias Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja.

A fines del 2009, se anunciaba que, de acuerdo a declaraciones de la em-presa mixta, la exploración sísmica 2D fue exitosa y PETROANDINA preveía la perforación de pozos exploratorios el 2010, con una duplica-ción del presupuesto inicialmente calculado en 45 a 93 millones de dólares (La Prensa, diciembre 2009).

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Hidrocarburos

En febrero del 2009, se anunciaba que el bloque Liquimuni ya contaba con datos de sísmica 2D, tras haber terminado la primera fase del pro-yecto de exploración petrolera en el Norte de La Paz, en cuyo proceso participaron 1.637 trabajadores provenientes de 337 comunidades locales de la región, según un informe de PDVSA (Cambio, febrero 2010). De acuerdo a información del Ministerio de Hidrocarburos, este proyecto es parte de uno más amplio que se desarrollará en base a la interpretación de los datos relevados y de acuerdo con el plan mínimo de exploración del Norte de La Paz, por lo que las actividades seguirán su curso una vez concluida esta primera etapa de exploración. La siguiente fase del proyecto consistirá en el análisis e interpretación de los datos relevados por expertos bolivianos y venezolanos, lo cual permitirá validar, delinear y prospectar trampas estructurales de gran complejidad asociadas a fajas plegadas; y mejorar las correlaciones tectónico-estratigráficas entre los diferentes trenes estructurales del área en estudio. Así también se podrán determinar espesores formacionales, continuidad lateral y límites de las unidades estratigráficas para obtener un mayor conocimiento de la geolo-gía regional y la factibilidad exploratoria para considerar su perforación futura (www.abrebrecha.com). Según el analista Carlos Miranda, (www.cbh.org.bo, 30 abril 2009), las probabilidades de encontrar combinacio-nes con mayor petróleo que gas son altas. A Noviembre del 2010, no se conocía información alguna sobre los resultados de las exploraciones sís-micas de Liquimuni.

Presión

impactos y Amenazas

El modelo extractivista primario y exportador, en el que el actual gobier-no ha impreso una inusitada premura y dedicación, abrió las puertas a las operaciones petroleras en las denominadas zonas no tradicionales con la

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aprobación de los contratos de operación (Leyes 3668, 3672, abril 2007), el otorgamiento de las zonas reservadas para YPFB el 2007, y la confor-mación de la sociedad YPFB-PDVSA (PETROANDINA SAM). Con-cretamente, este consorcio tiene contratos de exploración en Liquimuni (675.000 hectáreas), Chepite, Madidi (no en Río Hondo) y Chispani. También opera en la Zona 19, en las provincias Franz Tamayo, Larecaja, Caranavi y Sud Yungas. En Chepite abarca 387.500 hectáreas, cubrien-do las provincias Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja. Chispani tiene 755.209.62 hectáreas en la Zona 19, bajo reserva de YPFB (zona 19), y está ubicado entre los departamentos de Beni, La Paz, y Cochabamba. Comprende las provincias Moxos, Sud Yungas, Inquisivi, Ayopaya y el Chapare. El gobierno y el sector energético están absolutamente empeña-dos en expandir la frontera petrolera hacia las zonas de mayor biodiver-sidad de Bolivia.

Entre los años 2001 y 2002, la política estatal abierta a las transnaciona-les se plasmó en el otorgamiento de concesiones en el Norte de La Paz, propiamente en interior del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas. Tal es el caso de PETROBRÁS/TOTAL E&P y REPSOL YPF. Estas transnacionales son actualmente operadoras de los bloques Río Hondo y Tuichi, bajo una figura de migración de contrato de riesgo compartido a contrato de operación 2007, con la nueva Ley de Nacionalización. Estos consorcios están esperando desde 2002 la Licencia Ambiental para rea-lizar labores sísmicas, y el actual gobierno busca facilitar dicho proceso. A fines de ocubre del 2010, el Decreto Supremo 0676, paracía allanar las intenciones de YPFB y sus socias operadoras, oficializando una vez más las operaciones de exploración en dichos bloques.

De cualquier forma, las expectativas petroleras en el Norte de La Paz se remontan a la década de los 70. La región permaneció sin actividad has-ta 1976, cuando SUN OIL perforó Tuichi sin éxito. De esa fecha hasta

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1992, SHELL, UNION, ELF (ahora Total), TEXACO, HISPANOIL (ahora Repsol), PHILIPS, MOBIL y LONE STAR realizaron recono-cimientos sin perforar pozos. Previo a su capitalización en 1996, YPFB perforó un pozo en Liquimiri y dos en Tacuaral; todos sin éxito. En 1996, Total perforó el pozo Yariapo con resultados científicos alentadores, pero sin importancia económica real (Castrillo, 1986; C.Miranda,/ hidrocarbu-rosbolivia.com, 2009).

De los cinco bloques asignados a YPFB (Ley 3911 del 2008), cuatro afec-tan el PNANMI Madidi y la Reserva Pilón Lajas. El Parque Nacional Madidi enfrenta actualmente tres riesgos de operaciones de exploración:

a) Madidi (zona limítrofe a la zona de Liquimuni), donde PETROANDINA, el año 2009, habría realizado ingresos exploratorios de terreno sin las autorizaciones ni del Parque ni de las comunidades locales.

b) Río Hondo, en la zona núcleo (en mejor estado de conservación) del Parque Nacional Madidi.

c) Bloque Tuichi. Los bloques Río Hondo y Tuichi quedaron en suspen-so desde el año 2002 y 2004 respectivamente, debido a la superposi-ción con el Área Protegida, situación que YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos están esperando superar a partir de la flexibilización de las normas ambientales y el veto a las decisiones indígenas.

Actualmente, los bloques Tuichi y Río Hondo, en el Departamento de La Paz, están con relación contractual con dos transnacionales y bajo declaración de fuerza mayor por su ubicación en el sector de dos áreas protegidas (Parque Nacional Madidi - Pilón Lajas) y una decidida opo-sición de los comunidades indígenas a la ejecución de trabajos de explo-ración. El bloque Tuichi es operada por la compañía REPSOL YPF, que se encuentra sin actividad, por declaración de fuerza mayor al inicio de

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la fase 3, a partir del 5 de diciembre de 2002. REPSOL llegó a realizar trabajos de magnetometría aérea en la zona sobre una extensión de 5.790 Km. cuadrados. El bloque Río Hondo, cuyo operador es PETROBRAS Bolivia, también se encuentra sin actividad, por declaración de fuerza mayor a la conclusión de la fase 1, a partir del septiembre del 2004. La pe-trolera brasileña realizó también trabajos de magnetometría aérea sobre una extensión de 10.049,00 Km. cuadrados (Fund. Milenio-IBCE, 2007: Información Nacional de Coyuntura). La transnacional TOTAL partici-pa como socia accionista en los bloques Río Hondo con el 50%, junto con PETROBRAS (www.planguarani.com), en tanto REPSOL tiene contra-to de operación en el bloque Tuichi (CEADESC, 2008).

Expertos del sector manifestaron en alguna oportunidad que tanto PE-TROBRAS –TOTAL como REPSOL habrían desestimado antes del 2005 su ingreso al bloque debido a las bajas probabilidades de encontrar reservorios económicamente importantes, argumentando los obstáculos ambientales y sociales; cuando, en realidad, había la expectativa de ob-tener otras áreas de compensación. Sin embargo, los contratos de opera-ciones se mantuvieron vigentes luego del proceso de la nacionalización de abril del 2007. En abril del 2010, se anunciaba (Reporte Energía, Nº 32) que el Ministerio de Energía e Hidrocarburos se comprometió ante la comitiva de empresas brasileñas que visitó Bolivia, a inicios del 2010, a dar las condiciones técnicas y legales para viabilizar el desarrollo de los trabajos de exploración en el bloque Río Hondo que están a cargo de la empresa PETROBRAS.

A mediados del 2010, PETROBRÁS ya era anunciada a al prensa como operadora oficial del bloque Río Hondo dentro del Parque Madidi, ade-más de operar en los bloques Monteagudo (Chuquisaca), Ingre en Santa Cruz y los mega-campos gasíferos de San Alberto y San Antonio en Tarija (La Razón, 22 julio 2010).

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En agosto del 2010, se reactivaba la arremetida gubernamental para abrir las exploraciones petroleras en el interior de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, algo que quisieron lograr los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorque Quiroga, pero que no pudieron debido al rechazo de los movimientos sociales. A inicios de agosto del 2010, el Ministro de Hidrocarburos, Fernando Vincenti, anunciaba que “con la finalidad de dar viabilidad y comenzar la exploración petrolera, el Gobierno y las compañías debaten mecanismos para reanudar esta actividad en áreas protegidas”. Añadió: “Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y las petroleras “para establecer los costos de las facilidades que se requeriría” para levantar la “fuerza mayor” en varios bloques que tienen contrato de operación. (La Estrella del Oriente, 5 agosto 2010). El ministro Vincenti hacía referencia a los bloques Río Hondo, Tuichi, Amboró-Espejos y Chimoré-1, los cuales tienen contratos de operación “bajo causal de Fuerza Mayor”, por estar situadas en Áreas Protegidas tales como PNANMI Madidi, Reserva-TCO Pilón Lajas, PNANMI Amboró y PN. Carrasco. De igual manera, están “bajo causal de Fuerza Mayor”, por el impedimento de las comunidades locales, las áreas de contrato de exploración Sara Boomerang I y Sara Boomerang III en Santa Cruz (La Estrella del Oriente, 5 agosto 2010). Desafortunadamente, los futuros informes del seguimiento a estas pro-blemáticas podrían estar abocados al análisis y denuncia de los efectos y consecuencias de la exploración petrolera en regiones ecológicas de ele-vada fragilidad y deterioro de los medios de vida y organización de los pueblos indígenas.

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Avasallamiento neoliberal en el Parque Amboró (1997)Fuente: miGueL anGeL CresPo (ProBioma). exPLoraCión PetroLera Y deFensa deL Parque naCionaL amBoró. en inForme deL estado amBientaL 2007-2008. Lidema

El Parque Nacional Amboró (PNA), uno de los parques nacionales más importantes, no sólo del país sino del mundo entero, contiene tres ecosistemas muy vulnerables. La altitud del parque varía entre 200 y 2.800 msnm uno de los parques más ricos del mundo en diversidad. El PNA ha sufrido continuas amenazas, por ejemplo, a consecuencia de la aprobación del Código de Minería (en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada), prácticamente se cuadriculó las riberas del río Surutú, límite natural del Parque en la Zona Norte. Las organizaciones campesinas de Yapacaní, junto con los municipios, consiguieron revertir las concesiones.

Lo mismo ocurrió en 1997, cuando la empresa petrolera capitalizada ANDINA se hizo dueña de la concesión que pertenece al Bloque Amboró-Espejos, con una superficie de 320.000 ha, entre los cantones Florida y El Filo. El proyecto pretendía desarrollar seis líneas sísmicas, de 15 a 20 km de largo por 1,5 km de ancho. De acuerdo con el boletín informativo de la empresa, el impacto ambiental en la zona sería mínimo, porque no habría necesidad de construir caminos de acceso, ya que todo sería transportado por helicópteros. Pero, para llevar a cabo estas actividades, Andina tenía que ingresar a la zona establecida como Área de Protección estricta. Con dichos antecedentes, ANDINA presentó ante las autoridades gubernamentales de ese entonces, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) para su aprobación. Ante la falta de acción de las autoridades ambientales, las organizaciones campesinas plantearon su rechazo, determinando que no se permita ninguna actividad minera o hidrocarburífera en el PNA.

Los movimientos sociales decidieron no ingresar en el ámbito de la consulta pública, ni evaluar los EEIA, ya que sería aceptar que las actividades que pretendía realizar la empresa petrolera, podían ser motivo de una negociación; y el PNA no es negociable desde ningún punto de vista. Esta propuesta fue también asumida por las organizaciones campesinas, la Cámara Hotelera y otros movimientos urbanos que se sumaron a la defensa del PNA, como fue el caso del Grupo Ecológico Universitario, Grupo Ecológico América y los Comités de Fiscalización de la actividad hidrocarburífera de la Gran Chiquitanía, quienes iniciaron una campaña de recolección de firmas de apoyo, que fueron enviadas a las autoridades de gobierno. A pesar de este rechazo masivo, la empresa inició los trámites de Licencia Ambiental en la ciudad de La Paz. Esta situación promovió movilizaciones, marchas y bloqueos encabezados por las organizaciones campesinas de la Provincia Ichilo. Alrededor de mil campesinos iniciaron una marcha de protesta en la que recorrieron más de 20 km desde la localidad de Huaytú hasta la localidad de Buena Vista y bloquearon la carretera principal que une los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. El bloqueo duró 10 horas y fue levantado por acción de la Policía. Ante esta represión, los campesinos expresaron que seguirían con sus acciones hasta que la empresa Andina desista de su intención de ingresar al PNA.

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Sin embargo, el gobierno y la empresa persistían en continuar el proceso de trámite de la Licencia, amparados por la Ley de Hidrocarburos de entonces, en la que se señala de interés nacional cualquier actividad hidrocarburífera, aún por encima de las Áreas Protegidas. Esta posición fue rechazada por el movimiento campesino, amenazando ante tal situación con tomar el PNA si la empresa ANDINA ingresaba. Es más, amenazaron con “recuperar” más de 3.500 hectáreas cedidas para la creación del PNA e ingresar con 200 familias para habilitar tierras para la agricultura, aduciendo que la ley debía ser igual para todos. Por otra parte, la Cámara Hotelera de la mancomunidad Sara-Ichilo se pronunció, rechazando el ingreso de la empresa Andina, ya que la exploración petrolera afectaría a la inversión de la industria sin chimeneas, a la identidad cultural, religiosa y el ecoturismo, en los que se invirtieron millones de dólares.

Este proceso derivó en que, en marzo del 2001 y ante la presión social, el gobierno niegue la solicitud de la empresa ANDINA, declarando que a cambio se compensaría con otra concesión en el país, para que ejecute la exploración. De esta manera, la acción social logró frenar una intencionalidad que hubiera tenido serios impactos sociales y ambientales.

Operaciones en Liquimuni

La zona de Liquimuni no se encuentra dentro de un área protegida real, pero sí en una zona de influencia directa. Varios estudios indican que la zona es de alta fragilidad y sensibilidad ecológica, así como de una eleva-da biodiversidad que, además, presta diversos servicios ambientales a la región (www.bolpress.com).

Después de un año y cuatro meses de labor, la empresa mixta PETROANDINA realizó el registro sísmico número 43.284 sobre un área de aproximadamente 6.750 km. Cuadrados, el cual se había iniciado en octubre de 2008 (Cambio, 19 febrero 2010). Las operaciones se extendieron a la zona de transición de los departamentos de La Paz y el Beni, adentrándose desde el pie de monte a menos de 700 msnm, en las riberas del los ríos Alto Beni, Popoy, Boopi, hasta las zonas subandinas y de los yungas en alturas superiores a los 2.200 msnm (www.hidrocarburos.com, 18 febrero, 2010).

A fines del 2008, el Presidente del Directorio de YPFB – PETROANDINA (Nota: SAM Nº 134 01/10/08, dirigida al Ministerio de Hidrocarburos)

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solicitaba la autorización para realizar trabajos de prospección sísmica 2D del proyecto Lliquimuni, fuera de su bloque y explicaban que necesariamente debían ingresar al bloque Río Hondo. Estas líneas se encontraban al norte de las TCO Mosetene y progresaban hacia la región sur del Bosque Chimanes (Provincia Ballivián, Municipio de San Borja), evidentemente, fuera de un área protegida; pero al interior de la TCO Chimane TICH. El despacho jurídico del Ministerio de Hidrocarburos (Informe Legal Nº DGAJ – 0024/2009) concluía que la Empresa PETROANDINA, debía presentar una certificación del área donde realizará los trabajos de sísmica, demostrando que no está dentro de Tierras Comunitarias de Origen, o en su caso, debía realizar la consulta respectiva de acuerdo a lo que indica el Artículo 114 de la Ley Nº 3058. Hasta donde se ha indagado, dicho proceso de consulta no fue realizado formalmente y no siguió la norma con la organización matriz Chimane. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía (nota: MHE/2159 – DESP 924) notificó a PETROBRAS la necesidad de efectuar el Registro Sísmico en el bloque Río Hondo por parte de la Empresa PETROANDINA, a lo cual el consorcio operador del bloque Río Hondo, PETROBRAS-TOTAL E&P, respondió no tener objeción (nota: PEB-GG-CT-235/09). En tanto, la oficina jurídica solicitaba la autorización para el reconocimiento superficial de Río Hondo y sugería la emisión de la Resolución Ministerial correspondiente. El 15 de mayo del 2009, se emitía la Resolución Ministerial Nº 093/2009 que autorizaba de manera excepcional a la Empresa PETROANDINA SAM la realización de trabajos de Reconocimiento Superficial en las Líneas Sísmicas LQM – 08 – 28P, LQM – 08 – 30P y LQM – 08 – 32P. La misma resolución disponía que el Viceministerio de Desarrollo Energético, a través de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (Unidad de Medio Ambiente), una vez terminado el trabajo de reconocimiento superficial, quede encargado

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de evaluar los daños causados, a efectos de dar cumplimiento al Artículo 33 de la Ley Nº 3058.

El proceso anterior, que tenía carácter excepcional, no contó con un pro-ceso de consulta pública a las organizaciones indígenas regionales.

Hay situaciones de alta incertidumbre en torno a las operaciones de la empresa PETROANDINA, que exceden los aspectos socio ambientales. Toda vez que firmó al menos cinco contratos que eluden a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) y también a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), adscribiéndose únicamente al Código de Comercio. La so-cia minoritaria de PETROANDINA, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), pidió usar el Código de Comercio para las contrata-ciones. Expertos observaron la incongruencia de la medida en el procedi-miento, al ser una compañía con mayoría accionaria estatal. Así lo revela un informe del síndico, Amalia Gutiérrez, enviado al presidente de YPFB, Carlos Villegas. El analista en hidrocarburos Hugo del Granado coincidió en señalar que PETROANDINA es una compañía estatal, y que la Ley SAFCO fue elaborada para todas las empresas de esta índole, aunque sean petroleras. El Presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, ase-guró que PETROANDINA opera en el marco del Código de Comercio. Por lo tanto, “no se aplica la Ley SAFCO” (de Organización y Control Gubernamental), al enfatizar que “el Código de Comercio dice que con participación del Estado puede aplicarse” (La Prensa, 4 Octubre 2009).

A fines del 2009 e inicios del 2010, Liquimuni se convierte en el empren-dimiento más crítico impulsado por el gobierno en las zonas no tradi-cionales del Norte de La Paz; sin embargo, es sólo un acápite dentro de los planes del actual Gobierno, pues se mantiene vigente el grave riesgo de la exploración de los bloques Río Hondo (PETROBRAS-TOTAL) y Tuichi (REPSOL YPF-E&P), que compromete la zona núcleo y la

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de mejor estado de conservación del Parque Nacional Madidi, zonas de uso tradicional de la TCO Leco-Apolo y zonas de uso tradicional indíge-na Mosetene-Chimane en la Reserva-TCO Pilón Lajas (CPT-CIDOB, 2000; CEADESC, 2008).

En cuanto a Liquimuni, los pobladores indígenas ya han reportado daños a los ecosistemas y fuentes de agua, como en el caso de Villa Concepción en la región de Covendo (Com. per. Lorenzo Paredes, marzo, 2010), don-de nacientes de aguas afectadas por líneas sísmicas han experimentado drásticas reducciones de agua en plena época de lluvias. La afectación de venas de acuíferos en las serranías y ahuyentamiento masivo de fauna fue verificada a partir de testimonios tomados inclusive en la zona de coloni-zación de Palos Blancos, por el becario Iver Sarabia de PRODENA en agosto del 2010. En esta población existe malestar y preocupación incluso entre la población colona que avaló el proceso. Se espera un enorme nú-mero de impactos ocasionados en la fase exploratoria 2D en la totalidad del área afectada, considerando la fragilidad tectónica y ecológica de la región. Sin embargo, más intenso y aún más preocupantes que los impac-tos ambientales son los impactos sociales y culturales ocasionados en la región.

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Ecosistemas frágiles y cicatrices petroleras: Expedición al cerro La Boya Marco Octavio Ribera A.

Octubre 2010

El año 1986 una expedición de exploración y colecta biológica partió desde la Misión Fátima de Chimanes con rumbo al cerro La Boya. Reconocidos científicos como Stephan Beck, Mario Baudoin, Juan Pablo Arce, Adrian Forsyth, entre otros, participaron en dicha oportunidad. Navegamos durante dos días el río Chimanes y uno de sus afluentes hasta llegar al borde del cerro La Boya, una muy particular formación geológica en el subandino del sudoeste del Beni, parecida a un domo y conteniendo material de areniscas cuarzosas. Otros dos días más de caminata bajo persistentes lluvias nos llevó hasta la cúspide del mencionado cerro, a más de 800 metros de altitud por encima de los terrenos bajos de los valles subandinos. Allí nos encontramos con los pasivos de la exploración petrolera que había dejado la compañía Bolivian GULF el año 1962. Una pista de aterrizaje de casi dos kilómetros de largo ubicada en la cresta del cerro La Boya, mostraba el paisaje desolado y las fallas de la resiliencia de los ecosistemas tropicales de especial fragilidad, ante efectos masivos de la perturbación humana. Habían pasado más de treinta años y ninguna vegetación crecía en los centenares de metros cuadrados del tramo y solo algunos arbustos dispersos se veían a intervalos. La erosión laminar a expensas de las lluvias constantes, removía el terreno rojizo y varias cárcavas regularmente profundas cruzaban la pista en muchos lugares. En la actualidad, desde el aire a cientos de kilómetros de altura, a través del google earth, se puede ver la cicatriz dejada por la compañía petrolera.

Falencias en la consulta pública

El tema en debate es la forma errónea en que la empresa PETROAN-DINA y el organismo sectorial de hidrocarburos habría desarrollado la consulta pública (DS 29033 del 2007) en la zona indígena (Mosetene-Le-co-Chimane) del bloque Liquimuni, vale decir, sin considerar las instan-cias de representación regional, como define la norma, sino desarrollando reuniones parciales y separadas con diferentes comunidades, las cuales, además no habían sido previa y oportunamente informadas, como define el mencionado reglamento.

La consulta pública de acuerdo a la norma debía desarrollarse a nivel de las autoridades originarias de los pueblos indígenas Mosetene y Leco, principalmente. Si consideramos el caso de los Lecos, pero también el de los Mosetenes (caso TCO OPIM, afectada por la segunda fase Li-

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quimuni), son pueblos indígenas muy reducidos, en especial los Lecos, que constituyen una especie de relicto cultural (a pesar de su glorioso pasado guerrero, en especial en la guerra de Independencia), producto de sucesivos avasallamientos históricos (Diez Astete y Murillo, 1998). Su organización y consolidación tanto identataria como territorial fueron re-sultado de una ardua labor de muchos años. Sin embargo, en poco menos de seis meses, la empresa PETROANDINA (de la que es parte YPFB) y el Viceministerio de Hidrocarburos desbarataron, en función a sus in-tereses sectoriales, un logro de enorme valía cultural del país. Aún más, la propia Prefectura del Departamento, en el caso de los Lecos, propició la división de las organizaciones sociales, proveyendo personería jurídica en tiempo record a la facción indígena que había aceptado la exploración petrolera (Lorenzo Paredes: com.per. marzo 2010). Por otra parte, la em-presa petrolera y el propio Viceministerio de Hidrocarburos, ahondaron la polarización y antagonismo entre los pobladores colonos de la “zona sur” del bloque (Caranavi y Palos Blancos) y los pobladores indígenas Mosetene-Leco de la región norte de dicho bloque petrolero. Los planes del gobierno encontraron gran anuencia entre los pobladores colonos (y los municipios) que actuaron esencialmente bajo una figura politizada de “consigna de aceptación” a la exploración petrolera, en tanto que la resis-tencia indígena fue debilitada por la cooptación y manipulación de ciertos liderazgos.

Estos aspectos deberían ser investigados, pues incluso podrían tener al-gún tipo de responsabilidad legal en tribunales internacionales de dere-chos humanos e indígenas.

El proceso exploratorio de PETROANDINA significó, en resumidas cuentas, un avasallamiento a los espacios y organizaciones indígenas, tal como se analiza en adelante. En mayo del 2009, desde el Ministerio de Hidrocarburos, se informaba que se cumplieron las consultas públicas

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y que los trabajos contaban con la Licencia Ambiental correspondiente. Sin embargo, el Secretario de Recursos Naturales de la Central de Pue-blos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lorenzo Paredes, informó que el 11 de mayo del 2009, Hortensia Jiménez, del Ministerio de Hidrocarburos, convocó al Consejo Regional Tchimán-Mosetén (CRTM) para el proceso de consulta. Sin embargo, ya antes GEOKINETICS había ingresado a la zona; lo cual significa que la consulta habría sido inoportuna, contravi-niendo el DS 29033.

En julio del 2009, los dirigentes de los pueblos de la zona del bloque Li-quimuni denunciaban que PETROANDINA había incumplido la Ley de Hidrocarburos en el bloque Liquimuni, Norte de La Paz, porque los trabajos exploratorios habían comenzado sin la debida consulta pública, ni aviso a las comunidades. “Nosotros queremos que se cumplan las normas y procedimientos, tal cual señala la ley”, remarcó el Vicepresidente de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), Eddy Enríquez, al ase-gurar: “Estamos unidos todos los pueblos del Norte de La Paz para lograr que nuestros derechos se cumplan”. Por su parte, Alex Villca, Representante de la Comunidad San José de Uchupiamonas, quechua-tacana, del Norte de La Paz, manifestaba: “Los pueblos indígenas no hemos creado esas leyes o con-venios internacionales, no hemos sido nosotros los que hemos ratificado el Convenio Internacional 169 de la OIT. Sin embargo, con un gobierno indígena estamos siendo vulnerados en nuestros derechos” (CBH, ANF, junio, 2009).

Las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos aseguraron contar, des-pués de la “consulta pública”, con la autorización indígena y una lista con más de 2000 firmas, mientras que los representantes indígenas de la PILCOL replicaron que “esta cifra era sólo una fracción de las 9.000 personas de las comunidades de la región a ser afectada, y que en dicha lista existían incluso firmas de niños”. La manipulación de la empresa llegó a “crear” una organi-zación paralela que “apoyaba” la exploración hidrocarburífera, ofertando

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diversos apoyos y logrando dividir la organización indígena regional (La Prensa, julio 2009).

El testimonio directo y de comunicación personal de una de las principa-les autoridades indígenas del CPILAP (Lorenzo Paredes, com.per. marzo 2010) mostró el grado de arbitrariedad y carácter antiético de la Empresa PETROANDINA, cuando irrumpieron en una de las reuniones comuna-les en la región de Palos Blancos, lugar donde los líderes de la organiza-ción indígena explicaban las particularidades de la consulta pública. En dicha irrupción, la gente de la empresa ingresó sin permiso y “ofreció abier-tamente una parrillada” a los participantes, mientras hacían firmar unas pla-nillas de “asistencia” a los comunarios indígenas. Este tipo de situaciones vergonzosas y con una falta absoluta de respeto fueron utilizadas por la Empresa PETROANDINA para tratar de convencer sobre la realización de una “efectiva consulta pública”.

También en julio del 2009 (La Prensa, 30 julio 2009), las organizaciones indígenas del Norte de La Paz denunciaban que PETROANDINA ha-bía ingresado al PN Madidi sin ninguna autorización del Área Protegida, con el fin de inspeccionar la futura instalación de las líneas sísmicas. En la misma nota se denunciba que en el bloque Liquimuni, se realizó una consulta pública parcial (sólo con algunas comunidades, e incluso a nivel de familias) sin considerar lo dispuesto en la norma respectiva, la cual prevé la participación protagónica de las representaciones reconocidas por las comunidades. Los indígenas observaron que ni antes, ni duran-te la elaboración de dicho EEIA “casi finalizado”, se realizó la consulta pública formal, la cual establezca las normas ambientales y sectoriales vi-gentes. Según el Presidente de la Organización Indígena Matriz CIDOB, Adolfo Chávez, el conflicto en el Norte de La Paz se produjo debido a la inexperiencia de los funcionarios públicos que no supieron dialogar con las autoridades locales y comunales de dicha región (Reporte Energía,

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febrero 2010). En opinión de este líder indígena, “el error de las autoridades del sector y la empresa petrolera, fue no consultar con las máximas autoridades de la organización indígena y optar por consultas aisladas a líderes menores o incluso familias, al obviar el mecanismo aprobado por norma, no se respetó la estructura or-ganizacional y se cometieron manipulaciones. Se dedicaron a hacer churrascos para que la comunidad acepte, a cambio de obras que hasta el momento no han llegado” (Reporte Energía, febrero, 2010).

La Consulta Social en la Ley de Hidrocarburos

Fuente: J. CoeLLo 2008

La Ley 3058, como resultado de las conquistas del movimiento indígena, incorpora un título íntegro referido a la consolidación, en materia hidrocarburífera, de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y originarias y prevé los siguientes derechos:

• Consulta

• Compensaciones e Indemnizaciones

• Intangibilidad de sitios

• Servidumbres

La Consulta es obligatoria y debe ser realizada oportunamente y con carácter previo al desarrollo de cualquier actividad hidrocarburífera. El objeto de la Consulta es contar con el consentimiento o disentimiento de la comunidad o pueblo afectado y sus resultados deben ser respetados. La consulta de acuerdo a los incisos a) y b) del Artículo 115 de la Ley deben realizarse previamente a:

• La Licitación (posterior a la nominación de áreas de interés hidrocarburífero)

• Autorización (anterior a la explotación para la gestión comercial o económica)

• Contratación (anterior a la licitación y antes de la suscripción del Contrato Petrolero)

• Convocatoria (se entiende como Licitación)

• Aprobación de medidas, obras o proyectos ( la reglamentación deberá desarrollar las especificaciones)

• A la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) por la Autoridad Ambiental Competente (AAC) de acuerdo al RPCA.

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La Compensación entendida como un monto económico para impactos socio-ambientales negativos, directos, acumulado y a largo plazo, tomando como base el EEIA y otros medios que permitan valorar los daños no cuantificados. La Indemnización como medida por daños y perjuicios emergentes de las actividades, obras o proyectos y considerados en la medida de los perjuicios derivados de la pérdida de beneficios por actividades productivas, conocimientos tradicionales o aprovechamiento de recursos naturales.

La Intangibilidad de Sitios Sagrados y Áreas de Especial Valor Natural y Cultural, garantiza los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y originarias, sean de carácter individual o comunitario, eximiéndoles de los procedimientos de expropiación salvo que una Ley expresa declare la utilidad y necesidad pública, siempre y cuando tenga los estudios de evaluación de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales correspondientes y , en caso de emitirse esta declaratoria, un procedimiento justo de expropiación y una compensación territorial a favor del pueblo o la comunidad afectada.

Las Servidumbres para el caso de actividades de Transporte y Distribución de Gas por Redes e indistintamente del tipo de propiedad individual o comunal del pueblo o comunidad indígena, campesina u originaria y sujeta a un monto compensatorio por las afectaciones socio-ambientales que puedan sufrir, de acuerdo a los EEIA realizados.

Nota.- Estos aspectos están refrendados y profundizados en el DS 29033, que reglamenta la consulta y participación para actividades hidrocarburíferas en Tierras Comunitarias de Origen

Algo alarmante que se dio en la etapa álgida del conflicto en la zona fue que algunos funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos sugirieron “con enviar tropas militares y al ejército para romper la resistencia indígena”. (www.econoticiasbolivia.com). Casual y paradógicamente, justo por esas fechas, a inicios de junio del 2009, se producía la matanza de Bagua en el Perú. Las causas inmediatas eran dos decretos legislativos, el 994 y el 1090, relacionados con el régimen forestal y de acceso a la tierra, los cuales supuestamente invocaban la conservación de la biodiversidad y los dere-chos de las inversiones privadas, pero que en realidad tienen un trasfondo de abrir los recursos de la Amazonía a las multinacionales petroleras y mi-neras. A pesar de que dichos decretos legislativos evidenciaron contradic-ción a la constitución peruana, la posición del neoliberalismo de este país se orientó a complacer a su “gran socio” del norte y su enjambre de pira-ñas empresariales, es decir, PERENCO, REPSOL o PETROBRAS. Esa

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misma constitución vulnerada con la emisión de los decretos fue utilizada por lo jerarcas de turno para justificar la matanza indígena por el ejército y tildar de terroristas a los Kandozi, Shabi, Awajum, Wampi, Kishua, As-háninka (Clavero, 2009). Para colmo y mayor escarnio, la masacre de los indígenas amazónicos de Bagua se producía un 5 de junio, el día mundial del medio ambiente. Entonces, respecto de Liquimuni, ¿estábamos real-mente dispuestos a replicar esta iniquidad en nuestro territorio?

En resumen, se debe observar la poca seriedad con la que se ha venido abordando el tema de las consultas públicas en el país. No se debe olvidar que los gobiernos neoliberales, al amparo de la Ley 1689, otorgaron con-cesiones hidrocarburíferas en Áreas Protegidas y TCOs, sin que se con-sideren procesos de consulta o coordinación con las instancias del propio Estado ni de la sociedad civil. Se ha desconocido abiertamente las dispo-siciones normativas específicas en la materia. Tal es el caso de la Ley Nº 1257 que ratifica el Convenio Nº 189 de la OIT y reglamentos conexos, y el propio Régimen Especial de Áreas Protegidas, establecido por Decreto Supremo 24781 (RGAP), además de los decretos y leyes de creación de las Áreas Protegidas. Así, se puso en riesgo los objetivos de creación de las mismas por la intención de implementar los proyectos petroleros en zonas de alta sensibilidad ambiental. La exploración petrolera en la re-gión ha puesto en situación de riesgo a la organización social y los medios de vida de los pueblos indígena Mosetene, Leco-Larecaja, Leco-Apolo, Chimane, Quechua-Tacana, Tacana y Ese Ejja, así como a las colonias campesinas multiétnicas ribereñas del Río Beni y sus tributarios.

Un elemento muy crítico y preocupante en el avance petrolero al norte de La Paz es que en las regiones donde comenzarán los procesos de ex-ploración y eventual explotación petrolera, dentro del Parque Nacional Madidi, existen evidencias de la presencia de un pueblo indígena en ais-lamiento voluntario, los Toromona, sobre los cuales incluso existe un de-

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creto supremo del actual Gobierno para asegurar su protección. En dicha región podrían incluso existir otras poblaciones aisladas de otros grupos que se creen extinguidos como los Aguachiles.

Es importante a este último punto rescatar un evento homólogo suscitado en la Amazonía Peruana, precisamente a mediados del 2009. Cien días después de que las fotografías de uno de los últimos pueblos no contacta-dos en la región limítrofe entre Perú y Brasil aparecieran en los titulares de todo el mundo, el informe prometido por el Gobierno Peruano sobre este asunto no había sido aún hecho público. Las fotos tuvieron una gran repercusión en los medios internacionales y obligaron moralmente al Go-bierno a enviar un equipo de investigadores al interior de la selva. Se observó ahí los madereros ilegales en el lado peruano estaban arrasando la selva y habían obligado a otros indígenas aislados a trasladarse de Perú al Brasil. “Lo que está ocurriendo en esta región [de Perú] es un crimen descomunal contra la naturaleza, los indígenas, la fauna, así como una prueba evidente de la completa irracionalidad con la que nosotros, los “civilizados”, tratamos al mundo, casa de todos nosotros”, afirma José Carlos dos Reis Meirelles Júnior, un experto en indígenas aislados del Gobierno Brasileño, que estaba en el avión desde el que se tomaron las fotografías. El Presidente peruano A. García, desde su visión desarrollista que impulsa a ultranza, insinuó pú-blicamente que talesindígenas aislados no existían y que fueron “creados por los medioambientalistas” que se oponen a la exploración petrolífera en la Amazonía. Otro portavoz incluso llegó a compararlos con el monstruo del lago Ness. En realidad hay quince pueblos indígenas aislados en el Perú, todos ellos bajo la amenaza de la tala masiva y de las exploraciones petrolíferas, y de gas (Ecoportal, mayo 2009).

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Más exploraciones

El caso de Liquimuni y las zonas asociadas de Chepite y Chispani parecen ser sólo un acápite de los planes gubernamentales. En julio del 2009, se anunciaba que el gobierno boliviano daría inicio de exploración de hi-drocarburos en el bloque norte del país, que comprende La Paz, Pando y Beni, con la participación de YPFB, en sociedad con la privada Gas To Liquid Internacional (GTLI). En ese sentido, se destaca la aprobación en el Senado de un proyecto de ley para la conformación de una compañía mixta entre la Estatal YPFB y GTLI. Como parte de esa labor, en el Nor-te del Departamento de La Paz, específicamente en la Provincia Iturral-de, se trabajaría un millón de hectáreas para hacer estudios de búsqueda de petróleo. La inversión estimada en esa región ronda los 800 millones de dólares para las fases de exploración y explotación (www.patrianueva.bo, julio 2009). Estos anuncios se plasmaban a partir del Decreto 0676 emitido a fines del año 2010.

De acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos, existe un gran optimismo en este proyecto, debido a que en la estructura en la cual se está realizando esta fase de exploración es relativamente similar a la que tienen los bloques en Camisea, en la región del Perú”. De acuerdo a las proyecciones, en no más de seis meses comenzaría la explotación de hidrocarburos en el Norte de La Paz, consolidando un proyecto “largamente anhelado”. El Prefecto de La Paz, Pablo Ramos, apoyó el pedido del presidente Evo Morales a la Cámara de Senadores para que se sancione lo antes posible una ley que apruebe el contrato con la empresa GTLI y apresure la exploración de hidrocarburos en el Norte de La Paz. El Prefecto de La Paz explicó que esa empresa tiene un equipo con el cual se puede perforar a mayores pro-fundidades. “Mi pedido a los movimientos sociales es presionar al Senado para la aprobación de la Ley”, dijo el Prefecto a los pobladores de Ixiamas, Tipuani, Guanay, Mapiri, Tacacoma y Teoponte, quienes asistieron a una inaugu-

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ración del Coliseo Cerrado de Apolo (eaebolivia.com, junio 2009). Esto se puede interpretar como una clara forma de manipular la presión social para lograr de cualquier forma el apoyo a los megaproyectos, algo que no se había visto de una forma tan explícita en el pasado.

En julio del 2009, el gobierno anunciaba el inicio de exploración de hi-drocarburos en el denominado bloque Norte o bloque Río Beni, que com-prende La Paz, Pando y Beni, con participación de YPFB, en sociedad con la empresa GTLI-GAS TO LIQUID INTERNACIONAL (Erbol, 10 julio 2009). Esto refleja el decidido apoyo del gobierno a la inversión privada para la exploración de hidrocarburos en el bloque Norte del país, en este caso, en manos de la privada GTLI y, de ese modo, continuar con un modelo de desarrollo basado en el extractivismo transnacional. Con estas acciones, sigue consolidándose el patrón expoliador de materias pri-mas, contrario a la lucha de los movimientos sociales por proteger del gran impacto negativo que se causa en el medio ambiente. De cualquier forma, a mediados del 2010, no se conocía información precisa y concreta sobre cuáles son las acciones y zonas (supuestamente es el bloque Río Beni) en las cuales YPBFB-GTLI estarían operando con la sísmica 2D, o si las operaciones están paralizadas.

Respuesta

Ante las presiones de una exploración petrolera con deficiencias en el manejo de la instrumentación de la gestión ambiental y notables fallas en el manejo de la consulta pública, las respuestas provinieron de las re-presentaciones sociales indígenas de los pueblos directa o indirectamente avasallados y de organizaciones ambientalistas comprometidas con los movimientos sociales desde hace décadas.

La respuesta del gobierno desde las oficinas de la ACC se caracterizó por una inusitada debilidad, en la que primó un absoluto silencio y pasividad

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hacia el preeminente sector hidrocarburífero. No se llegaron a conocer expresiones de reflexión y reclamo en favor del cumplimiento de las nor-mas ambientales y sociales, o el respeto de los derechos indígenas. En tan-to que desde la instancia sectorial (Oficina Ambiental de Hidrocarburos), el accionar estuvo marcado por una absoluta discrecionalidad y franco apoyo al consorcio petrolero, así como por una falta de consistencia en la aplicación correcta de las normas e instrumentos de gestión ambiental. Por su parte, las máximas autoridades del gobierno del Estado Plurina-cional de Bolivia, defendieron a ultranza a la oficina de hidrocarburos y a la Empresa Petrolera (PETROANDINA), poniéndose abiertamente en contra de los pueblos indígenas afectados que reclamaron sus derechos amparados en las normas y la nueva Constitución Política del Estado.

Desde las organizaciones sociales, en marzo del 2009, se daba a conocer el pronunciamiento de los pueblos indígenas del Norte de La Paz, como reacción a las acciones desordenadas que llevó adelante la oficina de hi-drocarburos y la Empresa PETROANDINA.

ASAMBLEA CONSULTIVA DEPARTAMENTAL: Santa Ana de Mosetenes 21 al 23 de marzo de 2009En la población de Santa Ana de Mosetenes, en el gran Salón Tamarindo, las organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía del Departamento La Paz: Consejo Indígena del Pueblo Takana (CIPTA), Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), organización del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), Organización del Pueblo Indígena Mosetene (OPIM), Consejo Regional T’simane Mosetene (CRTM), Pueblo Indígena Quechua Takana de San José de Uchupiamonas (PIQT-SJU), Comunidad Originaria Agroecológica Mosetene de Palos Blancos (COAPB) y Comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo, todas afiliadas a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), reunidas en Asamblea Consultiva Departamental, han realizado un amplio análisis y debate sobre la temática de hidrocarburos, en especial el avance que se está dando en el marco del proyecto de prospección sísmica 2D del bloque Liquimuni, que afecta directamente a las TCOs de los pueblos Mosetene y Leco de Larecaja e indirectamente a los pueblos T’simane-Mosetene de Pilón Lajas, Leco de Apolo y la Comunidad Agroecológica Mosetene de Palos Blancos.

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CONSIDERANDO:Que, CPILAP permanentemente ha ratificado su posición en el tema Hidrocarburos manifestada en sentido de que “COMO CPILAP ENTENDEMOS LA IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL NORTE DE LA PAZ PARA IMPULSAR EL PROCESO DE CAMBIO EN EL DEPARTAMENTO Y EL PAÍS EN SU CONJUNTO, POR LO QUE RESPALDAMOS ESTE PROCESO. SIN EMBARGO, NUESTRO PLANTEAMIENTO SE AMPARA EN EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS, PRINCIPALMENTE LOS REFERIDOS A LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN, PREVIA E INFORMADA, Y AL DERECHO A LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IMPACTOS, ASÍ COMO A UNA COMPENSACIÓN O INDEMINIZACIÓN DIGNA Y ADECUADA POR LOS IMPACTOS NEGATIVOS INTEGRALES, QUE ESTA ACTIVIDAD PUEDE GENERAR EN NUESTROS PUEBLOS, PARA VIVIR BIEN”.

CPILAP, mediante varias Resoluciones fundamentadas en informes técnicos, ha observado permanentemente los irregulares procedimientos, el incumplimiento de las normas y el no respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por parte de la empresa y el propio gobierno nacional, en el desarrollo del proyecto de prospección sísmica 2D del bloque Liquimuni.

Los pueblos indígenas de la Amazonía de La Paz, en Asamblea Consultiva Departamental del CPILAP, en uso de sus legítimos derechos amparados por la Constitución Política del Estado, la Ley y en base a normas y procedimientos propios resuelven:

Ratificar todas las decisiones asumidas en la Asamblea Consultiva de Guanay de Octubre de 2008, ratificadas en la Asamblea Extraordinaria de Palos Blancos y en la Comisión Departamental, realizada en la ciudad de La Paz, exigiendo el cumplimiento de todos los puntos manifestados en esa resolución. Asimismo, se define incorporar a la instancia de negociación del CPILAP a representantes de los Directorios de los pueblos y a autoridades de las comunidades afectadas.

Ratificar la demanda de que tanto la empresa como las instancias del gobierno nacional, respeten la instancia orgánica, legal y legítimamente constituida y dejen de lado sus intentos por romper la estructura orgánica del CPILAP y de dividir la organización, recurriendo a la prebenda, la calumnia y la difamación.

Censurar y declarar personas no gratas y enemigas de las organizaciones indígenas del Norte de La Paz a la Sra. Jacqueline Gutiérrez López y al Sr. José Luis Villarroel, empleados de la empresa YPFB PETROANDINA SAM, exigiendo que las personas mencionadas no sean parte de ninguna reunión futura, que se realice con las organizaciones afiliadas a CPILAP.

Exigir a la empresa YPFB PETROANDINA SAM, que no siga con sus intenciones de quebrantar y vulnerar la estructura orgánica de CPILAP, ingresando directamente a las comunidades, sin respetar las instancias orgánicas legal y legítimamente constituidas.

Las comunidades indígenas que habrían demandado que los proyectos exploratorios se paralicen, por daños al medio ambiente, fueron las Mo-

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setene de Simay, Santa Ana y San Pedro, y las comunidades de Leco de Michiplaya, Mariapu, Nueva Generación, Santa Rosa de Carura, Caru-ra, Candelaria, Barompampa y Tutilimundi (plataformaenergetica.org./ CEDLA 26 marzo, 2010).

La sociedad civil también se manifestó al respecto. En abril de 2009, una carta abierta de la organización FOBOMADE, dirigida al presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, y titulada “Por una Amazonía sin Petró-leo”, entre sus partes más sustanciales mencionaba:

y El 2006 el Estado boliviano creó la Zona Intangible y de Protección Integral de Reserva Absoluta, para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario Toromonas, comprometiéndose a respetar sus formas de vida individual y colectiva. Con la nueva Constitución, el Estado Boliviano (Art. 31) perfeccionó dicha resolución, comprome-tiéndose a proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, que habi-tan en el territorio nacional, evitando que sean perseguidos, acosados y exterminados por grandes proyectos que se instalan en sus zonas de vida, que los asfixian hasta desaparecerlos. A pesar de ello, el 2008 se firmó contratos petroleros precisamente en el área de protección, con la Empresa PETROANDINA SAM, a la cual, entre mayo y agosto de 2007, se le adjudicó más de 3 millones de hectáreas, además de que se renovaron los contratos petroleros con Repsol YPF, Petrobras, Total E&P, en una superficie de 1 millón y medio de hectáreas, todo ello, en la Amazonía.

y La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha recono-cido el derecho de los pueblos al desarrollo con identidad. “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y otros programas económicos y sociales que les conciernan, y en

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lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones”. Si el Estado pretende aplicar una estrategia de desarrollo nacional, en relación a los pueblos indígenas, la concertación de las políticas que puedan afectar sus terri-torios y sus tierras es fundamental, pues de lo contrario, se estaría aplicando la misma vieja política de implantación verticalista de los proyectos de explotación, que van,”sí o sí”.

En julio del 2009, y como un corolario a la problemática socio ambiental de Liquimuni, y otras iniciativas extractivistas en el país, un importante conjunto de organizaciones indígenas y originarias emitieron un pronun-ciamiento en contra de las políticas desarrollistas y de avasallamiento de las Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias, lo cual incrementó aún más la posición defensiva en la que se encontraba el gobierno. Reunidos en La Paz el 7 y 8 de julio, los representantes de los pueblos indígenas origina-rios y campesinos de Bolivia habían exigido al gobernante de Bolivia que consulte y respete la decisión de los pueblos sobre las actividades mine-ras e hidrocarburíferas en sus comunidades. Los indígenas conminaron al Presidente Morales a detener los trabajos petroleros que se iniciaron en la Amazonía y otros emprendimientos mineros en el altiplano, considerando que se trata de un atentado contra el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades. “Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la con-servación de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en Áreas Protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de actividades hidrocarburífe-ras y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales”, advirtieron los originarios.

Los representantes indígenas y campesinos retaron a los gobernantes a debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo sostenible y a definir una justa distribución de las riquezas generadas por la explotación del gas y los minerales.

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Entre los aspectos más destacados de las resoluciones de dicho Encuentro de las

Organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas del país, del 8 de julio del

2009, sobre el tema hidrocarburífero, se menciona:

y Nosotros como afectados de los impactos negativos a los sistemas eco-nómicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la ex-tracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros terri-torios, sin que los mismos tengan solución por parte del gobierno y sus ministerios.

y Conocedores que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de nor-mas en relación a la industria minera e hidrocarburífera, normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, construi-das sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado.

y Que los conflictos suscitados por la extracción de los recursos naturales, entre las organizaciones indígenas originarias campesinas con empresas privadas/públicas y el Gobierno, por el desarrollo de actividades extrac-tivas en hidrocarburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria.

y Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación a Pueblos Indí-genas Originarios y Comunidades Campesinas para actividades hidro-carburíferas, afectando a las instancias de representación de las nacio-nes y pueblos indígenas originarios y dividiendo a sus organizaciones, con el fin de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.

Por Tanto, Resolvemos:

TERCERO.- En lo referido al tema hidrocarburífero, exigimos la participación de las organizaciones indígenas originarias y campesinas en las decisiones que tome el órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburtos, Ministerio de Medio Ambiente

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y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas, originarios y campesinos, establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes.

CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Moseten y Lecos, integrantes del CPILAP, para obtener res-paldo y otorgar la Licencia Ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participa-ción conforme a la normativa y lo señalado en la Constitución Política del Estado.

Exigimos la nulidad de los procesos de consulta desarrollados, omitiendo y vulne-rando los derechos, lo que puede implicar incluso la revisión y en su caso la nulidad de la licencia ambiental para las operaciones hidrocarburíferas y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II bloque Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíferos de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Ama-yapampa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los suyus, marcas y ayllus del CONAMAQ.

La posición del gobierno, y la del propio Presidente de la República, tuvo una alta dosis de agresividad hacia la misiva enviada y puesta en la WEB. Las contra-argumentaciones del gobierno a la misiva fueron notoriamente insustanciales y difícilmente podían resistir un análisis medianamente crí-tico. Se informaba en los medios de prensa nacional (Econoticias Bolivia, julio, 2009) sobre la decisión de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia, de impedir que se emprendan nuevas operaciones petroleras y mineras en sus territorios, es decir, en la Amazonía, los valles y el Al-tiplano, sin su expreso consentimiento y previa consulta. Esto enojó al presidente Evo Morales, quien manifestó: “No solamente hay una oposición que son los neoliberales, sino también alguna oposición de algunas ONGs que van desorientando al pueblo boliviano (…) Algunas ONGs decían “Amazonía sin petró-leo (...) eso quiere decir que no haya gas ni petróleo para los bolivianos. Entonces ¿de

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qué Bolivia va a vivir si algunas ONGs dicen Amazonía sin petróleo?”,….”Algunas ONGs usan a algunos dirigentes sindicales o al movimiento indígena para oponerse y se oponen y no nos facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo; por supuesto, cuidando el medio ambiente. Es nuestra obligación”.

Similar postura defensiva y de ataque a las ONG´s y organizaciones so-ciales tuvo el entonces Ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca, quien una supuesta injerencia de organizaciones no gubernamentales con ase-soría extranjera, con objetivos de entorpecer los proyectos hidrocarbu-ríferos en el Norte del Departamento de La Paz: “Bajo falsos argumentos en defensa del medio ambiente, algunas agrupaciones indígenas y originarias han cuestionado las labores de exploración y perforación de carburantes, pero sin los datos reales” (www.patrianueva.bo), negando la vulneración de las normas y procedimientos sociales y ambientales. Los desmentidos y la postura de las declaraciones del ex ministro Coca se comparan a las expresiones del ex ministro Echazú, en el caso de las acciones similares de COMIBOL en Coro Coro (ver capítulo de Minería en esta serie).

El discurso gubernamental de julio del 2009 es muy similar a declara-ciones oficiales emitidas en otras épocas, como lo manifiesta la nota en el siguiente recuadro:

Se repite la historiaFuente: eL diario, sePtiemBre de 2004

Organizaciones como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y el Foro Boliviano del Medio Ambiente (FOBOMADE) denunciaron que en los últimos años, los gobiernos de turno han otorgado una serie de concesiones a las empresas petroleras, que se sobreponen a las áreas protegidas (AP) del país. El Ministro de Desarrollo, Gustavo Pedraza, reconoció la existencia de la actividad petrolera en éstas áreas, pero, garantizó que las empresas cumplen con la normativa y están obligadas a mitigar posibles daños ambientales e implementar planes de reforestación: “La legislación permite realizar actividades petroleras dentro del Área Protegida, siempre y cuando se tenga cuidado, no es ilegal y no podemos oponernos si es que las empresas se sujetan en forma estricta, a lo que establece la reglamentación de áreas protegidas”.

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Pedraza manifestó que muchas de las denuncias de daños al medio ambiente derivados de la actividad petrolera, a veces contienen demasiada carga política y obedecen a intereses de grupos que no desean que el país siga preservando áreas protegidas, a fin de explotar libremente, por ejemplo maderas tropicales.

De acuerdo a datos del propio Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), las empresas petroleras se adjudicaron 11 Áreas Protegidas para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica, poniendo en riesgo a la fauna, flora y el desarrollo armónico de las comunidades originarias, asentadas en éstas zonas.

Al respecto de la denuncia oficial sobre la “manipulación de los indíge-nas” por las organizaciones ambientalistas, se puede mencionar que esa es una visión paternalista que menosprecia las capacidades y el valor de crítica, denuncia y empoderamiento que han alcanzado los Pueblos In-dígenas. Es parte de un discurso devaluativo y reduccionista que asume que los indígenas no pueden pensar por sí mismos. Este tipo de críticas serían creíbles en regímenes abiertamente neoliberales, como el del Perú actualmente, pero suena a paradoja en el caso de Bolivia. Todo lo que está aconteciendo en el país es que el modelo desarrollista -”socialista”, no dista demasiado, de los modelos neoliberales en términos de generación de impactos ambientales y vulneración de los derechos de las minorías culturales, ni dista mucho de lo que está aconteciendo en el Perú, Brasil o Chile.

El modelo extractivista - economicista del MAS se debate en el doble discurso. No sólo es el tema hidrocarburífero, el campo de la vulneración, sino el energético en general (mega represas, geotermia en áreas protegi-das de alta fragilidad, minería, complejos agroindustriales cañeros en la Amazonía, etc.). El panorama es desolador y ahora, a diferencia de hace seis o diez años, no hay contenciones sociales relevantes (los pueblos indí-genas de Amazonía y Chaco son minorías con poco chance), que puedan contrarrestar las políticas desarrollistas del gobierno, las cuales llegan a contar con el abierto apoyo de las instancias cívicas y municipales en las regiones productoras que avalan los procesos de extracción de recursos,

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debido a la expectativa de los recursos monetarios impositivos (ejemplo IDH y regalías).

Al igual que en la región sur del país, las alcaldías del norte de La Paz tienen expectativas positivas sobre la explotación petrolera en la región. Sin embargo, estos beneficios se quedan en los niveles prefecturales y mu-nicipales, y no llegan a las poblaciones indígenas (caso de la región Gua-raní). En resumidas cuentas, existe doble paradoja: reciben los impactos sociales y ambientales y no ven ningún beneficio económico sustancial.

Otro frente de conflicto y reclamo surgía hacia fines del 2009, c causa de que supuestamente los indígenas demandaban a las empresas petroleras que operan en sus territorios compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes. Para el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desa-rrollo (FOBOMADE), estas peticiones son justas y no sobredimensio-nadas, como las calificó el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, quien acusó a los pueblos indígenas y a organizaciones campesinas de obstaculizar la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con YPFB, y que debían invertir este año 600 millones de dólares. Dijo que no se opone a sus exigencias, sino a lo “sobredimensionado de sus demandas”: “En muchos casos esa demanda y compensación, excede con creces a la disponibilidad de la empresa; inclusive no guarda proporción con lo que piden versus las inversiones que realizan estas” (La Razón, 22 septiembre 2009).

Martín Gutiérrez, miembro del equipo legal de FOBOMADE, conside-ró que las demandas son justas y que las petroleras tienen una deuda histórica con las poblaciones y comunidades donde desarrollan sus labo-res. Afirmó que las empresas y el gobierno han violado las normas y la Constitución Política del Estado, donde se establece la consulta social. Recordó que el problema con los indígenas no sólo se da en la región del Chaco sino también en la Amazonía, donde la Empresa PETROANDI-

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NA realiza trabajos de exploración, sin cumplir las normas y sin respetar la propiedad privada ni áreas protegidas (La Razón, 22 septiembre 2009). Según la posición en dicho Foro, al determinar áreas de exploración, no se ha informado debidamente a la población que iba a ser afectada; se ha incumplido la Constitución, la Ley de Hidrocarburos y los reglamentos. En la Ley se señala que previamente a definir nuevas áreas, se debe reali-zar un estudio ambiental estratégico, y eso tampoco se ha hecho”.

En tanto, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, censuró lo dicho por Villegas y criticó por no haberse reunido con las Etnias del Oriente para coordinar las labores pe-troleras que se pretende realizar. “Nosotros nunca hemos dicho que no haya tal trabajo, lo que se quiere es coordinar” (La Razón, 22 septiembre 2009).

También en septiembre de 2009, se manifestaba en la prensa que el go-bierno, a través de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Hi-drocarburos y Energía, elaboraba una norma que evitaría “la obstaculiza-ción de las inversiones en las áreas petroleras” y que sería socializada en cuanto sea concluida. El propio presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció que el Ministerio trabaja en una norma para que en el futuro no haya obs-táculos para la inversión” (La Razón, 22 septiembre 2009). Por supuesto, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), desde su presidente, José Magela, apoyaba la posición del presidente de YPFB, contrario a los de-rechos y reivindicaciones indígenas. Mencionaba que “Las petroleras tam-bién son víctimas de chantajes, además de recibir demandas sobredimensionadas de los indígenas, también son víctimas de chantajes derivados de bloqueos de caminos”, y “Los comentarios del presidente de YPFB, Carlos Villegas, son muy acertados en relación a que las comunidades indígenas están sobredimensionando sus deman-das por compensaciones e indemnizaciones” (EFE-La Razón, 22 Septiembre 2009). En resumen, “los lobos se sienten atacados por los corderos”.

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Desde mediados del 2009, no se conoció nuevos pronunciamientos de los sectores sociales directamente afectados por el proceso exploratorio, en este caso el pueblo indígena Mosetene. Muy al inicio del 2010, se dio una voz de rechazo a la tercera fase de la exploración sísmica en la TCO Mosetene. Curiosamente, esto vino de la parte de las comunidades que el año 2009 apoyaban la exploración (es decir que fueron cooptadas por la empresa), las cuales denunciaron el incumplimiento de PETROAN-DINA en el apoyo comprometido a proyectos de desarrollo en las co-munidades, lo que fue calificado como un engaño (La Razón, 15 enero 2010). Es decir, esta empresa petrolera mixta, no sólo dividió y debilitó la organización indígena, con maniobras manipulativas de una consulta pública deficitaria, sino que además engañó a los indígenas con promesas incumplidas.

Poco después, en marzo del 2010, ocho comunidades de las Tierras Co-munitarias de Origen (TCO) Mosetene, se reunían de emergencia en la ciudad de Santa Cruz con la CIDOB para definir medidas que se toma-rán en contra de la Empresa Estatal Boliviana-Venezolana PETROAN-DINA, después de que ésta incumpliera con los proyectos de desarrollo a cambio de la exploración de petróleo en esa zona. De acuerdo al Cacique Mayor de la OPIM, Daniel Gigasi: “Nos hemos cansado de que nos prometan y no cumplan. Tomaremos medidas ante el incumplimiento, porque nuestros derechos han sido vulnerados, porque como dirigentes no fuimos consultados para que se inicie con la exploración y al contrario sólo nos dividieron a cambio de proyectos que no se cumplen” (Plataformaeneregtica.org, 26 marzo 2010).

Según esta autoridad indígena, “los daños causados por las pruebas sísmicas son “incalculables” en los miles de kilómetros que constituyen las Tierras Comunitarias de Origen Mosetene, pero PETROANDINA no quiere hablar de la compensación y exige que se le muestre con hechos de cuáles son los efectos que se ha causado con la exploración” (Jornada.net/ERBOL, 29 marzo, 2010). Según los dirigentes

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de la CPILAP, este problema es resultado del engaño de la empresa petro-lera, pero también de la falta de convicción y responsabilidad de algunas comunidades y autoridades de la TCO Mosetene y la OPIM, quienes aceptaron el ingreso a su TCO a cambio de compensaciones que ahora no ven. Por nuestra parte, observamos con preocupación la facilidad con la que todavía pueden ser engañados algunos dirigentes y comunidades indígenas, al mismo tiempo de confirmar, una vez más, la perversidad con la que siguen actuando las empresas petroleras.

En otros ámbitos de la respuesta a los problemas generados por la explo-ración - explotación de los hidrocarburos, se debe mencionar el referido a la generación de información sobre los impactos ambientales. El Reino de Holanda destinó un fondo de casi un millón de bolivianos para la rea-lización de estudios ambientales relacionados a las actividades hidrocar-buríferas en Aguaragüe y Norte de La Paz (Diciembre, 2009). Holanda financiará dos estudios ambientales en áreas con potencial hidrocarburí-fero en el Parque Nacional Aguaragüe y las Áreas Protegidas de La Paz y Beni. La donación suma 978.502 Bs. Además, dona 33,74 millones de Bs, equivalente a más de 4,77 millones de dólares, como fondos destinados al Programa Estratégico de Fiscalización y Control Social en el Uso de los recursos de la tierra y los bosques, administrado por la Autoridad Secto-rial. Los convenios de donación por cerca de 5 millones de dólares fueron suscritos entre el Ministerio de Planificación y el Embajador de los Países Bajos. La evaluación ambiental estratégica del sector hidrocarburos en las áreas protegidas del Norte del país brindará información para identi-ficar y prevenir posibles impactos ambientales en estas zonas con interés petrolero. Los estudios se realizarán en ocho fases, incorporando la parti-cipación de las comunidades originarias, indica un informe del Ministerio (Hidrocarburosbolivia.com; diciembre, 2009). Llama la atención que, en este proceso coordinado por el Ministerio de Planificación, sin embargo,

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que parezca estar ausente la participación de la AAC (Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambios climáticos) del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas.

A inicios de agosto del 2009, no se conocía todavía ninguna reacción so-bre las lamentables declaraciones del Ministro Vincenti en torno a la “bús-queda de facilidades” para el ingreso de las empresas petroleras PETRO-BRAS -TOTAL E&P y REPSOL YPF a los bloques, lo cual afectaría a las zonas mejor conservadas del Parque Madidi y la Reserva Pilón Lajas. Es posible que el ya mencionado Decreto 0676, se la funesta llave que abra es posibilidad.

el corredor ishipingo-Tambococha-Tiputini o iTT del ecuador

Respecto de la economía post-petrolera y post extractivista que parece al-borar con dificultades en el hermano país del Ecuador, la propuesta ecua-toriana ITT (en referencia al corredor petrolero Ishipingo-Tambococha-Tiputini), consiste en no explotar las reservas comprobadas de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, uno de los más importantes del Ecuador y Sudamérica, si la comunidad internacional llegara a compensar al Ecua-dor con al menos la mitad de las rentas que recibiría por la explotación de ese crudo. La propuesta fue presentada por el presidente del Ecuador Rafael Correa el año 2007 ante las Naciones Unidas (Acosta et al. 2009).

La iniciativa apunta a evitar la explotación de combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y cultural, donde además viven pue-blos indígenas no contactados, y que además implica evitar la emanación de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono a través de la no ex-plotación del campo ITT, en una reserva natural protegida. Después de la Cumbre Climática de Copenhague, dicha propuesta tropezó con más problemas de tipo administrativo y de manejo del fondo fiduciario, que del manejo de la liquidez financiera. De cualquier forma, su éxito está

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rodeado de incertidumbres y se ha sugerido que su eventual naufragio podría deberse a una interferencia directa de las empresas petroleras.

Abordamos someramente el tema del ITT en este capítulo debido a que en algún momento se mencionó la remota posibilidad de un proceso análogo para el Norte de La Paz, y en especial referencia a los bloques Río Hondo y Tuichi que afectarrían la zona núcleo del PN Madidi, considerada el Área Protegida más importante de Bolivia. En términos comparativos, Bolivia está todavía inmersa en la lógica del extractivismo puro y está muy lejos de poder concebir una propuesta como el ITT, desde las esferas de mayor capacidad decisional del gobierno. Un tema de la dimensión del ITT no sólo depende de un buen nivel de sensibilidad de los gobernan-tes y el sentido de “sacrificio” del poderoso sector hidrocarburífero que deja escapar una oportunidad, sino de la buena voluntad y confianza de la comunidad internacional, tres elementos ciertamente difíciles de con-juncionar de manera simultánea. Esto, por supuesto, dependerá de si se llega a encontrar o no un gran campo petrolero o gasífero en el interior del Parque Nacional Madidi. De ser así, la alternativa de un modelo tipo ITT, dada la dinámica de la economía desarrollista de Bolivia, y del tiempo que toma concretar una propuesta de dicha dimensión, estaría por demás muy lejos de alcanzar. Por su parte, tampoco se han analizado, todavía, las potenciales millonarias alternativas de extracción, a través de perfora-ciones diagonales o laterales, es decir, desde fuera del Parque Nacional o al menos desde fuera de la zona núcleo.

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Anexo

CHEVRON-TEXACO y el Genocidio Cultural en EcuadorFuente: testimonio de KerrY KennedY. 14 diCiemBre de 2009 (tierramériCa)

Las huellas del paraíso están todavía visibles. Desde el aire, la región selvática del Norte de Ecuador, conocida como el Oriente, parece un tapiz de niebla plateada y franjas de intenso verde. Pero bajo el manto de nubes y el dosel de los árboles, la selva es una maraña de manchas negras de petróleo, fango purulento y tuberías oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores al aire, que queman la garganta. Las aguas residuales de estanques sin encofrar, se traspasan a las aguas subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos. Este paisaje de pesadilla es el legado de la Corporación Petrolera TEXACO. Entre 1964 y 1990, TEXACO (adquirida por CHEVRON en 2001), perforó alrededor de 350 pozos petroleros en una superficie de 2.700 millas cuadradas de la Selva Amazónica Ecuatoriana.

La empresa obtuvo aproximadamente 30.000 millones de dólares en ganancias, mientras derramó deliberadamente 18.000 millones de galones de sopa tóxica, conocida como agua de producción - una mezcla de petróleo, ácidos y otros cancerígenos - que cayó a las corrientes donde seres humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se bañan. En el proceso, TEXACO construyó más de 900 fosos de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas olímpicas. A diferencia de las piscinas, estos hoyos fueron cavados sin revestir la tierra. No se colocó ningún material impermeable para proteger el suelo y el veneno que se escurrió al agua subterránea.

“Yo había escuchado hablar durante años del “Chernobyl de CHEVRON en la Amazonia”. Pero nada me había preparado para el horror del que fui testigo durante mi visita al Ecuador. Tuve en mis manos una libélula embadurnada de petróleo, que trataba de mover desesperadamente sus alas. Vi huellas de patas de cerdo en el barro al lado de inmundicias grasientas, donde los animales habían comido pasto contaminado, que pronto estará infectando a niñas, niños, mujeres y hombres, que al comer carne de puerco terminarán consumiendo los desperdicios de CHEVRON. Conocí a un hombre cuyos dos niños habían muerto después de nadar en el agua contaminada. Uno murió en menos de 24 horas. El otro se retorció en agonía durante seis meses. Otro hombre tiene su vivienda ubicada sólo a unos metros de uno de los pozos. Tiene diez hijos. Todos se han enfermado, algunos cubiertos de llagas. Sus gallinas y sus puercos murieron. Nada crece cerca de su casa”.

“Vi un pozo envenenado abandonado por TEXACO en 1974, que nunca fue usado por otra compañía. Los ductos que salen de ese estanque contienen un líquido claro que fluye por ellos. Cuando acerqué el líquido a mi nariz, olía a gasolina. La cañería va directamente a un riachuelo cercano, que es la fuente principal de agua de consumo para la gente que vive en sus riberas”…..“Escuché historias aterradoras acerca del maltrato infligido por trabajadores de TEXACO: mujeres violadas; chamanes llevados en helicóptero a alejadas cadenas de montañas para ver si lograban encontrar el camino para devolverse; indios a los que les dijeron que friccionarse petróleo en sus cabezas calvas les haría crecer cabello fuerte y largo; y camiones de la empresa que derramaron desechos de petróleo en las sendas donde la gente caminaba y sufría quemaduras causadas por la brea pegajosa expuesta a los calcinantes rayos del sol. Este no es un asunto de sentimentalismo ecológico. Es un asunto de derechos humanos, de violaciones claras de los derechos de los indígenas ecuatorianos a la vida, la seguridad y la autodeterminación”.

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Cuando los petroleros de TEXACO descendieron de sus helicópteros en la jungla a principios de la década de los 60, regalaron a los aborígenes pan, queso, platos y cucharas. Hasta hoy, esa es la única compensación que los grupos indígenas han recibido. Nunca se les pidió permiso para que su tierra fuera horadada, antes de que los ejecutivos de TEXACO negociaran un contrato con funcionarios del gobierno ecuatoriano. Texaco sabía que había gente que podía morir por sus actividades, y la ignoró. De acuerdo con el último conteo, 1.400 niños, mujeres y hombres han muerto de enfermedades atribuidas directamente a la contaminación provocada por TEXACO. El índice de casos de cáncer en las comunidades afectadas por la actividad petrolera es 30 veces mayor que en cualquier otro lugar del país. Otros equipos médicos han documentado altas tasas de defectos congénitos, abortos, enfermedades de la piel y daños al sistema nervioso. Dos grupos nómadas que habitaban la región, los Tetetes y los Sansahuari, han desaparecido. Lo que TEXACO hizo podría calificarse penalmente como homicidio por negligencia.

Ahora, los grupos indígenas que quedan en el Oriente Ecuatoriano -los Cofán, Siona, Secoya, Kichwa, y Huaorani- han tomado en sus manos la lucha contra CHEVRON. Organizados a través del grupo de base Frente de Defensa de la Amazonía, están exigiendo, mediante una demanda colectiva sin precedentes, que CHEVRON arregle el daño que causó.

La evidencia de la maldad de TEXACO está a la vista de todo el mundo. El año pasado, un cabildero de CHEVRON -cuya identidad no fue revelada- fue citado diciendo que la lección para Ecuador es que “nosotros no podemos permitir que países pequeños hostiguen a compañías grandes como ésta, empresas que han hecho grandes inversiones en el mundo”.

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Fuentes de consultaACOSTA, A., GUDYNAS, E., MARTÍNEZ, E., VOGEL, J. 2009. Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido: Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT. FLACSO/CLAES/Oilwatch/Acción Ecológica/U. San Juan de Puerto Rico. 16 p.

ACOSTA,A., MARTINEZ,E. 2009. El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Abya-Yala Eds. Quito, Ecuador. 184 p.

CASTRILLO, H. M. 1986. Reseña Histórica del Petróleo en Bolivia. YPFB. La Paz, Bolivia. 82 p.

CEADESC. 2008. Atlas de contratos petroleros en tierras Comunitarias de Origen y Municipios de Bolivia. Geoespacio. 200 p.

CLAVERO, B. 2009. ¿Quién comete genocidio en el Perú?. Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

COELLO, J. C. 2008. Desafíos de la gestión ambiental ante emprendimientos de exploración y explotación petrolera en Bolivia. 39-57 p. En Belpaire, C. M y Ribera, A. M. O. Eds. : Informe del Estado Ambiental de Bolivia 2007-2008. LIDEMA. La Paz, Bolivia.

CPT/CIDOB. 2000. ATLAS. Territorios Indígenas en Bolivia. Situación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y procesos de titulación. INRA-FACO/CERES-SNV-HIVOS-IWGIA-IBIS-PDPI-CIPCA-PRAIA-PAF BOL-CID. La Paz, Bolivia. 263 p.

DIEZ ASTETE, A., MURILLO, D. 1998. Pueblos Indígenas de Tierras Bajas. MDSP-PNUD. La Paz, Bolivia. 330 p.

KENNEDY, K 2009. Chevron y el Genocidio Cultural en Ecuador. Testimonio de Tierramérica.

RIBERA, A. M. O. 2008. El Norte de La Paz en la línea de fuego. Estudio de caso Nº 5. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 120 p.

RIBERA, A. M. O. Y LIBERMAN, M. 2005. El uso de la tierra y los recursos de la biodiversidad en las Áreas Protegidas. SERNAP-GEF II. La Paz, Bolivia. 540 p.

SERNAP, 2004. Plan de manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI. Proc.GEF II. WCS/CARE. La Paz, Bolivia.

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Páginas Webhttp://clavero.derechosindigenas.org

www.plataformaenergetica.org

CEDLA: www.cedla.org

www.econoticiasbolivia.com

eaebolivia.com

www.planguarani.com)

www.fobomade.org.bo

www.cbh.org.bo

www.hicrocarburosbolivia.com

La Prensa: www.laprensa.com.bo

El Diario: www.eldiario.com

La Razón: www.larazon.com

La Patria: www.patrianueva.bo

Bol Press: www.bolpress.com

Reporte Energía: www.reporteenergia.com

Energy Press: www.energypress.com.bo

Petropress: www.cedib.org/index

Jornada.net: www.jornadanet.com

ERBOL: www.erbol.com.bo

ANF: www.noticiasfides.com

EFE: www.efe.com (agencia de noticias esp.)

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Lista de Siglas AAC Autoridad Ambiental Competente

CBH Cámara Boliviana de Hidrocarburos

CEDIB Centro de Documentación e Información de Bolivia

CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario

CEJIS Centro de Estudios Jurídicos y Sociales

CEADESC Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

CIDOB Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano

CIPTA Consejo Indígena del Pueblo Tacana

CONAMAQ Consejo Nacional de Ayllu y Markas del Kollasuyo

CPILAP Central de Pueblos Indígenas de La Paz

EAE Evaluación Ambiental Estratégica

EEIA Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

FA Ficha Ambiental

FOBOMADE Foro Boliviano para el Medio Ambiente y el Desarrollo

LA Licencia Ambiental

LIDEMA Liga de Defensa del Medio Ambiente

OIT Organización Internacional del Trabajo

OPIM Organización del Pueblo Indígena Mosetene

PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima

PILCOL Organización del Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja

PNANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

PNA Parque Nacional Amboró

RB Reserva de la Biosfera

RGAP Reglamento General de Áreas Protegidas, Decreto Supremo 24781

RPCA Reglamento de Prención y Control Ambiental

SERN AP Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

TCO Tierra Comunitaria de Origen

VMABCC Viceministerio de Medioambiente Biodiversidad y Cambios Climáticos

WCS Wildlife Conservation Society

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

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Matriz general para la organización de la evaluación y seguimiento futuro en base a elementos claves

TEMAPRIORIZADO

ELEMENTOS CLAVE PARA EL SEGUIMIENTO

INDICADORES FUENTES Y HERRAMIENTAS PARA EL SEGUIMIENTO

Hidrocarburos – contexto general

Peso o importancia de la explotación de hidrocarburos (gas en especial) como soporte del modelo extractivista

y Niveles de incremento del número de exploraciones petroleras (grado de expansión de la frontera petrolera)

y Niveles de exportación de gas a países vecinos

y Seguimiento de medios de prensa y Seguimiento a medios especializados

(Reporte Energía, Energy Press) y Reportes del Ministerio de Hidrocarburos

Hidrocarburos – zona tradicional

Exploraciones petroleras en el AP Aguarague (Petrobras, Petroandina)

y Reportes de afectaciones a los ecosistemas y Intensificación de los conflictos sociales

y Coordinación con organizaciones que tienen acciones directas (CERSDET, CEDLA, APG)

y Coordinación con el SERNAP y dirección del AP y Seguimiento de medios de prensa

Situación del avasallamiento de tierras comunitarias en la comunidad Guaraní de Tucainti en el campo Sábalo por Petrobrás

y Nivel de restricciones a la transitabilidad y uso del espacio tradicional

y Seguimiento socio ambiental – testimonios locales y Información y percepciones de autoridades indígenas

locales y regionales, APG, organizaciones de apoyo, etc. y Reportes de prensa

Hidrocarburos – Norte de La Paz

Vulneración de las AP Madidi y Pilón Lajas por exploraciones en los bloques Río Hondo y Tuichi (Petrobras-Total, Repsol YPF)

y Ingreso de equipo petroleros a las zonas críticas y Inicio de conflictos sociales

y Seguimiento socio ambiental – testimonios locales y Información de autoridades indígenas locales y regionales,

CEPILAP, CRTM, organizaciones de apoyo, SERNAP. etc. y Seguimiento información de prensa y Información de YPFB y Ministerio de Hidrocarburos

Impactos sociales y ambientales inducidos por la exploración en el bloque Liquimuni

y Perturbaciones a los ecosistemas, daños en cuencas y vertientes, pérdida de recurso fauna, daños a sitios sagrados, en zonas cruzadas por líneas sísmicas

y Reportes, denuncias y testimonios locales y Evaluaciones in situ y estudios y Seguimiento a información de prensa

Eventual inicio de exploración perforatoria en el bloque Liquimuni por Petroandina

y Datos positivos de la exploración sísmica

y Anuncio de planes de perforación por YPFB-Petroandina-MHE

y Información de prensa y Información de SERNAP, organizaciones indígenas y

organizaciones de apoyo que trabajan en la zona

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Derrame petrolero en el río Acero. Foto ASE.

Vista general del esplendor de la región de Aguarague. Foto google earth.

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ISAT mostrando el campo Sábalo en el subandino de Tarija. Fuente google earth.

Construcción de caminos y planchadas petroleras en zonas de alta fragilidad ecológica del bosque tucumano boliviano. Fuente google earth.

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Derrame petrolero en el río Acero-Monteagudo (ducto CLHB), septiembre 2004. Foto ASE.

Construcción de infraestructuras para las operaciones petroleras en la serranía de Aguarague. Foto google earth.

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Quebrada Monos en el Parque Aguarague, afectada por la contaminación y construcción de infraestructuras petroleras. Foto SERNAP.

Tramo pavimentado de la quebrada Monos. La velocidad de los caudales se incrementa y aumenta el riesgo aguas abajo. Foto SERNAP.

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Impactos de construcción de infraestructuras petroleras en zonas de alta fragilidad del subandino sur. Foto J.Coello.

Severos pasivos ambientales petroleros en el subandino sur. Foto J.Coello.

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Intensa contaminación y deterioro ecosistémico en zonas de alta fragilidad del subandino sur. Foto J.Coello.

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Los ductos atraviesan ecosistemas de elevada sensibilidad ecológica como cursos de agua. Subandino sur. Foto J.Coello.

Paisaje subandino de Alto Beni, la exploración de Liquimuni impactó ecosistemas de elevada fragilidad. Foto S. Friederich.

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Viviendas de colonos. Sus medios de vida también fueron perturbados por la exploración petrolera de Liquimuni. Foto S.Friederich.

Ecosistemas de elevada fragilidad serán impactados por las operaciones petroleras. Foto M.Ribera LIDEMA.

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Vista general del Río Hondo, una de las zonas mejor conservadas del PN Madidi, a ser impactada por la exploración transnacional. Foto paoloscolari google earth.

Los ecosistemas ribereños como estos del interior Madidi, son los más sensibles a las actividades petroleras. Foto SERNAP.

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Impactos sociales negativos a las organizaciones y comunidades indígenas Mosetene por la actividad petrolera, fueron activamente denunciados. Foto S. Friederich.

HidrocarburosANÁLISIS GENERAL, ZONA TRADICIONAL Y NORTE DE LA PAZ

Actualización 2009-2010

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