Bloques Económicos y Tratados de Libre Comercio

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Contenido de la asignatura de Bloques Comerciales I parcial

ACUERDOS COMERCIALES Actualmente resulta casi imposible para un país subsistir, sin relacionarse directamente con el resto del mundo; este es el resultado de la evolución de la economía mundial, ya que actualmente, vivimos una verdadera revolución tecnológica, que ha posibilitado una mayor comunicación entre todos los pueblos y por ende un auge en el comercio internacional.

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Esta época se caracteriza por su énfasis en los aspectos de: división internacional del trabajo, unificación de los mercados financieros, movimiento libre de personas entre países y con ello el intercambio de conocimiento. Por distintas razones, alrededor del mundo han nacido bloques económicos que sin lugar a duda, traen consigo consecuencias directas e importantes para nuestra economía. Las barreras arancelarias y no arancelarias que las economías imponen al ingreso de bienes provenientes de otros países, como medio de protección a los sectores internos o como mecanismos fiscales, son los principales obstáculos a los que se enfrentan las empresas en su afán de colocar en el exterior sus productos. Es por esto que, la política de comercio exterior ha girado en torno al establecimiento de convenios y tratados comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento preferencial, para eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles aduaneros de un país contra los productos originarios de otro, o bien para reducir los trámites de que deben seguir para ingresar. Los convenios o tratados pueden ser de: amplio alcance, alcance parcial, alcance regional, multilaterales o bilaterales. DE AMPLIO ALCANCE: orientados a zonas de libre comercio y contienen concesiones arancelarias que se aplican a todos los productos originarios de los países que lo firman, con las salvedades que se señalen específicamente en ellos. Por regla general se establece tratamiento preferencial, y solo se anexa al convenio una lista reducida de productos que no recibirán los beneficios del tratado. DE ALCANCE PARCIAL: buscan la integración económica a través de la reducción de las barreras arancelarias y de la creación de uniones aduaneras. DE ALCANCE REGIONAL: buscan facilitar el intercambio comercial de una región, la integración y la cooperación económica entre los países. MULTILATERALES: los firmados por más de dos países. TRATADOS BILATERALES: son los establecidos entre dos países. ETAPAS DE INTEGRACIÓN Las diferentes formas de integración tienen relación directa con el grado de compenetración al que los países que conforman el bloque deseen llegar. Zona de Libre Comercio: sus miembros acuerdan eliminar las barreras arancelarias, y las demás barreras comerciales entre los ellos, pero cada miembro continúa con su política comercial con respecto a terceros; los miembros se comprometen a respetar un conjunto de normas de origen, para garantizar que el comercio dentro de ella sea de productos originarios de los países que la conforman.

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Unión Aduanera: se eliminan aranceles y otras barreras comerciales entre los miembros, pero imponen un Arancel Externo Común contra terceros. Mercado Común: las mismas características de la Unión Aduanera, pero con la pretensión de crear progresivamente una unión económica y política entre los miembros; además existe libre movimiento de factores que la constituyen. Unión Económica: los miembros coordinan las políticas económicas en la fase final del mercado interno y en la definición de objetivos comunes. Unión Monetaria: se basa en la fijación irrevocable de los tipos de cambio entre las monedas de los miembros para lograr la implantación de una moneda única, así como en la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio comunes, cuyo objetivo fundamental es la estabilidad de precios. POR QUE INTEGRARSE Hay varias razones básicas por las cuales los países deben integrarse: Aprovechar las ventajas comparativas: al integrarse, los países fortalecen aquellos sectores en los que son competitivos y poseen alguna ventaja con respecto a otro. Aprovechar las economías de escala: al darse la integración, el mercado crece, lo que permite que se generen economías de escala, este mismo principio posibilita que las economías complementen sus ofertas para ingresar a otros mercados. Aprovechar la diferenciación de productos: la integración permite una variedad mayor de productos en el mercado y la diferenciación entre los mismos. Atracción de inversión extranjera: las expectativas de crecimiento con la integración atrae inversionistas de empresas que desean negociar desde lo interno del bloque. Mejorar la capacidad negociadora: la negociación en bloque es más beneficiosa que la realizada por un solo país. Provoca una desviación del comercio, favorable para el bloque: al establecer la integración se reducen los aranceles respectivos y se mantienen los aranceles a terceros, lo que crea una desviación del comercio, que se da cuando los consumidores sustituyen los productos locales por los productos del país asociado, que eventualmente son más baratos, la integración va a ser beneficiosa en tanto la creación de comercio supere la desviación.

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PRINCIPALES BLOQUES MUNDIALES DE COMERCIO COMUNIDAD ANDINA (Unión Aduanera) Establecida 1969 Países Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela Objetivo Eliminación de las barreras arancelarias al interior del grupo, creación de una unión aduanera con arancel externo común, la armonización de las políticas económicas y sociales y la adopción de un esquema común de programación industrial. Evolución En 1993 entro en operación el Área de Libre Comercio del Grupo, el Arancel Externo Común fue puesto en práctica en marzo de 1995. Cada país tiene una lista de excepciones y para la mayoría de los bienes la aplicación del AEC es de 5% para las materias primas, y 10% y 15% para los productos semi-elaborados y 20% para los bienes acabados. Las tareas próximas para los siguientes 5 años son el establecimiento de un mercado común y la instrumentación de una política externa común. Problemas Poco comercio intraregional; Perú por discrepancias con el grupo suspendió su participación, pero para preservar el flujo comercial bilateral, firmó acuerdos bilaterales con cada miembro, desde 1994 se reintegra gradualmente de nuevo. MERCOSUR (Unión Aduanera) Establecida 1991 Países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay Objetivo Libre tránsito de bienes, servicios, mano de obra y capital, dentro de los países que lo conforman. Además eliminación de las tarifas arancelarias y de las restricciones no arancelarias y un arancel externo común AEC, que va desde 0 hasta el 20%. Evolución En 1995 se inicio una política común para el comercio con terceros países, debido a que los miembros negociaron un régimen de readecuación, la unión aduanera tendrá plena vigencia en el 2006 Problemas La crisis de los países asiáticos golpeo a Brasil y la crisis política de sus otros miembros lo ha puesto en situación inestable NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio) Establecida 1992 Países Canadá, Estados Unidos y México

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Objetivo Establecimiento de una zona de libre comercio que pretende eliminar las barreras al comercio, promover una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual. Problemas Dispone de un sistema de solución de diferencias. ALCA – Área de Libre Comercio de las Américas (Acuerdo de Libre Comercio) Países Los 34 países del continente americano, a excepción de Cuba Objetivo Eliminación progresiva de las barreras al comercio y a la inversión para llegar finalmente a la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas. Pretende el fortalecimiento de los mercados de capital, mejoras y desarrollo de la infraestructura y la apertura comercial. Evolución Será el bloque más grande del mundo, la conclusión de las negociaciones deberá darse en el 2005, la negociación más razonable es la reunión de los representantes de los grupos ya formados. Problemas Falta de liderazgo que promueva las expectativas iniciales y que agilice su avance; existe la posibilidad que las negociaciones se las realice entre el Nafta y el MERCOSUR y que las naciones pequeñas tengan que aceptar esas condiciones. GRUPO DE LOS TRES (Acuerdo de Libre Comercio) Establecida 1994 Países Colombia, México y Venezuela Objetivo Eliminación total de aranceles en 10 años, con algunas excepciones en el sector textil, petroquímico y agrícola. El acuerdo abarca el tema de derechos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales e inversiones. UNIÓN EUROPEA (Unión Económica y Monetaria) Establecida 1991 Países Alemania, Austria, Bélgica, Chipre , Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia , Finlandia, Francia, Grecia , Hungría, Irlanda, Italia , Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia , Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia Objetivo Desaparición de las fronteras físicas entre sus miembros, para una real circulación de mercancías, personas, capitales y servicios. Creación de un gran mercado interno con el fin de promover una mayor cooperación y competencia entre sus miembros. Una moneda única y la creación del Banco Europeo. Evolución En 1998, once de sus miembros califican para emprender la introducción de la moneda única e inauguran el Banco Central Europeo y en 1999 entra en circulación el Euro, como moneda única.

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ALADI - Asociación Latinoamericana de Integración (Acuerdo de Alcance Regional) Establecida 1980 Países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela Objetivo Incrementar el comercio entre los países miembros y entre éstos y terceros países, mediante la suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales, con el fin de propiciar un área de libre comercio regional. Evolución Contribuyó a la creación del Pacto Andino, el Grupo de los Tres y el Mercosur; Cuba es su último miembro incorporado. Problemas a perdido importancia, debido a la tendencia en la región a crear los grupos de integración. MCCA – Mercado Común Centroamericano (Unión Aduanera) Establecida 1960 Países Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Objetivo Liberalización inmediata el 95% de los bienes y 100% en junio 1966, además de un acuerdo de integración industrial. Evolución A comienzos de los noventa, el acuerdo se revitalizó al adoptar el Plan de Acción Económica para Centroamérica, a favor de la integración. En 1972 se formó el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que condujo al establecimiento en 1993 del Área de Libre Comercio, a la que se unió Nicaragua conformando el Grupo de los Cuatro, cuyo acuerdo común iba del 5% al 20%; continúa el programa de desgravación arancelaria que debe concluir el año 2000; los miembros del MCCA y Panamá se comprometieron a la integración mediante el establecimiento del Sistema de Integración Centroamericana en 1993. En 1995 se firmó un acuerdo a fin de extender las reducciones arancelarias implantadas por El Salvador. Mantiene negociaciones para acuerdos de libre comercio con México, Panamá y Chile. Problemas Dificultades internas (conflicto entre Honduras y El Salvador) y problemas económicos e inestabilidad política dieron al traste con esta unión. CARICOM (Unión Aduanera) Establecida 1973 Países Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica,

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Montserrat, St. Kitts and Nevis, Sta. Lucía, St. Vincent y las Grenadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Objetivo Establecimiento de un Arancel Externo Común. Evolución En 1998 se establece un arancel externo común, que se irá aplicando por fases a la mayoría de los productos; en 1999 se incorporaron Haití y la Comunidad del Caribe; actualmente, están en negociaciones con República Dominicana, Colombia y Venezuela para llegar a tratados bilaterales con cada uno de estos países. ACUERDOS BILATERALES EN AMÉRICA Algunos de estos acuerdos son: Chile negociados con México (1992), Venezuela (1993), Colombia (1994), Ecuador (1995), y los Acuerdos negociados con Bolivia (1995) y Costa Rica

(1995).

AMÉRICA DEL NORTE

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL NAFTA

La trayectoria de la integración en Norteamérica.

La firma del Tratado de Libre Cambio entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido como TCL o NAFTA pone los cimientos de un gran espacio económico integrado en Norteamérica.

El NAFTA entraría en vigor en 1994: las negociaciones habían finalizado en 1992, pero las elecciones presidenciales retardaron la ratificación del acuerdo por parte del Congreso de Estados Unidos.

El NAFTA establece una zona de libre cambio entre los tres países miembros, escalonando el desmantelamiento de ola protección durante un período de transición que, en el caso de las producciones más sensibles, alcanzará, unos quince años. El TLC traspasa el terreno clásico del libre cambio para productos industriales, adentrándose en la esfera siempre conflictiva de la agricultura, y los logros han sido manifiestos: una vez cubierto el periodo de transición, se podrán exportar sin trabas hortalizas mexicanas a Estados Unidos y maíz norteamericano hacia México. La Zona de libre cambio englobará los intercambios de cualquier tipo de mercancía, con las excepciones de los bienes culturales y las restricciones impuestas sobre la energía. La industria mexicana del petróleo, mantendrá una buena parte de las restricciones que impiden el acceso de inversiones extranjeras. En el sector de la fabricación de ordenadores, se ha acordado la fijación de una tarifa externa común frente a terceros países. La división regional del trabajo se podrá articular flexiblemente en dicha esfera: los intercambios intra-NAFTA serán

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plenamente libres sin tener que satisfacer el contenido regional de las reglas de origen.

El NAFTA liberaliza notablemente las inversiones y los intercambios de servicios dentro del nuevo espacio norteamericano, exceptuándose el tráfico aéreo y las finanzas. La aplicación de la cláusula de “tratamiento nacional” para los proveedores de los países signatarios garantiza la no discriminación: la apertura de los mercados correspondientes a los contratos públicos constituye un salto cualitativo. La apertura general que está promoviendo la globalización en el mercado mundial exige que las zonas de libre cambio profundicen su margen preferencial, adentrándose en terrenos que van más allá de sus caracterizaciones clásicas y son más propios de un mercado único. Finalmente, el NAFTA provee unos mecanismos institucionales efectivos para la resolución de disputas, mediante la creación de una Comisión del Libre Comercio que dispone de representantes con rango ministerial.

El NAFTA ha abierto las puertas de un sector de automoción fuertemente protegido en México. El hilo y la fibra utilizados en la fabricación de los textiles y las prendas de vestir deben fabricarse en Norteamérica para que esos bienes se puedan comerciar libremente. Estas salvaguardas textiles sirvieron para que un buen número de congresistas demócratas procedentes de los Estados sureños apoyaran finalmente la ratificación del Tratado de Libre Cambio.

Cabe destacar que el TLC incluye dos acuerdos colaterales sobre medio ambiente y aspectos laborales. Estos acuerdos crean sendas comisiones encargadas de vigilar el estricto cumplimiento de las legislaciones nacionales sobre medio ambiente y empleo en los tres países.

LA POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Algunas motivaciones que guían la senda estadounidense hacia el libre comercio regional son las siguientes: la reducción de las presiones migratorias, la creación de comercio, y la búsqueda de incentivos que aceleren la competitividad industrial.

El NAFTA podría aumentar las tensiones migratorias en el corto y medio plazo, como consecuencia de la liberalización gradual del comercio agropecuario. Como contrapeso, la expansión de los cultivos hortofrutícolas en México, con unas boyantes expectativas exportadoras hacia Estados Unidos, puede generar una cantidad importante de nuevos empleos en la agricultura comercial. Las autoridades mexicanas deben aprovechar el periodo de transición hasta que se complete la plena liberalización del maíz para fomentar las estrategias de desarrollo rural y favorecer una diversificación de actividades en la economía campesina.

Desde la perspectiva estadounidense, México constituye un mercado en expansión. Las posibilidades de penetración resultan amplias en numerosos segmentos:

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La mayor exposición a la competencia que debe afrontar el tejido industrial mexicano se traduce en un aumento de la demanda de bienes de equipo.

Un aumento de las tasa de crecimiento en México que sea susceptible de ampliar el tamaño de la clase media podría disparar la demanda de bienes de consumo duradero.

La liberalización de los intercambios agropecuarios puede propiciar un gran aumento de las exportaciones de maíz hacía México.

La competitividad industrial.

La estructura industrial de Estados Unidos adquiere una diferenciación tripartida: numerosas producciones intensivas en alta tecnología alcanzan las mayores cotas de competitividad; sin embargo las ramas medias (como la automoción) y, principalmente las industrias más tradicionales (textiles y prendas de vestir, por ejemplo) se enfrentan a un empeoramiento de su posición en el mercado. Algunos factores que explican el éxito del mayor centro mundial de innovación tecnológica en el área de la fabricación de ordenadores son los siguientes: una concentración geográfica que ha facilitado el intercambio informal de información; la estructura descentralizada de las empresas; las sinergias establecidas entre las firmas y la cercana Universidad de Stanford; una cultura de trabajo compartida ; el suministro de capital empresarial de alto riesgo, y la garantía de los mercados militares.

El NAFTA puede acelerar el proceso de cambio estructural en la industria de Estados Unidos.

El NAFTA incentiva el cambio estructural de la reducción de las presiones migratorias en el largo plazo.

En realidad, el nuevo escenario de libre comercio regional reduce el poder de negociación de los sindicatos: la amenaza de una deslocalización de la producción de la producción al otro lado de la frontera neutraliza las presiones laborales a favor de unos salarios más elevados para la mano de obra no cualificada en Estados Unidos. La pérdida de empleos explicada directamente por la firma del TLC ha sido notablemente reducida una vez que han pasado tres años y medio desde su entrada en vigor.

La lectura de las repercusiones del Tratado de Libre Cambio sobre la competitividad de la economía estadounidense adquiere una perspectiva dinámica: las ganancias a largo plazo compensan con creces los costes de adaptación en el corto y medio plazo. La ganancia global de bienestar permite arbitrar criterios para compensar a los “perdedores”. Por esta razón, el gobierno federal ha desarrollado algunos programas de formación profesional y reciclaje destinados a aquellos trabajadores susceptibles de perder su empleo como consecuencia del libre comercio con México.

LA POSICIÓN DE MÉXICO

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La economía mexicana busca una inserción favorable en el comercio internacional. Se trataba de profundizar un patrón de industrialización apoyado en la diversificación, aprovechar las economías externas pecuniarias derivadas de las inversiones simultáneas en diferentes industrias. Una fuerte protección arancelaria frente al exterior permitiría un acceso privilegiado al mercado interno, supliendo las carencias de competitividad de los bienes nacionales. La especialización en producciones intensivas en capital donde se adolecía de ventaja comparativa y el requerimiento creciente de inputs procedentes del exterior desembocaron en un empeoramiento de la balanza comercial. Los modelos de industrialización vía sustitución de importaciones (ISI) exhibían una deficiencia principal: la estrechez del mercado interno y la especialización múltiple impedían el aprovechamiento de las economías de escala en el proceso de producción.

La expansión del mercado internacional de capitales y el excedente de liquidez generado por el reciclaje de los petrodólares como consecuencia de los shocks energéticos facilitaron las posibilidades de endeudamiento en los años setenta: México caería en el precipicio, una vez que el desempeño mediocre de su sector exterior dificultaba la cobertura del servicio de la deuda. Los planes de ajuste aplicados en los años ochenta sanearían el cuadro macroeconómico con un coste elevado: el PIB per cápita actual de México alcanza todavía sus niveles de 1980.

El proyecto del NAFTA se asocia en este país con la modernización de la economía, dentro de un espíritu que podríamos resumir con la siguiente frase: “partir de cero”. Las principales motivaciones que guían la inserción de México en una Norteamérica integrada son las siguientes: la búsqueda de credibilidad en la aplicación de las políticas y reformas económicas, la atracción de inversiones extranjeras, y la competitividad industrial.

La credibilidad de la política económica

La economía mexicana trata que la vinculación al NAFTA certifique la credibilidad de sus políticas y reformas económicas. Este planteamiento resulta especialmente importante para un país cuya reputación financiera se vio gravemente dañada por la crisis de la deuda externa y la inestabilidad en el comportamiento de los precios.

La atracción de inversiones extranjeras.

Una buena “imagen de país” constituye un activo fundamental para atraer inversiones productivas. El NAFTA suministra esa etiqueta de calidad, existiendo un exponente claro de esta afirmación: México ha ingresado en la OCDE, el “sindicato” de los países desarrollados. La adhesión de este país al flamante club esconde una realidad: la estructura económica de México corresponde a un país en vías de desarrollo.

La competitividad industrial.

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La zona metropolitana de México DF concentra una parte importante de un tejido industrial diversificado orientado al mercado interno. La exposición a la competencia impuesta por el NAFTA puede contribuir a su modernización. La nueva división del trabajo exige mayores dosis de especialización: la deslocalización de actividades intensivas en mano de obra barata constituye la consecuencia más directa del libre comercio con Norteamérica. Los mayores volúmenes de producción en aquellos “nichos” donde la economía mexicana adquiera competitividad constituyen una fuente para mejorar la productividad a través del mayor aprovechamiento de economías de escala.

Las empresas que ensamblan componentes electrónicos y automovilísticos en la zona fronteriza han consolidado un tejido industrial en el norte del país. La exención de aranceles en la importación de inputs utilizados en la fabricación de bienes reexportables hacia Estados Unidos puso los cimientos del programa de la maquiladora en 1964.

Todo esto amortiguo las presiones migratorias hacia Estados Unidos.

Los efectos contaminantes de la “maquiladora” configuran la “leyenda negra”. El acuerdo sobre medio ambiente adscrito al NAFTA pone un énfasis especial en la resolución de la cuestión ambiental en la zona fronteriza con el objeto de evitar la competencia desleal por parte de México.

La ventaja mexicana radicaría esencialmente en la abundancia de mano de obra no cualificada.

En el contexto del NAFTA, la maquiladora abre sus puertas a las inversiones extranjeras procedentes de terceros países. Las empresas japonesas y coreanas están llevando un desembarco espectacular con el objeto de producir bienes como vídeos o televisores destinados a mercados de Estados Unidos y Canadá. Se reducen los costes gracias a los ahorros en aranceles, transporte y mano de obra: las empresas asiáticas generan una cuarta parte del empleo en esta ciudad.

Este nuevo escenario incentiva la modernización de la red nacional de pequeñas y medianas empresas.

LA POSICIÓN DE CANADÁ

Los canadienses disfrutan del mayor nivel de calidad de vida del mundo.

Las estimaciones apuntan que las ganancias del TLC pueden resultar positivas, pero modestas: la razón estriba en que la economía canadiense no comercia intensamente con México.

La firma del Tratado de Libre Cambio con Estados Unidos (CUSFTA) constituye un momento culminante para la economía canadiense.

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La economía política de la Confederación canadiense.

La Confederación canadiense, establecida en 1867, ha diseñado un modelo particular en las relaciones territoriales establecidas entre las provincias que componen el país. La construcción de una unidad económica ha constituido una prioridad política de primer orden. Se trataba de buscar la viabilidad y una identidad propia frente a los poderosos vecinos del sur.

Pero esta lógica de funcionamiento corre el riesgo de resquebrajarse, una vez que los mercados se globalizan y Canadá afronta el reto del NAFTA.

La apertura de la economía canadiense a escala multilateral (vía GATT) y regional (vía CUSFTA y NAFTA) exige la construcción de un nuevo modelo de economía política para lograr el consenso entre unas provincias cuya percepción de la relación coste-beneficio que implica la pertenencia a la Confederación ha cambiado como consecuencia del nuevo escenario internacional..

Ontario constituye la espina dorsal del país: un 37'4% de los canadienses reside en una provincia que genera un 40% del PIB, según datos de 1994. La idea de libre cambio con Estados Unidos causó ciertos recelos entre ciertos sectores sociales: la liberalización de los intercambios suponía que el mercado canadiense dejaba de ser un dominio exclusivo para la industria provincial. Por esta razón, numerosas ramas han tenido problemas crecientes frente a unas importaciones estadounidenses que, desde la base de un mercado interno de gran tamaño, pueden alcanzar mayores niveles de competitividad.

El libre comercio ha estimulado la renovación de la estructura manufacturera, buscando “nichos” de especialización en segmentos con una intensidad tecnológica creciente.

La consecuencia más directa del NAFTA es el perfeccionamiento de la ventaja competitiva.

LAS CONSECUENCIAS DEL NAFTA

El NAFTA es el primer acuerdo formal de tal envergadura y por esa razón se ha convertido en un auténtico laboratorio de pruebas.

Las consecuencias para Estados Unidos

Los estudios estiman que las ganancias para la economía de Estados Unidos derivadas del NAFTA podrían ser positivas pero modestas. El libre comercio con México constituye una fuerza aceleradora de los procesos de cambio estructural que se están registrando en la economía de Estados Unidos.

El crecimiento de la productividad.

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El Nafta puede ser considerado como una “desventaja selectiva”. El cambio de escenario que supone la liberalización del comercio pone en evidencia la carencia de productividades norteamericana en las producciones más tradicionales, acelerando un proceso de cambio hacia una estructura donde la industria de alta tecnología y los servicios de alto valor añadido tengan una presencia hegemónica. Los cambios se están comenzando a notar en los años noventa. La generación de alta tecnología representa un 10% del PIB de Estados Unidos; mientras, se observa una renovación del tejido empresarial. Las “gacelas” son pequeñas empresas de creación reciente y expansión desbordante principalmente concentradas en los servicios intensivos en tecnología y capital humano: estas firmas podrían estar contribuyendo a la creación de las tres cuartas partes de los nuevos empleos que están surgiendo en Estados Unidos..

Las consecuencias para México

Los diversos estudios estiman que los beneficios del NAFTA podrían totalizar entre un 3'5% y 5% del PIB mexicano. Desde una perspectiva a largo plazo, las ganancias resultan difícilmente cuantificables: la modernización de la economía mexicana se asocia indisolublemente a la profundización del TLC.

1. La evolución de la competitividad.

El Nafta ha promovido una fuerte creación de comercio durante la primera mitad de los años noventa.

El Nafta ofrece grandes posibilidades para el cambio estructural de México más allá de su ventaja efímera como reserva de mano de obra abundante y barata. Una tradición industrial consolidada y el mayor nivel de desarrollo respecto a otros socios latinoamericanos exigen un perfeccionamiento de la competitividad.

Algunos estudios sugieren que el NAFTA podría crear casi 610.000 puestos de trabajo adicionales en México y los salarios podrían incrementarse entre un 0'7% y un 16%.

En el contexto del libre comercio, las exportaciones de automóviles y camiones se han duplicado desde 1994. La consolidación de México como centro manufacturador de primera fila está llevando importantes inversiones para mejorar la capacitación de la red nacional de proveedores de componentes.

La pertenencia al NAFTA y la cercanía de un mercado norteamericano de alto poder adquisitivo dotan a México con una extraordinaria renta de posición ante el siglo XXI. Las expectativas y la posterior firma del TLC, así como la expansión de la maquiladora se han traducido en un aumento significativo de la creación de comercio con el resto del mundo desarrollado. La caracterización de México como la plataforma exportadora idónea para afrontar el mercado de Estados Unidos explica unos resultados que ponen en entredicho que el libre comercio regional deba traducirse en un cierto grado de desviación de comercio.

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2. Una nueva ordenación del territorio.

El libre comercio con Estados Unidos y Canadá debe propulsar ciertos cambios en la estructura territorial mexicana. Un crecimiento espacialmente desequilibrado define la trayectoria de este país. El modelo ISI acrecentó el papel central de la Ciudad de México. Según datos de 1994 una tercera parte del valor añadido manufacturero del país se genera en su zona metropolitana y una cuarta parte de la población mexicana reside en la capital federal y sus contornos. La potencia de las economías de aglomeración existentes en el distrito federal actúa como un imán. La principal red de servicios, la red de comunicaciones con el exterior y la mayor reserva de mano de obra cualificada refuerzan la concentración de las actividades económicas en el DF.

La política regional debe desempeñar un papel destacado, buscando la consolidación de nuevos polos de desarrollo alternativos capaces de generar empleos en el sector moderno de la economía. El NAFTA puede desempeñar una labor destacada, propulsando una mejor ordenación territorial del país. La formación de nuevos ejes de crecimiento capaces de alcanzar el Distrito Federal con la frontera nororiental, central y noroccidental se atea en el horizonte.

Un perfeccionamiento en la estructura federal de México y una mayor transparencia democrática del sistema político permitirían la competencia entre Estados, implementando incentivos para atraer inversiones extranjeras.

Una conexión más barata y en menor tiempo con el interior más profundo que dote de certidumbre a los mercados constituye la condición para que se redistribuyan territorialmente los efectos expansivos del NAFTA.

El NAFTA va a propiciar una mayor articulación territorial de la mitad norte de México. Sin embargo, las disparidades con los Estados más meridionales de extracción rural pueden incrementarse. Tradicionalmente, estos territorios tienen los menores niveles de desarrollo, experimentando las consecuencias de la perifericidad.

3. Un mayor peso geopolítico.

La firma del acuerdo del NAFTA realza el peso geopolítico de México. Sus diplomáticos han lanzado una ofensiva que refuerza la posición de este país como paladín de la integración regional. La firma de sendos acuerdos de libre comercio bilaterales con Chile, Venezuela, Bolivia, los países caribeños y Panamá otorga a México una posición de liderazgo ante la futura formación de una zona de libre cambio panamericana. Este país adquiere una posición de “nudo” en el nuevo sistema radial que conduce la integración en las Américas. La posición de México como “eje” de la futura integración continental refuerza el poder centrípeto de esta economía para atraer inversiones foráneas cuyos objetivos van más allá de la penetración en el mercado de Estados Unidos.

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Las ventajas que han permitido esto:

Los costes de transacción necesarios para concluir las negociaciones bilaterales resultan notablemente menores en México que en Estados Unidos.

Los países latinoamericanos han firmado acuerdos con México considerándolos como un preámbulo para entrar en la futura zona de libre cambio de las Américas o en el TLC.

Las consecuencias para Canadá

La consecución del libre comercio en Norteamérica favorece la creación de comercio y una mayor competitividad de la economía canadiense.

La competitividad de la economía.

Algunas estimaciones llegan a apuntar una ganancia para la economía canadiense del 9% en el largo plazo como consecuencia del CUSFTA: las mejoras de productividad derivadas del mayor aprovechamiento de las economías de escala en un mercado de gran tamaño explican gran parte de la historia. La conclusión de las negociaciones del CUSFTA provocó una reducción de las cotizaciones bursátiles correspondientes a las industrias de alimentos y bebidas, textiles, confecciones, muebles, plásticos y calzados. Por el contrario, los valores de las industrias maderera y papelera evolucionaron al alza.

El CUSFTA y el NAFTA pueden expandir el patrón de especialización establecido en el sector de la automoción basado en los intercambios intra industriales e intra firma. Los componentes y vehículos constituyen el principal rubro de exportación e importación. El índice de comercio intraindustrial entre Estados Unidos y Canadá correspondiente a las piezas para automóviles subiendo en lo referente a los componentes aeronáuticos. La especialización podrá afinarse gracias al NAFTA, mediante un engranaje de México en esta división regional del trabajo.

Los lazos económicos con Estados Unidos se han fortalecido tras la firma del CUSFTA.

La creación de comercio derivada del CUSFTA ha resultado sencillamente espectacular a pesar de los bajos aranceles que gravaban el comercio bilateral antes de 1989. La interdependencia difícilmente puede resultar mayor: la evolución de la demanda interna estadounidense condiciona absolutamente el comportamiento de la economía canadiense. Las importaciones canadienses procedentes de Estados Unidos también han evolucionado de forma ascendente en el contexto del CUSFTA y NAFTA.

El libre comercio ha beneficiado a las industrias canadienses de mayor valor añadido.

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Las fortalecidas relaciones con los vecinos del sur están acelerando los cambios estructurales en el tejido productivo canadiense. Una sólida dotación de capital humano permite ahondar la ventaja comparativa en actividades intensivas en alta tecnología, reduciendo la dependencia respecto a las producciones intensivas en recursos naturales.

AMÉRICA LATINA

ANTECEDENTES DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción, creando el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, que constituye el proyecto internacional más relevante en que se encuentran comprometidos esos países.

Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social en equidad.

Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron la ampliación de las dimensiones de los respectivos mercados nacionales, a través de la integración, lo cual constituye una condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social.

Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados Partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.

En la Cumbre de Presidentes de Ouro Preto, de diciembre de 1994, se aprobó un Protocolo Adicional al Tratado de Asunción - el Protocolo de Ouro Preto por el que se establece la estructura institucional del MERCOSUR y se lo dota de personalidad jurídica internacional.

En Ouro Preto se puso fin al período de transición y se adoptaron los instrumentos fundamentales de política comercial común que rigen la zona de libre comercio y la unión aduanera que caracterizan hoy al MERCOSUR, encabezados por el Arancel Externo Común.

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Así, los Estados Partes iniciaron una nueva etapa - de consolidación y profundización - donde la zona de libre comercio y la unión aduanera constituyen pasos intermedios para alcanzar un mercado único que genere un mayor crecimiento de sus economías, aprovechando el efecto multiplicador de la especialización, las economías de escala y el mayor poder negociador del bloque.

EL MERCOSUR POLÍTICO

El MERCOSUR sienta las bases fundamentales sobre las que se consolidan definitivamente las relaciones entre los países del emprendimiento. Representa, por sobre todo, un Acuerdo Político, el más importante alcanzado en la región. A partir de este Acuerdo, los conceptos de confiabilidad, armonía, razonabilidad y previsibilidad pasan a formar parte del lenguaje y de la convivencia política, económica y social de nuestras sociedades. La "red de seguridad política" del MERCOSUR genera las reglas de juego necesarias para que se desarrollen plenamente las interrelaciones económicas y comerciales existentes.

El MERCOSUR es un elemento de estabilidad en la región, pues el entramado de intereses y relaciones que genera, profundiza los vínculos tanto económicos como políticos y neutraliza las tendencias hacia la fragmentación. Los responsables políticos, las burocracias estatales y los hombres de empresa, tienen ahora un ámbito de discusión, de múltiples y complejas facetas, donde abordar y resolver asuntos de interés común. Ello seguramente estimula una mayor racionalidad en la toma de decisiones de todos los actores sociales.

La integración genera un nivel de interdependencia tal, que el juego de intereses cruzados lleva progresivamente a los actores públicos y privados a moverse en un escenario político común, que excede los aparatos políticos nacionales. En efecto, los avances en la construcción del mercado común implican necesariamente la conformación de un ''espacio político común “ en el que en forma implícita rige una "política MERCOSUR”.

En este contexto, los cuatro Estados Partes del MERCOSUR, junto a Bolivia y Chile. han constituido el “Mecanismo de Consulta y Concertación Política” en el que se consensúan posiciones comunes en materias de alcance regional que superan lo estrictamente económico y comercial.

Así, en ocasión de la X Reunión del Consejo del Mercado Común (San Luis, 25 de Junio de 1996), se suscribió la “Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR”, así como el Protocolo de Adhesión de Bolivia y Chile dicha Declaración, instrumento que traduce la plena vigencia de las instituciones democráticas, condición indispensable para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR.

Asimismo, en la agenda del relanzamiento del MERCOSUR, los Estados Partes decidieron priorizar el tratamiento de las siguientes temáticas, con el objetivo final

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de profundizar el camino hacia la conformación del MERCADO COMUN DEL SUR:

Acceso al mercado Agilización de los trámites en frontera (plena vigencia del Programa de

Asunción); Incentivos a las inversiones, a la producción, a la exportación, incluyendo las

Zonas Francas, admisión temporaria y otros regímenes especiales; Arancel Externo Común; Defensa Comercial y de la Competencia; Solución de controversias; Incorporación de la normativa MERCOSUR; Fortalecimiento institucional del MERCOSUR; Relaciones externas;

Se ha avanzado en varios de estos temas lo que demuestra la voluntad de los Estados Partes de continuar la consolidación y profundización del MERCOSUR.

ALADI

La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo intergubernamental que asocia a doce países miembros de América Latina:

ARGENTINA COLOMBIA PARAGUAY

BOLIVIA CUBA PERÚ

BRASIL ECUADOR URUGUAY

CHILE MÉXICO VENEZUELA

Abarca un territorio de casi 20 millones de kilómetros cuadrados y a más de 430 millones de habitantes.

ASEAN Y APEC

La región Asia-Pacífico está captando cada vez más atención en el ámbito de las relaciones internacionales. A medida que se acerca el próximo siglo, la región sigue siendo muy pujante y cambia rápidamente en la mayoría de los aspectos relacionados con el desarrollo económico y político. Si esta región se convierte en el núcleo de crecimiento más importante de la economía mundial, las discusiones más calificadas obviamente se centrarán en la visión necesaria para manejar las veloces transformaciones que ocurren dentro de la zona (Dutta (1994)). Por el momento, el esquema regional conocido como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ha ido asumiendo cada vez un mayor número de estos restos.

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Nadie en la ASEAN podía imaginarse lo que sería el APEC hoy en día en comparación con sus inicios en la reunión ministerial de Canberra en 1989. Fue durante la primera reunión de líderes en las Islas Blake's en 1993, cuando la APEC planteó un reto para el gobierno. Más allá del concepto de ser sólo un foro consultivo, la agrupación se ha adherido fuertemente a un sistema abierto de comercio multilateral, como si éste fuese su mejor alternativa. El APEC se parece mucho a ese foro en la esfera económica de la región, pero se ha vuelto más formal con las reuniones de jefes de gobierno y encuentros ministeriales para discutir la agenda común relacionada con ellos. La Declaración de Bogor colocó la visión del APEC sobre tres pilares: la liberalización del comercio antes del 2010 para las economías desarrolladas, y antes del 2020 para las economías en desarrollo, seguida por la liberalización de las inversiones, la facilitación del comercio y las inversiones con miras a aumentar la actividad empresarial, y el fortalecimiento de la cooperación económica y técnica para que los otros dos pilares tengan éxito. Estos elementos recibieron un mayor énfasis durante la reunión de líderes de Osaka en 1995, al brindárseles el marco apropiado con un conjunto de principios definidos. Posteriormente, el primer resultado de estas acciones individuales y colectivas pasaron a ser conocidas como el Plan de Acción de Manila para el APEC (MAPA).

La ASEAN ha tenido suerte al contribuir con la materialización de tres importantes agendas en el APEC: la Secretaría del APEC en Singapur, la Declaración de Bogor y el más reciente MAPA. Esto ha servido para darle mayor relevancia al papel del APEC y a la participación de la ASEAN en el APEC. El proceso de esta asociación finalmente entró en la fase de instrumentación en enero de 1997. Basándose en las acciones colectivas e individuales del MAPA, la ASEAN ahora ha prometido alentar a los otros miembros para que liberalicen más allá de sus compromisos en la OMC. De modo que cada miembro debe comprometerse a presentar revisiones regulares y objetivas según los principios comunes de la agrupación. De esta forma se garantiza que todos los miembros perciban beneficios mutuos de la instrumentación conjunta de las propuestas acordadas. Todavía queda por verse si la ASEAN se beneficiará del proceso y cuáles serán los retos de la organización dentro del proceso futuro del APEC.

INTEGRACIÓN DENTRO DE LA ECONOMÍA DE ASIA-PACÍFICO

Desde la formación del APEC hay varias razones para la participación de la ASEAN. La ASEAN representa una importante área geográfica en la región y además su interacción con las economías de la región Asia-Pacífico se ha incrementado. Varios países del APEC han participado en los denominados "Diálogos entre Socios" de la ASEAN. De allí que podamos alegar que la ASEAN necesita lograr un rol que encaje perfectamente en la dinámica de la región. Las economías de la ASEAN se han beneficiado de esta dinámica, aparte de que contribuyen cada vez más con ella.

Para resaltar este hecho, las cifras de la ASEAN en 1995 muestran un enorme mercado regional de 420 millones de personas, con un PIB combinado de 537 mil

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millones de dólares estadounidenses o casi 1.500 dólares estadounidenses per capita. A pesar de que el PIB de la ASEAN apenas alcanza 4 por ciento del PIB del APEC, ha crecido rápidamente y seguirá haciéndolo. La población de la ASEAN representa casi 15 por ciento del número total de habitantes en la región Asia-Pacífico. Las economías de la ASEAN están atravesando diferentes etapas de desarrollo, registrando Singapur un ingreso per capita veinte veces mayor que el de Vietnam.

La ASEAN, como parte subregional de Asia-Pacífico, quizás no sea tan atractiva como el APEC, en el sentido de que este grupo comprende más economías y abarca a las mayores del mundo, tales como las de Estados Unidos de América, China y Japón, o las más desarrolladas, como las de Canadá, Australia y Nueva Zelandia. Sin embargo, la ASEAN sigue siendo considerada como un vasto mercado que crece muy rápidamente. El grupo regional pretende combinar su importancia como mercado y como base de producción con las otras economías del Sudeste Asiático y el Pacífico para poder conservar su competitividad. La región del Asia-Pacífico es lo bastante diversa como para que la ASEAN genere una mayor interdependencia con sus diferentes economías.

De hecho, la estructura cambiante de las ventajas comparativas en la ASEAN está íntimamente relacionada con los cambios estructurales y la reestructuración industrial que tiene lugar especialmente en la región Asia-Pacífico. Con las inversiones extranjeras directas que han entrado y las que ya existían en la ASEAN, varios países del grupo se han convertido en plataformas para las empresas multinacionales. Singapur ha logrado transformar a la isla en un centro de comunicaciones y servicios de suministro para el mercado regional. Malasia y Tailandia redujeron el papel de sus industrias con uso intensivo de la mano de obra a finales de los años 80 y comienzos de los 90 a favor de industrias con uso más intensivo de tecnología, especialmente en el sector manufacturero. Incluso Vietnam, país que entró a la ASEAN en 1995, ha aprovechado esta rápida transformación captando fuertes inversiones extranjeras directas.

Organismos en el Comercio Internacional

La Cámara de Comercio Internacional de París

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés), es una organización empresarial mundial, y a su vez vocera principal del mundo empresarial que defiende la globalización de la economía como una fuerza para el crecimiento económico, la creación de trabajo, la prosperidad y la consolidación de las economías nacionales.

Funciones principales:

Promover el crecimiento y la prosperidad a través de recomendaciones empresariales a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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Ejercer la vocería empresarial y participación cercana con países líderes de la Cumbre G8 y promover importantes alianzas empresariales con las Naciones Unidas y sus agencias.

Difundir la experiencia empresarial en las cumbres de la ONU sobre el desarrollo sostenible, la financiación del desarrollo y la sociedad de la información.

Ayudar a atraer la inversión a algunos de los países más pobres junto con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (CNUCD o UNCTAD).

Fijar las reglas y estándares importantes en materia de incoterms, contratos modelo y autorregulación del comercio electrónico.

Defender al empresariado internacional mediante la creación de reglas para acuerdos internacionales y estándares adoptados voluntariamente por las compañías.

Proporcionar una visión empresarial a las organizaciones intergubernamentales, internacionales y regionales como las Naciones Unidas, la OMC, entre otras.

Misión.

Desde su creación en 1919 la misión de la ICC ha sido fomentar el espíritu emprendedor así como el comercio e inversión transfronterizos. Por ello ha adquirido gran relevancia en la defensa de los intereses de cientos de compañías miembros y de asociaciones empresariales en todo el mundo.

La ICC tiene acceso directo a los gobiernos nacionales de todo el mundo a través de sus comités. En Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá representa a la ICC a través del Comité Nacional Colombiano de la ICC, desde 1991.

Promoción del Comercio.

El objeto de este Comité es la promoción de mecanismos de participación del sector privado colombiano en discusiones internacionales para que los criterios y opiniones de la comunidad empresarial sean escuchados y, de esta manera, fomentar la formulación de políticas comerciales internacionales para las necesidades latinoamericanas.

2. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil – UNCITRAL

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), fue establecida por la Asamblea General en 1966 (resolución 2205 XXI, del 17 diciembre de 1966). Según la propia UNCITRAL, la Asamblea General, al establecer la Comisión, reconoció que las disparidades entre las legislaciones nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos al comercio, y consideró que la Comisión constituiría la instancia idónea para que las Naciones Unidas podrían desempeñar un papel más activo en la reducción o en la eliminación de esos obstáculos.

La Asamblea General de Naciones Unidas encomendó a la Comisión (UNCITRAL) la labor general de fomentar la armonización y la unificación progresivas del derecho mercantil internacional. A partir de ello, la UNCITRAL se ha convertido en

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el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil internacional.

Hasta el momento, la Comisión está integrada por 36 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General. Su composición es representativa de las diversas regiones geográficas y de los principales sistemas jurídicos y económicos del mundo. Los miembros de la Comisión son elegidos por períodos de seis años y cada tres años expira el mandato de la mitad de ellos.

Las principales áreas de trabajo de la UNCITRAL son:

1. Compraventa internacional de mercaderías y operaciones conexas

2. Transporte internacional de mercaderías

3. Arbitraje y conciliación comercial internacional

4. Contratación pública

5. Contratos de Construcción

6. Pagos Internacionales

7. Insolvencia transfronteriza

8. Comercio Electrónico

En el área relativa a Comercio Electrónico destaca la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Esta ley, elaborada en el año de 1996, tiene por objeto facilitar el uso de medios modernos de comunicación y de almacenamiento de información, por ejemplo el intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico con o sin soporte de Internet. De acuerdo con la Comisión, la Ley Modelo se basa en el establecimiento de un equivalente funcional de conceptos conocidos en el tráfico que se opera sobre papel, como serían los conceptos "escrito", "firma" y "original".

La Ley Modelo proporciona los criterios para apreciar el valor jurídico de los mensajes electrónicos, y por tal motivo es muy importante para aumentar el uso de las comunicaciones que se operan sin el uso del papel. Como complemento de las normas generales, la Ley contiene también una serie de lineamientos para el comercio electrónico en áreas especiales, como sería el transporte de mercancías. Con el propósito de poder asistir a los legisladores, la Comisión ha elaborado además una Guía para la Incorporación de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico al derecho interno.

La UNCTAD genera una serie de informes sobre ciertos temas, entre ellos:

El informe sobre comercio y desarrollo El informe de inversión mundial El informe sobre el desarrollo económico de África El informe sobre los países menos desarrollados Las estadísticas de la UNCTAD El informe sobre comercio electrónico y desarrollo La revisión de transporte marítimo

La UNCTAD también realiza varios programas de cooperación técnica como el ASYCUDA (SIDUNEA) , DMFAS, EMPRETEC y WAIPA.

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Además, UNCTAD realiza ciertas cooperaciones técnicas en colaboración con la Organización Mundial del Comercio a través del Centro de Comercio Internacional (CCI), una agencia técnica de cooperación conjunta (del UNCTAD y de la Organización Mundial del Comercio) que aborda aspectos operacionales y empresariales del desarrollo del comercio.

La Organización Mundial de Comercio

La Organización Mundialdel Comercio conocida como OMC fue establecida en 1995, la OMC administra los acuerdos comerciales negociados por sus miembros, en concreto el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT en inglés), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS en inglés) y el Acuerdo sobre Comercio de Propiedad Intelectual (TRIPs en inglés). Además de esta función principal, la OMC es un foro de negociaciones comerciales multilaterales; administra los procedimientos de solución de diferencias comerciales (disputas entre países); supervisa las políticas comerciales y coopera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de lograr una mayor coherencia entre la política económica y comercial a escala mundial.

A pesar de que teóricamente el libre comercio no figura entre sus objetivos, en la práctica, la OMC es un foro dónde los Estados miembros buscan acuerdos para la reducción de aranceles, y por tanto para la liberalización del comercio, y dónde se resuelve cualquier disputa comercial que pudiera surgir entre sus miembros con respecto a los acuerdos alcanzados

El GATT

El GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) fue creado en 1947 como respuesta al periodo de proteccionismo, devaluaciones competitivas y controles de capitales del periodo de entreguerras que se considera fue uno de los factores que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Tras la adopción de la Smoot-Hawley Tariff Act en Estados Unidos, que incrementó los aranceles estadounidenses entre el 38%-52%, los socios comerciales de los EEUU le impusieron a éste restricciones comerciales como medida de represalia. Esto provocó un efecto dominó por el cual los flujos comerciales se desviaban a otros países, se tomaban medidas proteccionistas en estos, y a su vez medidas de represalia adicionales se tomaban.

Una vez concluida la guerra, los líderes políticos mundiales quisieron establecer una serie de organizaciones internacionales que redujeran la posibilidad de que se repitiera de nuevo el conflicto. Estas organizaciones internacionales fueron creadas para controlar las relaciones internacionales y monetarias (Naciones Unidas y FMI) y para el control de las relaciones comerciales (la Organización Internacional del Comercio, OIC).

Se consideró que un aumento del comercio incrementaría las rentas reales y que la garantía de un acceso no discriminatorio a los mercados internacionales reduciría la posibilidad de conflictos políticos o que las disputas comerciales pudieran crearlos.

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El GATT fue el resultado de conversaciones entre 23 países (12 países industrializados y 11 en desarrollo) que tuvieron lugar en paralelo a las conversaciones para la creación del OIC. Las negociaciones que tuvieron lugar en La Habana en 1947 no dieron sus frutos debido a la reticencia del Congreso de los Estados Unidos en ratificar el acuerdo. Finalmente, el GATT fue el único resultado de los acuerdos y éste impulsó la reducción de aranceles entre los Estados miembro.

A partir de aquí, y de acuerdo con el funcionamiento típico de los tratados, se sucedieron una serie de rondas de negociación que iban cambiando o añadiendo determinados aspectos al GATT. Por ejemplo, en 1962 se firmó el Multifibre Agreement que derogaba determinadas restricciones cuantitativas en el sector textil de la aplicación de las reducciones arancelarias (es decir, que en estos sectores no se aplicarían dichas reducciones) o La Ronda de Tokyo (1973-1979)

Creación de la OMC

Pascal Lamy, actual Director General de la OMC, en 2006

La Ronda de Uruguay (1986-93) fue uno de los momentos más importantes dentro de las negociaciones comerciales, resultando en la reintegración del sector agrícola y textil, introducción de nuevas disciplinas en el sector servicios y de Propiedad Intelectual, así como la creación de la OMC.

Así pues, la OMC fue creada el 1 de enero de 1995, sustituyendo al GATT, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde aún mantiene su sede. Desde su creación, el GATT fue explícitamente concebido como un acuerdo temporal que posteriormente formaría parte de la OIC. Debido a que carecía de una estructura institucional, se decidió crear la OMC para suplir estas deficiencias.

Las principales diferencias entre el GATT y la OMC son las siguientes:

Único contrato (single undertaking): El acuerdo de la OMC es un único contrato, es decir, que todas sus provisiones se aplican a todos sus miembros. Esta es una diferencia importante con respecto al GATT dónde, principalmente los países en desarrollo, podían decidir si firmar o no un acuerdo.

Órgano de solución de diferencias (dispute settlement): En la OMC es casi imposible bloquear la creación de Paneles para la resolución de disputas o la adopción de informes, mientras que esto sí que era posible en el caso del GATT.

Transparencia: La OMC tiene un mayor mandato para conseguir la transparencia y vigilancia en sus funciones, principalmente a través de la creación del Mecanismo de Revisión de las Políticas Comerciales (Trade Policy Review Mechanism).

Liderazgo de la organización: Como reflejo del mayor alcance de la organización, en lugar de designar un alto funcionario de uno de los Estados miembros (como era tradición en el GATT), los Directores Generales de la OMC son figuras políticas, en general ex-políticos.

Funcionamiento: Mientras que en el GATT podía pasar una década sin encuentros ministeriales, en la OMC, los firmantes deben reunirse por lo menos una vez cada dos años.

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Como se ha dicho, la OMC funciona básicamente mediante rondas de negociación de la Conferencia Ministerial. Con posterioridad a la ronda fundacional de la OMC, la Ronda Uruguay (1986-1993), se desarrollaron las siguientes Conferencias Ministeriales:

1996: 1ª, Singapur. Produce una Declaración Ministerial y otra sobre comercio de productos de tecnología de la información (esta última firmada por 18 miembros)

1998: 2ª, Ginebra. Produce una Declaración Ministerial y otra sobre comercio electrónico.

1999: 3ª, Seattle (también conocida como Ronda del Milenio). La reunión fracasa por las protestas masivas (ver: La batalla de Seattle) y no produce ninguna declaración.

2001: 4ª, Doha. Produce varias declaraciones y decisiones conocidas como "Programa de Doha".

2003: 5ª, Cancún. No logra acordar ninguna declaración debido al desacuerdo de los países desarrollados con la posición del G-21 (integrado por países del Sur) reclamando la eliminación de los subsidios agrícolas en países desarrollados.

2005: 6ª, Hong Kong. Se aprueba una Declaración Ministerial y una Lista de Preguntas a los Ministros que incluye 5 puntos directamente referidos al proteccionismo en la agricultura, y otros 3 sobre productos no agrícolas.

Funcionamiento

En general, se puede decir que la OMC es:

Un mecanismo para el intercambio de compromisos en materia de política comercial.

Un código de conducta: una serie de compromisos legales específicos que Para entender exactamente en qué consiste dicho código de conducta, se considera que existen cinco principios o dimensiones de la OMC que son de particular interés para entender su funcionamiento. Estos cinco principios configuran la base legal sobre la que los Estados miembros pueden llegar a acuerdos, sin que estos acuerdos puedan violar ninguno de estos principios (es a estos principios a los que nos referíamos al decir que la OMC es un marco o estructura de normas):

La no discriminación. La reciprocidad. El principio de acuerdos vinculantes. La transparencia. Determinadas excepciones (safety valves).

La no discriminación

El principio de no discriminación tiene a su vez dos componentes:

La norma de la Nación Más Favorecida (NMF) (Most Favoured Nation, MFN). El principio de trato nacional (National Treatment).

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Estas dos normas o principios se encuentran en los distintos acuerdos alcanzados sobre bienes, servicios, y propiedad intelectual, pero su precisa naturaleza o alcance difiere entre estas tres áreas. Esto es especialmente cierto en el caso del Trato Nacional, que es un compromiso específico y no general en el caso de los servicios.

La norma de la Nación Más Favorecida (NMF) requiere que un producto producido en un Estado miembro sea tratado de forma no menos favorecida que un producto similar originario de cualquier otro país. Es decir, supongamos que la Unión Europea (UE) tiene un acuerdo particular con los Estados Unidos por el cual a los coches deportivos estadounidenses (supongamos que existiera tal categoría) se les impone unos aranceles del 10%. Supongamos ahora que China dentro de unos años empieza a producir también coches deportivos y pretende exportarlos a la UE. Imaginemos que los coches deportivos chinos tienen un precio muy por debajo de los estadounidenses y europeos (por ejemplo, debido a que los trabajadores/as chinos/as tienen un salario mucho inferior al europeo). Así pues, imaginemos que los dirigentes políticos europeos deciden imponer a estos coches chinos unos aranceles del 50% (puesto que así, al entrar en el mercado europeo, su precio aumentará del 50% y se encontrarán a un precio mucho menos inferior al de los coches deportivos europeos o estadounidenses y por tanto su capacidad de competir con los coches deportivos europeos será mucho inferior). Pues bien, este comportamiento estaría prohibido por el principio de la NMF: puesto que la UE aplica aranceles del 10% a los coches deportivos estadounidenses está obligada a aplicar el mismo arancel a los coches deportivos chinos o de cualquier otro Estado miembro de la OMC. Es más, el principio de la NMF se aplica también si el Estado miembro tiene un acuerdo con otro país que no sea miembro de la OMC. Es decir, que si la UE tuviera un acuerdo bilateral con Mongolia (que no es miembro de la OMC) por el cual los aranceles impuestos a los coches deportivos mongoles fuera del 5%, la UE estaría obligada a garantizar unos aranceles máximos del 5% a todos los Estados miembros de la OMC.

La norma de la NMF se aplica incondicionalmente, a pesar de que existen excepciones. Las tres excepciones más importantes son:

Las Zonas de Libre Comercio (Free Trade Area) que son acuerdos entre países por los cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel alguno (un ejemplo es la NAFTA entre EEUU, México y Canadá).

Las Uniones Aduaneras (Custom Union) que son zonas de libre comercio pero dónde los países no sólo dejan de imponer aranceles a las exportaciones entre éstos sino que además adoptan aranceles comunes para las importaciones de países terceros (el ejemplo más conocido es la UE).

Los acuerdos de trato preferencial que son acuerdos entre países industrializados y en desarrollo por los cuales los primeros dan un trato arancelario preferencial (es decir, aranceles inferiores) a los segundos.

El principio de trato nacional requiere que, una vez los productos extranjeros hayan satisfecho cualesquiera requisitos nacionales necesarios para poder ser importados, sean tratados de manera no menos favorecedora que productos similares o competitivos nacionales. Así pues, este principio se aplica tanto a

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regulaciones fiscales como políticas. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que los coches chinos se encuentran ya en la aduana de la UE tras haber pagado el arancel del 10%. Supongamos ahora que la UE ha decidido establecer a nivel europeo una nueva norma para fomentar el comercio intraeuropeo. Digamos que dicha norma consiste en una reducción fiscal del 10% de los costes de transporte de los coches europeos para las empresas europeas que producen dichos coches. Pues bien, según el principio de Trato Nacional, la UE estaría obligada a garantizar dicha reducción fiscal del 10% de los costes de transporte en territorio europeo a todas las empresas chinas y de los Estados miembros de la OMC que quisieran exportar coches en territorio europeo.

En ambos casos, la obligación es de dar un trato no menos favorable. Es decir, que un país puede favorecer un determinado producto extranjero en relación al nacional pero sujeto al principio de NMF, es decir, que dicho trato favorecedor deberá ser garantizado a todos los productos similares de cualquier país extranjero miembro de la OMC. Lo contrario también es cierto, es decir, que un país puede favorecer un producto nacional en relación a uno extranjero (por ejemplo con elevados aranceles sobre ese producto), pero entonces el país deberá favorecer dicho producto nacional en relación a todos los productos similares de cualquier país extranjero miembro de la OMC. En nuestro ejemplo anterior, esto quiere decir que la UE no puede imponer aranceles elevados a los coches chinos y bajos a los estadounidenses, pero sí que podría imponerles aranceles bajos e iguales (no discriminación) o aranceles elevados e iguales a ambos países.

El principio de NMF tiene una serie de objetivos económicos y políticos. En cuanto al objetivo económico, si la política de un país no discrimina entre países extranjeros, tanto importadores como consumidores continuarán teniendo el incentivo de comprar del país con un menor coste (es decir, precio). En cuanto al objetivo político, la NMF ofrece a los países pequeños la posibilidad de impedir que países más grandes darán mejor trato a competidores por razones de Política Exterior. Además, el principio de NMF, busca mantener la cooperación mediante el incremento del coste de un país de desviarse de sus compromisos, incrementando así la credibilidad de estos compromisos. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la UE siguiera queriendo imponer tarifas a los coches chinos del 50%, lo podría hacer, pero entonces tendría que incrementar hasta ese nivel las tarifas impuestos a los coches de cualquier otro país miembro de la OMC. Esto querría decir que, de un día para otro, debido a la subida de los aranceles, el precio de todos los coches no europeos en la UE se incrementaría. Como seguramente la UE no quiere que sus ciudadanos paguen más caros todos los coches no europeos, finalmente decidirá ajustarse al compromiso que había alcanzado con todos los miembros de la OMC: una tarifa del 10%. Así el principio de la NMF incrementa el coste de cualquiera de sus miembros a desviarse de los compromisos previos alcanzados.

El objetivo del principio de trato nacional es que de igual forma, los compromisos de reducción de aranceles, no sean contrarrestados mediante el uso de impuestos o medidas similares. La obligación se aplica siempre, se haya alcanzado o no un compromiso en materia de aranceles, y cubre todos las políticas. En el principio de trato nacional es irrelevante hasta qué punto se le produce un daño económico al

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exportador extranjero mediante una ley o norma nacional, lo que importa es si esta ley discrimina entre productores nacionales y extranjeros.

El principio de reciprocidad

El principio de reciprocidad se aplica en el momento en que existen negociaciones para la entrada de un nuevo miembro a la OMC. Cuando un país quiere formar parte de la OMC el resto de Estados miembros están obligados a garantizar las tarifas acordadas al resto de Estados miembros, tal y como se ha descrito más arriba, debido al principio de la NMF. En nuestro ejemplo, si China quisiera formar parte de la OMC, el resto de países de la OMC, en nuestro ejemplo, la UE y los EEUU, tendrían que garantizar a los productos chinos las mismas tarifas que las aplicadas al resto de miembros, en nuestro ejemplo, una tarifa del 10% para los coches. El principio de reciprocidad implica que el resto de Estados miembros pueden decidir, como requisito para la entrada de China a la OMC, que ésta baje a su vez las tarifas que aplica a determinados productos provenientes de Estados miembros.

El objetivo del principio de reciprocidad es impedir el free riding. Es decir, que un país con tarifas elevadas que quiera entrar a formar parte de la OMC, se beneficie de unas tarifas bajas en todos los miembros de la OMC para sus productos (por el principio de la NMF) y el país pueda seguir imponiendo tarifas elevadas para los productos de los miembros de la OMC.

La solución de diferencias (dispute settlement)

La OMC es una de las pocas organizaciones internacionales que dispone de un órgano de solución de diferencias. Para el lector que lo conozca, se trata de un sistema muy similar al Derecho de la UE. Los compromisos de reducción de tarifas se enumeran en listas de concesiones (por ejemplo, el país X tiene una tarifa de Y en tal producto). Estas listas establecen límites obligados (ceiling binds): el país concernido no puede incrementar las tarifas por encima de éstos límites (con límites para cada producto extranjero).

En ocasiones, un país puede ser acusado de haber incrementado las tarifas. Sin embargo éste no es el caso más frecuente. Puesto que controlar las tarifas impuestas por el país es sencillo, basta con saber el importe pagado por la empresa exportadora y si dicha tarifa es superior al límite obligatorio estipulado. En cambio, la mayoría de problemas se derivan de otras acusaciones. En particular, la mayoría de casos se dan por supuestas violaciones del principio de trato nacional, es decir, porque un miembro considera que las normas nacionales discriminan a sus productores (exportadores) en relación a los nacionales del país.

Si un país considera que las acciones llevadas a cabo por otro miembro tienen como efecto anular o perjudicar las negociaciones de acceso al mercado o cualquiera de las normas de la OMC, puede pedirle al gobierno de dicho miembro que cambie estas normas o le permita un mayor acceso a su mercado (reducción de tarifas) en otros productos que al país interesen. Si no se llega a un acuerdo, el país puede iniciar una acción legal contra el miembro mediante la solución de diferencias de la OMC. Esto implica la constitución de un panel de expertos encargados de determinar si la medida del miembro contestada por el país viola los acuerdos de la OMC. Puesto que la OMC es un acuerdo intergubernamental

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(entre países), solamente los gobiernos tienen derecho a llevar un caso ante un panel.

Es muy importante entender como funciona el sistema de solución de diferencias para entender el funcionamiento de la OMC en sí. La OMC no puede obligar a un país a reducir sus tarifas puesto que no dispone de poder coercitivo (no dispone de policía) que puedan hacer cumplir las decisiones de los panels. En cambio, cuando un país acusa a otro de llevar a cabo acciones que perjudican su acceso al mercado y que son contrarias a las normas de la OMC, el panel, de la misma forma que haría un tribunal, decide si las normas de la OMC fueron violadas o no. Si considera que no ha habido violación alguna, se mantiene el status quo. Si en cambio considera que sí hubo violación, entonces autoriza al país afectado por tal violación a tomar medidas unilaterales en represalia. Por ejemplo, supongamos de nuevo que la UE decide llevar a cabo una reducción fiscal del 10% a los costes de transporte de empresas europeas productoras de coches. Supongamos que tal medida es considerada discriminatoria y viola el trato nacional puesto que las empresas extranjeras no se pueden beneficiar de dicha reducción. Entonces el panel decide cual es el daño aproximado, medido en dinero, que se le ha producido al país que denunció las acciones del otro miembro[] . Una vez contabilizado dicho daño, el país afectado puede iniciar medidas de represalia, es decir, una subida en las tarifas aplicadas a los productos del otro miembro que equivalga al daño económico que este miembro le causó.

Se deben de tener en cuenta diversos aspectos de este sistema de solución de diferencias. Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que el panel decide dar la razón a China, cuyas empresas no se pueden beneficiar de la reducción fiscal del 10% en costes de transporte en europa. Así pues, China y la UE podrían llegar a un acuerdo. Por ejemplo, China podría incrementar las tarifas que impone a los productos provenientes de la UE por un valor igual al daño económico causado por las acciones de la UE a China. Podría suceder también que la UE decidiera eliminar dicha norma por no convenirle la subida de tarifas por parte de China. Es importante notar que en este caso la UE podría seguir llevando a cabo la política deseada (una reducción fiscal del 10%) si así lo decidiera, sin que la decisión del panel entorpeciera la soberanía de la UE en decidir qué medida llevar a cabo. Ahora bien, supongamos en cambio que en otro caso, Burkina Faso acuse a la UE de llevar a cabo una medida similar que haya disminuido el acceso del maíz producido por sus agricultores al mercado europeo. Supongamos que el panel da la razón a Burkina Faso y le autoriza a tomar medidas en represalia. Pero imaginemos que Burkina Faso importa de la UE bienes de capital que utilizan sus empresas y productos farmacéuticos únicamente. Como a Burkina Faso no le interesa incrementar las tarifas impuestas a estos productos, básicamente porque esto encarecería las máquinas que utilizan sus empresas o los medicamentos que pagan sus ciudadanos, las acciones de la UE quedan impunes.

Así pues, aunque el sistema de solución de diferencias impide la represalia unilateral de un país (puesto que antes debe pasar el juicio del panel), la capacidad real de un país de responder a una acción de otro miembro que reduzca el acceso a su mercado depende de las características económicas de los países que se enfrenten. Esto es particularmente importante para países con una

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economía pequeña puesto que, dadas sus características, las medidas de represalia pueden ser poco efectivas o creíbles, incentivando así a que se infrinjan las normas contra los intereses de estos países.

Los principios de no discriminación, reciprocidad y la solución de diferencias tienen como objetivo conjunto asegurar el tercero de los cinco principios de la OMC, el principio de acuerdos vinculantes, puesto que aseguran el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el seno de la OMC.

La transparencia

Una precondición para la aplicación de los acuerdos es la información sobre los régimenes comerciales. La transparencia es una obligación legal, incluida en el Artículo X GATT, Artículo III del GATS y Artículo 63 TRIPS. Los miembros están obligados a publicar sus normas en materia de comercio, a establecer y mantener instituciones permitiendo la revisión de las decisiones administrativas que puedan afectar al comercio, a responder a las demandas de información por parte de otros miembros, y a notificar a la OMC cualquier cambio en la política comercial.

Estos requisitos de transparencia interna se suplementan con el control multilateral que ejercen los propios miembros de la OMC, facilitado además por informes nacionales periódicos que son preparados por el secretariado y discutidos en el Consejo de la OMC. Esto configura el llamado Mecanismo de Revisión de Políticas Comerciales.

La transparencia es sin duda vital para asegurar la titularidad de la OMC como institución: si los ciudadanos no saben en qué consiste la organización, su legitimidad queda erosionada. El Mecanismo de Revisión de Políticas Comerciales es una fuente importante de información que puede ser usada por la sociedad civil para valorar cuáles son las implicaciones del conjunto de políticas comerciales llevadas a cabo por los gobiernos. Desde un punto de vista económico, la transparencia puede ayudar también a reducir la incertidumbre acerca de las políticas comerciales de cada miembro, reduciendo así el risk premia requerido por los inversores.

Las excepciones

En la OMC no existen excepciones ad hoc: si un miembro quiere desviarse de sus compromisos, debe invocar la excepción apropiada o renegociar sus compromisos.

En cualquier caso, existen bastantes provisiones en los acuerdos admitiendo excepciones a las obligaciones básicas (límites tarifarios, prohibición de restricciones cuantitativas, no discriminación, etc.). Estas excepciones se pueden agrupar en tres categorías:

Excepciones de carácter industrial: medidas inconsistentes con las obligaciones de la OMC y que en general reflejan el deseo de un Estado miembro de asistir a una industria específica en su competencia con las importaciones extranjeras. El objetivo es pues la protección de las empresas nacionales.

Excepciones que afectan a la economía en general: políticas enfocadas a un problema macroeconómico o de oferta de un bien público (sanidad o seguridad

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pública por ejemplo). A diferencia de la anterior excepción, cuyo único objetivo es el de proteger a un determinado grupo de la sociedad (empresas y trabajadores/as de éstas), ésta tiene como objetivo incrementar el bienestar general.

Excepciones institucionales o sistémicas: motivadas por el deseo general de los miembros en tratar un problema específico de algún miembro o salvaguardar el funcionamiento del sistema comercial en su conjunto.

Está compuesta por 151 países (julio, 2007) y su máxima autoridad es la Conferencia Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. Las operaciones cotidianas de la organización están a cargo del Consejo General, del Órgano de Solución de Diferencias y del Órgano de Examen de las Políticas Internacionales. La OMC es el único de los organismos multilaterales con capacidad reconocida para sancionar a los países miembros por el incumplimiento de sus reglas. Lo hace a través del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y sus Paneles de Expertos. Estos Paneles de Expertos actúan como un tribunal cuando un país o grupo de países miembros denuncian a otro país por incumplir algún acuerdo de la OMC. Las resoluciones del Panel de Expertos son vinculantes y pueden derivar en sanciones comerciales. La OMC ha sido a menudo acusada de aplicar sus sanciones de forma desigual, tratando con rigidez a los países de la periferia, mientras que se lava la cara en las potencias económicas del centro. De hecho, no en pocas ocasiones ha resultado que los expertos del Panel de la OSD no son otros que directivos de destacadas empresas transnacionales.

A diferencia de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI, funciona bajo la máxima de un país, un voto. Las decisiones se toman por consenso: cualquier acuerdo que se alcance en las negociaciones debe ser mediante el consenso “explícito” de todas las partes, de tal forma que cualquier país puede, en teoría, bloquear un acuerdo. A pesar de la apariencia democrática de este proceso de toma de decisiones, alrededor del mismo se despliegan una serie de mecanismos y presiones que convierten la OMC en una institución totalmente antidemocrática.

La OMC, al igual que el GATT, funciona a través de Rondas de Negociación. En cada Ronda se plantean una serie de sectores y subsectores a liberalizar, así como otras cuestiones de funcionamiento e implementación de los acuerdos. A lo largo de las diferentes Rondas (que acostumbran a durar años), la OMC convoca lo que llama Conferencias Ministeriales, donde se toman efectivamente los acuerdos.

Entre conferencia y conferencia se realizan reuniones de trabajo de las diversas comisiones que van limando las diferencias sobre los temas que hay que negociar. A lo largo de la historia del GATT ha habido ocho Rondas de Negociación, y actualmente estamos en medio de la primera Ronda de Negociaciones desde que se creó la OMC, la cínicamente llamada “Ronda del Desarrollo”. Esta Ronda fue iniciada en la Conferencia Ministerial de Doha, en 2001.

Críticas No liberalización del comercio agrícola

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La no liberalización del comercio agrícola ha sido una de las principales críticas por parte de amplios sectores de la sociedad civil. En ocasiones estas críticas se han dirigido a la OMC, a pesar de que ésta como tal no controle el resultado de los compromisos: son los Estados miembros, no la OMC, quienes deciden si permitir que los productos agrícolas extranjeros puedan tener un mayor acceso a sus respectivos mercados.

Lo cierto es que el sector agrícola es uno de los menos liberalizados, es decir, uno de los sectores dónde los principales mercados (EEUU, Japón y la UE) aplican tarifas más elevadas a las importaciones provenientes del extranjero. En la UE, la Política Agrícola Común (PAC) impide el acceso de muchas exportaciones de productos agrícolas para proteger a los agricultores europeos de la competencia de otros países. En EEUU, un complejo sistema de subsidios protege de igual forma a sus respectivos agricultores. No solamente no permiten el acceso a sus mercados sino que, además, en algunos casos determinados, debido a unos precios nacionales superiores a los mundiales causados por dicha protección (por ejemplo en la UE), se incentiva el incremento de la producción en estos países. Se han dado casos en los que países industrializados han producido un excedente de productos agrícolas, por los precios nacionales superiores a los mundiales (que incentivan al agricultor a producir más para ganar más). Como el país industrializado no tiene la suficiente demanda para satisfacer toda la producción, ni formas de almacenar los productos agrícolas (entre otras cosas porque muchos son perecederos), se decide exportar dicho excedente. El problema es que, al exportar estos productos, se incrementa su oferta en el mercado mundial y a mayor oferta, se reduce su precio a nivel mundial o incluso llegan tales productos a países en desarrollo que no pueden competir con ellos, no porque sean menos competitivos, sino porque el país industrializado de turno, al ofrecer un subsidio a sus agricultores facilita el que éstos puedan venderlos más baratos. El problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que en los países desarrollados tan sólo alrededor de un 5% de la población activa trabaja en la agricultura, mientras que en los países en desarrollo el porcentaje puede alcanzar hasta el 80% de la población. Es así como la protección garantizada a unos pocos agricultores (pagada con el dinero del contribuyente que tiene que pagar precios más altos o sufragar el gasto de los subsidios a los agricultores de su país), acaba impidiendo el acceso al mercado de los países ricos a los agricultores que más lo necesitan o incluso acaban reduciendo el precio de las exportaciones de éstos, con las evidentes consecuencias en su renta.

La no apertura de los mercados de los países ricos a los productos agrícolas ha sido motivo de duras luchas por parte de los países en desarrollo. El problema es que, debido a la forma en que se ha configurado el sistema propio de la OMC, no existe por parte de los países ricos un interés especial en permitir dicho acceso. En la OMC cada acuerdo se negocia: el país X rebaja sus tarifas en tal producto que exporta el país Y si a su vez el país Y rebaja sus tarifas en tal otro producto que exporta X. Con este sistema se liberaliza el comercio sin que un país pierda toda su protección a cambio de nada y por lo tanto ambos países puedan ganar con dicha liberalización. El problema es que los países pobres tienen poca cosa que ofrecer a los ricos, como son pobres y tienen una demanda poco importante,

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no pueden ofrecer a los países ricos la apertura de sus mercados en otros productos a cambio de que los ricos abran sus mercados agrícolas, porque los mercados de los países pobres no son importantes para las exportaciones de los países ricos. Es así como el sistema lesiona el poder de negociación de los países pobres.

Sin duda alguna se trata de un problema complejo de difícil solución. En primer lugar, están los agricultores de los países ricos que presionan al gobierno para que no deje de protegerlos. Además, a pesar de que en conjunto, la población ocupada en el sector agrario en los países industrializados es muy reducida, también es cierto que ésta no se reparte homogéneamente por todo el territorio, y existen zonas de estos países donde la agricultura es todavía hoy importante. Así pues, si se decidiera desproteger a estos agricultores sin una ayuda alternativa, muchas zonas rurales podrían perder parte de su actividad económica, incentivando así la despoblación de zonas rurales y el incremento de la población en zonas urbanas. En segundo lugar, existen también argumentos de seguridad alimentaria. Quienes defienden este argumento consideran que es mejor que el propio país produzca sus alimentos para no verse afectado por una posible disminución de las importaciones que provocaran la escasez de alimentos. Este argumento ha recibido duras críticas por parte de quienes consideran que la liberalización del comercio en el sector agrícola reduciría este problema más que acrecentarlo: si un país puede exportar y otro importar libremente, es difícil pensar en una situación dónde no existiera a escala mundial un excedente de producción alimentaria que supliera la escasez en otro lugar del mundo, especialmente si hablamos de países ricos que pueden permitirse pagar los alimentos a precios más elevados (como de hecho ya lo están haciendo los ciudadanos europeos o estadounidenses, entre otros).

Críticas al funcionamiento sistémico de la OMC

Los países del Sur han denunciado repetidamente las irregularidades en los procesos de negociación en el seno de la OMC. Mantener posiciones extremas hasta el último momento para conseguir acuerdos intermedios, negociar en pequeños grupos de países marginando a los países menos importantes (“sala verde”), etc. Son todas ellas estrategias comunes en las negociaciones en el seno de la OMC. La relación desigual entre los países ricos y la mayoría de países empobrecidos es un factor determinante en este tipo de negociaciones. Ningún país empobrecido tiene la capacidad de hacer frente unilateralmente a un bloqueo de las negociaciones. Cada país tiene por lo menos un punto vulnerable en su relación con EEUU, UE y Japón, los mercados más interesantes para la exportación. Como demostraron los países del Sur en la Conferencia Ministerial de Cancún con la creación del G23, la única forma de contrarrestar este tipo de estrategia es hacerle frente unidos puesto que el mercado de un país en vías de desarrollo puede no parecer interesante pero el de muchos de ellos conjuntamente sí lo es.

Además, estos documentos no siempre se elaboran con el tiempo suficiente para estudiarlos y evaluarlos, sobre todo para aquellos países con menos recursos que cuentan con menos técnicos a su disposición. A pesar de que este aspecto puede

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parecer trivial, es de vital importancia. La OMC son un conjunto de acuerdos muy complejos que necesitan de juristas, economistas, etc. para que puedan ser analizadas en detalle las consecuencias de cada compromiso. A pesar de que la OMC pone a disposición de los países en desarrollo a algunos de sus empleados, la diferencia entre pobres y ricos es enorme. En la última Conferencia Ministerial de Cancún, por ejemplo, la propuesta de la declaración final fue entregada a los delegados sólo 30 horas antes de la hora límite para alcanzar un acuerdo. Las delegaciones estuvieron discutiendo hasta altas horas de la madrugada.

La falta de transparencia

Uno de los aspectos más criticados en cuanto a la transparencia de la OMC son las llamadas negociaciones de la Sala Verde (Green Room), un sistema de reuniones informales establecidas durante la Ronda de Uruguay, llamadas así por el color de la habitación donde se realizaban. En estas reuniones, un número reducido de países, con interés en el tema que va a ser negociado, se encuentran para llegar a un acuerdo que, más tarde, debe ser ratificado, por consenso, por todos los países miembros (entre los cuales hay muchos que no han sido invitados a las reuniones). Este mecanismo se repitió en Seattle, y fue uno de los motivos más importantes del fracaso de la conferencia, ya que los países africanos y otros de la periferia se plantaron ante esta situación y se negaron a ratificar la declaración final (en la negociación de la cual no habían participado, ya que habían sido marginados de las negociaciones de la "sala verde" durante toda la conferencia). Los procesos en la Green Room fueron objeto de críticas durante la década de los noventa, especialmente por parte de países en desarrollo y ONGs preocupadas por la falta de transparencia, por ser ambos excluídos de dichos procesos.

Otra crítica frecuente dirigida a la OMC es que no existe acceso libre a todos los datos generados por la OMC. Por ejemplo, no existe el acceso libre a la Base de Datos Integrados de la OMC, que comprende los datos sobre los límites tarifarios a los que los miembros se han comprometido. A pesar de que los límites tarifarios son el núcleo de la OMC, es muy complicado su análisis por parte de cualquier investigador externo puesto que esto requiere el análisis de una cantidad fenomenal de datos. Sin embargo, el Secretariado de la OMC organiza y recoge de manera más comprensible todos estos datos pero únicamente tienen acceso a ellos los gobiernos de los Estados miembros.

Fórmulas de prevención

Previamente a formalizar una transacción comercial conviene seguir todas y cada una de las siguientes medidas:

1.- Conocer en profundidad la empresa o empresas con las que se está trabajando. Para ello se puede solicitar un informe de solvencia y de riesgo a una compañía especializada.

2.- Contar con el asesoramiento de un experto en la materia, que incluya la elaboración de un contrato completo, adaptado a la operación y que contemple

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sus posibles contingencias. En cualquier caso, es aconsejable que prevea la Ley aplicable y los Tribunales competentes.

3.- La suscripción de garantías o créditos documentarios con entidades de primera línea, así como la suscripción de la correspondiente póliza de seguro.

Fórmulas de solución del conflicto

Si, pese a las medidas de prevención expuestas, surge un conflicto, se recomienda llevar a cabo las siguientes medidas:

1.- Acudir a un organismo de mediación internacional. Se trata de someter la resolución de la controversia a la decisión de un tercero neutral, independiente y especializado en la materia. El 85% de las cuestiones que se someten a conciliación o mediación se resuelven con éxito. Este método se caracteriza por su rapidez y flexibilidad, así como porque puede suponer un menor coste económico que otras vías. Requiere que las partes se sometan voluntariamente y sus decisiones no son vinculantes.

Existen múltiples organismos de mediación. La mayoría de las organizaciones internacionales Arbitrales cuentan también con un servicio de mediación. Para determinadas materias existen organismos especializados como para los asuntos de propiedad industrial, en los que cabe destacar el papel del Servicio de Mediación de la OMPI (www.wipo.org).

2.- Arbitraje Internacional. En el caso de que no se logre resolver la cuestión mediante la conciliación se recomienda el sometimiento al arbitraje. Como la conciliación, es un método más rápido y flexible que la jurisdicción ordinaria. Sus miembros cuentan en general con una mayor especialización y experiencia en asuntos de comercio internacional. A diferencia de la decisión del mediador, el laudo arbitral surte los mismos efectos que la resolución judicial, aunque para su ejecución se necesita la intervención judicial. No obstante, incluso su ejecución puede en ocasiones plantear más ventajas que una sentencia dictada por los Tribunales ordinarios, puesto que hay más países que han ratificado los principales convenios para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones arbitrales (Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 y Convenio de Ginebra de 21 de abril de 1961) que aquellos que han suscrito Convenios para el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras.

Los principales Tribunales Arbitrales de carácter internacional son la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional, el International Center for Settlement of Investment Disputes, la American Arbitration Association, el London Court of International Arbitration y en España la Corte de Arbitraje de Madrid y la de Barcelona.

3.- A falta de acuerdo entre las partes para someter la cuestión a arbitraje y en el supuesto de que sea una cuestión que tampoco esté prevista en el contrato,

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queda la alternativa de acudir a la jurisdicción ordinaria. En principio, el foro más interesante es el del domicilio de la contraparte o donde la misma tenga sitos sus bienes, al objeto de facilitar la ejecución de la sentencia. No obstante ha de acudirse previamente a las normas sobre Derecho Internacional existentes al objeto de comprobar que el Tribunal que interese pueda ser competente.