C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVAEN EL ESTADO DE______________________, EN TURNO,P R E S E N T E

_______________________________ _______________________________ ___________________________________ _________________________________ __________________________________, mexicanos, mayores de edad, activistas; designando como representante común de la parte quejosa al primero de los promoventes; señalando como domicilio para recibir notificaciones ______________________________________________________________________, en la ciudad de ____________________________________; ante usted con el debido respeto comparezco a;

E X P O N E R:

Por nuestro propio derecho, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 107 fracción I y demás aplicables de la Ley de Amparo, así como 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el acuerdo 8/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, me presento a demandar EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de actos provenientes de autoridades administrativas que por ser privativos de mi seguridad jurídica, y por la materia que regulan constituyen una violación que puede ser de carácter inminente e irreparable de los derechos humanos fundamentales (a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, libertad de manifestación, libertad de tránsito, derecho de petición) así como de las garantías otorgadas para su protección, que oportunamente referiré y para tal efecto, de conformidad con el arábigo 108 de la Ley en cita, hago los siguientes señalamientos manifestando bajo protesta de decir verdad que son ciertos los hechos y abstenciones que en este ocurso se narran:

I. Nombre y domicilio del quejoso. Ya quedaron expresados en el proemio de este ocurso.

II. Nombre y domicilio del tercero interesado. - No lo hay.

III. Autoridades responsables.

A las cuatro autoridades siguientes se les atribuye la creación y el contenido del acuerdo señalado en el apartado correspondiente del acto reclamado.

i. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.

ii. Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.

iii. Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

iv. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.

Por otro lado, a las dos autoridades subsecuentes se les atribuye un vicio propio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación relativo a la omisión de señalar el número de publicación, vicio que se expondrá en el apartado de conceptos de violación.

v. Director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.

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vi. Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

IV.- ACTO RECLAMADO. -

Se les reclama a todas la autoridades antes señaladas el ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.

Es necesario precisar que reclamo la totalidad del acuerdo citado, esto es: desde el primer párrafo, el considerando, el acuerdo en todas sus partes: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, así como los transitorios primero y segundo.

V.- ANTECEDENTES. - Bajo protesta de decir verdad narro los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado y sirven de fundamento a los conceptos de violación:

1.- El once de mayo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

2.- El acuerdo que se reclama entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024.

3.- Al final del citado acuerdo se advierte el nombre de las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño, con la palabra rubrica después de cada uno.

4.- Actualmente, México es un país reconocido por sus múltiples casos de desaparición forzada de personas, tortura y violaciones a derechos humanos cometidas por parte del Estado, específicamente por las fuerzas armadas, que han sido demandadas ante las dependencias y organismos en búsqueda de que las autoridades responsables reparen tales aberraciones. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado diversas sentencias por violaciones a derechos humanos perpetradas por agentes militares del Estado Mexicano al ejercer funciones de policía o de seguridad:

CIDH, caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009. El cual derivó de su desaparición forzada realizada por agentes militares que realizaban funciones de policía, específicamente un retén.

CIDH, caso Fernández Ortega y otros vs. México, sentencia de 30 de agosto de 2010 y CIDH, caso Rosendo Cantú y otra vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010. Suscitados a partir de hechos diversos, se reconoció que a principios de este siglo, en un contexto de alta presencia militar en el estado de Guerrero para hacer frente a la delincuencia organizada, agentes castrantes en abuso de su autoridad agredieron sexualmente a las citadas víctimas.

De igual modo existen múltiples recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos consultables en: https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion, dirigidas tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (45/2019) como a la diversa de Marina (57/2019), en las que se le ha imputado a las Fuerzas Armadas conductas propias de detenciones arbitrarias, uso excesivo y arbitrario de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura, agresiones físicas y sexuales, entre otras acciones constitutivas de violaciones de derechos humanos. Entre los cuales destaca la recomendación 51/2014, sobre los hechos ocurridos el treinta de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de

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México, en la cual, la citada comisión llegó a la conclusión de que después de un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional , estos últimos ingresaron a la bodega donde se encontraban los primeros y “privaron arbitrariamente de su vida a las personas que se encontraban al interior, rendidas y desarmadas”, “en lugar de hacer lo que en derecho les correspondía, esto es, brindar auxilio a las personas heridas y asegurar a las restantes”, “a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos”.

CIDH, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010. Tortura y detención ilegal.

CIDH, caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México, sentencia de 28 de noviembre de 2018. Desapariciones forzadas.

VI.- PROCEDENCIA DE LA DEMANDA.

La presente demanda de amparo indirecto es procedente de conformidad con el artículo 107, fracción I de la Ley de la materia, toda vez que se reclama una norma general de forma autoaplicativa, en virtud de que la norma reclamada contiene lineamientos o directrices en forma obligatoria, desde el inicio de su vigencia. Además, la demanda fue presentada oportunamente dentro del plazo contemplado en el arábigo 17, fracción I, 18 y 19 de la Ley en cita, toda vez que nos encontramos dentro del plazo de treinta días hábiles computados a partir de la entrada en vigor del acto reclamado al día siguiente de su publicación, esto es, el 12 de mayo de 2020. Máxime que debe tomarse en consideración la suspensión de actividades, plazos y términos del Poder Judicial de la Federación derivado de la pandemia generada por el virus COVID-19, en términos de los acuerdos 8/2020 y 9/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, considero que no se actualiza causa de improcedencia alguna.

De conformidad con el acuerdo del CJF, que valora la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se exhorto a los Estados a asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos en el contexto de la pandemia y sus consecuencias. En ese sentido, es de la mayor importancia tener presente los principios constitucionales que rigen la actuación de las juezas y los jueces constitucionales, quienes deberán tomar en consideración:

La gravedad del impacto, los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, considerando la realidad que vivimos en México en cuanto a los constantes abusos por parte de las autoridades facultadas para ejercer el uso de la fuerza. De ahí que la presente demanda se torne urgente para salvaguardar derechos fundamentales.

Sirve de apoyo a lo anterior las dos tesis y la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: “PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”1

VII. INTERES JURÍDICO Y LEGITIMO.- El acto reclamado faculta a las Fuerzas Armadas a afectar la esfera jurídica de las personas en tiempos de paz (actos de privación y de molestia) que, por sus características, resultan de consumabilidad instantánea e irreparabilidad inmediata; de modo que ese actualiza el interés jurídico y legítimo de la quejosa para reclamar desde su entrada en vigor dicha norma general a fin de prevenir en forma oportuna la potencial o eventual violación irreparable de sus derechos humanos.

1 Época: Décima Época, Registro: 2003881, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.), Página: 1289.

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Siendo innecesario para ello que el justiciable demuestre que se encuentra en cada uno de los supuestos del sistema para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que para la impugnación de la legislación no debe esperar el impacto de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: “PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RESPECTIVA Y SU REGLAMENTO CONTIENEN UN SISTEMA NORMATIVO DESTINADO A REGULAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR”2

Bajo esa óptica, resulta una obviedad que no es el caso de solicitar a la parte de amparo para acreditar un interés jurídico y/o legítimo que compruebe que ya se llevó a cabo un acto materia de aplicación de la legislación que se impugna (fuego cruzado, recopilación de información, vigilancia, entrada a su domicilio, detención, revisión aleatoria, retenes), puesto que ello implicaría exigir al suscrito amparista que primero sufriera un perjuicio irreparable y de consumación instantánea para después reclamar la ley cuando ya es demasiado tarde, lo cual resultaría contrario a todos los principios que exigen hacer del juicio de amparo un medio de defensa oportuno para la tutela judicial efectiva, así como un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos. En efecto, resultaría absurdo exigir a la parte quejosa para acceder a la justicia de amparo, que se exponga a un acto de aplicación de la norma reclamada que le genere un perjuicio irreparable y que se consume de modo instantáneo en su perjuicio para posteriormente acudir al juicio de amparo a reclamar dicha legislación. Maxime que, de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente:

“COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, QUE ESTABLECEN DICHA DEDUCCIÓN, CONSTITUYEN UN SISTEMA JURÍDICO INTEGRAL DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE EL GOBERNADO SE SITÚE EN CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS QUE LO CONFORMAN PARA RECLAMARLO EN AMPARO INDIRECTO”3

“ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER”4.

No es dable concluir que los principios de instancia de parte agraviada, interés jurídico e interés legítimo, son requisitos que obligan a concebir una norma como autoaplicativa únicamente cuando existe una afectación material, sino que las afectaciones jurídicas que esta produce son suficientes para acreditar el interés del suscrito, lo cual es acorde a una concepción armónica y sistemática de tales principios constitucionales con lo dispuesto por el artículo 1 y 17 Constitucional, 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos5.

2 Época: Novena Época, Registro: 160510, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: P. LXIV/2011 (9a.), Página: 553.

3 No. Registro: 174,752. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIV, Julio de 2006. Tesis: P./J. 90/2006. Página: 6.

4 No. Registro: 192,903. Jurisprudencia. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. X, Noviembre de 1999. Tesis: P./J. 121/99. Página: 14.

5 La mayoría de los argumentos sobre el interés jurídico y legitimo fueron extraídos de una sentencia de amparo emitida por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en 2018, mediante la cual resolvió la inconstitucionalidad de la

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De lo contrario, sólo se contribuiría a lograr que el proceso constitucional fuese un “laberinto diabólico”, en lugar de un recurso efectivo que “debe entenderse generosamente y no en una forma rigorista que mutile el juicio de amparo, y lo deje en práctica como un instrumento extraordinariamente limitado, mientras académicamente se le exalta”.6

Finalmente, cabe resaltar que en el presente amparo reclamo un acuerdo que amedrenta el ejercicio de los derechos humanos de libre manifestación de ideas, expresión y reunión contemplados en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Federal, toda vez que con frecuencia participo en actos pacíficos de manifestación y protesta contra las decisiones del gobierno federal y estatal, es decir, soy una persona activista. Por tal motivo, debe admitirse la presente demanda tomando en consideración que no existe una causa manifiesta ni indudable de desechamiento. A continuación, sirve de orientación la jurisprudencia común emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2018417, de rubro y texto siguiente:

“SEGURIDAD INTERIOR. LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO SOBRE LA BASE DE QUE EL QUEJOSO NO ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DIFERENCIADA DE CUALQUIER OTRA PERSONA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, POR REGLA GENERAL, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE QUE LLEVE A DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO CUANDO RECLAMA LA LEY RELATIVA POR PRESUNTA AFECTACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS A LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS, EXPRESIÓN Y REUNIÓN”7

En tal contexto, también se actualiza el interés jurídico y legítimo de la parte quejosa para reclamar desde su entrada en vigor el ACUERDO reclamado, pues al ser beneficiaria de la tarea del Estado de brindar seguridad pública, tengo el derecho a cuestionar aquellos aspectos de la norma general que por su naturaleza objetivamente sean susceptibles de provocar un riesgo objetivo o daño en el goce de mis derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad, la libertad personal, la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio.

VIII. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LAS GARANTÍAS VIOLADAS.- En la especie se violan las garantías de seguridad jurídica, legalidad y por sus efectos amedrentadores los derechos humanos consagrados por los artículos constitucionales: artículo 1, 6, 7, 8 y 9; asimismo, se transgredió mi derecho de audiencia, defensa, formalidades del procedimiento de los actos privativos contemplados en el artículo 14; la falta de fundamentación y motivación del acto de molestia establecidos en el artículo 16; también se atenta contra los principios de actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz contenidos en los artículos 21, 29, 89 y 129 Constitucionales. Además, el acto reclamado transgrede los numerales 9, 12, 19, 21 del Pacto Internacional de

Ley de Seguridad Interior.

6 Época: Séptima Época, Registro: 252648, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-108, Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 19: “ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. REQUISITOS DE TRAMITE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE. Si en una resolución dictada dentro de un procedimiento administrativo se pide al quejoso un requisito como condición para seguir el trámite, y éste manifiesta sus razones para no poder satisfacer ese requisito, cuya legalidad impugna, y se le contesta insistiendo en que lo satisfaga, malamente podría decirse que esta segunda resolución sea un acto derivado de otro consentido, pues esta interpretación del artículo 73, fracciones XI y XII de la Ley de Amparo, haría del proceso legal un laberinto diabólico, en que se tuvieran que impugnar todas las resoluciones adversas aunque fueran de una naturaleza tal que el perjuicio pudiera, en principio, evitarse sin necesidad de llegar a la interposición o promoción de recursos o medios de defensa. No es sino cuando el quejoso expone sus razones y la autoridad insiste en su petición, cuando en verdad surge el conflicto de pretensiones que pueda hacer necesaria la promoción del juicio de amparo, sin obligar al abuso de éste prematuramente. El derecho de los gobernados a defender sus garantías, mediante el juicio de amparo, debe entenderse generosamente y no en una forma rigorista que mutile el juicio de amparo, y lo deje en práctica como un instrumento extraordinariamente limitado, mientras académicamente se le exalta”.

7 Época: Décima Época, Registro: 2018417, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Constitucional, Tesis: 2a./J. 114/2018 (10a.), Página: 1146.

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Derechos Civiles y Políticos y 5, 7, 13, 22 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

VIII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. - A continuación, expreso los argumentos lógicos y jurídicos por medio de los cuales demuestro que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Mexicana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

PRIMERO:- El ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera EXTRAORDINARIA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en el ARTÍCULO PRIMERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

Al respecto, se formulan los siguientes CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

A.- El ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA”, de donde queda claro que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS SIGUIENTES CINCO REQUISITOS:

1. Que sea DE MANERA EXTRAORDINARIA;

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2. Que sea DE MANERA REGULADA;

3. Que sea DE MANERA FISCALIZADA;

4. Que sea DE MANERA SUBORDINADA; y,

5. Que sea DE MANERA COMPLEMENTARIA;.

Queda claro que en este ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO antes reproducido, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS CINCO REQUISITOS ANTES ENUNCIADOS, ninguno de los cuales se cumple en el ACUERDO que ahora se reclama, ocupándonos en este Concepto de Violación de alegar y demostrar que en dicho ACUERDO reclamado, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO SIN CUMPLIR CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE DICHA DISPOSICIÓN SEA DE MANERA EXTRAORDINARIA, según se demuestra a continuación.

B.- La palabra “EXTRAORDINARIA”, significa gramaticalmente “Que es poco común, sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez”.

Por lo tanto, cuando en el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza, el CONSTITUYENTE PERMANENTE CONSIGNÓ que “DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, claramente señaló las siguientes REGLA GENERAL y EXCEPCIÓN:

REGLA GENERAL: Que, DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO ALUDIDO, la regla general es que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO DISPONGA JAMÁS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

EXCEPCIÓN: Que, DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO ALUDIDO, COMO EXCEPCIÓN, EN CASOS AISLADOS, RARA VEZ, FUERA DE LO COMÚN, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SÓLO PODRÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SALIÉNDOSE DE LA NORMALIDAD O DE LA REGLA GENERAL, ÚNICAMENTE CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS POCO COMUNES, QUE SUCEDEN RARA VEZ, Y QUE SE SALEN DEL ORDEN O REGLA GENERAL, LAS CUALES POR SU EXTREMA GRAVEDAD, IMPORTANCIA Y URGENCIA, JUSTIFIQUEN LA ANORMALIDAD DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ELLO DEBIDO PRECISAMENTE A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS REALMENTE EXISTENTES.

En el caso concreto, ACTUALMENTE NO EXISTEN EN LA REALIDAD NACIONAL CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, POCO COMUNES, QUE SUCEDEN RARA VEZ, Y QUE SE SALEN DEL ORDEN O REGLA GENERAL, LAS CUALES POR SU EXTREMA GRAVEDAD, IMPORTANCIA Y URGENCIA, JUSTIFIQUEN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, A TRÁVES DE SU INCONSTITUCIONAL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, INDEBIDAMENTE PRETENDA DISPONER Y DISPONGA

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DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA ORDINARIA, PERMANENTE Y NORMAL DURANTE EL AMPLÍSIMO PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, como inconstitucionalmente se resuelve en el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO del ACUERDO que ahora se reclama, el cual señala que “EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y CONCLUIRÁ SU VIGENCIA EL 27 DE MARZO DE 2024”, quedando claro que INCONSTITUCIONALMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRETENDE DISPONER Y DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO DE MANERA EXTRAORDINARIA, COMO EXPRESAMENTE LO EXIGIÓ EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, SINO INDEBIDAMENTE DE MANERA ORDINARIA, PERMANENTE, PROLONGADA, CONTINUADA Y NORMAL DURANTE EL AMPLÍSIMO PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, lo que evidentemente NO ES DE MANERA EXTRAORDINARIA.

Es cierto que en el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO multicitado, expresamente se autoriza al Presidente de la República para que, EN CASOS AISLADOS, POCO COMUNES, pueda “…DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, con la salvedad de que DICHA AUTORIZACIÓN SE ENCUENTRA RESTRINGIDA A LA EXISTENCIA EN LA REALIDAD NACIONAL DE CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE HAGAN OBJETIVAMENTE EVIDENTE LA NECESIDAD, URGENCIA Y CONVENIENCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, situaciones extraordinarias que no existen en la realidad, por lo que en el ACUERDO que ahora se reclama, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE ESA DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EFECTIVAMENTE SEA DE MANERA EXTRAORDINARIA.

C.- De la lectura integral del ACUERDO reclamado, incluyendo los apartados titulados “CONSIDERANDO”, “ACUERDO” y “TRANSITORIOS”, se conoce que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, por un lado, NO EXPRESÓ PARA NADA QUE ACTUALMENTE EXISTAN EN EL PAÍS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE HAGAN OBJETIVAMENTE EVIDENTE LA NECESIDAD, URGENCIA Y CONVENIENCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA y, por otro lado, MENOS AÚN ENUNCIÓ, ENUMERÓ NI DESCRIBIÓ ALGUNA O ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS ACTUALMENTE EXISTENTES EN LA REALIDAD NACIONAL, QUE HAGAN OBJETIVAMENTE EVIDENTE LA NECESIDAD, URGENCIA Y CONVENIENCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, resultando evidente que el ACUERDO que ahora se reclama viola flagrantemente el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza, ya que NO CUMPLE CON LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA PÚBLICA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

D.- En el artículo SEGUNDO del ACUERDO que se reclama, se indica que “La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE PREVÉN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL”, con la salvedad de que EN EL ACUERDO RECLAMADO NO SE MENCIONA NI DEMUESTRA QUE ACTUALMENTE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS

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EXTRAORDINARIAS RELACIONADAS CON LAS HIPÓTESIS O SUPUESTOS PREVISTOS EN DICHAS FRACCIONES, según se demuestra a continuación.

El artículo 9, fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV, de la Ley de la Guardia Nacional, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable; II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en: a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares; b) La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables; c) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos; d) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Federación; e) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, así como las instalaciones estratégicas, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y f) En todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia; en las zonas turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su actuación;…IX. Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;X. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales que resulten aplicables;…XIII. Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos; XIV. Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales; XV. Realizar el registro inmediato de la detención de las personas, en los términos señalados en la ley de la materia;XVI. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público. Al efecto, la Guardia Nacional contará con unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos correspondientes;…

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XXV. Colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes;…XXVII. Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de conformidad con los ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos; XXVIII. Participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública;…XXXIV. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales; …”.

En primer lugar, en el ACUERDO que ahora se reclama, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE ACTUALMENTE, LA GUARDIA NACIONAL ESTÉ LLEVANDO A CABO LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS ACTUALMENTE EXISTENTES EN EL PAÍS, LA GUARDIA NACIONAL SE VEA REBASADA POR DICHAS SUPUESTAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, Y NO PUEDA LA GUARDIA NACIONAL, POR SÍ SOLA, LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DE TALES ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES LEGALES, MOTIVO POR EL CUAL, DE MANERA EXTRAORDINARIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SE VE OBLIGADO A DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, según se demuestra a continuación.

I. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

1.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TAL TAREA DE PREVENCIÓN, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ

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OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENALES Y ADMINISTRATIVAS, NI CONOCEN LOS DELITOS Y LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

II. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

2.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SU PATRIMONIO, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TAL TAREA DE SALVAGUARDA, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con la SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SU PATRIMONIO, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SU PATRIMONIO, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SU PATRIMONIO, PUES NUNCA HAN RECIBIDO LA CAPACITACIÓN JURÍDICA, SOCIAL, DE DERECHOS HUMANOS, ETC., QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO TALES TAREAS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

3.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN GARANTIZAR, MANTENER Y RESTABLECER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS RELACIONADAS CON EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se

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justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con GARANTIZAR, MANTENER Y RESTABLECER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de GARANTIZAR, MANTENER Y RESTABLECER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS DE GARANTIZAR, MANTENER Y RESTABLECER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, PUES NUNCA HAN RECIBIDO LA CAPACITACIÓN JURÍDICA, SOCIAL, DE DERECHOS HUMANOS, ETC., QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO TALES TAREAS, PUES LOS MARINOS Y SOLDADOS ESTÁN CAPACITADOS PARA ENFRENTARSE EN COMBATES CON EJÉRCITOS EXTRANJEROS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, PUES NO EXISTE LA NECESIDAD DE RESTABLECER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, LAS CUALES EXISTEN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL EN LA ACTUALIDAD, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

4.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN zonas fronterizas y en tierra firme de los litorales, en la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares; en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración; en los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos; en los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la Federación; en todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, así como en las instalaciones estratégicas; en todo el territorio nacional, y en las zonas turísticas, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS EN TODOS LOS LUGARES ANTES DESCRITOS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia

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Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con LA PREVENCIÓN DE LA COMISIÓN DE DELITOS EN TODOS LOS LUGARES ANTES DESCRITOS, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de GARANTIZAR, MANTENER Y RESTABLECER EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas, regiones y lugares del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS DE PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS EN TODOS LOS LUGARES ANTES DESCRITOS, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENALES, NI CONOCEN LOS DELITOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

III. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

5.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA DETENCIÓN DE PERSONAS, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TAL TAREA DE DETENCIÓN DE PERSONAS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con la DETENCIÓN DE PERSONAS, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de DETENCIÓN DE PERSONAS, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LA DETENCIÓN DE PERSONAS, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENAL Y PROCESAL PENAL, NI CONOCEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y

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MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

IV. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

6.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA DETENCIÓN DE PERSONAS, EN PONERLAS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN ASEGURAR BIENES Y EN PONERLOS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS DE DETENCIÓN DE PERSONAS, ASEGURAMIENTO DE BIENES, Y PONERLOS A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con la DETENCIÓN DE PERSONAS, PONERLAS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ASEGURAR BIENES Y PONERLOS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de DETENCIÓN DE PERSONAS, PONERLAS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ASEGURAR BIENES Y PONERLOS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LA DETENCIÓN DE PERSONAS, PONERLAS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, ASEGURAR BIENES Y PONERLOS SIN DEMORA A LA DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENAL Y PROCESAL PENAL, NI CONOCEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

V. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

7.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA DETENCIÓN DE PERSONAS Y ASEGURAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA

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A BASTO CON TALES TAREAS DE DETENCIÓN DE PERSONAS Y ASEGURAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con la DETENCIÓN DE PERSONAS Y ASEGURAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de DETENCIÓN DE PERSONAS Y ASEGURAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LA DETENCIÓN DE PERSONAS Y EL ASEGURAMIENTO DE BIENES RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENAL Y PROCESAL PENAL, NI CONOCEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

VI. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

8.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LA DETENCIÓN DE PERSONAS, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TAL TAREA DE DETENCIÓN DE PERSONAS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con la DETENCIÓN DE PERSONAS, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de DETENCIÓN DE PERSONAS, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada

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permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LA DETENCIÓN DE PERSONAS, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENAL Y PROCESAL PENAL, NI CONOCEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

VII. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

9.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN EL REGISTRO INMEDIATO DE LAS PERSONAS DETENIDAS, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TAL TAREA DE REALIZAR EL REGISTRO INMEDIATO DE LAS PERSONAS DETENIDAS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas relacionadas con el REGISTRO INMEDIATO DE LAS PERSONAS DETENIDAS, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de REGISTRO INMEDIATO DE LAS PERSONAS DETENIDAS, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LA DETENCIÓN DE PERSONAS, PUES NO SON ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENAL Y PROCESAL PENAL, NI CONOCEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

VIII. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

10.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ TRABAJANDO EN LAS TAREAS CONSISTENTES EN PRESERVAR EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, LA INTEGRIDAD DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS, ASÍ

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COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, DANDO AVISO DE INMEDIATO AL MINISTERIO PÚBLICO, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS DE PRESERVAR EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, LA INTEGRIDAD DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, DANDO AVISO DE INMEDIATO AL MINISTERIO PÚBLICO, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas de PRESERVAR EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, LA INTEGRIDAD DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, DANDO AVISO DE INMEDIATO AL MINISTERIO PÚBLICO, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de PRESERVAR EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, LA INTEGRIDAD DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, DANDO AVISO DE INMEDIATO AL MINISTERIO PÚBLICO, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA PRESERVAR EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, LA INTEGRIDAD DE LOS INDICIOS, HUELLAS O VESTIGIOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, DANDO AVISO DE INMEDIATO AL MINISTERIO PÚBLICO, PUES NO SON CRIMINALISTAS NI ABOGADOS, NI CONOCEN LAS LEYES PENAL Y PROCESAL PENAL, NI CONOCEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS, APARTE DE QUE DICHAS TAREAS ACTUALMENTE NO LAS ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, MÁXIME QUE NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

IX. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

11.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ COLABORANDO CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES EN SUS FUNCIONES LEGALES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TAL TAREA DE COLABORAR CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES EN SUS FUNCIONES LEGALES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD

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PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas de COLABORACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES EN SUS FUNCIONES LEGALES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de COLABORACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES EN SUS FUNCIONES LEGALES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA COLABORAR CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES EN SUS FUNCIONES LEGALES DE VIGILANCIA, VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN, TAREAS QUE ADEMÁS ACTUALMENTE NO ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE ADEMÁS NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

X. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

12.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ COLABORANDO CON LAS AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES, A REQUERIMIENTO DE ESTAS ÚLTIMAS, EN LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y EN LA PRESERVACIÓN DE SUS BIENES, EN SITUACIONES DE PELIGRO ACTUALMENTE EXISTENTES, QUE AMENAZAN A LAS PERSONAS EN SITUACIONES QUE ACTUALMENTE OCURREN, Y QUE IMPLICAN VIOLENCIA O RIESGO INMINENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS, Y GARANTIZANDO, MANTENIENDO Y RESTABLECIENDO LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICOS EN LA ACTUALIDAD, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS ANTES DESCRITAS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté llevando a cabo tareas de COLABORACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES, A REQUERIMIENTO DE ESTAS ÚLTIMAS, EN LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y EN LA PRESERVACIÓN DE SUS BIENES, EN SITUACIONES DE PELIGRO ACTUALMENTE EXISTENTES, QUE AMENAZAN A LAS PERSONAS EN SITUACIONES QUE ACTUALMENTE OCURREN, Y QUE IMPLICAN VIOLENCIA O RIESGO INMINENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS, Y GARANTIZANDO, MANTENIENDO Y RESTABLECIENDO LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICOS EN LA ACTUALIDAD, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que participen

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DE MANERA EXTRAORDINARIA en las tareas de COLABORACIÓN CON AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES, A REQUERIMIENTO DE ESTAS ÚLTIMAS, EN LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS Y EN LA PRESERVACIÓN DE SUS BIENES, EN SITUACIONES DE PELIGRO ACTUALMENTE EXISTENTES, QUE AMENAZAN A LAS PERSONAS EN SITUACIONES QUE ACTUALMENTE OCURREN, Y QUE IMPLICAN VIOLENCIA O RIESGO INMINENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS, Y GARANTIZANDO, MANTENIENDO Y RESTABLECIENDO LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICOS EN LA ACTUALIDAD, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS ANTES DESCRITAS, QUE ADEMÁS ACTUALMENTE NO ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE ADEMÁS NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

XI. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XXVIII DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

13.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ PARTICIPANDO CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES, EN OPERATIVOS CONJUNTOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO CON BASE EN LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS ANTES DESCRITAS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté PARTICIPANDO CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES, EN OPERATIVOS CONJUNTOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO CON BASE EN LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que intervengan DE MANERA EXTRAORDINARIA en la PARTICIPACIÓN CON OTRAS AUTORIDADES FEDERALES, LOCALES O MUNICIPALES, EN OPERATIVOS CONJUNTOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO CON BASE EN LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS ANTES DESCRITAS, QUE ADEMÁS ACTUALMENTE NO ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE ADEMÁS NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A

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CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, QUE NO SON EXPERTOS EN EL TEMA, Y NO TIENEN CAPACITACIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

XII. EN RELACIÓN A LA FRACCIÓN XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, se manifiesta que:

14.- El Presidente de la República NO MANIFIESTA NI DEMUESTRA QUE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE ESTÁ COLABORANDO CON LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN POR CALAMIDADES, SITUACIONES DE ALTO RIESGO O DESASTRES POR CAUSAS NATURALES ACTUALMENTE EXISTENTES, y TAMPOCO EXPRESA QUE DICHA GUARDIA NACIONAL NO SE DA A BASTO CON TALES TAREAS ANTES DESCRITAS, POR LO QUE ACTUALMENTE ESTÁ SIENDO REBASADA POR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE PRECISEN CON TODO DETALLE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, quedando claro que en el ACUERDO que se reclama no se justifica en ninguna forma que LA DISPOSICIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SE ESTÉ REALIZANDO DE MANERA EXTRAORDINARIA, como lo exige el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza. En el ACUERDO reclamado no se indica que actualmente la Guardia Nacional esté COLABORANDO CON LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN POR CALAMIDADES, SITUACIONES DE ALTO RIESGO O DESASTRES POR CAUSAS NATURALES ACTUALMENTE EXISTENTES, mucho menos se señala el número de integrantes de la Guardia Nacional que supuestamente están efectuando tales labores, no se indica que la carga de trabajo rebase la capacidad actual de los integrantes asignados a la misma, y tampoco precisa con exactitud el número de integrantes de la Fuerza Armada permanente que se requiere para que intervengan DE MANERA EXTRAORDINARIA en la COLABORANDO CON LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN POR CALAMIDADES, SITUACIONES DE ALTO RIESGO O DESASTRES POR CAUSAS NATURALES ACTUALMENTE EXISTENTES, ni tampoco se detallan las poblaciones, ciudades, entidades federativas y regiones del país, en donde se presentan las CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE RARA VEZ OCURREN, que justifican que la Fuerza Armada permanente participe DE MANERA EXTRAORDINARIA en dichas tareas. OBVIAMENTE, LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (SOLDADOS Y MARINOS), NO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS, LA CAPACIDAD, LA PRÁCTICA NI LA EXPERIENCIA, PARA REALIZAR LAS TAREAS ANTES DESCRITAS, QUE ADEMÁS ACTUALMENTE NO ESTÁ REALIZANDO LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE ADEMÁS NO EXISTE NECESIDAD DE QUE ACTUALMENTE SE LLEVEN A CABO, Y MUCHO MENOS POR SOLDADOS Y MARINOS, YA QUE ACTUALMENTE NO EXISTEN CALAMIDADES, SITUACIONES DE ALTO RIESGO O DESASTRES POR CAUSAS NATURALES.

E.- En la parte conducente del ACUERDO que ahora se reclama, publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de mayo de dos mil veinte, se indica lo siguiente:

“…CONSIDERANDO

Que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional; QUE EL TRANSITORIO QUINTO DEL DECRETO REFERIDO, EN EL PRIMER PÁRRAFO ESTABLECIÓ QUE, DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A SU ENTRADA EN VIGOR, Y EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…

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Que si bien el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, LA CONFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE DICHA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, REQUIERE DE UN PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES A SU CARGO;…Que LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE PRESENTARSE DE MANERA EXTRAORDINARIA… EN TÉRMINOS DEL MANDATO CONSTITUCIONAL, y Que en virtud de las consideraciones antes mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDOPRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA EXTRAORDINARIA… CON LA GUARDIA NACIONAL EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE ÉSTA ÚLTIMA, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, PUBLICADO EL 26 DE MARZO DE 2019, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.…

TRANSITORIOSPRIMERO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y CONCLUIRÁ SU VIGENCIA EL 27 DE MARZO DE 2024.…”.

Por su parte, en el primer párrafo del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el CONSTITUYENTE PERMANENTE expresamente consignó que “QUINTO. DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”.

Queda claro que en este precepto Constitucional, expresamente se consignó que DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO DECRETO, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO NO EN FORMA CONTINUA Y PERMANENTE, SINO SÓLO DE MANERA EXTRAORDINARIA, es decir, EN CASOS Y SITUACIONES EXTRAORDINARIAS, QUE SE SALGAN DE LA NORMALIDAD, QUE RARA VEZ OCURREN Y QUE NO SON FRECUENTES, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS QUE PRECISAMENTE JUSTIFICAN QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, OCASIONAL Y TRANSITORIA, LIMITADA A UN LAPSO REDUCIDO, DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

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Recordemos que la palabra “EXTRAORDINARIA”, significa gramaticalmente “Que es poco común, sale fuera del orden o regla general o sucede rara vez”.

Entonces pues, el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza, FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO SÓLO DE MANERA EXTRAORDINARIA, es decir, EN CASOS Y SITUACIONES EXTRAORDINARIAS, QUE SE SALGAN DE LA NORMALIDAD, QUE RARA VEZ OCURREN Y QUE NO SON FRECUENTES, como por ejemplo, SI OCURRE UN DESASTRE POR CAUSAS NATURALES DE ENORMES DIMENSIONES, ACONTENCIMIENTO EXTRAORDINARIO QUE JUSTIFICARÍA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, DISPUSIERA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AUTORIZACIÓN EXTRAORDINARIA QUE SE LIMITARÍA A UN PERÍODO REDUCIDO, DE UNA SEMANA O DE UN MES, SÓLO EN TANTO SE SUPERAN LOS ESTRAGOS EXTRAORDINARIOS SUFRIDOS POR ESE DESASTRE NATURAL, OCURRIDO LO CUAL, AL DESAPARECER LA CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA, Y AL VOLVER TODO A LA NORMALIDAD, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA YA NO PODRÍA SEGUIR DISPONIENDO DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR YA NO EXISTIR LA CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA QUE DIO LUGAR A LA MEDIDA EXTRAORDINARIA DE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, FACULTAD QUE SÓLO PUEDE UTILIZARSE DE MANERA EXTRAORDINARIA, CUANDO OCURREN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, LO ANTERIOR POR MANDATO EXPRESO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE CONTENIDO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO.

F.- El motivo por el cual el Presidente de la República emitió el ACUERDO que ahora se reclama, publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de mayo de dos mil veinte, lo hizo consistir el propio Presidente de la República en el hecho de que “… LA CONFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE DICHA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, REQUIERE DE UN PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES A SU CARGO”, con la salvedad de que ese hecho no es una circunstancia extraordinaria, QUE SE SALE DE LA NORMALIDAD, QUE RARA VEZ OCURRE Y QUE NO ES FRECUENTE, en tanto que, DICHO HECHO, EN TODO CASO ES LA CONSECUENCIA DE UNA DECISIÓN APRESURADA E IRREFLEXIVA DE SUPRIMIR LOS CUERPOS DE POLICÍAS ANTERIORMENTE EXISTENTES, SUSTITUYÉNDOLOS CON UNA NOVEDOSA GUARDIA NACIONAL, QUE NO IBA A PODER ACTUAR PLENAMENTE DE INMEDIATO, con la salvedad de que ESTA SITUACIÓN REAL NO ES UN HECHO EXTRAORDINARIO, sino en todo caso, repito, ES LA CONSECUENCIA DE ADOPTAR DECISIONES IRREFLEXIVAS Y APRESURADAS, ESTO ÚLTIMO QUE NO JUSTIFICA CONSTITUCIONALMENTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DURANTE CASI CUATRO AÑOS, EN FORMA CONTINUA Y PERMANENTE, DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ya que TAL DISPOSICIÓN CONTINUA Y PROLONGADA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE DURANTE CASI CUATRO AÑOS, NO CUMPLE CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE QUE ESA DISPOSICIÓN SE REALICE DE MANERA EXTRAORDINARIA, pues se insiste, LAS MALAS DECISIONES DEL GOBIERNO NO SON UNA CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA QUE JUSTIFIQUE, DE MANERA EXTRAORDINARIA, QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE DURANTE CASI CUATRO AÑOS, EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ya que ESA DISPOSICIÓN PROLONGADA, PERMANENTE Y CONTINUA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO CUMPLE CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE SÓLO ESTABLECERSE DE MANERA EXTRAORDINARIA, COMO LO ORDENÓ EXPRESAMENTE EL CONSTITUYENTE PERMANENTE.

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Prueba plena de lo anterior la constituye el hecho de que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EN LA FECHA EN QUE SE APROBÓ, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (veintiséis de marzo de dos mil diecinueve) y ENTRÓ EN VIGOR EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO que se analiza, repito, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE YA SABÍA QUE LA GUARDIA NACIONAL NO IBA A PODER FUNCIONAR PLENAMENTE DE INMEDIATO, Y QUE NO IBA A PODER CUMPLIR CON TODAS SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES LEGALES DE INMEDIATO, EN VIRTUD DE QUE EL PROPIO CONSTITUYENTE PERMANENTE SABÍA Y ESTABA CONSIENTE DE QUE SE IBA A REQUERIR DE UN PERÍODO MÁS O MENOS PROLONGADO PARA QUE LA GUARDIA NACIONAL PUDIERA DESARROLLAR PLENAMENTE SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, como se conoce de la lectura integral de dicho ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, que dice que “QUINTO. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL…”, no obstante lo cual, A PESAR DE SABER LO ANTERIOR, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE NO CONSIGNÓ EN DICHO ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO QUE EL CONSTITUYENTE PERMANENTE AUTORIZABA EXPRESAMENTE QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PARTICIPARA, EN FORMA CONTINUADA Y PROLONGADA, EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE LA GUARDIA NACIONAL, POR TODO EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLARA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDIERA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRARA EN VIGOR DICHO DECRETO, lo que corrobora que PARA EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EL HECHO DE QUE LA CONFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL, REQUIERE DE UN PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES A SU CARGO, NO ES UN HECHO QUE JUSTIFIQUE QUE DE MANERA CONTINUADA Y PROLONGADA (NO DE MANERA EXTRAORDINARIA), LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARTICIPE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONJUNTAMENTE CON LA GUARDIA NACIONAL DURANTE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE CONSTITUCIONALMENTE SE CREÓ DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL, como inconstitucionalmente lo pretende el Presidente de la República en el ACUERDO que ahora se reclama.

SI PARA EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EL HECHO DE QUE LA CONFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL, REQUIERE DE UN PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES A SU CARGO, A SU CRITERIO FUERA UN HECHO QUE JUSTIFICA QUE DE MANERA CONTINUADA Y PROLONGADA (NO DE MANERA EXTRAORDINARIA), LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARTICIPE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONJUNTAMENTE CON LA GUARDIA NACIONAL DURANTE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE CONSTITUCIONALMENTE SE CREÓ DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL, NO HABRÍA REDACTADO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO QUE NOS OCUPA, EN LA FORMA EN QUE LO HIZO, CONSIGNANDO QUE “QUINTO. DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, en tanto que en dicho ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO hubiera consignado directamente que “QUINTO. SE AUTORIZA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA CONTINUADA, PROLONGADA Y PERMANENTE, CON LA GUARDIA NACIONAL EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO Y HASTA EL 27 DE MARZO DE 2024, TIEMPO DURANTE EL CUAL DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DEBERÁ CONCLUIR EL

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DESARROLLO DE SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL”, LO QUE NO HIZO EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, PORQUE, AUN SABEDOR DE QUE LA CONFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA GUARDIA NACIONAL, REQUIERE DE UN PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN, A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON LAS FUNCIONES A SU CARGO, aun así, LA DECISIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE FUE LA DE QUE A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO DECRETO, lo que ocurrió el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, LA SEGURIDAD PÚBLICA QUEDARA A CARGO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE, SÓLO COMO EXCEPCIÓN, EN CASOS Y SITUACIONES VERDADERAMENTE EXTRAORDINARIOS, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OCASIONALMENTE, POR LAPSOS BREVES, Y EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES ESTRICTAMENTE NECESARIAS, PERFECTAMENTE DELIMITADAS, PUDIERA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ÚNICAMENTE DE MANERA EXTRAORDINARIA, y de ahí que el multicitado ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, claramente disponga que “QUINTO. DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, NO DE MANERA CONTINUADA, PROLONGADA Y CONSTANTE, COMO INCONSTITUCIONALMENTE SE RESUELVE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL CUAL ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, según se ha demostrado plenamente con antelación.

Para que el ACUERDO que ahora se reclama, cumpliera con el mandato del constituyente permanente consignado en el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO multicitado, en el sentido de que el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SÓLO PUEDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, habría sido menester que en dicho ACUERDO que ahora se reclama, el Presidente de la República hubiera consignado expresamente lo siguiente:

1. DEBIÓ EXPRESAR Y DEMOSTRAR OBJETIVAMENTE, en el propio ACUERDO reclamado, QUE ACTUALMENTE EXISTEN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, APORTANDO DATOS, ESTADÍSTICAS Y CIFRAS REALES MEDIBLES Y VERIFICABLES.

2. DEBIÓ ENUMERAR, ENUNCIAR Y EXPLICAR CON DETALLE, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, CUÁLES SON ESAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, EXPLICANDO CON AMPLITUD EN QUÉ CONSISTEN DICHAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, APORTANDO DATOS, ESTADÍSTICAS Y CIFRAS REALES MEDIBLES Y VERIFICABLES.

3. DEBIÓ PRECISAR CON EXACTITUD, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, EN QUÉ POBLACIONES, CIUDADES, ENTIDADES FEDERATIVAS O REGIONES, ACTUALMENTE ESTÁN OCURRIENDO ESAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE

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ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, APORTANDO DATOS, ESTADÍSTICAS Y CIFRAS REALES MEDIBLES Y VERIFICABLES.

4. DEBIÓ PRECISAR CON EXACTITUD, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, QUÉ ACCIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO ACTUALMENTE LA GUARDIA NACIONAL, Y EN QUÉ CONSISTEN, PARA ENFRENTAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, APORTANDO DATOS, ESTADÍSTICAS Y CIFRAS REALES MEDIBLES Y VERIFICABLES.

5. DEBIÓ CONSIGNAR CON PRECISIÓN, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, EL NÚMERO EXACTO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL QUE ACTUALMENTE SE TIENEN DESTINADOS PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA ENFRENTAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, APORTANDO DATOS, ESTADÍSTICAS Y CIFRAS REALES MEDIBLES Y VERIFICABLES.

6. DEBIÓ EXPRESAR CON AMPLITUD, Y DEMOSTRAR OBJETIVAMENTE, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, QUE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE DESTINADOS PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA ENFRENTAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, SON INSUFICIENTES, POR LO QUE ESTÁN SIENDO REBASADOS POR ESAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, Y QUE ACTUALMENTE NO PUEDEN DESTINARSE PARA REALIZAR ESAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A MÁS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EXPRESANDO CON AMPLITUD, Y DEMOSTRANDO OBJETIVAMENTE, LAS RAZONES, MOTIVOS Y CAUSAS QUE IMPIDEN QUE ACTUALMENTE SE DESTINEN PARA REALIZAR ESAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A MÁS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL, APORTANDO DATOS, ESTADÍSTICAS Y CIFRAS REALES MEDIBLES Y VERIFICABLES.

7. DEBIÓ EXPRESAR, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, QUE, POR TODO LO ANTERIOR, DESCRITO EN LOS SEIS PUNTOS ANTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, RESOLVÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, PRECISANDO CON TODO DETALLE EL NÚMERO EXACTO DE ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE QUE SE DESTINARÍAN, DE MANERA EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL, PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO EL NOMBRE COMPLETO Y EL CARGO O GRADO DE CADA UNO DE ESOS ELEMENTOS AUTORIZADOS, DE TAL SUERTE QUE TODOS LOS MEXICANOS SUPIÉRAMOS CON PRECISIÓN EL NÚMERO DE LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE AUTORIZADOS PARA REALIZAR, DE MANERA EXTRAORDINARIA, TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SUS NOMBRES COMPLETOS Y CARGOS O GRADOS, SIENDO DEL TODO INDEBIDO E

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INCONSTITUCIONAL QUE SE DISPUSIERA DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, PUES SÓLO DEBE DESTINARSE PARA TEMPORAL Y TRANSITORIAMENTE REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL NÚMERO MÍNIMO, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE DE ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, AL TRATARSE DE UNA MEDIDA QUE SÓLO PUEDE Y DEBE REALIZARSE DE MANERA EXTRAORDINARIA.

8. DEBIÓ EXPRESAR, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, QUE, POR TODO LO ANTERIOR, DESCRITO EN LOS SIETE PUNTOS ANTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, RESOLVÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, PRECISANDO CON TODO DETALLE CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE DE MANERA EXTRAORDINARIA, TEMPORAL Y TRANSITORIA, PODRÍAN REALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EXPRESAMENTE AUTORIZADOS PARA ELLO, ASÍ COMO LA FORMA Y LOS REQUISITOS CON BASE EN LOS CUALES PODRÍAN DESARROLLAR TALES TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE TAL SUERTE QUE TODOS LOS MEXICANOS SUPIÉRAMOS CON PRECISIÓN CUÁLES SON TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PODRÍAN REALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, EXPRESAMENTE AUTORIZADOS PARA ELLO, DE QUÉ MANERA TENDRÍAN QUE DESARROLLARLAS, Y CUÁLES SERÍAN LOS REQUISITOS QUE DEBERÍAN CUMPLIR EN SUS ACCIONES, AL TRATARSE DE UNA MEDIDA QUE SÓLO PUEDE Y DEBE REALIZARSE DE MANERA EXTRAORDINARIA.

9. DEBIÓ EXPRESAR, EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, QUE, POR TODO LO ANTERIOR, DESCRITO EN LOS OCHO PUNTOS ANTERIORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, RESOLVÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, PRECISANDO CON TODO DETALLE: A) LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN QUE TENDRÍA LUGAR DICHA DISPOSICIÓN EXTRAORDINARIA, LIMITADA CON TODA PRECISIÓN; B) EL PERÍODO BREVE DURANTE EL CUAL TENDRÍA LUGAR TAL DISPOSICIÓN EXTRAORDINARIA, MISMO QUE SERÍA EL ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA ENFRENTAR, CONTROLAR Y EXTINGUIR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE DIERON LUGAR A LA APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA; C) EL NÚMERO EXACTO DE LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, QUE SE DESTINARÍAN PARA REALIZAR DE MANERA EXTRAORDINARIA, TEMPORAL Y TRANSITORIA, TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SUS NOMBRES Y CARGOS O GRADOS, Y D) CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PODRÍAN LLEVAR A CABO CON MOTIVO DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA, Y DE QUÉ FORMA DEBERÍAN HACERLO, A FIN DE QUE TODOS LOS MEXICANOS, Y LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), SUPIÉRAMOS CON PRECISIÓN Y CLARIDAD, CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PODRÍAN REALIZAR ESTOS ÚLTIMOS, EN QUÉ CONDICIONES Y BAJO QUÉ REQUISITOS, PARA QUE LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, FACULTADOS EXPRESAMENTE PARA ELLO, Y EL PUEBLO, SUPIÉRAMOS CON PRECISIÓN LO QUE DICHOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE NO PODRÍAN NI DEBERÍAN HACER EN NINGÚN CASO.

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A continuación, se consigna un CUADRO INFORMATIVO QUE CONSIGNA TODA LA INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER UN ACUERDO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA DISPONER, DE MANERA EXTRAORDINARIA, QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LO ORDENADO POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO:

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER UN ACUERDO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA DISPONER, DE MANERA EXTRAORDINARIA, QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LO ORDENADO POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO1.

EXPRESAR Y DEMOSTRAR OBJETIVAMENTE QUE ACTUALMENTE EXISTEN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS

2.

ENUMERAR, ENUNCIAR Y EXPLICAR CON DETALLE, CUÁLES SON ESAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, EXPLICANDO CON AMPLITUD EN QUÉ CONSISTEN DICHAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

3.

PRECISAR CON EXACTITUD, EN QUÉ POBLACIONES, CIUDADES, ENTIDADES FEDERATIVAS O REGIONES, ACTUALMENTE ESTÁN OCURRIENDO ESAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS

4.

PRECISAR CON EXACTITUD, QUÉ ACCIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO ACTUALMENTE LA GUARDIA NACIONAL, Y EN QUÉ CONSISTEN, PARA ENFRENTAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS

5.

CONSIGNAR CON PRECISIÓN, EL NÚMERO EXACTO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL QUE ACTUALMENTE SE TIENEN DESTINADOS PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA ENFRENTAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS

6.

EXPRESAR CON AMPLITUD, Y DEMOSTRAR OBJETIVAMENTE, QUE LOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL ACTUALMENTE DESTINADOS PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA ENFRENTAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, FUERA DE LO COMÚN, QUE CASI NUNCA OCURREN, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE ACTUALMENTE EXISTEN Y QUE ATENTAN DIRECTAMENTE CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MEXICANOS, SON INSUFICIENTES, POR LO QUE ESTÁN SIENDO REBASADOS POR ESAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, Y QUE ACTUALMENTE NO PUEDEN DESTINARSE PARA REALIZAR ESAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A MÁS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL, EXPRESANDO CON AMPLITUD, Y DEMOSTRANDO OBJETIVAMENTE, LAS RAZONES, MOTIVOS Y CAUSAS QUE IMPIDEN QUE ACTUALMENTE SE DESTINEN PARA REALIZAR ESAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A MÁS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL

7 EXPRESAR QUE, POR TODO LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL

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. ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, RESOLVÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, PRECISANDO CON TODO DETALLE EL NÚMERO EXACTO DE ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE QUE SE DESTINARÍAN, DE MANERA EXTRAORDINARIA Y TEMPORAL, PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPORCIONANDO EL NOMBRE COMPLETO Y EL CARGO O GRADO DE CADA UNO DE ESOS ELEMENTOS AUTORIZADOS

8.

EXPRESAR QUE, POR TODO LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, RESOLVÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, PRECISANDO CON TODO DETALLE CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE DE MANERA EXTRAORDINARIA, TEMPORAL Y TRANSITORIA, PODRÍAN REALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EXPRESAMENTE AUTORIZADOS PARA ELLO, ASÍ COMO LA FORMA Y LOS REQUISITOS CON BASE EN LOS CUALES PODRÍAN DESARROLLAR TALES TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

9.

EXPRESAR QUE, POR TODO LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, RESOLVÍA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, PRECISANDO CON TODO DETALLE: A) LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN QUE TENDRÍA LUGAR DICHA DISPOSICIÓN EXTRAORDINARIA, LIMITADA CON TODA PRECISIÓN; B) EL PERÍODO BREVE DURANTE EL CUAL TENDRÍA LUGAR TAL DISPOSICIÓN EXTRAORDINARIA, MISMO QUE SERÍA EL ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA ENFRENTAR, CONTROLAR Y EXTINGUIR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE DIERON LUGAR A LA APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA; C) EL NÚMERO EXACTO DE LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, QUE SE DESTINARÍAN PARA REALIZAR DE MANERA EXTRAORDINARIA, TEMPORAL Y TRANSITORIA, TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO SUS NOMBRES Y CARGOS O GRADOS, Y D) CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PODRÍAN LLEVAR A CABO CON MOTIVO DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA, Y DE QUÉ FORMA DEBERÍAN HACERLO, A FIN DE QUE TODOS LOS MEXICANOS, Y LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), SUPIÉRAMOS CON PRECISIÓN Y CLARIDAD, CUÁLES SERÍAN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PODRÍAN REALIZAR ESTOS ÚLTIMOS, EN QUÉ CONDICIONES Y BAJO QUÉ REQUISITOS, PARA QUE LOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, FACULTADOS EXPRESAMENTE PARA ELLO, Y EL PUEBLO, SUPIÉRAMOS CON PRECISIÓN LO QUE DICHOS ELEMENTOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE NO PODRÍAN NI DEBERÍAN HACER EN NINGÚN CASO

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se deje insubsistente el ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, por ser inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera EXTRAORDINARIA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS

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CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en el ARTÍCULO PRIMERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se ha demostrado plenamente en este Concepto de Violación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

SEGUNDO:- El ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera EXTRAORDINARIA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que textualmente dispone que “EN TIEMPO DE PAZ, NINGUNA AUTORIDAD MILITAR PUEDE EJERCER MÁS FUNCIONES QUE LAS QUE TENGAN EXACTA CONEXIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE ESTÁ VIGENTE A LA PRESENTE FECHA, Y LINEAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE NO SE RESPETÓ EN EL ARTÍCULO PRIMERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

En el presente caso, EN NUESTRO PAÍS SE VIVE TIEMPO DE PAZ, pues AFORTUNADAMENTE EN MÉXICO NO VIVIMOS TIEMPO DE GUERRA, motivo por el cual, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE NO HA SIDO DEROGADO, Y QUE CONTINÚA VIGENTE EN SU TOTALIDAD, “… NINGUNA AUTORIDAD MILITAR PUEDE EJERCER MÁS FUNCIONES QUE LAS QUE TENGAN EXACTA CONEXIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR…”, motivo por el cual, COMO EN MÉXICO VIVIMOS TIEMPO DE PAZ, ES INCONSTITUCIONAL QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO EN TIEMPO DE PAZ, NINGUNA AUTORIDAD MILITAR PUEDE EJERCER LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE SON PROPIAS Y EXCLUSIVAS DE LAS AUTORIDADES CIVILES, MOTIVO POR EL CUAL, EN EL TIEMPO DE PAZ EN QUE VIVIMOS EN MÉXICO ACTUALMENTE, HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, LA AUTORIDAD MILITAR

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SÓLO DEBE EJERCER LAS FUNCIONES QUE TIENEN CONEXIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR, PERO EN NINGÚN CASO, DEBE PARTICIPAR PERMANENTE, CONTINUA Y PROLONGADAMENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMO INCONSTITUCIONALMENTE LO PRETENDE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, A TRAVÉS DEL CUAL PRETENDE DISPONER INCONSTITUCIONALMENTE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO EN MÉXICO SE VIVE TIEMPO DE PAZ, POR LO QUE LA AUTORIDAD MILITAR SÓLO PUEDE Y DEBE EJERCER LAS FUNCIONES QUE TIENEN EXACTA CONEXIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR, lo anterior en términos del artículo 129 de la Constitución Federal, máxime que TAMBIÉN SE VIOLA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, MEDIDA EXTRAORDINARIA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SÓLO PUEDE APLICAR CUANDO EXISTAN EN EL PAÍS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE OCURREN RARA VEZ Y QUE NO SON FRECUENTES, CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE ADEMÁS DEBEN SER EXAGERADAMENTE GRAVES, A TAL GRADO QUE JUSTIFIQUEN CONSTITUCIONALMENTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA APLIQUE LA MEDIDA EXTRAORDINARIA DE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA QUE PODRÍA CONSISTIR PRECISAMENTE EN QUE EN MÉXICO NO SE VIVA TIEMPO DE PAZ, CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA QUE PODRÍA JUSTIFICAR CONSTITUCIONALMENTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, DISPONGA TEMPORAL Y TRANSITORIAMENTE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SITUACIÓN QUE NO SE DA EN EL PRESENTE CASO, ya que, COMO SE CONOCE DE LA LECTURA INTEGRAL DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de mayo de dos mil veinte, EN DICHO ACUERDO RECLAMADO NO SE CONSIGNÓ PARA NADA QUE ACTUALMENTE EN MÉXICO NO SE VIVA TIEMPO DE PAZ, por lo que AL NO EXISTIR UNA CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA, QUE SE SALE DE LA NORMALIDAD, Y QUE SEA DE EXTREMA GRAVEDAD Y PELIGRO PARA LOS MEXICANOS, CONSTITUCIONALMENTE NO SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA, A LA LUZ DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ambos textos constitucionales anteriormente reproducidos.

Es importante tener presente que el ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, y el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, NO SE CONTRADICEN NI SE EXCLUYEN ENTRE SÍ, MOTIVO POR EL CUAL, DEBEN APLICARSE CONJUNTAMENTE, PUES AMBOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ESTÁN VIGENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, motivo por el cual debe concluirse que, DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN CONJUNTA Y ARMÓNICA DE AMBOS TEXTOS CONSTITUCIONALES, SE CONOCE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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PUEDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, SÓLO CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE SUMA GRAVEDAD, POR EJEMPLO, CUANDO EN MÉXICO NO SE VIVA EN TIEMPO DE PAZ, SITUACIÓN EXTRAORDINARIA QUE NO SE PRESENTA ACTUALMENTE EN MÉXICO, DONDE AFORTUNADAMENTE VIVIMOS EN TIEMPO DE PAZ, POR LO QUE CONSTITUCIONALMENTE NO SE JUSTIFICA EN NINGUNA FORMA LA APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA, resultando evidente EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA ES INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS EN MI PERJUICIO, POR VIOLAR FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 129 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, y QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, según se ha demostrado plenamente con antelación.

El ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, NO CONTRADICE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL , ya que DICHOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES NO SE EXCLUYEN ENTRE SÍ, pues, por el contrario, AMBOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SON COMPLEMENTARIOS, motivo por el cual DEBEN INTERPRETARSE Y APLICARSE CONJUNTA Y ARMÓNICAMENTE.

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se deje insubsistente el ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, por ser inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera EXTRAORDINARIA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que textualmente dispone que “EN TIEMPO DE PAZ, NINGUNA AUTORIDAD MILITAR PUEDE EJERCER MÁS FUNCIONES QUE LAS QUE TENGAN EXACTA CONEXIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, precepto Constitucional que está vigente a la presente fecha, y lineamiento Constitucional que no se respetó en el ARTÍCULO PRIMERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se ha demostrado plenamente en este Concepto de Violación, y que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

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TERCERO:- El ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera EXTRAORDINARIA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que viola flagrantemente el contenido del primer párrafo del ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que textualmente dispone que “EN LOS CASOS DE INVASIÓN, PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA, O DE CUALQUIER OTRO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, SOLAMENTE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA APROBACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN O DE LA COMISIÓN PERMANENTE CUANDO AQUEL NO ESTUVIERA REUNIDO, PODRÁ RESTRINGIR O SUSPENDER EN TODO EL PAÍS O EN LUGAR DETERMINADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS QUE FUESEN OBSTÁCULO PARA HACER FRENTE, RÁPIDA Y FÁCILMENTE A LA SITUACIÓN; PERO DEBERÁ HACERLO POR UN TIEMPO LIMITADO, POR MEDIO DE PREVENCIONES GENERALES Y SIN QUE LA RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN SE CONTRAIGA A DETERMINADA PERSONA. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde”, PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE ESTÁ VIGENTE A LA PRESENTE FECHA, y LINEAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE NO SE RESPETÓ EN EL ARTÍCULO PRIMERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

En el presente caso, en nuestro país ACTUALMENTE NO EXISTE INVASIÓN ALGUNA, NI PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA, COMO TAMPOCO EXISTE CUALQUIER OTRO CASO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, pues afortunadamente EN MÉXICO VIVIMOS CON TRANQUILIDAD EN LA ACTUALIDAD, motivo por el cual, en términos del primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no ha sido derogado, y que continúa vigente en su totalidad, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE NI DEBE RESTRINGIR O SUSPENDER EN TODO EL PAÍS O EN LUGAR DETERMINADO EL EJERCICIO DE ALGÚN DERECHO O GARANTÍA, NI SIQUIERA POR UN TIEMPO LIMITADO, MUCHO MENOS EN FORMA PERMANENTE, CONTINUADA Y PROLONGADA, PUES NO EXISTE ALGUNA SITUACIÓN GRAVE A LA QUE DEBA HACERSE FRENTE EN LA ACTUALIDAD, motivo por el cual, COMO EN MÉXICO VIVIMOS EN UN AMBIENTE DE PAZ Y TRANQUILIDAD, ES INCONSTITUCIONAL QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO EN TIEMPO DE PAZ Y TRANQUILIDAD, NINGÚN DERECHO O GARANTÍA PUEDE SER RESTRINGIDO O SUSPENDIDO, MOTIVO POR EL CUAL, EN EL TIEMPO DE PAZ Y TRANQUILIDAD EN QUE VIVIMOS EN MÉXICO ACTUALMENTE, HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, LA FUERZA ARMADA PERMANENTE NO PUEDE NI DEBE PARTICIPAR CONTINUA, CONSTANTE Y PROLONGADAMENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMO INCONSTITUCIONALMENTE LO PRETENDE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN

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EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, A TRAVÉS DEL CUAL PRETENDE DISPONER INCONSTITUCIONALMENTE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO EN MÉXICO SE VIVE TIEMPO DE PAZ Y TRANQUILIDAD, POR LO QUE NO EXISTE NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXTRAORDINARIA QUE JUSTIFIQUE CONSTITUCIONALMENTE, DE MANERA EXTRAORDINARIA, QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DURANTE CASI CUATRO AÑOS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo anterior en términos del primer párrafo del artículo 29 de la Constitución Federal, máxime que TAMBIÉN SE VIOLA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA…”, MEDIDA EXTRAORDINARIA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SÓLO PUEDE APLICAR CUANDO EXISTAN EN EL PAÍS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, QUE OCURREN RARA VEZ Y QUE NO SON FRECUENTES, CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE ADEMÁS DEBEN SER EXAGERADAMENTE GRAVES, A TAL GRADO QUE JUSTIFIQUEN CONSTITUCIONALMENTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA APLIQUE LA MEDIDA EXTRAORDINARIA DE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE PODRÍAN CONSISTIR PRECISAMENTE EN QUE EN MÉXICO EXISTA ACTUALMENTE ALGUNA INVASIÓN, O ALGUNA PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA, O CUALQUIER OTRO CASO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE PODRÍAN JUSTIFICAR CONSTITUCIONALMENTE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, DISPONGA TEMPORAL Y TRANSITORIAMENTE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SITUACIONES QUE NO SE DAN EN EL PRESENTE CASO, ya que, COMO SE CONOCE DE LA LECTURA INTEGRAL DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA , publicado en el Diario Oficial de la Federación del once de mayo de dos mil veinte, EN DICHO ACUERDO RECLAMADO NO SE CONSIGNÓ PARA NADA QUE ACTUALMENTE EN MÉXICO EXISTA ALGUNA INVASIÓN, O ALGUNA PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA, O CUALQUIER OTRO CASO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, por lo que AL NO EXISTIR CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, QUE SE SALEN DE LA NORMALIDAD, Y QUE SEAN DE EXTREMA GRAVEDAD Y PELIGRO PARA LOS MEXICANOS, CONSTITUCIONALMENTE NO SE JUSTIFICA LA APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA, A LA LUZ DE LA APLICACIÓN CONJUNTA DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ambos textos constitucionales anteriormente reproducidos.

Es importante tener presente que el PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, y el ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, NO SE CONTRADICEN NI SE EXCLUYEN ENTRE SÍ, MOTIVO POR EL CUAL, DEBEN APLICARSE

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CONJUNTAMENTE, PUES AMBOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ESTÁN VIGENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, motivo por el cual debe concluirse que, DE LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN CONJUNTA Y ARMÓNICA DE AMBOS TEXTOS CONSTITUCIONALES, SE CONOCE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA EXTRAORDINARIA, SÓLO CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE SUMA GRAVEDAD, por ejemplo, cuando EN MÉXICO EXISTA ALGUNA INVASIÓN, O ALGUNA PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA, O CUALQUIER OTRO CASO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, SITUACIONES EXTRAORDINARIAS QUE NO SE PRESENTAN ACTUALMENTE EN MÉXICO, DONDE AFORTUNADAMENTE VIVIMOS EN TIEMPO DE PAZ Y TRANQUILIDAD, por lo que, CONSTITUCIONALMENTE NO SE JUSTIFICA EN NINGUNA FORMA LA APLICACIÓN DE DICHA MEDIDA EXTRAORDINARIA, resultando evidente EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA ES INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS EN MI PERJUICIO, POR VIOLAR FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 29, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, y QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, según se ha demostrado plenamente con antelación.

El ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, NO CONTRADICE EL CONTENIDO DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL , ya que DICHOS ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES NO SE EXCLUYEN ENTRE SÍ, pues, por el contrario, AMBOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SON COMPLEMENTARIOS, motivo por el cual DEBEN INTERPRETARSE Y APLICARSE CONJUNTA Y ARMÓNICAMENTE.

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se deje insubsistente el ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, por ser inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera EXTRAORDINARIA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que viola flagrantemente el contenido del PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que textualmente dispone que “EN LOS CASOS DE INVASIÓN, PERTURBACIÓN GRAVE DE LA PAZ PÚBLICA, O DE CUALQUIER OTRO QUE PONGA A LA SOCIEDAD EN GRAVE PELIGRO O CONFLICTO, SOLAMENTE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA APROBACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN O DE LA COMISIÓN PERMANENTE CUANDO AQUEL NO

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ESTUVIERA REUNIDO, PODRÁ RESTRINGIR O SUSPENDER EN TODO EL PAÍS O EN LUGAR DETERMINADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS QUE FUESEN OBSTÁCULO PARA HACER FRENTE, RÁPIDA Y FÁCILMENTE A LA SITUACIÓN; PERO DEBERÁ HACERLO POR UN TIEMPO LIMITADO, POR MEDIO DE PREVENCIONES GENERALES Y SIN QUE LA RESTRICCIÓN O SUSPENSIÓN SE CONTRAIGA A DETERMINADA PERSONA. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde”, precepto Constitucional que está vigente a la presente fecha, y lineamiento Constitucional que no se respetó en el ARTÍCULO PRIMERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se ha demostrado plenamente en este Concepto de Violación, y que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

CUARTO:- El ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, es inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA EXTRAORDINARIA… CON LA GUARDIA NACIONAL EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE ESTA ÚLTIMA, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que VIOLA FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO TAMBIÉN INFRINGE EL CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS DE FECHAS VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ Y VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AL RESOLVER RESPECTIVAMENTE LOS LITIGIOS “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO” Y “CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO”, ESTAS ÚLTIMAS EN LAS CUAL EXPRESA Y REITERADAMENTE SE RESOLVIÓ QUE LOS ESTADOS DEBEN LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PRECISANDO QUE CUANDO ESTO ÚLTIMO SE PERMITA, DEBE REALIZARSE APLICANDO CRITERIOS ESTRICTOS DE EXCEPCIONALIDAD, por lo que ES INDEBIDO QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA QUE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN FORMA CONTINUADA, CONSTANTE Y PROLONGADA DURANTE EL AMPLÍSIMO Y EXTENSO LAPSO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, es decir, DURANTE UN PERÍODO DE TRES AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LAS DOS SENTENCIAS ANTES PRECISADAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LAS CUALES SON VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO, y QUE INDEBIDAMENTE NO SE RESPETARON EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

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En efecto, en la parte conducente de la SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, expresamente se resolvió lo siguiente:

“…89. LA CORTE CONSIDERA QUE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR A LAS FUERZAS ARMADAS FUNCIONES DIRIGIDAS A LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE CIVILES, además de atender a los requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho, DEBE RESPONDER, A SU VEZ, A CRITERIOS ESTRICTOS DE EXCEPCIONALIDAD y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales, TENIENDO EN CUENTA, como ha sido señalado (supra párrs. 86 y 87), QUE EL RÉGIMEN PROPIO DE LAS FUERZAS MILITARES AL CUAL DIFÍCILMENTE PUEDEN SUSTRAERSE SUS MIEMBROS, NO SE CONCILIA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS AUTORIDADES CIVILES.…”.

Entonces pues, en la sentencia que se analiza, LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONSIDERA QUE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR A LAS FUERZAS ARMADAS PERMANENTES (EJÉRCITO Y MARINA) LA FUNCIÓN DE REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE RESPONDER A CRITERIOS ESTRICTOS DE EXCEPCIONALIDAD, es decir, EL DISPONER DE LAS FUERZAS ARMADAS PERMANENTES (EJÉRCITO Y MARINA) PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE SER LA EXCEPCIÓN, consecuentemente, debe ser una medida ocasional, temporal, transitoria y lo más breve posible, SIENDO TOTALMENTE INCONSTITUCIONAL QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA QUE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN FORMA CONTINUADA, CONSTANTE Y PROLONGADA DURANTE EL AMPLÍSIMO Y EXTENSO LAPSO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, es decir, DURANTE UN PERÍODO DE TRES AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LA SENTENCIA QUE SE ANALIZA, LA CUAL ES VINCULANTE PARA EL ESTADO MEXICANO, y QUE INDEBIDAMENTE NO SE RESPETÓ EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

En el mismo sentido, en la parte conducente de la SENTENCIA EMITIDA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO”, expresamente se resolvió lo siguiente:

“…179. EN CONCRETO, ESTE TRIBUNAL SE HA REFERIDO EN DISTINTAS OCASIONES A LA PARTICIPACIÓN DE FUERZAS ARMADAS EN LA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. En este sentido, el Tribunal recuerda que en el Caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela estableció que SI BIEN LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN PODRÍAN DESPLEGAR A LAS FUERZAS ARMADAS PARA DESEMPEÑAR TAREAS AJENAS A LAS PROPIAMENTE RELACIONADAS CON CONFLICTOS ARMADOS, DICHO EMPLEO DEBE LIMITARSE AL MÁXIMO Y RESPONDER A CRITERIOS DE ESTRICTA EXCEPCIONALIDAD PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE CRIMINALIDAD O VIOLENCIA INTERNA, DADO QUE EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN LAS FUERZAS MILITARES ESTÁ DIRIGIDO A DERROTAR AL ENEMIGO Y NO A LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE CIVILES, ENTRENAMIENTO QUE ES PROPIO DE LOS ENTES POLICIALES 397 .[…]…”.

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Por tanto, el ACUERDO PRESIDENCIAL QUE SE RECLAMA no obedece al requisito de “EXCEPCIONALIDAD” que contempla el CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS MÉXICO resuelto por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, debido a que EL ACTO RECLAMADO ORDENA Y AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJERCITO Y MARINA) EN LAS TAREAS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, DE FORMA CONTINUA, CONSTANTE Y PROLONGADA DURANTE EL AMPLÍSIMO Y EXTENSO LAPSO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE (EN QUE ENTRÓ EN VIGOR EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA) Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, es decir, DURANTE UN PERÍODO DE TRES AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, LA CUAL ES VINCULANTE PARA EL ESTADO MEXICANO, y QUE INDEBIDAMENTE NO SE RESPETÓ EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE ACONTEZCAN HECHOS IRREPARABLES POR VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDOS POR PARTE DE ELEMENTOS CASTRENSES, lo que me deja en completo estado de inseguridad y de indefensión jurídicas.

Ahora, cuanto a la semántica de la palabra EXCEPCIONALIDAD encontré en el diccionario de la real academia española lo siguiente:

EXCEPCIONALIDAD. 1. f. Cualidad de EXCEPCIONAL. EXCEPCIONAL.1. adj. QUE CONSTITUYE EXCEPCIÓN   DE   LA   REGLA   COMÚN .2. adj. QUE SE   APARTA   DE   LO   ORDINARIO , O QUE OCURRE   RAR A   VEZ . EXCEPCIÓN. 1. f. ACCIÓN Y EFECTO DE EXCEPTUAR . 2. f. COSA QUE SE APARTA DE LA REGLA O CONDICIÓN GENERAL DE LAS DEMÁS DE SU ESPECIE .EXCEPTUAR.1.tr. EXCLUIR A ALGUIEN O ALGO DE LA GENERALIDAD DE LO QUE SE TRATA O DE LA REGLA COMÚN. 

EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, INDEBIDAMENTE NO SE RESPETA NI SE APLICA EL CRITERIO DE ESTRICTA EXCEPCIONALIDAD , ya que NO SE ESTABLECE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, COMO EXCEPCIÓN, OCASIONALMENTE, RARA VEZ, DE MANERA EXTRAORDINARIA, POR BREVES PERÍODOS, PERFECTAMENTE DELIMITADOS , PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ELLO SÓLO CUANDO CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS HAGAN NECESARIO QUE EL GOBIERNO FEDERAL SE APARTE DE LA REGLA COMÚN DE QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA SEA ATENDIDA POR CUERPOS DE POLICÍA CIVILES, ESTO ÚLTIMO QUE ES LO ORDINARIO Y COMÚN , PUES POR EL CONTRARIO, en el ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, “SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA EXTRAORDINARIA… CON LA GUARDIA NACIONAL EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE ESTA ÚLTIMA, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA

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DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que VIOLA FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO TAMBIÉN INFRINGE EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, ESTA ÚLTIMA EN LA CUAL EXPRESA Y REITERADAMENTE SE RESOLVIÓ QUE LOS ESTADOS DEBEN LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PRECISANDO QUE CUANDO ESTO ÚLTIMO SE PERMITA, DEBE REALIZARSE APLICANDO CRITERIOS ESTRICTOS DE EXCEPCIONALIDAD, por lo que ES INDEBIDO QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA QUE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN FORMA CONTINUADA, CONSTANTE Y PROLONGADA DURANTE EL AMPLÍSIMO Y EXTENSO LAPSO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, es decir, DURANTE UN PERÍODO DE TRES AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, LA CUAL ES VINCULANTE PARA EL ESTADO MEXICANO, y QUE INDEBIDAMENTE NO SE RESPETÓ EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA NO SE DESPRENDE EXCEPCIONALIDAD ALGUNA, sino que, al contrario, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AMPLÍA EL PLAZO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA HASTA QUE TERMINE SU SEXENIO, es decir, DURANTE CASI CUATRO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO .

Así, LA REGLA GENERAL O REGLA COMÚN , CONSISTENTE EN QUE EN MÉXICO LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA SÓLO DEBEN SER REALIZADAS POR CUERPOS DE POLICÍA CIVILES, SIN INJERENCIA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), SE TERGIVERSA, SE ALTERA Y SE DISTORSIONA , por cuanto que, A TRAVÉS DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE SE PRETENDE QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA ORDINARIA, CONTINUA, CONSTANTE Y PROLONGADA DURANTE EL AMPLÍSIMO Y EXTENSO LAPSO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, es decir, DURANTE UN PERÍODO DE TRES AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, LA CUAL ES VINCULANTE PARA EL ESTADO MEXICANO, y QUE INDEBIDAMENTE NO SE RESPETÓ EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

El artículo 1, primeros tres párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN

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ESTA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE…LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE INTERPRETARÁN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCIÓN Y CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERÁ PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY.…”.

Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “ESTA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA Y TODOS LOS TRATADOS QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA MISMA, CELEBRADOS Y QUE SE CELEBREN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON APROBACIÓN DEL SENADO, SERÁN LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNIÓN. LOS JUECES DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA SE ARREGLARÁN A DICHA CONSTITUCIÓN, LEYES Y TRATADOS, A PESAR DE LAS DISPOSICIONES EN CONTRARIO QUE PUEDA HABER EN LAS CONSTITUCIONES O LEYES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS”.

Ahora bien, a la luz del EXPEDIENTE VARIOS 912/2010 (visible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2018-08/SENTENCIA-EXP-VARIOS-912-2010-PLENO.pdf ) , emitido por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se determinó que FRENTE A LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO PUEDE REVISAR SI SE CONFIGURA ALGUNA DE LAS EXCEPCIONES DEL ESTADO MEXICANO AL RECONOCIMIENTO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA DE AQUELLA, O ALGUNA DE LAS RESERVAS O DECLARACIONES INTERPRETATIVAS QUE FORMULÓ AL ADHERIRSE A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.

En ese orden de ideas, LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SON VINCULANTES CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.

Es aplicable a lo anterior la TESIS AISLADA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, sustentada bajo el rubro de “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO” (Época: Novena Época, Registro: 160482, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LXV/2011 (9a.), Página: 556).

Asimismo, es aplicable a lo anterior LA JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, sustentada bajo el rubro de “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA” (Época: Décima Época, Registro: 2006225, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 21/2014 (10a.), Página: 204).

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De igual forma, en el EXPEDIENTE VARIOS 912/2010, se determinó que, de conformidad con el párrafo 339 de la sentencia de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso Radilla Pacheco, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DEBE EJERCER UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO ENTRE LAS NORMAS INTERNAS Y LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y DE LAS REGULACIONES PROCESALES CORRESPONDIENTES. Fortalece a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente:

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO”.(Época: Décima Época, Registro: 2005056, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.A. J/7 (10a.), Página: 933).

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se deje insubsistente el ARTÍCULO PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, por ser inconstitucional y violatorio de derechos humanos, en la parte en que indica que “SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA EXTRAORDINARIA… CON LA GUARDIA NACIONAL EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE ESTA ÚLTIMA, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, lo que VIOLA FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO TAMBIÉN INFRINGE EL CONTENIDO DE LAS SENTENCIAS DE FECHAS VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ Y VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AL RESOLVER RESPECTIVAMENTE LOS LITIGIOS “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO” Y “CASO ALVARADO ESPINOZA Y OTROS VS. MÉXICO”8, ESTAS ÚLTIMAS EN LAS CUAL EXPRESA Y

8 En ese tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció y reafirmo en la sentencia Alvarado Espinoza y otros vs México, como regla general, que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial; c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

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REITERADAMENTE SE RESOLVIÓ QUE LOS ESTADOS DEBEN LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PRECISANDO QUE CUANDO ESTO ÚLTIMO SE PERMITA, DEBE REALIZARSE APLICANDO CRITERIOS ESTRICTOS DE EXCEPCIONALIDAD, por lo que ES INDEBIDO QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA QUE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN FORMA CONTINUADA, CONSTANTE Y PROLONGADA DURANTE EL AMPLÍSIMO Y EXTENSO LAPSO COMPRENDIDO DESDE EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE Y HASTA EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, es decir, DURANTE UN PERÍODO DE TRES AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS, VIOLANDO FLAGRANTEMENTE LAS DOS SENTENCIAS ANTES PRECISADAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LAS CUALES SON VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO, y QUE INDEBIDAMENTE NO SE RESPETARON EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, según se ha demostrado en este Concepto de Violación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

QUINTO:- Los ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, SON INCONSTITUCIONALES Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PARTE EN QUE RESPECTIVAMENTE INDICAN QUE “PRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA… REGULADA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, “SEGUNDO. LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE PREVÉN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XVII, XVIII, Y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL” y “TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.

A la luz de los cuales se evidencia que el acuerdo reclamado es contrario a esos cinco principios, tal como se ha argumentado.

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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en los ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

Al respecto, se formulan los siguientes CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

A.- El ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA”, de donde queda claro que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS SIGUIENTES CINCO REQUISITOS:

1. Que sea DE MANERA EXTRAORDINARIA;

2. Que sea DE MANERA REGULADA;

3. Que sea DE MANERA FISCALIZADA;

4. Que sea DE MANERA SUBORDINADA; y,

5. Que sea DE MANERA COMPLEMENTARIA;.

Queda claro que en este ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO antes reproducido, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS CINCO REQUISITOS ANTES ENUNCIADOS, ninguno de los cuales se cumple en el ACUERDO que ahora se reclama, ocupándonos en este Concepto de Violación de alegar y demostrar que en dicho ACUERDO reclamado, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO SIN CUMPLIR CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE DICHA DISPOSICIÓN SEA DE MANERA REGULADA, según se demuestra a continuación.

B.- La palabra “REGULADA”, significa gramaticalmente “Que se ajusta a una regla o que es conforme a ella”.

Por tanto, PARA CUMPLIR CON EL MANDATO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE, CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE que, en su parte conducente, ordena que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente

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Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, ES MENESTER QUE, EN EL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN ESE MISMO ACUERDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTABLEZCA EXPRESAMENTE LAS REGLAS A LAS CUALES DEBE AJUSTARSE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), PRECISAMENTE AL LLEVAR A CABO DICHAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, con la salvedad de que EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO CONSIGNÓ, DE MANERA EXPRESA, LA REGULACIÓN APLICABLE, ES DECIR, NO PRECISÓ CON CLARIDAD CUÁLES SON LAS REGLAS, CONCRETAS Y ESPECÍFICAS, A LAS CUALES DEBE AJUSTARSE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), PRECISAMENTE AL LLEVAR A CABO DICHAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, motivo por el cual, DEL CONTENIDO INTEGRAL DE DICHO ACUERDO RECLAMADO, RESULTA QUE TANTO LOS SOLDADOS Y MARINOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), COMO TODOS LOS MEXICANOS, DESCONOCEMOS E IGNORAMOS CUÁL ES LA REGULACIÓN APLICABLE Y CUÁLES SON LAS REGLAS, CONCRETAS Y ESPECÍFICAS, A LAS CUALES DEBE AJUSTARSE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), PRECISAMENTE AL LLEVAR A CABO DICHAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ello debido a que, INCONSTITUCIONALMENTE, EN VIOLACIÓN FLAGRANTE A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN SU ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, INDEBIDAMENTE OMITIÓ ESTABLECER EXPRESAMENTE LA REGULACIÓN APLICABLE, YA QUE NO CONSIGNÓ LAS REGLAS, CONCRETAS Y ESPECÍFICAS, A LAS CUALES DEBE AJUSTARSE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), PRECISAMENTE AL LLEVAR A CABO DICHAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo que me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas, violándose mis Derechos Humanos.

CUANDO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, ello significa que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL DISPONER DE LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA REGULADA, es decir, DEBE HACERLO ESTABLECIENDO UNA REGULACIÓN O REGLAMENTACIÓN QUE CONTENGA REGLAS CLARAS ENCAMINADAS A QUE TODOS LOS ACTOS Y ACCIONES QUE REALICEN LOS SOLDADOS Y MARINOS ASIGNADOS EXPRESAMENTE PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUMPLAN PUNTUALMENTE CON LA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL IMPERIO DE LA LEY, REGULACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBE CONTENERSE EN EL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA TAREA QUE CONSTITUCIONALMENTE CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES CIVILES y que, A NIVEL FEDERAL, CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA , DEPENDENCIA FEDERAL QUE, PARA TAL EFECTO, DESDE EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, CUENTA CON LA GUARDIA NACIONAL, LA CUAL, POR MANDATO CONSTITUCIONAL, ES DE CARÁCTER CIVIL.

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Precisamente, EL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, texto vigente desde el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, DISPONE QUE “LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCLUYENDO LA GUARDIA NACIONAL, SERÁN DE CARÁCTER CIVIL…”, indicando el décimo primer párrafo que “LA FEDERACIÓN CONTARÁ CON UNA INSTITUCIÓN POLICIAL DE CARÁCTER CIVIL DENOMINADA GUARDIA NACIONAL…”, señalando el décimo segundo párrafo que “LA LEY DETERMINARÁ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, QUE ESTARÁ ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL RAMO DE SEGURIDAD PÚBLICA…”, y agregando el décimo tercer párrafo que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”.

Por tanto, CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS Y DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL PROPIO ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE CONSIGNAR EXPRESAMENTE UNA REGULACIÓN DETALLADA QUE CONTENGA REGLAS CLARAS QUE OBLIGUEN A LOS SOLDADOS Y MARINOS, QUE DEJAN DE ACTUAR TEMPORAL Y TRANSITORIAMENTE COMO MIEMBROS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, PARA REALIZAR TEMPORALMENTE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE SON PROPIAS Y EXCLUSIVAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE CARÁCTER CIVIL, A AJUSTAR SU PROCEDER A LO ORDENADO EXPRESAMENTE POR EL DÉCIMO TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que dispone que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, de donde queda claro que LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL HACERLO, DEBEN REGIRSE POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, es decir, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS DEBEN REGIRSE POR LA DOCTRINA POLICIAL QUE LES ORDENA SERVIR A LA SOCIEDAD, RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, motivo por el cual, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO, PUBLICADO EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, ORDENÓ QUE CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA REGULADA, precisamente, para que SE REGULE JURÍDICAMENTE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EFECTIVAMENTE SE RIJAN POR LA DOCTRINA POLICIAL QUE LES ORDENA SERVIR A LA SOCIEDAD, RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, y que, EFECTIVAMENTE, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, REGULACIÓN QUE DEBE REALIZARSE A TRAVÉS DE REGLAS CLARAS QUE OBLIGUEN A LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, A SERVIR A LA SOCIEDAD, A RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS Y A SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS

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Por tanto, CUANDO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, es claro que LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN QUE DEBE ESTABLECERSE PARA QUE RIJA EL PROCEDER DE LOS SOLDADOS O MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBE SER UNA REGULACIÓN ENCAMINADA Y DIRIGIDA A OBLIGAR Y GARANTIZAR QUE, como lo ordena el décimo tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EFECTIVAMENTE SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

Ahora bien, COMO LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN QUE DEBE ESTABLECERSE PARA QUE RIJA EL PROCEDER DE LOS SOLDADOS O MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD SOCIAL, ORDENADA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, DEBE SER UNA REGULACIÓN ENCAMINADA Y DIRIGIDA A OBLIGAR Y GARANTIZAR QUE, como lo ordena el décimo tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EFECTIVAMENTE SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, es claro que DICHA REGULACIÓN DEBE ESTAR ÍNTIMAMENTE RELACIONADA CON PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, A FIN DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL CONSAGRADA EN EL DÉCIMO TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE DISPONE QUE “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”.

En este orden de ideas, ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL QUE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO HAYA CONSIGNADO EXPRESAMENTE LA REGULACIÓN A LA QUE DEBEN SUJETARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE NO CONSIGNÓ REGLAS CLARAS Y PRECISAS QUE OBLIGUEN A TALES SOLDADOS Y MARINOS A RESPETAR Y PROTEGER, EN TODAS SUS ACCIONES, LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, OMISIÓN QUE VIOLA FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, ya que LA REGULACIÓN, ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE PARA GARANTIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, NO SE ESTABLECIÓ EXPRESAMENTE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, de donde se concluye que EL ACUERDO QUE AHORA SE

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RECLAMA, ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL, POR VIOLAR FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ya que NO CONSIGNA LA REGULACIÓN QUE GARANTICE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODAS SUS ACCIONES RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, por lo que se está en presencia de UNA VIOLACIÓN PATENTE A LA REGULACIÓN ORDENADA POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en términos del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO multicitado, PUEDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, pero, entre otros requisitos, DE MANERA REGULADA, REQUISITO CONSTITUCIONAL QUE NO SE CUMPLIÓ EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, ya que EN DICHO ACUERDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO CONSIGNÓ LA REGULACIÓN APLICABLE, pues NO ESTABLECIÓ CON TODA CLARIDAD LAS REGLAS, CONCRETAS Y ESPECÍFICAS, A LAS CUALES DEBE SUJETARSE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) AL REALIZAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, A FIN DE QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, quedando claro que EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRETENDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO NO DE MANERA REGULADA, pues EN DICHO ACUERDO RECLAMADO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO ESTABLECIÓ LA REGULACIÓN APLICABLE, por lo que LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, SOLDADOS Y MARINOS, NO TIENEN REGLAS CLARAS QUE DEBAN RESPETAR AL REALIZAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA y, lo mas grave, LOS MEXICANOS DESCONOCEMOS LA REGULACIÓN O REGLAS A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, por NO EXISTIR DICHA REGULACIÓN, POR NO EXISTIR DICHAS REGLAS, LO QUE NOS DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN Y DE INSEGURIDAD JURÍDICAS, Y QUE VIOLA NUESTROS DERECHOS HUMANOS.

Precisamente, en la parte conducente de la SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, expresamente se resolvió lo siguiente:

“…[…] 86. Al respecto, la Corte considera que, en algunos contextos y circunstancias, LA ALTA PRESENCIA MILITAR ACOMPAÑADA DE INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUEDE IMPLICAR LA INTRODUCCIÓN DE UN RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS… 118 . 117 Cfr. Naciones Unidas. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia 05/05/97.CCPR/C/79/Add.76, párr. 19. 118 Cfr. Relatores Especiales sobre Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales E/CN.4/1995/111, párr. 117.a. Ratificada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados (E/CN.4/1998/39/Add. 2), párr. 185.[…][…] 88. Tal como ha señalado este Tribunal, LOS ESTADOS DEBEN LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PUESTO QUE EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN ESTÁ DIRIGIDO A DERROTAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO, Y NO A LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE CIVILES, ENTRENAMIENTO QUE ES PROPIO DE LOS ENTES POLICIALES 121. EL DESLINDE DE LAS FUNCIONES MILITARES Y DE POLICÍA DEBE GUIAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

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DE LOS DERECHOS EN RIESGO A CARGO DE LAS AUTORIDADES INTERNAS 122 .121 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, supra nota 120, párr. 78, y Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 51.122 Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 51.89. LA CORTE CONSIDERA QUE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR A LAS FUERZAS ARMADAS FUNCIONES DIRIGIDAS A LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE CIVILES, ADEMÁS DE ATENDER A LOS REQUISITOS DE ESTRICTA PROPORCIONALIDAD EN LA RESTRICCIÓN DE UN DERECHO, DEBE RESPONDER, A SU VEZ, A CRITERIOS ESTRICTOS DE excepcionalidad y DEBIDA DILIGENCIA EN LA SALVAGUARDA DE LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES, TENIENDO EN CUENTA, como ha sido señalado (supra párrs. 86 y 87), que EL RÉGIMEN PROPIO DE LAS FUERZAS MILITARES AL CUAL DIFÍCILMENTE PUEDEN SUSTRAERSE SUS MIEMBROS, NO SE CONCILIA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS AUTORIDADES CIVILES.[…] …”.

Precisamente porque “… LA ALTA PRESENCIA MILITAR ACOMPAÑADA DE INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUEDE IMPLICAR LA INTRODUCCIÓN DE UN RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS…”, COMO LO RESOLVIÓ LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SENTENCIA ANTES REPRODUCIDA, es que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO MULTICITADO, consignó que CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA REGULADA, precisamente ESTABLECIENDO UNA REGULACIÓN QUE CONTENGA REGLAS CLARAS QUE OBLIGUEN A LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN TODAS SUS ACCIONES RESPETEN Y PROTEJAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, LINEAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE NO SE RESPETA NI SE CUMPLE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, motivo por el cual, DICHO ACUERDO RECLAMADO ES INCONSTITUCIONAL.

Asimismo, debido a que “… LOS ESTADOS DEBEN LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PUESTO QUE EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN ESTÁ DIRIGIDO A DERROTAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO, Y NO A LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE CIVILES, ENTRENAMIENTO QUE ES PROPIO DE LOS ENTES POLICIALES…”, COMO LO RESOLVIÓ LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SENTENCIA ANTES REPRODUCIDA, es que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO MULTICITADO, consignó que CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA REGULADA, precisamente ESTABLECIENDO UNA REGULACIÓN QUE CONTENGA REGLAS CLARAS QUE OBLIGUEN A LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN TODAS SUS ACCIONES RESPETEN Y PROTEJAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, LINEAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE NO SE RESPETA NI SE CUMPLE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, motivo por el cual, DICHO ACUERDO RECLAMADO ES INCONSTITUCIONAL.

Finalmente, toda vez que “LA CORTE CONSIDERA QUE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR A LAS FUERZAS ARMADAS FUNCIONES DIRIGIDAS A LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE CIVILES… DEBE RESPONDER… A CRITERIOS ESTRICTOS DE… DEBIDA DILIGENCIA EN LA SALVAGUARDA DE LAS GARANTÍAS

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CONVENCIONALES, TENIENDO EN CUENTA… QUE EL RÉGIMEN PROPIO DE LAS FUERZAS MILITARES AL CUAL DIFÍCILMENTE PUEDEN SUSTRAERSE SUS MIEMBROS, NO SE CONCILIA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS AUTORIDADES CIVILES…”, COMO LO RESOLVIÓ LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA SENTENCIA ANTES REPRODUCIDA, es que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO MULTICITADO, consignó que CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA REGULADA, precisamente ESTABLECIENDO UNA REGULACIÓN QUE CONTENGA REGLAS CLARAS QUE OBLIGUEN A LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN TODAS SUS ACCIONES RESPETEN Y PROTEJAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, LINEAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE NO SE RESPETA NI SE CUMPLE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, motivo por el cual, DICHO ACUERDO RECLAMADO ES INCONSTITUCIONAL.

Queda claro que EL DECRETO QUE AHORA SE RECLAMA ES CONTRARIO A LA SENTENCIA ANTES REPRODUCIDA, DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, toda vez que DICHO ACUERDO RECLAMADO, VIOLANDO LA ORDEN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE, NO CONSIGNA LA REGULACIÓN QUE ASEGURE Y GARANTICE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA, REALIZARAN LA TAREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA SALVAGUARDA DE LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES, esto es, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA OMITIÓ ESTABLECER LA REGULACIÓN ENCAMINADA A LOGRAR LA COMPLETA SALVAGUARDA DE LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES Y LA SEGURIDAD PERSONAL DE LOS MEXICANOS, ya que EN EL ACUERDO RECLAMADO INCONSTITUCIONALMENTE NO SE ESTABLECIERON LAS REGLAS CLARAS QUE OBLIGARAN JURÍDICAMENTE A LOS SOLDADOS Y MARINOS, QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, A SALVAGUARDAR EN TODAS SUS ACTUACIONES, LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES Y LA SEGURIDAD PERSONAL DE LOS MEXICANOS, OMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE IMPLICA LA INTRODUCCIÓN DE UN RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS.

C. CUANDO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, es claro que LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN QUE DEBE ESTABLECERSE PARA QUE RIJA EL PROCEDER DE LOS SOLDADOS O MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBE SER UNA REGULACIÓN ENCAMINADA Y DIRIGIDA A OBLIGAR Y GARANTIZAR QUE, lo anterior en términos del décimo tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”.

Si bien es cierto que en el ARTÍCULO TERCERO del ACUERDO QUE SE RECLAMA, se indica GENÉRICAMENTE que “EN EL APOYO EN EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE SEGURIDAD, LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS…”, también es verdad que EN DICHO ACUERDO RECLAMADO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NI SIQUIERA ENUMERÓ CADA

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UNO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE LOS SOLDADOS Y MILITARES DEBEN RESPETAR Y PROTEGER A LOS MEXICANOS, quedando claro que EN DICHO ACUERDO RECLAMADO INCONSTITUCIONALMENTE NO SE ESTABLECIÓ LA REGULACIÓN NECESARIA PARA QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS SÍ RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS , al NI SIQUIERA PRECISARSE CON DETALLE CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN RESPETARSE, por lo que LOS SOLDADOS Y MARINOS DESCONOCEN POR COMPLETO QUÉ DERECHOS HUMANOS DEBEN RESPETAR Y PROTEGER A LOS MEXICANOS CUANDO REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo que nos deja en un completo estado de inseguridad y de indefensión jurídicas, aparte de que viola el ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO MULTICITADO, que exige que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CUANDO DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, NECESARIAMENTE LO HAGA DE MANERA REGULADA, lineamiento constitucional que no se respetó en el acuerdo reclamado.

En la parte conducente de la SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, expresamente SE RESOLVIÓ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO, POR ACTOS DE INTEGRANTES DEL EJÉRCITO MEXICANO, en el siguiente sentido:

“…Por la violación del DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, RECONOCIDO EN LOS ARTÍCULOS 7.3, 7.4 Y 7.5, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS…Por la violación del DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 5.1 Y 5.2, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, por LOS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES INFLIGIDOS A LOS SEÑORES…Porque HA INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LOS ALEGADOS ACTOS DE TORTURA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5.1 Y 5.2, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 1, 6 Y 8 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA…Por la violación de la GARANTÍA JUDICIAL RECONOCIDA EN EL ARTÍCULO 8.3, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS… Por la violación de LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL RECONOCIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, AL HABERSE SOMETIDO EL CONOCIMIENTO DE LAS ALEGADAS TORTURAS A LA JURISDICCIÓN PENAL MILITAR, EN PERJUICIO DE LOS SEÑORES… Porque HA INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2, EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, AL EXTENDER LA COMPETENCIA DEL FUERO CASTRENSE A DELITOS QUE NO TIENEN ESTRICTA RELACIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR O CON BIENES JURÍDICOS PROPIOS DEL ÁMBITO CASTRENSE…”.

Pues bien, EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE NO SE MENCIONA NINGUNO DE LOS DERECHOS HUMANOS ENUNCIADOS EN LA SENTENCIA ANTES REPRODUCIDA, VIOLADOS POR INTEGRANTES DEL EJÉRCITO MEXICANO EN EL CASO QUE SE RESOLVIÓ (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LOS ALEGADOS ACTOS DE TORTURA, GARANTÍA

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JUDICIAL, DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, OBLIGACIÓN DE NO EXTENDER LA COMPETENCIA DEL FUERO CASTRENSE A DELITOS QUE NO TIENEN ESTRICTA RELACIÓN CON LA DISCIPLINA MILITAR O CON BIENES JURÍDICOS PROPIOS DEL ÁMBITO CASTRENSE), motivo por el cual, LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AUNQUE LEAN DICHO ACUERDO RECLAMADO, DESCONOCEN CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN RESPETAR Y PROTEGER A LOS MEXICANOS, lo que constituye prueba plena de que EN EL ACUERDO RECLAMADO INCONSTITUCIONALMENTE NO SE CONSIGNA LA REGULACIÓN A LA QUE DEBEN AJUSTARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo que NOS DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN Y DE INSEGURIDAD JURÍDICAS A TODOS LOS MEXICANOS.

En la parte conducente de la SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, expresamente se consignó lo siguiente:

“…80. De otra parte, el Tribunal ha señalado que la seguridad también debe entenderse como LA PROTECCIÓN CONTRA TODA INTERFERENCIA ILEGAL O ARBITRARIA DE LA LIBERTAD FÍSICA 101. Asimismo, con la PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SE PUEDEN SALVAGUARDAR TANTO LA LIBERTAD FÍSICA DE LOS INDIVIDUOS COMO LA SEGURIDAD PERSONAL, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y EN LA PRIVACIÓN A LOS DETENIDOS DE LAS FORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN LEGAL 102. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que LA SEGURIDAD PERSONAL IMPLICA LA PROTECCIÓN RESPECTO A LA LIBERTAD FÍSICA 103. A su vez, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que el derecho a la seguridad no puede interpretarse en forma restringida, lo cual implica que no pueden ignorarse LAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE PERSONAS NO DETENIDAS O PRESAS 104…”.

EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE NO SE MENCIONA PARA NADA QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO PUEDEN NI DEBEN INTERFERIR ILEGAL O ARBITRARIAMENTE CONTRA LA LIBERTAD FÍSICA DE LOS MEXICANOS, que NO PUEDEN NI DEBEN PRIVAR A LOS DETENIDOS DE LAS FORMAS MÍNIMAS DE PROTECCIÓN LEGAL, que DEBEN RESPETAR LA SEGURIDAD PERSONAL Y PROTEGER LA LIBERTAD FÍSICA DE LOS GOBERNADOS, y que NO PUEDEN NI DEBEN AMENAZAR LA SEGURIDAD DE PERSONAS NO DETENIDAS O PRESAS, motivo por el cual, LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AUNQUE LEAN DICHO ACUERDO RECLAMADO, DESCONOCEN CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN RESPETAR Y PROTEGER A LOS MEXICANOS, lo que constituye prueba plena de que EN EL ACUERDO RECLAMADO INCONSTITUCIONALMENTE NO SE CONSIGNA LA REGULACIÓN A LA QUE DEBEN AJUSTARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo que NOS DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN Y DE INSEGURIDAD JURÍDICAS A TODOS LOS MEXICANOS.

En la parte conducente de la DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, PRONUNCIADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018, Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018 Y 11/2018, consultable en la página de Internet https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/

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2018-10/7.0%20PROYECTO%20A.I.%206-2018%20y%20Acumuladas%2026-10-2018.pdf, expresamente se consignó lo siguiente:

“…Así, LA PECULIARIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES QUE UNA MANERA DE EJERCERLA ES EN LA VÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE UNA REUNIÓN DE UN GRUPO DE PERSONAS. LAS MOVILIZACIONES SOCIALES O REUNIONES DE PERSONAS SON UNA FORMA DE EXPRESIÓN EN DONDE SE INTERRELACIONAN LAS DIFERENTES DIMENSIONES DEL DERECHO A EXPRESARSE, lo cual forzosamente provoca que se tenga incidencia en OTROS DERECHOS HUMANOS COMO LA ASOCIACIÓN O REUNIÓN PACÍFICA. Asimismo, el precedente consideró que estos DERECHOS A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN TAMBIÉN SIRVEN DE CAUCE PARA EL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS HUMANOS Y SON ESENCIALES PARA LA DEMOCRACIA… … EL DERECHO DE REUNIÓN SE ENCUENTRA RECONOCIDO, ENTRE OTROS, EN LOS ARTÍCULOS 9 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 20.1 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS; 21 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; XXI DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, Y 15 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. A partir de estas normas interrelacionadas, para esta Suprema Corte, como se señaló en el precedente, EL DERECHO HUMANO A LA REUNIÓN ES LA AGLOMERACIÓN INTENCIONAL Y TEMPORAL DE PERSONAS EN UN ESPACIO PRIVADO O PÚBLICO CON UN PROPÓSITO CONCRETO, QUE SE DEBE DE LLEVAR A CABO PACÍFICAMENTE Y QUE DEBE DE TENER UN OBJETO LÍCITO. Consecuentemente, SE ABARCA TODO TIPO DE REUNIÓN BAJO CUALQUIER MOTIVACIÓN (SEA ESTA RELIGIOSA, CULTURAL, SOCIAL, ECONÓMICA, DEPORTIVA, POLÍTICA, ETCÉTERA), COMO MARCHAS, PLANTONES, MANIFESTACIONES EN PLAZAS PÚBLICAS O VÍAS DE COMUNICACIÓN, PROCESIONES, PEREGRINACIONES, ENTRE MUCHAS OTRAS. LA CARACTERÍSTICA DEFINITORIA RADICA ENTONCES EN LA CONCENTRACIÓN DE DOS O MÁS PERSONAS EN UN LUGAR DETERMINADO. […][…] Aunado a ello, el Pleno precisó que EL OBJETO LÍCITO SE DA CUANDO EL MOTIVO DE LA REUNIÓN NO ES LA EJECUCIÓN CONCRETA DE ACTOS DELICTIVOS. EL VOCABLO ‘PACÍFICAMENTE’ SE ENCUENTRA ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO LÍCITO al que alude expresamente el artículo 9 de la Constitución Federal. Para este Tribunal Pleno, UNA CONGREGACIÓN DE PERSONAS SERÁ PACÍFICA CUANDO NO SE LLEVEN A CABO FÁCTICAMENTE ACTOS DE VIOLENCIA O A TRAVÉS DE LA REUNIÓN SE INCITE A ACTOS DE DISCRIMINACIÓN O DISCURSO DE ODIO QUE TENGAN UNA MATERIALIZACIÓN REAL. Así, concluyó que LA REGLA GENERAL ES QUE TODO EJERCICIO DEL DERECHO A LA REUNIÓN DEBE PRESUMIRSE PACÍFICO Y CON OBJETO LÍCITO, por lo cual LA CONSIDERACIÓN DE QUE UNA DETERMINADA CONCENTRACIÓN HUMANA SE ENCUENTRA FUERA DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE ESE DERECHO DEBERÁ SER VALORADA POR LA AUTORIDAD CASO POR CASO. Al respecto, resaltó que LA AUTORIDAD NO PUEDE VETAR O SANCIONAR EL OBJETIVO DE UNA REUNIÓN NI MUCHO MENOS SU MENSAJE. Es decir, NO POR EL HECHO DE QUE EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO DE REUNIÓN SEA OFENSIVO, INSULTANTE, INJURIOSO, VIOLENTO O ALUSIVO A ACTOS DELICTIVOS SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA CONGREGACIÓN HUMANA YA NO ES PACÍFICA NI LÍCITA (EL MENSAJE A VECES TIENE COMO CONTENIDO REFERENCIA A ACTIVIDADES ILÍCITAS). Por ello, enfatizó que LO QUE HACE ILÍCITA Y NO PACÍFICA A UNA

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CONCENTRACIÓN DE PERSONAS ES LA CONCURRENCIA REAL DE ACTOS DELICTIVOS, LA EXISTENCIA O LA INMINENTE AMENAZA DE VIOLENCIA O ACTOS QUE INCITEN A LA MATERIALIZACIÓN REAL DE DISCRIMINACIÓN Y DISCURSO DE ODIO. LOS ACTOS ESPORÁDICOS DE VIOLENCIA U OTROS ACTOS PUNIBLES COMETIDOS POR OTROS INDIVIDUOS NO DEBEN PRIVAR A LAS PERSONAS PACÍFICAS DE SU DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN…… En razón de lo anterior, ante lo FUNDADO de los argumentos planteados, lo procedente es declarar la INVALIDEZ TOTAL del artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, AL SER UNA NORMA INFRA INCLUYENTE QUE INHIBE EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN… (pág. 43 y 44).…”.

EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE NO SE MENCIONA PARA NADA QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBERÁN RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA VÍA PÚBLICA A TRAVÉS DE REUNIONES DE GRUPOS DE PERSONAS; que DEBERÁN RESPETAR Y PROTEGER LAS MOVILIZACIONES SOCIALES O REUNIONES DE PERSONAS, EN LAS QUE EJERCEN EL DERECHO A EXPRESARSE; que DEBERÁN RESPETAR Y PROTEGER OTROS DERECHOS HUMANOS COMO LA ASOCIACIÓN O REUNIÓN PACÍFICA, ya que LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN TAMBIÉN SIRVEN DE CAUCE PARA EL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS HUMANOS Y SON ESENCIALES PARA LA DEMOCRACIA; que DEBERÁN RESPETAR EL DERECHO DE REUNIÓN, que consiste en la AGLOMERACIÓN INTENCIONAL Y TEMPORAL DE PERSONAS EN UN ESPACIO PRIVADO O PÚBLICO CON UN PROPÓSITO CONCRETO, QUE SE DEBE DE LLEVAR A CABO PACÍFICAMENTE Y QUE DEBE DE TENER UN OBJETO LÍCITO, DERECHO HUMANO QUE ABARCA TODO TIPO DE REUNIÓN BAJO CUALQUIER MOTIVACIÓN (SEA ESTA SOCIAL, ECONÓMICA O POLÍTICA): por lo que DEBERÁN RESPETAR LAS MARCHAS, PLANTONES, MANIFESTACIONES EN PLAZAS PÚBLICAS O VÍAS DE COMUNICACIÓN, debiendo tenerse presente que LA CARACTERÍSTICA DEFINITORIA DE UNA REUNIÓN RADICA EN LA CONCENTRACIÓN DE DOS O MÁS PERSONAS EN UN LUGAR DETERMINADO, LO QUE DEBE SER RESPETADO POR LOS SOLDADOS Y MARINOS, QUIENES DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE LA REGLA GENERAL ES QUE TODO EJERCICIO DEL DERECHO A LA REUNIÓN DEBE PRESUMIRSE PACÍFICO Y CON OBJETO LÍCITO, por lo que LA AUTORIDAD, INCLUIDOS LOS SOLDADOS Y MARINOS, NO PUEDEN NI DEBEN VETAR O SANCIONAR EL OBJETIVO DE UNA REUNIÓN NI MUCHO MENOS SU MENSAJE, es decir, NO POR EL HECHO DE QUE EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO DE REUNIÓN SEA OFENSIVO, INSULTANTE, INJURIOSO, VIOLENTO O ALUSIVO A ACTOS DELICTIVOS SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA CONGREGACIÓN HUMANA YA NO ES PACÍFICA NI LÍCITA, en virtud de que EL MENSAJE A VECES TIENE COMO CONTENIDO REFERENCIA A ACTIVIDADES ILÍCITA, y que LOS ACTOS ESPORÁDICOS DE VIOLENCIA U OTROS ACTOS PUNIBLES COMETIDOS POR OTROS INDIVIDUOS NO DEBEN PRIVAR A LAS PERSONAS PACÍFICAS DE SU DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN, por lo que LOS SOLDADOS Y MARINOS NO DEBEN INHIBIR EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN, NADA DE LO CUAL SE CONSIGNÓ EXPRESAMENTE EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, motivo por el cual, LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AUNQUE LEAN DICHO ACUERDO RECLAMADO, DESCONOCEN CUÁLES SON LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN RESPETAR Y PROTEGER A LOS MEXICANOS, lo que constituye prueba plena de que EN EL ACUERDO RECLAMADO INCONSTITUCIONALMENTE NO SE CONSIGNA LA REGULACIÓN A LA QUE DEBEN AJUSTARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, lo que NOS DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN Y DE INSEGURIDAD JURÍDICAS A TODOS LOS MEXICANOS.

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PRUEBA PLENA DE QUE EN EL ACUERDO QUE SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO DISPUSO DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, DE MANERA REGULADA, PARA QUE REALICE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, y de que NO CONSIGNÓ EN DICHO ACUERDO RECLAMADO LA REGULACIÓN APLICABLE, la constituye el hecho de que EN EL ACUERDO RECLAMADO NO SE CONSIGNARON, DE MANERA CLARA Y PRECISA, CUÁLES SON LAS FUNCIONES CONCRETAS Y ESPECÍFICAS QUE PODRÁN REALIZAR LOS SOLDADOS Y MARINOS, INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, NI SE ESTABLECIERON LAS REGLAS, CONCRETAS Y ESPECÍFICAS, A LAS CUALES DEBEN AJUSTAR SU ACTUACIÓN LOS SOLDADOS Y MARINOS, INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, REGLAS ENCAMINADAS A LOGRAR QUE EN TODAS SUS ACTUACIONES LOS SOLDADOS Y MARINOS OBSERVEN Y RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, lo que se demuestra plenamente en los siguientes Conceptos de Violación marcados con las letras D y E.

D.- El ARTÍCULO SEGUNDO del ACUERDO QUE SE RECLAMA dispone que “LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE PREVÉN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL”, con la salvedad de que INCONSTITUCIONALMENTE, E INCUMPLIENDO CON LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE PLASMADA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, EN EL ACUERDO RECLAMADO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRETENDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO NO DE MANERA REGULADA, SINO INCONSTITUCIONALMENTE DE MANERA DISCRECIONAL Y ARBITRARIA, pues NO ESTABLECE LA REGULACIÓN APLICABLE, ya que NO CONSIGNA LAS REGLAS CLARAS Y PRECISAS A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS AL PARTICIPAR EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DESDE EL MOMENTO EN QUE EN EL ACUERDO RECLAMADO NI SIQUIERA SE ENUMERAN Y DESCRIBEN CUÁLES SON LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNARÁN A LOS SOLDADOS Y MARINOS, PARA QUE ESTOS ÚLTIMOS PUEDAN REALIZARLAS, por lo que PRÁCTICAMENTE SE FIRMA UN CHEQUE EN BLANCO A LOS SOLDADOS Y MARINOS, Y SOBRE TODO A SUS JEFES, QUIENES A SU CAPRICHO, DE MANERA DISCRECIONAL Y ARBITRARIA, PODRÁN EN CADA CASO ASIGNAR A LOS SOLDADOS Y MARINOS LAS FUNCIONES QUE SE LES OCURRAN, AL NO HABER DISPUESTO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL ACUERDO RECLAMADO, DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA REGULADA, EN VIOLACIÓN FLAGRANTE A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, que dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, RESULTANDO EVIDENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA.

EN LUGAR DE QUE EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO QUE SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE DISPONGA QUE “LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE PREVÉN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL”, DICHO ARTÍCULO SEGUNDO DEBIÓ REDACTARSE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, PARA RESPETAR LA VOLUNTAD DEL

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CONSTITUYENTE PERMANENTE PLASMADA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, en el sentido de que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO DE MANERA REGULADA:

“ARTÍCULO SEGUNDO. LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE PREVÉN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, PODRÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES QUE SE LE ASIGNAN, DE MANERA EXPRESA Y LIMITATIVA, EN ESTE ACUERDO:1. PODRÁ…2. PODRÁ…3. PODRÁ…, Y4. PODRÁ…”.

Si el artículo segundo del acuerdo que ahora se reclama, hubiera sido redactado en los términos antes indicados, quedaría claro que el presidente de la república sí habría dispuesto DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MANERA REGULADA, TAL Y COMO SE EXIGE EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, pero como el artículo segundo del acuerdo reclamado no se redactó en tales términos, ya que inconstitucionalmente dispone que “LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN…”, A FUTURO, queda claro que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL ACUERDO RECLAMADO, NO DISPUSO DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA REGULADA, EN VIOLACIÓN FLAGRANTE A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO.

LO ANTERIOR SE AGRAVA POR EL HECHO DE QUE, en el ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO RECLAMADO, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIGNÓ QUE “LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN…”, pero sin precisar: 1. CUÁNDO SE IBAN A PRECISAR LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNARÍAN A LOS SOLDADOS Y MARINOS, INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, FUNCIONES QUE TALES SOLDADOS Y MARINOS PODRÍAN REALIZAR AL LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA; 2. EN QUÉ MOMENTO SE IBA A REALIZAR TAL ASIGNACIÓN DE FUNCIONES; 3. CUÁL ERA LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA ASIGNAR DICHAS FUNCIONES; 4. A TRAVÉS DE QUÉ CUERPO NORMATIVO; etcétera, todo lo cual, CON MAYOR RAZÓN, DEMUESTRA QUE INCONSTITUCIONALMENTE, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL ACUERDO RECLAMADO, NO DISPUSO DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MANERA REGULADA, EN VIOLACIÓN FLAGRANTE A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO.

a) Por lo demás, LA FACULTAD DE REGULAR LA MANERA EN QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARTICIPARÍA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE SE LA OTORGÓ PRECISAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SIN AUTORIZARLO EXPRESAMENTE PARA QUE ESTE ÚLTIMO PUDIERA DELEGARLA EN SERVIDORES PÚBLICOS DE MENOR JERARQUÍA, motivo por el cual, TAL REGULACIÓN DEBIÓ CONSIGNARSE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL PROPIO ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, por lo que AL NO HABERLO HECHO ASÍ, ES CLARO QUE DICHO ACUERDO RECLAMADO ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL.

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SOLAMENTE PODRÍA ARGUMENTARSE Y CONCLUIRSE QUE EL CONSTITUYENTE PERMANENTE SÍ AUTORIZÓ EXPRESAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA QUE PUDIERA DELEGAR, EN SERVIDORES PÚBLICOS DE MENOR JERARQUÍA, LA FACULTAD DE REGULAR LA MANERA EN QUE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARTICIPARÍA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SI EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL ESTUVIERA REDACTADO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA. LA REGULACIÓN A LA QUE DEBERÁ SUJETARSE FUERZA ARMADA PERMANENTE AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERÁ ESTABLECIDA MEDIANTE CUERPOS NORMATIVOS QUE ELABORE EL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE A SU ARBITRIO DECIDA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA”.

SI EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL ESTUVIERA REDACTADO EN LOS TÉRMINOS ANTES INDICADOS, SERÍA CONSTITUCIONAL EL TEXTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, QUE SEÑALA QUE “LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN…”, A FUTURO, pero COMO DICHO ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO EXPRESA Y CLARAMENTE DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, es evidente que LA REGULACIÓN APLICABLE DEBE SER ESTABLECIDA POR EL PROPIO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PRECISAMENTE EN EL ACUERDO EN EL QUE DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, RESULTANDO EVIDENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA.

E.- El ARTÍCULO TERCERO del ACUERDO QUE SE RECLAMA dispone que “TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, con la salvedad de que, en lugar de que el presidente de la república consignara el señalamiento genérico, vago y abstracto en el sentido de que “… LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, LO QUE DEBIÓ HABER HECHO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL PROPIO ACUERDO RECLAMADO, FUE ESTABLECER LA REGULACIÓN APLICABLE AL CASO, Y CONSIGNAR CLARA Y EXPRESAMENTE LAS REGLAS, CONCRETAS Y ESPECÍFICAS, A LAS CUALES DEBEN SUJETAR SU ACTUACIÓN LOS SOLDADOS Y MARINOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS PARA PARTICIPAR EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN UN LENGUAJE ENTENDIBLE POR CUALQUIER PERSONA, especialmente, EN UN LENGUAJE ENTENDIBLE POR LOS SOLDADOS Y MARINOS, QUE SON QUIENES DEBEN CUMPLIR ESAS REGLAS, y EN

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UN LENGUAJE ENTENDIBLE POR TODOS LOS MEXICANOS, LA MAYORÍA DE LOS CUALES NO SON ABOGADOS, que por lo mismo NO CONOCEN EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y MUCHO MENOS CONOCEN LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA, como TAMPOCO CONOCEN LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA, LEY Y ORDENAMIENTOS QUE NI SIQUIERA CONOCEN LA MAYORÍA DE ABOGADOS, POR NO SER UNA LEY Y ORDENAMIENTOS QUE SE MANEJEN COTIDIANAMENTE EN LA VIDA PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS.

¿LOS SOLDADOS Y MARINOS SON ABOGADOS?

¿LOS SOLDADOS Y MARINOS CONOCEN EL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y CONOCEN MÉTODOS PARA INTERPRETAR Y APLICAR SU CONTENIDO?

¿LOS SOLDADOS Y MARINOS CONOCEN EN SU TOTALIDAD LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA, Y CONOCEN MÉTODOS PARA INTERPRETAR Y APLICAR CADA UNO DE SUS ARTÍCULOS?

EN LUGAR DE QUE EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO QUE SE RECLAMA, INCONSTITUCIONALMENTE DISPONGA QUE “EN EL APOYO EN EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, DICHO ARTÍCULO TERCERO DEBIÓ REDACTARSE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, PARA RESPETAR LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE PLASMADA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, en el sentido de que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PUEDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO DE MANERA REGULADA:

“…TERCERO. EN EL APOYO EN EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, PARA LO CUAL DEBERÁ OBSERVAR EN TODO MOMENTO Y SITUACIÓN, LAS SIGUIENTES REGLAS:1. EN NINGÚN CASO DEBERÁ…2. EN NINGÚN CASO DEBERÁ…3. EN NINGÚN CASO DEBERÁ…4. EN TODOS LOS CASOS SE ABSTENDRÁ DE…5. LOS SOLDADOS Y MARINOS EN NINGÚN CASO PODRÁN…6. LOS SOLDADOS Y MARINOS JAMÁS DEBERÁN…; Y7. LOS SOLDADOS Y MARINOS TAMPOCO PODRÁN…LOS PARTICULARES ESTARÁN FACULTADOS PARA DENUNCIAR A LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE INFRINJAN EN SU PERJUICIO, CUALQUIERA DE LAS REGLAS ANTES DESCRITAS… ANTE… QUIENES DE INMEDIATO DEBERÁN SEPARAR AL SOLDADO O MARINO DENUNCIADO DE LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, INICIANDO LA INVESTIGACIÓN RESPECTIVA…LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES QUE SE LES ATRIBUYAN, SERÁN SANCIONADOS ADMINISTRATIVAMENTE POR LAS AUTORIDADES CIVILES Y, ADEMÁS, EN TODOS LOS CASOS SERÁN INVESTIGADOS MINISTERIALMENTE Y PROCESADOS PENALMENTE ANTE TRIBUNALES DEL FUERO FEDERAL, NO

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MILITARES, POR LAS CONDUCTAS DELICTIVAS EN QUE HAYAN INCURRIDO…”.

SI PARA EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS MEXICANOS, Y DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA, A SU CRITERIO FUERA SUFICIENTE, PARA CONCLUIR QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SÍ SE REALIZA DE MANERA REGULADA, EL CONSIGNAR QUE “En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, NO HABRÍA REDACTADO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO QUE NOS OCUPA, EN LA FORMA EN QUE LO HIZO, CONSIGNANDO QUE “QUINTO. DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, en tanto que, EN DICHO ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE HABRÍA CONSIGNADO DIRECTAMENTE que “QUINTO. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER, EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, LA CUAL SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, LO QUE NO HIZO EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, PORQUE, AUN SABEDOR DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA, aun así, LA DECISIÓN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE FUE LA DE CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECIDIERA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO HICIERA NECESARIAMENTE DE MANERA REGULADA, y de ahí que el multicitado ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, claramente disponga que “QUINTO. DURANTE LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, EN TANTO LA GUARDIA NACIONAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, PARA LO CUAL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL PROPIO ACUERDO EN EL QUE DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTÁ CONSTITUCIONALMENTE OBLIGADO A CONSIGNAR LA REGULACIÓN APLICABLE, A LA CUAL DEBEN AJUSTARSE LOS SOLDADOS Y MARINOS AUTORIZADOS PARA PARTICIPAR EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTABLECIENDO REGLAS CLARAS Y PRECISAS, ENTENDIBLES POR TODOS LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE DEBEN CUMPLIRLAS, PERO TAMBIÉN ENTENDIBLES POR TODOS LOS MEXICANOS, A FIN DE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS NO INCURRAN EN ABUSOS Y ATROPELLOS QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, INTEGRANTES DEL SOBERANO PUEBLO MEXICANO, LINEAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE NO FUE RESPETADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL CUAL ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

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DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, según se ha demostrado plenamente con antelación.

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se dejen insubsistentes los ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, QUE AHORA SE RECLAMA, POR SER INCONSTITUCIONALES Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PARTE EN QUE RESPECTIVAMENTE INDICAN QUE “PRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA… REGULADA… con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”, “SEGUNDO. LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, REALIZARÁ LAS FUNCIONES QUE SE LE ASIGNEN CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE PREVÉN LAS FRACCIONES I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XVII, XVIII, Y XXXIV DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL” y “TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública LA FUERZA ARMADA PERMANENTE SE REGIRÁ EN TODO MOMENTO POR LA ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y OBSERVARÁ LA LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN LA MATERIA”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve , que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… REGULADA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en los ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO del ACUERDO que ahora se reclama, según se ha demostrado en este Concepto de Violación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

SEXTO:- Los ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, SON INCONSTITUCIONALES Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PARTE EN QUE RESPECTIVAMENTE INDICAN QUE “PRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA… FISCALIZADA … con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS

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CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación” y “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… FISCALIZADA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en los ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

Al respecto, se formulan los siguientes CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

A.- El ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA”, de donde queda claro que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS SIGUIENTES CINCO REQUISITOS:

1. Que sea DE MANERA EXTRAORDINARIA;

2. Que sea DE MANERA REGULADA;

3. Que sea DE MANERA FISCALIZADA;

4. Que sea DE MANERA SUBORDINADA; y,

5. Que sea DE MANERA COMPLEMENTARIA;.

Queda claro que en este ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO antes reproducido, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS CINCO REQUISITOS ANTES ENUNCIADOS, ninguno de los cuales se cumple en el ACUERDO que ahora se reclama, ocupándonos en este Concepto de Violación de alegar y demostrar que en dicho ACUERDO reclamado, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDE

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DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO SIN CUMPLIR CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE DICHA DISPOSICIÓN SEA DE MANERA FISCALIZADA, según se demuestra a continuación.

B.- La palabra “FISCALIZAR”, significa gramaticalmente “Observar los actos de una persona para descubrir las faltas o los errores que haya en ellos” , “Criticar e investigar las acciones u obras de otro” y “Observar los actos de alguien con el fin de hallar sus faltas”

Por tanto, CUANDO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… FISCALIZADA…”, ello significa que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL DISPONER DE LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA FISCALIZADA, es decir, DEBE HACERLO ESTABLECIENDO LINEAMIENTOS JURÍDICOS PARA QUE LA AUTORIDAD CIVIL LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL FEDERAL, PUEDA PERMANENTEMENTE ESTAR MONITOREANDO Y OBSERVANDO TODOS LOS ACTOS Y ACCIONES QUE REALICEN LOS SOLDADOS Y MARINOS ASIGNADOS EXPRESAMENTE PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, A FIN DE PERMANENTEMENTE ESTAR VERIFICANDO QUE DICHOS SOLDADOS Y MARINOS CUMPLAN PUNTUALMENTE CON LA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL IMPERIO DE LA LEY, FISCALIZACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBE ESTAR A CARGO, ENTRE OTROS ORGANISMOS, DE LA AUTORIDAD CIVIL LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL FEDERAL.

LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA TAREA QUE CONSTITUCIONALMENTE CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES CIVILES y que, A NIVEL FEDERAL, CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA , DEPENDENCIA FEDERAL QUE, PARA TAL EFECTO, DESDE EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, CUENTA CON LA GUARDIA NACIONAL, LA CUAL, POR MANDATO CONSTITUCIONAL, ES DE CARÁCTER CIVIL.

Precisamente, EL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, texto vigente desde el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, DISPONE QUE “LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCLUYENDO LA GUARDIA NACIONAL, SERÁN DE CARÁCTER CIVIL…”, indicando el décimo primer párrafo que “LA FEDERACIÓN CONTARÁ CON UNA INSTITUCIÓN POLICIAL DE CARÁCTER CIVIL DENOMINADA GUARDIA NACIONAL…”, señalando el décimo segundo párrafo que “LA LEY DETERMINARÁ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, QUE ESTARÁ ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL RAMO DE SEGURIDAD PÚBLICA…”, y agregando el décimo tercer párrafo que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”.

Por tanto, CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS Y DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, AL PARTICIPAR EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPIAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE CARÁCTER CIVIL, ESOS SOLDADOS Y MARINOS DEJAN DE ACTUAR TEMPORAL Y

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TRANSITORIAMENTE COMO MIEMBROS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, PARA REALIZAR TEMPORALMENTE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE SON PROPIAS Y EXCLUSIVAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE CARÁCTER CIVIL, motivo por el cual, AL REALIZAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESOS SOLDADOS Y MARINOS DEBEN AJUSTAR SU PROCEDER A LO ORDENADO EXPRESAMENTE POR EL DÉCIMO TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que dispone que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, de donde queda claro que los soldados y marinos que participen en tareas de seguridad pública, al hacerlo, deben regirse POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, es decir, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS DEBEN REGIRSE POR LA DOCTRINA POLICIAL QUE LES ORDENA SERVIR A LA SOCIEDAD, RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, motivo por el cual, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO, PUBLICADO EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, ORDENÓ QUE CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA FISCALIZADA, precisamente, para que SE FISCALICE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EFECTIVAMENTE SE RIJAN POR LA DOCTRINA POLICIAL QUE LES ORDENA SERVIR A LA SOCIEDAD, RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, y que, EFECTIVAMENTE, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS SIRVEN A LA SOCIEDAD, RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETEN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, FISCALIZACIÓN QUE DEBE REALIZARSE, ENTRE OTROS ORGANISMOS MÁS, POR LA AUTORIDAD POLICIACA CIVIL, es decir, POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, pero TAMBIÉN POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PR-OTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

Por tanto, CUANDO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… FISCALIZADA…”, es claro que LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA FISCALIZACIÓN QUE DEBE REALIZARSE SOBRE EL PROCEDER DE LOS SOLDADOS O MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBE SER UNA FISCALIZACIÓN ENCAMINADA Y DIRIGIDA A VERIFICAR QUE, como lo ordena el décimo tercer párrafo del artículo 21 de la

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EFECTIVAMENTE SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETEN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

Ahora bien, COMO LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA FISCALIZACIÓN QUE DEBE REALIZARSE SOBRE EL PROCEDER DE LOS SOLDADOS O MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD SOCIAL, ORDENADA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, DEBE SER UNA FISCALIZACIÓN ENCAMINADA Y DIRIGIDA A VERIFICAR QUE, como lo ordena el décimo tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EFECTIVAMENTE SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETEN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, es claro que DICHA FISCALIZACIÓN DEBE SER REALIZADA FUNDAMENTAL Y DIRECTAMENTE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

En este orden de ideas, ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL QUE EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HAYA CONSIGNADO EXPRESAMENTE QUE “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, SEÑALAMIENTO QUE VIOLA FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… FISCALIZADA…”, ya que LA FISCALIZACIÓN, ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE PARA VERIFICAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, en tanto que, NECESARIAMENTE DICHA FISCALIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el

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COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, de donde se concluye que EL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL, POR VIOLAR FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO, que entró en vigor el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ya que NO CONTEMPLA MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN POR ÓRGANOS CIVILES, NACIONALES Y EXTRANJEROS, ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS, ÓRGANOS CIVILES COMPETENTES, INDEPENDIENTES Y TÉCNICAMENTE CAPACES, por lo que se está en presencia de UNA VIOLACIÓN PATENTE A LA FISCALIZACIÓN ORDENADA POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, al INCONSTITUCIONALMENTE RESOLVERSE EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, QUE “LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, OBVIAMENTE, EJÉRCITO, MARINA, GUARDIA NACIONAL Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, LO QUE CONSTITUYE UNA SIMULACIÓN Y UNA BURLA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE.

Por todo lo anterior, es evidente que ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL QUE EN EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HAYA CONSIGNADO EXPRESAMENTE QUE “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”,

C.- ES INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL ARTÍCULO QUINTO DE SU ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, DISPONGA QUE “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, ya que LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN, ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE PARA VERIFICAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, en tanto que, NECESARIAMENTE DICHA FISCALIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES,

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INHUMANOS O DEGRADANTES, el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

LA FISCALIZACIÓN ORDENADA POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, PORQUE LA DISCIPLINA MILITAR NO ESTÁ DIRIGIDA A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, según se demuestra a continuación.

Originalmente “la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente a amenazas provenientes más allá de nuestras fronteras” (Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 448/2010, resuelto en sesión de trece de julio de dos mil once, p. 27 y 28).

Nuestra historia constitucional nos ha enseñado que son necesarias las Fuerzas Armadas, no como una línea ofensiva, sino como un medio de defensa para hacer frente a los peligros que pudieran amenazar la soberanía nacional y la permanencia del Estado Mexicano ante cualquier enemigo exterior.

Esta es la loable y original labor para la cual fueron creadas las fuerzas armadas, razón por la cual EL RÉGIMEN CASTRENSE SE CARACTERIZA POR ADIESTRAR A SUS MIEMBROS PARA LOGRAR LA DERROTA DE UN OBJETIVO LEGÍTIMO y NO PARA ACTUAR EN CONTEXTOS DONDE SE REQUIERE LLEVAR A CABO EL CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL [CoIDH. Caso Cabrera García y Montiel Vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). No. 220. Serie C. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 88 y 89].

Para lograr la protección del Estado frente a amenazas exteriores, además del adiestramiento bélico propio de las Fuerzas Armadas, se reconoce en la doctrina militar LA INDISPENSABLE CUALIDAD DE DISCIPLINA DE LOS INSTITUTOS MILITARES.

Acorde al valor de la DISCIPLINA MILITAR, en nuestro sistema jurídico se consagra un SISTEMA DE VALIDEZ FORMAL Y DE EFICACIA DE LAS ÓRDENES MILITARES, basado en la JERARQUÍA MILITAR, que PERMITE A LOS MANDOS MILITARES HACER QUE LOS SUBORDINADOS CUMPLAN SUS ÓRDENES, SIN QUE ESTOS ÚLTIMOS PUEDAN OPONERSE A PESAR DEL CONTENIDO DEL MANDATO.

EN EL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS ES POSIBLE QUE LAS ÓRDENES DE SUPERIOR A INFERIOR SE IMPONGAN POR LA FUERZA Y POR LAS ARMAS, según el artículo 6 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, que dispone que “En caso de extrema necesidad en actos del servicio, EL SUPERIOR PODRÁ SERVIRSE DE SUS ARMAS O DE LA FUERZA A SU MANDO PARA OBTENER OBEDIENCIA A SUS ÓRDENES o mantener la disciplina”, de tal forma que SE OTORGA A LOS MANDOS SUPERIORES LA CAPACIDAD LEGAL DE HACER QUE SUS SUBORDINADOS OBEDEZCAN CASI CUALQUIER MANDATO.

Por lo que respecta al PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO, ELLOS TIENEN EL DEBER DE CUMPLIR INCLUSO AQUELLAS ÓRDENES QUE PUEDAN CONSTITUIR UNA INFRACCIÓN DISCIPLINARIA, ES DECIR ILÍCITAS, ANTE LO CUAL SÓLO TIENEN LA POSIBILIDAD DE DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE LA ORDEN EMITIDA POR SU SUPERIOR JERÁRQUICO PARA ASÍ SALVAGUARDAR SU RESPONSABILIDAD, PERO NO PARA EVITAR SU CUMPLIMIENTO, según lo establece

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el artículo 17 de la Ley de Disciplina para el Personal de La Armada de México, que indica que “Quien reciba una orden y ADVIERTA QUE DE SU EJECUCIÓN PUEDE DERIVARSE MANIFIESTAMENTE LA COMISIÓN DE UN HECHO SANCIONABLE O UNA INFRACCIÓN DISCIPLINARIA, deberá exponerlo al superior que la dio y EN CASO DE PERSISTIR LA ORDEN, LA SOLICITARÁ POR ESCRITO PARA SALVAGUARDAR SU RESPONSABILIDAD”.

Así, por ejemplo, se ha sostenido que: “el sentido militar de la disciplina, de plena obediencia INCLUSO A LAS MÁS DURAS ÓRDENES, genera una de las tareas y responsabilidades más notables, y al mismo tiempo más comunes a todos los Ejércitos: la de formar moralmente a sus miembros, HACIÉNDOLOS CAPACES DE OBEDECER ÓRDENES, DE CARA A LA MISMA MUERTE EN CASO DE NECESIDAD. Este hecho, por adverso que parezca, resulta absolutamente real y enteramente necesario para los ejércitos…” (Así se pronunció la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de el Salvador para destacar la IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA MILITAR SEGÚN LOS CÁNONES UNIVERSALES DE LA DOCTRINA MILITAR, Inconstitucionalidad 4/2012, resuelta en sesión de diecisiete de mayo de dos mil trece, p.16), pues de acuerdo a los loables fines originarios del instituto armado, LA DISCIPLINA MILITAR ES UN VALOR IMPERIOSO PARA LOGRAR LA PERMANENCIA DEL ESTADO MEDIANTE LA DERROTA DE AQUELLOS OBJETIVOS LEGÍTIMOS (Véase la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 448/2010, resuelto en sesión de al trece de julio de dos mil once, p. 29. En lo que interese se señaló: “La disciplina… en las Fuerzas Armadas goza de una especial importancia ya que permite la cohesión y mantenimiento del orden, indispensables para que el Ejército lleve a cabo su misión constitucional”).

En virtud del régimen de disciplina militar, TAMBIÉN SE CREA UNA FUERTE CONCIENCIA DE JERARQUÍA Y COMPROMISO POR PARTE DE LOS SUBORDINADOS, QUIENES AL SABER LA FUERZA DE LAS ÓRDENES DE SUS SUPERIORES LLEGAN A MOSTRAR UNA OBEDIENCIA INEVITABLE.

LAS FUERZAS ARMADAS ESTÁN PREPARADAS PARA ACTUAR SEGÚN FINES BÉLICOS QUE DIFÍCILMENTE PUEDEN COEXISTIR CON LOS FINES DEL ESTADO DE DERECHO EN TIEMPOS DE PAZ. A juicio de algunos autores de derecho internacional humanitario y derecho de guerra, LOS INTERESES QUE EN ENCUENTRAN EN JUEGO EN TIEMPOS DE GUERRA AUTORIZAN EL USO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA ELIMINAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO Y LOGRAR ASÍ UNA VENTAJA MILITAR QUE PUEDA DAR CUANTO ANTES TERMINADA LA BATALLA, INCLUSO MEDIANTE ACTOS QUE IMPLIQUEN DAÑOS COLATERALES SIEMPRE QUE NO SEAN INHUMANOS O EXCESIVOS EN FUNCIÓN DE LA VENTAJA MILITAR OBTENIDA (Sobre el tema, desde una perspectiva crítica, véase: Walzer, Michael. Guerras Justas e Injustas, Un razonamiento moral con ejemplos históricos (Traducida por Tomas Fernández Aúz y Beatriz Eguilbar). España. 2013. Paidos. p. 212 a 216).

DE MODO DIAMETRALMENTE CONTRARIO A LO QUE PUDIERA REPUTARSE COMO LÍCITO EN TIEMPOS DE GUERRA, LA ESTABILIDAD DEL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO Y DE LA PAZ SOCIAL, INCLUSO ANTE LAS MÁS EXTREMAS CIRCUNSTANCIAS, EXIGE EL PLENO RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS COMO NÚCLEO ESENCIAL DE TODOS ELLOS. Por ende, LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN TIEMPOS DE PAZ NO PUEDEN OBEDECER A RAZONES UTILITARISTAS, POR LO QUE ESTÁ PROHIBIDO CAUSAR CUALQUIER DAÑO A LA POBLACIÓN CIVIL CON EL ÚNICO FIN DE ALCANZAR UN OBJETIVO DE SEGURIDAD INTERIOR (Después del 11-S, fueron discutidas múltiples leyes antiterrorismo a nivel global en las que se proponía la licitud de derribar aviones terroristas en supuestos similares. En el caso alemán, por ejemplo, se aprobó por el Parlamento una ley que permitía derribarlos bajo la fórmula de que se encontraba “permitida la fuerza armada sólo cuando, de acuerdo con las circunstancias, puede suponerse que el avión será utilizado contra la vida de personas y éste sea el único medio para evitar el peligro actual”. Sin embargo el 13 de febrero de 2006 el Tribunal Constitucional Alemán declaró inválida dicha porción normativa al atentar contra la dignidad

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humana y suponer que la vida humana puede suponer un instrumento de una acción de salvamento. Del dilema moral que representa aquella decisión, da cuenta: Rios Vega, Luis Efren, ¿Matar inocentes para salvar a otros? El caso del avión-bomba, en Derechos y Libertades, Número 21, Época II, junio de 2009, pp. 187-225, p. 191 Visible en: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/11924/DyL-2009-21-rios.pdf).

Incluso EL ENFRENTAMIENTO DE AQUELLAS AUTORIDADES FEDERALES CON INCLUSIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CON CUALQUIER MIEMBRO DE LA SOCIEDAD TAMPOCO LAS AUTORIZA A ELIMINAR AL “ENEMIGO” A TODA COSTA, AÚN Y CUANDO IDENTIFIQUE A ESTE COMO AUTOR FLAGRANTE DE LA COMISIÓN DE UN DELITO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD INTERIOR.

Por lo anterior, resulta imperante que AL ATENDER TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN TIEMPOS DE PAZ, ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERIOR Y CRIMINALIDAD EN LOS ESTADOS, LAS FUERZAS ARMADAS DEBEN ESTAR SUBORDINADAS A UNA AUTORIDAD CIVIL, que SI BIEN TAMBIÉN ESTÁ SUJETA A UN RÉGIMEN DE MANDO Y DISCIPLINA, A DIFERENCIA DE LA AUTORIDAD MILITAR, NO HA SIDO FORMADA PARA LA DERROTA DE UN ENEMIGO LEGÍTIMO NI PARA EJECUTAR CASI CUALQUIER ORDEN CON LA CONCIENCIA DE JERARQUÍA Y COMPROMISO QUE ES PROPIA LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS, sino para ATENDER LA VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD QUE SE ORIGINA EN TIEMPOS DE PAZ AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA LA PUESTA INMEDIATA DE LAS PERSONAS DETENIDAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SOBRE CUALQUIER OTRO FIN PRAGMÁTICO (En ese sentido, es claro el décimo tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”.

En efecto, en la parte conducente de la SENTENCIA EMITIDA EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL LITIGIO “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, expresamente se resolvió lo siguiente:

“…[…] 86. Al respecto, la Corte considera que, en algunos contextos y circunstancias, LA ALTA PRESENCIA MILITAR ACOMPAÑADA DE INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUEDE IMPLICAR LA INTRODUCCIÓN DE UN RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS… 118 . 117 Cfr. Naciones Unidas. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Colombia 05/05/97.CCPR/C/79/Add.76, párr. 19. 118 Cfr. Relatores Especiales sobre Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales E/CN.4/1995/111, párr. 117.a. Ratificada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados (E/CN.4/1998/39/Add. 2), párr. 185.[…][…] 88. Tal como ha señalado este Tribunal, LOS ESTADOS DEBEN LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PUESTO QUE EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN ESTÁ DIRIGIDO A DERROTAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO, Y NO A LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE CIVILES, ENTRENAMIENTO QUE ES PROPIO DE LOS ENTES POLICIALES 121. EL DESLINDE DE LAS FUNCIONES MILITARES Y DE POLICÍA DEBE GUIAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS EN RIESGO A CARGO DE LAS AUTORIDADES INTERNAS 122 .121 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, supra nota 120, párr. 78, y Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 51.

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122 Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, supra nota 24, párr. 51.89. LA CORTE CONSIDERA QUE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR A LAS FUERZAS ARMADAS FUNCIONES DIRIGIDAS A LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE CIVILES, ADEMÁS DE ATENDER A LOS REQUISITOS DE ESTRICTA PROPORCIONALIDAD EN LA RESTRICCIÓN DE UN DERECHO, DEBE RESPONDER, A SU VEZ, A CRITERIOS ESTRICTOS DE excepcionalidad y DEBIDA DILIGENCIA EN LA SALVAGUARDA DE LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES, TENIENDO EN CUENTA, como ha sido señalado (supra párrs. 86 y 87), que EL RÉGIMEN PROPIO DE LAS FUERZAS MILITARES AL CUAL DIFÍCILMENTE PUEDEN SUSTRAERSE SUS MIEMBROS, NO SE CONCILIA CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS AUTORIDADES CIVILES.[…] …”.

Es claro que EXISTE UNA CLARA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA EXIGENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA Y LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA. MUY DIFERENTE HUBIERA SIDO QUE EN EL PROPIO ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO RECLAMADO, SE HUBIERA PREVISTO UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A CARGO POR EJEMPLO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; O QUE SE HUBIERA SEÑALADO LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE PRESENTAR INFORMES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS O DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS A TRAVÉS DE ALGÚN MECANISMO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

QUE LAS FUERZAS ARMADAS SE VAYAN A SUPERVISAR Y CONTROLAR A SÍ MISMAS ES UNA DETERMINACIÓN QUE SE SITÚA FUERA DEL MARCO FIJADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el inciso D del párrafo 182 de la sentencia Alvarado Espinoza (https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11524 ) .

Queda claro que LA ALTA PRESENCIA MILITAR ACOMPAÑADA DE INTERVENCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA PUEDE IMPLICAR LA INTRODUCCIÓN DE UN RIESGO PARA LOS DERECHOS HUMANOS, por lo que, EL ESTADO MEXICANO DEBE LIMITAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA, PUESTO QUE EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN ESTÁ DIRIGIDO A DERROTAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO, Y NO A LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE CIVILES, ENTRENAMIENTO QUE ES PROPIO DE LOS ENTES POLICIALES.

LA FISCALIZACIÓN, ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE PARA VERIFICAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, en tanto que, NECESARIAMENTE DICHA FISCALIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES,

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el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

D. LA FISCALIZACIÓN ORDENADA POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, NO DEBE REALIZARSE TAMPOCO POR LOS MANDOS CIVILES DE LA GUARDIA NACIONAL, NI POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, en virtud de que LOS ACTOS QUE REALIZARÁN LOS SOLDADOS Y MARINOS AL DESARROLLAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SERÁN EN APOYO A LA GUARDIA NACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, por lo que TALES ACTOS QUE LLEVEN A CABO LOS SOLDADOS Y MARINOS, SERÁN EN CUMPLIMIENTO A ÓRDENES QUE LES DEN LA GUARDIA NACIONAL Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA y, consecuentemente, TODAS LAS ACCIONES QUE REALICEN LOS SOLDADOS Y MARINOS AL DESEMPEÑAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, FINALMENTE SERÁN ATRIBUIBLES A LA GUARDIA NACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, SIENDO INDEBIDO QUE LA ACTUACIÓN DE LOS SOLDADOS Y MARINOS SEA FISCALIZADA POR LAS MISMAS AUTORIDADES QUE LES VAN A DAR ÓRDENES, PUES EN ESE SUPUESTO SE ESTARÍA EN PRESENCIA DE UNA SIMULACIÓN.

Por tanto, LA FISCALIZACIÓN, ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE PARA VERIFICAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, NI POR LA GUARDIA NACIONAL NI POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, en tanto que, NECESARIAMENTE DICHA FISCALIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS.

E. LA FISCALIZACIÓN, ORDENADA CONSTITUCIONALMENTE PARA VERIFICAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, NECESARIAMENTE DEBE REALIZARSE POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, QUE ES LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE

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VIGILAR QUE EN NUESTRO PAÍS SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS MEXICANOS, Y DESDE LUEGO, POR ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS, el COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, el GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, etcétera, ORGANISMOS QUE DEBEN FISCALIZAR QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODOS SUS ACTOS, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, TODO ELLO EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, de donde queda claro que el artículo quinto del acuerdo que ahora se reclama, al disponer que “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, VIOLA FLAGRANTEMENTE LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE, CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se dejen insubsistentes los ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, QUE AHORA SE RECLAMA, POR SER INCONSTITUCIONALES Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PARTE EN QUE RESPECTIVAMENTE INDICAN QUE “PRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA… FISCALIZADA … con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación” y “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… FISCALIZADA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en los ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO del ACUERDO que ahora se reclama, según se ha demostrado en este Concepto de Violación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

SÉPTIMO:- Los ARTÍCULOS PRIMERO Y CUARTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de

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mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, que ahora se reclama, SON INCONSTITUCIONALES Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PARTE EN QUE RESPECTIVAMENTE INDICAN QUE “PRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA… SUBORDINADA … con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación” y “CUARTO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA COORDINARSE CON LOS SECRETARIOS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA PARA DEFINIR LA FORMA EN QUE LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE COMPLEMENTARÁN LA FUNCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… SUBORDINADA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en los ARTÍCULOS PRIMERO Y CUARTO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demuestra a continuación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

Al respecto, se formulan los siguientes CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

A.- El ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dispone que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA”, de donde queda claro que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS SIGUIENTES CINCO REQUISITOS:

1. Que sea DE MANERA EXTRAORDINARIA;

2. Que sea DE MANERA REGULADA;

3. Que sea DE MANERA FISCALIZADA;

4. Que sea DE MANERA SUBORDINADA; y,

5. Que sea DE MANERA COMPLEMENTARIA.

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Queda claro que en este ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO antes reproducido, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, expresamente autorizó al Presidente de la República, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, PARA QUE PUEDA DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CONJUNTA Y SIMULTÁNEAMENTE CON LOS CINCO REQUISITOS ANTES ENUNCIADOS, ninguno de los cuales se cumple en el ACUERDO que ahora se reclama, ocupándonos en este Concepto de Violación de alegar y demostrar que en dicho ACUERDO reclamado, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA INCONSTITUCIONALMENTE PRETENDE DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PERO SIN CUMPLIR CON EL REQUISITO CONSTITUCIONAL DE QUE DICHA DISPOSICIÓN SEA DE MANERA SUBORDINADA, según se demuestra a continuación.

B.- La palabra “SUBORDINADA”, significa gramaticalmente “PERSONA QUE DEPENDE O ESTÁ SOMETIDA A LA ORDEN O A LA VOLUNTAD DE OTRO”.

Por tanto, CUANDO EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO CONSTITUCIONAL MULTICITADO, DISPONE QUE “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… SUBORDINADA…”, ello significa que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL DISPONER DE LA FUERZA ARMADA EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA SUBORDINADA, es decir, DEBE HACERLO ESTABLECIENDO LINEAMIENTOS JURÍDICOS PARA QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, INTEGRANTES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA), AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO HAGAN DE MANERA SUBORDINADA, DEPENDIENDO Y ESTANDO SOMETIDOS A LA ORDEN Y A LA VOLUNTAD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN VIRTUD DE QUE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ES LA AUTORIDAD CIVIL LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL FEDERAL, ORDENANDO EL CONSTITUYENTE PERMANENTE QUE DICHA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA ES LA ÚNICA QUE PODRÁ DAR ÓRDENES E INDICACIONES A LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOBRE CUÁLES SON LAS ACCIONES DEBEN REALIZAR, Y DE QUÉ MANERA LAS DEBEN EJECUTAR, DE TAL MANERA QUE EN TODOS LOS CASOS, LOS SOLDADOS Y MARINOS CUMPLAN PUNTUALMENTE CON LA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL IMPERIO DE LA LEY, SUBORDINACIÓN QUE NECESARIAMENTE DEBE DARSE A FAVOR DE LA AUTORIDAD CIVIL LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL FEDERAL.

LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA TAREA QUE CONSTITUCIONALMENTE CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES CIVILES y que, A NIVEL FEDERAL, CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA , DEPENDENCIA FEDERAL QUE, PARA TAL EFECTO, DESDE EL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, CUENTA CON LA GUARDIA NACIONAL, LA CUAL, POR MANDATO CONSTITUCIONAL, ES DE CARÁCTER CIVIL.

Precisamente, EL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, texto vigente desde el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, DISPONE QUE “LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCLUYENDO LA GUARDIA NACIONAL, SERÁN DE CARÁCTER CIVIL…”, indicando el décimo primer párrafo que “LA FEDERACIÓN CONTARÁ CON UNA INSTITUCIÓN POLICIAL DE CARÁCTER CIVIL

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DENOMINADA GUARDIA NACIONAL…”, señalando el décimo segundo párrafo que “LA LEY DETERMINARÁ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y DE DIRECCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL, QUE ESTARÁ ADSCRITA A LA SECRETARÍA DEL RAMO DE SEGURIDAD PÚBLICA…”, y agregando el décimo tercer párrafo que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”.

Por tanto, CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE (EJÉRCITO Y MARINA) EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS Y DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, AL PARTICIPAR EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROPIAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE CARÁCTER CIVIL, ESOS SOLDADOS Y MARINOS DEJAN DE ACTUAR TEMPORAL Y TRANSITORIAMENTE COMO MIEMBROS DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE, PARA REALIZAR TEMPORALMENTE TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE SON PROPIAS Y EXCLUSIVAS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE CARÁCTER CIVIL, motivo por el cual, AL REALIZAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESOS SOLDADOS Y MARINOS DEBEN HACERLO DE MANERA SUBORDINADA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, AJUSTANDO SU PROCEDER A LO ORDENADO EXPRESAMENTE POR EL DÉCIMO TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que dispone que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, de donde queda claro que LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL HACERLO, DEBERÁN HACERLO DE MANERA SUBORDINADA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, RIGIENDO SU ACTUACIÓN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, es decir, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS DEBEN ESTAR SUBORDINADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, RIGIENDO SU ACTUACIÓN POR LA DOCTRINA POLICIAL QUE LES ORDENA SERVIR A LA SOCIEDAD, RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, motivo por el cual, EL CONSTITUYENTE PERMANENTE, en el artículo quinto constitucional transitorio, publicado el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve , ordenó que CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE HACERLO DE MANERA SUBORDINADA, precisamente, PARA QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LO HAGAN BAJO LAS ÓRDENES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y EFECTIVAMENTE SE RIJAN POR LA DOCTRINA POLICIAL QUE LES ORDENA SERVIR A LA SOCIEDAD, RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y SOMETERSE AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS, y que, AL REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS SOLDADOS Y MARINOS SIRVAN A LA SOCIEDAD, EFECTIVAMENTE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS Y SE SOMETAN AL IMPERIO DE LAS LEYES MEXICANAS EN PROTECCIÓN Y BENEFICIO DE LOS MEXICANOS, SUBORDINACIÓN QUE DEBE DARSE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

Por tanto, CUANDO EL ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, DISPONE QUE “CUARTO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA COORDINARSE CON LOS SECRETARIOS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA PARA DEFINIR LA

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FORMA EN QUE LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE COMPLEMENTARÁN LA FUNCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL”, se viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, ya que EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EXPRESAMENTE ORDENÓ QUE CUANDO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DISPONGA DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBERÁ HACERLO DE MANERA SUBORDINADA Y NO DE MANERA COORDINADA, COMO INCONSTITUCIONALMENTE SE INDICA EN EL ARTÍCULO CUARTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, quedando claro que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA TERGIVERSA, DISTORSIONA Y ALTERA EL MANDATO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO MULTICITADO, por lo que EL ACUERDO AHORA RECLAMADO ES INCONSTITUCIONAL.

La palabra “COORDINAR”, significa gramaticalmente “COMBINAR MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONAS Y DIRIGIR SUS TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO UNA ACCIÓN COMÚN”.

EN EL CASO QUE NOS OCUPA, LA ORDEN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE NO FUE EN EL SENTIDO DE QUE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA SE COORDINARA CON EL EJÉRCITO Y LA MARINA PARA QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS REALICEN LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, en tanto que LA ORDEN DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE FUE TAJANTE EN EL SENTIDO DE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE PARTICIPEN EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBERÁN HACERLO DE MANERA SUBORDINADA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, QUE ES LA AUTORIDAD FEDERAL COMPETENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA CUAL DEBE PREVALECER EL SERVICIO A LA SOCIEDAD, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, Y EL AJUSTARSE A LAS LEYES, TOTALMENTE DIFERENTE DE LO QUE OCURRE EN LA DISCIPLINA MILITAR, EN LA QUE PREVALECE EL RESPETO CIEGO A LAS ÓRDENES DEL SUPERIOR, Y EN DONDE EL OBJETIVO ES ELIMINAR AL ENEMIGO, LO QUE NO DEBE OCURRIR EN LAS LABORES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

es claro que LA FISCALIZACIÓN SOBRE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALIZAN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEBE SER REALIZADA, ENTRE OTROS ORGANISMOS MÁS, POR LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE CARÁCTER CIVIL, es decir, DICHA FISCALIZACIÓN DEBE SER REALIZADA, ENTRE OTROS ORGANISMOS MÁS, POR LOS MANDOS CIVILES DE LA GUARDIA NACIONAL y, más concretamente, TAL FISCALIZACIÓN DEBE SER REALIZADA, ENTRE OTROS ORGANISMOS MÁS, POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DEPENDENCIA PÚBLICA QUE ES LA CONSTITUCIONALMENTE AUTORIZADA PARA FORMULAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y ACCIONES, lo anterior EN TÉRMINOS DEL DÉCIMO SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, antes reproducido, A FIN DE VERIFICAR QUE EL PROCEDER DE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALIZAN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EFECTIVAMENTE SE AJUSTE A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, y a LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y ACCIONES ELABORADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, TODO LO ANTERIOR EN BENEFICIO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS, DE LOS GOBERNADOS, lo anterior atento a lo dispuesto en el décimo tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

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que señala que “LA FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DE LA GUARDIA NACIONAL Y DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES POLICIALES SE REGIRÁN POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD… EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, AL IMPERIO DE LA LEY…”, por lo que, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEBERÁ FISCALIZAR PERMANENTEMENTE QUE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE REALIZAN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN TODAS SUS ACCIONES, SIRVAN A LA SOCIEDAD, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PARTICULARES O GOBERNADOS, Y SE AJUSTEN AL IMPERIO DE LA LEY, FISCALIZACIÓN QUE DEBEN REALIZAR LOS MANDOS CIVILES DE LA GUARDIA CIVIL, QUE ES UNA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CARÁCTER CIVIL.

En este orden de ideas, ES DEL TODO INCONSTITUCIONAL QUE EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HAYA CONSIGNADO EXPRESAMENTE QUE “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, SEÑALAMIENTO QUE VIOLA FLAGRANTEMENTE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… FISCALIZADA…”, ya que LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, en tanto que, NECESARIAMENTE DICHA FISCALIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, QUE ES LA AUTORIDAD CIVIL LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL FEDERAL.

PARA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CUMPLIERA CON EL MANDATO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE, CONSIGNADO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO MULTICITADO, ERA MENESTER QUE EN EL ARTÍCULO QUINTO DEL ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, HUBIERA CONSIGNADO QUE “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ VERIFICAR PERMANENTEMENTE QUE TODOS LOS ACTOS Y ACCIONES DE LOS SOLDADOS Y MARINOS ASIGNADOS PARA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUMPLAN PUNTUALMENTE CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y CON LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS, POLÍTICAS Y ACCIONES ELABORADOS POR DICHA SECRETARÍA, EN BENEFICIO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MEXICANOS”, LO ANTERIOR ATENTO A LO DISPUESTO EN EL DÉCIMO TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, antes reproducido.

C. ES INCONSTITUCIONAL Y VIOLATORIO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN EL ARTÍCULO QUINTO DE SU ACUERDO QUE AHORA SE RECLAMA, DISPONGA QUE “QUINTO. LAS TAREAS QUE REALICE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTARÁN BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO

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INTERNO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA”, ya que LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA, DE LA CUAL FORMAN PARTE INTEGRANTE LOS SOLDADOS Y MARINOS QUE TEMPORALMENTE REALICEN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, es decir, LA FISCALIZACIÓN NO DEBE REALIZARSE POR EL EJÉRCITO NI POR LA MARINA, en tanto que, NECESARIAMENTE DICHA FISCALIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, QUE ES LA AUTORIDAD CIVIL LEGAL Y CONSTITUCIONALMENTE ENCARGADA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A NIVEL FEDERAL, YA QUE ESTA ÚLTIMA SE RIGE POR UNA DOCTRINA POLICIAL FUNDADA EN EL SERVICIO A LA SOCIEDAD, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL IMPERIO DE LA LEY, TOTALMENTE DIFERENTE DE LA DOCTRINA Y DISCIPLINA MILITAR O CASTRENSE, según se ha demostrado plenamente con antelación.

Por tanto, debe concederse el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicito, para el efecto de que se dejen insubsistentes los ARTÍCULOS PRIMERO Y CUARTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA” de fecha ocho de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de mayo de dos mil veinte, QUE AHORA SE RECLAMA, POR SER INCONSTITUCIONALES Y VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS, EN LA PARTE EN QUE RESPECTIVAMENTE INDICAN QUE “PRIMERO. SE ORDENA A LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A PARTICIPAR DE MANERA… SUBORDINADA … con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, DURANTE EL TIEMPO EN QUE DICHA INSTITUCIÓN POLICIAL DESARROLLA SU ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL, SIN QUE DICHA PARTICIPACIÓN EXCEDA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación” y “CUARTO. SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA COORDINARSE CON LOS SECRETARIOS DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE MARINA PARA DEFINIR LA FORMA EN QUE LAS ACTIVIDADES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE COMPLEMENTARÁN LA FUNCIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL”, lo que viola flagrantemente el contenido del ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE DICHO DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que en su parte conducente textualmente consignó que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PODRÁ DISPONER DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA… SUBORDINADA…”, lineamiento Constitucional que no se respetó en los ARTÍCULOS PRIMERO Y CUARTO del ACUERDO que ahora se reclama, según se demostró en este Concepto de Violación, lo que viola mis derechos humanos y me deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídicas.

OCTAVO:- El acto reclamado es contrario a los parámetros contemplados en a la interpretación de los artículos 29, 89, fracción VI y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, se demostrará la inconstitucionalidad del acuerdo reclamado, tomando en consideración aspectos resueltos en la Sentencia que resolvió el juicio de amparo 101/2018 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante la cual se concedió el amparo contra la Ley de Seguridad Interior.

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Primeramente, habría que mencionar que las condiciones de validez para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública en tiempo de paz que son transgredidas por los artículos referidos, son las siguientes:

1. Las Fuerzas Armadas tienen facultades para participar en la seguridad interior del Estado en tiempos de paz, siempre y cuando sean previamente autorizadas a partir de un mandamiento escrito del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que funde y motive su intervención .

2. El Presidente de la República está facultado para autorizar a las fuerzas armadas a participar en la seguridad interior del Estado en tiempos de paz mediante la declaratoria referida, siempre y cuando se actualicen circunstancias excepcionales.

3. La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en tiempos de paz ante circunstancias excepcionales debe regirse por los criterios de permanencia, temporalidad y delimitación territorial.

4. Una vez que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos autoriza a las fuerzas armadas a intervenir en determinadas tareas de seguridad interior en tiempos de paz “será necesario que en las operaciones en las que intervengan estén subordinadas a las autoridades civiles ” en todo operativo en que intervengan.

Pues bien, los artículos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO del ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, contravienen dichas condiciones constitucionales de validez, de acuerdo a lo siguiente:

[…] Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.[…]

[…]Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:…VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. […]

[…] Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y

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almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. […]

De los artículos anteriores, literalmente se advierte que en casos graves de la paz pública el presidente sólo con la aprobación del Congreso de la Unión podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Asimismo, que dentro de las facultades del presidente se encuentra la de disponer del Ejercito para preservar la seguridad nacional. Y que, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Ahora bien, para una correcta interpretación de los artículos 29, 89 fracción VI y 129 de la Constitución Federal, se cita la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió por unanimidad de votos la acción de inconstitucionalidad 1/96, y por ende resulta obligatoria para los Jueces de Distrito en términos de la jurisprudencia 1a./J. 2/20049 emitida por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal. Máxime que de la acción de inconstitucionalidad citada derivaron diversas tesis jurisprudenciales que resultan igualmente vinculantes para todos los jueces Federales:

[…] [N]o es éste [—la suspensión de garantías o de ejercicio de los derechos a los que se refiere el artículo 29 constitucional—] el único caso y la única condición para que el Titular del Poder Ejecutivo Pueda auxiliarse del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, dado que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones, pero de suyo excepcionales que, a juicio del Presidente de la República, no justifiquen la suspensión de garantías individuales, pero sí la intervención de una fuerza estatal que efectivamente, pueda coadyuvar a salvaguardar el orden constitucional, naturalmente dentro del propio marco que éste establece tanto al Presidente en la toma de decisión, como a las fuerzas armadas en su intervención. Esta es la razón por la que el Constituyente, en la fracción VI del artículo 89, antes reproducido, no sólo autoriza al Presidente a utilizar al Instituto Armado para salvaguardar la seguridad exterior del país, sino también la interior. Al respecto debe destacarse que el Presidente de la República, en una decisión de tanta trascendencia, se encuentra sujeto a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución en cuanto a la obligación de fundar y motivar sus resoluciones. Decretar, parcial o generalizadamente, la suspensión de garantías, es una decisión de tal gravedad que no sólo se tienen que cumplir los requisitos formales que especifica el artículo 29, sino que éstos son la exteriorización de una reflexión cuidadosa de los más altos funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la conveniencia de adoptar una medida de suyo externa y que, precisamente por ello, no debe tomarse sino cuando no exista ninguna otra alternativa. Por estas razones las Fuerzas Armadas están facultadas constitucionalmente para actuar, acatando órdenes del Presidente de la República bajo su más estricta responsabilidad, cuando, sin llegar a los extremos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características, que de no enfrentarse de inmediato las fuerzas armadas, sería inminente precipitarse en alguno o todas esas situaciones. En este supuesto al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone el texto

9 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, p. 130. Registro electrónico181938. De rubro: “JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”.

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constitucional, y por algún motivo se prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales estableciendo, incluso a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado. […]10

A partir de esa interpretación, podemos evaluar el acuerdo reclamado para determinar que es contrario a los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Así, tal como se argumentó en un diverso concepto de violación, el acuerdo presidencial reclamado no está debidamente fundado y motivado, por no precisar las razones particulares, circunstancias especiales y causas inmediatas que justifiquen la orden a las Fuerzas Armadas de que participen en las funciones de seguridad pública, porque no explica cómo y cuándo, sino que por el contrario de forma vaga y astuta el presidente señala palabras mágicas sin que se desprenda congruencia con el desarrollo de las palabras: extraordinario, regulado, subordinado, fiscalizado y complementario. El acuerdo constituye una falacia.

México no está en guerra con otro país, no existe una declaración de guerra, estamos en tiempos de paz, por tanto, la actuación del ejercito en funciones de la seguridad pública debe ser sólo en circunstancias excepcionales, que debe regirse por los criterios de impermanencia, temporalidad y delimitación territorial. El requisito de excepcionalidad también implica que la actuación de las fuerzas armadas debe ser de naturaleza temporal y no permanente, pues cuando las circunstancias que dieron origen a la actuación de las autoridades militares dejen de ser de suyo excepcionales y posibles de enfrentar por las autoridades civiles, ya no estará justificado que las autoridades militares participen en esas tareas de seguridad que han dejado de ser excepcionales. Así, la participación de las autoridades militares en tareas de seguridad debe ser temporal, sólo por el tiempo en que perduren las circunstancias excepcionales.

A su vez, el requisito de excepcionalidad en la intervención de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz para realizar tareas de seguridad interior también lleva implícito un criterio de delimitación territorial. Es decir, la participación de las Fuerzas Armadas debe limitarse al espacio territorial en que se actualicen las circunstancias excepcionales sin incluir espacios y territorios en donde éstas no se presenten.

La temporalidad y la delimitación espacial de las fuerzas armadas se deriva de modo lógico del requisito de excepcionalidad, en atención a que el incumplimiento de tales criterios daría lugar a permitir la participación de las Fuerzas Armadas en forma permanente y total, en momentos y lugares en que no se actualizan las circunstancias extraordinarias.

En ese sentido, las Fuerzas Armadas sólo están facultadas para actuar ante amenazas excepcionales concretas, sin que dentro de dicho escenario de excepcionalidad se encuentren comprendidos supuestos derivados de la forma, los resultados y la eficiencia de la administración burocrática de las instituciones civiles de policía que realizan la función de seguridad pública, tomando en cuenta que dichos aspectos político administrativos son factores muy distintos a las posibles amenazas a la seguridad pública que pudieran dar lugar, a su vez, a las situaciones de emergencia enumeradas en el artículo 29 constitucional.

Además, no puede soslayarse que el régimen de adiestramiento militar así como su sistema jerárquico de validez formal y de eficacia de las órdenes militares en principio son instrumentos incompatibles con nuestro régimen constitucional para que las autoridades militares intervengan en las diversas tareas de seguridad pública que tienen su origen en territorio nacional en tiempos de paz.

10 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de inconstucionalidad 1/96, resuelta en sesión de cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, p. 197 y 198.

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NOVENO:- El acuerdo reclamado resulta inconstitucional, tomando en consideración los mismos argumentos que adopto la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Declarar la Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018, consultable en la página de internet: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2018-10/7.0%20PROYECTO%20A.I.%206-2018%20y%20Acumuladas%2026-10-2018.pdf. En la cual, se desprende que se declaró la invalidez de los artículos 6, 8, 11, 16, 26 y 27 de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que se violaron principios como el de subordinación, legalidad, salvaguarda federal, afectación al derecho humano de libertad de expresión y reunión.

En el sentido de que resalta la “subordinación” que debe estar presente en toda actuación del Ejército en tiempos en que no se haya decretado la suspensión de garantías, cuando actúen como autoridades civiles en tareas de seguridad pública, ya que de ningún modo puede hacerlo “por sí y ante sí” sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y que sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, porque se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciéndose, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe de modo especificado (Advertido de la pág. 69 y 70 de la Declaratoria, así como pág. LI).

En el caso que nos ocupa, el acuerdo reclamado en el artículo CUARTO se habla de una coordinación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, lo que da pie a una divergencia con el principio de subordinación, toda vez que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, para efectos del acuerdo reclamado debe estar en un plano de subordinación ante la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además, se distinguió que los conceptos de seguridad interior y seguridad pública son autónomos en tanto que delimitan acciones y facultades de autoridades diversas, por lo que la “seguridad interior” no debe considerarse ni complementaria ni subordinada a la función de “seguridad pública”, pues ambas, aunque pueden bajo determinadas circunstancias llegar a presentar espacios comunes o de coexistencia, descansan en finalidades y ámbitos de acción distintos (pág. 80).

En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 6 de la Ley de Seguridad Interior, al resultar FUNDADO el argumento hecho valer, en el sentido de que el citado precepto transgrede el principio de legalidad, al establecer la facultad discrecional para que las Fuerzas Armadas implementen políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos contemplados en la Agenda de Seguridad Nacional, así como que el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.(pág. XL).

Así, en el caso concreto, como ya hemos expuesto con anterioridad el decreto presidencial reclamado también transgrede el principio de legalidad, por hacer una indebida e insuficiente fundamentación y motivación, alejándose el presidente a su capricho del 16 Constitucional y de otros decretos como el de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y del respeto a los convenios de seguridad pública con las entidades federativas.

Además, la SCJN resolvió que resulto FUNDADO que el artículo 16 de la Ley de Seguridad Interior sea inconstitucional por violar el principio de salvaguarda federal; lo anterior, porque la seguridad interior es una vertiente de la seguridad nacional que permite

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la actuación de las autoridades para atender situaciones excepcionales, por lo que como se ha dicho a lo largo de este estudio, las facultades justifican su constitucionalidad, en la medida en la que existe un reconocimiento de insuficiencia de las autoridades locales, pero no puede considerarse un mecanismo para sustituir la voluntad soberana de las entidades federativas. La seguridad interior no puede ser una herramienta que justifique la intervención de la Federación en cualquier caso y de manera indiscriminada, sino precisamente para que en ciertas condiciones de imposibilidad para atender determinadas situaciones, las entidades federativas acudan a la Federación a solicitar apoyo; esto es, en aquellos casos en que objetivamente los esfuerzos de las autoridades locales se encuentren superados y precisamente se trata de situaciones con alto grado de afectación que impiden una respuesta local efectiva, lo cual evidencia que deja de ser una problemática ordinaria para dar pauta a un problema extraordinario que amerita una solución desde una perspectiva distinta.

Adicionalmente, genera incertidumbre el que se prevea de manera imprecisa que la Declaratoria en estos casos, se expedirá en el menor tiempo posible, pues ello no establece un límite temporal o plazo máximo en el cual tendría que emitirse y publicarse dicha Declaratoria. (Pág. 55)

En el acto que aquí se combate, el Presidente ordena a las Fuerzas Armadas su participación en las funciones de la seguridad pública en todo el territorio nacional, sin tomar en consideración las formalidades esenciales del procedimiento, convenios, ni la soberanía de las entidades federativas, por tanto, el acuerdo reclamado también transgrede el principio de salvaguarda federal y los artículos 119 y 129 de la Constitución. Máxime que tampoco establece de forma precisa el tiempo máximo en que la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana definirá en que forma las Fuerzas Armadas complementaran las actividades de la Guardia Nacional, dejando así un lapso de incertidumbre y riesgo para la arbitrariedad en la actuación posterior a la entrada en vigor del decreto, pero previa a la definición de la forma en que actuara el Ejercito, dándole facultades provisionales de actuar por sí mismo.

En otro contexto, la Declaratoria resuelve la protección de los derechos humanos de libertad de expresión y reunión:

[…] . Así, la peculiaridad de la libertad de expresión es que una manera de ejercerla es en la vía pública a través de una reunión de un grupo de personas. Las movilizaciones sociales o reuniones de personas son una forma de expresión en donde se interrelacionan las diferentes dimensiones del derecho a expresarse, lo cual forzosamente provoca que se tenga incidencia en otros derechos humanos como la asociación o reunión pacífica. Asimismo, el precedente consideró que estos derechos a la libertad de reunión y de asociación también sirven de cauce para el ejercicio de otros derechos humanos y son esenciales para la democracia […] […] El derecho de reunión se encuentra reconocido, entre otros, en los artículos 9 de la Constitución Federal; 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A partir de estas normas interrelacionadas, para esta Suprema Corte, como se señaló en el precedente, el derecho humano a la reunión es la aglomeración intencional y temporal de personas en un espacio privado o público con un propósito concreto, que se debe de llevar a cabo pacíficamente y que debe de tener un objeto lícito. Consecuentemente, se abarca todo tipo de reunión bajo cualquier motivación (sea esta religiosa, cultural, social, económica, deportiva, política, etcétera), como marchas, plantones, manifestaciones en plazas públicas o vías de comunicación, procesiones, peregrinaciones, entre muchas otras. La característica definitoria radica entonces en la concentración de dos o más personas en un lugar determinado. […]

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[…] Aunado a ello, el Pleno precisó que el objeto lícito se da cuando el motivo de la reunión no es la ejecución concreta de actos delictivos. El vocablo “pacíficamente” se encuentra íntimamente relacionado con el objeto lícito al que alude expresamente el artículo 9 de la Constitución Federal. Para este Tribunal Pleno, una congregación de personas será pacífica cuando no se lleven a cabo fácticamente actos de violencia o a través de la reunión se incite a actos de discriminación o discurso de odio que tengan una materialización real. Así, concluyó que la regla general es que todo ejercicio del derecho a la reunión debe presumirse pacífico y con objeto lícito, por lo cual la consideración de que una determinada concentración humana se encuentra fuera del ámbito de protección de ese derecho deberá ser valorada por la autoridad caso por caso. Al respecto, resaltó que la autoridad no puede vetar o sancionar el objetivo de una reunión ni mucho menos su mensaje. Es decir, no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a través del derecho de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, violento o alusivo a actos delictivos se deberá considerar que la congregación humana ya no es pacífica ni lícita (el mensaje a veces tiene como contenido referencia a actividades ilícitas). Por ello, enfatizó que lo que hace ilícita y no pacífica a una concentración de personas es la concurrencia real de actos delictivos, la existencia o la inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio. Los actos esporádicos de violencia u otros actos punibles cometidos por otros individuos no deben privar a las personas pacíficas de su derecho a la libertad de reunión.[…][…] En razón de lo anterior, ante lo FUNDADO de los argumentos planteados, lo procedente es declarar la INVALIDEZ TOTAL del artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior, al ser una norma infra incluyente que inhibe el ejercicio legítimo de la libertad de reunión […] (pág. 43 y 44).

En ese sentido, el acuerdo reclamado al establecer de forma general que respetara los derechos humanos y seguirán de conformidad con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, dicho precepto no tiene una verdadera justificación, pues aunque el artículo 27 y 28 de la última ley en cita, como deberá ser la actuación en las manifestaciones y reuniones públicas, los mismos no resultan claros, sino que con incertidumbre, esto es, el decreto reclamado no precisa los parámetros definidos por la Corte para la debida protección de los derechos humanos, dejándolo a criterio de la policía o incluso a criterio de los elementos castrenses famosamente conocidos por sus conductas arbitrarias. Además, hace una distinción entre manifestaciones con objeto licito, pacificas y violentas, entonces puede resultar coincidente con la Ley de Seguridad Interior, la cual tenía el artículo 8 que era contrario a derechos humanos toda vez que al enunciar un tipo de movilización, resulta infra incluyente, por lo que su interpretación a contrario sensu permitiría que los desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social, incluso aquéllas manifestaciones de protesta social o que tengan un motivo político-electoral que se “estime” no cumplen con los requisitos Constitucionales, así dicho artículo 8 dejaba lugar a que una movilización podía ser consideradas amenaza a la seguridad interior e incluso sujetas a una declaración de seguridad interior, sin que exista justificación para dicha diferenciación. Ahora en el caso que no ocupa, para los elementos castrenses y para la Guardia Nacional tal vez una manifestación pacífica pueda ser considerada como una infracción administrativa o un delito, es riesgoso y es preocupante dada la falta de preparación jurídica y emocional de dichos elementos.

DÉCIMO:- Derechos Humanos. Las autoridades responsables en el acto reclamado no garantizan, ni protegen los derechos humanos, sino que más bien los exponen a un riesgo irreparable e inminente mis derechos humanos de libertad civiles y políticos, como la libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de protestar y de manifestación, libertad de tránsito y derecho de petición, en razón de que, como resultado de la negligencia de las responsables en la redacción de dicho acuerdo sin fundar ni motivar, de conformidad con el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone en riesgo la afectación a mi derechos humanos civiles y políticos

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contemplados en los artículos 1, 6, 7, 8, 9 y 11 de la Carta Magna. Porque facultan a las Fuerzas Armadas a realizar tareas para las cuales no están entrenados adecuadamente, como las detenciones y retenes.

En ese sentido, las autoridades responsables están obligadas conforme al 1 Constitucional a proteger los derechos humanos de libertad, civiles y políticos. Pero parece que a las responsables no les queda claro que todos los mexicanos gozaremos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el Estado Mexicano está ignorando las múltiples sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no está garantizando la no repetición de actos similares a los arbitrarios por los que ha sido condenado; el Presidente debe entender que se debe evitar la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, ya suficiente daño ha hecho el ejército al involucrarse en el combate al narco, por los excesos cometidos en ese tema, no es recomendable recurrir a ellos, porque implicaría riesgos indeseables de exacerbar la violencia, incrementando la violación de derechos humanos, lo anterior en opinión de tres expertos en Seguridad Publica, consultados por Expansión Política: María Elena Morera, Alejandro Madrazo Lajous y Miguel Garza, lo que fue publicado el 12 de mayo de 2020 en internet11. .

Más aún, la suscrita parte quejosa, como ciudadano activista que realizo acciones ejerciendo pacíficamente mis derechos humanos de manifestación de ideas, solicito información pública a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundo opiniones, información e ideas por varios medios, presento peticiones en dependencias públicas municipales, estatales y federales, me reúno pacíficamente con otros mexicanos para tomar parte en los asuntos políticos del país, me desplazo libremente por la república, interpongo denuncias, quejas y juicios de amparo contra los actos de servidores públicos que violan derechos humanos. Considero que ante la arbitrariedad e imprudencia del presidente de la república y de los elementos castrenses puedo sufrir un riesgo irreparable a mi vida, integridad física, libertad y seguridad personal derivado del acuerdo presidencias que se combate con este amparo. Derechos que se encuentran protegidos por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos:

[…] Artículo 4. Derecho a la Vida. “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente […]

[…] Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. […]

[…] Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. […]

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: […]Artículo I. “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. […]

11 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/12/fuerzas-armadas-en-las-calles-la-continuacion-de-una-estrategia-fallida

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Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: “PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES”12

Nuestro análisis conduce a una conclusión clara: la emisión del acuerdo tiene problemas serios de regularidad constitucional y convencional porque no motiva ni cumple cabalmente los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, establecidos tanto en la Constitución como en los criterios obligatorios de la CorteIDH.

DÉCIMO PRIMERO:- El acto reclamado transgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los cuales emanan los principios de “legalidad” y seguridad jurídica para los ciudadanos, mediante estos principios se impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad, que se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que el acto que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige.   Son aplicables a lo anterior la jurisprudencia y tesis de rubros siguientes: “AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA”13 y “LEGALIDAD, GARANTIA DE”14

En ese orden de ideas, los actos de cualquier autoridad deben estar debidamente fundados y motivados y conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, aspectos que pueden ser revisados por el Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de amparo desde dos perspectivas: la Legalidad y la Constitucionalidad.

i) Legalidad. Para empezar, el acto reclamado es ilegal, toda vez que la norma general reclamada no cumple con todos los elementos y requisitos del acto administrativo contemplados en el artículo 3, fracciones V, VIII y XII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, puede revisarse la legalidad de lo que se reclama en base a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de conformidad con su artículo 1 15, así como en el numeral 116 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El artículo 3 se transcribe a continuación:

[…] Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: […] V. Estar fundado y motivado; […][…] VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;[…][…] XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;[…]

12 Época: Décima Época, Registro: 2015306, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.) Página: 191.

13 Época: Novena Época, Registro: 169143. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A. J/41, Página: 799.

14 Época: Séptima Época, Registro: 255677, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Sexta Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 29.

15 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. […] Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada […]

16 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. […] Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la República , las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. […]

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En cuanto al requisito de validez del acto administrativo contemplado en la fracción XII, del artículo 3, se considera que en el acto reclamado media error respecto a la referencia específica de la identificación, esto es, existe una omisión que se reclama como vicios propios a la Secretaria de Gobernación y al Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en que omitieron poner en la publicación del “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el once de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación” el número de publicación. Ya que de conformidad con el artículo 6 Fracción II, de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales los requisitos que debe tener el diario son los siguientes:

[…] ARTICULO 6o.- El Diario Oficial de la Federación deberá contener por lo menos los siguientes datos: I. El nombre Diario Oficial de la Federación, y la leyenda “Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”; II.- Fecha y número de publicación; III.- Índice de Contenido, XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; IV.- Firma de la autoridad responsable, ya sea electrónica en el caso de la versión digital y rúbrica en el ejemplar impreso de cada edición. […]

Resulta, que de la publicación del Diario Oficial de la Federación del día once de mayo de dos mil veinte: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020, no se advierte el número de publicación. Es decir, que las autoridades responsables de la publicación del acto reclamado omitieron señalarlo en la edición electrónica visible para todos los mexicanos. Cometiendo así un vicio y la ausencia de un requisito de validez del acto administrativo, por lo que de conformidad con el artículo 517 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberá resolverse la nulidad del acto administrativo que se reclama por ser contrario el acto reclamado al artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y al 14 Constitucional por ser contrario a las formalidades esenciales del procedimiento.

ii) Constitucionalidad. El acto reclamado es contrario al artículo 16 Constitucional, en razón de que el citado artículo contempla la obligación de las autoridades de fundar y motivar sus actos. La siguiente jurisprudencia interpreta ampliamente en que consiste la fundamentación y motivación:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas”18

En ese sentido, hare especial énfasis en la motivación, la cual también es un requisito constitucional indispensable de los actos de autoridad, en el caso concreto, el acto

17 […] Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el Artículo 3 de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo. […]

18 Época: Séptima Época, Registro: 238212, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 143.

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reclamado tiene una indebida e insuficiente motivación, así la siguiente jurisprudencia apoya la interpretación de la motivación:

“MOTIVACION, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige, se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal”19

A continuación, se transcribe las partes del acto reclamado que principalmente tienen una indebida e insuficiente motivación:

[…] PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada,  fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e  implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. […]

[…] CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.

QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. […]

El acuerdo que se reclama no explica que significa extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, ni sus alcances. Estos conceptos no se definen en el propio acuerdo, de modo que no podemos saber qué contenido específico les quiere dar el presidente de la República. Incluso, el acuerdo es contrario en sí mismo, porque la palabra extraordinario significa a lo que se hace rara vez, sin embargo, el presidente ordena a las Fuerzas Armadas a que participen incluso de forma continua hasta el 26 de marzo del año dos mil veinticuatro, es decir, durante casi cuatro años seguidos.

De igual forma, resulta insuficiente la motivación en cuanto a las atribuciones que otorga a la Fuerza Armada permanente, en términos del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, en razón de que le esta confiriendo al Ejercito incluso realizar detenciones de civiles, así como prevenir la comisión de delitos y de infracciones administrativas, es decir, le está dando al Ejercito Mexicano la posibilidad de sustituir las facultades y competencia de un policía municipal y de la Guardia Nacional, sin fundar y motivar las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas para la emisión del acuerdo, para que las funciones de las Fuerzas Armadas resulten coherentes y tengan una adecuación con la hipótesis de los artículos de la 29, 30 y 30BIS de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y en congruencia con el artículo 115 y 116 Constitucional.

19 Época: Séptima Época, Registro: 237716, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 225.

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Además, el acuerdo ordena a las Fuerzas Armadas participar a partir de la entrada en vigor del acto reclamado, sin embargo, en el artículo cuarto instruye a los Secretarios a que definan la forma en que complementaran la función de la Guardia Nacional, dando pie a que cualquier día y hora realicen actos de autoridad en funciones de seguridad pública sin que se hayan definido el cómo, cuándo y dónde de manera fundada y motivada. Es decir, “en ningún lado del acuerdo se precisa cómo debe operar dicha coordinación. Este silencio abre la puerta a confusiones, tensiones y potenciales conflictos. Lo que menos se necesita en estos momentos es incentivar la desorganización entre las instituciones responsables de la seguridad pública en el país.”20

Asimismo, es imprecisa la disposición que dice que las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. Porque no define cuál es la dependencia a la que corresponde, es decir, no deja claro si la dependencia a que se refiere es la misma Secretaria de la Defensa Nacional, la cual entonces podrá dirigir las detenciones de particulares, o del suscrito, sin que respeten la intervención del ministerio público. Dejando un riesgo latente de que las fuerzas castrenses se equivoquen en los actos que realicen, en razón de que el Ejército no está familiarizado ni entrenado para la investigación penal, ni para las detenciones de civiles.

Recordemos que la motivación consiste en dar a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad no basta con una motivación incongruente, insuficiente o imprecisa, porque impide la finalidad del conocimiento y su comprobación.

[…] Los actos administrativos requieren de una motivación específica y contenida en el propio documento para ser considerados válidos, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación desde hace años21. Lo anterior se aplica no solamente a los actos administrativos que inciden en la conducta de los particulares, sino también en aquellos que se verifican en los ámbitos internos de los gobernados, es decir, solamente entre autoridades. […]22

También quiero mencionar que el acuerdo presidencial por su insuficiente motivación guarda similitud con una falacia, esto es, a un argumento que conduce al error, así de acuerdo a los diferentes tipos de falacias23 se parece a una falacia de la ambigüedad: porque en el acuerdo el presidente dejó de usar un único significado para cada término, porque primero dice que la participación de las fuerzas armadas deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, pero luego distorsiona esa finalidad otorgando facultades no extraordinarias sino que son por cinco años en cualquier lugar del territorio, no especifica todas las leyes que deben regular dicha participación, y para variar distorsiona la subordinación con la coordinación, porque dice que la Secretaria de la Defensa Nacional deberá coordinarse con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, también es semejante a una falacia de palabras equívocas, porque el presidente implícitamente cambio el significado de las palabras en el desarrollo del acuerdo, de igual forma el acuerdo es análogo al argumento circular o de petición de principio, en razón de que el presidente uso de un modo implícito la conclusión como una premisa usando palabras clave dando por hecho que con solo mencionarlas sin explicar ya es constitucional y convencional su acuerdo, en el mismo sentido, el acuerdo reclamado es más similar a una falacia non sequitur, porque el presidente extrajo una conclusión que “no se sigue” o no tiene relación con lo que se está diciendo en el titulo o índice, también las

20 https://www.nexos.com.mx/?p=48138&fbclid=IwAR3y9hpZlU5CWdmhzn14331CQobA9YVhlPdwf7pGuRGoV9Sx7x8LIg4UX4c21 “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES “Época: Novena Época, Registro: 192076, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 50/2000Página: 813.

22 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=1152423 Rosas Baqueiro, Marco Polo. (2015). “El Nuevo Juicio de Amparo Indirecto llevadito de la mano”. Impreso en México. Editorial Rechtikal.

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responsables usaron una falacia de pista falsa, toda vez que introdujeron una cuestión secundaria con apariencia de relevante, para desviar la atención de la cuestión principal (sus defectos y arbitrariedades), es decir, el acuerdo tiene una falta de claridad, coherencia y consistencia.

Conclusión: Por tanto, el acuerdo emitido por el presidente es un acto de autoridad que tiene una indebida, insuficiente e incongruente motivación. El acuerdo desestima los principios más elementales del Estado constitucional y transgrede los límites que el derecho impone al ejercicio del poder. Por eso, el presidente se equivoca. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubro siguiente: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA”24y “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”25.

“En otro orden de ideas, respecto al tipo de documento normativo mediante el que se establece la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública: ¿no se requiere una ley aprobada por el Congreso de la Unión, en vez de un acuerdo presidencial para tal efecto?

Lo anterior viene al caso ya que el párrafo noveno del artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública, como función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, se debe desarrollar de acuerdo a lo que señalan la propia Constitución “y las leyes en la materia”. Además, en el artículo transitorio sexto del decreto de reforma constitucional en materia de guardia nacional, se establece que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina prevista por el artículo transitorio quinto del mismo decreto, se hará “conforme a la ley”.

Ambas disposiciones constitucionales (el artículo 21 párrafo noveno y el transitorio sexto del decreto de reforma constitucional del 26 de marzo de 2019) contienen lo que desde el punto de vista de la técnica jurídica se denomina una “reserva de ley”, que es una figura mediante la que se ordena que determinada materia se deba regular a través de una específica fuente del derecho y no por otra.26 Es decir, en el caso que nos ocupa solamente el legislador tendría la competencia constitucional para emitir una orden general a través de la cual se ordene la militarización de la seguridad pública. Una reserva de ley no solamente atribuye una competencia de creación normativa, sino que además excluye que otras fuentes del derecho puedan llevar a cabo esa regulación. En México las más conocidas reservas de ley son las que existen en materia penal para la definición de las conductas que son consideradas como delitos y las sanciones a las que se hacen acreedores quienes las realicen (artículo 14 párrafo tercero constitucional) y la prevista en materia fiscal para que solamente el legislador pueda establecer los elementos esenciales de los impuestos (artículo 31 fracción IV constitucional).27

IX.- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

Petición de parte.- Con fundamento en los artículos 128, 129, 130 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo pido la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que se suspenda la aplicación de la norma general reclamada respecto al suscrito quejoso, toda vez que los artículos PRIMERO, SEGUNDO y QUINTO, así como respecto al PRIMERO y SEGUNDO TRANSITORIOS y en general contra toda aquella aplicación de la norma reclamada cuya aplicación se ejecutará sin ningún trámite.

24 Época: Novena, Época, Registro: 173565, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/52, Página: 2127.

25 Época: Octava Época, Registro: 216534, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 64, Abril de 1993, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI. 2o. J/248, Página: 43.

26 Una exposición más amplia sobre el tema puede verse en Carbonell, Miguel, El debido proceso en México, México, Editorial Tirant, 2019, páginas 75 y siguientes.27 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=11524

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Esto es, solicito la suspensión para que se ordene a las autoridades responsables suspender cualquier acto de los Elementos de la Fuerza Armada permanente, que consista en su participación en las funciones de la seguridad pública, derivadas de la norma reclamada, mientras se resuelve la constitucionalidad y convencionalidad del juicio de amparo, toda vez que permitir la aplicación de los efectos del acuerdo presidencial reclamado podría traer consigo afectaciones irreparables hacia mi vida, integridad física y libertad personal. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes:

“EXTINCIÓN DE DOMINIO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA IMPEDIR LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY RELATIVA, RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE "LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO DE BIENES", CUANDO SE RECLAME COMO NORMA AUTOAPLICATIVA”28

“SUSPENSIÓN CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE LEYES AUTOAPLICATIVAS”29

“SUSPENSION. PROCEDE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCION DE UN DECRETO MATERIALMENTE LEGISLATIVO Y DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA (DECRETO NUMERO 34 EXPEDIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATAN)"30

2) Existencia del acto reclamado: Se acredita la existencia del acto reclamado con la publicación oficial en la pagina de internet del Diario Oficial de la Federación: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020.

3) Naturaleza del acto reclamado (el acto es susceptible de suspenderse): El acto reclamado es de naturaleza positiva, en razón de que se trata de una norma general emitida por el poder ejecutivo federal, que ordena la participación de las fuerzas armadas permanentes en las funciones de seguridad pública durante al menos cuatro años más, esto es, el acto reclamado tiene consecuencias y efectos.

4) Afectación a un interés jurídico o legítimo: El suscrito, acredito un interés suspensional toda vez que soy un ciudadano activista y beneficiario de la seguridad pública de México, y me encuentro expuesto a un daño irreparable derivado del decreto reclamado.

5) Que la suspensión no contravenga disposiciones de orden público e interés social: La concesión de la suspensión sería una forma de salvaguardar principalmente mi vida, la integridad física y mi libertad personal. En ese sentido, como es un fin del Estado garantizar y proteger los derechos humanos de las personas, se generaría un mayor bien al suscrito y a todos los habitantes suspendiendo la aplicación del acuerdo reclamado. Tomando en consideración las múltiples sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano derivado de abusos (desaparición forzada, fuego cruzado, torturas y detenciones ilegales) por parte de elementos del Ejército Mexicano. No se afecta el orden público porque la Guardia Nacional como las policías son los facultados y competentes para lograr la seguridad pública.

6) Apariencia del buen derecho: Finalmente, recordemos los argumentos expuestos en los conceptos de violación, derivado de los cuales cconsidero que en el juicio principal se resolverá la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los actos reclamados,

28 Época: Décima Época, Registro: 2021283, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Civil, Tesis: I.9o.C.50 C (10a.), Página: 1099.

29 Época: Novena Época, Registro: 197007, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Común, Tesis: X.1o.19 K, Página: 1179.

30 Época: Novena Época, Registro: 201018, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia(s): Administrativa, Tesis: XIV.2o.4 A, Página: 524.

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para proteger mi derecho de audiencia y defensa contra los actos privativos y de molestia, así como la afectación a mis derechos humanos de libertad civiles y políticos. Por tanto, en ese orden de ideas, considero factible la concesión de la suspensión que he solicitado: “PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”31

X.- PRUEBAS. - Para acreditar la existencia e inconstitucionalidad de los actos reclamados, ofrecemos desde ahora las siguientes probanzas:

i. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020 .ii. HECHOS NOTORIOS que se ofrecen como prueba para demostrar la

arbitrariedad de los elementos castrenses cuando han realizado funciones de seguridad pública en México:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=360 http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_224_esp.pdf https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2018-11-

21/117.pdf https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/12/fuerzas-armadas-en-las-calles-la-

continuacion-de-una-estrategia-fallida

Por lo anteriormente fundado y motivado, a Usted C. Juez de Distrito, respetuosamente;

PIDO:PRIMERO. - Se nos tenga por nuestro propio derecho presentado DEMANDA DE

AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en contra de las autoridades señaladas como responsable. Señalando domicilio para recibir notificaciones.

SEGUNDO.- Se le reconozca el carácter de representante común de la parte quejosa a: ___________________________________________________________.

TERCERO.- Una vez admitida que sea la demanda, se ordene requerir a las autoridades responsables para los efectos de que rinda el informe que justifique su actuar.

CUARTO.- Se nos tenga ofreciendo las pruebas indicadas.

QUINTO. – Una vez agotado el presente juicio de garantías, se nos conceda la PROTECCIÓN Y AMPARO DE LA JUSTICIA FEDERAL.

SEXTO.- Solicitamos se nos conceda la suspensión, y se nos expida copia certificada del auto que conceda la suspensión provisional solicitada.

A T E N T A M E N T EZapopan, Jalisco, al día de su presentación.

NOMBRE:____________________________________FIRMA:___________________.

31 Época: Décima Época, Registro: 2003881, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.), Página: 1289.

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NOMBRE:____________________________________FIRMA:___________________.

NOMBRE:____________________________________FIRMA:___________________.

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NOMBRE:____________________________________FIRMA:___________________.