LAS 10 RAZONES PRINCIPALES DE LOS CONFLICTOS ENTRE LAS

EMPRESAS MINERAS, GASERAS O PETROLERAS Y LA POBLACIÓN

CIRCUNDANTE

1) Escasa participación laboral de los supuestos beneficiarios laborales, derivados de las riquezas naturales extractivas del país:La minería no ocupa una gran masa laboral permanente en la minería actual en el Perú, está dirigida por las empresas multinacionales o grandes corporaciones que usan alta tecnología que emplea poca mano de obra no calificada.

Gran parte del trabajo lo hacen las máquinas. La minería actual solo emplea, directamente, en forma importante, alrededor

de uno o dos años en la instalación de la mina, una vez concluida esta etapa, demanda muy pocos trabajadores.

La extracción de recursos genera pocos empleos permanente en la actualidad. La minería ocupa solo el 1% de la masa laboral. El impacto en el empleo es indirecto y se lleva a cabo a través de contratar servicios e insumos a terceros, que normalmente son pequeñas empresas, que emplean trabajadores que no se dedican exclusivamente a la minería y es imposible diferenciar que tanto corresponde de su trabajo a las minas y que tanto a otras ventas de las pequeñas empresas.

La mayoría de los beneficios que se generan ahora deben llegar a las comunidades, bajo la forma de redistribución de ganancias a través de los programas del gobierno y de una acción directa de las empresas que promueva el desarrollo local, como es el del canon o la entrega de un apoyo concertado. Lo laboral permanente con las localidades del entorno es muy limitado.

2) Pese a los avances de protección ambiental, todavía existen daños o pasivo ambientales:

Los pasivos o daños ambientales son una realidad viva que atañe a todos los campesinos de los pisos ecológicos altos, suni o puna, donde las empresas emplean el método del tajo abierto.

Las empresas pueden minimizar estos daños con la puesta en práctica de tecnologías de protección ambiental, como: las geomembranas (láminas de plástico que se ponen en el piso para hacer las mezclas de cianuro y mercurio, junto con el agua y las rocas, que logran separar los minerales del suelo para que no percole o se infiltre el agua contaminada.)

Posteriormente los sedimentos contaminados se eliminan por una máquina depuradora del cianuro y mercurio que se ha mezclado con el agua, aunque no lo hace al 100% sino al 75% aproximadamente, parte del cual revierte en los ríos.

Los andes son como una cristalería ambiental, apenas los tocas se pueden afectar sensiblemente, más todavía que no ofrecen empleos permanentes.

Sin embargo el pasivo ambiental más significativo de la minería actual, con la metodología del tajo abierto, es la extracción de un volumen hídrico significativo, para llenar los huecos donde se colocan las rocas para ser fragmentadas y separar los minerales de lo que no lo son. Más todavía actualmente que con el cambio climático, el agua tiende a disminuir sensiblemente hasta provocar migraciones climáticas.

EL MAYOR PASIVO AMBIENTAL: LA DISMINUCIÓN DEL AGUA

TAJO ABIERTO

3) Desilusión respecto a los beneficios a obtenidos

La política de las empresas no siempre cumplen con lo que se acuerda con las comunidades o caseríos andinos. En la práctica los campesinos ven todavía, pocos resultados compensatorios, no se entrega a tiempo lo que se acordó tanto en forma directa como a través del canón.

Después de haber vendido las tierras o haberse reubicado (un año aproximadamente) los campesinos no tienen tierras, ganado, ni plata como esperaban.

Ejemplo: la Minera Yanacocha, cuando llego a Cajamarca, muchos tenían la esperanza de que se pudiera hacer una explotación minera sin afectación a sus aguas y la agricultura, que se iba a tener respeto a las poblaciones locales y oportunidades de trabajo para los cajamarquinos.

Después de varios años, los cajamarquinos ven con bastante desilusión, que su región ha sido convertida en una de las de mayor conflictividad socio ambiental y pobreza del Perú y que las ciudades adonde migraron y que están cerca de las minas, ha aumentado su costo de vida al tener empleados de altos ingresos. Y encima no se ha cumplido con los acuerdos de apoyo al desarrollo del entorno y el canon no les llega a tiempo. Y diversas de las ofertas de apoyo al desarrollo local no han sido cumplidas.

Los campesinos esperan que los impuestos pagados por las empresas mineras y que recaba el gobierno central, tal como está establecido por ley, por lo menos la mitad, regrese para su desarrollo local.

El gobierno central pone como condición para que regrese a que los gobiernos regionales, presenten proyectos. El 60% de lo reservado por el canon no se invierte porque los proyectos no son aprobados por inconsistentes o porque no presentan proyectos. A los campesinos les llega en forma recortada el canon o no les llega.

Con el canon la desilusión aumenta

4) Los habitantes rurales se sienten invadidos

El carácter expansivo de las nuevas empresas mineras abarca gran parte de su territorio. Empiezan en un distrito y terminan con toda la provincia y desde esta se pasan, al mismo tiempo, a todo el resto de provincias del departamento.

Los habitantes rurales sienten que tienen cada vez menos espacio para su agricultura, su ganadería y otras actividades.

 

En el campo económico, los habitantes rurales, no sienten compensación en perder tantos territorios por períodos largos sin que se beneficien, en forma significativa. No ven el futuro muy claro, cuando se vayan las minas y otras empresas extractivas.

Se debe reflexionar sobre si estos proyectos implican realmente desarrollo para las poblaciones directamente afectadas o si estos por el contrario aumentan las brechas sociales y la exclusión social, económica, política o cultural.

5) El Estado aparece ante los campesinos como aliado de las empresas y distante o hasta enemigo de las comunidades o caseríos andinos o amazónicos.

Una de las motivaciones fuertes para la protesta es que el Estado, en especial el Ministerio de Energía y Minas , no aparece como neutral entre las dos partes, sino que se define, dándole la razón absoluta a las empresas.

Las comunidades se sienten marginadas y con escaso peso político dentro las decisiones estatales y las predispone a luchar contra esta asimetría política.

El gobierno debe incrementar su capacidad para regular la industria para obtener el respeto de de las comunidades y caseríos andinos, protegiendo su ambiente y derecho al desarrollo.

Garantizar una mayor aceptación de las empresas por parte de las comunidades campesinas, recuperando el carácter de neutralidad de todos los Estados democráticos, frente al conjunto de instituciones y ciudadanos.

  Debe permitir y garantizar una Evaluación de Impacto

Ambiental EIA, que aparezca como objetiva, neutral y altamente técnica y no altamente favorable a las empresas, que eran las que contrataban a los profesionales consultores.

Actualmente el Ministerio del ambiente está recuperando su rol como evaluador de las EIA, tratando de colaborar en la neutralidad.

Se debe asegurar una auditoría para evaluar los recursos y el personal que requieren para ser efectivos, como la que podría brindar el Ministerio del Ambiente o una entidad especializada no comprometida con las empresas ni tampoco con las comunidades.

La Defensoría del Pueblo debe monitorear la implementación de los acuerdos entre el estado, las compañías y las comunidades, y publicar información sobre el incumplimiento de tales acuerdos.

Se han constituido dos visiones del territorio

1) La visión criolla y mestiza que figura en la constitución que el Estado es el propietario del subsuelo, incluyendo al que está debajo del suelo donde viven y trabajan ancestralmente las comunidades andinas y amazónicas.

2) La visión de los pueblos originarios que consideran que todo el territorio donde viven es suyos, incluyendo las montañas, el agua, el aire, los suelos y el subsuelo.

LA MADRE DEL CORDERO ES LA CONSTITUCIÓN QUE SEÑALA QUE EL ESTADO ES EL ÚNICO PROPIETARIO DEL SUBSUELO

6) Los Casos emblemáticos negativos fomentan prejuicios en los habitantes rurales:

La imagen de las comunidades sobre las empresas, está muy teñida de los casos extremos de daño ambiental y del aumento de la pobreza como La Oroya y Cerro de Pasco.

Los dos casos han sido difundidos ampliamente por los medios de comunicación como la radio, la televisión parabólica, etc., creando una imagen negativa que está detrás de la resistencia de las comunidades a las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar con las comunidades para fortalecer sus capacidades, de esta manera haya una imagen más real de todos los casos, no solo de los negativos.

Se podría difundir casos de dialogo exitosos, como el de la localidad de Tintaya en Cuzco, en estrecha coordinación con el Fondo Minero Regional y la Mesa de Diálogo.

7) La Expansión minera no tiene en cuenta la cultura mágica andina o amazónica:

La expansión minera no toma en cuenta, salvo casos excepciones los contenidos mágicos de la cultura andina.

Los andinos y también los amazónicos tienen gran identificación con sus recursos naturales: plantas, rocas, cerros, ríos, etc.

Para ellos existen apus o espíritus dentro de los cerros que hay que contentar.

para asegurar su felicidad, tótems o elementos de la naturaleza tienen propiedades mágicas, como la fuente de agua, los cerros protectores, los yoshín en la cultura shipiba de la selva, etc.

Los conflictos son generados por una expansión minera que no respeta los derechos de las comunidades. a esos contenidos mágicos y de las poblaciones locales y sus opciones de vida y de desarrollo.

La política minera del actual gobierno está concebida para atraer la inversión extranjera, bajo el concepto de competitividad. Ésta solo promueve la inversión de las grandes empresas, sin considerar al sector “beneficiario “ desde su integración al desarrollo sostenible del país, hasta su propia cultura andina o amazónica..

Si bien se ha aprobado la ley de consulta social y su reglamento, todavía no se practica la ley porque ciertos sectores cercanos al gobierno como la sociedad de minería han señalado que muchos de los pueblos andinos, no deben ser considerados como indígenas porque han entrado en un proceso de modernización.

Este rechazo exacerba a las pueblos andinos y amazónicos, como si no tuvieran derecho a la modernización y conservar lo fundamental de su cultura andina o amazónica.

8) El derecho a la consulta todavía no se practica en forma definida

El Estado no tiene la voluntad política y se niega a asumir su función tributaria y redistributiva, cuando se trata de crear un impuesto a la sobre ganancias mineras a fin de obtener recursos temporales estratégicos para financiar el desarrollo.

No hace respetar el derecho de las comunidades para autorizar el permiso de ingreso de un inversionista minero a su propiedad.

No fiscaliza adecuadamente el cumplimiento de los compromisos ambientales.

Se quiere considerar solo como indígenas a las comunidades nativas de la selva y tal vez a un sector reducido de comunidades andinas.

La gran mayoría de comunidades andinas les beneficiaría la ley de consulta social y su reglamento, siempre y cuando sea vinculante, sino fuera así, podría beneficiarles o no.

Una gran parte de comunidades andinas han incorporado elementos occidentales sin que ello signifique que pierdan lo fundamental de su cultura ancestral.

Las comunidades andinas, siguen haciendo sus asambleas comunales, trabajan en forma colectiva a través de las faenas comunales, el ayni, la minka y otras formas de trabajo colectivo.

Tienen fiestas costumbristas y sus cultos propios, aunque es cierto

incorporan elementos de las otras culturas, sin perder esta cultura mágica.

El descontento provocado por las razones anteriores, es aumentado o promovido desde diversos organismos o instituciones como algunos gobiernos regionales, ONGs ambientalistas, algunas entidades de cooperación técnica internacional y grupos políticos de oposición.

Esta promoción puede ser legitima si se hace a partir de la iniciativa y del sentir de los habitantes rurales, apoyándoles en sus derechos, aunque puede ser ilegitima, si se hace exagerando o generando una lucha irracional entre contrarios, sin buscar acuerdos válidos, sobre todo, cuando las empresas actúan con responsabilidad social y ambiental.

9) Existen ciertas instituciones y grupos políticos que influyen en los habitantes rurales contra las minas, petroleras y gaseras

Se tiene la idea que las comunidades son ignorantes e influenciables y que no tienen información, que no razonan, sino son manipuladas por grupos políticos u ONG interesadas en oponerlas a las minas.

La realidad de las comunidades desdice esta imagen por varias razones:

- Muchos comuneros tienen hijos estudiando o profesionales que les informan.

- Los comuneros tienen acceso a otras informaciones porque tienen celulares, radio, televisión con antena parabólica.

EXISTE LA IDEA DE QUE LA REACCIÓN DE RESISTENCIA COMUNAL SE DEBE A INFLUENCIAS NOCIVAS EXTERNAS

- Y lo más importante, ya es una costumbre comunal, ir los fines de semana a las ciudades donde obtienen una rica información de sus parientes y amigos migrantes, aprovechando las carreteras ya construidas.

- La sensibilidad ambiental está ampliamente difundida tanto en el campo como en la ciudad, a través de los mismos medios de comunicación.

- Las comunidades han aprendido a través de sus luchas que no todo lo externo les favorece: ejemplo, el terrorismo y la delincuencia.

LOS PUEBLOS ORGINARIOS VAN LOS FINES DE SEMANA A LAS CIUDADES

Existe una décima razón: los campesinos o habitantes rurales identifican que las empresas quieren trabajar en lugares indebidos porque pueden provocar graves fenómenos ambientales, contrarios a sus intereses como la intervención en sus fuentes de agua, partes altas de las cuencas, áreas críticas, etc.

Lugares como áreas críticas, que pueden provocar huaycos, fuentes de agua claves, rupturas de ecosistemas muy apreciados por ellos, donde se encuentran sus mejores sembríos, pastizales u otras actividades rentables para ellos o en las partes altas de las cuencas, de donde viene o se genera el agua, sobre todos en algunos puntos claves de dichas partes altas.

Lugares que deben ser evaluados y si tienen razón, considerar que no son apropiados para la actividad minera, petrolera o gasera, salvo que se hayan encontrado tecnología efectivas que anulen o limiten al mínimo sus efectos.

10) Las empresas quieren hacer su explotación en lugares indebidos