FLACSOEstudios PolíticosHistoria Política de América Latina del Siglo XXFrancisco Puente Izurieta

Ensayo Final de Módulo

El legado político de la Revolución Liberal en el Ecuador

El presente ensayo busca resaltar algunos elementos que determinan el carácter del Estado

ecuatoriano, articulado a partir de la Revolución liberal, y su subsecuente expansión y

consolidación. Para ello intentaremos dar cuenta de los principios o concepciones políticas

que se van incorporando a través de la institucionalidad estatal en relación con campos o

esferas específicas, como respuesta a issues o temas relevantes; mediante los cuales se va

confiriendo estatidad al Estado. Tales temas configuraron un nuevo escenario en el que la

mayoría de la población se iría incorporando como protagonista del que hacer público, en la

medida en que la inserción en el capitalismo global supondría la introducción del Ecuador

en el siglo XX.

El historiador ecuatoriano Enrique Ayala (2002: 203), afirma que en la tradición política

ecuatoriana el término Revolución ha sido adjudicado a cada cambio político en el gobierno

por la vía militar. "No hay, empero, hecho o proceso que merezca más el calificativo, que el

golpe de Estado de 1895 y la etapa que siguió hasta 1912". Como afirmaría Agustín Cueva

(1972: 4), "puede decirse que la revolución del 95, pese a haber sido en esencia una

consolidación política de la burguesía, removió la sociedad toda". Así, de acuerdo con

Oscar Oszlak (1978: 2-3), el Estado ecuatoriano moderno surgiría "más que por el

desarrollo del capitalismo interno, por su sistema de acumulación de excedentes, cuyo

dinamismo, dada su inserción en un mercado capitalista a escala mundial, permitió la

consolidación de una clase dominante y la generación de una fuente relativamente estable

de recursos fiscales". Es a tales exigencias, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a

las que se alude con la expresión "liberal". En ese sentido, para Oszlak (1978: 3), el Estado

va consolidando una estructura institucional en la medida en que su economía en formación

1

define un ámbito territorial, diferenciando estructuras productivas y homogeneizando

intereses de clase.

Como muestra Ayala (2002: 3), en el siglo XIX se habían operado ya importantes

transformaciones que abrieron el camino de constitución del Estado nacional1. No obstante,

a fines del siglo, tal movilización encontraba prontamente límites objetivos. Con mercados

muy localizados, población generalmente escasa, rutas intransitables, anarquía monetaria,

inexistencia de un mercado financiero y vastos territorios bajo control indígena o de

caudillos locales, las iniciativas veían comprometidas sus posibilidades de realización.

Resolver estas cuestiones exigía, necesariamente, consolidar el "pacto de dominación" de la

incipiente burguesía y reforzar el precario aparato institucional del Estado nacional (Oszlak,

1978: 15). El choque entre el proyecto republicano incipientemente capitalista y la inercia

post–colonial produjo sucesivos conflictos y guerras civiles, la última de las cuales, 1859–

1860, estuvo a punto de llevar a la extinción del Ecuador.

De acuerdo con Jorge Núñez (2005: 2), los liberales –mezcla heterogénea de

burguesía comercial, pequeña burguesía intelectual y terratenientes marginales de la Costa–

soñaban en general con un país moderno, abierto al libre tránsito de gentes, ideas y

mercancías, y los más radicales querían un país también más justo, sin esclavos ni

trabajadores conciertos, y un Estado laico, con prensa libre y educación pública gratuita.

Los conservadores –grandes hacendados, profesionales de buena familia, militares de línea,

curas, artesanos y campesinos serranos– querían sobre todo un país estable y pacífico,

donde prevalecieran la paz y el orden al viejo estilo, y donde la Iglesia presidiera la vida

social y cultural. "Los liberales querían democracia, progreso acelerado y apertura al

mundo, y los conservadores ansiaban orden, progreso moderado y afianzamiento de la

tradición cultural interna".

No obstante, frente a esta correlación de fuerzas, el radicalismo liberal se lanzó a la

lucha armada contra el régimen terrateniente. Dirigidos por audaces y valerosos líderes,

como Eloy Alfaro y Luis Vargas Torres, organizaron sucesivas campañas guerrilleras e

incursiones armadas contra el poder conservador2 (Núñez, 2005: 6). Cuando el radicalismo

1 Supresión de la esclavitud , del tributo indígena, de las protecturías, llevadas a cabo por el Urvinismo; así como la obra centralizadora y modernizante del garcianismo (Ayala, 2002: 3).

2 En el seno liberal, el sordo enfrentamiento entre liberales y radicales se mostró abiertamente durante la “Campaña de Regeneración” contra Veintemilla, para la cual los liberales de Guayaquil proclamaron Jefe

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llegó al poder con su propia visión del país y su particular proyecto nacional, era consciente

de que una transformación revolucionaria requería del respaldo de todas las fuerzas

progresistas y democráticas. En ese sentido se desarrolló el Programa de la Reforma

Liberal, de 03 de septiembre de 1895, cuyos objetivos suponían una verdadera

transformación en la concepción misma del Estado, relacionando el orden social y el

progreso económico, dentro de un Estado responsable, promotor económico, y laico

(Núñez, 2005: 8). En base a este programa, durante el primer gobierno de Eloy Alfaro

1897-1901 se sentaron algunas bases para la modernización y desarrollo del Ecuador, hasta

entonces uno de los países más atrasados de América Latina.

Siguiendo a Núñez (2005: 10), los logros importantes del radicalismo en ese primer

período consistieron en: la promulgación de la Ley de Patronato, por la que el Estado se

declaraba patrono de la Iglesia; la supresión definitiva del diezmo; una reforma al Código

Penal que capacitó al poder público para refrenar las incitaciones subversivas que se hacían

desde los púlpitos. Mediante el establecimiento de la enseñanza primaria gratuita, laica y

obligatoria, se crearon el Instituto Nacional Mejía, de Quito; las escuelas normales de Quito

y Guayaquil, para la formación de los nuevos maestros laicos; y la Casa de Artes y Oficios,

en Manabí. Hubo también preocupación por profesionalizar al nuevo ejército, en tal sentido

se fundaron en Quito el Colegio Militar, para la formación de oficiales, la Academia de

Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y también la Escuela de Clases y los Cursos

Militares de Aplicación, para la formación técnica de la tropa. Además, se establecieron en

la capital una maternidad pública y una primera planta telefónica y eléctrica. (Núñez, 2005:

11).

De tal forma, el radicalismo avanzó hacia un proyecto político rayano en la

socialdemocracia, que contemplaba entre otros puntos los siguientes: la nacionalización de

toda la propiedad agraria en beneficio del pueblo, comenzando por la expropiación de las

tierras sin cultivo; la cooperativización de la producción agrícola; la igualdad de derechos

civiles para la mujer, etc.; afectando de esta manera muchos intereses ya establecidos, pues

no solo se orientaba a destruir políticamente al régimen clerical-conservador sino que

también se enfilaba contra el sistema terrateniente en su conjunto, afectando por igual a los

Supremo a Pedro Carbo, mientras los radicales organizaban un gobierno insurgente en Manabí, con Eloy Alfaro a la cabeza (Núñez, 2005: 6).

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bienes de la Iglesia y de los hacendados, independientemente de su filiación política

(Núñez, 2005: 12).

El triunfo de Leonidas Plaza en septiembre de 1901, y su posterior acción de

gobierno, distanciado de Alfaro y de los radicales más notorios, y apoyado por el ala

moderada del liberalismo, efectuó una exitosa política de aproximación a los

conservadores, que garantizó a estos la posesión tranquila de sus grandes latifundios y la

continuada explotación de los indios (Núñez, 2005: 13). No obstante, durante su gobierno

se aprobaron y pusieron en ejecución algunas avanzadas medidas anticlericales. Una de

ellas fue la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 3 de octubre de 1902; otra fue la Ley de

Cultos, expedida el 12 de octubre de 1904, que permitió el ejercicio de todo culto religioso

que no fuese contrario a las instituciones o a la moral; se prohibió que las autoridades

eclesiásticas ejercieran cargos de elección popular; se prohibió la inmigración y creación de

comunidades religiosas; se sometió a conventos y monasterios al control de las Juntas de

Sanidad e Higiene; se estableció que sólo los ecuatorianos por nacimiento podían ejercer

altas prelaturas eclesiásticas o presidir órdenes religiosas; se fijaron disposiciones de

control estatal sobre los bienes y rentas eclesiásticos; se prohibió el cobro de diezmos,

primicias, derechos mortuorios y otras gabelas religiosas; finalmente, se propuso la

sustitución de las juntas parroquiales, que habían sido tradicionales conductoras, receptoras

y escrutiñadoras del voto, por una vigilancia nacional del proceso electoral, así como la

formación de un sistema de partidos políticos definiéndolos como "órganos de la opinión

pública en lo político” (Núñez, 2005: 13), encargados de ilustrar la opinión del pueblo,

impulsar la actividad social, educar a los hombres públicos, y preparar el éxito del sufragio.

Alfaro, tras la Asamblea Constituyente que lo designaría por segunda ocasión

Presidente de la República, promovió la avanzada Constitución de 1906, en la que se

consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación absoluta del Estado y la

Iglesia y supresión de la religión oficial; libertad de enseñanza y educación pública laica y

gratuita, obligatoria en el nivel primario; absoluta libertad de conciencia y amplias

garantías individuales; protección oficial a la raza india y acción tutelar del Estado “para

impedir los abusos del concertaje” (Núñez 2005: 15). Fundó la Escuela de Bellas Artes, el

Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Naval y la Escuela de Medicina Veterinaria.

Inició las obras de canalización y agua potable de Quito, y las de canalización y

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saneamiento de Guayaquil. Pero, por sobre todo, se esforzó en la terminación del ferrocarril

Guayaquil-Quito. Finalmente, se destaca en 1908 la expedición de la Ley de Beneficencia,

que reformaba a la Ley de Cultos de 1904 y nacionalizaba los “bienes de manos muertas”.

Decía el artículo 1º: "Decláranse del Estado todos los bienes raíces de las comunidades

religiosas establecidas en la República”. Y el artículo 2º: “Adjudícanse las rentas de los

bienes determinados en el artículo primero a la beneficencia pública” (Núñez 2005: 16).

Del mismo modo, uno de los elementos centrales durante los primeros veinte años

de institucionalización del liberalismo, como lo destaca Valeria Coronel (2009: 4), fueron

las concesiones a los sectores populares vinculados a la Confederación Obrera del Guayas

relacionadas a la protección laboral. Así, "se proclamó la abolición formal del concertaje en

la sierra, y se formuló tan temprano como en 1917 unos principios del derecho laboral

avanzados para la época y que en otras latitudes habían sido alcanzados mediante serios

conflictos sociales, que lograron entre otros la jornada de ocho horas"3. Del mismo modo,

la insistencia en la educación como el objetivo principal de las asociaciones, insertada tras

la reforma impulsada por el gobierno de Plaza en su segundo gobierno, regresaba sobre un

antiguo tema colonial:

Había que corregir la mentalidad inmediatista de la plebe para dejarlos participar de los fines trascendentes que suponían la economía y la política moderna. La búsqueda de la virtud, la educación, el acceso al conocimiento técnico orientado al progreso, la templanza relacionada con la práctica del ahorro y el fomento de la búsqueda de objetivos personales y no de compromisos colectivos, permitirían al obrero superar el estigma de su deshonor, y entrar al círculo optimista del consumidor burgués (Coronel: 2009, 10).

Todas estas transformaciones, en relación con la articulación y función de la

institucionalidad estatal, imprimen a la sociedad en su conjunto un carácter de innovación

política, cuyos elementos sustanciales se mantienen hasta la actualidad. El triunfo de la

gran propiedad después de casi un siglo de tensiones locales por la tierra entre campesinos

y elites criollas vieron surgir en el paisaje nuevos implementos tecnológicos y una estética

modernista que se expresaba en el despliegue de una infraestructura comercial sin

3 Entre los valores que los obreros debían suscribir se encontraba la “voluntad de ilustración”, “el trabajo orientado al progreso” y la valoración de los beneficios de la civilización moderna a la que podían aspirar a acceder. El tema de la autonomía relativa entre la sociedad civil y el estado constituía uno de los aspectos paradójicos de las organizaciones populares del liberalismo. Los estatutos prohibían explícitamente la vinculación orgánica entre la corporación y el partido liberal, a pesar de la permanente interlocución con éste Coronel (2005: 7).

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precedentes, donde telegrafistas, secretarios y empleados del comercio, sujetos urbanos,

trabajadores del servicio en las ciudades, etc., lograban agremiarse y ser reconocidos como

miembros de la civilización moderna. En ese sentido, de acuerdo con Valeria Coronel

(2009: 1), "la narrativa del Estado nación liberal se reconocía como una versión tardía del

jacobinismo, e invitaba a la población a tomar acción en la construcción secular de las

instituciones políticas". En su discurso a la Nación, Eloy Alfaro hablaba de "cómo la

soberanía popular se expresaba en la acción revolucionaria destinada a liberar al pueblo de

formas de autoridad impuestas".

Una incipiente interiorización y paulatina consolidación de elementos de soberanía

popular en relación a la integración nacional, desarrollo y progreso, serán los elementos

fundamentales sobre los que se erigirá una institucionalidad estatal encaminada hacia el

control y dirección económico-productiva; donde los banqueros y grandes comerciantes se

posicionarán más tarde al frente de la conducción política del Ecuador. "El siglo veinte

nacía con esa contradicción: un decidido movimiento revolucionario dispuesto a fortalecer

los poderes públicos en contra de los poderes locales que se habían apropiado de esas

atribuciones, depositando finalmente sus expectativas de duración en la integración del país

al ideal del progreso económico" (Coronel, 2009: 2).

Sin embargo, este progreso económico estaba atado por las particulares condiciones

históricas legadas del siglo XIX, a las decisiones económicas impuestas por las elites

terratenientes, quienes se mostraron dispuestas a la modernización en varios campos, para

lo cual incorporaron el nuevo discurso técnico científico, racionalizaron la contabilidad de

sus empresas y se dispusieron a formar capitales para la inversión y la diversificación

económica.

No obstante, más allá de las implicaciones estructurales que impone la inserción de

la economía ecuatoriana en el capitalismo global, el movimiento liberal veía entre los

elementos cruciales de su programa la constitución de un nuevo concepto de soberanía y el

objetivo de fortalecer el poder público, es decir, de garantizar la continuidad y presencia

nacional del aparato estatal. "El primero de los objetivos mencionados mantuvo su status de

prioritario en los gobiernos de Alfaro y Plaza" (Coronel, 2009: 3).

La voluntad política de los gobiernos liberales por desplazar a la iglesia del control

de la educación y extenderla a un conjunto más amplio de la población, era parte de un

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intento de formar individuos dentro de un discurso de ciudadanía liberal. Se intentaba crear

las bases sociales que legitimaran una noción de soberanía delegada al estado; así como el

desarrollo y control de los mecanismos de control demográfico. "El ministerio de

instrucción pública y el registro civil apuntaron a sustituir el tradicional predominio de la

iglesia sobre la reproducción social" (Coronel, 2009: 3). El proyecto de educación laica y

desarrollo del derecho civil apuntaban a un objetivo ambicioso: sustituir el esquema

organizativo de la sociedad conservadora. "Se trataba de construir una totalidad social,

todavía en estado abstracto, concebida como una nación fundamentada en un contrato

político, y en el que cada una de las relaciones sociales, se definía como un contrato entre

iguales y garantizado por la mediación del poder estatal" (Coronel, 2009: 3). He ahí el

legado político fundamental del liberalismo.

La sociedad, en su mayoría excluida del acceso a una vida digna, necesitaba el

impulso del Estado para alcanzarla; así, además de facilitar la migración a la costa, el

Estado liberal, de hecho, fue una fuente de empleo, movilizó a la población hacia las obras

públicas mediante una oferta salarial que triplicaba el ingreso de los trabajadores de la

hacienda, e incluso fue una fuente de diversificación laboral, pues formaba cuadros técnicos

en las instituciones de educación pública en las que se preparaban obstetrices, normalistas,

abogados-sociólogos, para luego formar parte de la burocracia ministerial (Coronel, 2009:

4). Otro elemento fundamental de la transformación del empleo dentro del propio aparato

estatal fue el ejército que constituyó no solo un sector militante del liberalismo sino un

lugar de profesionalización-nacionalización de sectores de origen campesino.

La diversificación del empleo urbano, la academia y la burocracia, instituciones

impulsadas a partir de la revolución liberal en la sierra, tienen su contraparte en la costa en

el crecimiento de la clase media entre los asalariados del sector comercial, los sectores

artesanales y los trabajadores ligados al desarrollo de las comunicaciones y del poder

seccional4. La inclusión social y la expansión del Estado a través de ella, fue según la

imagen brindada por la elite terrateniente un escenario donde surgía una capa de “indios en

traje de paño”, una “burocracia chola”, que defendía positivamente por primera vez su

4 Las organizaciones obreras se concebían como lugares para el aprendizaje de una posterior ciudadanía. La concesión de beneficios sociales apareció como una muestra de la voluntad democrática del partido liberal, en su experimento regional. La COG es parte de la construcción de la imagen de la filantropía con la que se identificaban los gobiernos liberales (Coronel, 2009: 9).

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mestizaje, surgiendo como símbolo de ciudadanía popular (Coronel, 2009: 4)5. Elementos

que definirán, no sin reivindicaciones posteriores, el Ecuador hasta finales del siglo XX e

inicios del XXI.

El proyecto liberal radical, además de afrontar problemas de política interna, a

finales de la década del diez, en el contexto de una depresión económica como efecto de la

primera guerra mundial sobre la economía cacaotera, se vio fracturado por el ascenso de un

nuevo tipo de intereses elitistas que tenían que ver con la banca comercial agrícola y

ganadera, a su vez relacionada con el carácter transnacional del capital financiero y del

sistema comercial; personajes más ligados a un momento político internacional de crisis y a

las características con las que las empresas multinacionales y el capital extranjero la

manejaron (Coronel, 2009: 12). Por su parte, los principios de la década del veinte

mostraron el ascenso de una elite oligárquica basada en intereses financieros que sustituirán

el proyecto de mediación entre el partido liberal y las organizaciones populares;

desplazando a sectores medios, junto con campesinos y trabajadores urbanos, para dar paso

a la implantación de un régimen plutocrático, posible sólo tras la derrota del alfarismo y del

ala radical del liberalismo.

El liberalismo en el poder limitó los recursos legales de control terrateniente sobre

las masas, y si no realizó una reforma agraria, al menos transformó el carácter anacrónico

de las instituciones prevalecientes; realizó importantes reformas burocráticas a fin de

impulsar los derechos de la mayoría de la población a través de la ampliación de un Estado

relativamente incluyente; finalmente, por medio de la legislación y el ejército, así como por

la implantación del laicismo, adoptó una moderna concepción del origen y la

administración del poder político.

El Estado liberal ecuatoriano comenzó a conformarse con el surgimiento de

oportunidades para su incorporación dentro del sistema capitalista mundial y el consecuente

desarrollo de intereses diferenciados e interdependientes generados por tales oportunidades.

5 La Confederación Obrera del Guayas fue un experimento social clave para entender cómo se concibió la formación de cuadros populares dentro del liberalismo. Desde su fundación por Eloy Alfaro el 31 de diciembre de 1905, la COG se concibió como una asociación política popular, y no como un gremio en que se juntaban cuadros de un mismo oficio. En estas asociaciones se cultivó un liberalismo popular a partir del cual se intentó establecer algunas nociones de equivalencia ciudadana entre sujetos de distinto origen social y status. Se subrayó, además, el debate y la negociación respecto de condiciones laborales, y espacios de representación ante la sociedad política (Coronel, 2009: 5).

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La consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos

circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía

exportadora, configuraron las nuevas formas de dominación económica, a cuya sombra se

consolidaban nuevas relaciones sociales; las mismas que requerían políticamente la paralela

constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y

reproducir el nuevo patrón tales relaciones.

El Estado liberal y su consolidación supusieron la imposición de un orden que

implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones

y regular los comportamientos. El "orden" aparecía entonces, paradójicamente, como una

drástica modificación del marco habitual de relaciones sociales (Ozlak, 1978: 16). No

implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia sino la imposición de uno diferente,

congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y de

dominación social; es decir, de concepción y administración del poder. La reiterada y

manifiesta capacidad de ejercer control e imponer mando efectivo y legítimo sobre

territorio y personas, en nombre de un interés soberano republicano, fundado en el nuevo

patrón de relaciones sociales, es lo que definiría justamente el carácter liberal del Estado

ecuatoriano. De acuerdo con Ozlak (1978: 19), seguridad-desarrollo, estabilización-

normalización, nuevos rótulos -entre otros tantos- que condensan un mismo y viejo

problema: garantizar y sostener las condiciones de funcionamiento y reproducción del

capitalismo dependiente, a través de su despliegue histórico.

Inserción de la economía en el capitalismo global, incorporación de los sectores

marginales de la sociedad a la ciudadanía, a través de un fuerte impulso identitario,

marcado por el carácter incluyente y soberano sobre el que se asentaba el discurso y

práctica liberal; consolidación y expansión por medio de la institucionalización de servicios

básico; modernización; laicismo, etc. El Estado que empezaría a erigirse a partir de 1895 es

precisamente el resultado de ideas y conflictos que vincularon al Ecuador con nociones

relacionadas con una concepción de humanidad, de vida política, de relaciones económicas,

laborales, etc., que serán el telón de fondo de todo el siglo XX, en el que se asentará el

devenir político, y sobre el cual los gobiernos que se han ido sucediendo no podrán volver

atrás.

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Bibliografía:

Ayala Mora, Enrique (2002). Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, ed.

Corporación Editora Nacional, 2° edición, Quito.

Coronel, Valeria (2009). “Ciudadanía y emancipación: alianzas, postergaciones y

aspiraciones en torno a la Revolución Liberal. (1895-1922)”, Barriga, Pablo El tiempo de

Alfaro (Quito: Odysea Producciones).

Cueva, Agustín (1972). El proceso de dominación política en el Ecuador, ed. Crítica, Quito.

Núñez, Jorge (2005). Del liberalismo decimonónico a la Revolución Alfarista (inédito)

Oszlak, Oscar (1978). Formación Histórica del Estado en América Latina: elementos

teóricos metodológicos para su estudio (Buenos Aires) Estudios CEDES, Vol. 1, N° 3.

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