El Primer Foro Institucional para la Reforma Policial que hoy concluye reunió importantes sectores sociales e institucionales, tanto nacionales como extranjeros, preocupados por la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la Policía Nacional de la República Dominicana. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para la el Desarrollo Internacional (USAID) están complacidos con la receptividad que tuvo esta iniciativa en las personalidades e instituciones que participaron y reconocen la apertura exhibida por la Jefatura de la Policía Nacional al permitirnos venir a su casa para exponer abiertamente distintos puntos de vista acerca de lo que debe ser una reforma policial que satisfaga las expectativas de la ciudadanía.

Este foro se caracterizó por dejar en manos de los distintos exponentes la libertad de configurar su visión de la reforma policial, a partir de su particular experiencia profesional e institucional. Esto permitió aflorar un amplio abanico de preocupaciones, propuestas, sugerencias y enfoques que, sin embargo, coincidían en aspectos medulares, que serán sintetizados para que puedan ser tomados en cuenta por el órgano legislativo y los hacedores de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Aspiramos, pues, que estos insumos sirvan para enriquecer la iniciativa de la Ley Orgánica de Policía Nacional que ha estado conociendo el Congreso Nacional, así como para que el Poder Ejecutivo tome nota de la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios que requiere la implementación de una reforma policial integral como la que espera la sociedad dominicana.

Existe una amplia coincidencia en que la reforma policial constituye una necesidad de cara a las transformaciones en la vida democrática que ha vivido el país. Se reconoce que la Policía Nacional fue creada en un régimen de fuerza que la configuró como una institución represiva, jerarquizada y militarizada. Esto afectó su imagen institucional y aún alimenta el prejuicio y desconfianza de la sociedad. La apertura democrática le ha impactado progresivamente, pero aún queda pendiente una reforma integral que adecue su estructura y dinámica de trabajo a las exigencias del Estado social y democrático de derecho proclamado por la Constitución. La Policía cuenta con potencialidades, pero necesita vislumbrar internamente la reforma como una oportunidad para generar una mayor y mejor confianza en la ciudadanía y responder las necesidades presentes y futuras de una sociedad cada más exigente.

El contexto social demanda una reforma policial que aumente la calidad democrática. Esto exige un dialogo abierto con la comunidad. Son muchos los retos que debe afrontar la institución para ganar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la seguridad democrática. En primer lugar, la legislación constituye un aspecto necesario, pero es insuficiente para el logro de una reforma integral. El reto mayor es implementar adecuadamente las aspiraciones contenidas en la ley. Ello requiere voluntad política y recursos económicos que respalden lo planteado en la norma. En segundo lugar, la reforma de la Policía debe visualizarse en el marco general de una política de la seguridad ciudadana que, a su vez, debe plantearse acorde a la Estrategia Nacional de Desarrollo que aspira a materializar las exigencias del Estado social y democrático de derecho. En tercer lugar, la implementación efectiva de la

reforma requerirá que la Policía desaprenda viejas prácticas, es decir, una transformación cultural, que ha de partir de una revisión de la doctrina policial hasta la puesta en funcionamiento de nuevos protocolos de actuación.

Los penales que han intervenido en el foro han coincidido en mayor o menos medida en un conjunto de grandes ejes o lineamientos para la reforma policial que pueden ser agrupados en los siguientes:

1. Dignificar la función policial. Se reconoce que el bajo salario de los integrantes de la Policía es un factor de riesgo para la reforma, por lo que es imperativo mejorarlo, aunque la fijación de los salarios debe hacerse en función de los requerimientos del puesto. Este eje comprende, además, el fortalecimiento de la seguridad social, políticas de vivienda y una pensión digna. También ha de contemplarse la dotación de los medios de seguridad para el ejercicio de la función.

2. Fortalecer el sistema de carrera. Si bien existe una carrera policial, parece necesario contemplar su fortalecimiento de cara los nuevos paradigmas de la gestión policía. El ingreso a la Policía debe ser por concurso público de méritos. Hay que crear un sistema meritocrático para los ascensos, que destierre el tráfico de influencias y el incumplimiento del escalafón policial. Preciso es establecer un régimen de incompatibilidades que prevenga los conflictos de intereses.

3. Redefinición de la doctrina policial. La educación es un componente vital para logar la transformación cultural que requiere la reforma policial. Hay que repensar los dogmas y principios de la función policial para adaptarlos a los requerimientos de una sociedad democrática. Los agentes del orden deben ser reentrenados en los nuevos paradigmas para superar una cultura represiva que ha pervivido a pesar de innumerables avances.

4. Profesionalizar los agentes policiales. La Policía necesita seguir contar con recursos humanos eficientes para las distintas tareas de la función policial. La formación debe ir de la mano con los requerimientos del puesto para que impacte en el mejor desempeño de la función.

5. Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La democracia exige transparencia y apertura. La Policía necesita abrirse a los requerimientos de la sociedad, puesto que la falta de transparencia solo tiende a generar desconfianza e impide que la ciudadanía aprecie la labor policial.

6. Fortalecer los controles internos y externos. La Policía es una agencia expuesto a grandes riesgos y tentaciones y, por tanto, necesita sistemas de control (internos y externos rigurosos). Los controles represivos o disciplinarios deben respetar el debido proceso de ley que manda la Constitución. Es imperativo, además, fortalecer y delimitar la Inspectoría y el área de Asuntos Internos. Se deberían contemplar la creación de Comisiones de Investigación Independientes para asuntos de la mayor importancia. Se deben adoptar mecanismos de control como las

declaraciones juradas, las investigaciones de patrimonio y las pruebas de confianza.

7. Desmilitarizar la gestión policial. La Policía, que nació como una institución castrense o militar, hoy necesita vislumbrarse como una agencia civil de servicio a la ciudadanía y debe dejar atrás los métodos represivos que le caracterizaron. La gestión policial deberá seguir las técnicas modernas que han pasado del sector privado al público para mejorar los procesos y servicios en beneficio de la comunidad.

8. Enfoque en Derechos humanos. Una de las principales exigencias que se realizan hoy a la Policía es abandonar practicas represivas para avanzar hacia un modelo de servicio que garantice la seguridad ciudadana. El enfoque de derechos humanos asegura la protección de las personas conforme las exigencias del Estado social y democrático de derecho. Esto impone repensar los protocolos del uso de la fuerza letal y las armas de fuego para evitar los excesos y los abusos en perjuicio de la población.

9. Fortalecer la inteligencia e investigación criminal. La complejidad del fenómeno criminal en la actualidad impone a la Policía superar los esquemas de investigación por caso, y pasar una persecución estratégica, así como la coordinación de macroprocesos para perseguir redes criminales. La especialización en la función de investigación será vital, así como la sinergia con el Ministerio Público, quien está llamado por mandato constitucional a dirigir la investigación y sustentar la acción penal pública.

10.Reforzar la prevención del delito. La prevención del delito no es una tarea exclusiva de la Policía, pero sí es parte del núcleo esencial de su función. Ello exige un mayor involucramiento con la comunidad conforme el paradigma de la “Policía de la proximidad”.

11.Apoyo interinstitucional. Una reforma policial integral requiere de un gran apoyo interinstitucional y la coordinación de múltiples políticas de gobierno a nivel central y local. El Servicio de 911 es un ejemplo de lo provechoso que resulta la adecuada coordinación de esfuerzos para brindar servicios a la ciudadanía. De ahí que es necesario establecer canales de comunicación permanente que aseguren un intercambio de información permanente entre la Policía y las otras instituciones del Sistema de Justicia.

12.Plataforma tecnológica. Es importante dotar a la Policía de las herramientas tecnológicas prioritarias para el ejercicio adecuado de la función. No se puede prevenir ni perseguir el delito eficientemente si no se cuentan con equipos apropiados, menos aun cuando se trata del crimen organizado.

13.Redefinición de la adscripción orgánica. Se plantea la necesidad de reordenar la estructura para adscribirla al Ministerio competente conforme el modelo constitucional que reserva al Presidente de la República la autoridad y mando supremo de las fuerzas de seguridad, obrando

ordinariamente por intermedio del ministro del ramo. Esto conlleva también una revisión del Consejo Superior Policial para asegurar un contrapeso entre los componentes que lo integran.

14.Eliminar la asignación de agentes policiales a servicios particulares. Se hace imperativo redirigir el servicio policial a sus fines naturales. Ello supone impedir legalmente que no se puedan asignar agentes policiales para asuntos privados, pues solo los dignatarios y autoridades que por la naturaleza de función requieran escolta policial deben contar con este beneficio de forma racionalizada y debidamente publicitado. Los particulares únicamente debería contar con escolta policial por mandato judicial para protegerlos caso de que sean víctimas o testigos claves de un proceso judicial.