COMUNICADO

Ante la opinión pública Nacional e Internacional, las comunidades de Población en Resistencia (CPR-

Sierra) ubicadas en los distintos municipios y departamentos del país, rechazamos rotundamente la

detención ilegal de Mauro Vay Gonon, Blanca Julia Ajtun Mejía y Mariano García Carrillo, miembros de

la dirigencia Nacional del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) Ocurrido en horas de la tarde del

día Jueves 26 del mes de Junio de 2014 en el Municipio de Chiantla, Huehuetenango; este

acontecimiento concretamente es una persecución sistemática del Gobierno militar de Otto Pérez

Monina y del Teniente Coronel Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación, con el objetivo de

"criminalizar" el movimiento campesino, "orquestada por ENERGUATE y las transnacionales que se

dedican a la industria extractiva, el despojo de nuestros bienes naturales que nos pertenecen a los

pueblos. Estos actos de criminalización e intimidación son los mecanismos que usó el ejército de

Guatemala durante la guerra represiva en décadas pasadas, para secuestrar, torturar y asesinar a

líderes campesinos, sindicales, indígenas, defensores de derechos humanos.

La lucha y resistencia para la Nacionalización de la energía eléctrica, está siendo criminalizada por la

empresa ENERGUATE violentando los derechos consignado en la constitución política de la república

de Guatemala en el Art. 45 de la Constitución dice “es legitima la resistencia del pueblo para la

protección y defensa de sus derechos y garantías consignadas en esta constitución” el Art. 28 “Los

habitantes de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la

autoridad, la que está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley” el Art. 44 “el interés social

prevalece sobre el interés particular” estos derechos también están amparados en las resoluciones de

las Naciones Unidas:

Resolución 65/151, año 2010: establece que la energía eléctrica es un derecho fundamental.

Resolución 1803, año 1962: Establece que todos los Estados, en pleno ejercicio de su soberanía,

pueden nacionalizar sus bienes y servicios privados cuando peligre el interés colectivo. Guatemala ha

ratificado estas resoluciones. Por eso, la nacionalización de la energía eléctrica, mediante la ruptura del

contrato de concesión (por los malos servicios y el costo impagable de las facturas) es legal y

legítimamente procedente.

¡¡NO MAS PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS!!

¡¡LA ENERGIA ELECTRICA ES UN DERECHO DE LOS PUEBLOS!!

RESISTIR PARA VIVIR. RESISTIR PARA AVANZAR

Comunidades de Población en Resistencia CPR-Sierra 28 de Junio de 2014