COMUNICADO A LA NACIN

Toda sociedad en la cual la garanta de los derechos no es asegurada,

ni la separacin de los poderes determinada, no tiene constitucin

Art. 16 Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

El poder judicial de Colombia, en su conjunto, reconoce como

primigenio deber moral, comunicar al pueblo Colombiano, las

consecuencias que para la institucionalidad que rige nuestros

destinos como ciudadanos, implica la aprobacin de la reforma

constitucional denominada Equilibrio de Poderes, en lo que afecta

directamente a la justicia como valor inmanente de civilidad y paz.

La expedicin de la Constitucin de 1991 signific instaurar como

valor supremo de la construccin del Estado y su rgimen jurdico,

la dignidad humana y los derechos que de esta se derivan, ejes

esenciales de un orden social que gira en torno a la igualdad y

libertad de las personas. En los 25 aos de vigencia de la Carta,

dentro de esta orientacin, se constituy un autntico poder judicial

dentro del poder del Estado, cuya naturaleza constitucional se

concreta en las siguientes caractersticas:

a).- La autonoma para planificar, ordenar y elaborar el presupuesto

de gastos para atender las necesidades de justicia de todos, en

comparacin con la Constitucin anterior, donde el presupuesto era

asignado por el poder Ejecutivo.

b).- La competencia para establecer la divisin del territorio nacional

para efectos judiciales y la posibilidad de crear, fusionar y suprimir

despachos judiciales o de ampliar la cobertura del servicio frente a

necesidades inmediatas de la poblacin, en contraste con el

sistema anterior, que exiga rdenes legislativas para esos fines.

c).- El manejo de la carrera judicial, para asegurar el acceso y

permanencia en el servicio, exclusivamente por razones de

igualdad, mrito y buen desempeo, frente al sistema de 1886,

donde el ingreso se planteaba por dos aos para jueces, cuatro

para magistrados de tribunales y vitalicio para magistrados de altas

cortes, pero sin garantas de estabilidad para jueces y magistrados,

indispensables como factor de independencia e imparcialidad de los

funcionarios judiciales.

d).- La funcin de producir reglamentos para ejecutar las leyes en el

sector justicia y dar respuestas a los requerimientos siempre

diversos y cambiantes de los ciudadanos, as como la facultad de

presentar proyectos de ley ante el Congreso de la Repblica,

inexistente en la Constitucin de 1886.

Estas caractersticas que la Carta de 1991 imprimi al poder judicial

se basan en una idea que irradia los conceptos de Constitucin y

Estado Social de Derecho, pues la Constitucin es un mecanismo

de control del poder y un instrumento de la igualdad social. En un

sistema que cuenta con una Carta normativa, los jueces tienen el

poder y el deber de imponer el respeto por los derechos humanos a

los dems poderes del Estado y contribuir en la superacin de las

profundas desigualdades sociales creadas por la economa de

Mercado. Pero, solo si los jueces y juezas son funcionarios

autnomos, independientes e imparciales, tendrn la capacidad y

legitimidad para hacerlo. Por ello, las caractersticas citadas se

resumen en el manejo autnomo de la Rama Judicial, y en excluir al

mximo vnculos de dependencia frente a otros poderes pblicos y,

especialmente, en evitar la sujecin al Ejecutivo.

Esa concepcin de la Justicia llev al surgimiento del Juez del

Estado Social de Derecho, y a travs suyo, a expresiones de

autonoma de los ciudadanos, tan relevantes como la traduccin en

el lenguaje de los derechos de las necesidades, aspiraciones y

exigencias de las personas, o la dignidad de saberse en posicin de

reclamarlas ante los jueces y frente a poderes antes intocables. La

Carta de 1991 y el Juez que de ella surgi tambin determinaron

una nueva orientacin de las instituciones y los poderes privados,

convirtindose en garanta imprescindible de necesidades

primarias, en escenarios como los siguientes:

El acceso a servicios de salud para todos y, especialmente, para las

clases menos favorecidas; el ingreso equitativo a los sistemas de

seguridad social para los trabajadores; la orientacin de los

recursos pblicos a la poblacin con mayores necesidades en

vivienda, ambiente sano y seguridad; la atencin integral a la

poblacin desplazada y la fijacin de estndares constitucionales

para las polticas pblicas que le conciernen; y, muy especialmente,

la superacin de las desigualdades sociales a travs de la

aplicacin estricta de la prohibicin de discriminacin y la defensa

de las medidas promocionales para los grupos tradicionalmente

excluidos.

Tambin, en relacin con la economa de mercado y las relaciones

entre particulares, el Juez del Estado Social de Derecho ha limitado

las consecuencias de los monopolios, en reas como el aseo, las

comunicaciones, el espectro electromagntico, el acueducto y la

electricidad. Deben resaltarse, en fin, sus esfuerzos en la proteccin

del patrimonio nacional, los recursos naturales y los derechos

laborales y sindicales. Es decir, en la proteccin de la vida como

realidad objetiva y no metafrica.

De lo expuesto se observa que las autoridades encontraron lmites

en la labor y decisiones de este Juez; la democracia y los derechos,

un garante esencial; y las profundas desigualdades, una luz para su

superacin.

Todas estas realizaciones son, sin embargo, incmodas para los

dueos del poder. Para quienes ostentan la fuerza legtima del

Estado, para los que reflejan mayoras polticas coyunturales y para

aquellos que poseen las principales fuentes de riqueza y el dominio

de los medios de produccin. Estos actores, que han ocupado

siempre los centros de decisin, encontraron en el Juez del Estado

Social de Derecho una barrera a los propsitos polticos

excluyentes as como en el desarrollo de proyectos econmicos de

concentracin de la riqueza. En otros trminos, sus decisiones

imponen costos a esos actores. Se trata de costos necesarios para

una sociedad igualitaria y para la realizacin de los derechos de las

mayoras, pero que generan en los afectados dueos de parcelas

de poder, un inters por minar la credibilidad de los jueces.

Una situacin anloga ha sido descrita con acierto por el pensador

norteamericano Avram Noam Chomsky, quien ha explicado que,

dentro de los procesos de privatizacin, el paso previo a la

desaparicin de los elementos de la esfera pblica, es el impulso

de estrategias de descrdito y la elaboracin de redes de infamia

contra las personas o instituciones que son concebidas como

obstculos a los proyectos econmicos estructurales y de largo

aliento.

La situacin referida por Chomsky ilustra perfectamente la escalada

de desprestigio iniciada desde 2010 contra los jueces y que, en

cinco aos, ha conseguido el desprestigio de nuestro sistema de

justicia, por medio de una estrategia en la que se difunde la idea de

una corrupcin latente como elemento identificador de las

estructuras de justicia, con la que se hace invisible a los jueces que

constitucionalizaron las instituciones y dignificaron la vida de

millones de colombianos. En el caos del desprestigio, se muestra la

independencia y la autonoma del Poder Judicial como privilegios, y

no como principios de la democracia y es, por lo tanto, un

instrumento empleado paradjicamente para su desaparicin.

En este panorama, es comprensible que la reforma de Equilibrio de

Poderes enfatice el control sobre los jueces, utilice el trmino

ambiguo de la corrupcin como seuelo, y prometa, sin fundamento

alguno, la falacia de la recuperacin del valor tico de los jueces.

Este seuelo lleva a una trampa mortal al Juez del Estado Social de

Derecho, pues su fuerza esencial, que se cifra en la autonoma, la

independencia y la imparcialidad se sustituye y confunde con los

intereses del Presidente de la Repblica y el Poder Legislativo.

La destruccin de un poder pblico, mediante la desaparicin de los

principios que le dan sentido, es, sin atenuantes, un golpe de

Estado. La caricatura de la Rama Judicial resultante con la reforma,

ser un ente incapaz de limitar el ejercicio de la autoridad pblica y

los factores reales de poder; privar entonces a 47 millones de

colombianos del Juez de los derechos y las garantas

constitucionales.

Se trata de una amenaza nacional a la paz, la dignidad y la vida en

democracia entre los colombianos.

PODER JUDICIAL DE COLOMBIA