Compromiso con la Eduación Publica

7/25/2019 Compromiso con la Eduación Publica

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Noviembre, 2013



Fundación Nodo XXI

Los últimos años han visto el surgimiento de un malestarinédito en la ciudadanía. Las masivas protestas de 2011 pu-sieron en el centro de la discusión pública las desigualdadesdel sistema educativo.

Existe una contradicción entre la sociedad que los ciuda-danos anhelan y la que cotidianamente se construye en lasaulas de Chile. Ello no es casualidad. Tampoco es un defectotécnico fácil de remediar. Es el resultado de una forma deentender la educación -concebida sin discusión pública- queatraviesa la tarea educativa en todos sus niveles.

La forma de desarrollo imperante en nuestro país le ha dadocada vez menos importancia a los espacios y derechos de

responsabilidad colectiva, promoviendo la acción individualen el mercado como medio para alcanzar el bienestar. En elcontexto de la aguda desigualdad social resultante, y por ladebilidad de los derechos y garantías estatales que debieranatenuarla, la educación se ha transformado prácticamenteen la única posibilidad de los chilenos para acceder a unaposición social de bienestar duradero.

Hoy la educación es un bien provisto por el mercado. Dado

el carácter subsidiario del Estado -impuesto durante la dic-tadura y vigente hasta hoy- ésta no se concibe como dere-cho social universal. Las personas acceden a ella en virtudde su situación económica, lo que ha terminado por seg-mentarlas de acuerdo a sus dispares capacidades de pago.Más aún, la educación a menudo presenta estas diferenciassociales como mérito académico.

POR

UNA NUEVA EDUCACIÓN

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Compromisos por una nueva educación www.compromiso.cl

La frustración de la promesa incumplida respecto de laeducación ha generado inseguridad en cada persona yfamilia. También dudas sobre la posibilidad de que nuestrasociedad se acerque a un ideal moderno y democrático dedesarrollo. Todo esto ha tenido consecuencias políticas,

sociales y culturales que han sacudido el modo en queenfrentamos la discusión de los asuntos públicos.

En gran medida gracias al aporte del movimiento estu-diantil, la preocupación por el futuro de la sociedad chilenaestá cada día más presente en la conversación cotidiana.Ya no resulta legítimo el viejo modo de discutir las po-líticas públicas, aquel que las reduce a un debate entreexpertos. Las aproximaciones tecnocráticas al problema

educacional se han limitado a evaluar medios, eludiendola pregunta sobre fines y principios. Esta es la discusiónque hoy reclama la ciudadanía.

El presente Compromiso por una Nueva Educación esuna invitación a repensar lo público -que no se limita a loestatal-, promoviendo un debate ciudadano amplio quecontribuya a la construcción de soluciones consensuadasy plurales para el problema de la educación. Es urgente

superar las discusiones parciales, dando paso a una re-flexión sustantiva, que aborde la pregunta por el sentidode la educación, el papel del Estado y que reconozca susmúltiples dimensiones. Una reflexión a la altura de unaciudadanía cada vez más activa en el ejercicio de la de-mocracia.

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educamos?

Fundación Nodo XXI

La respuesta a esta pregunta sólo puede nacer del plenoejercicio democrático. La reflexión ciudadana sobre eldesarrollo del país es tan importante para la democraciacomo el sufragio.

Resulta fundamental recuperar el genuino sentido pú-blico de la educación, justamente, como un ámbito quees responsabilidad de todos, y no sólo de cada individuopor separado. La educación entendida como un derechosocial universal.

Sin duda, la educación así pensada debe satisfacer conexcelencia la formación de habilidades y destrezas en losindividuos. Sin embargo, debe organizarla para la realiza-ción de fines que le son irrenunciables: la integración de lasociedad, la formación de ciudadanos libres, solidarios yautónomos; el desarrollo de valores y experiencias comu-

nes -aquellas que nos permiten comunicarnos y crear-; ypromover relaciones sociales que garanticen la mayor con-sideración y respeto por la dignidad moral de las personas.

Lo técnico ha de ser un vehículo de concreción de los prin-cipios que la sociedad defina, y no al revés. Por lo mismo,el saber experto -fundamental en cualquier actividad so-cial- debe ponerse a disposición de los consensos políticos

¿POR QUÉ

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emanados de la sociedad, sin suplantarlos.

Ciertamente, la educación debe contribuir a la construc-ción de una sociedad más igualitaria. Sin embargo, no pue-de hacerlo sola. Derrotar la desigualdad en Chile excedelo propiamente educacional.

Lo que podemos y debemos exigir de la educación en

este sentido es, al menos, que no disfrace u oculte lasinequidades de la sociedad como talento o mérito. Al con-cebir la educación como un espacio público que vincula aciudadanos libres e iguales, y no a personas con distintascapacidades de pago, la sociedad amplía el espacio en queactuamos como sujetos equivalentes, aportando a unaexperiencia común.

Esta es la razón por la cual el mercado no puede dirigir el

esfuerzo educacional: no es capaz de producir los consen-sos que la educación demanda. El mercado supone actorespreviamente definidos, capaces de orientarse por sí mis-mos, mientras la tarea de la educación es precisamentecrear el ámbito de diálogo y de transmisión cultural dondelos actores y sujetos puedan constituirse.

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educación

pública

UNA NUEVA

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Entendida de este modo, la educación es parte inseparabledel espacio público. Pero hoy, lo que se nos presenta como

educación pública, dista mucho de este horizonte.

Si algo define a lo público, es la naturaleza de sus activi-dades y el sentido de marcha y control democrático quele impriman sus ciudadanos. Sin estas condiciones, lo pú-blico, lo que es de todos, resulta siempre apropiado poralguien. Con el predominio tecnocrático en la discusiónsocial y política, como ha ocurrido en Chile, el Estado mis-mo puede dejar de ser público. También la esfera pública

no-estatal, al ser absorbida por el mercado, puede salir delcontrol democrático de la comunidad, pues se intervieneen ella según la capacidad de pago y no como ciudadano. Recuperar el sentido público de la educación obliga a unapresencia predominante del Estado como proveedor entodos los niveles educativos. El Estado debe asumir unpapel más activo como organizador de la política educa-cional, haciendo coherente a la educación en su conjunto eintegrándola en sus distintos niveles. Pero un mayor peso

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del Estado en la educación exige mayor apertura del Es-tado mismo a sus ciudadanos. No sólo para que fiscaliceno exijan el cumplimiento de sus derechos, sino también,y principalmente, para que determinen la orientación delos procesos educacionales. Es el Estado democrático,así concebido, la expresión fundamental de la libertad deenseñanza.

No se trata de negar los proyectos particulares. Tanto unEstado abierto a sus ciudadanos en el plano educacional,como los proyectos particulares democráticos, son garan-tía de libertad. Se trata de reconocer que un sistema deprovisión mixta -con centralidad estatal- en una sociedaddemocrática es positivo, siempre que no se confunda li-bertad de enseñanza con libertad de empresa.

Para que la educación particular sea parte de la esfera

pública, debe asumir comportamientos propiamente pú-blicos y estar sometida a una regulación democrática quehaga compatibles sus fines y medios particulares con losde la sociedad en general. Lo anterior significa, entre otrascosas, que la conducción general del sistema educacionalpúblico no puede entregarse ni al mercado ni a agenciastécnicas, sino que debe ser asumido como una labor po-lítica de las instituciones democráticas.

Recobrar el sentido público de la educación plantea, ade-más, la necesidad de entenderla como un derecho socialefectivo. Como tal, sólo puede concebirse en términosuniversales. Sin embargo, la rígida concepción subsidiariade las políticas públicas, imperante hasta hoy, restringe laprestación o ayuda estatal sólo a una determinada partede los ciudadanos. Es necesario invertir la relación que enlas últimas décadas se ha establecido entre el Estado y los

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particulares a propósito de la educación. Es a los particula-res, y no al Estado, a quienes corresponde en esta materiauna tarea subsidiaria desde el punto de vista global.

Las reformas llevadas a cabo desde el fin de la dictadurano han salido de los márgenes establecidos por el principiode subsidiariedad del Estado. Esta agenda ha producido yatodos los cambios que, bajo tal lógica, se podían esperar.La intensificación de los mecanismos de mercado comocriterio de distribución del acceso a la educación ha pro-fundizado la segregación de las escuelas y desfinanciadoel sistema público, estigmatizando la educación del Es-tado. Se ha privilegiado, también, el uso de mecanismosde estandarización, fomentando la competencia en lugar

de la colaboración y reduciendo la enseñanza escolar acontenidos susceptibles de medición.

En una nueva educación concebida como parte de lo pú-blico, no tiene cabida el lucro como motor del desarrolloeducacional. Su existencia, es decir, que instituciones re-conocidas por el Estado prioricen generar utilidades porencima de invertir tales recursos en mejoras a la calidady la igualdad en educación, ya no es una práctica legítima

para una amplia mayoría ciudadana. Debe ser prontamen-te suprimido.

Concebir la educación como un espacio público en que seforman sujetos, y no sólo se aprenden destrezas técnicas,da la mayor relevancia a los docentes: la principal riquezade todo sistema educativo. Una nueva educación públi-ca debe prestar especial atención a la formación inicial ypermanente de educadores, así como a la generación de

conocimiento en este ámbito, en tanto pilar de cualquiermejoramiento del sistema en general. Se trata de un de-safío que debe ser atendido de manera preferente porinstituciones públicas a partir de una estrategia impulsadapor el Estado y los actores de la sociedad civil involucrados.El docente debe ser formado con excelencia y compromisocívico, lo que plantea también la necesidad de mejorar laretribución social a su trabajo y crear condiciones adecua-das para su desempeño.

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EL PROBLEMA del

FINANCIAMIENTO


Es particularmente relevante la discusión sobre cómodeben asignarse los recursos en educación. Al concebirla educación como responsabilidad individual, han sidolos individuos y sus familias quienes asumen su costo. Losaportes públicos se han organizado como subsidios a lademanda, financiando cada vez menos a la educación delEstado, y cada vez más a la privada, incluidos en ella losproveedores con fines de lucro.

La sociedad no tiene por qué limitarse a discutir el modoen cómo las personas invierten en educación y si el Estadoles suministra subsidios. La recuperación de su sentidopúblico implica definir si es así o de otro modo la formaen cómo se asume globalmente su financiamiento. Esta

es la discusión política de fondo en este punto, la que espropia de los ciudadanos.

De esta manera parece pertinente suprimir cualquier for-ma de financiamiento que haga depender la trayectoriaeducativa de la fortuna o el ingreso familiar. Además, alconsiderar la educación como un ámbito público, debeabandonarse la lógica subsidiaria en la gestión de losrecursos fiscales, avanzando progresivamente hacia el

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financiamiento directo a las instituciones. Éstas debenestar, así mismo, más abiertas al control de la sociedad.

En educación superior, en particular, la discusión sobrefinanciamiento a menudo la reduce a un bien de “re-torno privado”. Un profesional no debe ser concebidoesencialmente como un sujeto que se forma compitien-do con otros para obtener un determinado retorno de laeducación. La sociedad debe encaminarse a entender alprofesional como un individuo que se forma colaborandocon sus pares para desempeñar una función que aporteal desarrollo del país, obteniendo una justa retribuciónpor su trabajo.

Bajo esta concepción, el financiamiento de la educaciónsuperior deviene responsabilidad colectiva, lo que implicauna mayor carga tributaria para los individuos de altasrentas y también para las grandes empresas. La riquezaque genera la educación beneficia a los individuos, a lacomunidad en general y a las mismas empresas; de ahíla importancia en que todos contribuyan solidariamentecon ella.

Todo lo anterior exige transitar hacia un sistema educacio-nal -pre-escolar, escolar y superior- financiado con cargoa recursos públicos obtenidos mediante mecanismos tri-butarios progresivos, gratuito en todos sus niveles y sinfinanciamiento compartido por las familias.

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EJES de

cambio


Para lograr los objetivos señalados, resulta relevante in-cluir en este Compromiso algunos ejes concretos de cam-bio en educación. Se trata de propuestas que no agotan larealización de los principios hasta aquí desarrollados, peroque son fundamentales para la discusión que debe dar lasociedad chilena, en especial, sobre los cambios urgentesal sistema educativo.

En el ámbito de la educación obligatoria

Respecto a la educación escolar y pre-escolar, es precisocrear una nueva institucionalidad pública con mayor res-ponsabilidad del Ministerio de Educación. Ésta debiesereemplazar al actual sistema municipal por entidadespúblicas que cumplan tareas pedagógicas y administra-tivas. La nueva institucionalidad ha de estar abierta a laparticipación de los padres y apoderados, profesores, fun-cionarios y estudiantes, asegurando una efectiva descen-tralización y la participación de la comunidad escolar alinterior de la escuela.

Actualmente, como consecuencia del mercado en edu-cación, y en especial del financiamiento compartido, lasescuelas han contribuido a profundizar la segregaciónsocial. Para que esto no siga ocurriendo, la educación pú-

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blica debe expandirse sustantivamente, mejorar su calidaddesde un punto de vista integral, y ser universalmentegratuita.

El Estado ha de asumir una relación preferente con susescuelas, en tanto en ellas deposita la concreción de estosobjetivos. Ello implica entregar financiamiento directo alos establecimientos escolares que cubra sus costos fijos,mejoramiento integral y expansión a nivel nacional.

Como se ha señalado, escuelas particulares pueden serparte de la esfera pública. La nueva institucionalidad de-berá incorporar y coordinar a estos establecimientos ha-ciendo compatible sus medios y fines con los del ámbito

público, sobre todo, asegurando su carácter gratuito yadecuación a las instituciones democráticas. Así, la crea-ción de nuevas escuelas con financiamiento del Estadono puede seguir siendo potestad del mercado, y debe serasumida como una tarea de índole pública.

Una iniciativa contra la segregación escolar no sería com-pleta si elude cambios a la educación pagada reconocidapor el Estado. Para que no profundice la segregación, ésta

debe colaborar con fines públicos: por ejemplo, estandosometida a altos gravámenes traspasables a becas, quepermitan hacerla socialmente más plural. También deberespetar aspectos fundamentales del currículo y prácticaseducativas que se consideren de interés público, comunesa toda educación reconocida por el Estado.

La noción de derecho social universal es incompatible conla idea de selección. Por ello, es fundamental poner fin

a todo mecanismo de selección en la educación públicapre-escolar, primaria y secundaria. A nivel superior, losactuales mecanismos de acceso -en especial la Prueba deSelección Universitaria (PSU)- reproducen las desigualda-des que se arrastran desde la educación obligatoria. Debeavanzarse hacia una política de ingreso no condicionadapor la realidad socioeconómica de los estudiantes.

Resulta pertinente reformar el actual currículum sobre

la base de una visión integral y dinámica del aprendizaje,

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orientada a la integración y la formación de ciudadanosactivos, así como a la producción de conocimiento y de-sarrollo del país. Es necesario replantear las herramien-tas de medición y evaluación del rendimiento académico-en especial el SIMCE-, superando su actual incentivo a

la segregación, la competencia y la mecanización de laeducación.

En el ámbito de la educación superior

A través del lucro, muchas instituciones concentran altasganancias a costa del endeudamiento de las familias y lossubsidios estatales, ofreciendo educación de baja calidad

y escaso aporte al país. Esto debe acabar.

El futuro desarrollo de la educación superior pasa por unpapel fundamental de su componente público, el cual debealcanzar una participación predominante en el sistema,y avanzar progresivamente hacia la gratuidad universal.Ello garantiza la difusión de los valores democráticos yplurales que debe representar el Estado. Permite, además,una gestión colaborativa y racional del desarrollo de la

educación superior en sus múltiples dimensiones.

En contexto de una relación preferente del Estado consus instituciones, y de compromiso por expandirlas y de-sarrollarlas a través de un incremento sustantivo de losaportes basales que reciben, los planteles no-estatalespueden sumarse a la tarea de la educación pública cum-pliendo con las condiciones que ésta supone y recibiendoun trato correspondiente.

La educación superior pública debe promover que lasinstituciones universitarias cumplan en forma integrallas tareas de docencia, investigación y extensión, puestodas ellas le son consustanciales. En especial, el autofi-nanciamiento al que están sometidas hoy, no sólo limitala difusión del conocimiento creado, sino que privatiza ladiscusión sobre qué saberes producir y cómo hacerlo. ElEstado debe promover una política robusta de desarrollo

del conocimiento y la investigación al servicio de las ne-cesidades del país. 13



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Del mismo modo, es relevante que el Estado recuperepresencia en el ámbito de la educación técnica, impul-sando nuevas instituciones públicas y programas de estanaturaleza, articulados con las necesidades de la sociedady vinculadas con las universidades estatales.

En el mismo sentido, resulta importante avanzar en el for-talecimiento de las instituciones regionales, tanto técnicascomo universitarias. Esto involucra la creación de nuevascasas de estudio allí donde sean necesarias.

Las instituciones de educación superior son formadoras deciudadanía. Para lograrlo, la democracia debe ejercerse de

manera activa en su día a día, en especial, en la definiciónde su misión e implementación, en la que deben participarla totalidad de los miembros que componen su comunidad.

Por último, especialmente preocupante resulta la precari-zación del trabajo académico, docente y de investigaciónen las universidades públicas, tanto para la calidad de ladocencia y producción de conocimiento, como para eldesarrollo de una comunidad universitaria efectivamente

democrática. Esto debe ser enfrentado como parte delas políticas destinadas a la excelencia de la educaciónsuperior pública.

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UN PACTO SOCIAL

POR LA EDUCACIÓN


La construcción de soluciones reales para el problema edu-

cacional sólo será posible si se asume como un ejercicio dedeliberación ciudadana, abierto al diálogo con la diversidadde actores involucrados en la tarea educativa. No seráneficaces ni legítimas soluciones construidas entre cuatroparedes, cualesquiera que sean sus motivaciones.

De este diálogo plural ha de emanar un consenso amplioque incorpore la diversidad democrática de la sociedadchilena. En un extremo, es inviable la imposición de una

reforma elaborada e impulsada por un puro poder del Esta-do o por expertos; y en otro, resultaría un error el someterel desarrollo de la educación a las demandas corporativasde un puro actor social. El debate que exige la sociedadchilena ha de dar cabida a todos quienes tengan un genuinodeseo de aportar al país y se comprometan a respetar lavoluntad ciudadana.

Es a un proceso deliberativo de estas características, abier-

to, democrático y profundo, que este Compromiso poruna nueva educación busca contribuir, promoviendo larevisión de los principios y fines que debieran organizaruna educación para la democracia. Tal es el desafío quenos plantea una sociedad cada día más activa en el ejerciciode su ciudadanía.

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auspiciaorganiza

ERNESTO ÁGUILA, Director Depto. Estudios Pedagógicos,Filosofía U. de ChileFERNANDO ATRIA, Académico U. de Chile y UAIRAÚL ATRIA, Director Dpto. Sociología, U. de ChileBEATRICE ÁVALOS, Premio Nacional Educación 2013CRISTIÁN BELLEI, Investigador CIAE, U. de ChileMARJORIE CUELLO, Secretaria General FEUV 2012PAMELA DÍAZ-ROMERO, Directora Fundación EquitasGONZALO DÍAZ, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003

SEBASTIÁN DONOSO, Director IIDE, U. de TalcaLORETO EGAÑA, Investigadora PIIE

JAIME ESPINOSA, Rector Universidad Metropolitana deCiencias de la EducaciónANDRÉS FIELBAUM, Presidente FECH 2013FRANCISCO FIGUEROA, Director Fundación Nodo XXIPEDRO GLATZ, Vicepresidente FEUC 2011NICOLÁS GRAU, Presidente Fech 2006GIORGIO JACKSON, Presidente FEUC 2011GONZALO MUÑOZ, Académico UDP

JORGE PAVEZ, Dirigente Colegio de Profesores A.G.

ROXANA PEY, Directora posgrado ICEI, U. de ChileMATÍAS REEVES, Educación 2020

JAIME RETAMAL, Académico USACHRODRIGO ROCO, Secretario Ejecutivo Proyecto EducaciónU. de ChileGRÍNOR ROJO, Académico U. de ChileDIEGO VELA, Presidente FEUC 2013MARCO VELARDE, Presidente FEUCEN 2013

PARTICIPANTES

GABRIEL BORIC Presidente Fech 2012

ROSA DEVÉS Profesora Titular U. de Chile

JUAN EDUARDO GARCÍA-HUIDOBRO

Investigador CIDE U. Alberto Hurtado.MANUEL ANTONIO GARRETÓN Premio

Nacional de Humanidades y Cs. Sociales 2007

PABLO OYARZÚN Profesora Titular U. de Chile

CARLOS RUIZ E. Presidente Fundación Nodo

XXI

CARLOS RUIZ S. Profesor Titular U. de Chile

ALDO VALLE Rector Universidad de Valparaíso

CONSEJO DIRECTIVO

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