COMPENDIO LA REVISTA AGRARIA 2014

8/10/2019 COMPENDIO LA REVISTA AGRARIA 2014

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AGRARIAPublicacin del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes)

La revista

188 pginaswww.larevistaagraria.org

COMPENDIO 2014Todas las ediciones completas del ao


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2 LA REVISTA AGRARIA

presentacin

Las lecciones del ao 2014

l Per es un pas de agricultura familiar, no cabe duda.

Esta frase que puede sonar trillada o de lugar comn,increblemente no termina de ser aceptada por las

autoridades gubernamentales, a pesar de que en este ao

2014, qued comprobada de manera sistemtica. Varios

artculos publicados en La Revista Agraria que recoge-

mos en el presente compendio anual, as lo demuestran.

En el caso del tema de la agricultura peruana y el de-

sarrollo rural Cules son las lecciones que nos deja este

2014? Una primera est relacionada a uno de los temas ms

abordados en el Per durante este ao: el cambio climtico. El

2014 se inici con la decisin del Poder Ejecutivo de declararlo

como el Ao de la Promocin de la Industria Responsabley del Compromiso Climtico, en el marco de la realizacin

en Lima de la vigsima Conferencia de las Partes (COP20),

en el mes de diciembre. La leccin, recogida y analizada en

sendos artculos de LRA, es la comprobacin, una vez ms,

de las incoherencias de las polticas gubernamentales en

los temas de medio

ambiente.

Mientras una

cara del actual go-

bierno de Ollanta Hu-

mala manifestaba al

mundo su apuesta

por enfrentar los pro-

blemas relacionados

al cambio climti-

co, otra cara menos

amigable elaboraba

y publicaba una se-

rie de paquetazos

econmicos anti-am-

bientales que atentaban contra los derechos de la mayorade la poblacin. Al igual que sus predecesores, el gobierno

central preri favorecer la posicin de las corporaciones

extractivas, que son la minora, en desmedro de las comu-

nidades campesinas, indgenas y los agricultores familiares,

que son la inmensa mayora en el pas.

Esta situacin nos lleva a pensar en una segunda leccin

o conclusin: el concepto del bien comn o la promocin del

bienestar general, retratado constitucionalmente como uno de

los deberes primordiales del Estado, ha sido tergiversado en

los ltimos aos. En este 2014 qued comprobado que, para

el Estado, la nalidad ahora es promover la inversin privada

para benecio de unos pocos. Varios artculos de LRA dieron

cuenta sobre esta peligrosa tendencia que ocurre en el pas.Finalmente, una de las evidencias para comprobar la

poca voluntad de las autoridades es analizar la situacin

de las leyes o normas que deben regular los graves proble-

mas del sector agropecuario y rural. Si bien es cierto, una

ley no garantiza la solucin, su debate o promulgacin sig-

nican la existencia de una voluntad o intencin para, por

lo menos, enfrentar un determinado tema. Sin embargo,

en este 2014, el saldo legal deja mucho que desear. En el

tema del derecho a la alimentacin, han sido escandalosas

las idas y vueltas de la Ley de Seguridad Alimentaria y

Nutricional que fue aprobada en el Pleno pero que, inex-plicablemente, regres a comisiones. De igual manera,

an no se publica el reglamento de la Ley de Promocin

de la Alimentacin Saludable, conocida como Ley de la

comida chatarra, debido a un presunto lobby de la indus-

tria alimentaria que ha retrasado su publicacin para que

no afecte sus intere-

ses empresariales.

Por otra parte, las

leyes relacionadas

a los temas de la

agricultura familiar

y el cambio climtico

siguen a paso de

tortuga y con poca

voluntad poltica de

acelerar ese proce-

so, a pesar de que a

nivel internacional,

este tema es una

prioridad y estn va-

rios pasos ms adelantados que nosotros.El anlisis de todos estos temas, lo podr encontrar

en las siguientes pginas del Compendio Anual 2014 de La

Revista Agraria, publicacin mensual del Centro Peruano

de Estudios Sociales (CEPES) que se distribuye a nivel

nacional con el diario La Repblica. Un compendio que re-

coge todos los nmeros y artculos publicados en este ao,

que se convierten en inmejorables testimonios de la actual

situacin de la agricultura y el desarrollo rural peruano.

E

Ricardo Marapi

Editor de La Revista Agraria

17 de diciembre de 2014


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COMPENDIO 2014 3

CONTENIDO 2014CONTENIDO 2014

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Algunos derechos reservados

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- Debe reconocer los crditos de la obra- Debe ser usada solo para propsitos no comerciales

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Directora fundadoraBertha Consiglieri (1950-2007)

DirectorFernando EgurenComit editorial

Laureano del Castillo, Javier Alvarado,Beatriz Salazar, Ricardo Marapi, Jaime Escobedo,

Pedro Castillo, Miguel PintadoCorreccin/Diagramacin

Antonio Luya / Jos Rodrguez

Distribucin gratuita con La Repblicael ltimo mircoles de cada mes.

Pg. 158 / Enero

7Editorial. El agro en 2013, visto desde diez diferentes

ngulos

8

Desarrollo agrario: qu ministerio se necesita en el

Per?

10Polticas pblicas con una nueva mirada sobre la

agricultura familiar

12 Feminizacin de la agricultura peruana?

14 Las polticas del actual gobierno promueven el latifundio

16El boom de la quinua contribuye a la seguridad

alimentaria?

18Leyes y polticas de seguridad alimentaria: Per en

desventaja

20 El impacto de Qali Warma en el agro peruano

22Educacin en el campo: conectada con el desarrollo

rural?

24Consulta previa: una beneciosa obligacin, pero difcil

de llevar adelante

26Cambio climtico y agricultura: una relacin con un fuerte

impacto en el Per

Pg. 159 / Febrero

30 Editorial. Todo se queda a medias

31Per cuenta con una nueva Estrategia y Ley de Seguridad

Alimentaria. Ser suciente?

33 La titulacin comunal es la prioridad

34MESA REDONDA. Construyendo el futuro del agua de

riego en el Per

382014: Ao de la Industria Responsable y el Compromiso

Climtico?

40RED Territorios Visibles: transparencia y democratizacin

de la informacin

41 Por qu el reducido aporte del agro al sco nacional?

Pg. 160 / Marzo

46Agrodata. Envejecimiento o rejuvenecimiento del

campo?

47 Editorial. El abandono del inters pblico

48

Salud pblica versus intereses privados Por qu

no se aprueba el reglamento de la Ley 30021 sobre

alimentacin saludable?

50Cmo responden los agricultores peruanos frente al

problema de la sequa?

52MESA REDONDA. Per, pas de andenes. Rescatando

el pasado para enfrentar desafos del futuro

57 Subsidios a la agroindustria costea: cifras millonarias

58Las comunidades consumen menos quinua debido a

precios altos

Pg. 161 / Abril

62 Agrodata. Una nueva mirada al rendimiento agrcola

63 Editorial. Poltica alimentaria: limitaciones que preocupan

64Proyectos de agua para Ica Vulneran el derecho de las

comunidades de Huancavelica?

66Mesa Redonda. GREMIOS AGRARIOS: PROBLEMAS

Y POSIBILIDADES

71 Qu alimentos consumimos los peruanos?

73 Las dos caras de la poltica de tierras

Pg. 162 / Mayo

78Editorial. Congreso internacional destaca importancia de

andenes y terrazas

79Los factores no visibles de la reduccin de la pobreza

rural

82MESA REDONDA. Pobreza rural: hay realmente menos

pobres?

87Por qu el Per necesita una ley sobre cambio

climtico?

88 La agricultura familiar: qu polticas se necesitan?

90 Gestin del agua: ms all de las leyes

Sigue en la pgina siguiente...


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4 LA REVISTA AGRARIA

CONTENIDO 2014CONTENIDO 2014

Pg. 163 / Junio

94Editorial. Plan Nacional de Diversifcacin Productiva:

dnde est el agro?

95 El necesario reencuentro con la agricultura familiar

98MESA REDONDA. Identidades indgenas en tiempos

de consulta

102

Siento que nos ven como personas raras y sin derechos.

Nos ven como un objeto. Entrevista a la lideresa

indgena quechua Gladis Vila Pihue

104Ley de seguridad alimentaria y nutricional: un paso

importante

106 La saga del perro del hortelano

Pg. 164 / Julio

110Editorial. 2014 Ao de la Promocin de la Industria

Responsable y del Compromiso Climtico: una irona

111Ley de Alimentacin Saludable La propuesta de

reglamento del Minsa incumple con la Ley 30021

114 Cifras indiscutibles: el Per es de agricultura familiar

116Es preocupante que sectores protransgnicospresionen para que no se cumpla la Ley de Moratoria.

Entrevista a Luis Gomero

118Ganadera lechera: una va de desarrollo para los

campesinos andinos?

120Las consecuencias del paquete ambiental Cuando el

discurso se estrella contra la realidad

122 Debatir sobre el agua: una tarea pendiente

Pg. 165 / Agosto

126Editorial. Cul es el problema de fondo? A propsito de

la Ley 30021, que promueve la alimentacin saludable

127Agrodata. Diversifcacin de ingresos en los hogares

agropecuarios: El agro perdi peso

129 La OMS critica la propuesta del Minsa

131 La nueva vida en el Gran Mercado Mayorista de Lima

136Ms subsidios para la agroexportacin Ms conictos

por el agua?

137Estrategia Nacional de Cambio Climtico 2014: mucho

que debatir

138Entrevista a Lorenzo Castillo, gerente de la Junta

Nacional del Caf

Pg. 166 / Septiembre

142Editorial. Elecciones estratgicas en las municipalidades

distritales rurales

143Agrodata. El 90% de los trabajadores agropecuarios est

fuera del sistema de pensiones

146 Pensiones en el agro: vejez sin futuro?

148Entrevista a Auxtin Ortiz, director general del Foro Rural

Mundial

150Progresos en la seguridad alimentaria, pero incertidumbres

en el futuro

152Cunto contenido de azcar existe en los productos

industrializados que consumen nios y adolescentes?

155Se avecinan nuevos conictos sociales? amenazas

gubernamentales a la propiedad de la tierra

Pg. 167 / Octubre

158Editorial. Destrabar inversiones afectando el derecho de

la propiedad rural

159 Las elecciones de octubre: una primera mirada

164Las diversas polticas de Estado continan discriminando

a las comunidades campesinas

166 Agricultura familiar: construyendo polticas y medidas

168Los proyectos agrcolas modernos son menos efcientes

que la agricultura familiar

Pg. 168 / Noviembre

175Editorial. La agricultura familiar en Amrica Latina.

Coincidencias para tomar en cuenta

176Agrodata. Los agricultores familiares peruanos: cuntos

son? y dnde estn?

179Crdito en el sector agropecuario. Dnde est el

problema?

182Los paquetazos de reactivacin econmica amenazan

el concepto del bien comn

184Congreso: inexplicables contradicciones sobre la

seguridad alimentaria

186 Cambio climtico y la COP20: Qu est en juego?

... viene de la pgina anterior.


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AO 14 N. 158ENERO de 2014


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6 LA REVI STA AGRARIA / 158

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Pedro Castillo, Miguel PintadoCorreccin/Diagramacin

Antonio Luya / Jos Rodrguez

Distribucin gratuita con La Repblica el ltimomircoles de cada mes.

8

12

16

Feminizacin de la agriculturaperuana?

Desarrollo agrario: quministerio se necesita en elPer?

El boomde la quinuacontribuye a la seguridadalimentaria?

10

14

18

Las polticas del actualgobierno promueven el

latifundio

Polticas pblicas con unanueva mirada sobre laagricultura familiar

Leyes y polticas deseguridad alimentaria:

Per en desventaja

20

24 Consulta previa: unabeneficiosa o bligacin, perodifcil de llevar adelante

El impacto de Qali Warma en

el agro peruano

22

26Cambio climtico yagricultura: una relacin conun fuerte impacto en el Per

Educacin en el campo:conectada con el desarrollo

rural?


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ENERO de 2014 7

El agro en 2013, visto desde diez diferentes ngulos

ranscurrido medio camino del gobierno

del presidente Ollanta Humala, qupuede decirse de diferentes aspectos

cruciales de la problemtica agraria y rural?

Esta edicin de La Revista Agraria intenta dar

respuesta a esta pregunta, gracias a la

colaboracin de personalidades que conocen

estos distintos aspectos y que son materia de

su reflexin.

El ao 2013 fue testigo de algunas

decisiones importantes en el sector agrario.

Una de ellas fue la creacin, en el Ministerio

de Agricultura, de un segundo viceministerio:de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego.

Francisco Santa Cruz es escptico acerca de

si ese cambio favorecer a los agricultores

nacionales, pues subordina el diseo de

polticas para el desarrollo rural a la ejecucin

de obras de inversin, a en sus palabras

la pasin por el fierro y el cemento. En una

percepcin ms matizada, Csar Sotomayor

quien fuera, hasta hace poco, je fe de

Foncodes reconoce la existencia de varios

proyectos interesantes de desarrollo rural

ejecutados por el Estado a travs del Ministerio

de Desarrollo e Inclusin Social, como el Haku

Wiay, en sierra, y Noa Jayatai, en selva, que

dejan atrs los tradicionales programas

asistencialistas y aplican lecciones aprendidas

en experiencias anteriores como Marenass,

Corredor Puno-Cusco y otros.

Tambin fue interesante 2013 porque fue

el ao en que se dieron a conocer los

resultados del IV Censo Nacional Agropecuario(realizado dieciocho aos despus del censo

anterior). Esta revista ha dedicado numerosas

pginas a su anlisis. En esta ocasin, Mara

Isabel Remy analiza la creciente presencia de

la mujer en actividades agrarias, que sera una

opcin de las familias pobres y expresara dos

tendencias: las continuas subdivisiones de los

predios por herencia, y el abandono del campo

por los hombres, en busca de trabajos no

agrcolas. Otra tendencia claramente

expresada por el reciente censo agropecuario

es la marcada concentracin de la propiedadde la tierra en un nmero reducido de unidades

agropecuarias. Este proceso es interpretado

en un artculo de quien escribe estas lneas

como resultado de una poltica de Estado

iniciada por el gobierno de Alberto Fujimori y

continuada por los gobiernos posteriores,

incluido el actual, cuyo eje es el fomento de la

agroexportacin por corporaciones nacionales

y extranjeras que, para tal efecto, constituyen

verdaderos latifundios.

En 2013, el tema alimentario tambin tuvoalguna figuracin. La Organizacin de las

Naciones Unidas lo declar Ao Internacional

de la Quinua, no obstante lo cual, como

sostiene Waldemar Mercado, los buenos

precios del cultivo no se han traducido en

mejor alimentacin para los propios

productores. Por su lado, el gobierno declar

2013 como Ao de la Inversin en Desarrollo

Rural y la Seguridad Alimentaria. Sin embargo,

a pesar de que hubo proyectos de ley sobre el

tema y el Ejecutivo elabor una Estrategia

Nacional de Seguridad Alimentaria, el Per,

como concluye Alberto Garca, sigue quedando

a la zaga de la regin en materia de un

adecuado marco normativo e institucional para

alcanzar la seguridad alimentaria. No obstante,

el programa Qali Warma, analizado por

Carolina Trivelli, su creadora, fue una

interesante experiencia que bien vale la pena

continuar.

Otros importantes tpicos que completanesta edicin son una apreciacin crtica acerca

de la educacin rural en el pas, por la

especialista Patricia Ames; las dificultades en

la aplicacin de la consulta previa, por el

abogado y exministro Baldo Kresalja; as como

la complicada relacin entre cambio climtico

y la agricultura, y las respuestas desde el

Estado, por el especialista Julio Postigo.

T

Fernando EgurenDirector

editorial


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Desarrollo agrario: qu ministeriose necesita en el Per?

Francisco Santa Cruz1

En las ltimas cuatro dcadas, el Estadoperuano ha producido una decena de nor-mas (leyes y decretos legislativos) que hanmodificado sucesivamente la estructura yfunciones del Ministerio de Agricultura. La

ltima es la Ley 30048, de junio de 2013,que crea el Viceministerio de Desarrollo eInfraestructura Agraria y Riego y el de Po-lticas Agrarias, disponiendo que el nue-vo organismo pase a denominarse Minis-terio de Agricultura y Riego (Minagri). Diezleyes modificatorias en cuarenta aos, esdecir, cada cuatro o cinco aos en prome-dio, y un cambio reciente en la estructuradel ministerio que rige la vida del agro na-cional. Qu sentido tiene todo esto?

Los agricultores nacionales, sobre todolos pequeos, con escasas tierras y baja

productividad, que reciben precios pocoremunerativos y carecen de servicios deapoyo productivo, pueden preguntarse,con razn: de qu les sirve esta abundan-cia de leyes y cambios? En qu mejora susituacin?

La reciente creacin del Minagri mereceun anlisis detenido porque ilustra cmoconciben la poltica sectorial y el papel delsector pblico agrario quienes hoy con-ducen el Estado. Las autoridades del fla-mante Minagri han justificado el cambio

aludiendo al manejo del agua como priori-dad nacional y a la importancia de la infra-

estructura de riego. La presente nota exa-mina la validez de estos argumentos en re-lacin con dos cuestiones clave: la con-duccin de la poltica sectorial y la descen-tralizacin del sector pblico agrario.

Gobernar es aplicar polticas

El papel fundamental de los ministerioses formular y aplicar polticas pblicas ha-ciendo uso de diversos instrumentos: nor-mas, incentivos, programas, proyectos.Obviamente, las polticas enmarcan y su-bordinan a los proyectos de infraestructu-ra. En el caso del sector agrario, recono-ciendo que la infraestructura de riego esdesde todo punto de vista importante, de-bera seguir subordinada a una poltica deriego y, ms ampliamente, a la poltica ge-

neral de desarrollo agrario.Pero este criterio de primaca de las pol-

ticas, que constituye el abec de la gestinpblica, muchas veces pareciera no tomar-se en cuenta. En este gobierno y en losanteriores, en el sector agrario y en los de-ms sectores, es visible la tendencia a ha-cer de los proyectos de inversin en infra-estructura fsica el fin supremo de la ac-cin gubernamental. Por cierto, no se tratade desconocer la necesidad de ejecutarproyectos socialmente rentables, con efi-

ciencia y uso transparente de los recursos.La discusin es otra: cmo evitar que los

proyectos se autono-micen respecto de laspolticas y del planea-miento integral del de-sarrollo; cmo superar,

en todos los niveles degobierno, el desbalan-ce entre los abultadospresupuestos de in-versin para infraestructura fsica y las es-culidas partidas para atender los servi-cios bsicos que reclama la poblacin atodos los sectores y, por supuesto, tam-bin al sector agrario.

La decisin de crear en el Minagri unViceministerio de Infraestructura y Riegosignifica otorgarle a la ejecucin de pro-yectos el rango ms alto en el manejo de

recursos y toma de decisiones. En un Es-tado con funcionarios largamente acos-tumbrados a la idea de que gobernar es,sobre todo, ejecutar proyectos de inver-sin, es grande el riesgo de que la iner-cia inversora, la obsesin por la ejecucin;en suma, la pasin por el fierro y el cemen-to, terminen predominando en el queha-cer ministerial. En ese caso, el costo seradesconectar la ejecucin de inversionesde las estrategias de desarrollo y pasar aun segundo plano el diseo de polticas

en reas cruciales para el pas, como eldesarrollo rural, la seguridad alimentaria,

FotoPalaciodeGobierno

El presidente Humala y el ministro von

Hesse en una de las inauguraciones de

un proyecto del fondo Mi Riego. La ob-

sesin por la ejecucin; la pasin por el

fierro y el cemento.


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la adaptacin al cambio climtico, la ges-tin integral de los recursos hdricos (queva ms all de la simple infraestructura deriego), etctera.

El otro efecto pernicioso sera que si-gan persistiendo las actuales carencias enla provisin de servicios bsicos para elproductor agrario, como son la innova-cin e investigacin, la promocin pro-ductiva, la asistencia tcnica, la sanidad einformacin de mercados. La precariedady el limbo en el que se debaten las agen-cias agrarias, transferidas sin recursos porel antiguo Ministerio de Agricultura a losgobiernos regionales, y la prdida de ca-pacidades de las actuales agencias deAgrorural (las antiguas agencias de Pro-namachcs tenan importante presencia enlas zonas ms remotas de la sierra del pas),son ejemplos palpables del descuido de

los servicios sectoriales que lamentable-mente acompaa al nfasis puesto sola-mente en las inversiones.

Descentralizar es

desarrollar el agro

Poner en funcionamiento un viceminis-terio encargado del riego revela tambinuna postura frente a los gobiernos regio-nales y al proceso de descentralizacin. Sise quiere descentralizar de manera eficien-te, corresponde al Ministerio de Agricultu-

ra establecer polticas y estrategias nacio-nales, proveer servicios para el desarrolloagrario y ejecutar programas y proyectosde alcance efectivamente nacional; es de-cir, aquellos que excedan las competenciasde los gobiernos regionales y locales.

Segn las normas vigentes (Ley de Ba-ses de Descentralizacin y Ley Orgnicade Gobiernos Regionales), la ejecucin deproyectos de infraestructura de riego escompetencia de los gobiernos regionalesy por ello les fueron transferidos, hace al-gunos aos, los grandes proyectos de irri-

gacin (Chira-Piura, Chavimochic, Chine-cas, Majes-Siguas). Que hasta ahora losproyectos de infraestructura de riego demediana y pequea escala, como los delPSI o del novedoso programa Mi Riego,continen manejados desde el nivel cen-tral por el Minagri, contraviene la lgica yla normativa de la descentralizacin. De msest decir que la vocacin proyectista yejecutora que inevitablemente desplegarel nuevo Viceministerio de Riego reforzaresta tendencia centralista y har cada vez

ms difcil completar la descentralizacindel sector pblico agrario.

Reflexiones de cierre:entonces qu hacer?

Anotamos algunas lneas de accin,

necesarias y factibles: Reforzar las capacidades de formulacinde polticas de riego y de infraestructu-ra, consistentes con una poltica gene-ral de desarrollo agrario.

Para el adecuado manejo de la infraes-tructura de riego no se requiere de unviceministerioad hoc. Hace falta, en cam-bio, reforzar tcnica y funcionalmente alPSI e implementar adecuadamente el pro-grama Mi Riego como una etapa de pre-paracin para su transferencia gradual yordenada a los gobiernos regionales. Esta

transferencia, sus modalidades y plazos,debieran ser concertados desde ahoracon las autoridades de las regiones.

Fortalecer la Direccin General de Infra-estructura Hidrulica como rgano delnea altamente especializado que per-mita mantener en el nivel central la siste-matizacin de la experiencia en la ges-tin del riego y los aspectos tcnico-normativos y de control.

Crear un Viceministerio de DesarrolloRural. La idea es que el Ministerio de

Agricultura atienda dos segmentos de larealidad agraria y rural del Per: i) las uni-

dades productivas agropecuarias de dis-tintos tamaos que poseen, en diversogrado, condiciones de viabilidad frenteal mercado y requieren de polticas y ser-

vicios productivos, sanidad, comerciali-zacin, informacin, etctera; ii) las eco-nomas familiares campesinas de autocon-sumo, que no dependen solamente delas actividades agropecuarias en su pre-dio, sino que diversifican sus ingresoscon el trabajo agrcola y no agrcola fueradel predio.

Reforzar el INIA y el Senasa como rga-nos altamente especializados en la pro-visin de servicios de investigacin, in-novacin y sanidad, esenciales para los

productores agrarios. Potenciar el programa AgroRural, encoordinacin con los gobiernos regio-nales, y desplegar una accin articuladacon los dems sectores del Ejecutivo,principalmente Educacin, Salud, Trans-portes y Midis.

Nota1 Economista y planificador, consultor especia-

lizado en temas de descentralizacin y desa-

rrollo regional. Ha sido investigador del Ce-

pes, miembro de la Secretara Tcnica de la

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionalesy asesor del Ministerio de Agricultura.

La ejecucin de proyectos de infraestructura de riego es competencia de los gobiernos regionales. Que actualmente continen manejados

por el Minagri, contraviene la lgica de la descentralizacin.

Fotointernet


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La pequea agricultura familiar es un siste-ma de produccin cuya importancia en laseconomas nacionales es evidente en lospases de Amrica Latina y el Caribe. En pro-medio, representa ms del 80% de los siste-mas de produccin de la regin y aportaentre el 30% y el 40% del PBI agrcola regio-nal y ms del 60% del empleo rural3. Ade-ms de su importancia como proveedor dealimentos para las ciudades, generador de

empleo agrcola y fuen-te de ingresos para losms pobres, la FAO4re-conoce su contribu-cin al desarrollo equi-librado de los territoriosy de las comunidadesrurales.

Segn el CensoAgrario 2012, en elPer, las pequeas uni-dades agropecuarias(menores de 5 ha) repre-sentan el 81% del totaly destinan una parte

importante de su pro-duccin de alimentos alconsumo interno y,tambin, a la oferta ex-portable nacional (porejemplo, las exportacio-

nes de caf son producidas sobre todo porfamilias campesinas organizadas en coope-rativas agrarias, que han logrado organizar-se para vincularse con mercados externos).

Por otro lado, la agricultura familiar cons-tituye la principal reserva gentica de lainmensa variedad de cultivos andinos, conlo cual es el sistema de produccin quegarantiza la proteccin de nuestra biodi-versidad. Adems, la pequea agriculturafamiliar controla territorios estratgicos,como la naciente de ros o cabeceras decuenca, reservas mineras y de recursosenergticos, y otros que han definido se-rios conflictos socioambientales por el con-trol de estos recursos.

Corregir la mirada sobre laagricultura familiar

A pesar de la importancia de la agricultu-ra familiar, la lectura tradicional que se reali-

za sobre el campo no ha permitido disearpolticas y estrategias para orientar los re-cursos del Estado y de la cooperacin inter-nacional a una real transformacin de esteimportante sector, pues en lugar de verlocomo un potencial para el desarrollo y elaumento de la produccin nacional, se le haconsiderado equivocadamente como unsector ineficiente y determinante de la po-breza rural.

La mirada tradicional del campo ha gene-rado una serie de mitos que, como decimos,no permite ver el potencial del espacio ruralnacional. Uno de los mitos acerca de la agri-cultura familiar sentencia que esta es inefi-caz porque produce poco y produce mal.Sin embargo, la pequea agricultura familiarrural es ms bien eficiente, pues con pocosrecursos ha logrado producir lo suficientepara mantener el ciclo de vida de ingentespoblaciones rurales. El problema es que lasmujeres y hombres del campo tienen un ac-ceso limitado a recursos diversos, como asis-tencia tcnica o infraestructura de riego.

Otro de los mitos de esta mirada tradicio-

nal es considerar que la poblacin rural per-manece aislada y sin mayor participacinen los mercados. Si bien las economas cam-pesinas desarrollan gran parte de sus pro-cesos productivos para el autoconsumo,muchas se hallan vinculadas a las cadenasde valor de los distintos rubros de la pro-

duccin nacional. Naturalmente, esta vin-culacin muchas veces es incipiente y seda en condiciones de desventaja debido aproblemas como informacin asimtrica ofalta de poder de negociacin, pero el desa-rrollo vial y carretero de las ltimas dcadas,acompaado de un considerable incremen-to en la conectividad, ha dado un impulsopalpable para el mejoramiento y la integra-cin de la produccin campesina a los mer-cados locales y regionales.

El mundo rural ha cambiado

En realidad, las transformaciones recien-tes de la realidad nacional han permitido queel mundo rural cambie definitivamente, comose ha concluido, por ejemplo, en la ltimaedicin del Seminario Permanente de Inves-tigacin Agraria (Sepia XV), realizado enChachapoyas en agosto de 2013, donde sedestacaron los elementos de esta nueva ru-ralidad: doble residencia de los pobladoresrurales (en el campo y en la ciudad), reduc-cin del tamao de la familia nuclear, diver-sificacin de ingresos a partir de su especia-

lizacin en actividades extraprediales diver-sas, etctera.

Entonces, en este contexto la preguntaes: cmo transformar los sistemas de pro-duccin familiar en el escenario de la nuevaruralidad? La mirada tradicional produjo unalarga historia de polticas asistencialistas y

Polticas pblicas con una nueva miradasobre la agricultura familiar

Cesar Sotomayor Caldern1

Gherson Linares Pea2

Gherson Linares

Cesar Sotomayor

Taller en Huancayo del proyecto Haku Wiay de Foncodes. Los yachachiq brindan conocimientos y asistencia tcnica a los hogares

rurales usuarios del proyecto, intercambiando sus experiencias.

Fotointernet


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ENERO de 2014 11

desarticuladas que no han logrado capturarlos cambios y el potencial que ofrece la nue-va ruralidad. Sin embargo, recientemente,algunas polticas pblicas estn ensayan-do propuestas diferentes.

Haku Wiay: un interesanteproyecto

Queremos destacar la experiencia del pro-yectoHaku Wiay(Vamos a Crecer), queen la actualidad viene implementando elFondo de Cooperacin de Desarrollo Social(Foncodes), del Ministerio de Desarrollo eInclusin Social (Midis), en reas rurales dela sierra y la selva del pas. Este proyecto que ha madurado las ideas de experienciasanteriores diversas como Marenass, Corre-dor Puno-Cusco, ITDG, Sierra Sur, Sierra Pro-ductiva, entre otras trata de concordarcon los cambios que suceden en el nuevo

espacio rural. Haku Wiay tiene como obje-tivo lograr la autonoma econmica de lasfamilias campesinas a partir del desarrollode capacidades humanas y sociales queacompaan la inversin en activos fsicospara mejorar la gestin del predio5.

Siendo la familia campesina la unidadbsica de trabajo, el modelo se basa en laintroduccin de prcticas agrcolas en pe-queas parcelas demostrativas de aproxi-madamente 1,400 m2, dentro del predio decada hogar, como por ejemplo: sistemas sen-

cillos de riego tecnificado a nivel familiar,produccin de abonos orgnicos con insu-

mos locales, instalacin de biohuertos parael cultivo de hortalizas, prcticas mejoradaspara el cultivo de granos y tubrculos, entreotras tecnologas de fcil adopcin y bajocosto. Todo ello crea una oportunidad paraque el agricultor pueda participar directa-mente en la conduccin de cambios en susparcelas, arriesgue poco solo en una por-cin de su predio y pueda evaluar en elcorto plazo los resultados de ese riesgo.

El trabajo de transferencia de asistenciatcnica se realiza a travs de los denomina-dosyachachiq expertos locales que pro-ceden de las mismas comunidades campe-sinas, cuya eleccin y contrato son efec-tuados por las propias familias, cuyo roles brindar asistencia tcnica a cada unidadfamiliar, segn sus requerimientos y a la me-dida de sus demandas reales, rescatando apartir de un enfoque de interculturalidad los

conocimientos y prcticas tradicionales queposeen. Adems, el proyecto considera lageneracin de ingresos extraprediales a tra-vs del financiamiento de pequeos nego-cios rurales, para lo cual los fondos son asig-nados mediante los Concursos Locales deAsignacin de Recursos (CLAR). As, lacombinacin de ingresos autnomos mo-netarios (en la finca) y no monetarios (exce-dentes para el mercado) permite que la fami-lia campesina sea menos vulnerable y desa-rrolle sus propias estrategias de lucha con-tra la pobreza.

El proyecto inici sus actividades con un

piloto de articulacin entre Foncodes y elprograma Juntos en los distritos de Vinchosy Chuschi (Ayacucho), atendiendo a ms de900 familias en 2012. Luego, la experiencia seampli a ms de 27,048 hogares en 2013, pro-gramndose una ampliacin a nivel nacionalque llegar a 49,348 familias en 2014 y a msde 160 mil en 2016. Adems, se est iniciandouna versin del proyecto para la selva, deno-minadaNoa Jayatai. Este escalonamientodebe ser complementado con los aportes degobiernos locales, quienes en sus oficinasde desarrollo econmico local tienen el man-dato y algunas posibilidades para hacerlo,pero carecen del manejo normativo corres-pondiente o de recursos suficientes para pro-mover una mayor inversin en proyectos dedesarrollo de capacidades productivas, a finde darle a la pequea agricultura familiar lasherramientas que necesita para acelerar la

transformacin del campo.

Notas1 Exdirector ejecutivo de Foncodes, 2012-2013.2 Especialista en gestin del conocimiento, de

Foncodes.3 Polticas para la agricultura familiar en Amrica

Latina y el Caribe(FAO-BID, 2007)4 Ver Marco estratgico de mediano plazo de co-

operacin de la FAO en agricultura familiar enAmrica Latina y el Caribe 2012-2015. FAO(2012). .5 .

Un vistazo por la Plaza de Armas de Cajamarca nos permite apreciar una de las caractersticas de la nueva ruralidad peruana: la doble residencia de los pobladores rurales en el campo y en la ciudad, y su

especializacin en actividades extraagrcolas.


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Cambios muy importantes se han produci-do en el sector agropecuario nacional entre1994 y 2012: el sector se ha expandido signi-ficativamente. En 1994, el PBI agropecuarioera de S/.7,487 millones; a soles constantes,en 2012 fue de S/.17,392 millones: creci en132%2. Pero tambin ha crecido la superficieagraria; el Censo Nacional Agropecuario(Cenagro) 1994 registr 5475,735 hectreasde superficie agrcola, en tanto que el Cena-gro 2012 registr 7125,008 hectreas. Estecrecimiento de 30.12% de la superficie agr-cola se explica, sobre todo, por el crecimien-to del rea bajo riego, particularmente en laagricultura costea.

Tambin es interesante observar lo quesucede con el empleo. En 1994 estuvieroninvolucrados en el sector, como producto-res o como trabajadores (eventuales y per-manentes), 9246,570 personas, cifra que en

2012 es de 16504,620. Este impresionantecrecimiento de 78.5% en la cantidad de per-sonas que de alguna manera laboran en elsector agrario se registra tanto en el nmerode productores individuales, que creci en25%, como en el de trabajadores eventua-les, que creci en 90.8%. El empleo tambinse ha expandido, aunque no el empleo esta-ble: los trabajadores permanentes se redu-

jeron en 7.2%.Estos datos eran relativamente previsi-

bles, aunque gracias a Cenagro podemoscuantificarlos: crecimiento del sector porampliacin de la frontera de riego y desarro-llo de cultivos de exportacin de alto valor,con una alta capacidad de absorber manode obra eventual.

Otros cambios, sin embargo, son bas-tante sorprendentes. Uno es el incrementonotable de mujeres en el sector (ver grfico1). El nmero de productoras, a cargo de laparcela, casi se ha duplicado: en 1994 eran353,957; hoy son 668,675 en todo el pas, loque equivale a poco ms de 30% de losproductores. Adems, lo que tambin sor-

prende, la cantidad de trabajadoras even-tuales se ha ms que duplicado, y si en1994 se registraron 1521,474, en 2012 seregistran 3769,239.

Dnde estn estas mujeres? Cmo seexplica su enorme incremento en el sectoragropecuario?

Pequea agricultura: lafeminizacin como opcin del

sector ms empobrecido

Los productores hombres y mujeres sereparten de manera desigual en el territorioperuano. El 15.8% de los productores se

encuentra en la costa, frente al 14.5% demujeres productoras que se ubican en esaregin. La misma desproporcin, pero no-tablemente mayor, se encuentra en la sel-va: 20.3% de los productores individuales,pero solo 12.9% de las mujeres producto-ras. La relacin se invierte en la sierra, laregin ms empobrecida: cuenta con el63.9% de productores, frente al 72.6% demujeres productoras.

Por el lado de la estructura de propiedad,la mayor presencia de mujeres conductorasde un predio se encuentra en las unidadesde menos de 0.5 ha (ver cuadro 1); all repre-sentan el 43.7% de los productores, en tan-to que los hombres alcanzan el 56.3%: casien paridad. En los siguientes rangos de ta-mao, la proporcin de mujeres disminuyede manera sensible.

Es interesante constatar esta fuerte pre-sencia de mujeres conduciendo las unida-des ms pequeas, relacionndola con los

cambios operados en la propiedad de la tie-rra en este periodo. Como saben los lecto-res deLa Revista Agraria, uno de los cam-

bios ms significativosoperados en la agricul-tura peruana entre 1994y 2012 es el desarrollode la gran propiedad. Seha producido un creci-miento del rea en lasunidades mayores demil ha, que casi no exis-ta en 1994 (sumaba el 4.19% de la superficieagrcola) y que en 2012 alcanza el 25.4% delas tierras agrcolas. En porcentaje, la pe-

quea agricultura (al igual que la mediana)se ha reducido; pero no en superficie, salvoen la sierra.

Esta pequea agricultura, que se ha in-crementado en costa y selva, ha cambiadosu composicin al interior: es an ms pe-quea. Las unidades de menos de 1 ha hanpasado a significar ms del 9% de las tie-rras; las ms grandes (entre 5 y 10 ha) se hanreducido, no solo en porcentaje, sino encantidad absoluta de tierras.

Probablemente, este es el contexto delcrecimiento de la presencia de mujeres enla conduccin de la tierra, en particular enla pequea escala: una pequea agricultu-ra que se subdivide permanentemente porherencia por lo que sus rangos ms pe-queos son crecientes, dejando de ser,al mismo tiempo, el soporte suficiente parala subsistencia de la familia. Lo que vienesucediendo es que se incrementa la con-duccin de mujeres de las tierras en tantolos varones buscan trabajos no agrcolas.Incluso, el 49% de los hombres que con-ducen parcelas de menos de 1 ha han de-

clarado que han dejado su unidad agrcolaen algn momento del ao para obteneringresos.

Feminizacin de laagricultura peruana?

Mara Isabel Remy1

Grfico 1. Incremento de personas

trabajando en el agro 1994-2012

Elaboracin propia. Fuente: INEI.

Cuadro 1. Tamao de la unidad agropecuaria segn sexo del productor

Tamao UA Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres

Menos de 0.5 ha 284,838 221,015 505,853 56.31% 43.69%

De 0.5 a 5 ha 885,237 359,138 1244,375 71.14% 28.86%

De 5 a 10 ha 173,424 44,342 217,766 79.64% 20.36%

De 10 a 50 ha 156,257 35,606 191,863 81.44% 18.56%

De 50 a 500 29,255 8,016 37,271 78.49% 21.51%

Ms de 500 1,557 558 2,115 73.62% 26.38%

Total 1530,568 668,675 2199,243 69.60% 30.40%Elaboracin propia. Fuente: INEI.


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Trabajo asalariado: nuevasopciones laborales para mujeres

Ms mujeres han ingresado a trabajarcomo asalariadas agrcolas. Segn el Cena-gro 2012, el 84% de mujeres, ms de 3 millo-nes 700 mil, son trabajadoras eventuales.

Nuevamente se aprecia una despropor-cin en la localizacin del trabajo femeninorespecto del total de trabajadores (ver cua-dro 2). En efecto, mientras la costa da cuen-ta del 41% de los trabajadores eventualesagrcolas, en esa regin se localizan el 51%de mujeres trabajadoras eventuales.

Cuadro 2. Trabajadores eventuales segn

regiones y sexo

Total Mujeres

Costa 40.90% 50.52%

Sierra 37.71% 30.95%

Selva 21.39% 18.53%

TOTAL 100.00% 100.00%


Grfico 2. Trabajadores eventuales segn tamao de propiedad y sexo. 2012

Esta cierta vinculacin entre el trabajoeventual femenino y las reas de agriculturams moderna pareciera confirmarse al apre-ciar la proporcin entre trabajadores hom-bres y mujeres en los diferentes rangos depropiedad: en los rangos mayores, el traba-

jo femenino crece (ver grfico 2).Los cambios significativos que han ocu-

rrido en la estructura de propiedad, entre losdos censos, causan un impacto en la pre-sencia de mujeres en la agricultura. La am-pliacin de la frontera agrcola por riego y laconcentracin de estas nuevas tierras en

grandes unidades agropecuarias destinadasa cultivos de exportacin parecen abrir msespacio al empleo eventual de mujeres. EnIca, Arequipa y Tacna, el empleo eventualfemenino en unidades mayores de 100 hasupera al masculino; en Lima y Piura, se acer-ca bastante (por encima de 40%).

En el otro extremo, en la agricultura em-pobrecida, pequea (que se hace ms pe-quea por particin de herencia) y princi-

palmente de sierra, las mujeres toman cre-cientemente las riendas de las parcelas, entanto los hombres van en busca de trabajoen otros sectores.

El importante crecimiento de mujeres enla agricultura, en el periodo intercensal 1994-2012, no tiene una sola lectura; pero los gran-des movimientos de propiedad, la micropar-celacin y la gran concentracin abren nue-vos espacios a la presencia femenina.

Nota1 Investigadora del IEP.2 Fuente: INEI, .


Agricultora de una comunidad campesina en Puno. La fuerte presencia de mujeres conduciendo los predios ms pequeos, se explica por la permanente subdivisin de la tierra por herencia y porque los varones

buscan trabajos no agrcolas.


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Las polticas del actual gobiernopromueven el latifundio

En esta nota vamos a reiterar nuestrapreocupacin por la creciente concen-tracin de la propiedad de las tierras agr-colas en manos de corporaciones dedi-cadas a la agroexportacin, tema quehemos abordado enLa Revista Agrariaen ms de una oportunidad.

En recientes declaraciones, el minis-tro de Agricultura, Milton von Hesse,manifest que, definitivamente, el go-bierno daba por cerrada la posibilidadde alguna regulacin sobre el tamaode la propiedad de las tierras agrope-

cuarias. Los anuncios al inicio de la ges-tin del presidente Ollanta Humala, acer-ca de que el Ejecutivo consideraba quela gran concentracin de la propiedadde la tierra poda ser un problema socialy econmico, finalmente han sido olvi-dados.

Retrospectivamente, podemos afir-mar que tan slo el primer ministro deAgricultura, Miguel Caillaux, manifes-t un moderado inters en introducir

alguna regulacin al proponer que par-

te de las tierras incorporadas a la agri-cultura, por la irrigacin Olmos, fuesenadquiridas por el Estado y, luego, ven-didas a pequeos y medianos inver-sionistas. La oposicin a esta propues-ta, dentro del propio Estado, hizo quefracasara. Los siguientes ministros,Luis Ginocchio y el actual, Milton vonHesse, declararon en su momento quepara tomar decisiones respecto a tancomplicado asunto haba que esperarlos resultados del censo nacional agro-

pecuario, el cual se realiz a fines de2012. Los resultados del censo, difun-didos en el segundo semestre de 2013,mostraron que, en efecto, haba una im-portante concentracin de la tierra, par-ticularmente en la costa. Pero el res-ponsable de la cartera de Agriculturaya cerr el tema, lo que demuestra queel argumento de que era necesario es-perar los resultados censales no erasino una maniobra dilatoria.

El gobierno

consolida laconcentracin

de tierras

Ahora queda cla-ro, pues, que nohubo ninguna inten-cin de regular el ta-mao de la propie-dad. Tambin queda claro, en contra-posicin, que el gobierno actual estempeado en continuar con la polticainiciada por el gobierno de Alberto

Fujimori y mantenida por AlejandroToledo y Alan Garca, de hacer gran-des inversiones en irrigaciones, con fi-nanciamiento pblico, y transferir lascentenares de miles de hectreas de tie-rras pblicas beneficiadas a poderosascorporaciones de capital nacional y ex-tranjero, para desarrollar la agriculturade exportacin. El ministro von Hesseconfirm hace poco que, a los miles demillones ya invertidos en el pasado, se

Fernando Eguren1

El presidente Humala y el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, visitando las obras del proyecto Olmos en 2012. Durante dos dcadas, las grandes inversiones pblicas orientadas al agro han promovido laconcentracin de la propiedad de la tierra en manos de corporaciones.

FotoPalaciodeGob

ierno


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agregaran 590 millones de dlares mspara la irrigacin Chavimochic, con loque se lograra incorporar 63 mil hect-reas ms para la agroexportacin2. Lue-go, agreg, seguirn inversiones enMajes Sihuas (Arequipa), Chinecas(ncash) y Alto Piura. Con los resulta-dos censales que ya conocemos, esta-mos en camino a que casi la mitad delas tierras agrcolas de la costa estnconcentradas en empresas con ms de500 hectreas de extensin.

El estmulo a la concentracin de la pro-piedad de la tierra en manos de corpora-ciones para la agroexportacin es unapoltica de Estado que ya tiene dos dca-das de aplicacin. Compromete las inver-siones pblicas ms grandes orientadasal agro. Un reciente estudio an preli-minar estima que con este fin se han

invertido 5 mil 849 millones de dlares derecursos pblicos, la mayor parte de loscuales el Estado no recuperar3. A esteinmenso subsidio se suman otros, deter-minados por una serie de beneficios lega-les que reducen a la mitad el impuesto a larenta de estas empresas, as como tam-bin reducen los costos laborales a costade los derechos de los trabajadores.

Una proporcin importante de la tie-rra concentrada en grandes empresas hasido posible gracias al subsidio estatal,en montos incomparablemente mayoresa todos los programas (aun consideran-do el programa Mi Riego) que se handestinado a la agricultura familiar (queincluye pequeos agricultores, campe-sinos de las comunidades y las pobla-ciones nativas). Es la aplicacin, casi ala letra, de los supuestos que subyacenen el discurso alanista del sndromedel perro del hortelano4.

El latifundio ya no es tema deagenda poltica

Es cierto que la retrica de este go-bierno es diferente de la del gobiernoaprista, que sin ningn rubor expresabaen forma abierta su identificacin con elgran capital. Ante el relativo recato delpresidente Humala, el mundo empresa-rial le exige cada cierto tiempo que dmuestras tangibles de que esta identifi-cacin contina lo que Garca hacade motu proprio. Pero esta diferen-cia parece que es cada vez ms de esti-lo, pues en la prctica no hay tal o esmnima. Tampoco el Congreso ha mos-trado continuidad en el tema. Luego de

las iniciativas de poner lmites mximosde 40 mil o 25 mil hectreas a la propie-dad de la tierra en realidad, un inten-to apenas velado de legitimar latifun-dios, este asunto ha salido totalmen-te de la agenda. En su momento, losdebates tenan una agenda oculta, en laque algunos congresistas parecan es-tar comprometidos: alinearse con el gru-po econmico Oviedo, administrador delas empresas agroindustriales Pomalca,Cayalt y Tumn, en la competencia conel grupo Gloria, principal productor decaa de azcar en el pas.

Es preciso llamar la atencin acercade que la concentracin de la propie-dad de la tierra ha dejado de formar par-te de la agenda, incluso de la izquierdapoltica, casi monotemticamente volca-da a la crtica del extractivismo (la de-

pendencia extrema del crecimiento eco-nmico de las rentas mineras y petrole-ras) y a temas de coyuntura. Lejanosestn los das en que no solo la izquier-da, sino tambin el centro poltico, con-sideraban que el latifundio, adems deser injusto, era una barrera para un de-sarrollo socioeconmico democrtico.

Todo esto ocurre mientras que el cen-so de 2012 revela que, al mismo tiempoque hay concentracin de la propiedad,hay tambin un crecimiento espectacu-lar del nmero de predios: desde 1994han aumentado en casi medio milln, a

2 millones 269 mil. La mayor parte unmilln 500 mil: el 68% son minifun-dios, inferiores a las 3 hectreas. El 72%de estos minifundios estn en la sierra,el 16% en la costa y el 12% en la selva.En conjunto, los minifundios tienen el21% de las tierras de uso agrcola delpas. En el otro extremo, los prediosmayores de 500 hectreas son solo 6,532,el 0.3% del total, pero poseen el 28% delas tierras de cultivo. En la costa, la con-centracin es mucho mayor: el mediocentenar de predios mayores de 500 hec-treas el 0.1% del total regionalcontrola directamente el 41.1% de lastierras de uso agrcola.

Se est reproduciendo una estructurade propiedad de la tierra agropecuariaque nos hace recordar al periodo previoa la reforma agraria aplicada por el go-

bierno del general Juan Velasco Alvara-do hace cerca de cuarenta y cinco aos.

Notas1 Presidente del Cepes.2 Tan solo esta inversin representa 60% ms

que todo el programa Mi Riego.3 Lorenzo Eguren Estudios econmico costo

beneficio del apoyo estatal a la gran agri-

cultura. Enero, 2014.4 Alusin al polmico artculo publicado en

el diario El Comercio, escrito por el enton-ces presidente Alan Garca. Ver .

El ministro de Agricultura, Milton von Hesse, y las maniobras dilatorias para no discutir una ley que regule el tamao de la propiedad de

las tierras agropecuarias. Ahora ha confirmado que el gobierno dio por cerrado el tema.

FotoRicardoMarapi


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Elboomde la quinuacontribuye a la

seguridad alimentaria?Waldemar Mercado1

El bienestar se refleja en el desarrollo hu-mano, el aseguramiento de la nutricin yla satisfaccin de necesidades bsicas;por tanto, la generacin de mayores in-gresos puede contribuir a ese logro. LaFAO2seala que existe seguridad alimen-taria cuando todas las personas tienen,en todo momento, acceso fsico y econ-mico a suficientes alimentos inocuos ynutritivos para satisfacer sus necesida-

des y preferencias alimenticias, a fin dellevar una vida activa y sana.El Ao Internacional de la Quinua, apro-

bado por las Naciones Unidas y que acabade concluir, tuvo como propsito promo-ver el conocimiento de los beneficios de laquinua, la biodiversidad y su uso poten-cial en la lucha contra el hambre y la malnu-tricin, como contribucin a una estrate-gia global de seguridad alimentaria. Suaporte nutricional ha sido reconocido porla comunidad internacional y es conside-rado un cultivo promisorio para la adapta-cin al cambio climtico. Sin embargo, sumayor promocin ha tenido efecto en elalza de su precio, que torna incierto su apor-te a la seguridad alimentaria de aquella po-blacin que tiene mayores necesidades nu-tricionales. El presente artculo plantea unarevisin del tema.

En el Per, a pesar del incremento de laproduccin de alimentos y del crecimientoeconmico en la ltima dcada3, una parteimportante de la poblacin vive en situa-cin de inseguridad alimentaria: 37% de

nios rurales menores de cinco aos su-fren desnutricin crnica (INEI 2011), unhecho que incidir ms adelante en el capi-tal humano.

Tendencias del

mercado de la quinua

En los ltimos trece aos (2000-2012), en el Per se ha incremen-tado la produccin, la superficiecosechada, los rendimientos y losprecios de la quinua. El periodo

2008-2012 ha sido ms dinmico,pues se expandieron todas las va-

riables a tasas mayoresrespecto al periodo2000-2007, verificndo-se que el crecimiento dela produccin ocurripor razones tecnolgi-co-productivas y por elmercado. Por tanto, eldenominado boomde laquinua se evidencia en la produccin cre-

ciente y los mejores precios recibidos por elproductor, y en el aumento del volumen deexportaciones en 9.5 veces, del valor FOBen 21 veces, y de los precios (US$/t) en 2.2veces. Pero si bien el volumen de abasteci-miento al mercado interno se increment en18%, el porcentaje de la produccin desti-nado al abastecimiento interno disminuyen 11.6% (cuadro 1).

Si bien laquinua tiene la aceptacin delconsumidor, hay un desequilibrio entreoferta y demanda, lo que ha aumentado suprecio, a pesar de lo cual su demanda noha dejado de crecer. Pero su consumo seencuentra limitado a algunos grupos de lasociedad, bien por razones de ingresos,bien por desconocimiento de sus cualida-des nutritivas. Se considera que el granopresenta potencial para consumidores dealtos ingresos y con inters en el cuidadode la salud, el ambiente, la equidad social yla gastronoma gourmet, pero tambin esfundamental favorecer su consumo en laspoblaciones pobres.

Se estima que en Bolivia el consumo es

de 5 kg/persona/ao, nivel consideradobajo si se toma en cuenta el mayor consu-mo de otros alimentos y la tendencia a lareduccin del consumo de quinua debidoa la prioridad asignada a su comercializa-cin4. En 2013, en el Per se consumi en-

tre 0 a 3 kg/ao/persona, menos que cincoaos atrs, cuando su consumo fue de 2.5a 5 kg/ao/persona. Por tanto, si bien lapromocin del grano ha provocado el in-cremento de su demanda, ello est llevan-do a que su precio sea inaccesible para losconsumidores pobres, lo que dificulta elacceso pleno y continuo a un bien nutriti-vo y saludable, lo cual, por consiguiente,afecta la seguridad alimentaria.

La comercializacinde la quinua

La comercializacin del grano no pre-senta diferencias con la de otros produc-tos que provienen de la pequea agricul-tura, caracterizados por el bajo nivel aso-

Cuadro 1. Estadsticas bsicas de la quinua en el Per, en promedios por periodos

Producc in Superf icie Rendimiento Precio en Exportacin Valor FOB AbastecimientoAo s co sec hada ch ac r a

t Tasa ha Tasa t/ha Tasa S/.kg Tasa (t) Tasa US$/t Tasa Nac. (t) %

2000-2007 29,095 2.9 28,413 0.8 1,022 1.6 1.16 0.6 581 40.9 1,257 0.8 28,513 98.1

2008-2012 39,146 7.5 34,894 4 1,118 2.3 3.18 31.2 5,514 47.4 2,793 21.0 33,633 86.5

2000-2012 32,961 5.0 30,906 2.6 1,059 2 1.94 13.4 2,663 43.6 1,896 9.2 30,482 93.6Fuente: Estadsticas agrarias del Minagri 2013 y Siscex.

Debido a los altos precios de la quinua, los productores han incrementado

Fotointernet


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ciativo de los productores, la dbil interre-lacin en la cadena productiva y el acopiorural desorganizado, lo que da lugar a unared tradicional, con predominancia de lacapital (Lima) para su procesamiento y co-mercializacin.

Los circuitos cortos, con ventas msdirectas al consumidor, son menos comu-nes. La comercializacin va ferias, com-pras pblicas y mercados locales en la sie-rra central, permitieron en 2011 la disponi-

bilidad del 15% de la produccin en esazona, pero el mayor precio pone en riesgosu acceso a grandes segmentos de la po-blacin. Si bien este tipo de ventas posibi-lita retornos positivos a los productoresaunque el sistema de comercializacinno garantiza precios justos, la gananciaprincipal es de los intermediarios. Segn eldirector general de la FAO, Graziano da Sil-va, los productores no se han beneficia-do de los precios de la quinua; los comer-cializadores se han quedado con todosesos ingresos y los consumidores son losque pagan los precios elevados5.

Lecciones del boom

de la quinua

El actual precio de la quinua tiene una rela-cin directa con la oferta y la demanda, y sibien los productores han incrementado supoder adquisitivo, esto no se ha traducidoen mayor seguridad alimentaria nutricional,pues el consumo de quinua se viene despla-zando por otros alimentos, ms baratos ymenos nutritivos como fideos y arroz. Antesla lgica del productor era priorizar la seguri-

dad alimentaria; ahora primero es el mercado.Por tanto, la quinua proporcionara apo-

yo a la seguridad alimentaria si: 1) favoreceel consumo local; 2) su disponibilidad esconstante en el tiempo y accesible en elprecio; 3) existe pleno conocimiento de susaportes nutricionales, tanto en los produc-tores como en los consumidores; 4) los pro-ductores logran mejores ingresos que lespermitan adquirir otros bienes de compo-sicin nutricional equivalente.

Desde las polticas pblicas, la posibili-

dad de considerar su compra en los progra-mas sociales permitira la nutricin de los ms

pobres especialmente en el sector rural, asegurar su destino hacia el mercado inter-no y fomentar los circuitos cortos. Por otrolado, existen varias propuestas para producirla quinua en funcin del mercado, con valoragregado, certificaciones y nichos de expor-tacin. Sin embargo, todava son pocas laspropuestas que manifiestan el desarrollo delterritorio a travs de las posibilidades del pro-ducto para garantizar la seguridad alimenta-ria local. Los retos quedan planteados.

Notas1 Profesor principal de la Universidad Nacional

Agraria La Molina.2 Oficina Regional para Amrica Latina y el

Caribe de la Organizacin de las Naciones

Unidas para la Alimentacin y la Agricultura.3 El crecimiento del producto bruto interno agro-

pecuario de 2002 a 2012 fue de 4.3% anual,

y del producto bruto interno, de 6.4% anual.4 Algunos productores bolivianos reconocen que

venden quinua para comprar fideos, arroz y con-

servas, que son ms fciles de preparar y consumir.

Fuente: RPP: .5

Diario boliviano El Da (14.12.2013)..

r adquisitivo, sin embargo, el consumo de quinua ha sido desplazado por otros alimentos, ms baratos y menos nutritivos.


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El pasado 28 de diciembre, el Gobiernoaprob la Estrategia Nacional de Seguri-dad Alimentaria y Nutricional 2013-2021(Decreto Supremo 021-2013-MINAGRI) y,de paso, derog la anterior EstrategiaNacional 2004-2015. Con esta medida con-cluye en el Per un largo proceso dirigidoa dotar al sector pblico de un marco pro-gramtico que oriente su accionar en elnivel nacional y descentralizado, con pro-psitos y metas claras en materia de se-guridad alimentaria y nutricional.

La estrategia derogada (ENSA) en suda, un avanzado instrumento de ordena-miento de polticas y recursos fue resul-tado de una amplia consulta a especialis-tas y responsables de instituciones pbli-cas y privadas con responsabilidad en lamateria, pero la falta de voluntad poltica yde una institucionalidad adecuada de so-

porte y seguimiento impidi que fueseempleada de manera sistemtica.

Deficiencia en polticas deseguridad alimentaria

Circunstancialmente, la realizacin enLima, en 2011, poco antes del cambio degobierno, de la Quinta Reunin de la Inicia-tiva Amrica Latina y el Caribe Sin Hambre2,puso en evidencia que, en el mbito de laregin, el Per era uno de los pases conms pobre dotacin en trminos de norma-tiva, polticas pblicas e institucionalidaden seguridad alimentaria y nutricional (SAN).Los apresurados esfuerzos del gobiernosaliente (se alcanz a elaborar un Plan Na-cional de SAN y un anteproyecto de ley) seperdieron en los confusos trmites de trans-ferencia de gobierno.

Recin en octubre de 2012 se llega a con-

formar la Comisin Multisectorial de SAN,en cuyo mbito se elabora la Estrategia Na-cional 2013-2021. Quedan pendientes el co-rrespondiente Plan Nacional y la Ley deSAN. La aprobacin de esta ltima por elCongreso ha quedado postergada, con pro-nstico incierto, luego de que estuviera apunto de ser sancionada al trmino de lalegislatura pasada. Queda pendiente tam-bin definir la configuracin definitiva de lagestin institucional de la poltica de SAN,puesto que la actual conduccin a cargodel Minagri puede variar de aprobarse la

Ley de SAN. Cmo nos coloca este balan-ce con relacin al resto de pases andinos?

Los pases de la regin nosaventajan legalmente

Con independencia del contenido, ysin pretender levantar un juicio de valorsobre su pertinencia y eficacia, es claroque Bolivia, Ecuador, Colombia y Vene-zuela cuentan con un mejor y ms slidomarco legal normativo, un cuerpo de es-trategias y polticas y un sustento insti-tucional para enfrentar los problemas de-rivados de la inseguridad alimentaria ynutricional3.

En trminos de marco legal y normati-vo, Ecuador, Venezuela y Bolivia tienenlegislacin expresa en la materia, mien-tras que Colombia no posee un marcolegal explcito.

En orden cronol-gico de emisin denomas legales, Vene-zuela cuenta desde2008 con una Ley Or-gnica de Seguridady Soberana Agroali-mentaria que declarade utilidad pblica einters social las actividades que asegu-ren la disponibilidad y acceso oportunode la poblacin a los alimentos inocuos,de calidad y en cantidad suficiente. Ecua-

dor promulg en 2009 la Ley Orgnicadel Rgimen de la Soberana Alimentaria,que tiene como objeto establecer meca-nismos para que el Estado cumpla consu obligacin de garantizar a las perso-nas, comunidades y pueblos la autosufi-ciencia de alimentos sanos, nutritivos yculturalmente apropiados de forma per-manente. En 2011, Bolivia aprob la Leyde la Revolucin Productiva Comunita-ria Agropecuaria para la Soberana Ali-mentaria, cuyo objeto es establecer lasbases institucionales, polticas y meca-nismos tcnicos y financieros de la pro-duccin de productos agropecuarios,priorizando la produccin orgnica.

Polticas y estrategias aplicadasen la regin

Con relacin a las polticas de SAN,Ecuador, Colombia, Venezuela y Boliviaaplican estrategias diferenciadas.

En Ecuador, el Plan Nacional del BuenVivir 2013-2017 incorpora como objetivodel Estado el impulso de condiciones

productivas para el logro de la soberanaalimentaria, y sirve de marco a la polticasectorial del Ministerio de Agricultura,Ganadera, Acuacultura y Pesca y al Pro-grama de reduccin de las barreras deacceso a la alimentacin y reduccin dela desnutricin.

Colombia cuenta con el ms completoacervo de mecanismos de poltica en lamateria. Aprueba en 2008 la Poltica Na-cional de Seguridad Alimentaria y Nutri-cional, orientada a contribuir a la dismi-nucin de las desigualdades sociales yeconmicas asociadas a la inseguridad

Leyes y polticas de seguridadalimentaria: Per en desventaja

Alberto Garca1

En 2011, Bolivia aprob la Ley para la Soberana Alimentaria. El presidente Evo Morales tambin ha promovido una poltica sobre el tema

cuyo objetivo es potenciar las capacidades productivas en los territorios rurales.

Fotointernet


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alimentaria y nutricional, y emite en 2013el Plan Nacional de Seguridad Alimenta-ria y Nutricional. Junto a estos instru-mentos se ha aprobado un conjunto depolticas de sanidad e inocuidad para ca-denas productivas y de generacin deingresos de poblacin vulnerable.

Venezuela implementa el Plan de Ba-talla por la Soberana Alimentaria 2006-2015, que orienta la poltica agrcola yde soberana y seguridad alimentaria na-cional, y ha dictado disposiciones es-pecficas sobre agricultura alimentariaen el Plan Estratgico de la Nacin 2007-2013. En Bolivia, la Poltica de Seguri-dad y Soberana Alimentaria de 2007 estorientada a potenciar las capacidadesproductivas de los territorios rurales yla transformacin de los sistemas pro-ductivos, y se plantean metas de reduc-cin de la pobreza, la desnutricin y el

analfabetismo, y otras relativas a sanea-miento bsico.

El marco institucional sobreSAN en pases vecinos

En cuanto al marco institucional, lospases andinos han establecido sistemasy estructuras de gestin de la SAN algunos con un fuerte componente parti-cipativo, como en los casos de Ecuador yBolivia, que, en su mayor parte, cum-plen varios aos de funcionamiento.

En Ecuador, la Conferencia Plurinacio-nal e Intercultural de Soberana Alimenta-

ria (Copisa), creada en 2009, es la instanciade debate, veedura y generacin de pro-puestas, integrada por representantes dela sociedad civil, cuya principal funcin espromover la formulacin de polticas p-blicas y proyectos de ley en materia de so-berana alimentaria. Copisa establece co-ordinaciones con las entidades del PoderEjecutivo encargadas de la implementacinde las polticas y con los gobiernos aut-nomos descentralizados. En Bolivia, elConsejo Nacional de Alimentacin y Nu-tricin (Conan), creado en 2003 y reestruc-turado en 2006, tiene el objetivo de impul-sar la participacin de la sociedad civil ylas organizaciones sociales, junto con ins-tituciones del sector pblico, para la for-mulacin y seguimiento de las polticas dealimentacin y nutricin.

En Colombia, la Comisin Intersecto-rial de Seguridad Alimentaria y Nutricio-

nal (Cisan) est encargada de dirigir ycoordinar la Poltica Nacional de Seguri-dad Alimentaria y Nutricional y de servircomo instancia de concertacin, armoni-zacin de polticas y seguimiento a lasdecisiones tomadas en el marco de la po-ltica de SAN. Est integrada por diver-sos ministerios vinculados a la alimenta-cin, nutricin y lucha contra la pobreza.En Venezuela, desde 2007, el Ministeriodel Poder Popular para la Alimentacin seencarga de las polticas en materia de co-mercio, industria, mercadeo y distribucinde alimentos, as como de regular la ex-

portacin e importacin de alimentos, confines de seguridad alimentaria.

De lo revisado se desprende que paraalcanzar los avances normativos e insti-tucionales en SAN del resto de pasesandinos, en el Per debemos recuperarel tiempo perdido. Si bien 2013 fue decla-rado Ao de la Inversin para el Desa-rrollo Rural y la Seguridad Alimentaria,esa frmula no bast para consagrar pau-tas bsicas en materia de seguridad ali-mentaria y nutricional. Este ao se hainiciado con modestos avances, pero talvez una mayor difusin de los progresospolticos e institucionales de los pasesandinos en materia de SAN pases conlos que compartimos parecidos proble-mas y desafos pueda estimular en elGobierno y en los congresistas la adop-cin de decisiones y medidas que sien-ten las bases de un esfuerzo de moviliza-

cin e inversin efectiva en seguridadalimentaria y nutricional.

Notas1 Consultor de la representacin de la FAO en

Per.2 La Iniciativa Amrica Latina y el Caribe sin

Hambre es un compromiso de los pases de la

regin, promovido por la FAO, para erradi-

car el hambre en el plazo de una generacin.3 Seguridad alimentaria y nutricional: impac-

tos, implicaciones y oportunidades para

Amrica Latina y el Caribe (LARC/12/2).

.

Comedor popular en la comunidad de Ranracancha, Apurmac. En temas normativos e institucionales sobre Seguridad Alimentaria, el Per debe recuperar el tiempo perdido.


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El impacto de Qali Warma enel agro peruano

En nuestra historia reciente hemos pen-sado de manera errnea que los progra-mas sociales alimentarios deban tenercomo objetivo favorecer a los producto-res agropecuarios. Los programas socia-les alimentarios tienen como objetivoentregar alimentos a sectores vulnerablespara satisfacer una necesidad, una ca-rencia o para potenciar y apoyar algnobjetivo mayor, como por ejemplo quenuestros escolares tengan ms energa

para enfrentar, de mejor manera, el desa-fo de la jornada escolar. La pregunta, sinembargo, sigue siendo si pueden hacerambas cosas: cumplir con el objetivo deentregar complementos alimentarios demanera efectiva y, a la vez, generar con-diciones favorables para los producto-res agropecuarios.

El Pronaa slo beneficiaba aunos pocos

A partir del cierre del Pronaa2y de lacreacin de Qali Warma3, mucho se ha dis-cutido sobre el tema. En varios foros, los

gremios agropecuarios exigan a Qali War-ma una serie de mecanismos de trato direc-to con productores y sus organizaciones,

justamente para lograr mantener el objeti-vo de priorizar compras del Estado al sec-tor agropecuario, en particular a los peque-os productores. La experiencia previa, ladel Pronaa, no era un buen punto de inicio.Pronaa compraba pocos productos y losmontos que compraba, a pesar de lo quese buscaba hacer creer, eran relativamente

pequeos (en arroz, por ejemplo, no secompraba ms del 2% de la produccinnacional) y terminaban beneficiando a unospocos productores u organizaciones.

Hay varios estudios que demuestran elpoco impacto que tena el Pronaa en mejo-rar precios y ampliar oportunidades demercado para la gran mayora de produc-tores agropecuarios. Solamente aquellospocos que lograban venderle a esta enti-dad, s vean ah una buena oportunidad,obtenan un mercado seguro, buen precioy poco control de lo que entregaban, pe-nalidades que se perdonaban, plazos que

no haba que cumplir,etctera. El costo deello es que los nios re-ciban productos demala calidad o simple-mente no los reciban.Esa lgica no genera-ba nada bueno y, msbien, alentaba todas lasmalas prcticas que terminaron construyen-do el camino hacia el cierre del Pronaa.

Los cambios planteados por elNio Vigoroso

El nuevo programa, Qali Warma, partiproponiendo cambios en cuatro aspectosclave: diversificar los alimentos que seentregan; incluir alimentos y preparacio-nes de cada localidad o regin; reducirlas unidades de compra a un distrito, parapromover la participacin de proveedo-res locales; y comprar la canasta comple-ta, es decir, el proveedor deba entregartodo alimentos perecibles y no pereci-bles y entregar la canasta en cada es-

Carolina Trivelli1

Uno de los objetivos de Qali Warma es anteponer los intereses de sus

principales usuarios: los nios y nias. Su razn de ser es llevar alimentos

variados, todos los das del ao a las escuelas pblicas.

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Midis


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cuela. Estos proveedores del programapodran ser asociaciones o consorcios otendran que comprar a productores loca-les, sobre todo en el caso de los alimen-tos perecibles. Adems, Qali Warma dejclaro que, en caso de conflictos, siemprese deba anteponer el objetivo del progra-ma y el beneficio de los usuarios (los ni-os y nias), antes que los intereses delos proveedores, incluso cuando estosintereses fueran legtimos. La razn de serde Qali Warma es llevar alimentos varia-dos, todos los das del ao y con conteni-dos locales, a las escuelas pblicas.

Qali Warma tiene el mayor inters en lo-grar que los productores locales abastez-can el programa, ah ganan todos, pero solosi la relacin se basa en la competencia y noen el privilegio o la componenda. Por ello,hay an mucho camino por recorrer en esa

materia, hay mucho por hacer. Sin embargo,debe destacarse que si la prioridad de QaliWarma no es la relacin con los producto-res locales, igual trae un gran efecto positi-vo para el sector agropecuario. Por ejemplo,en 2013, Qali Warma program compras de4,236 toneladas de arroz, 2,914 toneladas depapa blanca, 1,389 toneladas de camoteamarillo y 867 toneladas de habas frescas,por mencionar algunos alimentos.

Rescatando los insumos localesy las tradiciones

Hoy, hay un efecto de Qali Warma enlos mercados agropecuarios, bsicamen-te por su escala y localizacin. Recorde-mos que este programa entreg 3.4 mi-llones de raciones diarias a 2.6 millonesde nios y nias en 2013 y que atendera 2.8 millones de nios y nias, 191 dasdel ao, en 2014. Nunca un programaatendi a tantos nios ni lleg a los si-tios ms alejados. A pesar de los proble-mas que ha enfrentado, el programa re-presenta un avance en materia de pro-

gramas alimentarios. Por supuesto quehay que documentar estos procesos paramejorar y ampliar su impacto, sin alterarsus objetivos. Hay una agenda de traba-jo para mejorar procesos y lograr cumplircon los requisitos del programa. Estaagenda no depende de Qali Warma, sinode otras entidades promotoras, como elMinagri o Sierra Exportadora, por ejem-plo, con quienes se viene trabajando encasos atractivos como la cadena de que-sos maduros o el trabajo con las plantaspasteurizadoras de lcteos. Esto recincomienza y falta mucha agenda por tra-

bajar y ms actores por convocar, tantoen la articulacin de las cadenas produc-tivas como en la certificacin de la cali-dad de los productos.

Pero hay un efecto adicional, que so-lemos no valorar, pero que a la larga estan o ms importante que las cantidadesy los precios a los que compre Qali War-ma en cada localidad: el programa estapoyando procesos de alimentacin va-riados, con insumos locales, y respetan-

do tradiciones culinarias regionales. Estacaracterstica se traduce en madres ypadres de familia preparando nuevas re-

cetas o recuperando tradicionales formasde alimentacin; se traduce en nios ce-lebrando el recibir productos de su zonao probando nuevos productos, comosucedi con los nios de Taquile (islaubicada en el lago Titicaca) probandoquesos, o con escolares de Lima proban-do pan con pat; significa maestros utili-zando los alimentos para explicar histo-ria, cultura, sociedad, para apoyar pro-cesos de valoracin de nuestra identi-dad, de nuestra diversidad.

Qali Warma est introduciendo nuevosy viejos productos en las dietas de nues-

tros nios y nias, de sus familias, de susescuelas; est apoyando los procesos quedesde el sector salud se vienen implemen-tando para generar una cultura de alimen-tacin sana que combina lo nutritivo conlo nuestro, con la diversidad, con la culturalocal, con nuestra gente y nuestra historia.Es un cambio fundamental donde ganare-mos todos, consumidores y productores,donde el resultado ser una demanda cre-ciente por diversos productos agropecua-

rios, no solo desde grandes y lujosos res-taurantes, sino, sobre todo, desde las die-tas domsticas, diarias, desde cada canas-

ta de compra en el mercado. Ah est elmayor negocio para los productores agro-pecuarios: que haya ms demanda por susproductos en todo el pas.

Notas1 Exministra del Midis.2 El Programa Nacional de Asistencia Alimen-

taria (Pronaa) fue creado en 1992 y funcio-

n durante veinte aos.3 Programa Nacional de Alimentacin Escolar

Qali Warma (Nio Vigoroso), creado en mayo

de 2012 con el fin de brindar un servicio ali-

mentario a nios y nias del nivel inicial (apartir de los 3 aos de edad) y primario.

Uno de los intereses de Qali Warma es lograr que los productores locales puedan abastecer al programa, en una relacin basada en la

competencia y no en el privilegio.

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Midis


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Educacin en el campo:conectada con eldesarrollo rural?

Patricia Ames1

La educacin rural, entendida como laescolaridad formal que se ofrece en lasreas rurales de nuestro pas, se ha ex-pandido notoriamente en las ltimas d-cadas. Pero, al mismo tiempo, y a pesarde logros significativos en la coberturacreciente en inicial, casi universal enprimaria y bastante alta en secundaria,su calidad, medida a partir de los logrosde aprendizaje que muestran sus estu-

diantes en los exmenes nacionales e in-ternacionales, est seriamente cuestio-nada debido a los bajos resultados. Laspercepciones de los pobladores rurales,basadas en observaciones constantes delos nios y jvenes y sus desempeos,coinciden en este cuestionamiento: laeducacin en las ciudades es mejor, porlo que, aquellos que pueden, invierten lonecesario para que sus hijos se escolari-cen en pueblos y ciudades cercanas.

Las medidas para cambiar este estadode cosas continan siendo parciales einsuficientes: atienden un conjunto limi-tado de escuelas y, con frecuencia, re-sultan aisladas. Adems, brillan por suausencia, en las polticas estatales, lasreflexiones en torno a qu educacin ofre-cer en las reas rurales, cmo ella puedecontribuir al desarrollo social, producti-vo y tecnolgico de estos espacios y quespecificidades requiere para esto. Sindesmerecer la importancia de que los es-tudiantes urbanos y rurales alcancen si-milares competencias comunicativas y

matemticas, ello no puede ser el nicoelemento que defina la calidad de la edu-cacin rural: su pertinencia, utilidad yeficacia en el propio contexto rural debe-ran tambin considerarse.

Debera la educacin rural preparar alnio, nia o joven para aprovechar mejorlas oportunidades de su entorno, produ-cir ms y mejor, generar ms ingresos, di-versificar sus actividades, generar mayorriqueza que se reinvierta en el campo yque mejore de manera progresiva el bien-estar y las condiciones de vida en las reasrurales? La respuesta puede resultar ob-

via; sin embargo, espoco lo que se hace,en concreto, en estadireccin.

Una educacinfuera decontexto

Para empezar, la lec-tura de los documentos curriculares mos-

trara rpidamente que el entorno ruraltiene poca cabida en los contenidos for-males de la enseanza escolar. Queda enmanos del maestro diversificar estoscontenidos curriculares abstractos, tareano menor si se considera que aqul tam-poco ha sido formado en el conocimien-to crtico de la realidad rural en las insti-tuciones de educacin superior. Por elcontrario, el maestro es formado (casicomo pordefaulty con muy raras excep-ciones) para la ciudad, aunque en el 80%

o 90%2

de los casos inicie su trabajo enel rea rural.La interculturalidad que debiera ser

transversal al sistema tampoco es par-te de la formacin real de la gran mayorade maestros. Por ello, no es raro obser-var en las aulas que se alienten muy pocolas conexiones necesarias entre saberesabstractos y situaciones concretas en lavida rural, o que se ignoren los mltiplesconocimientos que los nios y nias ru-rales traen consigo. Es ms frecuente quese identifiquen rpidamente aquellos

conocimientos que no tienen, dada susocializacin y cultura diferentes engran medida de la urbana, que se tomacomo el ideal.

Notemos que al ignorar o marginar losconocimientos que traen nios, nias y

jvenes del sector rural, no solo no sonincorporados en el currculo, sino que setransmite una profunda desvalorizacinde dichos conocimientos.

Cmo aprovechar las oportunidadesdel entorno si no las conocemos? Cmo

producir ms y mejor si la produccinagropecuaria misma es desvalorizada

como inferior en la sociedad e irrelevan-te en la escuela?

Un vnculo roto: educacin ydesarrollo productivo

En el pasado, la preocupacin por la vin-culacin entre la educacin rural y la pro-ductividad del sector agropecuario era muyclara: en las dcadas de 1960 y 1970 existala conviccin de que la educacin ofrecala posibilidad de incrementar la capacidad

de los individuos (el acceso a informacin,por ejemplo) para adoptar tecnologa quepermitiera aumentos en la productividad y,por consiguiente, una mejora en sus ingre-sos. Esto hizo posible la creacin no solode escuelas, sino tambin de colegios agro-pecuarios destinados, justamente, a intro-ducir innovaciones y a formar a los jve-nes para una mayor y mejor produccin.

En la actualidad es sintomtico que lamayora de colegios agropecuarios conser-ven apenas su nombre, y poco del planinicial de ofrecer conocimiento especiali-zado e innovador. La mayora se rigen por

Lamentablemen te, los maestro s ignoran y no alien tan los mltip les


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la misma currcula que cualquier escuelasecundaria y persiguen el mismo objetivo:el ingreso a la educacin superior, ms quela formacin de profesionales y tcnicosagropecuarios. La incorporacin de cono-cimientos y tecnologas tradicionales adap-tadas a las frgiles condiciones de los An-des y la Amazona, que se reclama desdelos ochenta, tampoco se encuentra presen-te en el mbito escolar.

La desvalorizacin general de la activi-

dad agropecuaria ha hecho ms fuerte laopcin por escolarizarse con el fin de seguirestudios superiores y acceder al empleo ur-bano. Por ello, se entiende ms cabalmentepor qu los pobladores rurales consideranmejor la educacin en las ciudades: enefecto, es mejor si el proyecto es seguir es-tudiando y optar por empleos urbanos, puessocializa en hbitos, lenguajes, costumbresurbanas y, tambin, en adquirir conocimien-tos para este mbito especfico.

Las condiciones de produccin en elcampo peruano son duras, en muchos ca-sos, mal remuneradas y gozan de poco pres-

tigio social. La formacin escolar refuerzalejos de examinarlas crticamente es-tas desventajas al proponer la profesiona-lizacin y urbanizacin como metas idea-les. Al hacerlo fomenta claramente la mi-gracin, ms que la opcin por la perma-nencia y la apuesta por el desarrollo local.Las limitaciones en las condiciones gene-rales de vida (servicios bsicos, educati-vos y de salud) tampoco contribuyen: quie-nes logran ms educacin aspiran a vivir

en mejores condiciones y, para ello, se tras-ladan a pueblos y ciudades.

Desafos pendientes: diversidade interculturalidad

Las zonas rurales ya no son espaciosde empleo nicamente agrcola, sino queexiste una diversidad de actividades eco-nmicas en la familia rural y una gran co-nexin y dinamismo con los centros po-blados urbanos. La escolaridad que lo-gren los miembros de la familia puede for-

talecer sus capacidades para desempear-se en diversas actividades, moverse flui-

damente entre campo y ciudad, proseguircon estudios superiores y migrar. Pero esuna educacin que an requiere dialogare incluir los conocimientos locales (desa-rrollar una dimensin intercultural), de caraa la realidad global, y examinar crticamenteel desprestigio social del productor agro-pecuario, asociado en gran medida al ra-cismo y la discriminacin persistentes ennuestro pas. nicamente as podr con-tribuir efectivamente no solo en la escola-

rizacin de los nios y nias rurales, sinoen su desarrollo personal y social y en elde su entorno local y nacional.

Notas1 Antroploga. Profesora de la Pontificia Uni-

versidad Catlica del Per. Investigadora

principal del Instituto de Estudios Perua-

nos. [email protected] Montero, Carmen; Ames, Patricia; Uccelli,

Francesca; Cabrera, Zoila (2005). Oferta,demanda y calidad en la formacin de docen-tes: los casos de Cajamarca, Cusco, Piura,

San Martn y Tacna. Documento de trabajo

3. Lima: Preeduca-GTZ.

mientos que los nios y nias rurales traen consigo. La interculturalidad no forma parte de la formacin real de la mayora de maestros.

FotoRicardoMarapi


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Apesar de que el Convenio 169 de la OIT2sobre pueblos indgenas est vigente en elPer desde 1995, es recin con la Ley 297853,de 2011, y con su reglamento, el DecretoSupremo 001-2012, que comienza a anali-zarse el tema con mayor rigor. Ms all delas dificultades que implica su ejecucin,la intencin y racionalidad de la norma esreconocer un derecho legtimo y hacer via-ble una convivencia entre actividad eco-nmica extractiva, expectativas legtimas ycalidad de vida.

Nuestra ley obliga a que se consulten

aquellas medidas legislativas o administra-tivas que pudieran afectar los derechoscolectivos, la existencia fsica o la identi-dad cultural de dichos pueblos. La consul-

Consulta previa: una beneficiosa obligacin,pero difcil de llevar adelante

Baldo Kresalja1

ta tiene por objeto alcanzar un acuerdoentre el Estado y los pueblos indgenas atravs de un dilogo intercultural. La leycontempla principios que deben cumplir-se para que la consulta sea vlida; por ejem-plo, las caractersticas de los pueblos a serconsultados y las etapas del proceso; ascomo algunas obligaciones de las entida-des estatales.

En la actualidad, los puntos en debate msimportantes son el carcter no vinculante,para el Estado, de las consultas efectuadassalvo en los casos de acuerdo; el reco-

nocimiento solo a derechos colectivos yno individuales; y, en general, las condi-ciones ptimas o aceptables para llevaradelante la consulta.

Consulta ymovimientos

sociales

La normativa jurdi-ca sobre la consultaprevia se vincula a laactuacin y presin,durante los ltimosaos, de diversos mo-vimientos sociales, dispersos pero soste-nidos a lo largo del espacio y del tiempo,debido a una conflictiva relacin con lasindustrias extractivas, mineras, petroleras

y gasferas. Hay que advertir que esosmovimientos no se generaron usualmenteen forma espontnea, sino que fueron nu-tridos y alentados por personas e institu-

En setiembre de 2011, en el poblado amaznico de Imacita, en Bagua, el presidente Humala promulg la esperada Ley de Consulta Previa. Sin embargo, la implementacin del mecanismo ha sido engorrosa, poniendo

FotoPalaciodeGobierno


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ciones, laicas y religiosas, tanto de origennacional como internacional.

En ese contexto, es necesario recordarque la historia social y econmica del Pertiene una antigua y no siempre satisfacto-ria relacin con la extraccin minera. Ahorabien, los movimientos sociales adquierenfuerza y legitimidad social no solo por loseventuales abusos y conductas de lasempresas extractivas, sino tambin por suimpacto en determinado espacio geogrfi-co y en el uso del agua, pues suele alteraren forma importante la vida econmica ycultural, producindose un conflicto entrelo tradicional y lo moderno.

No cabe duda de que, en la actualidad,la actuacin de las empresas extractivasinfluye, con intensidad diversa, en la vidasocial y poltica del Per, y que la dinmicadel conflicto enfrenta a los movimientos

sociales casi siempre con el Poder Ejecuti-vo, sea a travs de movilizaciones pacfi-cas o violentas, o mediante negociaciones.Y no cabe duda, tampoco, de que para en-

tender las demandas de los pueblos ind-genas hay que conocer la economa polti-ca de la cual forman parte y las caractersti-cas sociolgicas e histricas del conjuntohumano, de la regin y del pas.

El reto de fondo: manejar elconflicto

El reto que se presenta hoy es cmopoder manejar correctamente la extendidaconflictividad social vinculada a las indus-trias extractivas; en qu medida puedenprotegerse los derechos humanos y losactivos ambientales, pero tambin el uso ydestino de los ingresos que generan esasindustrias, pensando, a largo plazo, en cu-les sern las actividades econmicas y so-ciales de los pueblos vinculados a las in-dustrias extractivas una ve

COMPENDIO LA REVISTA AGRARIA 2014

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