Cien días vistos por CINEP/PPP - Noviembre de 2010/ No 71

No. 71 | noviembre 2010 - febrero 2011 || www.cinep.org.co | | www.cinep.org.co | 1

Contenido

Consejo EditorialMauricio García Durán S.J.

Camilo BorreroTeófilo Vásquez

Lucía Camargo Rojas

Colaboran en este númeroTeófilo Vásquez

Sergio Andrés CoronadoLaura Tatiana Rodríguez Parra

Margarita GranadosLiliana Múnera

Fernando Sarmiento SantanderMagda López Cárdenas

María Clara Torres Jorge Iván González

Mauricio ArchilaSocorro Ramírez

Ana María RestrepoAndrés Yepes

Johan Torres CotrinoMargareth FigueroaLucía Camargo Rojas

Coordinación EditorialCamilo Borrero

Lucía Camargo [email protected]

Diseño y edición fotográficaMargareth Figueroa

Lucía Camargo Rojas

DiagramaciónMargareth Figueroa

Ilustración y diseño de portadaFelipe Camargo Rojas

[email protected]

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz(CINEP/PPP)Carrera 5a. No. 33A-08Tel: 2456181web: www.cinep.org.coe-mail: [email protected]á D.C., ColombiaNoviembre 2010 - febrero 2011

Editorial Las propuestas del presidente Santos: ¿Esperanza para las 2víctimas? Por Mauricio García Durán S.J.

Especial: El largo camino de la restitución de tierras Las 11 acciones del gobierno para restituir las tierras a 4los despojadosVolver los ojos al campo: política regional, conflicto y tierra 6Por Teófilo VásquezPolítica de restitución de tierras en Colombia. Sorpresas y 9sospechas Por Sergio Andrés CoronadoMujer rural: sin tierras, sin derechos 12Por Laura Tatiana Rodríguez ParraLa restitución para los pueblos indígenas 15Por Margarita Granados y Liliana Múnera

PolíticaLos límites de la Unidad Nacional 21 Por María Clara Torres

Política Social¿Atentado contra los DESC? 24 Por Lucía Camargo Rojas

EconomíaSantos y el desarrollo regional 27Por Jorge Iván González

Movimientos SocialesEl Congreso de los Pueblos ¿La otra “Unidad Nacional”? 30Por Mauricio Archila

InternacionalPrimeros meses de convivencia Santos-Chávez 33Por Socorro Ramírez

Opinión¿Cambio de estilo, cambio de opinión? 37Por Ana María Restrepo y Andrés Yepes

ComunicaciónLa comunicación santista 41Por Lucía Camargo Rojas

EducaciónUna mirada a la política educativa del gobierno Santos 44Por Johan Torres Cotrino

PazLey de víctimas. Entre lo político y lo legislativo 18 Por Fernando Sarmiento Santander y Magda López Cárdenas

No. 71 | noviembre 2010 - febrero 2011 | | www.cinep.org.co |2

Editorial

Las propuestas del presidente Santos: ¿Esperanza para las víctimas?

Por Mauricio García Durán S.J.*

Santos ha significado un cambio importante en la forma y estilo de gobernar con relación al modelo impuesto por Álvaro Uribe en los ocho años anteriores. Más aún, Santos no es el Uribe III que muchos esperaban. Por el contrario, cada día se hace más evidente que, a pesar de haber sido elegido como el continuador del uribismo, parece estar inau-gurando un “nuevo” modelo. Algunos de los aspectos que han marcado este nuevo estilo son el manejo más diplomático de las relacio-nes internacionales, la estrategia de reconci-liación con las altas Cortes, los cambios en la estrategia de comunicación (menos centrada en el Presidente), un equipo de ministros de mayor perfil y con “más autonomía de vuelo” y la configuración de una amplia coalición de gobierno (incluyendo a algunos de los oposi-tores).

para hacer realidad una efectiva democrati-zación de la estructura agraria colombiana? ¿Está dispuesto a ir contra los intereses de los grandes terratenientes, quienes cuentan con gran poder en el Congreso de la Repúbli-ca y en las estructuras de poder regional? El reto de la administración Santos es hacer rea-lidad las políticas que ha propuesto, no obs-tante las presiones que tendrá para oponerse a que estas se hagan realidad.

También ha sorprendido la administra-ción Santos al plantear una serie de temas que fueron negados durante los ocho años de la administración Uribe. En este sentido se destacan las iniciativas de restitución de tierras y de víctimas, que hoy hacen curso en el Congreso de la República como un proyec-to de ley unificado. Sin embargo, esta doble iniciativa suscita una serie de interrogantes, de los cuales vale la pena mencionar algunos.

*Mauricio García Durán S.J. Director General

CINEP/ Programa por la Paz

Hay un un consenso en los medios de comunicación y en los columnistas de opinión sobre cómo Juan Manuel

Santos no es el Uribe III que muchos esperaban. Por el contrario, cada día se hace más evidente que, a pesar

de haber sido elegido como el continuador del uribismo,

parece estar inaugurando un ‘nuevo’ modelo

“

”.

En primer lugar, la restitución de 2 millo-nes de hectáreas de tierras a campesinos despojados se queda corta frente a los 6,5 millones que alcanzó el despojo vivido en estos años de conflicto armado.

En segundo lugar, es un proyecto que no incluye a todos los que deberían estar. Por una parte, es problemático que las comu-nidades indígenas y afrocolombianas par-ticipen en un proyecto legislativo paralelo. Y, por otra, aunque el gobierno ha tenido en cuenta a estas poblaciones, no ha dis-puesto mecanismos claros de consulta para las víctimas en general. Además, los sectores del “uribismo puro” han presio-nado para que no se incluyan a las vícti-mas producto de los abusos de los agentes del Estado.

En tercer lugar, no son evidentes las ga-rantías de seguridad para las víctimas y desplazados que van a recibir sus tierras en retorno, que les impidan caer en una nueva ola de violencia, como ya ha comen-zado a verse.

En cuarto lugar, no es claro cómo estas propuestas se conectan con políticas efec-tivas de desarrollo rural y ordenamiento territorial que soporten realmente a la economía campesina.

Finalmente, faltaría un mayor énfasis en una política diferencial de género que responda a la realidad de las mujeres —la gran mayoría de las víctimas del conflic-to— en el ámbito agrario.

El trámite de esta doble iniciativa en el Congreso no está siendo fácil, dado los arrai-gados intereses en contra que existen en mu-chos parlamentarios. Además, después de cien días de gobierno, comienzan a notarse las fisuras en la coalición gobiernista (Unidad Nacional). No es tan claro que vayan a respal-dar estas iniciativas del Ejecutivo tal y como han sido planteadas, y menos a ajustar las propuestas de ley acorde con las demandas de desplazados, víctimas y campesinos. Ante esas resistencias y dificultades para hacer po-líticas públicas efectivas de estas iniciativas, quedan algunas preguntas: ¿Está el presiden-te Santos dispuesto a gastar su capital político

El reto de la administración Santos es hacer realidad las políticas que ha propuesto, no obstante las presiones

que tendrá para oponerse a que estas se hagan realidad

“”.

Nosotros los invitamos a leer en este nú-mero de Cien Días una serie de artículos que nos ofrecen una mirada crítica de la gestión del presidente Santos que comienza, consi-derando algunos de los retos que se plantean para que las políticas que ha propuesto efec-tivamente se traduzcan en mayores niveles de justicia para todos/as los/as colombia-nos/as.


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Cien días es la revista trimestral del CINEP-Programa por la Paz en donde se analiza la coyuntura nacional desde la situación de derechos humanos, los movimientos sociales y otros temas abordados por la investigación social.


Especial: El largo camino de la restitución de tierras

Proyecto de Ley

“Por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”

1 Sistema de información. Se creará un sistema de información que será la base

del restablecimiento de las tierras, una especie de mapa en el que se establecerá cuá-

les son los predios y tierras despojados, los titulados, los poseídos, así como los que

corresponderán para la restitución. Además, el sistema permitirá reunir pruebas sobre

la titularidad del predio, su valor catastral y el monto de las posibles compensaciones.

Quienes aparecen como titulares de las tierras deberán demostrar ante un juez que efectivamente son

los propietarios, de tal manera que se pueda ordenar la restitución. El sistema será administrado y ges-

tionado por la nueva Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas.

2 Determinación de áreas prioritarias. Con la información recopilada por el sistema

georreferenciado y el conocimiento sobre la titularidad de las tierras se determinará cuá-

les serán las áreas que se restituirán primero. Se espera cubrir en cuatro años la mayor

parte de las áreas donde hubo despojo.

3 Clarificación y titulación de baldíos. Se verificará cuáles son los baldíos incor-

porados al mercado, los ocupados por campesinos y los que pertenecen a grandes

propietarios con el fin de hacer una formalización y posterior distribución.

4 Revocatoria de títulos de propiedad. Se revertirán los títulos que fueron adjudi-

cados bajo presión y fuerza por los grupos al margen de la ley y también los que fueron

adjudicados de manera corrupta por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

(INCORA) o el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).

5 Formalización de la pequeña propiedad. A través de un nuevo programa

nacional el gobierno ofrecerá mecanismos para que los campesinos se puedan vin-

cular al mercado, acceder a créditos para la producción e intervenir en la economía

moderna.

6 Actualización catastral. El gobierno establecerá física y jurídicamente los dere-

chos de tenencia, posesión y propiedad sobre predios urbanos y rurales. Para lograrlo

espera hacer consultas a comunidades y asociaciones de víctimas y desplazados con el

fin de que testifiquen quiénes son los ocupantes de un terreno y a quienes les perte-

nece por derecho. Esa información se contrastará con bases de datos como el Registro

Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), los Consejos Municipales de

Atención a la población desplazada, el Registro Único de Población Desplazada de

Acción Social y el Registro de la Pastoral Social del Episcopado.

10 Tierras de extinción de dominio. Las tierras de extinción de dominio

se entregarán a “campesinos sin tierra, desplazados por violencia sin tierras y

desplazados por riesgos ambientales”. En el caso de que el gobierno no pue-

da adquirir los predios los comprará y así dispondrá del valor patrimonial para

propósitos de política agraria y de restitución a campesinos. Para lograr estos

objetivos, se modificará la actual ley de extinción de dominio.11 Desarrollo rural. En las áreas de restitución de predios despojados se ejecu-

tarán programas de desarrollo rural para reconstruir las comunidades afectadas.

Además, el gobierno presentará un proyecto de ley que le permita obtener fa-

cultades extraordinarias para reconstruir la institucionalidad agraria, redelimitar

las reservas forestales, reconstruir el Consejo Nacional de Tierras y rediseñar el

Ministerio de Agricultura.

Fuente: Proyecto de Ley de Restitución de Tierras y Exposición de Motivos.

Las 11 acciones del gobierno pararestituir las tierras a los despojadosLas 11 acciones del gobierno pararestituir las tierras a los despojados



7 Interrelación entre catastro y registro. Se homologarán los sistemas de catastro y

registro público para contar con un certificado de propiedad que garantice los derechos de

tenencia, posesión y propiedad de los predios.8 La restitución. Una vez identificados y registrados tanto el predio como el beneficiario, la Unidad

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas solicitará al juez la titulación

y entrega del predio. Si el presidente de la sala o magistrado admite la solicitud

ésta será publicada en una lista durante tres días en los que se podrán presentar

oposiciones y solicitar pruebas. El juez dictará el fallo dentro de los cuatro meses

siguientes pero en caso de litigio se iniciará un periodo probatorio de 30 días.

Si una persona manifiesta que su voluntad no es retornar al predio se le reintegrará

el valor patrimonial en TES (títulos de inmediata negociación en el mercado secun-

dario que pueden ser vendidos por los beneficiarios o mantenidos como una inversión).

Si el titular desea vender el predio podrá hacerlo dos años después de la restitución.9 Acompañamiento a iniciativas de retorno colectivo. Se acompañará so-

cial y económicamente a los retornos colectivos de personas en situación de des-

plazamiento y se coordinará la provisión de servicios. 10 Tierras de extinción de dominio. Las tierras de extinción de dominio

se entregarán a “campesinos sin tierra, desplazados por violencia sin tierras y

desplazados por riesgos ambientales”. En el caso de que el gobierno no pue-

da adquirir los predios los comprará y así dispondrá del valor patrimonial para

propósitos de política agraria y de restitución a campesinos. Para lograr estos

objetivos, se modificará la actual ley de extinción de dominio.11 Desarrollo rural. En las áreas de restitución de predios despojados se ejecu-

tarán programas de desarrollo rural para reconstruir las comunidades afectadas.

Además, el gobierno presentará un proyecto de ley que le permita obtener fa-

cultades extraordinarias para reconstruir la institucionalidad agraria, redelimitar

las reservas forestales, reconstruir el Consejo Nacional de Tierras y rediseñar el

Ministerio de Agricultura.

Fuente: Proyecto de Ley de Restitución de Tierras y Exposición de Motivos.

RADICADO Proyecto de Ley

Septiembre 7 de 2010



Volver los ojos al campo: política regional, conflicto y tierra

Recorrido por el transfondo histórico del nudo gordiano del conflicto armado en Colombia: la disputa regional por la tierra y los retos a los que se enfrenta uno de los proyectos bandera del nuevo gobierno.

La persistencia y aparición de los grupos armados se

explica por el fortalecimiento de la correspondencia entre la estructura económica/so-cial y la configuración de los poderes políticos regionales

“”.

Por Teófilo Vásquez*n la actual coyuntura política se están discutiendo la ley de tierras y la ley de víctimas. Ambas son facetas de un E

solo problema estructural que liga política, conflicto y tierra. Es así como de “súbito” el país tomó conciencia de un hecho que está en el centro de buena parte de nues-tras tragedias: la relación estrecha entre el conflicto armado, las disputas por el poder político, el control económico del territorio y el aplazamiento del proble-ma agrario. Por eso se hace necesario un análisis que ponga esa coyuntura en su trasfondo histórico.

El trasfondo histórico: violencia y cuestión agraria

En el pasado, el problema agrario no se encaró por la vía de la reforma agraria sino a través de la incesante ampliación de la fron-tera agrícola mediante el siguiente mecanis-mo: la colonización campesina, que era gra-dualmente reemplazada por el latifundio y la agricultura moderna en procesos no pocas veces ligados a la violencia.

Simultáneamente, la imposibilidad de las reformas en el campo fue resultado de la imbricación entre los poderes políticos regio-nales, las instituciones y los intereses de los latifundistas, ganaderos y agroindustriales que acapararon la intermediación política en-tre el Estado y las regiones. Ese fortalecimien-to de la correspondencia entre la estructura económica/social bimodal (modelo campesi-no y colonizador y/o modelo del latifundista y agroindustrial) y la configuración de los poderes políticos regionales es el telón de fondo que explica la persistencia y aparición de los grupos armados: de un lado, la perma-nencia de las guerrillas en las zonas de colo-nización de la amazonía y la orinoquía y en las regiones campesinas de las laderas de las

cordilleras; y del otro, la aparición de grupos de autodefensa y paramilitares en las regio-nes de latifundio, agroindustria y ganadería, situadas en las llanuras del Caribe y en los valles interandinos.

En ese andar, lo que era un conflicto social y económico por la tierra, se transfor-mó en una disputa histórica y estructural de dos modelos de desarrollo rural en la que se lograron insertar con éxito dos propuestas armadas: las guerrillas y los paramilitares como mediadores políticos, ya sea del modelo campesino y colonizador o del latifundista y agroindustrial. El resultado es el eje de guerra

y sus paradojas, es decir dos propuestas si-métricas en sus métodos armados, pero asi-métricas en sus modelos económicos, políti-cos y sociales.

Más recientemente, la actual etapa en la que convergen el conflicto armado, el nar-

cotráfico y la política, que es sin duda un obstáculo para la democracia y el ejer-cicio pleno de la ciudadanía en muchas regiones, no esta desligada de problema agrario. Ya que es necesario constatar

que el narcotráfico tiene una economía política que reproduce los problemas tí-picos de los modelos de agromonoexpor-

tación, es decir, que presenta una estructu-ra social diferenciada y desigual en relación con las etapas de cultivo, producción y co-mercialización. En esa estructura económica y social desigual hallan los grupos armados las condiciones de posibilidad para su forta-lecimiento militar, su expansión territorial y la ampliación de su influencia social y políti-ca en importantes regiones del país.

ModeloCampesino/colonizador

Modelolatifundista yagroindustrial



La trayectoria histórica y la actual situa-ción de varias regiones ilustran ese proceso. Por ejemplo en el Caguán, frontera agraria abierta donde es central la presencia de las FARC y en el Magdalena Medio, frontera agra-ria en vía de cerrarse, donde los paramilita-res han logrado una fuerte influencia social y política.

En las décadas de 1950 y 1960 se veri-ficó en el Caguán un proceso de colonización por parte de campesinos liberales y comunis-tas, en su mayoría del Huila y el Tolima, que huían de la violencia política y los conflictos agrarios. Desde finales de los años 60 esa si-tuación se comenzó a transformar con el es-tablecimiento de una economía ganadera en el medio y bajo Caguán, como resultado de los programas y proyectos de colonización por parte del Estado.

A mediados de los años 80, ese proceso tomó un segundo auge con la inserción de la economía cocalera, situación que reforzó las conflictivas relaciones entre el Estado, los po-bladores y los campesinos, ya que al estigma de zonas guerrilleras se le agregó, ahora, el hecho de tener como actividad económica el cultivo de coca y la producción de cocaína. Ese contexto fortaleció el orden alternativo establecido por la FARC y permitió la expan-sión territorial de este grupo armado.

En cambio en el Magdalena Medio se produjo un proceso de ganaderización y agro-industrialización que implicó la des-composición de la economía campesina mini-fundista y el agotamiento de las zonas baldías sobre las cuales se articulan las guerrillas. De hecho, desde mediados de los 80, la expe-riencia paramilitar en Puerto Boyacá estuvo acompañada del apuntalamiento de una base económica que permitió, en menos de dos décadas, que la ganadería se convirtiera en el sector más dinámico de la economía.

A finales de los años 60 se estableció una economía ganadera en el bajo y medio Caguán. Amediados de los 80 los cultivos de coca se convirtieron en la principal actividad económica.

El agotamiento de las zonas de coloniza-ción posibilitó la inserción efectiva del Esta-do y del mercado al Magdalena Medio lo que cambió su condición de región periférica. En este nuevo panorama la guerrilla perdió las ventajas comparativas de carácter logístico, militar y social que durante muchos años le permitieron convertir estas zonas campe-sinas y de colonización en sus “nichos his-tóricos”. En esta región, desde finales de los 90 y hasta hoy, el paramilitarismo y su base económica por definición, el narcotráfico, produjeron una contrarreforma política que expresa con nitidez los intereses de las élites rurales, quienes serían las grandes perdedo-ras con los cambios al modelo agrario que ac-tualmente predomina.

En el Magdalena Medio ,desde finales de los 90 y hasta

hoy, el paramilitarismo y su base económica, el narcotráfico, produjeron una contrarreforma política que expresa los intere-

ses de las élites rurales

“”.

En el Magdalena Medio se produjo un proceso de gana-derización y agro-industrialización que descompuso la economía minifundista y agotó la zonas baldías.

Imagen de elespectador.com

La coyuntura: ley de tierras, actores armados y política

El presidente Santos y su ministro de agricultura han hecho anuncios que llaman al optimismo en la posible y anhelada solución de aspectos centrales que atan el conflicto arma-do y el problema agrario. En este sentido, Juan Camillo Restrepo, afirmó en entrevista con Caracol Radio que va a “meter el hombro con

En síntesis, la guerra y la cuestión agra-ria son hace tiempo un problema de territo-rios y territorialidades enfrentadas por vía armada, donde los grupos amados (defen-diendo y consolidando uno de los modelos enunciados) se diputan el control de sus re-cursos y las adhesiones de sus pobladores.

todo entusiasmo a la reactivación de la po-lítica de devolución de tierras” y sostuvo, sobre el viraje en su gestión al frente del Mi-nisterio que este “es un ministerio que está encargado no sólo de orientar la política de la agricultura empresarial, que naturalmente tendrá todo el apoyo del Ministerio, sino del desarrollo rural, de la economía campesina, de la agricultura pobre del país, que hay que apoyar. Los mayores índices de pobreza del país están en esa área”.

Empero, los buenos propósitos del ac-tual gobierno encaminados a solucionar el grave problema agrario —que es en gran medida la base del conflicto armado— tie-nen varios obstáculos y vacíos que deben ser objeto de reflexión para moderar un poco el optimismo desbordado que se ha apoderado de la opinión pública.

No cabe duda de que en esta materia es evidente el distanciamiento de Juan Manuel Santos en relación con Álvaro Uribe. Es claro que Uribe gobernó a favor de los grandes pro-pietarios y empresarios agrícolas (y de los inversionistas transnacionales) mientras que los campesinos, los desplazados —en su ma-yoría desposeídos de sus tierras por los gru-pos armados—, y otros sectores sociales del agro, fueron abandonados a su propia suerte o, dicho de otra manera, fueron arrojados al mercado y al capital.

El presidente Santos y su ministro de agricultura han hecho anuncios que llaman al optimismo en la posible y anhelada solución de aspectos centrales que atan el conflicto armado y el problema agrario. Es loable el objetivo de devolver las tierras a los cientos de miles de desplazados cuyas propiedades fueron arrebatadas a sangre y fuego por los paramilitares.

No obstante, a esos propósitos se le atra-viesan duras realidades políticas y económi-cas, ya que las medidas hasta ahora propuestas afectarían los intereses y los mecanismos de reproducción de élites regionales que fueron



fundamentales, no sólo para garantizar la gobernabilidad de Uribe I y II, sino también para asegurar la victoria de Juan Manuel Santos. No sobra recordar que la coalición de gobierno, hoy representada en la deno-minada unidad nacional, no es homogénea ni obedece a intereses comunes: si bien en ella se agrupan sectores industriales y agroindus-triales moderados, también cobija a la vieja elite latifundista que por años ha gozado de representación en el Congreso. En efecto, el partido de la U expresa con nitidez la temible alianza entre acumulación de la tenencia de la tierra, monopolio del poder político, alian-zas con compañías internacionales y violen-cia que se ha apropiado de varias regiones del país.

De otro lado, es ineludible poner de presente que la devolución de las tierras des-pojadas a los campesinos para solucionar la cuestión agraria es sólo parte del camino. Ya que hace tiempo, como mostramos, es tam-bién una disputa armada de dos modelos de desarrollo rural que implica ya no solamente el monopolio sobre la tierra sino el control del territorio.

Referencias• Semana.com, 2010, “Juan Camilo Restrepo promete gran viraje en políti-ca agrícola”, en Semana.com, Bogotá, 8 de julio de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-politica/juan-camilo-restrepo-promete-gran-viraje-politica-agricola/141429.aspx

Es ineludible que la devolu-ción de las tierras despoja-das a los campesinos para

solucionar la cuestión agra-ria es sólo parte del camino

“”.

*Teófilo VásquezInvestigador de ODECOFI-


En esa medida el reto es cómo acompañar la devolución de las tierras de acciones que hagan viable y sostenible las economías campesinas que se enfrentan en desigual competencia a la agroindustria, al latifundio y recientemen-te a las multinacionales. Más aun cuando esos

El desafío es no sólo devolver las tierras usurpadas, tam-bién consiste en lograr un

consenso sobre el modelo de desarrollo económico agrario

y de sociedades rurales

“”.

A los propósitos del presidente Juan Manuel Santos y del mistro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para solucionar el problema agrario, se les atraviesan duras realidades políticas y económicas ya que las medidas afectarían los intereses de las élites regionales.

Imagen de minagricultura.gov.co

factores y sus agentes han de-mostrado que en su avidez por la tierra y los territorios de los campesinos, indígenas y negros, cabe sin reato la lógica de la vio-lencia.

El desafío es no sólo de-volver las tierras usurpadas, también consiste en lograr un consenso sobre el modelo de de-sarrollo económico agrario y de sociedades rurales propiamente dichas, de rehacer un cuerpo de políticas públicas rurales y agra-rias, y una recomposición de la institucionalidad rural regional y nacional donde quepan los in-tereses políticos, económicos y sociales de los campesinos, los indígenas y los negros, y los de

agroindustriales y latifundistas. ¿Será mucho pedir?

Pero tal vez el reto mayor se relacione con la necesidad de construir un sujeto po-lítico de los campesinos, autónomo de todos sus presuntos “salvadores”. De un lado, de la guerrilla cuyo voluntarismo y vanguardismo se transformó en tragedia e instrumentaliza-ción. Y de otro, de los latifundistas y las élites locales que tienen que dejar de lado su insis-tencia de excluir de la política local y regional a los campesinos por la vía violenta. Pero esa tarea también incluye a las Organizaciones No Gubernamentales y al Estado colombia-no que, a pesar de tener opiniones opuestas, comparten una visión paternalista que con propósitos loables termina por desconocer la capacidad de agencia de los campesinos.

El reto mayor es construir un sujeto político de los campesinos, autóno-mo de sus presuntos “salvadores”

Imagen de historiaperuana.blogspot



Política de restitución de tierras en Colombia.

Sorpresas y sospechasEl proyecto bandera del nuevo gobierno, la restitución de tierras, a todas luces es deseable. Sin embargo, aún

presenta inconsistencias para algunos sectores. Análisis de sus aciertos y sus desafíos.

Además de la voluntad polí-tica del gobierno Santos para abordar el tema de la restitu-ción de tierras otras causas, como los años de insistencia

de los sectores rurales po-pulares y la desmovilización paramilitar, han permitido la

actual coyuntura

“

”.

Por Sergio Andrés Coronado*

esde hace más de ocho años las organi-zaciones de campesi-D

nas y campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, han reclamado del Estado la apertura de escenarios que permitan el debate público de las políticas agrarias, de tierras y de desa-rrollo rural. Durante los dos periodos del expresidente Uribe Vélez no fue-ron escasos los congresos, foros y mo-vilizaciones en los que participaron estos sectores sociales y populares, y tampoco fueron pocas las propuestas y la agenda legislativa que intentaron impulsar1. Sin embargo, no encontra-ron una respuesta satisfactoria. Por el contrario, las políticas agrarias fueron debatidas y aprobadas a espaldas de las demandas de los actores sociales e inclu-so en detrimento de la garantía de sus dere-chos fundamentales. Argumento del que se valió la Corte Constitucional para declarar inexequibles por lo menos dos de las iniciati-vas lideradas por el gobierno anterior: la ley forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural. En contraste, el panorama hoy parece ser dife-rente.

En los últimos días ha generado una gran sorpresa que el tema de la restitución de las tierras haya copado buena parte de la agenda política del presidente Santos. Ade-más de la voluntad política del gobierno para abordar el tema, es posible señalar otras cau-sas que han permitido la actual coyuntura: el abordaje de la cuestión agraria y el despojo en el debate electoral; los años de insistencia de los sectores rurales populares sobre la ne-cesidad de adelantar una reforma agraria in-tegral y estructural; la reciente movilización de las víctimas y sus propuestas de adelantar políticas de restitución y reparación frente al despojo y la desmovilización de algunos sec-tores del paramilitarismo que ha permitido

conocer, de forma tangencial, algunas verda-des sobre los procesos de despojo, la pene-tración de esta estructura ilegal en el aparato institucional encargado de la administración de la política de tierras (el INCODER) y los vínculos de la clase política en la configura-ción de este fenómeno.

Si este gobierno logra cumplir con ese objetivo, además de tomar distancia frente a la política que manejó la anterior adminis-tración, logrará un importante cambio en el sistema colombiano de tenencia de la tierra.

Es importante reconocer que los moti-vos que animaron al gobierno a la presenta-

ción del proyecto de ley se encuentran en el nervio más sensible del conflicto agrario: la concentración y el despojo de las tierras y el reconocimiento de un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la situación de la población desplazada (Restrepo, 2010). Sin em-bargo, ni en el diseño de la ley ni en las propuestas de ejecución se ha tenido en cuenta la participación de los secto-res sociales y populares del campo co-lombiano y tampoco la de las víctimas.

De hecho, las organizaciones de víctimas han expresado su preocupa-ción porque no tienen una posición determinante en el proceso de restitu-ción. En el proyecto de ley, su represen-tación es asumida por la Unidad Espe-cial para la Restitución de las Tierras

Despojadas, en la que participan diferentes representantes de instituciones públicas, pero ninguno de las víctimas2.

De igual forma hay que leer la apuesta del gobierno de restitución desde una pers-pectiva histórica de la concentración de tie-rras. Alejandro Reyes (asesor del Ministerio de Agricultura), en una presentación realiza-da en el CINEP/ Programa por la Paz, señaló que el propósito del gobierno Santos es “vol-ver las tierras en manos de quienes la tenían”. Es necesario recordar que la concentración de la tierra en Colombia es un proceso que remonta sus orígenes a los inicios de la Re-pública. Ninguna iniciativa o ley de reforma agraria tuvo la capacidad de democratizar el acceso a la tierra para la población rural más pobre y transformar la estructura agraria desigual. Por lo tanto, en el balance general de la política de reforma agraria es factible concluir que favoreció la concentración (Fa-jardo, 2010, 8-9).

Aunque se pueden identificar casos par-ticulares y emblemáticos de beneficiarios de programas de reforma agraria que fueron

Imagen de webmujerrural.com

Desde hace más de ocho años diferentes organizaciones han recla-mado del Estado la apertura de escenarios que permitan el debate

público de las políticas agrarias, de tierras y de desarrollo rural.



despojados posteriormente de sus tierras en los diferentes procesos de violencia que se han vivido en Colombia, la concentración ha sido una constante de la historia republicana del país. Por lo tanto, la restitución no resul-taría suficiente, ni idónea, para que aquellos pobladores rurales que nunca han logrado acceder a un territorio propio puedan ver re-sueltas sus expectativas. Sobre este punto el mismo gobierno ha sido claro en el sentido de reconocer que la iniciativa no es suficiente para atender un estado de cosas inconstitu-cional en lo relativo a la concentración de la tierra en Colombia, pues no puede confundir-se con una reforma agraria.

El proyecto del gobierno también debe superar grandes desafíos como brindar ga-rantías suficientes de seguridad para los re-tornos y la restitución en un escenario de per-manencia del conflicto armado. Así, a pesar de que la propuesta se articula con la ley de Justicia y Paz y promueve la restitución de las tierras de la población que ha sido despojada, puede enfrentar una limitación estructural para su aplicación: las normas transicionales que se plantean para escenarios posconflicto tienen problemas para ser aplicadas cuando el conflicto se sostiene. Veamos esto con ma-yor profundidad.

Algunas antiguas zonas de control pa-ramilitar continúan bajo la influencia de las denominadas “Bandas Emergentes” que he-redaron ‘franquicias’ de estos grupos arma-dos ilegales. De igual forma, las guerrillas aún mantienen influencia sobre regiones determinadas del país, hecho que dificultaría los procesos de restitución. Uno de los prin-cipales deberes para el gobierno es generar condiciones de seguridad que garanticen la no repetición y la ocurrencia de nuevos des-

plazamientos, sin acudir única y exclusivamente a la militariza-ción e incremento del pie de fuer-za. Si bien es cierto que la resti-tución es deseable y necesaria, debe realizarse en condiciones de garantía de la vida y la integri-dad personal de quienes han sido despojados3.

Además, han sido señaladas otras limitaciones en la modula-ción de los principios de terri-torialidad y temporalidad de la aplicación de la ley. El proyecto señala en su artículo 4 la limita-ción de las zonas en las cuales se aplicarán los procesos de restitu-ción y se explica que se tendrán en cuenta los periodos en los que

hubo influencia armada ilegal en la zona de-limitada. Esta facultad reglamentaria puede tener efectos adversos para las víctimas que deseen acceder a la restitución y que, a juicio del gobierno, no tengan sus tierras dentro de las zonas delimitadas.

Con la formulación de este proyecto de ley, el gobierno ha dado pasos importantes en el reconocimiento de que los procedimien-tos civiles ordinarios son insuficientes para garantizar los derechos de los despojados y dar atención a su situación de emergencia humanitaria. Sin embargo, la restricción an-teriormente señalada impediría el acceso a la justicia de un número indeterminado de víctimas, a no ser que se declare que en todo el territorio nacional se ha ejercido influencia armada ilegal. Por consiguiente, esta postura debería revisarse.

Adicionalmente, la política de restitu-ción de tierras de las víctimas de la violencia debe relacionarse con otros ámbitos de ejer-cicio del Estado como los derechos del con-junto de las víctimas del conflicto armado y los posibles proce-sos de negociación de la paz que se pue-dan adelantar en este gobierno. De igual forma, el proyecto no puede responder por sí solo a la situación de concentración de la tierra y a la deuda histórica de distri-bución, pero sí debe articularse a las ini-

ciativas que sobre este tema tengan tanto el gobierno como los sectores de la sociedad civil4.

La política de restitución de tierras de las víctimas de

la violencia debe relacionarse con otros ámbitos de ejercicio del Estado como los derechos

de conjunto de las víctimas del conflicto armado y los

posibles procesos de negocia-ción de la paz que se puedan adelantar en este gobierno

“

”.Por lo tanto, el gobierno debe señalar

cómo se articulará este proyecto con el con-junto de normas vigentes sobre la materia con otras propuestas legislativas que presen-te ante el Congreso y, además, hacer explíci-to que los procesos de restitución de tierras no implican por sí solos la garantía integral de los derechos de las víctimas, ni el pago de la deuda histórica que el Estado tiene con el campesinado y los demás sectores rurales co-lombianos.

La pregunta que subyace a esta discu-sión es cuál es el modelo de desarrollo rural y de ordenamiento territorial que se quiere fortalecer con la iniciativa. En su discurso de posesión el presidente Santos habló de transformar a los campesinos en prósperos empresarios agrarios y en promover la ex-plotación minera como una de las locomoto-ras del crecimiento económico. Sería ingenuo considerar que la propuesta de restitución de tierras se encuentra aislada de estas apuestas políticas centrales para el gobierno. La for-malización de las tierras en muchas manos, además de ser un factor que favorecería la

Imagen de radareconomicointernacional.blogspot.com

Ni en el diseño de la ley de restitución de tierras ni en las pro-puestas de ejecución se ha tenido en cuenta la participación de los sectores sociales y populares del campo colombiano y tampoco la de las víctimas.

El proyecto no puede responder por sí solo a la situación de concentración de la tierra, pero sí debe articular las iniciativas del gobierno y de la sociedad civil.

Imagen de tomadodenotimundo2.blogspot.com



Uno de los principales deberes para el gobierno es generar condi-ciones de seguridad que garanticen la no repetición y la ocurren-cia de nuevos desplazamientos por causa del conflicto armado.

Imagen de colombiadrogas.wordpress.com

Referencias

• El Espectador.com, 2010, “Asesinan a líder campesino que demandaba restitución de tierras” en El Espectador.com, 21 de septiembre. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-225483-asesi-nan-lider-campesino-demandaba-restitucion-de-tierras• Fajardo, Darío, 2010, “Política de tierras: sorpresa, desconcierto y temor” en UN Periódico, No 138, 10 de octubre. Disponible en: http://www.unpe-riodico.unal.edu.co/dper/article/politica-de-tierras-sorpresa-desconcierto-y-temor/• Restrepo, Juan Camilo, 2010, “Exposición de motivos al proyecto de ley por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tie-rras” presentada al Congreso de la República por el ministro de Agricultura. Disponible en: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/exposicion_de_motivos_al_proyecto_de_ley_v5_0109_2010.pdf

Notas1 En el año 2006, las organizaciones de pobladores campesinos, indígenas y afrocolombianos presentaron un proyecto de ley ante el Congreso que conte-nía su propuesta de política agraria y desarrollo rural. A pesar de que el docu-mento fue presentado de forma simultánea con la iniciativa gubernamental, no fue tenido en cuenta en el debate legislativo y fue archivado, vulnerando el derecho de participación de estos sectores sociales y de la oposición política presente en el poder legislativo.

2 Incluso, el proyecto de ley excluye como sujetos de la restitución a los pue-blos indígenas y afrocolombianos para no realizar el proceso de consulta pre-via, lo que garantizaría la participación de estos actores en el debate político.

3 El 21 de septiembre de 2010 fue asesinado el líder campesino Hernando Pérez quien participó en un acto del gobierno sobre restitución de tierras para pobladores desplazados en Urabá (El Espectador.com, 2010).

4 Sobre este punto es necesario realizar un seguimiento al desarrollo que la figura de las Zonas de Reserva Campesina tengan en el marco de la política agraria y de tierras del actual gobierno. Actualmente existen varias organi-zaciones de campesinos que han presentado solicitudes de constitución de estas zonas. Sin embargo, estas demandas no han sido debidamente atendi-das por el gobierno. La promoción de estas figuras implicaría un cambio muy favorable en las políticas agrarias.

desconcentración, también puede permitir la consolidación de un mercado de tierras con certidumbre sobre los derechos de propie-dad, que hasta la fecha ha sido imposible de configurar en Colombia, debido precisamen-te a los altos niveles de informalidad.

Si bien es cierto que la iniciativa ha causado sorpresa por su pretendido talante democrático, es muy prematuro aún deter-minar si favorecerá a la agricultura familiar campesina, indígena y afrocolombiana y al fortalecimiento de la autonomía de los pro-ductores rurales, o si bien buscará vincular al sector agropecuario con las locomotoras de crecimiento como la minería y la producción

*Sergio Andrés CoronadoInvestigador equipo DHESC- CINEP/ Programa por la Paz

agrícola a gran escala, por medio de la formalización y legalización de los títulos sobre el suelo. Como se ha señalado, esta pro-puesta del gobierno nacional ha suscitado múltiples reacciones: los tradicionales sectores latifun-distas representados en el Con-greso la observan con descon-fianza por considerar que puede constituirse en un obstáculo para sus intereses. Por su parte, las víctimas y las organizaciones sociales han hecho múltiples re-paros a la propuesta, algunos de los cuales han sido expuestos en este artículo. Además, buena par-

te del capital político y de la opinión pública favorable del presidente Santos depende del buen término de la misma. El trámite del do-cumento aún se encuentra en el Congreso de la República y deberá enfrentar los obstácu-los señalados y seguramente muchos más. El debate sobre sus alcances e impactos en la sociedad colombiana aún se encuentra abier-to.

Si bien la iniciativa ha causado sorpresa por su pretendido talante democrático, es muy prematuro aún determinar si favorecerá a la agricultura familiar campesina, indígena y afrocolombiana.

Imagen de alejandroaraque.com



Mujer rural: sin tierras,sin derechos

Aunque en la última década las campesinas están siendo visibilizadas y protegidas, las propuestas legislativas en materia de los derechos de la mujer rural siguen siendo insuficientes. La ley de restitución de tierras debería

trabajar de la mano con una política diferencial de género.

Por Laura Tatiana Rodríguez Parra*

“En la cuenca del Calima donde vivíamos en paz por causa de la violencia me tuve que desplazar.

El 16 del mes de julio es una fiesta patronal donde mataron tres familias como feroz animal.

Fue momentos de tristeza y de mucho gran dolor murieron padres y dos hijos por causa de la subversión.

Salimos de nuestras tierras sin saber el paradero, llegamos a la ciudad con hambre y desespero.

Pasamos mucho trabajo pues la ciudad no es lo nuestroextrañando nuestros campos con dolor y gran tormento.

Ya con estos nos despedimos queriéndoles recordar que la violencia de nuestros campos nos sacó sin piedad”

Mujeres Consejo Comunitario del Bajo Calima, Buenaventura1

ara las mujeres rurales, la tierra, más que un escenario fìsico o una enun-ciación jurídica o geográfica, es una P

interrelación con el ambiente que tiene un sentido comunitario y cultural. La tierra re-presenta su historia y su principal medio de subsistencia, pues allí encuentra su trabajo, su desarrollo familiar, social y político. Ac-tualmente, pese a los avances normativos y políticos en materia de equidad de género, las mujeres campesinas siguen sintiendo so-bre sus espaldas el peso de años de desigual-dad. Esta situación no les permite crear un vínculo real con las tierras, ya que el hombre es el propietario y quien tiene la potestad de decidir sobre la producción y distribución del trabajo familiar (León, 2010, 12-14).

En el mundo rural las diferencias de gé-nero se hacen más evidentes. Existen prefe-rencias masculinas en el momento de heredar: el hombre se mantiene en el rol de jefe de fa-milia, mientras a la mujer le es designada una función doméstica y pasiva frente al acceso y

mantenimiento real del territorio, a lo que se añade que las leyes y la normatividad vigen-te no han sido suficientes para romper estas barreras, manteniendo los sesgos masculinos en las iniciativas de distribución y titulación. Tal como lo destaca Magdalena León, las re-formas agrarias ocurridas entre los años 50 y 80, excluyeron a la mujer y destacaron el trabajo en el campo como una actividad ne-tamente masculina. Las cifras lo demuestran. En Colombia para el año 1986 sólo el 11.2% de las mujeres eran beneficiarias de los pro-gramas de distribución de tierras, y para 1991 el 11%, último dato estadístico con el que se cuenta (León, 2010, 12-14).

En el mundo rural las diferen-cias de género se hacen más

evidentes. En Colombia para el año 1986 sólo el 11.2% de las mujeres eran beneficiarias de los programas de distribución

de tierras y en 1991 sólo el 11%

“”.

Aunque existen diferentes disposicio-nes normativas referentes al acceso a la tierra y promoción de la actividad rural, su recono-cimiento ha sido lento. Con la ley de Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), se pretendía en-tregar tierras a los campesinos desposeídos y fomentar la adecuación de terrenos para la producción. Sin embargo, en esta norma se hacía énfasis en el hombre como sujeto de estos derechos. Solo se aceptaba un benefi-ciario por familia (jefe de hogar) que debía ser “aparcero, arrendatario y trabajador”. En los años setenta se aprobó el “Proyecto Mu-jer” que aunque reconoció el papel producti-vo de las campesinas, no facilitó su acceso a la tierra, pues solo permitió que los hombres fueran los titulares de los terrenos.

La primera norma que reconoció los de-rechos de las mujeres sobre la tierra fue la Ley 30 de 1988 sobre Reforma Agraria, en la que se obligó a expedir los títulos de propiedad a nombre de la pareja, priorizando a las mu-jeres cabeza de familia para acceder a terre-nos baldíos y su inclusión en organizaciones

La mujer rural en la legislacióncolombianaImagen de ipsnoticias.net / Fotógrafo: Franz Chávez



comunitarias y comités regionales. Actual-mente se encuentra vigente la Ley 731 de 2002 que tiene por propósito mejorar la ca-lidad de vida de las mujeres rurales, teniendo como prioridad aquellas de bajos recursos. Aunque esta norma prevé el diseño de me-didas específicas enfocadas a encontrar la equidad de género, su aplicación aún no ha sido efectiva. De hecho, algunas organizacio-nes sociales han intentado que la norma se ejecute debidamente, mediante acciones de cumplimiento. Sin embargo, hasta ahora las medidas han sido infructuosas.

Aunque existen diferentes disposiciones normativas referentes al acceso a la tierra éstas hacen énfasis en el

hombre como sujeto de derechos y único titular.

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Acceso a la tierra, más que unproblema

Además del contexto ya señalado en el que hay una ausencia de protección norma-tiva e institucional, la mujer rural enfrenta otros inconvenientes para acceder a la tierra como la ausencia de reconocimiento político, situación de vulnerabilidad como víctima so-breviviente del conflicto armado y carencia de recursos económicos para acceder a la tierra.

Así, tal y como lo expresa Yira Lozano, representante del Foro Interétnico de Soli-daridad Chocó, a la falta de protección nor-mativa e institucional se le añade la caren-cia de reconocimiento político, pues son los hombres quienes aún llevan la vocería. “A pesar del liderazgo que las mujeres del Chocó tienen en cuanto a la incidencia política, su partici-pación directa en escenarios de decisión aún es minoritaria. Al analizar la composición de los 31 municipios de la región, solo hay una alcaldesa y en los con-sejos municipales se cuenta con solo un 20 % de representación

En la mayoría de los casos, son las mujeres las víctimas sobreviventes del conflicto armado. Por eso se convier-ten en las responsables del

sostenimiento del grupo familiar al tomar la jefatura del hogar en otro territorio y ejecutar roles distintos a

los que acostumbraban

“

”.

composición de la asamblea departamen-tal. Aunque las mujeres tengan capacida-des para la incidencia, éstas aún no se re-flejan en los escenarios de representación política”.

A esto se le añade que, en la mayoría de los casos, son las mujeres las víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Por eso se convierten en las responsables del sostenimiento del grupo familiar al tomar la jefatura del hogar en otro territorio y ejecutar roles familiares, económicos y so-ciales distintos a los que acostumbraban.

Flor Edilma Osorio, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pon-tificia Universidad Javeriana.

en el campo. Así lo evidencia Marina, campe-sina del Valle del Cauca: “yo necesito apren-der a hacer calzado. Yo sé que mis hijos y mis nietos van a aprender porque voy a estar aquí haciendo y ellos van aprendiendo. Entonces ya uno puede hacer las cosas aquí y a sacarlos a Bogotá, o a otro lado, a vender”.

Y las que no se apoyan en otras activi-dades salen del ámbito rural para asentarse en las zonas urbanas aledañas, enfrentán-dose a nuevos retos y a un mundo que les resulta desconocido. Como bien lo expre-sa una mujer desplazada de la zona alta de Buga, en el Valle del Cauca: “En el campo uno sabe trabajar. Va y siembra una mata y tie-ne la esperanza aunque sea de ir a arrancar un tallo de cilantro para traer y echarlo a la sopa. Mientras que aquí si uno no tiene 100 pesos se tendrá que tomar el caldo sin cilan-tro… Mucha gente dice: “pero tan rico ‘usté’ que tiene la casita”. Y dice uno “listo, gracias a Dios yo salí favorecida en esta casita”. Pero la situación económica es dura porque de to-das maneras hay servicios: el gas, la luz… En este momento hace ya cuatro meses que ten-go cortada la energía y no he tenido forma de pagarla, aunque no es mucho. Diga ‘usté’ qué

serán 200.000 mil pe-sos. Pero uno no tiene esa platica”.

* * *El tema de la mu-

jer rural no es novedo-so. Pero, irónicamente, a pesar de que en la última década las cam-pesinas están siendo vi-sibilizadas y protegidas, los esfuerzos aún son insuficientes. Aunque se evidencia un avance paulatino en el recono-cimiento de la mujer ru-ral, las propuestas legis-lativas actuales siguen siendo precarias.

En este panorama, son muchos los retos y desafíos que debe en-

frentar el actual gobierno para garantizar el acceso a la tierra y el territorio a la mujer rural, así como la protección integral de sus derechos fundamentales. Al fin y al cabo, las vulneraciones de estos derechos continuarán hasta que no se elabore una reforma agraria integral que, a partir de políticas públicas, abarque las necesidades de las campesinas y su familia.

Yira Lozano, representante del Foro Interétnico de Solidaridad Chocó.

Esta situación ha generado que las mu-jeres busquen estrategias para la visibiliza-ción de su problemática y construyan alter-nativas de resistencia, por ejemplo, solicitándole al Estado la incorpora-ción de sus necesidades en la agen-da pública. Ellas han promovido el fortalecimiento de su papel como dinamizadoras vitales en el contex-to rural desde el entorno familiar, comunitario, laboral y económico. Como lo manifiesta Flor Edilma Oso-rio, “las respuestas de las mujeres son diversas y permiten compren-der cómo, a pesar de los contextos difíciles, la acción individual y colec-tiva permiten la transformación de la realidad adversa y la identifica-ción de rutas para la emancipación” (2010, 83).

Otro factor que influye en que las mujeres no puedan acceder a la tierra es la carencia de recursos económicos y de pla-nes productivos. Con una política de mercados impo-niendo medidas difíciles de en-frentar para la pequeña produc-ción, se ven obligadas a realiza funciones diferentes al trabajo



*Laura Tatiana Rodríguez ParraPasante del equipo DESC-


Finalmente, no se debe olvidar que las mujeres —en la mayoría de los casos— son las víctimas sobrevivientes del conflicto, por lo que al hablar de una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se debe trabajar de la mano con una política diferencial de género. Así, surge el reto de incorporar efectivamente un enfoque de derechos para la protección de la mujer rural en la creación de una Ley de Tierras que permita, además de la devolución de los predios y el retorno a los mismos, la visibilización, apropiación y protección de la mujer y su familia, buscando una restitución plena y efectiva de sus derechos. En el estu-dio de las iniciativas legislativas este reto es residualmente abordado.

Referencias• León, Magdalena, 2010, “Desigualdad de género sobre la propiedad de la tierra en América Latina” en Mujer rural: derechos, desafíos y perspectivas. Memorias conversatorio, julio de 2010. • Osorio, Flor Edilma, 2010, “Uno en el campo tiene esperanza. Mujeres, territorio y políticas públicas” en Mujer rural: derechos, desafíos y perspectivas. Memorias conversatorio, julio de 2010. Imagen de piuraenlambayeque.blogspot.com

1 Este artículo se apoya en los testimonios y relatos de las mujeres participantes del Encuentro “Mujer la tierra es nuestro derecho” realizado en Buga en mayo de 2010 pertenecientes a comu-nidades del Valle del Cauca. Así mismo, en testi-monios y ponencias del Encuentro Internacional “Mujer Rural, derechos, desafíos y perspectivas”, Bogotá, 2010.

Notas

CINEP/ Programa por la Paz es un proyecto social de la Compañía de Jesús que trabaja por la construcción de una sociedad más justa, sostenible y en paz.

- Reflexiona sobre la realidad social y cultural de Colombia.- Toma partido por los sectores discriminados. - Desarrolla propuestas de educación popular para el fortalecimiento del tejido social. - Actualiza permanentemente una base de documentación sobre derechos humanos, paz y

movimientos sociales.- Nuestro propósito es consolidar propuestas y visibilizar temas asociados con la paz, el desarrollo,

las luchas sociales y la protección de los Derechos Humanos Integrales

PARA LOGRARLO

www.cinep.org.co



La restitución paralos pueblos indígenas

¿Cómo perciben los indígenas de la Sierra Nevada la implementación de la ley de restitución de tierras? ¿Qué expectativas tienen? Análisis de la posible implementación del proyecto en el macizo montañoso, teniendo en

cuenta las necesidades y características particulares de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

Por Margarita Granados y Liliana Múnera*

ste artículo busca analizar un po-sible escenarioE

de implemetación del proyecto de ley en la Sierra Nevada de San-ta Marta, teniendo en cuenta las expectativas de los líderes indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo que han trabajado durante más de diez años en pro-cesos de ampliación y saneamiento de sus res-guardos para la recupe-ración de su territorio ancestral1.

Es preciso señalar de entrada que sobre la restitución de tierras a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes el proyecto de ley se limita a definir que será necesario adelantar con ellos una consulta para el re-gistro de las tierras que les han sido despo-jadas.

Esta disposición pretendería evitar que la Corte Constitucional declare la inconsti-tucionalidad total o parcial de dicha ley por la omisión de la consulta previa respecto a todos los planes, programas y proyectos que puedan afectarlos. Pero, simultáneamente, implicaría otro riesgo de igual categoría: que la ley se constituya en una iniciativa discri-minatoria, al excluir la participación de estos grupos étnicos (González, 2010).

Colonización y violencia

En el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, macizo montañoso de 17.000 kms2, se superponen las jurisdicciones de 17

municipios, que corresponden a los depar-tamentos de Cesar, Guajira y Magdalena, así como de tres parques naturales y tres res-guardos indígenas que abarcan una exten-sión de cerca de 500.000 hectáreas. Sin em-bargo, los resguardos sólo constituyen una fracción del territorio ancestral, delimitado desde 1973 por la re-solución 0002 del Mi-nisterio del Interior que determina los puntos que constitu-yen lo que los indíge-nas denominan Línea Negra.

Los pueblos indígenas de la Sie-rra Nevada consi-deran histórico su despojo territorial dado que las zonas medias y bajas

Los indígenas de la Sierra Ne-vada de Santa Marta asocian

el despojo a la pérdida de su cultura y de su particular

arraigo al territorio, oca-sionada por intervenciones

como la imposición de la evangelización y de sistemas político administrativos aje-nos a sus usos y costumbres

“

”.

zona andina en diferentes oleadas de co-lonización2. Además, asocian el despojo a la pérdida de su cultura y de su particular arraigo al territorio, ocasionada por inter-venciones como la imposición de la evan-gelización y de sistemas político adminis-trativos ajenos a sus usos y costumbres.

Entre 1996 y 2006 las zonas medias y ba-jas de la Sierra Nevada sufrieron una redistri-bución territorial como efecto del conflicto ar-mado a través del desplazamiento y el despojo



que afectó principalmente a la población campesina. Los resguardos indígenas de la Sierra Nevada fueron utili-zados como corredores es-tratégicos y ocupados tran-sitoriamente por los actores armados. Esta situación ocasionó el desplazamiento de 545 familias del pueblo Kankuamo y 1121 familias del pueblo Wiwa durante el mismo período3.

Los resguardos indígenas cuentan con una protección especial que impide que la titularidad sobre los mismos sea transferida a terceros. A pesar de ello, como consecuen-cia de las situaciones señaladas, los indíge-nas han perdido el dominio sobre estos por lo que la restitución debería enfocarse, en primer lugar, a la garantía del retorno en con-diciones de seguridad y dignidad.

Ampliación de los resguardos

Para los indígenas la restitución impli-caría la ampliación de los resguardos, pro-pósito en el que han avanzado a través de la compra de predios a campesinos. Las zonas de ampliación serían las más afectadas, según lo ha señalado la Corte Constitucional por “los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afec-tan los territorios tradicionales y las culturas indígenas”. Entre las situaciones de este tipo que se presentan en la Sierra Nevada están la anunciada construcción de la Represa de los Besotes del Rio Guatapurí en territorio Arhuaco y en el caso Kankuamo la limitación de las posibilidades de ampliación del territorio por la construcción de casas cam-pestres destinadas al turismo, la existencia de haciendas ganade-ras, e incluso la construcción de instalaciones militares.

En las zonas de ampliación de los resguardos, uno de los problemas que los líderes indí-genas de la Sierra han denuncia-do es la precariedad en la titula-ción de tierras, a causa de la falta de voluntad política de las ins-tituciones encargadas. Específi-camente se refieren a la gestión lenta e ineficiente del INCODER en el saneamiento y la amplia-ción de resguardos, que aumen-ta su riesgo ante los agresores, interesados en apropiarse de sus

Entre 1996 y 2006 las zonas medias y bajas de la Sierra

Nevada sufrieron una redis-tribución territorial como

efecto del conflicto armado. Fueron desplazadas 545 fa-

milias del pueblo Kankuamo y 1121 del pueblo Wiwa

“

”.

territorios por su va-lor militar y económi-camente estratégico.

En los escenarios regionales de planea-ción del ordenamiento territorial de la Sierra Nevada, los indígenas han planteado que es

necesaria la reubicación de los campesinos como mecanismo para fortalecer el control territorial, la protección ambiental y sus tra-diciones culturales. Líderes involucrados en este proceso explican que con los campesinos se ha logrado un nivel de acuerdo y entendi-miento para realizar la compra de las tierras sobre las que tienen posesión. Sin embargo, estos miembros de los pueblos indígenas señalan que las instituciones siguen promo-viendo la permanencia de los campesinos en la Sierra Nevada cuando se ha alcanzado un consenso respecto a que la mejor garantía de la conservación de esta región es el manejo social y ambiental que los indígenas le han dado históricamente.

A pesar de los obstáculos impuestos por las instituciones públicas y en las circuns-tancias del conflicto armado los indígenas han avanzado en su propósito a través de la compra de tierras a campesinos asentados al interior de los resguardos y en las zonas que han priorizado para la ampliación de los mismos. Para lograrlo, han invertido recur-sos propios de las transferencias del sistema general de participaciones y donaciones de organizaciones nacionales e internacionales.

A pesar de los obstáculos impuestos por las instituciones públicas y en las circunstan-cias del conflicto armado los indígenas han avanzado en su propósito a través de la compra de tierras a campesinos asentados al interior de los resguardos.

Fotogragía del Equipo Sierra Nevada -CINEP/PPP

Respecto al proyecto de restitución de tierras, un líder del pueblo Kankuamo con-sidera que: “Todavía no hemos hecho un análisis de la ley como tal, tendría aspectos positivos en la medida en que podamos como pueblos indígenas recuperar territorios, pero también sabemos que esta restitución po-dría restarle tierras a zonas de ampliación de resguardo”. Mientras un miembro del pueblo Arhuaco espera que los campesinos que re-cuperen las tierras que perdieron a causa del conflicto armado vendan a los pueblos indí-genas “porque ya hay un reconocimiento de que la propiedad del territorio es indígena”.

El proyecto de ley de restitución de tie-rras en el escenario de la Sierra Nevada de Santa Marta podría promover demandas de restitución por parte de población campesina que fue expulsada de la región y despojada de sus tierras por actores del conflicto armado. En la medida en que la ley restituyera las tie-rras a los campesinos éstas podrían entrar de nuevo al mercado para ser compradas por los pueblos indígenas, pero a la vez podrían pasar a manos de terceros interesados en ex-plotarlas, afectando las aspiraciones de am-pliación de los resguardos indígenas.

En la medida en que la ley restituyera las tierras a los campesinos éstas podrían

entrar de nuevo al mercado para ser compradas por los pueblos indígenas, pero a la vez podrían pasar a manos de terceros interesados en

explotarlas, afectando las aspiraciones de am-pliación de los resguar-

dos indígenas

“

”.La exclusión en el proyec-

to de ley de las comunidades indígenas y afrocolombianas preocupa a los líderes indígenas de la Sierra Nevada, quienes se muestran escépticos frente a la posibilidad de que se promulgue una ley específica para ellos. El actual proyecto de ley separa en el papel la realidad compartida por los grupos étnicos y las co-munidades campesinas en todas las regiones del país. Una ley de este tipo debería incluirlos, con-siderando los impactos específi-cos del despojo territorial, y de-terminar las medidas requeridas



para restituir sus derechos. Lo que no está en discusión es que la manera de tenerlos en cuenta deberá ser concertada previamente con estas poblaciones. En consecuencia, las organizaciones indígenas tendrían la respon-sabilidad con el conjunto de las víctimas del despojo de viabilizar la expedición de dicha ley agilizando el proceso de consulta.

1 El equipo de la Sierra Nevada del CINEP/Programa por la Paz consultó a varios líderes indíge-nas de la región que apenas empiezan a conocer y analizar el proyecto de ley.2 La población campesina que habita estas franjas del macizo casi triplica la población indígena. Según datos DANE de 2005 el macizo montañoso contaba con una población de 211.000 perso-nas, de las cuales aproximadamente 150.000 eran campesinos y más de 60.000 eran indígenas.3 Datos presentados en junio y octubre de 2008 por el Colectivo de Abogados José Alvear Res-trepo y la Organización Indígena Kankuama peticionarias de las medidas cautelares del pueblo Wiwa y las medidas provisionales del pueblo Kankuamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional.

Notas

Referencias• González Posso, Camilo, 2010, “La consulta y la ley” en El Liberal, octubre 3. Disponible en: http://www.elliberal.com.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=37157

*Margarita Granados y Liliana MúneraInvestigadoras del equipo Sierra Nevada

del CINEP/ Programa por la Paz

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Paz

Ley de víctimas. Entre lo político y lo legislativo

Volvió a aparecer la ley de víctimas en el panorama. Significado político del sorpresivo giro del gobierno Santos, análisis del proyecto legislativo y reacciones de los sectores sociales y de víctimas ante la iniciativa.

Por Fernando Sarmiento Santander Magda López Cárdenas*

l gobierno Santos inició con gran canti-dad de reformas legislativas que inva-dieron al posesionado Congreso y que E

se venían preparando desde antes de la po-sesión. En esta baraja de reformas no sonaba el problema de las víctimas. O, al menos, no parecía un tema urgente. Pero un giro ines-perado puso en los primeros lugares a la ley de víctimas a la par con la de restitución de tierras. Hoy día estas iniciativas hacen trá-mite acumuladamente, convirtiéndose en el instrumento por medio del cual el gobierno pretende dar un paso histórico fundamental en el camino de la resolución del conflicto armado: pagar la deuda moral pendiente con las víctimas.

¿Cómo entender este giro que pone en primer lugar de la agenda el tema de vícti-mas? ¿Qué estructura de oportunidad deter-mina el comportamiento del Ejecutivo? ¿De qué manera han reaccionado los sectores sociales y de víctimas frente a la iniciativa? El abordaje de estas preguntas nos dará pie para plantear algunos puntos de intersección que conforman la tensión política entre los afectos del gobierno y los sectores que de-fienden los derechos de las víctimas.

presidente, además de destacar el interés en el tema, reveló un significado político importante como el gesto que formaliza la cooptación del Partido Liberal por parte de la campaña de Unidad Nacional. Y es que el reacomodamiento del Liberalismo en la coa-lición de gobierno y el abandono de su silla en la oposición, se encontraba condicionado por la inclusión de varios de sus proyectos bandera, no sólo el de víctimas sino también los de restitución de tierras, entre otros.

La ley de víctimas y la de tierras hacen trámite acumuladamente, convirtiéndose en el instrumento por medio del cual el gobierno pretende dar un paso histórico fundamental en el camino de la resolución del conflicto armado: pagar la deuda moral pendiente con las víctimas.

Imagen de conciudadania.org

La ganancia de este nuevo aliado le va a sumar a Santos el apoyo de 37 congresis-tas liberales, lo cual no ha dejado de generar confrontaciones partidistas, sobre todo de los sectores más uribistas dentro los conser-vadores y del partido de la U quienes, luego de que el ex presidente Álvaro Uribe expre-sara públicamente sus reparos al proyecto, manifestaron su escepticismo frente a varios articulados de la versión inicial (Semana.com, 2010).

El Proyecto de Ley de Víctimas fue ra-dicado en persona por el presidente Juan Manuel Santos, el pasado 27 de septiembre (Redacción política, 2009). La iniciativa (que tiene como antecedente un fallido intento legislativo hundido en 2009 por la bancada uribista), evidencia un importante cambio en el lugar, ahora prioritario, que ocupará el tema de las víctimas en la agenda del actual gobierno.

El acto público que enmarcó la radi-cación del proyecto de manos del propio

Del contexto político de la ley

El acto público que enmarcó la radicación del Proyecto

de Ley de Víctimas, además de destacar el interés en el tema, del nuevo gobierno

reveló un significado político importante como el gesto que

formaliza la cooptación del Partido Liberal por parte de la campaña de Unidad Nacional

“

”.

De la responsabilidad, el deber y la solidaridad

En la anterior legislatura la ley de vícti-mas ya había cruzado los debates parlamen-tarios, en donde se fueron evidenciando los principales reparos de las bancadas afectas del presidente de entonces. Además de los alegados costos fiscales, no reconocían la res-ponsabilidad del Estado en los procesos de victimización. De hecho, en este último punto


las distintas partes involucradas nunca logra-ron ponerse de acuerdo.

Para las víctimas y sus defensores era más que claro y necesario, aludiendo a los pa-rámetros internacionales, la consignación en la ley del sentido de responsabilidad del Es-tado, mientras que la oficialidad consideraba que en el país sólo hay víctimas de grupos al margen de la ley.

La Corte Interamericana de Derechos humanos ha dado cuenta de los crímenes de Estado que se han producido en Co-lombia, por ejemplo, la de la muerte de Manuel Cepeda o la de casos juzgados in-ternamente, como las de los falsos positi-vos o de los nexos de oficiales del Ejército con el paramilitarismo. Por eso, negar una

definición amplia de víctimas entre las que se cuentan las que lo son de agen-tes Estado, implica eludir estos hechos. No obstante, la dis-cusión entre las dis-tintas partes llevó a que en el proyecto no se incluyeran las víctimas de críme-nes de Estado. Al final la iniciativa, como es de amplio conocimiento, final-mente se hundió en el Congreso.

El nuevo pro-

y atención a derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y que los sectores ofi-cialistas han insistido en contabilizar como acciones de reparación a las víctimas.

Así, la salida del “deber” no deja de ser más que un piñón de lo político para faci-litar que la ley ruede con facilidad en los salones parlamentarios. Están por verse las reacciones de la oposición cuando el de-bate empiece a calentarse.

El Proyecto de Ley de Víctimas fue radicado en persona por el presidente Juan Manuel Santos, el pasado 27 de septiembre.

Imagen de presidencia.gov.co

La primera preocupación de las víctimas continúa siendo la inclusión en el proyecto de un concepto de víctimas que abarque los crímenes de Estado.

Imagen de blogs.heraldo.es Foto de Gervasio Sánchez

Para las víctimas y sus defensores era más que claro y necesario la consig-nación en la ley del sentido de responsabilidad del Estado.

Imagen de movimientodevictimas.org

yecto de ley de víctimas busca zanjar el de-bate, allanando el camino para su trámite legislativo al proponer que el Estado tiene ante las víctimas un “deber”. Se trataría de una especie de camino intermedio entre la responsabi-lidad y la solidaridad. Para los sectores más exigentes en materia legislativa, esa sali-da no es suficiente pues el sentido del “deber” del Estado se-guiría aceptando como reparación lo que por principio constitucional corresponde a medidas de asistencia, ayuda humanitaria

Así, la salida del “deber” no deja de ser más que un piñón de lo político para facilitar que la ley ruede con facilidad en los salones parlamentarios. Están por verse las reacciones de la

oposición cuando el debate em-piece a calentarse.

“

”.

Paz

Del suspenso de los derechos

Entre tanto, ante el impulso dado por el Ejecutivo a estos proyectos, las víctimas presentan sus insistencias y preocupacio-nes y resaltan como los puntos de mayor tensión buena parte de los reparos de va-rios sectores de la U y del conservatismo. Haremos una rápida enumeración de los mismos con el ánimo de mostrar que —no obstante el interés manifiesto por el mismo

presidente Santos, que ha sido calificado como positivo para avanzar en esta materia— tanto los procedimientos como el nuevo articulado si-guen generando dudas entre las víctimas y las organizaciones de apoyo.

La primera preocu-pación continúa siendo la inclusión en el proyecto de un concepto de víctimas que abarque el universo sin diferenciar los per-petradores de los crímenes, ya sean grupos


Paz

ilegales o las mismas instituciones del Esta-do. La tendencia sigue siendo a excluir por esta vía a los agentes de Estado de la cate-goría de victimarios.

En segundo lugar, tal como ha avan-zado la reforma a la Constitución en de-fensa de la sostenibilidad financiera del Estado, se mantiene la duda de que los montos designados sean suficientes para la reparación a las víctimas. El texto del proyecto hace reiteradamente anotaciones que condicionan la reparación a la soste-nibilidad fiscal (ver artículo “¿Atentado contra los DESC?” en esta misma edición), una limitante que puede ser bastante con-siderable en un país que, como el nues-tro, presenta un déficit predominante.

Adicionalmente, miembros de la U han considerado la necesidad de establecer to-pes de la indemnización y la necesidad de incorporar sanciones penales a quienes pretendan hacerse pasar por víctimas para acceder a la reparación. En ese sentido, más que penalizar a los pobres estructu-rales que sin más opciones de subsistencia tienen que autocalificarse como desplaza-dos para recibir un mercado o auxilio de Acción Social, la fuerza de la norma en el tema de financiación debería concentrar-se en la efectividad de los mecanismos para sustraer los bienes de los victimarios.

En tercer lugar, las preocupaciones por la seguridad de las víctimas, defenso-res y testigos para avanzar en el esclareci-miento de los crímenes se alimentan cada día ante los hechos de amenaza, homicidios y desplazamiento constante que se conti-

*Fernando Sarmiento y Magda López Coordinador e investigadora del equipo

Iniciativas de PazCINEP/ Programa por la Paz

núan registrando en el país. Colombia tie-ne la particularidad de requerir avanzar en procesos de reparación a víctimas aún en medio de la continuidad de la guerra.

Situaciones como la anterior dejan en entre dicho los avances a fondo en procesos de memoria. El gobierno mismo está pro-poniendo la creación de una Comisión de Memoria Histórica, pero se generan dudas de que sea de iniciativa estatal cuando el Estado mismo es responsable de crímenes. Daría más confianza que el Estado apoyara un proyecto de carácter civil, con participa-ción de sectores que gozan de credibilidad como la Iglesia y la comunidad internacio-nal.

Finalmente, en quinto lugar, las vícti-mas consideran necesario que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la importancia de la participación de las víctimas en el dise-ño de las normas y que, como exige la ley, se haga una consulta previa a pueblos in-dígenas y negritudes. Al parecer, la razón pragmática que rige en las instancias de la oficialidad ha llevado a poner de lado este

Las víctimas creen que se debe hacer una consulta previa sobre la ley a pueblos indígenas y negritudes.

Imagen de eco-addiction.com

Ante el impulso dado por el Ejecutivo a estos proyectos,

las víctimas presentan sus insistencias y preocupaciones y resaltan como los puntos de mayor tensión buena parte de los reparos de varios sectores de la U y del conservatismo.

La primera preocupación continúa siendo la inclusión

en el proyecto de un concepto de víctimas que abarque el universo sin diferenciar los perpetradores de los críme-

nes, ya sean grupos ilegales o las mismas instituciones del Estado. La tendencia sigue

siendo a excluir por esta vía a los agentes de Estado de la

categoría de victimarios

“

aspecto, ya que retrasaría la intención de Santos de sacar el proyecto adelante lo más pronto posible.

El saldo que vamos teniendo a esta al-tura del año nos muestra una clara reduc-ción de las fuerzas de oposición en el Con-greso al sumarse el liberalismo a la unidad nacional, lo que facilitaría que el proyecto presentado por el Ejecutivo transcurra sin mayores tropiezos a pesar de las exigencias de las víctimas. El panorama nos avizora también que este proyecto de Ley no tendrá en lo fundamental mayores diferencias con el proyecto tramitado en la legislatura an-terior, salvo su acumulación con el proyecto de restitución de tierras, cuyas salvedades están por conocerse.

”.

• El Espectador.com, 2010, “Presidente Santos radicó ley de víctimas en el Congreso” en El Espectador.com, 27 de septiembre. • Redacción Política, 2009, “Ley de víctimas se hunde ante presión del gobierno” en El Espectador.com, 18 de junio. • Proyecto de ley No 01 de 2009 Senado, “Por la cual se dictan medidas de protección a las víctimas de la violencia” en Gaceta del Congreso, No 582, 22 de julio. • Semana.com, 2010, “¿A qué juega Uribe?” en Semana.com, 13 de octubre.

Referencias


Los límites de la Unidad NacionalA pesar de que el gobierno de Santos inició con un congreso mayoritariamente afín a sus intereses, los primeros

días del nuevo mandato presidencial han evidenciado las fisuras y límites de la Unidad Nacional.

Por María Clara Torres*

instalación del nuevo Congreso inaugura la Era de la Unidad Na-cional”. Con este titular, abrió El “L

Tiempo su edición del pasado 20 de julio (2010, 1-14). El rótulo entusiasta del periódico de mayor circulación na-cional expresaba así la confianza en la afinidad política del Legislativo con el gobierno electo de Juan Manuel Santos. Es verdad que el optimismo de los ganadores tenía un cierto asidero empírico. La adminis-tración Santos contaba con las mejores con-diciones políticas para impulsar su agenda en el Legislativo. Su gobierno de Unidad Nacio-nal estaba respaldado por la coalición legisla-tiva más numerosa en la historia reciente de Colombia, integrada oficialmente por cuatro grandes partidos: Conservador, Liberal, la U y Cambio Radical. En principio, la coalición controlaba entre un 80 y un 85 por ciento de los escaños de la Cámara de Representantes y del Senado de la República (sin contar con los votos del PIN). Esto permitía suponer que el Ejecutivo podía dominar cómodamente las mayorías en el cuerpo colegiado. El panora-ma político permitía incluso vaticinar que una gran parte de su agenda saldría avante en la primera legislatura. Ante tal unanimidad, el contrapeso que el Congreso podía ejercer como institución era mínimo, sin hablar del reducido espacio que le quedaba a la oposi-ción.

Empero, con el transcurrir de los días la situación se fue modificando al interior de las mayorías. Lejos de comportarse como un grupo compacto y homogéneo, la súper coa-lición mayoritaria fue presentando ciertas fisuras.

Con el transcurrir de los días la situación de fue

modificando al interior de las mayorías. Lejos de

comportarse como un grupo compacto y homo-géneo, la súper coalición

mayoritaria fue presentan-do ciertas fisuras

“

”.

La primera de ellas está relacionada con el ritmo lento con el que los proyectos de ley fueron ingresando al Congreso y con el orden de prioridades de la discusión. La segunda está asociada a la manera como el gabinete ministerial pretende hacer aprobar sus ini-ciativas, y al papel asignado a los congresis-tas en ese nuevo estilo de gobierno. La ter-cera razón, y tal vez la más importante, tiene que ver con la divergencia entre el contenido de algunas de las reformas y los intereses po-líticos y económicos de una porción signifi-cativa de la coalición oficial en el Congreso.

¿Fuego amigo?

El día de su posesión, el Presidente anunció una docena de iniciativas legislati-vas para este cuatrienio (El Espectador.com, 2010). Algunas de las propuestas económicas y políticas incluidas en el discurso inaugural del pasado 7 de agosto estaban orientadas a modificar las relaciones entre el gobierno central y las regiones. Ellas tocaban asuntos como las regalías, la compensación regional, el estatuto territorial, la ley de tierras y, por supuesto, a un año de los comicios locales, la reelección de alcaldes y gobernadores. La puesta en marcha de estos proyectos se sus-tentaba al menos en dos estrategias funda-mentales.

En primer lugar, el “Gobierno de la Uni-dad Nacional” incorporó algunas de las tesis de los demás partidos y candidatos presiden-ciales. Tomó la propuesta del Polo Democrá-tico de quitarle los predios a los paramilitares

para restituirlos a las víctimas y a los cam-pesinos, y la convirtió en una recupera-

ción de las tierras ociosas en manos de la mafia para la agricultura comercial.

Acogió la propuesta de reforma a la justicia de Cambio Radical, la ley de víctimas del Par-tido Liberal, la reforma al régimen de regalías y la propuesta de creación de un fondo de compensación regional de la bancada coste-ña del Partido de la U. Con esta primera estra-tegia, el gabinete ministerial esperaba que los partidos se la jugaran toda por defender sus proyectos al interior de la corporación.

El ‘Gobierno de la Unidad Na-cional’ tomó la propuesta del Polo Democrático de quitarle

los predios a los paramilitares, acogió la propuesta de refor-

ma a la justicia de Cambio Radical, la ley de víctimas del Partido Liberal y la propuesta de creación de un fondo de

compensación de una banca-da del Partido de la U

“

”.

El día de su posesión el Presidente Juan Manuel San-tos anunció una docena de inciativas legislativas

Imagen de presidedncia.gov.co

Política


Política

Sin embargo, unas 200 ini-ciativas de origen parlamentario invadieron rápidamente ambas cámaras. Eran proyectos que no estaban en la agenda de gobierno. Fueron presentados más a título individual que por un conjunto de copartidarios y, tal vez por esa razón, es muy probable que sean hundidos en los primeros debates en las comisiones. No obstante, su sola radicación ya congestiona el trámite de la agenda del Ejecutivo en el Congreso. A esto se le suma una veintena de proyectos presen-tados por la administración Uribe Vélez en el último mes de su man-dato.

En segundo lugar, el gobier-no actual escogió discutir y con-certar sus proyectos en la “Mesa de Unidad Nacional” con los jefes de los partidos de la coalición oficial (El Espectador.com, 2010). Sólo después de esta negociación las inicia-tivas fueron presentadas ante el Congreso de la República. El Ejecutivo esperaba que si sus propuestas contaban con la aprobación de la cúpula de los partidos, no había espacio para que los congresistas modificaran sus conteni-dos en los debates.

En principio, esta estrategia permitía al gobierno agilizar los debates en las comisio-nes y en la plenaria. Además, le garantizaba un mayor margen de maniobra para impulsar algunas reformas impopulares. No obstante, esta segunda estrategia suponía que las de-cisiones que resultaran de la Mesa de Unidad serían acatadas disciplinadamente por las respectivas bancadas.

Pero las inconformidades no se hicieron esperar y el descontento surgió en las entra-ñas de la coalición. Los primeros en protestar fueron los políticos del Partido de la U, quie-nes en este primer trimestre se han empeña-do en demostrarle a la administración que no son simples tramitadores de sus reformas. Inclusive, el presidente del Senado por el Par-tido de la U, Armando Benedetti, expresó su molestia aseverando que “El Congreso no es el patio trasero del Gobierno”. El mismo político concluyó: “El gobierno está concertando los proyectos acor-dados con la Mesa de Unidad Nacional sin tener en cuenta a los partidos que la integran. El balón no está en terreno del Congreso y eso lo debe saber la opi-nión pública porque los voceros de los partidos, los presidentes de las comi-siones, y los propios legisladores están

Sólo después de que el gobierno discutiera y concertara sus proyectos en la “Mesa de Unidad Nacional” con los jefes de los partidos de la coalición oficial, las iniciativas fueron presentadas ante el Congreso de la República.

Imagen de elespectador.com

preocupados e incómodos porque los proyec-tos no se están concertando para su debate en la legislatura” (Nuevo Siglo, 2010, 2A). También el presidente de la Cámara de repre-sentantes, Carlos Alberto Baena, exhortó al Ministro del Interior a un mayor acercamien-to con el Congreso de la República.

Las incorfomidades no se hicieron esperar y el descon-tento surgió de las entreñas de la coalicion. Los prime-ros en protestar fueron los

políticos del Partido de la U, quienes se han empeñado en demostrar a la adminis-tración que no son simples

tramitadores de sus reformas

“

”.Así las cosas, este estilo de gobierno

marca un giro importante en las relaciones con la clase política colombiana. Implica una vinculación más orgánica con los parti-dos, pero a la vez una relación mucho más jerárquica y centralizada con los congre-sistas. Convierte al cuerpo colegiado en un órgano de refrendación de la negociación que hacen los jefes de las colectividades por fuera del Congreso. Además, la discusión

De izq. a der.: Armando Benedetti, presidente del Senado por el Partido de la U y Roy Barreras, vocero en el Senado por el mismo partido.

Imagen de icesi.edu.coImagen de fmcenteresnoticia.com.ve

de las principales apuestas guber-namentales en la Mesa de Unidad Nacional restringe a los parlamen-tarios a ocuparse únicamente de los proyectos de muy poco alcance.

Por supuesto, la oposición queda relegada a las tareas de con-trol político, a cuyas sesiones ni siquiera asisten los ministros cita-dos. Algunos debates y órdenes del día han sido postergados debido a la ausencia del gabinete citado. Esto se hizo evidente cuando tres ministros fueron amenazados con una moción de observación por parte del presidente del Senado, Armando Benedetti, luego de que los funcionarios no se presenta-ran a un debate de control políti-co citado por el Polo Democrático

sobre los cementerios clandestinos en el sur del país.

Más importante aún, la centralización de la negociación en la cúpula de los partidos atenta claramente contra la eficacia de los políticos profesionales, cuyos rendimientos electorales están estrechamente asociados a las prebendas burocráticas y a las partidas presupuestales que obtienen en su relación con el Ejecutivo. Estos recursos sirven para alimentar sus bases sociales, que a su vez abren la puerta a la adquisición de más votos.

Para dar sólo un ejemplo, la reforma a las regalías afecta directamente la distribu-ción de las rentas locales y regionales. De ma-nera que ningún congresista o mandatario lo-cal bendecido por la naturaleza, va a cederlas tan fácilmente a las regiones que no cuentan con esos recursos solamente por un consen-so previo entre el gobierno nacional y el jefe de su partido.

El proceder del nuevo gobierno suscita así la indignación de los políticos porque los pone a merced de la dirección de los partidos. Supedita y amarra a quienes consideran que no se deben nada o casi nada entre sí, mucho menos mientras el grueso de la financiación de las campañas siga corriendo por cuenta y

riesgo del candidato (y de sus patro-cinadores legales o no). De ahí que Roy Barreras, el vocero en el Senado del Partido de la U, exclame: “existen legítimos intereses en defensa de los derechos ganados con el traba-jo electoral” (El Colombiano, 2010, 9A).

Además, el estilo de gobierno que pretende imponer el presiden-te Santos es percibido por algunos


Política

exponentes de la coalición como un atentado contra el estilo micro-gerencial de la admi-nistración pasada, a la vez que rompe con la relación directa y la negociación al menudeo establecidos por Álvaro Uribe Vélez con el Congreso durante una parte significativa de sus ocho años de gobierno.

Estos rifirrafes entre Presidente y con-gresistas oficialistas parecen un simple fuego amigo, esto es, una ráfaga accidental de dis-paros provenientes del propio bando, pero podrían estar abriendo algunas grietas al in-terior de la súper coalición mayoritaria.

Un aire de “santidad”

Pese a las fisuras, el Gobierno Nacional tiene que mantener un difícil equilibrio con el conjunto de partidos que enfilaron sus baterías para ayudar a elegirlo en las distin-tas localidades y regiones del país. No pue-de desestimar del todo a los miembros de su coalición. Por supuesto, el Presidente es muy consciente de la necesidad de devolver los favores prestados en campaña, tal como lo evidenció al nombrar a ‘Uribito’ en la Em-bajada de Italia (aun si luego éste declinara), al mantener el director del DAS en su cargo, al guardar silencio frente a las pretensiones del PIN de que los saquen del clóset de la Unidad Nacional1, y al promover el proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores en vísperas de los comicios locales y regionales.

Pese a las fisuras, el Gobierno Nacional tiene que mantener un difícil

equilibrio con el conjunto de partidos que enfilaron sus baterías para ayudar a elegirlo. No puede deses-

timar del todo a los miem-bros de su coalición

“

”.Aún así, algunos de los proyectos de la

agenda legislativa del Gobierno son vistos por quienes detentan el poder político en el Congreso como un ataque frontal. Los ricos locales, los grandes terratenientes y los pa-ramilitares se pueden sentir amenazados, por ejemplo, con la ley de tierras o la ley de víctimas. Varios de ellos pertenecen a la coa-lición de gobierno, e incluso a las entrañas de la colectividad que ayudó a fundar el propio Presidente —el Partido de la U—.

Entretanto los “ideólogos” del uribismo, como José Obdulio Gaviria, se dan cierta liber-tad para expresar pública y abiertamente sus reticencias: “Unidad Nacional es hacerse eco

del discurso sobre la ilegitimidad de la propiedad rural en Colombia, dizque arrebatada a las ma-las a 3,5 millones de campesinos” (2010, 1-19). Otros como el presidente del Partido de la U, Juan Lozano, sugieren dis-cretamente que, “filo-sóficamente” su ban-cada está de acuerdo con que las víctimas pueden ser reparadas en ciertas circunstan-cias específicas, pero advierten que su colectividad estará atenta a revisar con detenimiento asuntos como las presunciones sobre las responsabilidades del Estado.

Lo cierto es que en esta primera legis-latura ya hay doce congresistas investigados por nexos con grupos paramilitares: cinco senadores del partido de la U, tres senadores y un representante de Cambio Radical, mien-tras que el PIN, los conservadores y el Movi-miento Unidad Liberal del Huila tienen un le-gislador investigado cada uno. De modo que si se aplicara la silla vacía, se perderían doce congresistas para la coalición santista. No hay que olvidar que los políticos investigados de Cambio Radical, como el senador Cáceres, recibieron el aval del entonces director de su partido, Germán Vargas Lleras, hoy Ministro del Interior y de Justicia.

En tales condiciones, ninguna de las partes puede desestimar del todo lo que la otra piensa o desea. Tanto el gobierno como la coalición oficial cuentan con recursos para presionar a la otra. Pero la verdad es que existen niveles de legitimidad muy desigua-les entre el Ejecutivo y el Legislativo que po-drían ser convenientemente aprovechados por el primero. El Presidente y su gabinete ministerial registran una gran confianza en la opinión pública, mientras que el Legislativo ha sido y sigue siendo una de las institucio-nes con menor grado de credibilidad entre los colombianos. De hecho, nueve de los úl-timos doce presidentes del Congreso están siendo investigados o han tenido líos con la justicia por establecer vínculos con grupos paramilitares.

Los primeros cien días del gobierno San-tos insinúan los límites que supone el enor-me tamaño de la súper coalición oficial en el Congreso. En algunos aspectos, la “Unidad

José Obdulio Gaviria, “ideólogo” del uribismo, ha mani-festado sus reticencias acerca de la Unidad Nacional.

Imagen de cuc.edu.co

Nacional” se está convirtiendo más en una carga que en una garantía de respaldo al Ejecutivo. Por su gran tamaño, corre el riesgo de que al me-nos una parte de su agenda legislativa en el Congreso sea inmo-vilizada. Así, mientras el Partido Liberal y Cambio Radical se sienten cada vez más “gobierno”, es posi-ble advertir arduas desavenencias de los partidos Conservador

y de la U. Tal vez el excesivo peso de los ga-nadores termine resquebrajando sus propias mayorías.

• El Colombiano, 2010, “Sin distancia Santos y la U” en El Colombiano, Bogotá, 6 de septiembre. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sin_distancia_santos_y_la_u/sin_distancia_santos_y_la_u.asp?Todos=0• El Espectador.com, 2010, “Este es el discurso completo del presidente Santos” en El Espectador.com, Bogotá, 7 de agosto. Disponible en: http://www.elespectador.com/articulo-217898-el-dis-curso-completo-del-presidente-santos• El Nuevo Siglo, 2010, “Insisten en malestar de bancadas con Gobierno” en El Nuevo Siglo, Bogo-tá, 2 de septiembre. •El Tiempo, 2010, “Primer paso de gobierno de la Unidad Nacional” en El Tiempo, Bogotá, 19 de julio. •Gaviria, José Obdulio, 2010, “¿Unanimidad nacio-nal?” en El Tiempo, Bogotá, 15 de septiembre. Dis-ponible en: http://www.periodismosinfronteras.com/unanimidad-nacional.html

Referencias

1 Ancestro del Movimiento Popular Unido (MPU) que avaló el nombre del actual Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, para su candidatura a la goberna-ción del Valle del Cauca en 2003.

Notas

*María Clara TorresInvestigadora del



Política social

¿Atentado contra los DESC?En el Congreso se está tramitando la ley de sostenibilidad fiscal, una reforma que supeditaría el gasto en materia de Derechos Sociales Económicos y Culturales a la capacidad de pago que tenga el Estado. Una pelea entre quién

se queda con el primer lugar: ¿los derechos o los fines económicos?

Por Lucía Camargo Rojas*

“Hsabia verdad popular que utilizan economis-tas y amas de casa a la hora de administrar su dinero y que parece ser el argumento fun-damental del proyecto de ley que el anterior ministro de hacienda, Óscar Iván Zuluaga, presentó al Congreso el 20 de julio de 2010, a tan sólo 20 días de que se posesionara el ac-tual Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 “Por el cual se establece la sostenibili-dad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” (Gaceta del Congreso, 2010) busca, fundamentalmente, elevar a categoría de derecho constitucional la sos-tenibilidad fiscal, es decir, supeditar el gasto social a la capacidad de pago que tenga el Estado. Así, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial tendrían que tomar decisiones de acuerdo a la regla fiscal, una ecuación que determinará el límite del gasto. Palabras más, palabras menos si, por ejem-plo, la Corte Constitucional sentencia que un ciudadano tiene derecho a que se le realice una cirugía tendría que revisar si el Estado puede pagarla. Si el gasto de la operación no se ajusta a la regla fiscal, la Corte no podría ordenarla. Con este acto, entonces, se condi-ciona toda la política social a la disponibili-dad de recursos.

La iniciativa que presentó el an-terior ministro de hacienda —y que es respaldada por el actual gobier-no, al punto de que es una de sus proyectos bandera junto con el de regalías, víctimas y tierras— supone que el Estado debe obligarse a ahorrar en el presente para asegurar que a futuro pueda tener recursos suficientes para garantizar la promoción de los de-rechos sociales y los demás objetivos que se proponga. Así, en la ponencia se argumenta que “en la medida en que se asegure la sos-tenibilidad fiscal, mayores serán las posi-bilidades de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, y aumen-tará igualmente el número de personas con acceso a los bienes y servicios básicos” pues se considera que la sostenibilidad fiscal es un requisito indispensable para alcanzar los fi-nes del Estado Social de Derecho.

ay que ahorrar en épocas de vacas gordas para poder gastar en las de vacas flacas”, dice el refrán. Una

Si por ejemplo, la Corte Constitucional sentencia que un ciudadano tiene

derecho a que se le reali-ce una cirugía tendrá que revisar si el estado pue-de pagarla. Si el gasto de la operación no se ajusta a la regla fiscal, la Corte

no podrá ordenarla

“

”.

Los defensores del proyecto: Iz. Oscar Iván Zuluaga, ex ministro de Hacienda y der. Juan Carlos Echeverry, actual ministro de Hacienda y Crédito Público.

El por qué del proyecto

¿Por qué el gobierno Uribe presentó esta propuesta? ¿Por qué el gobierno Santos la res-palda? Según Ricardo Bonilla, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID), la idea de la sostenibilidad fiscal surgió alrededor de la

famosa bonanza minera y la necesidad de ad-ministrar con prudencia los nuevos ingresos que obtendría el país. “En la medida en que entró más dinero a Colombia la tasa de cam-bio se revaluó. La idea del marco fiscal surge para controlar la entrada de esos ingresos y para administrarlos de manera efectiva, por ejemplo, en proyectos de inversión, evitando gastar de forma desmesurada”.

Según Ricardo Bonilla la idea del marco fiscal surge para controlar la

entrada de esos ingresos y para administrarlos

de manera efectiva, por ejemplo, en proyectos de inversión, evitando gastar

de forma desmesurada

“

”.Argumento con el que concuerda César

Giraldo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien explicó en el Programa Espacio Debates Eco-nómicos de la UN que el gobierno quiere im-pedir que se dé la denominada “enfermedad holandesa”: fenómeno que se presentó en los Países Bajos a mediados del siglo pasado y que consistió en que el auge de la exportación minera generó un flujo de divisas tan fuerte


que se desestimularon las actividades pro-ductivas internas.

Así, el proyecto de sostenibilidad fiscal busca impedir que los ingresos extraordina-rios que han entrado en el país en los últimos dos años (y que se espera continúen al menos tres más) terminen por hacer que Colombia sólo viva de la renta petrolera y suspenda otro tipo de actividades productivas. La pro-puesta, entonces, consiste en que si el ingreso de la producción minero-energética sobrepa-sa cierto límite, el Estado debe recibir esos recursos y guardarlos en un fondo de estabi-lización, de tal manera que pueda ahorrarlos y no gastarlos.

Hasta ahí tanto los proponentes de la ley, como los analistas y los congresistas que tienen que aprobarla concuerdan. Es necesa-rio esterilizar esos ingresos extraordinarios y ahorrar en época de bonanza. Sin embargo, el cómo se va a ahorrar y el que la medida se convierta en un derecho es lo comienza a te-ner inconsistencias y a generar dudas.

Sostenibilidad fiscal ¿Un derechofindundamental?

Como el Acto Legislativo 016 de 2010 busca reformar la constitución, tiene que pasar por ocho debates en dos vueltas que deben cumplirse en dos periodos distintos. El 6 de octubre de 2010 el proyecto pasó con 24 votos a favor y 4 en contra en primer debate, a pesar de las críticas de miembros de Partido de la U, como el vicepresidente de la Cámara Roosvelt Rodríguez y el re-presentante Carlos Eduard Osorio quienes expresaron su preocupación porque con la iniciativa los principios fundamentales de los ciudadanos quedarán supeditados al “dere-cho” del Estado de responder sólo en la me-dida en que haya excedentes para cumplirlos.

Días después le fue ne-gada la propuesta en segundo debate al ministro de hacienda y actual abanderado del pro-yecto, Juan Carlos Echeverry por 62 votos contra 57 por lo que la iniciativa se aplazó para la última semana de octubre. Y es que entre los congresistas ya se empiezan a vislumbrar repa-ros al proyecto. Uno de los más férreos opositores ha sido el re-presentante a la cámara por el

Alfonso Prada, representante a la Cá-mara por el Partido Verde, es uno de los más férreos opositores del proyecto.

el Partido Verde, Alfonso Prada, quien ha sos-tenido que “las medidas que se piensan to-mar se están encaminando hacia limitaciones de tipo constitucional que ponen en peligro, entre otras cosas, el alcance de los derechos sociales y económicos”.

En su ponencia para primer debate Prada explica: “Este proyecto de reforma a la Constitución Política va en contravía del paradigma de Estado constitucional y social de derecho, consagrado en la carta de 1991, cambia la jerarquía natural de los principios y me atrevería a decir que constituye por ello una sustitución a la esencia de nuestra Cons-titución, la que sería cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés, la técnica y los instrumentos de la organización y estructura del Estado al servi-cio de la sociedad, de los colombianos y de su dignidad”. Por eso considera que no se debe partir de un análisis de sostenibilidad fiscal para determinar el grado de garantía de los derechos, sino que se debe comenzar por estudiar el mandato constitucional para ade-cuar a dicha exigencia la sostenibilidad fiscal (Gaceta del Congreso, 2010).

Política social

Prada considera que no se debe partir de un análisis de sostenibilidad fiscal para de-terminar el grado de garantía de los derechos, sino que se debe comenzar por estudiar el mandato constitucional

para adecuar a dicha exigen-cia la sostenibilidad fiscal

“

”.Prada pone de manifiesto que la pro-

puesta de ley de sostenibilidad fiscal pre-supone una visión tecnicista, economista y pragmática del Estado en la que se subor-

dinan los derechos y su garantía a la consecución de los fines económicos. “Esta última concepción acarrearía un Cambio de Paradigma de Estado contrario a lo estableci-do por la Constitución de 1991, que es un paradig-ma de Estado Social de Derecho, cuyo eje norma-tivo y columna vertebral son los Derechos Funda-mentales y su garantía”.

Incluso Prada cues-tiona el que se catalogue

a la sostenibilidad fiscal como un derecho pues, en ese caso habría que preguntarse si sería social, económico, cultural, o colectivo y si la premisa de que es “un requisito indis-pensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” es suficiente para que se le denomine como “derecho”. Prada, así como Giraldo, sostienen que con esta ley lo que se pretende es inclinar la ba-lanza hacia el principio de sostenibilidad fiscal y poner en segundo lugar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). De hecho, para Libardo Herreño, investiga-dor del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el problema más grave de esta propuesta de ley consiste en que terminaría por recortar las alas a la tutela social y a las competencias de la Corte Constitucional para decidir fallos con contenido económico, especialmente los relacionados con los DESC. “Los jueces ten-drían entonces que considerar primero las consecuencias de los fallos económicos que producen mediante tutela, antes que prote-ger los derechos”.

¿Sólo recorte a los DESC?

Con la medida, además, el gobierno quiere disminuir el déficit fiscal y para ha-cerlo concluye que hay que recortar el gasto en materia de DESC. Para analistas como He-rreño, la iniciativa presupone que el déficit proviene del gasto desbordado en materia de DESC cuando existen otros rubros como el gasto militar, el gasto de Gobierno Central, la corrupción y el pago de la deuda publica que también contribuyen al déficit y a los que no se les piensa imponer la regla fiscal.

De hecho, en la editorial de Portafolio del 19 de octubre de 2010 se explica que “el sesgo del proyecto radica en que no contie-ne de manera explícita la misma obligación para otras aprobaciones que pueda hacer el Congreso, como, por ejemplo, deducciones tributarias a los inversionistas, contratos de estabilidad jurídica o subsidios a agriculto-res. Parecería, por lo tanto, que dentro de la lógica del plan la única amenaza a la sosteni-bilidad fiscal fueran los gastos para atender los derechos sociales y económicos, mientras que otros rubros del gasto público aprobados por el Congreso, incluido el de defensa, no tendrían que ser medidos con este rasero”.

Esa es una de las razones por las que en la Cámara de Representantes se introdujo la siguiente frase al proyecto: “En todo caso el gasto destinado a la concreción de los fines del


Política social

del Estado Social de Derecho tendrán ca-rácter prioritario”. La editorial de Portafolio aclara que esa precisión es fundamental, pero pregona porque se imponga a cualquier apropiación de recursos públicos la misma restricción que se quiere aplicar a los gastos sociales.

Parecería que dentro de la lógica del plan la única

amenaza a la sostenibilidad fiscal fueran los gastos para atender los derechos socia-les y económicos mientras que otros rubros del gasto

públcio no tendrían que ser medidos con este rasero

“

”.

Así, por un lado el debate radica en que si se va a ahorrar, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos so-ciales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero por otro la propuesta de sostenibilidad fiscal termina por evidenciar una contra-dicción en la misma Constitución: por una parte promulga los derechos y por otra establece que tiene que pri-mar la estabilidad social y macroeco-nómica. Lo que estaría tratando de hacer el Acto Legislativo 016 de 2010, entonces, es lograr que la economía tenga el sartén por el mango y esté por encima de los derechos.

“Por eso es preocu-pante que se eleve la soste-nibilidad fiscal a un derecho constitucional”, explica Li-bardo Herreño. “Es un sim-ple instrumento de política económica que sirve para ordenar las finanzas públicas y eso se puede hacer mediante una ley ordinaria, orgánica, que ayude a ahorrar en tiempos de bonanza”.

El debate

Lo que se está tratando de hacer con el Acto Legislativo 016 de 2010 es lograr que la

economía tenga el sartén por el mango y esté por encima

de los derechos

“”.

Según la economista de Viva la ciudada-nía, Martha Yaneth Sandoval, “para adoptar y operativizar la regla fiscal propuesta no se requiere de una reforma constitucional que eleve al rango de derecho la sostenibilidad fiscal. Lo que se requiere es una reforma de la ley orgánica del presupuesto, que hasta ahora no ha sido puesta a consideración del Congreso por parte del Gobierno Nacional” (2010, 8).

Si lo que se quiere es ahorrar, pregonan algunos, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero eso no significa que ese debate sea necesario darlo en la Constitución. Como bien se cuestionó en la Editorial de El Espectador del 20 de

octubre sobre el tema: “¿es la constitución el lugar para resguardar la política económica del país?”. Más aún, ¿qué implicaciones, a largo plazo, puede tener esta reforma? La cuestión es sim-ple: ya los ciuda-danos no podrían exigir sus dere-chos, pues todo estaría supedi-tado a si hay o no recursos para pagar. La tutela moriría

y la Corte Constitucional no podría emitir fallos a favor de los de-

rechos, por ejemplo, los de las víctimas del con-flicto armado, porque quedaría supeditada al límite del gasto. Como se ve, la propuesta no es de poca monta y debería generar discusión entre

la misma opinión pública. Al fin y al cabo, a la larga, son los ciudadanos los más afecta-dos. Se espera que los congresistas realmente

*Lucía Camargo RojasPeriodista del Equipo de Comunicación

del CINEP/ Programa por la Paz

Referencias• El Espectador (2010), “Sostenibilidad fiscal: un debate pendiente” en El Espectador, 20 de octu-bre. Disponible en: http://www.elespectador.com/articulo-230458-sostenibilidad-fiscal-un-debate-pendiente• Portafolio (2010), “Sostenibilidad fiscal sin riesgos” en Portafolio, 19 de octubre. Disponi-ble en: http://www.portafolio.com.co/opinion/editorial/editorial-sostenibilidad-fiscal-sin-ries-gos_8144920-3• DNP, 2010, “Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad” en Dnp.gov.co, Bogotá, octubre. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=7BcSDgnwlng%3D&tabid=1157• “Proyecto Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 451 del 23 de julio de 2010. • “Ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 723 del 30 de septiembre de 2010. • “Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 734 del 4 de octubre de 2010. • Sandoval Salazar, Martha Yaneth (2010), “El de-recho a la sostenibilidad fiscal limita el alcance de la Corte Constitucional” en Caja de Herramientas, No 137, Viva la ciudadanía, septiembre-diciembre, pp. 8-9.

la situación con detenimiento, así como la Corte y la misma ciudadanía. Es un tema de interés público que, antes que nada, debería generar debate.

Rompecabezas es un espacio radial de opinión pública, análisis, reflexión ydiscusión que con diferentes géneros periodísticos, voces y puntos de vista,

enriquece las miradas sobre el país que construimos a diario.

Escúchenos en Bogotá todos los lunes de 6 a 7 p.m. por Javieriana Estéreo 91.9 FM y 1430 AM. Si está en Pasto puede escucharnos a través de Ecos de Pasto (740 AM) el domingo de 6 a 7pm; en Tierralta, Córdoba a través de la emisora Sergio Restrepo (105.0) los lunes de 7 a 8 am y en San Gil, Santander a través

de la emisora La Cometa el jueves de 9 a 10 pm.


Economía

Santos y el desarrollo regionalEl nuevo gobierno le apunta, de manera acertada, al desarrollo regional y a la modernización del sector

agropecuario. Análisis de las virtudes y debilidades del nuevo plan de desarrollo.

Por Jorge Iván González*

dos virtudes: la insistencia en el desarrollo regional y la modernización del sector agropecuario. Todos los componentes del plan apuntan hacia ambas dimen-siones. El documento acierta al escoger estos dos aspectos neurálgicos de la eco-nomía nacional. El desarrollo regional no ha sido convergente y se han creado brechas notables, no sólo entre el campo y la ciudad sino también entre las ciudades. Las regio-nes del país se distancian en lugar de acer-carse. El desarrollo no ha tenido un enfoque regional, entre otras razones, porque no se ha consolidado el mercado interno. La recu-peración de la productividad del sector agrario comienza por el reconocimiento de los títulos y por la restitución de las tierras a quienes se las han arrebatado. La primera condición para la consolida-ción de un Estado de derecho es “el dis-frute apacible de la propiedad”.

Durante los dos gobiernos de Uribe el país pasó de importar 1 millón de toneladas de alimentos a 8.5 millones. La concentra-ción de la tierra se agudizó, extensas zonas se dedicaron al ganado, se ampliaron las hectáreas de las grandes plantaciones (espe-cialmente de caña y palma) y la dinámica de la economía extractiva se acentúo (petróleo, carbón, minerales). En resumen, la actividad económica se re-primarizó, el modelo Cari-magua se impuso, la pequeña producción no recibió incentivos y el mercado interno no se consolidó.

El proyecto de plan de desarrollo Hacia una Sola Colombia: Camino a la prospe-ridad Democrática (DNP, 2010) tiene

refleja un nue-vo espíritu: sólo hay desarrollo regio-nal si hay convergencia. En el proyecto se definen seis áreas homogéneas para la pla-nificación estratégica regional: Cen-tral, Caribe, Nororiental, Sur, Ama-zorinoquia y Pacífica. Estas zonas tienen diferencias notables en población, ingreso per cápita, pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) y coeficiente de Gini. La zona Central abarca el 60.6% de la población del país, mientras que la Amazorinoquia tie-ne el 1.1%. La zona Nororiental tiene un in-greso per cápita anual de $15 millones (pe-sos del 2009) y la de Amazorinoquia de $4,4 millones. En la zona Central la incidencia de la pobreza por NBI es 17.2%, en la Pacífica es 62.5% y en Amazorinoquia de 63%. El menor Gini es el de la zona Sur, 0.42, y el mayor el de

Durante los gobiernos deUribe la actividad económica

se re-primarizó, el modelo Carimagua se impuso, la

pequeña producción no reci-bió incentivos y el mercado

interno no se consolidó

“”.

En contraste, el nuevo plan de desarrollo 2010-2014 que propone el gobierno Santos,

la zona Sur, 0.42, y el mayor el de la Noro-riental, 0.64. A partir de las diferencias entre zonas, el diagnóstico del plan es correcto: en Colombia no hay convergencia entre ciu-dades y regionales. De ahí la importancia de estimular el desarrollo regional.

Las dudas

Aunque la intencionalidad es correcta y el análisis es apropia-

do, no es claro cuál es el propósito de estas zonas, ni sus alcances desde el punto de vista adminis-

trativo. No son zonas de planeación regional con

un estatuto bien definido. Son “áreas homogéneas para la planificación estratégica re-gional”.

Aunque laintencionalidad es correcta y el análisis“

”.

apropiado, no es claro cuál es el propósito de las zo-nas que propone el gobierno, ni sus alcances desde el punto

de vista administrativo

En ese sentido, quedan numerosas dudas sobre la instancia que deba hacer la plani-

ficación estratégica regional. Podría ser el Gobierno Central, o los gobiernos locales

(departamentos y municipios). Pero hay que tener en cuenta que la forma de hacerlo en cada nivel tendría que ser muy diferente. Los municipios podrían avanzar hacia una plani-ficación estratégica a través de la integración de los planes de ordenamiento territorial pero para ello sería necesario que se apro-bara la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot) (DNP, 2010). Y si la plani-ficación quedara en manos de los departa-mentos, éstos tendrían que renunciar a sus intereses particulares con el fin de avanzar hacia la articulación regional. Hasta ahora no


Economía

ha sucedido así y no hay ninguna cir-cunstancia especial que permita pen-sar que los gobiernos departamenta-les van a cambiar de posición. En las condiciones actuales, la única instan-cia que podría hacer la planificación estratégica es la Nación.

Con el argumento de la equi-dad regional (ver recuadro abajo), tal y como se define en el proyecto de ley que modifica la distribución de las regalías, el Gobierno Central podría decidir las prioridades de la planeación regional. Es cierto que la distribución de las regalías no ha fa-vorecido la equidad regional. No sólo porque ha habido mal manejo de los recursos, sino porque no han existi-do proyectos de desarrollo regional con una perspectiva de mediano y largo plazo. Puesto que en las actuales condiciones del ordena-miento territorial del país, la única instancia que puede realizar la planeación estratégica regional es el Gobierno Central, éste decidirá de manera discrecional qué tanto le consulta a los gobiernos locales. Por lo tanto, se em-pieza a vislumbrar cómo el plan de desarro-llo no ofrece mecanismos institucionales que permitan la armonía de los intereses locales con los nacionales.

Imagen de newsmatic.e-pol.com.ar

El Gobierno Central es la única instancia que puede realizar la planeación estratégica regional lo cual demuestra que el plan de desarrollo no ofre-ce mecanismos que armonicen los intereses locales con los nacionales.

El proyecto de regalías, así como el plan de desarro-llo del actual gobierno, propone tres nociones de equidad que son pertinentes. La equidad interge-neracional, la equidad social y la equidad regional.

· La equidad intergeneracional se ha reducido al manejo de los flujos financieros futuros, buscan-do que haya ahorro en los momentos de bonanza y desahorro en los períodos de crisis. La formula-ción más clara de este principio contracíclico es el proyecto de regla fiscal (ver artículo “¿Atentado contra los DESC?” en esta misma edición).

· La equidad social tiene que ver con la necesidad de disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Es la aproximación convencional a la equidad.

· La equidad regional toca de cerca los temas re-lacionados con el desarrollo regional, y es el tema más promisorio del plan y de los proyectos que el Gobierno ha presentado al Congreso. La equidad regional se alcanzaría si el Congreso aprueba una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial (Loot) que permita fortalecer los procesos endó-genos de las regiones, e integrar su dinámica a la de las ciudades.

Las locomotoras

En consonancia con el desarrollo regio-nal, el plan le da mucha importancia al sector agropecuario. Por lo menos cuatro de las cinco “locomotoras del crecimiento sostenible” tie-nen que ver con el sector: innovación, impul-so al sector agropecuario, vivienda, infraes-tructura de transporte y comunicaciones.

El plan de desarrollo regionalle da mucha importancia al sector agropecuario pues

cuatro de las cinco ‘locomoto-ras del crecimiento sostenible’

tienen que ver con el sector

“”.

La primera locomotora es la innovación. Aunque no es un tema particular del sector agrario, sí tiene una relación directa. En los últimos 20 años se ha ido deteriorando la ins-titucionalidad del sector y la capacitación e innovación tecnológica se ha concentrado en cultivos específicos. Es conveniente, enton-ces, que los avances lleguen a toda la agricul-tura. La innovación debe hacerse pensando en la articulación de la producción agrope-cuaria con las necesidades de las ciudades y con las potencialidades de las exportaciones.

La segunda locomotora es, específica-mente, el impulso al sector agropecuario que se vería beneficiado si, además, se mejora la seguridad alimentaria, se reduce la depen-dencia de las importaciones y, finalmente, se consolidan los procesos internos de las ciudades-regiones.

La cuarta locomotora es la consolidación de la infraestructura de transporte y comuni-caciones. Gran parte de las dificultades de la producción agropecuaria tienen que ver con la ausencia de un mercado doméstico integrado.

La falta de vías de comunicación (ríos, trenes y autopistas) ha impedi-do que el mercado interno se conso-lide. Es irónico ver cómo treinta años después, el plan retoma la prioridad del Plan de Integración Nacional (PIN) de Turbay (1978-1982), pues cada vez se hace más evidente que sin integración nacional no hay desa-rrollo regional.

La quinta locomotora es el im-pulso a la minería y a la energía. Es la más problemática porque puede ir en contravía de las demás. Hasta ahora la explotación extractiva ha tenido todas las características de las economías de enclave: boom transi-torio, revaluación del peso, poca ge-

neración de valor agregado, débil creación de empleo y destrucción de los recursos natura-les. Por ningún lado se observa una fórmula clara que permita evitar esta especie de “mal-dición” de las bonanzas.

Innovación

“Locomotoras del crecimiento sostenible”que tienen que ver con el sector agropecuario

Impluso al sector agropecuario

Infraestructura de transporte y comunicaciones

Impulso a la minería y energía


Economía

Así, a pesar de que el gobierno acierta en el enfoque, un análisis detallado del plan evi-dencia cómo el proyecto no tiene un elemen-to articulador suficientemente fuerte. A veces parecería que la segunda locomotora, la de vivienda, podría ayudar a la armonización de algunos sectores, pero estos mecanismos de integración son débiles. Nada garantiza que la fuerza de todas las locomotoras apunten hacia una misma dirección. Hay serias dudas, por ejemplo, sobre la forma como la lógica ex-tractiva pueda ser compatible con la moder-nización de la agricultura y con la creación de valor agregado, que se refleje en un mayor empleo. No es suficiente decir que las loco-motoras serán impulsadas por la iniciativa privada y, por esta razón, es necesario forta-lecer las alianzas público-privadas. Tampoco basta con afirmar que la prosperidad demo-crática permite que todo confluya. Entonces, es claro que en el plan no hay una secuen-cia analítica que armonice las locomotoras.

Falta direccionamiento

Un optimismo moderado

*Jorge Iván GonzálezEconomista e investigador

Referencias• DNP, 2010, “DNP destaca enfoque regional en Plan Nacional de Desarrollo” en Dnp.gov.co, Bogo-tá, 27 de octubre. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=S9ZxvmnTvBk%3d&tabid=1157• DNP, 2010, “Encuentro Nacional de Comisiones Regionales de Competitividad” en Dnp.gov.co, Bogotá, octubre. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=7BcSDgnwlng%3D&tabid=1157• “Proyecto de Acto legislativo 13 de 2010 Senado. Por el cual se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposicio-nes sobre el régimen de regalías y compensacio-nes” en Gaceta del Congreso, 577, Bogotá, 31 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.secre-tariasenado.gov.co/gacetadelcongreso.htmhttp://www.senado.gov.co/portalsenado/images/stories/pdfs/texto_ponencia_regalias_6_de_octubre.pdf• “Proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial” en Dnp.gov.co, Bogotá. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=sctHVtFcBcs%3d&tabid=274

No es suficiente decir que laslocomotoras serán impulsadas por la iniciativa privada, tam-poco basta con afirmar que la prosperidad democrática

permite que todo fluya

“”.

Finalmente, el proyecto le da mucha importancia a las comisiones regionales de competitividad (CRC) que tienen, entre sus funciones, la tarea de “articular las instancias del desarrollo regional”. Pero no se ofrecen mecanismos claros que permitan que dichas

El proyecto de plan de desarrollo del gobierno Santos tiene dos metas muy ambi-ciosas: el desarrollo regional y la moderni-zación del sector agropecuario. Para lograr estos propósitos tiene que modificar el tipo de desarrollo nacional. Primero, estimulando procesos endógenos que articulen las nece-sidades del campo y de la ciudad. Segundo, consolidando el mercado interno. Tercero, desestimulando la importación de alimentos básicos y buscando la seguridad alimentaria. Para cumplir con estos objetivos debe lograr la aprobación de proyectos de ley tan im-portantes como la Loot y la modificación de la distribución de las regalías. Pero, además, tiene que tener en cuenta que el desarrollo regional debe hacerse en consonancia con los intereses de los gobiernos locales, que temen que con el argumento de la equidad regional aumente el centralismo y se les reduzca su margen de maniobra. Para evitar que esto suceda la Loot tiene que darle mucha autono-mía a los gobiernos municipales, sobre todo en los temas relacionados con la el manejo del suelo y la gestión urbana, en consonancia con la ley 388 de 1997.

comisiones tengan capacidad de articular las decisiones regionales. La única posibilidad de que tales comisiones tengan poder efecti-vo es mediante la intervención explícita del Gobierno Central. En tal caso, la estrategia de desarrollo regional sería definida por la auto-ridad central.

La revista Controversia, de periodicidad semestral, agrupa artículos caracterizados por su rigor académico y por la originalidad de sus aportes a la construcción del co-nocimiento en las ciencias sociales colombianas. Además, busca presentar algunos debates teóricos y metodológicos frente temas económicos, sociales y culturales de

América Latina.

Controversia es una publicación indexada en Colciencias, calificada en categoría C y hace parte de un esfuerzo interinstitucional de cinco ONG colombianas: CINEP-

Programa por la Paz, Foro por Colombia, Escuela Nacional Sindical, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Región.

Para más información consultewww.cinep.org.co

o escriba a [email protected]


Movimientos sociales

El Congreso de los Pueblos ¿La otra “Unidad Nacional”?

En octubre se realizó el Congreso de los pueblos, evento que reunió a varios sectores populares con el fin de construir una propuesta de país para una vida digna. La proclama final da cuenta de un programa incluyente,

asentado en el respeto a la diferencia.

Por Mauricio Archila*

ntre el 8 y el 12 de octubre del año en curso, en el campus E

de la Universidad Nacional, Sede Bogotá, se llevó a cabo el Congreso de los Pueblos que pretendía reunir a los más variados sectores populares colombia-nos con la mira de construir una “propuesta de país para una vida digna”. Ante la opinión pública quedó la imagen de que fue otra mo-vilización indígena. Y si bien es cierto que hubo una notoria presencia de los pueblos originarios, también participaron miembros de grupos afrodescendientes, sectores cam-pesinos, pobladores urbanos, sindicalistas, estudiantes, profesionales, organizaciones feministas y del sector LGBT. En efecto, se dieron cita más de 220 organizaciones socia-les con cerca de 17.000 asistentes acredita-dos.

“Hemos decidido hacer de nuevo a Colombia. En reali-dad, somos nosotros y noso-tras, cada cual por su lado, quienes la construimos to-dos los días. Pero esta vez la edificaremos con nuestra mirada, a nuestro modo, hablando diariamente entre todas las organizaciones po-pulares”

(Proclama final)1

Los más variados sectores populares se reunieron en octubre pasado, en la Universidad Nacional, para instalar el Congreso de los Pueblos y construir una “propuesta de país para una vida digna”.

Imagen de ameidacuadra8.blospot.com

En el congreso no sólo participaron los pueblos

originarios. Se dieron cita más de 220 organizaciones

sociales con cerca de 17.000 asistentes acreditados

“”.

El evento se consideró el inicio de un proyecto en construcción, por ello se insis-tió en que era la “instalación” del Congreso de los Pueblos que continuaría deliberando, ya no en forma centralizada en Bogotá sino en las regiones, los pueblos, fábricas, escue-las, veredas y barriadas a lo largo y ancho del país2. No obstante este carácter inaugu-ral, el encuentro no fue algo improvisado. En realidad, fue precedido por los mandatos que algunas comunidades y organizacio-nes de base habían construido durante este año, por la movilización del 21 de julio que buscó mostrar otra cara del Bicentena-rio —la de los excluidos—, y por la Minga por la Resistencia Social y Comunitaria que había caminado el país a finales de 2008.

Como metodología se había propuesto la realización de plenarias que orientaran el tra-bajo de deliberación en comisiones regionales y que recogieran las conclusiones. Las comi-siones trabajarían regionalmente en torno a siete temas: tierra y territorio; economía para

la vida; construir po-der para el buen vivir; cultura diversa y ética común; vida, justicia y paz; violación de dere-chos y de acuerdos e integración global de los pueblos. El even-to concluyó el 12 de octubre con una ma-siva marcha a la Plaza de Bolívar en donde, luego de una ceremo-nia espiritual hecha por las comunidades indígenas y la inter-vención de algunos oradores de las orga-nizaciones participan-tes, se leyó el Mandato Final (Congreso de

los pueblos, 2010). Luego las delegaciones retornaron a sus lugares de origen con el fin de deliberar en las regiones sobre el proyec-to que se inició con el encuentro de Bogotá.

Hubo dificultades de todo tipo para la realización del Congreso de los Pueblos. Y es que reunir a 17.000 personas sin mayores re-cursos económicos y con obstáculos de distin-to tipo, fue una proeza. Y no nos referimos sólo

En encuentro finalizó en la Plaza de Bolívar donde se leyó el Mandato Final: el Congreso de los Pueblos.

Imagen de elcongresodelospueblos.org



al invierno que dificultó el transporte de mu-chas delegaciones o a la inclemente lluvia que cayó en Bogotá durante la primera noche del encuentro, helando hasta los huesos a quie-nes provenían de tierra caliente. Hablamos principalmente de los obstáculos políticos que son los más duros de enfrentar. El gobier-no nacional mostró indiferencia, cuando no hostilidad ante el evento; no faltaron hostiga-mientos de las Fuerzas Armadas en el despla-zamiento desde las regiones; las autoridades del Distrito Capital ofrecieron más apoyo del que realmente dieron y cuando eso ocurrió no siempre fue en el momento en que se re-quería; las directivas de la Universidad Na-cional accedieron a prestar la zona cercana a la concha acústica, pero casi acorralaron a los participantes impidiendo su movilidad por el campus y los medios masivos de comunica-ción prácticamente ignoraron el encuentro. De no ser por la presencia de medios alterna-tivos y comunitarios, tal vez hubiera sido un evento fantasma.

De no ser por la presenciade medios de comunicación alternativos y comunitarios

tal vez hubiera sido unevento fantasma

“”.

Pero también hubo problemas internos que reflejaron no sólo la desigual capacidad organizativa —unas delegaciones vinieron mejor preparadas en términos logísticos que otras, e incluso algunas desconocían el clima frío de la capital—, sino las distintas tradi-ciones políticas de los asistentes. Así se vio el contraste en términos discursivos y prác-ticos entre las delegaciones influidas por la izquierda partidista —muy dadas a la guerra de consignas y a los protagonismos persona-les— y aquellas que provenían de ámbitos comunitarios —que acudían más bien a la música o el baile para comunicar sus anhelos y no pretendían tener mayor figuración indi-vidual—.Pues bien, en contra de estas dificultades ex-ternas e internas se instaló el Congreso de los Pueblos, lo que de por sí ya fue un logro. En ese punto del artículo conviene dejar lo anecdótico y preguntarse por su significado. Lo pri-mero que parece evi-dente es que, a dos meses de inaugurado el gobierno de Juan

Nacional” por arriba, diversas organizaciones populares y sociopolíticas busquen la unidad desde abajo. Pero no es solamente la disputa por el lugar de la unidad, la es también por el programa de gobierno y sobre todo por el tipo de nación, que 200 años después de la independencia sigue siendo ajena a muchos colombianos.

Durante el Congreso de los Pueblos también hubo dificultades internas que reflejaron no sólo la desigual capacidad organizativa sino las distintas tradiciones políticas de los asistentes.

diálogo, incluso con el Estado, en procura del “buen vivir” de los colombianos. Esta posi-ción de diálogo no es de consenso pues hay sectores influidos por la izquierda tradicio-nal que la rechazan. En todo caso, no será una oposición fácil, pues el gobierno de Santos, mientras mantiene en lo fundamental conti-nuidad con su antecesor, ha marcado algunas diferencias3, y hace unas ofertas clave a favor de las víctimas del conflicto armado, entre otras, de devolución de las tierras arrebata-das. No bastará con decir que la actitud del nuevo presidente es demagógica o denunciar que con esos pasos el presente mandatario busca cooptar demandas y dirigentes socia-les; habrá que hacer un análisis más cuidado-so de las iniciativas legislativas en curso para que la palabra de los pueblos tenga la reso-nancia y trascendencia que se merece.

Y es que el Congreso de los Pueblos re-presenta una propuesta de unidad y poder desde abajo muy distinta a la rebatiña que se vive hoy en el seno de las izquierdas, se-veramente agrietadas por las preocupantes denuncias de malos manejos de lo público en el Distrito Capital y los no menos peligrosos apetitos de protagonismo caudillista.

¿Qué nos deparará en el futuro el Con-greso de los Pueblos? No sabemos con certe-za, pero en el caminar de la palabra y en los mandatos desde la base hay esperanza de construcción de un país distinto. Concluimos retomando las partes finales de la Proclama leída el 12 de octubre de 2010:

“Mostraremos en los hechos que estamos por la democracia popular, la soberanía, la lucha contra el capital, por la vida digna, la paz y la justicia. Que los pueblos de Colombia somos el país.Que la unidad es posible y que la estamos te-jiendo. Que el país de abajo legisle. Que los pueblos manden. Que la gente ordene el territorio, la economía y la forma de gobernarse. Que camine la palabra”.

La disputa no es solamente por el lugar de la unidad, lo es también por el programa

de gobierno y sobre todo por el de nación, que 200 años después sigue siendo ajena

a muchos colombianos

“”.

De las conclusiones de las comisiones y de la Proclama final resulta un programa político muy completo y novedoso. Allí hay materia para una real oposición al régimen, pues no sólo se proclama el rechazo al mo-delo de desarrollo neoliberal, a la presencia de tropas norteamericanas en nuestro suelo, a la guerra que nos consume, a la antidemo-cracia que nos excluye, sino que hay toda una propuesta incluyente de nuevo país. Es un programa asentado en el respeto a la diferen-cia que alimenta una pluralidad de actores y demandas en creciente convergencia. Así, las tradicionales consignas y denuncias que buscan la igualdad ciudadana en todos los terrenos se ven renovadas con llamados a la equidad de género, el respeto de las diferen-tes opciones en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a vivir cada cultura en libertad y el reconocimiento de técnicas y saberes tra-dicionales.

Pero en el fondo hay también una nueva propuesta de construir poder desde abajo, poder constituyente y no constituido. Sobre la base de la autonomía territorial, organizativa, cultural y jurídica se hace un llamado para que el pueblo gobierne en busca de un país digno. Más que seguir construyendo oposición a partir del rechazo o de la negación, el Congre-so de los Pueblos quiso ofrecer una propues-ta positiva y constructiva que no se cierra al



1. Tierra, Territorio y Soberanía. Organización y defensa del territorio desde los principios de armonía y equilibrio, recuperación de la memoria, los saberes ancestrales, el trabajo colectivo, la cultura popular y, sobre todo, la autonomía. Esto implica una “Reforma Integral Agraria” des-de los pueblos y la participación popular en el ordenamiento territorial.

2. Economía para el buen vivir. Trabajo en condiciones de equidad y justicia, soberanía alimen-taria, fortalecimiento de mercados solidarios, empresas comunitarias y propiedad colectiva y rechazo a los TLC y el ALCA. Para ello se estimulará la elaboración de planes de vida de los pueblos.

3. Construcción de Poder para el buen vivir. El Poder debe ser legítimo, popular y garante de bienestar. Con ese fin se dictarán mandatos desde los pueblos. El ideal es la consolidación de territorios autónomos y autodeterminados. Reconocimiento de las autoridades tradicionales donde ellas existen.

4. Cultura, Identidad y ética de lo común. Superar las formas de exclusión sexista y racista por medio de la construcción desde la diferencia. Fortalecimiento de las identidades culturales, las lenguas maternas que subsisten, el pensamiento y los conocimientos propios. La educación y salud deben ser públicas, pero apropiadas a los pueblos.

5. Caminos de vida, justicia, paz. Se parte de que hay conflicto armado en Colombia y se busca una salida política. Mientras esta se da, se estimulan los acuerdos humanitarios y se exige la atención a las víctimas y el respeto al DIH por todos los actores armados. Rechazo a la instala-ción de bases militares norteamericanas.

6. Violación de derechos y acuerdos incumplidos. Los acuerdos incumplidos a las diversas organizaciones sociales deben alimentar la movilización y la defensa de los derechos de los Pueblos.

7. Integración de los pueblos y de las luchas. Alianzas para las luchas comunes entre los pue-blos de los distintos continentes. La cooperación internacional debe darse en condiciones de solidaridad sur-sur. Se promoverá un congreso latinoamericano de los pueblos.

Líneas estratégicas del Congreso de los Pueblos

*Mauricio ArchilaInvestigador del equipo Movimientos Sociales del CINEP/Programa por la Paz

Referencias• Congreso de los pueblos, 2010, “Proclama, la Palabra del Congreso de los Pueblos de Colombia” en Acin.org, 13 de octubre. Disponible en: http://www.nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1068:proclama-la-palabra-del-congreso-de-los-pueblos-de-colombia&catid=116:congreso-de-los-pueblos-tejido&Itemid=124

1 Para este artículo se consultaron los pronun-ciamientos del Congreso de los Pueblos que aparecen en la página web de la Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) y se entrevistó a participantes del evento.

2 En la Proclama final se señala el carácter inde-terminado de esta deliberación, lo cual no deja de ser llamativo pues, al contrario de las procla-mas programáticas de la izquierda, ésta es una propuesta abierta. Así no se precisa si será “…un Mandato de los Pueblos, o un Mandato País, o una Agenda Alternativa, o una Constitución Popu-lar. La discusión que hemos empezado dirá qué nombre le ponemos” (subrayado nuestro).

3 Cosa que incluso se señala en la Proclama final: “Reconocemos que el clima de intolerancia cotidiana que había impuesto Uribe Vélez ha mermado en el nuevo gobierno”.

Notas


Internacional

Primeros meses de convivenciaSantos - Chávez

Desde su posesión, el presidente Juan Manuel Santos ha dado señales de querer mantener un diálogo favorable con el gobierno venezolano, situación que Hugo Chávez ha sabido aprovechar. Los hechos demuestran que se

comienza a desbrozar el camino hacia la superación de tensiones entre los dos países.

UPor Socorro Ramírez*

na adecuada combinación de necesida-des, oportunidades y voluntad, permi-tió que, en los tres primeros meses del

gobierno de Juan Manuel Santos, las relacio-nes entre los gobiernos centrales de Colom-bia y Venezuela empezaran a tener, al menos, canales de comunicación. No es un proceso fácil ni avanza con la celeridad requerida pero parece contar con condiciones para se-guir adelante.

Necesidades y oportunidades

En un contexto de mutuas amenazas y denuncias internacionales, las relaciones di-plomáticas entre Venezuela y Colombia que-daron rotas al concluir el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Frente a la situación, el en-tonces presidente electo comenzó a enviar señales (Caracol radio.com, 2010) de que no deseaba continuar con la confrontación sino generar canales para procesar una agenda binacional compleja. Y a Hugo Chávez esta actitud le ofrecía una oportunidad para nor-malizar una relación necesaria, relación que, además, en medio de una tensa campaña electoral, se tornaba indispensable. En efecto, la mayor parte de los electores manifestaba cansancio con la permanente confrontación con Colombia (cerca del 890% de encuesta-dos [Dinero.com, 2010] rechazaban cualquier acción bélica y pedían buena vecindad). Por otra parte, la conocida acumulación de graves problemas económicos, sociales y de seguri-dad en su propio país, lo disuadían de seguir exacerbando las tensiones binacionales.

Desde antes de su posesión, Santos co-menzó a multiplicar las señales de buena voluntad. Empezó por designar como can-ciller a una ex embajadora en Venezuela (El Tiempo.com, 2010), quien años atrás había


impulsado un periodo muy dinámico de la re-lación binacional. Incluyó luego al presidente Chávez entre los gobernantes de la región, in-vitados a su posesión. En sus intervenciones insistió en que no reconocía “enemigos in-ternos ni externos” y que se proponía “abrir caminos de cooperación hacia el futuro” en lugar de “mirar con amargura hacia el pasa-do” (Semana.com, 2010). Gestos como esos le valieron la pronta y ambigua descalificación de Uribe a una diplomacia que calificó como “cosmética y de apariencia”, “meliflua y babo-sa”. Pero las expresiones del expresidente tu-vieron más bien un efecto benéfico. Le acre-centaron al presidente electo la credibilidad en la región y, en particular, en Venezuela.

Las expresiones del expre-sidente Álvaro Uribe tu-

vieron más bien un efecto benéfico. Le acrecentaron

al presidente electo la credibilidad en la región

“”.

Santos continuó añadiendo nuevos ges-tos que mostraban su disposición a cambiar la política exterior, a normalizar y fortalecer las relaciones con los gobiernos latinoameri-canos y caribeños, en particular con los veci-nos inmediatos. En su primera gira interna-cional no visitó a Estados Unidos. En Europa se dirigó a España, Francia y Alemania, y en la región, visitó Chile, Argentina, Perú, Pana-má, Costa Rica, México y Haití (Caracolradio.com, 2010). Ya el día de su posesión le dedicó al presidente de Ecuador su primer acto de gobierno mediante la entrega de una copia de los computadores de “Reyes” (Caracoltv.com, 2010). Con el presidente de Brasil acor-dó dedicarle su primera visita de Estado. Y, aunque por razones obvias, Chávez no asistió a la posesión, sí envió a su canciller, y se con-virtió muy pronto en el primer jefe de Estado en visitar a Santos.

En tan solo tres días, Santos y Chávez, reu-nidos en Santa Marta mostraron que a la feliz combinación de necesidades con oportunida-des se le agregaba una pragmática voluntad


La decisión de la CorteConstitucional, por la cualdeclaró se inexistente el

convenio con Estados Unidos sobre el uso de bases milita-res, acabó de excluir el tema

de la agenda binacional

“”.

Internacional

política (Semana.com, 2010). El pro-pósito del nuevo acercamiento no sería el de cambiar el uno al otro sino el de restablecer los canales de comunica-ción recíproca y, en un marco de res-peto mutuo, darle lugar a la diplomacia para abordar todos los temas que están sobre la mesa y avanzar así en una se-guramente difícil reconstrucción de la confianza.

En esa ocasión Chávez afirmó, de modo sorprendente, que el acuerdo con Estados Unidos sobre uso de bases mili-tares, era un asunto de la soberanía co-lombiana, y que lo único que pedía “es que no afecte la soberanía del vecino ni se convierta en amenaza”. La decisión adoptada el 10 de agosto por la Corte Cons-titucional colombiana, por la cual el convenio fue declarado inexistente, acabó de excluir de la agenda binacional el tema que había con-ducido a un grave enfrentamiento entre los dos gobiernos.

Los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez reunidos en Santa Marta donde restablecieron las relaciones diplomáticas.


En su visita a Brasil y en su discurso en Naciones Unidas (Caracoltv.com, 2010) Santos hizo explícita su decisión de darle primacía a los lazos positivos de Colombia con América Latina y el Caribe, y agregó: “el mundo tiene sus ojos sobre nosotros. Ahora nos corresponde abrir los nuestros, superar cualquier diferencia que persista, y pensar en grande”. Días después, el presidente co-lombiano felicitó a Chávez por el “extraordi-nario desarrollo de las elecciones legislativas realizadas en un ambiente democrático y de paz”. Y, luego, con la rápida reacción ante la crisis ecuatoriana y su movilización hacia Buenos Aires para reunirse con sus homólo-gos suramericanos, Santos mostró decidida voluntad para reinsertarse en las dinámicas regionales. Lo mismo aconteció con su retor-no a Argentina para las honras fúnebres del expresidente Nestor Kishner.

Por otra parte, los procesos internos que el nuevo gobierno colombiano quiere impul-sar, si se adelantan con firmeza y decisión, po-drían tener positivas repercusiones en la rela-ción con Venezuela. El avance en la seguridad interna no entendida sólo como un problema

militar sino como presencia integral del Es-tado, puede mejorar la situación en las fron-teras a las que la ley de regalías les concede prioridad. La ley de tierras y la de reparación a las víctimas del conflicto así como la dispo-sición a negociar la paz, podrían convencer al gobierno venezolano de presionar a la gue-rrilla para que se ajuste a las condiciones exi-gidas por Santos: liberar a los secuestrados, eliminar esa práctica y renunciar a la lucha armada.

Esta notable acumulación de gestos ha permitido que avance la agenda binacional y se pongan en marcha los canales de comuni-cación intergubernamental.

Avances en la agenda y en loscanales de comunicación

En Santa Marta los dos gobiernos fijaron una agenda de cinco puntos y abrieron unos canales de comunicación para procesarlos. Se trata, sin duda, de asuntos de mutua con-veniencia e imprescindibles para comenzar a reconstruir la confianza.

La primera comisión trabaja sobre el pago de la deuda de Venezuela a em-presarios colombianos. Ca-racas ha asegurado que está en disposición de ir pagan-do paulatinamente la deuda (Eluniversal.com, 2010), a medida que se hace la revi-sión de su monto pues presu-me que puede contener so-brefacturación a partir de su complejo sistema de control de cambios. El gobierno ve-nezolano ha pagado ya 336 millones de dólares lo que, si

se tiene en cuenta la iliquidez venezo-lana y las deudas acumuladas con otros países, es un gesto importante.

La segunda comisión discute so-bre un marco comercial que reemplace la normatividad de la CAN, que se vence en 2011, con el fin de evitar que mien-tras productos del Mercosur entran sin aranceles, los colombianos sean grava-dos (Semana.com, 2010). La primera de las seis rondas de negociación, revisará un posible acuerdo sobre inversiones, flujos de capital, compras del Estado, bienes y servicios así como definiciones de Alba y Mercosur, que pueden servir de base para la discusión.

La primera comisión trabajasobre el pago de la deuda de Venezuela a empresarios co-

lombianos, mientras que la se-gunda discute sobre un marco conceptual que reemplace la

normatividad de la CAN

“”.

La tercera comisión revive proyectos de infraestructura y minero-energéticos, pa-ralizados por la tensión. Empezará por revi-sar el estado de las vías y reforzar los pasos fronterizos: construir Tienditas y Agua Clara-Guarumito, ampliar los puentes Santander y Bolívar, hacer pasos peatonales en el puente Unión entre Boca de Grita y Puerto Santander, y restablecer el paso peatonal entre Delicias y Herrán. También revivirán el plan para el su-ministro de gasolina a poblaciones fronteri-zas y la posibilidad de que Ecopetrol explore en la Faja del Orinoco, y pondrán en marcha la mesa minero-energética, el intercambio energético y la interconexión eléctrica. Trata-rán de optimizar el transporte de petróleo y gas, y empresas colombianas contribuirán a la masificación del gas en Venezuela. Además,

En Santa Marta los dos gobiernos fijaron una agenda de cinco pun-tos y abrieron unos canales de comunicación para procesarlos.



Internacional

se retomaron proyectos como la conexión fluvial Meta Orinoco con el Atlántico, la cons-trucción de un poliducto hacia el Pacífico co-lombiano, acompañado de vías férreas que movilicen pasajeros, carga, acero, hierro y níquel.

La cuarta comisión se refiere a la fron-tera y está encabezada por los dos cancille-res. Inicialmente, la ministra colombiana visitó Paraguachón y Cúcuta, se reunió con autoridades locales, congresistas fronterizos, cámaras de comercio y representantes de la sociedad civil. Luego, los dos cancilleres, reunidos en Cúcuta con sectores económicos y educativos, acordaron invertir en asuntos sociales y culturales, y conformaron una co-misión sobre turismo. Colombia se compro-metió a facilitar apoyo a través de la Federa-ción de Cafeteros para incentivar el cultivo del grano en ambos lados de la Serranía del Perijá.

La quinta comisión, sobre seguridad, empezó su labor con el acuerdo de establecer una línea directa para compartir información y enfrentar la delincuencia en uno y otro lado de la frontera. Se habló de crear un mecanis-mo permanente y directo entre los ministros de Defensa y de extender esa interlocución a los altos mandos militares y de policía. Los respectivos ministros se han encontrado un par de veces y han dicho que hablarán de la situación fronteriza derivada del conflicto colombiano y del tráfico transfronterizo de drogas.

En la puesta en marcha de las comisio-nes los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Energía, Comercio y Transporte han mantenido una per-manente comunicación. En Caracas el 2 de no-viembre, los dos presi-dentes revisaron el tra-bajo adelantado en los cinco temas acordados en Santa Marta, crearon una comisión específica sobre energía y fusio-naron las comisiones de deuda y marco regulato-rio en una sola dedicada a la complementación productiva y económi-ca. En todos los temas los acuerdos firmados recuperan los procesos que estaban en camino antes del deterioro de la relación en los tres últimos años y concretan proyectos en cada uno de ellos.

Los mandatarios se reunieron el 2 de noviembre en Caracas para revisar el trabajo adelantado en los temas acordados en Santa Marta.


Limitaciones y desafíos

Los presidentes acordaron realizar reu-niones de seguimiento cada tres meses, des-tacaron que estaban pasando de las palabras a los hechos y ambos hablaron de su compro-miso de no dejarse “descarrilar por nadie”. Sin embargo, la reconstrucción de la confian-za no es fácil. Ambos hablan de “tratarse con respeto” pero con expectativas diferentes. En palabras de Chávez quiere decir que “ni no-sotros nos metemos en las cosas internas de Colombia, ni Colombia en las cosas internas de Venezuela. Tampoco nos vamos a dejar chantajear, ni poner contra la pared”. Para Santos, en cambio, se trata de abandonar los insultos y adelantar el diálogo sobre todos los temas, incluso los transfronterizos.

De la cancelación de las deudas, la garan-tía de los pagos restantes y el funcionamiento de los mecanismos acordados para reactivar la relación dependerá la recuperación comer-cial entre los dos países, que no será rápida ni volverá a los 7.000 millones de dólares de 2008. La falta de reglas de juego confia-bles para el comercio binacional ha llevado a una gran prudencia en los pedidos y envíos,

y ha estimulado la búsqueda de nuevos des-tinos para las exportaciones colombianas. Por su parte, Venezuela quiere un comercio

Los presidentes acordaronrealizar reuniones de segui-

miento cada tres meses, desta-caron que estaban pasando de las palabras a los hechos. Sin

embargo, la reconstrucción de la confianza no es fácil

“”.

y ha estimulado la búsqueda de nuevos des-tinos para las exportaciones colombianas. Por su parte, Venezuela quiere un comercio administrado y reducido a las demandas de algunos productos, lo que dejaría por fuera buena parte de la oferta colombiana.

Avanzar en el tema de seguridad tam-poco es fácil. Al encuentro de Cúcuta llegó el ministro de seguridad pero no el de Defensa venezolano y el ministro colombiano, que atiende ambos asuntos, se retiró a mitad de la reunión. El encuentro entre los mandos mi-litares y de policía tampoco se ha concretado. En Caracas hablaron sobre droga, tal vez in-cluyendo allí el asunto de la presencia de gru-pos irregulares en la frontera. Antes, Chávez había reconocido que el problema es “muy grave”, ya que allí actúan “paramilitares, nar-cotráfico, secuestros, guerrilla, migraciones de gente huyendo de la guerra”. Por otro lado, los gobiernos del Táchira y el Zulia, que son de oposición, piden ser incluidos en el acuer-do binacional.

Destriangular la relación es también una necesidad. Las tensiones han revivido entre Caracas y Washington a propósito de los acuerdos de cooperación económica y nuclear, firmados por Venezuela con Irán y con Rusia. Lo que suceda sobre estos temas en el Consejo de Seguridad, en donde Colom-bia actuará de 2011 a 2012, repercutirá en la relación entre ambos gobiernos. Venezuela votó por Colombia como signo de confianza, luego de haber rechazado la postulación que presentara Uribe, quien quería llevar allí la disputa con Chávez. Santos fundamentó el in-greso al Consejo en el respeto a los principios de la Carta de la ONU y en el compromiso con la paz y la seguridad internacionales.

Lo que suceda con los acuer-dos de Venezuela e I rán y

la tensiones entre Caracas y Washington repercutirá en

la relación entre el gobierno colombiano y el venezolano

“”.

En suma, la combinación afortunada de oportunidades, necesidades y voluntad po-lítica tanto de Colombia como de Venezuela, ha permitido comenzar a desbrozar el ca-mino hacia una superación de las tensiones y la apertura de canales de comunicación. El acercamiento es, sin embargo, lento y lleno de retos. Es de esperar que esta vez tenga mejores condiciones que las que impidieron consolidar las fugaces reconciliaciones de los últimos años.


Internacional

Referencias• Caracolradio.com, 2010, “Juan Manuel Santos inicia gira por Europa y Latinoamérica” en Caracolradio.com, Bogotá, junio 25 de 2010. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1318436• Caracolradio.com, 2010, “Tras toma de posesión de Santos, Chávez propone encuentro” en Caracolradio.com, Bogotá, agosto 8 de 2010. Disponible en: http://www.caracol1260.com/nota.aspx?id=1338210• Caracoltv.com, 2010, “Santos le entregó a Correa los computadores de Raúl Reyes” en Caracoltv.com, Bogotá, agosto 7 de 2010.Disponible en: http://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo-186186-santos-le-entrego-a-correa-los-computadores-de-raul-reyes• Caracoltv.com, 2010, “Vea el discurso completo del presidente Santos ante la ONU” en Caracoltv.com, Bogotá, 24 de septiembre de 2010. Disponible en: http://www.caracoltv.com/noticias/politica/video-191471-vea-el-discurso-completo-del-presidente-santos-la-onu• Dinero.com, 2010, “Mayoría de venezolanos rechaza guerra con Colombia” en Dinero.com, Bogotá. Disponible en: http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=65575&IdTab=1• El Tiempo.com, 2010, “La ex embajadora en Venezuela, Maria Ángela Holguín, será la canciller de Santos” en El Tiempo.com, Bogotá, 24 de junio de 2010. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7772540• El Universal.com, 2010, “Venezuela iniciará pago de deuda a empresarios colombianos” en El Universal.com, Bogotá, 20 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2010/08/20/int_ava_venezuela-iniciara-p_20A4363371.shtml• Semana.com, 2010, “Colombia y Venezuela restablecen las relaciones diplomáticas” en Semana.com, Bogotá, 10 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/colombia-venezuela-restablecen-relaciones-diplomaticas/142894.aspx• Semana.com, 2010, “Colombia y Venezuela: fructífero primer encuentro de comisiones” en Semana.com, Bogotá, 20 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-politica/colombia-venezuela-fructifero-primer-encuentro-comisiones/143320.aspx• Semana.com, 2010, “Cómo será la política exterior de Santos” en Semana.com, Bogotá, 6 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-politica/como-sera-politica-exterior-santos/142266.aspx

Los límites del Nuevo Reino de Granada y de la Capitanía General de Venezuela asentaron su sentido cooperante y de mutuo apoyo: “habrá amistad, alianza y unión federativa entre los dos Estados, garantizándose mutuamente la integridad de los territorios de sus respectivos departamentos”.

Tuvieron que pasar 50 años, hasta el Tratado de 1941, ratificado en 1959 por el Tratado de Tonchalá, para establecer los 2.219 kms de frontera, y que a pesar de las diferencias que pudieron suscitar, conservaron un carácter cooperante: de este período son dos de los 4 puentes internacionales que vinculan la frontera y se inscribe allí la Nota de la Cancillería colombiana de noviembre de 1952 por la que reconoce como venezolanos los Islotes de los Monjes.

Para los 80s surge las figuras de las Comisiones de Vecindad que van a tener una función muy relevante en la concepción de frontera como región de desarrollo social y se retoma el marco jurídico con la primera ley de fronteras de Colombia de 1983. Es en este contexto en el que el incidente de la Fragata Caldas de 1887 logra no sólo resistir al inminente conflicto armado que anunciaba, sino que instauró nuevas comisiones de carácter binacional.

Pero el reconocimiento de mayor importancia se da con la Constitución de 1991 en cuanto que motivó una legislación fa-vorable al desarrollo de la frontera. El artículo 337 estableció la posibilidad de contar con “normas especiales en materias económicas y sociales tendientes a promover su desarrollo”, y el 289 un marco constitucional para que las autoridades locales pudieran adelantar con sus homólogos del otro país “programas de cooperación e integración”. Estas perspectivas fueron desarrolladas en la Ley de Fronteras de 1995 que estableció “un régimen especial para las zonas de frontera con el fin de promover su desarrollo social, económico, científico, tecnológico y cultural”, dio piso a la creación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) como áreas específicas para una acción conjunta (entiéndase binacional) y establece una Con-sejería Presidencial de Fronteras, entre otros.

La Constitución del vecino país de 1999, que establece su nombre oficial de República Bolivariana de Venezuela, otorga una prioridad similar a estas regiones en sus artículos 15 y 327 y define la creación de una Ley Orgánica de Fronteras, que saldrá a la luz en el 2003 con miras a “promover y facilitar su desarrollo cultural, social, económico y tecnológico sustentable”.

1811

1941

1980

1991

1999

Historia de la frontera colombo - venezolana

*Socorro RamírezMiembro del Fondo Andino Estadounidense

apoyado por el Centro Carter e Idea Internacional. Columnista del diario El Tiempo


Opinión

¿Cambio de estilo, cambiode opinión?

Si en la era Uribe eran claras las tendencias de los columnistas de opinión ¿Han cambiado de posición en el man-dato de Santos? Análisis de las posturas de los escritores durante la transición entre los dos gobiernos.

Por Ana María Restrepo y Andrés Yepes*

l comienzo de un mandato presi-dencial suele ocupar un espa-cio privilegiado en la opiniónE

pública. Editoriales y columnas de opi-nión tienen en la transición de un pre-sidente a otro el mejor asunto para centrar sus análisis y asumir una posición política. La evaluación del que sale y las expectativas sobre el nuevo presidente implican un balance no sólo de los retos y “pendientes” sino también de las nuevas rela-ciones entre los medios de comunicación y el gobierno. La transición Uribe-Santos re-sulta interesante en la medida en que el gobierno del presidente Uribe estuvo marcado por una pre-sencia particular en la opinión pública, en la que estuvieron radicalmente diferenciados el grupo de los opositores y el de los “seguido-res” y/o ideólogos del uribismo, como parte de la polarización vivida por el país. La lectu-ra de las columnas de opinión de los últimos días de la era Uribe y los primeros del gobier-no de Santos, permite comprender las conti-nuidades y rupturas entre ambos personajes así como las posturas de los columnistas.

“Si uno quiere sobrevivir al intento de mantener una columna de opinión, gobiernos como el de Álvaro Uribe constituyen una bendición. En todos estos años nos garantizó la siguiente ración semanal: a) un escándalo; b) una estupidez monumental; c) una pifia, una declaración inoportuna, una ínfima mezquindad. Así es imposible quedarse sin tema”

Francisco Gutiérrez Sanín1

En un contexto marcado por una pési-ma relación con los países vecinos, constan-tes ataques a la administración de la justicia, corrupción, seguimientos ilegales por parte del Departamento Administrativo de Segu-ridad (DAS), una guerrilla debilitada más no acabada, el fracaso de la desmovilización pa-ramilitar, la crisis de seguridad urbana y una preocupante situación de violaciones a los De-rechos Humanos, la lectura de las columnas de opinión, en los periódicos El Tiempo2, El Espectador 3 y El Nuevo Siglo4 permite identi-ficar que el cambio de estilo entre los dos pre-sidentes es el elemento más llamativo de la transición5. Así, durante los últimos días de la era Uribe, su talante camorrista fue centro de los análisis sobre la figura presidencial, pues

La lectura de las columnas de opinión de los últimos días

de la era Uribe y los primeros del gobierno Santos, permite comprender las continuida-des y rupturas entre ambos personajes así como las pos-

turas de los columnistas

“

”.

la mayoría de escritores consideraba que era la causa de algunos (por no decir todos) de

los problemas del país. En contraste, se percibe un ambiente favorable

en torno al nuevo presidente y su discurso de Unidad Nacional por-

que, parafraseando a Felipe Zuleta, Santos devuelve la majestad al cargo del Pre-sidente de la República

(2010, 45)6.Sin embargo, la idea

del cambio de estilo no tiene que ver exclusiva-mente con los atributos

de cada personaje sino con la forma de dirigir y solucionar ciertos asuntos.

El gabinete ministerial de Santos, el llamado a la uni-

dad nacional, las relaciones diplo-máticas, la reunión con los jueces y el respeto a la oposición son condiciones que genera-rom optimismo en muchas de las opiniones expresadas por los columnistas.

Los columnistas han destacado las diferencias entre Santos y Uribe en el manejo de la política exterior.



Opinión

Tendencias y ejes temáticos:¿la balanza en equilibrio?

Las posturas de los columnistas pueden leerse dentro de dos grandes tendencias que tienen a la vez una serie de subdivisiones: el primer grupo, los críticos de Uribe, se dividen en aquellos que son favorables hacia Santos y los más radicales que hacen énfasis en la herencia del gobierno anterior; los uribistas, en cambio, son moderados o radicales defen-sores del legado de Uribe, interpretando en la figura del ex mandatario los atributos que debe tener un líder y sus actuaciones como la elevación del nivel del debate político (Gavi-ria, 2010, junio 23, 1-17). Tanto así que para este grupo el cambio de estilo no es deslinde entre uno y otro presidente, más bien es la consolidación de la apuesta uribista.

Desde estos puntos de vista se definen las referencias y opiniones, los contrastes y reflexiones de los co-lumnistas durante el periodo de empalme presidencial. Dos son las situaciones más problemáticas (del fin de gobierno) que eviden-cian las diferencias de estilo entre Uribe Vélez y Santos: la política exterior y la relación con la Justi-cia.

De manera reiterativa los escritores destacaron la gran dife-rencia en el manejo de las relacio-nes con los países vecinos entre ambos presidentes colombianos. El paso del conflicto binacional al acercamiento cordial es para los críticos una corrección de las for-mas diplomáticas.

La relación con la justicia es una de las situaciones problemáticas que evi-dencia las diferencias de estilo entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.


En algunos casos particulares, como la relación con Venezuela, Vladimir Flórez dijo que Santos lo único que hizo fue ponerle a la agenda internacional la lógica extraviada (2010, agosto 12, A5). Por su parte, Alejandro Gaviria escribió que la diplomacia de Santos —catalogada como “meliflua” por Uribe Vélez—

De manera reiterativa los escritores destacaron la gran diferencia en el manejo de

las relaciones con los países vecinos entre ambos presiden-

tes colombianos. El paso del conflicto binacional al acer-camiento cordial es para los críticos una corrección de las

formas diplomáticas

“

”.

es totalmente necesaria ya que fue inexisten-te en el mandato anterior (2010, 37). Incluso, Hernando García Mejía aclaró que es “mejor una diplomacia babosa que las babas de un colérico inaguantable” (2010, agosto 8, A4).

En contraposición, para José Obdulio Gaviria: “La cumbre Santos-Chávez era nece-saria. Venezuela importa mucho, y mantener relaciones con sus gobiernos es prioridad. ¿Reunirse con el enemigo?, preguntarán al-gunos. ¡Claro! Pero recordando siempre que es eso, el enemigo, y que en tales contactos hay que ejercer el arte de la astucia para tener que evitar el uso de la fuerza” (2010, agosto 18, 1-17). En la misma línea Ernesto Yamhure justificó la tendencia que guió el proceso con el vecino país durante parte de la presidencia de Uribe y los cuidados que debe tener la canciller Holguín a los cantos de sire-na de Chávez (2010, julio 22, 23).

En cuanto a la relación con la justicia, la dificultad para elegir fiscal fue constante-mente criticada por los uribistas, que per-mearon la opinión pública con la idea de una corte politizada. Paralelamente, las reaccio-nes de Uribe por las condenas a los militares (Plazas Vega), o las investigaciones a sus hi-jos y funcionarios más cercanos (por chuza-das, yidispolítica y parapolítica), evidencian para Yesid Reyes que “cuando se cuestiona la rectitud o imparcialidad de un juez no sólo se está afectando de manera personal, sino que se está poniendo en tela de juicio la fiabilidad y respetabilidad de la administración de la justicia frente a un conglomerado social que confía en ellos como supremos garantes de los derechos” (2010, julio 23), por lo que el gobierno de Santos arrancó bien al dar mues-tras de reconciliación con las Cortes7.

Deslinde o consolidación:¿Cambia la opinión?

Las propuestas del presidente electo y su forma de hacer las cosas son vistas como las expresiones de una “presidencia normal” que toma distancia de la condición anterior. Por ejemplo, el paquete de reformas con el que comienza el gobierno se interpretó como el cumplimiento de una agenda Liberal que reivindica la posición del partido y lo pone en otro lado del juego político (ahora es parte de la coalición de gobierno, a diferencia de la era Uribe).

Por lo cual, según Mauricio Vargas, “tenía razón César Gaviria” al unirse a la campaña santista, a la vez que “cre-cen las evidencias de lo que parece ser un lento pero inexorable proceso de distanciamiento” (2010, 1-15). Otros, como Vladimir Flórez, no fue-ron tan optimistas y si bien conside-raron que el cambio de estilo y las reformas pueden ser vistos como po-sitivos, advirtieron que no hay que ol-vidar el pasado del presidente como ministro de defensa, su talante y el

peso de todos los errores que hereda (2010, agosto 19, A5).

Del lado de los uribistas (que han tra-tado de mantener el vínculo Uribe/Santos), los programas sociales de las reformas son la afirmación de la prosperidad democrática y la consolidación del proceso iniciado con la seguridad democrática. En este punto debe hacerse una excepción con Ernesto Yamhure, fiel uribista y paulatinamente crítico de San-tos, para quien las reformas son el buldózer que puede arrasar con el legado de Uribe (2010, septiembre 23, 25).

Consolidación o no, la pregunta es por el lugar del gobierno Uribe Vélez en la historia. Álvaro Forero Tascón planteó que todavía no puede decirse que sea una era y que en la ruta del gobierno de Santos “el uribismo sería un paréntesis histórico que mediante el agranda-

El paquete de reformas con el que comienza el gobierno se interpretó

como el cumplimiento de una agenda liberal que

reivindica la posición del partido y lo pone en otro

lado del juego político (ahora es parte de la

coalición de gobierno,a diferencia de la era Uribe

“

”.


Opinión

miento del poder presidencial y militar interrumpió temporalmente la era de la Constitución del 91, para aplicar el modelo latinoamericano de caudillismo militarista caracterizado por feroz anticomunismo, des-bordado neoliberalismo y obsesivo pro nor-teamericanismo. En esa perspectiva el mode-lo Uribe no sería duradero, no sólo porque los resultados negativos en materia institucional y de equidad social obligaron a rectificarlo a fondo sino porque era anacrónico en un mundo sin alineamientos” (2010, 29). No en vano, la muerte de “el Mono Jojoy”, fue seña-lada como un logro del presidente Santos que ya no debe nada a su predecesor. A tal punto que María Elvira Samper afirma: “la muerte de Jojoy deja algunas conclusiones. Que la po-lítica de seguridad a la que el presidente San-tos hará ajustes, no dependía del liderazgo de Álvaro Uribe. Que Uribe no es indispensable ni hay hecatombe” (2010, 38).

Imagen de micurillo.blogspot.comPara María Elvira Samper la muerte del ‘Mono Jojoy’ deja varias conclusiones, entre ellas, que la política de seguridad no dependía del liderazgo de Álvaro Uribe.

¿Cuánto durará el optimismo (mode-rado) que permea el ambiente en torno a las decisiones de Santos en las columnas de opinión? Por ahora, una frase de Hernando García Mejía representa una idea constante en los críticos del gobierno (gran parte de los columnistas): “«Todos los errores fueron míos» reconoció Uribe al despedirse. Pero habría que explicar que fueron suyos por-que en su gobierno sólo se hizo su voluntad y nada más” (2010, septiembre 12, A4). El cambio de estilo ha marcado un ligero cam-bio en la opinión, pero en el periodo de tran-sición no implicó un alineamiento definitivo respecto al nuevo presidente, todavía los uribistas se acomodan y los críticos de Uribe fluctúan frente a cada decisión del presidente Santos. En unos cuantos meses podrían estar definidas las líneas de opinión sobre el nuevo presidente y a Uribe le quedarán los espacios de sus ideólogos y las comunidades virtuales para recordar “el legado de su era”.

Adenda: No se puede dejar pasar la columna de Fernando Londoño “El señor don Juan Manuel”, pues a casi 100 días del nuevo periodo presidencial se manifies-tan las inconformidades uribistas frente a Santos, a propósito del cambio de terna para fiscal. Londoño comienza su columna dicien-do: “Tenemos que confesar difícil esa tarea de seguir a nuestro presidente. Y más aún, la de conservar intacto el entusiasmo con que libramos por él la ruda batalla electoral que

le permitió inconformidades uribistas frente a Santos, a propósito del cambio de terna para fiscal. Londoño comienza su columna diciendo: “Tenemos que con-fesar difícil esa tarea de seguir a nuestro presidente. Y más aún, la de conservar in-tacto el entusiasmo con que libramos por él la ruda batalla electoral que le permitió recaudar los nueve millones de votos uri-bistas que lo eligieron” (El Tiempo, 2010. 3.21). Nombramientos de ministros, acuerdos con el partido liberal, proyectos de ley, relaciones con Chávez, sorprenden y decepcionan a este ‘guardián del legado de Uribe’”. Un par de meses después se hace evidente el deslinde Santos-Uribe, y el grupo de los uribistas va también cam-

biando de opinión.

El periodo de transición no implicó un alineamiento

definitivo respecto al nuevo presidente, todavía los

uribistas se acomodan y los críticos de Uribe fluctúan frente a cada decisión del

presidente Santos

“

”.

1 Gutiérrez, Francisco, 2010, “Gracias, presi-dente” en El Espectador, Bogotá, p 23.2 Columnistas El Tiempo: Daniel Samper Pizano, José Obdulio Gaviria Vélez, León Valencia, María Isabel Rueda, Mauricio Vargas, Pedro Medellín Torres, Rudolf Hommes, Natalia Springer y Plinio Apuleyo Mendoza. 3 Columnistas El Espectador: Alejandro Gaviria, Álvaro Forero T, Cristina de la Torre, Ernesto Yamhure, Felipe Zuleta Lleras, Fran-cisco Gutiérrez Sanín, Lorenzo Madrigal, María Elvira Samper Nieto, Ramiro Bejara-no, Alfredo Molano, Armando Montenegro, Gustavo Gallón y Yesid Reyes Arévalo.4 Columnistas El Nuevo Siglo: Ernesto Rodríguez Medina, Gabriel Ortiz, General (r) Luis Alberto Gilibert, Hernando García Mejía, Hernando Gómez Buendía, Horacio Serpa, Hugo Quintero Bernate, Vicente Torrijos, Fernando Navas Talero, Juan Diego Becerra y Vladimir Flórez “Alias: Vladdo”. 5 Para la revisión de las columnas de opinión se consultó el Archivo de prensa del CINEP/PPP, seleccionando las columnas que estaban relacionadas con la figura del Presidente, el uribismo y/o las actuaciones de sus representantes entre los meses de junio y septiembre de 2010. La elección de los columnistas se determinó por la cons-tancia en el tratamiento de esta temática. 6 Haciendo la salvedad de no desconocer el papel que jugó en el gobierno de Uribe como ministro de defensa.7 Y Ramiro Bejarano anotó en su columna de El Espectador el pasado 22 de agosto: “Relaciones pulverizadas en el gobierno anterior desde el mismo instante en el que nombraron ministro de Justicia al inde-licado «Héroe de Invercolsa» Fernando Londoño”.

Notas

*Ana María RestrepoInvestigadora del Equipo Sistema de Información Georreferenciado -Ar-chivo de Prensa del CINEP/ Programa

por la Paz*Andrés Yepes

Equipo de Incidencia delCINEP/ Programa por la Paz


Opinión

Referencias

• Bejarano, Ramiro, 2010, Agosto 22. “Cultura del Manoseo” en El Espectador, Bogotá, agosto 20. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-220213-cultura-del-manoseo• Flórez, Vladimir, 2010, “Disculpen la interrupción” en El Nuevo Siglo, Bogotá, agosto 19.• Flórez, Vladimir, 2010, “Las movidas de Juan Manuel Santos” en El Nuevo Siglo, Bogotá, agosto 12.• Forero Tascón, Álvaro, 2010, “Tenía razón Gaviria” en El Espectador, Bogotá, agosto 30. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-221627-tenia-razon-gaviria• García, Mejía, Hernando, 2010, “El colérico y el intocable” en El Nuevo Siglo, Bo-gotá, agosto 8. Disponible en: http://elnuevosiglo.com.co/editoriales/opinion/168-hernando-gomez-buendia/10011-el-colerico-y-el-intocable.html• García, Mejía, Hernando, 2010, “El único responsable” en El Nuevo Siglo, Bogotá, septiembre 12. Disponible en: http://elnuevosiglo.com.co/editoriales/opinion/169-hernando-garcia-mejia-/12899-el-unico-responsable.html• Gaviria, Alejandro, 2010, “Diplomacia Meliflua” en El Espectador, Bogotá, julio 18. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-213876-diplomacia-meliflua • Gaviria, José Obdulio, 2010, “Hablando con Gossaín” en El Tiempo, Bogotá, junio 23. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7768144 • Gaviria, José Obdulio, 2010, “Reunido con el enemigo” en El Tiempo, Bogotá, agosto 18. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7869334 • Gaviria, José Obdulio, 2010, “Reunido con el enemigo” en El Tiempo, Bogotá, agosto 18. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7869334 • Gaviria, José Obdulio, 2010, “Reunido con el enemigo” en El Tiempo, Bogotá, agosto 18. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7869334 • Gutiérrez, Francisco, 2010, “Gracias, Presidente” en El Espectador, Bogotá, julio 29. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-216227-gracias-presidente• Londoño, Fernando, 2010. “El señor don Juan Manuel” en El Tiempo, Bogotá, noviembre 4. Disponible en: http://m.eltiempo.com/opinion/columnistas/fernan-dolondoo/el-senor-don-juan-manuel/8272461/1/home• Reyes, Yesid, 2010, “La majestad de la justicia” en El Espectador, Bogotá, julio 23. Disponible en: http://elespectador.com.co/columna-214798-majestad-de-justicia • Reyes, Yesid, 2010, “Las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial”, en El Espectador, agosto 20. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-219986-relaciones-entre-el-ejecutivo-y-rama-judicial •Rodríguez, Ernesto. 2010, “Nuestro hombre en Caracas” en El Nuevo Siglo, Bogotá, agosto 8.• Samper, Maria Elvira, 2010, “El reloj en contra de las FARC”, en El Espectador, Bogotá, septiembre 26. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-226149-el-reloj-corre-contra-de-farc • Vargas, Mauricio, 2010, “Tan cerca y tan lejos” en El Tiempo, Bogotá, julio 19. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7814083 • Yamhure, Ernesto, 2010, “Dignidad frente al dictador” en El Espectador, Bogotá, julio 22. Disponble en: http://www.elespectador.com/columna-214565-dignidad-frente-al-dictador • Yamhure, Ernesto, 2010, “Buldózer oficial” en El Espectador, Bogotá, septiembre 23. Disponible en: http://www.elespectador.com/columna-225700-buldozer-oficial • Zuleta, Felipe, 2010, “Cambio de carteles” en El Espectador, Bogotá, junio 20. Disponible en: http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/felipe-zuleta-lleras/columna-209331-cambio-de-carteles

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Cien días es la revista trimestral del CINEP-Programa por la Paz en donde se analiza la coyuntu-ra nacional desde la situación

de derechos humanos, los movi-mientos sociales y otros temas abordados por la investigación

social.


La comunicación santistaEn sus primeros meses de gobierno Juan Manuel Santos ha buscado establecer un modelo comunicativo más

profesional y acorde con su nuevo tipo de liderazgo.

Santos no busca estar y figurar en cada detalle, como lo hacía Uribe. Desde el pri-mer momento seleccionó a

un equipo lo suficientemente capacitado como para hacer un muy buen trabajo, con el

fin de que él se convierta en el director de la orquesta

“

”

Por Lucía Camargo Rojas*

entado en una biblioteca, ves-tido de traje S

y con la bandera de Colombia detrás, Juan Manuel Santos dio su primera alocución pre-sidencial el pasado 23 de septiembre. En un estilo que recuerda a presentaciones como las de Pastrana, más bien republicanas, y que se alejan de los discursos en ámbitos rurales como los de Uribe, el primer mandatario fue al grano.

No habló de la ley de tierras, de la de víc-timas o del desempleo. En su primera alocución quiso evidenciar, nada más y nada menos, que él diseñó y autorizó la Operación Sodoma. Por supuesto, su primera aparición ante todos los colombianos tenía que ser maestra y ca-pitalizar un hecho positivo y qué mejor que el de seguridad, ese único ámbito en el que quiere demostrar que reemplaza al ex presi-dente Álvaro Uribe. La muerte del Mono Jojoy era una hazaña lo suficientemente trascen-dental e importante para la opinión públi-ca como para que él apareciera en pantalla.

una figura totalmente distinta”, explica Ómar Rincón, director de la especialización en Pe-riodismo de la Universidad de los Andes.

Así, nombres como el de Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda, Maria Ánge-la Holguín, canciller y Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, han adquirido gran protagonismo porque deben responder por sus actuaciones en el día a día. El presidente sólo aparecerá cuando se den los resultados.

El pasado 23 de septiembre, desde Washington, Santos dio su primera alocución presidencial. Explicó cómo él autorizó y dirigió la operación que mató al Mono Jojoy.

“En Santos hay un prag-matismo lógico y eso es fundamental. Él sabrá cuándo capitalizar ele-mentos comunicativos a su favor y cuándo hará silencio”, explica Juan Carlos Gómez, director del Observatorio de Me-dios de la Universidad de la Sabana.

Es un modelo, al fin y al cabo, más sano estra-tégicamente para el pri-mer mandatario, explica Alberto López Hermida, docente de la facultad de comunicación de la Uni-versidad de los Andes de Santiago de Chile. “Cual-quier traspié, problema o crisis que se presente no le estalla en la cara al propio presidente”.

Tanto así que esa clara delimitación de funciones no sólo se evi-

dencia en cabeza de los ministros. También es clara en el protagonismo que empiezan a adquirir sus asesores comunicativos. Por eso escogió a Adriana Vargas, como vocera presi-dencial. A Juan Mesa, Alto Consejero para las Comunicaciones, como el encargado de la es-trategia y la “marca” Santos; a John Jairo Ocam-po como Secretario de Prensa y a Andrea Ola-no como presentadora de los informativos.

Aunque en Uribe existían al menos dos de estos cargos, al ex presidente no le inte-resaba que adquirieran protagonismo ni que los ciudadanos los tuvieran presentes. Sólo quería que lo recordaran a él. La centraliza-ción del proceso comunicativo era tan fuerte, que el anterior primer mandatario dirigía el show en las alocuciones y en los consejos co-munales. Él decidía quién hablaba y buscaba que la cámara capturara su discurso de 10 horas sin ninguna interrupción.

La profesionalización

Santos no busca estar y figurar en cada detalle, como lo hacía Uribe. Desde el primer momento seleccionó a un equipo lo suficien-temente capacitado como para hacer un muy buen trabajo, con el fin de que él se convir-tiera en el director de orquesta. “Cambió to-talmente el rol. En lugar de ser el Rambo se convirtió en el organizador. Eso implica que la imagen se transforme y que se perciba

.

Comunicación


Comunicación

En cambio en Santos comienza a ha-ber una profesionalización extrema. Así, por ejemplo, los colombianos presenciaron cómo la maestra de ceremonia de la ley de víctimas fue Adriana Vargas y se han comenzado a familiarizar con la imagen de Andrea Olano, quien presenta los noticieros presidenciales y eventos como los acuerdos para la prospe-ridad1.

Y es que los videos que aparecen ante los ciudadanos están editados y presentados por una comunicadora que narra lo sucedido en las reuniones y muestra algunas imágenes de las mismas. Es decir, se transforman los largos y aburridos encuentros en un forma-to de noticiero, más sucinto, claro y al grano. Más gerencial, más profesional.

con el “pueblo” sobre cada puente, escuela o vivienda, como era característico de Uri-be. Los participantes están cuidadosamen-te seleccionados: funcionarios, políticos y expertos en el sector elegido son quienes se sientan en las cinco mesas temáticas que preparan los diferentes ministerios para tener todo listo a la llegada del pre-sidente.

El equipo de comunicación de Santos. De izquierda a derecha Andrea Vargas, vocera presidencial; Juan Mesa, Alto Consejero para las Comunicaciones; Andrea Olano, presentadora de los noticieros y Jhon Jairo Ocampo, secretario de prensa.

“Uribe era un maestro de la improvi-sación, y Santos es un mago de la adminis-tración. Mientras el primero se sentía có-modo despachando en caliente, el segundo prefirió un formato técnico para “aterri-zar” su plan de gobierno en temas especí-ficos y frente a audiencias reducidas”.

Así, los viernes los participantes se reúnen en las mesas, exponen sus inquie-tudes y llenan matrices con problemas, soluciones, objetivos concretos y acuerdos pactados. El sábado hace entrada triunfal el primer mandatario y abre la plenaria con un resumen de las noticias destacadas de la semana. A continuación, hablan los gobernantes y el ministro y luego se da la palabra a un representante de cada una de las cinco mesas. Después de escuchar las propuestas de los asistentes, Santos opina, plantea compromisos y delega a una enti-dad del gobierno la función de tramitar las inquietudes.

Según explicó Miguel Peñaloza, Alto Consejero para las regiones y quien estu-vo encargado de ejecutar los 306 consejos comunales, a Semana.com fue necesarios.

Andrea Olano es la presentadora de los noticieros de los acuerdos para la prosperidad.

De los consejos comunitarios a los acuerdos para la prosperidad

Pero por más que Santos quisiera dirigir funciones y ser el director de orquesta, no po-día descartar del todo los modelos exitosos en materia comunicativa que dejaba Álvaro Uribe. Los consejos comunales, en particular, fueron una herramienta sumamente efecti-va (Ver artículo “Uribe TV” en la edición No 70 de Cien días) que había que retomar pero con los cambios de liderazgo propios de cada nuevo presidente.

Así, se pasó de los consejos comunita-rios a los acuerdos para la prosperidad, que son eventos sectoriales y más institucionali-zados. Su objetivo consiste en dinamizar sec-tores como la agricultura, comercio, salud y vivienda en cada región, y se realizan cada semana.

A los acuerdos ya no asiste cualquier ciu-dadano. Santos no tiene interés en dialogar

Santos no tiene interés en dialogar con el ‘pueblo’ sobre cada puente, escuela o vivien-da, como era característico de Uribe. Los participantes de los acuerdos para la prosperidad

están ciudadosamente seleccio-nados: funcionarios, políticos y

expertos en el sector elegido

“

”.

La urna virtual

Junto con la innovación en los acuer-dos se cambió el formato de la comunicación presencial de Uribe a la Urna virtual. El 6 de octubre Santos presentó la nueva herramien-ta como una “revolución de la participación ciudadana”.

“En el país avanzamos mucho durante el gobierno del presidente Uribe para llevar el gobierno a las regiones y lograr un diálogo


directo con ellas. Pero tenemos que dar un paso más allá. Las tecnologías de las comuni-caciones y la información, y la cobertura que hoy tienen, nos permiten establecer un diálo-go directo con todos y cada uno de los colom-bianos, y debemos utilizarlas para lograrlo. Queremos que el pueblo tenga realmente el poder donde todos y cada uno de los 45 mi-llones de colombianos puedan informarse, participar y colaborar en las decisiones del Gobierno”, explicó el presidente.

La urna es una página web en la que los ciudadanos pueden registrar sus pro-puestas y opiniones sobre la temática que se tratará en el siguiente acuerdo para la prosperidad. Las 20 preguntas o soluciones más votadas serán respondidas o analiza-das por el presidente, ministros y funcio-narios del gobierno durante la respectiva reunión del acuerdo y en el programa de te-levisión “Urna de cristal” que se emite los domingos por el canal Señal Institucional.

¿Cómo se definen las temáticas de la urna cada semana? ¿Hay algún filtro de las propuestas diferente de las 20 más votadas? ¿Se está respetando que sean las 20 más vota-das o se hace otra edición? ¿Todos los ciuda-danos realmente pueden acceder a la urna? ¿Cómo les ha ido —hasta ahora— con la implementación de esta herramienta? ¿Cuá-les son sus beneficios para la relación entre gobierno y gobernados? Son algunas de las preguntas que Cien días quiso hacer al Alto Consejero de las Comunicaciones, Juan Mesa, con respecto a la implementación de la estra-tegia comunicativa de Santos pero, aunque se intentó concertar una cita durante más de un mes, no se tuvo una respuesta afirmativa.

* Lucía Camargo Rojas Periodista del equipo de

comunicación del CINEP/PPP

Sin embargo, aunque no se tenga total clari-dad en cuanto al funcionamiento de la herra-mienta, desde ya se puede comenzar a con respecto a la implementación de la estrategia comunicativa de Santos pero, aunque se in-tentó concertar una cita durante más de un mes, no se tuvo una respuesta afirmativa.

Santos pasó de los consejos comunitarios a los acuerdos para la prosperidad, eventos sectoriales y más institu-cionalizados. Su objetivo consiste en dinamizar sectores como la agricultura, comercio, salud y vivienda.


Sin embargo, aunque no se tenga total claridad en cuanto al funcionamiento de la herramienta, desde ya se puede comenzar a evidenciar que la urna de cristal, de acuer-do con López Hermida, le da una sensación de participación a la ciudadanía. Faltaría ver hasta qué punto efectivamente hacer un click o escribir en la página se convierte en un he-cho concreto. Lo que es cierto es que la crea-ción de esta nueva manera de relación entre el presidente y los ciudadanos demuestra, de nuevo, el estilo de Santos: buscar las herra-mientas más modernas y profesionales para resolver problemas. Y, a su vez, su deseo de no tener que usar el voz a voz. ¿Para qué el cara a cara si podemos usar toda la última modernidad tecnológica?

¿Para qué el cara a cara si podemos usar toda la última

modernidad tecnológica? “ ”

En esencia, lo que se puede vislumbrar hasta ahora de la estrategia de comunicación de Santos, es que el modelo definitivamente cambió porque estamos ante otro tipo de li-derazgo. Y eso está bien. Lo errado sería que hubiera permanecido. Para Rincón, “Uribe es una telenovela clásica, mexicana, de héroe vengativo que se apropia de la hembra, con villano, galán y heroína. En cambio Santos se-ría una novela coral, como la serie Lost, don-de hay ocho o doce protagonistas pero él es el director”. Así, ha habido un cambio comu-nicativo en consonancia con un nuevo tipo de gobierno.

Comunicación

.

El 6 de octubre Santos presentó la Urna de cristal como una “revolución de la participación ciudadana” durante el Congreso de Comunicaciones Publicitarias que se llevó a cabo en Cartagena.


1 Ver video en http://regiones.presidencia.gov.co/Media/AcuerdosparalaProsperidad.html?id=0024_acuerdos_20100814

Notas

Referencias• Semana.com, 2010, “Los acuerdos de Santos” en Semana.com, Bogotá, septiembre 11.


Educación

Una mirada a la política educativa del gobierno de Santos

Análisis de los cinco puntos que pretende impulsar la nueva política educativa: calidad, brechas educativas,innovación y pertinencia, modelos de gestión y primera infancia.

Por Johan Torres*política educativa del gobierno Santos “Educación de calidad, el camino de la prosperidad” retoma las banderas de L

la calidad de la anterior “revolución educati-va”, que para muchos ni fue revolución, ni fue educativa (Estrada, 2003, 75-110; Atehortúa, 2006, 126-152). En algunos de los llamados “acuerdos para la prosperidad”, así como en un documento presentado recientemente (Ministerio de Educación, 2010), la ministra María Fernanda Campo1 ha dado ciertas pis-tas de la política educativa, en donde se parte del reconocimiento de los logros en cobertu-ra alcanzados por el gobierno Uribe y se asu-me la calidad, nuevamente, como el motor del desarrollo educativo.

Si, como insiste la ministra, se debe par-tir de los logros alcanzados por el gobierno anterior, es necesario preguntarse sobre la forma en que se pretende articular la actual política educativa con el Plan Decenal. Te-niendo en cuenta que dicho plan está pensa-do para el periodo 2006-2016 y que a pesar de las dificultades, se han logrado avances en su constitución y proyección, el ministerio debería preocuparse por desarrollar estra-tegias de articulación, para que no se pierda el camino recorrido. Sin embargo, en los pro-nunciamientos del ministerio dicha articula-ción no es evidente, lo que hace pensar que en las proyecciones de los responsables de la política educativa el tema no ocupa el lugar que se merece.

En líneas generales la política educativa im-pulsada por el actual go-bierno pretende abordar cinco grandes puntos: calidad, brechas educa-tivas, innovación y perti-nencia, modelos de ges-tión y primera infancia.

El Ministerio de Educación debería preocuparse por desarrollar estrategias de

articulación para que no se pierda el camino recorrido.

Sin embargo, sus pronuncia-mientos hacen pensar que en las proyecciones de los responsables de la política

educativa el tema no ocupa el lugar que se merece

“

”.

Calidad

En cuanto a calidad, se habla de la res-ponsabilidad compartida que en esta materia tienen padres, empresarios y ministerio de educación de la ampliación de la jornada es-colar, de capacitación docente y de la asisten-cia a las instituciones de “bajo rendimiento”. Dichas estrategias son importantes, ya que vincular los diferentes sectores rela-

cionados con la edu-cación al tema de la calidad, así como ofrecer acompaña-miento institucional en temas puntuales, puede contribuir al fortalecimien-to y mejoramiento del sector educa-tivo. Sin embargo, cabe preguntarse si

—como en épocas pasadas— el concepto que está detrás de los discursos de la calidad edu-cativa, no es otro que el de evaluación.

Es significativo observar que cuando la actual ministra habla de calidad en educa-ción, enfatiza en los resultados de las pruebas SABER , de las evaluaciones docentes y de los procesos de acreditación de las instituciones

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Cabe preguntarse si el concepto que está detrás de los discursos de calidad educativa es el de evaluación.

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Educación

de educación superior, defendiendo la idea de que son los resultados de las evaluaciones las que determinan la calidad y no, como es justo pensar, que son precisamente los pro-cesos educativos de calidad los que pueden asegurar una mejora en los resultados de las evaluaciones. Este énfasis en lo evaluativo puede generar en las instituciones educati-vas una especie de paranoia por lograr bue-nos resultados en las diferentes evaluaciones, dejando de lado la consolidación de los pro-cesos. Si nos van a juzgar por los resultados, dicen los maestros y maestras, nos vamos a dedicar a presentarlos, sacrificando la forma-ción de sujetos integrales y críticos, pues lo que se pide son estudiantes que sepan res-ponder pruebas (Vasco, 2006).

El énfasis en lo evaluativo puede generar en las ins-tituciones educativas una especie de paranoia por

lograr buenos resultados en las diferentes evaluaciones, dejando de lado la consoli-

dación de los procesos

“

”.De igual forma al referirse a la formación

docente, la ministra afirma que “se capacita-rán en competencias a docentes y directivos; el Sena acá va a ser un aliado estratégico para lograr esto y poder llegar a todos los plante-les educativos. Es importante utilizar la vir-tualidad y generar contenidos para cerrar las brechas en materia de conocimiento y forma-ción de nuestros docentes” (Mineducacion.gov.co, 2010, 16 de octubre). Si bien es muy im-portante apoyar la formación do-cente, pues con ella se consigue tener maestros y maestras me-jor preparados para afrontar las necesidades edu-cativas de sus estudiantes, es necesario tener en cuenta, de un lado, los diferentes proble-mas que se han ido generando alrededor de la propuesta formativa del Sena2, y de otro, analizar los aportes que una capacitación, principalmente virtual, pueden hacer al que-hacer diario de los y las profesores.

Otro punto que pretende desarrollar la nueva política es el de las brechas educativas. Tanto el presidente Santos como su ministra de educación, hacen un llamado a reconocer y superar las diferencias del sector: “La pri-mera de ellas es la brecha entre la educación urbana y la educación rural. La segunda es la brecha entre los colegios públicos y los co-legios privados, ahí hay una gran diferencia y eso lo que hace es perpetuar las des-igualdades en todo sentido. La tercera es la brecha entre los colombianos de ingresos altos y los colombianos de in-gresos bajos, en ma-teria de educación. La cuarta es el acceso a los bienes comple-mentarios que re-quiere la educación, esto lo que hace es perpetuar las diferencias entre las personas, por eso hay que acabar la diferencia en la ca-lidad de la educación que reciben las pobla-ciones vulnerables como desplazados, indí-genas y discapacitados” (Mineducacion.gov.co, 2010, 11 de septiembre).

Es claro que uno de los grandes proble-mas de la educación es la inequidad social en su acceso, permanencia y calidad. No se ense-ña lo mismo en una escuelita rural de, por no ir muy lejos, Cundinamarca, que en uno de los

mega colegios del dis-trito. De igual forma no se aprende lo mismo en el IED Simón Rodríguez que en el Gimnasio Moderno, así queden a tres cuadras de distan-cia. Es evidente, nos di-ría Bourdieu, pues los y las estudiantes de di-chos instituciones edu-cativas no vienen del mismo lado y, por su-puesto, no van para el mismo lado. Por eso, si

lo que pretende el ministerio es cerrar dichas brechas educativas, lo cual es una intención muy loable, no sólo se necesita una reforma de gran alcance que permita la integralidad de sistemas educativos amparados bajo prin-cipios de no exclusión y no discriminación, sino que además se requiere la vinculación

Uno de los grandes problemas de la educación es la inequidad social en su acceso, permanencia y calidad.

Imagen de ipsnoticias.net / Fotógrafo: Jesús Abad Colorado

Innovación y pertinencia

Brechas educativas

María Fernanda Campo, ministra de Educación.


efectiva de la escuela en la transformación de las condiciones sociales y económicas de las y los estudiantes. De esta forma, tal vez po-dríamos evitar que los estudiantes de bajos recursos sigan limitándose a aprender cómo se maneja una maquina, mientras que aque-llos con mejores garantías sociales y econó-micas aprenden cómo hacerla.

Nos propone la ministra Campo dedicar el 10% de las regalías para tecnología e innova-ción con el objetivo de incorporar las Tecnologías de In-formación y Comu-nicación (TIC) a los procesos de ense-ñanza-aprendizaje, así como desarrollar un Plan Nacional de Lectura, promover

la educación virtual y semivirtual y el uso del Internet. Dichos lineamientos podrían ayu-dar a la “renovación” del sistema educativo en materia de metodologías y escenarios de aprendizaje, pero no basta con atiborrar las instituciones educativas con computadores, pues se corre el riesgo de que terminen en el “san alejo”, como sucede en muchas escue-las rurales. Se debe garantizar conectividad, operatividad y capacitación para su uso y de-sarrollo. Además, se debe tener cuidado de no confundir el computador con el maestro, pues las TIC son una herramienta de la que se vale tanto el estudiante como el profesor para desarrollar sus procesos de aprendizaje, que a pesar de los discursos de los cibernau-tas educativos, no reemplaza la construcción pedagógica que surge de la interacción direc-ta entre ellos.

No basta con atiborrar las instituciones educativas

con computadores. Se debe garantizar conectividad,

operatividad y capacitación para su uso y desarrollo

“”.

En lo relacionado con pertinencia, la nueva política insiste en las propuestas del anterior gobierno frente a la vinculación de la educación con el sector productivo y empre-sarial. A juicio de la ministra Campo se tiene que promover “una educación pertinente que


Educación

responda a las necesidades que tiene el sec-tor empresarial desde lo territorial, tiene que ser una oferta de buena calidad que permi-ta a esos jóvenes que terminan su proceso de formación, insertarse productiva y exito-samente en un mundo cada vez más globa-lizado” (Mineducacion.gov.co, 2010, 11 de septiembre). Es decir, se retoma la vieja idea, aplicada juiciosamente por varios países la-tinoamericanos, según la cual el sector em-presarial y productivo es el que define qué y cómo se debe enseñar en las escuelas y co-legios y que la pertinencia educativa se mide de acuerdo al grado de incorporación de las generaciones jóvenes al mundo del trabajo. Sin embargo, habría que revisar los efectos negativos que la aplicación de esta política ha generado en países con sistemas productivos precarios, excluyentes y que no garantizan condiciones laborales dignas (Torres, 2010, 207-219).

Modelos de gestión

El cuarto punto de la política, aquel que se relaciona con la gestión, se propone subir los niveles de eficiencia en los procesos edu-cativos, trasladando la mayoría de la respon-sabilidad a las entidades territoriales, pues de los casi 22 billones de pesos que este año se tienen presupuestados para el sector edu-cativo nacional, 14 billones serán adminis-trados por las secretarias de educación. Esta apuesta por la descentralización puede ayu-dar a lograr una mayor fluidez en la gestión educativa, así como impulsar una co-respon-sabilidad entre las entidades territoriales y el ministerio de educación. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues desafortunadamente la eficiencia ha sido entendida como “hacer más con menos”, es decir, las administracio-nes eficientes son aquellas que logran gran-des resultados con pocos recursos, lo que ha generado recortes presupuestales, de per-sonal y de condiciones laborales, en pos de subir los niveles de gestión. Esto sin contar los enormes niveles de corrupción que desde décadas aquejan el sector de la administra-ción pública.

La primera infancia es el último de los derroteros de la políti-ca educativa. En este ámbito se propone la articulación con las diferentes instituciones (ICBF, Protección social, Ministerio de Educación y Red Juntos) que atienden a los niños entre cero y cinco años, además de ampliar la cobertura y bajar los índices de deserción de los infantes. Como afirma la ministra: “Esta es la época de formación más importante del niño hasta los cinco años, porque es en este periodo donde se forman las capacidades cognitivas, afecti-vas y de relacionamiento social de todo ser humano” (Mineducacion.gov.co, 2010, 11 de septiembre). Sin embargo, esta también es la época en donde los niños y niñas sufren con más severidad los efectos de condiciones sociales y económicas precarias e inequitati-vas, reflejadas en altos niveles de desnutri-ción, abandono, descuido familiar y acceso limitado a procesos educativos. Entonces, no basta con una articulación interinstitucional, si no se genera una comprensión integral de las condiciones en las que se desarrollan los infantes y se definen lineamientos claros que garanticen el reconocimiento y la garantía de los derechos de los más pequeños.

La primera infancia es el último de los derroteros de la política educativa, en el que se propone articular las instituciones que la

atienden, ampliar la cobertura y bajar los índices de deserción.

Imagen de cordinfac.blogspot.com

Educación Superior

Finalmente, es importante abordar al-gunas ideas de la política educativa frente a la Educación Superior. En general, se propone fomentar los Centros Regionales de Educa-ción Superior (CERES), el aumento de la co-bertura vía educación técnica y tecnológica, la acreditación de calidad y una reforma a la ley 30 que “va a permitir llevar más ingresos del presupuesto nacional para financiar a las universidades públicas, a las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, pero tam-bién nos va a permitir que lleguen más recur-sos para financiar la oferta de la educación superior por parte de las instituciones de naturaleza privada” (Mineducacion.gov.co, 2010, 16 de octubre).

A primera vista son lineamientos intere-santes. Sin embargo, habría que revisar la ex-periencia de los CERES, pues muchos de ellos cuentan con recursos limitados, tanto presu-puestales como pedagógicos y están aislados de las Instituciones de Educación Superior que

En relación con la pertinen-cia, la nueva política retoma la vieja idea según la cual el sector empresarial y produc-tivo es el que decide qué y

cómo se debe enseñar en las escuelas y colegios

“”.

Primera infancia

les dan vida. De otro lado, es necesario enfati-zar que la educación superior también inclu-ye la universitaria y no solamente la técnica y la tecnológica, pues al parecer durante los últimos ocho años el gobierno olvidó3 que es precisamente la formación universitaria y de postgrado la que debe estar en el centro, sin desconocer, claro está, la importancia de la formación técnica y tecnológica. Frente a la reforma de la ley 30, hay que tener cuidado de que el supuesto aumento de los recursos para educación superior, sean distribuidos privilegiando el sector público y no, como ya ha sucedido, que la mayor parte de la torta se la lleve el sector privado.

Es necesario enfatizar que la educación superior tam-bién incluye la universitaria y no solamente la técnica y la tecnológica, pues al pare-cer durante los últimos ocho años el gobierno olvidó que

es precisamente la formación universitaria y de postgrado la

que debe estar en el centro

“

”.Así, la revisión de los principales puntos

de la política educativa evidencian las “bue-nas intenciones” que el nuevo ministerio de educación tiene frente a la calidad, la equi-dad, la pertinencia y la gestión en los diferen-tes niveles educativos. Pero, si no se tienen en cuenta las deficiencias y se buscan estrategias para superarlas, las propuestas de la ministra Campo, quedaran en eso: en buenas intencio-nes. Por lo tanto, habrá que esperar a que se definan claramente los lineamientos de la política educativa y analizar los efectos de su


desarrollo en la práctica diaria de los agentes educativos, pues es allí en donde realmente cobra sentido la política pública.

Educación

*Johan Torres CotrinoAsesor Pegagógico del


Referencias• Atehortúa, Adolfo, 2006, “La “revolución educativa”: transcurso, resultados y perspectiva” en Análisis Político, No 57, IEPRI, Bogotá. • Estrada, Jairo, 2003, “La contra ‘revolución educativa’” en La contra revolución educativa. Política educativa y neoliberalismo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Unibiblos, Bogotá. • Mineducacion.gov.co, 2010, “Alianzas, capacitación docente y fortalecimiento de la gestión, las claves para mejorar la calidad” en Mineducacion.gov.co, 16 de octubre. Disponible en: http://www.mineduca-cion.gov.co/cvn/1665/article-251258.html• Mineducacion.gov.co, 2010, ““La calidad de la educación, el camino de la prosperidad”, presidente Santos” en Mineducacion.gov.co, 11 de septiembre. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-246757.html• Mineducacion.gov.co, 2010, “Palabras de la Ministra de Educación en Acuerdo para la prosperidad en Montería” en Mineducacion.gov.co, 11 de septiembre. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-246754.html• Ministerio de Educación, 2010, “Educación de calidad, el camino de la prosperidad”, noviembre. Dispo-nible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-237397_archivo_pdf.pdf• Noticias Uno, 2010, “Sindicato dice que hay un millón de colombianos engañados por el Sena”, Bogotá, mayo. Disponible en: http://www.noticiasuno.com/noticias/sindicato-dice-que-hay-un-milln-de-colom-bianos-engaados-por-el-sena.html• Torres, Carlos Alberto, 2008, “Después de la tormenta neoliberal: La política educativa Latinoamericana entre la crítica y la utopía” en Revista Iberoamericana de Educación No. 48. • Vasco, Carlos Eduardo, 2006, Siete retos de la educación colombiana para el periodo 2006-2019. Conferencia pronunciada en la Universidad EAFIT, Medellín, 10 de marzo. Especialmente los retos 3 y 4. Disponible en: http://www.eduteka.org/pdfdir/RetosEducativos.pdf

1 La actual ministra de educación es Ingeniera Civil de la Universidad de los Andes con una maestría en finanzas. Asume el ministerio des-pués de haber sido durante diez años presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

2 Recientemente el sindicato de empleados públicos del Sena denunció que dicha entidad está otorgando títulos a estudiantes que no cumplen los requisitos académicos y normativos de graduación. Esto, según el sindicato, se debe al afán de la institución por aumentar el número de egresados, para lo cual se reducen las horas de clase y los tiempos de los cursos de formación (Noticias Uno, 2010).

3 Este “olvido” se puede ver reflejado en el cre-cimiento exorbitante en los últimos ocho años del Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA), así como en los recortes presupuestales de las universidades públicas.

Notas

Referencias

Cien días vistos por CINEP/PPP - Noviembre de 2010/ No 71

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