Cien días vistos por CINEP/PPP - Agosto de 2010/ No 70

Agosto 2010 / No 70

ComunicaciónConflicto Armado

Derechos HumanosMovilizaciones Sociales

Paz

PolíticaEconomía

Política Social

B A L A N C E G O B I E R N O U R I B E2002-2010

No. 70 | agosto - noviembre 2010 || www.cinep.org.co | | www.cinep.org.co | 1

Contenido

Consejo EditorialMauricio García Durán S.J.

Camilo BorreroTeófilo Vásquez

Lucía Camargo Rojas

Coordinación EditorialCamilo Borrero


Colaboran en este númeroAlejandro Angulo S.J.

Carlos FernándezTeófilo VásquezDiego Quiroga

Fernán González S.J.María Clara Torres

Víctor BarreraÁlvaro Delgado

Ana María RestrepoMartha Cecilia GarcíaFernando SarmientoVladimir Caraballo

Jorge Iván GonzálezSergio Coronado


Diseño y edición fotográficaMargareth Figueroa


DiagramaciónMargareth Figueroa

Ilustración y diseño de portadaFelipe Camargo Rojas

Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz(CINEP/PPP)Carrera 5a. No. 33A-08Tel: 2456181web: www.cinep.org.coe-mail: [email protected]á D.C., ColombiaAgosto - noviembre de 2010

Editorial El nuevo gobierno: ¿ventana de oportunidad para 2 la paz? Por Mauricio García Durán S.J.

Derechos Humanos Derechos, Uribato, Bicentenario 3Por Alejandro Angulo Novoa S.J.Las amenazas en el gobierno Uribe 6Por Carlos Fernández

Conflicto Armado La seguridad democrática de Uribe (2002-2010) 8 Por Teófilo VásquezAlgunos interrogantes sobre la política de seguridad 12democrática Por Diego Quiroga

Política “Gracias, general Uribe, por salvar la patria” 14 Por Fernán González S.J.Los avatares de la coalición Uribista 18Por María Clara Torres y Víctor Barrera

Movilizaciones Sociales“Que se mueran los feos” 27 Por Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y MarthaCecilia García

Paz Víctimas en el cálculo politico 20 Por Fernando SarmientoMovilización por la paz: el papel de las víctimas 25(2002-2008)Por Vladimir Caraballo

EconomíaMás inversión, más pobreza y más desigualdad 31 Por Jorge Iván González

Política SocialPolítica Social (2002-2010) Pocos avances, grandes 40interrogantes Por Sergio Coronado

Comunicación Uribe Tevé 15 Por Lucía Camargo RojasLibertad de prensa (2002-2010) 34Por Lucía Camargo Rojas

No. 70 | agosto - noviembre 2010 | | www.cinep.org.co |2

Editorial

El nuevo gobierno: ¿ventana de oportunidad para la paz?

Por Mauricio García Durán S.J.*

Uribe, tanto desde la orilla del gobierno como de la oposición y de los centros de investiga-ción y medios de comunicación. Nosotros también lo estamos haciendo en este núme-ro de Cien días. Las perspectivas varían en tanto algunos buscan enfatizar sus logros y otros llamar la atención sobre los problemas que nos dejan estos ocho años. Ahora bien, lo importante de estos balances, políticamente hablando, son los retos que se plantean en los mismos para el gobierno que se inaugura, el de Juan Manuel Santos.

No obstante haber sido elegido como la continuidad del ‘Uribismo’, queda claro en las declaraciones que ha hecho y en los nombra-mientos que ha anunciado que su gobierno implicará un cambio de estilo y perspectiva con relación a la era Uribe que acaba esta semana. Aunque falta conocer más detalles de lo que será la política de paz del gobier-no de Juan Manuel Santos, las noticias cono-cidas hasta el momento parecen indicar que se puede abrir una ventana de oportunidad para la paz en el país. Las declaraciones de Angelino Garzón, vicepresidente electo, así lo atestiguan.

Ello vuelve a poner de presente que se ne-cesita una propuesta de carácter más inte-gral, que sin desconocer la necesidad de una fortaleza militar de parte del Estado, pueda al mismo tiempo desarrollar una estrategia integral de construcción de paz. Una nego-ciación con la insurgencia aparece necesaria como instrumento para poner fin al conflicto armado prolongado y degradado, tal y como se ha visto en otros países que han vivido conflictos semejantes o incluso más compli-cados que el nuestro.

El nuevo gobierno tiene el capital polí-tico para hacer un viraje de esta naturaleza y reemprender la búsqueda de una salida ne-gociada del conflicto armado. Ahora bien, tie-ne el reto de aprender de los errores que se han cometido en el pasado, particularmente en el proceso en el Caguán con las FARC y en Ralito con los paramilitares. Sería imperdo-nable no construir una estrategia de paz so-bre las lecciones que dejan más de 25 años de procesos de paz y una extendida experiencia internacional al respecto. Pero para hacerlo se requiere articular un modelo que pueda retomar con humildad y apertura estas lec-ciones.

Ahora bien, no son pocos los retos que una apuesta política por una solución ne-gociada tendrá que afrontar. Por mencionar sólo algunos:

En primer lugar, debería revertir una opinión pública favorable a una salida mi-litar y, subsecuentemente, escéptica frente a una negociación de paz. Y para lograrlo tendría que cambiar el énfasis del discurso oficial que ha imperado en estos ocho años, por ejemplo, promoviendo mecanismos que permitan participar a las organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, debería ser un mode-lo de solución negociada que tenga en cuenta todos los factores de violencia. No basta nego-ciar con la insurgencia, también hay que ha-cerlo con los paramilitares y, ante todo, con los factores de poder regional que los respaldan. Incluso, hay temas que deberían “negociarse”

con la sociedad, como es el caso del problema agrario y de tenencia de la tierra. Al mismo tiempo es necesario plantear alguna solución eficaz al narcotráfico, problema que alimenta la guerra.

En tercer lugar, debería contarse po-sitivamente con el apoyo de la comunidad internacional, la cual podría jugar un rol im-portante para desatar algunos de los nudos gordianos que nos separan de la paz. Una política internacional que restablezca las re-laciones con nuestros vecinos y fortalezca la conexión con América Latina es un compo-nente imprescindible en este esfuerzo hacia la paz. Además, la cercanía con Estados Uni-dos debería traducirse en un compromiso efectivo para avanzar en esta dirección.

Por último, y no menos importante, de-bería ser un modelo de negociación que ten-ga en el centro de las soluciones planteadas a las numerosas víctimas del conflicto armado que hemos vivido por más de 40 años. Sin una respuesta adecuada a sus demandas no se estaría dando verdadero cierre a dicho conflicto, antes bien poniendo las bases de una nueva generación de violentos, como ya lo hemos experimentado en los últimos 60 años.

Sería imperdonable noconstruir una estrategia de paz sobre las lecciones que dejan más de 25 años de procesos de paz y una extendida experien-

cia internacional al respecto

“

Uno de los resultados de la política de seguridad democrática es haber cambiado la correlación de fuerzas en la confrontación ar-mada con las guerrillas, en particular con las FARC. Ahora bien, no obstante ocho años de una persistente política militar contra la in-surgencia, es necesario decir que la guerrilla puede estar golpeada, pero no está derrotada. Tampoco pudo la seguridad democrática aca-bar con el paramilitarismo ni el narcotráfico.

”.

*Mauricio García Durán S.J. Director General

CINEP/ Programa por la Paz

Las noticias conocidashasta el momento parecen

indicar que se puede abrir una ventana de oportunidad para

la paz en el país

En las últimas semanas se han venido realizando distintos tipos de balances de los ocho años de la administración

“”.


Derechos Humanos

Derechos, Uribato, Bicentenario

Las violaciones a los derechos humanos disminuyeron en los ocho años del gobierno Uribe, pero la situación de los derechos humanos empeoró durante este tiempo.

Por Alejandro Angulo S.J.*

los ocho años del ‘Uribato’, pero la situación de los derechos huma-nos empeoró durante ese tiempo. En realidad, las dos afirmaciones son posibles. Y la razón es muy sencilla: mientras la intensidad del conflicto armado bajó por razones

P arece una antinomia: las violaciones a los derechos humanos disminuyeron en

El sistema se desequilibra

Las violaciones de los de-rechos humanos tales como el asesinato, la tortura, la deten-

Violaciones 2002 2009Asesinatos 1.133 547Torturas 135 102Detención arbitraria 1.077 190

Parecería que, en efecto, se puede veri-ficar una disminución de la brutalidad cruen-ta porque las bandas paramilitares bajan su perfil, a raíz de las conversaciones con el Presidente. No así sus amenazas, las cuales aunque también acusan alguna baja numéri-ca, muestran un aumento considerable en los ocho años y hoy mantienen su persistencia en las cifras altas.

O sea que la brutalidad en la política, como la energía en la termodinámica, no se aniquila sino que se transforma. En el estu-dio de las tendencias generales ambiguas los analistas llegaron a la hipótesis explicativa de ‘reacomodamiento’ de los actores armados

2002 4952003 4212004 5282005 5012006 5662007 6032008 5992009 575

Años Amenazas

Y esa legitimación del paramilitarismo es razón del deterioro de los derechos huma-nos: aceptar el paramilitarismo so capa de construir la paz es una ilusión óptica. Es una de las prestidigitaciones en las que la dirigencia colombiana es gran especialista. No hacía fal-ta reinsertar a los paramilitares porque ellos están insertados en nuestro sistema social

desde hace doscientos años. Ellos, como todos los colombia-nos, están celebrando el bicen-tenario. Suficientes críticas se han levantado a la Ley de Jus-ticia y Paz como ineficaz en sus dos términos: ni la reparación de las víctimas está siendo una realidad de justicia, ni el fin del conflicto social armado se avi-zora todavía como signo de paz.

Y es gracias a esa manera de ver el problema que los derechos de propiedad de más de tres millones de colombianos han sido flagrante e impunemente violados, sin que se advierta una intención genuina de remediar tan situa-ción por parte de la aplastante mayoría del ‘establecimiento’, como lo acaban de demos-trar las elecciones presidenciales.

Aunque no poseemos una cifra exacta, la estimación de la tierra rodaba por los parami-

Ese enfoque favorable ala inequidad social fue privile-giado también por el régimen Uribe y puesto en prática con la

brutalidad paramilitar

“”.

obvias, el sistema de derechos sufrió un deterioro significati-vo. Veamos cómo.

(Vargas A. R. y Restrepo J. 2009) y, sobre todo del paramilitarismo (Banco de Datos, 2010), que adquiere carta de ciudadanía gracias a la mal llamada Ley de Justicia y Paz.

En la raíz del conflicto social ar-mado está el ‘problema agrario’ que consiste en la acumulación del suelo en pocas manos. El credo del parami-litarismo es que la repartición exagera-damente desigual de dicho suelo es el camino del progreso económico, único indicador aceptable del bienestar de los pueblos. Este enfoque favorable a la

inequidad social fue privilegiado también por el régimen Uribe y puesto en práctica con la brutalidad paramilitar que llega a adoptar como su símbolo la motosierra no para derri-bar los bosques sino para talar “la oposición política”.

ción arbitraria se hacen, en general, menos numerosas con la mal llamada “seguridad democrática”:


Derechos Humanos

litares llega a cuatro millones de hectáreas. Y en consonancia con esa resolución vio-lenta del problema agrario, está también el impulso a un sector ‘industrial’ que no da trabajo a la población de las ciudades. Lo que se ofrece al observador es, entonces, un panorama de violación implícita del de-recho al trabajo. Esta violencia implícita se-grega, a su vez, otra violencia clandestina que sigue ocupando el panorama nacional e internacional y cuya dimensión de fuerza se ha denunciado como “la violencia contra los sindicalistas”. El número de sindicalistas asesinados entre 2002 y 2009 es de 699.

Así entre problema agrario y el pro-blema del empleo se llega a un deterioro de otros derechos que, si no son el derecho lite-ral a la vida, sí son derechos humanos básicos y, además, constituyen la condición indispen-sable para salvaguardar la supervivencia.

La vida digna es la sustancia de los de-rechos humanos y, por consiguiente, el credo paramilitar, que la considera prescindible en aras de una acumulación de riqueza rápida para unos pocos, es el mayor atentado contra todos los derechos humanos sociales y econó-micos.

No es, pues, posible aseverar una mejo-ra de la situación de los derechos humanos cuando se deja intacta la motivación para violarlos. La culebra de la codicia sigue viva y su mordedura inocula la injusticia que conduce a la guerra. Podrán detectarse os-cilaciones en la frecuencia y la modalidad de las violaciones, pero si el hecho fundamental del respeto a la dignidad humana no se co-loca en el centro del debate y no se toman las medidas necesarias para garantizar y defender esa dignidad de todas las perso-nas, en todos los casos y todos los días, el sistema de derechos tiene una falla intrínse-ca que le impide dar resultados definitivos.

Entre el problema agrario yel del empleo se llega a un de-terioro de otros derechos hu-manos básicos que constituyen la condición indispensable para salvaguardar la supervivencia

“”.

Las grietas abiertas del sistema

Preslogró hacer mella en el sistema de dere-chos al impedir su funcionamiento expedito en algunas ocasiones. Y si, a pesar de estos atentados contra la independencia de los po-deres, los jueces lograron hacer algún avance hacia frenar el paramilitarismo, hay que ad-vertir también que la conducta del Gobierno logró echarle arena a los engranajes del apa-rato judicial.

El juego de la extradición de los “capos” a los Estados Unidos es lo suficientemente ambiguo como para infundir sospechas de que hay mar de fondo. Y las escaramuzas pre-sidenciales para salvar a sus partidarios, con-victos pero no confesos de paramilitarismo, no hace sino aumentar las sospechas y los te-mores de que ese mar de fondo arrastre de-masiadas relaciones no santas y traicioneras. Esta sola conducta inapropiada del Ejecutivo frente al Judicial bastaría para dejar maltre-cha la justicia. Pero si, además, se suma la desvergüenza del Legislativo en lo tocante a prácticas paramilitares, es del todo innegable que la totalidad del sistema de derechos se agrieta porque pierde su función de garanti-zar que la impunidad de los poderosos no se vuelva la regla general.

“Cuando el narcoparamilitar Salvatore Mancuso dijo, en marzo del 2002, que los po-líticos amigos de su organización se queda-rían con el 35 por ciento de las curules en el Congreso, sus declaraciones fueron califica-das como un desafío a la democracia colom-biana. Sin embargo, ocho años después, los llamados herederos políticos de dirigentes involucrados o condenados por sus nexos con las AUC están a punto de reconquistar buena parte de las cerca de 80 curules perdidas en procesos penales o en renuncias voluntarias.

Salvatore Mancuso dijo, en marzo del 2002, que lospolíticos amigos de su organización se quedarían conel 35 por ciento de las curules en el Congreso.

Ocho años después, losllamados herederos políticos de dirigentes involucrados o condenados por sus nexos con las AUC están a punto de recon-quistar buena parte de las curu-

les perdidas

“”.

Los politólogos Alejo Vargas y Ariel Ávi-la estiman que de las 268 curules que hoy están en juego —en Cámara y en Sena-do—, las llamadas fichas de los parapo-líticos podrían reconquistar 70 de ellas.

Esa cifra representa casi el 30 por ciento del Congreso” (El Tiempo, 2010). El estado de derecho es un sistema complejo en el que se vinculan tres servomecanismos, o sea, tres aparatos que sólo pueden funcionar si están coordinados y sincronizados para el servicio público, o con un término anticuado, orde-nados para el bien común. Estos mecanismos son los famosos tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Si el Congreso se corrompe más allá de las famosas “justas proporciones”, legislar se convierte en una fuente de injusticia. Toda la representati-vidad nacional de los padres de la patria se diluye en un vulgar servilismo a los intereses creados del mejor postor, o del respectivo se-ñor feudal que, con frecuencia, se representa a sí mismo en el templo de las leyes, convir-tiéndolo en guarida de ladrones. Los con-gresistas partidarios del Presidente parece que no estuvieron más allá de toda sospecha y parece que sí profanaron sus investiduras.

Si el Ejecutivo olvida su representativi-dad nacional y se consagra a complacer a sus cómplices, el gobierno deja de ser el mediador

Imagen: larevolucionvive.org.co

Otra razón por la que se deterioró el sistema de derechos fueron los atentados que el Uribato perpetró contra el mecanismo de la justicia. El enfrentamiento entre el Eje-cutivo y las Cortes, dada la popularidad del

de los conflictos sociales y puede convertir-se en el alimentador de tales conflictos. Hoy por hoy ese conflicto social en Colombia tiene víctimas de dos tipos: las viudas y huérfanos de la guerra por una parte, y las víctimas del robo de tierras, a las que denominamos con el eufemismo de ‘los desplazados’. El término preciso para designar a esa multitud errante sería más bien ‘los que han sido robados’.


El sistema está pasando aceite

La defensa del derecho a la vida es el paso inicial de ese proceso de institucionali-zación de los servidores públicos como tales. Durante el Uribato los defensores de los de-rechos humanos fueron declarados objetivo militar.

El segundo paso es que los servidores públicos garanticen el respeto a todos los derechos económicos y sociales. Para eso se los elige por el voto, que es la institucionali-zación del deseo de todos los ciudadanos. Y el nivel sumo de ese deseo público es el refe-rendo, cuando el Ejecutivo, consciente y res-ponsable del bienestar de todos sus compa-triotas, les consulta algún asunto importante para orientar su decisión en bien de todos.

Como se ha ido comprobando a lo largo de los últimos años, la reelección del Señor Uribe Vélez y su intento de prolongar aún más el Uribato mediante referendo, es la muestra palmaria de sus intenciones de mi-nar las instituciones políticas colombianas, mediante sobornos y mentiras, para lucrarse con el botín burocrático. Pura y sucia auto-deslegitimación.

Desde luego, el presidente Uribe Vélez, al llegar a Palacio, no encontró unas institu-ciones más allá de toda sospecha. Ninguna oligarquía se construye sobre la justicia, to-das se mantienen gracias al abuso del poder. En eso consiste su fuerza y su debilidad. Por eso ‘nuestra’ oligarquía celebra su bicente-nario. Pero esaoligarquía de nuestro país no tiene sus manos limpias de sangre, como lo refrenda medio siglo (un cuarto de bicente-nario) de la ya mundialmente famosa “vio-lencia colombiana”.

La gran diferencia entre los poderosos colombianos y la soberana que describió Shakespeare como la fría y principesca asesi-na del Rey de Escocia, es que a Lady Macbeth no la dejaban dormir sus remordimientos, pero nuestros dirigentes sí duermen tranqui-los y organizan sus francachelas encima de las mismas fosas comunes que posibilitan su enriquecimiento.

En la ambigua desinstitucionalización patriótica del Uribato, un aspecto positivo es que la ley de Justicia y Paz haya facilitado el hallazgo de las fosas comunes. Al menos no ha habido que buscarlas con perros de caza ni dejarlas a la suerte de las hienas. Pero eso no ha significado que la reparación exigida por la misma ley se haya cumplido. Al Señor Uribe Vélez tuvo que obligarlo a pedir perdón la Justicia Internacional y lo hizo a regaña-dientes y esquivando su su responsabilidad.

El objetivo final de losderechos humanos no es defen-der al pueblo de sus gobernan-tes sino propugnar la vida digna

de todos los ciudadanos

“”.

*Alejandro Angulo S.J.Director del Banco de Datos de

Derechos Humanos yViolencia Política


Referencias• Banco de Datos, 2010, “Los dere-chos humanos en la era Uribe Vélez”.En Cien días vistos por CINEP/PPP, no.69, Bogotá, CINEP/PPP. Disponible en: www.cinep.org.co/node/863• Unidad investigativa, 2010, “ Sombra de parapolítica amenaza al Congreso colombiano”. En El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/elecciones2010/parlamentarias/elecciones-en-colom-bia-2010_7404575-1• Vargas A., y Restrepo J., 2009, “¿Reelección de la seguridad demo-crática?”. En Controversia no. 192, CINEP/PPP, Bogotá junio, pp.11-40.

Derechos Humanos

El descuido de estos dos grupos, crea-dos por el conflicto social armado es una fa-lla grave. Pero el país ‘que cuenta’ los ignora con olímpica soberbia porque ‘su’ Ejecutivo no toca esos temas, ni les da la prioridad que se merecen. La ‘preocupación nacional’ no es cuidar su población, sino atraer la inversión extranjera. Esta es uno de ‘los tres huevitos’ del Señor Uribe Vélez y para ponerlo se ne-cesitó y se sigue necesitando ‘hacerle nido’, abrirle el campo, mientras los robados se hacinan en las periferias urbanas y deambu-lan por las calles en un dramático rebusque alumbrado con la despreciada luz de los se-máforos.

Un sistema social que no le garantiza a la décima parte de su población el derecho a un pedazo de tierra donde vivir es un estado de hecho, y de hechos que invocan y requie-ren las armas, porque cuando el estado de de-recho no garantiza la justicia, los pueblos se la toman en sus propias manos. El Uribato no contribuyó particularmente a sincronizar los tres poderes en pro de un estado de derecho, ni a nacionalizar el Estado colombiano, sino que avanzó por el camino real de la privatiza-ción del espacio público en beneficio de sus allegados.

No cabe duda de que el Uribato dejó al sistema de derecho colombiano pasando aceite, ¡para celebrar su bicentenario!

Por esas troneras del sistema, que en los términos incoloros de los economistas se denominan el 60% de pobres y el 20% de indigentes, se le escapan al invisible es-tado de derecho colombiano los derechos a la alimentación, al techo digno, a la salud, a la educación y, desde luego, el sagrado de-recho de propiedad que con tanta pasión defiende el Ejecutivo cuandose trata de sus bienes personales y de los de sus compin-ches (“Colombia es pasión”), pero que no existe para los pequeños campesinos, los indígenas, los negros, ni para los demás in-tegrantes de ese 60% y de ese 20% al que se le dio el pomposo nombre de Objetivos del Milenio (“Colombia es una pobre pasión”).

No se puede perder de vista, que el ob-jetivo final de los derechos humanos no es defender al pueblo de sus gobernantes sino propugnar la vida digna de todos los ciuda-danos, mediante la garantía de que sus ins-tituciones se mantengan al servicio de esa dignidad universal de la población.

En la ambigua desinstitucionalización patriótica del Uribato, un aspecto positivo es que la Ley de Justicia y Paz haya facilitado el hallazgo de fosas comunes.


Derechos Humanos

Las amenazas en el gobierno Uribe

Las amenazas por intolerancia social y persecución política fueron unas de las acciones más comunes en la violación de los derechos humanos en los dos mandatos de Uribe.

Por Carlos Fernández*

n Colombia durante los últimos ocho años las amenazas de muerte se han convertido en una de las acciones más

de la fuerza pública y los grupos armados ilegales.

Campesinos que se resisten al desplaza-miento forzado y a las presiones de grupos económicos y mafiosos que buscan despo-jarlos de tierras. De igual manera, comuni-dades que buscan retornar a las regiones de donde fueron expulsadas.

Líderes y organizaciones de derechos hu-manos que han denunciado y seguido graves violaciones de DDHH por grupos armados ilegales y miembros de la fuerza pública.

Periodistas que han investigado casos rela-cionados con dichas violaciones y con he-chos de corrupción y ‘parapolítica’.

Organizaciones de víctimas, familiares de las víctimas y testigos que reclaman justicia ante el Estado colombiano, en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz.

Magistrados, jueces, fiscales y cuerpo técni-co que han seguido procesos a violadores, militares, paramilitares y a figuras de la po-lítica y la ‘parapolítica’.

Ecomunes usadas en la violación de derechos humanos. En general, se pueden clasificar fá-cilmente dos tipos: por intolerancia social y por persecución política.

Según el último informe del CINEP/Pro-grama por la Paz ‘Falsos positivos, amenazas colectivas e intolerancia social’, en 2009 se registraron un total de 104 amenazas por in-tolerancia social, dirigidas principalmente a sectores sociales considerados como proble-máticos o disfuncionales: ladrones, prostitu-tas, expendedores y consumidores de drogas, habitantes de la calle y, particularmente, gru-pos de población joven.

Los principales actores responsables por esta práctica en 2009 fueron los parami-litares en un 90,4% y las acciones comparti-das entre la policía y los paramilitares en un 2,9%. También se encontró que los “Grupos de Limpieza Social” y la Policía Nacional tu-vieron responsabilidad en las amenazas en un 1,9%.

Por otra parte, las amenazas por per-secución política suman para el mismo año 225 casos y estuvieron dirigidas en contra de grupos que buscan reivindicar sus derechos.

Imágenes de: nw

esmatic.e-pol.com

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.papi.ning.co

De acuerdo con el informe del CINEP/Programa por la Paz, en el 2009 la práctica de la amenaza por persecución política se incrementó respecto al 2008 y se dio en 25 departamentos, principalmente en Antio-quia, Meta, Chocó y Santander. Los sectores afectados durante el 2009 fueron el campe-sino (35,6%), el indígena (17,3%), los habi-tantes (11,6%), los trabajadores (11,1%), los defensores de derechos humanos (10,7%), los líderes sociales o políticos (4,4%), los estudiantes (3,1%),los jóvenes (0,9%) y los paramilitares desmovilizados (0,4%).Los presuntos responsables por persecución

política son los paramilitares en un 45,3%. En segundo lugar se encuentra el Ejército Nacio-nal (20,9%). A continuación vienen las FARC (14,2%), Policía Nacional (4,9%), Estado Co-lombiano (4,0%), combatientes (3,6%), Ejér-cito-Paramilitares (2,7), ELN (1,8%), Fuerza Pública-Paramilitares (1,8%), DAS (0,4%) y Policía-Paramilitares (0,4%).

El contraste entre los principales auto-res, los casos específicos y los motivos, sugie-re que las amenazas están ligadas a la acción ilegal y mafiosa de grupos de poder que, con la participación de organismos del Estado, buscan imponer sus intereses y proyectos

En este tipo de intimidaciones se pue-den identificar diversos motivos según los sectores de población contra los cuales fue-ron dirigidas predominantemente:

En 2009 se registraron104 amenazas por intolerancia social y 225 casos de amenazas

por persecusión política

“”.

Líderes sociales y políticos críticos del es-tablecimiento que han promo-vido movi-lizaciones y protestas frente a los abusos


Derechos Humanos

efecto inmediato de los señalamientos que durante sus ocho años de gobierno hizo el ex-presidente Uribe a líderes y organizacio-nes de derechos humanos, lo que los con-virtió en blanco directo de intimidaciones.

Un efecto a largo plazo de las amenazas, cuando están legitimadas o auspiciadas por el Estado, es que terminan siendo aceptadas so-cialmente como recurso eficaz en el logro de fines. Eso repercute en consecuencias colate-ralescomo la propensión al armamentismo, el aumento de la polarización, la desconfian-za y, finalmente, más violencia sociopolítica.

*Carlos FernándezCoordinador del proeycto

Inversión para la Paz CINEP/ Programa por la Paz

Referencias• CINEP/Programa por la Paz, 2010, ‘Falsos positivos’, ame-nazas colectivase intolerancia social - Balance del segundo semestre de 2009. Informe especial, Bogotá, abril.

Amenaza contra Javier Giraldo S.J.,investigador del CINEP/PPP

económicos y políticos. Por eso los sectores que reciben la mayoría de las amenazas son aquellos que se resisten al despojo de tierras, a la impunidad y a la continuidad de la vio-lación de derechos humanos (campesinos, organizaciones defensoras de derechos hu-manos, víctimas que reclaman, organismos de justicia).

Es necesario preguntarse por la respon-sabilidad del Estado en esta práctica, en la medida en que la operación de las amenazas ha resultado sistemática y, en muchos casos, en colaboración con grupos ilegales. Pero, sobre todo, esa responsabilidad es un efecto

CINEP/ Programa por la Paz es un proyecto social de la Compañía de Jesús que trabaja por la construcción de una sociedad más justa, sostenible y en paz.

- Reflexiona sobre la realidad social y cultural de Colombia.- Toma partido por los sectores discriminados. - Desarrolla propuestas de educación popular para el fortalecimiento del tejido social. - Actualiza permanentemente una base de documentación sobre derechos humanos, paz y

movimientos sociales.- Nuestro propósito es consolidar propuestas y visibilizar temas asociados con la paz, el desarrollo,

las luchas sociales y la protección de los Derechos Humanos Integrales

PARA LOGRARLO

www.cinep.org.co


Conflicto Armado

La seguridad democrática de Uribe (2002 - 2010)

Balance de la efectividad de las implicaciones de la política de seguridad democrática a la luz de la disminución de la intensidad del conflicto y la relación de las trasformaciones militares y territoriales con el contexto político

y económico.

Por Teófilo Vásquez*

ras ocho años de gobierno del presi-dente saliente es necesario un balance del eje central de su gestión que fue, T

sin lugar a dudas, la política de defensa y se-guridad democrática y su segunda etapa, la política de consolidación de la misma. Las dos tenían como objetivo (en líneas genera-les): recuperar el control de territorio por parte del Estado para garantizar la vigencia del Estado de derecho; combatir el narcotrá-fico y otras formas de crimen organizado y promover la seguridad y la ciudadanía1.

Hay consenso sobre la disminución de la intensidad del conflicto y la baja tanto de los homicidios en general como de los indica-dores más directamente asociados al conflic-to amado2. Las violaciones al Derecho Inter-nacional Humanitario (DIH) disminuyeron en un 48% y las acciones bélicas en un 81% (Ver gráfico 1) al igual que los homicidios que pasaron de 28.897 en 2002 a 16.296 en 2009 (43% menos). Además, los homicidios

Fuente: ODECOFI, CINEP/Programa por la Paz

Gráfico 1Comparativo de HECHOS de Acciones Bélicas e infracciones al DIH

2002 - 2009

Gráfico 2Comparativo del Número de Homicidios Comunes con el Número de

Homicidios Políticos y Muertos en Acciones Bélicas 2002 - 2009

Fuente: ODECOFI, CINEP/Programa por la Paz

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HOMICIDIOS COMUNES (eje 1)

HOMICIDIOS POLITICOS Y MUERTOS EN ACCIONES BÉLICAS (eje 2)

políticos se redujeron en un 69% y los muer-tos en combate en un 75% (Ver gráfico 2).

Pero un balance de la efectividad y de las implicaciones de esta política para el país no se puede reducir al ámbito militar medido es-tadísticamente. Lo anterior porque, por obvio

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Acciones Bélicas 1622 1183 898 629 693 869 464 306

Infracciones al DIH 2570 2573 2177 1725 1443 1582 1361 1326

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Un nuevo escenario estratégico de la guerra

Desde el gobierno de Pastrana se logró conjurar el objetivo de las FARC de pasar a una nueva etapa de la guerra, que consistía en romper el empate militar que durante años mantuvo con el Estado. Ese propósi-to se logró en medio de las negociaciones del Caguán y, en buena medida, gracias a la ayuda militar de los EE.UU que se con-cretó a través del Plan Colombia (Observa-torio de Derechos Humanos y DIH, 2008).

Lo anterior se ha profundizado en estos ocho años: lo que era antes un empate militar es actualmente un balance negativo en los as-pectos tácticos y estratégicos para las FARC. Como nunca antes la Fuerza Pública retomó y mantuvo la iniciativa militar contra esta orga-nización guerrillera y es evidente la disminu-ción de su accionar y de su presencia territorial (Observatorio de Derechos Humanos, 2008).

que parezca, la guerra y la paz son también un asunto estrechamente relacionado con aspectos políticos, económicos y sociales. Por eso, este artículo analizará las trasformacio-nes militares y territoriales del conflicto ar-mado y su relación con el contexto político y económico, examinando los cambios de la confrontación entre el Estado y las FARC y las mutaciones del fenómeno paramilitar.

Un balance de la efectividady de las implicaciones de la polí-tica de defensa y seguridad de-mocrática no se puede reducir

al ámbito militar

“”.


En estos años han sido contundentes los gol-pes militares del Estado contra las FARC, es evidente su aislamiento internacional y el re-chazo que concita en importantes sectores de la opinión pública, situaciones que el gobier-no, hábilmente, puso a su favor en el terreno político.

Sin embargo, las FARC han dado mues-tras de una gran capacidad de reacomoda-miento (Granada y Restrepo, 2009, pp. 27-124) e incluso reactivación militar (Ávila, 2009). Lo anterior es evidente en los siguien-tes escenarios regionales: en el Caguán, a pe-sar del despliegue de tropas del Plan Colom-bia3, los resultados de la Fuerza Pública no han sido tan exitosos. Además las FARC logra-ron consolidar las fronteras como nuevas re-taguardias estratégicas políticas y militares, así como fortalecerse en la Amazonía orien-tal y el pacífico nariñense y caucano gracias a la colonización cocalera. Por último, se han logrado mantener a la ofensiva en las zonas circundantes al macizo del nevado del Huila,

Conflicto Armado

Al fondo: “Iván Ríos”, “Negro Acacio”, “Raúl Reyes” y “Tiro Fijo” los grandes golpes propinados por el gobi-erno Uribe a las FARC. Al frente: “Iván Márquez”, “Alfonso Cano” y “Grannobles” miembros de la cúpula de la guerrilla que ha dado muestras de su gran capacidad de reacomodamiento y reactivación militar.

seguridad en las regiones económicas más importantes del país y los nodos viales que las comunican, en donde la acción de la gue-rrilla ha sido repelida (Granada y Restrepo, 2009) y donde la Fuerza Pública desarrolla grandes operativos en una lógica de recon-quista. El resultado es que la recuperación del territorio ha tenido efectos heterogéneos en las diversas regiones del país: lo que es alborozo y seguridad para las regiones inte-gradas y sus respectivas élites es zozobra e

patria” en esta misma edición); el retroceso en las condiciones socioeconómicas de los colombianos pobres que tiene una de sus expresiones más nítidas en la grave crisis del sistema de salud y la galopante corrupción que rodea a las altas esferas del gobierno y a la contratación pública con particulares cer-canos al ejecutivo. Y, por su parte, las FARC no dan señales de cesar en su empecinamiento bélico. Al contrario, se puede afirmar, cono-ciendo su dogmatismo político, que para esta guerrilla su alzamiento armado está más que justificado en medio de ocho años de un go-bierno de derecha.

En relación con la paz el balance fue nega-tivo. En primer lugar, no fue posible ni siquiera

Lo que es alborozo yseguridad para las regiones in-tegradas y sus respectivas élites es zozobra e inseguridad para los campesinos y colonos de las regiones de presencia histórica

de la guerrilla

“”.

En el terreno político los cambios no son ni drásticos ni alentadores, aun a pesar de la nueva situación militar. De un lado, la lucha con-tra las FARC y los éxitos en materia de seguridad han sido utilizados por el go-bierno para eludir discusiones centra-les como: la crisis institucional que se produjo por causa del estilo caudillista y mesiánico de Álva-ro Uribe (ver artícu-lo “Gracias, general Uribe por salrvar la

el intercambio humani-tario y las dos partes no cedieron en sus propó-sitos políticos y milita-res. Es más, el retroceso fue innegable ya que el gobierno decidió des-conocer que estamos en medio de un conflic-to armado, a partir de

denominar a las FARC como una amenaza te-rrorista contra la democracia colombiana. Y las FARC, por las razones que ya indicamos, no parecen haber sido permeadas política-mente a pesar del retroceso militar y de su poca legitimidad nacional e internacional.

El paramilitarismo:entre la negociación y el rearme

Sin solución de continuidad el país pasó de las discusiones sobre la negociación con las extintas AUC a las preocupaciones por la reac-tivación del fenómeno paramilitar. En efecto, cuando todavía son inciertos los resultados de la Ley de Justicia y Paz en relación con la verdad y la reparación de las víctimas, el ejecutivo no termina por encontrar el diseño apropiado para ejecutar una política de des-movilización y reinserción de los paramilita-res rasos (Observatorio de Derechos Humanos

inseguridad para los campesinos y colo-nos de las regiones de presencia históri-ca de la guerrilla.


ELN2% FARC

19%FUERZA PÚBLICA

34%

OTRAS GUERRILLAS

3%

PARAMILITARES42%

y DIH, 2009) y el problema de la “parapolí-tica” aún perdura. Hasta el mismo gobierno está alarmado por la violencia generada por las denominadas bandas criminales4 (El Tiempo, 2010, pp.1-2) o fenómeno neopara-militar (Romero y Arias, 2010; Granada, Res-trepo y Tobón, 2009, pp. 467-502).

Gráfico 3Infracciones al DIH por Actores Armados

Años 2002-2009

Entre 2002 y 2009 estos grupos no dan señales del mismo retroceso en su accionar violento que las guerrillas ya que las infrac-ciones al DIH de las que son responsables sólo disminuyeron en un 23%, frente al 82% de las acciones de las FARC (Ver gráfico 3). Es más, como en el pasado, su accionar estuvo dirigido contra la población civil, por lo que fueron responsables del 42% de las infraccio-nes al DIH entre el 2002 y 2009, en compara-ción con el 34% de la Fuerza Publica, el 19% de las FARC y tan sólo el 2% del ELN (Ver gráfico 4).

El paramilitarismo no ha reducido su presencia territorial, ni el control de la acti-vidades económicas (legales e ilegales) y de la vida social y política de importantes cen-tros urbanos como Medellín y zonas rurales como Urabá, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el Bajo y medio Ariari y las sabanas del Vi-chada en los Llanos Orientales, así como tam-poco en la costa Pacifica en Nariño y Cauca. Pero esa presencia y control se hace con una diferencia importante en comparación con la etapa de las AUC: ya no se trata del precario equilibrio de grupos federados en un objetivo contraguerrillero. En la actualidad, son una amalgama de grupos, redes y franquicias que se disputan o hacen alianzas, incluso con las guerrillas, para mantener sus dominios terri-toriales (Ver Mapa enla página anterior).

En relación con el ámbito político, el fra-caso del gobierno por desmontar el fenóme-no paramilitar por la vía de la negociación se enfrentó a un contexto nacional e internacio-nal que tanto el ejecutivo como los jefes pa-ramilitares se empecinaron en desconocer: una comunidad internacional y una opinión publica nacional cada vez menos tolerante con los crímenes de las autodefensas y sus relaciones con el narcotráfico.

Con respecto a los problemas estructura-les y de mediano plazo, las fallidas negociacio-nes y el actual rearme se explican porque ni en la agenda de negociación, ni en las prioridades

Hasta el mismo gobiernoestá alarmado por la violencia generada por las denominadas

bandas criminales“

”.

de gobierno estuvo presente tomar medidas y acciones para enfrentar tres problemas que, a nuestro juicio, reproducen el fenóme-no paramilitar y, por consiguiente, la violen-cia en general: el problema agrario, es decir, la distribución más equitativa de la tierra y la devolución de las tierras a los campesinos

o se eludieron. En primer lugar, la política agraria favoreció abiertamente a los grandes empresarios agrícolas y a las elites rurales. El narcotráfico, es decir, el cultivo de coca, la pro-ducción y la exportación de cocaína persiste o su reducción es mínima: se mantiene lo que los expertos denominan el efecto de traslado de

Conflicto Armado

Gráfico 4 Distribución de Infracciones al DIH según Actores Armados

2002 - 2009

despojados y desplazados5, etc.; el empode-ramiento de las élites emergentes relacio-nadas con el narcotráfico6 y, finalmente, un tercero, en el que convergen los anteriores, la democratización de la política regional y local.

Al contrario, diversos aspectos permiten concluir que estos tres ejes se profundizaron

los cultivos tanto a nivel internacional como al interior del país. En efecto, mientras que en Colombia el cultivo en área sembrada dismi-nuyó en un 16% entre 2004 y 2009, en Perú aumentó en un 19% y en Bolivia en un 12%. Y las diferencias por departamentos en Colom-bia son aún mayores ya que en Nariño, Cór-doba y Cauca aumentaron en un 16%, 81% y

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ELN 162 57 26 12 12 13 14 25

FARC 1092 362 296 204 125 168 58 202

FUERZA PÚBLICA 470 379 580 752 686 758 316 417

OTRAS GUERRILLAS 171 52 23 22 39 12 3 3

PARAMILITARES 875 1144 849 649 358 510 430 671

0

200

400

600

800

1000

1200

Infr

acci

on

es a

l DIH


385%, respectivamente, en muchos casos si-guiendo las transformaciones geográficas del conflicto (UNODOC, 2009, PP. 14-17)7.

En segundo lugar, las expresiones polí-ticas del narcotráfico y el paramilitarismo no fueron frontalmente atacadas. Es más, como en el caso de los “parapolíticos”, recibieron el apoyo abierto o soterrado del gobierno a tal grado que gran parte de las colisiones entre el poder judicial y el ejecutivo giraron alrede-dor de estos escándalos. Y, finalmente, ni qué decir del deterioro de la calidad de la demo-cracia local y regional, ya no sólo por cuenta de la presión de los grupos armados sino por el remozamiento del clientelismo y las graves fallas institucionales del sistema electoral.

El balance con respecto a los paramili-tares es negativo para el gobierno, ya que su tentativa de negociar (para sólo legalizar la contrarreforma agraria y los órdenes políti-co-locales y regionales que las AUC constru-yeron a través del terror entre los años 1997 y 2002) fracasó y el rearme es irreversible.

En síntesis, los ocho años del gobierno Álvaro Uribe en materia de paz y guerra se pueden resumir así: guerra con las FARC, ne-gociación con las AUC y pasividad con el rear-me paramilitar. En efecto, el esfuerzo bélico y la estrategia militar se han enderezado a la derrota de las FARC, lo que contrasta con la defensa del fallido proceso de negociación con las AUC y la falta de resultados más efec-tivos ante el rearme paramilitar.

Conflicto Armado

*Teófilo VásquezInvestigador de ODECOFI-


Referencias• Ávila, Ariel, 2009, “La guerra de las Farc y la guerra contra las Farc” en Revista Arcanos No. 15.• El Tiempo, 2010, “En marcha la ofensiva contra los miembros de 6 bandas emergen-tes”, Bogotá, julio 9, pp. 1-2. • Granada, Restrepo y Tobón, 2009, “Neo-paramilitarismo en Colombia: una herra-mienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado colombiano”, en Restrepo, Jorge A. y Apon-te, David (eds.), Guerra y Violencias en Co-lombia Herramientas e Interpretaciones, pp. 467-502, Bogotá, Editorial Pontificia Univer-sidad Javeriana, CERAC.• Granada, Soledad, Restrepo, Jorge A y Vargas, Andrés R, 2009, “El agotamiento de la política de seguridad: evolución y trans-formaciones recientes en el conflicto ar-mado colombiano”, en Restrepo, Jorge A. y Aponte, David (eds.) Guerra y Violencias en Colombia Herramientas e Interpretaciones, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Jave-riana, CERAC.• Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, 2008, Impacto de la Política de Seguridad Demo-crática: sobre la conformación armada, el narcotráfico y los derechos humanos.• Observatorio de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República, 2009,

1 Ver www.mindefensa.gov.co2 En esa opinión coinciden tanto las agencias gubernamentales como las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento estadístico al conflicto armado en Colom-bia: Vicepresidencia, Ministerio de Defensa, Fundación Seguridad y Democracia, CERAC y CINEP/PPP.3 Para un examen de los detalles del Plan Pa-triota, ver: Bedoya, Jineth, 2008, En las Trin-cheras del Plan Patriota, Bogotá, Intermedio.4 El pasado 9 de julio el gobierno anuncio la conformación de un bloque de búsqueda para combatir a estos grupos. Ver El Tiempo, julio 9, p. 1-2.5 Para un análisis regional del proceso de despojo, ver: Reyes, Alejandro, 2009, Gue-rreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia, Bogotá, Norma.6 Para un análisis de este fenómeno, ver: Dun-can, Gustavo, 2006, Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en

Notas

Imagen de http://zapateando.files.wordpress.com

El ejecutivo y los jefes paramilitares se empecinaron en desconocer una opinión pública cada vez menos toler-ante con las autodefensas.

mafiosos y autodefensas en Colombia, Bogo-tá, Editorial Planeta Colombia.7 Datos tomados de UNODOC (2009) Colom-bia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bo-gotá, UNODOC-Gobierno de Colombia, pp. 14-17 y procesados por CINEP/PPP.

Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos de autodefensa en Colombia: una mirada cruzada sobre Centroamérica.• Presidencia de la República, Política de De-fensa y Seguridad Democrática. Ministerio de defensa Nacional e informes al Congreso sobre la Seguridad Democrática.• Romero y Arias, 2010, “Sobre paramili-tares, neoparamilitares y afines: crecen sus acciones ¿qué dice el gobierno?”, en Revista Arcanos, No. 15.• UNODOC (2009) Colombia: monitoreo de cultivos de coca 2009, Bogotá, UNODOC-Go-bierno de Colombia.


Conflicto Armado

Algunos interrogantes sobre la política de seguridad democrática

Primeros acercamientos sobre algunas cifras de desmovilizaciones y crecimiento de la Fuerza Pública, en comparación con la efectividad de los actores armados, que plantean ciertos interrogantes a la política de

seguridad democrática.

Por Diego Quiroga*

pocos días de que el nuevo Presidente asuma funciones, su antecesor parece no estar dispuesto a desprenderse delA

poder sin que el avance de la política belicista quede clavado en la retina de los colombia-nos y sin que deje para la posteridad la ima-gen de “estadista” que logró dejar moribun-da a la serpiente del terrorismo, es decir, las FARC. Sin lugar a dudas, las operaciones de inteligencia militar y golpes de mano, como son: Fénix, Jaque y Camaleón han sido fuer-tes golpes a esta guerrilla. Sin embargo, tras ocho años de continuidad de la política de se-guridad democrática (en adelante PDSD) sus resultados operacionales no son tan grandes como lo reclama el gobierno, pero tampoco tan desdeñables como lo reclama la oposi-ción.

Varios datos permiten concluir que es necesario un análisis ponderado y menos ideologizado de la PDSD. Aquí se presentan tan sólo algunas cifras representativas sobre desmovilizaciones y crecimiento de la Fuerza Pública, en comparación con la efectividad operacional de los actores armados para plantear algunos interrogantes al respecto.

Según cálculos ponderados, para el año 2002 el número de guerrilleros de las FARC y el ELN sumaban alrededor de 20.600 comba-tientes. De acuerdo con el Ministro de Defen-sa Gabriel Silva, a julio de 2010 son menos de 10.000 miembros. Sin embargo, la suma total de guerrilleros reinsertados, capturados y da-dos de baja según el mismo Ministerio de De-fensa, entre enero de 2002 y junio de 2010, sumó un total de 69.273 personas3. Esta cifra suscita diversos interrogantes y dudas. De ser

Tras ocho años de la copolítica de seguridad democrática sus resultados operacionales no son tan grandes como lo reclama el gobierno, pero tampoco tan desdeñables como lo reclama la oposición.

cierta, o las FARC y el ELN fueron extermina-dos tres veces, o la guerrilla cuenta con una capacidad de regeneración sin precedentes.

“Los guerrilleros ganan la guerra si no la pier-den y los que luchan contra ellos pierden la guerra si no la ganan”1

Raymond Aron2

Y aunque la cifra de reinsertados y y dados de baja es bastante alta (18.821), —aun res-tando los 1.013 casos de víctimas de ‘falsos positivos’ conocidos—, los datos con que el gobierno pretende mostrar los resultados de la política parecen problemáticos.

La pregunta aquí tiene que ver con la exactitud y confiabilidad de las cifras presen-tadas por el Ministerio de Defensa ¿Acaso se puede afirmar que todos los capturados y da-dos de baja han sido miembros de grupos sub-versivos —y sean presentados como logros

De ser cierta la cifra delMinisterio de Defensa, o las FARC y el ELN fueron exterminados tres veces, o la guerrilla cuenta con una capacidad de regenera-

ción sin precentes

“”.

de la PDSD—, aún a sabiendas de los múlti-ples casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias presentadas durante este largo gobierno?

Por otro lado, la PDSD también deja interrogantes en cuanto a la efectividad de algunos de sus resultados operacionales con relación al monumental presupuesto des-tinado a este sector y al crecimiento del pie de fuerza. El gasto en defensa y seguridad se incrementó en un 80% en el año 2009 (U$10.055 millones) con respecto al año 2002 (U$5.588 millones)4, lo que equivale al 5.2% del PIB de la nación5. Gran parte de es-tos recursos han dado como resultado, para junio de 2010, que el número de efectivos de la Fuerza Pública se incrementara en un 41% con respecto al año 2002, lo que en números gruesos equivale a un total de 441.828 miem-bros, de los cuales sólo las Fuerzas Militares suman un total de 283.004 efectivos.

En el primer semestre de 2010, el total de guerrilleros abatidos por la Fuerza Pública


sumó 297, y desde el año 2002 a la fecha el total de subversivos dados de baja es de 13.007, lo que equivale a un nivel de letali-dad en términos de bajas del 8%. Teniendo en cuenta lo anterior, y si se acepta que el número total de guerrilleros actualmente es de aproximadamente 10.0000 combatientes, encontramos que por cada guerrillero hay 28 soldados y, sin embargo, los golpes de la gue-rrilla llevaron a que la Fuerza Pública recibie-ra un total de 204 muertos y 1.043 heridos en los últimos seis meses.

Conflicto Armado

Desde el año 2002 las bajas de miem-bros de la Fuerza Pública suman 4.699, lo que equivale a un nivel de letalidad por parte de la guerrilla del 47% —como es típico en las guerras, guste o no, la efectividad y los resultados son medidos contabilizando las bajas producidas al “enemigo”—. Aquí no se trata de mostrar con los números quién está ganado la guerra y quién no, la pregunta gira en torno a la proporción de los ejércitos regu-lares e irregulares y su nivel de letalidad ¿El incremento en el presupuesto de defensa y el aumento en el pie de fuerza ha merecido el nivel de letalidad y efectividad bélica alcan-zado por parte de la Fuerza Pública?

En síntesis, las cifras que se acaban de presentar permiten preguntarse si los resul-tados son tan positivos como se augura. Cabe preguntarse también si el país debe seguir costeando una guerra que no parece tener solución y, finalmente, si el epígrafe con el cual inicia este artículo debe prestársele ma-yor atención6.

El total de guerrilleros abatidos por la Fuerza Pública en el 1er semestre de 2010 fue de 297

Referencias• Raymond Aron, Der permanente Krieg, Francfort. 1953, p.48.• El Espectador.com, 2010, “Farc y ELN tienen me-nos de 10.000 integrantes, dice el Gobierno”. Dis-ponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-215214-farc-y-eln-tienen-menos-de-10000-integrantes-dice-el-gobierno• Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Military expenditure of Colombia - SI-PRI.• Isaza Delgado, José Fernando y Campos Romero Diógenes, 2007, Algunas consideraciones cuantitati-vas sobre la evolución reciente del conflicto en Colom-bia, Bogotá.• Ministerio de Defensa, 2010, Logros de la política de seguridad democrática.• CINEP/Programa por la Paz, 2010, ‘Falsos Positivos’, amenazas colectivas e intolerancia social: balance del segundo semestre de 2009, Bogotá. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20Especial%20Cinep-PPP%20_Fal-sos%20Positivos,%20AC_IS2010[1].pdf• Ministerio de Defensa, Cálculo del Gasto en De-fensa y Seguridad – GSD. Disponible en: http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Notas%20de%20Investigacion/Calculo%20Gasto%20Defensa%20Seguridad%20Actualizado.pdf

1 Raymond Aron, Der permanente Krieg, Francfort. 1953, p.48.

2 Filósofo, sociólogo y comentarista político fran-cés, quien afirmara que el marxismo es el opio de los intelectuales.

3 Las cifras que utiliza el Ministerio de Defensa para ese total de 69.273 agrupa a FARC, ELN, ERG, EPL, ERP y JBC. Ministerio de Defensa, 2010, Lo-gros de la política de seguridad democrática, pp. 52. Vale aclarar que las capturas masivas ocurri-das durante la vigencia de las Zonas de Rehabilita-ción 2003-2004 distorsionan la cifra.

4 Millones de dólares constantes al año 2008. Ver al respecto: Military expenditure of Colombia - SI-PRI, Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

5 Ver al respecto el documento Cálculo del Gasto en Defensa y Seguridad – GSD.

6 Vale la pena aclarar que el siguiente artículo hace parte de un trabajo de mayor amplitud que se encuentra en curso para una publicación futura del equipo ODECOFI del CINEP/PPP.

Notas

*Diego QuirogaJoven Investigador de ODECOFI


¡Click, Afecta tu mundo! es un proyecto delCINEP-Programa por la Paz que busca incidir en la construcción de la paz desde la cotidianidad a partir de prácticas creativas enriquecidas en el

arte y la acción colectiva noviolenta.Para más información consulte:www.clickafectatumundo.com


Política

“Gracias, General Uribe,por salvar la patria”

¿Cómo se explica el éxito político de Uribe? ¿A qué se debe su alta popularidad durante ocho años?Análisis de las prácticas políticas de Uribe durante sus dos mandatos presidenciales: caudillismo, neopopulismo

y clientelismo.

Por Fernán González S.J.*

racias, general Uribe, por salvar la patria” decía en una de las pan-cartas de las 5000 personas que“G

salieron en Medellín a felicitar al presidente Uribe en su quincuagésimo octavo cumplea-ños y agradecerle también por las realizacio-nes de su gobierno en materia de seguridad. La leyenda refleja bastante bien la percepción de buena parte de la población colom-biana frente a sus logros. E igualmente la concepción de paz y democracia y el endurecimiento de buena parte de la opinión pública frente a cualquier salida negociada al conflicto.

En ese sentido, el gobierno de Uribe marca una ruptura fundamental frente a la política de gobiernos ante-riores con relación a la lucha armada y a la actividad política tradicional, pues terminó por copar todos los espacios de la vida política del país. De ahí la impor-tancia de analizar las características de ruptura y continuidad que representa la tra-yectoria política de Uribe en el contexto de la historia política de Colombia.

La excepcionalidad de Uribe en la historia colombiana

1854 y 1953-1957) y una revolución triun-fante (en 1861), la transición de los partidos en el poder se realizó en forma pacífica, por la vía electoral.

Obviamente, estas transiciones electo-rales pacíficas no excluyen el hecho de que los procesos políticos fueran altamente conflicti-vos, como lo atestiguan ocho o nueve guerras

civiles de carácter nacional e innumerables conflictos armados dentro de las regiones y localidades (González, 2006).

También hay que reconocer que esta historia electoral estuvo siempre lejos de ser democrática: los partidos como confedera-ción de elites u oligarquías, regionales y lo-cales, incorporaban de manera subordinada a las masas populares por mecanismos de corte clientelista logrando siempre neutrali-zar las tendencias de los caudillos o líderes políticos cuando ellos intentaban concentrar el poder en sus personas.

Imagen de http://noticias.latino.msn

Para contrastar el significado de Uribe en la historia colombiana, conviene recordar que nuestro país había estado exento tanto de los gobiernos de corte populista del Sur del continente y de los consiguientes golpes militares que los confrontaron como de la concentración del poder político en un caudi-llo mesiánico u hombre providencial (Pécaut, 2000; Palacios, 2001). Esta excepcionalidad colombiana se vio reflejada en una historia electoral casi ininterrumpida de dos siglos (Posada Carbó, 2006, pp.149-208): con la ex-cepción de dos cortos gobiernos militares (en

En ese sentido, los partidos jugaron, in-formalmente, el papel de contrapesos y equi-librios que debería haber representado, en teoría, la clásica división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial (Pécaut, 2008).En ese sentido, la concentración personalis-ta del poder en Uribe Vélez representa una

ruptura con la anterior historia política del país, aunque con con algunos rasgos de continuidad con el pasado.

Según nuestro parecer, su éxito polí-tico se explica porque responde a procesos de mediana y corta duración como la ex-pansión guerrillera hacia zonas centrales del país y la crisis de representación de los partidos tradicionales, así como el consi-guiente endurecimiento de la opinión pú-blica frente a los procesos de negociación con la guerrilla, particularmente por los abusos presentados en la zona de desmili-tarización en El Caguán.

Además, estos procesos de mediana y corta duración se enmarcan en el contexto de larga duración de la no resolución del conflic-to agrario en el caso colombiano y en el de la crisis de los mecanismos de la democra-cia representativa en el nivel mundial. Estos contextos explican, en buena parte, algunos de los desarrollos de la reforma constitucio-nal de 1991, que termina, de alguna manera, profundizando estas crisis, por paradójico que parezca.

En esa combinación de contextos, el punto de quiebre está marcado por el fracaso de las negociaciones de El Caguán: los abusos de la guerrilla en torno a la zona de despeje y la falta de una estrategia clara de negociación por parte del gobierno de Pastrana produje-ron el endurecimiento de la opinión pública frente a una salida negociada del conflicto armado y a la negación de sus aspectos polí-ticos, sociales, económicos e ideológicos.

La historia electoral estuvosiempre lejos de ser democrá-tica: los partidos incorporaban a las masas populares por me-canismos clientelistas logrando neutralizar las tendencias de los

caudillos o líderes políticos

“”.


Política

El fracaso de las negociaciones de El Caguán produjo el endurecimiento de la opinión pública frente a una salida negociada del conflicto armado.

Este reduccionismo, que interpretaba el conflicto actual meramente como un ata-que de narcoterroristas contra un Estado plenamente legítimo, condujo a privilegiar la dimensión militar y represiva y a bloquear cualquier intento de reformas sociales y eco-nómicas encaminadas a la solución integral del conflicto. Por otra parte, estas tendencias son congruentes con un modelo de desarro-llo agrario sin campesinado. Y se han visto fortalecidas por los avances de la seguridad democrática en las zonas más integradas del país rural y el consiguiente repliegue de las fuerzas guerrilleras hacia la periferia selváti-ca y las zonas fronterizas del país.

Una política “antipolítica”:maniqueísmo y mesianismo

orden preestablecido, de orden natural o racional, que refleja el orden divino; rastros del llamado del republicanismo a la política virtuosa al estilo de Mockus y Fajardo; y en-foques tomados de la Guerra fría, que mues-tran la coincidencia de las políticas de la seguridad democrática con la lucha de Bush contra el terrorismo islámico y las confronta-ciones con el sentimiento antiimperialista de Chávez, Evo Morales y Correa, que renuevan la mirada desde las perspectivas de la Guerra fría.

Esta combinación conduce a pensar la vida política como el enfrentamiento mani-queo entre el bien y el mal (Lechner, 1992) lo que abre el camino a la aceptación de líderes mesiánicos y populistas, autoproclamados como verdaderos representantes del pueblo y encarnación del bien común. Esto lleva a ve-ces a la descalificación del adversario como encarnación del mal que hay que eliminar y a deslegitimar la actividad política como bús-queda colectiva para la construcción de solu-ciones a los problemas, ya que se considera que esas negociaciones políticas son esencial-mente corruptas: los políticos profesionales son vistos como dedicados exclusivamente a promover sus intereses egoístas y asegurar su propia reducción, muy lejanos de los intereses de los grupos y personas que dicen representar. De ahí que se rechace

Sin embargo, estos relativos avances han estado acompañados de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, “falsos positi-vos” y hostigamiento a grupos disidentes y opositores. Todo ello, además, ha producido una subordinación de la política internacio-nal a la lucha contrainsurgente, con las evi-dentes consecuencias para las relaciones con Ecuador y Venezuela. Y lo mismo ha ocurrido con las políticas sociales, las relaciones con la oposición, el manejo del desplazamiento forzado y los derechos humanos, que se han pensado siempre en relación con la dinámi-ca contrainsurgente. Sin embargo, a pesar de estos problemas, el presidente Uribe termina sus dos períodos de gobierno con un aura de popularidad inusitada en la historia política colombiana.

El reduccionismo que interpre-taba el conflicto actual como un ataque de narcoterroristas contra un Estado legítimo, priviliegió la dimensión militar y represiva y bloqueó cualquier intento de re-formas encaminadas a la solución

integral del conflicto

“

”.

Además de los innegables éxitos de la se-guridad pública, esta popularidad refleja mu-cha sintonía con los hábitos de pensamiento que predominan en la sociedad colombiana y reflejan un estilo moralista y antipolítico de cultura política, que combina diversas con-ceptualizaciones de la vida política: vestigios de la idea escolástica de la política como bús-queda del bien común en conformidad con un

todo intento organizado de actividad políti-ca y se busque elegir como representantes a personajes sin ninguna vinculación política partidista, apelando a su carácter “indepen-diente” o “cívico”: se contrapone así la socie-dad política concreta a una incontaminada “sociedad civil”, sede de todas las “virtudes públicas”, por encima de los intereses egoís-tas de los grupos de presión.

Las coincidencias de las políticas de Bush y Uribe y su confrontación con las de Chávez Moralesy Correa demuestran que el concepto de Guerra Fría hace parte de la cultura política actual.

Las relaciones de Uribe con la política tradicional

Este contexto cultural explica la acogida de la opinión pública a la propuesta de Uribe frente a la insurgencia guerrillera, descalifi-cada por sus abusos en El Caguán, su recurso a la extorsión y al secuestro y su creciente involucramiento en las actividades relaciona-das con el cultivo y el comercio de drogas de uso ilícito.

Sin embargo, otro de los componentes de la política de Uribe terminaría por evidenciar un aspecto no considerado de la carencia del monopolio estatal de la fuerza: la reinserción política y económica de los grupos paramili-tares, centrada en la negociación de las penas de los delitos que confesaran individualmen-te, dejaba de lado el problema político de las relaciones de estos grupos con el narcotráfico, con los grupos locales y regionales de poder


Política

y los grupos de interés. Sin embargo, la sen-tencia de la Corte Constitucional y las inves-tigaciones de la Corte Suprema de Justicia encarecieron los costos de esta negociación y condujeron al gobierno de Uribe a la sin sali-da de la llamada ‘parapolítica’.

Estas relaciones entre paramilitares y poderes locales y regionales evidenciaban los problemas que la política realmente existen-te planteaba a los intentos del ejecutivo. Esas tensiones se habían iniciado de tiempo atrás, en la primera campaña presidencial de Uribe, que mostraba una postura muy moralizante y descalificadora de la clase política como co-rrupta y clientelista, concretada en sus pro-puestas como la revocatoria del mandato y el sistema unicameral (Gutiérrez, 2006, pp. 109-110). Pero la derrota de Uribe en el pri-mer referendo lo obligó a modificar su acti-tud (Ver artículo “Los avatares de la coalición uribista” en esta misma edición) para empe-zar a negociar con la clase política tradicional de donde había surgido, casi exactamente en

los mismos términos de la política normal del país, de tal manera que pudiera conseguir su apoyo a cambio de favores burocráticos (Pé-caut, 2006, pp 477-485).

Esta evolución marca una diferencia importante con otros líderes, igualmente me-siánicos del continente: a diferencia con los populismos de primera generación (Perón, Getulio Vargas, Haya de la Torre, Ibáñez del Campo) y de los neopopulismos de la segun-da generación (Fujimori, Menem, Chávez y Correa) (Mackinnon, 1999, pp. 47-48; Junco, 1994, pp. 11-20), en Colombia no se presenta una erosión total de lospartidos sino el debi-litamiento gradual de su influencia en el nivel nacional acompañado por una creciente au-tonomía de los jefes regionales y locales fren-te a las directivas nacionales de los partidos (González, 2008).

De izquierda a derecha: Álvaro García, Muriel Benito Re-vollo, Eric Morris, Salvador Arana y Jairo Merlano, políticos detenidos en 2006 por sus vínculos con paramilitares.

Imagen de www.semana.com

Pero la consecuencia perversa de este cam-bio es la alianza de Uribe con los grupos más corruptos, opuestos a las reformas sociales y económicas y más cercanos a narcotrafican-tes y paramilitares, como se evidencia en las investigaciones y juicios de la llamada ‘para-política’.

En Colombia no sepresenta una erosión total de los partidos sino el debilita-miento gradual de su influen-

cia en el nivel nacional

“”.

Esa autonomía de los poderes regionales y locales y su dependencia frente a la burocracia y el gasto público del Estado central, es aprovechada por Uribe para profundizar la crisis que se venía gestando dentro de los par-tidos, especialmente en el liberal. La relación de Uribe con la clase política tradicional hizo evidente que los parti-dos tradicionales eran, en realidad, dos confederaciones de facciones y grupos regionales y locales de poder, con re-laciones muy diferenciadas frente al ejecutivo central. El endurecimiento de los jefes locales y regionales frente a la insurgencia y a las salidas negocia-

das al conflicto coadyuvó para que la propuesta de Uribe produjera una ruptura de la frágil coalición de las tendencias nacionales, facciones y grupos regionales de poder, que se agrupaban bajo el paraguas común del partido liberal. Y, después de dis-tanciarse de su original posición anti-política, Uribe aprovechó muy hábil-mente la reforma política impulsada por sectores de la oposición liberal en 2003 para obligar a sus parlamen-tarios a agruparse en pocos grupos mucho más cohesionados y discipli-nados, como el Partido de la U y el partido conservador.

Sin embargo, esas agrupaciones representan prácticamente a la misma clase política tradicional pero agrupada de otra manera, más descentralizada pero menos au-tónoma frente al ejecutivo nacional, de cuyas prebendas burocráticas depende totalmente, como se ha visto en el caso de la “Yidispolíti-ca” y la feria de las notarías. Por eso, paradó-jicamente, el resultado de esta rearticulación de poderes regionales y locales y de la fusión de estilos políticos, ha sido una concentra-ción del poder en manos del presidente, nun-ca antes vista en la historia política del país.

¿Es Uribe neopopulista?

Esas alianzas con la clase política tra-dicional distancian a Uribe de populistas y neopopulistas, con los cuales comparte la apelación directa al pueblo, no convocado por medio de los partidos sino mediante la reunión de los llamados consejos comuna-les y el otorgamiento selectivo de subsidios a sectores marginados de corte clientelista como “familias en acción” y “familias guar-dabosques” y la ampliación de los cupos del SENA. Estos auxilios locales y regionales son presentados como resultado de la benevolen-cia del ejecutivo y de su cercanía a los proble-mas cotidianos de la población, para compen-sar, en un estilo muy similar al neopopulismo del presidente Fujimori en el Perú, a políticas de flexibilización laboral y de exenciones tri-butarias favorables a los grandes capitales.

Esta caracterización de las políticas del presidente Uribe como neopopulista (de la Torre, 2005, 37) se basa en su estilo de búsqueda de relación directa con la pobla-ción, no mediada por los partidos ni por los funcionarios estatales: su hábil manejo de los medios masivos de comunicación (ver artículo “Uribe Tevé” en esta misma edición), combinado con los diálogos con grupos espe-cíficos de pobladores se hacen evidentes en los consejos comunales, que se convierten, prácticamente, en el escenario privilegiado de los encuentros entre el poder y el pueblo, a semejanza con fenómenos como el progra-ma “Aló Presidente”, de Hugo Chávez.

Las nuevas agrupacionespolíticas representan la misma po-lítica tradicional pero agrupada de manera diferente, más decentrali-zada pero menos autónoma fren-

te al ejecutivo nacional

“”.


Según José Obdulio Gaviria (2004, 213; 2006, pp. 69-72 y 213-216; Uribe, 2002), consejero del ré-gimen, se trataría de mecanismos de una especie de democracia directa en la que el gobernante se encuentra con la comunidad en vivo y en direc-to: se presenta así una idea de un Estado que trata de romper la barrera entre lo público y lo privado, para que la comunidad participe presentando directamente sus problemas al mandatario. Para este autor, esas asambleas comunitarias representan una superación de la oposición entre la democracia participati-va y representativa, que no se agotan en la mediación de los partidos, a la cual comple-mentan.

A esta combinación entre guerrerismo, populismo y clientelismo, hay que añadir el éxito de un estilo político y administrativo, de corte microgerencial y muy personalista, que no pasa por los partidos ni por los fun-cionarios del propio gobierno, que son pre-sentados como los responsables de las fallas administrativas pero no de sus éxitos, que se muestran como resultado directo de la ad-ministración del presidente Uribe. Por otra parte, estos éxitos son amplificados por un excelente manejo mediático, que hace un uso inmediato de la radio y la televisión para salir constantemente al aire y proyectar la imagen de un presidente dispuesto siempre a poner-le la cara a los problemas.

Política

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El éxito de la política de Uribe: la ade-cuación a la presencia diferenciada del Estado

En resumen, las estrategias políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez muestran una hábil combinación de distintos lenguajes, es-tilos políticos y lógicas de actividad, que co-rresponden a la manera diversa a como fun-cionan las instituciones estatales: conjuga la negociación clientelista más tradicional fren-te a la clase política tradicional representada en el Congreso, como una interlocución más directa con los gremios empresariales de tipo más moderno, a los que concede exenciones muy generosas en el sistema tributario y grandes subsidios como los de Agro Ingreso Seguro a favor de losterratenientes eventual-mente afectados por el posible TLC.

Al tiempo se presenta, ante el electora-do independiente, como un gobernante efi-caz ajeno a los tejemanejes de la clase políti-ca tradicional, corrupta y clientelista. Y para los sectores populares, muestra una faceta de

benefactor con sus políticas de corte pater-nalista. Estos estilos políticos son reforzados por maniobras de corte populista, que pre-tenden presentarse como una interlocución directa de la persona del presidente con el pueblo. Todo esto es amplificado y divulgado por un hábil manejo de los medios masivos de comunicación (González, 2008).

En contraste con la mirada homogénea de la política, el estilo político del presidente Uribe Vélez responde a la diversidad de ti-pos de legitimidad política que coexisten en el contexto político colombiano mostrando cómo las prácticas modernas y tradicionales, o ciudadanas y clientelistas de hacer política no son tan incompatibles (Escalante, 1995). Sin embargo, esa combinación de estilos polí-ticos no está exenta de tensiones, que pueden terminar por hacer inviable el modelo. Es cla-ro que la articulación de Uribe con la política realmente existente en regiones y localidades produjo el grave problema de cómo rearticu-lar y reintegrar los poderes locales y regiona-les afectados o producidos por el impacto del conflicto armado, poderes apoyados por los señores de la guerra de los grupos parami-litares, algunos de ellos pedidos en extradi-ción por el gobierno de los Estados Unidos, de manera que puedan a la vez garantizar la vida democrática y el desarrollo de las regio-nes al tiempo que fortalecen las instituciones del Estado. Las investigaciones de la fiscalía general y de la Corte Suprema contra sus funcionarios y aliados están mostrando cla-ramente esas contradicciones.

Referencias

• Gaviria, José Obdulio, 2006, A Uribe lo que es de Uribe, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano.• González, Fernán, 2006, Partidos, guerras e Igle-sia en la construcción del Estado-Nación en Colom-bia, Medellín, La Carreta editores.• González, Fernán, 2008, “El retorno de los caudi-llos en Iberoamérica” en Adolfo Chaparro, Carolina Galindo y Ana María Sallenave, editores, Bogotá, Estado, democracia y populismo en América Latina, Universidad del Rosario y CLACSO.• Gutiérrez, Francisco, 2006, “Estrenando sistema de partidos”, en Análisis Político, # 57, mayo-agosto de 2006, pp. 109-110.• Junco, José Álvarez , 1994, “El populismo como problema”, en José Álvarez Junco y Ricardo Gonzá-lez Leandri, compiladores, El Populismo en España y América, Madrid, Editorial Catriel.• Lechner,, Norbert, 1992, “¿La Política puede y debe representar a lo social?” en Mario Dos Santos, coordinador, ¿Qué queda de la representación polí-tica?, Caracas, CLACSO y Nueva Sociedad.• Mackinnon, María Moira, 1999, “Introducción. Los complejos de la Cenicienta” en María Moira Mackinnon y Mario Alberto Petrone, compiladores, 1999, Populismo y neopopulismo en América Lati-na. El problema de la Cenicienta, Buenos Aires, Eu-deba, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.• Palacios, Marco, 2001, “Presencia y ausencia de populismo: para un contrapunteo colombo-venezo-lano”, en Marco Palacios, 2001, De Populistas, man-darines y violencias. Luchas por el poder, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano.• Pécaut, Daniel, 2000, “Populismo imposible y Violencia”, reproducido en 2001, Guerra contra la Sociedad, Bogotá, Editorial Planeta Colombiano.• Pécaut, Daniel, 2006, “El presidente Uribe y el referendo”, en Daniel Pécaut, 2006, Crónica de cua-tro décadas de política colombiana, Bogotá, Grupo editorial Norma, pp. 477-485.• Pécaut, Daniel 2008, “Ciudadanía e instituciones en situaciones de conflicto” en Fernán E. González, editor, Hacia la reconstrucción del país. Desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el con-flicto armado, Bogotá, ODECOFI, CINEP y COLCIEN-CIAS, Bogotá.• Uribe, Álvaro, 2002, Del escritorio de Uribe, Me-dellín, Libros del IELA, passim.

*Fernán GonzálezDirector de ODECOFI-


• De la Torre, Cristina, 2005, Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia, Medellín, Ediciones La Carreta.• Escalante, Fernando, 1993, Ciudadanos Imagina-rios, El Colegio de México, México y 1995, “Cliente-lismo y Ciudadanía en México”, en Análisis Político # 26, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bo-gotá, diciembre de 1995.• Fernán E. González, 2008, “El retorno de los cau-dillos en Iberoamérica” en Adolfo Chaparro, Caroli-na Galindo y Ana María Sallenave, editores, Estado, democracia y populismo en América Latina, Bogotá, Universidad del Rosario y CLACSO.• Gaviria, José Obdulio, 2004, Reelección. Que el pueblo decida, Bogotá, Ed. Planeta Colombiano.

No. 70 | agosto - noviembre 2010 | No. 70 | agosto - noviembre 2010 || www.cinep.org.co | | www.cinep.org.co | 1918

Política

Los avatares de la coalición Uribista

Aunque suele pensarse que Álvaro Uribe gobernó durante dos períodos junto a un legislativo subordinado a las directrices del ejecutivo, se presentan cinco coyunturas a la luz de las cuales el mandatario debió trenzar densas negociaciones con las fuerzas políticas, lo cual demuestra que el uribismo no expresó tanto una unidad homogénea de partidos y líderes, sino que constituyó una coalición conflictiva y en permanente construcción. La composición de la coalición oficialista varió significativamente y el Presidente adoptó tonos diferentes con

respecto a la clase política en los ocho años de gobierno.

De antipolítica.Durante la primera campaña presidencial, Álvaro Uribe Vélez buscó posicionarse como un anti-político divorciado de los partidos tradicionales. Amenazó incluso con revocar el Congreso de la República, por considerarlo un foco de corrupción. Sin lugar a dudas, la estrategia de la anti-política resultó fundamental para diferenciarse de su principal contendor, Horacio Serpa, quien llevaba a cuestas el descrédito del Partido Liberal. Empero,

después del fracaso del referendo de 2003 y del trámite exitoso de la reforma po-lítica del mismo año, Uribe bajó su tono desafiante y desistió rápidamente de su ademán retador, cuando necesitó el respaldo de los congresistas para aprobar iniciativas de suma importancia, como el Plan de Desarrollo y las reformas tri-butaria, pensional y laboral.

Por María Clara Torres y Victor Barrera*

Y parapolítica.Pese a esta inicial actitud bravucona, Uribe tenía una sintonía vital con una por-ción significativa de la cla-se política colombiana. Su propuesta de seguridad de-mocrática captaba muy bien la resistencia de la dirigencia política frente a los diálogos con la guerrilla. Las campañas al

Congreso y a la Presidencia del año 2001 y 2002 se desarrollaron en medio de prolíficas reacciones de la clase política regional contra los diálogos de paz del Caguán y a favor de una salida política.Dichas aspiraciones de los políticos regionales se cristalizaron en una decena de pactos con jefes paramilitares de los cuatro rincones del país. Como lo evidenciaron las investigaciones periodís-ticas y judiciales sobre la parapolítica, los acuerdos firmados entre 2001 y 2002 en Puerto Berrío, Chivolo, Pivijay, San Ángel, Necoclí y en el Nudo de Paramillo se configuraron en verdaderos tratados de mecánica política entre caciques regionales, narcos y paras. Los pactos trazaban potentes estrategias para configurar una mayoría en el Congreso de la República y respaldar una candidatura presidencial. Así las cosas, la sintonía del discurso antinsurgente de Uribe con la resistencia de la clase política a los diálogos de paz con las FARC, resultó fundamental a la hora de construir el mapa de sus aliados en el Congreso de la República.

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Política

La segunda reelección.La discusión sobre la posibilidad de una segunda reelección del presidente

Uribe constituyó otro elemento que resquebrajó la coalición uribista, so-bre todo por las aspiraciones presidenciales de miembros de la coali-

ción como Germán Vargas Lleras —que se tradujo en el distancia-miento del partido político que la encabezaba: Cambio Radical.

Vargas Lleras que en 2002 había abandonado la campaña de Horacio Serpa para apoyar la aspiración de Álvaro Uribe y

que había respaldado, a regañadientes, el trámite de la primera reelección—expresó abiertamente, en enero de 2009, sus aspiraciones presidenciales

y la inconveniencia de un tercer período de Álvaro Uribe. Al respecto afirmó que no se sentía comprometido con una nueva reelección, pues le parecía inconveniente para el país y para el

propio presidente. Igualmente, la entonces congresista Gina Parody, una de las más leales colaboradoras del presidente, anunció su renuncia senatorial precisamente por desavenen-cias con el gobierno en el tema de la reelección.

La reforma política de 2009.Ante tal resquebrajamien-to de la coalición el ejecuti-vo impulsó, por medio del Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, una refor-ma política que, en vez de establecer los mecanismos

necesarios para castigar a los parapolíticos por medio de medidas como la silla vacía, promovió el reacomodamiento de las mayorías uribistas al permitir, por espacio de dos

meses, el transfuguismo político. A pesar de este esfuerzo, la debilidad de la coalición se hizo aún más evidente en la

elección de las mesas directivas del Congreso en julio de 2009, cuando estalló una rebelión política de parte del partido de La U al considerar que el gobierno, específicamente Valencia

Cossio, no había hecho lo suficiente para mantener la unidad uribista. Luís Carlos Restrepo, el entonces presidente de la colectividad, dijo que la coalición estaba rota, contrario a lo que

expresaba el Ministro del Interior, refiriéndose al incumplimiento de parte de Cambio Radical de los acuerdos que se habían establecido con los demás partidos que la componían.

*María Clara Torres y Víctor BarreraInvestigadores de ODECOFI-CINEP/ Programa por la Paz

3 La Ley de Justicia y Paz.Luego de haber presentado el proyecto de alternatividad penal en 2003, por el cual se dictaban las disposiciones para la reincorporación de los grupos armados al margen de la ley con altas dosis de impunidad y bajos niveles de reparación, y después de haber inten-tado conciliar con el Congreso la presentación de un proyecto de ley común, el Gobierno debió encarar la oposición de varios congresistas de su coalición sobre la aprobación de una ley que respaldara jurídicamente el proceso de negociación con los paramilitares. En 2005, se presentaron un total de nueve proyectos de ley al Congreso, indicador bastan-te elocuente de las divergencias que existían respecto al tema. Al final, se estudiaron dos ponencias paralelas: una presentada por el gobierno cuyo ponente fue Mario Uribe (primo

del Presidente ahora investigado por reunirse con Salvatore Mancuso), y otra por Rafael Pardo y Gina Parody. Aunque se aprobó el pro-yecto de ley del gobierno, que incluía los controvertidos artículos 61, sobre la no extradición de los paramilitares, y 64, que consideraba el paramilitarismo como delito político (ambos, posteriormente, declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional), el trámite le reportó altos costos políticos al ejecutivo con el distanciamiento de importantes figuras de la coalición como Parody y Pardo.

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Víctimas en el cálculo político

Por Fernando Sarmiento*

Legislar de espaldas a las víctimas y no dar el debate político ante los principales afectados del conflicto armado colombiano y sus defensores fue la característica constante del gobierno de Uribe en sus ocho años de perma-nencia en el poder. Así, los derechos de las víctimas se fueron internando en un limbo, mientras el Ejecutivo

presentaba las normas diseñadas como un éxito y modelo digno de imitar a nivel mundial.

l controvertido Eduardo Pizarro fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de laE

Legislar de espaldas a las víctimas y no dar el debate político ante los principales afectados del conflicto armado colombiano fue la característica constante del gobierno de Álvaro Uribe.

prefería la imposición de restricciones bajo el argumento fiscal y de suficiencia legislativa.

La segunda tensión está referida a los mecanismos de visibilización y reconoci-miento de las víctimas: una amplia moviliza-ción ciudadana contra las FARC y en abierto rechazo a la práctica del secuestro, frente a una movilización reivindicativa de los dere-chos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

Finalmente, la tensión que representa el asunto de la paz y la reconciliación frente a los procesos de justicia, en un contexto que no da cuenta clara del desmonte de estructu-ras paramilitares, del triunfo definitivo sobre las guerrillas de las FARC y el ELN y del con-trol de prácticas ilegales de organismos de seguridad y de la fuerza pública estatal.

Corte Penal Internacional en noviembre de 2009. En sus declaraciones a la prensa dijo: “Es un reconocimiento hecho a Colombia y a la política de reparación a las víctimas, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconci-liación como una experiencia valiosa a nivel internacional y me parece de enorme im-portancia que Colombia tenga presencia en estos espacios para aprender con humildad de otras experiencias internacionales y para aportar su propia experiencia donde hay un proceso de victimización y poca capacidad institucional como ocurre en muchas nacio-nes de África” (Semana.com, 2009).

Las víctimas y el conjunto de las organi-zaciones sociales se sorprendieron con este nombramiento, pues para ellas era inconce-bible semejante reconocimiento, mientras que la normatividad establecida presentaba serias restricciones económicas, administra-tivas y políticas para acercarse a los están-dares de reparación integral establecidos en las instancias internacionales de derechos humanos y, menos aún, que este modelo de reparación fuera replicado en otros países como exitoso y digno de imitar.

Este hecho, entre muchos otros seme-jantes, da cuenta de la configuración de un campo de tensión en la opinión pública en torno al tratamiento normativo de la situa-ción de las víctimas del conflicto armado en el que participaron parlamentarios, funcio-narios de gobierno, organizaciones defen-soras de los derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones de víctimas y miembros de organismos internacionales a lo largo de los períodos de Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010).

Se pueden identificar, al menos, tres lí-neas de tensión: la primera —y quizá la más amplia y compleja— es la pugna política que se dio entre una tendencia al reconocimiento amplio de los derechos de las víctimas y la que

El costeo político de la normatividad

En junio del año 2009 el Congreso de la República decidió hundir el proyecto de Ley de Víctimas que durante dos años hizo trámite legislativo. La orden procedía di-rectamente del Ejecutivo nacional. El co-municado del 18 de junio de la Secretaría de Información y Prensa Presidencial (SP) registra: “El Gobierno Nacional, en reunióncon algunos proponentes del Proyecto de Ley de Víctimas, ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior

a los $80 billones crearía un trauma irrepa-rable a las finanas del Estado, haría imposi-ble la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del mo-mento (Caracol radio, 2009).

Las declaraciones públicas del mismo Presidente en esos días calificaban a la ley de víctimas como un golpe a la política de segu-ridad democrática por igualar a policías y sol-dados con los terroristas (Presidencia, 2009).

Las reacciones de los proponentes del proyecto no se hicieron esperar. El sena-dor liberal Juan Fernando Cristo afirmó a la prensa que “El Gobierno está demos-trando que le interesan más los victima-rios que las víctimas; y esto se ve en que se aprueba el principio de oportunidad1 para beneficiar a los paramilitares des-movilizados pero no se hizo lo mismo con la ley que resarcía a las víctimas”.

Cuatro años atrás, en junio de 2005, el legislativo había promulgado la Ley 975 con el objeto de “facilitar los procesos de

Paz

Las declaraciones públicasdel Presidente calificaban a la ley de víctimas como un golpe a la política de seguridad demo-crática por igualar a policías y

soldados con los terroristas

“”.


Paz

paz y la reincorporación individual o colecti-va a la vida civil de miembros de grupos ar-mados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la jus-ticia y la reparación” (Diario oficial 45.980, 2005).

Izquierda: Senador Juan Fernando Cristo. Derecha: Uribe Vélez en un con-sejo en Mompós, en el que afirmó que la ley de víctimas era impagable.

En julio de 2005, el legislativopromulgó la Ley 975 para faciltar los procesos de paz y la reincorpo-ración a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la jus-

ticia y la reparación

“

”.Esta ley, más conocida como Ley de Jus-

ticia y Paz, contiene en su objeto la garantía de los derechos de las víctimas. Los artículos 4 a 8 presentan tanto la definición de víctima como la de cada uno de sus derechos. En el marco de esta ley, a tres años de su vigencia, se emitió en abril de 2008 el decreto 1290 con el que se establecieron las medidas para la reparación in-dividual por vía administrativa de las víctimas de grupos armados al margen de la ley.

Estos dos documentos han sido los referentes centrales en materia de atención a víctimas en el país, no obstante la existencia de otros textos emitidos por este gobierno y re-lacionados con los temas del desplazamiento (Sentencia T-25 de 2004), desaparición for-zada (Conpes 3590 de junio de 2009), tierras y restitución de bienes (Decreto 176 de 2008 y Estatuto de Desarrollo Rural –EDR o Ley 1150 de 2007), por mencionar algunos.

La cuestión, para el presente análisis, no se centra tanto en el escenario de la nor-matividad, sino en el escenario político des-atado a raíz de la normatividad misma. La puja entre los sectores sociales y políticos fue —y sigue siendo— por el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Por un lado, las organizaciones de víctimas y ONG manifesta-ron de forma constante la necesidad y obliga-toriedad del Estado al reconocimiento pleno de los derechos. Esta postura fue reforzada por la comunidad internacional mediante la apelación a la normatividad internacional en la materia. Por otro lado, el gobierno nacional buscó una normatividad restringida de los

derechos, bajo el argumento de su viabilidad fiscal y administrativa.El partido liberal, principal abanderado del tema en el Congreso de la República, tendió por su parte hacia una postura intermedia entre las dos extremas. Los parlamentarios liberales sumaron a la motivación de reco-nocer los derechos el compromiso político con sectores sociales regionales, sectoriales y partidistas de respaldar la causa de las víc-timas del conflicto armado, más aún cuando se trataba del partido en oposición más im-portante del momento, lo que incrementaba el interés político de debatir un tema sensible para el gobierno.

Por el lado del gobierno, los cálculos para la reparación a las víctimas resultaban onerosos. Más cuando la inversión de sus re-cursos se orientó a sostener los costos de la

desmovilización paramilitar y la política de persuasión a la deserción de la insurgencia y la continuidad y fortalecimiento del es-quema de contención militar de la guerrilla, lo que ha acarreado, por supuesto, un altísi-mo gravamen por el pie de fuerza oficial. La pregunta que todo el mundo se ha hecho es cómo se coteja este argumento oficial con lo dispuesto en el Fondo para la Reparación de las Víctimas manejado por Acción Social. Cuál es el balance de las cuentas y cuál es a ciencia cierta el saldo financiero de responsabilidad estatal, contemplado en el decreto 1290.

Según las fuentes oficiales, un total de 281.661 víctimas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta mis-ma fuente informa que a finales de 2010 se ha-brá girado a las víctimas un total de $500.000 millones de pesos por reparación administra-tiva. Es decir, a razón de $1´775.183,64 por víctima, si fuera de repartirse por igual a cada persona como en una fila, para caricaturizar

absurda realidad que las víctimas enfrentan.El Fondo de Reparación ha logrado re-

caudar 35.326´556.773,00 (Alto Comisio-nado para la Paz, 2010), representados en bienes muebles e inmuebles, semovientes, automotores, aeronaves, embarcaciones, so-ciedades, algo de efectivo, etc. Es decir, poco o nada. Así las cuentas, el Estado requeriría entre 40 o 50 años para reparar a las víctimas del país. Las 281.661 víctimas son las regis-tradas en la Fiscalía, pero las organizaciones sociales y las entidades oficiales coinciden en una cifra de 4 millones de víctimas del con-flicto armado en Colombia, dato que aún se queda corto si sólo los desplazados por la violencia superan este número.

Las organizaciones socialesy las entidades oficiales coinciden

en una cifra de 4 millones de víctimas del conflicto armado

en Colombia

“”.

Así las cosas, el asunto no es meramente fiscal sino también de orden administrativo, político y so-cial. El Gobierno en Colombia se pre-paró durante los últimos diez años para hacer la guerra, pero no para asumir los costos sociales y econó-micos de sus efectos. Se nomina en el discurso normativo, impreso con claridad en el papel, los derechos de

las víctimas y la garantía de su cumplimiento, pero no existen las condiciones instituciona-les, en los distintos ámbitos territoriales, para llevarlo a cabo. El costo político de la norma-tividad hasta ahora emitida consiste en sacri-ficar a los millones de víctimas existentes, a pesar de los requerimientos internacionales, a cambio de darle sostenibilidad a la política de seguridad que probablemente demandará


Paz

la concentración de los esfuerzos del Estado por muchos años más.

De este modo, la tensión de las opinio-nes parece trenzarse en un asunto que no se resolverá administrativamente en el corto o mediano plazo. El reconocimiento de los derechos de las víctimas de forma amplia e integral tendrá que esperar muchos años más. Mientras tanto, se impone por la vía de la administración una fórmula restrictiva fundamentada en la apuesta de la política del uribismo, que se extiende en el tiempo. Entre tanto, como está dicho, la campaña gu-bernamental que pretende presentar ante el mundo la política de atención a víctimas en Colombia como única y exitosa refuerza la justificación del gobierno de aplazar una ver-dadera resolución del problema en el corto plazo.

El valor simbólico de la movilización

Dada esa situación, adquiere especial importancia este segundo aspecto en el ba-lance. El recurso del que tanto víctimas como familiares disponen para hacer visible su realidad es el de la movilización. En tanto el Ejecutivo y sus delegados en el Congreso legislaban sin dar el debate con las víctimas respecto a sus requerimientos, las calles y los recintos se saturaban de carteles y aren-gas exigiendo verdad, justicia, reparación y protección de la vida frente a las constantes amenazas y homicidios que se cometían (que aún se cometen)2.

Las bases de datos del CINEP/Programa por la Paz registraron durante los últimos diez años un incremento importante en el país de la movilización de las víctimas y sus organizaciones de apoyo (CINEP/Progra-ma por la Paz, 2009)3. Sus demandas se han orientado a la defensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y exigencias directas al Estado para que garantice el cum-plimiento integral de sus derechos, entre los que se contabilizan exigencias por despojo de tierras, violación al DIH y a los derechos fun-damentales, etc.

El recurso que tantovíctimas como familiares dispo-nen para hacer visible su realidad es el de la movilización. Sus de-mandas se han orietado a la de-fensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y exi-

gencias directas al Estado

“

A su vez, tal movilización se ha dado también en torno a la búsqueda de alternati-vas a la violencia, construcción de planes de vida, procesos de dignificación de las vícti-mas, recuperación de la identidad, procesos organizativos y de articulación y reconstruc-ción del tejido social. Diversos sectores so-ciales han sido victimizados: mujeres, indí-genas, negritudes, campesinos, sindicalistas, empresarios, comerciantes, LGBT, funciona-rios públicos, defensores de DDHH. Gente de todas las edades y estratos sociales que han sido víctimas de homicidios, desapariciones, masacres, secuestros, extorsiones, amenazas, desplazamiento forzado, minas antiperso-nales, “falsos positivos” (ejecuciones extra-judiciales), despojo de tierras y de bienes, violaciones, agresiones, etc. en una lista que desborda el límite de las atrocidades humanas.

Pero, a su vez, esta movilización de las víctimas y de los sectores que las apoyan presenta en su interior, además de gran va-riedad de sectores y formas de victimización, diversidad de opiniones que se expresan en la plaza pública. Durante el gobierno de Uri-be se han presentado dos principales formas de la movilización: manifestaciones en contra del secuestro —que han sido a su vez una for-ma de rechazo a las FARC— y acciones que exigen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, además de las demandas de protección de la vida. La gráfica (abajo) muestra la propor-cionalidad de motivos de las movilizaciones (Un análisis más detallado de estos proce-sos se hace en el artículo Movilización por

la paz: el papel de las víctimas en esta misma edición).

Las marchas del 4 de febrero y la del 6 de marzo del año 2008 son representativas de esas dos formas de movilización. La pri-mera expresa el sentir de la ciudadanía fren-te al secuestro y su principal perpetrador, las FARC. La segunda recoge las expresiones de los sectores sociales afectados por otros motivos de la violencia. Las manifestaciones en torno al secuestro se han concentrado en las principales ciudades y capitales del país, mientras que las movilizaciones por los de-rechos en general proceden de las regiones y los municipios, en la mayoría de los casos de zonas afectadas por la violencia.

En el conjunto de la opinión pública se ha venido dando un proceso de polarización social, al que se han integrado las dos formas de movilización comentadas. Las manifes-taciones contra las FARC se relacionaron al discurso oficial de desprestigio de la guerri-lla, mientras que las reivindicaciones por los derechos fueron asimiladas al discurso de la oposición, incluso al de los “terroristas”. Por su parte, la prensa favoreció el discurso ofi-cial, dándole mayor despliegue al tema del secuestro y reforzando el desprestigio de la guerrilla, provocando con ello la marginali-dad ante la opinión pública del conjunto de las demandas sociales sobre los efectos de la violencia que, como lo muestra la gráfica, es de importantes proporciones.

Con ello se ha provocado que las movi-lizaciones sociales también hagan parte del campo de disputa política para la opinión

”.

Motivos de paz negativa en la movilización social en ColombiaACP 2002 - 2008

Fuente: DATAPAZ, CINEP/ Programa por la Paz

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Asesinatos, masacres y desapariciones Ataques a población y/o bienes civiles

Inseguridad y violencia generalizada Secuestros y retenciones


Paz

pública, escenario en el que se han reforzado las posi-ciones de legitimación de las políticas oficiales y el descrédito de las opiniones adversas, lo que redunda negativamente en el recono-cimiento y visibilización de la realidad de las víctimas del conflicto armado y sus derechos. No obstante, la movilización sigue siendo el recurso disponible de las víctimas y sus organizacio-nes para poner en la opinión su situación. En este sentido aún hay trecho por recorrer en Colombia, donde la situa-ción de violencia persiste y el conflicto arma-do sigue siendo noticia de cada día.

La marcha del 4 de febrero de 2008 expresó el sentir de la ciudadanía frente al secuestro y su principal perpetrador, las FARC y se concentró en las principales ciudades del país.

El saldo social de la reconciliación yla paz

El balance hasta el momento va arro-jando dos conclusiones importantes: en pri-mer lugar la ausencia de una normatividad favorable al reconocimiento pleno e integral de los derechos de las víctimas y una insti-tucionalidad que la promueva y la sostenga. En este sentido, está en vilo lo que pueda suceder con el nuevo Congreso instalado el pasado 20 de julio y con el comportamiento del nuevo Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en esta materia. En segundo lugar, se cuenta con un proceso de fortaleci-miento organizativo y de articulación de las víctimas, que se expresa en la capacidad de movilización pública y la demanda de sus de-rechos. El asunto es avanzar en la configura-ción de una opinión pública favorable a la paz y al reconocimiento positivo de la situación de las víctimas.

El asunto es avanzar en laconfiguración de una opinión favorable a la paz y al reconoci-miento positivo de la situación

de las víctimas

“”.

En el marco de la Ley de Justicia y Paz se desmovilizaron a julio de este año 31.671 hombres y mujeres de las AUC.

2009). El proceso de re-conciliación en Colombia parece poner como con-dición avanzar en el escla-recimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. Los sectores más radicales tienden a este postulado, mientras las esferas ofi-ciales insisten en las vías pragmáticas para resolver el asunto de la reconcilia-ción, aunque en ello se en-frente a grandes dilemas éticos, como lo expresa el mismo Comisionado de Paz: “Hacemos esto por un bien superior que es la

paz. Estos temas de política pública no son fáciles porque presentan dilemas éticos en su concepción y en su ejecución y por eso hay que tener muy claro que trabajamos para los ciudadanos y por los bienes superiores, como en este caso, la paz” (Alto Comisionado para la Paz, 2010).

Para sectores como la Iglesia católi-ca, la paz no es posible sin la reconciliación, por ello se hace necesario avanzar en ambos sentidos de forma unificada en la sociedad: “El Acuerdo Nacional por la Paz y la Recon-ciliación busca que se suscriba un consenso por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el que se convengan unos Mínimos de Paz y Reconciliación que permitan superar los conflictos sociales y la confrontación armada que vive Colombia”.

De conjunto, para finalizar, en materia de víctimas, todavía es necesario recorrer el camino de la reconciliación y la paz, antes de cantar victoria con una normatividad y una política de atención al problema que ha mos-trado sus profundas carencias. Menos, pre-tender que un esquema semejante sea apli-cable a otros países que podrían encontrar mejores formas de resolver sus conflictos.

resultados obtenidos por la Ley de Justicia y Paz en términos de conocimiento de verdad dejan grandes dudas.

En el marco de la Ley se desmovilizaron a julio de este año 31.671 hombres y mujeres de las AUC, de un total de 53.037 militantes de grupos ilegales, entre los que se cuentan las guerrillas (CINEP/Programa por la Paz, 2009). De ese total, tan sólo 4.346 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los cuales 352 pertenecen a grupos distintos a las AUC. Tan sólo 1.514 de los 4.346 han ter-minado de dar versiones libres y 429 se en-cuentran en distintas etapas procesales ante-riores a la sentencia condenatoria.

De todo ello, finalizando el mes de junio de 2010, tras cumplirse cinco años de la Ley de Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Bo-gotá condenó los dos primeros paramilitares por la masacre cometida en Mampuján, co-rregimiento de María La Baja en Bolívar. Val-ga enunciarlos, los jefes paramilitares, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ (Verdadabierta.com, 2010). Dos de treinta y un mil. Es claro que se han presentado avances en el esclare-cimiento de la verdad, por ejemplo, cuando paramilitares en sus versiones han confesado hechos. A ello es necesario sumarle el trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacio-nal de Reparación y Reconciliación.

Las críticas de las organizaciones socia-les sobre el diseño y aplicación de esta ley muestran el descontento. Su balance afirma que tras el quinquenio de la ley el país se en-cuentra aún sin justicia y sin paz (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,

El balance muestra que queda aún un saldo pendiente: el de la reconciliación y la paz, que se encuentra ligado a la deuda de jus-ticia y a los requerimientos de verdad y repa-ración de las víctimas. La verdad y la justicia están en vilo. Dadas por contadas las limita-ciones al acceso a la verdad con la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, los


Paz

*Fernado SarmientoCoordinador del proyecto

Iniciativas de PazCINEP/ Programa por la Paz

Referencias• Alto Comisionado para la paz, 2010, “Avances en la ley de justicia y paz”, julio. Disponi-ble en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/index.asp• Alto Comisionado para la paz, 2010, “La invitación es que nos unamos para transitar hacia la reconciliación: Frank Pearl”, 22 de julio. Disponible en:http://www.altocomisio-nadoparalapaz.gov.co/web/noticias/2010/julio/julio_22_10a.html• Caracol radio, 2009, “El gobierno le pidió al Congreso hundir la ley de víctimas”, 19 de junio. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=831227• CINEP/Programa por la Paz, 2009, Informe especial, “El reto de las víctimas: el reco-nocimiento de sus derechos”, diciembre. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20Especial%20Cinep%20-%20PPP_%20Victimas.pdf• Diario oficial 45.980, 2005, “Ley 975 de 2005”. Disponible en: http://www.altocomisio-nadoparalapaz.gov.co/web/justicia_paz/documentos/Ley1_975.pdf• El Espectador, 2009, “Ley de víctimas se hunde ante presión del gobierno”, 18 de junio. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo146500-ley-de-victimas-se-hunde-presion-del-gobierno• Ministerio del Interior y de Justicia, 2008, Decreto No 1290 de 22 de abril 2008, 22 de abril. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6261.pdf• Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 2009, Sin justicia y sin paz, octubre. Disponible en: http://www.movimientodevictimas.org/images/stories/protec-cion/juridica_baja.pdf• Oficina del Alto Comisionado para la paz, 2010, “Buscando un equilibrio entre la justicia y la paz: avances y perspectivas de la Ley 975 de 2005”, junio. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/publicaciones/buscando%20equilibrio/Buscan-do%20un%20equilibrio%20entre%20la%20Justicia%20y%20la%20Paz.pdf• Presidencia, 2009, “Ley de Víctimas era impagable y le daba un golpe a la Seguridad Democrática”, 20 de junio. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/ju-nio/20/01202009.html• Semana.com, 2009, “Eduardo Pizarro elegido en fondo de víctimas de la CPI”, 19 de noviembre. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/eduardo-pizarro-elegido-fondo-victimas-cpi/131513.aspx• Verdadabierta.com, 2010, “Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz”, 30 de junio. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2530-ipor-que-las-victimas-apelaron-la-primera-sentencia-de-justicia-y-paz

Notas1 La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Principio de Oportunidad, con la cual se busca darle una salida jurídica a los 20 mil desmovilizados de las autodefensas que se encontraban en el limbo jurídico. El Prin-cipio de Oportunidad busca cesar investigacio-nes penales a personas que pertenecen a gru-pos criminales de medios y bajos mandos, pero no cobija a los cabecillas de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, como tampoco los delitos de lesa humanidad y terrorismo.

2 Desde el asesinato en el 2005 de Yolanda Iz-quierdo, la campesina que lideraba a los cam-pesinos de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, el Ministerio del Interior contabiliza 1.471 solicitudes de protección a víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz. De ellas, 214 personas han sido cobijadas con medidas de protección especial luego de un es-tudio de la Policía encontrara que estaban en ’riesgo extraordinario’. Extracto de “Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron tres”, Junio 3 de 2010.

3 Este informe va al centro del conflicto a tra-vés del creciente proceso de visibilización de las víctimas. Desconocer su existencia y no atender la complejidad de sus demandas es insistir en la negación del conflicto colombiano. La guerra, que aún se libra, sus efectos y cifras aún alar-mantes, es apenas el asomo de un conflicto más profundo, del que cada vez parecemos es-tar más lejos de afrontar y resolver.

Rompecabezas es un espacio radial de opinión pública, análisis, reflexión ydiscusión que con diferentes géneros periodísticos, voces y puntos de vista,

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de la emisora La Cometa el jueves de 9 a 10 pm.


Paz

Movilización por la paz: el papel de las víctimas (2002-2006)

Por Vladimir Caraballo Acuña*

Las acciones de movilización por la paz durante el gobierno Uribe estuvieron marcadas por las reacciones contra los hechos violentos y la búsqueda de alternativas de paz, así como de un creciente acercamiento entre las

víctimas y las entidades del Estado.

descenso importante para volver a recupe-rar el ascenso en 2008.Esta relevancia de las acciones frente al se-cuestro tiene como correlato el aumento y sostenimiento por tres años de las reaccio-nes ante los asesinatos, las masacres y las desapariciones. Por último, una vez apare-cen en el panorama de la movilización las conmemoraciones de hechos de violencia, la promoción de la paz y la búsqueda de alter-nativas para la paz (en 2005 las dos primeras y durante el siguiente año la tercera), las tres mantienen un ascenso sostenido hasta el fi-nal del período. Así, en el gráfico se observa cómo, al lado de las reacciones en contra del secuestro, los ase-sinatos, las masacres y las desapariciones, el año 2005 marcó el surgimiento de acciones más enfocadas a la construcción de paz, lo que

Actores de la movilización: aumento de las acciones conjuntas con el Estado

El surgimiento de los motivos más en-focados a la construcción de paz ha estado acompañado por un creciente acercamiento entre las víctimas y las entidades del Estado, cuyas acciones conjuntas han presentado un aumento sostenido y exponencial desde el inicio hasta el final del periodo, tal y como se observa en el gráfico 2 en la siguiente página.

Según los criterios de registro de infor-mación de nuestra Base de Datos, se pueden distinguir tres posibles formas de relación entre quienes se movilizan, en este caso las víctimas en relación con las entidades del Es-tado, distinguiendo el papel de ‘convocante’ y de ‘participante’ (aunque existan otros mati-ces más específicos que no se profundizarán acá): a) Estado convoca (sólo o acompañado) y las víctimas participan (EST-VICT); b) Víc-timas convocan (solas o acompañadas) y el Estado participa (VICT-EST); c) Víctimas y Estado convocan y otros actores participan (VICT/EST-OTROS).

Como se observa en el gráfico 3, en la siguiente página, en el periodo fueron más

Drante el 2002 y el 2008 se presentaron varias acciones de movilización por la paz de parte de las víctimas, que fueron

Desde el año 2005 lamovilización de las víctimas ha vivido una inclusión de motivos menos reactivos y más enfoca-

dos en la construcción depaz positiva

“”.

registradas por la Base de datos de Acciones Colectivas por la Paz del CINEP/PPP. Este grupo de manifestaciones tuvo diferentes motivos que, en general, podrían clasificar-se en dos grandes grupos. En el primero se encuentran las reacciones contra los hechos violentos: secuestros, asesinatos, masacres y desapariciones. En el segundo, en cambio, están las acciones que estuvieron más dirigi-das a la construcción de la paz: búsqueda de alternativas para la paz, conmemoraciones de hechos de violencia y promoción de la paz.

En el gráfico 1 se observa la relevancia del papel de los secuestros: estas acciones re-presentan el pico más alto de toda la moviliza-ción en el año 2004. Posteriormente tienen un

Gráfico 1Motivos de la desmovilización de víctimas: hacia la paz positiva

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Asesinatos, masacres y desapariciones

Búsqueda de alternativas para la paz

Conmemoraciones de hechos de violencia

Promoción de la paz

Secuestros y retenciones


implica que desde esa fecha la movilización de las víctimas ha vivido una inclusión de motivos menos reactivos y más enfocados en la construcción de paz positiva, en el sentido más amplio del término.


Paz

frecuentes las acciones en que el Estado convocó y las víc-timas acudieron (EST-VICT), con un total de 48 manifesta-ciones. En segundo lugar se encuentran las 21 acciones en que las víctimas convocaron y el Estado participó (VICT-EST). Y en tercer lugar están las 13 acciones que fueron convocadas tanto por el Esta-do como por las víctimas pero en las que participaron otros actores (VICT/EST-OTROS).

Tanto las dinámicas de los motivos como las de la re-lación con las entidades del Estado pueden ser explicadas, en parte, por la ventana de oportunidad abierta a través de la ley 975. Por un lado, no es casualidad que el surgimiento y mantenimiento de los moti-vos de paz positiva coincida justamente con el año en el que se sancionó la ley (2005) alrededor de la verdad, la jus-ticia y la reparación como te-mas de debate público, como tampoco que la intensidad de la relación de las víctimas con el Estado (jalonada al parecer principalmente por éste) haya tenido un aumento tan eviden-te. Los debates jurídicos, polí-ticos y sociales alrededor de la ley fueron aprovechados por las víctimas como una ventana de oportunidad política que les ha permitido, junto con otros elementos, un posiciona-miento como actor con capaci-dad de incidencia política.

Gráfico 2Acciones conjuntas de víctimas y Estado (2002-2008)


Gráfico 3Tipo de relación Víctimas - Estado (2002-2008)


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EST - VICT VICT - EST VICT/EST - OTROS

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Los debates jurídicos, políticos y sociales de la ley 975 fueron aprovechados por las víctimas para posicionarse como un actor con capacidad de

incidencia política

“¿Por qué las acciones convocadas por el Es-tado superan en dos y cuatro veces a las convocadas por las víctimas y a las conjun-tas respectivamente? ¿Qué otras dinámicas además de la apertura¿Qué sectores al in-terior de las víctimas se han mantenido ale-jados del Estado? ¿Cuál ha sido la relación entre éstos y los que han decidido acercarse?

Son preguntas que el equipo de Iniciativas de Paz del CINEP/PPP se encargará de realizar en futuras oportunidades.

*Vladimir Caraballo AcuñaInvestigador del proyecto

Iniciativas de PazCINEP/ Programa por la Paz


Movilizaciones Sociales

“Que se mueran los feos”

Por Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García*

Los defensores de derechos humanos, sindicatos, organizaciones campesinas, grupos étnicos y desplazados ha-cen parte del grupo de los “feos”: esos que incomodaron al presidente Uribe por criticarlo y demostrar que el

Estado, muchas veces, no cumplió con sus obligaciones.

ra lo que pretendía el doctor Shultz –personaje de la novela de Boris Vian que lleva este título-, quien se empeñó E

en mejorar a la humanidad hasta convertir a todos los habitantes del planeta en guapos y vigorosos individuos, y evoca las fobias públi-cas más acerbas del presidente Uribe que le llevaron a dividir a los colombianos entre “los buenos” (sus epígonos) y los feos que osaron criticarlo o manifestarle abierta oposición (a quienes metió en el mismo saco marcado con la etiqueta de “narcoterroristas”). Si alguien hiciera una gradación de las aversiones del presidente saliente no habría duda de que, después de ‘las far’, estarían los defensores de los derechos humanos, no sólo los miem-bros de ONG dedicados explícitamente a esta tarea, sino, también, todos aquellos que osa-ran exigir a los estamentos gubernamentales el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de un Estado social de derecho (sindi-catos de trabajadores, organizaciones cívicas, campesinas, étnicas, de víctimas, periodistas, mujeres, estudiantes…).

Durante ocho años el discurso oficial insistió en la fealdad de los defensores de de-rechos humanos. Sujetos incómodos que pu-sieron en evidencia la persistencia de la vio-lación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de buena parte de la población, así como el incumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación. Tales denuncias también quedaron plasmadas en las reivindi-caciones planteadas por diversos actores en las luchas sociales que protagonizaron, como se muestra en la gráfica.

El 49% del total de las protestas duran-te los dos periodos de Uribe Vélez exigieron el respeto a los derechos integrales y cues-tionaron políticas públicas. Dos motivos de la movilización social que fastidiaron al saliente presidente al punto de acusar a quienes per-manentemente siguieron el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales sobre ambos aspectos, como “politiqueros al servicio del terrorismo” que usan la “bandera

Motivos de las luchas sociales7 de agosto de 2002 - 30 de junio de 2009

Fuente: CINEP/Programa por la Paz

de los derechos humanos para tratar de de-volverle en Colombia al terrorismo, el espa-cio que la Fuerza Pública y la ciudadanía le han quitado”. Y a quienes intentó negarles la voz para referirse a las políticas públicas: “Y hablan los politiqueros de derechos humanos de política social. ¡Por Dios! Ellos y los terro-ristas que ellos defienden han producido el desplome social de la Nación” (El Tiempo, 2003). Este discurso presidencial fue res-paldado, veinte días después, por el Bloque Central Bolívar de Autodefensas Unidas de Colombia, en el comunicado “¿Por qué ladran los perros?”.

Y dos días más tarde, la entonces Minis-tra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, de-claró en Washington que “el Estado planea investigar el perfil y las actividades de miles de organizaciones de derechos humanos que operan en Colombia” (Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2003) , idea que ya había sido lan-zada en marzo de 2003 por Pedro Juan Mo-reno, empresario y político antioqueño que acompañó a Uribe en su primera campaña presidencial: “A las ONG también hay que hacerles inteligencia, porque son las que se han tirado este país. Hay muchas que son de

izquierda. Esos son mecanismos que se inventó la subversión y los violentos para poder posicionar-se” (Revista Cromos, 2003). Lo que en efecto se hizo, y de manera ilegal, como ha comenzado a que-dar en evidencia en el ‘escándalo de las chu-zadas del DAS’.

En febrero de 2008, el asesor pre-sidencial, José Ob-dulio Gaviria, señaló que la manifestación



promovida por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para el 6 de marzo, era “convocada por las FARC” (Entrevista en Caracol Radio el 10 de febrero de 2008). Un año después, el 7 de febrero de 2009, en un consejo comunitario que se realizó en Villa-vicencio, el presidente arremetió contra Co-lombianos y Colombianas por la Paz, grupo al que denominó “bloque intelectual de las Farc [que] lo que hace es decir en Europa, en Estados Unidos: ‘Cuidado, Uribe es parami-litar, no le aprueben a Colombia el TLC, que Uribe es paramilitar y violador de Derechos Humanos’... A toda hora viven hablando de Derechos Humanos, simplemente para ate-morizar a nuestros soldados y policías… no podemos permitir es que ahora ellos, con el cuentito de su paz y con la acusación perma-nente a las Fuerzas Armadas, nos paralicen la política de seguridad democrática”.

No se salvaron de la andanada de epíte-tos e intimidaciones los organismos interna-cionales de derechos humanos: “Quiero re-cordarle al señor (José Miguel) Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos hu-manos y que no lo recibimos como tal y que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato” dijo Uribe el 1 de noviembre de 2008 en otro consejo comunitario, esta vez desde Enviga-do. De hecho, el 16 de junio de 2004, en un discurso Uribe se refirió al informe difundido por Amnistía Internacional en mayo de ese año: “Daremos el debate aun ante Amnistía Internacional, por poderosa que aparente ser… Recorren las oficinas europeas como ratones de biblioteca, transmitiendo chismes en voz baja, desacreditando las instituciones colombianas, pidiéndole a los gobiernos que no apoyen a Colombia que porque Colombia ‘tiene un Estado terrorista’, como lo han he-cho en las últimas semanas”.

José Miguel Vivanco director de América Latinapara la ONG internacional Human Right Watch

Imagen de www.noticiasve.com

El informe presentado por Human Rights Watch en enero de 2010, “Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia”, fue tildado por el ministro del

interior y de justi-cia en una entre-vista en Caracol TV el 3 de febrero de 2010 como “sesga-do y denota falta de información, de objetividad y de conocimiento del funcionamiento y trabajo conjunto de las instituciones del Estado colom-biano” y, según el ministro de defen-sa, sus conclusiones “tienen una orientación política e ideológica que distorsiona la reali-dad y que tienen ante todo una intención de-liberada de afectar la reputación de la política de seguridad democrática”.

Si el gobierno de Uribe ha estigmatiza-do, seguido, chuzado (‘les ha hecho inteligen-cia’) a los defensores de derechos humanos, los agentes de la guerra, cualquiera que sea su signo, los han amenazado de muerte y han apretado el gatillo contra ellos. El programa no

gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos ha documentado des-de 2002 hasta 2009, un total de 1.057 agre-siones contra estos activistas. De ellas, 138 se cometieron en 2002, 184 en 2003, 96 en 2004, 111 en 2005, 74 en 2006, 110 en 2007, 170 en 2008, 177 en 2009. En mayo de 2010, a tres meses de finalizar el segundo gobierno Uribe Vélez, siete defensores de derechos hu-manos y líderes campesinos fueron asesina-dos, “cuatro de ellos asociados a la denuncia del desplazamiento forzado y a las reclama-ciones para restitución de sus tierras”, según el Programa Somos Defensores.

Incluso, a pocos días de dejar la Casa de Nariño, el presidente Uribe arremetió nue-vamente contra los defensores de derechos humanos al tildar de “terroristas” a quienes participaron en la delegación de la audien-cia pública “Crisis humanitaria en los llanos Orientales” por destapar la existencia una fosa común en el cementerio de la Macarena (Caracol TV, 2010).

Si el gobierno de Uribe haestigmatizado, seguido, chuza-do a los defensores de derechos humanos, los agentes de la guerra, los han amenazado de muerte y han apretado el gatillo

contra ellos

“”.

Acoso al sindicalismo

Pero si las organizaciones de derechos humanos fueron intimidadas y tildadas de te-rroristas, el movimiento sindical no se quedó atrás. Al término de ocho años de retroceso del movimiento obrero, éste –según el presi-dente Uribe– es el culpable de que su mayor proyecto internacional, el TLC con Estados Unidos, no haya cuajado. La opinión pública extranjera le está cobrando el hecho de que, pese a la disminución de la violencia, en los ocho años de su gobierno hubiesen sido ase-sinados 557 sindicalistas –48 sólo en 2009 y 29 en lo que va corrido del presente año– (Declaración de la CSI, 99ª conferencia inter-nacional de la OIT, 2010).

El botín cosechado por el rey de los odios durante esos ocho años –adicional a su deseo de eliminar a los “feos”- no es poca cosa: culminación de la reforma agraria nar-coparamilitar que expropió y sacó de sus tie-rras a alrededor de cuatro millones de cam-pesinos y comunidades negras y, de paso, arrasó con las asociaciones de productores y proyectos cooperativos independientes; ahondamiento de la desindustrialización del país, que acabó por extinguir o marchitar em-presas emblemáticas que habían creado tra-bajo y progreso social desde su aparición en la primera mitad del siglo XX; privatización de la red hospitalaria del Sistema Nacional de Salud Pública y puesta en marcha del plan destinado a privatizar el conjunto de las em-presas regionales de servicios públicos esen-ciales y de la principal empresa industrial del país y, finalmente, la eliminación de la jorna-da laboral de ocho horas y el golpe de gracia a la contratación colectiva que, en conjunto, abrieron las puertas a una mayor explotación de la fuerza de trabajo, al empleo informal y a la mayor degradación de los salarios y las condiciones de vida de los asalariados.

La reforma laboral uribista dejó a los

Durante el gobierno de Uribe el movimiento sindical también fue intimidado ytildado de terrorista. En los ocho años 557 sindicalistas fueron asesinados

Imagen de http://colombia.indymedia.org


sindicatos sin su mayor soporte: la oferta de mejoras sociales, estabilidad del empleo y poder de negociación. La negociación colec-tiva cobijó apenas a 119.791 trabajadores en 2002, 72.264 en 2003 y 62.777 en 2004 (Co-rreo de la CUT, 2005). En las empresas indus-triales y agroindustriales que habían logrado escapar de su desaparición por efecto de la reforma neoliberal, en los sectores de la sa-lud, la red financiera y la seguridad privada, los sindicatos se convirtieron en “peligro a la vista” para las nuevas generaciones laborales que entraron a llenar vacantes dejadas por el despido masivo de trabajadores arrastrados por la marea de los “despidos voluntarios” que han caracterizado la nueva desocupación nacional iniciada en los años 80 y que ha ele-vado a Colombia al primer puesto entre las siete economías latinoamericanas más desa-rrolladas: 2,7 millones de desempleados en febrero de 2010, que representan una tasa de desocupación de 12,6% (El Nuevo Siglo, 2010, C3). El Dane relata el fracaso de la política de empleo en los últimos ocho años y añade que el subempleo pasó de 29,4% a 31,9% (casi nueve millones personas están hoy en el rebusque, dice). Los subempleados son casi 9 millones y los desocupados de Bo-gotá pasaron de 424.000 a 513.000.


“ EL Dane relata el fracasode la política de empleo en los últimos ocho años y añade que el subempleo pasó de 29,4% a 31,9% (casi nueve millones de personas están hoy en el rebus-

que, dice)”.

bananera y con menor persistencia en el ma-gisterio, la banca y sectores de la salud pú-blica. Es ilustrativo el hecho de que en los úl-timos ocho años las huelgas de trabajadores sumaran apenas 318, un promedio anual de 40, que representa la cuarta parte del regis-trado en los años 80 y 90. De todas maneras, del total de 1.431.843 huelguistas que hubo en ese lapso, 817.527 (el 57%) se moviliza-ron en desaprobación de las políticas econó-micas y sociales del gobierno uribista. Esos capaces de criticarlo y hacerle oposición que tanto le incomodaron.

La incriminación de la protesta social, un viejo instrumento de represión perfeccio-nado por Álvaro Uribe, cubre el escenario. La decadencia del movimiento sindical colom-biano es también producto de esa situación, extraña hoy a la mayor parte de nuestros países vecinos, donde, desde hace décadas, existe un movimiento sindical organizado por ramas industriales y no por sindicatos de empresa, muy numerosos y por lo mismo muy débiles. El sindicalismo colombiano in-dependiente persigue esa tarea desde 1964 y no ha progresado mayormente en el inten-to. En Argentina –como en otros países del sur del continente– la conquista comenzó en los primeros años de la segunda posgue-rra mundial, y eso explica que allí exista un solo contrato colectivo nacional vigilado por los sindicatos y que cubre la totalidad de los asalariados: de contrato a término indefi-nido y fijo, temporales, de outsourcing y de cooperativas de trabajo asociado (se ruega no regar la noticia en sitios cercanos al señor Uribe, porque es capaz de nacionalizarse ar-gentino).

Aunque no hay nada que pueda satis-facer a un obseso como el señor Presidente, debe sentirse complacido porque al término de su primer larguísimo mandato (porque vendrán seguramente otros, no tanto por su probada eficacia como porque parece no querer enfrentar a la Corte Penal Internacio-nal, que le respira cerca) los resultados son acariciadores: una tasa de sindicalización de 4,2%, una de las más bajas del continente; virtual desaparición o marchitamiento de los sindicatos de las grandes empresas fabriles y agroindustriales (con excepción del banano), del transporte de toda clase, y dispersión pa-ralizante de los sindicatos de sector estatal (con excepción del mayor de todos, Fecode). Una forma de hacer desaparecer a los ‘feos”.

Ahora la organización y la lucha de los asalariados se concentran en el carbón, la exploración y explotación del petróleo y la

La tierra de las inequidades

A pesar de que en su rendición de cuen-tas el Ministro de Agricultura habló de los éxitos de la política rural en cuanto a aumen-to de hectáreas cultivadas (de 4 millones a 5 millones), índices de reducción de desempleo rural (de 10.8 a 7.9), aprobación de 13 tra-tados de libre comercio y 89 protocolos sa-nitarios y fitosanitarios para la exportación, la verdad es que al repasar la movilización campesina, indígena, de afrocolombianos y desplazados, las cifras oficiales se desdibujan en el eterno problema de la tierra.

Invasiones y tomas de entidades por par-te de desplazados, manifestaciones en contra de leyes como la de páramos o asignación de predios para cultivos de palma; movilizacio-nes como la del municipio El Retén (Magdale-na) en julio de 2006, en la que los campesinos hicieron un mitin ante la gobernación para exigir al gobierno la entrega de más de 1000 hectáreas de tierras de las que se apoderaron narcotraficantes que, para colmo, cuando los campesinos pensaron que iban a recibirlas, estas fueron asignadas por el presidente a desmovilizados (El Heraldo, 2006); y accio-nes como la de 300 desplazados de diferen-tes partes del país que cansados de trámites legales para exigir la tierra prometida inva-dieron la finca La Camila en el corregimiento Guadualejo, del municipio de San Pedro, para hacer valer sus derechos por vías de hecho y llamar la atención sobre su difícil situación socioeconómica (El Tiempo, 2008). Son si-tuaciones que resaltan este problema de lar-ga duración, acentuado durante el gobierno Uribe1 y llevado a niveles de escándalo por el Agro Ingreso Seguro, los paraempresarios y

Ahora la organización y la lucha de los asalaria-dos se concentran en el carbón, la exploración y explotación del petróleo y la agroindustria bananera.

Por supuesto, para el gobierno Uribe hubo otros “feos”: esos que protestaron por su legítimo derecho de acceder a la tierra, por los inconvenientes de la seguridad democrá-tica y por la falta de atención a las víctimas. Campesinos, grupos étnicos y desplazados constituyen otro de los grupos que inco-modó al presidente.

“Esos que protestaron por sulegítimo derecho de acceder a la tierra, por los inconvenientes de la seguridad democrática y por la falta de atención a las víctimas, constituyen otro de los grupos

que incomodó al presidente”.


y la deslegitimación de las movilizaciones de campesinos.

Otro de los graves problemas es que muchas de las tierras entregadas son im-productivas, mientras se mantiene la con-centración de la propiedad: así, por ejem-plo, el 18 de octubre de 2005, indígenas se tomaron la finca Fátima en Puracé, Cauca. La respuesta del gobernador del departamen-to, Mosquera Chaux, daba la idea de que los indígenas ya poseen grandes extensiones de tierra, que mantienen improductivas, a lo que respondió la Onic que gran parte de esas tie-rras se encuentran en zonas no fértiles y que las tierras fértiles pertenecen a los grandes latifundistas que las dedicaron a hatos de ga-nado (El País, 2005).Así el panorama, las cifras de las que habla el Ministerio de Agricultura se quedan en el 35 y 40% de cumplimiento de lo presupuestado. No es extraño entonces que muchas de las movilizaciones sean motivadas por el incum-plimiento de acuerdos previos que, además de las dificultades con las tierras, respondie-ron también durante la era Uribe a los pro-blemas de infraestructura vial.


No es extraño que muchasde las movilizaciones sean moti-vadas por el incumplimiento de acuerdos previos que, además de las dificultades con las tierras, respondieron también durante la era Uribe, a los problemas de in-

fraestructura vial

“

”.La movilización en contra de las fumigacio-nes y a favor de la erradicación, encontró un motivo constante por la afectación que cul-tivos como los de pancoger sufren con esta práctica de la política antidrogas. Moviliza-ciones en Tarazá y Valdivia en enero de 2009 son algunas de las más evidentes al respecto.

A estas demandas se suman las protes-tas contra la violación de derechos fundamen-tales: en algunos casos ya conocidos, indíge-nas y afrocolombianos protestaron contra los grupos armados, rechazaron el asesinato de sus líderes y el desalojo de sus tierras. En las mingas los indígenas insistieron en exigir el reconocimiento de sus territorios y el respe-to a su cultura, mientras los afrocolombianos, en sus constantes protestas contra el concur-so docente, pusieron en evidencia que éste hace parte de una serie de reformas a la legis-lación educativa que no reconoce las particu-laridades culturales y descalifica los saberes afro e indígenas. Los desplazados reiterada-mente expresaron en espacios públicos sus

frustraciones por el incumplimiento de los compromisos del estado con ellos.

La marcha de junio del 2006 desarro-llada en el Tolima contra la seguridad de-mocrática (Voz, 2006) señala un punto de importancia en la protesta campesina contra políticas y planes estatales, que también se evidenció en las movilizaciones contra los bloqueos de alimentos causados por el ejér-cito nacional y contra el programa de recluta-miento de campesinos para apoyar la fuerza pública (El Heraldo, 2002). Campesinos del Meta se concentraron durante cuatro días en Puerto Toledo y Florencia en septiembre de 2005, para protestar contra el Plan Patriota, las detenciones y malos tratos por parte de las FFAA, para denunciar los crímenes para-militares y reclamar la presencia del gobier-no nacional y departamental, las Naciones Unidas y ONG. Un mes antes en Bogotá se ha-bía realizado un foro con la presencia de cam-pesinos de las regiones afectadas por el Plan Patriota en el cual se presentaron denuncias de atropellos y arbitrariedades de la Fuerza Pública (Voz, 2005). Otro tema que convocó la movilización de pobladores rurales fue la firma de tratados de libre comercio, en par-ticular, el acordado con la Unión europea en mayo de 2010, fue recibido con protestas de lecheros.

Es necesario resaltar que siendo mu-chas de estas manifestaciones expresiones contra el conflicto, los señalamientos del gobierno a que las protestas respondieron a presiones de los grupos armados o a infil-traciones de los mismos representaron una deslegitimación de los procesos de moviliza-ción y marcaron de manera más contundente la distancia con el gobierno y las facultades para resolver estos problemas sociales. Otra manera de estigmatizar a los feos.

Así las cosas, un repaso por la moviliza-ción social durante los ocho años de gobierno de Uribe Vélez nos dice que entre los legados que nos dejan las antipatías gubernamenta-les está un constante rechazo a los “feos”, esos que son diferentes y que critican o rechazan la política gubernamental. Y que fueron in-cómodos para el gobierno porque en medio de sus reclamos no sólo demostraron que el Estado, en muchos casos, dejó de cumplir sus obligaciones sino que la equidad no fue

En el departamento del Tolima se han realizado variasmarchas en contra de la seguridad democrática.

precisamente la proclama fundamental del gobierno Uribe.

1 Un informe publicado en el diario El Tiempo, a un mes del fin de gobierno, asegura que lo que resta de presupuesto para la compra de tierras este año, es igual al costo de un Black Hawk. (El Tiempo, 2010, pp. 1-2).

Notas

Referencias• Caracol Radio, 2008, “El gobierno descalifica la marcha del 6 de marzo”, 10 de febrero. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=546604• Caracol TV, 2010, “Enérgico rechazo del Gobierno Uribe a informe de la Human Rights Watch”, 3 de febre-ro. Disponible en: http://www.caracoltv.com/noticias/nacion/articulo167112-energico-rechazo-del-gobierno-uribe-a-informe-de-la-human-rights-watch• Correo de la CUT, 2005, informe a la 37ª junta directi-va nacional, 8 de abril.• Correo de la CUT, 2010, Declaración de la CSI, 99ª conferencia internacional de la OIT, junio.• El Espectador.com, 2009, “No vamos a permitir que el ‘bloque intelectual de las Farc’ nos desoriente”, 7 de febrero. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo115889-no-vamos-permitir-el-bloque-intelectual-de-farc-nos-desoriente• El Espectador.com, 2008, “Uribe arremetió contra director de Human Rights Watch”, 11 de noviembre. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo87407-uribe-arremetio-contra-director-de-human-rights-watch• El Heraldo, 2006, 25 de julio.• El Heraldo, 2002, 31 de agosto.• El Nuevo Siglo, 2010, cifras del DANE, Bogotá, 1 de abril, C3.• El País, 2005, 19 de octubre.• El Tiempo, 2003, “Fuerte réplica de Uribe a ONG”, Bogotá, 9 de septiembre.• El Tiempo, 2008, 3 de enero.• El Tiempo, 2010, “Tierras: presupuesto de este año es igual al costo de un Black Hawk”, julio 2, pp. 1-2.• Human Rights Watch, 2010, Herederos de los Para-militares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia, enero de 2010. Disponible en: http://www.hrw.org/en/reports/2010/02/03/herederos-de-los-paramilitares• Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, 2003, “Los paramilitares respaldan el discurso del Presidente Álvaro Uribe Vélez contra las ONG”, Ginebra, 2 de octubre. • Programa Somos Defensores, 2010, “Mayo-de la alerta a la crisis: siete líderes ‘asesinados’ y 110 organizacio-nes de derechos humanos amenazadas”, 11 de junio. Programa somos defensores, 2010, “Mayo-de la alerta a la crisis: siete líderes ‘asesinados’ y 110 organizaciones de derechos humanos amenazadas”, 11 de junio.• Revista Cromos, 30 de marzo de 2003.• Sistema de Información sobre Agresiones a Defenso-res y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), Informe 2009, Programa somos defensores, Informe 2009.• Voz, 2006, 21 de junio.

*Álvaro Delgado, Ana María Restrepo y Martha Cecilia García

Investigadores, Movimientos SocialesCINEP/ Programa por la Paz


Economía

Más inversión, más pobreza y más desigualdad

En el gobierno Uribe aumentó la inversión pero la industria no generó empleo. Además, la desigualdad se incrementó, el problema agrario se agravó y continuó la pobreza.

Por Jorge Iván González*

ha tenido cambios importan-tes. El balance final podría re-sumirse en esta frase: Uribe I y II fortaleció la economía extrac-tiva y amplió la brecha urbano rural. El resultado no es positi-vo. La primera parte de la afir-mación describe lo que sucedió con la producción y la segunda con el ordenamiento territo-rial y, sobre todo, con la agu-dización del problema agrario.

Para realizar el análisis me voy a referir a los siguientes as-pectos: crecimiento, inversión, empleo, pobreza y desigualdad.Los avances que se han logrado son muy tí-midos. Durante este período no se ha pre-sentado una transformación estructural de la economía colombiana. La industria no se consolidó, el empleo se hizo más informal, la inversión llevó a una reprimarización de la actividad económica, la trampa de pobreza persiste, el problema agrario se ha agravado y la desigualdad ha aumentado.

No es cierto como dice el Gobierno que la seguridad democrática haya sido la panacea y la solución a todos los problemas naciona-les. Se han exagerado sus alcances, creyendo que los avances en la seguridad son suficien-tes para lograr el desarrollo económico auto-sostenible. La seguridad no lo hace todo.

Imagen de ideas4solutions.netDurante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez persistió la trampa de la pobreza

Inversión y crecimiento sin empleo

Entre 2002 y 2007 (último año para el que existe información consolidada de PIB), la inversión (formación bruta de capital fijo) como porcentaje del PIB pasó de 17.16% del PIB a 24.33%. Este cambio que, sin duda, es importante y positivo, no se reflejó en mayor empleo. De acuerdo con los datos de la Mi-sión para el Empalme de las Series de Em-pleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep), entre el 2002 y el 2009 la tasa de desempleo se redujo de 17.6% a 13%. Esta disminución es relativamente baja si se compara con el ritmo de la inversión.

Siguiendo la argumentación de Uribe, y en gracia de la discusión, la seguridad sí gene-ró inversión, pero la inversión no se ha mani-festado en disminuciones similares de la tasa de desempleo. Los cambios en la inversión no han ido en la misma dirección que el empleo (González, 2010, pp. 8-13). El petróleo que se exporta sin transformarción no causa cír-culos económicos virtuosos. La situación es muy distinta en el caso de la construcción de

vivienda, que es un sector con múltiples encade-mientos. La vivienda estimula otras indus-trias (cemento, madera, adobe, transporte, muebles, manposte-ría, etc.). Estos encadenamien-tos hacen que, a diferencia de lo que sucede con la explota-ción petrolera, la inversión en vivienda sí genere mucho em-pleo.

La relación entre la inversión y el crecimiento es más clara que entre la inversión y el em-pleo. La inversión favorece el crecimiento pero no necesariamente incentiva el empleo. La seguridad inversionista ha contribuido al crecimiento del producto, sin impactos fa-vorables en la ocupación. El mayor aumento del PIB se presentó en el 2007. Gran parte de este comportamiento se explica por el au-mento del precio de bienes como el petróleo y el carbón. Es decir, se trata de un crecimien-to fundado en procesos extractivos, de encla-ve, que no genera empleo.

Durante estos años (2002-2007) la par-ticipación de la industria en el PIB ha sido, en promedio, de 16.7%. En este periodo no se ha presentado un cambio significativo en esta relación. Colombia no se ha industrializado. Cuando el crecimiento no está basado en la industria, dice Nicholas Kaldor —eco-nomista húngaro que fue profesor en Cam-bridge—, no es sostenible.

La primera conclusión que se deriva de este diagnóstico es que debe dársele priori-dad a la inversión en actividades industriales.

La seguridad sígeneró inversión, pero la inversión no se ha manifesado en dismi-nuciones similares de la

tasa de desempleo

“”.

En el transcurso de los últimos ocho años la economía colombiana

Se han exagerado losalcances de la seguridad demo-crática, creyendo que sus avan-ces son suficientes para lograr el desarrollo económico auto-

sostenible. La seguridad nolo hace todo

“”.


Economía

Para que el crecimiento esté acompañado de un mayor empleo se requiere incentivar la generación de valor agregado. Es necesa-rio, entonces, superar la lógica extractiva, tratando de crear condiciones que permitan generar valor. Estos procesos se facilitan en la medida en que se consolide la demanda in-terna y se estimule el mercado doméstico. El mejoramiento de la infraestructura vial y de

Pobreza sigue siendo preocupante

Las personas no están bien porque el PIB crezca o porque la inversión aumente. Esta es la conclusión de la comisión que en fe-brero de 2008 nombró el presidente Nicholas Sarkozy con el fin de buscar indicadores más adecuados que el PIB. El estudio estuvo coor-dinado por Stiglitz, Sen y Fitoussi (2010). Los autores insisten en que el bien-estar (well being) tiene que ser evaluado a partir de los cambios en el ingreso y el consumo de los ho-gares, más que en términos de la producción agregada (PIB). En otras palabras, la econo-mía va bien solamente si a la gente le va bien. La economía no está bien porque los bancos ganan $5 billones. Los excedentes del sector financiero pueden ir a la par con un deterioro de las condiciones de las familias.

Las cifras de pobreza son una aproxima-

ción al bien-estar de las personas. Los fraca-sos en la generación de empleo se reflejan en las condiciones de pobreza. Si la persona está desocupada o si el empleo es de mala ca-lidad los ingresos son bajos.

Durante los años del gobierno Uribe (2002-2009) la incidencia de la pobreza se redujo de 53.7% a 45.5%. Aunque el porcen-taje de personas pobres disminuyó, preocu-pa que el nivel absoluto continúe siendo tan alto. En 2009 el número de pobres se acer-có a los 20 millones. Esta cifra muestra que Colombia todavía no supera la trampa de pobreza. Además, debe tenerse presente que el ritmo de disminución de la incidencia ha sido más lento que en el resto de los países latinoamericanos.

En 2009 el número depobres se acercó a los 20

millones. Esta cifra muestra que Colombia todavía no supera la

trampa de pobreza

“”.

Es interesante observar que la brecha entre el campo y la ciudad se ha intensifica-do. Se ha presentado una profunda ruptura entre los procesos urbanos y rurales. Cuan-do se comparan las 13 áreas metropolitanas con la pobreza en el resto del país la situación es alarmante. En el “resto”, el porcentaje de pobres pasó de 69.3% a 64.3%. En las ciuda-des se redujo de 40.3% a 30.6%. Al cotejar la pobreza de las 13 áreas con las demás, se observa un progresivo aumento de la brecha. La diferencia en 2002 era de 29 puntos (69.3 40.3=29) y en 2009 fue de 33.7 puntos (64.3 30.6=33.7).

comunicaciones es la condición básica para fortalecerlo. Ahora que se anuncia otra bo-nanza minero-energética es urgente diseñar mecanismos que eviten el despilfarro de la riqueza. No se puede repetir la mala historia de la bonanza de los 90s.

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Una de las consecuencias más dañinas del gobierno Uribe ha sido la falta de conver-gencia entre el campo y la ciudad. Tanto la caída de la producción agropecuaria como el deterioro del campo llevaron a una agudiza-ción del problema agrario. Una de las expre-siones más dañinas de la mala situación del campo es la ganaderización de las tierras más fértiles de país, como las del departamento de Córdoba.

En la evaluación de la pobreza también debe tenerse presente la diversidad de situa-ciones que se presentan entre las ciudades. La menor pobreza se observa en Bucaraman-ga (18.5%) y Bogotá (22%), y la mayor en Pe-reira (42.8%) y Manizales (45.4%). Las dos situaciones extremas son una invitación para reflexionar sobre los márgenes de maniobra que tienen las ciudades para luchar contra la pobreza. Todavía no contamos con los sufi-cientes elementos de análisis para explicar el relativo éxito de Bucaramanga y Bogotá fren-te al fracaso de Pereira y y Manizales. La for-ma como las aglomeraciones han enfrentado la lucha contra la pobreza es muy diferente. Habría que analizar las políticas que se han aplicado en cada circunstancia con el fin de determinar su impacto. En esta evaluación deben considerarse los factores covariantes (caída de remesas, crisis cafetera, etc.), que pudieron incidir en la situación de Pereira y Manizales.

El próximo gobierno debería estimular las potencialidades de los gobiernos urbanos. En general, los análisis económicos han deja-do de lado la dimensión espacial y la fuerza dinámica de la aglomeración. En este contex-to los aspectos relacionados con la ciudad-región son sustantivos.

Desigualdad200920082005200420032002

Bucaramanga 39.9 39.3 36.7 39.2 24.7 18.5Bogotá 35.7 35.5 32.5 31.2 22.5 22.0

Ibagué 40.2 40.8 43.6 43.7 34.4 31.6Villavicencio 36.5 36.2 32.3 37.8 29.2 31.2

Cali 33.3 33.8 31.7 32.7 30.1 32.6Cúcuta 45.8 48.7 47.4 49.0 32.2 33.6Cartagena 43.2 35.4 34.2 31.5 35.8 36.0Medellín 49.7 46.9 43.3 45.1 38.5 38.4Pasto 42.3 42.9 41.5 43.7 35.8 39.8Montería 47.1 49.9 48.7 47.8 41.7 40.6Barranquilla 41.6 46.6 40.9 41.3 40.8 40.7Pereira 41.1 42.1 39.7 42.1 40.3 42.8Manizales 54.8 54.7 56.1 55.6 44.7 45.4 13 áreas 40.3 40.0 37.2 37.4 30.7 30.6Resto 69.3 65.5 68.2 67.0 65.2 64.3Colombia 53.7 51.2 51.0 50.3 46.0 45.5

Las ciudades se han organizado, de menor a ma-yor, teniendo como criterio la incidencia de la po-breza en el 2009. Fuente: Mesep

Incidencia de la pobreza por línea depobreza (LP) - 13 áreas metropolitanas,resto, total país (2002-2005, 2008-2009)

Las administraciones Uribe I y II acen-tuaron la desigualdad, medida por ingresos y por activos. La brecha entre ricos y pobres se agudizó. La situación más alarmante se pre-sentó en el campo, donde la concentración de la propiedad se intensificó. El Gini de la tierra superior a 0.8 es escandaloso. No puede ser positivo el balance de un gobierno que per-mite tal aumento de la desigualdad. La lucha contra la pobreza es efectiva si el crecimiento favorece a los pobres. O, en otras palabras, si el crecimiento avanza a la par con políticas distributivas. Sin transformaciones radicales en la distribución del ingreso y de la riqueza es imposible romper la trampa de la pobreza. Mientras no se asuma de manera directa el tema distributivo, la reducción de la pobreza


será muy tenue. La tributación es uno de los mecanismos que más puede ayudar a me-jorar las condiciones distributivas. Los im-puestos deben ser progresivos de tal manera que —como proporción de su ingreso— los pobres paguen menos que los ricos.

La distribución también se puede mejo-rar por el lado del gasto. Uno de los progra-mas más significativos de Uribe fue Familias en Acción (ver artículo Política social 2002-2010). El programa terminó siendo asisten-cialista y ahogó medidas más estructurales, asociadas a una política de empleo e ingreso. Familias en Acción es la versión moderna de la ley de pobres inglesa, contra la que se rebelaron Marshall y Keynes —economistas británicos de la Universidad de Cambridge cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías económicas modernas—.

No hay ninguna garantíade que los benéficos tributarios al capital favorezcan la ocupa-ción. Para eso, es indipensable condicionar la reducción de los impuestos a la creación efectiva

de empleos

“”.

Retos para el próximo gobierno

Resumiendo, las tareas del nuevo gobierno son:

Las potencialidades tributarias están en las rentas derivadas del suelo y de la dinámica de las aglo-meraciones (por ejemplo, predia-les urbanos y rurales, participa-ción en plusvalías, etc.).

Estimular la generación de valor agregado. La economía de enclave propia de las actividades extractivas debe transformarse en procesos in-dustriales que incrementen el com-ponente de valor agregado. Desde esta perspectiva, por ejemplo, es im-portante ampliar la refinación. 1

2En la misma dirección del punto anterior, debe tenerse presente que el crecimiento es sostenible si está anclado en la actividad industrial.

3La solución del problema agrario debe fundarse en una mayor inte-racción con las ciudades. El aprove-chamiento de su poder gravitacio-nal de las ciudades debe realizarse de tal manera que haya convergen-cia entre las distintas ciudades y, sobre todo, entre el sector urbano y el rural. Este proceso es exitoso si se consolida el mercado interno.

La trampa de pobreza se rompe mediante po-líticas distributivas.

45La tributación debe favorecer la progresividad y eliminar las exenciones.

6

El predial rural efectivo es muy bajo (a duras penas llega al 2 por mil). Es indispensable au-mentarlo por dos razones. La primera es de naturaleza fiscal. Y la segunda tiene que ver con la productividad. Prediales altos obligan a buscar tecnologías más eficientes.

*Jorge Iván GonzálezEx director del Centro de

Investigación para el Desarrollo(CID) de la Universidad Nacional


Referencias• González, Jorge Iván, 2010,

“La Inversión No Es Intrín-secamente Buena”, Revista Javeriana, vol. 146, no. 765, Bogotá, junio, pp. 8-13.

• Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), 2009, Bogotá, no-viembre.

• Stiglitz, Joseph, Sen Amar-tya y Fitoussi Jean Paul, 2010, Report by the Com-mission on the Measure-ment of Economic Perfor-mance and Social Progress, Paris, IEP. Disponible en: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rap-port_anglais.pdf

Durante el gobierno Uribe la política tributaria fue muy favorable al capital. Las exenciones y la disminución del impuesto a la renta beneficiaron a los empresarios. Se es-peraba que esta favorabilidad hacia el capital se reflejara en mayores empleos. Realmente no sucedió así. No hay ninguna garantía de que los benéficos tributarios al capital favo-rezcan la ocupación. Para que esta secuencia tenga lugar es indispensable condicionar la reducción de los impuestos a la creación efec-tiva de empleos.

En lugar de administrar limosnas, decían, el gobierno debe incentivar la ocupación para que no haya pobres.

Economía


Comunicación

Uribe TevéDe cómo Álvaro Uribe manejó la comunicación durante sus dos mandatos presidenciales.

Por Lucía Camargo Rojas*

o no leo los periódicos interna-cionales” dijo Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de “Y

desde el año 2002 hasta el 2010, luego de que en una rueda de prensa le preguntaran por un artículo del Washington Post en el que se señalaban presuntos vínculos entre el para-militarismo y el hermano del mandatario.

Y es que Uribe no sólo demostró poca sim-patía por los medios de comunicación extran-jeros durante sus dos mandatos presidencia-les, sino que demostró su preferencia por la radio –y específicamen-te las emisoras regiona-les– antes que la prensa. “A él no le gusta que lo editen” explica Mario Morales, director del campo de Periodismo de la Facultad de Comu-nicación de la Universi-dad Javeriana. Por eso se inclina por la radio, “un medio caliente en don-de tiene oportunidad de exponer sus ideas y que le permite tener una co-municación más direc-ta”, comenta César Mauricio Velásquez, secre-tario de prensa de la Casa de Nariño desde el año 2007.

Los consejos comunitarios

Todo empezaba con un grupo de fun-cionarios del gobierno que se dirigía al mu-nicipio en el que se realizaría el consejo. De acuerdo con Morales, ellos se encargaban de escuchar a los habitantes y conocer sus nece-sidades. Así, el presidente sabía previamente de qué se trataría la discusión y a la hora de recitar su discurso sorprendía a los asisten-tes porque tenía conocimiento de todos sus problemas.

En particular, según Velásquez, la Secre-taría de Prensa se encargó de brindarle al pre-sidente insumos para su discurso (como datos y hechos) que son los que pronunció a diestra y siniestra durante sus presentaciones. Cinco

Y es que Uribe no sólodemostró poca simpatía por los medios de comunicación ex-tranjeros, sino que demostró su preferencia por la radio -y espe-cíficamente las emisoras regio-

nales- antes que la prensa

“”.

De hecho, en la carrera política de Álvaro Uribe ha sido indispensable el contacto direc-to con los ciudadanos. En la década de los 80 comenzó unos diálogos con los habitantes de Medellín que se fueron perfeccionando hasta

crear los consejos comunitarios cuando fue gobernador de Antioquia. Reuniones en las que escuchaba los problemas o reclamos de los pobladores de cada municipio y se com-prometía a resolverlos. Con el correr de los años, y sus ocho años como cabeza del Go-bierno, esta dinámica se convirtió en su he-rramienta comunicativa más eficaz.

minutos antes del consejo su edecán le en-tregaba un pequeño cuaderno de notas que coloquialmente se conoció como “copialina” −y que en la jerga gubernamental se llama-ba “Balance Scord Card Paisa”− (Peña, 2008, 65) en donde se escondían las cifras oficiales sobre todo tipo de temas: salud, educación, seguridad, etc.

Cinco minutosantes del con-sejo su edecán le entregaba un pequeño cuader-no de notas que coloquialmente se conoció como “copialina”, en donde se escon-dían las cifras oficiales de todo

tipo de temas

“

”.Una fugaz revi-

sión de la “copialina” le permitió a Uribe tener las cifras en la cabeza y recitarlas a su antojo. Datos y argumentos, mezclados con su cono-cimiento de los proble-mas de la población y su

discurso directo, paternalista y cercano die-ron como resultado una alocución que pocos se atrevieron a refutar.

Pero no sólo se trataba de recitar un dis-curso o el mismo estribillo que los colombia-nos oyeron una y otra vez durante ocho años y que parece haber quedado grabado en el inconsciente colectivo: “seguridad democrá-tica, confianza inversionista, cohesión social”. También se concibió el consejo como una puesta en escena en donde Uribe encarnaba al presentador de televisión y los asistentes se convirtieron en sus televidentes. Omar Rin-cón, docente de la especialización de periodis-mo de la Universidad de los Andes, afirma en su artículo ‘Cuando gobernar es una emoción televisiva’ que el primer mandatario logró


Según Omar Rincón, en los consejos comunitarios Álvaro Uribe se convirtió en presentador de TV.

convertirse en “el protagonista del drama que se llama Colombia”.

Así, Rincón asegura que en los consejos Uribe “dejó de ser presidente y se convirtió en presentador de TV, condujo el progra-ma, dio la palabra, creó soluciones y delegó responsabilidades. Gobierno en vivo y en directo. El televidente-pueblo sintió que el conductor Uribe le estaba solucionando sus problemas y que gobernó para ellos y ellas. Soluciones simbólicas y mágicas aparecieron para los problemas reales; no importaba que la solución real nunca llegara, simbólicamen-te el problema estaba resuelto”1

Y es que se logró crear la imagen de per-tinencia de los consejos: ante una necesidad -que el gobierno conocía previamente- apa-recía el responsable. “Si la gente quería un puente, se presentaba el ministro de trans-porte. Pero si necesitaban un puesto de salud, quien viajaba al municipio era el ministro de protección social”, explica Morales (Ver vi-deos 1, 2 y 3).

Luego de la exposición del presidente hablaban los mandatarios locales, después los ministros y por último los asistentes, quienes hacían sus preguntas, comentarios, inquietudes o reclamos. Si ameritaba, como conclusión del encuentro se definía una tarea y, en un acta, se escribían los responsables. Todo quedaba registrado en los medios por-que se transmitía a través del canal institucio-nal, sagradamente, cada sábado. Posterior-mente la oficina de regiones de la presidencia les hacía seguimiento a las tareas. Según Ve-lásquez, el gobierno finaliza con 70% de los compromisos cumplidos y los demás quedan en proceso para que los resuelva el próximo mandatario. “Nada de lo que se definió en un consejo comunitario quedó en el olvido”. Por eso asegura con orgullo que “el resultado de esos eventos es un éxito total”.

Nada de lo que se definió enun consejo comunitario quedó en el olvido. Por eso el resultado de

esos eventos es un éxito total“

”.

La estrategia comunicativa

Jaime Bermúdez, canciller desde el año 2008 y asesor de comunicaciones en el pri-mer periodo del mandato de Uribe, explicó hace cinco años en una entrevista concedida a Juan Carlos Gómez, director del Observato-rio de Medios de la Universidad de la Sabana, que la estrategia comunicativa de ese enton-ces se resumía en tres momentos básicos. El primero, decirle siempre la verdad al país. El segundo, tolerancia absoluta con la crítica y el tercero, firmeza con la política de seguri-dad democrática. democrática (Gómez, 2005, 121).

De acuerdo con Velásquez, esa estra-tegia se transformó en el segundo mandato de Uribe. “Hay un principio que se mantuvo: el de comunicar la verdad. Los otros dos se fueron nutriendo de unos valores más apega-dos a la comunicación política que consisten en la responsabilidad del gobierno a la hora de informar y la comunicación directa con el ciudadano”.

A esto se le añade un objetivo claro de lograr un posicionamiento de la imagen po-sitiva del presidente como aquel mandatario fuerte que vela por los intereses de los ciuda-danos y quien está llamado a ser el guardián de la seguridad democrática. Tanto así que uno de los puntos claves que logró el gobier-no Uribe a través de las comunicaciones in-ternas fue el de conectar y estandarizar todas las entidades e instituciones del Estado en torno a un sólo objetivo: trabajar para con-solidar la política de seguridad democrática (Peña, 2008, 101).

Las comunicaciones externas tuvieron el mismo propósito sólo que se enfocaron en dar a conocer las acciones del gobierno en el ámbito militar y político, mediante el uso de los medios masivos de comunicación. Ruedas de prensa, discursos televisivos, apariciones en radios regionales y, por supuesto, consejos comunitarios (Peña, 2008, 100).

En cuanto a las situaciones críticas, que podían empobrecer la imagen del primer mandatario, se manejó un protocolo mínimo que partió del comité de crisis (un equipo cercano al presidente). De acuerdo con Ve-lásquez, se realizaban las consultas respec-tivas con los protagonistas, se analizaba la situación, se planteaban conclusiones y se verificaba cuál es la mejor oportunidad para comunicarlas. “Más que rápida, la respuesta debía ser completa, veraz y responsable”.

Una novedad en el gobierno Uribe con-sistió en que siempre tuvo la intención de enfrentar cualquier crisis comunicativa de manera personal y directa, lo cual, según Gómez, le produjo muchos réditos políticos. Y junto con el lenguaje cercano, íntimo, que parecía hablar de igual a igual (en diminuti-vo, que conoce el nombre de cada uno de sus interlocutores, con poncho incluido en los consejos, etc.) se vio como un presidente que se preocupaba por satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.

Una novedad en el gobiernoUribe consistió en que siem-pre tuvo la intención de en-frentar cualquier crisis comu-nicativa de manera personal y directa, lo cual, le produjo

muchos réditos polítcos

“”.

Pero, además, como insistió de manera reiterativa en que hay un enemigo, el nar-coterrorismo, y que él lo podía enfrentar, la audiencia se sintió protegida. Un elemento fundamental en el proceso comunicativo. Sin embargo, Gómez aclara que también se usó el enemigo de acuerdo con la conveniencia. “A veces era muy fuerte y entonces necesitá-bamos a Uribe y a la seguridad democrática. Pero otras ese agresor era débil, porque el presidente y las Fuerzas Armadas lo han gol-peado”.

En fin, lo innegable es que durante ocho años el gobierno Uribe demostró tener un ca-rácter metódico y operativo, lo que hizo que todas las acciones estuvieran estructuradas y nada ocurriera por casualidad. Sin resultados impredecibles (Peña, 2008, 65). Afirmación con la que concuerda Velásquez, quien ex-plica cómo “logramos estar al ritmo nuestro y no al de los medios. Nunca improvisamos nada. Todo estaba estudiado y se analizaba”.

Comunicación


Comunicación

Uribe es y produce el mensaje

Pero lo más significativo del régimen de comunicación política de Uribe fue su facili-dad no sólo de producir el mensaje sino tam-bién de serlo. Él “protagonizó los procesos comunicativos, estableció una interacción permanente con sus gobernados, se convirtió en el depositario permanente de la verdad, de esa verdad que en otros tiempos –en aras de informar con objetividad- buscaban los pe-riodistas. El Presidente Uribe, en virtud de su estilo de gobierno, prefirió eliminar interme-diarios y asumir las funciones de periodista en los procesos de comunicación con sus go-bernados; indagar, entrevistar, buscar la ver-dad y presentar –su verdad- de la manera más transparente posible para que sus audien-cias se informaran, para que sus receptores creyeran, para que la opinión de sus gober-nados fuera favorable” (Gómez, 2005, 121).

Resultado. Desapareció el papel del pe-riodista. No sólo se contentó con ser el pro-tagonista, el héroe o el presentador. También fue el encargado de decidir qué se pregunta. Y, por supuesto, qué se responde. Entonces, se produjeron los hechos, diseñados y estruc-turados para que los medios hicieran eco de ellos con el objetivo claro de que la opinión pública los hiciera propios y reaccionara fa-vorablemente a los intereses del gobierno.

Por eso el contacto directo. Para im-pedir que los periodistas se convirtieran en intermediarios. No extraña, entonces, la afir-mación de Velásquez en el Manual de Estilo de la Presidencia: “El desarrollo de un Estado Comunitario, promovido por el presidente Uribe, también ha planteado nuevos desafíos comunicativos que van más allá del clásico esquema de la relación Gobierno y goberna-dos. Muchos y nuevos canales de comunica-ción del Presidente con los ciudadanos han sido explorados. Hoy, la figura presidencial va de la mano con los ciudadanos, el Presidente es el mensaje y su cercanía con los colombia-nos ha superado intermediarios” (Presiden-cia de la República, 2008, 12).

Uribe, en virtud de su estilo de gobierno, prefirió elimi-nar intermediarios y asumir las funciones de periodista en los procesos de comunicación con sus gobernados.

El desarrollo de un Estadocomunitario, promovido por el presidente Uribe, también ha planteado nuevos desafíos co-municativos más allá del clásico esquema de la relación Gobier-

no y gobernados

“”.

Rincón, los presidentes latinoamericanos no gobiernan sino que permanecen en cam-paña. Y como siempre estuvo en campaña hizo uso de las artimañas publicitarias para que su imagen y su política permanecieran. “No existió oportunidad que el presidente no aprovechara para hacer publicidad de sus co-metidos, sus logros y su política de seguridad democrática” (Peña, 2008, 80). Incluso, es posible afirmar que en el gobierno Uribe se hizo uso de los 11 principios de la propagan-da que usó Goebbles en el régimen de Hitler (Ver recuadro siguiente página).

Entre los rumores políticos, es conocida la obsesión de Uribe por los índices de po-pularidad. Según Gómez, “cuando en las me-diciones caía su popularidad, el mandatario produjo hechos mediáticos que le ayudaban a recuperar el terreno perdido” (2005, 118).

Sin embargo, Velásquez se apresura a desmentir esta afirmación. “En primer lugar, el presidente nunca cayó significativamente en ninguna encuesta. Así que uno no puede decir que haya coincidencias entre una cifra baja en popularidad y un hecho mediático. Acá no tenemos cálculos de ese estilo”. No obstante, el secretario de prensa confirmó que existió una oficina en presidencia en-cargada específicamente de hacer y analizar esos sondeos de opinión.

¡Bienvenida la crítica!

Camila Zuluaga, periodista de la W, escri-bió hace pocas semanas en twitter: “se ter-minan ocho años de la era Uribe y ¡NUNCA logramos los periodistas que nos responda las preguntas!”. Cuando los comunicadores le hicieron preguntas inquisidoras y trataron de confrontarlo, Uribe se puso bravo, miraba a los ojos y lograba que los periodistas se inti-midaran y dudaran si preguntar o no, explica Morales. “Todos los periodistas le hicieron preguntas pero Uribe se preguntó y se contes-tó”. “Él dice las cosas directamente a los perio-distas y es frentero” —comenta Velásquez— “pero nunca nos hizo tener que llamar a un medio a rectificar o eliminar una información.

Es que no tuvo que hacerlo. General-mente él era quien producía la chiva. Por eso también aparecía en pantalla mucho antes de que los medios lo registraran. Una estrategia de la propaganda política, según Morales: el que pega primero, pega dos veces. “Él apa-recía primero y, antes de que respondiera la oposición, ya había cambiado de tema. Esta-ba con otra noticia más grande y distinta. De tal manera que cuando la oposición respon-día parecía fuera de lugar, porque ya era una cosa del pasado”.

A esto se le añade que el mensaje se pro-dujo una y otra vez tal y como ocurre en cual-quier campaña política. De hecho, según Omar

Así, Uribe se convirtió, tal vez, en uno de los mandatarios colombianos que mejor supo manejar las estrategias comunicativas a su fa-vor. Escándalos como las chuzadas del DAS, la parapolítica, las violaciones a los derechos humanos, etc., se lograron apaciguar gracias a una estrategia montada para consolidar la marca Uribe y su política de seguridad demo-crática, y su habilidad para tener su propio ritmo antes que someterse al de los medios (por eso se ofuscó cuando le ganaron, como en el ya citado caso del Washington Post).

Le apostó a la comunicación directa, el discurso paternalista y el excesivo manejo de las cifras, lo que le ha permitido llegar a los ciudadanos antes que cualquier otro medio, conocer lo que querían y resolverlo de in-mediato. Curas que le dieron votos y le im-pidieron bajar en popularidad pero que, a la hora del té, simplemente respondieron a una política de lo elemental. Se le daba a la gente su puente, su escuela o su puesto de salud (lo micro) pero no se resolvieron los problemas macro, entre otras razones, porque las gran-des reformas no producen historias mediáti-cas ni votos.

Y lo más asombroso. La construcción de la realidad previa a cualquier medio de co-municación permitió que él fuera y produjera la noticia. Colombia lleva ocho años al son de la historia que ha querido crear Álvaro Uribe Vélez porque ni siquiera los medios llegaron antes que él y porque muy pocos periodistas atrevieron a confrontarlo, entre otras razo-nes, porque quienes lo hicieron fueron tilda-dos de “traidores a la patria”.

Por eso no extraña que, entre sus múl-tiples tareas como ex presidente, se encuen-tren la de ejercer el periodismo y montar un

Él aparecía primero y,antes de que respondiera la oposición, ya había cam-biado de tema. Estaba con otra noticia más grande y

distinta

“”.


conglomerado de medios a favor de su po-lítica que, muy seguramente, estarán inte-grados por programas de radio y TV (ya se sabe su poca simpatía con la prensa). Uribe ha demostrado entender a cabalidad que la estrategia comunicativa es fundamental a la hora de hacer política y permanecer en cam-paña. La utilizó de manera eficaz durante ocho años.

Comunicación

Referencias1 Ver video especial Consejo Comunal No 300. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=agU1f3nz6eM2 Ver videos de Consejos comunales en http://www.youtube.com/watch?v=4Mp5Y-oveI4, http://www.youtube.com/watch?v=h2HbFXM79e0, http://www.youtube.com/watch?v=d17uWSmyC_Q. • Gómez, Juan Carlos, 2005, Del régimen de comunicación política en el gobierno del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez: un estudio de caso, [tesis de maestría], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Maestría en Estudios Políticos. Dispo-nible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis14.pdf• Peña Preciado, Claudia Fernanda, 2008, Comunicación Política y Política de Comunicación Organizacional en la PSD del Go-bierno de Álvaro Uribe Vélez, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Comunicación Social. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis129.pdf• Presidencia de la República, Secretaría de Prensa, 2009, Manual de Estilo, Bogotá, Imprenta Nacional.• Rincón, Omar, 2006, ‘Cuando gobernar es una emoción televisiva’, La insignia. Diario independiente Iberoamericano. Dis-ponible en: http://www.lainsignia.org/2006/diciembre/cul_035.htm

LOS 11 PRINCIPIOS DE LA PROPAGANDAEN EL GOBIERNO URIBE VÉLEZ

Los 11 principios de la propaganda que usó Goebbles en el régimen de Hitler pueden ser aplicados al manejo de la comunicación que hizo el presidente Uribe en sus dos mandatos presidenciales.

Fuente: Peña Preciado, Claudia Fernanda, 2008, Comunicación Política y Política de Comunicación Organizacional en la PSD del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, [trabajo de grado], Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Comunicación Social, pp. 82-86.

11Principio de unanimidad.

Llegar a converncer a mucha gente que piensa “como todo el mundo”, creando una falsa im-presión de unanimidad. | Los sondeos favora-bles a Álvaro Uribe generaron en la masa la creencia de unanimidad de opinión en torno al presidente. |

1Principio de la simplificación y del

enemigo únicoAdoptar una idea única. Un único símbolo. Individualizar al adver-sario en un único enemigo. | Las FARC se convirtieron en el mayo enemigo de la seguridad de los colombianos, según el presidente Uribe. Los denominó como “terror-istas” y la comunidad internacional y la opinión pública lo siguieron. |

2Principio del método de contagio

Reunir diversos adversario en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. | El gobierno Uribe logró reunir a todos los grupos al margen de la ley en un mismo conjunto que ataca la seguridad de los ciudadanos. A pesar de que la política de seguridad democrática se refiere a las FARC en sus lineamientos, contempla también a quienes ejercen el narcotráfico y las estructuras de las organizaciones terroristas, que son aquellos grupos y organziaciones al margen de la ley que cometen actos que ponen en peligro a la sociedad. |

3Principio de la transposición

Cargar sobre el adversario los pro-pios errores o defectos, respon-diendo al ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que distraigan”. | El gobierno publicó hechos concretos de casos exitosos de operaciones contra la guerrilla que apaciguaron los efectos de noticias o primicias que debilitaran la imagen del presidente Uribe y su política de gobierno. |

4Principio de la exageración y la desfiguración

Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenza grave. | Las FARC siempre hanconstituido para Colombia una ame-naza grave, de manera que cualquier noticia que envuelva a este grupo es exaltada y considerada importante. En el gobierno de Uribe las FARC dejó de ser un grupo guerrillero para convertirse en un grupo “terrorista”. Idea que se circunscribió en el contexto mundial con fines de exageración, para lograr apoyo internacional y demás consideraciones de orden táctico y de imagen.|

5Principio de vulgarización

“Toda propaganda debe ser popular adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño debe ser esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de masas es limitada y su condición escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. | Entre más compleja sea la transmisión de una noticia, más difícil es su comprensión por parte de los ciu-dadanos. Por eso el lenguaje de Uribe es entendible, corto, directo y receptivo.|

6Principio de orquestación

“La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repe-tirlas incansablemente, presentar-las una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre conver-giendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. | Bombardeo de cifras y éxitos de la seguridad

democrátca una y otra vez.|

7Principio de renovación

Hay que emitir constantemente informa-ciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público ya esté interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. |Una táctica que el go-bierno utilizó todos los días de tal manera que la opinión pública siempre estuviera

a su favor.|

8Principio de la verosimilitud

Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llama-dos globos sondas o de informaciones

fragmentarias. | Los diversos los entes que participan en la política de segu-

ridad democrática (Fuerza Pública, Militares, ministerios, enti-

dades públicas, etc) y unifican sus fuer-zas para la con-secución de sus fines. Que todos ellos operen con la política de gobierno garantizó a los c i u d a d a n o s cierto tipo de credibilidad. |

9Principio de la

silenciaciónAcallar las cuestiones so-bre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. | En el gobi-erno Uribe se procuró que no salieran a la luz pública informaciones sobre las que no se tenían argu-mentos. |

10Principio de la transfusión

Por regla general, la propa-ganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y pre-juicios tradicionales.

| Los fracasos de negociación con las FARC en El Caguán son un hecho preexistente que dio pie para generar en la opinión pública un odio primitivo contras las FARC.|

*Lucía Camargo RojasPeriodista del Equipo de Comunicación


Notas y referencias


Comunicación

Libertad de prensa(2002 - 2010)

A pesar de que el número de periodistas asesinados disminuyó en la era Uribe, se incrementaron las amenazas a los comunicadores por parte de organismos al margen de la ley, gobiernos nacionales y locales y las instituciones

de seguridad del Estado.

Por Lucía Camargo Rojas*

pocos días de que el presidente Uri-be dejara su puesto, aún se podía leer un cuadro en la sala de espera de laA

Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño que contenía las percepciones en materia de libertad de prensa del entonces primer man-datario: “Es nuestro deber proteger de mane-ra eficaz la libertad y la vida de los periodis-tas (…). Nuestra patria ganó hace tiempo la batalla formal a favor de la libertad de pren-sa, pero fenómenos como la criminalidad se han constituido en obstáculos materiales para el ejercicio de esa libertad”.

Y es que si uno vuelve al año 2002 y re-visa cómo era el panorama en esa época para los periodistas observa que, en su momento, esas afirmaciones de Uribe tenían razón de ser. Según las cifras de la Fundación para la libertad de Prensa (FLIP), en la década del 90 Colombia tenía un promedio de asesinatos de seis comunicadores por año.

De hecho, en el año 2002, de acuerdo con la FLIP, fueron asesinados 10 periodis-tas. Sin embargo, la cifra fue reduciéndose a medida que Uribe avanzó en su gobierno y se llegó a uno en 2010 (ver recuadro abajo).

Por supuesto, el gobierno Uribe ha otor-gado esta reducción a la política de seguridad democrática y las diferentes instituciones que monitorean el tema concuerdan en esa afirmación. Sin embargo, el Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana ha sido

2010 1

2008 0 2009 1

2007 2 2006 3 2005 2 2004 3 2003 6 2002 10Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.

Año No. de periodistas asesinados

enfático en anunciar que se están presentan-do otros atentados a la libertad de prensa que también son alarmantes: las amenazas, que en 2000 fueron de 90%, en 2003 de 93% y en 2007 en 92%. De las cuales se destaca como alto grado de amenaza la acción inti-midatoria de la libertad de prensa por parte de organizaciones al margen de la ley (ver recuadro).

FARC 78%

Narcotraficantes 72%Paramilitares 74%

FARC 77%Paramilitares 72%Narcotraficantes 70%Fuente: Observatorio de Mediosde la Universidad de la Sabana.

2003

2007

conflictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetidas ocasiones, llamados de atención a la cordura por parte de organi-zaciones como Human Rights Watch” (Gómez y Hernández, 2009, 31).

Sin embargo, el Observatorio de la Sa-bana señala con preocupación que los comu-nicadores colombianos califican al Gobierno Nacional como una amenaza intermedia para la libertad de prensa. “Y es que, a diferen-cia de otros gobiernos, el presidente Álvaro Uribe Vélez se ha embarcado en situaciones

Una de las más recordadas, es el recla-mo en tono airado que Uribe le hizo al direc-tor de la revista Semana, Alejandro Santos, por la publicación de infiltraciones del para-militarismo en el DAS. Luego de que se publi-có la revista, el primer mandatario la calificó como “frívola y graciosa”1.

Además, el observatorio califica como una amenaza intermedia a los gobiernos na-cionales y locales y los organismos de seguri-dad del Estado después de que en la encuesta que aplicó en 2007 se revelara que para los periodistas la Policía Nacional representaba el 55% de las amenazas, el Ejército Nacional el 52%, el DAS el 45%, la Armada Nacional el 41% y la Fuerza Aérea el 35%.

Incluso, en mayo de 2010, Reporteros sin fronteras describió en el informe “Chu-zadas”. Las grandes orejas de inteligencia contra la prensa colombiana la “casería de brujas” que Uribe Vélez llevó a cabo en con-tra de 16 periodistas y una decena de me-dios de comunicación por sus críticas hacia el gobierno y su proyecto de “seguridad nacional”. El documento señala las deno-minadas “chuzadas del DAS” a los comuni-cadores, pero también espionaje, actos de sabotaje e intimidación, así como “propa-ganda negra” que estigmatizaba a esas vo-ces opositoras como “Enemigos del Estado”.

A diferencia de otrosgobiernos, el presidente Álvaro Uribe se ha embarcado en situa-ciones conflictivas con varios pe-riodistas que le han merecido, en repetiidas ocasiones llamados de

atención a la cordura

“”.


Comunicación

A su vez, Reporteros sin fronteras, en su informe anual de 2009, introdujo, por pri-mera vez, la cifra de periodistas obligados a abandonar su país, como consecuencia de amenazas, e incluyó a Colombia como uno de los lugares en que los comunicadores se ven forzados al exilio.

Sin embargo, César Mauricio Velásquez, secretario de prensa en el segundo mandato del gobierno Uribe, asegura que “en Colom-bia no hemos tenido en los últimos ocho años ningún régimen especial para condicionar la libertad de prensa. Todo lo que se ha hecho con la prensa es bajo el estado constitucional y bajo el estado institucional y ordinario. No se ha hecho ninguna medida extraordinaria que atente libertades y mucho menos la li-bertad de expresión, prensa y opinión”.

Las conclusiones del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana son

Referencias• Gómez, Juan Carlos y Hernández-Rodríguez, Juan Camilo, 2009, ‘Libertad de prensa en Colombia: en-tre la amenaza y la manipulación’, en revista Palabra Clave, Vol. 12 No. 1, Bogotá, Facultad de Comuni-cación, Universidad de la Sabana. Disponible en: http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1450/1616• Reporteros sin fronteras, 2009, Guerras y eleccio-nes cuestionadas: temas de mayor peligro para los periodistas. Disponible en: http://files.reporteros-sinfronteras.webnode.es/200000119-6e2d56f27d/BALANCE_ANUAL_2009.pdf• Reporteros sin fronteras, 2010, “Chuzadas”. Las grandes orejas de inteligencia contra la prensa colombiana, mayo. Disponible en: http://files.reporterossinfronteras.webnode.es/200000386-c8a-06c99aa/RSF_COLOMBIA_Informe_Chuzadas.pdf

*Lucía Camargo RojasPeriodista del Equipo de Comunicación


El Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana califica como una amenaza intermedia a los gobiernos nacionales y los organismos de seguridad el Estado.

muy distantes a esa afirma-ción. Para ellos la libertad de prensa permanece en estado crítico y su evolu-ción ha sido negativa en los últimos diez años. “Un alto porcentaje de perio-distas está amenazado de muerte; a los tradicionales actores armados que ame-

nazaban (guerrilla y paramilitares) se ha sumado, como factor de riesgo, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en alguna regio-nes para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regional y locales a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipula-ciones” (Gómez y Hernández, 2009, 33).

Así, aunque la reducción de asesinatos ha sido significativa en el gobierno de Álva-ro Uribe Vélez las amenazas a los periodistas continúan, no sólo desde los grupos al mar-gen de la ley, sino también desde los organis-mos del Estado. Una situación preocupante que sigue sin dar garantías a los comunica-dores para ejercer su profesión libremente.

La revista Controversia, de periodicidad semestral, agrupa artículos caracterizados

por su rigor académico y por la originalidad de sus aportes a la construcción del conoci-

miento en las ciencias sociales colombia-nas. Además, busca presentar algunos

debates teóricos y metodológicos frente temas económicos, sociales y culturales de

América Latina.

Controversia es una publicación indexada en Colciencias, calificada en categoría C y hace parte de un esfuerzo interinstitu-

cional de cinco ONG colombianas: CINEP-Programa por la Paz, Foro por Colombia,

Escuela Nacional Sindical, Instituto Popular de Capacitación y Corporación Región.

Para más información consultewww.cinep.org.co

o escriba a [email protected]

Notas1 Ver publicaciones de Semana (http://www.semana.com/noticias-on-line/uribe-no-puede-estigmatizar-medios-ejercer-critica-fiscaliza-cion-alejandro-santos/93897.aspx) y Caracol (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PgDdTD0kNvkJ:www.caracol.com.co/oir.aspx%3Fid%3D275376+rcn+11+abril+2006+alejandro+santos&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co) al respecto.


Política Social

Política social (2002 -2010) Pocos avances, grandes interrogantes

En el gobierno Uribe la política social se concentró en los programas de subsidio por medio de la transferencia de efectivo, lo que es contradictorio con la realización integral de los derechos humanos de los más pobres. Además,

después de ocho años, no parecen haberse garantizado los derechos sociales del conjunto de la población.

Por Sergio Coronado*

urante los últimos ocho años se pre-sentaron una serie de acontecimien-tos que han demostrado la tendenciaD

de la política social del gobierno de Uribe Vélez: en el campo colombiano se consolidó un modelo excluyente con la población más pobre (caso Agro Ingreso Seguro) y no se realizó una estrategia integral de reparación y restitución de las tierras a la población des-plazada (caso Carimagua). De igual forma, se intentó frenar el colapso del sistema de salud por la crisis financiera mediante el incremen-to de los aportes económicos que los usuarios hacen del sistema, normativa que posterior-mente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional (Delgado y Paredes, 2010). Situaciones como las anteriores se enmarcan en un contexto general en el cual la garantía integral de los derechos sociales de la pobla-ción —uno de los fines primordiales del Es-tado Social de Derecho— pierde su importan-cia frente a otros temas de la agenda política del actual gobierno, como son la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la delicada situación de las relaciones internacionales.

Colombia es uno de los países de Amé-rica Latina que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso: se calcula que el coeficiente de Gini para nuestro país en este tema es de 0,576. Además, un 27,7% de la po-blación tiene las necesidades básicas insatis-fechas (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 6). Ante esta situación, la política social del Estado

“La garantía integral de losderechos sociales —uno de los fines primordiales del Estado Social de Derecho— pierde su importancia frente a otros te-

mas de la agenda política”.

debe encontrarse dirigida hacia la disminución de la brecha social y de la pobreza por medio de una estra-tegia integral que favorezca la reali-zación de los derechos humanos del conjunto de la población. Tras ocho años de Gobierno esta situación no logró ser contenida y los programas que se diseñaron para este propósi-to se encuentran lejos de alcanzar este fin.

En la consolidación del Estado Comunitario las políticas sociales emergie-ron como programas complementarios a la implementación de los pilares del gobierno: seguridad democrática, confianza inversio-nista y cohesión social (Gutiérrez, 2010). Esta última se buscó principalmente con un modelo de subsidios en efectivo para enfren-tar las situaciones de pobreza extrema que atraviesa la mayor parte de la población co-lombiana. En este sentido, en materia de polí-tica social, adquirió un gran protagonismo la Consejería Presidencial para la Acción Social.

Los programas de subsidio a la pobla-ción más pobre se convirtieron en la bandera de este gobierno en cuanto a política social se refiere, con la consecuencia directa de que se realizó menor énfasis en otros programas ‘tradicionales’ como los de salud, educación y empleo, entre otros. Este artículo no pretende realizar una evaluación detallada del conjun-to de las políticas sociales que se implementa-ron durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, sino mostrar cómo la concentra-ción de la política social en los programas de subsidio por medio de la transferencia de efectivo es contradictoria con la realización integral de los derechos humanos de los más pobres. Además, busca señalar cómo después de ocho años el estado general de la garan-tía de los derechos sociales del conjunto de la población colombiana no reporta avances

significativos sino que, por el contrario, deja abiertos grandes interrogantes sobre la efec-tividad del gobierno Uribe en estas materias.

Focalización, subsidios y derechoshumanos

Durante los dos últimos periodos de gobierno, la política social en nuestro país se ha concentrado en programas de subsidio condicionado o transferencia de efectivo a las familias pobres. El programa “Familias en Acción”, que fue creado durante el gobierno de Andrés Pastara, se presenta hoy como el principal logro en materia social, argumen-tando que logró reducir los índices de pobre-za y mejoró la condición de las familias más pobres del país. En la reciente rendición de cuentas del actual gobierno se señaló que: “Familias en Acción ha sido un verdadero proceso de crecimiento de la Nación. Por-que en la medida que se ha logrado que la base de la sociedad, la población más pobre y marginada, se mueva hacia el progreso, se ha comenzado a mover a toda la sociedad” (Aponte, 2010).

Familias en acción es un programa de transferencia de efectivo a las familias pobres que se encuentra condicionado por dos facto-res: escolaridad y asistencia a citas de control


Política Social

de crecimiento. Tiene una ejecución cen-tralizada desde la Consejería Presidencial para la Acción Social y una cobertura de 1.099 municipios en todo el país. Para el año 2010 el programa cubre a más de dos millones novecientas mil familias (Aponte, 2010). A pesar de los logros que se le atri-buyen a la implementación y crecimiento durante el actual gobierno, como el incre-mento de la asistencia a controles de cre-cimiento, el aumento de la escolaridad y la disminución del trabajo infantil en los mu-nicipios en los cuales se ha implementado, su capacidad de enfrentar las causas es-tructurales de la pobreza y de traducir esta situación en una ciudadanía plena susten-tada en la garantía integral de los derechos humanos se encuentra aún en entredicho.

Entrega de tarjetas débido de Familias en Acción en Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

La ONU cuestiona la capacidad de los programas de trans-ferencia para transformar la situación de pobreza hacia una ciudadanía plena sustentada en la realización integral de los Derechos Humanos.

“A pesar de los logros quese le atribuyen a la implemen-tación y crecimiento durante el actual gobierno, su capacidad de enfrentar las causas estruc-turales de la pobreza se en-

cuentra aún en entredicho”.En el año 2009, la experta independien-

te de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y extrema pobreza, Magdalena Se-púlveda, presentó un informe poco divulgado sobre la capacidad que tienen los programas de transferencia de efectivo a la población más vulnerable para la garantía de sus dere-chos. En el documento se reconoce que estos programas pueden ser útiles para que las familias más pobres enfrenten situaciones cotidianas de extrema pobreza y mejoren sus condiciones de vida, particularmente en lo que respecta al vestido y a la alimentación. Sin embargo, se cuestiona su capacidad de

transformar esta situación hacia una ciuda-danía plena sustentada en la realización inte-gral de los derechos humanos por diferentes razones.

En primer lugar, si los programas de transferencia de efectivo no tienen en cuen-ta en su diseño los contenidos y obligaciones estatales definidos por las normas e instru-mentos internacionales de derechos huma-nos, difícilmente pueden ser herramientas útiles para que los Estados puedan avanzar en el cumplimiento de las mismas. En segun-do lugar, estos programas deben realizarse conjuntamente con otras políticas dirigidas a la satisfacción integral de los derechos del conjunto de la población, es decir, no pueden substituir las demás políticas de bienestar social, educación, salud y generación de em-pleo. Aplicarlos en un contexto en el cual no se ejecute una política articulada de garantía y realización de los derechos sociales hace que pierdan su capacidad de generar alter-nativas para la superación de la pobreza ex-trema, destruye el principio de universalidad de los derechos humanos y limita el ejercicio

de una ciudadanía plena para los más pobres.

Al realizar un análisis de Fami-lias en Acción desde la perspectiva de los derechos humanos que propone Naciones Unidas, se reconoce que este programa padece de los defectos más importantes que ha señalado la experta idependiente en su informe, vamos por partes.

Hay que comenzar señalando que Familias en Acción es un programa que focaliza la acción del Estado hacia los sectores más vulnerables. Bajo esta pre-misa se podría justificar la ausencia de la aplicación del principio de universa-lidad de derechos humanos, ya que sólo

accederían al mismo ciertos ciudadanos que cumplen con requisitos que, de acuer-do con la página web de Acción Social son: “familias pertenecientes al nivel 1 del SIS-BEN, familias en condición de desplaza-miento registradas en el SIPOD y familias indígenas registradas en los censos indíge-nas avalados por el Ministerio del Interior y Justicia con menores de 18 años”.

Sin embargo la identificación de los beneficiarios no siempre ha obedecido a criterios técnicos o ajenos a intereses políticos. Por ejemplo el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell denunció que un departamento como Chocó, que tie-ne los índices más altos de necesidades bá-

sicas insatisfechas - NBI: 79,58%, cuenta con sólo 1.672 familias inscritas en el programa, en tanto que en Caldas, cuyo índice de NBI se encuentra 17,76%, hay 4.731 familias benefi-ciaras de Familias en Acción. La creación de programas de este tipo, sin consideración del principio de universalidad, ha sido señalada por las Naciones Unidas como uno de los pro-blemas estructurales de los mismos.

El diseño del programa no tiene en cuenta ni el contenido de los derechos socia-les señalado en los instrumentos internacio-nales de Derechos Humanos reconocidos por Colombia, ni las obligaciones que el Estado ha asumido para su garantía. La condición de la entrega del dinero en efectivo a la asisten-cia escolar y a los controles de crecimiento no son criterios suficientes para sustentar que tiende a garantizar el derecho a la educación y a la alimentación de los niños y las niñas.

“La entrega del dinero enefectivo a la asistencia escolar y a los controles de crecimien-to no son criterios suficientes para sustentar que se garantiza el derecho a la educación y a la

alimentación”.Estos requisitos sólo se refieren al acceso y no tienen en cuenta otros contenidos del de-recho como la adaptabilidad, la asequibilidad o la aceptabilidad. Además, tiende a reducir la concepción de educación a escolaridad, entendida como el acceso a la escuela como un espacio físico, lo cual apunta únicamente a los mínimos de la garantía del derecho.

De igual forma sucede con la asistencia a controles de crecimiento y su pretendida re-lación con el derecho a la alimentación. Este puntual requisito no alcanza a dar cuenta de las múltiples obligaciones del Estado frente a este derecho como garantizar la disponibilidad


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de alimentos, eliminar las barreras físicas para su acceso y ejecutar políticas públicas destinadas al fortalecimiento de su produc-ción en el país. Si los programas de transfe-rencia de efectivo condicionados no se rela-cionan de forma integral con el conjunto de las políticas sociales, sus efectos en materia de realización de los derechos humanos re-sultan adversos.

Chocó tiene 1672 familias inscritas al pro-grama Familias en Acción, a pesar de ser uno de los departamentos con los índices más altos de necesidades insatisfechas.

financiera (Plataforma Colombiana de De-rechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 8).

- Generación de empleo. (Ver artículo Más inversión, más pobreza y más desigualdad en esta misma edición). El deterioro de las condiciones laborales es inversamente pro-porcional al aumento de las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues desde 2002 se han creado 1.923 cooperativas que tienen cerca de 350.000 empleados, en tanto que desde 1992 hasta el año 2006 se redujeron en un 40% el número de empleos permanentes en el sector industrial y los contratos tempora-les aumentaron en un 192% (Plataforma Co-lombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, 9).

- Derecho a la vivienda. “Los subsidios entre-gados por el Estado no logran incidir positi-vamente en la reducción del déficit de la vi-vienda: 14,7% en déficit cuantitativo, 29,6% con carencias de servicios públicos básicos, y 19% de las construcciones con precarie-dad de materiales” (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desa-rrollo, 2010, 12). Los desalojos de viviendas se continúan realizando a pesar de que esta práctica ha sido prohibida por el derecho in-ternacional. La vulneración de este derecho continúa siendo una realidad para buena parte de la población colombiana, particular-mente los más pobres.

Después de ocho años de política social del gobierno de Uribe los resultados no son alentadores. Los programas de subsidio, aun-que han permitido la mitigación de los efec-tos de la pobreza extrema en la población, se encuentran distantes de convertirse en he-rramientas útiles para la garantía de los de-rechos sociales. Las políticas de empleo, sa-lud y educación no permiten la realización de los contenidos y obligaciones del Estado en la garantía de estos derechos. No existe una articulación entre las políticas de subsidio y las demás políticas sociales del gobierno. Los avances aparentes en la reducción de la po-breza son mínimos y seguimos siendo cam-peones en la brecha social y la desigualdad en

institucional de Familias en Acción se en-cuentra lejos de vincularse de forma estruc-tural al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos sociales. La experta independiente señaló que “en la mayoría de los casos, los programas de transferencia de efectivo se basan únicamen-te en decretos presidenciales, declaraciones de política o, simplemente, en manuales y directrices de tipo operativo”. El programa se encuentra desvinculado del marco cons-titucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no se relaciona con las obligaciones del Estado en esta materia y, por ser una iniciativa puntual de gobier-no y no un programa de Estado puede ser utilizado incluso como botín electoral, tal como fue denunciado por múltiples medios durante la última campaña presidencial.

La ejecución de este tipo de programas debe realizarse de forma articulada e integral con el conjunto de las políticas sociales del Estado. Sin embargo, en Colombia la política social no ha registrado avances significativos en la garantía de los derechos sociales de la población. Por el contrario, tras ocho años de gobierno de Uribe los resultados son des-alentadores:

- Derecho a la salud. Un sistema de salud que aún no se recupera de la crisis financiera. El modelo de intermediación definido por la po-lítica nacional es altamente costoso, la satis-facción de los usuarios del sistema es mínima y el acceso a los servicios se ve constantemen-te limitado por barreras económicas ya que, además de los aportes mensuales al sistema, se deben cubrir otro tipo de gastos como con-sultas, medicamentos y tratamientos. A esto

Colombia es el único país de Sudamérica en el cual la educación básica primaria aún no es gratuita. Carece de sentido condicionar el subsidio a la escolaridad cuando el Estado no ha cumplido con la garantía de este derecho.

Si los programas de transferen-cia de efectivo condicionados no se relaciona de forma inte-gral con le conjunto de las po-líticas sociales, sus efectos en materia de realización de los

DDHH resultan adversos

“”.

Así mismo, la experta independiente señaló que: “La imposición de condiciones también es cuestionable atendiendo a los po-sibles efectos negativos de las condiciones, como la falta de inversión adecuada por par-te de los proveedores de servicios públicos”. Este precepto se refleja en la realidad colom-biana ya que el condicionamiento de los sub-sidios de Familias en Acción no se encuentra necesariamente vinculado con la inversión pública para la garantía de los derechos a la educación, salud o alimentación.

No resulta coherente exigir la perma-nencia en las aulas o la asistencia a controles médicos si no se cuenta con la inversión de recursos necesaria para que estos derechos sean universales y de calidad. Colombia es el único país de Sudamérica en el cual la educa-ción básica primaria aún no es gratuita. Ca-rece de sentido condicionar el subsidio a la escolaridad cuando el Estado no ha cumplido su obligación más básica para la garantía de este derecho. En consecuencia, la imposición de condiciones para el acceso a los subsidios puede convertirse en un castigo adicional para los pobres, generando una barrera adi-cional, lo que produciría un efecto contrario a aquél que orientó la creación del programa.

Es importante señalar que el diseño

se suma que desde el año 1993 más del 80% de la red pública hospitala-ria del país ha sido cerrada o rees-tructurada por su baja viabilidad


el continente. Si tuviéramos la oportunidad de evaluar a profundidad las políticas socia-les del gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos, los interrogantes serían aún mayores.

Queda demostrado que se necesita más que un programa de subsidios para lograr la garantía integral de los derechos sociales de los colombianos y colombianas. Si el próximo gobierno quiere mantener la política social del que termina su periodo, se enfrentará a una crisis de mayores magnitudes. Para que el Estado Social de Derecho sea una realidad tendrá que transformarse de forma estructu-ral la política social que tras ocho años de eje-cución deja un preocupante saldo en rojo.

Política Social

Referencias• Aponte, Diego, 2010, Rendición de Cuentas del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, mayo.16. Disponible en: http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Discurso%20Diego%20Molano%20Aponte.pdf• Coronell, Daniel, 2010, “Otra forma de fraude” en Revista Semana, 31 de mayo. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-opinion/otra-forma-fraude/139519.aspx• Delgado, Luis Alejandro y Paredes, Natalia, 2010, “La salud en el debate electoral”, Cien Días vistos por CINEP/PPP, No 68. Disponible en: http://www.cinep.org.co/node/886• Gutiérrez, Ricardo, 2010, “Transformamos la po-lítica social”, El Espectador, 24 de julio. Disponible en: http://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo-215097-transformamos-politica-social• Naciones Unidas, 2009, Informe de la Experta independiente encargada de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magda-lena Sepúlveda, Naciones Unidas, A/HRC/11/9, 27 de marzo. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/126/57/PDF/G0912657.pdf?OpenElement• Otero, Silvia y Barrera, Victor, 2009, “Agro Ingre-so Seguro. Una nueva versión del conflicto entre el hacha y el papel sellado” en Cien Días vistos por CINEP/PPP, No 68, diciembre. Disponible en: http://www.cinep.org.co/node/786• Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2010, “Informe alterno al quinto informe del Estado Colombiano ante el Co-mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E./C.12/COL/5)”. Bogotá. Disponible en: http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporco-lombia.org/files/u2/Informe_Alterno_PCDHDD.pdf

*Sergio CoronadoInvestigador del equipo DHESC


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Cien días vistos por CINEP/PPP - Agosto de 2010/ No 70

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