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Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 201 6 Resultados Censos Nacionales de Gobierno

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Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Memoria de actividades, documento de resultados y/o marco conceptual de: Encuesta Nacional de Gobierno,

Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009; Encuesta Nacional de Gobierno, Poder Ejecutivo Estatal 2010; Censo

Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011 a 2015; Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública

y Sistema Penitenciario Estatales 2011 a 2016; Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2011 a 2016; Censo

Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2011 a 2016; Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2011-

2013, 2014, 2015 y 2016; Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2014; Censo Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2016; Censo Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal 2016.

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Catalogación en la fuente INEGI:

353.4972 Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales

(2016).

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario

Estatales 2016 : resultados / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México :

INEGI, c2017.

ix, 88 p.

1. Administración de justicia - México - Censo, 2016 - Estadísticas. 2. Prisiones -

México - Censo, 2016 - Estadísticas. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(México).

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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene bajo su responsabilidad suministrar a la sociedad y al Estado in-formación de calidad, pertinente, veraz y oportuna, atendiendo al mandato constitucional de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Dicho Sistema se integra por cuatro subsistemas que agrupan los diversos campos de información de interés nacional de manera temática, lo que permite lograr que la generación, suministro y difu-sión de información se realice de manera ordenada y bajo esque-mas integrales y homogéneos que conlleven al cumplimiento de los objetivos del SNIEG.

Los subsistemas son los siguientes:

• Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.

• Subsistema Nacional de Información Económica.

• Subsistema Nacional de Información Geografía y del Medio Ambiente.

• Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Segu-ridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), fue creado en diciembre de 2008 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI, como propuesta del Consejo Consultivo, tal como se establece en la fracción III del artículo 15 de la Ley del SNIEG.

El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico: “Institucionalizar y operar un esquema coordinado para la producción, integración, conservación y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permi-ta conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado Mexicano y a sus respectivos poderes en las funciones de gobierno, seguridad pú-blica e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias”.

En función de esto, el Instituto pone a disposición de los usuarios de la información los resultados del Censo Nacional de Gobierno,

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Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, como un producto de información del SNIGSPIJ relativo a la gestión y desempeño de las instituciones públicas de los gobiernos de los es­tados y del Distrito Federal en sus funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario, medio ambiente y justicia cívica (sólo para el caso de Distrito Federal) a efecto de que dicha información se vincule al quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en las materias.

En el presente documento se ofrece una descripción general del proyecto y los resultados más relevantes de cinco módulos con in­formación de las administraciones públicas de las entidades federa­tivas del país.

En el primero de ellos se presenta información sobre algunos elementos básicos que ayudan a comprender su gestión y desem­peño a partir de la estructura organizacional, los recursos humanos y materiales con los que cuentan, el presupuesto ejercido, los trámites y servicios ofrecidos, transparencia y control interno, participación ciudadana, defensoría de oficio y catastro, el ejercicio de funciones específicas y el marco regulatorio bajo el que operan.

En el segundo módulo se brindan datos sobre el ejercicio de la función de seguridad pública incluyéndose información sobre los recursos humanos y las evaluaciones que aprobaron, los recursos presupuestales y la infraestructura con la que contaron, así como las acciones que realiza la policía estatal o del Distrito Federal, el tipo de presuntos delitos e infracciones registrados en ellas y los probables responsables e infractores involucrados.

En el tercer módulo se encuentran cifras sobre el sistema peniten­ciario estatal y del Distrito Federal, en donde se pueden identificar aspectos como la infraestructura, los recursos humanos y presu­puestales con los que contaron las entidades federativas para el ejercicio de dicha función, las características de la población que in­gresó a los centros de reclusión, la que egresó y la que se encuentra recluida, el tipo de delito y fuero al que correspondió, así como las características de los adolescentes en tratamiento.

En el cuarto módulo se ofrece información acerca de los elemen­tos de planeación y programas sobre medio ambiente en las enti­dades federativas, los recursos financieros aplicados a los mismos, las auditorías y certificaciones ambientales y las acciones y progra­mas para impulsar la sostenibilidad de las actividades productivas, el transporte y la movilidad urbana.

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De igual manera, en el último módulo se presentan datos sobre justicia cívica, particularmente sobre el personal y la infraestructura destinados a esta función, así como los procedimientos administra­tivos instaurados por los jueces cívicos en el Distrito Federal, las infracciones e infractores registrados, entre otros.

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Índice

Introducción VII

1. Descripción general del proyecto 1

2. Administración pública de la entidad federativa 5

3. Seguridad pública 23

4. Sistema penitenciario 31

5. Medio ambiente 43

6. Justicia cívica 47

Glosario 53

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VII

Con la entrada en vigor de la Ley del SNIEG, publicada en el Dia­rio Oficial de la Federación el 16 de abril de 2008, se establece un nuevo marco regulatorio para el INEGI, como organismo público del Estado Mexicano con autonomía técnica y de gestión, responsable principalmente de coordinar y normar el SNIEG.

Ante ello, el INEGI asumió nuevas atribuciones conferidas por ley para conducir su desempeño en el marco del Sistema, a efec­to de proveer oportunamente a la sociedad información de interés nacional a través de la coordinación entre los integrantes del mis­mo y la adopción generalizada de estándares nacionales e interna­cionales, buscando siempre que las instituciones públicas cuenten con información de calidad para desarrollar sus procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de manera eficaz, lo que permite apoyar, tanto el desarrollo como los asuntos de interés nacional.

De esta forma, el SNIGSPIJ pone énfasis en la generación de información que permita conocer aspectos relevantes de la gestión y operación de las instituciones públicas de los tres poderes y de los tres ámbitos de gobierno que conforman el Estado Mexicano. Este conjunto de información es fundamental para que las instituciones pú­blicas, como usuarias primordiales, cuenten con información integral, suficiente y de calidad, que les soporte en el diseño, implementa­ción, monitoreo y evaluación de políticas públicas que, en principio, atiendan a la conservación y respeto del Estado de Derecho, y que al mismo tiempo permitan una mejor gestión y desempeño de la acción gubernamental.

En ese contexto, para el SNIGSPIJ es esencial producir infor­mación sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal en su función de gobierno, seguridad pública, medio ambiente y sistema peniten­ciario. Así, con el propósito de generar información estadística en estos temas, mediante la implementación del primer cuestionario en el año 2010, se dio inicio a la construcción de una serie histórica enfocada a soportar el proceso de las políticas públicas.

El instrumento que dio origen a este ejercicio estadístico fue la Encuesta Nacional de Gobierno 2010-Poder Ejecutivo Estatal (ENGPEE 2010), integrada por una sección con información sobre la función de gobierno, otra para información de seguridad pública y una última con datos sobre temas de reinserción social.

Introducción

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Un segundo ejercicio al respecto derivó en la aplicación del Censo Nacional de Gobierno 2011-Poder Ejecutivo Estatal (CNG 2011-PEE), mismo que, a partir de la información recabada en el ejercicio an­terior, se vio en la necesidad de ajustar los nombres de dos de las tres secciones en las que se integró, presentando en la primera sección información sobre la administración pública estatal o del Distrito Federal, en la segunda sección sobre seguridad pública y, por último, en la tercera sección se abordaron temas sobre el siste­ma penitenciario.

En 2012 se llevó a cabo el tercer levantamiento mediante el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Peniten­ciario Estatales 2012 (CNGSPSPE 2012), integrado con las mismas secciones del ejercicio anterior y adicionando una sobre justicia cí­vica aplicable sólo al gobierno del Distrito Federal.

Posteriormente, en 2013, 2014 y 2015 se realizaron el cuarto, quinto y sexto levantamientos, respectivamente. Por lo que ahora, con la finalidad de dar continuidad a los ejercicios realizados, y a seis años de distancia de la aplicación del primer instrumento, en esta ocasión se presentan los resultados del Censo Nacional de Go­bierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 (CNGSPSPE 2016) como el séptimo ejercicio de la serie iniciada en 2010.1

A pesar de que, en relación con los cuestionarios aplicados en años anteriores, al instrumento de captación del CNGSPSPE 2016 se le realizaron ajustes en su estructura, la consistencia temática y conceptual se ha mantenido, con lo cual la serie estadística que comenzó su construcción en 2010 no se verá interrumpida, siendo que, por el contrario, se ha enriquecido con los temas que en esta ocasión se abordan.

Es conveniente destacar que dada la importancia de la infor­mación que se genera a través del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, y toda vez que la misma ya fue considerada como Información de Interés Nacional, dichos datos tienen el carácter de oficiales y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.2

En este contexto, el presente documento muestra en primer lu­gar una descripción general de las actividades que conformaron el proyecto, en la que se menciona de manera resumida cada una de sus etapas, desde la planeación general hasta la difusión de productos.

1 Cabe mencionar que en los seis ejercicios se ha recopilado información de todas las entida­des federativas del país y los resultados correspondientes se encuentran disponibles en la sección de Censos de Gobierno en la página de Internet del Instituto, en el vínculo:

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2016/2 En diciembre de 2011 la Junta de Gobierno del INEGI determinó que a partir de esa fecha la información derivada de este proyecto sería considerada como Información de Interés Na­cional y el proyecto tomaría el nombre de Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. En este sentido, los datos derivados de este censo tienen el carácter de oficial y obligatorio para las entidades federativas y los municipios del país.

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Posteriormente, se ofrece información sobre los temas que fue­ron abordados en cada módulo mediante una serie de gráficos que reflejan los resultados obtenidos.3

Cabe señalar que en el presente documento se hace referencia a parte de la información recabada mediante este censo, y que algu­nas cifras se presentan agregadas a nivel nacional o con otro tipo de agregación, y en ellas se reflejan únicamente las entidades federa­tivas que proporcionaron información o aquellos elementos con los que se contaron datos. Por lo que, para mayor detalle, en la página de Internet del Instituto en la sección correspondiente a Censos de Gobierno, se puede acceder a la totalidad de información que es susceptible de poner a disposición de los usuarios acorde con lo señalado en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica así como con lo establecido en el apartado de “Diseño estratégico” y “Diseño conceptual” de la Memoria de Actividades4 de este censo.

También resulta relevante mencionar que la información del presente ejercicio deriva de lo reportado por las entidades fede­rativas y en su lectura o análisis debe considerarse que sólo hace referencia al ámbito de las atribuciones y responsabilidades de los gobiernos estatales o del Distrito Federal. En caso de requerir un análisis integral en alguno de los temas abordados en el censo, de­berá considerar la información de otros ámbitos de gobierno cuan­do corresponda.

Por último, para proveer una herramienta de apoyo a los usua­rios en la interpretación y aprovechamiento de la información deri­vada del presente ejercicio, al final del documento se presenta el glosario de los principales términos empleados en este ejercicio.

3 En su mayoría, estos gráficos contienen sólo los resultados de algunas variables considera­das importantes para el tema de que se trate.

4 La Memoria de Actividades del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016 es parte de la serie documental de este proyecto, en la que se registran, entre otras cosas, las actividades propias del mismo en cada una de sus etapas.

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1. Descripción general del proyecto

Con la finalidad de presentar los aspectos metodo­lógicos y procedimientos propios de los trabajos del CNGSPSPE 2016 relativos a la recopilación, proce­samiento, tratamiento y presentación de los datos e información estadística, el presente apartado contie­ne una exposición resumida de cada una de las eta­pas que lo conformaron. Es importante hacer énfasis en que el documento Memoria de Actividades de este censo presenta de manera más detallada los aspec­tos relacionados con la metodología y el desarrollo del proyecto.

El objetivo general del censo consistió en “Gene­rar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada Entidad Federativa, específicamente en las funciones de gobierno, segu­ridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica, únicamente para el caso de la Ciudad de México, con la finalidad de que dicha in­formación, se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, moni­toreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas de interés nacional.” Mismo que, para poder clarificar los alcances y orientar adecuadamente los resultados a lograr en cada uno de los temas que se propusieron, derivó en los siguientes objetivos específicos:

1. Generar información básica de la estructura organizacional de la Administración Pública de cada Entidad Federativa, con el fin de conocer la conformación orgánica de las mismas.

2. Generar información sobre la distribución de los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Administración Pública de cada Entidad Federativa, con el objeto de conocer las carac­terísticas de distribución de los mismos, a partir de su estructura organizacional.

3. Generar información sobre los recursos de re­des y conexión a Internet con los que cuenta la Administración Pública de cada Entidad Fede­rativa, con la finalidad de conocer las caracte­rísticas básicas del gobierno electrónico en las mismas.

4. Generar información sobre la cantidad, tipos y características de acceso a los trámites y ser­vicios con los que cuenta la Administración Pú­blica de cada Entidad Federativa, con el objeto de ofrecer datos básicos a los usuarios sobre los servicios que ésta proporciona.

5. Generar información sobre los elementos y accio­nes institucionales que ha llevado a cabo la Ad­ministración Pública de cada Entidad Federativa, para la implementación y ejercicio de funciones específicas como planeación y evaluación, activi­dades estadísticas y/o geográficas, armonización contable, transparencia, archivos, catastro esta­tal, control interno y anticorrupción, y defensoría de oficio, con el fin de conocer las características del marco institucional de buen gobierno en el que se desarrollan sus actividades.

6. Generar información sobre la cantidad y carac­terísticas básicas de las leyes y disposiciones normativas internas que rigen la operación de la Administración Pública de cada Entidad Fe­derativa, con la finalidad de conocer el marco regulatorio bajo el cual desarrollan las funciones que tiene conferidas.

7. Generar información sobre las características de la infraestructura y distribución de los re­cursos humanos, materiales y presupuestales, destinados a la función de seguridad pública en cada Entidad Federativa, así como los elemen­tos básicos del ejercicio de la función de seguri­dad pública, e información sobre las Entidades Federativas y Municipios que ya operan bajo el sistema de Mando Único Policial, con el objeto de conocer las características de distribución de los recursos e infraestructura con la que cuentan para su operación, e identificar los Municipios en los que la función de seguridad pública es reali­zada por la Entidad Federativa.

8. Generar información sobre la cantidad de interven­ciones realizadas por la policía de cada Entidad Federativa, así como la cantidad y características de los presuntos delitos, infracciones, probables víctimas y probables responsables que se en­cuentran registrados en las mismas.

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9. Generar información sobre las características de la infraestructura y recursos destinados a los Centros Penitenciarios y Centros de Tratamiento o Internamiento para Adolescentes en cada Enti­dad Federativa, con el fin de conocer las carac­terísticas de distribución de los recursos con los que cuentan para su operación dichos Centros.

10. Generar información sobre la cantidad de ingre­sos y egresos de los Centros Penitenciarios en cada Entidad Federativa, así como sobre los de­litos del fuero común y delitos del fuero federal cometidos, con el objeto de conocer las caracte­rísticas de las personas ingresadas, egresadas y de la población que se encuentra recluida en dichos Centros.

11. Generar información sobre la cantidad de ingre­sos y egresos de los Centros de Tratamiento o Internamiento para Adolescentes en cada Enti­dad Federativa, así como sobre la cantidad de conductas antisociales cometidas.

12. Generar información sobre las actividades orien­tadas a la reinserción social que se llevan a cabo en los Centros Penitenciarios y en los Centros de Tratamiento o Internamiento para Adolescen­tes de cada Entidad Federativa, con la finalidad de conocer el tipo de actividades realizadas por las personas y adolescentes recluidos en dichos Centros.

13. Generar información sobre las principales carac­terísticas técnicas y administrativas en materia ambiental, con la finalidad de conocer la aten­ción que se le da al tema ambiental en la Enti­dad Federativa.

14. Generar información sobre la distribución de los recursos humanos, materiales y presupuestales destinados a la función de Justicia Cívica en la Ciudad de México, y los elementos básicos del ejercicio de la función, con el fin de conocer las características de distribución de los recursos e infraestructura con la que cuentan para su ope­ración, e identificar el curso de atención propor­cionado a los procedimientos administrativos que sean iniciados por los Jueces u Oficiales Calificadores.5

5 Objetivo dirigido únicamente al Gobierno del Distrito Federal, al ser la autoridad que tiene las facultades correspondientes en la mate­ria, con la finalidad de complementar la serie que en la materia se genera a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales en el módulo denominado “Justicia Municipal”.

Las actividades propias del CNGPSPE 2016 en sus diversas etapas, fueron llevadas a cabo por la Direc­ción General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia (DGEGSPJ) y participaron de mane­ra coordinada las direcciones regionales y coordinacio­nes estatales del Instituto.

Con la finalidad de contar con referentes que apo­yaran el logro de los objetivos de este censo, el INEGI estableció una estrategia de coordinación con sus di­recciones regionales y coordinaciones estatales, para determinar los canales de comunicación e intercambio de información con diversas instituciones y organismos encargados de llevar a cabo las funciones de gobierno, seguridad pública, medio ambiente y sistema peniten­ciario en las entidades federativas del país.

Para la realización del censo se estableció un pro­grama general que consistió en ocho etapas en las que se desarrollaron las actividades comprendidas en el proyecto, mismas que se describen de manera gene­ral a continuación, resaltando los principales elemen­tos de cada una.

La primera etapa, correspondiente a la planeación general del proyecto, consistió en la elaboración del cronograma general de actividades, así como del do­cumento de planeación del proyecto, la elaboración del presupuesto preliminar, las acciones para su aproba­ción y posteriormente, para su asignación.

La segunda etapa, denominada diseño del proyecto, consistió en la generación del cuestionario preliminar, su revisión y ajustes, para concluir con la elaboración de la versión definitiva.

Durante la tercera etapa, se llevaron a cabo las ac­tividades orientadas a la coordinación y preparativos para el levantamiento, así como la capacitación.

El levantamiento correspondió a la cuarta etapa del proyecto. Inició con la entrega de los cuestiona­rios definitivos a los representantes de los goberna­dores de las entidades federativas y enlaces, a través de los responsables operativos de direcciones regio­nales y coordinaciones estatales; enseguida se pro­cedió al llenado de los cuestionarios por parte de los informantes, acompañados de un proceso de apoyo y aclaración de dudas sobre su llenado ejecutado por los representantes del INEGI en este proyecto. Poste­riormente, comenzó la recuperación de la información con la recepción en la DGEGSPJ de las versiones preliminares de los cuestionarios requisitados, dando paso al proceso de prevalidación de la información. En los casos en que se detectaron inconsistencias, se hicieron los comentarios pertinentes a los responsa­

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bles operativos y los informantes realizaron los ajus-tes necesarios. Una vez realizadas las modificaciones correspondientes, fueron enviados a la DGEGSPJ los cuestionarios con la información definitiva para su procesamiento.

Durante la quinta etapa se llevó a cabo la integra-ción de la base de datos preliminar, una vez revisada la consistencia de la información.

Como sexta etapa del proyecto se realizó la va-lidación de la base de datos preliminar mediante la aplicación de vectores de validación con criterios pre-viamente definidos, así como su liberación para ser utilizada en la elaboración de los productos con los resultados del censo.

En la séptima etapa, se dio paso a la elaboración de la memoria de actividades y el marco conceptual, así como a la integración y operación de los componentes temá-ticos para la explotación y consulta de información me-diante los tabulados, consultas interactivas y microdatos.

Finalmente, la octava etapa correspondió a la difusión de los productos, la cual comenzó con la elaboración del comunicado de prensa y concluyó con la publicación de los resultados en el sitio Web del Instituto.

Es importante insistir en que, si bien en el presen-te documento se hace referencia a datos estadísticos que derivan de parte de la información obtenida me-diante este ejercicio, el resto de la información suscep-tible de poner a disposición de los usuarios puede ser consultado en la página de Internet, misma que se ha referido líneas arriba.

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2. Administración pública de la entidad federativa

Los poderes ejecutivos de las entidades federativas, a efecto de poder ejercer su función de gobierno, or­ganizan su administración a partir de instituciones del poder público del estado o del Distrito Federal cuyo propósito es realizar las tareas permanentes de interés general, que les permitan satisfacer las necesidades colectivas de los ciudadanos. Dicha administración, que se identifica como administración pública de la entidad, está conformada por instituciones tanto de la administración central y como de la administración paraestatal.

La administración central se constituye por institu­ciones que, de acuerdo con la normativa orgánica de cada entidad, fueron creadas para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos que corres­ponden al Ejecutivo y se encuentran subordinadas je­rárquicamente y de manera directa al mismo. Éstas, por lo general, se identifican como secretarías o cual­quier otro tipo de institución, organización o unidad ad­ministrativa pública de características similares.

La administración paraestatal se integra por ins­tituciones que son creadas con el fin de auxiliar a la administración central para realizar alguna actividad considerada estratégica o privada, la prestación de al­gún servicio público o social, o la aplicación de recur­sos con fines específicos. Normalmente se identifican como entidades paraestatales, organismos descentra­lizados, empresas, fideicomisos, o cualquier otro tipo de institución, organización o unidad administrativa pú­blica de características similares.

En este sentido, el censo se planteó, en primer lu­gar, la necesidad de identificar la manera en que las

administraciones públicas estatales y del Distrito Fe­deral conforman sus estructuras organizacionales y distribuyen y operan los recursos con los que cuentan para cumplir con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio correspondiente.

En la presente sección se muestran los principales resultados mediante una serie de gráficas que permi­ten identificar las características básicas de los elemen­tos con los que contaron las administraciones públicas estatales y que fueron destinados al desarrollo de sus funciones.

Estructura organizacional y recursos

Al cierre del año 2015 las administraciones públicas de las entidades federativas se conformaron por un total de 2 179 instituciones, 718 correspondían a la admi­nistración pública central y 1 461 a la administración paraestatal.

Para el desempeño de sus funciones, las adminis­traciones públicas de las treinta y dos entidades fede­rativas contaron con 2 283 652 personas adscritas a sus instituciones; de ellas 1 080 474 fueron hombres y 1 203 178, mujeres.

Como puede apreciarse a continuación, las entidades que contaron con el mayor número de personal fueron el estado de México con 295 054, seguido del Distrito Federal con 245 509 y Veracruz de Ignacio de la Llave con 196 115. En contraste, las entidades con la menor plantilla de personal fueron Aguascalientes (16 423), Co­lima (21 930) y Baja California Sur (22 003) (gráfica 1.1).

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Asimismo, se sabe que de acuerdo con el régimen de contratación 1 485 704 fueron de base (65.1 por ciento), 392 729 de confianza (17.2 por ciento), 202 476

fueron eventuales (8.9 por ciento), 76 262 (apenas 3.3 por ciento) se contrató por honorarios y 126 481 (5.5 por ciento) fue contratado por otro régimen (gráfica 1.2).

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

295 054245 509

196 115150 364

109 581108 603

91 16787 354

84 98974 202

63 28160 958

53 46853 36051 32749 37948 742

45 25943 92541 87240 475

37 63230 45130 189

27 77926 53225 70725 25624 766

22 00321 930

16 423

México

Distrito Federal

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

Guanajuato

Guerrero

Tamaulipas

Chihuahua

Tabasco

Hidalgo

Yucatán

San Luis Potosí

Baja California

Durango

Chiapas

Sonora

Michoacán de Ocampo

Zacatecas

Puebla

Morelos

Nuevo León

Nayarit

Querétaro

Tlaxcala

Oaxaca

Sinaloa

Coahuila de Zaragoza

Quintana Roo

Campeche

Baja California Sur

Colima

Aguascalientes

Personal en las instituciones de las administraciones públicas, por entidad federativa, 2015

Gráfica 1.1

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Por otro lado, respecto a los recursos materiales, se registraron 178 488 bienes inmuebles a disposición de las administraciones públicas de las entidades fede­rativas, así como 155 912 vehículos. En cuanto a los

recursos informáticos, hubo 1 105 624 computadoras, 300 550 impresoras, 20 213 servidores y 46 480 table­tas. Por último se registraron 108 632 líneas telefóni­cas y 161 915 aparatos telefónicos.

Relación entre recursos materiales y personal adscrito a las instituciones Ilustración 1de las administraciones públicas de las entidades federativas

48.4 computadoras

13.2 impresoras

6.8 vehículos Por cada 100 servidores

públicos

7.8 bienes inmuebles

65.1

17.2

8.9

5.5 3.3

Personal en las instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas, según régimen de contratación,2015

Base o sindicalizado

Confianza

Eventual

Otro

Honorarios

Gráfica 1.2

Por cada 100 servidores públicos

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Trámites y servicios

Las administraciones públicas tienen establecidos pun­tos de contacto ciudadano que les permiten identificar, atender y resolver las necesidades de sus habitantes a partir del otorgamiento de algún servicio, así como posibilitar a los ciudadanos el cumplimiento de las obli­gaciones que tienen con sus respectivos gobiernos.

En el CNGSPSPE 2016 se obtuvo información sobre 24 trámites seleccionados que fueron realizados por personas físicas y morales ante las instituciones de las administraciones públicas. Los trámites mayor deman­dados fueron consultas médicas (69 148 442), pagos de impuestos (21 892 473) y las solicitudes de copias certificadas de actas civiles (14 39w9 319). La siguien­te gráfica presenta los diez principales trámites que se ofrecieron la población, mismos que en conjunto suman 217 238 937 del total.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Protección civil

El ejercicio de la función de protección civil está enfocada a salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno

a partir de la aplicación de programas y acciones es­pecíficas ante la necesidad de prevenir el peligro que representa algún tipo de desastre o corregir sus con­secuencias.

Las cifras obtenidas por el censo muestran que 24 en­tidades contaron con un plan o programa de protección civil, 4 reportaron que se encontraba en proceso de integración, 3 que no contaban con él y una no contó con elementos para responder. Asimismo, 25 entida­des señalaron tener un plan de emergencias o plan de contingencias, 4 respondieron que estaba en proceso de integración y 2 que no lo tenían y una no contó con elementos para responder.

En cuanto a fenómenos perturbadores, se reportó un total de 27 579 en todo el país, de los cuales 16 204 fueron siniestros, 1006 desastres y 10 369 emergencias.

En cuanto a su tipo, la mayoría fueron incendios de todo tipo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, sismos, concentraciones masivas de población y fu­gas tóxicas.

Nota: la información se refiere a los diez trámites más frecuentes de un listado de 24 trámites seleccionados explorados en el censo.

69 148 442

51 917 157

21 892 473

14 399 319

13 217 101

11 925 052

10 054 380

9 202 055

9 172 323

6 310 635

Consulta médica

Otros

Pago de impuestos (sin incluir tenencia)

Solicitud de copias certificadas de actas civiles (nacimiento, matrimonio

o defunción)

Afiliación o reafiliación al Seguro Popular

Solicitud de apoyo de programas sociales

Pago de impuesto tenencia

Trámites relacionados al control vehicular (no incluye cambio de propietario

del vehículo)

Inscripción a planteles educativos de educación básica

Verificación vehicular

Principales trámites atendidos por las instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas, por tipo,2015

Gráfica 1.3

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Finalmente, en el año el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación emitió 87 declaratorias de emergencia y 35 declaratorias de desastre natural. También se reportó que en 63 siniestros, desastres y/o emergencias se aplicó el Plan DN-III por parte del Ejér­cito Mexicano, y en 14 se aplicó el Plan Marina, por par­te de la Marina Armada de México.

Transparencia y control interno

El gobierno de cada entidad federativa tiene la obliga­ción, por mandato constitucional, de realizar las accio­nes para dar a conocer la información relativa al marco legal bajo el que se rigen, las políticas de planeación establecidas, la administración de los programas, los servicios públicos, así como la información sobre la gestión y los recursos con los que cuenta para el desa­rrollo de sus funciones.

Por tal motivo, las instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas han establecido los canales que les permiten recibir y atender aquellas solicitu­des de información que los ciudadanos les dan a conocer.

En este sentido, durante 2015 se recibieron 205 011 solicitudes de acceso a la información y 31 781 solicitudes

de protección de datos personales. Además se respondie­ron 217 570 solicitudes, 186 681 de acceso a la informa­ción y 30 889 de protección de datos personales. Como puede apreciarse, el 67.7 por ciento de ellas fueron res­pondidas con la totalidad de la información solicitada, no obstante para el dos por ciento la información fue negada por clasificación (gráfica 1.4).

Por su parte, la acción del control interno, se encar­ga de establecer y operar sistemas de control, así como llevar a cabo la fiscalización del gasto público de los go­biernos estatales y del Distrito Federal. Asimismo, vigila y evalúa el desempeño de las distintas áreas de la admi­nistración pública y el cumplimiento de los ordenamientos en materia de responsabilidades de los servidores públi­cos. Esto permite el monitoreo de la administración públi­ca, bajo los criterios de eficiencia, efectividad y legalidad.

De acuerdo con la información obtenida, las ad­ministraciones públicas a través de sus sistemas de recepción de irregularidades por la actuación del per­sonal, recibieron 56 280 quejas y denuncias durante 2015. Además, se determinaron 15 679 sanciones a los servidores públicos, siendo la omisión de la presen­tación de la declaración patrimonial (4 676 sanciones) y la negligencia administrativa (2 490) las conductas principalmente cometidas (gráfica 1.5).

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

67.7

9.1

5.0

5.0

3.2

2.0 1.6 1.05.4

Solicitudes respondidas por las instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas, según tipo de respuesta otorgada, 2015Porcentaje

Aceptada otorgando información totalTurnadaAceptada otorgando información parcialOrientadaOtroNegada por clasificaciónInexistencia de informaciónImprocedenteNo especificado

Gráfica 1.4

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

En relación con la cantidad de servidores públicos ads­critos a las instituciones de las administraciones públicas de las entidades federativas, la tasa más alta de servidores

públicos sancionados se ubica en Sonora, Aguascalientes y Jalisco. En contraste las tasas más bajas se encuentran en los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Guerrero.

39.1

29.8

15.9

14.90.3

Servidores públicos sancionados de las administraciones públicas de las entidades federativas, según tipo de conductas, 2015Porcentaje

Otras cometidas con motivo del serviciopúblico

Omisión en la presentación de ladeclaración patrimonial

Negligencia administrativa

Violación a leyes y normatividadpresupuestaria

Nepotismo

Gráfica 1.5

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Nota: no se incluyen Colima y Tlaxcala debido a que sus administraciones públicas reportaron no haber iniciado procedimientos disciplinarios por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Participación ciudadana

Vinculado de manera estrecha con la función de antico­rrupción, los gobiernos estatales han buscado acercar­se a los ciudadanos mediante la creación de órganos específicos o mecanismos particulares que permitan su consulta o participación para el apoyo en la toma de decisiones o acciones sobre temas específicos que eventualmente serán ejecutadas por las administracio­nes públicas estatales.

En este sentido, la gráfica a continuación muestra la cantidad de entidades federativas que durante 2015 abrieron espacios para la participación o consulta ciu­dadana. Se observa que los temas en los que más en­tidades generaron estos espacios fueron contraloría, transparencia, vigilancia y denuncia de servidores pú­blicos y desarrollo social.

1.741.56

1.501.33

1.211.02

0.910.64

0.630.47

0.330.290.280.27

0.210.18

0.160.080.080.070.060.060.050.05

0.040.030.020.020.010.01

SonoraAguascalientes

JaliscoOaxacaMéxicoChiapas

Distrito FederalMichoacán de Ocampo

QuerétaroSan Luis Potosí

PueblaNuevo León

MorelosBaja California Sur

SinaloaYucatán

Baja CaliforniaDurangoHidalgo

Veracruz de Ignacio de la LlaveTamaulipas

TabascoCoahuila de Zaragoza

CampecheGuanajuato

NayaritChihuahua

GuerreroZacatecas

Quintana Roo

Servidores públicos sancionados en las administraciones públicas de las entidades federativas, por entidad federativa, 2015Tasa por cada 100 mil servidores públicos

Gráfica 1.6

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Por otro lado, en cuanto a propuestas recibidas por los ciudadanos, los temas en los que más se recibieron fueron: servicios públicos con 1 303 358 propuestas, seguridad pública con 278 508, desarrollo social con 263 133 y transparencia con 108 563.

Defensoría de oficio

A través de esta función se proporciona, obligatoria y gratuitamente, los servicios jurídicos de defensa, patro­cinio y asesoría a las personas que carezcan de recur­sos para cubrir los honorarios de un abogado particular y que se ven precisadas a comparecer ante los tribunales como actores, demandados, inculpados y/o imputados.

De las 32 entidades federativas, 25 reportaron que la función de defensoría de oficio o defensoría públi­ca correspondía al poder ejecutivo. Los estados que

respondieron que no correspondía a este poder fueron Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Con base en esto, la cantidad de personal adscrito a las instituciones o unidades administrativas responsables de atender esta materia fue de 4 772 personas a nivel nacional, 2 086 hombres y 2 686 mujeres. Las entidades con mayor cantidad de personal fueron Distrito Federal, Nuevo León y Guanajuato.

En relación con el tipo de cargo, 2 880 (60.4 por ciento) fueron defensores públicos, 1 183 (24.8 por ciento) personal administrativo y de apoyo, 322 (6.7 por ciento) asesores jurídicos y el resto 387 (8.1 por ciento) eran trabajadores sociales, peritos, mediado­res u otro tipo de personal. Cabe señalar que de los 2 880 defensores 23 hablaban alguna lengua indíge­na o dialecto.

23

22

20

20

19

18

16

15

13

13

13

13

12

11

9

8

7

Contraloría

Transparencia

Vigilancia y/o denuncia de servidores públicos

Desarrollo social

Planeación y evaluación

Seguridad pública

Medio ambiente

Protección civil

Servicios públicos

Obras públicas

Desarrollo económico

Otros

Ecología

Desarrollo urbano

Tránsito

Diseño de iniciativas de disposiciones normativas

Presupuesto participativo

Entidades federativas con espacios para la participación y/o consulta ciudadana por tema, 2015

Gráfica 1.7

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Nota: no incluye información de los estados de Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, debido a que esta función no correspondió al poder ejecutivo.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Nota: no incluye información de los estados de Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, debido a que esta función no correspondió al poder ejecutivo.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

60.4

24.8

6.7

3.92.1 1.7 0.4

Personal de defensoría de oficio en los poderes ejecutivos estatales, según tipo de cargo, 2015Porcentaje

Defensores públicos

Personal administrativo y de apoyo

Asesores jurídicos

Otro

Trabajadores sociales

Peritos

Mediadores

Gráfica 1.8

732457

443418

307234

222205

175164

156135131

124105102

959089

74706866

5852

Distrito FederalNuevo LeónGuanajuato

MéxicoJalisco

TabascoBaja California

SinaloaMichoacán de Ocampo

TamaulipasSan Luis Potosí

HidalgoYucatánSonoraPuebla

ZacatecasQuerétaro

MorelosNayaritColima

Baja California SurVeracruz de Ignacio de la Llave

CampecheTlaxcala

Aguascalientes

Personal de defensoría de oficio en los poderes ejecutivos estatales, por entidad federativa, 2015

Gráfica 1.9

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En cuanto al ejercicio de la función, durante el año se atendieron 656 412 asuntos y se brindaron 1 880 403 servicios. De los servicios, la mayoría fueron orienta­ciones y asesorías, seguidos de las representaciones o patrocinios y asistencias en audiencias (gráfica 1.10).

Finalmente, en la siguiente gráfica se observa la car­ga de trabajo por cada defensor o asesor jurídico, de

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

acuerdo con los asuntos brindados por las unidades de defensoría. El mayor promedio se observa en entidades como Nayarit, Baja California y Aguascalientes con 522, 431 y 415 asuntos por atender por persona, res­pectivamente. Por el contrario, en estados como San Luis Potosí y Tabasco existe una mayor cantidad de defensores y asesores para atender los asuntos que se reciben (gráfica 1.11).

59.1

9.5 8.8 7.2 6.13.8 2.5 2.2 0.5 0.3

Orie

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ión

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seso

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act

as

circ

unst

anci

adas

Servicios brindados por los defensores públicos y asesores jurídicos, por tipo, 2015Porcentaje

Gráfica 1.10

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Catastro

Para la atención de la actividad catastral en México, cada entidad federativa constituye una institución o dependencia estructurada y organizada de manera específica con el objetivo de garantizar y dar cumpli­miento a las atribuciones y facultades que tiene enco­mendadas de este tema en el marco de la Ley.

Estructura organizacional de la Dirección u oficina de catastro estatal

Existen diferentes clasificaciones o categorías de las dependencias encargadas de la temática catastral,

esto es debido a que en algunos estados en una mis­ma institución o dependencia se efectúan actividades catastrales y registrales (inherentes al Registro Pú­blico de la Propiedad) o combinadas con actividades territoriales (Desarrollo Urbano). Existen también los casos donde únicamente se efectúen actividades ca­tastrales. En este sentido, la principal categoría de las dependencias catastrales correspondió a las direccio­nes estatales de catastro.

522

431

415

387

342

326

301

289

286

239

223

213

187

159

144

127

103

86

62

58

57

53

47

12

Nayarit

Baja California

Aguascalientes

Colima

Nuevo León

Sinaloa

México

Tlaxcala

Morelos

Tamaulipas

Sonora

Baja California Sur

Guanajuato

Distrito Federal

Hidalgo

Puebla

Campeche

Querétaro

Michoacán de Ocampo

Yucatán

Jalisco

Veracruz de Ignacio de la Llave

San Luis Potosí

Tabasco

Asuntos atendidos por defensor público o asesor jurídico, 2015Promedio

Gráfica 1.11

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Nota: Baja California Sur no cuenta con un Catastro Estatal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Marco Legal

Para dar sustento al desarrollo de sus atribuciones, funciones y actividades, los catastros estatales cuen­tan con ordenamientos jurídicos que los facultan para realizar las actividades administrativas, operativas y de

control y registro de información. Este tipo de disposi­ciones se encuentran contempladas en diferentes or­denamientos jurídicos que cada entidad define acorde con la armonización de su marco legal. El principal tipo de legislación sobre catastro fue la Ley de Catastro del Estado con el cual contaron 22 entidades, seguido de la Ley Catastral y Registral, presente en 5 de ellas.

Nota: para Baja California Sur no aplica el tema por no contar con un Catastro Estatal. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

11

8

4 4

21 1 1

Dire

cció

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del

Est

ado

Dependencias catastrales estatales, por categoría, 2016

Gráfica 1.12

1

1

2

5

22

Reglamento de la Secretaría de Finanzas

Código Fiscal del Estado

Código Financiero del Estado

Ley Catastral y Registral

Ley de Catastro de Estado

Catastros estatales por nombre de la Legislación catastral, 2016

Gráfica 1.13

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEG

I. C

enso

Nac

iona

l de

Gob

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o, S

egur

idad

Púb

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y Si

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rios

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16. R

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Normatividad técnica

Otro punto referente de información que proporcio­naron los Catastros Estatales es el cumplimiento de la adopción de métodos y Normas Técnicas en la captación de los datos objeto de registro, cuya fi­nalidad es la estandarización y homogeneidad para facilitar su generación, resguardo, intercambio y

aprovechamiento mediante procesos que muestren consistencia y comparabilidad que permitan el forta­lecimiento del Sistema Nacional de Información Es­tadística y Geográfica.

En la gráfica siguiente se muestra el resultado del análisis de los datos captados en la sección catastral en el CNGSPSPE 2016 para esta temática.

Nota: para Baja California Sur no aplica el tema por no contar con un Catastro Estatal. Las cifras no son sumables porque puede aplicarse más de una normatividad en los catastros estatales.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

16

15

14

13

13

13

12

12

12

12

11

10

9

9

8

Elaboración de productos cartográficos

Expediente digital por predio

Método de levantamiento

Clave Catastral Estándar

Vinculación a la red Geodésica Nacional

Documentación de datos (metadatos)

Divisiones Catastrales

Estructura de Datos Catastrales y Registrales

Periodos de actualización

Genera la nomenclatura cartográfica y características de los planos a nivel de municipios, localidad y predios

Altura Ortométrica

El catastro estatal ha entregado la información al INEGI para su inscripción en el RNIG

Vinculación de la información catastral con la registral

Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades

Cédula Única Catastral y Registral

Catastros estatales por aplicación de la Normatividad Técnica, 2016

Gráfica 1.14

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEG

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Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

El uso y aprovechamiento de los recursos tecnológi­cos eficienta y optimiza el desarrollo de las actividades catastrales. Dentro de la temática de las tecnologías de la información en el aspecto catastral, los Siste­mas de Gestión Catastral mejoran el control y segui­miento de los procesos, brindan una mejor atención al contribuyente y transparentan las acciones de registro

de información, entre otras muchas actividades donde resulta muy conveniente el manejo automatizado de los datos debido a los grandes volúmenes de informa­ción que albergan los catastros.

La siguiente gráfica, muestra la incidencia de las principales características de los sistemas de gestión catastral.

Nota: para Baja California Sur no aplica el tema por no contar con un Catastro Estatal. Las cifras no son sumables porque un sistema de gestión puede tener más de una de las características señaladas.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

26

25

25

23

22

21

18

16

15

14

13

13

13

9

7

3

Control y autenticación de niveles de usuario

Administración del padrón catastral (altas, baja, cambios)

Administración de catálogos

Estructura de base de datos relacional

Control de servicios catastrales

Traslados de dominio

Visualizador de cartografía

Ambiente web internet/intranet

Mantenimiento cartográfico

Vinculación automática con la base de datos cartográfica

Almacén digital

Módulos para Notarios, Desarrollo Urbano u otras dependencias

Consulta de información en líneacon los municipios/delegaciones

Control de recaudación del impuesto predial

Consulta de información con Registro Público de la Propiedad

Control de procedimiento administrativo de ejecución

Catastros estatales con Sistema de Gestión Catastral, por características del sistema,2016

Gráfica 1.15

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEG

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Padrón Catastral

El Padrón Catastral es el registro de los inmuebles, debe contar al menos con datos básicos como son: nombre completo del propietario, datos de la ubica­ción y dimensiones del terreno y su construcción en caso de que cuente con ella; además, pueden ins­cribirse datos complementarios como calidad de la

construcción, antigüedad de la construcción, valor del terreno y valor de la construcción, entre otros. La ad­ministración de estos padrones catastrales se realiza de diferente forma entre el Estado y los Municipios. La gráfica a continuación presenta los resultados donde se aprecia que 16 entidades federativas ad­ministran de manera conjunta, los padrones de 1 544 municipios.

Nota: para Baja California Sur no aplica el tema por no contar con un Catastro Estatal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

11000

1180

1625

035

00000

1130

1151

570198

180

3318

57000

18783

0

AguascalientesBaja California

Baja California SurCampeche

ChiapasChihuahua

Ciudad de MéxicoCoahuila de Zaragoza

ColimaDurango

GuanajuatoGuerrero

HidalgoJalisco

MéxicoMichoacán de Ocampo

MorelosNayarit

Nuevo LeónOaxacaPuebla

QuerétaroQuintana Roo

San Luis PotosíSinaloaSonora

TabascoTamaulipas

TlaxcalaVeracruz de Ignacio de la Llave

YucatánZacatecas

Municipios con padrón catastral administrado por el Catastro Estatal, por entidad federativa, 2016

Gráfica 1.16

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

INEG

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Cartografía Catastral

La representación gráfica de los predios registrados en el padrón es conocida como Cartografía Catastral, y es un insumo fundamental para conocer las dimensiones y formas de los inmuebles así como la conformación de los asentamientos humanos urbanos y rurales. Puede emplearse para la planeación del crecimiento de dichos asentamientos, el conocimiento de la infraestructura

existente, representar las zonas de posibles riesgos, entre muchas otras aplicaciones.

Para la actualización de la cartografía se emplean diferentes productos que permitan mostrar con una mejor calidad visual la conformación territorial. De acuerdo con la siguiente gráfica, 46.7 por ciento de los catastros estatales realizaron vuelos fotogramétricos y contaron con ortofotos generadas en los últimos 5 años, asimismo, 43.3 por ciento de ellos no contaron con productos.

Nota: de las 32 entidades federativas que conformaban el territorio nacional al momento del levantamiento, 30 proporcionaron información para este tema: Baja California no contó con datos o elementos para responder y Baja California Sur no respondió por no contar con un Catastro Estatal.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Valuación catastral

Para determinar el valor catastral de un inmueble, se requiere del análisis de muchos factores, entre otros, de la ubicación del predio, de las características del te­rreno y de la construcción en caso de que exista, de la infraestructura y servicios con que se cuente el predio.

Y el proceso completo de valuación requiere de una guía, instructivo o manual que indique los procesos y algoritmos necesarios para realizarla.

La gráfica siguiente muestra la cantidad de entidades federativa que realizan el proceso de valuación catastral y, de ellas, cuántas tienen un manual de valuación.

46.7

43.3

6.73.3

Catastros estatales según existencia de vuelo fotogramétrico, ortofotos o imagen de satélite en los últimos cinco años, 2016Porcentaje

Con vuelo fotogramético y ortofotos

Sin productos

Con imagen de satélite

Con vuelo fotogramético, ortofotos eimagen de satélite

Gráfica 1.17

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Nota: para Baja California Sur no aplica el tema por no contar con un Catastro Estatal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Uso de la información catastral en otras actividades al interior de las entidades

Las actividades principales en las que utilizan informa­ción catastral otras dependencias estatales se refleja

en el gráfico siguiente. Se puede ver que la más fre­cuente es la planeación urbana, seguida del ordena­miento territorial y la seguridad pública.

Nota: para Baja California Sur no aplica el tema por no contar con un Catastro Estatal. Las cifras no son sumables porque se le puede dar más de un uso a la información catastral.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

77.4

74.2

Realizan valuaciones Cuentan con instructivo o manual de valuación

Catastros estatales según ejecución de valuaciones catastrales y existencia de instructivo o manual de valuación catastral, 2016Porcentaje

Gráfica 1.18

20

19

16

13

11

8

5

4

3

2

2

Planeación urbana

El ordenamiento territorial

Seguridad Pública

Estudios socioeconómicos

Prevención de desastres

Control del medio ambiente

Fiscal

Ninguna

No se sabe

Poder Judicial

Otra

Catastros estatales por uso de la información catastral, 2016

Gráfica 1.19

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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3. Seguridad pública

Uno de los principales objetivos del Estado es la protección del patrimonio y la integridad física de las personas, lo cual se traduce en el fortalecimiento de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, elementos fundamentales para consolidar la normalidad de la convivencia social y promover e impulsar el desarrollo humano sustentable. La seguridad pública es una de las funciones más importantes del Estado para garantizar la dignidad y libertad del hombre, y se enfoca a garantizar el bienestar general, que permita el desarrollo integral del ciudadano en todos los ámbitos de su vida.

Por ello, las administraciones públicas de las entida­des federativas deben crear dentro de sus estructuras de gobierno espacios organizacionales que tengan por objeto en sus procesos y acciones de trabajo comple­mentar las acciones de otras autoridades para el man­tenimiento del orden, la moral pública y la tranquilidad de los ciudadanos que se encuentran en su territorio.

En la presente sección se presentan cifras que permiten identificar aspectos básicos relacionados al

ejercicio de la función de seguridad pública en las ad­ministraciones públicas estatales y del Distrito Fede­ral, tales como: el ejercicio de la función operativa de seguridad pública, visto a través de las acciones que los cuerpos de seguridad pública realizan en el ámbito, tanto de presuntos delitos que se cometen en su terri­torio, como también de las presuntas infracciones a las disposiciones administrativas correspondientes; los re­cursos humanos o estructura básica del personal con el que cuentan para el ejercicio de la función referida; y la infraestructura de la que disponen para operar.

Recursos para la función de seguridad pública

Al cierre de 2015, las instituciones de seguridad pública estatales tenían adscritas 216 927 personas, de las que 173 090 (79.8 por ciento) eran hombres y 43 837 (20.2 por ciento, mujeres). Asimismo, a nivel nacional, la ma­yor proporción correspondió a personal de las policías preventivas (53.1 por ciento), seguido del personal de las policías bancarias, comerciales y/o auxiliares (27 por ciento). Por su parte, la policía de tránsito tenía al 4.4 por ciento del total de elementos.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

53.1

27.0

8.6

4.4

2.9 2.0 1.9

Personal de seguridad pública estatal según tipo, 2015Porcentaje

Policía preventiva

Policía bancaria, comercial y/o auxiliar

Otras áreas

Policía de tránsito

Otro tipo de corporación

Áreas de dirección

Policía administrativa

Gráfica 2.1

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de elementos de las policías preventivas por cada cien mil habitantes. Destaca que en el Distrito Federal la tasa fue de 368 policías. Por debajo de esa cifra se encuen­tran los estados de Morelos y Campeche, con 187 ele­mentos. Por otro lado, la menor cantidad de elementos

preventivos en función del tamaño de la población se observa en estados como Baja California e Hidalgo con 17 y 13, respectivamente. Cabe mencionar que no se considera el personal con funciones de apoyo o administrativas que pertenecen a las corporacionespreventivas.

Nota: la información corresponde al personal adscrito a las policías preventivas de las entidades federativas, sin incluir personal administrativo.El estado de Durango no proporcionó cifras sobre este tema.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.

368199

187174

127119

112100

9593

87858382

7574

695857

463837

32323130282726

1713

Distrito Federal

Morelos

Campeche

Tabasco

Yucatán

Guerrero

San Luis Potosí

Nuevo León

Veracruz de Ignacio de la Llave

México

Puebla

Chiapas

Colima

Tlaxcala

Nayarit

Oaxaca

Tamaulipas

Quintana Roo

Zacatecas

Querétaro

Coahuila de Zaragoza

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Chihuahua

Baja California Sur

Sonora

Michoacán de Ocampo

Sinaloa

Baja California

Hidalgo

Personal de las policías preventivas estatales , por entidad federativa, 2015Tasa por cada 100 mil habitantes

Gráfica 2.2

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Otro aspecto importante relacionado con el personal que lleva a cabo tareas de seguridad pública son las evaluaciones de control y confianza, pues esto permite conocer si el personal cuenta con las capacidades que se requieren y actúa dentro del marco de legalidad apli­cable en la materia. De esta forma, los datos obtenidos por el CNGSPSPE 2016 revelan que, del personal que realizó este tipo de evaluaciones, en entidades como Aguascalientes, Coahuila y Colima el 100 por ciento las aprobó. En contraste, en Michoacán fue aprobado menos de la mitad de los elementos que se evaluaron.

Nota: la información corresponde al porcentaje de personal aprobado respecto del total de personal que presentó evaluaciones de control y confianza. Los estados de Jalisco, Quintana Roo y San Luis Potosí no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. El estado de Durango reportó que durante 2015 el personal no presentó evaluaciones de este tipo.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

En cuanto a los recursos, aquellos de índole fi­nanciero son fundamentales para el desarrollo de las funciones de cualquier institución. Así, en 2015 las instituciones de seguridad pública estatales ejer­cieron un presupuesto de 60 052 millones 221 770 pesos. El Distrito Federal fue la entidad que más recursos ejerció. Muy por debajo de esa cifra se en­cuentran los estados de México y Veracruz. Por el contrario, Baja California Sur y Colima, destinaron el menor presupuesto para esta función (gráfica 2.4).

100.

0

100.

0

100.

0

99.7

97.6

95.8

95.2

92.4

91.0

90.6

90.0

88.8

84.1

82.9

82.1

81.1

80.0

76.1

74.7

74.7

74.1

70.3

66.1

65.5

59.6

58.6

52.2

35.1

Agua

scal

ient

es

Coah

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Colim

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Cam

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Pueb

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Guer

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Mic

hoac

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po

Personal aprobado en las evaluaciones de control y confianza, por entidad federativa, 2015Porcentaje

Gráfica 2.3

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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16. R

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s 20

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Respecto de la infraestructura de seguridad, los es­tados en su conjunto contaron con 1 641 comandan­cias, estaciones, módulos, casetas de policía u otros de características similares. También se tiene registro de 33 643 cámaras de vigilancia en la vía pública y 51 660 botones de pánico. Finalmente contaban con

131 centros de comando, cómputo, control y comuni­caciones (C4). A continuación se presenta la cantidad de cámaras de vigilancia por cada cien mil habitantes por entidad federativa, en la que nuevamente resalta la cifra del Distrito Federal con 136 cámaras, seguido del estado de México con 57.

Nota: el estado de Aguascalientes no contó con datos o elementos para responder sobre este tema.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

16 733 4138 067 850

4 768 9943 179 980

2 909 6772 751 905

1 770 5151 726 9991 668 7741 570 3971 567 3281 500 583

1 330 5131 019 691984 591973 226911 178875 117766 040

586 152585 661580 841570 512533 052531 137446 258370 027295 215254 159

134 03188 407

Distrito FederalMéxico

Veracruz de Ignacio de la LlaveNuevo LeónTamaulipas

JaliscoYucatán

GuerreroTabascoChiapas

San Luis PotosíPueblaOaxaca

MorelosMichoacán de Ocampo

Coahuila de ZaragozaSinaloa

Quintana RooChihuahuaZacatecas

NayaritGuanajuato

QuerétaroDurango

CampecheTlaxcalaHidalgo

Baja CaliforniaSonora

Baja California SurColima

Presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública estatales, por entidad federativa, 2015Miles de pesos

Gráfica 2.4

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Nota: el estado de Baja California Sur no contó con datos o elementos para responder sobre este tema. El estado de Coahuila de Zaragoza reportó no contar con este tipo de infraestructura.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.

Ejercicio de la función de seguridad pública

En el año 2015, las entidades recibieron 140 313 661 llamadas a sus números de emergencia 066, denun­cia anónima 089 u otros de características similares.

No obstante, casi 74 por ciento de ellas fueron no efectivas, es decir, fueron llamadas falsas, incomple­tas o similares. Por el contrario, sólo 16.4 por ciento fueron llamadas que implicaron un proceso de aten­ción por parte de los cuerpos de seguridad.

Nota: las llamadas efectivas son las que implicaron un proceso de atención; las llamadas no efectivas corresponden a llamadas falsas, incompletas o similares.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

136

5746

3729 28 25 20 19 18 15 12 11 10 10 8 8 8 7 7 6 5 4 3 3 3 3 2 2 1

Dist

rito

Fede

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es

Hida

lgo

Baja

Cal

iforn

ia

Que

réta

ro

San

Luis

Poto

Cam

pech

e

Oax

aca

Cámaras de vigilancia en vía pública, por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa,2015

Gráfica 2.5

73.9

16.4

9.6

Llamadas recibidas en los números de emergencia y denuncia estatales, según tipo, 2015Porcentaje

No efectivasEfectivasOtra

Gráfica 2.6

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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A través del censo también se reportó que las policías estatales realizaron 913 958 intervenciones. 482 221 pro­vinieron de un llamado o solicitud, 336 312 no provinieron de un llamado y para 95 425 no se especificó el origen. En su mayoría, dichas intervenciones fueron por presun­tas infracciones (465 885), seguidas de aquellas por pre­suntos delitos del fuero común (227 838) (gráfica 2.7).

Asimismo, 30 por ciento de las intervenciones por pre­suntos delitos del fuero común y 4.2 por ciento de aque­llas por presuntos delitos del fuero federal, no fueron

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Nota: la categoría con notificación se refiere a las intervenciones que fueron hechas del conocimiento del ministerio público del fuero común o federal, según corresponda, en el caso de los delitos; y del juez cívico u oficial calificador en el caso de las infracciones. La categoría sin notificación se refiere a las intervenciones que no se notificaron a dichas autoridades.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

notificadas a los ministerios públicos. En el caso de las infracciones, únicamente 3.7 por ciento de las interven­ciones no fueron hechas del conocimiento de los jueces cívicos u oficiales calificadores (gráfica 2.8).

En las intervenciones hechas por las policías estata­les fueron registradas 523 697 presuntas infracciones, 230 782 presuntos delitos del fuero común y 12 623 del fuero federal. Las principales infracciones registradas fueron obstrucción de la vía pública, consumo de bebi­das alcohólicas o sustancias que provocan adicción en lugares públicos y por generar escándalos (gráfica 2.9).

51.0

24.9

22.7

1.4

Intervenciones de las policías estatales según tipo,2015Porcentaje

Por presuntas infracciones

Por presuntos delitos del fuero común

Por causas distintas a las anteriores

Por presuntos delitos del fuero federal

Gráfica 2.7

70.0

95.8 96.3

30.0

4.2 3.7

Por presuntos delitos del fuero comúnPor presuntos delitos del fuero federal Por presuntas infracciones

Intervenciones de las policías estatales por tipo según condición de notificación, 2015Porcentaje

Sin notificación

Con notificación

Gráfica 2.8

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Por su parte, los principales presuntos delitos del fue­ro común registrados fueron: robo a negocio, robo de vehículo y lesiones. También robo a transeúnte y nar­comenudeo. Finalmente, por la comisión de los delitos e infracciones fueron registrados 130 031 probables res­ponsables y 439 006 probables infractores. En el caso de

los probables responsables por delitos del fuero común y federal, 79.8 por ciento fueron hombres y 8 por ciento, mujeres; para el 12.2 por ciento restante no se especificó su sexo. Y en el caso de los probables infractores, 79 por ciento eran hombres y 5.3 por ciento, mujeres; para 15.6 por ciento no se proporcionó su sexo.

111 416

110 022

43 332

42 822

22 580

22 221

16 304

15 892

14 771

13 107

9 466

Realizar actividades que obstruyanel uso normal de la vía pública

Consumir bebidas alcohólicasen lugares públicos

Consumir sustancias que provoquendependencia en lugares públicos

Generar escándalos

Realizar necesidades fisiológicas

Otras infracciones relacionadas al consumo y/o suministrode sustancias que alteran la salud y estadofísico de las personas y sus repercusiones

Conducir vehículos en estado de ebriedado bajo el influjo de sustancias que

provoquen dependencia

Otras infracciones relacionadas conla alteración del orden público

Molestar a las personas en estado de ebriedado bajo el influjo de estupefacientes

Incitar o provocar a reñira una o más personas

Agredir a cualquier miembrode la comunidad

Principales presuntas infracciones registradas en las intervenciones de las policías estatales, 2015

Gráfica 2.9

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

17 269

17 060

15 267

12 302

12 234

10 625

7 602

7 350

6 259

6 192

4 723

Robo a negocio

Robo de vehículo

Lesiones

Otros delitos que atentan contrala vida y la integridad corporal

Otros delitos del fuero común

Robo a transeúnte en vía pública

Narcomenudeo

Robo

Robo a casa habitación

Daño a la propiedad

Homicidio

Principales presuntos delitos del fuero común registrados en las intervenciones de las policías estatales, 2015

Gráfica 2.10

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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4. Sistema penitenciario

Otro conjunto de acciones fundamentales que se llevan a cabo en el ámbito de la seguridad y justicia corres­ponde al tema de reinserción social, el cual es atendido en su mayoría por los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. La relevancia de esta función radica en que el adecuado ejercicio de la misma contribuye al mantenimiento del Estado de Derecho y la convivencia armónica entre la sociedad, al garantizar un apropiado esquema de reintegración a la comunidad de las per­sonas encarceladas por la comisión de algún delito por los cuales hayan sido sancionados con penas privati­vas de libertad.

Es por ello que las administraciones públicas de las entidades federativas también crean dentro de sus es­tructuras de gobierno espacios organizacionales orien­tados a garantizar la aplicación de sanciones con penas privativas de libertad, para que los sancionados modi­fiquen sus conductas delictivas o antisociales a través de un proceso de concientización del daño causado a la víctima, a la familia y a la comunidad al transitar por los procesos y medios que se requieran para su ade­cuada reintegración social.

En este apartado se presentan cifras que muestran algunos datos relacionados con las funciones que se desempeñan en el sistema penitenciario, tales como el ejercicio de la función del proceso penitenciario, visto a través de la cantidad de ingresos, egresos y los reclusos en los centros penitenciarios o centros de tratamiento

para adolescentes; la infraestructura básica de la que se dispone; y las características básicas del personal con el que cuentan las administraciones públicas de las entidades federativas para realizar la función del proceso penitenciario. Cabe señalar que la informa­ción corresponde a los centros penitenciarios que son responsabilidad de las administraciones públicas de las entidades federativas, por lo que no se incluyen aquellos a cargo de administraciones municipales o federales.

Estructura organizacional de los centros penitenciarios

De acuerdo con las cifras del CNGSPSPE 2016, al cierre del año 2015 las administraciones públicas es­tatales contaban con 272 centros penitenciarios clasifi­cados como sigue: 180 centros de readaptación social, 45 reclusorios, 9 penitenciarías, 14 cárceles, 14 cen­tros de ejecución de sanciones penales y 10 de otro tipo. Dichos centros contaban con una capacidad (me­dida en número de camas útiles) de 169 227 espacios. No obstante, en relación con la cantidad de personas reclusas, se observa una sobrepoblación a nivel enti­dad federativa. En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de reclusos por cada 100 espacios disponi­bles. Destaca que en entidades como Nayarit y México hay más de 200 reclusos por cada 100 lugares. Por el contrario en Querétaro, Zacatecas y Yucatán se obser­van las tasas más bajas.

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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En cuanto a la infraestructura tecnológica, más de la mitad de los centros contaban con detectores de me­tal y cámaras de vigilancia, resalta también que sólo

en 110 había equipos de bloqueo de señales de tele­comunicación y 49 contaban con alarmas en caso de accidentes o contingencias.

Nota: espacios medidos en número de camas útiles.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

278.5243.6

184.7174.4174.1

150.8148.3147.4

143.3137.7136.2

122.9117.3117.0

114.4112.7

108.9108.2106.5

103.7102.5

98.095.293.992.4

88.585.8

81.777.5

66.965.3

55.3

NayaritMéxicoHidalgo

JaliscoDurango

Distrito FederalQuintana Roo

MorelosGuerrero

PueblaSonora

ChiapasTabasco

ChihuahuaNuevo León

Baja CaliforniaAguascalientes

SinaloaBaja California Sur

San Luis PotosíOaxaca

Michoacán de OcampoTamaulipas

Veracruz de Ignacio de la LlaveCoahuila de Zaragoza

CampecheTlaxcalaColima

GuanajuatoQuerétaroZacatecas

Yucatán

Personas reclusas por cada 100 espacios en los centros penitenciarios, por entidad federativa, 2015

Gráfica 3.1

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Respecto de los recursos humanos con que conta­ron, al cierre de 2015 los centros penitenciarios tenían 36 400 personas laborando en ellos, 23 894 hombres y 12 506 mujeres. La mayoría de ellos custodios de nivel operativo (poco más de 57 por ciento). El personal de apoyo representó 15.8 por ciento, y el personal directivo y administrativo 7.3 por ciento. Por su parte, el personal

técnico o de operación correspondió a 13.8 por ciento del total; cabe señalar que se clasifica dentro de este tipo al personal que realiza labores especializadas en el ámbito de la reinserción y aquellos que monitorean las condiciones adecuadas de reclusión de los internos, tales como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

163

110

49

16

173

4227

115

Cámaras devigilancia

Equipo debloqueo deseñales de

telecomunicación

Alarmas en casode incidentes ocontingencias

GPS en vehículosde traslado de

personas reclusas

Detectores demetal

Detectores denarcóticos y/o

estupefacientes

Cámaras desensor de

movimiento

Circuito cerradode televisión

Centros penitenciarios según infraestructura tecnológica con la que contaron, 2015

Gráfica 3.2

57.1

15.8

7.3

4.2

3.5

3.2

2.7

2.1

1.7

1.4

0.9

Custodios (nivel operativo)

Personal de apoyo

Directivo, administración y/u operación

Custodios (nivel intermedio)

Jurídico

Personal médico

Trabajo social

Psicología

Custodios (primer nivel jerárquico)

Pedagogía

Criminología

Personal en los centros penitenciarios, por tipo, 2015Porcentaje

Gráfica 3.3

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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La siguiente gráfica presenta la cantidad de personas recluidas en relación con el número de custodios y/o vigi­lantes. Se puede notar que en entidades como Quintana Roo y Durango hay un mayor número de reclusos por cada custodio con 41 y 28, respectivamente. Cabe men­cionar que la media nacional calculada es de 11.

Para concluir este apartado, los resultados del cen­so muestran que los centros penitenciarios ejercieron

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

un presupuesto de 13 952 millones 394 792 pesos en el año 2015. Las entidades en donde más recursos se ejercieron fueron el Distrito Federal, México y Ja­lisco. En contraparte, entidades como Quintana Roo, Durango y Guerrero se destinó una menor cantidad de recursos. Hay que mencionar que, del presupuesto nacional mencionado, en promedio 6.3 por ciento fue aportado por el gobierno federal, esto para la manu­tención, servicio y/o asistencia o similar de los reclu­sos por delitos del fuero federal (gráfica 3.5).

4128

1916

1615

1414

1313

1212

1111

9998

87

766

65555555

3

Quintana Roo

Durango

Oaxaca

Sinaloa

Baja California

Hidalgo

Sonora

Coahuila de Zaragoza

Nayarit

Veracruz de Ignacio de la Llave

Jalisco

México

Tamaulipas

Distrito Federal

Nuevo León

Colima

Campeche

Guerrero

Tlaxcala

Chihuahua

Chiapas

Morelos

Puebla

Yucatán

San Luis Potosí

Baja California Sur

Querétaro

Aguascalientes

Zacatecas

Tabasco

Michoacán de Ocampo

Guanajuato

Personas reclusas por custodio y/o vigilante, por entidad federativa, 2015Promedio

Gráfica 3.4

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Nota: el estado de Aguascalientes no contó con datos o elementos para responder sobre este tema. Las cifras de los estados de Chihuahua, Jalisco y Morelos incluyen el presupuesto ejercido por los centros de tratamiento o internamiento para adolescentes.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Ejercicio de la función de los centros penitenciarios

Sobre el ejercicio de la función de los centros peniten­ciarios, las cifras del CNGSPSPE 2016 muestran que durante el año ingresaron a ellos 166 532 personas, 91.9

por ciento hombres y 8.1 por ciento mujeres. Asimismo, a lo largo de 2015 salieron de los centros 169 790 perso­nas, 92.1 por ciento hombres y 7.9 por ciento mujeres. Fi­nalmente al concluir el año había 217 595 reclusos, 94.8 por ciento hombres y 5.2 por ciento mujeres.

3 274 7641 602 070

1 310 972752 805749 266734 554

565 199536 611

508 814441 797

372 258343 055

291 859278 408275 151

249 736189 277168 708164 824153 938145 379

120 489114 20099 21195 57492 25990 64879 24066 490

43 43841 400

Distrito Federal

México

Jalisco

Baja California

Michoacán de Ocampo

Guanajuato

San Luis Potosí

Sonora

Nuevo León

Veracruz de Ignacio de la Llave

Puebla

Chihuahua

Tabasco

Morelos

Sinaloa

Tamaulipas

Querétaro

Colima

Yucatán

Oaxaca

Baja California Sur

Nayarit

Zacatecas

Campeche

Hidalgo

Tlaxcala

Chiapas

Coahuila de Zaragoza

Quintana Roo

Durango

Guerrero

Presupuesto ejercido por los centros penitenciarios, por entidad federativa, 2015Miles de pesos

Gráfica 3.5

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

De acuerdo con los delitos cometidos por las perso­nas que ingresaron a los centros, más de 71 por ciento fueron ingresos por primera vez, en tanto que 18 por ciento fueron reincidencias y 8.2 por ciento, reingre­sos. Para efectos del censo se consideran reincidentes las personas condenadas por sentencia ejecutoriada dictada por cualquier tribunal del país o del extranjero,

que cometen un nuevo delito sin que hubiera transcu­rrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la sanción; y se consi­deran reingresos a las personas que hayan ingresado más de una vez por la comisión del mismo delito u otro distinto al cometido por primera vez, sin que haya una sentencia ejecutoriada de por medio.

Nota: se incluyen delitos del fuero común y federal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

153 016 156 311

206 223

13 516 13 479 11 372

Ingresada Egresada Reclusa

Población en los centros penitenciarios, por estatus según sexo, 2015

Hombres Mujeres

Gráfica 3.6

71.9

18.0

8.21.8

Delitos cometidos por las personas ingresadas a los centros penitenciarios, según tipo de ingreso, 2015Porcentaje

Primera vez

Reincidentes

Reingresos

No especificado

Gráfica 3.7

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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En total se registraron 208 704 delitos cometi­dos por las personas que ingresaron a los centros de reclusión, de los cuales 176 339 eran del fuero común, 32 121 del fuero federal y para 244 no se especificó el fuero. Entre los principales delitos del fuero común se encuentran los robos, el narcome­nudeo, los homicidios, las lesiones y la violencia familiar. Y respecto de aquellos del fuero federal se registraron mayormente los delitos contra la salud y

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (gráfica 3.8).

Ahora bien, en relación con los delitos de las perso­nas egresadas, 7.4 por ciento egresaron por sentencia absolutoria y 1.9 por ciento por sentencia revocatoria. Asimismo, 14.6 por ciento egresó por cumplimiento de sentencia. Por su parte, 21.1 por ciento egresaron pero continúan sujetos a proceso (gráfica 3.9).

Nota: se incluyen delitos del fuero común y federal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

25 599

25 003

19 039

11 588

11 015

9 870

7 430

6 252

6 192

6 104

Robo

Narcomenudeo

Otros robos

Otros delitos del fuero común

Homicidio

Lesiones

Robo de vehículo

Violencia familiar

Incumplimiento de obligaciones familiares

Robo a casa habitación

Principales delitos del fuero común cometidos por las personas ingresadas a los centros penitenciarios, 2015

Gráfica 3.8

39.0

21.1

16.0

14.6

7.4 1.9

Delitos cometidos por las personas egresadas de los centros penitenciarios según tipo de egreso, 2015Porcentaje

OtroSujeto a procesoLibertad anticipadaCumplimiento de sentenciaSentencia absolutoriaSentencia revocatoria

Gráfica 3.9

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Finalmente, el estatus de los delitos cometidos por las personas que se encontraban recluidas al cierre de 2015 se distribuye como sigue: 33 por ciento aún se encontraban en proceso de primera instancia, 17.7 por ciento eran sentenciados, 10.3 por ciento estaban en proceso de segunda instancia y 37 por ciento tenían sentencia ejecutoriada. Cabe señalar que se entiende por sentencia ejecutoriada cuando ésta ya no admite re­curso judicial alguno, es decir, cuando ya han terminado todos los trámites legales y se produce el efecto jurídico de cosa juzgada.

Otro punto a señalar es el de las actividades orienta­das a la reinserción social, a este respecto las cifras del censo muestran que de los 217 595 reclusos, 68 817 se encontraban estudiando y/o recibiendo alguna capa­citación, 112 767 estaban ejerciendo alguna actividad ocupacional y 31 799 realizaban otro tipo de actividad.

Nota: se incluyen delitos del fuero común y federal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Adolescentes en tratamiento

A través del censo también se obtienen datos sobre el sistema de readaptación social para menores. En este sentido, al final de 2015 se reportaron 55 centros de tratamiento o internamiento para adolescentes en todo el país con una capacidad de 8 527 espacios medidos en número de camas útiles.

Asimismo, en dichos centros se encontraban labo­rando un total de 4 671 personas, 2 779 hombres y 1 892 mujeres. La mayoría custodios de nivel ope­rativo (45.9 por ciento), seguidos por el personal de apoyo (12.6 por ciento) y por personal directivo o de administración (11.2 por ciento). El equipo técnico o de operación representó el 22.2 por ciento del total (gráfica 3.11).

37.0

33.0

17.7

10.3

2.0

Delitos cometidos por las personas reclusas en los centros penitenciarios según estatus jurídico, 2015Porcentaje

Sentencia ejecutoriada

En proceso de primera instancia

Sentenciados

En proceso de segunda instancia

No especificado

Gráfica 3.10

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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39

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Estos centros para adolescentes ejercieron un pre­supuesto de 1 009 millones 046 457 pesos a nivel nacional. Los estados que más recursos destinaron

a su funcionamiento fueron Distrito Federal y Sonora. En Tlaxcala y Chiapas se ejerció menor cantidad de recursos.

45.9

12.6

11.2

4.7

4.6

4.6

4.5

4.5

3.1

2.0

1.5

0.9

Custodios (nivel operativo)

Personal de apoyo

Directivo, administración y/u operación

Custodios (nivel intermedio)

Psicología

Pedagogía

Trabajo social

Personal médico

Jurídico

No especificado

Custodios (primer nivel jerárquico)

Criminología

Personal en los centros de tratamiento para adolescentes, por tipo, 2015Porcentaje

Gráfica 3.11

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Nota: los estados de Aguascalientes y Michoacán de Ocampo no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema. Las cifras de los estados de Chihuahua, Jalisco y Morelos se encuentran incluidas en el presupuesto de los centros penitenciarios para adultos. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Acerca del ejercicio de la función, en el año ingre­saron 7 785 menores (7 244 hombres y 541 mujeres) y egresaron 7 773 (7 089 hombres, 565 mujeres y 119 de sexo no especificado por los informantes), quedando 3 844 internos al cierre del año (3 606 hombres y 238 mujeres). Además 5 852 se encontraban en tratamiento externo, es decir, siguiendo su proceso de libertad (5 352 hombres y 500 mujeres).

De los adolescentes ingresados 7 por ciento tenían en­tre 12 y 14 años de edad; 15.9 por ciento tenían 15 años; 27.7 por ciento, 16 años; 35.1 por ciento, 17 años; y 13.5 por ciento, 18 o más años. Para el resto no se especificó su edad (gráfica 3.13).

318 934

120 161

88 616

61 577

60 780

57 412

32 748

26 412

23 656

23 431

21 500

18 180

18 100

17 886

16 103

14 385

13 561

13 388

13 159

12 129

9 305

8 417

7 964

3 958

3 896

2 505

884

Distrito Federal

Sonora

Baja California

Guanajuato

Nuevo León

México

Tamaulipas

Veracruz de Ignacio de la Llave

Sinaloa

Querétaro

Yucatán

Tabasco

Zacatecas

Oaxaca

Guerrero

Quintana Roo

Puebla

Nayarit

Colima

Coahuila de Zaragoza

Campeche

Durango

Hidalgo

Baja California Sur

San Luis Potosí

Tlaxcala

Chiapas

Presupuesto ejercido por los centros de tratamiento para adolescentes, por entidad federativa,2015Miles de pesos

Gráfica 3.12

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

De acuerdo con las conductas antisociales co­metidas por los adolescentes ingresados, 86.9 por ciento fueron por primera vez, 5.4 fueron reinciden­tes y 7.6 por ciento, reingresos. Además las más

frecuentes registradas fueron los robos como robo a transeúnte, a casa habitación y de vehículo, ade­más de narcomenudeo, homicidio, lesiones y viola­ción (gráfica 3.15).

Nota: se incluyen conductas antisociales del fuero común y federal.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

7 244 7 089

3 606

5 352

541 565238

500119

Ingresados Egresados Internados En tratamiento externo

Adolescentes en los centros de tratamiento, por estatus según sexo, 2015

Hombres Mujeres No especificado

Gráfica 3.13

86.9

7.6

5.4 0.1

Conductas antisociales cometidas por los adolescentes ingresados a los centros de tratamiento según tipo de ingreso, 2015Porcentaje

Primera vez

Reingreso

Reincidente

No especificado

Gráfica 3.14

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Para concluir, de los 3 844 adolescentes internados, 3 081 estaban estudiando y/o recibiendo algún tipo de capacitación, 1 727 ejercían alguna actividad ocupacio-nal y 728 realizaban otro tipo de actividad. De aquellos internos que estaban estudiando, casi 40 por ciento estudiaban la educación secundaria; 18.9 por ciento,

educación primaria; 23.1 por ciento, se capacitaban en formación docente; 4.1 por ciento estaban en progra-mas de alfabetización; y el resto realizaban estudios en áreas como artes, ciencias sociales, ciencias natu-rales, exactas o servicios.

1 258

960

706

701

591

582

444

411

313

301

278

Robo

Robo a transeúnte en vía pública

Otros delitos contra la sociedad

Otros robos

Narcomenudeo

Homicidio

Robo a casa habitación

Robo de vehículo

Lesiones

Otros delitos que atentan contra el patrimonio

Violación

Conductas antisociales del fuero común más frecuentes, cometidas por los adolescentes ingresados a los centros de tratamiento, 2015

Gráfica 3.15

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5. Medio ambiente

Con la finalidad de conocer la atención que se brinda al tema del medio ambiente a nivel estatal, el CNGSPSPE 2016 incluye un módulo que capta información sobre las principales características técnicas y administrati­vas de la gestión en esa materia. En relación a la últi­ma actualización de información, en este apartado se presentan algunas cifras relevantes acerca de elemen­tos de planeación y programas sobre medio ambiente en las entidades federativas.

Planeación estatal del medio ambiente

En una primera aproximación, es importante visuali­zar el nivel en el que están representados los temas de medio ambiente en los planes de desarrollo de los estados. En este aspecto, los resultados del cen­so muestran que este componente estaba presente en la misión del Plan Estatal de Desarrollo de 9 en­tidades federativas, en la visión de 12 de ellos, en las estrategias generales de 17, en las estrategias

específicas de 23, en los objetivos de gestión de 22, en las metas de 13 y en las líneas de acción de 18 planes estatales.

Cabe mencionar que en los planes de desarrollo de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato y Sonora el tema de medio am­biente estaba presente a nivel de los siete elementos antes señalados.

Programas ambientales

Los gobiernos estatales han venido ejecutando diver­sos programas o acciones orientados a la protección del medio ambiente. Así, para el año 2015 se reporta­ron a nivel nacional 970 programas, principalmente en los temas de biodiversidad y ecosistemas, agua pota­ble y saneamiento, educación ambiental y residuos. En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de progra­mas por ámbito o tema.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

193

145

102

101

71

67

67

60

58

37

36

27

6

Biodiversidad y ecosistemas

Agua potable y saneamiento

Educación ambiental

Residuos

Cambio climático

Suelo, uso de suelo y edificaciones

Atmósfera

Procuración de justicia ambiental

Otros

Asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles

Energía

Administración pública sostenible

Compras verdes

Programas ambientales ejercidos, por tema, 2015

Gráfica 4.1

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Por otra parte, los programas que más recursos ejercieron fueron los relacionados con los temas de agua potable y saneamiento, residuos, cambio climáti­co y biodiversidad y ecosistemas. En la gráfica que se muestra a continuación es posible apreciar los montos destinados en cada tema en miles de pesos.

Nota: no se contó con información disponible para el estado de Guanajuato.Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Finalmente, en este aspecto resalta que 557 progra­mas tuvieron como fuente de financiamiento recursos del presupuesto estatal, 367 se financiaron mediante acuerdos o convenios con dependencias federales, 27 mediante acuerdos o convenios con agentes federales y 16 a través de acuerdos o convenios con agentes internacionales.

Gobierno y sector productivo

Los gobiernos estatales también llevaron a cabo pro­yectos y acciones para impulsar la sostenibilidad de las actividades productivas que se desarrollan en sus

territorios. Es así como en el año 2015 se ejecutaron 164 programas o proyectos de este tipo en diversas actividades económicas, principalmente en forestería con 37 programas, agricultura con 30 y sector servicios con 26.

915 687 894

212 326 457

163 317 853

71 034 230

54 038 747

54 031 704

40 919 337

40 557 991

39 875 958

34 224 593

7 226 940

126 304

11 221

Agua potable y saneamiento

Residuos

Cambio climático

Biodiversidad y ecosistemas

Asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles

Energía

Otros

Atmósfera

Suelo, uso de suelo y edificaciones

Procuración de justicia ambiental

Educación ambiental

Administración pública sostenible

Compras verdes

Recursos financieros aplicados a programas ambientales, por tema, 2015Miles de pesos

Gráfica 4.2

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Sistemas de información ambiental

Las cifras del censo revelan que trece entidades fe­derativas contaron con un sistema de información ambiental público en operación: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. Asimismo, se reportó que la información in­corporada a dichos sistemas se difundió principalmen­te en línea y a través de boletines de prensa.

Auditoría, certificación y monitoreo ambientales

Respecto de este tema, nueve gobiernos estatales reportaron haber aplicado un programa de auditoría

ambiental, éstos fueron: Baja California, Distrito Fe­deral, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz de Ignacio de la Llave.

En total se efectuaron 2 433 auditorías, de las que 1 683 se realizaron con personal propio y 750 se llevaron a cabo por entes externos. En cuanto al tipo de tema, 183 se aplicaron en materia de agua, 124 sobre residuos sólidos, 1 167 en el tema atmós­fera, 236 respecto de biodiversidad y 723 en otros tópicos.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

22.6

18.3

15.9

11.0

10.4

9.1

7.35.5

Programas o proyectos ejecutados para impulsar la sostenibilidad de sectores productivos, según tipo de actividad,2015Porcentaje

Forestería

Agricultura

Servicios

Ganadería

Comercio

Pesca y caza

Manufactura

Extractiva

Gráfica 4.3

1 400

397

208 202103 53 45 13 12

Nuevo León Distrito Federal Jalisco Guanajuato México Tamaulipas Baja California Veracruz deIgnacio de la

Llave

San Luis Potosí

Auditorías realizadas en materia ambiental, por entidad federativa, 2015

Gráfica 4.4

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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En relación con la certificación ambiental del traba­jo de las instituciones públicas de los gobiernos esta­tales, 25 dependencias fueron certificadas en 2015. Una en Chihuahua, 2 en el estado de México, 5 en Puebla, 1 en Tamaulipas y 16 en Veracruz de Ignacio de la Llave. Del total, 3 recibieron certificación ISO, 21 obtuvieron certificación de cumplimiento ambiental y 1 de otro tipo.

Finalmente, 27 entidades federativas registraron ha­ber realizado acciones de monitoreo ambiental durante el año de referencia, siendo ejecutados 47 proyectos o programas de monitoreo.

Transporte y movilidad urbana

Para que las ciudades y sus habitantes puedan con­tar con una mejor calidad del aire y una movilidad efi­

ciente, es importante contar con planes o programas orientados a la gestión ambientalmente sostenible del transporte.

En este terreno, 20 entidades federativas ejecuta­ron programas de este tipo durante el año 2015; en lo referente a los elementos contenidos en dichos progra­mas, los correspondientes a 10 entidades federativas consideraban la verificación vehicular y los de 8 enti­dades contenían aspectos sobre sistemas integrados de transporte y ampliación y mejoramiento vial, en tan­to que en 2 entidades se contempló el programas del tipo “Hoy no circula” y mecanismos para desincentivar el uso del automóvil, mientras que en una entidad se consideraron incentivos para la compra de vehículos de combustible alternativo.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

10

8

8

7

7

6

6

5

3

2

2

2

1

Verificación vehicular

Sistema integrado de transporte

Ampliación y mejoramiento vial

Infraestructura para el uso de bicicletas

Infraestructura para personas con discapacidad

Sistema de transporte metropolitano

Registro del parque vehicular

Espacios peatonales

Otros

Sistemas de sincronización de semáforos

Programa "Hoy no circula"

Incentivos para desincentivar el uso del automóvil

Incentivos para compra de vehículos de combustible alternativo

Entidades federativas con planes o programas para la gestión sostenible del transporte y la movilidad, por aspectos considerados en los mismos, 2015

Gráfica 4.5

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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6. Justicia cívica

La justicia cívica comprende los procedimientos admi-nistrativos instaurados por los jueces cívicos, deriva-dos de la comisión de infracciones a la Ley de Cultu­ra Cívica del Distrito Federal, su reglamento y demás dis posiciones administrativas aplicables, las cuales tienen por objeto la preservación de la seguridad ciu­dadana, del orden público y de la tranquilidad de los habitantes de esta Entidad Federativa. En este sen­tido, y para con solidar una sociedad democrática, el Distrito Federal requirió el establecimiento de un con­junto de normas que garantizaran el derecho y gene­raran la responsa bilidad de todos sus habitantes para ser sujetos activos en el mejoramiento de las relacio­nes sociales y en la preservación de su entorno social.

Para conservar el orden público, la administración pública de esta entidad federativa promueve el desa­rrollo de la justicia cívica, sustentada en los princi­pios de corresponsabilidad, solidaridad, honestidad, equi dad, tolerancia e identidad, mediante el fomen­to de la participación activa de los habitantes, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumpli­miento de sus derechos y obligaciones; promueve también el dere cho que todo habitante tiene al ser un sujeto activo en el mejoramiento de su entorno social, procurando el respeto y defensa de su inte­gridad física y psicológi ca, cualquiera que sea su condición socioeconómica, su orientación sexual, su edad o su sexo; el respeto al ejercicio de los dere­chos y libertades de todas las personas y el buen funcionamiento de los servicios públicos y aquéllos privados de acceso público; la conservación del me­dio ambiente y de la salubridad general, y el respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bie­nes del dominio público.

La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal es un instrumento de prevención que se dirige a conductas, que si bien no constituyen delitos, vulneran la armonía de la convivencia ciudadana al afectar no sólo a las personas, sino también a los bienes que pertenecen a los ciudadanos, al respeto por los demás, a la tran­quilidad pública, a la seguridad ciudadana y al entorno urbano. Así, corresponde al policía, con apego a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, remitir a los in-fractores de estas normas de convivencia ante el Juez Cívico para que éste a su vez imponga la sanción legal prescrita para aquellas personas que incurran en los comportamientos considerados por la legislación como infracciones cívicas o faltas administrativas.

En este apartado se presentan una seria de gráficas que permiten conocer en forma general el ejercicio de la función de justicia cívica, con información corres­pondiente sólo para el Distrito Federal.

Recursos humanos

De acuerdo con la información obtenida mediante el CNGSPSPE, al cierre del año había un total de 834 per­sonas destinadas al desempeño de funciones de Justi­cia Cívica; de ellas 492 fueron hombres (59 por ciento) y 342, mujeres (41 por ciento).

De acuerdo con su cargo, 41.5 por ciento se de-sempeñó como personal administrativo de apoyo, 29.6 como secretarios y 28.9 fueron jueces cívicos, quienes como autoridad administrativa tienen atribuciones para imponer multas o dictar arrestos preventivos a los ciuda­danos cuando realicen conductas que afecten el marco regulatorio correspondiente.

INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016. SNIEG. Información de Interés Nacional

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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Infraestructura

Para la ejecución de los arrestos dictados por los jueces, se contó con 334 celdas, distribuidas en 2 824 metros cuadrados, con capacidad para 3 personas cada una.7 En cuanto a tipo de celdas 216 fueron para hombres, de ellas 165 fueron para personas en condición de mayoría de edad, el resto (51) para los menores de edad. En cuanto a las 118 celdas para

7 Cifra redondeada al entero más próximo.

mujeres, 75 fueron para mayores de edad y 43 para menores.

Ejercicio de la función

Durante el año 2015, se instauraron 172 939 proce­dimientos administrativos. De ellos, el 80.9 por ciento se iniciaron (139 914) y el 19.1 por ciento (33 025), se desecharon, debido a que no pudo comprobarse la existencia del incumplimiento a la ley. Finalmente, se determinaron 114 482, donde los jueces cívicos decre­taron alguna sanción y/o conciliación.

41.5

29.6

28.9

Personal de justicia cívica, según tipo de cargo, 2015

Personal administrativo de apoyo

Secretarios

Jueces cívicos u oficiales calificadores oequivalentes

Gráfica 5.1

172 939

139 914

33 025

114 482

Instaurados Iniciados Desechados Determinados

Procedimientos administrativos, por estatus, 2015

Gráfica 5.2

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Con respecto al origen de los procedimientos inicia­dos, se sabe que la mayor parte de ellos (138 930) fueron puestos a disposición por la policía del Distrito Federal y el resto (984) a petición de parte como se observa en la siguiente gráfica.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Por otra parte, la cifra de infracciones registradas en los procedimientos iniciados fue de 139 914, mismas que según el sitio de ocurrencia, se suscitaron principalmen­te en la vía pública (134 307), en el transporte público (3 711) y en lugares de recreación (1 896) (gráfica 5.4).

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

96.0

2.7 1.4

Infracciones registradas en procedimientos administrativos iniciados, según sitio de ocurrencia, 2015Porcentaje

Vía pública

Transporte público

Lugar de recreación

Gráfica 5.4

99.3

0.7

Procedimientos administrativos iniciados, según origen, 2015Porcentaje

Policía del Distrito Federal

A petición de parte

Gráfica 5.3

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El CNGSPSPE 2016 también permitió conocer al­gunas características de los probables infractores que se registraron en los procedimientos administrativos iniciados. En este sentido, se sabe que de los 139 914 probables infractores, 128 883 fueron hombres (lo que representó el 92.1 por ciento), mientras que 11 031 fueron mujeres (7.9 por ciento restante). Por otro lado,

se sabe que del total, 132 115 cometieron infracciones por primera vez y 7 799 fueron reincidentes. Finalmen­te, 135 252 se encontraban en condición de mayoría de edad, mientras que 4 662 fueron menores.

Referente a las infracciones registradas en los pro­cedimientos administrativos en etapa de determinación,

En cuanto al tipo de infracciones registradas, en los procedimientos iniciados se sabe que la mayoría de ellas fueron por consumo de bebidas alcohólicas, seguidas de la realización de actividades que obstru­yeron el uso de la vía pública y de la conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de

sustancias que provocan dependencia con 32.3, 29.5 y 11.4 por ciento respectivamente. En la gráfica 5.5 se muestran las diez infracciones más frecuentes que se registraron, mismas que en conjunto representan el 97.1 por ciento del total.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

45 193

41 332

16 001

10 628

9 950

4 335

3 977

2 276

1 158

1 075

Consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos

Realizar actividades que obstruyan el uso normal de la vía pública

Conducir vehículos en estado de ebriedado bajo el influjo de sustancias

que provoquen dependencia

Realizar necesidades fisiológicas

Consumir sustancias que provoquen dependencia en lugares públicos

Causar afectación a bienes de propiedad particular

Otras infracciones relacionadas al consumo y/o suministro de sustancias que alteran

la salud y estado físico de las personas y sus repercusiones

Otras infracciones

Reprender con maltratos físicos o verbales a las personas

Otras infracciones relacionadas con el daño a las cosas (en contra de la propiedad

privada o de dominio público)

Infracciones más frecuentes registradas en los procedimientos administrativos, iniciados por tipo, 2015

Gráfica 5.5

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Nota: la categoría otra incluye arresto y otro tipo de sanciones. Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

en 4 396 se determinó una sanción y en 110 086 se de­terminó sanción y acuerdo de conciliación. Las sancio­nes como se observa a continuación, fueron principalmen­te multas con el 74.7 por ciento (85 506), amonestaciones

con 17.9 por ciento (20 520) y otra con el 3.5 por ciento (4 060). Pare el 3.8 por ciento (4 396) no fue posible especificar el tipo de sanción impuesta por los jueces cívicos.

74.7

17.9

3.5 3.8

Infacciones registradas en procedimientos administrativos determinados, según tipo de sanción, 2015

Multa

Amonestación

Otra

No especificado

Gráfica 5.6

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Glosario

Si bien la Función General de Gobierno del Estado Mexi­cano abarca 5 grandes etapas: 1) Gobierno; 2) Segu­ridad Pública; 3) Procuración de Justicia;4) Impartición de Justicia, y 5) Sistema Penitenciario, en este apar­tado se abordará de manera específica el Glosario del CNGSPSPE 2016, con la finalidad de ofrecer a los usua­rios de la información, la claridad suficiente para la com­prensión de dicho proyecto estadístico.

A

Acciones de Investigación. Proceso sistemático de generación de conocimiento a través de la recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y procesa­miento de la información con el objeto de salvaguar­dar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante una metodología, con el soporte de datos o hechos reales, que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias.

Activación física. Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas.

Actividad física. Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas.

Actividades Estadísticas y/o Geográficas. Acciones realizadas por una institución pública y/o una unidad administrativa de una institución pública que cuenta con atribuciones para desarrollar el diseño, captación, producción, actualización, organización, procesamien­to, integración, compilación, publicación, divulgación y conservación de información.

Acuerdo de conciliación. Es el convenio mediante el cual se pone fin a un procedimiento administrativo, y en el cual las partes llegan a un acuerdo sin necesidad de que el asunto sea llevado ante otra autoridad.

Acuerdo o convenio con agentes internacionales. Resolución celebrada por escrito entre la entidad fe­derativa con instituciones, organismos o actores inter­nacionales el cual es regido por el derecho internacional.

Acuerdos o convenios con agentes nacionales. Resolución celebrada por escrito entre la entidad fede­rativa con instituciones, organismos o actores locales.

Adaptación al cambio climático. Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efec­tos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

Administración Central. La conforman aquellas ins­tituciones que formaron parte de la Administración Pú­blica de cada Entidad Federativa que, de acuerdo con la normativa orgánica, fueron creadas para el ejer­cicio de las atribuciones y despacho de los asuntos que corresponden al Gobernador o Jefe de Gobier­no, y se encontraban subordinadas jerárquicamen­te y de manera directa a éste (Secretarías, Órganos Administrativos Desconcentrados o cualquier otro tipo de institución, organización o unidad administrativa pública de características similares).

Administración de documentos. Conjunto de méto­dos y prácticas destinadas a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo.

Administración Paraestatal. La conforman aquellas instituciones que formaron parte de la Administración Pública de cada Entidad Federativa, que de acuerdo con la normativa orgánica, fueron creadas para auxiliar a la Administración Central, para realizar alguna activi­dad considerada estratégica o privada, la prestación de algún servicio público o social, o la aplicación de re­cursos con fines específicos (Entidades Paraestatales, Organismos Públicos Descentralizados; Instituciones de Crédito; Instituciones de Seguros y Fianzas; Em­presas de Participación Estatal Mayoritaria; Fondos y Fideicomisos; organizaciones o unidades administrati­vas públicas de características similares).

Administración Pública de la Entidad Federativa. Base de organización de las instituciones públicas que forman parte del Poder Ejecutivo de la Entidad Federati­va de que se trate, para el ejercicio de sus atribuciones

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y para el despacho de los negocios del orden adminis-trativo encomendados a éste.

Adolescentes. Todo individuo del sexo femenino o masculino cuya edad esté comprendida entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Adolescentes egresados (sujetos a proceso). Para efectos del CNGSPSPE 2016, serán todos aquellos Adolescentes que no habían recibido una resolución, y les fue permitido continuar su proceso bajo el beneficio de libertad provisional.

Adolescentes egresados por cumplimiento de san-ción. Adolescentes puestos en libertad de los Centros de Tratamiento o Internamiento, por el cumplimiento de la sanción impuesta por el Juez, en la que resolvió el internamiento para el Adolescente.

Adolescentes egresados por libertad anticipada. Adolescentes que son puestos en libertad de los Cen-tros de Tratamiento o Internamiento por un beneficio que se otorga al adolescente, después de cumplir un determinado porcentaje de la sanción de internamiento que le fue impuesta, a través del cual queda sometido a las formas y condiciones de tratamiento propuestas por el Centro de Tratamiento o Internamiento.

Adolescentes egresados por resolución absoluto-ria. Para efectos del CNGSPSPE 2016, serán todos aquellos Adolescentes a los cuales, derivado de una resolución, se les dictó su libertad.

Adolescentes egresados por resolución revocato-ria. Para efectos del CNGSPSPE 2016, serán todos aquellos Adolescentes a los cuales, derivado de cual-quier medio de impugnación, una autoridad superior haya emitido una resolución que modifique o deje sin efectos la resolución impugnada, dictando la libertad del Adolescente.

Adolescentes en tratamiento externo. Adolescentes que son objeto de la aplicación de sistemas o métodos especializados con la aportación de diversas ciencias, técnicas y disciplinas pertinentes a partir del diagnós-tico de personalidad para lograr la educación y reinte-gración social y familiar del Adolescente.

Adolescentes internados en proceso de primera instancia. Adolescentes que se encontraban en espe-ra de recibir resolución por la conducta antisocial que se les asociaba, incluyendo los casos que se encontra-ban pendientes de ser puestos a disposición del Con-sejero, Juez u homólogo.

Adolescentes internados en proceso de segunda instancia. Adolescentes que ya habían recibido una resolución, y que promovieron algún medio de impug-nación a la misma, el cual se encontraba en proceso de recibir la resolución confirmatoria o revocatoria, se-gún sea el caso.

Adolescentes internados. Adolescentes ingresados en los Centros de Tratamiento o Internamiento por su participación o por la comisión de conductas antisocia-les asociadas a delitos.

Adolescentes internados con resolución. Adoles-centes que ya habían recibido resolución, pero que todavía tenían posibilidad de interponer algún medio de impugnación.

Adolescentes internados en cumplimiento de reso-lución definitiva. Adolescentes que se encontraban cumpliendo su sanción, derivada de una resolución que ya no admite la interposición de recurso alguno.

Adolescentes procesados. Serán aquellos adoles-centes que se encuentren sometidos por la autoridad especializada en Adolescentes a un proceso penal en Primera Instancia.

Albergue. Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos pertur-badores y en donde permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas.

Antecedentes penales. Datos registrales de identifica-ción sobre las personas que se les ha dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso por una autoridad judicial competente y que haya causado ejecutoria.

Anticorrupción. Conjunto de acciones que tienen como propósito evitar los actos ilícitos y el abuso de autoridad por parte de los servidores públicos de la Administración Pública de la Entidad Federativa, así como, fomentar la cultura de la legalidad, la transpa-rencia y la rendición de cuentas en la propia Entidad Federativa.

Archivo. Conjunto orgánico de documentos en cual-quier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades.

Archivo de concentración. Unidad responsable de la administración de documentos, cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los sujetos obligados, y que permanecen hasta su

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transferencia secundaria al archivo histórico, o su baja documental, según sea el caso.

Archivo de trámite. Unidad responsable de la admi­nistración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad ad­ministrativa.

Archivo histórico. Fuente de acceso público y unidad responsable de administrar, organizar, describir, con­servar y divulgar la memoria documental institucional, así como la integrada por documentos o colecciones documentales facticias de relevancia para la memoria nacional.

Área o Unidad coordinadora de archivos. Conjunto de acciones que tienen como propósito evitar los actos ilícitos y el abuso de autoridad por parte de los ser­vidores públicos de la Entidad Federativa, así como, fomentar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la Entidad Federativa.

Armonización contable. Revisión, reestructuración y compatibilización del modelo contable vigente en el Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa, al estableci­do a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortale­cimiento de las disposiciones jurídicas que lo rigen, de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar su sistema de contabilidad, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.

Asesores Jurídicos. Servidores públicos capacitados y autorizados para que de forma gratuita orienten y asesoren en materia de orden penal, civil, mercantil, familiar, etc. a las personas que así lo soliciten y que éstas, previamente, cumplan con los requisitos que para el efecto establece la normatividad aplicable en la Entidad Federativa.

Asociación intergubernamental. Se les considerará así a todos aquellos contratos o convenios celebra­dos por el Gobierno Municipal o Delegacional, según sea el caso, con otro orden de gobierno, ya sea Fe­deral, Estatal, del Distrito Federal, Municipal o Dele­gacional, que tenga como propósito llevar a cabo la prestación conjunta y/o coordinada de algún servicio público, función o responsabilidad del propio Gobier­no de la Entidad Federativa. Los Poderes y órdenes de Gobierno con los que se puede dar esta asocia­ción son los siguientes:

Poder Ejecutivo Federal. Es una de las divisiones del Supremo Poder de la Federación. Para efectos del CNGSPSPE 2016, son el conjunto de servido­res públicos cuya misión es dirigir y conducir las

actividades propias de la Federación, tendientes a que dicha institución cumpla con las atribuciones que tiene conferidas por ley.

Poder Legislativo Federal. Es una de las divisiones del Supremo Poder de la Federación. El poder legis­lativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se divide en dos Cá­maras, una de diputados y otra de senadores.

Poder Judicial Federal. Es una de las divisiones del Supremo Poder de la Federación. Se deposi­ta el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. La administra­ción, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que esta­blezcan las leyes.

Órganos Constitucionales Autónomos Federales. Son órganos públicos que ejercen una función pri­mordial del Estado, en la que la Constitución estable­ce el tipo de autonomía de los mismos, la cual puede ser técnica, orgánica o administrativa, financiera-pre­supuestaria, normativa, de funcionamiento y/o plena. Por tanto, tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en algunos de ellos.

Poder Ejecutivo Estatal. Es una de las divisiones para el ejercicio del poder público de los estados. Para efectos del CNGPSPSE 2016, es el conjunto de servidores públicos cuya misión es dirigir y condu­cir las actividades propias del Estado y/o del Distrito Federal, tendientes a que dicha institución cumpla con las atribuciones que tiene conferidas por ley.

Poder Legislativo Estatal. Es una de las divisio­nes para el ejercicio del poder público de los esta­dos. Las legislaturas de los Estados se integran con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes.

Poder Judicial Estatal. Es una de las divisiones para el ejercicio del poder público de los estados. El Poder Judicial de los Estados se ejerce por los tribunales que establezcan las Constituciones res­pectivas.

Órganos Constitucionales Autónomos Estatales. Son órganos públicos que ejercen una función primor­dial del Estado, en la que las Constituciones locales

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establecen el tipo de autonomía de los mismos, la cual puede ser técnica, orgánico o administrativa, financiera-presupuestaria, normativa, de funciona­miento y/o plena. Por tanto, tienen relaciones de coordinación con los demás poderes tradicionales u órganos autónomos, sin situarse subordinadamente en algunos de ellos.

Poder Ejecutivo Municipal. Se considera al con­junto de servidores públicos cuya misión es dirigir y conducir las actividades propias del Municipio, tendientes a que dicha institución cumpla con las atribuciones que tiene conferidas por ley.

Asuntos de Defensoría de Oficio o Defensoría Pú-blica. Es el conjunto de documentos en los que se ha­cen constar todas las actuaciones de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos, así como los actos de las partes, correspondientes a un proceso o juicio.

Atención de emergencias. Se refiere a las acciones que deben tomarse inmediatamente antes, durante y después de un desastre con el fin de minimizar la pérdida de vidas humanas, procurar su seguridad, sus bienes y la planta productiva, así como preservar los servicios públicos y el medio ambiente, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los damnificados.

Atlas de riesgos. Es una herramienta que integra in­formación cartográfica y estadística, útil en la elabora­ción de planes de prevención y auxilio, oportuna toma de decisiones en caso de desastre, así como auxiliar en la integración de otro tipo de trabajos encaminados al desarrollo municipal, procuración de justicia y segu­ridad pública.

Auditoría. Es una serie de métodos de investigación de investigación y análisis con el objetivo de revisar y evaluar profundamente la gestión de la estructura or­ganizativa de una empresa, institución o departamento gubernamental, o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, medio de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales.

Auditoría ambiental. Evaluación sistemática, docu­mentada y objetiva de la efectividad de las acciones real­izadas para cumplir con la legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido por la misma, debe ser independiente y capaz de identificar los problemas presentes y futuros.

Auditoría Superior de la Federación. Institución en­cargada de fiscalizar, de manera externa el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios; y en general cualquier entidad,

persona física o moral, pública o privada que haya cap­tado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

Auto de radicación. Es la primera resolución dictada por el Juez que conoce de la causa, mediante la cual se manifiesta en forma efectiva la relación procesal y, por tanto, quedan sujetos a la jurisdicción de un tribu­nal determinado, el Agente del Ministerio Público como órgano acusador y el procesado.

Autoprotección civil. La autoprotección tiene como objetivo desarrollar conocimientos y destrezas que permitan la supervivencia del ciudadano o la comu­nidad, en caso de emergencias y desastres, mientras recibe la ayuda de los organismos de atención y res­puesta primaria y secundaria.

B

Bien inmueble. Son todos aquellos terrenos con o sin construcción que sean propiedad de la Adminis­tración Pública de la Entidad Federativa, así como de aquellos en que ejerza la posesión, control o admi­nistración a título de dueño, y que sean destinados al servicio de la misma, con el propósito de utilizarse en la prestación de un servicio público a cargo de éstos. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican por los siguientes tipos de posesión:

Propios. Son todos aquellos inmuebles propiedad de la Administración Pública de la Entidad Fede­rativa. También son considerados todos aquellos inmuebles propiedad de la unidad administrativa responsable de la Defensoría de Oficio de la Admi­nistración Pública de su Entidad Federativa.

Rentados. Son todos aquellos inmuebles por los cuales la Administración Pública de la Entidad Fe­derativa, adquiere por precio su goce o aprovecha­miento temporal. También son considerados todos aquellos inmuebles por los cuales la unidad admi­nistrativa responsable de la Defensoría de Oficio, adquiere por precio su goce o aprovechamiento temporal.

Otro. En esta clasificación se consideran todos aque­llos inmuebles que no se encuentran previstos en las anteriores categorías.

Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; com­prende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.

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Bitácoras o Libros de Registro. Conjunto de informa­ción o legajo de instrumentos en los que se registra la actuación de los cuerpos de Seguridad Pública en aten­ción a una solicitud de intervención o una acción de vi­gilancia.

Botones de Pánico. Dispositivo capaz de producir una alarma silenciosa o una alarma local en caso de ser emergencia extrema o situaciones de riesgo, como ser un asalto, un incendio, enfermedad grave o situaciones que alteren el orden público y a la ciudadanía.

C

Cambio climático. Variación del clima atribuido direc­ta o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante perío­dos comparables.

Capacidad instalada (camas útiles) para población sentenciada. Espacios con los que contaban los Cen­tros Penitenciarios para las personas con sentencias de primera instancia, juicio oral o ejecutoriada, aunque, en ese momento, aún tengan posibilidad de interponer algún medio de impugnación.

Capacidad instalada (camas útiles) para Adoles-centes con resolución. Espacios con los que conta­ba el Centro de Tratamiento o Internamiento, para los Adolescentes con resolución firme, incluyendo los es­pacios con los que contaba el Centro de Tratamiento o Internamiento para Adolescentes con resolución y que, en ese momento, aún tenían posibilidad de interponer algún medio de impugnación.

Capacidad instalada (camas útiles) para adoles-centes en proceso de recibir su resolución. Espa­cios con los que contaba el Centro de Tratamiento o Internamiento para los Adolescentes en proceso de dictarles resolución (espacios para los adolescentes sujetos a recibir una resolución y que en ese momento aún no la recibían), incluyendo los espacios con los que contaba el Centro de Tratamiento o Internamien­to para los Adolescentes que se encontraban pen­dientes de ser puestos a disposición del Consejero, Juez u homólogo.

Capacidad instalada (camas útiles) para población en proceso de recibir sentencia. Espacios con los que contaban los Centros Penitenciarios para las per­sonas que se encontraban en proceso de recibir sen­tencia de primera instancia, incluyendo los espacios con los que contaban los Centros Penitenciarios para la población que se encontraba pendiente de ser pues­ta a disposición del Juez correspondiente.

Capacidad instalada (Juzgados Cívicos y Centros de Sanciones Administrativas). Corresponde a los espacios con los que se contaban en las celdas des­tinadas a ejecutar los arrestos dictados por el Juez u Oficial Calificador.

Capacitación. Es la impartición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que complementan las capacidades que ya se tienen y que contribuyen al de­sarrollo en una actividad, una profesión, una estrategia organizacional o un proyecto de vida.

Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican por los siguientes tipos de capacitación:

Diplomado. Son cursos de estudios para actualiza­ción del conocimiento en diferentes áreas, en corto tiempo.

Curso de especialización. Son todos aquellos ta­lleres, cursos o programas de capacitación imparti­dos al personal por los cuales hayan recibido una constancia de asistencia o aprobación.

Curso de formación. Es el conjunto de actividades técnicas encaminadas al desarrollo de competencias que responden a programas elaborados a través de la identificación de necesidades institucionales de acuerdo con las exigencias profesionales del nivel jerárquico del personal que labora en el Poder Judi­cial de la Entidad Federativa.

Taller. Son eventos que tiene corta duración, tra­tándose de temas puntuales, de co­aprendizaje, donde los participantes construyen conocimien­tos y valores, así como desarrollan habilidades y actitudes.

Conferencia. Es una exposición que se realiza por una o más personas, sobre un tema cualquiera, ge­neralmente de interés general.

Catálogo de disposición documental. Registro general y sistemático que establece los valores do­cumentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencia­lidad y el destino final.

Celdas (Juzgados Cívicos y Centros de Sanciones Administrativas). Son los espacios físicos dentro de los Juzgados Cívicos y Centros de Sanciones Admi­nistrativas, destinados al cumplimiento de arrestos o determinaciones administrativas de privación de la libertad, los cuales se encuentran divididos para hombres y mujeres; mayores y menores de edad, y

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en algunos casos, dichos espacios físicos no están divididos por característica de sexo.

Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4). Centros pertenecientes a la Secreta­ría de Seguridad Pública de la Entidad Federativa que coordinan herramientas tecnológicas y de comunica­ción para el apoyo y organización de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.

Centros de Evaluación y Control de Confianza (C3). Son los lugares destinados a la evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las institucio­nes encargadas de la seguridad pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Sistema Na­cional de Seguridad Pública.

Centros de Sanciones Administrativas. Son los lu­gares destinados a la remisión de los responsables de la comisión de infracciones o faltas administrati­vas, a quienes se les haya impuesto una sanción de arresto, y nunca por más de 36 horas por disposi­ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sólo excepcionalmente y por el tiempo necesario para tramitar su traslado a los lugares de detención de­pendientes del Ministerio Público, se podrá custodiar en dichos Centros a los presuntos responsables de la comisión de algún delito que hayan sido detenidos en flagrancia o como consecuencia de una orden de aprehensión.

Centros de Tratamiento o Internamiento para Ado-lescentes. Estarán considerados todos aquellos cen­tros destinados para el internamiento de Adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley, tales como: Centros de Tratamiento para Menores Infractores, Centros de Internamiento para Adolescentes, Conse­jos Tutelares o de Menores, Escuelas de Readaptación Social, Comunidades o Albergues, Centros Especiali­zados o cualquier otro destinado a cubrir ese tipo de funciones.

Centros Penitenciarios. Estarán considerados todos aquellos establecimientos penitenciarios preventivos, de ejecución de sanciones penales, de reinserción psi­cosocial o de asistencia postpenitenciaria destinados a la reclusión de personas, tales como: Centros de Rea­daptación Social (CERESOS), Centros de Ejecución de Sanciones Penales, Reclusorios, Penitenciarias, Cár­celes o cualquier otro que tenga funciones de interna­miento o tratamiento para personas que se encuentren sujetas a un proceso penal o en ejecución de sentencia, en su Entidad Federativa. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican de la siguiente manera: Centro de

seguridad máxima, centro de seguridad media, centro de seguridad mínima, hospital psiquiátrico y/o para in­fecciosos, instituciones abiertas y otras.

Hospital psiquiátrico y/o para infecciosos. Esta­rán considerados todos aquellos establecimientos penitenciarios que tenga funciones de tratamien­to para inimputables, enfermos psiquiátricos, con algún daño cerebral y/u otros enfermos que se encuentren sujetas a un proceso penal o en eje­cución de sentencia, conforme a la Normatividad aplicable en la Entidad Federativa.

Institución abierta. Estarán considerados todos aquellos establecimientos penitenciarios preven­tivos, de tratamiento, de ejecución de sanciones penales, de reinserción psicosocial o de asisten­cia postpenitenciaria que tengan funciones de in­ternamiento para personas que se encuentran en internamiento en prelibertad, semilibertad u otro proceso de características similares, conforme a la Normatividad aplicable en la Entidad Federativa.

Seguridad máxima. Estarán considerados todos aquellos establecimientos penitenciarios preventi­vos, de tratamiento, de ejecución de sanciones pe­nales, de reinserción psicosocial, destinados a la reclusión de personas que se encuentren sujetas a un proceso penal o en ejecución de sentencia, que, de acuerdo con la clasificación inicial, se conside­ren internos de alto riesgo para la seguridad y es­tabilidad institucional, conforme a la Normatividad aplicable en la Entidad Federativa.

Seguridad media. Estarán considerados todos aquellos establecimientos penitenciarios preven­tivos, de tratamiento, de ejecución de sanciones penales, de reinserción psicosocial o de asistencia postpenitenciaria destinados a la reclusión de per­sonas que tengan funciones de internamiento para personas que se encuentren sujetas a un proceso penal o en ejecución de sentencia, que de acuerdo con la clasificación inicial, se consideren internos de estado peligroso medio y adaptabilidad social media, conforme a la Normatividad aplicable en la Entidad Federativa.

Seguridad mínima. Estarán considerados todos aquellos establecimientos penitenciarios preven­tivos, de tratamiento, de ejecución de sanciones penales, de reinserción psicosocial o de asistencia postpenitenciaria destinados a la reclusión de per­sonas que tengan funciones de internamiento para personas que se encuentren sujetas a un proceso penal o en ejecución de sentencia que de acuerdo con la clasificación inicial, se consideren internos

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de bajo nivel de peligrosidad de acuerdo con la Nor­matividad aplicable en la Entidad Federativa.

Otros. Estarán considerados todos aquellos es­tablecimientos penitenciarios preventivos, de tra­tamiento, de ejecución de sanciones penales, de reinserción psicosocial o de asistencia postpeni­tenciaria destinados a la reclusión de personas que tengan funciones de internamiento para personas que se encuentren sujetas a un proceso penal o en ejecución de sentencia que no hayan sido enuncia­das en las descripciones anteriores.

Certificación ambiental. Hace referencia a una calidad ambiental que garantice la conservación de los recur­sos naturales y logre el manejo sustentable en beneficio del entorno natural y social.

Clasificación Administrativa. Agrupación de las instituciones que conforman la Administración Públi­ca de la Entidad Federativa, de acuerdo con la forma orgánica en la que se encuentran adscritas al Ejecu­tivo de la Entidad Federativa de que se trate, y esta puede ser: Administración Central y Administración Paraestatal.

Clasificación archivística. Proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de los sujetos obligados.

Clasificación inicial. Acciones y estrategias encami­nadas a obtener la evaluación del Interno en los casos, condiciones y con los requisitos que al efecto dispon­gan las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido en la Ley. Para el desarrollo de la clasi­ficación inicial se pueden realizar estudios médicos, psicológicos, psiquiátricos, educativos, criminológicos, sociales, y demás que considere la Administración Pú­blica Estatal.

Clasificador por Objeto del Gasto. Instrumento que permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados a las instituciones de la Administración Pública de la Entidad Federativa, en capítulos, con­ceptos y partidas con base en la clasificación econó­mica del gasto. Los capítulos que lo integran son los siguientes:

Capítulo 1 000 Servicios Personales. Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los en­tes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones labora­les y otras prestaciones derivadas de una relación

laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.

Capítulo 2 000 Materiales y Suministros. Agru­pa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades adminis­trativas.

Capítulo 3 000 Servicios Generales. Asignacio­nes destinadas a cubrir el costo de todo tipo de ser­vicios que se contraten con particulares o institucio­nes del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de activida­des vinculadas con la función pública.

Capítulo 4 000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Asignaciones desti­nadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

Capítulo 5 000 Bienes Muebles, Inmuebles e In-tangibles. Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en el desem­peño de las actividades de los entes públicos. In­cluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

Capítulo 6 000 Inversión Pública. Asignaciones destinadas a obras y proyectos productivos y accio­nes de fomento. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

Capítulo 7 000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. Erogaciones que realiza la Administra­ción Pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se in­cluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

Capítulo 8 000 Participaciones y Aportaciones. Asignaciones destinadas a cubrir las participacio­nes y aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones desti­nadas a la ejecución de programas federales a

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través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos pre­supuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

Capítulo 9000 Deuda Pública. Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y externa deri­vada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones re­lacionadas con la emisión y/o contratación de deu­da. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

CNGSPSPE 2016. Siglas con las que se identifica al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016.

Comité de información. Instancia respectiva de cada sujeto obligado, establecida en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Comités de Planeación de Desarrollo (COPLADE). Son organismos técnicos y consultivos en materia de planeación, y forman parte de la estructura de partici­pación del Sistema Estatal de Planeación.

Componentes de gestión documental. Corres­ponde a las áreas y/o responsables encargados de atender los procesos de gestión documental encami­nados al procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, con el objeto de garantizar su disponibilidad y su conservación, en cualquier institución, para efectos del presente cues­tionario, dichos componentes son: la unidad de co­rrespondencia, el archivo de trámite, el archivo de concentración, y el archivo histórico.

Conclusiones de quejas interpuestas en mate-ria de Derechos Humanos. Emisión por parte del OPDH, la recomendación y/o el acuerdo de no res­ponsabilidad o violación.

Conducta. Acción u omisión del comportamiento de una persona del que puede derivarse la probable co­misión de un delito.

Conductas administrativas. Conductas adminis­trativas efectuadas por los servidores públicos que, durante el ejercicio de sus funciones, en el desem­peño de sus empleos, cargos o comisiones, faltan a las obligaciones previstas en la ley o normatividad correspondiente.

Para efectos del CNGSPSPE 2016, se consideran las siguientes:

Negligencia administrativa. Conducta que reali­za un servidor público al incumplir el servicio que le es encomendado o realizar cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebi­do de un empleo, cargo o comisión.

Omisión en la presentación de la declaración patrimonial. Conducta que realiza un servidor pú­blico al incumplir la obligación de presentar con oportunidad y/o veracidad las declaraciones res­pecto a la situación de su patrimonio (ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones financie­ras y adeudos), del patrimonio de su cónyuge y/o dependientes económicos, en los medios que se proporcionen para tal fin.

Violación a las leyes y normatividad presupues-taria. Actos u omisiones que impliquen el incumpli­miento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, como utilizar indebidamente los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, beneficios adicionales a las contrapresta­ciones otorgadas por el desempeño de su función, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, o que pudieran incrementar su valor, como donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí o para familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, que procedan de cualquier perso­na física o moral cuyas actividades se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el funcionario público en cuestión.

Nepotismo. Conducta efectuada por el servidor público que interviene, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o re­solución de asuntos en los que tenga interés perso­nal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para ter­ceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o socieda­des de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Otras cometidas con motivo del servicio público. Contempla todas aquellas conductas que no hayan sido enunciadas en las descripciones anteriores,

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pero que por sus características refieran accio­nes u omisiones que efectúen los servidores pú­blicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Conducta Antisocial. Son las acciones u omisiones que le son señaladas al adolescente inculpado por la ejecución de una conducta antisocial o su participación en la comisión de la misma.

Consejo o Comité de Protección Civil. Son órganos consultivos de coordinación de acciones y de participa­ción social para llevar a cabo acciones de planeación en materia de Protección Civil en el ámbito de su com­petencia territorial, además de ser el conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad para su integración al sistema de protección civil, con la fina­lidad de establecer acciones que mitiguen o eliminen las afectaciones a la población, sus bienes y su entor­no ante la ocurrencia de los fenómenos perturbadores.

Conservación del suelo. Se entiende como todas las estrategias para recuperar la productividad de suelos degradados, dichas estrategias se deben conectar con otras medidas que afectan las prácticas de manejo de tierras, en particular la agricultura de conservación, buenas prácticas agrícolas y manejo de riegos.

Conservación y preservación de documentos. Es el conjunto de medidas preventivas o correctivas adop­tadas para garantizar la integridad física de los docu­mentos de archivo, sin alterar su contenido.

Consulta de Documentos. Son las actividades rela­cionadas con la implantación de controles de acceso a los documentos debidamente organizados que garan­tizan el derecho que tienen los usuarios mediante la atención de requerimientos.

Contingencia. Evento súbito donde existe la proba­bilidad de causar daños a personas, el ambiente o los bienes, considerándose una perturbación de las actividades normales en todo centro de trabajo, esta­blecimiento, unidad de explotación, empresas, institu­ciones públicas o privadas y que demanda una acción inmediata.

Contraloría Interna. Es el área normativa de cada de­pendencia, encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales, en estricto apego a la normatividad vigente, establecien­do, además, las medidas preventivas y correctivas correspondientes para el cumplimiento de las leyes, reglamentos, lineamientos y demás normatividad que como servidores públicos rigen la Administración Pú­blica de la Entidad Federativa.

Contraloría social. Es el conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de manera individual u organiza­da para participar activamente en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el cum­plimiento de los compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno.

Corporación Policiaca. Corresponde a una denomina­ción estándar de la forma orgánica y funcional en que se asignan las atribuciones en materia de Seguridad Públi­ca a la policía. Se divide en los siguientes tipos:

Policía preventiva. Instituciones o áreas que tie­nen el encargo de mantener el orden público, pro­teger la integridad física de las personas y de sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infraccio­nes a los reglamentos de gobierno y de policía, así como, auxiliar a la población en caso de siniestros o desastres.

Policía de tránsito. Instituciones o áreas que tienen el encargo de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de tránsito en la Entidad Federativa, proporcionando vigilancia, seguridad y protección en las vías públicas, carreteras, avenidas, calza­das, calles, plazas y parques destinados al tránsito de la sociedad en general.

Policía bancaria, comercial y/o auxiliar. Institu­ciones o áreas que tienen el propósito de prevenir, disuadir, salvaguardar, proteger, custodiar y vigilar los bienes y valores de las Instituciones Públicas y Privadas, así como de Comercios, Industrias, Ca­sas Habitación, Centros de Espectáculos, Eventos Especiales y a Particulares, además de proporcio­nar los apoyos necesarios para la seguridad pública en beneficio de la ciudadanía y del orden público.

Por su parte, la policía auxiliar brinda apoyo al Mi­nisterio Público, con el fin de dar cumplimiento a las órdenes emanadas por éste para los efectos de la investigación.

Policía administrativa. Instituciones o áreas que fueron creadas para realizar funciones de aplica­ción de la normativa y que no concluyen en un pro­cedimiento judicial penal.

Áreas de dirección. Unidades en las que se adscriben los puesto de mando, coordinación y/o ejecución de funciones acorde con las áreas que conformaron las instituciones de seguridad pública, como lo son: Despachos de las Secretarías, Subse­cretarías, Direcciones, Subdirecciones, Secretarías Generales, Coordinaciones Generales o de Área, Administraciones Generales o de Área, Jefaturas

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de Departamento o de Área o cualquier otro de fun-ciones similares, así como aquellas unidades que no correspondan a alguno de los tipos de corpo-ración policiaca en los que se dividen orgánica y funcionalmente las funciones de seguridad pública a través de sus policías.

Otras áreas. Unidades o áreas en las que se ads-cribe todo aquel personal que, por la forma en la que están integradas las instituciones de seguridad pública en su Entidad Federativa, no desempeñan funciones relacionadas directamente con la seguri-dad pública (ejemplo: reinserción social, protección civil, etcétera).

Cuadro general de clasificación archivística. Instru-mento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada su-jeto obligado.

Cultura del agua. Conjunto de valores que son trans-mitidos a la comunidad y a los niños para crear una con-ciencia responsable hacia el uso racional y eficiente del agua.

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Damnificado. Persona afectada por un agente pertur-bador, ya sea que haya sufrido daños en su integri-dad física o un prejuicio en sus bienes de tal manera que requiera asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se con-cluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre.

Declaración patrimonial. Es un instrumento de trans-parencia que por ley deben presentar, bajo protesta de decir verdad, los servidores públicos, respecto a la situación de su patrimonio (ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos), del patrimonio de su cónyuge y/o dependientes económi-cos, en los medios que se proporcionen para tal fin. La cual se clasifica en los siguientes tipos:

Declaración inicial. Se realiza dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del encargo.

Declaración anual. Se realiza durante el mes de mayo de cada año.

Declaración de conclusión. Se realiza dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del encargo.

Declaratoria de Desastre Natural. Es la manifestación pública por parte de la Secretaría de Gobernación, y a solicitud de alguna Entidad Federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido un fenómeno natural per-turbador en un lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a la vivienda como a los servicios e infraestructura pública federal, estatal y/o municipal. Todo de acuerdo a lo que determinan las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Natu-rales (FONDEN).

Declaratoria de Emergencia. Es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación de que uno o varios Municipios o Delegaciones de una Entidad Federativa, se encuentran ante la inminencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, que provoque un riesgo excesivo para la segu-ridad e integridad de la población. Dicha Declaratoria podrá subsistir aun ante la presencia de una Declara-toria de Desastre.

Defensoría de oficio o Defensoría pública. Es una ins-titución pública, encargada de proporcionar, obligatoria y gratuitamente, los servicios jurídicos de defensa, patroci-nio y asesoría a las personas, que careciendo de recursos económicos suficientes para cubrir los honorarios de un abogado particular, se vean precisadas a comparecer ante los tribunales como actoras, demandadas, incul-padas y/o imputadas.

Defensores Públicos. Servidores públicos capacita-dos y autorizados para que de forma gratuita represen-ten en controversias de materia penal, civil, mercantil, familiar, etc., a las personas que así lo soliciten y que éstas, previamente, cumplan con los requisitos que para el efecto establece la normatividad aplicable en la Entidad Federativa.

Delegación. Son los órganos políticos administrati-vos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal.

Delito. Conducta que consiste en la realización de un acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes penales.

Para efectos de la Sección V del Módulo 1, se solici-tarán los siguientes:

Abuso de autoridad. Conducta que realiza un ser-vidor público cuando en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ejerza violencia a una per-sona sin causa legítima la vejare, insultare o use ilegalmente la fuerza pública.

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Cohecho. Delito que consiste en que una autori­dad solicite o reciba dinero o cualquier otra dádiva para hacer o dejar de realizar u omitir algo inheren­te sus funciones y/o cargo.

Concusión. Delito en el que un servidor público en uso de su cargo, exige hacer pagar a otra perso­na alguna contribución, renta rédito, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa para beneficio propio.

Enriquecimiento ilícito. Situación en la que un servidor público utiliza su puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.

Malversación. Daño a los intereses patrimoniales del Estado, las comunidades autónomas, el muni­cipio y en general los entes públicos, que son ob­jeto de la sustracción de los caudales públicos con objeto de lucro por parte de un funcionario público.

Tráfico de influencias. Delito que consiste en uti­lizar la influencia personal para efectuar la promo­ción, trámite o resoluciones públicas con el fin de obtener favores o tratos preferenciales.

Peculado. Delito cometido por el servidor público que, estando obligado legalmente a la custodia, apli­cación o administración de recursos públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Delitos del fuero común. Corresponden a conductas tipificadas en los Códigos Penales de cada una de las Entidades Federativas, en los cuales, les son atribui­das diferentes penalidades estimadas por las autorida­des correspondientes.

Delitos del fuero federal. Son aquellos que son com­petencia de la Federación, ya sea por su importancia, porque afecta sus bienes y derechos, o porque quedan fuera del ámbito de cualquier Entidad Federativa.

Deporte. Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones.

Deporte de alto rendimiento. El deporte que se prac­tica con altas exigencias técnicas y científicas de pre­paración y entrenamiento, que permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones naciona­les que representan al país en competiciones y prue­bas oficiales de carácter internacional.

Deporte de rendimiento. El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación labo­ral por la práctica del deporte.

Deporte social. El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, re­ligión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.

Desaparecidos. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se considera a las personas afectadas por un agente perturbador y cuya localización se desconoce después del impacto del desastre en la comunidad afectada.

Desarrollo sustentable. Acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo eco­nómico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social.

Desastre. Para efectos del CNGPSPSE 2016, se con­sidera al resultado de la ocurrencia de uno o más agen­tes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona deter­minada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Los fenómenos que pueden resultar en amenazas y provocar desastres se clasifican para efectos del pre­sente cuestionario en los siguientes:

Astronómico. Son considerados los eventos, pro­cesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidas las estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos fe­nómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pue­den ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.

Geológico. Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.

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Hidrometeorológico. Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacus­tres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electrici­dad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.

Químico-Tecnológico. Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sus­tancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames.

Sanitario-Ecológico. Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológi­cos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contami­nación del aire, agua, suelo y alimentos.

Socio-Organizativo. Agente perturbador que se ge­nera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de pobla­ción, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, terroris­mo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marí­timos o terrestres, e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

Otros. Son todos aquellos fenómenos que no hayan sido clasificados en las definiciones anteriores.

Descripción archivística. Elaboración de una repre­sentación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la componen, mediante la re­copilación, el análisis, la organización y el registro de la información que sirve para identificar, gestionar, locali­zar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido.

Diseño institucional. Se refiere al diseño de la estruc­tura organizacional de la institución para su operación sistémica, sus mecanismos de funcionamiento y coor­dinación.

Disposiciones administrativas de seguridad públi-ca o ciudadana. Son los Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Policía y Buen Gobierno municipales, así como las Leyes y Reglamentos en materia de Justicia Cívica municipales y estatales.

Disposiciones normativas internas. Actos jurídicos que establecen obligaciones específicas a las instituciones y/o servidores públicos que integran la Administración Pública de la Entidad Federativa. Dichas disposicio­nes se clasifican de la siguiente manera:

Administrativas. Corresponde a las disposiciones normativas internas de la Administración Pública de la Entidad Federativa de que se trate, para re­gular las funciones y/o establecer responsabilida­des a sus servidores públicos sobre las actividades relacionadas con la programación, administración, ejercicio y/o control de los recursos (humanos, pre­supuestales, materiales, financieros, etcétera.)

Sustantivas. Disposiciones de la Administración Pública de la Entidad Federativa de que se trate, para regular las funciones y/o establecer respon­sabilidades a sus servidores públicos sobre el ejer­cicio de las actividades relacionadas con el objeto de creación de las instituciones que la conforman.

Distribución. Son las actividades que garantizan que los documentos recibidos lleguen a su destinatario, sea este interno o externo.

Documento de archivo. El que registra un acto admi­nistrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos obligados, independiente­mente del soporte en el que se encuentren.

Documentos electrónicos de archivo. Aquellos que almacenan la información en un medio que precisa de un dispositivo electrónico para su lectura.

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Educación ambiental. Proceso de formación que permite la toma de conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía el desar­rollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad.

Educación Básica. La educación del tipo básico está compuesta por los niveles, preescolar, primaria y se­cundaria.

Educación Media Superior. La educación del tipo media superior comprende el nivel bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la edu­cación profesional que no requiere bachillerato o su equivalente.

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Educación Superior. La educación del tipo superior es la que se imparte después del bachillerato o sus equivalentes. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licen­ciatura. Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

Efecto invernadero. Los gases de efecto invernade­ro absorben eficazmente la radiación infrarroja emitida por la superficie de la tierra, por la propia atmósfera. La radiación atmosférica es emitida en todas direcciones, en particular hacia la superficie de la tierra. Por ello, los gases de efecto invernadero retienen calor en el sistema superficie tropósfera.

Egresos. Son las erogaciones que realiza la Entidad Federativa de que se trate, con cargo a su presupues­to, destinadas a financiar las actividades de su Admi­nistración Pública.

Ejecución de sentencia. En esta etapa se encontra­rán todas aquellas personas recluidas en los Centros Penitenciarios, cumpliendo con la pena impuesta en su sentencia ejecutoriada.

Elementos de profesionalización. Significa la incorpo­ración de una serie de programas orientados a la selec­ción, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción y/o separación del servicio, así como la evaluación de los servidores públicos.

Emergencia. Es la situación anormal que puede cau­sar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo exce­sivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

Emisiones. Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo, en su caso, compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiem­po específicos.

Empresas de Seguridad Privada. Organizaciones que tienen a cargo los particulares, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de per­sonas, información, bienes inmuebles, muebles o va­lores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres.

Energías renovables. Formas de energía que tienen una fuente inagotable con respecto al tiempo de vida de un ser humano en el planeta, y cuyo aprove­chamiento es técnicamente viable. Dentro de estos ti­pos de energía se encuentran: la solar, la eólica (viento), la minihidráulica (ríos y pequeñas caídas de agua), la biomasa (materia orgánica), la geotermia (calor de las capas internas de la Tierra) y la oceánica.

Entidad Federativa. Serán considerados los 31 Esta­dos integrantes de la Federación, así como el Distrito Federal.

Espacio físico de infraestructura. Corresponde a to­das aquellas áreas o partes que conforman el centro en su estructura arquitectónica, es un espacio físico de infraestructura claramente dividido, que tiene por obje­to el desarrollo de una función específica para efectos del proceso de reinserción social en la población reclu­sa o de los Adolescentes, según sea el caso.

Estructura Orgánica. Son las unidades administrati­vas que forman parte de la Administración Pública de las Entidades Federativas, y que se encuentran previs­tas en su normativa orgánica, las cuales son creadas para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que corresponden al titular de cada Enti­dad Federativa.

Evacuado. Población identificada que ha sido ayuda­da a abandonar obligatoriamente un territorio por razo­nes militares, políticas, sanitarias, etc., y se hayan en circunstancias dispuestas para brindar alojamiento a las personas afectadas por una emergencia o desastre durante el tiempo que resulte necesario.

Se considera que, a los efectos de estas instruccio­nes, el alojamiento provee al evacuado comodidades, alimentos y elementos durante su permanencia en el mismo.

Evaluación del impacto e incorporación de la ex-periencia. Consiste en valorar el impacto económico y social, incluyendo daños directos e indirectos. Tiene, entre otras ventajas, las de determinar la capacidad del gobierno para enfrentar las tareas de reconstrucción, fijar las prioridades y determinar los requerimientos de apoyo y financiamiento, retroalimentar el diagnós­tico de riesgos con información de las regiones más vulnerables y de mayor impacto histórico y calcular la relación costo-beneficio de inversión en acciones de mitigación.

La experiencia adquirida en las etapas anteriores del ciclo de la prevención, debe incorporarse para redefinir

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políticas de planeación, mitigación y reducción de vul­nerabilidades, y evitar la reconstrucción del riesgo, es decir que un mismo fenómeno vuelva a impactar en el futuro de manera semejante.

Evaluaciones de Control y Confianza. Es un sistema especializado de selección de personal, cuyo objetivo es detectar a la persona idónea para desarrollar las funciones de un puesto e identificar satisfactoriamen­te que las conductas de un candidato sean confiables con el propósito de fortalecer la actuación de las insti­tuciones a cargo del orden público.

Evasión de presos. Consiste en ayudar o favorecer de cualquier forma la fuga para que uno o más dete­nidos, procesados o sentenciados, que se encuentre en prisión salgan del ámbito de vigilancia al que legal­mente se encuentran sometidos por delitos del fuero común o federal.

Evento deportivo. Cualquier encuentro entre deportis­tas afiliados a las asociaciones o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas establecidas por éstas y por los organismos rectores del deporte.

Evento deportivo con fines de espectáculo. Cual­quier evento deportivo en el que se condicione el acceso de los aficionados o espectadores al pago de una tarifa para presenciarlo.

Evento deportivo masivo. Sin importar el número de personas que se encuentren reunidas, será cualquier evento deportivo abierto al público, que se realice en instalaciones deportivas, estadios, recintos o edificios deportivos, que tenga una capacidad de aforo igual o superior al resultado de multiplicar por cien el número mínimo de competidores que, conforme al reglamen­to o normatividad de la disciplina que corresponda, deba estar activo dentro de un área de competencia; o bien, aquél que se realice en lugares abiertos, cuan­do el número de competidores sea igual o mayor a doscientos.

Expediente. Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacio­nados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados.

F

Fenómeno Antropogénico. Es el agente perturbador producido por la actividad humana.

Fenómeno Astronómico. Son considerados los even­tos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidas las estrellas,

planetas, cometas y meteoros. Algunos de estos fenó­menos interactúan con la tierra, ocasionándole situa­ciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superfi­cie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas mag­néticas y el impacto de meteoritos.

Fenómeno Geológico. Es el agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o de­rrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrie­tamientos. Para efectos del CNGSPSPSPE 2016 se consideran los siguientes:

Sismos. Son los fenómenos geológicos que tie­nen su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de corta duración e intensi­dad variable, los que se producen repentinamen­te y se propagan desde un punto original (foco o hipocentro) en todas direcciones. Según la teoría de los movimientos tectónicos, la mayoría de los sismos se explica en orden a los grandes despla­zamientos de placas que tienen lugar en la corteza terrestre; los restantes, se explican como efectos del vulcanismo, del hundimiento de cavidades sub­terráneas y, en algunos casos, de las explosiones nucleares subterráneas o del llenado de las gran­des presas.

Erupciones volcánicas. Son fenómenos geológi­cos que consisten en la liberación de magma pro­veniente de capas profundas de la tierra; aflora a la superficie por aberturas o fisuras de la corteza terrestre.

Tsunamis. Es una serie de olas originadas por el desplazamiento repentino de una masa de agua (en un océano o lago). Las olas se caracterizan por una longitud de onda muy larga, y una amplitud mucho más pequeña cuanto más lejos están de la costa.

Inestabilidad de laderas. Conocidas también como deslizamiento del terreno, o de tierra, implica movimiento de rocas y/o suelo por la acción de la gravedad. Los deslizamientos de tierra sucedidos en el pasado son responsables de las característi­cas topográficas del paisaje natural actual.

Flujos. Movimientos de suelos y / o fragmentos de rocas ladera abajo, en donde sus partículas, granos o fragmentos tienen movimientos relativos dentro de la masa que se mueve o desliza sobre una su­perficie de falla.

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Flujo de lava. Escurrimiento de roca fundida que fluye desde el cráter de una prominencia volcáni­ca, durante una erupción. En términos generales, el riesgo asociado a los flujos de lava está condi­cionado por su composición, por las pendientes so­bre las cuales se mueve y por la velocidad de su emisión. Las temperaturas de los flujos de lava se encuentran generalmente en el rango de los 900 a los 1100 grados centígrados, y sus velocidades de desplazamiento varían sobre rangos muy amplios. Las velocidades más comúnmente reportadas son del orden de 5 a 1000 metros por hora; pero, excep­cionalmente, se han observado flujos de 30 km/h (Ny irangongo) y de 64 km/h (Mauna Loa). Los al­cances máximos reportados son de 11 kilómetros para lava de bloques y de 45 kilómetros para lava del tipo pahoehoe.

Flujo o corriente de lodo. Mezcla de materiales sólidos de diferentes tamaños y agua que se des­plazan por efecto de las pendientes del terreno.

Flujos piroclásticos. Mezclas de materiales volcá­nicos fragmentados y gases a altas temperaturas (de 300 a 1200 ºC), que generalmente se producen por colapso de la columna eruptiva que emerge de los cráteres durante un episodio de actividad volcá­nica. Las velocidades de los flujos piroclásticos han sido estimadas en un espectro quinético de entre 10 y 200 m/seg., siendo la velocidad más común­mente registrada, aquella que fluctúa alrededor de los 20 /seg. La extensión de las áreas que suele afectar este tipo de flujos, puede ser muy variable, y asciende desde unos 70 hasta varios cientos de kilómetros cuadrados

Caídas o derrumbes. Fenómeno geológico que consiste en la caída libre y en el rodamiento de mate­riales en forma abrupta, a partir de cortes verticales o casi verticales de terrenos en desnivel. Se diferen­cia de los deslizamientos, por ser la caída libre su principal forma de movimiento, y por no existir una bien marcada superficie de deslizamiento. Los de­rrumbes pueden ser tanto de rocas como de suelos. Los derrumbes de suelos no son generalmente de gran magnitud, ya que su poca consolidación impide la formación de cortes de suelo de gran altura; en cambio, los de rocas sí pueden producirse en gran­des riscos y desniveles.

Hundimientos. Dislocación de la corteza terrestre que da lugar a la remoción en sentido vertical de fragmentos de la misma.

Subsidencia. Progresivo hundimiento de una su­perficie, generalmente de la litósfera, bien sea por el movimiento relativo de las placas tectónicas que

incluyen tanto la convergencia de las mismas como su divergencia o, en una escala mayor, por el asen­tamiento del terreno en las cuencas sedimentarias (a menudo acelerado por la acción humana, como es el caso de las cuencas petroleras) o por el cese de la actividad volcánica en áreas reducidas en tor­no a los volcanes propiamente dichos, como suce­de en el caso de los atolones.

Agrietamientos. Manifestación superficial, y en ocasiones a profundidad, de una serie de esfuer­zos de tensión y distorsiones que se generan en el subsuelo debido a las fuerzas y deformaciones inducidas por el hundimiento regional, la deseca­ción de los suelos, los deslizamientos de laderas, la aplicación de sobrecargas, la ocurrencia de sis­mos, la presencia de fallas geológicas, la licuación de suelos, la generación de flujos subterráneos, las excavaciones subterráneas, entre otros. Se trata de un fenómeno que difícilmente podría ocurrir de ma­nera espontánea, por lo que su origen siempre está ligado a otro fenómeno que lo detona.

Fenómeno Hidrometeorológico. Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféri­cos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; he­ladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. Para efectos del CNGSPSPSPE 2016 se consideran los siguientes:

Ciclones tropicales. Fenómeno natural que se origina y desarrolla en mares de aguas cálidas y templadas, con nubes tempestuosas, fuertes vien­tos y lluvias abundantes. Según la velocidad de los vientos, se clasifican en depresión tropical, cuando sus vientos máximos constantes alcanzan 62 km/h; tormenta tropical, cuando sus vientos máximos constantes se encuentran entre 63 y 118 km/h y huracán, cuando sus vientos máximos constantes exceden de 119 km/h.

Inundación. Efecto generado por el flujo de una corriente, cuando sobrepasa las condiciones que le son normales y alcanza niveles extraordinarios que no pueden ser controlados en los vasos naturales o artificiales que la contienen, lo cual deriva, ordina­riamente, en daños que el agua desbordada oca­siona en zonas urbanas, tierras productivas y, en general en valles y sitios bajos. Atendiendo a los lu­gares donde se producen, las inundaciones pueden ser: costeras, fluviales, lacustres y pluviales, según se registren en las costas marítimas, en las zonas aledañas a los márgenes de los ríos y lagos, y en terrenos de topografía plana, a causa de la lluvia

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excesiva y a la inexistencia o defecto del sistema de drenaje, respectivamente.

Inundación pluvial o fluvial. Desbordamiento de las aguas del cauce normal del río, cuya capacidad ha sido excedida, las que invaden sus planicies ale­dañas, normalmente libres de agua.

Inundación costera. Desbordamiento del mar so­bre la costa más arriba de la cota de marea alta. Se presenta en dos formas: a) por la aceleración elevada del nivel del mar como si se tratara de una marea rápida, aunque obedeciendo a causas dife­rentes a la atracción lunar que normalmente produ­ce este fenómeno; y b) un oleaje que cabalga sobre la superficie de la elevación marítima y cuya altura va creciendo conforme se reduce el fondo marino.

Inundación lacustre. Desbordamiento extraor­dinario de las masas de agua continentales o cuerpos lacustres en sus zonas adyacentes. En ocasiones el hombre se establece en las áreas dejadas al descubierto por la masa de agua al descender su nivel, siendo seriamente afectado cuando el cuerpo lacustre recupera sus niveles ori­ginales y cubre nuevamente dichas áreas.

Tormenta de nieve. Fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación semisólida en forma de pequeños cristales ramificados como copos blan­cos y ligeros.

Tormenta de granizo. Fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación violenta de cristales de hielo sobre la superficie de la tierra. Los granizos se originan en los nubarrones oscuros de tormenta, conocidos como cumulonimbos, en los niveles más altos de la troposfera.

Tormenta de electricidad. Fenómeno meteoroló­gico que consiste en la descarga pasajera de co­rriente de alta tensión en la atmósfera, a la vista, se manifiesta en forma de relámpago luminoso que lle­na de claridad el cielo y al oído, como ruido ensor­decedor, al cual se le conoce comúnmente como trueno. Este fenómeno se presenta en las nubes de tipo cumulonimbos.

Helada. Fenómeno hidrometeorológico producido por masas de aire polar con bajo contenido de hu­medad, cuando el aire alcanza temperaturas inferio­res a los cero grados centígrados. Cuanto más baja sea la temperatura, más intensa resultará la helada.

Sequía. Condición del medio ambiente en la que se registra deficiencia de humedad, debido a que

durante un lapso más o menos prolongado, la pre­cipitación pluvial es escasa. El ciclo hidrológico se desestabiliza al extremo de que el agua disponible llega a resultar insuficiente para satisfacer las nece­sidades de los ecosistemas, lo cual disminuye las alternativas de supervivencia e interrumpe o can­cela múltiples actividades asociadas con el empleo del agua.

Ondas cálidas y gélidas. Forma de propagación espacio­temporal de una perturbación en un medio en el vacío. Se produce al provocar en una partícu­la de un medio elástico un movimiento vibratorio, por propagación de dicho movimiento de unas par­tículas a otras, o por el cambio periódico de alguna magnitud física (temperatura, intensidad de campo electromagnético, presión). Pueden ser longitudi­nales, cuando la vibración de las partículas del me­dio o de la magnitud física se producen en la misma dirección en que se propaga el movimiento ondu­latorio (movimiento de los péndulos, el sonido), y transversales, cuando la vibración de las partícu­las es perpendicular a la dirección en que se pro­paga el movimiento ondulatorio (la luz). Una onda se caracteriza por su longitud, período, frecuencia, velocidad de propagación (en el medio considera­do) y amplitud de las oscilaciones. Para efectos del CNGSPSPSPE 2016 se consideran las siguientes:

Onda de cuerpo. Ondas que se propagan en el interior de un medio continuo, a diferencia de las ondas superficiales, las cuales se propagan pre­cisamente en la superficie.

Onda (P) primus. Onda de cuerpo compresional o longitudinal generada por un sismo. El movi­miento de las partículas del medio que atraviesa la onda en el sentido de propagación, causa com­presión y rarefacción. Es la onda que viaja más rápido; su velocidad varía entre 6 y 14 km/seg y su período entre 0.1 y 2.0 seg.

Onda (S) secunus. Onda sísmica de cuerpo transversal o de cizalla. El movimiento de las par­tículas del medio que atraviesa la onda es per­pendicular a la dirección de propagación. Es más lenta que la onda P y su período es usualmente dos veces mayor que el de la onda P.

Ondas superficiales (Love y Raleigh). Ondas que se propagan por la corteza terrestre, genera­das por interferencia de ondas S polarizadas hori­zontalmente (Love), o de ondas P y S polarizadas horizontalmente (Raleigh). Sus velocidades van de aproximadamente 2.5 a 4.5 km/seg. para la onda Love; y de 1.0 a 4.0 km/seg. para la onda Raleigh. Son ondas de períodos largos.

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Onda tropical. Perturbación de los vientos ali­sios; viaja con ellos hacia el oeste, a una veloci­dad media de 15 km/h. Puede producir nublados por nubes bajas, chubascos de lluvia y tormentas eléctricas. Generalmente se manifiesta más in­tensa y organizada en la parte inferior de la tro­posfera.

Tornados. Perturbación atmosférica con poca área de influencia, se manifiesta en forma de masa de aire inestable, gira rápidamente en un torbellino de un diámetro de 100 metros cerca del centro, donde la presión atmosférica es menor a la del aire envol­vente y el viento puede alcanzar una velocidad su­perior a la del huracán más violento. Se origina por el contacto, generalmente durante las transiciones estacionales, entre masas de aire caliente y aire frío. Normalmente aparece colgando de la base un cumulonimbo y su apariencia es la de un embudo o una trompa de elefante.

Fenómeno Químico-Tecnológico. Es el agente pertur­bador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nu­clear. Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, ra­diaciones y derrames.

Fenómeno Sanitario-Ecológico. Es el agente pertur­bador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contamina­ción del aire, agua, suelo y alimentos. Para efectos del CNGSPSPSPE 2016 se consideran las siguientes:

Epidemias. Generalización de enfermedades in­fecciosas a un gran número de personas y en un determinado lugar.

Plagas. Calamidades producidas en las cosechas por cierto tipo de animales.

Contaminación del aire. Se considera que el aire está contaminado cuando contiene impure­zas en forma de humos, gases, vapores, cenizas, polvos,partículas en suspensión, bacterias pató­genas, elementos químicos extraños y partículas radiactivas, durante lapsos prolongados y en can­tidades que rebasen los grados de tolerancia per­mitidos, y que además resultan dañinos a la salud humana, a sus recursos o a sus bienes. En el fe­nómeno de la contaminación del aire, atendiendo al punto de vista de las causas que la producen, existen dos aspectos fundamentales a considerar:

las fuentes contaminantes y la capacidad de ven­tilación atmosférica del medio. Las fuentes conta­minantes se clasifican en fijas, móviles y naturales. Las siguientes son las más importantes: industrias, depósitos y almacenamientos; medios de transpor­te; actividades agrícolas; actividades domésticas y fuentes naturales.

Contaminación del agua. Proceso ecológico de­generativo, en el curso del cual el agua incorpora microorganismos patógenos, sustancias químicas tóxicas, minerales y ocasionalmente, radiactivas, en suspensión y en concentraciones variables. La con­taminación del agua puede producirse de manera mecánica, biológica y química. Las aguas superficia­les se contaminan, a partir del agua de lluvia que arrastra bacterias y otras impurezas, de descargas de las aguas de uso doméstico, de descargas de las aguas con desechos de las poblaciones urbanas y de descargas de los efluvios de las industrias.

Las aguas subterráneas pueden contaminarse por la infiltración de agentes químicos y biológicos en las actividades agrícolas, por el uso de plaguici­das, fertilizantes y otros productos similares deriva­dos de desechos bacteriales provenientes de fosas sépticas residenciales y pozos negros o letrinas; de los basureros o tiraderos urbanos y del fecalismo al aire libre.

Contaminación del suelo. Un suelo se conside­ra contaminado cuando su composición química y sus características bióticas, entrañan peligros para la vida. Muy a menudo este tipo de contami­nación es resultado de la acumulación de dese­chos sólidos y líquidos que contienen sustancias químicas tóxicas, materias no biodegradables, materias orgánicas en descomposición o microor­ganismos peligrosos. La contaminación de un suelo equivale muchas veces a su inutilidad total. Las principales causas de la contaminación de los suelos son las siguientes: prácticas agrícolas noci­vas, basadas en el uso de aguas negras o de aguas de ríos contaminados; uso indiscriminado de pes­ticidas, plaguicidas o fertilizantes peligrosos en la agricultura; carencia o uso inadecuado de sistemas tecnificados de eliminación de basuras urbanas; acti­vidades industriales con sistemas inadecuados para la eliminación de los desechos y causas naturales.

Contaminación de alimentos. Incorporación en el contenido de los alimentos de organismos o sustan­cias químicas susceptibles de afectar negativamente la salud humana. Este tipo de contaminación se cla­sifica en dos grandes grupos: biológica y química. La contaminación biológica se produce por la presencia de organismos patógenos que causan enfermedades infecciosas (tifoidea, disentería, amibiasis, etcétera),

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o de las toxinas que producen la descomposición de los alimentos causando intoxicaciones o envenena­mientos (botulismo, fiebre hemorrágica, etcétera). La contaminación química se produce por infiltra­ción en los alimentos de plaguicidas, fertilizantes u otras sustancias similares. Las causas de la conta­minación de alimentos, pueden ser las siguientes: Carencia o inadecuación del sistema de control higiénico­sanitario a lo largo de su proceso de producción, distribución y consumo; educación higiénica-sanitaria insuficiente inadecuada de los habitantes; carencia o deficiencia en los procesos de limpieza, desinfección y conservación de los alimentos; escasez de agua en los centros de pro­ducción y comercialización alimentaria, o uso de agua contaminada.

Fenómeno Socio-Organizativo. Es el agente pertur­bador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de incon­formidad social; concentración masiva de población; terrorismo; sabotaje; vandalismo; accidentes aéreos, marítimos o terrestres; e interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica. Para efectos del CNGSPSPSPE 2016 se consideran las siguientes:

Concentración masiva de población. Son todos aquellos derivados de grandes concentraciones de personas organizadas, como eventos deportivos, políticos, manifestaciones, huelgas, carnavales, fiestas regionales y otros, que ya sea por sí mis­mas o por los fines que persiguen, si no se cumplen con las condiciones necesarias para su realización pueden ser generadoras de otros fenómenos como la alteración e interrupción del tránsito vehicular en carreteras, avenidas, calles u otros accesos e inte­rrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica.

Terrorismo. Acción deliberada sancionada por la ley que se realiza a través del empleo de medios violentos cuyos efectos pueden vulnerar la segu­ridad y la integridad de las personas, de las cosas o de los servicios públicos, produciendo alarma o temor entre la población en general o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, buscar el me­noscabo de la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

Sabotaje. Acción deliberada sancionada por la ley, consistente en dañar, destruir o entorpecer temporal o definitivamente, el funcionamiento de instalacio­nes o de servicios fundamentales para la subsisten­cia de la comunidad o para su defensa, con el fin de

trastornar la vida económica de un país o afectar su capacidad de defensa.

Vandalismo. Devastación, destrucción característi­ca de los vándalos. Vándalo: Se utiliza para designar a los grupos de personas que provocan destrozos y saqueos en algún lugar.

Interrupción o afectación de los servicios bási-cos o de infraestructura estratégica. Situación que se produce por la suspensión o disminución de funciones en los sistemas de servicios. Ejemplo, la suspensión en los servicios de agua potable, energía eléctrica, transporte o abasto.

Fondo de Desastres Naturales. Es un instrumento financiero que busca responder de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la in­minencia o alta probabilidad de que ocurra un fenóme­no natural perturbador. Está a cargo de la Secretaría de Gobernación y se activa a través de la emisión de una Declaratoria de Emergencia.

Las Entidades Federativas, a través de sus Goberna­dores o Jefe de Gobierno, o las dependencias federa­les a solicitud de sus titulares, son los facultados para solicitar el Fondo ante la Secretaría de Gobernación.

Fuentes fijas. Fuentes industriales estacionarias que generan emisiones desde puntos estacionarios (por ejemplo, chimeneas o respiraderos).

Fuentes móviles. Fuentes de contaminación que in­cluyen a las diversas formas de transporte tales como automóviles, camiones y aviones, etcétera.

Función de Planeación y/o Evaluación. Actividades realizadas por una institución pública y/o una unidad administrativa de la Administración Pública de su En­tidad Federativa, que cuenta con atribuciones para desarrollar un conjunto de elementos metodológicos que permitan establecer metas, objetivos, indicadores y demás elementos de programación que, a su vez, permitan realizar una valoración objetiva del desempe­ño general o específico de la institución o instituciones de la Administración Pública de la Entidad Federativa de que se trate, así como de programas, proyectos, actividades y/o demás servicios prestados asociados a éstas.

G

Gases de efecto invernadero. Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropó­genos, que absorben y emiten radiación infrarroja. Esta­

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rán comprendidos los siguientes: 1) Bióxido de carbono; 2) Metano; 3) Óxido nitroso; 4) Carbono negro u hollín; 5) Clorofluorocarbonos; 6) Hidroclorofluorocarbonos; 7) Hidrofluorocarbonos; 8) Perfluorocarbonos; 9) Hexa­fluoruro de azufre; 10) Trifluoruro de nitrógeno; 11) Éte­res halogenados; 12) Halocarburos; 13) Mezclas de los anteriores, y 14) todos aquellos gases y compuestos de efecto invernadero que se determinen como tales.

Gasto ambiental ejercido. Parte del presupuesto au­torizado que se gasta en actividades ambientales con cargo al ejercicio de que se trate, independientemente de que el pago se realice en el mismo año del presu­puesto o en el próximo.

Gasto ambiental presupuestado. Estimación del gasto público que tiene el propósito de ser ejercido en actividades ambientales con cargo al ejercicio de que se trate, independientemente de que el pago se realice en el mismo año del presupuesto o en el próximo.

Gasto en medio ambiente. Gasto público destinado a los planes, programas, proyectos o acciones en mate­ria de medio ambiente.

Gestión documental (o gestión de documentos). Tra­tamiento integrado de la documentación a lo largo de su ciclo vital a través de la ejecución de procesos de pro­ducción, integración, clasificación, ordenación, descrip­ción, valoración, conservación y difusión de la informa­ción archivística.

Gestión integral de residuos. Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, fi­nancieras, de planeación, administrativas, sociales, edu­cativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la dis­posición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.

Gestión Integral de Riesgos. El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de go­bierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desa­rrollo sostenible, que combatan las causas estructura­les de los desastres y fortalezcan las capacidades de resilencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, prepa­ración, auxilio, recuperación y reconstrucción.

Gobierno de la Entidad Federativa. Conjunto de ser­vidores públicos cuya misión es dirigir y conducir las actividades propias del Estado y/o del Distrito Federal, tendientes a que dicha institución cumpla con las atri­buciones que tiene conferidas por ley.

Gobierno de la Ciudad de México. Conjunto de servi­dores públicos cuya misión es dirigir y conducir las ac­tividades propias de la Ciudad de México, tendientes a cumplir con las atribuciones que tiene conferidas por ley.

Gobierno Delegacional. Conjunto de servidores pú­blicos cuya misión es dirigir y conducir las actividades propias de las Delegaciones del Distrito Federal, ten­dientes a que dichas instituciones cumplan con las atri­buciones que tiene conferidas por ley.

Gobierno electrónico. Conjunto de insumos, suminis­tros y demás elementos asociados a las Tecnologías de la Información y comunicaciones que permiten la mejora de la gestión interna de la institución o insti­tuciones de la Administración Pública de la Entidad Federativa, para otorgar mejores servicios, facilitar el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia y fortalecer la participación ciudadana.

Gobierno Federal. Conjunto de servidores públicos cuya misión es dirigir y conducir las actividades propias de las instituciones que conforman la Administración Pública Federal, tendientes a que dichas instituciones cumplan con las atribuciones que tienen conferidas en su Ley Orgánica.

Gobierno Municipal. Conjunto de servidores públicos cuya misión es dirigir y conducir las actividades propias del Municipio, tendientes a que dicha institución cumpla con las atribuciones que tiene conferidas por ley.

Guía simple de archivo. Esquema general de des­cripción de las series documentales de los archivos de un sujeto obligado, que indica sus características fundamentales conforme al cuadro general de clasifi­cación archivística y sus datos generales.

H

Heridos. Para efectos del CNGSPSPSE 2016, son aquellas personas lesionadas o con contusiones debido al impacto de agentes perturbadores en una comunidad.

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Identificación y análisis de riesgo. Permite conocer los peligros y amenazas a los que se está expuesto; estudiar y conocer los fenómenos perturbadores, identificando

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dónde, cuándo y cómo afectan. Establecer a distintos niveles de escala y detalle, las características y niveles actuales de riesgo, entendiéndolo como el encuentro desafortunado del peligro (agente perturbador) con la vulnerabilidad (propensión a ser afectado) por medio de la exposición (el valor del sistema afectable).

Impacto ambiental. Modificación del ambiente oca­sionada por la acción del hombre o de la naturaleza.

Indicadores. Instrumentos que ofrecen información de manera sistemática, a partir de la relación de va­riables, que permiten dar a conocer la forma en la que se llevan a cabo los procesos de trabajo, cumplimien­to de obligaciones, metas y objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las de­mandas sociales en el ámbito de las atribuciones de la Administración Pública de la Entidad Federativa. Den­tro de los indicadores, se encuentran los indicadores de gestión y de desempeño, mismos que se explican a continuación:

Indicadores de gestión. Son los que ofrecen in­formación sobre la efectividad y eficiencia en el uso de los recursos con los que cuenta la institu­ción o conjunto de instituciones, para cumplir con las metas y objetivos relacionados con los resulta­dos esperados de acuerdo con el mandato legal y las expectativas de la sociedad.

Indicadores de desempeño. Son los que ofrecen información sobre el cumplimiento de las metas y objetivos relacionados con los resultados espera­dos de la institución o conjunto de instituciones de acuerdo con el mandato legal y las expectativas de la sociedad.

Información. Conjunto de datos que permiten realizar una valoración objetiva del impacto de las acciones realizadas por la Administración Pública de la Entidad Federativa, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de sus procesos de trabajo, obligacio­nes, metas y objetivos. Dentro del tipo de información, se encuentra la información de gestión y de desempe­ño, misma que se explica a continuación:

Información de gestión. Es el conjunto de datos relacionados a los procesos de trabajo, cumplimien­to de obligaciones y recursos con los que cuenta una institución o conjunto de instituciones de la Ad­ministración Pública de la Entidad Federativa.

Información de desempeño. Es el conjunto de datos relacionados a los resultados esperados de la institución o conjunto de instituciones de la Ad­ministración Pública de la Entidad Federativa, de

acuerdo con el mandato legal y las expectativas de la sociedad.

INFOMEX. Es el sistema electrónico mediante el cual las personas podrán presentar sus solicitudes de acce­so a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y es el sistema único para el registro y captura de todas las solicitudes recibidas por los sujetos obligados.

Información estadística. Conjunto de resultados cuantitativos o datos que se obtienen de las activida­des Estadísticas y Geográficas en materia Estadística, tomando como base los datos primarios obtenidos de los informantes del Sistema sobre hechos que son re­levantes para el conocimiento de los que son fenóme­nos económicos, demográficos sociales, así como sus relaciones con el medio ambiente y espacio territorial.

Informante Básico. Servidor público que representa a la institución que, por las funciones que tiene asigna­das dentro de la Administración Pública de su Entidad Federativa, es la principal productora y/o integradora de la información correspondiente al tema del cues­tionario.

Informante Complementario 1. Servidor público que representa a la institución que, por las funcio­nes que tiene asignadas dentro de la Administración Pública de la Entidad Federativa, es la segunda prin­cipal productora y/o integradora de la información correspondiente al tema del cuestionario.

Informante Complementario 2. Servidor público que representa a la institución que, por las funciones que tiene asignadas dentro de la Administración Pú­blica de la Entidad Federativa, es la tercera principal productora y/o integradora de la información corres­pondiente al tema del cuestionario.

Informe Policial Homologado. Informe que resume un evento (hecho presuntamente constitutivo de deli­to y/o falta administrativa) y hallazgos de una actua­ción policial; incluye fotografías, punteo cartográfico y demás documentación que contiene la información destinada a la consulta y análisis por parte de los miembros autorizados del Sistema Nacional de Se­guridad Pública.

Infracciones administrativas de seguridad públi-ca o ciudadana. Todo acto u omisión que realicen las personas en contra de lo dispuesto o de incumpli­miento a las disposiciones administrativas de seguri­dad pública o ciudadana de la Entidad Federativa, el Municipio o Delegación, que afecte la salvaguarda, la integridad y derechos de las personas, así como

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la preservación de las libertades, el orden y la paz público.

Infractor. Persona que realice actos que vayan en contra de lo dispuesto por las disposiciones adminis­trativas de la Entidad Federativa, de los Municipios o de las Delegaciones, según corresponda.

Instituciones. Organizaciones públicas que forman parte de la Administración Pública de la Entidad Fe­derativa, y que se encuentran previstas en su propia normativa orgánica, las cuales fueron creadas para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asun­tos que corresponden al Titular del Ejecutivo Estatal (ejemplo: Secretarías, Entidades Paraestatales, Or­ganismos Descentralizados, Empresas, Fideicomi­sos, o cualquier otro tipo de institución, organización o unidad administrativa de características similares).

Instituto de Formación, Capacitación y/o Profesio-nalización Policial. Organismo público que de manera integral se encarga de diseñar e implementar los pro­gramas de profesionalización de los miembros de los cuerpos policiales, a través de sistemas de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, de­sarrollo, actualización, permanencia, promoción y/o separación del servicio, así como su evaluación de los elementos que integran los diferentes cuerpos policiales.

Instrumentos de control archivístico. Instrumentos técnicos que permiten el desempeño de las activida­des archivísticas y el control de la documentación a lo largo de su ciclo vital: Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, In­ventarios.

Inteligencia. Es el proceso de recolección, procesa­miento, diseminación y explotación de información, de la información que conduce a un organismo encargado de atender temas de seguridad pública a obtener re­sultados positivos en una investigación.

Interconexión de computadoras. Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, incluidas las instalaciones esenciales necesarias, para permitir el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones. Es una comunica­ción efectuada entre dos o más puntos, con el objetivo de crear una unión entre ambos, sea temporal para efectuar una transmisión puntual o fija, on-line, comu­nicando permanentemente dos máquinas.

Intervención pericial. Consiste en la actividad de los peritos en dictaminar en apoyo a la Defensoría Pública conforme a sus conocimientos técnicos, científicos, especiales, teóricos o prácticos, que posea, actividad

técnico científica, solicitada por alguna de las partes en el proceso.

Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican por los siguientes tipos de atención:

Dictamen pericial. Es la opinión técnica que emite un perito o experto en cualquier arte, profesión o actividad, respecto del examen o análisis que haya hecho de una cuestión sometida a sus conocimien­tos, sobre una materia específica.

Requerimiento. Es el documento por el cual el perito comunica Defensor Público, que los elementos anali­zados no son suficientes para resolver el problema y le solicita los elementos adicionales que se requie­ren para tal fin.

Informe pericial. Es el documento donde se hace una recopilación de las situaciones y circunstancias observadas desde un punto de vista técnico, pero sin emitir ninguna opinión técnica.

Certificado. Es el documento que expide el pe­rito por el que da fe de un determinado hecho o situación.

Opinión Técnica y/o Resultados de estudios. Es el documento por el cual en forma individual o cole­giada se emiten los elementos analizados respecto de las cuestiones sometidas por las partes en el juicio o por el Defensor Público.

Intervenciones de la policía. Son las actividades que realiza la autoridad de la Entidad Federativa, encarga­da de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, que tiene por objeto salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, las cuales quedan registradas en las bitácoras o libros de registro.

J

Juez Cívico u Oficial Calificador. Autoridad auxiliar que realiza funciones jurisdiccionales, el cual formal­mente actúa como autoridad administrativa imponien­do multas o arrestos preventivos hasta por 36 horas, a los ciudadanos que hayan realizado conductas con­trarias al marco regulatorio de la Entidad Federativa, Municipio o Delegación de que se trate.

Justicia Cívica. Son los procedimientos administra­tivos instaurados por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores, los cuales tienen por objeto la preven­ción de la comisión de infracciones a las disposiciones

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administrativas de la Entidad Federativa, Municipio o Delegación de que se trate, la preservación de la segu­ridad ciudadana, del orden público y de la tranquilidad de los ciudadanos.

L

Lugar habitual de residencia. Es aquel en el que una persona tiene su establecimiento permanente o base fija.

M

Mando Único Policial. Modelo policial unificado y ar­ticulado por las corporaciones de Seguridad Pública de las Entidades Federativas y los Municipios, tenien­do como objetivo que las corporaciones policiacas de las Entidades Federativas, absorban las funciones de seguridad pública de los Municipios para integrar un solo cuerpo de policía, buscando con ello alcanzar la homologación de la capacitación y del equipamiento de dichas corporaciones, preponderando los esfuer­zos de investigación, de análisis y de inteligencia para poder lograr una policía organizada que pueda realizar una eficiente prevención del delito al interior de los Municipios.

Manejo integral de cuencas hidrológicas. Modelo de manejo de agua que reconozca a los ecosistemas y preserve o restaure su funcionamiento natural, incluy­endo los humedales y los acuíferos relacionados, para asegurar el agua y los servicios ambientales de los que todos dependemos.

Manejo integral del agua. Gestión y desarrollo coordi­nados del agua, el suelo y los otros recursos, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibi­lidad de los ecosistemas vitales.

Materia administrativa. Se ocupa de las actividades de la Administración Pública, su organización y funcio­namiento, sus relaciones con los particulares, los ser­vicios públicos y demás actividades estatales.

Materia Civil. Se ocupa de asuntos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmue­bles; así como de las relaciones jurídicas derivadas de los hechos y actos de la vida de la persona, además de la relación jurídica que surja con sus semejantes.

Materia Familiar. Normas que conocen de las contro­versias del orden familiar, tales como, acciones rela­tivas al estado civil, a la capacidad de las personas y las derivadas del parentesco, y en general a todas

las cuestiones familiares que reclamen la intervención judicial.

Materia Indígena. Se ocupa de intervenir en los con­flictos en el que es parte un ciudadano, comunidad o pueblo indígena, proporcionándole las herramientas para que sus derechos prevalezcan.

Materia Justicia para Adolescentes. Se ocupa de las causas instauradas en contra de Adolescentes a quie­nes se les imputen conductas antisociales tipificadas como delitos.

Materia Mercantil. Normas que se ocupan de las re­laciones jurídicas de los particulares en lo referente al ejercicio del comercio y actividades a él asimiladas.

Materia Mixta. Se ocupa indistintamente de los asuntos civiles, mercantiles, familiares, penales o de cualquier otra materia que requiera de la intervención judicial.

Materia Paz Civil. Normas que conocen de los asuntos civiles especiales de cuantía menor que determina el Tribunal Superior de Justicia de la Entidad Federativa.

Materia Paz Mercantil. Normas que conocen de los asuntos mercantiles especiales de cuantía menor que determina el Tribunal Superior de Justicia de la Enti­dad Federativa.

Materia Penal. Se ocupa de salvaguardar el interés general de la sociedad y el orden jurídico mediante la prohibición de conductas consideradas como delitos, decretando penas y sanciones en contra de quien los realice.

Marco regulatorio. Estará conformado por leyes y dis­posiciones normativas que tienen por objeto establecer obligaciones específicas a la institución o instituciones de la Administración Pública de la Entidad Federativa, expedidas por autoridad competente en los medios ofi­ciales para que produzcan efectos jurídicos.

Ministerio Público del Fuero Común. Representante de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo la inves­tigación de los delitos del fuero común.

Ministerio Público del Fuero Federal. Representante de la sociedad, autoridad que tiene a su cargo la inves­tigación de los delitos del fuero federal.

Mitigación del cambio climático. Son las actividades realizadas por el hombre para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de las activi­dades antropogénicas, fomentando los sumideros que

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capturan bióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de la atmósfera.

Modelo arquitectónico. El modelo arquitectónico conforma uno de los componentes del régimen peni­tenciario aportando los elementos de seguridad física, restringiendo o facilitando el desplazamiento y propor­cionando los espacios requeridos por los programas de alojamiento. Para efectos del CNGSPSPE 2016 se clasifican en los siguientes:

Podular. Diseño arquitectónico que permite mayor flexibilidad en el movimiento interno del penal ya que no hay barreras físicas que separen a los agentes de la población reclusa y se caracteriza por el uso de colores más brillantes y un uso esporádico de materiales de seguridad y/o antivandalismo propios de la arquitectura penitenciaria convencional.

Panóptico. Diseño arquitectónico donde existen dos edificios concéntricos enfrentados entre sí. Uno es la torre de vigilancia central desde el cual se puede observar cada celda sin que los reclusos se percaten de que son vigilados. La externa son las celdas individuales a lo largo de la circunferencia donde se ubican los reclusos. Este modelo es ca­racterizado por que todas las celdas se encuentran abiertas por la parte interior y protegidas por una reja de hierro y cada celda cuenta con una ventana que da al exterior.

Radial. Modelo arquitectónico, circular o no, que cuenta con seis corredores que parten del centro a intervalos regulares. En el centro, donde convergen los corredores, se encuentra un centro de vigilancia circular. Tanto en los corredores como en la estruc­tura circular externa, en caso de que la haya, se pueden situar dormitorios o servicios generales y entre ellos se forman patios.

Partido Paralelo. Diseño arquitectónico en el que celdas, oficinas y servicios se encuentran ubicados en pasillos paralelos y que son comunicados por un pasillo transversal, principal. En el lugar donde con­vergen los pasillos se encuentran salas de control o puestos fijos de vigilancia, en donde los agentes se ubican detrás de barreras físicas que les brindan seguridad. Los edificios pueden contar con uno o más pisos con el mismo diseño que permiten un sistema arquitectónico de fácil clasificación de los presos en espacios distintos según diversas cate­gorías establecidas por la jurisprudencia. Este es­tilo arquitectónico es caracterizado por sobriedad en el colorido, muros gruesos, muebles específicos rígidos y sujetos al piso para evitar ser utilizados como armas.

Otra. Contempla todos aquellos estilos arquitectó­nicos que no hayan sido enunciadas en las descrip­ciones anteriores.

Monitoreo ambiental. Consiste en un sistema con­tinuo de observación de medidas y evaluaciones para propósitos definidos; es una herramienta esencial en la evaluación de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control.

Municipio. Entidad política que es la base para la divi­sión territorial y la organización política y administrativa de las Entidades Federativas en su régimen interior.

O

Ocupación. Conjunto de trabajos cuyas principales ta­reas y cometidos se caracterizan por tener un alto gra­do de similitud, independientemente del lugar donde se desarrollen y de las relaciones que se establezcan en el mercado laboral.

El Sistema Nacional de Clasificación de Ocupacio­nes 2011, SINCO, permite ordenar las ocupaciones que desarrolla la población ocupada en México. El SINCO constituye el ordenamiento único de ocupa­ciones en México y, por ende, sustituye las clasifica­ciones y catálogos que, con similar fin, se han venido utilizando en el país como la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) y el Catálogo Nacional de Ocupa­ciones (CNO).

Para obtener mayor información sobre la clasificación de ocupaciones, favor de consultar en: http://www3.ine­gi.org.mx/sistemas/clasificaciones/sinco/sinco.aspx

Oficina de Contraloría Interna. Es el área normativa de cada dependencia, encargada de vigilar la correc­ta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales, en estricto apego a la normatividad vigen­te, estableciendo, además, las medidas preventivas y correctivas correspondientes para el cumplimiento de las leyes, reglamentos, lineamientos y demás norma­tividad que como servidores públicos rigen la Adminis­tración Pública de la Entidad Federativa.

Organismos Autónomos. Instituciones públicas de la Entidad Federativa de que se trate, que tienen fa­cultades constitucionales para el desempeño de una actividad específica, con plena autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH). Organismos de protección, defensa, vigilancia, observancia,

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promoción, estudio, educación y divulgación de los dere­chos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Conocen de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier auto­ridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Es­tos organismos formulan recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

Organización. Son las actividades orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los docu­mentos institucionales como parte integral de los pro­cesos archivísticos.

Órganos de control, vigilancia y/o fiscalización. Conjunto de competencias para planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evalua­ción, vigilancia y fiscalización del correcto uso de pa­trimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias, Entidades y Municipios, así como el desempeño de los servidores públicos, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas.

Órganos de Participación y/o Consulta Ciudadana. Son las organizaciones a través de las cuales los ti­tulares de las entidades federativas, los Jefes Dele­gacionales, las asambleas ciudadanas, los Comités Ciudadanos, la Autoridad Tradicional en coordinación con los Consejos del pueblo y los Consejos Ciudada­nos, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales.

P

Pago de servicios ambientales. Reconocimiento fi­nanciero por parte del Estado a los propietarios y po­seedores de bosques y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del me­dio ambiente.

Panel o mecanismo de control y seguimiento. Sis­tema de estudios sistemáticos y objetivos que efec­túan las autoridades para determinar la pertinencia y el logro de las metas, así como la eficiencia, la efica­cia, el impacto y la sostenibilidad sobre un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su dise­ño, su puesta en práctica y sus resultados. El origen de los estudios puede ser interno o externo.

Panel o mecanismo de control y seguimiento. Sis­tema de estudios sistemáticos y objetivos que efectúan

las autoridades para determinar la pertinencia y el lo­gro de las metas, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad sobre un proyecto, progra­ma o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El origen de los estudios puede ser interno o externo.

Parque vehicular. Relación de vehículos o medios de transporte que sean propiedad de la Administración Pública de la Entidad Federativa, y aquellos que sin ser propios se encuentren asignados a éstos, el cual estará conformado por automóviles, camiones, ca­mionetas, motocicletas, bicicletas o cualquier otro de características similares que tenga como principal ob­jetivo, apoyar el desarrollo de las funciones que tienen conferidas las instituciones que integran a la misma.

Participación social ambiental. Se refiere a toda ac­tividad que implique la libertad de expresión, de asocia­ción, el derecho a la participación en materia ambiental y el derecho de petición entre otras.

Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia. Personal que ayudan al juzgador a conocer la verdad en cuanto a la controversia planteada. Su función se limita a proporcionar una ayuda al juzgador con sus conocimientos técnicos sobre ciencias, artes u oficios, en los cuales son especialistas.

Personal Administrativo y de Apoyo (Defenso-ría de Oficio). Corresponde a todos los servidores públicos que desempeñaron funciones de soporte a los defensores de oficio, conciliadores y/o mediadores, como lo son: secretarias, mensajeros, choferes, perso­nal de limpieza, o cualquier otro de funciones similares.

Personal de apoyo en los Centros Penitenciarios. Corresponde a todos los servidores públicos que des­empeñaron funciones de apoyo al personal directivo, de administración y/u operación, como lo son secre­tarias, mensajeros, choferes, personal de limpieza, o cualquier otro que realice funciones similares. Dentro de esta categoría no se deberá contabilizar al perso­nal destinado a funciones directivas, de administración y/u operación, ni personal de custodia y/o vigilancia.

Personal de custodia y/o vigilancia de los Centros Penitenciarios. Corresponde a todos los servidores públicos que desempeñaron funciones destinadas a preservar el orden y disciplina entre la población reclu­sa, así como para salvaguardar el orden de los Cen­tros Penitenciarios. Éste deberá clasificarse en tres niveles de acuerdo con la organización jerárquica de la institución (primer nivel jerárquico, nivel intermedio de jerarquía y nivel operativo de jerarquía), de confor­midad con la cantidad de niveles que existan dentro de

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la organización. Dentro de esta categoría no se deberá contabilizar al personal destinado a funciones directi­vas, ni personal de apoyo.

Personal de Empresas de Seguridad Privada. Tra­bajadores que prestan un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, y que se encuentran adscritos a Empresa de Seguridad Privada, ya sea bajo el régi­men o categoría de confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios o de cualquier otro tipo, sean o no remunerados a través de un sueldo o salario. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican de la si­guiente manera:

Personal administrativo. Son aquellos que reali­zan actividades de apoyo en la institución policial, tales como: la unidad de radio y comunicación, ar­mería y almacén, archivo y vigilancia interna de ins­talaciones policiales, de recibir y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, en relación con los servicios que presta la Policía, así como secretarias, mensajeros, choferes, personal de limpieza, o cualquier otro que realice funciones similares.

Policías de nivel intermedio de jerarquía. Son aquellos que tienen entre sus principales funcio­nes, las de coordinar y vigilar las acciones de los policías de nivel operativo acorde con los planes y estrategias de seguridad pública. En este nivel se encontrarán los superiores jerárquicos de los poli­cías de nivel operativo.

Policías de nivel operativo de jerarquía. Son aquellos que realizan actividades directas en la institución policial, tales como, realizar acciones de vigilancia y, en su caso, poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente, a quien sea aprehendido en flagrancia, en la comisión de un delito o de alguna falta administrativa, y auxiliar a las autoridades del ministerio público federal, es­tatal; judicial, administrativas federales, estatales o municipales cuando sea requerido para ello confor­me a la ley.

Policías de primer nivel jerárquico. Son aque­llos que integran las comandancias de policía o las direcciones de policía y tránsito, según sean deno­minados en la institución de seguridad pública de la Entidad Federativa, los cuales son responsables de la dirección de los operativos de inspección y vigi­lancia, así como la ejecución de los correctivos dis­ciplinarios necesarios, a fin de garantizar, mantener y establecer el orden público en la propia Entidad Federativa; de igual forma, participan de manera di­recta o indirecta en la elaboración de los planes y/o

estrategias de seguridad pública. En este nivel se encontrarán los superiores jerárquicos de los poli­cías con nivel intermedio de mando.

Personal destinado a funciones de Justicia Cívica. Son las personas que forman parte de las institucio­nes o unidades administrativas que se encargan de llevar a cabo las acciones de evaluación y sanción de los infractores a las disposiciones administrativas apli­cables, y está conformado por los Jueces Cívicos u Oficiales Calificadores, secretarios abogados, proyec­tistas, inspectores o peritos, además de aquellos que los auxilian y/o apoyan como lo es el personal médico, policías o personal administrativo.

Personal destinado a funciones de Seguridad Pú-blica. Corresponde a las personas que forman parte de las instituciones o unidades administrativas de la Administración Pública de su Entidad Federativa que ejecutan las operaciones policiales que determine el mando o jefatura, y están constituidas por los policías, quienes desempeñan, entre otras, funciones de vigi­lancia, rondas, inspecciones, detenciones, protección y orientación, y apoyo a los habitantes de su Entidad Federativa. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se cla­sifican de la siguiente manera:

Personal administrativo. Son aquellos que reali­zan actividades de apoyo en la institución policial, tales como: la unidad de radio y comunicación, ar­mería y almacén, archivo y vigilancia interna de ins­talaciones policiales, de recibir y atender las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos, en relación con los servicios que presta la Policía, así como secretarias, mensajeros, choferes, personal de limpieza, o cualquier otro que realice funciones similares.

Policías de nivel intermedio de jerarquía. Son aquellos que tienen entre sus principales funcio­nes, las de coordinar y vigilar las acciones de los policías de nivel operativo acorde con los planes y estrategias de seguridad pública. En este nivel se encontrarán los superiores jerárquicos de los poli­cías de nivel operativo.

Policías de nivel operativo de jerarquía. Son aque­llos que realizan actividades directas en la institución policial, tales como, realizar acciones de vigilancia y, en su caso, poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente, a quien sea aprehendido en flagrancia, en la comisión de un delito o de alguna falta administrativa, y auxiliar a las autoridades del ministerio público federal, estatal; judicial, adminis­trativas federales, estatales o municipales cuando sea requerido para ello conforme a la ley.

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Policías de primer nivel jerárquico. Son aquellos que integran las comandancias de policía o las di­recciones de policía y tránsito, según sean denomi­nados en la institución de seguridad pública de la Entidad Federativa, los cuales son responsables de la dirección de los operativos de inspección y vigi­lancia, así como la ejecución de los correctivos dis­ciplinarios necesarios, a fin de garantizar, mantener y establecer el orden público en la propia Entidad Federativa; de igual forma, participan de manera di­recta o indirecta en la elaboración de los planes y/o estrategias de seguridad pública. En este nivel se encontrarán los superiores jerárquicos de los poli­cías con nivel intermedio de mando.

Personal directivo, de administración y/u opera-ción en los Centros Penitenciarios. Corresponde a todos los servidores públicos que ocuparon un pues­to de mando, coordinación y/o ejecución de funciones acorde con las áreas o unidades administrativas que conformaron los Centros Penitenciarios, como los son los directores de los centros, subdirectores, secreta­rios generales, coordinadores generales o de área, administradores generales o de área, jefes de depar­tamento o de área. Dentro de esta categoría no se de­berá contabilizar al personal destinado a funciones de custodia y/o vigilancia, ni personal de apoyo.

Personal por Régimen de Contratación. Trabajado­res que prestan un servicio físico, intelectual o de am­bos géneros, y que se encuentran adscritos a alguna institución de la Administración Pública de cada Enti­dad Federativa, ya sea bajo el régimen o categoría de confianza, base o sindicalizado, eventual, honorarios o de cualquier otro tipo, sean o no remunerados a través de un sueldo o salario.

Personal técnico o de operación. Corresponde a todos los servidores públicos que realizaron labo­res especializadas en el ámbito de la reinserción, y/o aquellos que además monitorean las condiciones ade­cuadas de Reclusión de los internos para acceder a los servicios de reinserción y de alimentación, como lo son los médicos, psicólogos, instructores, trabaja­dores sociales o cualquier otro de funciones similares. Dentro de esta categoría no se deberá contabilizar al personal destinado a funciones de Dirección, custodia y/o vigilancia, ni personal de apoyo.

Plan o programa de Desarrollo Archivístico. He­rramienta de planeación que contiene las acciones institucionales para la modernización y mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísti­cos, estableciendo estructuras normativas, técnicas y metodológicas para la implementación de estrategias encaminadas a mejorar el proceso de organización y

conservación documental en los archivos de: trámite, de concentración y, en su caso, históricos.

Plan de Desarrollo. Norma básica dentro de la Entidad Federativa, la cual contiene los planes y acciones que deben llevarse a cabo en función de las decisiones que tome el gobierno para el desarrollo de la comunidad, como son: establecimiento de políticas, objetivos, ela­boración de programas y determinación de métodos y prioridades.

Plan de Emergencia o de Contingencia. Función del subprograma de auxilio e instrumento principal de que disponen los centros nacional, estatal o municipal de operaciones para dar una respuesta oportuna, adecua­da y coordinada a una situación de emergencia. Con­siste en la organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre, con base en la evaluación de riesgos, dis­ponibilidad de recursos materiales y humanos prepa­ración de la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etcétera.

Plan de formación, Capacitación y/o Profesio-nalización en materia de Anticorrupción. Son las líneas de acción y atribuciones que tienen la finali­dad de promover el desempeño honesto y ético de los servidores públicos de la Administración Pública de la Entidad Federativa, velar por la prevención de conductas irregulares, así como conocer y dar segui­miento a las acciones y omisiones de los servidores públicos cuando incumplan con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios, así como cualquier otro ordena­miento aplicable.

Plan DN-III. Instrumento operativo militar que esta­blece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.

Plan Marina. Instrumento operativo que tiene como misión auxiliar a la población civil por conducto de la Secretaría de Marina, en casos y zonas de emergencia o desastre, en coordinación con otras autoridades.

Plan o Programa Interno de Protección Civil. Es un instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u or­ganismo del sector público, privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la continuidad de ope­raciones y el plan de contingencias, y tiene como pro­pósito mitigar los riesgos previamente identificados y

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definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre que se presente en las Entida­des Federativas.

Planeación de medio ambiente. Modalidad de la pla­neación estratégica que conlleva un proceso de toma de decisiones en donde los aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza son prioritarios, dan dirección al diseño de propuestas y generan tanto políticas públicas como sistemas de evaluación para la protección del ambiente.

Población afectada. Segmento de la población que padece directa o indirectamente los efectos de un fe­nómeno destructivo, y cuyas relaciones se ven subs­tancialmente alteradas, lo cual provoca la aparición de reacciones diversas, condicionadas por factores tales como: Pautas comunes de comportamiento, arraigo, solidaridad y niveles culturales.

Población egresada (sujeta a proceso). Personas a las que no se les ha dictado sentencia, les es permi­tido continuar su proceso bajo el beneficio de libertad provisional

Población egresada por cumplimiento de senten-cia condenatoria. Personas puestas en libertad de los Centros Penitenciarios, por el cumplimiento de la resolución impuesta por el Juez, en la que resolvió la pena de prisión para el sentenciado.

Población egresada por libertad anticipada. Perso­nas que son puestas en libertad de los Centros Peni­tenciarios por un beneficio que se otorga al senten­ciado, después de cumplir un determinado porcentaje de la pena de prisión que le fue impuesta, a través del cual queda sometido a las formas y condiciones de tratamiento propuestas por el Centro Penitenciario, y autorizadas por el Juez de Ejecución.

Población egresada por sentencia absolutoria. Personas puestas en libertad de los Centros Peniten­ciarios, por una resolución emitida por el Juez en la que resuelve el hecho controvertido liberando al pro­cesado de los cargos formulados en su contra.

Población egresada por sentencia revocatoria. Personas puestas en libertad de los Centros Peniten­ciarios, derivado de que, por cualquier medio de im­pugnación, una autoridad superior haya emitido una resolución que modifique o deje sin efectos la senten­cia impugnada, liberando al procesado de los cargos formulados en su contra.

Población en proceso de recibir sentencia. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se entenderá el total de personas que se encontraban en proceso de reci­bir sentencia de primera instancia, incluyendo la po­blación que se encontraba pendiente de ser puesta a disposición del Juez correspondiente.

Población reclusa en cumplimiento de sentencia (sentencia ejecutoriada). Personas que se encontra­ban cumpliendo su sanción, derivada de una sentencia que ya no admite recurso judicial alguno.

Población reclusa en proceso de primera instan-cia. Personas que se encuentran recluidas en Centros Penitenciarios que se encontraban en proceso de re­cibir sentencia de primera instancia, incluyendo la po­blación que se encontraba pendiente de ser puesta a disposición del Juez correspondiente.

Población reclusa en proceso de segunda instan-cia. Personas que ya han recibido sentencia relativa a los hechos en materia del proceso penal y promovie­ron algún medio de impugnación a la misma, la cual se encontraba en proceso de recibir la sentencia confir­matoria o revocatoria, según sea el caso.

Población reclusa. Es la totalidad de personas que se encuentran recluidas en Centros Penitenciarios, ya sea en proceso de recibir sentencia (procesados) o que se encuentren cumpliendo su pena de prisión de­rivada de una sentencia condenatoria (sentenciados).

Población sentenciada. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se entenderá el total de personas que contaban con sentencia de primera instancia y/o ejecutoriada, incluyendo la población que, con sentencia de prime­ra instancia, aún tenía posibilidad de interponer algún medio de impugnación.

Policía de la Ciudad de México. Es el cuerpo de se­guridad pública de la Ciudad de México, integrado por diversas unidades y agrupamientos adscritos a la Se­cretaría de Seguridad Pública.

Policía Estatal. Es el cuerpo de seguridad pública in­tegrado por diversas unidades y agrupamientos adscri­tos a la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad Federativa que corresponda, el cual tiene por objeto la vigilancia, la defensa social y la prevención de los delitos, mediante la aplicación de medidas ordenadas y concretas para proteger los derechos de las perso­nas, el desenvolvimiento normal de las instituciones y la seguridad pública del Estado, impidiendo cualquier acto que perturbe o ponga en peligro o altere la paz y tranquilidad social.

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Policía Federal. Cuerpo colegiado encargado de salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las li­bertades, el orden y la paz públicos; aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos, así como, investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación.

POT (Portal de Obligaciones de Transparencia). Es la página electrónica en la que se pública y actualiza la información de interés público de los sujetos obligados, por lo que respecta a sus funciones y atribuciones.

Presuntas infracciones. Son las contravenciones o violaciones a las disposiciones contenidas en los Re­glamentos de Policía y Gobierno y aquellas de carácter administrativo.

Presuntos delitos. Son las acciones u omisiones que presuncionalmente le son señaladas al imputado por la ejecución de un hecho delictuoso o su participación en la comisión del mismo

Presupuesto ejercido. Corresponde al importe de las erogaciones realizadas respaldado por los documen­tos comprobatorios (facturas, notas, nóminas, etc.), presentado a la Administración Pública de su Entidad Federativa, una vez autorizadas para su pago, con car­go al presupuesto autorizado.

Prevención del delito. Consiste en eliminar los pro­blemas que puedan llevar a un individuo a delinquir. En la medida en que se vayan abriendo mejores y más eficaces oportunidades para la educación, la capacita­ción y el empleo, y se extiendan entre la población los valores de respeto a la legalidad y el derecho, habrá de ser menos frecuente la tentación de buscar beneficios económicos fuera de la ley, o procurar la justicia por propia mano.

Prevención y mitigación de riesgos. Se basa en la identificación de riesgos, consiste en diseñar acciones y programas para mitigar, así como reducir el impacto de los posibles desastres antes de que éstos ocurran. Incluye la implementación de medidas estructurales y no estructurales para la reducción de la vulnerabilidad o la peligrosidad de un fenómeno, implementando acciones como: planeación del uso de suelo, reducción de la po­breza urbana, acceso a vivienda, servicios de calidad, aplicación de códigos de construcción, realización de obras de protección, educación y capacitación a la población, elaboración de planes operativos de pro­tección civil, manuales de procedimientos, diseño de sistemas de monitoreo y de alerta temprana, investi­gación, y aprovechamiento de nuevas tecnologías de

mitigación, preparación para la atención de emergen­cias (disponibilidad de recursos, albergues, rutas de evacuación, simulacros), entre muchos otros.

Primera instancia. Es el procedimiento a través del cual se hace del conocimiento del Juez sobre un asun­to, para que éste valore las pruebas y pronuncie su sentencia definitiva.

Prisión. Sitio autorizado por la autoridad gubernamen­tal que forma parte del sistema penitenciario destinado a la guardia y custodia de personas detenidas, que se encuentren sujetas a un proceso penal o en ejecución de alguna sentencia por delito que merezca. Para tal efecto, estarán considerados: los Centros de Readapta­ción Social (CERESOS), Centros de Ejecución de San­ciones Penales, Reclusorios, Penitenciarias, Cárceles o cualquier otro que destinado a cubrir dicha función.

Para fines estadísticos se incluyen dentro de la de­finición, los centros destinados para el internamiento de Adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley, tales como: Centros de Tratamiento para Menores Infractores, Centros de Internamiento para Adolescen­tes, Consejos Tutelares o de Menores, Escuelas de Readaptación Social, Comunidades o Albergues, Cen­tros Especializados o cualquier otro destinado a cubrir ese tipo de funciones.

Probable responsabilidad. La probable responsabi­lidad del inculpado se acredita cuando de los indicios existentes, se deduzca su participación en el delito, su comisión dolosa o culposa y no exista a favor del incul­pado alguna excluyente de responsabilidad.

Probables infractores o responsables. Personas a las que se les atribuye la comisión o participación en una presunta infracción o delito.

Procedimientos administrativos instaurados. Los pro­cedimientos administrativos instaurados corresponden a los asuntos de que tuvo conocimiento el Juez Cívico u Oficial Calificador, que presuntamente van en contra de los individuos que realicen actos contra lo dispuesto o de incumplimiento a la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, su Reglamento y otros ordenamientos adminis­trativos aplicables. Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasificarán en:

Procedimientos administrativos iniciados. Son todos aquellos procedimientos administrativos que el Juez Cívico u Oficial Calificador determina que existen antecedentes suficientes que permitan determinar la existencia de un presunto delito o infracción y que una persona probablemente ha participado en su comisión, por lo que continúa formalmente con el procedimiento.

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Procedimientos administrativos desechados. Son todos aquellos procedimientos administrativos que el Juez Cívico u Oficial Calificador determina no continuar con el procedimiento, por no encontrar elementos suficientes que permitan comprobar la existencia de un presunto delito o infracción, y la probable participación de una persona.

Procedimientos administrativos determinados. Son todos aquellos procedimientos administrativos valorados y resueltos por el Juez Cívico u Oficial Calificador, determinando así una resolución fun­dada y motivada sobre la responsabilidad o no del infractor, teniendo como resultado si es el caso, algún acuerdo de conciliación o la imposición de una sanción con motivo de la comisión de infrac­ción, entre las cuales se encuentran un arresto ad­ministrativo (el cual no deberá exceder más de 36 horas), penas pecuniarias (multas), trabajo comuni­tario o alguna medida de apremio ( amonestación o apercibimiento, entre otras).

Procesados. Persona que es sometida por la autori­dad judicial a un proceso penal, una vez que el Juez dicta el auto de radicación.

Procuración de justicia ambiental. Hace referencia a la obligación que tienen las autoridades dentro de un Estado, derivada de sus leyes e instituciones, para garantizar a los ciudadanos, el respeto de sus dere­chos ambientales a través de mecanismos idóneos para ello.

Procuraduría o Fiscalía General de Justicia. Depen­dencia del Poder Ejecutivo Estatal, con autonomía téc­nica y administrativa para garantizar su independencia en la emisión de las resoluciones que al Ministerio Pú­blico le competen, estará a cargo de un Procurador o Fiscal General, quién ejercerá la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Institución.

Producción e identificación. Es el conjunto de activi­dades tendientes a normalizar los documentos que se generan en ejercicio de las funciones institucionales. Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos.

Profesionalización del personal. Es un sistema de carácter obligatorio y permanente al cual debe incor­porarse el personal de las instituciones de Seguridad Pública, a través de procedimientos de reclutamiento, certificación, selección, ingreso, permanencia, evalua­ción, promoción y reconocimiento; e incluso establece los procedimientos para la separación o baja del servi­cio de dicho personal.

Programa de Gestión Documental. Es el conjunto de actividades y procedimientos tendientes a esta­blecer las políticas o criterios específicos que regulen la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos, de conformidad con la normatividad y metodología aplicable.

Programa de Racionalidad y Austeridad del Gasto. Documento o instrumento con el que cuenta la Admi­nistración Pública de la Entidad Federativa, para re­gistrar de manera ordenada las acciones que llevará a cabo con el principal objetivo de racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apo­yo de la misma, las cuales normalmente cuentan con un mecanismo de seguimiento y monitoreo periódico y continuo durante un ejercicio presupuestal para eva­luar los resultados de su implementación.

Programa Postpenitenciario. Es el conjunto de ele­mentos articulados para apoyar a los liberados en el proceso de reinserción social, mediante actividades y programas de apoyo social que presentan las institu­ciones públicas, privadas y sociales coordinadas por el Gobierno del Estado.

Programas estratégicos. Serán todos aquellos pro­yectos que contengan acciones que la Administración Pública de la Entidad Federativa habrá de realizar para dar cumplimiento a lo establecido por el respec­tivo Plan de Desarrollo Estatal o el correspondiente para el Distrito Federal, con el fin de alcanzar sus me­tas y objetivos.

Protección Civil. Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, es­trategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para sal­vaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la plana pro­ductiva y el medio ambiente.

Q

Queja y/o querella administrativa. Es aquella mani­festación de hechos irregulares cometidos por un ser­vidor público en ejercicio de sus funciones que afectan la esfera jurídica de una persona, misma quien hace del conocimiento de la autoridad.

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Quejas interpuestas en materia de Derechos Hu-manos. Solicitudes que una persona realiza, para que el Organismo Público de Derechos Humanos, inves­tigue la presunta violación de derechos humanos por actos u omisiones provenientes de autoridades o ser­vidores públicos.

R

Recepción. Son las actividades de verificación y con­trol que la Institución debe realizar para la admisión de documentos, que son remitidos por una persona natural o jurídica (foliado, sellos de tiempo, registro de documentos).

Recreación física. Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre.

Recuperación y construcción. Son las acciones orientadas al restablecimiento y vuelta a la normalidad del sistema afectado (población y entorno). Esta etapa incluye la reconstrucción y mejoramiento de infraes­tructura y servicios dañados o destruidos.

Recursos Humanos. Es la cantidad de personal con el que cuenta un gobierno y sus instituciones para el desarrollo de su trabajo y actividades.

Recursos materiales. Es la cantidad de bienes mue­bles o inmuebles con los que cuenta la Administración Pública de la Entidad Federativa para soportar el desa­rrollo de su trabajo y actividades.

Recursos Presupuestales. Información presupuesta­ria del ejercicio del presupuesto de egresos a partir de su clasificación administrativa y por objeto del gasto.

Reducción de riesgos. Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir mediante acciones de pre­paración y mitigación, el impacto adverso de los de­sastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacida­des de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medi­das de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de siste­mas de alertamiento.

Refugio temporal. La instalación física habilitada para brindar temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre.

Reincidentes. Personas condenadas por sentencia ejecutoriada dictada por cualquier Tribunal de la Re­pública o del Extranjero, que cometen un nuevo delito sin que hubiera transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la prescripción de la sanción.

Reingresos a los Centros Penitenciarios. Serán to­das aquellas personas que hayan ingresado más de una vez a los Centros Penitenciarios, por la comisión del mismo delito u otro distinto al cometido por primera vez, sin que haya una sentencia ejecutoriada de por medio.

Reinserción social. Proceso penitenciario que tiene por objeto proporcionar al sentenciado los elementos para que pueda reintegrarse en el núcleo social y se le decla­re rehabilitado. La readaptación tendrá el carácter de tra­tamiento progresivo y técnico, formado por períodos de estudio y diagnóstico, tratamiento en clasificación, tra­tamiento preliberacional y reintegración, mismos que se realizarán en los casos, condiciones y con los requisitos que al efecto dispongan las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Rendición de cuentas. Consiste en informar y expli­car a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por con­secuencia, ser sujeto de la opinión pública.

Residuos de manejo especial. Son aquellos gene- rados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son produci­dos por grandes generadores de residuos sólidos ur­banos.

Residuos peligrosos. Son aquellos que posean algu­na de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que conten­gan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.

Residuos sólidos urbanos. Los generados en las ca­sas habitación que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, em­balajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con característi­cas domiciliarias, los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean consider­ados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

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Resiliencia. Es la capacidad de un sistema, comuni­dad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras bá­sicas y funcionales, logrando una mejor protección futu­ra y mejorando las medidas de reducción de riesgos.

Restauración y limpieza de cuerpos de agua. In­cluye todas las actividades destinas a la recuperación y descontaminación de los diferentes cuerpos de agua, como lo son, mares, ríos, lagos, lagunas, etcétera.

Riesgo. Probabilidad de que se produzca un daño, ori­ginado por un fenómeno perturbador.

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Sanción. Castigo que impone el Juez Cívico u Ofi­cial Calificador a quienes infrinjan las disposiciones establecidas en las disposiciones administrativas aplicables. Para fines estadísticos del CNGSPSPE 2016, se clasifican en los siguientes tipos:

Amonestación. Es una corrección disciplinaria dic­tada por infracciones a las normas contenidas en los Reglamentos, Bandos de Policía y Buen Gobier­no, y demás disposiciones de observancia general.

Multa. Es una sanción pecuniaria impuesta por el Juez Cívico u Oficial Calificador, al culpable de una infracción, la cual consiste en el pago de cierta cantidad de dinero a la Entidad Federativa, Munici­pio o Delegación, con carácter de pena.

Arresto. Detención con carácter provisional, de una persona culpable o sospechosa de haber co­metido alguna presunta infracción o presunto delito.

Trabajo comunitario. Son actividades de apoyo a la comunidad, que tienen por objeto sustituir la multa o arresto que se hubiere impuesto, y se de­sarrollarán por un lapso equivalente a las horas de arresto que correspondan a la infracción que se hu­biera cometido.

Otro. En esta variable se contemplan todos aque­llos castigos impuestos por el Juez Cívico u Oficial Calificador, a quienes infrinjan las disposiciones administrativas de la Entidad Federativa, Municipio o Delegación, según corresponda, y que no hayan sido clasificados en las definiciones anteriores

Sanciones cometidas por los servidores públi-cos. Serán todas las contravenciones a lo dispues­to por la ley, cometidas por los servidores públicos

en el ejercicio de sus funciones. Para efectos del CNGPSPSE 2016, se consideran las siguientes:

Amonestación privada o pública. Es una correc­ción disciplinaria que tiene por objeto mantener el orden, la disciplina y el buen funcionamiento en el servicio público, consistente en la advertencia que se hace al servidor público, haciéndosele ver las consecuencias de la falta que cometió, mediante la cual se pretende encauzar la conducta del servidor público en el correcto desempeño de sus funcio­nes, exhortándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reinci­diere, que a diferencia del apercibimiento, ya no es una simple llamada de atención, pues su objeto es prevenir la posible comisión de un ilícito.

Suspensión del empleo, cargo o comisión. Es una sanción administrativa que consiste en la priva­ción o prohibición temporal al servidor público para desempeñar el empleo cargo o comisión ostentado, así como del goce de sus emolumentos, impidiendo que realice sus funciones por tiempo determinado.

Destitución. Es una sanción administrativa consis­tente en separar a un servidor del empleo, cargo o comisión que desempeña en el servicio público, por habérsele encontrado responsable en términos de la ley.

Inhabilitación temporal. Es la prohibición tempo­ral de ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, decretada por la autoridad admi­nistrativa.

Sanción económica. Es una multa que la autori­dad administrativa impone al servidor público con la finalidad de reparar el daño causado a la Hacienda Pública, obligándose al servidor público responsa­ble mediante el sacrificio de parte de su patrimonio.

Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal la cual se encarga de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legali­dad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno fe­deral, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y en­cabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.

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Segunda instancia. Es la etapa del proceso que va desde la interposición del recurso de apelación, hasta la sentencia que sobre él se dicte. Dictada y notifi­cada la sentencia de primera instancia, se abre una nueva etapa del proceso, durante la cual las partes pueden impugnar la sentencia, si es que alguna de éstas estima que ha sufrido agravio por el fallo defini­tivo dictado por el Juez de primera instancia.

Seguridad Pública. Actividad del Estado que permite normar los aspectos de convivencia de la ciudadanía, relacionados con el orden, la moral pública o la tran­quilidad de la sociedad, en los términos de las disposi­ciones normativas aplicables.

Sentencia. Es la resolución que pronuncia un Juez o Tribunal, según corresponda, para resolver el fondo de un proceso.

Sentencia ejecutoriada. Es la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno. Se dice que la causa está “ejecutoriada”, cuando ya han terminado todos los trámites legales y produce además el efecto jurídi­co de cosa juzgada.

Sentencia o resolución absolutoria. Resolución emi­tida por el Juez, en la que se libera al demandado de la pretensión aducida por el demandante.

Sentencia o resolución condenatoria. Resolución judicial recaída como el resultado del ejercicio de una acción de condena.

Sentencia o resolución revocatoria. Tiene como fi­nalidad que el propio Juez o Tribunal que dictó una resolución, la anule, la deje sin efecto toda o en partes, o bien, la sustituya por otra.

Sentenciado. Se le da este nombre a toda aquella persona, a partir de que un Juez o Tribunal competen­te, pronuncia la sentencia relativa a los hechos materia del proceso penal, ya sea en primera instancia, segun­da instancia o cuando la sentencia ha causado ejecu­toria, ello con independencia de que dicha resolución sea en sentido absolutorio o condenatorio.

Servicio Profesional de Carrera Policial (Profesio-nalización del personal). Es un sistema de carácter obligatorio y permanente al cuál debe incorporarse el personal de las instituciones de Seguridad Pública, a través de procedimientos de reclutamiento, certifi­cación, selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; e incluso establece los procedimientos para la separación o baja del servicio de dicho personal.

Servicios informativos. Existe información “en línea” sobre el trámite en el tema correspondiente. Ésta pue­de ser consultada, buscada o descargada por los ciu­dadanos a través del sitio Web.

Servicios interactivos. Existe la posibilidad de inter­cambiar información sobre el trámite en el tema corres­pondiente, entre servidores públicos de la Administración Pública de la Entidad Federativa y los ciudadanos, a tra­vés de un correo electrónico o número telefónico.

Servicios públicos. Actividades encaminadas a sa­tisfacer de una manera regular, continúa y uniforme necesidades públicas de carácter esencial, básico o fundamental; se concreta a través de prestaciones individualizadas las cuales podrán ser suministradas directamente por el Estado o por los particulares me­diante concesión.

Servicios transaccionales. Existe la posibilidad de realizar y/o dar seguimiento “en línea” al trámite, inclui­dos los pagos asociados a este cuando aplica, en el tema correspondiente, sin necesidad de acudir a algu­na oficina del gobierno.

Servidores. Un servidor Web o servidor HTTP es un programa que procesa cualquier aplicación del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el usua­rio de la información generando o cediendo una res­puesta en cualquier lenguaje o aplicación.

Simulacro. Representación mediante simulación de las acciones de respuesta previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta efi­caz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en terre­no específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad de los sistemas afectables.

Siniestro. Es la situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación, afectando a su pobla­ción y equipo, con posible afectación a instalaciones circundantes.

Sistema de Información Geográfica. Sistema em­pleado para describir y categorizar la Tierra y otras geografías con el objetivo de mostrar y analizar la in­formación a la que se hace referencia espacialmente. A través de la integración de la información, se puede tratar a partir de un conjunto de datos geográficos y ob­tener Atlas, Bases de Datos, Carta, Continuo, Gráfica, Croquis, Indicador, Mapa, Plano, Publicación, Registro Administrativo, Serie Cartográfica o Tabulados.

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Sistema Estatal de Archivos. Mecanismo estatal en­cargado de normar, regular, coordinar, homogeneizar y agilizar los servicios documentales y archivísticos del Estado al que pertenece. Está conformado por los archivos de trámite, concentración y, en su caso, his­tóricos de los tres poderes de gobierno del Estado, así como de los archivos municipales. Es el enlace con el Sistema Nacional de Archivos.

Sistema informático. Conjunto de elementos necesa­rios para la realización y explotación de aplicaciones informáticas. Se encarga del estudio y manejo de los sistemas de información, la herramienta principal de la información es la computadora, de ahí que estén es­trechamente relacionadas. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar actividades de una organización.

Sistema Institucional de Archivos. Es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estruc­turas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado, derivado de la Actividad archivística, de acuerdo con los procesos de gestión documental.

Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). Es el mecanismo permanente de concurrencia, comu­nicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático, entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores público, privado y social, con el fin de propiciar sinergias para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos, así como establecer las acciones prioritarias de mitigación y adaptación en todo el país, ante tal fe­nómeno.

Al SINACC lo integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático (C3); las entidades federativas; las asociaciones de autoridades municipales; y el Congre­so de la Unión.

Sistema Penitenciario. El Sistema Penitenciario se constituirá sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como ejes rectores del tratamiento técnico progresivo, para lograr la reinserción social del sentenciado y pro­curar que no vuelva a delinquir, observando los benefi­cios que, para ello, prevé la ley.

Sistemas automatizados de gestión documental y control de correspondencia. Se refiere a aquellos sistemas Informáticos que permiten la organización y conservación de la información de los archivos admi­nistrativos de las Instituciones, órganos u organismos gubernamentales de forma completa, actualizada y con estándares de seguridad.

Sistemas y/o infraestructura tecnológica. Es el con­junto de hardware y software sobre el que se asientan los diferentes servicios que las organizaciones necesi­tan tener en funcionamiento para poder llevar a cabo toda su actividad, tanto operativa o de gestión interna.

Sitio de ocurrencia. Es el espacio o lugar físico iden­tificado al momento en que se llevó a cabo la infrac­ción. Para efectos del CNGSPSPE 2016 se clasifica en: hogar (lugar de residencia), lugar de trabajo, lugar de recreación, vía pública, transporte público, y otro sitio de ocurrencia.

En el hogar (lugar de residencia). Es toda cons­trucción o parte de ella, señalada como lugar de residencia habitual de una o un conjunto de perso­nas que pueden ser o no familiares, siendo así la casa independiente, el departamento en edificio, casa en vecindad, vivienda en cuarto de azotea, vivienda móvil y cualquier otro que tengan por se­ñalado como domicilio particular, principal o per­manente.

En algún lugar de trabajo. Es el espacio físico destinado a la ejecución de actividades laborales, in­dependientemente de su actividad económica, entre los cuales se ubica el, negocio, empresa, escuela, fábricas, establecimiento, predio agrícola, instala­ciones gubernamentales, instituciones privadas, así como cualquier otro en donde un trabajador perma­nezca o pueda acceder para desempeñarse laboral­mente.

En algún lugar de recreación. Espacio físico en donde no se tiene libre acceso, ya que permite la en­trada de ciertas personas, destinado exclusivamente para fines personales o reuniones privadas. Inclu­ye lugares de recreación, tal sea el caso de clubes nocturnos, bares, cines, restaurantes, hoteles, par­ques de diversiones, clubes deportivos, palenques, rodeos, salones de fiesta, estadios y cualquier otro lugar que restringa la entrada al público en general.

En la vía pública. Lugar accesible a cualquier tipo de personas, delimitado por los perímetros de la propiedad destinada al libre tránsito de personas y/o vehículos. Para tal efecto, se consideran los siguientes: las calles, carreteras, circuitos para bi­cicleta, banquetas, brechas, pasajes, camellones, andadores, isletas, parques, jardines, explanadas, iglesias y/o santuarios, mercados, plazas públicas u otro lugar o vías que permitan el libre acceso a cualquier persona.

En algún transporte público. Espacio o lugar des­tinado al movimiento de personas, tal sea el caso de estaciones del metro, paraderos de vagonetas,

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microbuses y/o autobuses, sitios de taxis, aero-puertos, estaciones de tren, barcos y puertos.

Otro sitio de ocurrencia. Contempla aquellos si-tios que por sus características no se contemplaron en las definiciones anteriores.

Solicitante (Transparencia). Persona física o mo-ral que interpone una solicitud de información públi-ca ante el sujeto obligado.

Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican por los siguientes tipos de solicitantes:

Persona física. Individuo con capacidad para con-traer obligaciones y ejercer derechos.

Persona moral. Agrupación de personas que se unen con un fin determinado, adquieren derechos y obligaciones por lo cual no se rigen como sujetos individuales sino como institución, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil.

Anónimo. Personas que omiten la publicación de cualquier tipo de información que permita identificar-los, de tal forma que sus nombres o datos persona-les (por ejemplo, su dirección, teléfono, patrimonio, etc.), no aparezcan en ninguna versión pública de información.

No identificado. Corresponde a los casos en don-de no es posible conocer la identidad del solicitante, de tal forma que no puede ser identificado legal-mente, lo que no permite clasificarlo en las varia-bles de “Persona física” o “Persona moral”.

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Tema o eje rector. Son los lineamientos o directri-ces que sirven de guía para ubicar puntos y delimitar áreas estratégicas, en el ejercicio de la función públi-ca es la línea que transmite el sentido de orientación de las acciones de gobierno.

Terminación de las quejas interpuestas en materia de Derechos Humanos. Forma de dar por finalizada la solicitud de la queja siempre y cuando no haya con-cluido por recomendación o acuerdo de no responsa-bilidad y/o violación, conclusión.

Tiempo de respuesta de las autoridades. Es el pla-zo en que las autoridades toman las acciones necesa-rias para atender las llamadas, alertas o previsiones en materia de protección civil, y la inmediatez de los plazos de respuesta.

Tipo de red. Tipo de conjuntos de dos o más compu-tadoras conectadas entre sí, para compartir recursos e información. Los cuales son clasificados de acuerdo a su tamaño y distribución lógica y cada Sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de in-formación entre ordenadores.

Tipos de conducta. Conductas administrativas efectuadas por los servidores públicos que, duran-te el ejercicio de sus funciones, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, faltan a las obligaciones previstas en la ley o normatividad co-rrespondiente.

Para efectos del CNGPSPSE 2016, se consideran las siguientes:

Negligencia administrativa. Conducta que realiza un servidor público al incumplir el servicio que le es encomendado o realizar cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho ser-vicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Omisión en la presentación de la declaración patrimonial. Conducta que realiza un servidor público al incumplir la obligación de presentar con oportunidad y/o veracidad las declaraciones res-pecto a la situación de su patrimonio (ingresos, bie-nes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos), del patrimonio de su cónyuge y/o depen-dientes económicos, en los medios que se propor-cionen para tal fin.

Violación a las leyes y normatividad presupues-taria. Actos u omisiones que impliquen el incumpli-miento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa, como utilizar indebidamente los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, beneficios adicionales a las contrapresta-ciones otorgadas por el desempeño de su función, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, o que pudieran incrementar su valor, como donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí o para familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, que procedan de cualquier perso-na física o moral cuyas actividades se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el funcionario público en cuestión.

Nepotismo. Conducta efectuada por el servidor público que interviene, por motivo de su encargo, en cualquier

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forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda re­sultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor pú­blico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Otras cometidas con motivo del servicio públi-co. Contempla todas aquellas conductas que no hayan sido enunciadas en las descripciones an­teriores, pero que por sus características refieran acciones u omisiones que efectúen los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Tipos de Contingencia (Fenómenos perturbado-res). Para efectos del CNGPSPSE 2016, se considera al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona deter­minada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada.

Trabajadores Sociales. Servidores Públicos capaci­tados para facilitar información sobre los estudios rea­lizados a las personas que soliciten los servicios de defensoría, con el objeto de auxiliar en su labor a los defensores de oficio.

Trámite. Cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo descentra­lizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en general, con el fin de que se emita una resolución, así como cualquier documen­to que dichas personas estén obligadas a conservar. También es considerado el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa.

Transparencia. Son las acciones u obligaciones que tie­ne el Gobierno de la Entidad Federativa, para dar a co­nocer, entre otra, la información acerca de las acciones del gobierno, del marco legal, las políticas de planeación, administración de los programas, servicios públicos, in­formación sobre la gestión y los recursos de la propia Entidad Federativa.

Transporte no motorizado. Se refiere principalmente a la movilidad peatonal al uso de bicicleta.

Transporte privado. Transporte de carga o de perso­nas que carece el uso de rutas, horarios o disposición al público en general.

Transporte público urbano. Todo medio de transporte que se caracterice por el uso de rutas, horarios y se encuentre a disposición del público en general.

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Unidad Administrativa. Es el conjunto de elementos personales y materiales con estructura jurídica con las que cuentan las instituciones que conforman la Adminis­tración Pública de cada Entidad Federativa, con el objeto de dar cumplimiento a las funciones que tienen conferi­das en sus respectivas disposiciones normativas. Son todas aquellas que formaron parte de la estructura or­gánica de la Administración Pública de la Entidad Fede­rativa para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Ley Orgánica o Reglamento Interior correspondiente. No debe considerar a los órganos desconcentrados y/u organismos descentralizados sectorizados a la Entidad Federativa.

Unidad de Correspondencia. Es la encargada de brindar los servicios centralizados de recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro de las instituciones. Cabe mencionar que en algunos lugares es conocida genéricamente como “Unidad de Corres­pondencia”, “Unidad Central de Correspondencia”, “Oficialía de Partes” o “Ventanilla Única”.

Unidad económica. Es el espacio físico destinado a la ejecución de actividades laborales, independiente­mente de su actividad económica, entre los cuales se ubica el, negocio, empresa, fábricas, establecimiento, predio agrícola, instalaciones gubernamentales, insti­tuciones privadas, así como cualquier otro en donde un trabajador permanezca o pueda acceder para des­empeñarse laboralmente.

Unidad integradora de información. Unidad admi­nistrativa de nivel jerárquico superior del Sector Pú­blico que, como parte de sus funciones, lleva a cabo actividades para reunir, analizar y organizar, en un producto dirigido al público en general, información es­tadística producida mediante diferentes métodos, por parte de varias unidades administrativas de una o más instituciones.

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Valoración y disposición final. Es el análisis e iden­tificación de los valores documentales de acuerdo con su naturaleza administrativa, jurídica, legal, contable

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o fiscal que permitan establecer los criterios de con­servación temporal, permanente de eliminación, con­forme a lo dispuesto en el Catálogo de disposición documental.

Vía Pública. Espacio terrestre de uso común, delimita­do por los perímetros de las propiedades destinado al libre tránsito de personas y vehículos. Para tal efecto, se considera las calles, carreteras, circuitos para bicicleta, banquetas, brechas, pasajes, camellones, andadores, isletas u otras vías reservadas a peatones o al tránsito de vehículos.

Víctima. Sujeto que sufre alguna afectación directa de los delitos previstos en la ley.

Para efectos del CNGSPSPE 2016, se clasifican por los siguientes tipos de víctimas:

a) Persona física, individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos.

b) Otro tipo de víctima:

i) Sociedad, es el conjunto de individuos relacio­nados entre sí por la acción recíproca de la vida en común.

ii) Estado, es un concepto jurídico-político que se refiere a una forma de organización social soberana, formada por un conjunto de institucio­nes públicas, que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.

iii) Persona moral, agrupación de personas que se unen con un fin determinado, adquieren derechos y obligaciones por lo cual no se rigen como suje­tos individuales sino como institución, por ejem­plo, una sociedad mercantil, una asociación civil.

c) No identificada, todos aquellos casos en los que no se cuente con información sobre el tipo de víctima, es decir, que se desconozca si la víctima fue una “Persona física” u “Otro tipo de víctima”.

Víctimas mortales. Personas que pierden la vida por el impacto de cualquier tipo de agente perturbador en una comunidad.

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