Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el EjércitoDocumentos desclasificados de Estados Unidos, muestran cómo ha prevalecido en el Ejército colombiano la mentalidad de que ganar la guerra es causarle más bajas a la guerrilla y esto a ha conducido a que inflen el “conteo de cuerpos” matando civiles.

Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escán-dalo de los “falsos positivos” – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que lue-go fueron presentados como muertos en combate de la guerrilla para inflar los números de ba-jas causadas al enemigo (body count). Un informe militar sobre el asunto que aún no ha sido conocido en su totalidad llevó a la salida de 30 oficiales del Ejército y la renuncia del general Mario Montoya, el comandante en jefe del Ejército, quien durante muchos años había promo-vido la idea de usar el “body count” para medir el progreso en la lucha contra las guerrillas.

Pero la forma como fue conducida la investigación –en absoluto secreto y con consecuencias legales para los responsables aún inciertas—despierta varios interrogantes. ¿Es esta nueva purga de personal militar, sin que haya habido una investigación imparcial dirigida por civi-les, realmente suficiente para cambiar la cultura en el Ejército colombiano? ¿Divulgará el Ejército colombiano alguna vez los resultados del informe?

Con estas preguntas en el aire, una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive de Washington D.C., describen cómo el “síndrome del body count” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentali-dad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos—y ha incen-tivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir abiertamente frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinato.

El registro más antiguo sobre este fenómeno específico que aparece en la colección de los Ar-chives es de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. En un caso, McNamara cuestiona la versión de los militares de que habían muerto a nueve guerrilleros en El Ramal, Santander en junio 7 de ese año.

“La investigación de Instrucción Criminal y la Procuraduría sugieren con fuerza … que los nueve fueron ejecutados por el Ejército y después vestidos en traje de fatiga. Un juez militar que llegó a la escena aparentemente se dio cuenta de que no había agujeros de bala en los uni-formes que coincidieran con las heridas en los cuerpos de las víctimas…”

Al mismo tiempo, la Embajada empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad co-lombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos para-militares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas” según el cable desclasificado (19900727.pdf).

Un cable de cuatro años después, del entonces embajador Myles Frechette subrayaba la mis-ma tendencia. Encontró que la mentalidad del “body count” o conteo de bajas del enemigo persistía entre los oficiales del Ejército colombiano que buscaban ascender. El funcionario Adjunto de Defensa de la Embajada (cuya sigla en inglés es DAO) reportó que “oficiales de campo que no pueden demostrar una trayectorias de agresiva actividad anti-guerrillera (que es cuando ocurren la mayoría de las violaciones a los derechos humanos por parte de los milita-res) quedan en desventaja a la hora de los ascensos”.  Más aún, la declaración del ministro de Defensa Fernando Botero de que había “una creciente conciencia de que cometer violaciones a los derechos humanos podía bloquear el camino del asenso de un oficial”, era según el DAO, “pensar con las ganas”. (19941021.pdf).

Un reporte de inteligencia de la CIA, también de 1994, fue más allá. Encontró que las fuerzas

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de seguridad colombianas continuaban “empleando tácticas de escuadrones de la muerte en su campaña contrainsurgente”. El documento, una revisión de la política de César Gaviria contra la guerrilla, destacó que los militares colombianos tenían una “historia de asesinar a civiles de izquierda en áreas de presencia guerrillera, cooperando con grupos paramilitares asociados al narcotráfico en ataques contra sospechosos de ser simpatizantes de la guerrilla y matando combatientes capturados”.  Tradicionalmente, el Ejército no había “tomado prisioneros de la guerrilla”, según el informe, y los militares han “tratado la nueva política de derechos humanos de Gaviria como un requi-sito formal”.(19940126.pfd).

Hace apenas unos diez años, otro informe de inteligencia, ya publicado por el National Securi-ty Archive, y basado en una conversación con un coronel del Ejército colombiano sugirió que el rápido crecimiento del paramilitarismo durante esa era estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano.

“Esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores. También po-dría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asis-tentes del Ejército colombiano y así le ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”.

El coronel no identificado también estaba “íntimamente relacionado” con el caso del general Rito Alejo del Río Rojas, “sobre quién tenía pocas cosas buenas qué decir”. La cooperación de militares con paramilitares “venía dándose por algunos años”, dijo el oficial, “pero se puso mucho peor bajo el mando de Del Río”.  Otros dos comandantes, los generales Jorge Enrique Mora y Harold Bedoya estaban entre los “que miraban para otro lado” con respecto a la colusión entre militares y paramilitares, dijo el coronel, refiriéndose a “la época en que Mora era brigadier general comandando la gran Cuar-ta Brigada en Medellín… en 1994-95”. (19971224.pdf).

La comandancia de la Cuarta Brigada, un cargo que servía para lanzar a oficiales que querían subir la cadena de mando, ha sido acusada por mucho tiempo de colusión con grupos parami-litares locales.  El diario Los Angeles Times reportó en 2007 sobre un informe de la CIA desclasificado que vinculaba al general Montoya con operaciones conjuntas entre militares y paramilitares en Medellín cuando fue comandante de la brigada en 2002. Quien lo reemplazó en 2008 como comandante en jefe del Ejército, Oscar González, también comandó la Cuarta Brigada, y otras unidades en la conflictiva área de Medellín.

En ningún otro caso como en una operación de falsos positivos de febrero de 2000 fueron tan evidentes los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares. En esta, paramilitares de las ACCU y el Ejército colombiano, casi en simultánea, reclamaron para sí el logro de haber ma-tado a dos guerrilleros desmovilizados cerca a Medellín. Un documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos sobre el asunto, firmado por el embajador Curtis Kamman infor-mó sorprendido:

“Las Accu (que los testigos dijeron que habían secuestrado a los dos) declaró que sus fuerzas los ejecutaron, mientras que la Cuarta Brigada del Ejército (que liberó los cuerpos al día si-guiente) presentó a los muertos como guerrilleros del ELN muertos en combate con el Ejérci-to. Después de estas declaraciones contradictorias, se despertaron en los locales el miedo y la confusión, y hombres armados robaron los cadáveres de la morgue…”

Kamman llamó a estas muertes como “un caso claro de complicidad Ejército-paramilitares” que “aumentaría aún más el de por sí alto nivel de interés de la organizaciones no guberna-mentales en el tema de los vínculos de la Cuarta Brigada con los paramilitares”. El embajador dijo además que era “difícil sacar otra conclusión fuera de que los paramilitares y el Ejército simplemente no habían podido cuadrar bien sus versiones con anticipación”.(20000208.pdf).

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Entonces mientras que los oficiales del Ejército colombiano revuelan para “cuadrar bien sus versiones” en respuesta al reciente escándalo, vale la pena destacar que el “conteo de bajas” (body count) y los “falsos positivos” tienen una historia institucional en la fuerzas armadas colombianas que se remonta a varios años atrás. Y, si bien son bienvenidas las recientes medi-das para limpiar de las filas militares de oficiales asociados a estas prácticas, claramente no son suficientes. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por cuánto tiempo ha venido sucediendo? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Dónde están enterrados los cadáveres?

Los documentos desclasificados de Estados Unidos pueden dar pistas, pero es poco probable que podamos responder estos interrogantes salvo que el Ejército colombiano haga público y difunda su informe completo sobre el escándalo de los “falsos positivos”. Hasta entonces, al parecer, seguirán prevaleciendo el secreto y la impunidad sobre la transparencia y la justicia en Colombia.

*Michael Evans es investigador de una organización sin ánimo de lucro de Washington DC, la National Security Archive, que se dedica a conseguir que se le levante la reserva a la mayor cantidad posible de documentos oficiales en temas relacionados con la seguridad de ese país. Evans ha venido siguiendo por varios años la desclasificación de documentos relacionados con Colombia. http://www.nsarchive.org/colombia

Corte Penal Internacional ya indaga sobre 'falsos positivos', 'parapolítica' y financiación a Farc

El pimero de noviembre se acaba la salvaguarda que le impidió por 7 años co-nocer crímenes de guerra. Pero desde hace meses varias misiones han llegado a recaudar información de casos específicos.

Sudán, el Congo, Colombia, Uganda... Funcionarios del Gobierno colombiano manifestaron su malestar cuando, en mayo último, en un video sobre el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) -en el que aparece el fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo-, el país fue incluido en el paquete de naciones en su mira, al lado de otras en donde se registran las más grandes tragedias humani-tarias de la historia reciente. Ese día se confirmó que Colombia está bajo 'ob-servación oficial' de la CPI, término diplomático que significa que ya hay casos concretos de lesa humanidad y posibles genocidios, que, en su criterio, podrían terminar en su órbita si se prueba que en el país no se impartió eficaz justicia. Fatou Bensouda, fiscal adjunta de la CPI, lo ratificó por esos días en una reu-nión en Bruselas: "Situaciones en cinco países de cuatro continentes están bajo análisis: Colombia, Georgia, Costa de Marfil, Kenia y Afganistán". Y, a partir del primero de noviembre, su radar se ampliará. Ese día expira la salvaguarda fir-mada por los presidentes Pastrana y Uribe, que impidió por 7 años que la CPI conociera uno de los capítulos más extensos del conflicto: los crímenes de gue-rra (que tienen que ver directamente con enfrentamientos armados). Sin em-bargo, la Corte no empezará de ceros en Colombia. Ya le ha pedido al Gobierno información sobre casos de lesa humanidad y genocidios: En marzo del 2005, indagó sobre conductas de este tipo atribuidas a jefes 'paras', guerrilleros y, también, a la Fuerza Pública. Y en julio del 2008 el fiscal jefe de la CPI, Luis Mo-reno Ocampo, le solicitó al Gobierno precisar si la extradición de líderes 'paras' a E.U. -país que no suscribió el Estatuto de Roma, que le dio vida a este tribu-nal- podría afectar el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes bajo su competencia, incluyendo ex Auc y políticos. "Los 'paras' han confesado muchos crímenes -dice en el video el fiscal Moreno-, pero, ¿Colombia ha pre-guntado quién los financió y les dio soporte político y quién dio las órdenes?". Y advirtió: "La Corte intervendrá cuando los estados no realicen investigaciones o ellas no sean genuinas". Significa que puede revisar casos en los que hubo con-denas nimias y no se identificaron todos los autores. La CPI también indagó por apoyos externos (de personas y países) a grupos ilegales colombianos y sobre el PC de 'Raúl Reyes'. No es gratuito que emisarios de las Farc estén indagando en La Haya cómo funciona esa justicia. Los dos visitantes Lo que pocos saben es que, de manera paralela, el fiscal Moreno ha enviado varias misiones a re-caudar información sobre casos específicos. Paul Seilis, su fiscal auxiliar, inició la primera indagación en julio del 2008 y hoy la sigue Monserrat Carbonell. "Se han reunido con fiscales de DD.HH. y de Justicia y Paz; delegados ante la Corte

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Suprema y magistrados de ese tribunal. Y han recibido información de ONG", dice una fuente judicial que coordinó personalmente los encuentros. Pregunta-ron por nombres específicos en 'parapolítica' y por un general (r). Tomaron nota de masacres, violencia sexual, desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y nexos entre políticos y procesados en Justicia y Paz. En muchos de esos cam-pos, la justicia tiene resultados para mostrar. En la más reciente respuesta a la CPI, el embajador de Colombia ante los Países Bajos, Francisco Lloreda -interlo-cutor oficial con ese tribunal-, destacó los "esfuerzos significativos en la aplica-ción de la Ley de Justicia y Paz". Y en diálogo con EL TIEMPO, habló de los lo-gros de la Fiscalía (en la administración Iguarán) en casos como 'falsos positi-vos', que, en su criterio, no se constituirían en delitos de lesa humanidad por no ser una práctica generalizada y sistemática. La justicia, liderada por la Corte Suprema, también ha condenado a 11 políticos por nexos con 'paras'; hay 7 en juicio; 32 en indagatoria; 8 en versión libre; y 25 en indagación. Niños soldados Pero hay varios huecos que le podrían dar cabida a la justicia internacional. El mismo fiscal Moreno, aunque reconoce los avances en las investigaciones y la fortaleza de las instituciones colombianas, ha dicho que "hay una gran contra-dicción frente a los niveles de violencia e impunidad". Hay preocupación por un estancamiento de Justicia y Paz que podría abrirle puertas a la CPI. ¿La razón? La única condena obtenida tras cuatro años, se cayó por procedimiento. Y cerca de dos mil desmovilizados que pidieron cupo ni siquiera han aparecido. En cuanto a las guerrillas, todos los de sus cúpulas están condenados. Pero no hay uno solo pagando cárcel. "Eso también es justicia ineficaz", dice la responsable de una ONG. Y hay dos caras dramáticas del conflicto en las que la justicia co-lombiana no avanza y que, precisamente, son la esencia de los juicios que lleva la CPI contra líderes de grupos armados en Congo y Uganda: reclutamiento de niños y violencia sexual. En Colombia, la Vicepresidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Reintegración están dándole los últimos retoques a una estrategia para ubicar a centenares de menores que estaban con los 'paras' y que, como lo verificó EL TIEMPO el año pasado, simplemente fueron enviados a sus casas días antes de las desmovilizaciones. Según ONG, en los últimos cinco años han sido reclutado a 17.000 niños. Las Farc, con la mitad de esa cifra, son el principal responsable; seguidas por bandas emergentes en La Guajira, Cesar, Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño. "Sin duda, el reclutamiento de menores en Colombia va a ser tema de la CPI -dice uno de los altos responsables de Unicef en Colombia-. Entre otras razones porque las penas de la CPI son más severas que las previstas acá". En cuanto a violencia sexual, los 'paras' apenas han con-fesado 10 casos, aunque las mujeres víctimas de abuso por todos los grupos ar-mados podrían pasar de 10 mil. Las prescripciones y el represamiento de expe-dientes son otro hoyo negro. En la Justicia Penal Militar, por ejemplo, hay 13 mil expedientes en el limbo y 707 prescritos que fueron denunciados por el propio Ministerio de Defensa. Es más, esa cartera optó por delinear un plan judicial y de Derechos Humanos, para enfrentar las posibles indagaciones de la CPI, que, indudablemente, ya está aquí. Mario Iguarán Ex fiscal General de la Nación "Hay resultados a la vista, en 'falsos positivos', desaparición forzada... Y en el Estado hay una cultura de respeto a la CPI. Pero también hay insatisfacciones como la expresada en la condena por la masacre de La Rochela en la que tribu-nales externos le dicen a Colombia que no pueden perdonar que en estos casos no haya una real justicia". Eduardo Cifuentes Ex magistrado y decano de la U. de Los Andes "Al levantarse la salvaguarda habrá una garantía adicional contra la impunidad. Se envía una señal a los grupos armados ilegales y al mismo Es-tado de la gravedad de atentar contra la población civil. Obliga a la justicia a operar con fluidez y a los países a actuar frente a los crímenes". Augusto Ra-mírez Ex canciller "El efecto que buscaron los presidentes Pastrana y Uribe al disponer la salvaguarda no se produjo. Se hizo para que los grupos armados ile-gales, especialmente la guerrilla, entraran en un proceso de paz y evitar que les fueran aplicadas las normas que ahora van a entrar en vigencia". Guillermo Mendoza Diago Fiscal General (e.) "La justicia colombiana no ha dejado la puer-ta abierta para que entre la CPI. La Fiscalía y demás instancias judiciales han investigado y emitido sentencias. Creo que habrá casos que se ventilen allá, pero con base en lo que ha hecho la justicia aquí, la CPI, no tendría razón para suplirnos". Iván Cepeda Castro Representante de las víctimas. "Los resultados son pobres: no hay condenas en Justicia y Paz ni reparación a las víctimas por la vía judicial. Además, 18 ex jefes paramilitares están en E.U. y eso no garanti-za que haya justicia. No tenemos estándares satisfactorios de justicia y esto lo considerará la CPI". Gustavo Gallón Giraldo Comisión Colombiana de Juristas. "La salvaguarda fue una decisión contraria a los derechos de las víctimas y re-tardó la posibilidad de que la CPI ejerciera jurisdicción plena en Colombia. Lo único que tiene que hacer el país es que sus instituciones impartan justicia so-bre las graves violaciones a DD.HH". ¿Sirvió la salvaguarda? ¿Qué viene ahora? Innecesarios. Así califica el ex senador Jimmy Chamorro -ponente del proyecto

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que convirtió en Ley el Estatuto de Roma-, los siete años de salvaguarda pedi-dos por Colombia a la CPI. "No sirvieron para nada. Fue el peor error que pudo cometer el Gobierno, porque no logró lo que quería: Los jefes 'paras' fueron ex-traditados a Estados Unidos y tampoco sirvió para adelantar un proceso con las Farc", asegura. Y añade: judicialmente tampoco hubo resultados en este lapso. "El esfuerzo de Justicia y Paz para investigar a los autores de crímenes de gue-rra desapareció y se convirtió en algo inocuo tras la extradición de los 'paras', que se siguen negando a hablar. Esa extradición le puso una bomba de tiempo a Justicia y Paz". El ex congresista advierte que, ahora, al levantarse la salva-guarda, esto podría servir como mecanismo pacificador: "Pero quienes insistan en cometer estos delitos serán catalogados como criminales de guerra y, de no cesar sus métodos, podrán ser juzgados por el tribunal internacional". UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA

Publicacióneltiempo.com

SecciónJusticia

Fecha de publicación10 de octubre de 2009

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A partir de esa fecha, de acuerdo con el documento obtenido por El Nuevo Herald, se pagarían millones de dólares en recompensas por "la captura o el abatimiento en combate'' de miem-bros de organizaciones al margen de la ley, así como por la incautación de armas, pertrechos y hasta caballos de la insurgencia.

El Gobierno colombiano sostiene que el programa secreto sirvió para la captura de altos man-dos de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Pero en un país bajo un sangriento conflicto civil y con uno de los índices de violencia más al-tos del mundo, están surgiendo testimonios e indicios de que la directiva podría haberse con-vertido en un fatal aliciente para algunos militares, que se dedicaron a matar civiles inocentes a fin de cobrar las recompensas, presentándolos como guerrilleros muertos en combate.

Estas ejecuciones, conocidas como "falsos positivos'', constituyen hoy el escándalo de viola-ción de derechos humanos más escabroso de los últimos años en Colombia, un país ya ago-biado por una prolongada y sangrienta guerra civil.

Según las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, este organismo investiga 1,855 ase-sinatos de civiles ajenos al conflicto que fueron interceptados, secuestrados y en algunos ca-sos drogados por "reclutadores'', intermediarios de los militares.

Luego, según los testimonios aportados a los expedientes de la fiscalía, habrían sido ejecuta-dos por miembros de las fuerzas armadas. Algunos de los muertos aparecieron con uniformes de las FARC intactos, sin agujeros de disparos.

La creciente cifra de falsos positivos ha provocado una alarma internacional.

Philipe Alston, relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, se en-cuentra esta semana en Bogotá recaudando testimonios y otras pruebas sobre la práctica que se extendió por casi todo el país.

Entre las víctimas se encuentran niños de 14 a 16 años, retrasados mentales, un indigente que trabajaba como mimo/estatua en el centro de la ciudad de Neiva, drogadictos y hasta un solda-do del mismo ejército. En algunas de las casas de los ejecutados visitadas por El Nuevo Herald sus padres aún hoy exhiben los diplomas del servicio militar.

Aladino Ríos, un campesino del pueblo de Palestina, en el departamento del Huila, relató a El Nuevo Herald paso a paso cómo se salvó de haber sido ejecutado por sus captores, a quienes describió como un grupo de militares de la 9na. Brigada del ejército.

Ríos perdió sus testículos por una ráfaga que le dispararon los militares cuando escapaba.

En su casa de los cerros de Soacha, una populosa ciudad al sur de Bogotá, Blanca Nubia Mon-roy se llenó de rabia cuando contó a los reporteros de El Nuevo Herald cómo varios miembros de su familia habían dedicado su vida al ejército, incluyendo un hermano que fue muerto por la guerrilla.

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"Todo esto para que ahora ese mismo ejército me entregue el cadáver de mi hijo con un repor-te falso de que murió como guerrilero de las FARC'', dijo Monroy. "Le di un hermano a este país, lo mató la guerrilla, y ahora ellos me quitan, me matan un hijo sin razón''.

Hasta el día antes de ser supuestamente dados de baja en cruentos combates, los jóvenes se preparaban para trabajar o estaban en sus pueblos, bailando o jugando billar.

En uno de los casos denunciados, un campesino víctima de la ejecución fue reconocido por un tío suyo, perteneciente al ejército, en el momento en que otros militares de su batallón lo ente-rraban como combatiente anónimo de las FARC en un cementerio cercano al municipio Puente de Oro, en el departamento del Meta.

El origen del dinero

Colombia es el país que recibe más fondos de Estados Unidos en el hemisferio occidental, y aunque no existen evidencias de que las recompensas pagadas a civiles o militares por falsos positivos provengan de fondos del gobierno estadounidense, algunas de las unidades presun-tamente involucradas en los asesinatos han recibido dinero y entrenamiento de Washington, según un informe del 2007 de Amnistía Internacional y la organización Fellowship on Reconci-liation, con sede en Nyack, New York.

De hecho, en una de las disposiciones de la Directiva ministerial permanente #29 se estipula que los fondos para pagar las recompensas saldrán en parte de la ayuda internacional y serán manejados por las unidades de inteligencia.

El contralor general de Colombia, Julio César Turbay Quintero, explicó a El Nuevo Herald que en una auditoría que su oficina realizó este año a los batallones señalados de la ejecución de falsos positivos, no se encontraron pruebas de pagos con fondos extranjeros, aunque advirtió que el acceso que sus investigadores tienen a los gastos reservados del Ministerio de Defensa es muy limitado.

"Es difícil establecer [el origen del dinero] porque tenemos limitaciones para ir a la fuente; so-lamente estamos autorizados por la ley a revisar los documentos suministrados por las fuer-zas militares'', dijo Turbay.

Medidas y recompensas

Frente a la crisis de los falsos positivos, el Gobierno del presidente Alvaro Uribe ha tomado al -gunas medidas que, no obstante, han sido criticadas por tardías y por no tener consecuencias legales.

En noviembre del año pasado, el comandante del ejército, general Mario Montoya, y 17 altos oficiales, renunciaron en medio de los primeros indicios del escándalo que había sido sistemá-ticamente negado por el Gobierno.

Sólo algunos de los oficiales han sido investigados judicialmente. Otros han sido ''recompen-sados'', como lo denunció en marzo pasado el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy.

"El general Montoya renunció bajo presión debido al escándalo de los falsos positivos y fue castigado, como siempre ocurre en Colombia, nombrándosele embajador'', afirmó Leahy, quien sigue de cerca la situación del país sudamericano.

Actual embajador en República Dominicana, Montoya es señalado por activistas de derechos humanos como el promotor de una política de "conteo de cadáveres'' que generalizó en las Fuerzas Armadas la necesidad de mostrar resultados basándose excesivamente en las esta-dísticas de bajas del enemigo.

Montoya ha preferido no referirse al tema con los medios de comunicación y no está disponi-ble para comentarios. El Gobierno ha admitido que existieron los falsos positivos pero que al-gunos abogados y organizaciones han exagerado el número de casos.

En enero de este año, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que el gobierno está dispuesto a luchar contra los falsos positivos hasta el final.

"Aquí hay una decisión clara y contundente del Presidente y de los altos mandos para erradi-car de raíz el tema de los llamados falsos positivos'', dijo.

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Uribe ha defendido el plan de recompensas. En noviembre pasado, durante un consejo comu-nitario en el departamento de Antioquia, relató que sus colaboradores lo llamaron preocupa-dos por la discusión que había surgido en torno al plan de las recompensas y los falsos positi -vos.

"Les dije: 'Vean, ¿cómo vamos a poner ahora en duda algo bien útil, que ha sido la política de recompensas?' '', comentó Uribe. "Ayer pude explicar: la política de recompensas no es para la Fuerza Pública [. . .] se paga recompensa a los civiles que con su información le permitan a la Fuerza Pública tener eficacia en las acciones contra los criminales''.

En mayo pasado Uribe pidió claridad en las estadísticas.

"El Gobierno tiene que ser tan firme para evitar, sancionar y buscar la sanción de los falsos po-sitivos, como para denunciar las falsas denuncias que tanto daño le hacen a esta Política de Seguridad Democrática'', afirmó Uribe durante la sexta rendición de cuentas sobre derechos humanos, una periódica reunión gubernamental.

Firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, la directiva ha sido citada por críticos y activistas de derechos humanos como un posible detonador de los falsos positi -vos.

Desde soldados que reconocen que recibieron vacaciones como premio a sus acciones, hasta el actual fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, han planteado serios interrogantes.

"¿No será que el afán por el positivo y las ansias por las recompensas que permitían acciones en contra están generando estos graves y oscuros procesos?", se preguntó Iguarán el pasado noviembre cuando estalló el primer escándalo de los falsos positivos. A partir de la lectura de la directiva, agregó, "puede hacerse una interpretación que lleva a la delincuencia''.

El congresista opositor Gustavo Petro no descarta que la directiva "pudo haber determinado en buena parte que centenares de jóvenes fueran asesinados como inocentes a través de des-apariciones forzadas''.

Estadisticas suspicaces

Quizás el pasaje más palpable de los estragos de la política de recompensas dentro del ejérci-to quedó plasmado en una declaración del sargento Alexander Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación en enero del 2008.

El sargento declaró que siendo miembro de la 15ta. Brigada Móvil, acantonada en la ciudad de Ocaña, departamento del Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, fue testigo de homici-dios de inocentes cometidos por militares para hacerlos pasar como bajas en combate.

Entre sus declaraciones denunció que, en noviembre del 2007, un "sargento Ordóñez'' ordenó que cada soldado bajo su mando aportara $10 para contribuir a comprar una pistola de regla-mento que habían utilizado para colocársela a un hombre al que habían matado, para hacerlo pasar por guerrillero.

Todos pagaron para "legalizar'' el muerto como "baja en combate'' porque sabían que ''nos da-ban cinco días de descanso por cada muerto'', declaró Ordóñez.

Un análisis de las estadísticas también despierta suspicacias.

En una carta que el Procurador General de la Nación envió en noviembre del 2007 a Santos, en-tonces ministro de Defensa, el funcionario afirmó que los fusilamientos atribuidos a las fuerzas del orden habían aumentado a partir del 2005, fecha en que fue aprobada la directiva secreta.

De 200 casos conocidos para ese año por el organismo investigador, la cifra subió al año si-guiente a 274; y en lo que iba del 2007 el día de la carta, sumaban 252.

La directiva, conocida en su totalidad por El Nuevo Herald, ofrece $2.5 millones por los máxi-mos cabecillas que, sin ser del más alto rango, "son públicamente reconocidos por sus atroci-dades en su accionar contra la población''.

En un segundo nivel, se pagan uno $900,000 por los cabecillas de grupos responsables de pla-nificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas.

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Si el muerto, adicionalmente, lleva un fusil, el precio de la recompensa fijado en la directiva sube en $500. Por una granada de mano: $50. Si viste un pantalón y una camisa de uso militar, se suman $10 por cada uno. Y si, acaso, el cadáver tiene una ametralladora Punto 50, son $1,500 más.

Asimismo, la directiva contempla 245 objetos, desde la captura de una guadañadora eléctrica para cortar césped ($15) hasta un caballo ($5), pasando por una cámara fotográfica digital ($100) o una mira telescópica para carabina ($35).

La captura o muerte del terrorista debe hacerse con base en "información recolectada en for-ma previa, posterior o con información hipotética de inteligencia y/o contrainteligencia, lo mis-mo que el prontuario o antecedentes delictivos de los sujetos reportados''.

Dado que la disposición ministerial es secreta, en ninguna instancia del Gobierno se dan expli-caciones sobre su aplicación. Unicamente se sabe que la directiva está vigente porque así lo confirmó hace varias semanas Santos, antes de dejar el Ministerio de Defensa.

Otro tipo de recompensas por bajas en combate se concede en forma de días de descanso para los militares. Varias organizaciones que investigan el tema de los falsos positivos sostie-nen que los muertos durante supuestos combates aumentan considerablemente en vísperas de fechas como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y Día de la Madre.

Disculpas ofrecidas

El pasado 10 de junio, el Comandante General de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla de León, presentó en Bogotá un informe sobre el avance de 15 disposiciones adoptadas para tratar de frenar las ejecuciones extrajudiciales.

Padilla, quien ya le ha ofrecido disculpas al país por esos homicidios, estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, y los inspectores de las fuerzas armadas.

"Quiero decirles a los colombianos que marchen con tranquilidad, que los efectos positivos de los ajustes que estamos realizando son para bien de nuestro esfuerzo operacional, un esfuerzo con transparencia y eficiencia'', dijo Padilla.

Jaramillo, por su parte, advirtió que a pesar de todos los controles que puedan adoptarse para garantizar el respeto de los derechos humanos, nunca podrán decir que no volverá a pasar otra vez un caso similar.

"Pero lo que sí podemos decir es que cuando ocurran estaremos ahí, inmediatamente, investi-gando'', señaló Jaramillo.

[Fuente: Por Gonzalo Guillén y Gerardo Reyes, El Nuevo Herald, Miami, 13jun09]Condenan a teniente por muerte de 2 hermanos en "falso positivo" en Colombia

EFE , Bogotá | 01/07/2011 | Comenta | Votar + 0 - 0 | Imprimir twitter

Un teniente del Ejército colombiano fue condenado a 32 años y tres meses de prisión por los homicidios de dos hermanos, presentados como guerrilleros muertos en combate, en un caso más de los llamados "falsos positivos", informaron hoy fuentes judiciales.

La condena afecta al teniente Luis Alfonso Tangarife Narváez, procesado por los homicidios de los hermanos Jaime de Jesús y Andrés Fernando Marín Guarín, cometidos en el municipio de Concepción, en el departamento de Antioquia (noroeste).

La pena fue impuesta por un juzgado del municipio de Rionegro,

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también en Antioquia, "luego de valorar las pruebas recopiladas por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH (Derecho Internacional Humanitario), que logró demostrar la responsabilidad del oficial en el delito de homicidio en persona protegida", precisó la Fiscalía en un comunicado.

Según las fuentes, el doble asesinato fue cometido el 2 de diciembre de 2004 cuando una patrulla militar "condujo mediante engaños a las víctimas, reportadas luego como abatidas en combate con guerrilleros del frente 'Bernardo López Arroyave' del ELN (Ejército de Liberación Nacional)".

El oficial permanece recluido en una guarnición militar.

El jueves, un juzgado de la localidad de Frontino, también en el noroeste de Colombia, condenó a siete militares a 20 años de prisión cada uno por el asesinato de tres civiles a los que presentaron igualmente como guerrilleros abatidos en combate.

Los condenados fueron un teniente, dos cabos y cuatro soldados de un batallón adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, capital de Antioquia, señaló la Fiscalía.

En Colombia hay en investigación actualmente unos 2.000 casos de "falsos positivos", como se conocen esos crímenes cometidos presuntamente por militares, que presentan a civiles como guerrilleros abatidos, para lograr dádivas y permisos de sus superiores.

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