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1 -CAPÍTULO 3- EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA FUNCIÓN MINISTERIAL Federico Lefranc Weegan Lizbeth Campos Espinoza PAPER
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-CAPÍTULO 3-
EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA FUNCIÓN MINISTERIAL
Federico Lefranc Weegan
Lizbeth Campos Espinoza
PAPER
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-CAPÍTULO 3-
EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
FUNCIÓN MINISTERIAL
Sumario
Unidad I. La dignidad humana, los derechos humanos y el agente del Ministerio
Público. Unidad II. Porque se han cometido actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad. 1. Las normas de derechos humanos como
prohibiciones tajantes, 2. normas de derechos humanos como principios positivos, 3.
El surgimiento de organismos internacionales de protección. Sistemas Universales,
regionales y locales,4. El individuo como sujeto de derecho internacional de
derechos Unidad III. La trascendencia de la dignidad humana en el derecho penal del
siglo XXI, 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La
universalidad, el reconocimiento de la dignidad humana y la proyección de un nuevo
orden, 2. La sustitución del concepto de súbdito por el de ciudadano. El deber del
Estado de servir a sus ciudadanos, 3. La dimensión sustancial del Estado de Derecho
. La garantía de contenido esencial, 4. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos como fundamento, 5. ¿Qué entiende el Derecho por dignidad humana?
Una breve aproximación, Unidad IV. El marco jurídico internacional de protección
de los derechos humanos, 1. La evolución de los instrumentos de protección de los
derechos humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, 2. Estándares internacionales en materia de derechos humanos, 3. Los
principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos
por el Estado mexicano a través de las normas más relevantes para la actividad
ministerial, Unidad V. El marco social y jurídico mexicano. El derecho interno y los
instrumentos internacionales de los derechos humanos. Unidad VI. Persona.
Derechos compartidos. Unidad VII. Las normas de derechos humanos: su
interpretación en la función ministerial.
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Unidad I. La dignidad humana, los derechos humanos y el agente del Ministerio
Público
¿Qué es el Ministerio Público? Es una pregunta reiterada, una pregunta importante,
pero antes de contestarla conviene reflexionar acerca del hecho de que hay una
pregunta previa de mayor relevancia: “¿Quién es el agente del Ministerio Público? Y
es fundamental contestarla, porque el agente del Ministerio Público, antes de
desempeñar un rol o de ejercer una función o una representación, es alguien; es decir,
estaremos hablando siempre de una persona.
Esta reflexión es importante, porque es muy común que se homologue al agente del
Ministerio Público con la Institución de la que forma parte; sin embargo, no debe
olvidarse que el Estado es un concepto abstracto que ha servido para identificar a la
asociación a la que se le debe hacer exigible un derecho. El agente del Ministerio
Público tiene un rostro y cada función que realiza de igual forma la lleva a cabo en
favor de la sociedad. La sociedad, a su vez, se traduce en personas que acuden a él,
de modo tal que hablamos de un sistema en el que todas las personas son sujetos de
derechos y obligaciones, calidad que no debe olvidarse en ningún caso.
¿Y quién es una persona, en términos del discurso de los derechos humanos? Una
persona en las sociedades del siglo XXI, además de muchos más atributos, es un
portador de derechos. Que cada uno pueda ser considerado como portador de
derechos es el resultado de una larga historia para poner límites al ejercicio arbitrario
del poder.1
Esta idea de que cada persona es portadora de derechos alcanzó su pleno desarrollo
hasta la segunda mitad del siglo XX. Sólo entonces se concretaron diversas cuestiones
que ahora resultan de capital importancia, tales como la idea de una misma dignidad
1 Peter Häberle, El Estado Constitucional, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Colombia, 2002, especialmente el parágrafo 2, “La vinculación entre dignidad humana y democracia”.
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que debe ser reconocida a todos los seres humanos, la pretensión de universalidad de
un grupo de derechos que son atribuidos a cada persona sin condición alguna y la
intención expresa de que no se repitan actos de barbarie que fueron calificados de
ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Cuestiones que, por la importancia
que tienen, se abordan en el contexto en el que se proclamó la universalidad de los
derechos y su sustento en el reconocimiento de la dignidad humana.2
A manera de premisas, hay que destacar las siguientes cuestiones que se
desarrollarán en los párrafos subsecuentes.
En el siglo XXI, los límites al ejercicio del poder del Estado se imponen a través de
normas jurídicas de orden superior que identificamos como derechos humanos.
Todos y cada uno de los seres humanos de forma individual deben estar protegidos
por estas normas jurídicas superiores. Los derechos humanos son normas jurídicas
que recogen valores de especial significación para la comunidad internacional, de allí
su carácter superior, además de que se trata de normas que se aplican al interior de
cada Estado, y que son derechos en el sentido estrictamente jurídico, sin importar la
clase de instrumento en el que se encuentren enunciados; es decir, 1) son normas
jurídicas. 2) Son normas de orden superior: ya sea que estén en la Constitución o en
los Tratados, Convenios, Declaraciones o Protocolos, su característica distintiva en
tanto normas superiores es que operan como principios fundamentales. 3) Son de
cumplimiento obligatorio para todos los Estados, incluyendo, por supuesto, el
mexicano.
Una concepción nueva de lo que se entiende como derechos humanos debe satisfacer
las premisas anteriores para contribuir a reducir el riesgo de que cualquier Estado, a
través de sus representantes, vuelva a cometer aquellos actos que una vez fueron
calificados como ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Para comprender el
verdadero alcance y significado de estas normas jurídicas es imprescindible conocer 2 “La promoción de una cultura basada en la exaltación de la dignidad humana, de una cultura de la libertad, la igualdad y la solidaridad, en definitiva, de una cultura de los derechos, desde la que sea posible responder a los grandes problemas de la humanidad, no puede lograrse sin el apoyo y desarrollo de una enseñanza, no sólo presidida por esos referentes, sino además, que permita entenderlos y justificarlos”. Rafael de Asís Roig, Escritos sobre Derechos Humanos, Ara, Perú, 2005, p. 55.
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su historia reciente. Esta historia inició en 1948 con la proclamación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y significó un cambio
profundo en la concepción del derecho, del sujeto de derecho y de su relación con el
Estado.
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Unidad II. Porque se han cometido actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad
Introducción
La idea de derechos humanos en el siglo XXI tiene un significado específico y sólo se
puede comprender conociendo la historia reciente. La historia nos recuerda que hace
apenas unas pocas décadas la humanidad estuvo a punto de destruirse a sí misma
durante la Segunda Guerra Mundial. El recuerdo de esta destrucción quedó plasmado
en el instrumento jurídico más importante de nuestro tiempo, la DUDH del 10 de
diciembre de 1948.
El segundo considerando de la DUDH nos recuerda los motivos que la originaron. En
él se afirma que se cometieron actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad. De esta afirmación se debe desprender la voluntad de la comunidad
internacional de que nunca más se vuelvan a cometer esa clase de actos. Esa voluntad
representa uno de los significados más importantes para los derechos humanos en el
siglo XXI.3
Los actos de barbarie mencionados se refieren a la restricción de los derechos más
elementales, a la legalización del racismo, a la institucionalización de la
deshumanización y de la exclusión de grupos completos, a la criminalización de la
oposición política, a la suplantación de poderes e instituciones legítimos, al
fanatismo y a la intolerancia, al endurecimiento del sistema penal, a las leyes de
esterilización de incapaces, al desarraigo y a la emigración forzada, a las masacres de
intelectuales, a la práctica generalizada de la tortura, a la experimentación con seres
humanos, a la concentración de colectivos completos en campos de trabajo forzado o
en campos de exterminio, y al final a la decisión de exterminar grupos humanos
completos de las formas más crueles e inhumanas que se hayan podido concebir; no
3 Para una discusión amplia sobre las implicaciones del segundo considerando de la Declaración Universal de 1948, Vid., Federico Lefranc, Sobre la Dignidad Humana. Los Tribunales, la Filosofía y la Experiencia atroz, Ubijus, México, 2011, en especial el capítulo III.
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sólo judíos, sino también gitanos, serbios, homosexuales, disidentes políticos, entre
otros.
Cometidos por muchos Estados, estos actos de barbarie, que van desde Auschwitz
hasta Hiroshima y Nagasaki, se refieren también a la indiferencia y a la omisión
criminal de quienes a nivel individual o en representación de Instituciones y Estados,
se enteraron de las atrocidades que estaban cometiéndose y no hicieron nada para
detenerlas.
Sin olvidar que todo ello sucedió y se permitió dentro de órdenes legales, todo
sancionado por miles de modificaciones a las leyes y reglamentos, y de
transformaciones de hecho en muchos Estados.4
En ese contexto, los responsables de estos actos que fueron calificados como
ultrajantes para la conciencia de la humanidad fueron los Estados, pero no en
abstracto, sino a través de los representantes de sus poderes. Vale la pena insistir en
que no se trató de los actos de individuos aislados, sino cometidos por funcionarios
en nombre de los Estados, aprovechando todo el poder que poseían como
representantes de dichos Estados.
1. Las normas de derechos humanos como prohibiciones tajantes
Este reconocimiento explícito de responsabilidad por la barbarie que los Estados
hicieron en la Declaración Universal, se traduce desde entonces en prohibiciones
básicas para los propios Estados; las prohibiciones de tortura, de tratos y penas
crueles inhumanos y degradantes, de pena de muerte, de experimentos con seres
humanos, la prohibición de que los niños participen en las guerras y otras muchas,
que son el claro ejemplo de esa necesidad de poner un límite a las acciones
4 Ibídem.
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arbitrarias de poder que, como ya se ha señalado, estuvieron legitimadas, a pesar de
su calidad inhumana.5
Todas estas prohibiciones aparecen en diversos instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos a partir de la DUDH. El ámbito más protegido
que atañe a esta prohibición de la barbarie se recoge en el Derecho Penal
Internacional, que está estrechamente relacionado con el derecho internacional de los
derechos humanos. En el ámbito penal, estas prohibiciones aparecen caracterizadas
como delitos contra la humanidad en cuatro grandes categorías; a) El crimen de
genocidio. b) Los crímenes de lesa humanidad. c) Los crímenes de guerra. d) El
crimen de agresión. Estas categorías se desarrollaron para agrupar las conductas más
graves que se pueden atribuir a los Estados;6 por ejemplo, en el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional fueron definidos como crímenes contra la humanidad los
siguientes:
“A. Crímenes de lesa humanidad
A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad"
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho
ataque:
Asesinato;
Exterminio;
Esclavitud;
Deportación o traslado forzoso de población;
Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas
fundamentales de derecho internacional;
Tortura; 5 Para una aproximación a la concepción de legalidad en el orden jurídico nacionalsocialista vid., , Bernd Rüthers, Teoría del Derecho. Concepto, validez y aplicación del derecho, Ubijus, México, 2009; en especial el epígrafe 16, “Raza y derecho: las teorías jurídicas durante el Nacional Socialismo”. 6 Kai Ambos, Los crímenes más graves en el Derecho Penal Internacional, INACIPE, México, 2005.
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Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;
Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el
párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo
al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente
párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
Desaparición forzada de personas;
El crimen de apartheid;
Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
A los efectos del párrafo 1:
Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de conducta que
implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una
población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de
cometer esos actos o para promover esa política;
El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la
privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la
destrucción de parte de una población;
Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad
sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el
tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el desplazamiento de
las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén
legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin
embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven
únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
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Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se
ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición
étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho
internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de
derecho interno relativas al embarazo;
Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de derechos
fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del
grupo o de la colectividad;
Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a
los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen
institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno
o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el
secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización,
apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o
dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de
dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.7
Esta clase de crímenes fueron definidos así, expresamente, porque han sido
cometidos por diversos Estados a lo largo de la historia reciente en contra de sus
propios ciudadanos o de quienes han sido considerados como rivales por alguna
facción del propio Estado.8
2. Las normas de derechos humanos como principios positivos
Este segundo considerando que alude a los actos de barbarie mencionados, debe
interpretarse junto con el primer considerando del Preámbulo que reconoce
expresamente la misma dignidad inherente a todos los seres humanos y que se
7 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Artículo 7. 8 “[…] no se declara la guerra a nuestra propia nación”, afirma Luigi Ferrajoli. Recordamos esta afirmación en razón de que no se debe perder de vista que aun el denominado crimen organizado es originado por factores multicausales, y no puede etiquetarse en ningún caso a aquellos que forman parte de la sociedad como enemigos de ésta, y tampoco deben de ejercerse actos de barbarie en nombre de la legitimación de la seguridad.
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traduce, en especial, en el ámbito del Derecho Penal, en una serie de principios
positivos de cumplimiento obligatorio para los Estados, que protegen a todo
individuo acusado de haber cometido un delito.9
Uno de los principios más relevantes en este sentido es el del denominado “debido
proceso”. Éste, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos
humanos, comprende cuando menos el siguiente conjunto indivisible de derechos:
El acceso a la jurisdicción; es decir, el derecho a ser oído, con todos los derechos y
garantías, por un Tribunal; el derecho a la igualdad en el proceso; el derecho a la
igualdad ante la ley; el derecho a un Tribunal competente, independiente e imparcial;
el derecho a la integridad personal; el trato digno durante la detención y la
investigación de las acusaciones; el derecho a un plazo razonable de duración del
proceso; el derecho a una defensa adecuada; la presunción de inocencia; el derecho a
conocer con precisión la imputación en su contra; el derecho a recurrir el fallo ante
un Tribunal superior (es decir, el derecho a la segunda instancia); el uso mínimo de
la prisión preventiva, y la solicitud de penas sustitutivas de prisión. Estos principios
recogen la larga historia de los derechos humanos en el ámbito penal, en una lucha
llena de tensiones que tuvo algunos de sus momentos clave durante el Siglo XVIII y
que hizo crisis en la Alemania nacionalsocialista y, en general, en muchos Estados
del mundo occidental durante la Segunda Guerra Mundial.
3. El surgimiento de organismos internacionales de protección. Sistemas
Universales, regionales y locales
Una consecuencia del desarrollo de todos estos derechos fue la decisión de crear
órganos especializados para su protección, en especial la jurisdiccional, empezando
por la Organización de las Naciones Unidas que tiene carácter internacional o
universal. Otros órganos universales se pueden ejemplificar con la Corte Penal
9 Fundamental para una exposición amplia sobre la evolución del Derecho Penal como instrumento de garantía para el acusado. Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995.
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Internacional. Además se han creado órganos regionales en Europa, África y
América. En este último continente funcionan órganos como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En
Europa cuentan con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, se
espera que cada Estado haya instituido sus propios órganos internos de protección
jurisdiccional de los derechos humanos, éstos por lo regular están representados por
los Tribunales Constitucionales. En México esa función de protección jurisdiccional
la cumplen los Tribunales de la Federación de manera general y en especial la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
4. El individuo como sujeto de derecho internacional de los derechos humanos
Otra consecuencia importantísima que se deriva del proceso de discusión de la
DUDH es el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional,
ya que antes sólo los Estados eran sujetos de este derecho. Pero al reconocer que
los actos de barbarie que tanto indignaron a la humanidad fueron cometidos por
los Estados a través de sus representantes, y que frente a esos actos la persona
común se hallaba por completo indefensa, se resolvió modificar de manera radical
esa posición de indefensión que se revela a la perfección en el siguiente discurso
de 1933: “Hacemos lo que queremos de nuestros socialistas, de nuestros
pacifistas, de nuestros judíos, y no tenemos que soportar control alguno ni de la
Humanidad ni de la Sociedad de Naciones”.10
Ese discurso, que revela con claridad la imposibilidad de la persona para defenderse
del Estado, cambió radicalmente a partir de la DUDH y de todo el desarrollo que los
derechos han tenido a partir de ese momento.
Ya en el marco de la Declaración Universal, unas décadas más tarde la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary
Robinson, hizo una declaración que pone de manifiesto este cambio radical que 10 Discurso de Goebbels ante la Sociedad de Naciones en 1933, en Juan Antonio Carrillo, Dignidad frente a la barbarie, Trotta, Madrid, 1999, p. 13.
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permite ahora al individuo particular enfrentar a cualquier Estado cuando sufre
una violación de sus derechos: “La protección de los derechos humanos no puede
detenerse en las fronteras nacionales de ningún país; ningún Estado puede decir
que la manera que tiene de tratar a sus ciudadanos es un asunto exclusivamente de
su incumbencia”.11
Esto significa que en la actualidad todos estamos protegidos por el derecho
internacional de los derechos humanos y que cualquier individuo, en caso de sufrir
una violación a estos derechos, tiene la posibilidad de pedir la protección de
organismos locales, regionales o internacionales, y demandar al Estado que ha
producido esta violación.
En resumen: para evitar que los Estados a través de sus representantes cometan de
nuevo actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana, es que se ha
desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos, que contiene una
serie de prohibiciones tajantes para los Estados, así como un grupo de principios
positivos de protección para el individuo, que en conjunto dan forma a lo que hoy
conocemos como “Estado de Derecho”. Cabe señalar que este sistema de protección
de los derechos humanos es de carácter obligatorio para quienes se adhieren a él, y
en ningún caso podrá ser potestativo, lo que genera en consecuencia que el Estado
mexicano, junto con los poderes que lo integran, tengan la obligación de hacer valer
estos derechos en favor de la sociedad; ello, además, en congruencia con el artículo
1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas
las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en los Tratados
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
11 loc. cit.
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Unidad III. La trascendencia de la dignidad humana en el derecho penal del
siglo XXI
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. La universalidad, el
reconocimiento de la dignidad humana y la proyección de un nuevo orden
La dignidad humana no aparece expresamente en las declaraciones clásicas de
derechos humanos. Es decir, no está enunciada en la Declaración de Independencia
de los Estados Unidos de 1776, ni en la Declaración francesa de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789. Estas declaraciones tuvieron como presupuestos
la vida, la libertad y la propiedad.12
Es importante destacar dos características que vuelven única la DUDH; la primera se
refiere al reconocimiento de la dignidad humana como sustento de todo orden y de
todo derecho. Desde ese momento se atribuye a todos los seres humanos igual
dignidad. La segunda, igual de importante, se refiere precisamente a su pretensión de
universalidad. Se proclaman los mismos derechos para todas las personas, en todas
partes del mundo, sin importar su raza, sexo, condición social, capacidades, etcétera.
Ni, por supuesto, el Estado al que pertenezcan.
Estas dos características vuelven esta declaración de 1948 un documento único.
La Declaración Universal contiene entonces la expresión más contundente de la
dignidad humana en el Derecho. Como antecedente conviene tomar en cuenta que
entre los motivos que compelieron a la comunidad internacional a organizarse en
junio de 1945, bajo la forma de las Naciones Unidas, estuvo el de “reafirmar la fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
12 Luigi Ferrajoli,Derechos y Garantías, la ley del más débil, Trotta, España, 1999. Además, sobre la propiedad considerada anteriormente como derecho fundamental, en 1947, la Comisión de la UNESCO para las bases técnicas de los derechos humanos admitió este supuesto en sus conclusiones, recogidas en: Edward Carr, et. al., Los Derechos del Hombre, Laia, Barcelona, 1973, p. 400.
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humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes
y pequeñas”, que aparece en la Carta de las Naciones Unidas. Desde ese momento, y
hasta nuestros días, la dignidad humana ha sido invocada por los más diversos
instrumentos jurídicos, siendo el principal de ellos la DUDH. A partir de esta
Declaración, la dignidad humana se reconoce como sustento de los llamados
derechos humanos que, en este contexto, son principios jurídicos que recogen valores
reconocidos por la comunidad mundial. Entre ellos están la libertad, la vida, la igual
dignidad, la seguridad, la propiedad, la educación y el trabajo.
Los derechos que contiene la DUDH se consideran obligatorios para todos los Estados
en un sentido complejo, al haber sido adoptados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas; es decir, al ser producto del consenso de la comunidad
internacional. Estos derechos, a los que originalmente se consideró como directrices,
se interpretan en la actualidad de acuerdo con los principios de integralidad,
interdependencia, progresividad y universalidad, en conjunto con una constelación de
derechos agrupados en diversos instrumentos que rigen el derecho internacional de
los derechos humanos; de allí su carácter obligatorio al momento de dirimir una
controversia en un Tribunal Internacional. A partir de esos principios, ninguna
persona debe quedar excluida de la protección de los derechos humanos en el mundo
aunque pertenezca a un Estado no signatario de la DUDH.13
En ese sentido, todos los operadores del derecho están obligados a tener un
conocimiento sólido del derecho internacional de los derechos humanos para que
alcancen verdadera eficacia en el ámbito nacional. Esta perspectiva permite que hoy
se considere al Ministerio Público como un protector y promotor obligado de los
derechos humanos contenidos en la Declaración Universal y en todos los
instrumentos internacionales que de ella se derivan.
Esta obligación de conocer a fondo el contenido de los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos es de especial trascendencia, dado que un
derecho sólo puede ser considerado como tal en la medida en que pueda hacerse 13 Cfr. José Rubio, “La universalización diferenciada de los derechos humanos”, en Ciudadanos sin democracia. Nuevos ensayos sobre ciudadanía, ética y democracia, Comares, Granada, 2005.
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valer, de forma que el Estado debe asumir su responsabilidad de manera integral; es
decir, no basta saber que existe un derecho que hay que proteger, éste debe ser
entendido, difundido e introyectado en su propio sistema.
Esta protección y promoción se debe traducir de manera elemental en el respeto
obligado de los estándares de derechos humanos en particular relevantes para la
procuración de justicia. Este respeto se materializa, por ejemplo, en el derecho
fundamental al debido proceso, o en los derechos de las víctimas.
Especial relevancia cobra la atención que el agente del Ministerio Público debe
brindar a víctimas de delitos cometidos por representantes del Estado; en ese caso,
además de delitos se configuran violaciones graves a los derechos humanos, en los
casos de tortura y de desaparición forzada de personas, entre otros. En esas
circunstancias, el agente del Ministerio Público debe ser en especial cuidadoso de no
agravar el sufrimiento de la víctima y no tratarla como sospechosa por el hecho de
estar denunciando a un funcionario público cuando así sea necesario.14
Conviene entonces recordar de forma permanente que los derechos humanos son
límites al ejercicio arbitrario del poder del Estado y que estos límites toman su forma
actual a partir de su reconocimiento en la DUDH.
En resumen, hay que recordar que toda lucha por los derechos contiene la proyección
de un orden nuevo,15 y que en la actualidad dicho orden encuentra su fundamento en
la DUDH.16
14 De especial importancia para el tema de las responsabilidades de los fiscales en materia de derechos humanos, Egbert Myjer, Manual de Derechos Humanos para Fiscales, Asociación Internacional de Fiscales, La Haya, 2009. 15 En ese sentido, como institución de un nuevo orden, afirma Martin-Retortillo, “la Constitución, cualquier Constitución, es la respuesta que se da con intención de superar una época y dejar afirmadas anteriores carencias”, Lorenzo Martin-Retortillo, La Europa de los derechos humanos, CEPEC, Madrid, 1998, p. 275. 16 Para cualquier estudioso del Derecho, y en especial para los operadores jurídicos es recomendable conocer la historia de las principales declaraciones de derechos, desde la Carta Magna hasta la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como referente. Y es ineludible el estudio profundo de la DUDH de 1948 y de los muchos instrumentos que en ella se sustentan. Para una breve pero substanciosa aproximación al tema vid., Pietro Costa, Ciudadanía, Marcial Pons, Barcelona, 2010.
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Es previsible que durante su ejercicio como Ministerio Público enfrente a alguna
persona, ya sea acusado o víctima, que alegue haber sufrido violaciones a sus
derechos humanos. Lo recomendable será profundizar en el asunto recordando que
en algunas ocasiones la misma conducta configura violaciones a los derechos
humanos al mismo tiempo que delitos.
2. La sustitución del concepto de súbdito por el de ciudadano. El deber del
Estado de servir a sus ciudadanos
Una de las grandes consecuencias del reconocimiento de la dignidad humana por el
Derecho, a partir de la DUDH, fue que se revisó la concepción de la relación entre el
individuo y el Estado. Si hasta antes de la Segunda Guerra Mundial el individuo era
concebido como súbdito, subordinado de forma absoluta al Estado, como antes al
rey, después de la guerra se tuvo que aceptar que en la relación individuo-Estado,
quien posee una dignidad inherente es el individuo y que por tanto el Estado a través
de todos sus poderes debe estar a su servicio.17
La invocación a la dignidad humana en la DUDH originó un nuevo paradigma,
porque recogió el resultado de una profunda transformación en la concepción de
las relaciones del individuo con el Estado, que puede ser concebida como un
orden nuevo. En palabras de Pietro Costa: “la lucha por los derechos desarrolla la
doble función de deslegitimar los regímenes existentes y proyectar un orden
alternativo”.18
17 Así lo dispone, por ejemplo, el artículo 1.1 de la Constitución Alemana o el 10.1 de la Constitución Española. Así lo ha interpretado en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de Rubro: DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES Localización: Novena Época, Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, p, 8, Tesis: P. LXV/2009, Tesis aislada, Materia (s): Constitucional. Vid. supra. 18 Costa, op. cit., p. 122.
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Recordemos que en las discusiones que cristalizaron en la Ley Fundamental de Bonn
se plasmó la convicción de que el Estado debe estar para servir al ser humano y no el
ser humano al Estado.19 Antes de ese momento histórico en el que se pensaron la
Carta de las Naciones, la Declaración Americana de Derechos Humanos, y la DUDH,
no se había invocado la dignidad en los instrumentos jurídicos con ese sentido; es
decir, como fundamento de todo orden y de todo derecho. Tampoco se le había
invocado con una pretensión explícita de universalidad. Su invocación es también
paradigmática, porque a partir de ese momento se distingue en lo jurídico la dignidad
de la libertad.20
La dignidad así invocada ofrece el fundamento de los nuevos pactos, al haberse
originado en el postulado con valor jurídico enunciado por Zagrebelsky: “Tomarás
posición frente a la realidad conforme a lo que proclamo”,21 y que continúa
afirmando, “y lo que aquí se proclama es que los nuevos pactos se habrán de
sustentar en el respeto por la dignidad humana”. Este postulado da sentido a buena
parte del Derecho contemporáneo. Se trató con claridad de un acto instituyente que
tuvo la pretensión de dar forma a una nueva sociedad22 históricamente identificable,
fundada en el respeto por la dignidad de todos. Sujeto de la actuación del Estado y no
objeto del mismo.
19 “Después de la experiencia del nacionalsocialismo y de la influencia de las ideas de las potencias de ocupación aliadas, el Consejo parlamentario quiso expresar de manera inequívoca que, con la dignidad humana como valor supremo, también los derechos del hombre y del ciudadano son inviolables en su contenido esencial y obligan a todos los poderes del Estado a respetarlos y a protegerlos”. H. Schneider, Democracia y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 124. 20 Federico César Lefranc Weegan, Holocausto y dignidad. Significado y fin de la invocación a la dignidad humana en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Ubijus, México, 2009. 21 Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 4ª ed. Trotta, Madrid, 2002, p. 119. 22 “La institución de la sociedad es siempre también (no conscientemente) ontología general y especial. Dicha institución establece, debe establecer siempre, lo que es cada cosa particular, toda relación y todo conjunto de cosas y también lo que ‘contiene’ y hace posible la totalidad de las relaciones y de los conjuntos: el mundo”. Cornelius Castoriadis, Los dominios del hombre. Las encrucijadas del laberinto, Gedisa, Barcelona, 2005, p. 182. Anticipemos algo sobre el poder práctico de las instituciones: “…las instituciones establecen mecanismos para traducir una ideología (como las causas del mal) a procedimientos operativos (como la caza de brujas del Santo Oficio)”, Philip Zimbardo, El efecto Lucifer. El porqué de la maldad, Paidós, Barcelona, 2008, p. 32.
PAPER
19
Es a partir de ese reconocimiento que se realiza la dignidad humana en el Estado
Constitucional. Sujeto individual, autónomo, con una identidad propia que concreta
su representación como sujeto, ha escrito Häberle.23 El Estado debe estar para servir
al ser humano y no el ser humano al Estado, es la premisa del nuevo orden. Es esa la
manera de concebir a las personas a partir de la DUDH y de los instrumentos que de
ella se han derivado.
3. La dimensión sustancial del Estado de Derecho. La garantía de contenido
esencial
La garantía de contenido esencial de los derechos fundamentales frente al legislador
apareció en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial como un
intento de proteger al más alto nivel aquellos derechos que habían sido considerados
como fundamentales por el poder constituyente de cada Estado. De esta manera se
pretendió proteger la esencia de cada constitución para que no pudiera ser
modificada de manera arbitraria ni siquiera por el poder constituyente.
Esta garantía constituye un límite al poder normativo del Estado. Precisamente por
todo lo ocurrido en los Estados totalitarios durante la primera mitad del siglo XX, en
donde se pretendió dar un cariz de legalidad a la barbarie que se estaba cometiendo,
aprobando leyes como las de Nuremberg se comprendió que el poder normativo del
Estado no debe ser absoluto. Se decidió entonces poner límites a este poder. En
algunos casos esos límites aparecen en las propias constituciones, en otros,
contenidos en los instrumentos internacionales.
En el caso del Estado mexicano, estos límites al poder normativo del Estado están
contenidos en dos de los instrumentos internacionales más importantes para nuestro
sistema jurídico: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su
artículo 29 prohíbe a los Estados parte suprimir, limitar o excluir el goce de los
derechos contenidos en la propia Convención y en otros instrumentos de la misma
23 Peter Häberle, La Constitución como cultura, op. cit. pp. 20-21.
PAPER
20
naturaleza, y en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
donde se prohíbe a los Estados parte destruir o limitar los derechos y libertades
contenidos en éste, y que proscribe también restringir o menoscabar los derechos
humanos ya reconocidos o vigentes en el propio Estado parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres.24
Ambos instrumentos están por completo vigentes en nuestro Estado y fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1980,
respectivamente, y las normas de interpretación que establecen los artículos citados
constituyen, en efecto, la garantía de derechos mínimos que el Estado mexicano no
puede disminuir mediante su legislación.
La garantía de contenido esencial de los derechos fundamentales frente al legislador,
desde la perspectiva de la protección internacional de los derechos humanos, intenta
proteger las condiciones básicas que mencionamos al principio y que constituyen los
ejes rectores de esta protección; 1) el respeto, protección y promoción de la dignidad
humana, y 2) la intención de impedir que los Estados, a través de sus funcionarios,
repitan, de cualquier forma, aquellos actos que fueron calificados de ultrajantes para
la conciencia de la humanidad.
4. La Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento
A partir de la promulgación de la DUDH, ésta es referida consistentemente como
fundamento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos, y aparece, por lo general, en el preámbulo de dichos instrumentos, junto
con la referencia a la dignidad humana que se está protegiendo. En ese sentido,
fundamenta en cuando menos tres diversos órdenes a la sociedad internacional.
24 Vid. el parágrafo “El marco social y jurídico mexicano. El derecho interno y los instrumentos internacionales de los derechos humanos”.
PAPER
21
Este documento presta su sustento desde el punto de vista social porque expresa una
forma de vida común que fue asumida por la comunidad internacional como
respuesta a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial; es decir, enuncia la forma de
vida en común a la que queremos acceder y a la vez las expresiones negativas que no
estamos dispuestos a tolerar. Por eso es que se considera a la DUDH como uno de los
pilares de las sociedades actuales.
Es un sustento desde el punto de vista político, porque es el documento donde se
fijan las directrices más importantes de la política internacional “en el sentido de
constituirse también como criterios que establecen los límites y los requisitos
mínimos de las diferentes políticas internacionales”. Es decir que sus normas son, a
la vez, principios jurídicos de derechos humanos y directrices políticas para las
relaciones entre los diversos Estados.
Desde el punto de vista jurídico es un elemento básico del orden internacional ya que
sus normas son normas de derecho y por tener su origen en la DUDH sirven de normas
de identificación de las normas locales de cada Estado. Esto significa que las normas
internas de un Estado no deben por ningún motivo ser contrarias a las contenidas en
la DUDH.
A partir de que fue proclamada la DUDH, se ha generado gran variedad de
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En los
preámbulos de gran parte de estos instrumentos se alude expresamente a la DUDH y a
la dignidad inherente reconocida a cada ser humano, como fundamentos.
Por ejemplo, el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
afirma:
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo
puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se
crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.
PAPER
22
En el preámbulo de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
48/104 del 20 de diciembre de 1993, conocida como la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer, se sostiene lo siguiente:
La Asamblea General,
Reconociendo la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad
de todos los seres humanos,
Observando que estos derechos y principios están consagrados en instrumentos
internacionales, entre los que se cuentan la Declaración Universarl de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Para el caso concreto del principio del debido proceso, que atañe de manera directa a
la función ministerial, las Directrices sobre la Función de los Fiscales, en su
preámbulo establecen lo siguiente:
Considerando que la DUDH consagra los principios de la igualdad ante la ley, la
presunción de inocencia y el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial,
Los preámbulos de los instrumentos citados sirven como un ejemplo mínimo de la
importancia que tiene la DUDH como fundamento del orden internacional en sus
dimensiones política, jurídica y social.
5. ¿Qué entiende el Derecho por dignidad humana? Una breve aproximación
La dignidad humana se encuentra universalmente reconocida en el Derecho desde la
DUDH. A partir de ese reconocimiento, la dignidad humana es el fundamento de los
derechos humanos y de la democracia. Por lo mismo, el respeto a la dignidad
humana es también el fundamento del Estado de Derecho.
PAPER
23
Son los Tribunales Constitucionales los que se encargan de hacer la interpretación
jurídica de la dignidad humana. Hay interpretaciones de los Tribunales
Constitucionales español, alemán, italiano y colombiano, entre otros. En el sistema
jurídico mexicano la interpretación de la dignidad humana está a cargo de los
Tribunales de la Federación, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a
través de las resoluciones de Amparo.
La dignidad humana ha sido interpretada por los Tribunales Constitucionales a partir
de las siguientes nociones de la filosofía de Kant:
I. El ser humano debe ser autónomo; es decir, debe decidir sus propias normas.
II. El ser humano es un fin en sí mismo; por lo tanto, no debe ser tratado nunca
como mero medio para fines de otros.
III. Ningún ser humano tiene equivalentes; por ello, los seres humanos no deben
ser objeto de compra o venta.
Tratando de volver operativo el concepto a partir de las nociones kantianas, una
concepción jurídica en especial relevante para la dignidad en España la dio el
Tribunal Constitucional en la STC 53/1985, Fj 8:
La dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta
singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que
lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás.25
En la misma resolución, esta concepción específica se concreta en una
prohibición, la conocida prohibición Kantiana de instrumentalizar a las personas:
“La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero
instrumento”. 25 Refiriéndose a la Constitución española: “nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, que, sin perjuicio de los derechos que le son inherentes, se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”. STC 53/1985 FJ. 8.
PAPER
24
El Tribunal Constitucional Federal alemán, en la BVerfGE 45, 187 (227), también ha
sostenido que “a la norma de la dignidad de la persona subyace la ‘concepción de la
persona como un ser ético-espiritual que aspira a determinarse y a desarrollarse a sí
mismo en libertad’. La Ley Fundamental no entiende esta libertad como la de un
individuo aislado y totalmente dueño de sí mismo, sino como la de un individuo
referido y vinculado con la comunidad”.26
En el caso del orden jurídico mexicano, la interpretación de la dignidad humana
estuvo a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que
por su importancia se transcribe párrafos mas adelante. En ella, la Suprema Corte se
apega a los criterios que han sostenido otros Tribunales Constitucionales, vinculando
el reconocimiento de la dignidad humana con los instrumentos internacionales y
dotándola de contenido a partir de su relación con otros derechos, como el derecho a
la vida, a la integridad física y psíquica, al honor y a otros ligados con el libre
desarrollo de la personalidad:
Localización: Novena Época, Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Página: 8, Tesis: P.
LXV/2009
Tesis aislada, Materia (s): Constitucional
Rubro: DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA
RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS
DERECHOS FUNDAMENTALES.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que,
junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos
por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser 26 Esta última sentencia citada por R. Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 346.
PAPER
25
humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como
un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho
a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se
desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos
desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros,
el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al
nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el
propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos
personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la
República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en
todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a
la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser
humano en toda su dignidad.
Precedentes: Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio
A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve
de octubre en curso, aprobó, con el número LXV/2009, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.
Una forma de interpretación diferente de la anterior, pero íntimamente asociada con
ésta ha llevado a algunos Tribunales a vincular la dignidad humana con la
imprescindible satisfacción de necesidades humana básicas, como son las de contar
con alimento, con un hogar, con servicios de salud (incluyendo medicamentos e
instalaciones), con educación elemental y con servicios básicos en su comunidad.
Esta forma de interpretación se sostiene en resoluciones como la STC 113/1989 del
Tribunal Constitucional español, en donde se interpreta la dignidad de la persona a
partir de lo que se ha identificado como el derecho fundamental a un mínimo vital:
En este sentido la dignidad humana debe comprender como algo inherente a su
significado, no sólo algunos derechos inmateriales, sino también derechos patrimoniales
que permiten asegurar una misma existencia digna.
En el caso de Alemania, diversos autores afirman la consideración de este derecho
como el derecho fundamental a un mínimo existencial, haciendo referencia tanto a la
PAPER
26
doctrina como a la jurisprudencia en materia administrativa, aludiendo expresamente
a la BverfGE 40, 121.27
En Colombia, la Corte Constitucional, en la Sentencia de Tutela T-646/07, se ha
pronunciado en sentido parecido relacionando la necesidad de respeto por un mínimo
de dignidad para los adultos mayores, con la obligación impuesta al Estado de
garantizar el derecho a ese mínimo vital en el caso concreto.28
Esta línea de interpretación sostiene que el respeto por la dignidad humana consiste
en no privar al individuo de ese mínimo existencial, y entiende como una obligación
para el Estado no sólo no permitir que se prive de ese mínimo existencial a persona
alguna, sino promover las acciones necesarias para darle satisfacción.
Ahora bien, al referir que todo estatuto debe asegurar ese “minimun”, no debemos
perder de vista que los propios sistemas jurídicos no siempre toman en cuenta lo
anterior; al generar normas de excepción, desproporcionalidad de las penas, el propio
encarcelamiento y la pobreza extrema, se privilegia la seguridad y el bienestar de
algunos, ignorando el verdadero significado de la dignidad humana y su aplicación
universal, quedando ésta como una utopía de difícil realización.
27 Arango se refiere, entre otras, a las sentencias BVerwGE 1, 159 y BVerfGE 40, 121, en las que mediante una interpretación sistemática y/o teleológica se ha concluido que: “Un derecho fundamental a un mínimo existencial (Existenzminimum) no está expresamente establecido en la Constitución alemana. No obstante, la jurisprudencia administrativa y la doctrina jurídica están de acuerdo con que el derecho a un mínimo vital se puede justificar a partir del artículo 1, párrafo 1, junto con el artículo 2, inciso 1 o inciso 2, y el artículo 3, inciso 1, en conexión con el artículo 20, inciso 1 de la Ley Fundamental”. Cfr. Rodolfo Arango, El concepto de derechos sociales fundamentales, Legis, Bogotá, 2005, p. 129. 28 Se considera que en las acciones de Tutela, la Corte colombiana ha asumido un papel más ambicioso que los Tribunales constitucionales europeos, de modo que no se limita a declarar la existencia de la inconstitucionalidad de las leyes, sino que ha adoptado un papel marcadamente político, subrayando las omisiones de los poderes legislativo y ejecutivo, sugiriendo incluso las que deberían ser sus líneas de actuación. Vid. Beatriz Londoño Toro y Rafael Pizarro Nevado (comp.), Derechos Humanos de la Población Desplazada en Colombia. Evaluación de sus mecanismos de protección, Universidad del Rosario, Bogotá, 2005, en especial el Capítulo 1, “Los derechos de los desplazados: un ‘estado de cosas’ inconstitucional”. En dicha obra, el papel político de la Corte colombiana queda claro en el siguiente comentario: “La Corte Constitucional habla en ese sentido de que ‘la adopción de medidas a favor de los grupos marginados no constituye una competencia meramente facultativa del legislador, sino que es un mandato de acción, encaminado a transformar las condiciones materiales que engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social (sentencia T-025 de 2004)’”.
PAPER
27
En todo caso, ya no se puede poner en duda la importancia del reconocimiento de la
dignidad humana como fundamento de un nuevo paradigma del Derecho en el que
dicha importancia recae en el sujeto. Se estima que para entenderlo habría que
considerar que las personas son complejas e imperfectas, no son modelos ni sujetos
ideales, por lo que es menester del Derecho acercarse a esa complejidad individual y
social.
Abandono, olvido, indiferencia, urgencia, supervivencia, no se han estudiado de
fondo por el Derecho, no fueron tematizadas por la filosofía ilustrada y son
inherentes a la dignidad. La compasión impide que se prive al otro de su dignidad,
pero para entenderla habría que tomar en cuenta el proceso de humanización que es
largo y complejo y que se va modificando de generación en generación.
La comprensión de la dignidad se puede intentar también a partir de las expresiones
negativas de “No”, “Ya basta” y “Nunca más”, como resultado de las experiencias
concretas fruto de un doloroso proceso histórico. Las graves hambrunas y el
sufrimiento son evitables, no hemos sido congruentes y no tenemos excusas, existen
todos los medios para evitarlo y no se hace lo necesario.
Al Derecho, una vez que haya legitimado una concepción clara, sólo le
corresponderá velar por las condiciones que permitan su existencia, de manera que es
necesario efectuar acciones positivas emprendidas por la comunidad y exigidas al
Estado que está al servicio de ella y no viceversa, porque sólo así se dará sentido a la
idea de dignidad humana.
La dignidad humana es una condición que debe ser satisfecha de manera empírica y
no formal. Desde nuestro punto de vista, no hay otro principio por encima de la
dignidad humana, es ella la que existe sobre toda concepción jurídica; podemos
entenderla como la madre procreadora de este sistema de protección de derechos del
que ya se ha hablado.
PAPER
28
Unidad IV. El marco jurídico internacional de protección de los derechos
humanos
1. La evolución de los instrumentos de protección de los derechos humanos a
partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
El proceso de internacionalización de los derechos humanos empezó después de la
barbarie de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se creó la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), cuyos propósitos fundamentales se establecen en su
artículo 1 y son, en resumen: mantener la paz y la seguridad internacionales;
fomentar entre las naciones relaciones de amistad; realizar la cooperación
internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural, o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, y servir de centro para armonizar
los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
DUDH. A partir de su proclamación, el proceso de internacionalización de los
derechos humanos se volvió progresivo, ya que los Entre 1966 y 1976 se aprobaron,
adoptaron y, al fin, entraron en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
mismos que se ha considerado que junto a la DUDH, constituyen la Carta
Internacional de los Derechos Humanos.29
El proceso de Especialización de los instrumentos de protección de los derechos
humanos fue la continuación del proceso de internacionalización y se desarrolló
sobre todo a partir de la década de 1970.
29 Refiréndose a la Declaración Universal de Derechos Humanos, “Esta "Declaración junto con el ‘Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos’, el ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’ y sus espectivos protocolos opcionales, conforman la ‘Carta Internacional de los Derechos Humanos’. Estos pactos fueron establecidos el 16 de diciembre de 1966 e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos proclamados por la Declaración”, en Centro de Información de las Naciones Unidas, http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm, consultado el 7 de mayo de 2011. ]
PAPER
29
Con la especialización de los derechos humanos se busca proteger de una manera
particular a diversos grupos en condición de vulnerabilidad o cuyo ejercicio de la
libertad precisa del reconocimiento de la diferencia, como es el caso de las mujeres,
los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las
personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual, etcétera, o bien a
personas que se encuentran en situaciones especiales a las que puede ser sometido
cualquier ser humano, como la tortura, la trata de personas, los individuos en
situación de cárcel, y otras afines. Este proceso de especialización se ha concretado
en instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer de 1993, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 o el Protocolo de
Estambul, entre otros.
Ahora bien, la especialización en los instrumentos internacionales hace sentido con
las circunstancias de cada nación; es decir que no sería posible hablar de derechos de
la mujer o derechos indígenas sin que existiera una necesidad latente, de ahí la
importancia de entender que en el Estado mexicano la internacionalización del
derecho es más que una herramienta jurídica: es el reconocimiento de un sistema de
protección de derechos que se especializan por materia y que deben ser acatados de
manera natural como parte de su propio marco jurídico.
2. Estándares internacionales en materia de derechos humanos
Características de los derechos humanos en este nuevo marco que se desprende
de la dignidad humana. Universalidad, imprescriptibilidad, inalienabilidad,
progresividad, integralidad, especificidad
Las siguientes características se desprenden de los contenidos de los diferentes
instrumentos a partir de la DUDH.
PAPER
30
Los derechos humanos se derivan del reconocimiento de la dignidad humana. De una
dignidad que es inherente a cada uno, y que es la misma para todos los seres
humanos según la propia Declaración.
Son universales; es decir, válidos para todo individuo y en todo lugar. No distinguen
raza, sexo, condición, edad, capacidades, ni territorio, como se desprende del propio
instrumento.
Son imprescriptibles y progresivos; esto significa que no se pierden con el paso del
tiempo y que, una vez que se ha conquistado un derecho, permanece vigente,
acumulándosele cada vez los nuevos derechos. Sin embargo, sí se van
perfeccionando a través del tiempo, tanto en su forma de enunciación como en los
mecanismos para su protección.
Son inalienables, no pueden ser quitados a nadie por ninguna persona, institución o
gobierno. Ni pueden ser vendidos, negociados, enajenados o expropiados mediante
alguna clase de contrato o convenio, ni a través de ningún acto de autoridad del
Estado. Todo instrumento internacional de protección de los derechos humanos
establece cláusulas o principios de inalienabilidad.
Son irrenunciables, por lo que ninguna persona puede renunciar a los derechos
humanos, ni de forma voluntaria ni, mucho menos, por medio de la coacción. Son
así, precisamente por haberse derivado del reconocimiento de la dignidad humana.
Pretender renunciar a los derechos humanos sería como pretender renunciar a la
condición de ser humano.
Son intransferibles, pertenecen de forma exclusiva a la persona; por lo mismo, una
persona no puede pasar sus derechos a otra. En ese sentido, deben de ser asumidos
por el propio sujeto para sí, y por la misma razón es responsabilidad del sujeto exigir
su cumplimiento.
Son integrales, ya que todos los derechos se consideran integrados en un sólo
conjunto de manera que cuando se viola una norma de derechos humanos ⎯prevista
en uno o más artículos de un instrumento internacional⎯ se puede hablar, en sentido
PAPER
31
lato, de una violación de derechos humanos en general. Esto significa también que un
Estado no puede afirmar que en él se respetan de manera parcial los derechos
humanos, porque la protección y respeto por los derechos humanos debe de ser
siempre absoluta.
Son interdependientes, guardan una estrecha relación entre sí, de forma que en la
doctrina se llega a hablar de una constelación de derechos. Metafóricamente
podríamos imaginarlos como una red de derechos que está allí, permanente, para
protegernos.
A estas características hay que agregarles la especialización, producto de su
desarrollo progresivo; de modo que, por ejemplo, si en la DUDH sólo unos pocos
artículos hacían referencia a la niñez, para 1989 se dedicó una Convención específica
para proteger los derechos del niño a partir de normas especializadas, y en el año
2000 se agregó un Protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en los conflictos armados, dejando claro este
desarrollo progresivo y especializado al que nos referimos.
Por último, los derechos humanos, en su conjunto, representan límites normativos al
ejercicio del poder del Estado. Protegen a cada persona de un posible ejercicio
arbitrario del poder y de los abusos que de éste se pudieran derivar.30
3. Los principales instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos suscritos por el Estado mexicano a través de las normas más
relevantes para la actividad ministerial
A. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Es importante
como un primer instrumento regional que recoge las grandes directrices posteriores a
la Segunda Guerra Mundial; entre ellas, el reconocimiento de la dignidad humana.
No obstante, no es todavía un instrumento con pretensiones de universalidad.
30 Se puede comparar este parágrafo con el desarrollado en el Manual Básico de Formación para el Agente del Ministerio Público, denominado “Características de los derechos humanos”, pp. 1419 y ss.
PAPER
32
B. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el instrumento jurídico
más importante que haya emitido la comunidad internacional, y aunque en 1948 sus
normas eran consideradas como directrices o como metas a alcanzar, en la actualidad
se considera que sus postulados son de cumplimento obligatorio. De ella podemos
destacar el preámbulo en el que se hace énfasis en la dignidad humana, y su contraste
con el reconocimiento de que se hubieron cometido actos de barbarie ultrajantes para
la conciencia humana. Destacaremos de manera fragmentaria los artículos siguientes:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
[…]
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole.
C. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Destacaremos la
regulación amplia de los derechos fundamentales a la integridad personal y al debido
proceso.31 Además establece los organismos regionales de protección de los derechos
humanos como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y las reglas que los rigen.
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
D. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hace referencia a
derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un
juicio imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento,
conciencia, religión, expresión y otras libertades. Además prohíbe la privación
arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o degradantes, la 31 El derecho fundamental al debido proceso se trata con amplitud en otros parágrafos del mismo Manual.
PAPER
33
esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detención arbitrarios y la injerencia
arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o
religioso.32 Incluye la obligatoriedad para todos los Estados parte, y por tanto para el
Estado mexicano, de dar cumplimiento a los derechos humanos:
Artículo 2. […]
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de
recurso judicial;
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
E. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Los derechos
humanos que trata de promover este Pacto son de tres tipos: el derecho al trabajo en
condiciones justas y favorables; el derecho a la seguridad social, a un nivel de vida
adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar físico y mental, y el derecho
a la educación y el disfrute de los beneficios de la libertad cultural y el progreso
científico.33
Artículo 10
Los Estados Partes [¿en el original va en mayúsculas?] en el presente Pacto reconocen
que:
[…]
32 Centro de Información de las Naciones Unidas, http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm, consultado el 7 de mayo de 2011. 33 Centro de Información de las Naciones Unidas, http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/_ciddh.htm, consultado el 7 de mayo de 2011.
PAPER
34
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra
condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica
y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su
vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley.
Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.
F. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Desde el
preámbulo deja claro que todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una
negación de los principios consagrados desde la Carta de las Naciones Unidas hasta
la DUDH. Es importante destacar que desde el punto de vista jurídico la
responsabilidad por el delito de tortura recae siempre en funcionarios públicos.34
Artículo 3.
Serán responsables del delito de tortura:
a. los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen,
induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
b. las personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere
el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean
cómplices.
Artículo 4.
El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal
correspondiente.
G. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la
violencia contra la mujer “Convencion de Belem do Pará”. En primer lugar,
califica la violencia contra la mujer como una ofensa a la dignidad humana; además,
34 Una duda que persiste es “¿Por qué los secuestradores no son sancionados como torturadores si también torturan a sus víctimas?”. Sin embargo, detrás de ella está la ignorancia, porque quien la formula no toma en cuenta que las lesiones que cometa un secuestrador a su víctima agravan la condena notoriamente, de modo que aunque no sean denominados penalmente como actos de tortura, dichos actos sí tienen castigo. El tema se ampliará en el parágrafo correspondiente.
PAPER
35
reconoce el carácter histórico de esta manifestación de desigualdad entre mujeres y
hombres. Reconoce, de igual forma, que la violencia contra la mujer trasciende todos
los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión. Hay que destacar el
artículo 1, porque propone una concepción amplia de la violencia, así como de los
ámbitos en los que se produce.
Artículo 1.
Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
H. La Convención sobre Derechos del Niño de 1989. Invocando la proclama de la
Declaración Universal respecto a que la infancia tiene derecho a cuidados y
asistencia especiales, en ésta se establece como criterio prioritario el interés superior
del niño, enunciándose una serie de obligaciones que el Estado debe tomaren
consideración para satisfacer dicho interés.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño.
[…]
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
I. Directrices sobre la Función de los Fiscales. Aprobadas por el Octavo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
PAPER
36
Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990
Fueron formuladas para asistir a los Estados miembros en su función de garantizar y
promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento
penal.
Situación y condiciones de servicio
4. Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin
intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en
responsabilidad civil, penal o de otra índole.
5. Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de
que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus
funciones.
6. Las leyes o las normas o reglamentaciones de conocimiento público se establecerán para
condiciones razonables de servicio, una remuneración adecuada y, cuando corresponda,
seguridad en el cargo, pensión y edad de jubilación.
J. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, del 17 de diciembre
de 1979
A partir del deber de los Estados de proteger, promover y garantizar los derechos
humanos, este Código se aplicará en todos los casos en que se haya incorporado a la
legislación nacional, pero si ésta contiene disposiciones más estrictas que las del
Código, se aplicarán esas disposiciones más estrictas.
Artículo 1
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad
exigido por su profesión.
Artículo 2
PAPER
37
En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos
humanos de todas las personas.
[…]
Artículo 8
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente
Código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y
por oponerse rigurosamente a tal violación.
Es fundamental insistir en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
deben recibir el respeto y la colaboración comprometida de su comunidad y de los
organismos en que prestan sus servicios, así como de los demás funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley.
K. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. Es un
instrumento fundamental porque establece las normas de aplicación e interpretación
de los Tratados. Esta Convención no deja lugar a dudas respecto de la obligación
inexcusable del Estado mexicano de respetar de manera puntual los instrumentos de
protección de los derechos humanos que ha suscrito. Además se destaca la
importancia de considerar el preámbulo durante la interpretación de cualquier
tratado.
Artículo 27.
El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones internacionales y
la observancia de los tratados
1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento del tratado
[…]
Artículo 31.
PAPER
38
Regla general de interpretación
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su
objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además
del texto, incluidos su preámbulo y anexos.
Se considera que los instrumentos anteriores deben de ser estudiados de forma
integral por todo funcionario público. Es importante hacer notar que, en general, se
trata de textos poco extensos, pero que en su conjunto conforman lo que se conoce
como una constelación de derechos que dan sentido a todo el Derecho del Estado en
el siglo XXI.
La idea, en la práctica, es que el agente del Ministerio Público consulte el
instrumento idóneo aplicable al caso. Por ejemplo, en una situación en la que se
llegara a involucrar a un menor, lo más pertinente sería consultar, cuando menos, la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (art. 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 19, 34, 35,
36, 37 o 40).
Es conveniente no olvidar que el incumplimiento, por parte del agente del Ministerio
Público, de las normas internacionales de protección de los derechos humanos tiene
consecuencias graves en diversos sentidos, que pueden ir desde el hecho de fincarle
una responsabilidad administrativa hasta que el Estado mexicano sea demandado
ante los organismos internacionales por dicho incumplimiento.
4. Las violaciones de derechos humanos como actos de Estado
Las violaciones a los derechos humanos han sido caracterizadas hasta ahora como
actos de Estado. Esto, como ya lo hemos mencionado, tiene antecedentes históricos,
además de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial; baste recordar la década de los
setenta en América Latina. Durante esa década muchos países sufrieron la llamada
guerra sucia; miles de torturados y desaparecidos en Argentina, Chile, Guatemala,
PAPER
39
Brasil, México, entre otras naciones. En ese momento, estas prácticas fueron
favorecidas por algunos funcionarios de los correspondientes Estados. Hoy por
supuesto las cosas han cambiado y para evitar que se regrese a esos extremos es
necesario que la sociedad entera, incluyendo los funcionarios púbicos, esté en
condiciones de identificar cuándo se puede afirmar que se han producido violaciones
a los derechos humanos, lo cual no siempre es sencillo. Analicemos los casos
siguientes:
Caso 1. Agreden a periodistas durante acto político en Chiapas (ET/IFEX). Militantes del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) agredieron y dañaron el equipo de un grupo de
comunicadores de varios medios locales que hacían su trabajo durante un acto proselitista de
Carlos Díaz Saldaña, candidato a una diputación federal, el 18 de junio de 2009, en Tapachula,
Chiapas, al sureste de México. Cuando los periodistas intentaban entrevistar a los miembros
del PRD, una mujer y dos hombres no identificados se fueron contra ellos, insultándolos y
empujándolos, lo que fue secundado por varios de los asistentes, refirió Ramón García
Cardona, reportero del diario Cuarto Poder. En la acción contra los informadores, Rosario
González Chay, de Diario del Sur, así como Rodolfo Hernández González, reportero de El
Orbe y corresponsal de Noticias, Voz e Imagen de Chiapas, resultaron golpeados, además de
sufrir el daño y el robo de su equipo fotográfico, respectivamente. Asimismo, los agresores
hicieron pedazos el chaleco y la camisa de Raymundo Grajales, reportero de Zona Libre, y
dejaron inutilizable la cámara fotográfica de Darinel González López, de Gráfico Sur.
Con los datos proporcionados no se puede afirmar que haya habido una violación de
derechos humanos, porque la mera militancia en un partido político no implica ser
funcionario público, ni de los datos proporcionados se puede deducir que así lo sean
o que hayan actuado en representación del Estado. Sería especialmente importante la
reacción del Estado, que estaría obligado a realizar las investigaciones pertinentes.
Caso 2. Denuncia director de revista amenazas de muerte de parte de funcionarios
municipales (CEPET/IFEX). Armando Suárez Martínez, director de la revista Puerto
Viejo, denunció haber sido víctima de privación ilegal de la libertad y amenazas de
muerte por parte de Yuan Yee Cunningham, presidente municipal de Loreto, Baja
California Sur (noroeste de México), y varios funcionarios de su administración.
De comprobarse los hechos, en este caso hay elementos suficientes para pensar que
se ha producido una violación a los derechos humanos del periodista, ya que
PAPER
40
intervinieron diversos funcionarios públicos, por lo que la investigación debería
centrarse en comprobar si los perpetradores de alguna manera se beneficiaron de su
rol como funcionarios para realizar esos actos.
En el caso 1, a pesar de que no se puede hablar de una violación a los derechos
humanos, porque todavía no se ha caracterizado la “violación de derechos humanos
entre particulares”, la narración nos deja ver que se han producido delitos; por ello,
los agresores cuando menos deberían responder penalmente por las lesiones
producidas, por los daños causados a un equipo fotográfico y por el robo de otro.
En el caso 2 podemos observar que la caracterización como violación de derechos
humanos no tiene relación con el número de víctimas, sino con la intervención de
representantes del Estado, abusando de esta representación. Además, sus actos
pueden ser caracterizados como delitos. Entonces, en este segundo caso están
presentes de manera simultánea las caracterizaciones de los hechos como delitos y
como violaciones de derechos humanos.
5. Las normas de derechos humanos como límite de la actuación de los poderes
públicos. El análisis del caso desde la perspectiva de los derechos humanos
Los siguientes artículos de la DUDH pueden ser violados durante el proceso de
Averiguación Previa, ya sea por la actuación de la policía o porque el agente del
Ministerio Público haya avalado dichas violaciones durante la Averiguación.
Art. 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados por esta
Declaración.
Art. 3.- Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Art. 7.- Igualdad ante la Ley y derecho a igual protección de la Ley.
Art. 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido.
PAPER
41
Art. 11.- Presunción de inocencia.
Art. 12.- Injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o su
correspondencia, ataques a su honra o reputación”.35
Es claro que algunos de estos derechos forman parte del ordenamiento jurídico
mexicano desde hace décadas, pero otros, como la presunción de inocencia, son de
reconocimiento tan reciente como el año 2008.
Al igual que éstos, existe otro grupo de derechos relacionados con la actuación del
agente del Ministerio Público en diversos instrumentos internacionales. Es
imprescindible que este conjunto de derechos se tome en consideración al momento
de llevar a cabo las actuaciones relacionadas con una Averiguación Previa.
6. El énfasis en el debido proceso. Los derechos del acusado
El derecho al debido proceso está definido en diversos instrumentos internacionales,
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1, que se
encuentra íntimamente ligado al derecho de acceso a la justicia, al derecho a ser
juzgado por juez competente, independiente e imparcial y otros.36
35 Ejemplo tomado de Eugenio Zaffaroni, Los derechos fundamentales en la instrucción penal en los países de América Latina, Porrúa, México, 2007, p. 137. 36 “Artículo 8 , Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
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42
El debido proceso, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos
humanos, comprende cuando menos el siguiente conjunto indivisible de derechos: el
acceso a la jurisdicción; es decir, el derecho a ser oído con todos los derechos y
garantías, por un Tribunal; el derecho a la igualdad en el proceso; el derecho a la
igualdad ante la ley; el derecho a un Tribunal competente, independiente e imparcial;
el derecho a la integridad personal; el trato digno durante la detención y la
investigación de las acusaciones; el derecho a un plazo razonable de duración del
proceso; el derecho a una defensa adecuada, y la presunción de inocencia.
El debido proceso, como ha sido concebido por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO,
SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2010 se refiere a los siguientes aspectos:
…las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que
tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad
con el debido proceso y el acceso a la justicia.
[182] la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar
normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las
garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a
todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos
fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de
éstas.
[235] La existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea
adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto
prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren
ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. En términos
prácticos, como ya lo ha establecido esta Corte, la interpretación del artículo 13 de la
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Vid. también el CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO, SENTENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2010.
PAPER
43
Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y
constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de
la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana.
[236] Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente que las
autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico 246. Pero cuando un
Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus
órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la
aplicación de normas contrarias a su objeto y fin.
Con lo cual, la misma Corte Interamericana puntualizó su obligatoriedad
durante todas las etapas del proceso en el caso CASO RADILLA PACHECO VS.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE
DE 2009.
[280]. Al respecto, la Corte estima conveniente subrayar que el proceso penal es uno solo a
través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas
a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido
proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias
procesales.
El debido proceso comprende también el derecho a ser juzgado únicamente mediante
pruebas obtenidas de manera lícita. Este derecho se ha concretado en la nulidad de
las pruebas obtenidas ilícitamente, que en la Constitución mexicana aparece como el
derecho a que sea anulada cualquier prueba obtenida con violación de derechos
fundamentales.37
37 Novena Época, Registro: 165933, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Noviembre de 2009, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CLXXXVI/2009, p. 413. PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que
PAPER
44
El derecho al debido proceso es un derecho complejo que se encuentra recogido
también en el artículo 14 de la Constitución mexicana. En recientes interpretaciones,
los Tribunales Colegiados mexicanos han sostenido, ya conforme a la doctrina
internacional, que las normas de derechos humanos deben de ser tratadas como
normas de principios. La tesis que se transcribe, en la que se confrontan los derechos
al debido proceso y a la intimidad, es un ejemplo de ponderación de los derechos de
nivel superior cuando estos colisionan.
Novena Época, Registro: 168890, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVIII, Septiembre
de 2008, Materia(s): Común, Tesis: I.4o.C.27 K, Página: 1302
INTIMIDAD Y DERECHO PROBATORIO. EN CASO DE COLISIÓN DE
ESTOS DERECHOS FUNDAMENTALES, AQUÉL DEBE CEDER FRENTE A
ÉSTE, PERO DE MANERA RACIONAL Y PROPORCIONAL. Aplicando los
postulados del principio de proporcionalidad, cuando en una contienda judicial
colisionan el derecho del actor a probar su pretensión con el derecho del demandado a
proteger su intimidad, éste debe ceder frente aquél, por ser de mayor densidad la
garantía de debido proceso que la privacidad de las personas. Efectivamente, el Estado
de derecho supone un esquema en el que se encuentra prohibida la justicia por propia
mano y en donde las controversias se dirimen ante los tribunales competentes. En este
sentido la oportunidad de ofrecer pruebas constituye una formalidad esencial de la
garantía al debido proceso legal, lo que a su vez se inscribe como una de las cláusulas
asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Así mismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
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esenciales para que el Estado pueda administrar justicia de manera eficaz y desaliente a
los particulares de hacerla por propia mano. Visto de esta manera, la garantía al debido
proceso supone un interés general y constituye un pilar fundamental para la correcta
administración de justicia. Ante ello, sin menoscabo de su gran importancia, debe ceder
el derecho a la intimidad. Sin embargo, la intervención estatal, en todo caso, debe tratar
de proteger en la medida de lo posible la privacidad de las personas. En otras palabras,
si bien se justifica la intervención del Estado en la intimidad de las personas y en
obsequio al derecho probatorio, dicha intervención debe autorizarse sólo cuando sea
necesaria y estrictamente en la medida que sea necesaria.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 265/2006. Javier Quijano Baz. 7 de junio de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Martín Contreras García.
Con la reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, se hace el reconocimiento
puntual del goce de los derechos humanos establecidos en la propia Carta Magna, así
como en los demás instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. Lo anterior es de especial relevancia, porque significa, en primer lugar, la
necesaria modificación del lenguaje, porque ya no se hablará de garantías
individuales, sino de derechos humanos, y lo más trascendente es que si bien antes el
artículo 133 constitucional reconocía a los tratados internacionales como ley
suprema, ahora no se deja duda de la validez del sistema jurídico internacional de
protección de derechos humanos y de su obligatoriedad de hacerlo valer en favor de
todas las personas.
Como consecuencia, se ha reiterado ya, todas las autoridades del Estado mexicano,
en el ámbito de sus competencias, están obligadas a conocer y a dar cabal
cumplimiento a esos tratados internacionales en la parte que atañe al desempeño de
su función pública.
7. La impunidad. La obligación de investigar como obligación derivada de los
derechos humanos de las víctimas El artículo 21 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos impone la obligación al Ministerio Público de investigar
y perseguir los delitos.
Al mismo tiempo, los artículos 1º y 20 de la propia Constitución establecen los
derechos de las víctimas en el sistema jurídico mexicano.
Estas obligaciones deben entenderse dentro del marco amplio de la DUDH y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, y en el contexto jurídico
específico de La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de 1985. Esta última establece en sus
principios 1 y 2 a quién debe entenderse como víctima en el contexto internacional
de protección de los derechos humanos, y en el 4 cómo deben de ser tratadas.
1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración,
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador
e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la
expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo
que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
[…]
4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
Importantísima para entender el alcance de las obligaciones del agente del Ministerio
Público como representante del Estado respecto de la atención que se debe a las
víctimas, es LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GONZÁLES Y OTRAS (“CAMPO
ALGODONERO”) Vs. MÉXICO, DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 [¿Por qué
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con mayúsculas y negritas?] en la que se establece la responsabilidad internacional
del Estado mexicano por las respuestas ineficientes y las actitudes indiferentes
documentadas en cuanto a la investigación de los crímenes que debieron ser
indagados con profesionalismo y eficiencia por los representantes del Estado. Así, en
el punto resolutivo número 5 afirma lo siguiente:
5. El Estado incumplió con su deber de investigar ⎯y con ello su deber de garantiza⎯-
los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los
artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos
1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, en
perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda
Herrera Monreal. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la
justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 7.c de la
Convención Belém do Pará, en perjuicio de: Irma Monreal Jaime, Benigno Herrera.
El día de hoy no se prepara ni a las autoridades ni a la sociedad para entender a las
víctimas. Dicha incomprensión se origina desde la epistemología. El sistema debe
asumirse como generador de las víctimas, para estar en posibilidad de generar un
sistema de justicia puro, capaz de concebir esa realidad.
Con motivos o sin ellos se acusa en más de una ocasión al Ministerio Público de que
las deficiencias en su actividad son uno de los factores de impunidad; por ello es
imprescindible que considere que en caso de no ser atendida por el Ministerio
Público mexicano, la víctima puede llevar su petición a organismos internacionales
de protección de los derechos humanos. En el caso concreto de una víctima que no
fuera atendida por los funcionarios del Estado mexicano, ésta podría acudir a los
organismos regionales correspondientes que son la Comisión Interamericana sobre
Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Unidad V. El marco social y jurídico mexicano. El derecho interno y los
instrumentos internacionales de los derechos humanos
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1. La obligada interpretación del derecho interno conforme a los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos
en la actualidad en el Estado mexicano todo el derecho interno se debe interpretar de
conformidad con los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos. Ello es así a partir de las obligaciones principales que en materia de
derechos humanos se desprenden de la Constitución mexicana vigente, que se
enuncian a continuación:
a) La incorporación indudable de los Tratados internacionales en materia de
derechos humanos al derecho positivo mexicano, con rango constitucional,
enunciada en el siguiente fragmento.
Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
b) La obligación de hacer la interpretación más benéfica para la persona.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
c) La obligación de todos los poderes del Estado de proteger, promover, respetar
y garantizar los derechos humanos.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
De estas premisas se desprenden diversos argumentos que permiten sostener que esta
forma de interpretación es obligatoria para todos los poderes del Estado mexicano.
Desde el poder legislativo cuyas leyes deben de responder a las directrices impuestas
PAPER
49
por la DUDH y por los instrumentos que le han continuado; el poder judicial, cuya
interpretación de la ley debe siempre respetar los límites impuestos por los citados
instrumentos, hasta el poder ejecutivo cuyos representantes están igualmente
obligados por este extenso marco internacional de protección de los derechos
humanos en la aplicación de las leyes y reglamentos que regulan la vida social.
Entendemos así que las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sus Leyes Federales, sus Leyes Locales, sus Reglamentos y Acuerdos,
incluso sus Normas Oficiales en materia administrativa, deben respetar este marco
internacional de protección de los derechos humanos, y cuando esto no sucede,
entonces los organismos internacionales pueden intervenir, solicitando incluso la
anulación o modificación de las normas internas que violan ese marco.
Por ejemplo, en el caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos condenó al Estado chileno a modificar su legislación interna
debido a que dicha legislación violaba los derechos a la libertad de pensamiento y de
expresión resolviendo lo siguiente:
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile
Sentencia de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas)
LA CORTE,
por unanimidad,
1. declara que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio
Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes. […]
3. declara que el Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión señalada en el punto resolutivo 1 de la presente
Sentencia.
PAPER
50
4. decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo
razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película
La Última Tentación de Cristo, y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente
Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto.
En este caso, como se lee en el numeral 4, la Corte ordena al Estado chileno que
modifique su legislación interna con el objetivo de que la misma se adecue a los
estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Esta forma de interpretación que prevé que el derecho interno se debe de ir
adecuando a lo establecido en los instrumentos internacionales venía siendo
sostenido por la doctrina internacional desde hace décadas. Dentro del marco jurídico
mexicano se debe considerar el Principio pro-homine, traducido como principio pro
persona, que establece una forma de interpretación específica vinculada con los
artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esto significa que en la actualidad hay argumentos jurídicos explícitos que dan
fuerza a esta forma de interpretación en el marco mexicano. Estos argumentos
empiezan desde el más alto nivel en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en específico en el artículo 1 y en el artículo 133 vigentes:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Este mandato debe articularse con un criterio de interpretación del Derecho que
recoge la doctrina internacional y la integra a nuestro sistema, así como con los
instrumentos referidos en dicha tesis; el llamado Principio pro-homine.
Registro No. 179233, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta XXI, Febrero de 2005, Página: 1744, Tesis: I.4o.A.464 A, Tesis
PAPER
51
Aislada
Materia(s): Administrativa
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.
El principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe
buscar el mayor beneficio para el hombre; es decir que debe acudirse a la
norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos
protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida,
cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, lo que se contempla en los
artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 7 y el 20 de mayo de 1981, respectivamente. Ahora
bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión,
conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe
aplicarse en forma obligatoria.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez Sánchez. 20 de octubre de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra
Ibarra Valdez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XX, octubre de 2004, página 2385, tesis I.4o.A.441 A, de rubro: “PRINCIPIO
PRO HOMINE. SU APLICACIÓN.” []OJO: también en referencia a pie]
Esto anticipaba ya que la interpretación del derecho mexicano conforme a los
criterios establecidos por los diversos instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos no era una cuestión potestativa, sino que se trataba de una
cuestión obligatoria para todos los poderes que integran al Estado mexicano. Con la
redacción del artículo primero de la Constitución vigente esta forma de interpretación
quedó elevada a rango constitucional.
PAPER
52
Así pues, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 29
prohíbe a los Estados suprimir, limitar o excluir a cualquier persona o grupo de
personas del goce de los derechos.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de
los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida
que la prevista en ella;
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados;
excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de
la forma democrática representativa de gobierno, y
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
El artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe a los
Estados la destrucción o el menoscabo de los derechos y libertades contenidos en el
Pacto o ya vigentes en dicho Estado.
Artículo 5
Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar
actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos
fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los
reconoce o los reconoce en menor grado.
PAPER
53
Cuando el Estado mexicano suscribió los instrumentos anteriores se sometió a la
prohibición expresa de suprimir, limitar, excluir, restringir o menoscabar los
derechos.
De los argumentos anteriores se desprende la obligatoriedad para las autoridades
mexicanas de sujetarse a los instrumentos mencionados. En el caso concreto, tanto la
Constitución federal como los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos son el marco obligado dentro del cual se debe de llevar a cabo la actividad
del agente del Ministerio Público. Es decir que los actos cotidianos de éste en el
ejercicio de su función deben de ser permanentemente respetuosos de la dignidad de
la persona y de sus derechos. Hay que considerar que en los diversos instrumentos la
dignidad se enuncia separada de los derechos; es decir, es distinta de los derechos,
pero actúa junto con ellos. Este respeto se entiende por supuesto extendido hacia sus
propios compañeros de institución.
Además hay que considerar que en el momento en que se viola un instrumento
internacional se viola el derecho mismo a la legalidad según el artículo 16, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También hay que tomar en cuenta que con la reforma a la Constitución federal, el
Artículo 20, inciso A, fracción IX, establece la nulidad de las pruebas obtenidas con
violación de derechos fundamentales (Acusatorio), vinculando directamente la
Constitución con el marco internacional multicitado.
2. La legitimidad de la función del Ministerio Público (la promoción y
protección de la dignidad humana)
A. Autonomía del Ministerio Público
Es una obligación del agente del Ministerio Público de la federación mantener su
autonomía activa. Esta independencia se ha desarrollado a lo largo de la historia para
proteger a todas las personas de posibles abusos del poder, y se manifiesta de forma
PAPER
54
amplia en el principio de independencia de los Tribunales. En la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos este principio está contenido en el derecho
a la imparcialidad de los Tribunales, previsto en el artículo 17. De los instrumentos
internacionales en materia de protección de derechos humanos, de aplicación
obligatoria para el Estado mexicano, podemos mencionar el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece con claridad el derecho a
ser oído por Tribunales independientes.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación
de carácter penal formulada contra ella.
Hay que saber por qué motivos es necesario reflexionar sobre la independencia del
Ministerio Público. Esta autonomía contribuye hoy a conformar la dimensión
substancial del Estado de Derecho, pero no siempre fue así. Conviene recordar por
ejemplo que en la Alemania previa al nacionalsocialismo, había un orden jurídico,
había también un sistema de legalidad, conformados desde el siglo XIX, y eso no
evitó que el Ministerio Público fuera utilizado en contra de los opositores políticos
del gobierno.
En vista de que la Fiscalía del Ministerio Público tenía el monopolio del ejercicio de la
acción penal, y en vista de que sus fiscales eran funcionarios públicos forzados a
obedecer las instrucciones de sus superiores, el gobierno podía valerse del sistema
judicial en contra de los opositores políticos a su voluntad.38
Los fiscales obedecían instrucciones que no podían comprender ni cuestionar. De
esta experiencia límite debemos aprender que en el extremo, los porqués, sobre todo
38 Ingo Müller, Los juristas del horror, Álvaro Nora, Bogotá, 2009, p. 15.
PAPER
55
dirigidos al mundo normativo, permiten distinguir entre adoctrinamiento y
formación.39
La independencia e imparcialidad de los fiscales contribuye a sostener la estructura
de un orden constitucional libre y democrático; es decir, a sostener el Estado de
Derecho. En el ordenamiento jurídico mexicano la autonomía del agente del
Ministerio Público está dispuesta como una obligación en la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República. Esta autonomía responde a las directrices más
importantes previstas para la procuración de justicia por los principales instrumentos
internacionales.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Artículo 62.- Son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la
Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los
oficiales ministeriales y peritos:
II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público
de la Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones
o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna
persona o autoridad.
Esta independencia del agente del Ministerio Público no acepta excepciones y debe
sostenerse aun en los casos en los que deba investigar delitos cometidos por
funcionarios públicos. Esta obligación del agente Ministerio Público incluye la de no
realizar actos que atenten contra su autonomía.40
La independencia del Ministerio Público no es una prebenda para el funcionario,
debe entenderse como una garantía para cada uno de los ciudadanos. Se trata, por lo
39 Entre otros aspectos, los cuestionamientos cuidan que no descienda lo que Safranski identifica como un umbral moral de contención. Vid. Rüdiger Safranski El mal o El drama de la libertad, Tusquets, Barcelona, 2010, en especial el capítulo 15. 40 “Un sistema legal basado en el respeto al Estado de Derecho también requiere fiscales fuertes, independientes e imparciales dispuestos decididamente a investigar y procesar presuntos crímenes cometidos contra seres humanos incluso si estos crímenes han sido cometidos por personas actuando en una calidad oficial.” Myjer, Egbert, et. al., Manual de Derechos Humanos para Fiscales, Asociación Internacional de Fiscales, La Haya, 2009. p. 126.
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56
mismo, de una condición promovida y protegida desde los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos.
El respeto por la dignidad humana impone al representante del Misterio Público
ejercer su independencia en representación de la sociedad.41 Esta independencia se
practica cuando cumple con su obligación de escuchar plenamente, sin sustituir en
sus palabras ni a la víctima ni al acusado ni al testigo; es decir, se cumple cuando el
titular del Ministerio Público hace valer su independencia.42
B. Consideraciones de derechos humanos en la fundamentación y motivación.
Razones para resolver
La reforma en materia de derechos humanos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del mes de junio de 2011, constituyó un parteaguas para
el orden jurídico de este Estado. Su importancia se revela en las discusiones que en
ese momento sostuvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que aquí se reseñan, porque marcaron el inicio de un cambio histórico en la
interpretación del derecho mexicano.
Lo que destaca en primer lugar es la aceptación de que resulta obligatorio tomar en
consideración el nuevo marco establecido por la Constitución, a partir del cual las
normas internacionales de derechos humanos se han incorporado como derecho
positivo dentro del bloque de constitucionalidad en el máximo nivel de nuestro
ordenamiento.
Esta obligación se confirma por el tratamiento dado en asuntos del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La Suprema Corte
41 “el fiscal no opera en representación de sí mismo ni de cualquier autoridad política, sino en nombre de la sociedad, y debe, consecuentemente, observar dos requisitos esenciales: por un lado, los derechos de la persona individual y, por el otro, la eficacia necesaria del sistema de justicia penal, del cual el fiscal es en parte responsable.”, Manual de Derechos Humanos para Fiscales, op. cit., p. 1. 42 “A pesar de todas las diferencias existentes en todo el mundo respecto de las tareas de un fiscal, un fiscal ha de respetar y garantizar los derechos del individuo. El fiscal juega un papel clave no sólo en la aplicación de las leyes, sino más importante aún, en brindar pleno efecto a los derechos, incluyendo, por supuesto, los derechos humanos”, Manual de Derechos Humanos para Fiscales, op. cit., p. 2.
PAPER
57
mexicana aceptó incluso la obligación de revisar los criterios establecidos con
anterioridad a la reforma.
Destacan, en ese sentido, el reconocimiento con respecto a que el Estado mexicano
garantizará que no haya leyes contrarias al objeto y fin de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, además de que éste generará un control de
convencionalidad oficiosa de la Convención, y tendrá en consideración que la Corte
es el intérprete oficial de lo establecido en la multicitada Convención. De igual
relevancia debería ser la reflexión en el sentido de que es necesario ver los asuntos
desde el nuevo paradigma de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. Asimismo, conviene no soslayar la afirmación de los ministros con
respecto a que los tratados internacionales tienen ahora un lugar privilegiado en la
Constitución mexicana.
En ese mismo sentido fue lo argumentado en cuanto a que, a raíz de la reforma
constitucional y, particularmente, de lo establecido en el artículo 1º de la
Constitución mexicana, se requiere un criterio amplificador de la protección de los
derechos humanos a través de un control de convencionalidad.43
43 Se pueden consultar las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana de los días 4, 5, 11, 12 y 14 de julio de 2011. Véase www.scjn.gob.mx
PAPER
58
Unidad VI. Persona. Derechos compartidos. Los mismos derechos para todos
1. Una polarización que debe ser superada
En materia de derechos humanos una de las percepciones más frecuentes es la de que
los servidores públicos, en este caso los agentes del Ministerio Público, no son
sujetos de dichos derechos. Esto es falso: los derechos humanos son derechos
compartidos por todas las personas.
La idea contemporánea de los derechos humanos se sustenta en la DUDH de la que se
ha venido hablando. En ella y en los instrumentos que de ella se han derivado se
recogen normas que contienen valores universalmente reconocidos. La premisa es
que todas personas gozan de estos derechos independientemente de su edad, religión,
condición social, nacionalidad, rol social, etcétera.
Por ejemplo, si un acusado en materia penal goza en la actualidad de los derechos a
la presunción de inocencia y al debido proceso, un servidor público que sea sujeto de
un procedimiento administrativo goza de la misma presunción de inocencia y del
derecho al debido proceso.
Esto es así porque las violaciones a los derechos humanos son concebidas como
actos del Estado y, en ese sentido, puede darse el caso de que el Estado viole los
derechos lo mismo de uno de sus funcionarios que de un particular. Lo pertinente es
que el funcionario público conozca las vías por las que puede hacer valer estos
derechos.
Caso 1. Los servidores públicos X, Y y Z fueron acusados injustamente de diversas
violaciones a la ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. En el proceso no fueron
escuchados de manera oportuna, ni se les recibieron las pruebas que pudieran haber
ofrecido en su descargo. Frente a esta situación, promovieron el Juicio de Nulidad
correspondiente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual en
sus diversas instancias les negó la anulación de los actos. Contra dicha resolución
promovieron el Juicio de Amparo Directo 118/2006 en materia Administrativa logrando
que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa les diera la razón y
decretara la nulidad de los actos mediante los cuales se les había sancionado de forma
PAPER
59
injusta, pues pudieron demostrar que no había motivos para el castigo que les habían
impuesto.44
El caso en cuestión demuestra que los derechos humanos de los funcionarios
públicos pueden ser protegidos al más alto nivel con la misma eficacia que los de
cualquier otro ciudadano, y de qué manera, al acudir a las instancias competentes, un
funcionario público puede hacer valer estos derechos humanos sin que pueda hacerse
una distinción en su perjuicio por el rol que juega. Lo que es importante enfatizar es
que la posibilidad de hacer valer nuestros derechos nos compromete a conocerlos,
así como los diversos mecanismos que los protegen para sabernos integrados en una
misma sociedad.
En el presente caso, al haber acudido ante los Tribunales Federales denunciando la
violación a su derecho fundamental al debido proceso, así como a su derecho de
audiencia, entre otras que se tradujeron en una insuficiente motivación del castigo
que se les había impuesto, los funcionarios mencionados obtuvieron la anulación de
dicho castigo y la restitución de sus derechos.
A. El origen de las diferencias. La confusión entre órganos de protección, los
instrumentos de protección y las normas de derechos humanos
Eventualmente hay una confusión al referirse a los órganos de protección de los
derechos humanos y a los derechos mismos. La persistencia de esta confusión más de
una vez ha provocado una grave polarización entre instituciones, propiciando que la
idea de derechos humanos sea rechazada o cuestionada por los funcionarios públicos.
Así, cuando se habla de derechos humanos tiende a pensarse que se está aludiendo
exclusivamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que da lugar a
44 El caso se puede localizar con los datos siguientes: Registro No. 174179 Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Septiembre de 2006, p. 1532, Tesis: I.4o.A.538 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN IMPUESTA, TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU ASPECTO MATERIAL QUE CONDUCE A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 118/2006.
PAPER
60
que no se perciba la inconsistencia de expresiones como “Me citaron en Derechos
Humanos” cuando se quiere decir “Me citaron en la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos”.
La expresión “derechos humanos” es interpretada en México de formas variadas en
diversos medios, incluyendo el de la Procuraduría de Justicia, asimilándola con la
Comisión mencionada e interpretando los derechos como si fueran contrarios al
ejercicio de la procuración de justicia.
Hay que aclarar que esta expresión no se refiere a las Comisiones Nacional o Local
de los Derechos Humanos, sino a normas de derecho. Las normas son, aquí, lo
importante, porque recogen valores que nos protegen a todos y a cada uno de
nosotros. Los instrumentos son, en este caso, los documentos que recogen esas
normas como la Declaración Universal o la Convención Americana ya citadas. Los
órganos son las instituciones materiales que tienen encomendada la protección de
estos derechos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel regional,
o los Tribunales de la Federación a nivel nacional, e incluso, desde la perspectiva
política, las Comisiones Locales de Derechos Humanos en las diferentes entidades
federativas.45
Lo importante es destacar que cuando hablamos de derechos humanos nos estamos
refiriendo a normas de carácter universal que protegen a todos y cada uno de los
seres humanos.
Derechos Humanos son normas de derecho que recogen valores universalmente
reconocidos como la justicia, la dignidad, la libertad en sus distintas manifestaciones
etc. Estos derechos están contenidos en diversos instrumentos internacionales y
nacionales.
Internacionales: la DUDH, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto
de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre
Derechos del Niño, entre otros.
45 Conocer el origen de las instituciones ayuda a comprenderlas: la voz Ministerio alude al servicio, al servicio a los demás, a un servicio que se resuelve a través de la Razón Práctica.
PAPER
61
Nacionales: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en
su capítulo “De los Derechos Humanos y sus garantías”.
Todas estas normas de derecho son de orden superior y deben de ser protegidas de
manera especial.
Como ya hemos insistido, hay que ocupar la expresión “derechos humanos” cuando
nos referimos a nuestros derechos; es decir, a aquellos de orden superior que
compartimos con el resto de las personas. Y en los casos en los que nos estemos
refiriendo a una institución o a un órgano del Estado en particular hay que referirlo
por su nombre: por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o los Juzgados de Distrito, la
Suprema Corte de Justica de la Nación, etcétera. Esto contribuye a deshacer la
confusión mencionada y a dejar claro que el agente del Ministerio Público, en su
carácter de funcionario, goza de estos mismos derechos de orden superior, en la
misma medida que cualquier otra persona en el Estado mexicano.
Órganos de protección de los Derechos Humanos; son los encargados de velar porque
los derechos sean respetados por el Estado. Pueden ser de diferente clase, por ejemplo a
nivel nacional tenemos;
Órganos de protección no jurisdiccional: pueden ser la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos o las comisiones locales de derechos humanos. El procedimiento
general se inicia a partir de una queja.
Órganos de protección jurisdiccional: son los Tribunales de la Federación y van
desde los Juzgados de Distrito hasta la Suprema Corte de justicia de la Nación. El
procedimiento general es a través de la demanda de amparo.
El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos tiene carácter
internacional y se integra por:
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
-la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El procedimiento general se inicia mediante una petición a la Comisión
Interamericana.
PAPER
62
La protección jurisdiccional de los derechos humanos a nivel interno se solicita a
través de la demanda de amparo. En ella se expresan las violaciones sufridas
individualmente a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los
diversos instrumentos internacionales, y lo que se obtiene es una sentencia de
cumplimiento obligatorio en la que se concede el Amparo y Protección de la Justicia
Federal que restituye al ciudadano en el goce de sus derechos.
La protección no jurisdiccional de los derechos humanos se pide a través de la queja
promovida ante las diversas comisiones de derechos humanos; por ejemplo, ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo que se obtiene es una
Recomendación dirigida a las diversas instancias que deban intervenir en la
restitución del derecho violado, con la limitación de que la Recomendación no es de
cumplimiento obligatorio para las autoridades.
El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos ofrece el nivel
más alto de protección jurisdiccional. Se acude a este Sistema en los casos en los que
se han agotado los recursos internos y persiste la violación de los derechos. En esos
casos, la intervención de este Sistema se inicia mediante una petición a la Comisión
Interamericana y en el extremo puede dar lugar a la intervención de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Lo que se obtiene en ese caso es una
sentencia de cumplimiento obligatorio para el Estado demandado.
2. Derechos humanos ministeriales. Derechos exigibles
Hoy la idea de los derechos humanos debe de ser entendida como una expresión de
derechos compartidos. Esto significa que todas las personas, sin importar el rol que
jueguen en la sociedad, deben de gozar de forma eficaz de los mismos derechos.
Uno de los derechos más elementales consagrados por el derecho internacional de los
derechos humanos y por el derecho constitucional mexicano es el de recibir justicia,
que en la etapa de procuración es garantizado por el Estado a través del agente del
Ministerio Público.
PAPER
63
Los derechos humanos del agente del Ministerio Público deben gozar de la misma
protección y respeto que los de cada integrante de la comunidad. Por ese motivo, en
las sociedades contemporáneas el agente del Ministerio Público se entiende como un
ciudadano más que forma parte de la comunidad y que es portador de los mismos
derechos que todos los ciudadanos.
El derecho a recibir justicia, que protege también al agente del Ministerio Público,
implica el derecho de toda persona a vivir en una sociedad respetuosa de sus
libertades y derechos. Es en el proceso de protección de esos derechos y libertades,
que el rol del agente se vuelve especialmente relevante.
3. Las vías para hacer valer los derechos humanos del agente ministerial
En el reconocimiento de su dignidad humana se sustenta la necesaria protección de
los derechos humanos del agente del Ministerio Público. Como ya se dijo, por su
calidad de personas tienen protegidos sus derechos humanos, a la vez que, por el rol
que desempeñan, tienen deberes específicos para con estos derechos.
Además, comparten con el resto de los ciudadanos todos y cada uno de los derechos
humanos protegidos en México. Su protección está garantizada por la Constitución
federal y por los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país. Esta
protección alcanza las leyes ordinarias, los reglamentos y los acuerdos que rigen su
actividad. Frente a una violación de sus derechos humanos, el agente debe de tener
una vía accesible para su defensa. En nuestro país, dicha vía es mixta, porque incluye
un procedimiento administrativo y la posibilidad de promover su defensa
jurisdiccional ante los Tribunales Federales en Materia de Amparo.
A. La vía administrativa
El procedimiento administrativo implica que si el agente del Ministerio Público sufre
una violación a sus derechos humanos, debe reportarla de inmediato a la instancia
interna de protección, que estará obligada a promover que se le restituya sin demora
PAPER
64
en el goce de éstos. Durante el procedimiento administrativo se deben respetar el
derecho de audiencia, el derecho a ofrecer pruebas y el derecho a ser notificado de
las resoluciones que le afecten, entre otros de la misma forma importantes. Se debe
respetar a la persona afectada el derecho amplio al debido proceso.
B. La vía jurisdiccional
Ésta le permite al representante del Ministerio que ha sufrido una violación de sus
derechos humanos, acudir en demanda de amparo y protección ante la justicia
federal. Esta demanda de amparo puede solicitarse, según el caso, ante los Juzgados
de Distrito en Materia Administrativa, si se trata de un amparo indirecto, o ante los
Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, cuando se trata de un
amparo directo. En casos de violaciones especialmente graves que no sean resueltas
en las instancias anteriores, puede conducirse la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Cuando un agente, en su calidad de persona, ha sufrido una violación de sus derechos
humanos y frente a ésta no encuentra respuesta en el sistema interno, una vez
agotadas todas las instancias puede acudir a los órganos del Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos. Es decir, promover una petición ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su caso acudir incluso ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. PAPER
65
Unidad VII. Las normas de derechos humanos: su interpretación en la función
ministerial
En las normas que protegen derechos humanos está especialmente marcado su
carácter histórico; es decir, se reconocen en ellas los antecedentes históricos que las
originaron.
Estas normas recogen valores en especial relevantes y los incorporan al Derecho con
forma de principios jurídicos, a los que se les conoce como principios
iusfundamentales.
El Estado constitucional del siglo XXI es cualitativamente distinto del Estado
legislativo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Una característica fundamental que
ha sido aceptada como distintiva de esta clase de Estado es la introducción de
principios como parte fundamental de la discusión jurídica. Zagrebelsky afirma que
las normas constitucionales sobre derechos y sobre justicia son prevalentemente
principios y que, por lo mismo, en la actualidad, distinguir principios de reglas
implica distinguir la Constitución de la ley.46 Esta afirmación se puede extender a
todas las llamadas normas de orden superior que son las que pertenecen a las
Constituciones, al igual que las que pertenecen a los diversos instrumentos
internacionales ⎯Tratados, Convenios, Convenciones, Declaraciones. En este caso,
las citadas normas de orden superior se interpretan como principios y es importante
distinguirlas de las que se desprenden de la legislación ordinaria, que se interpretan
como reglas.
Los principios iusfundamentales o normas de derechos humanos, son portadores de
un ethos. En su expresión literal, los principios remiten a tradiciones históricas, a
contextos de significado “que más que ‘interpretadas’ a través del análisis del
lenguaje, deben ser entendidas en su ethos”.47 Debido a esta característica, a los
principios no se les interpreta de manera literal, sino que se les presta adhesión. Por
lo anterior, el significado de los principios sólo se puede determinar frente a casos
46 Zagrebelsky, op. cit.. pp. 110 y ss. 47 Zagrebelsky, op. cit., p. 110.
PAPER
66
concretos, porque carecen de un “supuesto de hecho”. Por ello, también en su
aplicación implican una toma de posición,48 que implica, en la actualidad, que tanto
en la creación de las normas como en su aplicación la consideración principal deberá
ser el respeto por la dignidad humana.
Cada vez que se aplican normas de derechos humanos se nos remite a todo ese
contexto en el que se originaron, y se alude a ese ethos de dignidad humana, de
libertad y de respeto profundo por el ser humano que no debemos olvidar en ningún
momento.
Las normas de derechos humanos aplicadas como principios sirven para resolver
problemas jurídicos y a la vez para justificar la toma de decisiones en ese ámbito.
El razonamiento jurídico, y dentro de éste, el de los fiscales, debe considerarse como
razón práctica; es decir, como el razonamiento acerca de la aplicación de las normas
a casos concretos.
1. La diferencia entre las normas de los derechos humanos y las normas del
derecho penal. La diferencia entre principios y reglas
Como explicación del Derecho, los principios permiten sintetizar gran cantidad de
información y, en su conjunto, entender el funcionamiento de las instituciones
jurídicas. Además, nos dan la oportunidad de entender el Derecho como un conjunto
dotado de sentido.49
La dimensión justificativa de los principios se refiere al papel que los mismos juegan
en el razonamiento jurídico, entendido éste como un tipo especial de razonamiento
práctico. Los principios sirven para resolver problemas jurídicos y a la vez para
justificar la toma de decisiones jurídicas.50
48 Federico Lefranc, Los límites de la interpretación de la dignidad humana. La presencia kantiana en su concepción jurídica actual, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2010. 49 Ibídem, p. 20, cfr. supra, p. 5. Coincide con esta afirmación Zagrebelsky. 50 Ibídem, p. 24.
PAPER
67
Su función de legitimación y control del poder se deriva de la función de los
principios como directrices del ordenamiento jurídico de las sociedades
desarrolladas.
Robert Alexy sostiene la tesis de que “Todos los sistemas jurídicos contienen
necesariamente principios” con la restricción de que ello vale “por lo menos, para los
sistemas jurídicos mínimamente desarrollados…”.51 A partir de la ya reconocida
aceptación de la estructura abierta del Derecho positivo, que le permite recoger
valores a través de principios, el autor sostiene una concepción del Derecho
sustentado en esos principios.
Por ejemplo, para poder explicar el lugar que ocupan los principios en el sistema
jurídico de la República Federal de Alemania, distingue entre los conceptos de
constitucionalismo y de legalismo. El constitucionalismo fue identificado por el
Tribunal Constitucional Federal con una concepción axiológica del ordenamiento en
la llamada Sentencia Lüth de 1958, en la que se afirma que “la Ley Fundamental
contiene en su capítulo sobre derechos fundamentales, un ‘orden objetivo de valores’
que, en tanto ‘decisión iusconstitucional fundamental’, vale para todos los ámbitos
del derecho y del cual reciben ‘directrices e impulsos’ la legislación, la
administración y la justicia”.52
La evolución de esta concepción ha llevado a Alexy a formular lo que llama un
“modelo jurídico de tres niveles” integrado por reglas, principios y procedimiento,
cuya explicación se puede sintetizar en la siguiente cita:
Por razones de racionalidad práctica, es irrenunciable la presencia de principios y con
ello ⎯dicho con otra terminología⎯ de valores en el sistema jurídico. En un Estado
constitucional democrático, los principios tienen si no exclusivamente sí en buena parte
su ubicación jurídico positiva en la Constitución. No se pierde por ello la independencia
del derecho legislado ordinario. En el modelo de tres niveles se convierte en un
problema de la ponderación entre el principio formal de la competencia de decisión del
legislador legitimado democráticamente y los principios materiales de la Constitución.
51 Robert Alexy, El concepto y la validez del derecho, 2ª ed., Gedisa, Barcelona, 2004, p. 79. 52 Ibídem, p. 159.
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Los resultados de esta ponderación, al igual que de otras ponderaciones, son
fundamentables racionalmente.53
Aquí recordemos que los principios tienen su ubicación jurídica lo mismo en la
Constitución que en los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos.
En la aplicación del derecho constitucional, al igual que en la interpretación de
instrumentos internacionales, la subsunción correspondiente a las reglas del derecho
ordinario es sustituida por la ponderación de principios. “La ponderación es la forma
de aplicación que caracteriza a los principios”.54 Hay una dogmática de los derechos
fundamentales que será imprescindible conocer a quien interese profundizar en el
tema de la interpretación. Esta dogmática especializada deja claro que la
interpretación según principios se fundamenta en la ponderación de éstos, admitiendo
soluciones graduales, y que la ponderación requiere de una técnica específica,
distinta de aquella que vinieron utilizando hasta hace pocos años los Tribunales de la
Federación en México para la interpretación de las garantías individuales.55
Es conveniente insistir en que la ponderación de principios iusfundamentales es de
manera clara diferente de la interpretación del derecho ordinario en el que la técnica
corresponde a la llamada subsunción. Hay que considerar que los derechos que se
pueden ponderar son siempre de personas individuales; es decir, de dos personas que
se ponderan entre sí (esto porque, por motivos históricos, el Estado tiene otro papel,
que es el de velar por que a través de todos sus poderes se dé amplia satisfacción a
estos derechos, véase por ejemplo el artículo 1, párrafo 3, de la Constitución
mexicana).
Por lo mismo es muy riesgoso pretender que se pueden ponderar derechos humanos
con otra clase de bienes o de instituciones como “el orden público” o como la
“seguridad nacional”.
53 Ibídem, pp. 176 y 177. 54Ibídem, p. 162. 55 La expresión “garantías individuales” ya no está vigente y debe substituirse por la de “derechos humanos”.
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Aceptar esa clase de ponderaciones privaría de su esencia tan trabajosamente ganada,
a los derechos humanos, porque esa esencia pretendió en su origen poner límites
claros a las posibles arbitrariedades de los Estados.
En el caso de la subsunción, la norma de derecho ordinario, la norma penal se aplica
subsumiendo los hechos del caso en la norma de manera que si se satisface la
hipótesis prevista se considerará que se ha acreditado la comisión de un delito, y si
no se satisface la hipótesis prevista, entonces se deberá considerar que no se ha
acreditado sin que haya la posibilidad de soluciones graduales.
2. Las normas de orden superior y la interpretación según principios. La
ponderación de principios
Las normas de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen el carácter de principios iusfundamentales. Ello por tratarse normas de orden superior que deben distinguirse de las normas que se encuentran en las leyes ordinarias, como son el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales.
En el contexto del ordenamiento constitucional español Atienza atribuye a los principios (es decir, a las normas de orden superior) tres dimensiones distintas, a las que también se refiere como funciones; la función de explicación y sistematización que surge del análisis estructural, la dimensión justificativa que se deriva de la consideración de las normas como razones para la acción, y la función de legitimación y control del poder a partir de la relación de las normas con los intereses y con el poder.56
Del propio Atienza serían aplicables en este caso las siguientes dos acepciones. “‘Principio’ en el sentido de norma programática o directriz, esto es de norma que estipula la obligación de perseguir determinados fines (..) ‘Principio’ en el sentido de norma que expresa los valores superiores de un ordenamiento jurídico (y que son el 56 Cfr. Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Ariel, Barcelona, 1996, p.19. En este autor encontramos algunas de las pautas más claras para poder situar dentro del espacio del constitucionalismo contemporáneo el principio de la dignidad humana.
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reflejo de una determinada forma de vida), de un sector del mismo, de una institución, etc”.57
En la doctrina española, Gregorio Peces-Barba se refiere a estas normas de orden superior como normas principiales que establecen criterios para la acción y que en ausencia de reglas ⎯normas reglas, escribe el autor citado⎯ se activan ante el caso concreto, sirviendo como elemento unificador e integrador del sistema.58
Estas normas principiales sirven también para interpretar otras y encuentran su sentido pleno y su efectividad ante hechos concretos que no pueden ser determinados a priori y que se producen en la vida social. Las normas principiales se plantean en el ámbito de la justificación.
Peces-Barba enuncia una serie de supuestos en los que los operadores jurídicos utilizan principios: “en supuestos de laguna, de antinomia, de textura abierta o de oscuridad de las normas regla”.59 Y aclara que sólo tienen relevancia jurídica cuando se incorporan al ordenamiento respetando los criterios de validez de la norma de identificación de normas, es decir la norma que contiene los criterios para identificar las normas válidas en el Ordenamiento.60
En términos generales, en tanto que principios, las normas de orden superior admiten
una aplicación gradual, y la técnica para interpretarlas es la de la ponderación. Esto
significa que en aquellos casos en que distintos derechos fundamentales entren en
conflicto, no tiene por que desparecer ninguno de ellos, sino que pueden coexistir,
pudiendo, como resultado de la ponderación entre diversos derechos fundamentales,
optimizarse la aplicación de alguno de ellos y reducirse la del derecho opuesto,
dependiendo del caso concreto.
Los casos donde se pone de manifiesto la necesidad de ponderar principios
iusfundamentales son, por ejemplo, aquellos donde colisionan el derecho al honor
con el derecho a la libertad de expresión, o el derecho al libre tránsito con el derecho
a asociarse y manifestarse de forma libre. Así, si un grupo de manifestantes ocupa las
principales vías de acceso a una zona de hospitales, entonces se les puede obligar a 57 Ibídem, p. 4. 58 Cfr. Peces-Barba, op. cit., p. 72. 59 loc. cit. 60 Ibídem, pp. 73 y 92.
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que cambien el sitio de su manifestación, por la relevancia del derecho a la salud que
está en juego. Ello no implica que se les prohíba manifestarse públicamente, porque
es un derecho de orden superior, sino que se hace patente que este derecho no puede
ejercerse irrestrictamente violando otros derechos del mismo nivel, sino que en su
ejercicio tiene que tomar en consideración las necesidades de una sociedad compleja
como las actuales.
En síntesis, es importante saber que las normas de derechos humanos, ya sean las
contenidas en la Constitución o en los instrumentos internacionales, no son normas
que se interpreten de la misma manera que las normas legales (es decir, las normas
que integran la legislación ordinaria) y que, por lo mismo, hay que ser muy
cuidadosos en su aplicación.
3. La interpretación de las leyes ordinarias. La subsunción
Las normas que no son de orden superior (las que no están recogidas en la
Constitución o en los instrumentos internacionales) son conocidas como normas de
derecho ordinario o normas de derecho legal.
Las normas de derecho legal, como pueden ser las emanadas de los Códigos Penales
o Civiles, o de los Códigos procedimentales, son normas que en su elaboración por el
legislador deben haber respetado el derecho de orden superior; es decir, que no
pueden ser contrarias ni a la Constitución ni a los instrumentos internacionales en
materia de protección de los derechos humanos.
Para su interpretación, las normas contenidas en la legislación ordinaria tienen el
carácter de reglas y se sigue la técnica de la subsunción, lo que significa que no
admiten una aplicación gradual, sino que son normas de ‘todo o nada’ (v.g. o se
cometió un homicidio, o no se cometió, o se configura un fraude, o no se configura).
No se busca optimizar la aplicación de la norma, sino cerciorarse de la manera más
rigurosa si resulta aplicable al caso.
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El agente del Ministerio Público aplica estas normas de derecho ordinario y, por
ejemplo, con el juicio de tipicidad, busca comprobar si en efecto se configura un
hecho delictivo o no. Durante la elaboración de este juicio, lo que hace es una serie
de subsunciones.61
Es distinto, entonces, interpretar normas de derecho legal que constitucionales o de
orden superior. Las segundas siempre pondrán un límite a la actuación de todas las
autoridades del Estado. Este límite consiste en el respeto irrestricto a los derechos
humanos de los ciudadanos, debiendo concebirse a las propias autoridades en esa
misma calidad de ciudadanos merecedores de respeto.
4. Los preámbulos como sentido de los principios de interpretación
El contenido de los principios y su sentido para la interpretación se puede apoyar sin
duda en los preámbulos de los distintos instrumentos internacionales, en tanto éstos
reflejan la voluntad de proteger a la persona humana.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que
los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de
la libertad de creencias;
61 El ejemplo frecuente es el siguiente: “Comete homicidio el que priva de la vida a otro”, Juan privó de la vida a otro, por tanto, Juan cometió homicidio. Esa forma de razonar se conoce como subsunción. El resultado es que, o se configura el delito o no se configura, o las pruebas permiten acreditarlo o no permiten acreditarlo, pero no hay delitos a medias, ni los tipos penales se pueden aplicar de forma gradual.
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Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho,
a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y
la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el
progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con
la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.
O, por ejemplo:Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
Preámbulo
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
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razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional
coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados
en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;
Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede
realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967)
aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre
derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana
sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los
órganos encargados de esa materia,
Han convenido en lo siguiente […]
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Preámbulo
Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede
realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y
liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos,
sociales y culturales,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,
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Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto […]
Cuando los Estados han pretendido hacer aparecer instituciones que no son
directamente derechos del individuo, como el orden público o la seguridad nacional,
etcétera, como derechos de los Estados, se han suscitado grandes atrocidades. Así, el
discurso del orden público durante el franquismo permitió encarcelar, torturar y
desaparecer a miles de españoles. Y más recientemente el de la seguridad nacional
facilitó que, con toda la sevicia y en nombre del derecho del Estado, las dictaduras
latinoamericanas, desde Argentina hasta Guatemala, incluyéndonos, desparecieran,
torturaran o encarcelaran a cientos de miles de personas.
Ejemplos de principios: a) el del interés superior del menor, b) el de inviolabilidad de
la persona, c) el principio pro homine.
5. Los principios de derechos humanos en el ámbito penal: el principio pro
persona o pro homine como límite del principio de precaución
A. El caso de las normas especiales de derecho penal. Principios
iusfundamentales en conflicto con las normas penales aplicables a la
delincuencia organizada. La interpretación más certera como interpretación
obligada
El principio pro-homine, expresado también como principio pro persona, que impone
en todo momento la interpretación más benéfica para la persona debe confrontarse en
el ámbito de la delincuencia organizada con el llamado principio de precaución, que
propone castigar a quienes “se organicen de hecho para realizar conductas X”; es
decir, se castiga por organizarse, aun cuando las conductas X no hayan sido
desplegadas.
Este principio de precaución que se encuentra necesariamente vinculado a la llamada
sociedad del riesgo termina por evaluarse como una probabilidad de que suceda
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determinado evento asociado con el riesgo (las conductas X). Frente a esta
probabilidad es que el Estado propone una reacción anticipada.
En ese sentido, atendiendo al principio pro persona contenido en el segundo párrafo
de la Constitución mexicana vigente, la única interpretación jurídica que ofrecería
cierto grado de certidumbre consistiría en entender la expresión “probabilidad” en su
sentido matemático, porque puede traducirse en un porcentaje cierto, de manera que
si se rebasa ese porcentaje se aplicará el principio de precaución y si no se rebasa,
entonces no se deberá aplicar el referido principio.
Acudir a las otras acepciones de la expresión “probabilidad”, en el sentido de
verosimilitud o de posibilidad, termina desembocando en mera arbitrariedad. En este
caso, el principio pro persona sólo se satisface cuando la interpretación de la norma
penal no es arbitraria.
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RESUMEN
Los principios de derechos humanos aplicados a tres grandes áreas
El agente del Ministerio Público puede orientar la aplicación de los diversos
instrumentos de protección de los derechos humanos en tres grandes áreas: los
acusados, las víctimas, y la impunidad.
I.- Los acusados. Históricamente el Derecho Penal ha sido, sobre todo, un
instrumento para proteger al ciudadano común de acusaciones injustas. De allí la
gran cantidad de derechos que asociamos con el acusado.
II.- Las víctimas. Admiten muchos niveles de análisis, algunos de los cuales hasta
ahora han sido reconocidos; por ejemplo, la víctima siempre será un individuo, o la
ofensa siempre se puede individualizar, pero es posible que la víctima tenga por
formar parte de un grupo específico aspectos que hay que poner en relieve (como su
pertenencia a colectivos históricamente vulnerados), o el hecho de que en algunos
casos el victimario sea precisamente el Estado. En el caso de la pertenencia, podemos
poner como ejemplo el caso de las mujeres y la experiencia de la violencia.
III.- La impunidad. Con motivos o sin ellos se acusa en más de una ocasión al
Ministerio Público de que las deficiencias en su actividad son uno de los factores de
impunidad.
El conocimiento de los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos es obligatorio para el agente del Ministerio Público. Ese conocimiento le
permitirá contribuir a instituir una sociedad donde todas las personas, él incluido
(todos portadores de derechos), sean lo más importante.
El desconocimiento de los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos constituye una omisión grave en la preparación del ministerio
público que puede redundar en actuaciones deficientes susceptibles de impugnación,
o que puede repercutir con la misma severidad cuando sus propios derechos son
vulnerados.
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