CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 31000260/2007 MARTINA, LORENA SOLEDAD Y OTROS c/ U.N.A.F ... · OOO...

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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

31000260/2007

MARTINA, LORENA SOLEDAD Y OTROS c/ U.N.A.F s/DESPIDO

///SISTENCIA, 08 de abril de 2021. MSM

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “MARTINA, LORENA SOLEDAD Y

OTROS C/ U.N.A.F. S/ DESPIDO” Expte. N° FRE 31000260/2007/CA1 proveniente

del Juzgado Federal N° 2 de Formosa; y

Y CONSIDERANDO:

La Dra. María Delfina Denogens dijo:

I. Que los actores promueven demanda laboral (fs. 15/25 vta.)

contra la Universidad Nacional de Formosa, por la cual reclaman que se les abone

indemnización por antigüedad y preaviso (conforme LCT) art. 80 LCT, art. 16 Ley 25.561,

arts. 1 y 2 Ley 25.323, art. 8 Ley 24.013, diferencia de haberes periodo agosto 2005 a

marzo 2007, salario correspondiente al mes de marzo año 2007, horas extras al 50%,

adicionales de los arts. 55, 60 inc. e) y 64 CCT Nº 366/06 y SAC correspondiente segundo

semestre año 2005, año 2006 y proporcional primer semestre año 2007, asignaciones

familiares no percibidas y todo otro rubro que por ley corresponda por la extinción de la

relacional laboral que los unió con la Facultad de Administración de la Universidad

Nacional de Formosa. Aducen que la relación laboral se desarrolló de manera irregular en

contratos de locación de obra, renovados por varios períodos y por distintas cantidades de

años según cada actor, hasta el año 2007. Reclaman la suma de $514.878,00, más intereses

y costas, según la actividad, modalidad de ingreso, salarios y demás condiciones laborales

de cada uno de los siete (7) actores. Ofrecen pruebas.

A fs. 46/59 la U.NA.F. contesta la demanda, en base a argumentos

a los que en honor a la brevedad remito. Alega básicamente la inaplicabilidad de las normas

de la L.C.T., la nulidad de la Resolución 002/2007 y la falta de legitimación del entonces

Decano de la Facultad para celebrar dichos contratos, entre otros argumentos.

II. En fecha 28/02/2019 el a quo dicta Sentencia N° 07/19

rechazando, en primer lugar, el planteo de nulidad de la Resolución Nº 002/2007 del

Fecha de firma: 08/04/2021Firmado por: SONIA GLADIS VOIQUEVICHI, SECRETARIAFirmado por: MARIA DELFINA DENOGENS, JUEZA DE CAMARAFirmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARAFirmado por: ENRIQUE JORGE BOSCH, JUEZ DE CAMARA

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Consejo Directivo de la Facultad de Administración y Negocios (FAEN) de la UNAF y

hace lugar parcialmente a la demanda, condenando a la demandada a pagar a los actores

distintas sumas: Martina ($3.600), Arrúa ($2.250), Cogorno ($4.500), Galeano ($3.750),

Candia ($6.000) y Morel ($ 5.250), con más intereses desde abril de 2007 y hasta el

efectivo pago, a la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco

Nación para un plazo de 49 a 60 meses, lo que deberá ser abonado dentro de los 30 días

corridos de quedar firme la planilla de liquidación. Rechaza la demanda del señor César R.

Medina e impone las costas a la demandada, difiriendo la regulación de los honorarios

hasta que exista base actualizada.

Para así decidir, considera en primer lugar el pedido por parte de

la demandada de nulidad de la Resolución Nº 002/2007, por la cual el Concejo Directivo de

la FAEN pide la incorporación a planta permanente de un grupo de trabajadores. Entiende

que, tal lo señala la actora, ese instrumento sólo se presentó en autos como prueba que

demuestra hechos sin pretender hacerlo valer como acto administrativo por lo cual la

discusión respecto a su validez jurídica como acto administrativo resulta irrelevante.

Además, entiende que –en su caso la nulidad debió haber sido planteada por la vía

contencioso administrativa correspondiente y en tiempo oportuno, lo que la Universidad no

alega ni acredita haber realizado, por lo que es improcedente procesal y sustancialmente

discutir aquí la validez del acto cuando no ha sido controvertido por la vía pertinente, pese

a existir mecanismos internos para su revisión o por vía de acción de lesividad en sede

judicial.

Seguidamente tiene por acreditado que en fechas variables y con

diferentes salarios, los actores fueron contratados por las autoridades de la Facultad de la

UNAF para cumplir diferentes labores en áreas administrativas, pero que tales

contrataciones fueron realizas en violación de las normas de la propia Universidad,

mediante diferentes mecanismos y variadas formas de pago. Entiende que, más allá de las

formas jurídicas, las labores se prestaron como relación de empleo con cumplimiento de

horarios, realización de tareas propias y específicas de la unidad académica y siguiendo las

instrucciones de sus superiores jerárquicos, es decir, una relación de empleo público.

Realiza el encuadre jurídico para resolver la situación planteada,

partiendo de que existen graves irregularidades administrativas en el proceso de

contratación de los actores y que la propia demandada reconoce (aun cuando trata de

deslindar su responsabilidad en los funcionarios que las realizaron), lo cual deja al reclamo

de los actores en una situación de indefinición jurídica, ya que –dice el régimen de empleo

público no les resultaría aplicable por cuanto las contrataciones no se realizaron en el marco


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de dichas normas y, además, alguno de ellos habrían ingresado originariamente en el marco

de Planes Sociales que los obligaban a una contraprestación.

Señala que los actores no han planteado ni invocado el derecho a

la estabilidad que les correspondería por el art. 15 de la Ley 22.140 (modif. por Ley

25.164), sino que han solicitado la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744,

optando por reclamar una indemnización por el cese sin causa del vínculo y que, en dicho

marco fáctico y de irregularidad en la actuación de los órganos administrativos, no se puede

nunca reprochar de tal situación a los actores como pretende la demandada, por lo que

resultan aplicables los arts. 15 y 16 C.C., en tanto obligan al Juez a tomar una decisión aun

cuando los hechos del caso resulten jurídicamente complejos de encuadrar en normas

específicas y atendiendo a los principios generales del derecho, en consideración a las

circunstancias del caso.

Reputa desacertada la pretensión de la actora de encuadrar los

reclamos en las normas generales del derecho del trabajo y en particular la Ley 20744 y

leyes 25561 y 25323 (para casos de trabajo no registrado) por entender que, más allá de las

irregularidades comprobadas, nos hallamos en presencia de contratos de empleo público,

por lo cual esas son las normas que devienen aplicables.

Entiende que la situación de los actores que trabajaron por

prolongados períodos de tiempo les generó una razonable expectativa de continuidad y

estabilidad que no llegó a concretarse en sus designaciones de carácter permanente. Que

frente a las concretas intimaciones realizadas para que se regularice su situación laboral,

fueron respondidas inapropiadamente por la Universidad, quien negó sin fundamento

fáctico y en contra de sus propios actos la existencia de vínculo alguno, por lo que –afirma

el auto despido de los trabajadores fue la única salida ante esa actuación de la patronal.

Sostiene que al momento de los actos, el Decano Quijano (quien

suscribiera los distintos contratos de locación de servicios con los actores) era la autoridad

legítima de la Facultad por lo cual, frente a los trabajadores, su actuación era válida,

debiendo la Universidad en todo caso formular los reclamos contra dicho funcionario si

actuó de manera inadecuada o ilegal, pero ello –dice no lo autoriza pretender sostener la

inoponibilidad de esos actos frente a los terceros, menos aún los trabajadores que gozan de

un régimen de tutela especial y son la parte más vulnerable de la relación contractual.

Además de ello, remarca que no fue sólo ese funcionario quien realizó actos jurídicamente

relevantes, pues los mismos también fueron ejecutados por el posterior Decano

Montenegro, el Secretario Administrativo Velázquez y el propio Concejo Directivo de la

FAEN, quien, al dictar la Resolución Nº 002/2007, le reconoce los derechos a los actores y


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establece “que la situación laboral en que se encuentran los trabajadores, exige la

estabilidad laboral consagrada en la carta magna nacional”, y con invocación a la

“justicia social” se peticiona la incorporación a la planta permanente de los actores,

petición que no fue oída por el Rector de la UNAF, lo cual obligó a los trabajadores a

iniciar la presente causa. Deja afuera de tales consideraciones al actor Medina, por cuanto

reputa que por la fecha de su ingreso (sep. ´06) no le resulta aplicable lo dicho, en virtud del

breve periodo de tiempo trabajado que no le ha generado esas expectativas de acceder al

cargo y de estabilidad, por lo cual –concluye su reclamo no ha de prosperar por cuanto su

vínculo no llegó a superar la precariedad propia de una etapa de ingreso.

Efectúa otras consideraciones y determina la “compensación

indemnizatoria” de cada uno de los trabajadores aplicando el art. 11 de la Ley de Empleo

Público N° 25.164, el que transcribe.

Considera improcedente la pretensión de percibir diferencias

salariales, ya que no encuentra base legal ni probatoria al importe calculado como haber

base ($1.200) e igualmente rechaza los otros rubros: omisión de preaviso (por no hallarse

contemplada en la norma aplicada) y el proporcional de S.A.C. y vacaciones, por falta de

pruebas acreditantes sobre las sumas efectivamente percibidas con motivo del cese (sic),

indicando que si bien la actora ofreció la pericial contable, la misma no se produjo por lo

cual entiende que dicha pretensión carece de base probatoria.

Por último, tampoco encuentra satisfechos los recaudos para

declarar a la demandada temeraria y maliciosa, pues las defensas intentadas se han limitado

al plano de lo argumental, sin que se advierta una actuación procesal que haya generado por

sí misma un dispendio jurisdiccional o entorpecido el proceso, por lo cual tal pedido

tampoco ha de prosperar.

II. Contra dicha resolución ambas partes interpusieron y fundaron

recursos de apelación: la demandada a fs. 387/391 y la actora a fs. 397/405 –conforme

constancia digital, ambos concedidos en relación y con efecto suspensivo en fecha

21/10/2019 (fs. 408).

1 Agravios de la demandada:

En general solicita se revoque y se deje sin efecto el fallo en los

puntos 1, 2 y 4 de la parte resolutiva, como asimismo determinados párrafos de la sentencia

(los cuales transcribe íntegramente), por ser los mismos arbitrarios y contrarios al derecho

vigente, violatorios de la autonomía universitaria (art. 75 inc. 19 CN), desde el a quo aplicó

al caso la ley 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público), la cual –sostiene


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no rige para el personal de las Universidades Nacionales sino para el empleo público de la

administración central, además de ser arbitraria y nula porque no aplicó el plexo normativo

que debía, como ser la Ley de Educación Superior (N° 24.521 – arts. 29 y 59 facultad de

las universidades de administrar su patrimonio, aprobar presupuesto y fijar su régimen

salarial y de administración de personal), el Estatuto Universitario (Res. Ministerial N°

595/00, art. 58 inc. d potestad del Rector para contratar personal) y –a su vez porque se

apartó del C.C.T. No Docente homologado por Dto. 366/2006, como asimismo de la Ley

24.447 – art. 19 (de presupuesto) y del Dto. 1007/95, sin declarar, en su caso, la

inconstitucionalidad de las mismas en tanto no se ha probado ni alegado en autos que los

actores hayan tenido categoría de personal “permanente” de la Universidad, alegando que

dicho CCT sólo reconoce estabilidad a los agentes permanentes (inc. a, art. 11 CCT y art.

14 C.N.), no así a los transitorios, quienes tampoco tienen derecho a indemnización por

extinción de la relación laboral, violándose –dice el principio “iura novit curia”, porque el

aquo tiene la obligación de aplicar el derecho vigente más allá del que invoquen los

litigantes y su deber de conocerlo es una garantía para las partes, siendo que la resolución

no debe ser la consagración del voluntarismo del juzgador, sino del derecho (sic).

Alega que el aquo se esmeró en forma arbitraria a argumentar la

existencia de empleo público mediante una “tarea de reconstrucción fáctica”, no jurídica,

como debía, y partió sólo de los argumentos de los actores: en relación a los Sres. Martina,

Arrúa, Galeano, Candia y Morel, sólo tuvo en cuenta la supuesta existencia de la relación

laboral sin que exista acto administrativo válido emanado de autoridad competente,

concluyendo en que medió empleo público, además de establecer las fechas del supuesto

inicio y finalización del mismo por despido indirecto, instituto propio del derecho laboral

privado, pero que el a quo aplica, sin siquiera mencionar en qué normativa apoya sus

conclusiones, no siendo un instituto propio del derecho administrativo. Cita jurisprudencia.

Sostiene asimismo que no existe ninguna norma jurídica que

faculte a los Decanos ni a los Consejos Directivos de las Facultades para contratar personal

y que tales atribuciones corresponden por estatuto al Rector de la UNAF conforme lo

normado por el art. 58 inc. “d” del Estatuto Universitario, no siendo aplicables al empleo

púbico las normas del derecho privado, ni las de la LCT, ni la Ley Nacional 25.164 de la

Administración Pública Central, por ello no hubo contrato de empleo ni relación jurídica

válida con ninguno de los actores, ni acto administrativo emanado de autoridad competente

para designar y contratar personal.

Impugna en todos los casos lo que considera arbitraria

determinación de la antigüedad de los actores, el salario de cada uno de ellos tomado como


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base para el cálculo de la indemnización, el monto total acordado a los mismos, que se haya

aplicado la Ley 25.164 contrariando el art. 153 del CCT del personal No Docente N°

366/2006 (que veda la posibilidad de aplicación de la ley 25.164 ni en forma supletoria);

como asimismo que se les haya acordado el salario integrativo del mes de despido, ya que

dicho rubro no se funda en ninguna norma jurídica (ni siquiera en la Ley 25.164), siendo un

instituto propio del derecho privado.

Sostiene que –en todo caso la controversia debió analizarse por el

a quo en el marco del CCT aplicable, en cambio, sin fundamento jurídico ni declaración de

inconstitucionalidad, se aparta de ello y aplica la Ley 25.164 diciendo falsamente que no

encuentra que dicha norma haya sido desplazada por ninguna otra del CCT, lo cual –dice

es falso, ilegal y absurdo, en tanto el art. 2 del mismo comprende a todos los trabajadores

de la institución universitaria, cualquiera sea su situación de revista, excluido el personal de

conducción política y los trabajadores docentes.

Asimismo, reputa arbitraria la imposición de la totalidad de las

costas a su parte, sin argumentar ni justificar la razón por la que afirma que la actora ha

sido ganadora, pese a que a uno de los actores (Medina) no se le hizo lugar a la demanda,

quien sería condenado en costas si hubiera demandado individualmente por ser el

perdidoso. Agrega que respecto de los demás accionantes, la sentencia hace lugar sólo

parcialmente a las demandas, razón por la cual –dice amerita sean impuestas en el orden

causado.

Hace reserva del Caso Federal y finaliza con petitorio de estilo.

2 Agravios de la parte actora:

Luego de recordar los antecedentes de la causa y trascribir de

manera integral la sentencia de primera instancia, solicita –por causar gravamen irreparable

a su parte se revoque la misma y haga lugar a la demanda en todas sus partes. En

particular:

2.1 Se agravia de que el aquo sostenga que los actores, pudiendo

solicitar la estabilidad que reconoce la ley 25.164, no lo hicieron, obviando que dicha

norma sólo reconoce el derecho a la estabilidad a los trabajadores que hayan sido

designados por autoridad competente como personal de planta permanente, mientras que en

el caso concreto los mismos fueron contratados mediante contratos de locación de servicios

fraudulentos que, en violación al art. 9° de la ley 25.164, encubrían en realidad la

prestación de servicios comunes que la propia norma veda al personal contratado.

Sostiene que los actores han pedido lo único que pueden pedir:

una indemnización y que ello de ninguna manera supone su consentimiento a la actuación


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irregular de la Universidad, como desafortunadamente concluye el aquo, “obviando la

hiposuficiencia negocial del trabajador frente al empleador que llevó a consagrar como

principio universal la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador”.

2.2 Cuestiona que el aquo, después de concluir en que los

actores prestaron servicios para la Universidad, recurre al art. 11 de la ley 25.164, cuando

en realidad el art. 3 de dicha ley establece claramente que sólo están alcanzadas por la

norma las personas que han sido designadas conforme lo previsto por la propia ley,

aclarando que no están incluidas las que estén regidas por los preceptos de la L.C.T.

Remarca que al no estar los actores designados conforme lo previsto en la ley 25.164, los

mismos se encuentran comprendidos por las previsiones de la Ley 20.744, ya que para que

aquélla resulte aplicable, debieron haber sido nombrados por la autoridad competente como

personal de planta permanente de la UNAF.

Señala que, partiendo de la base que al empleo público se ingresa

mediante el nombramiento en planta permanente por parte de la autoridad con competencia

y facultad para hacerlo, se advierte el yerro en la premisa fundante que expresa: “más allá

de las irregularidades comprobadas, nos hallamos en presencia de contratos de empleo

público”, por la simple y sencilla razón que no existen contratos de empleo público fuera

de los previstos por la ley 25.164, por lo que hace a la existencia misma del acto

administrativo que su dictado fuese precedido del procedimiento legal establecido

(principio de legalidad).

Alega que los contratos de locación eran fraudulentos con la

finalidad de encubrir una relación de empleo, por lo que estamos en presencia de un

contrato de trabajo que se debe regir por las prescripciones de la LCT, caracterizado por la

existencia efectiva de prestaciones personales por parte de los trabajadores a favor de

alguien que en forma organizada se vale de ellos para la consecución de sus fines.

2.3Cuestiona que el aquo haya rechazado las diferencias

salariales peticionadas bajo el argumento que no encuentra base legal ni probatoria al

importe calculado como haber ($1.100), cuando dicho importe –señala resulta del salario

fijado por el CCT 366/06 para los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional,

agrupamiento administrativo, tramo inicial. Ello toda vez que las funciones desempeñadas

por los actores eran idénticas a las del personal de planta, por lo que dicha cuestión no

requiere de prueba alguna, ya que el salario de convenio forma parte de las fuentes del

derecho y se presume conocida, por lo que, siempre que el trabajador perciba una suma

menor a la fijada por el CCT, tendrá derecho a que se le liquiden las diferencias salariales.


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2.4 Agravia también a su parte y por los mismos motivos, el

rechazo de las diferencias por la no percepción de los adicionales de los arts. 55, 60 y 64

del CCT 366/06.

Entiende que va de suyo que, de admitirse la aplicación de la ley

20.744 que se propicia, cabe reconocer a los actores la indemnización sustitutiva de

preaviso, la indemnización del art. 80 de la LCT, la indemnización del art. 16 de la Ley

25.561 y arts. 1 y 2 de la ley 25.323.

Sin perjuicio de lo expuesto, y para el hipotético caso que se

decida que no corresponde la aplicación de la LCT y se comparta el criterio de primera

instancia, se agravia por la aplicación parcial y retaceada de la norma sobre la que el a quo

resuelve la cuestión. Al efecto indica que el art. 11 de la Ley de Empleo Público establece

el derecho de los trabajadores a gozar de un periodo de “disponibilidad” que va de los seis a

los doce meses, según la antigüedad, derecho que –dice les ha sido negado a los actores.

Esta situación de “disponibilidad” resulta análoga al preaviso cuyo término también se

encuentra tarifado por la LCT y con el deber de comunicar con una antelación razonable la

finalización de los contratos.

2.5 Critica también que el aquo, para calcular el monto de las

indemnizaciones, haya partido de “la remuneración propuesta para el año 2007”, obviando

que la propia norma que dice aplicar (art. 11 Ley Nac. de Empleo) establece que la base de

cálculo es la mejor remuneración mensual normal y habitual, salvo mejor derecho que se

estableciere en el CCT, y así, remarca que la base indemnizatoria surge de calcular el

salario percibido y el establecido por la convención colectiva, aplicándose siempre el

mejor. Ello teniendo en cuenta el principio general “in dubio pro operario” que ampara a

la parte más débil del contrato, por lo que no puede tomarse como base el monto propuesto

unilateralmente por la empleadora, en desmedro de las mejores condiciones fijadas por el

Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores no docentes. Precisa que influye en el

resultado obtenido en el fallo la circunstancia de que se parte del paupérrimo (e ilegal)

salario “propuesto” por la Universidad a los trabajadores, sumado al dilatado tiempo

transcurrido entre el despido y el fallo, con las peripecias económicas sufridas por el país

que impiden (al menos desnaturalizan) cualquier intento de reflejar adecuadamente,

mediante fórmulas o intereses, sumas de dinero pactadas hace doce años. Atento ello

solicita se prescinda de los valores fijados en la demanda y condene a abonar a la

demandada los sueldos actualizados conforme fueron fijados convencionalmente para el

año 2019, con más el seis por ciento de interés anual.


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2.6 Por último, cuestiona el rechazo de la pretensión

indemnizatoria al actor Medina, fundada en que por “la fecha de ingreso de este

trabajador (septiembre 2006) no le resultan aplicables dichas consideraciones. El breve

periodo de tiempo trabajado no le han generado esa expectativa de acceder al cargo y de

estabilidad, por lo cual a su respecto el reclamo no ha de prosperar por cuanto su vínculo

no llego a superar la precariedad propia de una etapa de ingreso”. Entiende en

conclusión, que parte del razonamiento que el prolongado tiempo que prestaron servicios y

las expectativas de permanencia que ello pudo despertar justifican las indemnizaciones,

obviando que en realidad lo que justifica el derecho de los trabajadores es la situación de

irregularidad a las que los sometió el empleador, simulando mediante formas jurídicas que

no corresponden (locación se servicios) su contratación como empleados de la Universidad,

ocasionado ello una indeterminación del régimen jurídico que les resulte aplicable. Tal

irregularidad es la base del reclamo, no por el prolongado tiempo de servicio, sino por la

ilegalidad en las contrataciones, por lo que no cabe distinguir entre quien prestó más o

menos tiempo de servicio, ya que todos fueron contratados defectuosamente, siendo ella la

verdadera causa del derecho de los actores a ser indemnizados.

Hace reserva del Caso Federal y concluye con petitorio de estilo.

Dichos agravios fueron replicados por la demandada a fs. 409/425,

a lo que en honor a la brevedad remito.

Radicada la causa ante esta Cámara se llama Autos para dictar

sentencia a fs. 438 –digital (01/09/2020).

III. Expuestos de la manera que antecede los agravios esgrimidos

por los recurrentes, en este punto cabe recordar que no existe obligación de tratar todos los

argumentos y agravios expresados por las partes, sino tan solo aquellos que resulten

pertinentes a los fines de decidir la cuestión planteada (Fallos 278:271; 291:390; 300:584,

entre otros).

Asimismo, previo a resolver en particular cada uno de los recursos

deducidos cabe partir de algunos conceptos y principios bases que considero aplicables al

caso de marras para, desde allí, pronunciarme sobre los planteos de cada parte.

III.1 En primer lugar procede establecer el encuadre jurídico de

la relación que vinculara a los actores con la UNAF: En el caso, no se encuentra en

discusión la naturaleza de empleo público que revistió la vinculación habida entre las

partes, así como tampoco la calidad de institución de derecho público de la Universidad

demandada. Es de señalar al respecto que resulta imprescindible la acreditación de un acto

expreso del que se desprenda la voluntad estatal de incluir al personal no docente en el


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sistema de la LCT o que ello se desprenda del CCT aplicable (Dto. 366/2006), para que sus

disposiciones resulten aplicables a la relación de trabajo (conf. art. 2 LCT), lo que no

resulta en el caso de marras, ya que, más allá del encuadre jurídico que los actores

pretenden darle, conforme las circunstancias invocadas en la demanda y en la contestación

de la demanda, la relación que los uniera es indudablemente de empleo público.

Efectivamente, se trata de una típica relación regida por el derecho

público y por lo tanto, la regulación referida a ella no está comprendida dentro del derecho

privado sino del administrativo. La CSJN tiene dicho al respecto que: “…. no es admisible

sostener que la relación de empleo se hallara regida por la ley laboral común, frente a la

existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los

dependientes del organismo estatal y a la disposición del art. 2 inc. a) de la LCT, según el

cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la administración pública, salvo que

por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones colectivas de trabajo”

(CSJN 28/2/89 “Gil, Carlos C/ UTN” Fallos: 312:245 y “Leroux de Emede, Patricia c/

Municipalidad de Bs As” DT LIB847), lo que, a todas luces, no sucede en el caso de

marras.

Sentado lo que antecede y en punto a las particularidades

planteadas en el caso, la relación mantenida entre las partes debe ser analizada bajo el

prisma del principio de primacía de la realidad, apartándose de las figuras jurídicas

utilizadas (contratos de locación de servicios) por entender que con ellas la administración

obró "con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una

designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, figura

ésta autorizada legalmente para casos excepcionales” y, con ese obrar, la UNAF generó en

el trabajador "una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección

que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional otorga al trabajador contra el despido

arbitrario" (conf. CSJN in re “Ramos”, 06/04/2010, Considerando 6° –Fallos 333:311).

Considero que la doctrina establecida en la causa “Ramos” es de

indiscutible aplicación al caso de marras, de modo tal que a la luz de sus enunciados deben

ser valoradas las cuestiones de hecho y de prueba planteadas y así, quienes no se

encuentran sometidos a la L.C.T., en tanto desempeñen sus tareas de manera subordinada y

permanente a favor de la Administración Pública (en el caso, la UNAF), gozan de la

mencionada protección conferida por el art. 14 bis C.N..

III.2 El fundamento constitucional de dicha protección ha sido

desarrollado en los Considerandos 7° y 8° del voto conjunto de los Dres. Fayt, Maqueda y

Zaffaroni del citado fallo “Ramos” de la CSJN, al puntualizar: “Que durante su desarrollo,


http://www.saij.gob.ar/hugo-roberto-mansueti-corte-extiende-proteccion-contra-despido-arbitrario-para-trabajadores-contratados-precariamente-administracion-publica-analisis-preliminar-una-decision-acertada-dacf100035-2010-04/123456789-0abc-defg5300-01fcanirtcod#CT000

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el vínculo entre las partes exhibió varias de las características típicas de una relación de

dependencia de índole estable…. empero, la relación fue sucesivamente renovada en claro

exceso a las previsiones normativas que la autorizaron. Mediante este procedimiento, la

demandada se valió de una figura legalmente permitida para cubrir necesidades que,

conforme las circunstancias relatadas y el tiempo transcurrido, no pueden ser calificadas

como transitorias. De esta manera, en su condición de contratado, el actor quedó al

margen de toda protección contra la ruptura discrecional del vínculo por parte de la

Administración (artículo 14 bis de la Constitución Nacional)”. Y así, “Que, en las

condiciones expresadas, la conducta asumida … pugna con la normativa constitucional

recientemente referida, cuyo principio protectorio, comprende, por un lado, al trabajo "en

sus diversas formas", incluyendo al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en

el público (Fallos: 330:1989, 1999) y reconoce, por otro, derechos "inviolables" del

trabajador que el Congreso debe asegurar como deber "inexcusable" ("Aquino", Fallos:

327:3753, 3770; "Milone", Fallos: 327:4607, 4617). A iguales resultados conducen

diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que enuncian el

"derecho a trabajar" …., el cual debe ser considerado "inalienable de todo ser humano" ...

En efecto, el citado derecho a trabajar, … comprende inequívocamente, entre otros

aspectos, el "derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo"

("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3690)”.

Dicho criterio ha sido ratificado por la CSJN in re “Cerigliano,

Carlos Fabián c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As. U. Polival. de Inspecciones

ex Direc. Gral de Verif. y Control” 19/04/2011 (Fallos 334:398) al sostener que la

doctrina del precedente "Ramos" (Fallos: 333: 311) encuentra sustento en dos

circunstancias fundamentales: “por un lado, la relativa a que la naturaleza jurídica de una

institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con

independencia del nombre que el legislador o los contratantes le atribuyan; y por otro, la

atinente a que resulta una evidente desviación de poder la contratación de servicios por

tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter

permanente”, reiterando que “… el mandato constitucional según el cual "el trabajo en sus

diversas formas gozará de la protección de las leyes", incluye al que se desarrolla tanto en

el ámbito privado como en el público ("Madorrán", Fallos: 330:1989). También lo es que

"el derecho a trabajar", comprende, entre otros aspectos, "el derecho del trabajador a no

verse privado arbitrariamente de su empleo" ("Vizzoti", Fallos: 327:3677). Tales

exigencias se dirigen primordialmente al legislador, "pero su cumplimiento atañe,

asimismo, a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus


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respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima a dicho

precepto" (Considerando 7°).

Ahora bien, partiendo de dichas directivas marcadas por el Alto

Tribunal y evaluando que la enunciada amplitud que consagra la protección constitucional

reconocida a toda forma de trabajo dependiente, es que la acreditación de los extremos que

habiliten la contratación de agentes sin permanencia, habrá de ser examinada con criterio

restrictivo, atendiéndose en cada caso en particular a la transitoriedad y especificidad del

requerimiento (Fallos: 311:2799), “De no ser así, se llegaría a un resultado inaceptable:

que el Estado estaría habilitado a contratar servicios personales tanto integrando al

prestador en sus cuadros permanentes, como en los no permanentes o transitorios, cuando

no bajo modalidades como las ahora controvertidas, todo ello sin razones serias y

objetivas que justifiquen y expliquen el uso de la modalidad elegida y su compatibilidad

con la Constitución Nacional”. (Considerando 9° “Ramos” del voto conjunto).

III.3 En lo que respecta a la reparación de los trabajadores

contratados bajo dicha modalidad irregular, debo tomar en consideración lo dicho por la

CSJN en el citado precedente “Cirigliano”: “… la ratio decidendi de "Ramos" alcanza a

todos los trabajadores que se encuentran ligados por un vínculo como el considerado en

ese precedente en su caso y de corresponder, el modo de reparar los perjuicios que se

hubiesen irrogado al actor ha de encontrarse en el ámbito del derecho público y

administrativo (doctrina de los considerandos 9° del voto de la mayoría y 10 del

concurrente de la causa "Ramos"). Al respecto, es del todo propicio remarcar que la

finalidad reparadora de la indemnización dentro de ese marco específico—conviene

enfatizarlo— exigirá un riguroso apego a pautas razonables que garanticen el principio de

suficiencia” (Considerando 8°).

Y así, el precedente “Ramos”, indica que: “…a fin de determinar

el régimen jurídico de la reparación, ante la ausencia de una respuesta normativa

singularizada a la cuestión, es menester recurrir a los principios de leyes análogas, toda

vez que la regla de interpretación prevista en el artículo 16 del Código Civil excede los

límites del ámbito del derecho privado, los trasciende y se proyecta como un principio

general, vigente en todo el orden jurídico interno (Fallos: 325:662). Al respecto, el examen

de las normas que fijan pautas indemnizatorias por pérdida del empleo y que guardan

mayor analogía con la situación discutida en autos, conduce a encontrar una solución

razonable y equitativa en el régimen indemnizatorio previsto en la Ley Marco de

Regulación de Empleo Público Nacional,… ley 25.164, ….el quinto párrafo del artículo 11

de la citada ley ("un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres


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meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida

durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor)".

(Considerando 10° del voto conjunto). Por lo que, para determinar el importe que la

reparación debe asumir, tiene en cuenta que, por el modo en el que se desenvolvió la

relación a lo largo de los años, el tipo de tareas que se desempeñaban y las figuras

contractuales utilizadas, entendiendo que las partes no tuvieron la intención de someter el

vínculo a un régimen de derecho privado: “Por ello, y considerando que se trata de la

reparación por la conducta ilegítima de un organismo estatal, la solución debe buscarse

en el ámbito del derecho público y administrativo. Ahora bien, a fin de establecer el

importe, y a falta de previsiones legislativas específicas, debe acudirse a una solución que,

por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por el actor en este caso. De ahí

que se considera que la aplicación de la indemnización prevista por el artículo 11 de la

Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (ley 25.164), resulta una medida

equitativa para reparar los perjuicios demostrados por el actor en este caso”

(Considerando 9°).-

IV. Sentado lo que antecede, corresponde ingresar al tratamiento

del recurso de la parte demandada, el que, en su generalidad, encuentra adecuada respuesta

en lo expuesto precedentemente.

IV1. Sin perjuicio de ello, en relación a lo alegado a que el aquo

ha acudido de manera arbitraria a la Ley 25.164 propia de los empleados públicos de la

administración central, no aplicable al personal de la UNAF, cabe reiterar lo dicho en

párrafos precedentes en cuanto a que, más allá de la irregularidad en que se gestó la

relación de empleo, la misma merece de la protección de las leyes frente a los trabajadores

que han visto vulnerados en sus derechos.

Así, al no existir dentro del Estatuto Universitario de la UNAF

(Res. Ministerial N° 595/00), ni en el C.C.T. N° 366/06 aplicable al personal no docente de

las universidades, normas que prevean la situación aquí planteada, la que, cabe remarcar, se

trata de personal no docente contratado para cumplir funciones propias y regulares que se

desarrollan dentro del área administrativa de la Facultad y, más allá de lo previsto en el art.

153 CCT, debe recurrirse a normas análogas para brindar protección ante el despido y/o

rescisión contractual, dentro del ya establecido marco de derecho público de la relación que

vinculara a las partes. Y dicha normativa lo es la Ley 25.164 siguiendo la doctrina sentada

por la CSJN.


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IV2. En cuanto a lo alegado sobre la existencia de la relación

laboral que tiene por acreditada el aquo, sin que exista acto administrativo válido,

emanado de autoridad competente, dando por ciertas las fechas de ingreso y egreso de los

actores, cabe remarcar que éstos no invocaron ni peticionaron, ni el aquo les atribuyó

“estabilidad” como afirma la recurrente. Por el contrario, lo planteado tiene por base,

precisamente, la irregularidad de la relación que vinculara a las partes.

Así, el elemento común del reclamo por parte de los actores

refiere a la modalidad de contratación por parte de la UNAF, la que, con algunas

variaciones en las fechas de ingresos, labores y horarios, se funda, principalmente, en la

indudable existencia de prestación de tareas por parte de los actores a favor de la

Universidad Nacional de Formosa – Facultad de Administración.

Señala la recurrente la inexistencia de contrato y la inexistencia de

empleo público, afirmaciones ambas que no se condicen con las constancias de la causa, ya

que, tal como se ha probado, los actores han celebrado contrato de locación de servicios

con la Facultad (adjuntados como prueba documental a la causa, conjuntamente con recibos

emitidos por los actores a favor de la Facultad). Si bien alega que los mismos serían “fruto

de un acto ilícito de parte del funcionario que permitió el ingreso de los actores en las

dependencias de las oficinas de la universidad” derivadas de la gestión del ex decano

Carmelo Héctor Quijano, destituido –dicen por las irregularidades en su gestión, tal

situación no les resulta oponible a los actores.

Un segundo aspecto a destacar, es que la relación de empleo

tampoco ha sido negada por la Universidad (que sólo impugnó la modalidad en que se

gestara), la que, más allá de la intervención primigenia del ex Decano Quijano, presentó

continuidad durante la gestión posterior al mismo, lo que se ha corroborado por la

Resolución N° 181/06 (26/04/2006) que dispuso la contratación de los agentes enumerados

en el anexo único de la misma, quienes venían ya desarrollando tareas administrativas en la

facultad, tal lo dice sus considerandos,. Dicha Resolución, suscripta por el nuevo Decano

de la Facultad, Oscar Montenegro que, tal lo remarca el a quo, no fue cuestionada

oportunamente ni en sede administrativa ni en sede judicial.

Posteriormente, por Resolución Nº 002/2007 del 13/03/2007

(originada en la Nota Nº 029/2007 presentada por los actores), el Concejo Directivo de la

FAEN pide al Rectorado la incorporación a planta permanente de un grupo de trabajadores

(lo que no se concreta y da origen a la presente acción), en la que figuran los actores; dicha

resolución, cabe resaltar, también fue suscripta por el Decano Montenegro. La misma fue

acompañada por los actores como prueba en aval de su postura, reconociendo que no ha


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sido ratificada por el Rector de la Universidad. De ello se sigue que no sólo el Decano

Quijano (con quien se originaran los contratos de locación de servicios de los actores) fue

quien realizó actos jurídicamente relevantes –bien lo dice el a quo, sino que los mismos

también fueron realizados por el Decano Oscar Montenegro, el Secretario Administrativo

Néstor Neri Velázquez y el propio Concejo Directivo de la FAEN que, al dictar la

mencionada Resolución Nº 002 le reconoce derechos a los actores y establece “que la

situación laboral en que se encuentran los trabajadores, exige la estabilidad laboral

consagrada en la carta magna nacional”, pidiendo su incorporación a la planta

permanente, sin el éxito pretendido, como se ha dicho.

En virtud de lo expuesto, y partiendo del principio de primacía de

la realidad, entiendo sin duda alguna, que la relación de empleo se ha dado, ya que se

advierte que en los hechos fue el Decano de la facultad quien contrató a los actores, más

allá de lo regular o irregular de su actuación pues frente a ellos apareció como la autoridad

legítima quien –por lo demás efectuaron prestaciones laborales efectivas, por un tiempo

prolongado, cumpliendo funciones propias que desarrollan los agentes de planta

permanente (por la calidad y características de las funciones cumplidas). No se me escapa

que ello acaeció bajo la irregularidad de personal no permanente (contratado) –en clara

violación al art. 9 de la ley 25.164, que prevé que tales contratos son para la prestación de

servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del

régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. Sin

embargo y pese a ello, han cumplido tales funciones, percibiendo ellas una

contraprestación. En tales condiciones, los trabajadores merecen protección frente a la

desvinculación arbitraria por la expectativa de continuidad y estabilidad, de allí que el

supuesto previsto en el art. 11, último párrafo de la Ley Marco de Empleo Público, sea de

aplicación al caso, tal lo doctrinado por nuestro Alto Tribunal, cuyos máximos fundamentos

se encuentra en el art. 14 bis de la C.N., en los principios iura novit curia e dubio pro

operario, en el mandato de los citados art. 15 y 16 C.C., pero además, en el propio CCT

366/06, el que en su art. 11 consagra el derecho para el personal no docente (que cumpla

funciones propias del personal permanente) a percibir compensaciones e indemnizaciones,

por lo que no caben mayores consideraciones en este sentido.

IV3. Sin embargo, en cuanto al cuestionamiento realizado por la

UNAF respecto a las fechas de ingreso y egreso a prestar labores de los actores Martina,

Arrua, Cogorno y Morel, cabe precisar que, tal se encuentra acreditado en autos, y no

siendo un aspecto controvertido entre las partes las fecha de vinculación de la Universidad

con los mismos, máxime cuando son los mismos quienes en sus telegramas establecen tales


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fechas, no existe razón alguna para otorgarles a dichos actores los años de antigüedad que

señala el a quo, por lo que deberán tenerse en cuenta las fechas denunciadas por aquellos a

los fines del cálculo indemnizatorio del art. 11.

Así, a la Sra. Martina se le reconocen cuatro (4) años de

antigüedad (ingreso marzo 2003 egreso abril 2007); al Sr. Arrúa se le reconocen dos (2)

años de antigüedad (ingreso febrero 2005 egreso abril 2007); a la Sra. Cogorno se le

reconocen cuatro (4) años de antigüedad (ingreso marzo 2003 egreso abril 2007); y al Sr.

Morel se le reconocen cinco (5) años de antigüedad (ingreso mayo 2002 egreso abril

2007).

IV4. Por último, y más allá de lo que propongo infra sobre el

cuestionamiento a la imposición de costas de primera instancia, cabe aquí pronunciarme

sobre el rubro condenado por el a quo “salario integrativo mes de despido”, aspecto que

debe revocarse, ya que, como sobradamente se ha dicho, encontrándonos dentro del ámbito

del derecho laboral público y tratándose de la interpretación analógica por la que se dispone

la aplicación del art. 11 de la ley 25.164, lo único admisible es la que prevé dicho

dispositivo, esto es una indemnización por años de servicios prestados, no previendo

indemnización alguna por integración del mes de despido (instituto propio del derecho

laboral privado –LCT), ni similar para la situación como la planteada en el caso de marras.

Por lo dicho, corresponde rechazar el rubro en consideración.

En definitiva, en virtud de lo expuesto, entiendo que cabe hacer

lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte demandada.

V. Corresponde ingresar al tratamiento de los agravios

esgrimidos por la parte actora.

V.1. Cabe tratar de manera conjunta los agravios identificados

como 1), 2), 3) y 5) – donde, en general, se cuestiona la aplicación de la ley 25.164, la no

aplicación de la LCT, los rubros allí previstos y la base de cálculo para la indemnización.

Los mismos no pueden prosperar en tanto al planteo de autos resulta de aplicación la

doctrina establecida por el Máximo Tribunal en el sentido que las controversias que versan

sobre vinculaciones atípicas del Estado y sus dependientes, deben ser resueltas con arreglo

a la normativa pública administrativa que regula el empleo público (conf. CSJN in re

“Ramos”) con la única excepción de que se verifique la situación contemplada por el art. 2

inc. a) de la LCT (cuando expresamente se disponga su aplicación por convenciones

colectivas de trabajo y/o por la propia administración), supuesto que –como se ha dicho no

luce configurado en el caso.


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En este contexto, si bien resulta ser exacto que los actores alegan

que estarían comprendidos en el Convenio Colectivo homologado por Dto. 366/2006 (sobre

todo a los fines del reclamo de otros adicionales allí previstos para personal no docente de

carácter permanente) ello carece de trascendencia a poco que se advierta que dicha

convención se enmarca en lo normado por el art. 19 de la Ley 24.185 (noviembre 1.992),

donde se establecen las disposiciones por las que regirán las negociaciones colectivas que

se celebren entre la Administración Pública y sus empleados. Dicho artículo establece que

“Los regímenes convencionales que se establezcan como consecuencia de esta ley se

regirán por criterios de interpretación e integración de normas generales que rijan la

materia, no resultando de automática aplicación las disposiciones de la ley 20.744” y por

lo tanto no rige la disposición del artículo 2 inc. a) de la LCT”, lo que en definitiva se ha

plasmado en el propio CCT 366/2006 al disponer que en ningún caso se habilitará la

aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, quedando reservada la calidad de empleo

público autorregulado, en virtud de la capacidad de las instituciones universitarias sobre la

administración de su régimen del personal, consagrado por la Ley de Educación Superior.

En este marco la cuestión en examen se encuentra directa e

inmediatamente relacionada con la aplicación e interpretación de normas de derecho

público y, en tales condiciones, corresponde que tales actos sean examinados y aplicados

para dirimir los conflictos como los aquí ventilados, debiendo decidirse sobre la base de los

términos que caracterizan a la pretensión, de los elementos que la integran y de los hechos

en que se funda, tomando en cuenta las circunstancias fácticas reseñadas.

Consecuentemente –y tal lo adelantado corresponde rechazar este aspecto del recurso

interpuesto por los actores, con fundamento en lo expuesto supra al tratar el marco jurídico

y constitucional de la cuestión debatida en autos, y la aplicación de los principios previstos

por los arts. 15 y 16 CC (vigente a la fecha de los hechos señalados en los arts. 1, 2 y 3 del

CCC) y principio iura novit curia, lo que deriva en la aplicación de la normativa señalada

(Ley Marco de Empleo Público N° 25.164).

En este sentido, y al concluir en la naturaleza administrativa

del contrato que vinculara a las partes –reitero, no son aplicables los principios del derecho

laboral que pretenden los actores y, por ende, los demás rubros reclamados (diferencia de

haberes, SAC, art. 80 LCT, indemnización leyes especiales, etc.) no pueden prosperar por

ser indemnizaciones propias del derecho privado, no contempladas para el caso de autos, tal

lo dispone asimismo la última parte del art. 11 de la ley 25.164 (“…y las indemnizaciones

especiales que pudieren regularse por dicha vía”, las que tampoco están previstas en el

CCT).


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En lo que respecta las diferencias salariales solicitadas, de

cuyo rechazo se agravian los actores, partiendo de la misma premisa de que no nos

encontramos frente a un contrato privado regido por la LCT, sino de una indemnización por

rescisión de contrato del derecho público administrativo, no cabe reconocer diferencias

salariales de manera retroactiva, porque el monto pactado contractualmente, acto

administrativo no cuestionado oportunamente y a cuyas cláusulas se sometieron las partes

(en particular al monto dinerario a percibir como contraprestación de las tareas), es el que

de debe considerarse como válido mientras duró la vigencia del mismo.

Ahora bien, en cuanto a lo cuestionado por la recurrente

respecto al salario base a tomar en cuenta para el cálculo de la indemnización del art. 11 de

la Ley 25.164, cabe recurrir a lo prescripto por dicho precepto, el que establece: “…. el

derecho a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de

servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración

mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de

prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en

el Convenio Colectivo de Trabajo …” (el subrayado me pertenece).

Partiendo de dicha directriz, y teniendo en cuenta que es

principio básico del derecho del trabajo que las convenciones colectivas prevalecen sobre la

ley (en el caso, contrato) en cuanto establezcan mejores derechos para los trabajadores,

siempre que no afecten disposiciones dictadas en protección del interés general, procede

tomar a los fines del cálculo el salario fijado por el CCT respectivo, correspondiente al mes

de abril de 2007 (fecha de rescisión del contrato), teniendo en cuenta la categoría detentada

por cada uno de los actores.

V.2. Respecto del agravio identificado como 4), cabe su

rechazo, en tanto los pretendidos adicionales de los arts. 55 (antigüedad), 60 (título) y 64

(permanencia en la categoría) CCT 366/06 no corresponde sean abonados porque son para

el personal permanente, calidad que no detentaban ni invocaran los actores, por lo que no

caben mayores consideraciones al respecto.

V.3. Por último, cabe ingresar al agravio identificado con el

numeral 6), cuestionando el rechazo de la demanda respecto al Sr. César Ramón Medida.

Al respecto debo señalar liminarmente que, más allá que su tiempo de vinculación con la

patronal U.NA.F. ha sido menor que la del resto de los actores, no existe justificación

fáctica ni normativa alguna para excluirlo, ya que también ha probado con contratos y

recibos la real prestación de servicios.


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En tales condiciones la valoración debe ser idéntica a la

realizada en relación a los demás actores al no exisitir un instituto en la normativa

administrativa similar al “período de prueba” de la LCT, por lo que también debe

reconocérsele al Sr. Medina la misma indemnización prevista por el art. 11 último párrafo

de la Ley 25.164, tomando como fecha de ingreso el mes de septiembre de 2006 y de

egreso el mes de abril de 2007, es decir, una antigüedad de un (1) año y como base de

cálculo el salario fijado por la CCT según su categoría de revista.

VI. En cuanto a las cuestionadas costas de primera instancia

y atento al modo en que se resuelve la causa en esta instancia, destaco que es criterio de

este Tribunal que la circunstancia de que el éxito de la demanda sea parcial no le quita al

demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas Es por ello que el hecho de que

la acción no haya prosperado en toda su extensión, no justifica la liberación de costas a

quien no se allanó ni parcialmente, y obligó a litigar al acreedor para obtener el

reconocimiento de su derecho. (Cfr. Morello, Sosa y Berizonce, “Códigos…” Ed. Platense

Abeledo Perrot. Año 1985, T. IIB, pág. 61), en virtud de ello, cabe confirmar la imposición

de costas de primera instancia a la accionada vencida U.NA.F..

VII. Finalmente, las correspondientes a esta instancia, que se

independizan de las de primera –de compartirse el modo en que propongo se resuelvan los

recursos deducidos en tanto existen vencimientos mutuos, deben ser impuestas con una

visión sincrética en un 80% a la demandada vencida y en un 20% a la actora, difiriéndose la

regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para el momento en que haya

planilla de liquidación firme para ello. ASI VOTO.

Los Dres. Enrique Jorge Bosch y Rocío Alcalá dijeron:

Que por los fundamentos expuestos por la Vocal preopinante,

adhieren a su voto.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, SE

RESUELVE:

1. HACER LUGAR PARCIALMENTE A LOS

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por la parte demandada a fs. 387/397 –

digital y por la actora a fs. 391/406 –digital y, en consecuencia, modificar la sentencia de

fecha 28 de febrero de 2.019, con los alcances previstos en los considerandos que anteceden

y haciendo extensiva la procedencia de la acción al Sr. César R. Medina.


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2. IMPONER LAS COSTAS de esta instancia en un 80% a la

parte demandada y en un 20% a la parte actora, posponiendo la regulación de los

honorarios profesionales para la oportunidad prevista en los considerandos que anteceden.

3. COMUNICAR al Centro de Información Judicial,

dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019

de ese Tribunal).

4. REGÍSTRESE, notifíquese y oportunamente devuélvase,

debiendo estarse a lo dispuesto por la Ac. 31/2020 de la CSJN y su Anexo II.

ROCIO ALCALÁ ENRIQUE JORGE BOSCH MARIA DELFINA DENOGENS

Jueza de Cámara Juez de Cámara Jueza de Cámara

NOTA: El Acuerdo precedente ha sido suscripto por los Señores Jueces en forma

electrónica (arts. 2° y 3° Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.

SECRETARIA CIVIL N° 2, 08 de abril de 2021.


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NOTA: Dr. DI BIASE, HÉCTOR DONATO (por la parte

ACTORA) se notificó en forma electrónica el día…08/04/2021 a las ..…….…hs., de la SENTENCIA… de Fs. ……/…. de autos. Conste.Secretaria Civil N° 2, …08 de abril de 2.021.

NOTA: Dr. BARÁN, MARIO H. (por la parte DEMANDADA)

se notificó en forma electrónica el día….08/04/2021 a las ..

…….…hs., de la SENTENCIA… de Fs. ……/…. de autos.

Conste.Secretaria Civil N° 2, …08 de abril de 2.021.


CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA 31000260/2007 MARTINA, LORENA SOLEDAD Y OTROS c/ U.N.A.F ... · OOO...

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