Borrador Anteproyecto de Reformas Al Cpcym
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PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein La y los Magistrados que integramos la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia conocedores de las necesidades que afronta el sistema de justicia civil y conscientes que si queremos resultados distintos en la administración de justicia, necesitamos hacer las cosas diferentes, trabajamos conjuntamente con nuestro equipo de letrados un anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y Mercantil, con el cual perseguimos una nueva cultura judicial, que se traduzca en una justicia ágil, transparente y de calidad. El anteproyecto de reforma gira en torno a tres grandes ejes: oralidad y oficiosidad, simplificación de los procesos de conocimiento y la tecnificación del mismo. La propuesta que presentamos no persigue implementar un nuevo Código, está enfocada únicamente en reformar los Procesos de Conocimiento, concentrando los mismos en un proceso oral, respetando la estructura vigente de los Procesos de Ejecución y los Procesos Especiales (jurisdicción voluntaria- proceso sucesorio). De igual forma, es necesario puntualizar que en la elaboración del anteproyecto, no se realizó inversión financiera ni contratación de consultores externos. Por ser un proyecto estratégico institucional, se presentó el borrador de reforma al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de hacer de su conocimiento el contenido y objetivos del mismo, así como, para solicitar los comentarios, sugerencias y recomendaciones de las y los señores Magistrados, mismos que fueron trasladados oportunamente a la Cámara Civil e incorporadas en el I borrador que se publicó en la página electrónica del Organismo Judicial y en la de Cámara Civil desde junio de 2015.
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Reformas al Codigo Civil
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PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Albert Einstein
La y los Magistrados que integramos la Cámara Civil de la Corte Suprema de
Justicia conocedores de las necesidades que afronta el sistema de justicia civil y
conscientes que si queremos resultados distintos en la administración de justicia,
necesitamos hacer las cosas diferentes, trabajamos conjuntamente con nuestro
equipo de letrados un anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y
Mercantil, con el cual perseguimos una nueva cultura judicial, que se traduzca en
una justicia ágil, transparente y de calidad.
El anteproyecto de reforma gira en torno a tres grandes ejes: oralidad y
oficiosidad, simplificación de los procesos de conocimiento y la tecnificación del
mismo. La propuesta que presentamos no persigue implementar un nuevo Código,
está enfocada únicamente en reformar los Procesos de Conocimiento,
concentrando los mismos en un proceso oral, respetando la estructura vigente de
los Procesos de Ejecución y los Procesos Especiales (jurisdicción voluntaria-
proceso sucesorio). De igual forma, es necesario puntualizar que en la elaboración
del anteproyecto, no se realizó inversión financiera ni contratación de consultores
externos.
Por ser un proyecto estratégico institucional, se presentó el borrador de reforma al
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de hacer de su conocimiento
el contenido y objetivos del mismo, así como, para solicitar los comentarios,
sugerencias y recomendaciones de las y los señores Magistrados, mismos que
fueron trasladados oportunamente a la Cámara Civil e incorporadas en el I
borrador que se publicó en la página electrónica del Organismo Judicial y en la de
Cámara Civil desde junio de 2015.
Es pertinente señalar que la reforma no es una gestión aislada, pues para su
adecuada implementación la Cámara Civil con el apoyo y aprobación del Pleno de
la Corte Suprema de Justicia, ha adoptado una serie de medidas en cuanto a
infraestructura, tecnificación y capacitación, que permiten materializar las
modificaciones que se implementan, entre las principales acciones se pueden
señalar: la habilitación de las 15 Salas de Audiencias del Centro de Justicia de
Primera Instancia Civil del Área Metropolitana; el lanzamiento de las notificaciones
electrónicas a nivel nacional en las materias civil, mercantil, familia, contencioso
administrativo, cuentas, económico-coactivo, niñez y adolescencia; el proyecto de
implementación del expediente judicial electrónico, y la ejecución de programas de
formación y capacitación a nivel de toda la república.
Por la relevancia y magnitud de la reforma que se pretende impulsar a través de la
iniciativa de ley que tiene la Corte Suprema de Justicia, se elaboró un Plan de
Socialización, que tiene como objetivo difundir, discutir y analizar el anteproyecto
de reforma con jueces, magistrados, sector académico, abogados litigantes y la
sociedad civil.
El plan de socialización se llevó a cabo en dos fases:
Primera Fase: socialización con Magistrados y Jueces
La y los Magistrados que integramos la Cámara Civil realizamos exitosamente en
toda la República la primera fase de socialización del anteproyecto de Reforma, la
cual fue dirigida a Magistrados y Jueces del ramo civil, mercantil, familia,
económico coactivo, cuentas, contencioso administrativo y contencioso
administrativo tributario.
Para el efecto, el país se dividió en 7 regiones de la manera siguiente: a) Región I,
Guatemala; b) Región II: Zacapa, Chiquimula, Izabal, Alta Verapaz y Baja
Verapaz; c) Región III: Sacatepéquez, Chimaltenango y Sololá; d) Región IV:
Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, San Marcos y Huehuetenango; e) Región
V: Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla; f) Región VI: Jalapa, Jutiapa y Santa
Rosa, y g) Región VII: Petén.
En cada actividad se presentó la justificación de la reforma, los ejes transversales
que informan el proyecto y las ventajas de la misma. Al final se les indicó la forma
de enviar sus comentarios y sugerencias.
En la primera fase, se contó con la participación de más de 360 Magistrados y
Jueces del ramo civil, mercantil, familia, económico coactivo, cuentas, contencioso
administrativo y contencioso administrativo tributario, quienes trasladaron sus
valiosos comentarios y observaciones. Oportunamente los mismos fueron
analizados e incorporados en el II borrador del anteproyecto de reforma, versión
que se encuentra publicada en la página electrónica del Organismo Judicial y en la
página de la Cámara Civil, desde el 30 de septiembre de 2015.
Segunda fase: socialización con Universidades, instituciones de
investigación, abogados litigantes y sociedad civil
Actualmente, nos encontramos desarrollando la segunda fase de socialización,
esta se llevará a cabo con Universidades, instituciones de investigación, abogados
litigantes y la sociedad civil, ya que el objeto de Cámara Civil y de la Corte
Suprema de Justicia, es contar con un anteproyecto de reforma consensuado y
ampliamente discutido. Al concluir esta fase, se incorporarán las sugerencias
aportadas.
Finalmente, se presentará el último borrador al Pleno de la Corte Suprema de
Justicia para su conocimiento y aprobación, y así poder ejercer la iniciativa de ley
ante el Congreso de la República de Guatemala.
Doctor Vladimir Osman Aguilar Guerra Magistrado Vocal X de la Corte Suprema de Justicia
Presidente de Cámara Civil Octubre de 2015.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORGANISMO JUDICIAL
REFORMAS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL
Exposición de motivos
I
El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Número 107 se encuentra
vigente desde el uno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro; es decir, tiene
más de cinco décadas de vigencia, pese a lo completo e integral fue promulgado
para regular una realidad socio económica y jurídica distinta de la actual, que con
el transcurso del tiempo ha cambiado, por el crecimiento demográfico, evolución
del comercio y modernización tecnológica, lo que ha provocado una excesiva
litigiosidad, esto ha incidido en las actuales cargas de trabajo, provocando que el
sistema procesal se torne lento y sobre todo no responda a las necesidades de
una justicia pronta y cumplida que reclama la población; lo anterior ha provocado
mora judicial y limitaciones para los juzgadores y justiciables, esto se evidencia en
el retraso de la resolución de los expedientes judiciales, lo que no es acorde a la
actual visión de la Corte Suprema de Justicia.
II
Son conocidos los resultados infructuosos que se han obtenido en el intento de
creación de nuevos Códigos Procesales Civiles y Mercantiles, gestionados con
anterioridad, debido a que éstos se han basado en institutos procesales de
modelos jurídicos diferentes a nuestra realidad e idiosincrasia jurídica; no es
razonable para nuestro país sustituir en bloque la justicia propia, por la de otros
países o áreas geográficas y culturales disímiles. Sin embargo, la Corte Suprema
de Justicia actualmente ha hecho esfuerzos para impulsar una iniciativa de ley con
el objeto de reformar los procesos de conocimiento del actual Código Procesal
Civil y Mercantil, atendiendo a que la ciencia del derecho está en constante
evolución; la modernidad y la tecnología trae consigo nuevas formas y modelos de
gestión que requieren cambios, permitiendo su adecuación a las nuevas
exigencias, a efecto de estar acorde a la realidad procesal moderna.
Estimamos que le corresponde a este alto organismo del Estado promover
reformas puntuales al actual Código, que le permitan adecuarse a las necesidades
que la población reclama y para ello, se estructuró a través de tres grandes ejes:
la oralidad y oficiosidad, la simplificación del trámite por medio de la reducción de
plazos y la tecnificación del mismo; con ello, se pretende evitar la mora judicial;
esto tendiente a considerar que es lo único que permitirá el efectivo acceso a la
justicia, que hoy reclama insistentemente la sociedad guatemalteca. En especial a
aquellos que por su situación económica y cultural no están en condiciones de
afrontar los costos, formalismos y la tramitación excesiva de un proceso
eminentemente escrito. Además de contrarrestar el litigio de mala fe, oneroso,
rígido y lento; promoviendo principios, valores y garantías constitucionales, tales
como la igualdad, la observancia de la buena fe, el trato justo, la dignidad de la
persona humana y la solución de los conflictos como mecanismo válidos para
sustentar un clima favorable para el desarrollo del país, al contar con un proceso
ágil, concreto, transparente y sencillo en aras del bien común.
III
La Corte Suprema de Justicia consciente de que es necesario una reforma a la
legislación procesal civil y mercantil, que llene las expectativas de modernidad,
con el afán de revertir en su estructura el sistema actual eminentemente escrito, y
con el objeto de dinamizar los procesos de conocimiento, se plantea el modelo de
gestión por audiencias, cumpliendo con los principios procesales de oralidad,
oficiosidad, publicidad, inmediación, concentración, economía procesal, buscando
la transparencia en las actuaciones judiciales, en donde prevalecerá el
contradictorio y la intervención directa del juez y las partes en todas y cada una de
las etapas procesales. Esto con la finalidad de rendirle cuentas a la sociedad
usuaria del sistema de justicia. Éstas serán las credenciales del nuevo sistema de
administración de justicia civil, mediante las reformas que se implementarán, sin
perder de vista los beneficios y virtudes de la escritura, para certeza de la
sociedad, ya que el proceso planeado en esta reforma, si bien implementa la
oralidad se conservan algunas actuaciones escritas, como la demanda, la
contestación de la demanda, o en su caso, la reconvención, la interposición de los
incidentes y de los recursos. La audiencia oral es el elemento central del proceso y
ésta se concreta con la reunión de las partes esenciales del mismo, entiéndase
juez y las partes en conflicto; esta actuación de los protagonistas del proceso,
permite el intercambio, la ratificación y la más fácil descripción de los hechos, con
las debidas contradicciones, lo que establecerá un proceso oral, ágil y que cumple
con los requerimiento de la modernidad procesal, en donde se aplique las
herramientas que otorga la tecnología, en beneficio en la reducción de los plazos y
facilitando la solución de los conflictos en forma inmediata y eficaz.
IV
Es importante destacar que, esta reforma procesal que implementa el modelo de
gestión por audiencia, teniendo la oralidad como eje central mantiene coherencia,
en primer lugar, con el texto constitucional principalmente con lo preceptuado en
los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 12, 28, 29, 30, 203 y 204 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, el acatamiento de la supremacía constitucional, sumado
a la integración completa de los derechos de las personas, la voluntad popular
como fundamento de la administración de la justicia, y el entendimiento que el
sistema procesal significa –justicia-, permite entonces la solución imparcial y
expedita de los conflictos propios de la convivencia social, aceptando que el
derecho es la expresión de las conductas individuales y sociales, para regular y
solucionar las controversias bajo el imperio de la ley que emana de la autoridad
del Estado, coincidiremos en que la concepción constitucional debe asentarse en
normas procesales y materiales que viabilicen los mandatos dogmáticos y
orgánicos de la Norma Suprema1, como se procura en esta iniciativa.
En segundo lugar, también guarda coherencia con el Código Procesal Civil y
Mercantil, todo el texto de la reforma provoca una acción articulada y eficiente que
se sitúa en la dimensión de las expectativas de la ciudadanía, que requieren
justicia proba, pronta y cumplida, que resuelva las controversias y vivir en un
ambiente de paz social. Los procedimientos engorrosos serán reemplazados por
1Código Orgánico General de Procesos de Ecuador
otros que alienten a los justiciables a confiar en el Estado para solucionar
diferencias. El trámite de los procesos de conocimiento serán expeditos, el
procedimiento evitará en lo jurídicamente posible, dilaciones innecesarias.
V
En suma las directrices de la reforma normativa se fundamenta en la dinámica de
modernizar y tecnificar el proceso civil, con la seguridad que se cumplirán los
principios de la administración de justicia, y con ello otorgar a la sociedad una
tutela judicial efectiva que debe suponer un acercamiento de la justicia al
justiciable, que no solamente consiste en mejorar la imagen de la justicia, para
hacerla parecer más accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo
jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por
el tribunal, tanto en su planteamiento inicial, como para la eventual necesidad de
depurar la existencia de obstáculos, falta de presupuestos procesales, en la
determinación de lo verdaderamente controvertido, así como en la práctica y
valoración de la prueba, con oralidad, publicidad e inmediación. Por consiguiente,
la realidad del proceso disolverá la imagen de una justicia lejana, aparentemente
situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que resulta difícil percibir
el interés y el esfuerzo de los juzgados, tribunales y partes procesales.
Por lo que se hace imperioso armonizar el sistema judicial civil con las corrientes
modernas a través de las reformas que se proponen, por medio de normas
procesales que coadyuven a la justa aplicación de los preceptos constitucionales,
de las normas de instrumentos internacionales y de la estricta observancia de los
preceptos previstos en la ley y la sujeción a los principios y garantías procesales
que orientan el ejercicio de la función judicial.
TITULO II
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS
CAPÍTULO I
JUECES
Concordancia entre la petición y el fallo
Artículo 26. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y su
contestación.
Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa motivación y
fundamentación de la decisión.
EXPLICACIÓN: Se contempló la congruencia para emitir el fallo conforme a las
pretensiones aducidas por las partes; y se incluyó el mismo requisito para la
“contestación”; ya que actualmente solo hace alusión a la demanda.
Así mismo, se incluyó como una obligación del juez el hecho de motivar
debidamente los autos y las sentencias.
Se eliminó la prohibición a los juzgadores de conocer de oficio de las excepciones
que sólo competían a las partes, toda vez que se consideró que para agilizar,
hacer expedito y evitar la dilación del proceso con el planteamiento de acciones
impertinentes que sólo tendían a entorpecer la buena marcha del mismo, ya que
el juez tendrá la facultad de conocer de oficio las excepciones previas que sean
evidentes.
Artículo 46. Cuando sean varios los demandantes o demandados que
representen un mismo derecho, están obligados a unificar su personería; si no lo
hicieren, pasado el término que el juez les señalare, se deberá designar de oficio
al representante común.
Los términos serán comunes y correrán para los representados desde que se
notifique a la persona nombrada para representarlos.
El representante común no podrá hacer uso de las facultades que requieren
cláusula especial, a no ser que se las hubieren conferido expresamente los
interesados, en el instrumento correspondiente.
EXPLICACIÓN: Se contempló en este artículo darle la potestad al juez para que
de oficio designe un representante común cuando las partes no lo hubieren
solicitado.
TITULO IV
LOS ACTOS PROCESALES
CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES Y GESTIONES DE LAS PARTES
Principios generales
Artículo 61. Los procesos, diligencias, actuaciones, incidencias y cualquiera otra
tramitación que por su naturaleza se deriven del presente Código, se regirán por
los principios de inmediación, concentración, contradicción, continuidad,
publicidad, sencillez, economía, celeridad, igualdad procesal, probidad, preclusión
procesal. En los procesos de conocimiento en adición a los principios anteriores
también se aplicaran la oralidad y oficiosidad.
Todos los procesos deberán ser públicos para las partes procesales, salvo que
exista una prohibición expresa de ley, se ponga en peligro un secreto particular,
estatal, comercial, industrial o se atente contra el pudor de las personas.
Los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son
perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Vencido un
plazo procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin
necesidad de gestión alguna, bajo la estricta responsabilidad del juzgador.
Podrá pedirse la habilitación de días y horas inhábiles, para la realización de
diligencias sin cuyo cumplimiento corra riesgo el ejercicio de un derecho. La
habilitación deberá pedirse antes de los días y horas inhábiles.
EXPLICACIÓN: Se contempla la necesidad de incluir en las reformas los
Principios que rigen el proceso oral, con el objeto de agilizar los procesos de
conocimiento y sus incidencias evitando la mora judicial. Se acordó la inclusión
de los siguientes principios: 1. Oficiosidad, 2. Oralidad, 3. Publicidad, 4.
Inmediación, 5. Concentración, 6. Contradicción; 7. Continuidad; 8. Sencillez; y 9.
Preclusión Procesal.
Se garantiza el derecho de las partes en relación a la privacidad de la
información que pudiere exponerse en los procesos, cuando las circunstancias de
la información sea confidencial.
Se integra lo relativo a los plazos regulado actualmente en el artículo 64. Se
traslada la habilitación de tiempo contenida en el artículo 65.
En virtud del Principio de Oficiosidad, se deja establecido que el proceso civil ya
no será rogado puesto que el juez deberá de dictar la resolución que corresponda
de conformidad al estado en que se encuentre el proceso, sin necesidad de gestión
de las partes.
Primeras solicitudes
Artículo 62. Toda primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia
contendrá lo siguiente:
1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija.
2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo
represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio,
residencia (Agregar domicilio en virtud de las reglas de competencia) y su
Código Único de Identificación.
3. Indicar lugar y forma para recibir notificaciones, señalando para el efecto la
dirección, los correos electrónicos, casillero electrónico, número telefónico
u otros medios avanzados y modernos que permitan su pronta notificación.
4. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un
derecho; si se ignorare la residencia, se hará constar.
5. El objeto de la comparecencia y la relación de los hechos a que se refiere
la petición.
6. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, adecuándolo al caso
concreto.
7. Ofrecimiento de los medios de prueba en que se basen sus pretensiones.
8. Los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su
disposición los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que
de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentren los originales. Si no se presentaran no serán admitidos
posteriormente, salvo impedimento justificado.
9. La petición en términos precisos.
10. De todo escrito y documento se presentaran tantas copias claramente
legibles, como partes hayan de ser notificadas, a cuya disposición
quedarán desde que sean presentadas. Además, deberá acompañarlos en
soporte magnético o electrónico, que utilizará el Tribunal para reponer los
autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de
copias que se acompañen. Se considerarán como una sola parte los que
litiguen unidos y bajo una misma representación.
11. Lugar y fecha.
12. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como
el sello de éste y su número de colegiado. Si el solicitante no sabe o no
puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie.
En las demás solicitudes sobre el mismo asunto no será necesario que contengan
los datos de identificación personal y de residencia del solicitante ni de las otras
partes, pero deberán ser auxiliadas por el abogado director. Si éste cambiare,
deberá manifestarse expresamente tal circunstancia; en casos de urgencia, a
juicio del Tribunal, podrá aceptarse el auxilio de otro abogado colegiado.
Las demás partes procesales deberán observar, en lo aplicable, lo preceptuado en
este artículo.
EXPLICACIÓN: Aún y cuando el proceso será oral, no obstante la primera
solicitud será por escrito en soporte papel que incluye las copias, con la finalidad
de conformar un expediente físico y dar certeza de las actuaciones judiciales.
Se concentraron los requisitos de toda primera solicitud, contenidos en los
artículos 62, 63 y parte del 106 y 107 del actual Código Procesal Civil y Mercantil,
así como los de contestación de demanda y demás solicitudes, con el fin de que en
un solo artículo se incluyan todos los requisitos, ya que en la legislación actual los
requisitos de las primeras solicitudes se encuentran dispersos en varias normas.
Se varió la ubicación de los requisitos de la demanda por considerarse más
técnico y sistemático; además se adicionó el objeto de la comparecencia y la
obligación de acompañar los documentos en soporte electrónico o magnético.
Además se adicionó incluir como parte de los requisitos la residencia y el Código
Único de Identificación.
Subsanación de faltas e inadmisibilidad de las solicitudes
Artículo 63. Si en el escrito de primera solicitud se hubiere omitido el
señalamiento de uno o más requisitos de los contemplados en el artículo anterior,
se señalará el plazo de tres días para que se corrijan; bajo apercibimiento que en
caso de incumplimiento se rechazará de plano.
Los jueces tendrán la facultad de conocer de oficio las excepciones previas que
resulten evidentes, las cuales serán apelables.
Las solicitudes iniciales podrán ampliarse o modificarse antes de que hayan sido
contestadas o formulado oposición.
EXPLICACIÓN: Suprime lo relativo a las copias por estar regulado en el artículo
62 de la reforma. Recopila lo relativo a la admisibilidad de las solicitudes
contenidas actualmente en el artículo 109 y una parte del 110 del Decreto Ley 107,
relativos a la ampliación y modificación de la demanda.
Se faculta a los jueces que en caso de faltar alguno de los requisitos, fijará un plazo
a efecto de que se subsanen los mismos. Además de conocer de oficio de las
excepciones previas que resulten evidentes.
CAPÍTULO II
TECNIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Artículo 64. Atendiendo a la necesidad de modernización deberán implementarse
en los procesos, la informática y la tecnología, que permita viabilizar, cumplir y
garantizar todos y cada uno de los plazos establecidos en el presente Código.
EXPLICACIÓN: En virtud de que el derecho no puede quedar aislado de los
avances y evoluciones tecnológicas, el objetivo de la tecnificación es dar mayor
celeridad a la tramitación de los procesos y cumplir con los plazos legales.
Medios para documentar las diligencias judiciales
Artículo 65. Las diligencias judiciales deberán documentarse a través de videos,
audios o cualquier otro medio científico, tecnológico o sistema moderno que
permita su fidelidad. Se autoriza el uso de la firma electrónica de los secretarios,
jueces o magistrados para tal efecto.
Cuando exista imposibilidad material de diligenciarla íntegramente en la sede del
juzgado, el juez podrá utilizar todos aquellos métodos, medios informáticos y
tecnológicos que permitan la práctica de la diligencia, garantizando a todas y cada
una de las partes procesales sus derechos y garantías legales.
Las resoluciones y actos emitidos en las diligencias judiciales, con independencia
de la documentación informática y tecnológica, deberán hacerse constar en acta
sucinta, la que formará parte del expediente.
EXPLICACIÓN: Artículo trascendental para el logro del objetivo de las reformas.
Se proyecta a futuro en la utilización de los medios tecnológicos de punta sin que
sea necesario actualizaciones o reformas. Debido al cambio constante de la
tecnología se sugirió regular en forma amplia el uso de la tecnología de punta
para documentar las actuaciones judiciales y adicionalmente se elaborará un
acta sucinta que deberá contener los pasajes más importantes de la audiencia y
cualquier otro aspecto que a juicio del juez deba incluirse en ella, las que deberán
quedar plasmados en papel. Además, se implementa el uso de la firma electrónica
para secretarios, jueces y magistrados con el objeto de hacer más expeditas las
actuaciones judiciales.
CAPÍTULO III
NOTIFICACIONES
Clases de notificaciones
Artículo 66. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y
sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se
notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera.
Las notificaciones se harán, según el caso:
1. Personalmente.
2. Por los estrados del tribunal.
3. De forma oral en las audiencias o diligencias judiciales.
4. Por cualquier medio moderno, técnico y avanzado que garantice y efectivice
la notificación.
5. Casillero electrónico.
6. Las demás notificaciones establecidas en leyes especiales.
Al emitirse una resolución en audiencia oral o diligencia judicial, todas las partes
procesales, quedarán debidamente notificadas y así se hará constar. A quien no
haya comparecido con justa causa, se le notificará por cualquiera de las formas
anteriormente enumeradas dentro del plazo de tres días.
Cuando las notificaciones no se deriven de una audiencia oral, los tribunales
deberán notificar de conformidad con la ley, dando prioridad a las notificaciones
por medios modernos, técnicos y avanzados.
Las notificaciones que se realicen a los litigantes por los estrados surtirán sus
efectos tres días después de fijadas las cédulas en los estrados del tribunal.
EXPLICACIÓN: Debido al desuso de algunas clases de notificaciones, se suprime
el libro de copias y el boletín judicial. Se establece la utilización de medios
tecnológicos de punta siempre que se garantice la fidelidad de la notificación. A
fin de aplicar los principios de oralidad y sencillez se debe notificar dentro de la
audiencia o diligencia judicial. Para casos específicos se mantiene la notificación
en soporte papel.
Se agregó el plazo de tres días en los casos en que deba de notificarse por los
estrados en atención a la certeza y celeridad jurídica.
Notificaciones personales
Artículo 67. Se notificará personalmente a los interesados o a sus representantes
las resoluciones siguientes:
1. La demanda y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto.
2. Las resoluciones en que se mande hacer saber a las partes qué juez o
tribunal es hábil para seguir conociendo, en virtud de inhibitoria, excusa o
recusación.
3. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para
un acto o para la práctica de una diligencia.
4. Las que fijan plazo para que una persona haga, deje de hacer, entregue y
otorgue a efecto de que se manifieste sobre las mismas.
5. Las resoluciones en que se acuerde un apercibimiento y en las que éste se
haga efectivo.
6. Los autos y las sentencias.
7. Las resoluciones que otorguen o denieguen un recurso.
Las resoluciones relacionadas, en caso de ser dictadas en audiencia oral, se
tendrán por notificadas conforme lo establece el artículo 66 de este Código.
Las partes podrán voluntariamente manifestar su deseo para ser notificadas de las
resoluciones antes descritas, a través de medios modernos, técnicos y avanzados.
En toda notificación personal se hará constar el día que se haga y expresará la
hora y lugar en que fue realizada e irá firmada por el notificado; pero si éste se
negare a suscribirla, el notificador lo hará constar fijándola en la puerta y la
notificación será válida; para estos actos el mismo tendrá fe pública.
EXPLICACION: Actualmente las notificaciones personales están reguladas en 10
numerales, en la reforma se reducen a 7, la comisión consideró suprimir los
numerales 5º, 7º y 8º; ya que en aplicación a la oralidad, las diligencias que se
contienen en dichos numerales se notificarán en la misma audiencia. A
requerimiento del usuario se efectuará en forma electrónica, caso contrario será
en soporte papel.
Se reconoce la fe pública del notificador en todo acto en que deba intervenir en
función de su cargo para no tener que acudir a otros cuerpos normativos.
Lugar para notificar
Artículo 79. Los litigantes tienen la obligación de señalar residencia o lugar
que estén situados dentro de la circunscripción municipal donde tiene su
sede el tribunal al que se dirijan o indicar el casillero, correo o buzón
electrónico para recibir las notificaciones y allí se les harán las que
procedan, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles dentro
del mismo perímetro.
No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el
interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo
anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandando y las otras
personas a las que la resolución se refiere, serán notificados la primera vez
en el lugar que se indique por el solicitante. Al que no cumpla con señalar
en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguirán
haciendo por los estrados del tribunal, sin necesidad de apercibimiento
alguno.
EXPLICACIÓN: Se suprimió la limitación del sector de la zona uno de la
capital, en virtud de que los tribunales ya no se encuentran ubicados
únicamente en dicha zona.
CAPÍTULO V
INCIDENTES, IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES
Incidentes
Artículo 86. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión
de un proceso de conocimiento, de los regulados en este Código, y no tenga
establecido procedimiento por la ley, deberá tramitarse como incidente.
1.Interposición: los incidentes podrán presentarse verbalmente en la audiencia o
por escrito dentro del plazo de tres días cuando la resolución sea dictada fuera de
aquella, exponiendo los argumentos que lo sustentan. Las partes procesales
deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar
la audiencia.
2. Calificación: en todo caso el juez, bajo su responsabilidad, deberá calificar la
naturaleza del incidente al darle trámite, para determinar si versa sobre aspectos
de hecho o de derecho. Si pone obstáculo al asunto principal, deberá tramitarse
en cuerda separada.
3. Rechazo liminar: los jueces tendrán la facultad para rechazar de forma liminar
los incidentes notoriamente frívolos, improcedentes y cuando las cuestiones
fueren completamente ajenas al asunto principal, sin necesidad de formar artículo.
En contra del rechazo no procede recurso alguno.
4. Trámite: promovido un incidente de forma escrita, se dará audiencia a los otros
interesados, si los hubiere, por el plazo de dos días. Si fuera interpuesto dentro de
la audiencia, se oirá a los interesados y se resolverá inmediatamente.
a) Cuando se trate de cuestiones de hecho y una de las partes procesales
solicita que se abra a prueba o el juez lo considera necesario, se señalará
audiencia dentro del plazo de cinco días para el diligenciamiento de la
prueba propuesta. Transcurrido el mismo se dictará la resolución que en
derecho corresponda, dentro del plazo que no exceda de tres días.
b) Si se refiere a cuestiones de derecho, vencido el plazo se dictará la
resolución respectiva inmediatamente.
5. Impugnación: el auto que resuelva el incidente será apelable, salvo texto de
ley en contrario y que se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados.
6. Efectos suspensivos: la apelación tendrá efectos suspensivos en los
incidentes que pongan obstáculo al curso del asunto principal. En los otros casos
no tendrá dichos efectos, remitiéndose copia certificada de lo conducente al
Tribunal superior, y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en
estado de resolver en definitiva.
7. Costas: en lo relativo a las costas en los incidentes se estará a lo regulado en
el artículo 576 de este Código.
EXPLICACIÓN: Las innovaciones de este artículo son: 1. El procedimiento
incidental regulado en este artículo ventilará las incidencias que surjan en los
proceso de conocimiento y en forma oral. Se dejó a salvo los procedimientos
incidentales que se regulan en otros apartados del código, para los otros procesos
se aplicará lo relativo a los incidentes que contempla la Ley del Organismo
Judicial. 2. Regula el rechazo liminar de los incidentes y procura evitar la mora
judicial. 3. Se faculta al juez a calificar si el incidente se refiere a cuestiones de
hecho o de derecho. 4. No procede la apelación para la resolución que lo rechaza
liminarmente; y sólo se dejó contemplada la procedencia de la apelación en
contra del auto final, para evitar la mora judicial.
Impedimentos, excusas y recusaciones
Artículo 87. Para determinar las causales de impedimentos, excusas,
recusaciones e integración de los tribunales colegiados se estará a lo dispuesto en
la Ley del Organismo Judicial.
Los impedimentos, excusas y recusaciones se regularán conforme a los
procedimientos siguientes:
1.Impedimentos: en caso de impedimento el juez se inhibirá de oficio y remitirá
las actuaciones inmediatamente al tribunal superior, para que resuelva dentro del
plazo de cuarenta y ocho horas y las remita al juez que deba seguir conociendo.
2.Excusas:
a)Trámite de la excusa: si existiere causal de excusa, el juez lo hará saber a las
partes procesales inmediatamente y éstas dentro de veinticuatro horas,
manifestarán por escrito si la aceptan o no. Vencido ese plazo sin que se hubiere
hecho la manifestación, se tendrá por aceptada la excusa y el juez elevará los
autos al tribunal superior, para el solo efecto que se designe el tribunal que deba
seguir conociendo; de la misma manera se procederá en el caso de que las partes
procesales acepten expresamente la causal.
Si una de las partes aceptare expresa o tácitamente la causal invocada y la otra
no, se elevarán los autos al tribunal superior, para que dentro de cuarenta y ocho
horas, resuelva acerca de su procedencia, y si la declarara con lugar, remitirá los
autos al juez que deba seguir conociendo.
En el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el juez seguirá
conociendo; pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa.
b)Trámite en tribunales colegiados: si la excusa fuere de un miembro del
tribunal colegiado, en el acto lo hará constar en las actuaciones, y el presidente
del tribunal o el que haga sus veces, mandará que se haga saber a las partes y
convocará a sus respectivos suplentes inmediatamente.
Si el tribunal no se pudiera integrar con sus respectivos suplentes, se llamará a los
de los otros tribunales. Pero si por algún motivo no previsto no se pudiera integrar
el tribunal, el asunto se remitirá a la Corte Suprema de Justicia, para que en el
plazo de tres días designe al que deba seguir conociendo.
El tribunal, después de integrado como corresponde, resolverá lo que proceda
dentro de cuarenta y ocho horas.
De la misma manera se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las
partes.
3.Recusaciones:
a) Trámite de las recusaciones: en caso de recusación el juez remitirá las
actuaciones al tribunal superior, para que resuelva y las remita al juez que deba
seguir conociendo, en el caso de ser declarada con lugar.
La recusación declarada sin lugar no será motivo de excusa, ni tendrá efectos
suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado
de resolver en forma definitiva. Pero, si la recusación se declarare procedente,
serán nulas las diligencias practicadas desde la resolución que motivó la
recusación.
Si se declara improcedente se impondrá al recusante una multa equivalente a un
salario mínimo de actividades no agrícolas.
Por no corresponderles conocer del fondo del asunto, no podrán ser recusados los
miembros del tribunal que conozca de una recusación.
b) Trámite en tribunales colegiados: cuando se recuse a miembros de
tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente en los autos sí
reconoce o niega la causal de la recusación. El tribunal integrado como
corresponde, le dará el trámite de los incidentes.
Contra lo resuelto en la excusa y recusación no cabe recurso alguno.
EXPLICACIÓN. Las causales se mantienen en la Ley del Organismo Judicial en
los artículos 122 al 125, en virtud de que ya están reguladas en dicha ley no se
consideró necesario contemplarlas en la reforma.
En cuanto al procedimiento de impedimentos se traslada la regulación contenida
en la Ley del Organismo Judicial.
El procedimiento de la excusa se mantiene como lo establece la Ley del Organismo
Judicial, tanto para jueces como para tribunales colegiados.
En forma innovadora se regula que la recusación declarada sin lugar no será
motivo de excusa ni tendrá efectos suspensivos, toda vez que esta situación
contribuye a la mora judicial y al retardo en la tramitación de los procesos; con
la consecuencia que siempre que sea declararla sin lugar la recusación se le
impondrá una multa al recusante, ello con la finalidad de disminuir que las
partes planteen estas incidencias con el fin de retardar el proceso.
Se estableció que en contra de las excusas y recusaciones no cabe impugnación
con el objeto de evitar el retardo malicioso y de una administración de justicia
pronta y cumplida.
CAPÍTULO VII
ASISTENCIA JUDICIAL GRATUITA
LIBRO II
PROCESOS DE CONOCIMIENTO
Título I
JUICIO ORAL
CAPÍTULO I
PREPARACIÓN DEL JUICIO
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Juicio oral
Artículo 96. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este
Código, se ventilarán por la vía del juicio oral.
DEROGAR CAPÍTULO II. ARTÍCULOS 106-110
EXPLICACIÓN. En este artículo quedó establecido un único proceso oral que
engloba los procesos ordinarios, orales y sumarios del actual Código Procesal
Civil y Mercantil, con el objeto de homogenizar los procedimientos, plazos,
incidencias, diligencias, recursos y actos procesales que hoy se encuentran
diseminados en varios artículos del actual Código Procesal Civil y Mercantil, con
el fin de agilizar la tramitación de los procesos y evitar la mora judicial que den
como resultado una mejora en la administración de justicia pronta y cumplida.
Para complementar aquellos proceso que no estén regulados en este código se
estará a lo dispuesto en el artículo II de las disposiciones transitorias y finales.
CAPÍTULO III
EMPLAZAMIENTO
Plazo del emplazamiento
Artículo 111. Presentada la demanda de forma escrita, el juez emplazará a las
partes procesales y señalará día y hora para la audiencia inicial, previniéndoles de
presentar sus pruebas en la audiencia, bajo apercibimiento de que si no lo hicieren
ya no se recibirán posteriormente y de continuar de oficio el juicio en rebeldía de la
que no compareciere.
Entre la notificación del emplazamiento al demandado y la audiencia deben mediar
por lo menos diez días, plazo que será ampliado en razón de la distancia.
EXPLICACIÓN. Se elimina la palabra término en el epígrafe.
Se prescindió del plazo común de nueve días que regula el actual Código Procesal
Civil y Mercantil con el objeto de homogenizar los tres procesos de conocimiento
(ordinario, oral y sumario) toda vez que se implementa un proceso único para los
tres juicios de conocimiento que actualmente se regulan.
Se dejó contemplada la rebeldía de la parte que no compareciere, como una
característica que actualmente posee el juicio oral, la cual será decretada de oficio
y no a solicitud de parte. Como una inclusión de lo que contempla el juicio oral, se
deja establecido que el mismo continuará en rebeldía de la parte que no
comparezca.
El plazo entre la notificación y la audiencia se dejó contemplado en diez días para
que el demandando tenga tiempo suficiente para prepararse para la contestación
de la demanda o cualquiera de las actitudes que éste decida tomar.
Se utiliza de base el proceso oral vigente.
Excepciones previas
El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas:
1º. Incompetencia;
2º. Litispendencia;
3º. Demanda defectuosa;
4º. Falta de capacidad legal;
5º. Falta de personalidad;
6º. Falta de personería;
7º. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la
obligación o el derecho que se haga valer;
8º. Caducidad;
9º. Prescripción;
10. Cosa juzgada;
11. Transacción;
12. Arbitramiento.
Ampliación o modificación de la demanda
Artículo 118. Si en el plazo comprendido entre el emplazamiento y la primera
audiencia, o al celebrarse ésta, el actor ampliare o modificare su demanda, el juez
suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a
juicio dentro de un plazo común que no exceda de quince días, a menos que el
demandado prefiera contestarla en el propio acto.
EXPLICACIÓN. La demanda podrá ampliarse o modificarse durante el
emplazamiento o en la audiencia inicial. En ambos supuestos el juez deberá
señalar la primera audiencia en un plazo que no exceda de quince días con el
objeto de no retardar la audiencia inicial.
SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO
Audiencia inicial
Artículo 119. El día y hora señalados para la audiencia, el juez procederá de la
siguiente forma:
a) Determinará la presencia de las partes o sus representantes legales.
b) Se le concederá la palabra al demandante para que amplíe o modifique su
demanda o en su caso la ratifique.
c) Procurará avenir a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de
conciliación y aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren,
siempre que no contraríe las leyes o perjudique a terceros.
Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las
pretensiones no comprendidas en el acuerdo.
d) Se le concederá la palabra al demandado o demandados para el ejercicio
de las actitudes procesales que consideren pertinentes.
Si se plantearen excepciones previas en la audiencia inicial, el juzgador
deberá diligenciarlas y resolverlas en el acto, salvo que fuese
indispensable, a criterio del juzgador, tramitarlas en la vía incidental de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86; en este último supuesto, se
suspenderá el trámite del asunto principal hasta que se resuelvan las
excepciones.
Si se hubiere planteado la excepción previa de incompetencia y el juez la
declarare infundada, se pronunciará sobre las otras. Si fuere declarada con
lugar, el juez se abstendrá de decidir las restantes hasta que quede
ejecutoriada la decisión recaída en materia de incompetencia y dispondrá
que los autos pasen al juez competente para que siga conociendo el
mismo.
La contestación de la demanda y la reconvención, si procediera, deberán
realizarse de forma oral y acompañarla por escrito, cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 62 y se le dará la palabra al
demandado para que se pronuncie.
Todas las demás excepciones nacidas con posterioridad a la audiencia
inicial, se podrán promover en cualquier etapa del proceso, de la cual se
correrá audiencia a la otra parte por un plazo de dos días y con su
contestación o sin ella se resolverán en sentencia. Al contestar la demanda,
debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere
contra la pretensión del actor, las cuales deberán ser resueltas en
sentencia.
Al existir hechos controvertidos, se abrirá a prueba, se determinará la
admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos por las partes y se iniciará con
su diligenciamiento.
EXPLICACIÓN. En este artículo se establece el desarrollo de la audiencia oral y el
orden que se debe seguir para su diligenciamiento.
Regula la forma de llevar la audiencia inicial:
a) El juez verificara la presencia de las partes, ya que en el juicio oral no estaba
regulado este requisito.
b) Ampliación o modificación y en su caso ratificación por parte del demandante.
c) Contiene la conciliación obligatoria para el juicio oral, como una cuestión
previa a las actitudes que puedan asumir las partes; es obligatoria en todos los
asuntos y puede ser total o parcial. Aparece en el ordinario y en el oral, pero en el
sumario no está regulada.
Se mantiene el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, en lo relativo a la
posibilidad de conciliar en cualquier estado del proceso.
d) Todas las actitudes que pueda asumir el demandado de conformidad con la ley
las planteará en la primera audiencia. En el caso de las excepciones previas el
juez puede resolver en la misma audiencia o señalar otra, a su criterio,
procurando la celeridad en el proceso.
En la audiencia inicial, el juez abrirá a prueba, determinará la admisibilidad e
iniciará su diligenciamiento.
En este artículo se aplican los principios procesales relativos a la oralización de
los procesos.
Convocatoria a audiencias posteriores
Artículo 120. Las convocatorias a audiencias posteriores se efectuarán en la
propia audiencia; cuando alguna de las partes procesales no hayan comparecido
con causa justificada, se les deberá de notificar de conformidad con lo establecido
en este Código, tomando en cuenta el plazo de la distancia.
En la audiencia oral todas las partes procesales serán informadas de la misma y
se les proporcionará toda la documentación correspondiente que motive la
audiencia.
EXPLICACIÓN: Con la implementación de notificaciones orales, el juez notificará
a las partes de las resoluciones que emanen de la propia audiencia, así como de
audiencias posteriores con el objeto de implementar la oralidad y economía
procesal. Se deja a salvo el derecho de aquella parte que no haya comparecido con
justa causa, a que sea notificada de conformidad con la ley.
Continuidad y suspensión
Artículo 121. Las audiencias orales deberán iniciar y diligenciarse de forma
continua e ininterrumpida hasta su conclusión, salvo que ocurran circunstancias de
fuerza mayor, bajo la estricta responsabilidad del juez.
En caso de enfermedad de las partes procesales, éstas podrán justificar su
inasistencia por una sola vez, antes de la hora señalada para la celebración de la
audiencia; salvo que por lo imprevisto de la misma fuere imposible celebrarla a
juicio del juez, lo que deberá demostrarse dentro de las veinticuatro horas
posteriores.
De persistir cualquiera de los supuestos anteriores, deberán nombrar un
representante legal que tenga conocimiento de los hechos, bajo apercibimiento de
celebrar la audiencia en rebeldía de la parte que no compareciere. La nueva
audiencia se señalará dentro del plazo que no exceda de seis días, dejando
constancia el juzgador de lo actuado y los motivos justificados para la suspensión.
Las partes procesales deberán presentar la totalidad de sus medios probatorios en
la audiencia inicial, si en esta audiencia no se pudieran diligenciar todas las
pruebas propuestas para el efecto, por causa imputable a una de las partes, salvo
lo previsto en el párrafo anterior, no se suspenderá la audiencia ni se señalará otra
para el mismo efecto.
Por motivos de celeridad y continuidad procesal, el juzgador, bajo su
responsabilidad, deberá agilizar las audiencias, llevando a cabo todas aquellas
diligencias indispensables que se puedan desarrollar, suspendiendo únicamente
las que sean de mayor dificultad; debiendo reanudarla dentro del plazo de tres
días siguientes de suspendida.
El juez suspenderá la audiencia por incomparecencia del abogado director por una
sola vez, bajo apercibimiento de que si no comparece nuevamente la audiencia se
llevará a cabo.
EXPLICACIÓN. Este artículo es propio del proceso oral, se implementa el
principio de concentración, inmediación procesal y oficiosidad, para propiciar la
continuidad de las diligencias judiciales y que las mismas puedan verificarse en
forma ágil.
Otro aspecto innovador lo constituye el hecho de que si alguna de las partes no
compareciere, la que dejaré de hacerlo deberá nombrar un representante legal
para continuar con el juicio hasta su finalización y que conozca los hechos.
Reconvención
Artículo 122. Emplazado el demandado y convocado a la audiencia inicial, deberá
presentar su oposición de forma oral y dejando soporte por escrito la reconvención
con los mismos requisitos de la demanda, siempre que la pretensión que se
ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título de la demanda y no deba
seguirse por distintos procedimientos. La reconvención deberá presentarse en la
propia audiencia inicial. Presentada y aceptada la reconvención, el juzgador
deberá suspender la audiencia señalada y convocará a una nueva dentro del
plazo que establece el artículo 118, a menos que el reconvenido manifieste su
deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar.
EXPLICACIÓN. Se mantiene la regulación de la reconvención, y para el efecto
deberá presentarse por escrito en la audiencia inicial. El reconvenido podrá
contestarla en la misma audiencia, el juez deberá suspender la audiencia a menos
que el reconvenido decida contestarla en el mismo acto.
CAPÍTULO V
PRUEBA
SECCIÓN PRIMERA
PARTE GENERAL
Audiencia probatoria
Artículo 123. Si en la audiencia referida en el artículo 119, no fuese posible recibir
todas las pruebas se procederá conforme lo establece este artículo.
El plazo del periodo probatorio es de treinta días como máximo. Debiendo el
juzgador fijar las fechas de las distintas audiencias para su diligenciamiento dentro
del proceso.
Para el desarrollo continuo e ininterrumpido de la audiencia, el juez determinará el
orden en el que deben practicarse los distintos medios de prueba, atendiendo a la
importancia de los mismos. Si en esta audiencia no se pudieran diligenciar las
pruebas señaladas para el efecto, por causa imputable a una de las partes, no se
suspenderá la audiencia ni se señalará otra para el mismo efecto.
Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no
se tomarán en consideración.
La prueba se practicará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el
tribunal lo juzgare conveniente.
El juez deberá presidir todas las diligencias de prueba y declarará vencido el
período probatorio una vez practicadas las propuestas.
EXPLICACIÓN. En concordancia con el artículo 119 si no se inicia o concluye la
recepción de los medios de prueba señalará otra u otras audiencias, de modo que
dentro del plazo probatorio se diligencien todos los medios de prueba propuestos
por las partes.
En cuanto al plazo del período probatorio se establecen treinta días comunes para
todos los procesos de conocimiento con el fin de uniformarlo. (Previo a las
reformas, el ordinario treinta días, sumario quince y el oral hasta tres audiencias
sin término para verificarlas).
El juez para optimizar el tiempo de las audiencias, agilizar el proceso, deberá
hacer uso del menor número de audiencias posibles determinará el orden en que
se practiquen y según su importancia.
Se faculta al juez para dar por concluido el periodo probatorio anticipadamente si
ya fueron diligenciados todos los medios de prueba.
Se consideró necesario incluir en este artículo lo regulado en el artículo 129.
Plazo extraordinario de prueba
Artículo 124. El juez a solicitud de las partes podrá ampliar el periodo probatorio a
diez días más cuando sin responsabilidad del interesado no hayan podido
practicarse las pruebas solicitadas en tiempo.
La prórroga deberá formularse, por lo menos, tres días antes de que concluya el
plazo, por escrito o en la última audiencia señalada para la recepción de los
medios de prueba. Contra lo resuelto no procede recurso alguno.
De igual manera procederá cuando se hubiesen ofrecido pruebas que deban
recibirse fuera de la República y procedieren legalmente, el juez, a solicitud de
cualquiera de las partes, fijará un plazo improrrogable, suficiente según los casos
y circunstancias, que no podrá exceder de sesenta días.
EXPLICACION. El plazo del período de prueba, incluyendo el ordinario y
extraordinario tiene un máximo es de noventa días, actualmente son ciento veinte
días.
Los noventa días comprenden los treinta días del período ordinario más los
sesenta días del extraordinario en los que se incluyen, los diez días de la prórroga
del ordinario y los sesenta del período extraordinario de pruebas fuera de la
República.
Apreciación de la prueba
Artículo 127. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba
prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de
entorpecer la marcha normal del proceso. Las resoluciones que se dicten en este
sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba, en
oportunidad de su proposición, no obsta a que, si fuere protestada por el
interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia, si fuere
procedente.
Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con
respecto de la diligencia que motiva la discusión.
Los tribunales, apreciaran el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la
sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia, las pruebas que no
se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación.
EXPLICACION. Se eliminó la frase “salvo texto de ley en contrario” en virtud que
únicamente habrá un único sistema de valoración para todos los medios de
prueba que se encuentran inmersos en otros artículos.
Medios de prueba
Artículo 128. Son medios de prueba:
1º Declaración de las partes.
2º Declaración de testigos.
3º Dictamen de expertos.
4º Reconocimiento judicial.
5º Documentos.
6º Medios técnicos o científicos de prueba y peritajes culturales.
(DEROGAR 129 en virtud de estar contemplado su contenido en el artículo
123)
EXPLICACION. El numeral sexto de este artículo se modificó, debido a que en la
reforma se contemplan los “medios técnicos y científicos de prueba” ya que en la
actualidad los nomina como “medios científicos de prueba.
Se suprime el artículo 129 numeral 7º por no considerarse un medio de probanza.
Comparecencia
Artículo 131. Quien deba absolver posiciones deberá comparecer a la audiencia
el día y hora señalados para la práctica de la diligencia, bajo el apercibimiento de
que si dejare de comparecer sin causa justa, será tenido por confeso, a solicitud
de parte contraria.
Salvo el caso del artículo 138, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior,
deberá alegarse antes de que el juez haga la declaración de confeso, en contra de
lo resuelto por el juez no cabrá recurso alguno.
Previamente a llevar a cabo el diligenciamiento, es necesario que se haya
presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, la cual quedará bajo
reserva en la secretaría del órgano jurisdiccional.
EXPLICACIÓN. Se conserva la mayoría del texto original y se adapta al proceso
oral en lo relativo a la citación del absolvente.
Práctica de la diligencia
Artículo 134. El obligado a declarar, lo hará bajo juramento de ley y se le hará
saber la pena relativa al delito de perjurio.
Recibido el juramento, el juez abrirá la plica y calificará las preguntas, dirigiendo
las que reúnan los requisitos del artículo anterior.
Si fueren varios los que hayan de declarar al tenor de un mismo interrogatorio, las
diligencias se practicarán separadamente y una a continuación de la otra no
pudiendo los declarantes comunicarse entre sí.
Si no comparecieren todos los llamados a declarar, la diligencia podrá llevarse a
cabo con los que concurran, si lo pidiere el articulante, quien podrá solicitar nueva
diligencia para que declaren los que hayan justificado su inasistencia, presentando
nuevo interrogatorio en plica.
EXPLICACIÓN. Se omite la descripción expresa que debe hacerse al que va
declarar bajo juramento y se sustituye por la indicación que es bajo juramento y
la pena relativa del delito de perjurio. En lo demás se conserva la parte medular
del texto original.
Forma de las respuestas
Artículo 135. Las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas; y el que las
dé podrá agregar las explicaciones que estime convenientes, o las que el juez le
pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo tendrá por confeso, si
persiste en su negativa.
El declarante responderá oralmente las preguntas, pudiendo asistir a la diligencia
los litigantes y sus abogados; pero les está prohibido hacer indicaciones de
ninguna clase al declarante y se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que
observen al finalizar la audiencia y a pedir al juez que aclare la pregunta cuando
fuere confusa previo a ser contestada. El abogado que de cualquier manera
sugiera las respuestas o haga indicaciones al absolvente será expulsado de la
audiencia.
No podrá valerse el absolvente de ningún borrador de respuestas, pero se le
permitirá que consulte en el acto, apuntes o simples notas, cuando a juicio del juez
y previa calificación, sean necesarias para auxiliar la memoria.
EXPLICACIÓN. Se modifica en cuanto a las aclaraciones de las preguntas en el
sentido de que las mismas se deberán realizar al final de la audiencia, para evitar
que los litigantes hagan sus observaciones a cada pregunta y prolongue el
desarrollo de la diligencia.
Documentación
Artículo 137. Todo lo desarrollado en las audiencias orales, se documentará de
conformidad a lo establecido en el artículo 65.
El acta deberá ser firmada al pie de la última hoja y al margen de las demás hojas
que la contengan por los que intervinieron en la diligencia, después de haberla
leído por sí mismos, si quisieren hacerlo o de que les sea leída por el secretario u
oficial. Si no supieren o no quisieren firmar se hará constar esa circunstancia.
Si el declarante se refiere en sus respuestas a las constancias de sus libros, serán
tenidas como parte de aquéllas, si el que hubiere articulado las posiciones no
prefiere que se dé un plazo prudencial al declarante para que conteste después de
haberlos consultado.
EXPLICACIÓN. El epígrafe queda igual. La reforma menciona que en este tipo de
audiencias se documentarán conforme el artículo 65 que se refiere a “Los medios
para documentar las diligencias judiciales”.
Además en lo referente a los datos personales e identificación del absolvente ya no
es necesario indicarlos en la diligencia toda vez que se efectúo en la audiencia
inicial o en la que se lleva a cabo.
Se suprime el tercer párrafo del artículo 137 por ser inoperante.
Se dejó contemplada la intervención del oficial en el diligenciamiento de la prueba
y documentación del acta de conformidad con establecido el artículo 68 de la Ley
del Organismo Judicial.
Valor probatorio
Artículo 139. Las aserciones contenidas en un interrogatorio que se refieren a
hechos personales del interrogante, se tendrán como confesión de éste.
El declarado confeso puede rendir prueba en contrario.
EXPLICACION. Se eliminó la frase “La confesión prestada legalmente produce
plena prueba.” Y “La confesión extrajudicial sólo se tiene como principio de
prueba.” en virtud que únicamente habrá un único sistema de valoración para
todos los medios de prueba que se encuentran inmersos en otros artículos.
SECCIÓN TERCERA
DECLARACIÓN DE TESTIGOS
Diligenciamiento
Artículo 146. La diligencia se verificará en presencia de las partes y sus
abogados, si concurrieren, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni
comunicarse con los testigos que no han sido examinados; y tanto las partes o sus
abogados como el juez podrán hacer a los testigos las preguntas adicionales
necesarias para esclarecer el hecho.
EXPLICACIÓN. Se conserva la mayoría del texto original y se adapta al proceso
oral en lo relativo a la citación de los testigos. Se eliminó el primer párrafo en
virtud que el señalamiento de la audiencia respectiva se encuentra regulada en el
artículo 123.
Incomparecencia de testigos
Artículo 147. Si en la audiencia señalada para el examen no se presentaren todos
los testigos, el juez practicará la diligencia con los que concurran, si estuviere de
acuerdo el proponente, y, en este caso, ya no recibirá las declaraciones de los
ausentes; pero si la parte interesada lo pidiere, el juez suspenderá la diligencia y
señalará nuevo día y hora para recibir las declaraciones a todos los propuestos, a
más tardar seis días antes de vencer el periodo probatorio. La transferencia del
día en que deban recibirse las declaraciones podrá concederse por una sola vez.
EXPLICACIÓN. Se conserva la mayoría del texto original y se adapta al proceso
oral en lo relativo a la recepción de las declaraciones testimoniales. Se adicionó el
plazo de cinco días para la nueva audiencia.
Falso testimonio
Artículo 157. Si las declaraciones ofreciesen indicios de falso testimonio, el juez
certificará lo conducente y lo remitirá a donde corresponda, para los efectos
legales.
EXPLICACION. En este caso se utiliza el tipo penal correcto referente al falso
testimonio y no el de perjurio, según los artículos 459 y 460 del Código Penal.
SECCIÓN CUARTA
DICTAMEN DE EXPERTOS
Proposición de la prueba
Artículo 164. La parte a quien interese rendir prueba de expertos, expresará en su
solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el
dictamen y propondrá su experto.
El juez conferirá audiencia por dos días a la otra parte; para que ésta se adhiera o
agregue nuevos puntos y proponga su propio experto. Además el juez deberá
designar al tercero que le auxiliara en caso de discordia.
Si una de las partes no cumpliere con proponer su experto, el juez lo nombrará de
oficio.
EXPLICACIÓN. Se propone un diligenciamiento ágil, se suprimen medidas
dilatorias, procurando el debido proceso y las garantías necesarias para que la
prueba sea pronta y eficaz. La tramitación de la prueba de expertos actualmente
es compleja y tardía, en la reforma se ordena con claridad las fases, unificando
las decisiones del juez y de las partes, para evitar varias resoluciones y
actuaciones. Se suprimió la facultad de la otra parte a impugnar los puntos
propuestos sobre los que versará el dictamen, con el objeto de evitar retardos en
el diligenciamiento de la prueba.
Nombramiento, aprobación de puntos y plazo para rendir el dictamen
Artículo 165. En la audiencia correspondiente el Juez calificará y aprobará los
puntos sobre los cuales deberá versar el dictamen, discernirá el cargo a los
expertos propuestos por las partes y al tercero en discordia, si lo hubiere, y fijará el
plazo para que rindan su dictamen.
En la misma audiencia las partes se pronunciarán sobre el tercero nombrado por
el juez, en caso de oposición, por los mismos motivos de recusación de los jueces,
se procederá a nombrar a otro en esa misma audiencia. La causal deberá ser
probada en la misma audiencia, bajo apercibimiento de imponer una multa
equivalente a dos salarios mínimos de actividades no agrícolas.
EXPLICACIÓN. En la audiencia correspondiente el juez califica los puntos
propuestos por ambas partes, discierne el cargo a los expertos, incluyendo, al
tercero en discordia y fija plazo común para rendir dictamen.
Se regula la recusación para el tercero únicamente y no para los propuestos por
las partes por presumirse que al hacerlo conocen las posibles causas de
recusación.
Y para el experto propuesto por la parte contraria no le será posible recusarlo,
únicamente podrá solicitar la sustitución si hubiere causa, (art. 166) ello para
evitar dilatar el proceso con la tramitación de un incidente.
Los jueces deberán tener un listado de expertos proporcionado por la Corte
Suprema de Justicia según los acuerdos de cooperación interinstitucional.
Sustitución de experto o nombramiento de oficio
Artículo 166. Dentro de los dos días posteriores al discernimiento, podrán las
partes por una sola vez, solicitar se nombre un nuevo experto, en caso de que el
propuesto no pudiera cumplir con el encargo; el juez lo nombrará de oficio, y
procederá a su discernimiento y con los mismos requerimientos del artículo
anterior.
EXPLICACIÓN. Se incluye la figura de la sustitución de expertos como una
medida para agilizar el diligenciamiento de la prueba, aunado a la fijación del
plazo (Artículo 165) para emitir el dictamen.
Para el caso que el experto propuesto no pudiere cumplir con el encargo, por
cualquier causa, el juez podrá nombrar a otro que le propongan o en su defecto lo
hará de oficio
Vencimiento del plazo de presentación del dictamen
Artículo 167. La presentación del dictamen podrá exceder del plazo ordinario de
prueba; pero en ningún caso podrá ser mayor de diez días después de finalizado
el mismo.
EXPLICACIÓN. En la ley vigente es impreciso el plazo para rendir dictamen
después del período ordinario de prueba, se establece en forma clara y precisa
que la presentación del dictamen podrá exceder el plazo ordinario del período de
prueba, pero que en ningún caso será mayor de diez días de finalizado.
Caducidad del dictamen y responsabilidad
Artículo 168. Si el dictamen no se presenta en la fecha y en la forma establecida
por el Juez, ya no será tomado en consideración por éste y el experto perderá
todo derecho a honorarios, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales.
EXPLICACIÓN. En la legislación actual contempla que se tiene por caducado el
cargo del experto. Y en la reforma se deja establecido que la presentación del
dictamen ya no será tomado en consideración, así como un nuevo plazo, ni de
común acuerdo.
El experto que no cumplió conforme lo establecido por el juez ya no se podrá
designar otro para sustituirlo.
Entrega del dictamen
Artículo 169. Los expertos deberán rendir su dictamen por escrito y con firma
legalizada, en cualquier caso el juez podrá pedir verbalmente las explicaciones,
ampliaciones o aclaraciones que estime pertinentes.
EXPLICACIÓN. A pesar que el proceso se tramita en forma oral, el dictamen
deberán presentarlo los expertos por escrito y con firma legalizada.
Con el objeto de continuar con la aplicación del principio de oralidad del proceso,
las explicaciones, ampliaciones o aclaraciones las solicitará el juez en forma
verbal.
Se suprimen: la ratificación del dictamen ante el tribunal y el segundo párrafo
relativo a la emisión de un solo dictamen.
Valor probatorio
Artículo 170. El juez valorara la prueba de expertos de conformidad con la sana
crítica.
EXPLICACIÓN. Actualmente existe confusión en cuanto al sistema de valoración
de este medio de prueba. Por lo que ahora se dejó estipulado claramente que se
valorará conforme la sana crítica.
Honorarios y gastos de expertos
Artículo 171. Los honorarios y gastos de cada experto, serán pagados por la
parte que los propuso, o en cuyo nombre lo hubiere designado de oficio el
Tribunal, y los del tercero por ambas partes en igual proporción, para el efecto el
juez deberá calcularlos prudencialmente, sin perjuicio de la liquidación que se
planteará oportunamente.
Prevendrá a cada parte que deposite en la Tesorería del Organismo Judicial los
honorarios y gastos de los expertos en la audiencia a que se hace referencia en el
artículo 165 de este Código, bajo apercibimiento de que en caso de
incumplimiento, se le impondrá una multa equivalente al monto de los honorarios
de los expertos. Y el juez procederá a recibir únicamente el dictamen del experto
cuyos honorarios hayan sido debidamente depositados.
EXPLICACIÓN. Se establece una forma para garantizar el pago de los honorarios
de los expertos, este deberá hacerse efectivo en forma anticipada y durante la
audiencia, anticipado a rendir el dictamen, de los gastos y honorarios a los
expertos, bajo apercibimiento de imponer una multa correspondiente a los
honorarios de los expertos.
SECCIÓN SEXTA
PRUEBA DE DOCUMENTOS
Impugnación de la prueba documental
Artículo 186. Las partes tienen el derecho de redargüir de nulidad o falsedad los
documentos aportados por la otra parte a título de prueba.
La impugnación por el adversario debe hacerse en la propia audiencia de
diligenciamiento.
Sin embargo, los documentos privados sólo surtirán efectos frente a terceros,
desde la fecha en que hubieren sido reconocidos ante juez competente o
legalizados por notario.
EXPLICACIÓN. Se sustituye el epígrafe de “Autenticidad de los documentos” por
el de “valoración de la prueba documental”, en el primer párrafo se refiere a la
valoración no así en el segundo en cuanto a los documentos privados.
Se suprimió el plazo para plantear la impugnación, ya que la misma deberá de
hacerse en la propia audiencia.
Trámite de la impugnación de los documentos
Artículo 187. La parte que impugne un documento público o privado presentado
por su adversario, deberá especificar con la mayor precisión posible, cuáles son
los motivos de impugnación.
Con lo expresado se formará pieza separada, que se tramitará de acuerdo con el
procedimiento del artículo 86. Si la impugnación del documento no estuviere
decidida al vencerse el plazo probatorio, el juez podrá suspender el proceso
principal hasta la decisión del incidente, si estimare que es fundamental para la
sentencia.
Si al resolverse el incidente de impugnación se declarara total o parcialmente falso
el documento, se remitirá una certificación de la parte conducente a donde
corresponda. El proceso penal por falsedad no suspende ni modifica las
conclusiones del proceso civil.
EXPLICACIÓN. Se conserva el texto original del primer párrafo, suprimiendo la
frase “con dicho escrito” para adecuarlo a la oralidad.
La tramitación ahora será de forma incidental conforme a la tramitación de los
incidentes que se incorporó al código.
Se suprime el recurso de apelación en contra de lo que resuelva en la
impugnación.
En el tercer párrafo se modifica en el sentido que al resolver la falsedad no se
remitirá el original del expediente, sino únicamente una certificación de la parte
conducente y será remitida a quien corresponda y no al juez del orden penal como
actualmente se regula.
SECCIÓN SÉPTIMA
MEDIOS TÉCNICOS O CIENTÍFICOS DE PRUEBA Y PERITAJES
CULTURALES
Prueba técnica y científica
Artículo 191. Pueden presentarse como medios de prueba técnicos al proceso,
cualquier dato obtenido en una filmación, grabación, archivo, registro,
reproducción u otro similar.
Podrá aportarse también cualquier tipo de comunicaciones telefónicas,
electrónicas, telegráficas, radiográficas, cablegráficas o similares siempre que no
contraríen leyes prohibitivas expresas y se hayan obtenido de conformidad con la
ley. Es permitido, así mismo, para establecer si un hecho puede o no realizarse de
determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el juez lo
considerare necesario, puede procederse a su registro por cualquier medio que
permita su reproducción.
En caso de que así conviniere al proceso, puede también disponerse la obtención
de análisis hematológicos, bacteriológicos o de otra clase y en general cualquier
experimento o prueba científica.
De igual forma, podrá presentarse como medio de prueba cualquier medio
científico reconocido que permita aclarar los hechos del proceso, así como el
peritaje cultural.
EXPLICACIÓN. Por su contenido se consideró incluir en la denominación de la
sección séptima, el vocablo “Técnicos”, asimismo se modifica el artículo 128
numeral 6º en cuanto a la denominación del medio de prueba: “Medios Técnicos y
Científicos de Prueba” y el epígrafe del artículo 191 se sustituye en su totalidad.
En el segundo párrafo se refiere en concreto a los procesos técnicos o científicos de
las comunicaciones. La modernización y la disponibilidad del uso de la tecnología
de la información y la comunicación permite que se constituyan como posibles
medios probatorios, por lo que el juez debe auxiliarse de técnicos o profesionales
capacitados para la obtención e incorporación al proceso y consecuentemente la
valoración de la prueba, lo que actualmente es posible pero con limitaciones por
la deficiente regulación en estos aspectos que deviene del avance de la tecnología
y la vigencia de la normativa.
Como novedad se incluye el peritaje cultural.
CAPITULO VI
VISTA Y SENTENCIA
Vista
Artículo 196. Inmediatamente de finalizado el diligenciamiento probatorio, el Juez
en la misma audiencia otorgará la palabra a los abogados de cada una de las
partes procesales y a éstas si así lo quisieren, para que se pronuncien y concluyan
lo referente a lo acontecido dentro del proceso y hagan valer sus peticiones
concretas, o en otra posterior, que deberá ser fijada dentro de un plazo no mayor
de ocho días, dependiendo de la complejidad del proceso.
EXPLICACIÓN. Se modifica sustancialmente debido a la tramitación en
audiencias, por lo que la vista se podrá realizar en dos momentos: Uno, al
finalizar la última de las audiencias de prueba o bien, de no ser posible, el juez
señalará audiencia posterior dentro de un plazo que no exceda de ocho días. En
uno u otro momento el juez concederá la palabra a las partes para que se
pronuncien y concluyan.
Auto para mejor proveer
Artículo 197. Los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar
para mejor proveer:
1. Que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para
esclarecer el derecho de los litigantes.
2. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren
necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho.
3. Traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso.
4. Que se practique la prueba técnica, científica y peritajes que permita aclarar
los hechos controvertidos.
Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de ocho días.
Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno, y las partes no
tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les
conceda.
EXPLICACIÓN. Se conservó el texto original, con la modificación del epígrafe en
cuanto al vocablo “fallar” sustituido por el de “proveer”. Además se redujo el plazo
a ocho días para practicarse el auto para mejor proveer.
Sentencia
Artículo 198. Finalizada la vista o vencido el plazo del auto para mejor proveer, se
dictará sentencia con observancia a los requisitos contenidos en la Ley del
Organismo Judicial, motivada, congruente y exhaustiva; y dentro de un plazo
máximo de quince días.
EXPLICACIÓN. Se actualiza que la sentencia se dictará con observancia de los
requisitos contenidos en la Ley del Organismo Judicial y se establece el plazo en
forma expresa que será de un máximo de quince días.
Juicios específicos
Artículo 199. Los juicios específicos serán los siguientes:
1. Los asuntos de menor cuantía
2. La obligación de prestar alimentos
3. La rendición de cuentas por parte de las personas obligadas a ello legal o
contractualmente.
4. La división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre
copropietarios, en relación a ella.
5. La declaratoria de jactancia.
6. El arrendamiento y la desocupación.
7. La entrega de bienes muebles, que no sean dinero.
8. La rescisión y resolución de contratos.
9. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados
públicos.
10. Los interdictos.
Son aplicables a los procesos enumerados en este artículo todas las
disposiciones del juicio oral, en lo que fuere procedente.
DEROGAR ARTÍCULOS 200 AL 211 -ELIMINAR ÍNFIMA CUANTÍA- Y 229 AL
235).
EXPLICACIÓN. Las reformas se basan en la tramitación de un proceso único por
audiencias, que unifique las materias de los tres procesos de conocimiento, en
forma oral, consecuentemente se debe incluir los regulados en los artículos 199 y
229 del Código Procesal Civil y Mercantil como materias específicas. Del 199 se
derogan el numeral 2º relativo a los asuntos de ínfima cuantía.
Apelación
Artículo 200. En los juicios específicos contenidos en las numerales 1, 2, 3, 4, 5 y
10 del artículo anterior, solo serán apelables los incidentes y las sentencias.
En el juicio específico contenido en las numerales 6, 7 y 8 del artículo anterior,
solo serán apelables los autos que resuelvan los incidentes, las excepciones
previas y la sentencia.
En el juicio específico contenido en el numeral 9 del artículo anterior, solo serán
apelables los incidentes y la sentencia, pero si se tratare de Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia no cabrá más recursos que el de aclaración, ampliación
y reposición.
El plazo para interponer la apelación es de tres días contados a partir de la última
notificación y deberá hacerse por escrito.
DEROGAR ARTÍCULOS 243 y 248
EXPLICACIÓN. En este artículo se dejó establecida de forma individualizada las
resoluciones que son apelables; el código actual regula los recursos de apelación
para las materias que actualmente contempla el código en los juicios oral y
sumario pero no de una manera uniforme debido a las particularidades y
circunstancias de cada caso. Es por eso que para mantener intacto el recurso de
apelación en cada materia específica se concentró en un sólo artículo con el fin de
mantener inalterable los recursos de apelación que se legislan para cada materia
y caso particular.
Además, lo anterior tiene concordancia con las impugnaciones que regula el
artículo 86 relativo a los incidentes, que en el numeral 5 “impugnaciones” deja a
salvo todas aquellas impugnaciones que se encuentren normadas en otros
artículos, tal el caso del artículo que se comenta, ya que éste indica de forma
individualizada en qué casos y contra qué resoluciones cabe el recurso de
apelación.
Suspensión del proceso
Artículo 544. Desde que sea otorgada la acumulación quedará en suspenso la
tramitación de los procesos a que aquella se refiera, sin perjuicio de que se
practiquen las diligencias precautorias y urgentes.
EXPLICACIÓN. En su mayor parte el texto del artículo quedó con la redacción
original, la única modificación se realizó respecto al momento en el cual queda en
suspenso la tramitación de los procesos, que será a partir de haberse otorgado la
acumulación y ya no solo con la solicitud que se formule.
CAPITULO II
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
Artículo 588. Caduca la Primera Instancia por el transcurso de seis meses sin
continuarla. La segunda caduca por el transcurso de tres meses. Estos plazos son
continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles.
Los jueces tendrán la facultad de declarar la caducidad de oficio sin necesidad de
gestión de las partes.
EXPLICACIÓN: Se faculta al juez para declarar de oficio la caducidad, con el
objeto de evitar, entre otros, la mora judicial.
Excepciones al principio de caducidad de la instancia
Artículo 589. No procede la caducidad de la instancia en los siguientes casos:
1. En los procesos de ejecución singular que se paralicen por ausencia o
insuficiencia de bienes embargables al deudor, o porque el ejecutante esté
recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial;
2. En los procesos de ejecución singular que se basen en una garantía real;
3. En los procesos para ejecutar una sentencia firme;
4. En los procesos de ejecución colectiva.
La caducidad de la instancia impide la continuación de la reconvención si la
hubiere. El actor puede pedir la caducidad de la primera instancia únicamente en
relación a la reconvención.
La caducidad de la instancia puede ser declarada de oficio o a petición de parte,
únicamente en los procesos de conocimiento contemplados en los artículos 96 y
199.
EXPLICACIÓN. Se conservaron los supuestos contemplados por el Código, se
eliminó la causal contenida en el numeral 2º y se otorgó al juez la facultad de
declararla de oficio sin que sea necesaria gestión de parte, únicamente en los
procesos de conocimiento.
Trámite
Artículo 591. La petición de caducidad se tramitará como incidente y, dentro de la
dilación probatoria, podrán rendirse las pruebas que correspondan al legítimo
impedimento de la parte que no promovió.
La caducidad de la primera instancia puede pedirse también en la segunda,
cuando los autos se encuentren allí por apelación, que no fueren de la sentencia, y
que hayan transcurrido seis meses sin gestionar en ella; pero en este caso, el
tribunal superior remitirá los autos al de primera instancia para que conozca de la
caducidad planteada.
EXPLICACIÓN. Se consideró necesario indicar en dicho artículo que la caducidad
se tramitará conforme al trámite de los incidentes que se regula en el artículo 86
de las reformas. Y que la resolución será apelable, en virtud de que el artículo 86
contempla el recurso de alzada para los autos que resuelven sus incidencias.
TÍTULO III
APELACIÓN
Procedencia
Artículo 602. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables:
a) Los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso.
b) Las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos
que pongan fin a los incidentes que no se tramiten dentro del juicio oral o
los específicos contemplados en el artículo 199.
c) Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos
de jurisdicción voluntaria.
El plazo para interponer la apelación es de tres días contados a partir de la última
notificación y deberá hacerse por escrito.
EXPLICACIÓN. Se conservó en su mayoría el texto original de la ley vigente. Y se
aclaró que los incidentes que no se refieren a juicio oral deberán de tramitarse
conforme al incidente regulado en la Ley del Organismo Judicial.
Se dejó establecido en que momento empieza a correr el plazo para la apelación.
Elevación de los autos
Artículo 605. Al admitir la apelación el juez, previa notificación a las partes,
enviará los autos originales ya sea que consten por escrito o documentados a
través de videos, audios o cualquier otro medio informático y tecnológico que
permita su fidelidad al superior, con hoja de remisión.
EXPLICACIÓN. En virtud que se implementa la oralidad y que los procesos se
documentaran a través de otros medios, se incluyó en este artículo que los
expedientes podrán constar por escrito u otra forma de documentación moderna
que dé cuenta de las constancias procesales, con el objeto de que no haya
resistencia por parte del órgano superior a recibir las actuaciones que no consten
en papel.
TÍTULO IV
NULIDAD
Trámite de la nulidad
Artículo 615. La nulidad se interpondrá de forma verbal o por escrito ante el juez o
tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento.
Si fuere dentro de una audiencia, se planteará de forma verbal, concediéndole la
palabra a la otra parte para que se pronuncie y el juez o tribunal la resolverá
dentro de la misma.
Cuando sea por escrito se interpondrá en el plazo de tres días siguientes a su
notificación, se conferirá audiencia a la otra parte por dos días y con su
contestación o sin ella el juez o tribunal resolverá sin más trámite, dentro de los
tres días siguientes.
Se podrá rechazar de plano la nulidad cuando sea frívola o improcedente. Cuando
se determine que se planteó maliciosamente para entorpecer el procedimiento, se
impondrá al abogado director y procurador una multa equivalente a un salario
mínimo de actividades no agrícolas.
En contra de la resolución que rechace la nulidad, así como el auto que la
resuelva, no procederá recurso alguno.
DEROGADO 618
EXPLICACIÓN. La nulidad se reformó de tal manera que pueda ajustarse, tanto a
la oralidad como por escrito, dejando salvo todas aquellas nulidades que se
planteen en casos que no fueren tramitados por la vía oral.
Se dejó regulado un nuevo trámite para la nulidad, ya sea de forma oral en
audiencia, o escrita, fuera de ésta.
Con el objeto de evitar retardo malicioso en los procesos se estableció que la
nulidad no podrá ser apelada en ningún caso.
Se le da facultad al juzgador para que rechace la nulidad cuando ésta haya sido
planteada maliciosamente con el objeto de retardar el proceso.
TÍTULO V
CASACIÓN
Procedencia
Artículo 620. El recurso de casación procede contra las sentencias o autos
definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que
terminen los procesos orales de mayor cuantía y los demás establecidos en leyes
especiales. La casación procede por motivos de fondo y de forma.
Se exceptúan los contemplados como juicios específicos contenidos en el artículo
199.
EXPLICACIÓN. En virtud de que se unificaron en uno sólo los procesos que
actualmente regula el código (ordinario, oral y sumario), fue necesario reformar
lo relacionado con la procedencia de la casación, con el objeto de que en este
artículo quedará contemplada tal circunstancia.
Lo relativo a los asuntos de familia quedó contemplado en las disposiciones
finales y transitorias.
Costas y multa
Artículo 633. Si el Tribunal desestima el recurso o considera que la resolución
recurrida está arreglada a derecho, hará la declaración correspondiente,
condenando al que interpuso el recurso al pago de las costas del mismo y multa
equivalente a dos salarios mínimos de actividades no agrícolas, según la
importancia del asunto.
No procede la condena en costas ni la imposición de la multa, cuando el recurso
se hubiere fundado en violación de doctrina legal existente, si tal doctrina es
modificada por el fallo de casación.
EXPLICACIÓN. Se eliminó el texto que indica que los insolventes serán penados
con prisión. Además que esas sanciones no son aplicables al Ministerio Público.
Y se modernizo la forma de imponer la multa, actualizándola al sistema de
salarios mínimos que contienen otras leyes.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Procesos pendientes
Artículo I. Los procesos pendientes al entrar en vigor las reformas de esta ley, se
tramitarán y resolverán hasta su fenecimiento conforme a la ley vigente al tiempo
de su iniciación. Pudiendo crearse o designarse juzgados liquidadores.
Integración, supletoriedad y analogía
Artículo II. En las normas en las que se utilicen los vocablos juicio ordinario, oral y
sumario se entenderá que se tramitarán conforme al procedimiento establecido en
el artículo 96 de las reformas.
Todas aquellas disposiciones legales que por integración, supletoriedad y analogía
se refieran a procesos de conocimiento cuya tramitación se encontraba regulada
en el presente Código, que hagan referencia a juicios orales y sumarios se
entenderá que deberán desarrollarse de conformidad con el artículo 96
relacionado.
Casación
Artículo III. En los procesos derivados de asuntos de familia referentes a
alimentos y patria potestad, regulados en la literal A) de la Circular 42/AH de la
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, no procederá el Recurso de Casación.
Disposiciones derogadas
Artículo IV. Se derogan los artículos 129, 200 al 211, 229 al 235, 243, 248, 618 y
todos aquellos que se opongan a la presente reforma.
Incidentes
Artículo V. Las cuestiones a las que hace referencia el artículo 135 de la Ley del
Organismo Judicial y cuya materia sea civil o mercantil, se tramitarán según el
procedimiento establecido en el artículo 86 si se tratare de los procesos regulados
en los artículos 96 y 199. En todo lo no previsto se mantendrá el trámite incidental
regulado en la Ley del Organismo Judicial.
Vigencia
Artículo VI. La presente reforma al Código Procesal Civil y Mercantil entrará en
vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial.
