Nadie quiere la basura de la capital

El gobierno capitalino busca desesperadamente resolver

el colapso urbano provocado por el cierre del Bordo

Poniente y el amontonamiento de basura en la ciudad.

“Todo se normalizará”, insiste.

2012-01-08 | Milenio semanal

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Recolección de basura abandonada en el centro de la Ciudad de México . Foto: Arturo

Bermúdez

Una de las más grandes ciudades del mundo necesita tener su propio tiradero de basura,

pues de lo contrario se generan caos, gastos y problemas, y quienes terminan pagando son

los ciudadanos. Esto le pasó a la Ciudad de México, pues el 19 de diciembre el gobierno

capitalino cerró el Bordo Poniente y evidenció así su talón de Aquiles: la basura —su

recolección, separación y manejo— y su nuevo destino final, del que nadie quiere

responsabilizarse.

Muchos de los más de nueve millones de capitalinos, que generan 12 mil 600 toneladas de

desechos orgánicos e inorgánicos al día, estuvieron a punto de salir a las calles a reclamar

la acumulación de basura en la vía pública, que fue, a decir de Fernando Aboitiz, secretario

de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, “histórica”. Se percibió el colapso

de la ciudad por el problema de los residuos: aparecieron montones de basura en las calles,

en grandes avenidas y en las inmediaciones de monumentos representativos, como el

Hemiciclo a Juárez, y en zonas de gran tradición popular, como Tepito; incluso el 25 de

diciembre —el día más crítico— se cerró el Eje 1 Norte por los desperdicios acumulados

durante tres días.

El grave problema que enfrenta el Distrito Federal (DF) por la acumulación de basura en

sus calles y la falta de un sitio a donde trasladar finalmente los residuos, provocó molestia

también entre los diputados y en la Comisión de Derechos Humanos del DF, sobre todo por

la falta de previsión de la administración capitalina, que sabía bien de los riesgos sanitarios

de quedarse sin el Bordo Poniente. Las autoridades aplazaron la clausura del tiradero de

370 hectáreas hasta en tres ocasiones, y, según el documento final entregado a la Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se negociaba con autoridades del Estado de

México un nuevo sitio para depositar dos mil 600 toneladas de residuos que no se utilizarán

ni para composta ni para pepena.

En 1994, los gobiernos federal y del Distrito Federal (GDF) acordaron la ampliación del

plazo para suspender de manera definitiva la recepción de desechos hasta 2008, y después

se extendió a 2010, con el argumento de que la Administración local no contaba con un

programa para el manejo de residuos.

En 2010 se volvió a fijar una nueva fecha, y ya con un acuerdo firmado entre el gobierno

federal, representado por José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión

Nacional del Agua (Conagua), y el titular del GDF, Marcelo Ebrard, se estableció como

plazo final el 31 de diciembre de 2011 para recibir desechos.

Desechos abandonados en Eje 1 Norte y Aztecas, en Tepito, el 24 de diciembre del año

pasado. Foto: Iván Méndez/ Cuartoscuro

El gobierno capitalino clausuró el Bordo Poniente el 19 de diciembre y, simultáneamente,

se provocó un caos en la recolección de basura, situación que el propio Ebrard atribuyó a

un desajuste logístico por parte de las delegaciones, que impidió a los camiones cumplir

con sus rutas normales. Incluso dijo que se detectaron alrededor de mil puntos en los que se

depositaron desechos de manera clandestina.

Los camiones recolectores de basura del DF, la mayoría en malas condiciones, no se dieron

abasto para recoger y trasladar los desechos a las nuevas zonas destinadas para recibirlos.

Las distancias obligaron a retrasar las labores de recolección, y en los centros de

transferencia no hubo lugar para depositar la basura de las fiestas navideñas y de fin de año.

El 25 de diciembre la espera para la descarga de contenedores fue de casi ocho horas. Para

el tres de enero, el tiempo para vaciar un camión disminuyó a unas dos horas, pero aún no

se regulariza el periodo normal promedio que se emplea para vaciar los transportes, que es

de media hora.

Ante la emergencia (que se agravaba porque pobladores cercanos a rellenos sanitarios de

los estados de México, Morelos e incluso de Hidalgo impedían el traslado de la basura

capitalina), los funcionarios del gobierno de la ciudad repetían lo que Marcelo Ebrard

respondía a cada pregunta que se le hacía desde comienzos del 2012: “Toda se va a

normalizar”.

“El cierre del Bordo pudo haber sido el colapso de todo el sistema; eso no está ocurriendo,

pero sí tenemos que normalizar la situación en estos días... Si no hubiéramos hecho todo lo

que se hizo antes, pues ahorita estaríamos en una crisis mayor o no se podría cerrar el

Bordo. Lo importante es que lo estamos cerrando; se cerró el Bordo, y espero que esta

semana esto se normalice, eso es todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la

ciudad”, se limitó a decir el jefe de Gobierno en una de las entrevistas realizadas tras asistir

a la toma de protesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Edgar Elías

Azar.

Fernando Aboitiz, secretario de Obras y Servicios del GDF, durante el cierre del Bordo

Poniente el 19 de diciembre de 2011. Foto: Claudia Guadarrama

PREVISIÓN SIN EFECTO

El gobierno capitalino aplicó diversas medidas antes de cerrar el relleno sanitario tratando

de mitigar así el impacto, principalmente vía la reducción del número de toneladas de

residuos canalizadas al Bordo Poniente. También ofreció dinero a los miembros del

sindicato de limpia para que entregaran los desechos separados, y desarrolló una simple

campaña en escuelas sobre la Ley de Residuos Sólidos.

Los resultados fueron prácticamente nulos. Entonces el GDF optó por invertir 200 millones

de pesos en maquinaria para su planta de composta, que sólo recibía 200 toneladas de

residuos por día. Esa inyección de recursos le dio un pequeño alivio, pues fue considerable

el aumento de los desechos canalizados hacia la planta ubicada en el ala norte del Bordo

Poniente, que hoy recibe hasta dos mil 800 toneladas por día, las cuales ya no llegan al sitio

de disposición final, pues se volvieron composta.

Después, el secretario de Obras, Fernando Aboitiz, anunció que cerca de cuatro mil

toneladas diarias de basura serían enviadas a hornos de Cementos Mexicanos (Cemex),

para procesarla en energía para su consumo. El cinco de enero rectificó y comentó que a

partir del 15 de enero canalizarán a la cementera 800 toneladas diarias. Por cada tonelada

de desechos con valor calórico —hule, plásticos, caucho o llantas—, se pagarán a Cemex

140 pesos.

El gobierno capitalino también cerró las entradas clandestinas al Bordo Poniente y

determinó que unas tres mil 600 toneladas de desechos que provenían del Estado de México

con cascajo y tiros clandestinos ya no llegaran.

Rebosantes, camiones recolectores de basura se dirigen hacia la estación de transferencia de

la Delegación Cuauhtémoc a fines del año pasado. Foto: Enrique Ordóñez/ Cuartoscuro

OPOSICIÓN DE POBLADORES

Los desechos restantes que se destinaban al relleno sanitario fueron el problema. El

gobierno no tenía un sitio de disposición final, por lo que tuvo que acordar con el gobierno

y empresarios del Estado de México que le permitieran llevar toneladas de basura a rellenos

particulares de Xonacatlán, Cuautitlán e Ixtapaluca, en ese estado, y al de Cuautla, en

Morelos.

Así lo hizo durante 10 días, hasta que vecinos de Ixtapaluca se opusieron y cerraron la

carretera federal México-Puebla, lo que obligó al gobierno a utilizar sólo los rellenos de

Xonacatlán y Cuautitlán. A cada uno de ellos envía mil 500 toneladas de desechos, además

de que tuvo que improvisar en el Bordo Poniente una plancha de tiro donde “guarda” 800

toneladas de desechos por día.

El cinco de enero se anunció que a partir del 15 de mismo mes se enviarán tres mil

toneladas diarias al relleno conocido como Mina El Milagro, en Ixtapaluca, Estado de

México, un recorrido de 41 kilómetros por la autopista México-Puebla.

El alcalde de Ixtapaluca, Humberto Navarro, había dicho un día antes que abrirá un nuevo

proceso de revisión de los rellenos sanitarios privados La Cañada y El Milagro, pues

cuentan con permisos otorgados en 2009, cuando la administración era perredista, y hoy

operan con amparo.

Paralelamente, en Ecatepec, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Lara,

anunció un dispositivo especial para evitar que los camiones de basura procedentes del DF

se acercaran a la zona para tirar los desechos en Chiconautla.

“No es una ocurrencia ver en dónde tiramos (desechos); se ha trabajado y platicado durante

meses. El tema de haber utilizado y mantener distintos puntos era para poder soportar la

transición del sistema, pero hay una coordinación perfecta con el Estado de México en esa

materia”, expuso Aboitiz.

LOS PEPENADORES

El propio Ebrard reconoció que ahora el problema de la ciudad es dónde meter dos mil 600

toneladas, situación por la que el gobierno decidió continuar con el proceso de separación

de residuos y mantener la pepena en las tres plantas conocidas: Bordo Poniente, Santa

Catarina y San Juan de Aragón.

Ahí, cuatro mil 500 personas trabajan sin un salario estipulado por el GDF, pero venden

cerca de 10 por ciento de los desechos que logran recuperar como material de reciclaje. La

planta de selección del Bordo es controlada por Pablo Téllez, quien encabeza una de las

organizaciones agrupadas en el Frente Único de Pepenadores.

Téllez comentó a M Semanal que el negocio de la basura lo iniciaron su papás, cuando en

1930 llegaron del municipio de Zaragoza, en Hidalgo, a la colonia Pensil, en la Miguel

Hidalgo.

“Nacimos en un tiradero de basura y así nos criamos todos, y así me mantengo: pasando

por varios tiraderos y tabiqueras, como en el Pedregal, o en la Magdalena Mixhuca en

1946, o en 1953 en Santa Cruz o en 1958 en Santa Fe”, recordó a sus 74 años.

Dijo que el 18 de julio de 1994 el entonces presidente Carlos Salinas le entregó la

constancia para controlar la planta de selección ubicada en el Bordo Poniente. Ese día

Salinas también entregó a José Flores la planta ubicada en San Juan de Aragón —ahora la

controla Luis Rojas—, y a Guillermina de la Torre y sus hijos Norma y Cuauhtémoc

Gutiérrez de la Torre el control de Santa Catarina.

Comentó que no estudió ni la primaria, que lleva 40 años de trabajar con la basura y que

gracias a esa actividad muchos hijos de pepenadores han logrado obtener estudios. “Desde

que mis padres trabajaban en esto, no se les pagaba a los pepenadotes, pero nos daban la

basura para trabajar, y eso era lo importante; ahora, y esperamos que así sea, que nos dejen

vivir y trabajar en la basura”.

De acuerdo con el líder, el 19 de diciembre pasado el secretario de Obras y Servicios,

Fernando Aboitiz, se comprometió a que los pepenadores no desaparecerían; pero Téllez

comenta que no han recibido ningún papel u oficio donde se confirme esa declaración.

Sus seis hijos han salido adelante con la pepena de basura; ellos, al igual que otras

personas, se forman sobre bandas mecánicas de la planta para separar materiales destinados

a la venta al mayoreo.

Como otros trabajadores de la basura, Téllez espera que el gobierno les siga enviando los

residuos para separarlos y poder seguir dando trabajo a familias enteras. “Me comprometo

ante usted, don Pablo, a mantener la fuente de empleo de mil 500 familias”, le manifestó

Aboitiz durante el cierre del Bordo Poniente.

Para los pepenadotes la basura no es un problema, sino un beneficio; pero para el gobierno

se ha convertido en su talón de Aquiles.

La quema de Cemex

Cementos Mexicanos (Cemex) realizó inversiones en 2011, como lo hizo también el

Gobierno del Distrito Federal, para realizar operaciones de coprocesamiento de desechos.

Desde comienzos de 2011 el gobierno de Marcelo Ebrard invirtió en una planta de

tratamiento, separación, formulación y compactación de los materiales que ya no pueden

ser aprovechados mediante reciclaje.

Cemex ya recibe este tipo de material, pero no se ha llegado a la meta de cuatro mil

toneladas por día. Todo será progresivo para asegurar “la calidad de los procesos”, informó

la cementera.Por el acuerdo alcanzado con el gobierno capitalino, la empresa proporciona

el servicio integral de transporte y coprocesamiento desde la planta de San Juan de Aragón

hasta las principales plantas de la zona centro (Tepeaca y Huichapan), que ya fueron

adecuadas para este fin mediante inversiones de capital realizadas desde inicios de 2011.

El gobierno paga 140 pesos por tonelada, tarifa que cubre el costo del flete y la supervisión

de la calidad. “El material que recibimos pasa por un sistema de separación y formulación

para estar libre de residuos orgánicos y materiales que se reciclan directamente. Esta tarifa

proporciona ahorros al Distrito Federal y alarga la vida de los rellenos sanitarios”.

La opción de coprocesamiento es la más amigable para el medio ambiente, para los

materiales no orgánicos que ya no puedan ser valorizados, tal y como lo promueve la

Organización de las Naciones Unidas a través del Protocolo de Kioto, la Convención de

Basilea (firmada por más de 100 naciones) y el Consejo Mundial para el Desarrollo

Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés), principalmente. (Redacción M Semanal)

Ilich Valdez http://www.msemanal.com/node/5119