Bolivia, contada a través del PIEBenvergadura del emprendimiento. Grandes temas de la agenda...

1994-2012: Casi dos décadas pensando el país

Bolivia, contada a través del PIEB

1994-2012: Casi dos décadas pensando el país

Bolivia, contada a través del PIEB

Documento elaborado por:Víctor Orduna

Programa de Investigación Estratégica en Bolivia.

La Paz, 2012

Esta publicación cuenta con el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Serie: Sistematizaciones PIEB

D.R. © Fundación PIEB, diciembre de 2012Edificio Fortaleza. Piso 6. Oficina 601Avenida Arce 2799, esquina calle CorderoTeléfonos: 2432582 - 2431866 Fax: 2435235Correo electrónico: [email protected]ágina web: www.pieb.org / www.pieb.com.bo Casilla 12668La Paz, Bolivia

Diseño gráfico de cubierta: PIEBDiagramación: PIEB

Impresión:

Impreso en BoliviaPrinted in Bolivia

ÍNDICE

Presentación. 7

Preámbulo: Una mirada panorámica de la producción del PIEB 9

Investigar para comprender la Bolivia contemporánea 15

2006-2012: Poder, cambio y nuevas agendas 33

Apuntes para un balance: La disponibilidad del conocimiento 63

Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, al fortalecimiento de la democracia y a la construcción de una sociedad plural a través de investigaciones estratégicas y relevantes, es el objetivo que orienta las actividades del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) desde su creación, en 1994.

Con ese norte, el PIEB estuvo articulado a los procesos que vivió Bolivia las últimas dos déca-das, haciendo una lectura y seguimiento permanente a los cambios por los que transitó, a sus problemáticas y a sus necesidades de investigación en interacción con diversos actores sociales e institucionales inmersos en realidades concretas.

Respetando la diversidad y el pluralismo en la investigación y con un enfoque interdisciplinario, participativo y de equidad regional, de género y etárea, desarrollamos convocatorias nacionales para proyectos de investigación sobre temas relevantes para el país. Finalizando los años 90 di-mos un paso importante al promover convocatorias en cada uno de los nueve departamentos. Paralelamente, y como respuesta a una creciente demanda de investigación para conocer deter-minadas temáticas e incidir en ellas, abrimos líneas de investigación relacionadas con género, jóvenes e identidades; economía y medio ambiente.

Las Agendas de Investigación de las convocatorias fueron resultado de la “identificación de la demanda de investigación estratégica”, a través de sondeos, diagnósticos y entrevistas realizados por el PIEB y sometidos a validación, ajuste y complemento en mesas de trabajo y talleres con especialistas, investigadores, funcionarios de gobierno, organizaciones sociales e instituciones de desarrollo.

De ese modo, en casi 19 años de andar por caminos del conocimiento científico, el PIEB pro-movió investigaciones sobre un amplio arcoiris de temas de nuestra realidad abigarrada, densa y cambiante; cargado de preguntas y desafíos pero también de esperanzas. El entusiasmo, la imaginación y el compromiso de centenares de investigadores fue fundamental para que los resultados de sus trabajos acaben planteando nuevas ideas, lineamientos de políticas públicas y propuestas para responder a necesidades, aclarar problemas y avanzar en sus soluciones en diá-logo y concertación. Este transitar y sus logros en diferentes niveles no hubiera sido posible sin la confianza y el apoyo decidido de la cooperación holandesa, en una primera etapa, a través del Directorio General para la Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN8

de los Países Bajos (DGIS) y, luego, a través de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Bolivia.

El documento “Bolivia, contada a través del PIEB” brinda una mirada panorámica a los principales aportes al conocimiento del país, de las investigaciones promovidas y publicadas por el Programa, en diálogo con momentos clave de la historia en las últimas dos décadas. Esta publicación inicia la serie Sistematizaciones PIEB, a través de la cual se busca difundir el enfoque, los resultados, la incidencia y la experiencia de la institución en diferentes ám-bitos, como una contribución y puesta en valor de la actividad investigativa en el país y su trascendencia.

Agradecemos a Víctor Orduna, comunicador, por su valioso trabajo de análisis y aproxima-ción a casi 20 años de “pensar el país” desde la investigación.

Godofredo SandovalDirector del PIEB

Cuando el Programa de Investigación Estra-tégica en Bolivia (PIEB) se creó, en 1994, se propuso “contribuir a la transformación y desarrollo sostenible de Bolivia y de sus regiones, a través de la producción de cono-cimientos relevantes estratégicos, del fortale-cimiento de las capacidades locales de inves-tigación científica y de la democratización del acceso al conocimiento”.

Éste fue un enunciado ambicioso que en-trelíneas entrañaba una crítica al conoci-miento como privilegio de ciertas élites que a lo largo de la historia republicana dispusieron del aparato y las facultades del “saber”, para producir, importar, adaptar, censurar, difundir, poner en circulación e imponer ideas, sentidos, creencias y dudas, convirtiéndolos en el fundamento del ejer-cicio y de la prórroga de un poder sostenido en la exclusión.

Transcurridas casi dos décadas de trabajo institucional, y con un ánimo divulgativo, este documento plantea una mirada panorámica a los principales aportes de las investigaciones del PIEB en función a un contexto que va desde la fundación del Programa, en 1994, hasta el año 2012. El análisis toma como base investigaciones publicadas, resultado de

las convocatorias institucionales y de otras modalidades de publicación. Este recuento, organizado en clave cronológica en función de la “bibliodiversidad” del PIEB, parte de la premisa de que las más de 300 investigaciones publicadas son, en conjunto, un intento multifacético y plural de pensar y explicar la Bolivia contemporánea abordando las cuestiones primordiales de la agenda nacional en el agitado devenir de los últimos 19 años. Previamente, es necesario introducir algunas reflexiones que permitan comprender la envergadura del emprendimiento.

Grandes temas de la agenda pública nacional (y regional)

A lo largo de todos estos años, las 304 inves-tigaciones publicadas por el PIEB1 —orien-tadas, sobre todo pero no exclusivamente, a las ciencias sociales— constituyen, en con-junto, un solo corpus; un intento de “gran narración” (un “relato” que tiene determina-dos énfasis y vacíos producto de la enorme pluralidad de voces y enfoques) en torno a las cuestiones centrales de la Bolivia contempo-ránea, en un tránsito que va desde las profun-das reformas democrático-liberales realizadas durante la segunda mitad de la última década del siglo pasado —tal vez las más consistentes

PREÁMBULO: UNA MIRADA PANORÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DEL PIEB

1 Cabe anotar que, para la elaboración de este documento, se han considerado, únicamente, las investigaciones publicadas por el PIEB y no todos los informes de investigación que, en determinados casos, no fueron publicados (y que, por lo tanto, incrementan el número total de investigaciones realizadas). En este sentido, la política del Programa ha sido publicar trabajos, en función de una serie de criterios de calidad, novedad, relevancia y posibilidades de impacto.

10 PREÁMBULO: UNA MIRADA PANORÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DEL PIEB

ideológicamente de la historia reciente— hasta los procesos de conflicto y cambio que han desembocado en la constitución del ac-tual Estado Plurinacional.

Se trata, por lo tanto, de un conocimiento que, en su pretensión de ser científico y siste-mático, no es ajeno a la realidad del país sino que se aproxima, multidisciplinariamente (sociológica y antropológicamente, sobre todo) a la médula del debate público de las dos últimas décadas. Así, en el catálogo total de títulos publicados —o en la “bibliodiver-sidad”, recurriendo a un término que apela a la trascendencia de la letra impresa más allá del papel— se percibe un empeño por expli-car el país en sus dimensiones críticas inelu-dibles: transformaciones estatales, reformas políticas, conflictividad social, insurgencia indígena-campesina, pervivencia del mundo rural-indígena y su urdimbre con lo urbano, dinámicas demográficas, comportamien-tos, modos de ser y hábitos de una sociedad siempre “a caballo” entre las pulsiones de la modernidad, el colonialismo, la etnicidad y la diferencia.

Aunque el propósito de este análisis no es cuantitativo o “bibliométrico”, introducir algunos datos es imprescindible para en-tender la magnitud del conocimiento pro-ducido, impreso y difundido. Entre 19972 y 2012, el PIEB publicó 304 investigaciones en diferentes formatos y series. Si promo-ver investigaciones sobre temas estratégicos y publicarlas es complicado y, en ocasiones,

2 Aunque el Programa se fundó en 1994, las primeras publicaciones, producto de la primera convocatoria nacional de inves-tigación, tuvieron lugar en 1997.

TEMAS ESTRATÉGICOS TRABAJADOS POR LAS INVESTIGACIONES DEL PIEB

- Estado plurinacional.- Gobiernos municipales y

desarrollo local.- Participación política,

liderazgos y derechos de las mujeres.

- Conformación de élites y poder local.

- Interculturalidad e identidades.

- Justicia comunitaria.- Movimientos sociales.- Movimientos indígenas y

derechos originarios.- Niños, adolescentes, jóvenes

y su problemática.- Migración nacional y

transnacional.- Educación en Bolivia.- Racismo y discriminación.- Vivir Bien.- Policía, seguridad ciudadana

y violencia urbana.- Medios de comunicación y

su impacto social.- Uso del excedente

productivo.- Nuevas élites económicas.- Desarrollo económico.- Innovación productiva y

tecnológica.- Contaminación ambiental.- Áreas protegidas.- Cambio climático.- Producción de quinua.- Servicios ecosistémicos.- Transnacionales y recursos

naturales.

BOLIVIA, CONTADA A TRAVÉS DEL PIEB 11

heroico, hay que tratar de calibrar lo que significa publicar un promedio de casi 19 investigaciones por año, durante 16 años. En este sentido, vale la pena anotar lo que señala al respecto, Virginia Aillón3, biblio-tecóloga y docente universitaria: “En estos 17 años4, el PIEB se ha convertido en la principal entidad privada de generación de conocimientos en el país en el área de las ciencias sociales y con interesantes incursio-nes en otras como la de la tecnología y el medio ambiente”.

Conocimiento plural y diverso

Un rasgo saludable e inusual del inventario de estudios del PIEB es su “no dogmatismo” en la producción del conocimiento. El catá-logo institucional acoge una pluralidad de autores, temas, formatos, líneas, enfoques y geografías que aleja cualquier sospecha so-bre imposiciones, “pensamientos únicos”, agendas determinadas propios de círculos académicos o políticos. Esto convierte a esta iniciativa en una experiencia sui generis de convivencia del saber donde investigadores de diversas latitudes, condiciones sociales, trayectorias y hasta ideologías han tenido la oportunidad de pensar e investigar el país5 (algo que, sin duda, siempre está empapado de subjetividad).

Para ilustrar lo dicho, el cuadro 1 sintetiza, entre otros datos, el número de publicacio-

nes PIEB entre las que corresponden a sus convocatorias y las coeditadas. Revisando los datos, es fácil apreciar cómo el PIEB se ha convertido en un “motor” editorial que ha permitido no solo difundir las investigacio-nes promovidas como parte de sus convoca-torias, sino, también, materializar iniciativas que, por distintos intereses institucionales o temáticos aspiraban a la difusión en el sopor-te de libro pero que, sin el impulso debido, podían haberse quedado tan sólo en proyec-to. En definitiva, esta convergencia editorial ha permitido disponer de un catálogo ex-traordinariamente variado y sobre temas re-levantes para el país: formación de maestros y procesos educativos; cholaje y mestizaje; revolución nacional; historias afrosudameri-canas; etnohistorias; procesos de integración regional; migraciones y diásporas; formación

3 Aproximación a un análisis bibliométrico de la colección editorial del PIEB (s/p, 2011).4 Aillón considera para su análisis el período que va desde la creación del PIEB, en 1994 hasta 2011. Sin embargo, cabe

señalar que las primeras publicaciones datan de 1997.5 Hasta el 2012, en función a las distintas convocatorias, 1.088 investigadores participaron en las investigaciones promovi-

das por el PIEB. De éstos, 471 (43%) fueron mujeres y 617 (57%) hombres.

INVESTIGADORES PIEB, SEGÚN GÉNERO (SOBRE 1.088 INVESTIGADORES)

471Mujeres

617Hombres


de élites locales; innovaciones productivas y tecnológicas; gestión del agua; arqueología; archivística; estados de investigación; acceso a la información; criminalidad; identidades; protesta social, participación política; orga-nizaciones económicas campesinas, etcétera.

Descentralizando la investigación para entender mejor el país

Un dato que revela la intensidad de la pro-ducción de conocimiento desde lo local y a nivel regional es que, las “investigaciones regionales” representan el 55% del total de publicaciones PIEB. De tal manera que si se quiere atesorar la contribución, el sentido y la utilidad del conocimiento promovido por el PIEB es necesario advertir, previamente, que se trata, en una gran proporción, de una producción desde y para el desarrollo local y regional que trata de contrarrestar la tra-dicional “centralización” intelectual —para-lela a la centralización del poder político—, abriéndose a la particular comprensión de la realidad en cada región, geografía y cultura, y generando oportunidades de investigación (y, hasta cierto punto, de diálogo de lo local con lo nacional) para los profesionales locales.

Así como, en general, todas las investigacio-nes auspiciadas por el PIEB han obedecido a

6 La elaboración de este cuadro se basa en la información disponible en el Currículo Institucional del PIEB (2012). No obstante, en el cuadro no se incluyen los boletines publicados entre 1997 y 2012 (61 en total; 41 boletines institucionales Nexos y 20 Temas de Debate) puesto que éstos constituyen un tipo de publicación distinta al resto y, por lo tanto, no cons-tituyen publicaciones en formato de libro.

7 A efectos de sintetizar la información sobre las publicaciones facilitando su visualización se agrupó en la categoría de “Otras publicaciones” los documentos de investigación (5), de formación (3), de análisis (2), de trabajo (7), los estados de investigación temática (5), los documentos de trabajo de Pando (5), los informes de investigación (5) y los documentos PIEB (1).

8 Programa de Fondo de Becas para Tesis de Maestría en Género y Gestión de Recursos Naturales.

CUADRO 1. PUBLICACIONES PIEB, 1997-20126

Fuente: Elaborado en base al Currículo Institucional del PIEB (2012).

SerieInvestigaciones convocatorias PIEBInvestigaciones coeditadasRevista T’inkazosOtras publicaciones7

Total

Nº %

167 55 72 24 32 10 33 11304 100

Fuente: Elaborado en base al Currículo Institucional del PIEB (2012).

CUADRO 2. CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN (PIEB, 1997-2012)

Tipo de ConvocatoriaConvocatorias nacionales senior / jóvenesConvocatorias nacionales jóvenes Convocatorias regionalesConvocatorias universidades Estados de InvestigaciónConvocatorias de Fortalecimiento InstitucionalConvocatorias Programa de Investigación AmbientalConvocatorias Programa de Becas IDRC8

Total

Nº %

14 28

3 6 9 18 4 83 6

9 18

6 12

2 450 100


demandas de la sociedad, del Estado, de sec-tores académicos o de instituciones públicas o privadas; a nivel local es necesario destacar los procesos participativos previos de consul-ta e intercambio con actores locales —de la administración pública, de instituciones pri-vadas, de organizaciones sociales y políticas, de la academia, o simplemente destacados por su relevancia humana, profesional y per-sonal— que permitieron orientar y definir te-máticamente el sentido de cada convocatoria. Este mismo proceso ha dado lugar a la publi-cación de cuatro “estados de la investigación”

correspondientes a Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

Este esfuerzo por enraizar la investigación so-cial con las preocupaciones y demandas au-ténticamente locales y para no dejarse llevar por la sencillez de recurrir a “agendas forá-neas” o impuestas, es claramente perceptible en el desarrollo de las temáticas y en el bagaje de lo producido regionalmente. Así, a modo de ejemplo, en Beni y Pando existen inquie-tudes comunes en torno a la gestión de los re-cursos naturales y a los territorios indígenas,

PROYECTOS E INVESTIGADORES POR DEPARTAMENTO

19

81

54

33

19

57

21

14

18

72

284

168

138

57

Proyectos

La Paz

Cochabamba

Oruro

Potosí

Tarija

Chuquisaca

Santa Cruz

Beni

Pando

Investigadores

179

75

52

63


a la planificación participativa municipal, a la situación de educación, nutrición y salud de las comunidades, a la participación de las comunidades en el desarrollo, a la inte-gración de espacios regionales transfronte-rizos (como la Amazonía) y a las dinámicas poblacionales y su impacto en la identidad regional.

Esta vocación por la investigación desde lo local y por la democratización de los proce-

sos de construcción de agendas y de conoci-miento representa un aprendizaje institucio-nal acumulado por años que se refleja en el principio de “investigar formando y formar investigando”. Después del camino recorrido, se puede afirmar que el PIEB se ha converti-do en un semillero de jóvenes investigadores; nuevas generaciones comprometidas con el estudio, el pensamiento y la transformación de Bolivia que han abierto nuevas sendas de conocimiento.

1994-1996: Cinco reformas políticas que prometían un país moderno

Cuando se creó el PIEB, en 1994, la políti-ca le prometía al país una Bolivia nueva (una promesa, por otra parte, bastante reiterada en democracia). Un año antes, el 6 de junio de 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas —una fórmula atípica y sim-bólica entre un jovial empresario minero rico de dicción agringada y un intelectual ayma-ra de filiación katarista— habían ganado las elecciones (alianza Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR - Movimiento Revo-lucionario Túpac Katari de Liberación, MR-TKL) con un 35,7% de los votos. Pese a ser la victoria más amplia del período calificado como “democracia pactada”, el gobierno for-mó una coalición congresal con los partidos Movimiento Bolivia Libre (MBL) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), reuniendo a 79 de los 130 diputados y a 18 de los 27 senadores.9

Aprovechando un período de relativo reflujo de los movimientos sociales, la nueva política económica inaugurada en 1985 tendría du-rante este gobierno (1993-1997) un vigoroso impulso, a través de un conjunto de reformas estructurales (denominadas de “segunda ge-

neración”) que obedecían a una determinada corriente de pensamiento económico liberal prevaleciente en la región y que, con la eti-queta propagandística del “Plan de Todos”, se materializaron, concretamente, en cinco leyes: Capitalización (marzo, 1994), Partici-pación Popular (abril, 1994), Reforma Edu-cativa (julio, 1994), Descentralización Admi-nistrativa (julio, 1995), y Reforma Agraria (conocida como Ley INRA10), octubre de 1996. La música de fondo común a todo este engranaje normativo era el salto histórico ha-cia una modernidad esquiva.

En consecuencia, durante una primera etapa (sobre todo, entre 1997 y 2002) una impor-tante proporción del esfuerzo de investiga-ción del PIEB estuvo destinado a estudiar y analizar este ciclo de reformas, con énfasis en la Participación Popular, la Reforma Educa-tiva y la Reforma Agraria. Cabe subrayar, no obstante, la práctica inexistencia de estudios sobre el proceso de capitalización.

Hacia un país descentralizado y participativo11

En un contexto acelerado de liberalización de la economía, a partir, sobre todo, de un

INVESTIGAR PARA COMPRENDER LA BOLIVIA CONTEMPORÁNEA

9 Corte Nacional Electoral (CNE). Atlas electoral de Bolivia. 201010 Por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.11 Algunos elementos de este análisis se basan en las sistematizaciones “Institucionalidad, Estado y Ciudadanía” y “Temas

campesinos indígenas de tierras bajas de Bolivia” realizadas por Fernando Mayorga y Ana María Lema, respectivamente, a partir de un balance histórico de las publicaciones del PIEB.

16 INVESTIGAR PARA COMPRENDER LA BOLIVIA CONTEMPORÁNEA

proceso de “capitalización” que consistió en una privatización “suave” o encubierta (se-gún se lo vea) de las cinco empresas estatales de mayor envergadura12, la Ley 1551 de Par-ticipación Popular, de 20 de abril de 1994, representó un intento de contrapesar la supremacía del libre mercado con medidas de orden redistributivo-social, mediante la transferencia de recursos, competencias y de la infraestructura física de los servicios pú-blicos de salud y educación a los gobiernos municipales, y el estímulo de la participa-ción ciudadana en la democracia municipal y el control social a través de las Organiza-ciones Territoriales de Base (OTB) y los Co-mités de Vigilancia. Este proceso implicó la modificación de la “arquitectura municipal” en el país, creándose, el año 1994, 311 mu-nicipios en base a las secciones de provincia.

El financiamiento de este proceso estuvo dado por el sistema que se denominó “Co-participación Tributaria” y que consistió en la transferencia directa del 20% de las rentas nacionales13 a los gobiernos munici-pales en función del número de habitantes del municipio. Este significó, sin duda, el cambio de mayor calado en la historia de las finanzas municipales multiplicando ex-

ponencialmente sus ingresos. En definitiva, este “shock” financiero municipal acabó por alterar toda la dinámica local, avivando el interés político-electoral, conmocionando (desde la condena o desde la adscripción) a las organizaciones sociales de distinto signo y agitando las aguas de un poder que, repro-duciéndose a pequeña escala, terminaría por transformar la realidad política nacional.

Por otra parte, adscrita en cierto grado al espíritu de la Participación Popular, la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de 1995, reguló el régimen de la estructura orgánica y administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental determinando, como novedad —puesto que la designación del Prefecto se mantuvo como atribución exclusiva del Presidente de la República— la creación de un Consejo Departamental como órgano colegiado de consulta, control y fiscalización de los actos administrativos del Prefecto. Se estableció una representación provincial en el Con-sejo además de una representación por po-blación equivalente al 50% del número de provincias. El vínculo con la Participación Popular consistió en facultar a los concejales municipales de cada una de las provincias

12 Entre 1995 y 1996 la venta de la mitad de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) generó 1.670 millones de dólares (una cifra hoy mucho menos significativa que hace 17 años cuando el tamaño de la economía boliviana era notablemente más reducido) que no fueron al Tesoro General de la Nación (TGN) sino a las empresas cuya administración pasó a los socios privados. No obstante, el beneficio “tangible” de la capitalización fue el pago de un bono anual vitalicio (Bonosol) a los bolivianos mayores de 65 años. Este bono provenía de la rentabilidad del 50% de las acciones de titularidad de los bolivianos en las empresas capitalizadas que quedó gestionado bajo la figura de un fideicomiso.

13 Por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Régimen Complementario del IVA (RC-IVA), del Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE), del Impuesto a las Transacciones (IT), del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), del Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), del impuesto a las sucesiones y del Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE).


para designar, por dos tercios de votos, a los consejeros departamentales.

Este impulso descentralizador —que trató de contener una creciente ansiedad e insatisfac-ción regional en relación al centralismo del poder— es de una enorme relevancia históri-ca puesto que, de alguna manera, constituye el preámbulo político al estallido autonomis-ta que, entre 2003 y 2008, concentraría gran parte de las tensiones de la política nacional. Sin embargo, la aplicación de la Ley de Des-centralización Administrativa ha sido escasa-mente estudiada. Por otra parte, es necesario mencionar que las dos leyes referidas tuvieron una vigencia de 16 y 15 años, respectivamen-te, pues ambas fueron abrogadas por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Cronológicamente, los estudios promovidos por el PIEB sobre la Participación Popular se empezaron a publicar a partir del 2000, es decir, tras un período de vigencia y desarrollo de la norma de casi seis años, y tienen el ras-go común de enfocarse en municipios rurales mayormente indígenas. Desde esta perspecti-va, el centro de la reflexión son las tensiones entre las distintas lógicas territoriales y de or-ganización social (ayllus, sindicatos y OTB).

Así, en varias investigaciones —Lógicas terri-toriales y política pública. Las condiciones de la gobernabilidad en Cochabamba (Dory, 2000); Mallkus y alcaldes. La Ley de Participación Po-pular en comunidades rurales del altiplano pa-ceño (Blanes, 2000) y Los ayllus de Tacobam-ba. Procesos históricos, desarrollo y poder local (Ríos, 2002), entre otras— destaca una mira-da crítica en torno al desfase entre las dinámi-

cas territoriales y la administración pública, y al surgimiento de una autoridad municipal estatal en menoscabo aparente de las organi-zaciones tradicionales comunitarias.

Desde distintas perspectivas y geografías mu-nicipales, las investigaciones testimonian y describen este período de ebullición del poder local describiendo cómo la Participación Po-pular modificó las relaciones entre Estado y sociedad —principalmente, entre los grupos indígenas y las instituciones estatales—, cómo se produjo una articulación y adaptación en-tre las OTB y las distintas organizaciones so-ciales y de qué manera el poder local se de-batía entonces en torno a nuevos postulados producto de una reforma constitucional (la de 1994) que reconocía, por primera vez, a Boli-via como “multiétnica y pluricultural”.

Como una derivación natural de esta fase incipiente del municipalismo moderno, los estudios analizan el proceso y sus efectos dife-renciados en varios municipios indígenas (De la huella al impacto. La Participación Popular en municipios con población indígena. Lema, 2001); la contraposición entre la “sociedad local” (como construcción, en esencia, social) con el “municipio” (como construcción ins-titucional) (Sociedad local y municipio en el Beni. Molina, 2002); la necesidad de manco-munar los esfuerzos municipales, a través de entidades “macromunicipales” (Participación y control social en alianzas intermunicipales. Cuéllar, 2003) y el conjunto de dificultades inherentes —ausencia de deliberación, falta de liderazgo y debilidad de las organizaciones comunales— a este proceso de construcción de demandas y movilización comunitaria


(Construcción de las demandas y movilización comunitaria en Pando. Herbas, 2005).

Un aporte específico que analiza la imbrica-ción entre municipalismo, política y género, es el estudio de la participación de las muje-res en la administración pública local, a partir de las nuevas disposiciones legales —“Ley de Cuotas” (1997)— que promovían una mayor participación política de las mujeres. En los trabajos Participación política de las mujeres en los concejos municipales rurales. Empode-ramiento, desempeño y liderazgo (Velázquez, 2003) y Mujeres en el municipio. Participación política de concejalas en Cochabamba (Suárez, 2007) se anotan elementos que todavía cons-tituyen líneas maestras de análisis: las tramas generalizadas de discriminación machista contra las mujeres que ejercen la autoridad pública, las dificultades que representa el tránsito de la dirigencia de organizaciones so-ciales a la representación político-partidista,

la baja autoestima, el escaso conocimiento de la gestión pública y el progresivo aprendizaje que conlleva el desarrollo de las funciones y competencias de esta representación.

En general, las publicaciones en el períme-tro de la Participación Popular es un reflejo histórico, desde una escala “micro”, de los efectos sísmicos que produjo este proceso de reordenamiento administrativo-municipal en un Estado que siempre dudó de su cohesión local, regional, pública, política y administra-tiva. Consecuentemente, los estudios retratan esta fase de desconcierto, tensión y duda en torno a un municipalismo incipiente que, con los años, acabaría consolidándose y con-virtiéndose en una corriente político-admi-nistrativa nacional con una identidad propia.

Reforma Educativa: cambiar laeducación para cambiar el país14

Con el desarrollo de la democracia, algunos problemas educativos largamente arrastrados se volvieron acuciantes. Se incorporaron al léxico común elementos referidos a la calidad educativa, la interculturalidad, la educación bilingüe, la participación de los padres de familia, la descentralización, la formación de maestros y el cambio del enfoque tradicional de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la Ley 1565 de Reforma Educativa, del 7 de julio de 1994 —pese a su matriz política y financieramente liberal— tuvo la virtud de incorporar todos estos temas y de proponer cambios con un impulso y un presupuesto

14 Algunos elementos de este análisis se basan en la sistematización “Educación en Bolivia” realizada por Mario Yapu, a partir de un balance histórico de las publicaciones del PIEB en este ámbito.


como nunca había sucedido en el país (y como hasta hoy no ha vuelto a suceder). Fue una ley, por otra parte, que enfrentó la fe-roz oposición de un magisterio que, bajo un sempiterno liderazgo trotskista, obligó a un estado de sitio durante varios meses.

Considerando la educación como la “función suprema y primera responsabilidad financie-ra” del Estado republicano y ahora también del Estado plurinacional, es importante su-brayar la gran importancia que este ámbito ha tenido en la historia del PIEB. Aunque durante todos estos años no hubo ninguna convocatoria específica en el área de educa-ción, se publicaron 27 títulos sobre distintos tópicos educativos: educación superior, uni-versidades e investigación; formación do-cente; prácticas educativas en áreas rurales y urbanas; educación indígena e interculturali-dad; migración, educación y recursos huma-nos; descentralización y autonomía educa-tivas; educación técnica; educación inicial y socialización en la primera infancia; violencia escolar y evaluación de políticas públicas.

De los 27 títulos referidos al área de la educa-ción —que representan casi el 10% de todos los libros publicados por el PIEB15— cerca de la mitad (12 estudios) abordan la Reforma Educativa desde distintos ángulos. A diferen-cia de lo que sucede con el resto de las refor-mas de este ciclo político —donde prevalecen las miradas parciales y locales—, en este caso el PIEB respaldó una publicación (Examen parcial. La reforma educativa boliviana 1992-

2001. Contreras y Talavera, 2004) en la que se propone un balance general, fundamenta-do y consistente de este intento de cambiar la educación tras una década de vigencia de la ley. Es uno de los pocos textos disponibles en el país de este alcance.

El estudio sobresale por su equilibrio pues si bien destaca los logros de la reforma —como la duplicación del gasto en educación en una década (llegando a representar el 6,3% del Producto Interno Bruto, PIB), la creación de 12 mil juntas escolares, la conformación de los Consejos Educativos de los Pueblos Ori-ginarios (CEPO) y la impresión de ocho mi-llones de módulos (libros de texto) en caste-llano, quechua, aymara y guaraní para el ciclo de primaria— también concluye que, a pesar de todo, no se puede decir que, fehaciente-mente, se haya mejorado el aprendizaje. Esto se deduce a partir de los datos del Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de

15 Esto sin considerar las 32 ediciones de la revista T’inkazos con lo cual el total de libros publicados por el PIEB es de 272.


la Educación (SIMECAL) que registró me-joras porcentuales mínimas al comparar los alumnos de la reforma con los que todavía no participaban de ese proceso.

A casi dos años de vigencia de la Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, de 20 de diciembre de 2010 —que formalmente abrogó la Reforma Educati-va aunque, en la práctica, ésta se aplicó sólo hasta el 2003—, la investigación menciona-da aporta una significativa enseñanza acerca de lo arduo y extraordinariamente difícil que resulta cambiar la educación pública de un país a pesar de disponer, en este caso, de un presupuesto ejecutado de alrededor de 338 millones de dólares, de un notable despliegue técnico, de autoridades comprometidas y del respaldo del Banco Mundial. Una conclusión al respecto es que para mejorar la educación se requieren procesos sostenidos y consisten-tes con una base financiera estable pues los resultados tardan años en aflorar.

Con todo, a partir de las otras investigacio-nes vinculadas con la Reforma Educativa, se puede rastrear la evolución y la permanencia de distintos contenidos de política educativa que ya se desarrollaban entonces y que siguen presentes ahora. Así, en Escuelas primarias y formación docente en tiempos de reforma educa-tiva. Enseñanza de lectoescritura y socialización (Yapu y Torrico, 2003), en Leer y escribir en quechua… ¿es necesario? (Montellano, 2004), y en ¿Colonialidad o interculturalidad? Repre-sentaciones de la lengua y el conocimiento que-chuas (Garcés, 2009) se precisan numerosos elementos plenamente vigentes en el debate educativo actual.

Entre éstos, vale la pena destacar algunos de primer orden: el contraste entre los postula-dos teóricos sobre la educación bilingüe y la realidad práctica de la enseñanza rural some-tida a determinadas circunstancias sociales y económicas —que explica, por ejemplo, la in-sistencia de los padres de familia de las comu-nidades para que sus hijos aprendan castellano (con mayor premura que el quechua) durante los primeros cinco años de primaria para así poder insertarse con más éxito en los circuitos económicos y laborales urbano-rurales—, la necesidad (todavía apremiante) de “desrurali-zar” la interculturalidad y el bilingüismo para avanzar hacia una interculturalidad de “doble vía” (es decir, que no sólo el niño indígena tenga que ser “intercultural y bilingüe”), la vergonzante brecha que existe, aun hoy, entre la educación rural y la urbana, y que reprodu-ce —especialmente en el caso de las niñas del campo— circuitos de discriminación y explo-tación y, después de todo, la certeza de que cualquier cambio en la educación del país de-penderá, necesariamente, de la comprensión, capacidad y alianza con los maestros en la di-námica cotidiana del aula (querer transformar la educación sin los maestros, fue, según algu-na investigación anota, el pecado capital de la Reforma Educativa).

De la contribución del PIEB a las temáticas educativas destaca el proyecto “100 años de educación en Bolivia” en el cual se ejecutaron ocho investigaciones y tres compilaciones so-bre temas relevantes para la transformación educativa impulsada por el gobierno de Evo Morales en el Estado Plurinacional. En este grupo figuran, entre otras, las investigaciones: Niñas (des)educadas: Entre la escuela rural y


los saberes del ayllu (Gutierrez y Fernández, 2011), Educación indígena originaria cam-pesina: Perspectivas de la educación intracul-tural (Saaresranta, 2011), Continuidades y rupturas: El proceso histórico de la formación docente rural y urbana en Bolivia (Cajías, 2011), Educación técnica y producción en Bolivia (Lizárraga, 2011), “Paradorcito eres, ¿no?” Radiografía de la violencia escolar en La Paz y El Alto (Mollericona, 2011) y Políticas educativas, interculturalidad y discrimina-ción. Estudios de caso: Potosí, La Paz y El Alto (Yapu, 2011).

43 años después, una nueva reforma agraria

En medio de movilizaciones campesinas, turbulencias y conflictos, el 18 de octubre de 1996 se aprobó la Ley 1715 del Servicio Na-cional de Reforma Agraria, conocida como Ley INRA, que tenía por objeto crear una nueva institucionalidad agraria en el país, a partir de un nuevo régimen de distribución de tierras, de la regulación del saneamiento de la propiedad agraria y de la creación de la Superintendencia y de la Judicatura agrarias. Así se clausuró, formalmente, un ciclo de 43 años de vigencia del decreto de reforma agraria de 1953, un emblema en la historia rural, campesina y “movimientista” del país que, con los años, degeneró en la entrega dolosa de cientos de miles de hectáreas por los sucesivos gobiernos (sobre todo durante los regímenes militares) y en la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria

(CNRA), en 1992, a raíz del escandaloso caso “Bolibras”.16

En gran medida, la Ley INRA y todo el andamiaje legal agrario-forestal posterior, estuvieron imbuidos del espíritu indigenis-ta-rural —reconocimiento de los territorios indígenas, titulación colectiva, redistribu-ción; no reversión, ni gravamen o embargo sobre la propiedad indígena y campesina, exigencia de la función económica y social para los predios agropecuarios empresaria-les, y un largo etcétera— que, a partir de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, marcó profundamente la agenda pú-blica nacional hasta el primer gobierno del presidente Evo Morales (2006-2010).

Sólo en el ámbito de la reforma agraria de 1996 y de sus derivaciones se pueden men-cionar, al menos, 12 estudios. Probablemen-te, el más ambicioso (por su alcance) es el de Urioste y Pacheco (Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX, 2001) pues intenta trazar —con un énfasis finisecular— un panora-ma general del complejo escenario de situa-ciones y casos agrarios y forestales en una geografía que va desde la Amazonía pandina (agroextractivismo) hasta las fértiles tierras agrícolas del este cruceño (el monocultivo de soya en Pailón, entre otros casos). El leiv motiv del conjunto de casos, sin embargo, es el de las tierras bajas como escenario na-tural en el que se manifiestan, a partir de mediados del siglo XX (del paradigmático Plan Bohan, se podría anotar como “hito”

16 Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se denunció la dotación ilegal de 100 mil hectáreas de tierras fiscales en Santa Cruz, al entonces ministro de Educación, Hedim Céspedes.


histórico), todas las ansiedades, proyectos e iniciativas desarrollistas de una Bolivia que aspiraba a la modernidad agropecuaria mi-rando hacia el oriente. El resultado, lejos de ser edénico, muestra, con preocupación, la difícil sostenibilidad de los modelos expan-sionistas asociados a los monocultivos, la conformación de nuevos latifundios, el di-fícil equilibrio forestal, la colisión de formas y lógicas de producción, y la expansión “de facto” de un dinámico mercado de tierras informal espoloneado por el agronegocio y por la presencia extranjera (principalmente, brasileña).

Después de esta obra “magna” de las tierras bajas, la contribución más destacable de las investigaciones del PIEB en esta temática se concentra en las distintas indagaciones en torno a una figura creada por la Ley INRA —las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), renombradas desde 2009, a partir de la aprobación de la nueva Constitución, como Territorios Indígena Originario Cam-pesinos (TIOC)— cuyo origen se inspiró en el reconocimiento e inmovilización de cua-tro territorios indígenas “pioneros” como colofón de la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990.

Con este antecedente inmediato, los estu-dios mencionados asocian derechos indí-genas y territorialidad concentrándose, casi por entero, en las tierras bajas pues fue allí donde se generaron las primeras demandas y titulaciones de TCO. En trabajos como Los derechos indígenas y su cumplimiento en el territorio indígena de Guarayos (Martínez,

2010), Derechos indígenas y gestión territorial. El ejercicio de las TCOs de Lomerío, Mosetén y Chacobo-Pacahuara (Herbas Araoz, 2010) y Construcción identitaria y derechos territo-riales indígenas. Estrategia de los tacana y los ayoreo frente a la Ley INRA (Herrera, 2003), se documentan procesos de reconfiguración de las identidades étnicas —dispares geográ-ficamente pero muy similares en cuanto a sus contenidos— en torno a la consumación de un derecho territorial ancestral recién re-conocido por el Estado cuya materialización conlleva un sinfín de trámites legales, ten-siones y conflictos hasta la emisión del título de propiedad.

No obstante, estas investigaciones se propo-nen trascender el hecho legal para coincidir en una cuestión que sigue, hoy en día, ple-namente vigente: los horizontes de gestión y sostenibilidad de los territorios indígenas en esa difícil triangulación entre el uso de los recursos naturales, los modos de ser de los pueblos indígenas y la naturaleza como amplio y vulnerable escenario de vida. Si bien otros trabajos se detienen en el estudio de fenómenos contiguos a esta realidad —como las tradicionales y enquistadas formas de latifundio y explotación laboral en terri-torios despojados a comunidades indígenas (Colonialidad del poder en Caraparí. Estudio de la disputa por la tierra, relaciones de traba-jo y autoridad. Van der Valk Tavera, 2011) y la proliferación de fórmulas de especulación agrícola y urbana con la tierra (Mercado de tierras en Chuquisaca: Un estudio sobre la in-fluencia en inversiones en tres municipios. Zára-te, 2004)— una investigación, en particular,


merece una mención más amplia pues per-mite entender la deriva histórica de la de-manda territorial indígena; se trata del libro La reconstitución del Jach’a Suyu y la Nación Pakajaqi. Entre el poder local y la colonialidad del derecho indígena (Chuquimia, 2010).

Esta evolución histórica tiene que ver con un desplazamiento, geográfico y político, de las demandas de TCO de la Amazonía, los bosques, los llanos y los valles de Beni y Santa Cruz, principalmente, a las alturas andinas de Oruro, Potosí y La Paz. Una tras-lación que, en el caso estudiado etnográfi-camente, comporta la reconstitución de la nación Pakajaqi, a través de la organización de markas y suyus (cuya superficie, en la di-visión político-administrativa republicana se sitúa, aproximadamente, en la provincia Aroma del departamento de La Paz).

Más allá de las distintas interpretaciones del “encauce de la pluriculturalidad y de la multietnicidad” contenidas en este libro, lo significativo, desde una perspectiva mayor, es resaltar lo que podría considerarse como el fenómeno central de la dinámica político-agrario-territorial de los últimos 20 años: la proliferación de las demandas y titulación de territorios indígenas por todo el país y, sobre todo, en la franja andina. De acuer-do a información reciente del Viceministe-rio de Tierras17, actualmente en Bolivia hay 298 territorios indígenas titulados, el 75 por ciento en Potosí, Oruro y La Paz. Algo sorprendente y significativo si se considera

que hace 16 años, cuando se aprobó la Ley INRA, se lo hizo concibiendo la modalidad de las TCO para la realidad étnica de tierras bajas. La historia tomó otro rumbo.

La revelación de un mundo indígena, campesino y rural desconocido

En el contexto de una realidad agropecua-ria y territorial políticamente insurgente y conflictiva, el “mundo indígena-campesino” (utilizando una etiqueta simple para englo-bar un conjunto caracterizado por una in-agotable diversidad) ha sido el eje que ma-yor número de investigaciones, esfuerzos, debates y trabajos ha congregado en estos 19 años de trayectoria del PIEB. En este sentido, 85 de las 272 investigaciones pu-blicadas en este período (es decir, un 31%) se pueden inscribir de una u otra manera en este “universo”. Tanto en tierras altas como en tierras bajas se han explorado cuestiones que forman parte de una matriz común: de-rechos y liderazgo indígena, colonialidad, racismo y discriminación, gestión territo-rial, autonomía, organizaciones económicas campesinas, sistemas productivos, mercados de tierras, etnicidad e interculturalidad.

No obstante, tratando de discriminar algu-nas líneas temáticas, se puede señalar que en el ámbito andino prevalecen aproximaciones sobre las rebeliones indígenas, la reconstitu-ción territorial y la vigencia de autoridades originarias, el katarismo y los planteamientos indigenistas, la justicia indígena originario

17 “Hay 298 territorios indígenas titulados en toda Bolivia”. Página 7, 8 de abril de 2012. Disponible en: http://www.paginasiete.bo/2012-04-09/Nacional/Destacados/28NalAde010312lun09.aspx


campesina, la economía y las ferias campe-sinas, las formas de producción agrícola-campesinas (como los sistemas de riego y las terrazas), las prácticas comunitarias, la con-servación y fertilidad de los suelos, la gestión del agua, la adaptación de las comunidades al cambio climático y el estudio detallado de las condiciones y perspectivas de algún tipo de cultivo andino específicamente relevante (como la quinua en Oruro y Potosí).

Por otra parte, en tierras bajas —debido a sus particulares condiciones étnicas, ecológicas y de organización social— las investigaciones han seguido la ruta de la explotación de los recursos forestales, la gestión de territorios indígenas, parques naturales y áreas protegi-das (muchas veces sobrepuestos), las distin-tas realidades amazónicas transfronterizas, la serie de demandas y marchas indígenas aso-ciadas al territorio y a la dignidad, y el estu-dio de casos concretos propios de una econo-mía indígena a pequeña escala como el asaí, la castaña, el cacao silvestre o el paiche (un

pescado introducido en la cuenca amazónica boliviana). Aunque en menor medida, hay también, en tierras bajas, trabajos histórico-etnográficos de gran valor, como el de Isabe-lle Combès acerca de una Capitanía guaraní situada en territorio cruceño; Etno-historias del Isoso. Chané y chiriguanos en el Chaco bo-liviano (siglos XV a XX) (2005).

Más allá del valor testimonial e histórico de estos trabajos, su contribución también se puede articular al debate agrario actual. Por ejemplo, en estudios como Llameros y case-ros. Economía regional Kallawaya (Schulte, 1999) y No hay ley para la cosecha. Un estudio comparativo del sistema productivo y las rela-ciones sociales en Cari y Chulumani, La Paz (Spedding, 1999), se encuentran distintas claves y visiones sobre el aporte, la sostenibi-lidad y las dificultades de la pequeña produc-ción agrícola familiar, campesina e indígena en un contexto general caracterizado por la expansión de un “agronegocio industrial” y de unas condiciones de mercado de las que, cada vez más, depende la provisión de ali-mentos a gran escala y bajo precio a los cen-tros urbanos.

En todo caso, éste es un debate revestido de elementos étnicos y culturales. La impor-tancia de la agricultura campesina para la soberanía y seguridad alimentarias, su fun-ción estratégica en la generación de ocupa-ción rural, en la estabilidad y cohesión de las comunidades, y su importancia para la conservación de la agrobiodiversidad a par-tir de prácticas y conocimientos propios son cuestiones que pueden ser analizadas en los


siguientes estudios: Conocimiento campesino en las conservación de suelos. Ayllus de Qhor-qa, Qapaqhanaqa y Aranzaya (Tacuri Quis-pe, 2002); Del proceso de acompañamiento hacia la autogestión de sistemas de riego (Guz-mán, 2002); Terrazas agrícolas. En busca de una estrategia étnica y cultural de desarrollo rural andino (Aguilar, 2002) y Producción in situ de biofertilizantes para el cultivo de qui-nua (Morales Belpaire, 2012).

Un ámbito que enriquece la reflexión sobre las estructuras de producción campesina e indígena —que predomina en el conjunto de investigaciones referidas— es el de las prácticas, usos y costumbres, organización y cultura de las comunidades. En este senti-do, el estudio La ley del ayllu. Práctica de la jach’a justicia y jisk’a justicia (justicia mayor y justicia menor) en comunidades aymaras (Fer-nández Osco, 2000) incorporó al debate público el tema de la justicia indígena cuan-do éste era prácticamente desconocido y no formaba parte de ningún escenario de análi-sis jurídico, a pesar de que en ese momento estaban en ejecución diversas innovaciones en el sistema de justicia.

Esta investigación fue calificada por la des-tacada Defensora del Pueblo de aquel en-tonces (año 2000), Ana María Romero de Campero (+), como una obra magistral cuyo conocimiento fue oportuno para en-carar el conflicto entre laymis y qaqachakas (Norte Potosí) que concluyendo el siglo xx aún provocaba muertes por disputas ances-trales sobre linderos y límites territoriales. Posteriormente, a lo largo de los últimos

12 años la cuestión de la justicia indígena (usualmente confundida con la práctica de linchamientos) se convirtió en un tema de gran actualidad, incorporándose al debate constituyente.

La consecuencia de este proceso fue la in-corporación de la jurisdicción indígena ori-ginaria campesina en la nueva Constitución en igual jerarquía que la jurisdicción ordi-naria (art. 179, inc. II, CPE) y la aprobación de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, de 29 de diciembre de 2010, que define la jurisdicción indígena originario campesina como “la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propia y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo estableci-do en la Constitución Política del Estado y la presente ley”.

Como balance general, en el plano del cono-cimiento, tal es la gama de voces, miradas,


acercamientos, teorías y lecturas en relación a lo indígena y campesino que, en conjun-to, se puede hablar, sin rimbombancia, de una “ruptura epistemológica”; del quiebre definitivo de las ciencias sociales bolivianas con una tradición heredada de la alta cultu-ra letrada —con exponentes icónicos como D’Orbigny (Descripción geográfica, históri-ca y estadística de Bolivia, 1845) o Bautista Saavedra (El Ayllu, 1913)— que prolongó durante el siglo XX una aproximación ilus-trada, etnocéntrica, civilizatoria y aventure-ra de todo aquello que se escondía tras el agreste paisaje boliviano, más allá de la urbe (una mirada propia de un tiempo y de un poder, todavía significativa, sobre todo, tes-timonial y literariamente).

Esa simplificación histórica ha sido reem-plazada por una sinfonía (o desconcierto, en ocasiones) de voces —en muchos ca-sos, de los mismos indígenas y campesinos ejerciendo ahora como investigadores de su propia realidad— que han ampliado de tal manera las fronteras y registros del cono-cimiento sobre la materia como para que resulte del todo estéril tratar, hoy en día, de pontificar sobre la realidad indígena y campesina como era costumbre republicana hacerlo.

1997-2000: El desencanto, el retorno del general y la cuestión de la coca

El encanto de las reformas que llevó a cabo el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se desvaneció rápida-mente. La ilusión de una Bolivia moderna y participativa, abriéndose con éxito a la

globalización, a la gestión privada de las empresas “públicas” y a la inversión extran-jera chocó con la recurrencia histórica del conflicto y la masacre. Durante la Navidad de 1996, una intervención policial en varios centros mineros de Amayapampa, Capacir-ca y Llallagua —que habían sido ocupados previamente por discrepancias con la em-presa privada que los gerentaba— concluyó con la muerte de, al menos, 11 trabajadores. Ecos del pasado ocuparon la política cuan-do, en 1997, Hugo Banzer Suárez, general y ex dictador 19 años antes, fue elegido presidente tras ganar las elecciones con una mayoría simple del todo “escueta” (22,3%). Los avatares de la coalición de gobierno (Acción Democrática Nacionalista-ADN, Nueva Fuerza Republicana-NFR, Movi-miento de Izquierda Revolucionaria-MIR, UCS y Conciencia de Patria-Condepa), al-gunos cambios a las reformas heredadas (el Bolivida en lugar del Bonosol), un diálogo nacional para debatir el uso del dinero del alivio a la deuda y el cáncer del general —que lo apartaría de la presidencia a mediados de 2001 y acabaría con su vida en mayo de 2002— marcaron una gestión caracterizada por la improvisación y por un clima econó-mico regional enrarecido a causa del “conta-gio” sudamericano de una crisis que empezó en Asia.

Por la necesidad de simplificar y clasificar etapas, usualmente se alude al ciclo 2000-2005 como el período de expansión, con-densación y desenlace del conflicto social boliviano reciente. Aunque es lícito verlo así, no cabe duda que la conflictividad que


se manifestó aceleradamente con el cambio de siglo ha sido una constante en la histo-ria del país. En este sentido, por ejemplo, la “cruzada” que emprendiera el general Banzer en 1997 con la aplicación del Plan Dignidad —cuyo propósito quimérico era erradicar toda la coca ilegal del Chapare y de los Yungas (algo que nunca antes ni después fue o ha sido pretendido por algún gobierno de los países donde se produce coca: Colombia, Perú y Bolivia)— con-cluyó en 2001 con un conflicto que dejó alrededor de un centenar de muertos entre campesinos y militares y que, hasta hoy, es el episodio más violento de la denominada “lucha contra las drogas” en Bolivia. Fue un escenario de represión feroz en el que, por otra parte, se forjó el Movimiento Al Socialismo (MAS) —en el entronque entre sindicalismo y actividad político-electoral municipal— y el liderazgo del actual presi-dente Evo Morales Ayma.

En este ámbito, sobresalen dos títulos cuyo aporte consiste en abordar la cuestión de la coca dejando de lado el maniqueísmo de “drogas malas” y de “coca igual a cocaí-na” que predominó desde el lanzamiento, a nivel continental, de la “lucha contra las drogas” a inicios de los años 80. En primer lugar, la virtud de la investigación de Ali-son Spedding (Kawsachun coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y en el Cha-pare, 2004) es enfocar el tema desde la óp-tica de la economía campesina y no desde la perspectiva del poder y sus políticas. Por ello, en el documento salen a flote una gran cantidad de aspectos tan importantes como generalmente marginados del debate públi-

co: el sistema de producción en pequeñas parcelas campesinas característico de Boli-via, las técnicas de cultivo en zonas tradicio-nales y de colonización, el uso de mano de obra y las formas de remuneración, la pro-ductividad, la rentabilidad y la dificultad de competir con productos de un “desarrollo alternativo” que pasó a la historia.

En segundo lugar, el estudio de Roberto La-serna (Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca, 1999) analiza la coca en su dimensión de factor clave de la movilización social de las comu-nidades rurales; de las marchas y bloqueos campesinos que se desarrollaron en el país desde mediados de los años 80 en contra de los sucesivos planes de erradicación y de la aprobac ión de la Ley 1008 (Ley del Régi-men de la coca y sustancias controladas), en 1988. Una ley combatida que —paradojas de la historia— 24 años después y con el presidente de las seis federaciones del trópi-co de Cochabamba en Palacio de Gobierno, sigue vigente e intacta.


2000-2005: Tiempo de insurgencias, conflicto social y crisis estatal

Durante estos seis años, la vida política y social boliviana fue de vértigo. Hubo mo-mentos en los que —con el estribillo de “las dos Bolivias”, de fondo— el país parecía encaminado hacia una confrontación civil descontrolada y hacia una fragmentación definitiva. Una combinación pródiga o fatal, según se lo quiera ver, de factores largamen-te incubados —desigualdad, racismo, mar-ginación, pobreza, exclusión, patrimonia-lismo estatal, corrupción, deslegitimación política, entre muchos otros— condujo al país al límite máximo de las tensiones. Un sinfín de movimientos sociales de toda ín-dole, bajo la tutela y vanguardia indígena-campesina y abanderando un discurso de reivindicación étnico-racial, impugnaron las bases mismas del Estado republicano colo-nial, resistiendo la gestión neoliberal de los recursos naturales (de los hidrocarburos, so-bre todo) y emprendiendo un movimiento de acoso y derribo de un poder constituido en torno a un sistema de partidos “tradicio-nales” que ya entonces daba signos de un agotamiento irremediable.

Durante estos años se produjeron dos gran-des estallidos sociales —por el agua (“gue-rra del agua”) en Cochabamba, en abril de 2000, y por el gas en El Alto (“guerra del gas”), en octubre de 2003—; varios ciclos de bloqueos campesinos principalmente en el altiplano norte dirigidos por el líder aymara Felipe Quispe y en el eje cocalero del Chapare protagonizados por las federa-ciones del trópico; dos motines policiales de

gran envergadura a pocos metros de Palacio de Gobierno (en abril de 2000 y en febrero de 2003) que desembocaron en el saqueo y quema de instituciones públicas y en un san-griento enfrentamiento armado con los mi-litares (en el segundo caso); varias marchas indígenas desde tierras bajas demandando una Asamblea Constituyente; la sucesión de cinco presidentes (dos de ellos tuvieron que renunciar antes de concluir su mandato) y el colapso del sistema político que se alternó en el poder desde 1985 y que prácticamente desapareció con la mayoría absoluta de Evo Morales (53,7%) en las elecciones de di-ciembre de 2005.

El sexenio dejó los sonidos y las imágenes de las multitudes, los disparos, las sirenas de las ambulancias, la sangre y exequias; más de un centenar de bolivianos perdieron la vida: vecinos, campesinos, militares, mine-ros y policías. Políticamente, el “hombre-epílogo” fue, en octubre de 2003, Sánchez de Lozada —el mismo político audaz que en 1994 emprendiera el conjunto de refor-mas con las que se inicia este recuento— huyendo del país en un vuelo comercial rumbo a Miami mientras abajo, en las ca-lles, una masa apenas contenida encarnaba, tal vez, el destino de aquel conglomerado que René Zavaleta quiso imaginar como “lo nacional-popular”.

Abril, septiembre, octubre, agua, gas, coca… Las investigaciones del PIEB no omitieron ninguno de los planos del con-flicto durante este período e, intentaron, en algún caso —como en el estudio de John Crabtree (Perfiles de la protesta. Política y


movimientos sociales en Bolivia, 2005)— ensa-yar interpretaciones generales de lo sucedido. Crabtree, investigador asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford (Inglaterra), apela —en un tono propio de los “bolivianistas” de antaño— a la rebeldía secular crónica boliviana para ex-plicar el trasfondo histórico de los conflic-tos y dar voz a los distintos actores sociales: la Coordinadora del agua y los regantes de Cochabamba, los cocaleros de Radio Sobera-nía, campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST), líderes aymaras del altiplano, organi-zaciones de mujeres de El Alto, etcétera. Otros estudios —como La rebelión per-manente. Crisis de identidad y presencia étnico-cultural aymara en Bolivia (Teijeiro Villarroel, 2007) y Participación política, democracia y movimientos indígenas en Los Andes (León T., 2005)— profundizan esta veta de interpretación histórica indagando las raíces de la insurgencia indígena y cam-pesina a través de la herencia de Túpak Ka-tari (1781) o Zárate Willka (1899) —en el caso del primer estudio— y analizando la creciente presencia y participación política indígena en los países andinos, en el segun-do estudio. Estas nuevas exploraciones del pasado a la luz del presente llevaron también a revisar procesos históricos, tal y como su-cedió con la revolución de 1952. Esta fue la intención de Gotkowitz en La revolución antes de la Revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia en Bolivia 1880-1963 (2011) donde se examina la propagación de levan-tamientos indígenas por la tierra durante la primera mitad del siglo XX, como antece-dente de la revolución del 52.

Por otra parte, si bien algunos estudios —como La “guerra del agua”. Abril de 2000: la crisis de la política en Bolivia (García Ore-llana, 2003)— evaluaron las repercusiones políticas de un conflicto en particular, o —como en el caso de Ser cruceño en octubre. Una aproximación al proceso de construcción de la identidad cruceña a partir de la crisis de octubre de 2003 (Peña Claros, 2006)— sus derivaciones en torno a una determinada identidad regional y al desempeño de sus élites empresariales, el eje de investigación más prolífico fue el que vinculó las condi-ciones de la conflictividad con las dinámi-cas sociológicas de los jóvenes en contextos urbanos (especialmente, en la ciudad de El Alto).

En esta línea, un estudio precursor que me-rece mención (aunque, cronológicamente fue inmediatamente anterior al ciclo de conflictos descrito) es Ser joven en El Alto. Rupturas y continuidades en la tradición cul-tural (Guaygua et al., 2000), en el que la rueda de la constante hibridación gira y gira mezclando el impulso de autoafirmación aymara con el deseo de “blanqueamiento”, la pollera y los jeans, el hip hop con el fol-clore, los consumos culturales propios y aje-nos, lo rural y lo urbano, la lengua aymara y el español…

Tomando como punto de partida la consi-deración de que las movilizaciones sociales (en particular, las de octubre de 2003) gene-raron un acelerado proceso de subjetividad política, en Jóvenes y política en El Alto. La subjetividad de los Otros (Samanamud Ávila, 2007) se formula una crítica al monopolio


del sistema formal en torno al hacer y al hablar de política y se indagan otras mani-festaciones de la cultura política “no oficial” dando voz a los hiphopers alteños, a la Fe-deración de Estudiantes de Secundaria y a los miembros juveniles de las iglesias, entre otros colectivos generalmente ignorados. Las consecuencias del “trauma” colectivo de octubre y su repercusión en las formas de or-ganización y expresión de los jóvenes alteños son la base del texto Organizaciones juveniles en El Alto. Reconstrucción de identidades co-lectivas (Méndez Padilla, 2007).

Afines a estas inquietudes pero en otras geo-grafías se sitúan los trabajos Jóvenes en de-mocracia. La cultura política de la juventud cochabambina (Tórrez, 2003) y Jóvenes en los laberintos de la polarización. Agrupaciones juveniles, identidad política, violencia, racis-mo y democracia en Bolivia (Tórrez, 2009). El primero, con la “guerra del agua” como referente, examina cómo los valores de la democracia representativa determinan la cultura y la práctica política de los jóvenes;

mientras que el segundo analiza la irrupción de agrupaciones juveniles en varias ciudades bolivianas y su grado de afinidad u oposi-ción con las movilizaciones sociales.

Un trabajo atípico —puesto que se centra en el ámbito rural y en la población joven aymara de las provincias Ingavi y Omasu-yos de La Paz— es Líderes indígenas. Jóvenes aymaras en cargos de responsabilidad comu-nitaria (Quisbert et al., 2006), que aborda los procesos de liderazgo juvenil rural y su relación con las viejas dirigencias del cam-po. También con lo aymara como elemen-to de identidad determinante, en Jóvenes aymaras, sus movimientos, demandas y polí-ticas públicas (Yapu, 2008) se exploran di-versas manifestaciones de la transformación y resistencia cultural juvenil que implican, por añadidura, demandas e impugnaciones hacia los espacios de decisión política. Por último, en Políticas públicas y percepciones estatales acerca de la juventud (La Paz y El Alto) (Íñiguez, 2007) se invierte el sentido de las indagaciones en este campo para cons-tatar la inexistencia de políticas públicas y de legislación que favorezcan la atención y la participación de los jóvenes.

Policía y Fuerzas Armadas: las armas del Estado en crisis

A raíz de la radicalización de las movilizacio-nes sociales en el período 2000-2005, una de las facetas de la crisis institucional esta-tal tuvo que ver con el crítico desempeño en democracia de las instituciones armadas del Estado: Policía y Fuerzas Armadas. Si bien su función constitucional estaba y está


diferenciada —pues la misión policial con-siste, básicamente, en defender a la sociedad y conservar el orden público, mientras que la de las Fuerzas Armadas es defender y con-servar la independencia, seguridad y estabi-lidad del Estado—, lo cierto es que ante las circunstancias de extrema convulsión social estas dos instituciones cumplieron un rol de contención y represión de las protestas que tuvo como consecuencia un gran número de muertos y heridos.

Esta situación derivó en varios juicios y, en el caso de los sucesos de octubre de 2003, en una sentencia de la Corte Suprema de Justi-cia (emitida en agosto de 2011, ocho años después de los hechos) que condenó a cinco ex miembros del Alto Mando Militar a pe-nas de entre 10 y 15 años de presidio por “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”. Por otra parte, la relación entre Policía y Fuerzas Armadas quedó crónica-mente dañada desde que ambas institucio-nes se enfrentaran, el 12 de febrero de 2003, a causa de un motín policial en Plaza Muri-llo (La Paz) que acabó, trágicamente, con la muerte de nueve policías, cuatro militares y tres civiles.

Aunque cronológicamente no se ajustan a los episodios descritos, hay tres textos de un mismo autor —Juan Ramón Quintana, sociólogo y actual ministro de la Presiden-cia— que resultan imprescindibles pues no sólo constituyen “rarezas” en la región (por la escasa literatura sobre el género) sino, sobre todo, porque contienen información histórica valiosa para la comprensión del permanente desajuste de estas instituciones

respecto a los valores democráticos y su re-currente impericia para adaptarse y encajar las demandas de una ciudadanía compleja y diversa.

En Soldados y ciudadanos. Un estudio crítico sobre el servicio militar obligatorio en Bolivia (Quintana, 1998) se revela y retrata la “obli-gatoriedad” (sobre todo para los jóvenes campesinos e indígenas) de un dudoso ser-vicio a la patria cuyas condiciones de reclu-tamiento, instrucción, utilidad, cobertura y “ritos” resultan, en conjunto, deplorables. A partir de la crítica a los contenidos anacró-nicos de la conscripción, el trabajo apunta al déficit democrático de las Fuerzas Armadas señalando una “agenda militar ausente” de la política.

Además del rigor, un rasgo de las tres in-vestigaciones es el ánimo propositivo pues todas concluyen señalando vías para futuras reformas. En Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente (Quin-tana, 2005), esto adquiere un carácter de


urgencia ante un panorama de precaria pro-fesionalización, informalidad, corrupción, burocracia, desviación de su estructura y sus funciones (hacia la militarización y la represión), y un sometimiento a los inte-reses circunstanciales de cada gobierno que el estudio califica como “pacto de recipro-cidad política y abdicación de la autoridad pública”.

El 2012, el autor publicó el estudio Policía en Bolivia. Historia no oficial 1826-1982 (Quintana, 2012) que traza una línea de continuidad con el trabajo anterior, recons-truyendo 156 años de historia policial. Se trata de una reconstrucción en toda regla,

en base a distintas fuentes documentales, testimonios y entrevistas puesto que, aun-que parezca sorprendente, la Policía carece de un archivo nacional, de una biblioteca histórica propia y de memorias institucio-nales sistematizadas. El rastreo histórico confirma ciertas anomalías constitutivas de esta institución —una de las más notorias es su apego a la política antes que a la admi-nistración de justicia— y plantea la impos-tergable necesidad de reencauzar sus labores a su primigenia función de garantizar la se-guridad ciudadana. En cierta medida, estos tres trabajos compensan el enorme déficit estatal respecto al conocimiento de sus ins-tituciones públicas.

2006-2009: Asamblea constituyente vs autonomía, el nuevo signo de la confrontación

Las elecciones generales de diciembre de 2005 zanjaron, electoralmente, la ingoberna-bilidad que atenazó al país desde el cambio de siglo. Sin embargo, la colisión entre un poder emergente nacional en proyección y avance desde la ruralidad del tercio occiden-tal del país y un poder legatario del sistema político tradicional afincado en tierras bajas y con sede financiera en las élites agro em-presariales de la ciudad de Santa Cruz, dio lugar a una confrontación con tintes regio-nalistas y raciales que se prolongó hasta fines de 2008. La condición política que permitió la articulación de un auténtico “contrapoder” regional fue la elección de prefectos por voto popular, por primera vez en la historia, en di-ciembre de 2005. En consecuencia, de forma paralela a la eclosión nacional de un proyecto indígena-popular concentrado en la figura de Evo Morales, surgió en el país un eje regional que reunía a cinco prefectos opositores con un poder y una legitimidad departamentales inéditos (Rubén Costas, Santa Cruz; Man-fred Reyes Villa, Cochabamba; José Luis Pa-redes, La Paz; Mario Cossío, Tarija; Leopoldo Fernández, Pando y Ernesto Suárez, Beni).

Por ello, los primeros cuatro años de gobierno del MAS, la conflictividad cambió de signo y

estuvo marcada por dos procesos —Asam-blea Constituyente y autonomía— que, a causa de la polarización política, parecían antagónicos e irreconciliables. Por un lado, la Asamblea Constituyente —que venía planteándose durante años como una de-manda indígena y que finalmente se instaló el 6 de agosto de 2006 en Sucre, después de la realización de un proceso electoral (2 de julio de 2006) en el que el MAS obtuvo el 50,7% de los votos— expresaba la voluntad del Gobierno de aprobar una nueva Cons-titución que consagrara la arquitectura del nuevo Estado Plurinacional y sus principa-les aspiraciones políticas: nacionalización, derechos indígenas, un modelo económico social y comunitario, nuevas atribuciones y funciones estatales, prohibición de priva-tizar los servicios básicos, etcétera. Para la oposición, frustrar este proceso significaba socavar el cimiento mismo y la posibilidad de prórroga del nuevo gobierno.

Por otro lado, la demanda autonómica —tributaria de un pasado de reivindicaciones regionalistas irradiadas, sobre todo, desde Santa Cruz— rebrotó con enorme fuerza, sobre todo, tras la caída de Gonzalo Sán-chez de Lozada, en octubre de 2003. Du-rante el gobierno de Carlos Mesa tuvieron lugar dos de los cuatro grandes cabildos a los pies del Cristo Redentor, en Santa Cruz (el 22 de junio de 2004 y el 28 de enero de

2006-2012: PODER, CAMBIO Y NUEVAS AGENDAS

34 2006-2012: PODER, CAMBIO Y NUEVAS AGENDAS

2005).18 En este contexto, el 11 de febre-ro de 2005 el gobierno de Mesa convocó a un referéndum sobre autonomías y el 8 de abril a la elección directa de prefectos, por primera vez en la historia. La elección directa de prefectos se produjo junto a las elecciones presidenciales, el 18 de diciem-bre de 2005. Por otra parte, el referéndum para la aplicación de un régimen de auto-nomías departamentales se realizó junto a las elecciones para la Asamblea Constitu-yente, el 2 de julio de 2006. El “sí” a la autonomía departamental se impuso en cuatro departamentos: Beni (73,8%), San-ta Cruz (71,1%), Tarija (60,8%) y Pando (57,6%).

Aunque ni la autonomía ni la Asamblea Constituyente fueron objeto de convocato-rias de investigación específicas del PIEB, existen el menos 12 títulos (cuatro núme-ros de la revista T’inkazos, entre ellos) que se pueden inscribir en este ámbito de in-fluencia y cuya consonancia con esta fase histórica reciente vale la pena destacar. Asi-mismo, gran parte de la producción actual del PIEB menciona, aborda o se ocupa de aspectos relacionados con la nueva Consti-tución (producto, en parte, de la Asamblea Constituyente) y con el conjunto de dis-posiciones legales cuyo propósito es darle vigencia real (entre otras, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, N° 031, de 19 de julio de 2010).

Una de las investigaciones destacadas —Santa Cruz. Economía y poder 1952-1993 (Sandóval et al., 2003)— se publicó tres años antes del ciclo descrito en este apartado pero resulta un material de “lectura obliga-toria” para entender los prolegómenos y la maduración histórica que dieron lugar al impulso autonomista, a partir de 2003. Si bien el libro no trata la autonomía propia-mente, sí recorre, históricamente, las trans-formaciones económicas de Santa Cruz a lo largo del siglo XX —del aislamiento del oriente boliviano de principios de siglo has-ta la consolidación de la economía cruceña como la principal del país— y los sucesi-vos episodios políticos —las luchas cívicas por las regalías petroleras y los quehaceres locales del MNR y de la Falange Socialista Boliviana (FSB), entre otros— que, con el tiempo, constituyeron el núcleo ideológico desde el que se propugnó la reformulación moderna de la demanda autonomista.

Como preámbulo histórico a la confronta-ción abierta entre el Gobierno de Evo Mo-rales y los “cívicos” de la “media luna”, en-tre mayo de 2004 y noviembre de 2005 se publicaron tres números de la revista boli-viana de ciencias sociales T’inkazos (n° 16, mayo de 2004; n° 17, noviembre de 2004 y n° 19, noviembre de 2005) dedicados a la autonomía y a la Asamblea Constituyen-te. Todos las ediciones estuvieron dirigidas por la historiadora Rossana Barragán. La

18 El tercer Cabildo (“Reafirmación de las autonomías departamentales”) tuvo lugar el 28 de junio de 2006 como un com-promiso de reafirmación de las autonomías departamentales a pocos días del referéndum del 2 de julio. El cuarto Cabildo (denominado “Cabildo del millón”) se realizó el 15 de diciembre de 2006 y de éste emergió la decisión de dar la potestad a la Asamblea Provisional Autonómica para redactar y socializar el Estatuto Autonómico (Fuente: http://www.santacruz.gob.bo).


primera contiene un dossier-debate en el que, bajo el título “’La media luna’: autono-mías regionales y comités cívicos”, se realiza un recuento hemerográfico del tema desde febrero de 2003.

A lo largo de esta recopilación se puede percibir la correlación entre la demanda autonómica y la evolución de la crisis esta-tal. Así, en febrero de 2003, los cívicos de Tarija anunciaban que ejecutarían la au-tonomía regional si no se exportaba el gas por un puerto chileno19 señalando que la autonomía ya no era un tema exclusivo de la Nación Camba sino que se había conver-tido en una bandera para toda la dirigencia cívica del país. Posteriormente, en octubre de 2003, Rubén Costas, entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, decía co-sas como que no se iba a “tacañear una gota de sangre para defender la región” mientras los comités cívicos ponían en duda la per-manencia de determinados departamentos en la estructura política nacional y plantea-ban (en el caso del Comité Cívico de Tarija) el traslado de la sede de Gobierno a Santa Cruz, a raíz del malestar generado por el fracaso del proyecto de exportación de gas mencionado antes.

Todas estas declaraciones recabadas dan cré-dito de la virulencia discursiva del momento y de la proximidad entre los intereses econó-micos y las demandas autonomistas. En este contexto, es destacable el espíritu de debate

plural promovido por T’inkazos invitando a debatir a representantes de distinto signo y posición como, en este caso, a Gustavo Pe-drazas, ex delegado presidencial y Ministro de Desarrollo Sostenible; Adela Lea Plaza, coordinadora de la Plataforma Interinstitu-cional de Investigación de Tarija y Leonardo Buitendijk, antropólogo e historiador ho-landés residente en el Chaco tarijeño.

Unos meses después, en noviembre de 2004, el número 17 de T’inkazos estuvo dedicado al período “pre-constituyente” que vivía el país, con el título de “Hacia la Asamblea Constituyente”. Esta edición recoge la efer-vescencia constituyente del momento dan-do espacio al trabajo de distintas institucio-nes que concentraron su trabajo en el tema, como las Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica de La Paz —que im-pulsaron la realización de una simulación de Asamblea Constituyente—, el consorcio de organizaciones no gubernamentales (ONG) “Apostamos por Bolivia” —que llevó a cabo talleres en todo el país sobre el tema, princi-palmente en comunidades indígenas—y la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC) que recogió 12 pro-puestas en relación al proceso constituyente. Un año después, en noviembre 2005, en el número 19 de T’inkazos se dio continui-dad al debate sobre el tema con un análisis de la propuesta cruceña de autonomías, realizado por el politólogo Gonzalo Rojas

19 Se referían al proyecto denominado Pacific LNG que consistía en la exportación de gas boliviano a los mercados de México y California, transportándolo mediante buques tanqueros desde algún puerto del Pacífico en Chile o Perú. La oposición social a este proyecto desencadenó las protestas de octubre de 2003.


y un artículo sobre la variante departamen-tal de las autonomías (“Desmitificando el temor a las autonomías departamentales”, de Rodrigo Cisneros Merino). Con este nú-mero, la revista boliviana de ciencias sociales reafirmaba una intensa trayectoria caracte-rizada por congregar reflexiones, propuestas y análisis en torno a una realidad nacional desbocada por la crisis del Estado, las de-mandas regionales, las decisiones sobre el gas y el petróleo, y el impulso de los proce-sos autonómico y constituyente.

A lo largo del primer gobierno del MAS, la competencia y oposición entre Constituyen-te y autonomías corrió en paralelo casi hasta principios de 2009, cuando se aprobó en referéndum el nuevo texto constitucional. La oposición trató de obstaculizar la Cons-tituyente con todo tipo de estrategias —la exigencia de 2/3, huelgas de hambre y, sobre todo, agitando la cuestión de la capitalidad de Sucre— mientras el gobierno enfrentó la arremetida autonomista denunciando el proyecto secesionista de ciertas élites políti-cas consideradas ultraconservadoras y ubica-das en Santa Cruz, y oponiendo la autono-mía indígena a la autonomía departamental.

A este período corresponden los trabajos En nombre de las autonomías: Crisis estatal y procesos discursivos en Bolivia (Zegada, 2007) y Visiones aymaras sobre autonomías. Aportes para la construcción el Estado Nacional (Ga-lindo, 2007). El primero, recurre al análi-sis discursivo de las dos grandes tendencias históricas de ese momento: la autonomía indígena originario campesina acuñada en la demanda de descolonización afín a la re-

cuperación de lógicas comunitarias y, por otra parte, la autonomía departamental cívico-regional cuyo sustrato era el cuestio-namiento al Estado centralista por su perpe-tua ineficiencia y la exigencia de una mayor descentralización del nivel político-adminis-trativo intermedio (departamentos) con el propósito de mejorar la gestión pública.

En segundo lugar, la investigación de Mario Galindo Soza, economista y ex viceministro de Planificación Estratégica y Participación Popular, concentra su energía en el análisis de la democracia y las autonomías desde la visión aymara, considerando elementos como el nombramiento de autoridades, la toma de decisiones en la comunidad, la ro-tación de cargos en el ayllu, el papel de la marka o pueblo, la reciprocidad y otros valo-res culturales. El capítulo central del estudio está dedicado a indagar la idea de autono-mía en la concepción aymara, el discurso de los intelectuales aymaras sobre la cuestión y la viabilidad y consistencia teórica de las dis-tintas propuestas sobre autonomía indígena.

El desarrollo de la Asamblea Constituyente, desde su instalación, en Sucre, en agosto de 2006 hasta la aprobación de la Carta Magna, en Oruro, el 10 de diciembre de 2007, estu-vo marcado por una confrontación política que impidió, en varias ocasiones, su instala-ción física y su normal deliberación. El 24 de noviembre de 2007, en medio de un conflic-to por la capitalidad histórica de Sucre, las sesiones tuvieron que instalarse en un recinto militar (La Glorieta) y los enfrentamientos produjeron la muerte de tres manifestan-tes y la evacuación de los constituyentes.


Finalmente, el nuevo texto constitucional fue aprobado en la ciudad de Oruro, el 10 de di-ciembre de 2007, después de que la Asamblea Constituyente se trasladara a esa ciudad.

A propósito de la dinámica interna de la Cons-tituyente, la edición especial de T’inkazos (el número doble 23-24 titulado “La Asamblea Constituyente por dentro”), de marzo de 2008, reunió diversas miradas sobre el pro-ceso que fueron acompañadas por testimo-nios gráficos de distintas facetas y episodios del desarrollo de la asamblea. En esta edición, sobresale la capacidad de conversar con pro-tagonistas —como Samuel Doria Medina, Carlos Romero y Guillermo Richter— que, en aquellos momentos, parecían irreconcilia-bles por la situación política que vivía el país. Asimismo, la revista contiene aportes desde distintos ángulos desde la “arena” constitu-yente: tipología de los asambleístas (“El perfil de los constituyentes”, Xavier Albó), perspec-tiva de género (“La perspectiva de las mujeres en el debate constituyente”, Katia Uriona) y territorialidad (“El devenir de los Encuentros Territoriales en la Asamblea Constituyente”, Juan Zubieta Arce).

Desenlace autonómico-constituyente

La tensión política llegó a máximos históricos con la conformación de un Consejo Nacio-nal Democrático (CONALDE) —y con la generalización mediática del término “media luna”— integrado por las cinco prefecturas de la oposición y con la convocatoria y eje-cución de referéndums autonómicos departa-mentales en los que triunfó el “sí” en los cua-tro departamentos donde se realizaron (Santa

Cruz, 4 de mayo de 2008; y Beni, Pando y Tarija en junio de 2008). Sin embargo, el gobierno —que apostó, políticamente, por negar la validez de los comicios y por pro-mover la abstención— calificó los eventos como un fracaso por la baja participación (p. e., en Santa Cruz la abstención rondó el 40 por ciento).

Después de los referéndums, esta dilatada y profunda pugna política se dirimió defini-tivamente a través de la realización de tres elecciones nacionales casi consecutivas: el referéndum revocatorio de 10 de agosto de 2008 (en el que el Presidente Evo Morales revalidó su mandato con un 67,4% de los vo-tos), el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución de 25 de febrero de 2009 (que obtuvo una mayoría de un 61,4%) y las elecciones presidenciales de 6 de diciembre de 2009 (que revalidaron el mandato presi-dencial de Evo Morales con el 64,2% de la votación).

Aunque los votos inclinaron la balanza de manera definitiva, la confrontación registró “picos” de extrema intensidad y violencia como la expulsión del embajador de Esta-dos Unidos, Philip Goldberg, la ocupación de instituciones públicas en distintos de-partamentos (en septiembre de 2008) y un enfrentamiento (conocido como la Masacre de Porvenir) entre cívicos y campesinos en Pando que causó 11 muertes (9 campesinos y dos cívicos).

En el escenario del poder, la consecuencia de esta batalla fue la significativa ampliación del poder gubernamental —con la obtención de


más de 2/3 de representantes en la Asam-blea Legislativa Plurinacional— y la práctica desaparición política (actualmente sólo hay cuatro partidos con representación política en la Asamblea Legislativa Plurinacional: Movimiento Al Socialismo, MAS; Conver-gencia Nacional, CN; Unidad Nacional, UN y Alianza Social, AS) y física (a con-secuencia de un amplio fenómeno de “au-toexilio”) de la oposición vigente entre 2006 y 2009.

En síntesis, la demanda autonómica fue “absorbida” por la nueva Constitución Po-lítica del Estado (CPE) incorporando ocho capítulos en el título referido a la Estruc-tura y Organización Territorial del Estado que reconocen cuatro tipo de autonomías: departamental, regional, municipal e indí-gena originario campesina.20 Respecto a los estatutos autonómicos departamentales, la nueva realidad política acabó por someterlos al texto constitucional. En este sentido, el inc. II de la disposición transitoria tercera de la CPE establece que “los departamentos que optaron por la autonomía departamen-tal en el referéndum del 2 de julio de 2006, deberán adecuar sus estatutos a esta Cons-titución y sujetarlos a control de constitu-cionalidad”. A partir de esta situación —y del poder político oficialista— la demanda autonomista se “desinfló” casi por completo en la medida en que dejó de ser útil a los

fines del oficialismo y de la oposición. En este tránsito, lo único destacable en el pro-ceso autonómico en los años recientes es la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (N° 031), de 19 de julio de 2010 y la conversión de once municipios a la autonomía indígena originario campe-sina en el referéndum municipal del 6 de diciembre de 2009.

Para concluir con la reflexión sobre los co-nocimientos generados en relación a la au-tonomía y a la Asamblea Constituyente, es preciso mencionar la investigación Los desa-fíos de la educación en el proceso autonómico boliviano (Galindo, 2011), que forma par-te de la colección “100 años de educación en Bolivia”. Este estudio se fundamenta en el análisis de las funciones, atribuciones y competencias en educación de los distintos niveles de gobierno a lo largo del proceso de descentralización y autonomías en Boli-via, desde la descentralización municipal de 1994 hasta la Ley Marco de Autonomías, de julio de 2010 y la Ley de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, de 20 de diciembre de 2010.

La investigación propone una lectura crí-tica de estas nuevas disposiciones legales concluyendo que representan un retroceso respecto a los avances descentralizadores del pasado. Esto, como consecuencia de un

20 De estos cuatro tipos de autonomías la menos conocida y, a la vez, más confusa es, seguramente, la autonomía regional que está definida en los incisos I y III del art. 280 de la CPE de la siguiente manera: I. La región, conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía, ecosistemas en cada departamento, se constituirá como un espacio de planificación y gestión; III. La región podrá constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferidas por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental.


Estado central que considera las políticas educativas como una competencia exclusi-va nacional y que no está dispuesto a ceder ninguna prerrogativa en materia de gestión educativa a los gobiernos departamentales o municipales, salvo aquello que tenga que ver con infraestructura y equipamiento en el ni-vel local, según el estudio. Ésta es una de las paradojas históricas de un ciclo que se cierra con una nueva Constitución que, en teoría, lleva al país hacia un régimen autonómico pero que, en la práctica —por lo menos en el ámbito de la educación— muestra un efecto contrario: recentralizador del poder.

Poder y cambio: tiempo de reconfiguración política y nuevos paradigmas

Por las permanentes fracturas políticas en la historia boliviana, diera la impresión de que, con cada nuevo ciclo, todo lo anterior que-dara “de inmediato y de facto” abolido y que, en consecuencia, no existiría posibilidad al-guna de continuidad. Sin embargo, una fuente de conocimiento sostenido y regular en el tiempo —como resulta ser el PIEB des-pués de casi 20 años— permite advertir los matices y las continuidades que usualmente pasan desapercibidos a primera vista.

Algo así es lo que, por ejemplo, ha suce-dido con el ciclo de reformas estructurales de mediados de los años 90 (Participación Popular, Descentralización Administrativa y Reforma Agraria, principalmente) que si bien tuvieron un innegable carácter liberal y modernizante globalizador, sentaron a la vez las bases para la imparable progresión par-

ticipativa político-electoral de sectores indí-genas y campesinos cuya única opción hasta entonces era la protesta y que acabarían por ocupar todos los niveles de representación del Estado (desde las concejalías municipa-les hasta la primera magistratura del país). En este sentido, es posible admitir que, has-ta cierto punto, también el sistema político tradicional contribuyó significativamente a sentar las bases de su propia liquidación.

El triunfo electoral del MAS en diciembre de 2005 —que estuvo precedido por un se-gundo lugar en las presidenciales de 2002 (20,9%) y por la victoria en las municipa-les en 2004 (17,4%)— impactó profunda-mente en todas las dimensiones de la vida nacional. Esto dio lugar a un sinnúmero de transformaciones susceptibles de analizar como, por ejemplo, la “despartidización” del sistema político, la participación de pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas en la política, la constitución de nuevos grupos y élites de poder, el desplazamiento relativo de los grupos tradicionales criollo-mestizos, la ocupación y cooptación estatal, la inaugu-ración de un nuevo corporativismo gremial-popular instalado en inmediaciones del po-der, la asignación de nuevos roles al Estado, el control público de los recursos naturales, los cambios en el sistema político electoral, la nueva Constitución, la arquitectura del Estado Plurinacional y la postulación de nuevos paradigmas (como el “vivir bien” en contraposición a la idea convencional de de-sarrollo).

Aunque averiguar el calado de estos cam-bios es todavía una tarea pendiente pues se


trata de dinámicas muy recientes que están en pleno proceso de desarrollo, tres libros tienen por objeto analizar algunas de estas transformaciones: Poder y cambio en Bolivia: 2003-2007 (Laserna et al., 2009), El poder del movimiento político. Estrategias, tramas organizativas e identidad del MAS en Cocha-bamba (1999-2005) (Komadina, 2007) y Vivir Bien. Significados y representaciones des-de la vida cotidiana (Mamani et al., 2012).

De entrada, el trabajo de Jorge Komadi-na, sociólogo y docente de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), es singular porque no se inscribe en la nutrida biblio-grafía de adherentes o detractores del MAS y del “proceso de cambio”. Se trata de un estudio breve pero riguroso que después de ubicar a este partido en los imprecisos már-genes teóricos de la ortodoxia marxista, del populismo, de la izquierda indigenista y de los movimientos sociales, recurre a una secuencia cronológica para transitar desde las primeras experiencias electorales muni-cipales del MAS hasta el “salto cualitativo”

que representaron las elecciones de 2002 y la subsiguiente “cuenta atrás” hacia la toma del poder. El estudio explora la explosiva combinación entre sindicato y partido; entre la poderosa resistencia cocalera y la gestión pública, primero incipiente y luego casi mo-nopólica, en los municipios del Chapare. El documento también aporta un retrato de la construcción del poder simbólico, a partir de elementos como la coca, la wiphala o la ape-lación a un enemigo encarnado en el impe-rialismo yankee y en la erradicación forzosa.

Por otra parte, el volumen Poder y cambio en Bolivia: 2003-2007 reúne siete trabajos que en un tono ensayístico abordan distin-tas facetas de los cambios ocurridos en el país desde la crisis política de 2003 hasta el segundo año de gestión del gobierno de Evo Morales (2007). El documento destaca por el nivel de las firmas —Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia; Fernan-do Prado, arquitecto y planificador urbano; Carlos Miranda, ingeniero petrolero y ex Superintendente de Hidrocarburos; Napo-león Pacheco, economista y director de la Fundación Milenio; Luis Tapia, filósofo y politólogo, y Fernando Garcés, sociólogo, investigador y docente universitario, entre otros— y por intentar racionalizar y expli-car la crisis política boliviana en virtud de distintas perspectivas teóricas, indicadores y herramientas de análisis político y electo-ral. Pese al esfuerzo y al aporte del volumen —que está complementado con voces crí-ticas sobre la capacidad estatal para gestio-nar con eficiencia los recursos naturales—, son necesarias aproximaciones sociológicas y multidisciplinarias complementarias para


enriquecer el estudio de lo ocurrido durante el lustro estudiado y, en general, a lo largo de los últimos 12 años.

Justamente, una de las facetas poco estudia-das es la dimensión retórica y simbólica que ha acompañado el “proceso de cambio” real o pretendido a lo largo de estos años. En este plano, el discurso sobre el “vivir bien” ocupa un lugar privilegiado por la repeti-ción —hasta el abuso semántico, se podría decir— que la política ha hecho de él. Si bien existen abundantes teorizaciones sobre el tema —todas ellas emparentadas por la búsqueda, en la naturaleza y en lo indíge-na, de nuevos “paradigmas” para un mundo en crisis cansado de una idea de progreso devaluada—, pocos trabajos intentan “des-cender” del mundo de las ideas al mundo real. Una de estas piezas de investigación inusuales es Vivir Bien, significados y repre-sentaciones desde la vida cotidiana (Mamani et al., 2012) que, en el marco del trabajo realizado por la Universidad para la Inves-tigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB) trata de indagar desde “abajo” —es decir, desde la percepción de vecinos, trabajado-res, campesinos, comerciantes, autoridades locales, indígenas, comunidades, migran-tes, niños, vendedoras y funcionarios de la administración municipal, entre otros— las percepciones y significados del “vivir bien” en la cotidianidad de la vida rural y urbana.

Recorriendo territorios plurales —dos mu-nicipios indígenas (Jesús de Machaca en La Paz y San Ignacio de Moxos, en Beni) y dos zonas urbanas (el distrito de Jayhuaico en

la ciudad de Cochabamba y el municipio de La Guardia en Santa Cruz)— los cuatro estudios compilados en el volumen propo-nen algunas conclusiones interesantes para enfocar mejor la difusa fisonomía del “vivir bien”: el territorio como espacio físico de materialización del “vivir bien” para los pue-blos indígenas, la tensión de los modos de vida de la comunidad atravesados y asedia-dos por la presión del “progreso” (expansión de los cultivos agrícolas, ganadería, conce-siones petroleras, mineras, forestales, “me-gaobras” de integración, etc.), y el declive de la noción de “vivir bien” en ámbitos urbanos donde prevalecen las formas convencionales del progreso asociadas a la expansión de los servicios básicos, la disposición de un tra-bajo asalariado y de ingresos monetarios, el domino de las formas privadas de propie-dad, de beneficio y acción, y la proliferación de circuitos comerciales informales.

En conjunto, los trabajos reseñados en este punto muestran la necesidad de que las políticas públicas referidas al cambio y a la construcción del Estado Plurinacional —que suelen estar precedidas de un discurso político beligerante y de una intensa artille-ría publicitaria— requieren del acompaña-miento de una “masa de conocimiento críti-co” que señale, entre otras cosas, las brechas entre la retórica y la realidad.

El país frente a un espejo: racismo, discriminación, mestizaje y descolonización

Como probablemente no había sucedido antes en el desarrollo de la democracia, con


la llegada del “primer indígena” a la Presi-dencia de la República —y, sobre todo, en-tre 2006 y 2008— afloraron en Bolivia un gran número de manifestaciones y situacio-nes públicas de racismo. Los diversos suce-sos vividos esos años semejaron el estallido de una pústula republicana envilecida por años y años de menosprecio, prejuicios e in-comprensión hacia el “otro” (especialmente, si este “otro” era campesino o indígena).

A diferencia del racismo histórico ilustrado (del darwinismo social de Gabriel René Mo-reno o del determinismo arguediano) —que se puede consultar en la letra impresa de viejos periódicos y libros—, entre 2006 y 2008 se presentaron episodios nacionales de racismo en “vivo y en directo”, en muchos casos de-liberadamente “mediatizados”, para ilustrar una confrontación étnica que, por lo general, se atribuía al nuevo gobierno. Sea como sea, las situaciones vividas hace tan sólo cinco o seis años resultan, aún hoy, insólitas, laceran-tes y sorprendentes: persecuciones, vejaciones y agresiones a asambleístas constituyentes por su condición de indígenas o campesinos, “ba-tidas” de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) contra los “otros cruceños” (indígenas, “pro-vincianos” y migrantes humildes de mercados y gremios populares); confrontaciones civiles basadas en una elemental oposición étnico-rural y clasista-urbana —como la sucedida en enero de 2007, en la ciudad de Cochabam-ba, entre detractores y partidarios del prefecto Manfred Reyes Villa— que costó la vida de tres bolivianos; y ritos de humillación a cam-pesinos, como lo ocurrido el 24 de mayo de 2008 en Sucre con el móvil de la capitalía como pretexto.

Esta “catarsis” propia de una psique colonial latente se amplificó hasta adquirir tintes, de nuevo, de confrontación civil abierta. Esto es lo que sucedió en septiembre de 2008 con el “cerco” a Santa Cruz de movimientos sociales afines al gobierno (cocaleros, colo-nizadores, campesinos, indígenas…) como reacción a la ocupación de instituciones pú-blicas estatales llevada a cabo por los grupos de choque del movimiento cívico cruceño. Esta situación fue apaciguándose (o, tal vez, volviendo a su estado “latente”) con los su-cesivos triunfos electorales de Evo Morales y el arrinconamiento de la oposición. El fragor de la batalla política amainó y, dos años después, la hegemonía gubernamen-tal se plasmó en la aprobación, en octubre de 2010, de la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

En este contexto, si bien el PIEB no auspició investigaciones directamente relacionadas con los sucesos descritos previamente —varios de ellos todavía en curso judicial—, sí que tuvo el “valor institucional” de promover significa-tivos trabajos para pensar el racismo, la discri-minación, la colonialidad y el mestizaje (algo generalmente incómodo para la academia) en la Bolivia del siglo XXI, a partir de abordajes actuales y desde enfoques teóricos modernos. En este sentido, 11 títulos publicados desde 2005 pueden consultarse como un “marco re-ferencial” para encuadrar los hechos descritos previamente.

La investigación que se aproxima, de forma más directa a estos hechos —concretamente al choque entre campesinos y grupos urba-nos (sobre todo jóvenes de clase media-alta)


el 11 de enero de 2007 en la ciudad de Cocha-bamba21— es Vivir divididos. Fragmentación urbana y segmentación social en Cochabamba (Rodríguez Ostria, 2009). Mediante el estu-dio de las fronteras urbanas que demarcan te-rritorios con connotaciones raciales, de clase y de poder adquisitivo —y prestando aten-ción a la forma cómo los jóvenes se apropian de estos espacios—, la investigación coordi-nada por el historiador cochabambino, Gus-tavo Rodríguez Ostria, llega a la conclusión de que la zona norte de Cochabamba, dotada de más servicios (mercados, hoteles, cines y bancos, entre otros) se ha convertido en una “ciudadela” que permite que los habitantes de este sector no requieran (ni busquen, tam-poco) salir de este espacio para reproducirse cultural y económicamente.

A partir de esta realidad —que se puede per-cibir de forma cada vez más notoria en otras ciudades del país—, el estudio plantea una in-terpretación “urbanístico-política” del enfren-tamiento de enero de 2007 en las avenidas cochabambinas: “Los trágicos sucesos del 11 de enero de 2007 refuerzan una línea demar-catoria que estaba latente y que activa la seg-mentación espacial del uso de la ciudad, entre las ‘clases bien’ y las otras, las subalternas; seg-mentación que no está exenta de connotacio-nes étnicas. La diversidad cultural de la ciu-dad se anuncia como un peligro potencial”.

Este abordaje de la ciudad como un entra-mado donde constantemente se entretejen

identidades, deseos de ascenso social, migra-ciones, asentamientos antiguos y recientes, protestas, nuevas arquitecturas, fiestas y tra-diciones, y un sinfín de dinámicas sociales y culturales es una característica del conoci-miento promovido por el PIEB. Así, desde una perspectiva histórica, la ciudad —esta vez como un núcleo generador de significa-dos sobre la mezcla— vuelve a ser protago-nista en La ciudad de los cholos. Mestizaje y colonialidad en Bolivia, siglos XIX y XX (So-ruco Sologuren, 2012).

Este libro, cuyo origen es una tesis doctoral, se inscribe en una pronunciada tendencia actual de “repensar” el mestizaje, a través de la producción cultural letrada de los siglos pasados. En este caso se revisa la historia y la literatura para rastrear el distinto sentido que van adquiriendo los términos “cholo” y “mestizo” a lo largo de los siglos XIX y

21 A consecuencia de estos enfrentamientos fallecieron dos campesinos (Juan Ticacolque Machaca y Luciano Colque) y un joven de 17 años (Cristian Urresti) y 400 personas resultaron heridas. La responsabilidad sobre las muertes continúa en la impunidad.


XX. Este contraste semántico histórico re-sulta enriquecedor. Por ejemplo, la categoría “mestizo” que a lo largo del siglo XIX tenía una connotación fuertemente peyorativa —a raíz de la interpretación arguediana (Pueblo enfermo, 1909) que consideraba al mestizaje como una degeneración en la que afloraba lo peor de la “raza íbera” y de la “raza indígena”— adquiere hoy un carácter neutro (y hasta positivo) al que gran parte de la población urbana se quiere adscribir para, probablemente, zafarse de la polémica racial (ver, por ejemplo, el debate sobre la inclusión del término mestizo en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012).

En esta misma línea de análisis, dos libros de una gran densidad intelectual y de una remarcable consistencia son los de Javier Sanjinés —El espejismo del mestizaje (2005) y Rescoldos del pasado: Conflictos culturales en sociedades postcoloniales (2009)—, profesor de literatura latinoamericana y de estudios culturales en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. En el primero, Sanjinés se acer-ca al mestizaje como construcción retórica de la dominación. Se trata, por supuesto, de uno de los múltiples caminos posibles para llegar al mestizaje. La tesis central —con la sugerente imagen contrapuesta de un Gon-zalo Sánchez de Lozada asumiendo el poder dramáticamente el 6 de agosto de 2002 y de su “alter ego étnico”, Felipe Quispe, líder aymara, burlándose de la solemnidad del poder— es la crisis discursiva del mestizaje, entendido “como expresión imaginada de la nación” y “como uno de los discursos domi-nantes que, a fin de organizar la nación, los intelectuales bolivianos elaboraron durante

el siglo pasado, ya sea oponiéndose abierta-mente a los sectores indígenas subalternos, o cooptando la conciencia de éstos”. Con esta interpretación, en plena crisis política, Sanjinés sacudía la idea prevaleciente de un mestizaje neutro y bondadoso, como punto de llegada y etiqueta válida para la totalidad de la nación boliviana.

Disconforme con las interpretaciones fáciles de la realidad boliviana contemporánea, en su segunda publicación, Sanjinés apunta la comprensión de los dilemas y conflictos de la sociedad boliviana recurriendo a concep-tos de postcolonialidad y subalternidad que alejan definitivamente la aspiración hacia una cultura nacional y una modernidad ho-mogénea que resulta, a fin de cuentas, una mera especulación de las élites intelectuales.

Institucionalmente, la iniciativa del PIEB de mayor magnitud para acercarse a una reflexión actual sobre el racismo y la discri-minación fue la publicación de cinco investi-gaciones, en 2011, en el marco de la convo-catoria “Racismo, discriminación y relaciones socioculturales en Bolivia” que se lanzó en 2009. Además del carácter de actualidad, el aporte de estas investigaciones es que no sólo se indagan distintos escenarios en los que se manifiesta la discriminación racial sino, también, varias experiencias —a través de la educación o del comercio, por ejemplo— de ruptura y trastocamiento del orden estamen-tal social asociado a la racialidad.

En este sentido, a partir de la investigación Y tú, ¿de qué raza eres? La construcción so-cial de lo racial desde una visión de las y los


universitarios de la ciudad de La Paz (2011) se puede testimoniar la “decadencia” de la noción de raza (sobre todo en su acepción biológica) y la actual vigencia de la cómoda idea de mestizo como condición que pre-viene la polaridad y parece más acorde con el deseo moderno de indiferenciación étni-ca y de hibridez cultural universal. Así, de los 758 universitarios paceños encuestados en este trabajo, el 57% se identifica como “mestizo” (en la autoclasificación, el segun-do lugar lo ocupa un significativo “no sabe/no responde” [11,4%] y el tercero la catego-ría “indígena” [11,2%]). Aunque, al parecer, según los resultados, la percepción sobre lo racial de los jóvenes estudiantes citadinos se aleja progresivamente de lo biológico y se acerca a otro tipo de contenidos (como los consumos culturales, la posición social o los ingresos), ocho de cada diez encuestados dice haber visto actuar alguna vez de forma racista y casi la mitad admite haber actuado en alguna ocasión de manera racista.

Si bien el elemento racial y la “marca” de la colonialidad prevalecen en algunos escena-rios —como el que describe el estudio Co-lonialidad del poder en Caraparí. Estudio de la disputa por la tierra, relaciones de trabajo y autoridad (Van der Valk, 2011)22— tam-bién existen en el país otras configuraciones de la discriminación racial (distintas a la clásica discriminación de lo no indígena ha-cia lo indígena) poco visibles y estudiadas. Una de éstas (la de indígenas por indígenas, concretamente) es la vertiente tratada en Exclusión y subalternidad de los urus del lago

Poopó (De la Barra, 2011) donde se analiza la situación actual de tres comunidades uru (Puñaka, Vilañike y Llapallapani) ubicadas a orillas del lago Poopó que por su condi-ción de “gente del agua”, a lo largo de la his-toria han sido relegadas al último lugar en el “escalafón” de la jerarquía étnica siendo dominadas por pueblos agropastoriles “más fuertes” (como los quechua y los aymara), privadas del acceso a la tierra y confinadas al medio lacustre. En este caso, a la discrimina-ción convencional estatal —colonial prime-ro y republicana después— se agregan otras formas de marginación de signo indígena.

Sin embargo, a pesar de estas formas solapa-das de discriminación racial, sería imposible explicar la potencia de la dinámica social boliviana si no se tienen en cuenta experien-cias cotidianas de rompen y trascienden los límites y las determinaciones de un orden social largamente asentado en herencias étnicas. Dos publicaciones investigan estas corrientes. En Intelectuales aymaras y nue-vas mayorías mestizas. Una perspectiva post 52 (Salazar, 2011), se revisa la constitución de una intelectualidad aymara, en la órbita del katarismo, que fue capaz de tramontar las fronteras de la sumisión utilizando cierto capital acumulado a partir de la producción agropecuaria, para invertirlo en educación y convertirse, hoy en día, en un innegable re-ferente político, cultural, académico y social.

Sin llegar a desarrollarla plenamente, el trabajo se anima a postular la hipótesis del surgimiento de nuevas mayorías mestizas

22 Este estudio está referido en el apartado sobre la reforma agraria de este documento.


que, disponiendo del control de la expan-sión del enorme campo de la economía po-pular (esencialmente comercial), estarían consiguiendo darle una cualidad relativa-mente viable al proyecto de país y de na-ción a través de la reproducción de redes de migración nacional y transfronteriza que conllevan desplazamientos culturales y eco-nómicos. Un caso concreto que puede poner rostro a esta hipótesis es el que se estudia en el libro Qamiris aymaras. Desplazamiento e inclusión de elites andinas en la ciudad de Oruro (Llan-que, 2011). Los qamiris (ricos, en español) son nuevas elites de origen indígena aymara citadino que han acumulado su capital alre-dedor del desarrollo del fenómeno del co-mercio formal e informal, incursionando, a partir de los años 70 y 80 del siglo XX, en el negocio del transporte del mercaderías en camiones de alto tonelaje. A diferencia de lo sucedido con las élites intelectuales, aquí el factor catalizador de la transgresión de las jerarquías sociales fue el comercio en lugar de la educación. Sin embargo, las implica-ciones de orden étnico-racial son similares pues esta presencia indígena-urbana enfren-tó, inmediatamente, el rechazo y la discri-minación de la élite criolla tradicional acos-tumbrada a monopolizar el negocio de las redes del transporte comercial.

Globalmente, las indagaciones en este ám-bito, muestran el rostro multifacético de la

discriminación, el racismo y la colonialidad en el país. Una realidad densamente histó-rica (y siempre actual) que, a pesar de su espesor secular, no es hermética e infran-queable pues su naturaleza es permeable a los cambios y a un tránsito social insisten-te, enérgico y transformador. Éste es qui-zás el factor que determina que en Bolivia no existan conflictos “étnico-raciales” de la envergadura y del grado de violencia que alcanzan en otros lugares del mundo, has-ta cierto punto equiparables por sus ante-cedentes coloniales y por su complejidad ética y social.

Escaso desarrollo y uso del excedente: los ciclos de la economía boliviana23

Con diversas variantes en su formulación, existen algunos interrogantes perpetuos en el pensamiento político boliviano que nunca encuentran respuestas del todo satis-factorias y definitivas, y que tienen que ver con el deficiente desempeño de la econo-mía. Dos de estas inquietudes crónicas —¿a qué se debe el escaso desarrollo del país? y ¿cómo se genera y usa el excedente?— fue-ron abordadas a través de sendas convoca-torias de investigación (“Generación y uso del excedente productivo” [2009] y “Fac-tores económicos e institucionales y su in-cidencia en el escaso desarrollo nacional y regional: Bolivia 1989-2009” [2011]) que dieron lugar a la publicación de nueve in-vestigaciones.

23 Algunos elementos del análisis de este acápite se basan en los contenidos del boletín Temas de Debate 20 “Factores que in-cidieron en el escaso desarrollo de Bolivia” (diciembre de 2011) elaborado por Juan Antonio Morales; y la revista T’inkazos número 31 (agosto de 2012).


El rasgo distintivo de esta producción es el tratamiento macroeconómico y global de al-gunos temas (algo inusual en la trayectoria institucional del PIEB) relacionados con la minería, los hidrocarburos, la inversión pú-blica y privada, los ciclos económicos y las finanzas públicas, por parte de especialistas con trayectoria y reconocimiento en cada área.

El destino rentista de Bolivia —que sin na-cionalización y con nacionalización aún más sigue dependiendo de los hidrocarburos y de la minería— es el alma mater de las tres primeras investigaciones. En relación al uso del excedente en el ámbito de la minería me-diana (que aporta el 41% del valor bruto de la producción minera nacional), la investi-gación del economista Rolando Jordán (Ex-cedente y renta de la minería mediana. Deter-minantes del crecimiento minero 2000-2009 [2010]) concluye que durante la última década los operadores privados se quedaron con la mayor parte de la renta (55%) mien-tras que el Estado y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) percibieron el 28% y el 17% de la renta, respectivamente. Éstos son datos que bien podrían contribuir al debate pendiente sobre la aprobación de un nuevo Código Minero, tarea que implica la reforma del régimen tributario minero y la revisión de las regalías.

Las otras dos investigaciones sobre hidrocar-buros —Uso productivo del excedente hidro-carburífero (Guzmán, 2010) y Generación, distribución y uso del excedente de hidrocar-buros en Bolivia (Del Granado, 2010)— podrían formar parte de un solo volumen

pues aportan datos complementarios sobre los escenarios estimados de producción de gas y petróleo para el período 2010-2016, el previsible declive crítico de la producción en 2016 (en el caso del primer estudio), el ingreso bruto que, a precios internaciona-les, generaron los hidrocarburos en 2008 en Bolivia (4.302 millones de dólares), y la distribución de la renta entre ítems como el subsidio al consumidor, las inversiones de-preciadas, los costos operativos, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la rega-lías y participaciones, y la utilidad neta (en el caso de la segunda investigación).

Por otra parte, los dos trabajos muestran una preocupación similar por el destino del ex-cedente que actualmente se reparte distribu-yendo la recaudación del IDH, las regalías, el pago de bonos (como la Renta Dignidad) y otras asignaciones menores. Imaginando esquemas que permitan asociar la renta pe-trolera a bases más sólidas de desarrollo, pro-ducción y empleo en el país, los dos trabajos concluyen formulando propuestas similares


que van desde un Fondo Soberano de las Re-giones (FSR) a un Fondo de Estabilización de Riesgos. En ambos casos se plantea también la ingeniería financiera correspondiente.

El “pecado capital” del rentismo, que inhibe el desarrollo industrial del país, es también parte de los análisis de las seis investigacio-nes realizadas en el marco de la convocatoria sobre los factores del escaso desarrollo na-cional. Aquí, sin embargo, el aporte alcan-za todos los tópicos acostumbrados de la macroeconomía. Aparece, de nuevo, cier-to determinismo histórico. A pesar de los cambios políticos, las nacionalizaciones, el control estatal de una buena porción de la economía y la promoción de una economía plural, Bolivia no consigue superar el rei-terado “patrón primario exportador” (que consiste en exportar materias primas sin in-dustrializar).

En este sentido, el informe Los ciclos recien-tes de la economía boliviana. Una interpreta-ción del desempeño económico e institucional (1989-2009) (Grebe et al., 2012) concluye que a pesar de las notables diferencias de en-foques de política económica entre la década de los noventa y el último quinquenio, la base técnico-material de la economía boli-viana no ha cambiado de manera sustantiva. En síntesis, los precios internacionales de las materias primas prevalecen sobre las otras condiciones.

Trabajos como el referido de Grebe et al. y el de Pereira et al. (Finanzas públicas. Com-portamiento e impacto del desarrollo nacional y regional, 1990-2010 [2012]) repasan los

ciclos recientes de la economía boliviana (las reformas neoliberales y el cambio de mo-delo estatal en curso) describiendo algunos aspectos actuales —como el propósito de que el Estado ejerza la dirección del desa-rrollo económico y su participación en toda la cadena productiva, la nacionalización de las empresas que habían sido privatizadas, la “contra reforma” de la reforma de pensio-nes y la creación de empresas estatales en distintos sectores, entre otros— y dejando en suspenso cualquier conclusión definitiva sobre las políticas vigentes que, pese a verse favorecidas por la evolución muy favorable de los precios de las materias primas de ex-portación, no parecen contribuir a la trans-formación productiva ni a la diversificación de las exportaciones.

Sobre las razones profundas del rezago boli-viano, dos informes —Suficiencia y eficacia de la inversión en Bolivia. Análisis macro y micro económico (1989-2009) (Ferrufino et al., 2012) y La brecha ahorro-inversión y la olvidada agenda de transformación producti-va con equidad (1989-2009) (Seoane et al., 2012)— apuntan a la consabida insuficien-cia, ineficiencia, disparidad e incapacidad para generar crecimiento económico a partir de la inversión pública y privada, mientras que la investigación Factores que inciden en el crecimiento y el desarrollo de Bolivia. Análisis nacional y regional (Machicado et al., 2012) atribuye al bajo crecimiento de la producti-vidad el pobre crecimiento del PIB per cápi-ta boliviano.

En otro eje de interés económico de gran interés a futuro —por la aplicación del


régimen de autonomías establecido en la Constitución—, la investigación Diseño institucional e incentivos implícitos en la descentralización boliviana (1994-2008) (Barja et al., 2012) analiza la descentraliza-ción fiscal boliviana y concluye que ésta se encuentra más próxima a un modelo pro-Estado que a un modelo pro-mercado. Los gobiernos subnacionales tienen un campo de acción restringido en materia de ajustes a regulaciones provenientes del gobierno central, se financian principalmente me-diante transferencias de aquél por lo que se desincentiva la generación de recursos locales propios y se estimula un gasto poco eficiente e irracional.

En síntesis, las investigaciones aportan un menú de recomendaciones para políticas públicas que no difieren del recetario más o menos conocido pues la rigidez de la ma-croeconomía no es amiga de la invención especulativa. Por ello, se recomienda, en-tre otras tareas, salvaguardar la estabilidad macroeconómica para aportar certidumbre a la inversión, apuntar a un crecimiento del PIB per cápita de un tres por ciento anual, mantener sostenidamente la tasa de ahorro nacional en, al menos, un 20% con relación al PIB; aumentar la densidad del aparato productivo reforzando los eslabo-namientos sectoriales, buscar complemen-tariedades entre el Estado y el sector pri-vado, consolidar el sistema financiero, usar eficientemente los ingresos fiscales, reorien-tar las políticas de inversión, poner techos de gasto público en fases de auge (como la que vive actualmente el país), diversificar las fuentes de ingresos impositivos y au-

mentar la vinculación de largo plazo entre crecimiento económico e inversión pública a nivel subnacional.

Evolución cronológica de los estudios sobre migración

La principal dinámica demográfica estudia-da en el marco de las actividades promovidas por el PIEB durante casi 20 años, ha sido la migración. A partir del año 2000, 11 inves-tigaciones han analizado sus múltiples mani-festaciones, variables e implicaciones sociales y económicas, a nivel nacional e internacio-nal. Esto tiene que ver con la importante influencia que tiene este fenómeno en el en-tramado cultural local y regional boliviano, y con el intenso ciclo migratorio internacional de bolivianos hacia Europa y Estados Uni-dos, principalmente, que se registró a partir del cambio de siglo. Este ciclo se ha ido de-teniendo recientemente, como consecuencia de la crisis económica internacional que se arrastra desde el 2008. A continuación se ex-pone una breve relación cronológica de las investigaciones sobre esta materia.

2000: Idas y venidas. Campesinos tarijeños en el norte argentino (Hinojosa). Describe el tejido migratorio de ida y vuelta entre el sur tarijeño y el norte argentino, vinculado con la estacionalidad de las cosechas agrícolas y con la habitual contratación de mano de obra boliviana.

2005: Migraciones a Pando y su contribu-ción al desarrollo regional (Rojas). La iden-tidad pandina está siendo transformada por una intensa migración colla de tierras


altas vinculada al comercio y a los servicios. Estos migrantes recientes representan una importante porción de la población total del departamento y un desafío para la intercul-turalidad amazónico-andina.

2006: No llores prenda, pronto volveré. Migra-ción, movilidad social, herida familiar y desa-rrollo (De la Torre). De la provincia Esteban Arze, en Cochabamba, a Arlington en Esta-dos Unidos. Este estudio fue innovador en su género porque inició el estudio de flujos migratorios de bolivianos hacia el extranjero (algo que luego se replicaría ampliamente) considerando no sólo aspectos económicos sino también familiares y de impacto en el desarrollo local.

2007: Los costos humanos de la emigración (Ferrufino). La preocupación expresada en el estudio anterior, se profundiza en este caso, a través del análisis pormenorizado de los efectos de la migración en la desin-tegración familiar y en otras dimensiones humanas.

2007: La cheqanchada. Caminos y sendas del desarrollo en los municipios migrantes de Arbie-to y Toco (De la Torre, 2007). La migración no es un proceso irreversible y, en muchos casos, los migrantes retornan o mantienen lazos que influyen en el desarrollo local. Este trabajo aborda la relación entre ese desarrollo y la migración internacional.

2008: Migración transnacional de los Andes a Europa y Estados Unidos (VV.AA). Esta publicación compila los trabajos de especia-listas de cinco países latinoamericanos (Bo-livia, Colombia, Ecuador, México y Perú) a propósito de un seminario internacional realizado en La Paz, en 2006. Los conteni-dos del libro demandan la atención estatal a las distintas problemáticas derivadas de la migración transnacional.

2009: Buscando la vida, familias bolivianas transnacionales en España (Hinojosa). Este trabajo refleja la migración de bolivianos a España en el momento más álgido (justo antes de la crisis internacional) por lo que se llega a hablar de Bolivia como un “país en diáspora”. El caso boliviano constituía, en esos momentos, uno de los más significati-vos para el estudio de la migración interna-cional latinoamericana.

2009: La vecindad que no viajó. Migración internacional y desarrollo comunitario en zo-nas periurbanas de Cochabamba (Roncken). Este trabajo trata de invertir las prioridades, estudiando a los que se quedan pero que, desde la cotidianidad de los barrios y po-blaciones periurbanas de Cochabamba tie-nen que seguir construyendo comunidad y


conviviendo con los efectos del fenómeno migratorio internacional instalado en sus barrios y vecindades.

2010: La familia transnacional. Cambios en las relaciones sociales y familiares de migrantes de El Alto y La Paz a España (Guaygua). En el caso andino, especialmente, los flujos de parentesco influyen y dinamizan las migra-ciones transnacionales constituyendo redes y cadenas migratorias. Esto genera cambios en las estructuras familiares por la ausencia de algunos miembros y, también, nuevas formas de movilidad social y de prestigio en las sociedades de destino.

2010: Huellas migratorias. Duelo y religión en las familias migrantes del Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz (Chirino). Este estudio tiene connotaciones psicológicas pues estudia los significados y construccio-nes subjetivas de los actores sociales invo-lucrados en el proceso migratorio, a raíz de la separación ambivalente que representa la distancia de los seres queridos y el contacto, mediante el uso de las actuales tecnologías de la comunicación.

2011: Migración y educación. Causas, efectos y propuestas de cambio para la situación ac-tual de la migración escolar (Vera). Este libro retorna al ámbito de las dinámicas migrato-rias internas, estudiando el efecto en el des-empeño escolar de los niños y jóvenes que se trasladan de áreas rurales a urbanas y cómo se podrían atenuar las consecuencias adver-sas de esta situación propia del proceso de “desruralización” que atraviesa el país en la actualidad.

Otras miradas, otros temas

Si bien esta separata enfatiza la construcción del conocimiento promovido por el PIEB en función del desarrollo histórico y político boliviano de las últimas dos décadas, es im-portante matizar este aspecto, mencionan-do —a modo de ejemplo— algunas de las investigaciones que están el margen de las urgencias del debate público nacional co-yuntural y que son aportes sobresalientes en ámbitos tan diversos como la literatura, la historia o la arquitectura.

En este sentido, una de las primeras in-vestigaciones realizadas y publicadas por el PIEB, en 1997, fue La mesa coja. His-toria de la proclama de la Junta Tuitiva del 16 de julio de 1809, del historiador Javier Mendoza Pizarro que, a juicio del histo-riador Josep Barnadas, marcó un hito en la historiografía boliviana al cuestionar, con minuciosidad argumental, la “versión oficial” en torno a los prolegómenos de la independencia. Como era de esperar, en


consecuencia, la publicación también de-sató voces polémicas asociadas a la disputa entre las ciudades de Sucre y La Paz por las primicias independentistas.

En esta misma línea, otro trabajo ejemplar son los dos tomos sobre literatura boliviana —Hacia una historia crítica de la literatura en Bolivia (Tomos I y II, 2002)— produ-cidos por la poeta Blanca Wiethüchter (+) y la profesora de literatura hispanoamerica-na, Alba María Paz Soldán. En estos volú-menes se rastrean los imaginarios particula-res impregnados en la literatura boliviana, a través de un recorrido por novelas, poe-mas, tradiciones, dramas, artículos y otras creaciones literarias.

Por último, otra pieza que ilustra esta tesi-tura plural y diversa en la gama de publi-caciones de investigaciones respaldadas por el PIEB, tiene que ver con la hibridez y el barroquismo arquitectónico alteño que cualquiera puede apreciar recorriendo, por ejemplo, la avenida Juan Pablo II, en direc-ción hacia Río Seco. El estudio Arquitecturas emergentes en El Alto. El fenómeno estético como integración cultural (Cárdenas, 2010) reflexiona sobre la estética y las connota-ciones sociales de las nuevas construcciones en la ciudad de El Alto. Edificaciones que condensan, en muchos casos, aspiraciones de prestigio y ostentación, y que también pueden ser interpretadas como la manifes-tación del cholaje en el plano arquitectónico popular.

Ampliando el conocimiento a otras áreas: Programa de Investigación Ambiental (PIA-PIEB)24

Bolivia es uno de los 17 países del planeta —junto a Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en Sudamérica— que integran el Grupo de Países Megadiversos Afines; un grupo que, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PUMA), alberga, conjuntamente, hasta un 70% de la diversidad biológica de la Tierra.

Aproximadamente, el 48% del territorio bo-liviano (53 millones de hectáreas) son bos-ques de distinto tipo que constituyen el nú-cleo de las 22 áreas protegidas administradas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de Bolivia.

La preocupación política mundial en torno al medio ambiente es relativamente recien-te pues se manifestó, con ímpetu global, hace dos décadas, a raíz de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambien-te y Desarrollo —conocida como Cumbre de Rio—, realizada en Río de Janeiro en 1992. Tres de los resultados más significa-tivos de esta cumbre fueron: el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) —que fue firmado por 168 países y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993—, la Conven-ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Con-vención de Lucha contra la Desertificación (CNULD).

24 Algunos elementos de este análisis se basan en los contenidos del libro Investigación ambiental en Bolivia. Experiencia y aportes del PIEB: 2008-2012 (Ribera Arismendi, 2012).


En torno a la cuestión medioambiental —y al cambio climático, específicamente— se han ido generando, a lo largo de los últimos años, una institucionalidad (y una enorme burocracia) internacional que funciona en el marco de numerosos convenios, protocolos, decisiones, reuniones periódicas, informes, paneles y mecanismos de distinta índole. Por ejemplo, en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), se acordaron las Metas de Aichi (por el nom-bre del departamento japonés donde fueron adoptadas en octubre de 2010), que prevén, hasta 2020, entre otros objetivos: reducir a la mitad y, cuando sea posible, acercar a cero el ritmo de pérdida de los hábitats na-turales; establecer una meta de conservación del 17% de regiones terrestres y de las aguas interiores y del 10% de las regiones marinas y costeras; restaurar al menos el 15% de las regiones degradadas mediante actividades de conservación y restauración y; hacer un esfuerzo especial para reducir las presiones que enfrentan los arrecifes de coral.25

En Bolivia, en los últimos 20 años destaca la aprobación de la Ley 1333 de Medio Am-biente, de 27 de abril de 1992, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora y el conjunto de reglamentos asociados. Esta ley, que si-gue vigente, tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

Sin embargo, a partir de 2006, el discurso acerca del desarrollo sostenible (y del de-sarrollo en general) en Bolivia, trató de ser replanteado en función del paradigma del “vivir bien”, de nociones relacionadas con la “madre tierra” y del reconocimiento de derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos por parte de Nacio-nes Unidas. Esto derivó en la incorporación, en la nueva Constitución, de un título refe-rido al “medio ambiente, recursos naturales, tierra y territorio”, que incluye capítulos so-bre medio ambiente, recursos naturales, hi-drocarburos, minería y metalurgia, recursos hídricos, energía, biodiversidad, coca, áreas protegidas y recursos forestales, Amazonía, y tierra y territorio. También se incorporó, en el título tercero, el concepto de “desarrollo rural integral sustentable” y en el apartado referido a la estructura jurídica, la jurisdic-ción agroambiental.

Con la realización de la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Tiquipaya, Cochabamba, abril de 2010), el gobierno de Evo Morales trató de marcar diferencias con la “cumbre oficial” de Naciones Unidas que se llevó a cabo en Copenhague (Dinamar-ca), del 7 al 18 de diciembre de 2009 (XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, denominada COP 1526). Mucho

25 Fuente: http://www.cbd.int/sp/.26 COP, por Conferencia de las Partes (o países) que integran la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático (CMNUCC).


más allá de los compromisos planteados en Copenhague —que, finalmente, no fueron asumidos por los países industrializados—, en Cochabamba se exigió a los países ricos reducir en un 50%, hasta 2020, la emisión de gases de efecto invernadero y establecer un fondo mundial destinando el seis por ciento de sus presupuestos para enfrentar el cambio climático. También se planteó, de manera un tanto retórica, llevar adelante un referéndum mundial en el que se pregunte si la humani-dad está de acuerdo con desechar el capitalis-mo y en aprobar que los gastos de seguridad se destinen a la defensa de la madre tierra. Con el respaldo de movimientos sociales in-ternacionales, en Cochabamba se propuso la creación de un tribunal climático mundial para demandar a los países y a las empresas que incumplan sus compromisos en la reduc-ción de las emisiones contaminantes.

Si bien, temporalmente, Bolivia y Evo Mo-rales alcanzaron cierta relevancia internacio-nal por su intento de liderar planteamientos sobre la defensa de la madre tierra y de los derechos indígenas, esta notoriedad se ero-sionó rápidamente. En la Cumbre de Can-cún sobre el cambio climático (COP 16), en diciembre de 2010, la diplomacia boli-viana quedó aislada frente a los 193 países participantes que aprobaron un acuerdo “de mínimos”, pactando una futura renegocia-ción del Protocolo de Kioto (en el que se establecen límites de emisiones de gases de efecto invernadero para los países ricos) y mecanismos de apoyo a los países en vías de desarrollo. En el plano doméstico, el com-promiso ecologista del gobierno quedó en entredicho, a raíz de las dos marchas contra

la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isibo-ro Sécure (TIPNIS), realizadas en 2011 y 2012. Como no había sucedido antes, estas movilizaciones ganaron el favor de una gran parte de la población urbana comprometida con la “causa” de la preservación de la natu-raleza y avivaron el debate entre conserva-ción y desarrollo.

Por otra parte, en el marco de la construc-ción jurídica del Estado Plurinacional, a partir de la vigencia de la nueva Constitu-ción, es preciso mencionar la aprobación de dos leyes recientes que, directa o indi-rectamente, están implicadas con la cues-tión medioambiental: la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (N° 144), de 26 de junio de 2011, y la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, de 16 de octubre de 2012. La primera tiene el propósito de normar el pro-ceso de revolución productiva comunitaria agropecuaria para la soberanía alimentaria, estableciendo las bases institucionales, po-líticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de la producción, transfor-mación y comercialización de productos agropecuarios y forestales de los diferentes actores de la economía plural. La segun-da disposición legal se propone establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibro con la ma-dre tierra para “vivir bien”, garantizando la continuidad de la capacidad de regenera-ción de los componentes y sistemas de vida de la madre tierra, recuperando y fortale-ciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales. Al margen de estos propósitos


enunciativos, ambas normas han recibido críticas por cuestiones como el tratamiento de los transgénicos, la preservación de la eco-nomía indígena y campesina, y el fomento a la pequeña producción agropecuaria frente a la expansión del modelo agroindustrial.

Para completar este panorama introductorio sobre la temática medioambiental, cabe se-ñalar que el gobierno boliviano se mantiene reticente a la aplicación de esquemas vincu-lados con “pagos por servicios ambientales”27

(relacionados con la denominada “economía verde” y planteados en la Cumbre Rio+20, que se realizó en junio de 2012 en Río de Janeiro) porque considera que representan una perversa mercantilización de la natura-leza. En este sentido, Bolivia está trabajando en el diseño de un Mecanismo para la Mi-tigación y Adaptación para el Manejo Inte-gral y Sustentable de los Bosques y la Madre Tierra, como una alternativa basada en la no mercantilización de las funciones ambienta-les, en su manejo integral y sustentable con énfasis en las prácticas productivas locales y tradicionales, y en la promoción de las múl-tiples funciones del bosque.

Referir este contexto político institucional nacional en torno al tema ambiental es ne-cesario para entender el interés del PIEB —cuya labor se inscribió, durante sus pri-meros 14 años de vida institucional en el ámbito, casi exclusivo, de las ciencias socia-les— en desarrollar la investigación cien-

tífica socioambiental y, en consecuencia, para atesorar la relevancia de las investiga-ciones promovidas por el PIEB en el marco del Programa de Investigación Ambiental PIEB (PIA-PIEB), que arrancó en 2008. Si bien este programa representa un esfuer-zo sistemático y sostenido en el estudio de la temática, cabe señalar que ésta no es la primera experiencia de promoción e inves-tigación científica en el área socioambiental desarrollada por el PIEB ya que, en 2002, se impulsaron diversas investigaciones con universidades, entre las que destacan los tí-tulos Contaminación del agua e impactos por actividad hidrocarburífera en la serranía del Aguaragüe (Mamani et al., 2003), Dinami-tas y contaminantes: Cooperativas mineras y su incidencia en la problemática ambiental (Möeller et al., 2002) y Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de petróleo en el río Desaguadero (Montoya et al., 2002).

27 Entre estos mecanismos, los servicios ambientales más comunes son los “bonos de carbono” y las modalidades REDD y REDD+ (Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación de Bosques) que consisten, en el pago por la pre-servación de bosques que “fijan” CO2, es decir, que evitan la liberación de este gas de efecto invernadero a la atmósfera.


Estos trabajos fueron precursores pues per-mitieron posicionar en la reflexión acadé-mica y pública una problemática —la de la contaminación— que empezaba a emerger con fuerza.

Sin embargo, la dinámica de investigaciones desarrollada entre 2008 y 2012, en el marco del PIA-PIEB, tiene un alcance, una estruc-turación temática y una periodicidad que, seguramente, carece de parangón en la ané-mica historia de la investigación ambiental nacional. Durante estos años, el PIEB llevó a cabo cinco convocatorias sobre la temática (contaminación minera en Oruro y Potosí; formulación de propuestas para la produc-ción sostenible de quinua en Oruro y Poto-sí; sostenibilidad de las áreas protegidas en la cuenca amazónica de Bolivia; agua para la vida y seguridad alimentaria: adaptación al cambio climático en zonas vulnerables de Bolivia y; beneficios de la naturaleza y su contribución al bienestar de los bolivianos), publicó 31 libros en esta línea editorial28 (26 investigaciones, cuatro “estados de la investigación” y un documento29 que sin-tetiza y analiza el aporte de la investigación ambiental promovida por el PIEB), contó con el aporte y la participación de 137 in-vestigadores de diferentes regiones del país y estableció alianzas con 51 instituciones

que trabajan en el perímetro de la temáti-ca investigada.30 Esto representa una movi-lización singular de voluntades, intereses y compromisos en un área de investigación cuya comunidad científica habitualmente se haya dispersa y desconectada.

En relación al conocimiento concreto pro-ducido y a su trascendencia, sobresale, en primer lugar, el conjunto de trabajos (cinco, en total) producto de la convocatoria sobre la sotenibilidad de las áreas protegidas en la cuenca amazónica. El primer mérito de estos trabajos es volcar el interés sobre una realidad cada vez más determinante para el futuro del país —la Amazonía— y, en par-ticular, sobre tres áreas protegidas de esta cuenca excepcionales por su biodiversidad y, al mismo tiempo, por la fragilidad de sus ecosistemas: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PN-ANMI Madidi), la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas (RB TCO Pilón Lajas) y el Territorio Indí-gena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIP-NIS). Esta franja de la cuenca amazónica es, de hecho, el “reverso” ecológico de los andes, y de su gestión depende el equilibrio natural de una realidad que es forzosamente integral, aunque muchas veces se la quiera ver parceladamente.

28 Esto representa poco más del 11% del total de material bibliográfico publicado por el PIEB en su trayectoria institucional. Sin embargo, este porcentaje es mucho mayor si se considera, únicamente, lo publicado entre 2008 y 2011.

29 Investigación ambiental en Bolivia. Experiencia y aportes del PIEB: 2008-2012 (Ribera Arismendi, 2012)30 Entre otras, instituciones públicas —como el Ministerio de Salud y Deportes, la Secretaría de Medio Ambiente de la

Prefectura de Oruro, el Gobierno Municipal de Machacamarca o diversas universidades—, instituciones privadas —como la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (FUNDESNAP), la Fundación Natura Bolivia, Conservación Internacional Bolivia, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) o la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)— y organizaciones sociales e indígenas, como la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) o la Federación de Cooperativas Mineras de Oruro.


Las zonas estudiadas son espacios legalmen-te protegidos pero fuertemente amenazados, no sólo por diversas actividades productivas desordenadas, sino por grandes iniciativas o megaproyectos de diversa índole que son impulsados desde una visión desarrollista estatal y que pueden provocar efectos devas-tadores. Esta compleja situación es analizada en Megaobras en el Madidi y Pilón Lajas. Ha-cia una transformación de los conflictos (Laats, 2012), donde se revisan los distintos em-prendimientos que son fuente de conflicto ambiental y social en la zona: las carreteras que integran el Corredor Norte, el proyecto hidroeléctrico de El Bala, la exploración de hidrocarburos y el Complejo Agroindustrial San Buenaventura.

La contigüidad o superposición de estas áreas protegidas con todo tipo de empren-dimientos e intereses representa un desafío para el Sistema Nacional de Áreas Protegi-das (SNAP). Precisamente, dos de los estu-dios —Territorios compartidos. Construyendo un modelo de gestión territorial para el Madi-di y el pueblo Leco de Apolo (Muiba, 2012) y Sistemas y mecanismos financieros para áreas protegidas. Alternativas para la sostenibili-dad financiera: Casos Pilón Lajas y Madidi (Eguino, 2012)— analizan los desafíos de la gestión de las áreas protegidas y proponen (en el caso del primer estudio) un modelo de Gestión Territorial con Responsabilidad Compartida (GTRC) entre las organiza-ciones indígenas y el Estado. Esta cuestión es central pues permite comprender la evo-lución histórica de la gestión de las áreas protegidas que, con los años, ha pasado del concepto idílico —y extremadamente

ecologista— de considerar estos espacios como lugares “intocables” de preservación absoluta, a considerar que se trata de áreas con presencia histórica de comunidades que precisan organizar su vida y su futuro en función de un uso sostenible de los recursos naturales disponibles.

Por otra parte, los trabajos señalan que el estado de conservación de las áreas protegi-das es aceptable pero que, pese a los impor-tantes avances realizados para consolidar el SNAP, la tendencia es hacia el deterioro por la progresión de impactos y amenazas que están siendo insuficientemente contrarresta-dos. Se trata de impactos como el cambio de uso de suelo, la caza furtiva, las quemas extendidas, la tala ilegal, los avasallamientos de tierras, el cultivo de hoja de coca, el nar-cotráfico, los hidrocarburos, la minería, el turismo desordenado y la construcción de infraestructuras sin recaudos ambientales.

Una investigación que, indefectiblemente, se inscribe en la polémica ambiental co-yuntural (y estructural) es Compensación por servicios ambientales de carbono. Una alternativa para reducir la deforestación en el TIPNIS (Vargas, 2012), que estudia la via-bilidad técnica de un mecanismo financiero de servicios ambientales (la “venta” de car-bono en los mercados internacionales) que permita reducir la deforestación prevista en este parque ocasionada por la tendencia his-tórica de la expansión de los cultivos y por el efecto que provocaría la construcción de la anunciada carretera entre Villa Turani y San Ignacio de Moxos. La investigación conclu-ye que la prestación de servicios ambientales


podría generar millones de dólares de ingre-sos para el TIPNIS. Sin embargo, la infor-mación clave de esta indagación científica, son las estimaciones (proyecciones en base a modelos matemáticos) futuras de defores-tación en el parque. Según los cálculos, la construcción de la carretera significaría la pérdida del 65% de la superficie forestal del TIPNIS en 18 años (610 mil hectáreas). Re-sulta todavía más impactante, sin embargo, el dato sobre la deforestación estimada aún si no se construye la carretera: si se sigue desboscando al ritmo de los últimos años, en 18 años se prevé una pérdida del 43% de la cobertura forestal del parque (405 mil hectáreas). Estos datos científicos represen-tan aquí una novedosa y vital contribución al debate (incluso para quienes quieran im-pugnarlos).

Otra línea de alta prioridad está integrada por cinco investigaciones asociadas, de una u otra forma, con la impronta del cambio climático a nivel local, en el marco de la convocatoria de investigación “Agua para la vida y seguridad alimentaria: adaptación al cambio climático en las zonas vulnerables de Bolivia”. Las investigaciones se concen-tran en una de las problemáticas socioam-bientales más acuciantes de la última déca-da —convertida en letanía global— y en sus repercusiones sociales y económicas en diversas regiones del país. En este sentido, dos de las propuestas —Manejando el riesgo climático de los Andes. El caso de las comuni-dades aymara quechuas de Chillavi-Ayopaya (Araujo et al., 2012) y Cambio climático y políticas municipales. Acciones en las comu-nidades de Aiquile, Challapata y Padcaya

(Cruz Fuentes et al., 2012)— buscan en-lazar la sistematización de experiencias de adaptación y prácticas locales con la segu-ridad alimentaria en regiones ecológicas de alta fragilidad y vulnerabilidad ante el cam-bio climático.

Asimismo, la investigación relacionada con el aprovechamiento de la tecnología de los atajados como medidas de reducción de la vulnerabilidad asociada al agua (Aportes y di-ficultades en la utilización de atajados frente al cambio climático en el municipio de Anzaldo, Oros et al., 2012) identifica los principales problemas detectados en la implementación de esta tecnología y ofrece recomendacio-nes para su manejo integral. Finalmente, la investigación Inundaciones e incentivos: Elementos para un acercamiento integral al problema en el Beni (Baudoin Weeks et al., 2012) destaca por su enfoque innovador al buscar correlaciones entre dos fenómenos agudizados en los últimos años con el cam-bio climático: las inundaciones extremas y las quemas extendidas. Esta perspectiva puede repercutir, de manera importante, en la forma de analizar y entender el cambio climático en la Amazonía.

En este grupo de trabajos predomina el én-fasis y el esfuerzo por plantear propuestas y su contribución básica es poder disponer de información concreta sobre los efectos del cambio climático en Bolivia para pasar de un discurso que, usualmente, se basa en su-posiciones y extrapolaciones de la literatura global sobre el tema, a una acción de plani-ficación y de gestión de riesgos concreta y bien fundamentada.


Otro conjunto de nueve investigaciones —las cinco sobre la producción sostenible de quinua y las cuatro sobre los beneficios de la naturaleza— discurren en una misma línea de análisis sobre la sostenibilidad y el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas que permitirán, mediante una gestión equilibrada, obtener beneficios a los pueblos indígenas y comunidades que tiene una relación más directa con la naturaleza en escenarios geográficos distintos (las tie-rras altas y la Amazonía).

En el caso de la quinua la preocupación común tiene que ver con la alarma en re-lación al elevado impacto ecológico sobre suelos y vegetación que la intensificación del cultivo de quinua ha generado en toda la región intersalar de Oruro y Potosí. Las investigaciones Medio ambiente y produc-ción de quinua. Estrategias de adaptación a los impactos del cambio climático (Valle-jos, 2011) y Evaluación de la fertilidad de los suelos en la zona intersalar. Producción sostenible de quinua (Orsag, 2011) relatan cómo la intensificación del cultivo de qui-nua está ocasionando severos impactos en los ecosistemas de la región, y la sobrepre-sión a los suelos está poniendo en riesgo la sostenibilidad del proceso productivo en su conjunto. El desmesurado crecimiento de la superficie cultivada en más de un 400% en pocos años en diversas regiones de Oru-ro —con el subsecuente empobrecimiento de los suelos, avance de la desertificación y con crecientes dificultades para mantener el rendimiento— es una cuestión que debe-ría generar mayor reflexión en el país, sobre todo en un contexto, como la celebración

del Año Internacional de la Quinua 2013, en el que todas la iniciativas tienen que ver con promocionar y satisfacer una crecien-te demanda internacional (producto del “despegue” gastronómico del producto y de cierta moda, principalmente, en Asia y Eu-ropa), al margen de cualquier consideración ecosistémica.

Por su parte, los cuatro trabajos sobre be-neficios de la naturaleza, abordan realidades económicas comunitarias de la Amazonía boliviana (Pando, extremo oeste del Beni y norte de La Paz) que por su pequeña escala e “insignificancia” en términos de la econo-mía y de la estadística nacional (a excepción de la castaña, como ítem global de la Ama-zonía boliviana), generalmente son ignora-das. Sin embargo, se trata de iniciativas (tres de ellas forestales y una piscícola) sensibles con el equilibrio natural de la región y de una gran importancia para la vida cotidiana de las familias indígenas. En La senda de la castaña. Retos para el manejo sostenible de la castaña en diez comunidades del norte ama-zónico de Bolivia (Gonzales et al., 2012) se analiza la proyección de la explotación de este producto amazónico que cuya explota-ción ha permitido, en gran medida, evitar la severa deforestación que se registra, por ejemplo, al otro lado de la frontera, en el departamento brasileño de Acre.

En las dos investigaciones situadas en la re-gión de Apolo (El incienso viene de Apolo. Una estrategia de conservación del bosque en el territorio indígena Leco de Apolo [Rojas et al., 2012] y Bosque y agua para la vida del pueblo Leco. Estudio en seis comunidades


indígena de Apolo [Loayza et al., 2012]), el enfoque ecosistémico es central pues, en ambos casos, la preservación de los recursos (del agua y del incienso) está íntimamente relacionada con la conservación del bosque. Por último, la investigación sobre el paiche (La cadena de valor del pescado en el norte amazónico. Contribución de especies nativas y de una especie introducida [Coca et al., 2012]) —que es uno de los pocos trabajos publicados en el país sobre la situación de la pesca en la Amazonía— analiza la significa-ción económica de este recurso estratégico y novedoso en la región, sometiendo a discu-sión el problema ecológico que representa la presencia de esta especie invasora exótica en la cuenca amazónica boliviana.

Finalmente, un último conjunto de inves-tigaciones ambientales de importancia para el ecosistema andino, son las siete publica-ciones sobre contaminación minera en los departamentos de Oruro y Potosí, que tiene implicaciones inmediatas en la salud públi-ca. Esta temática fue la primera en ser de-sarrollada por el PIA-PIEB y demandó un tratamiento integral en varios ejes. Así, de las siete investigaciones, tres están abocadas a los aspectos de remediación y tecnologías limpias (Thuska Uma: tratamiento de aguas ácidas usadas para fines de riego [Montoya, 2010]), Tecnologías limpias aplicables a la explotación del oro [Carrillo, 2010]) y Re-mediación ambiental como alternativa al de-sarrollo local [Zamora, 2010]), una indaga las políticas públicas relacionadas con la gestión ambiental (El costo ecológico de la política minera en Huanuni y Bolívar [Ló-pez, 2010]), otra trata de la cuestión de los

conflictos socioambientales (Minería y con-flictos socioambientales en Cantumarca [Ta-pia, 2010]) y dos más se refieren a políticas en salud y exposición de riesgos (La herencia de la mina. Representaciones sobre la conta-minación minera en Potosí [Tapia, 2010] y Daño genotóxico por contaminación minera en Oruro [Ascarrunz, 2010]).

En estos casos, el modo de encarar la in-vestigación en el PIA-PIEB, a partir de me-todologías y mecanismos innovadores de inclusión social abierta y de diálogo, que traspasaron los típicos formatos academicis-tas o los de la simple consultoría, fue uno de los aportes en los ámbito técnico y científi-co de las regiones. Asimismo, cabe destacar que los conocimientos generados tuvieron una proyección directa sobre las autoridades del Estado, en relación a la emisión de una norma ambiental en la cuenca Huanuni-So-ra Sora, en estrecha coordinación con ins-tancias como la Coordinadora den Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP) y el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA).

En síntesis, un rasgo a subrayar de las 26 investigaciones sobre medio ambiente, es el carácter propositivo de los trabajos, que trataron de formular —con distinto grado de solvencia y bajo el principio de investiga-ción-acción— alternativas de solución a las problemáticas estudiadas a través de planes de prefactibilidad, programas, proyectos y estrategias metodológicas. Sin embargo, el potencial de aplicabilidad de las propuestas de intervención depende, entre otros facto-res, del apoyo y del sentido de proactividad


de diversas entidades del Estado. Lo cier-to es que la gama de aproximaciones des-de distintos flancos a varias áreas temáticas críticas para la preservación de la naturaleza del país y la manera participativa, amplia y

sectorial como se encaró el trabajo de campo y el debate local, confiere al PIA-PIEB una singularidad y un bagaje como experiencia institucional sin precedentes en la escena de la investigación ambiental boliviana.

Abriéndose a un nuevo ciclo histórico, entre los años 2006 y 2012 el desempeño del PIEB ha reafirmado su compromiso con una investigación sensible a la agenda social y política del país, a partir de con-cursos abiertos nacionales y regionales. De manera consistente con este talante institu-cional, la fisonomía de la investigación du-rante esta etapa ha adquirido dimensiones y contornos renovados a través de la pro-moción de nuevas líneas de investigación de índole tecnológica o medioambiental (como el Programa de Investigación Am-biental, PIA-PIEB).

Durante estos últimos siete años, siguien-do el rumbo de un país en transformación —que vivió profundas tensiones políticas y sociales, sobre todo, hasta septiembre de 2008—, las investigaciones abordaron, en-tre otras temáticas, el proceso autonómico y la Asamblea Constituyente, las agudas ma-nifestaciones de racismo y discriminación, los fenómenos demográficos más relevantes (la migración, en primer lugar), la constitu-ción de un nuevo poder político, los cam-bios de paradigmas en la noción de desarro-llo (Vivir Bien), la configuración del Estado Plurinacional, las condiciones del poder y del cambio, y las nuevas dimensiones eco-nómicas del país relacionadas, fundamen-talmente, con un Estado cualitativamente distinto.

Durante su trayectoria de casi dos décadas, a modo de balance, se puede concluir que el PIEB ha ampliado, notablemente, el radio de acción de las ciencias sociales en Bolivia, tradicionalmente reducidas a esferas de in-vestigación principalmente referidas al po-der prevaleciente (sistema político, partidos y régimen electoral, entre otros tópicos). Esto ha significado un vuelco de la investi-gación hacia preocupaciones de la sociedad en democracia.

Por otra parte, el país nunca dispuso de una “relatoría” sociológica sobre su devenir tan actual, abundante en abordajes, enfoques, datos y matices. La calidad y amplitud de esta información redunda, sin duda, en la calidad de la democracia y sus instituciones. Por otra parte, el ejercicio continuo de pen-sar Bolivia desde Bolivia —sin la acostum-brada “prótesis cognitiva” de los expertos internacionales— representa una emancipa-ción intelectual paulatina y una superación de ciertos complejos y minusvalías históricas heredadas.

En definitiva, el stock de conocimiento produ-cido disponible significa una valorable riqueza para el país; para la planificación, la cultura, la educación, la formación y el bien común. Esta disponibilidad es permanente e irá ad-quiriendo sentido, sobre todo, a largo plazo pues el conocimiento no caduca ni se agota;

APUNTES PARA UN BALANCE: LA DISPONIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO

64 APUNTES PARA UN BALANCE: LA DISPONIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO

precisa tiempo para ir germinando y es, des-pués de todo, la mayor garantía de cambio.

Por ello, el país requerirá tiempo para ir asumiendo, utilizando, ampliando, refutan-do, modificando y reproduciendo los con-tenidos y el conocimiento de esta colosal bibliografía nacional (más de 300 títulos). La mayor prueba del “desfase de tiempos” es la subutilización de todo este material en las distintas gestiones públicas siempre cir-cunstanciales y, por su naturaleza, atentas a otras prioridades, urgencias y motivaciones políticas. Con todo, cabe señalar que los li-bros publicados son la expresión material de un largo y fértil proceso de construcción de

conocimiento que está detrás y que por lo general se desconoce. Todo este aprendizaje de talleres, mesas, agendas, debates, presen-taciones, evaluaciones y un gran número de actividades y procesos encarna, en esencia, el acto colectivo del conocimiento y es, tan-to o más significativo, que la mera publica-ción de las investigaciones.

Al fin, todo el trabajo de investigación pro-movido por el PIEB durante casi dos déca-das constituye, en síntesis, materia viva de ideas y pensamiento boliviano, antes que meras referencias bibliográficas de biblio-teca. Producir conocimiento es, después de todo, una forma de hacer comunidad.

Bolivia, contada a través del PIEBenvergadura del emprendimiento. Grandes temas de la agenda...

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