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Programa Venezolano de Educacin-Accin en Derechos Humanos (Provea) | Edicin Nro. 03 | Junio 2013

El Programa Venezolano de Educacin Accin en Derechos Humanos, Provea, tiene el

gusto de presentar su tercer Boletn Internacional.En esta oportunidad, abordamos como tpico global la situacin de conictividad laboral

y las dicultades por las que atraviesan las organizaciones sindicales independientes durante

las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo.

En el tpico especco, informaremos sobre el acto de denuncia hecho por Venezuela de laConvencin Americana sobre los Derechos Humanos, que entrar en vigencia el prximo 10

de septiembre y pediremos al gobierno que desista de sus pretensiones.

En el tpico coyuntural, nos referiremos a la criminalizacin de la protesta social mediantela aplicacin de normas de seguridad nacional y de la reciente ley antiterrorista venezolana.

Nuestro boletn est disponible en Espaol, Portugus, Ingls y Francs en nuestro sitio

web http://www.derechos.org.ve. Agradecemos sus sugerencias y comentarios al e-mailboletin@derechos.org.ve.

> TPICO GLOBAL

En Venezuela la situacin de los derechos labores es contra-

dictoria. Por una parte polticas con resultados positivos y por la

otra, polticas que violan derechos y afectan el nivel de vida de

los y las trabajadoras.

Desde hace unos 5 aos, PROVEA ha registrado en suInforme Anual sobre la Situacin de los Derechos Humanos en

Venezuela, que ha crecido en el pas la protesta con motivo del

incumplimiento a los derechos laborales. Por su parte, cifras del

Observatorio Venezolano de Conictividad Social, registraron

que para mayo 2011 se presentaba una tendencia sostenida hacia

el ascenso de estas acciones, lo que se mantuvo durante 2012,

sumando 2.256 las manifestaciones por reclamos laborales, en

un contexto general deprotestas paccas de 5.486. Las deman-

das ms extendidas son la discusin y rma de las convenciones

colectivas de trabajo en el sector pblico, seguida por el reclamo

de salarios adecuados y reenganche a trabajadores y sindicalistas

despedidos arbitrariamente.

En un pas donde el Estado emplea formalmente 2.491.476

de personas, segn datos del Instituto Nacional de Estadsticas

(INE), es sumamente importante la actualizacin peridica de

la convencin colectiva de condiciones de trabajo. Y en este as-

pecto la poltica del Estado venezolano no es coherente y acta

con mucha discrecionalidad. Desde el ao 2004, la principal

agrupacin sindical que representa al funcionariado del Estado

venezolano (la Federacin Nacional de Trabajadores del Sector

Publico (FENTRASEP), no ha logrado el reconocimiento de su

Directiva por parte del Consejo Nacional Electoral. Ello le im-

pide discutir y suscribir la contratacin colectiva. En Venezuela

Los derechos laborales siguen en mora

los comicios sindicales requeran el aval del Consejo Nacional

Electoral (CNE), al menos hasta mayo de 2012 cuando entr

en vigencia una nueva Ley del Trabajo. En similar situacin seencuentra la mayora de los sindicatos del sector salud

y la federacin de asociaciones de profesores universitarios, que

mantiene un conicto laboral colectivo desde el mes de mayo

2013 que conllev a la paralizacin de actividades en varias

universidades.

La exclusin por razones polticas, tambin afecta la nego-

ciacin colectiva, pues en Venezuela las autoridades guberna-

mentales reconocen, discuten y suscriben acuerdos con organi-

zaciones sindicales cuya dirigencia le es afecta, total

o mayoritariamente. Tal es el caso de la Federacin Petrolera

Foto: correodelorinoco.gob.ve

Quieres conocer

el panorama

de 20 derechos humanos

en los ltimos 15 aos

en Venezuela?

Consulta nuestro informe

especial 15 aos sobre

derechos humanos:

inclusin en lo social,

exclusin en lo poltico

http://observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2011/09/Tendencias-de-la-conflictividad-social-en-Venezuela-Mayo-2011.pdfhttp://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2013/01/Conflictividad-Social-en-Venezuela-en-2012.pdfhttp://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/InformeEspecial1.pdfhttp://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=40http://www.observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2013/01/Conflictividad-Social-en-Venezuela-en-2012.pdfhttp://observatoriodeconflictos.org.ve/oc/wp-content/uploads/2011/09/Tendencias-de-la-conflictividad-social-en-Venezuela-Mayo-2011.pdf

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(FUTPV), cuyo secretario general Jos Bodas, fue excluido de la

negociacin de la convencin colectiva por no apoyar al gobier-

no. Otro ejemplo de la exclusin poltica pero con otro mtodo,

criminalizando la protesta, es el enjuiciamiento penal y militar

de dirigentes sindicales por ejercer su derecho constitucional

a la huelga y a la manifestacin. Uno de los casos emblemti-

cos es la detencin durante 18 meses del secretario general de

SINTRAFERROMINERA del Orinoco, Rubn Gonzlez y la

prosecucin de un juicio que mantiene a este lder sindical bajo

libertad condicional. Ferrominera del Orinoco es la principalempresa de procesamiento de hierro, ubicada al sur del pas y el

13.06.13 fue militarizada para presionar a sus trabajadores y al

sindicato a suspender la paralizacin de actividades que mante-

nan para exigir sus reivindicaciones laborales.

En contraste con la situacin de los derechos colectivos en

el sector pblico, la memoria y cuenta del Ministerio del Poder

Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MPPTRASS),

correspondiente al ao 2011, indicaba la rma de 452 conven-

ciones colectivas beneciando a 742.647 trabajadores y trabaja-

doras, de las cuales 131 correspondieron al sector pblico, segn

reere PROVEA en su Informe 2012. Dicha memoria y cuenta

seala adems que la seguridad social incorpor 147.000 perso-

nas beneciarias de las pensiones de vejez, y mejor en general

la situacin de condiciones y medio ambiente en el trabajo en el

sector privado.

Para el ao 2012 no se cuenta con datos ociales, pues el ac-

ceso a la informacin de la gestin de los organismos guberna-

mentales, no es transparente. Mientras datos del INE indican un

descenso del desempleo en el pas, (en abril de 2013, se ubic

en 7,9%), el poder adquisitivo del salario disminuy dramti-

camente por la inacin que en el mes de mayo fue del 6%. La

situacin socioeconmica sigue generando protestas como me-

canismo de exigencia de derechos laborales, mientras el Estado

no propicia dilogo e irrespeta a la libertad sindical, lo cual le ha

valido varias denuncias ante el Comit de Libertad Sindical de

la Organizacin Internacional del Trabajo (casos 2.763 y 2827)

> TPICO ESPECFICO

La denuncia de la Convencin Americana sobre DerechosHumanos: retrocesos e incertidumbres

El prximo 10 de septiembre surtir efecto la denuncia

de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos (CA)

hecha por el Estado venezolano en la misma fecha de 2012. Laposibilidad de denunciar ese tratado internacional est prevista

en su artculo 78 y tiene como consecuencia que no podrn ser

llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(Corte IDH) aquellos casos cuyos hechos iniciales se produzcan

luego del prximo 10 de septiembre. La Comisin interameri-

cana, por su parte, podr seguir conociendo de casos posteriores

a esa fecha por cuanto Venezuela contina siendo parte de la

OEA. Vista la debilidad institucional estructural de la justicia

venezolana, las instancias internacionales han sido para muchas

vctimas la ltima esperanza para obtener verdad, justicia y

reparacin.

Con la denuncia de la Convencin, el Estado venezolano

debilita seriamente la proteccin de los derechos humanos en

Venezuela generando un vaco de proteccin. En efecto, el sis-

tema de las Naciones Unidas (Sistema Universal) no cuenta con

instancias jurisdiccionales similares a la Corte IDH y adems, en

el mbito regional, las otras instancias de integracin, en espe-

cial el Mercosur y Unasur, solo cuentan con algunas propuestas

en construccin. En su nota de denuncia el Estado venezolano

acusa al Sistema Interamericano de no haberse revisado y refor-

mado como lo hizo su par de las Naciones Unidas; de aceptar

denuncias contra Venezuela sin que se hubieran agotado los re-

cursos internos (art. 46,1 CA); de actuar con celeridad en casos

ocurridos bajo el gobierno chavista y con parsimonia u omisin

frente a hechos ocurridos antes de 1999; de proteger con sus

decisiones a golpistas y terroristas y de afectar la soberana del

Estado.

La nota de denuncia fue el ltimo eslabn de una cadena

tejida desde los diferentes poderes del Estado venezolano. Desde

el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en una decisin de

2008 declaraba inejecutable un fallo de la Corte IDH e invita-

ba al Ejecutivo nacional a denunciar la Convencin ante la

evidente usurpacin de funciones en que haba incurrido la

Corte IDH. El presidente Chvez y sus funcionarios subalternos

acusaron por su parte a la Corte IDH y a la Comisin de actuar

como maas y como cmplices de los desestabilizadores de la

democracia venezolana. Pero tambin funcionarios que debe-

Foto: Lapatilla.com

Para abril de 2013 un total de 1.086.681personas seencontraban sin empleo. El salario mnimo para mayo 2013 era Bs. 2.457,02. La canasta alimentaria normativa ocial mayo-abril 2013era Bs. 2.620,62. El salario mnimo ocial solo garantiza cubrir el 93,76%de la canasta alimentaria ocial. La canasta alimentaria segn clculos independientes esde Bs. 4.284,84. El salario mnimo solo cubre el 57,34% de la canastaalimentaria no ocial.

Breves

http://sucesosdeguayana.com/site/index.php?mod=detalle&s=2&d=15769&tit=MILITARIZADA%20FERROMINERA%20|%20Policialeshttp://www.derechos.org.ve/informe-anual-2012/http://www.aporrea.org/actualidad/n229468.htmlhttp://www.aporrea.org/actualidad/n229468.htmlhttp://america.infobae.com/notas/72599-Inflacion-venezolana-se-disparo-al-6-en-mayohttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_208540.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_208540.pdfhttp://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Venezuela:http://www.scribd.com/fullscreen/105813775?access_key=key-28st96d6xa6htx3bupubhttp://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.htmlhttp://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1939-181208-2008-08-1572.htmlhttp://www.scribd.com/fullscreen/105813775?access_key=key-28st96d6xa6htx3bupubhttp://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#Venezuela:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_208540.pdfhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_208540.pdfhttp://america.infobae.com/notas/72599-Inflacion-venezolana-se-disparo-al-6-en-mayohttp://www.aporrea.org/actualidad/n229468.htmlhttp://www.aporrea.org/actualidad/n229468.htmlhttp://www.derechos.org.ve/informe-anual-2012/http://sucesosdeguayana.com/site/index.php?mod=detalle&s=2&d=15769&tit=MILITARIZADA%20FERROMINERA%20|%20Policiales

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ran defender los derechos humanos y actuar con independencia

segn la Constitucin, se sumaron al coro del Ejecutivo como

fue el caso de la Defensora del Pueblo y de la Fiscal General de

la Repblica proponiendo, esta ltima, la creacin de un Consejo

Latinoamericano en lugar del Sistema Interamericano actual.

Varios activistas y organizaciones de derechos humanos

presentaron una accin de nulidad ante la Sala Constitucional

del Tribunal Supremo de Justicia contra la denuncia de la Con-

vencin. Esta accin se basa en las violaciones de las normas yprincipios constitucionales relativos a la jerarqua y suprema-

ca constitucional de los tratados sobre derechos humanos, del

derecho de peticin internacional para el amparo de los derechos

humanos, de los requisitos y lmites constitucionales de los

estados de excepcin, de los derechos humanos como principio

rector de las relaciones internacionales del Estado Venezolano

y de la progresividad de los derechos humanos, consagrados en

los artculos 23, 333, 339, 31, 152 y 19, respectivamente, de la

Constitucin. Esta accin de nulidad an no ha sido resuelta por

la Sala Constitucional, que fue la misma que invit al Ejecutivo

a denunciar la Convencin.

La Ocina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos al referirse a la denuncia de la

Convencin, invit al Gobierno a no tomar medidas que tengan

como consecuencias debilitar la proteccin de los derechos

humanos, no solo en Venezuela sino tambin con ramicaciones

> COYUNTURA

Desde el ao 2004 el Programa Venezolano de Educacin-

Accin en Derechos Humanos, Provea, ha venido alertandoacerca de una poltica progresiva de la criminalizacin de la pro-

testa en el pas. El artculo 68 de la Constitucin de la Repblica

Bolivariana de Venezuela garantiza el derecho a la manifesta-

cin pacca: Toda persona tiene derecho a realizar manifesta-

ciones pblicas siempre y cuando sean paccas y sin armas.

Adems, se prohbe el uso de armas de fuego o gases considera-

dos txicos para el control de las manifestaciones paccas.

A pesar de este reconocimiento constitucional, desde el ao

2004 el Ejecutivo Nacional ha venido aprobando diferentes

leyes que restringen el ejercicio efectivo de este derecho. En el

ao 2005 se realiz la reforma del Cdigo Penal Venezolano, el

cual penaliza con 4 a 16 aos de prisin el cerrar u obstaculizarvas de comunicacin, una de las herramientas histricas de pro-

testa del movimiento popular venezolano. Adems, se multaba

con 100 a 500 unidades tributarias el que interrumpiera con gri-

tos, vociferaciones y medios ruidosos las reuniones pblicas,

incorporando de tres a cuatro meses de privacin de libertad si el

hecho ha sido cometido contra algn funcionario pblico.

Dos aos antes, en el 2002, fue aprobada la Ley Orgnica de

Seguridad de la Nacin, la cual crea la gura de las zonas de

seguridad, en donde se prohbe la alteracin del orden pblico

o la realizacin de manifestaciones. Como zonas de seguridad

Criminalizacin de la protesta social en Venezuela

se han decretado las instalaciones militares, orillas de mar, lasindustrias bsicas, estratgicas y los servicios esenciales, entre

otros. La organizacin no gubernamental Control Ciudadano

ha calculado que un 32% del territorio venezolano ha sido cali-

cado como zona de seguridad.

En el ao 2009 Provea calcul que por delitos tipicados en

el Cdigo Penal y por violacin de zona de seguridad 2.400

luchadores sociales se encontraban en regmenes de presenta-

cin en tribunales tras haber sido privados de su libertad en el

contexto de una manifestacin. Adems, muchos de los casos

estaban siendo inculpados por delitos presentes en leyes cuyo

Traslado de Yendrick Snchez a Crcel de Coro. Foto: El Universal

potencialmente negativas para las personas de todo el conti-

nente. Por su parte, tambin se han manifestado intelectuales,acadmicos y defensores de derechos humanos solicitando al

Estado Venezolano que desista del acto de denuncia antes del

10 de septiembre prximo. Con el reloj en cuenta regresiva, el

gobierno del presidente Maduro quien en calidad de canciller

rm la nota de denuncia-, puede an recticar y revertir el va -

co de proteccin en el que dejar a la poblacin venezolana. Sin

embargo, ese giro de timn, de una decisin ms basada en una

agenda poltica que de derechos humanos, deber ser propiciado

por las voces de la comunidad internacional, en especial la re-

gional, as como de los pueblos preocupados por el futuro de los

derechos humanos en el pas. En particular, las organizaciones

de derechos humanos de la regin deben sumarse a las voces de

protesta en solidaridad hacia Venezuela y por las ramicaciones

potencialmente negativas en el continente. Presentes deben estar

las denuncias precedentes de la Convencin Americana por los

gobiernos de Trinidad y Tobago y por el gobierno de Alberto

Fujimori en Per.

Amnista Internacional ha iniciado una campaa

invitando al ciberactivismo contra la denuncia del

gobierno venezolano a la Convencin Interameri-

cana sobre Derechos Humanos. Te invitamos a

sumarte conociendo los detalles de la campaa.

http://www.youtube.com/watch?v=EMw7QWs9P2Mhttp://bit.ly/17JDIbDhttp://bit.ly/17JDIbDhttp://www.derechos.org.ve/2012/09/27/ong-y-activistas-de-dd-hh-introducen-ante-el-tsj-accion-de-nulidad-contra-la-denuncia-del-estado-venezolano-a-la-convencion-americana/http://www.derechos.org.ve/2012/09/27/ong-y-activistas-de-dd-hh-introducen-ante-el-tsj-accion-de-nulidad-contra-la-denuncia-del-estado-venezolano-a-la-convencion-americana/http://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://www.ipys.org.ve/media/16309/ley_de_reforma_parcial_del_c_digo_penal_2005.pdfhttp://www.ceedcds.org.ar/Srd-LibBL/VEN/Ley_Seguridad_Nacion.pdfhttp://www.ceedcds.org.ar/Srd-LibBL/VEN/Ley_Seguridad_Nacion.pdfhttp://www.infociudadano.com/wp-content/uploads/2010/11/Presentaciones-ante-la-CIDH-en-la-Audiencia-del-29-de-Octubre-de-2010.pdfhttp://www.infociudadano.com/wp-content/uploads/2010/11/Presentaciones-ante-la-CIDH-en-la-Audiencia-del-29-de-Octubre-de-2010.pdfhttp://www.infociudadano.com/wp-content/uploads/2010/11/Presentaciones-ante-la-CIDH-en-la-Audiencia-del-29-de-Octubre-de-2010.pdfhttp://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://bit.ly/JgeWCahttp://bit.ly/JgeWCahttp://amnistia.me/profiles/blogs/ciberactivismo-contra-la-salida-de-venezuela-de-la-cidhhttp://amnistia.me/profiles/blogs/ciberactivismo-contra-la-salida-de-venezuela-de-la-cidhhttp://amnistia.me/profiles/blogs/ciberactivismo-contra-la-salida-de-venezuela-de-la-cidhhttp://amnistia.me/profiles/blogs/ciberactivismo-contra-la-salida-de-venezuela-de-la-cidhhttp://bit.ly/JgeWCahttp://bit.ly/JgeWCahttp://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://www.infociudadano.com/wp-content/uploads/2010/11/Presentaciones-ante-la-CIDH-en-la-Audiencia-del-29-de-Octubre-de-2010.pdfhttp://www.infociudadano.com/wp-content/uploads/2010/11/Presentaciones-ante-la-CIDH-en-la-Audiencia-del-29-de-Octubre-de-2010.pdfhttp://www.ceedcds.org.ar/Srd-LibBL/VEN/Ley_Seguridad_Nacion.pdfhttp://www.ceedcds.org.ar/Srd-LibBL/VEN/Ley_Seguridad_Nacion.pdfhttp://www.ipys.org.ve/media/16309/ley_de_reforma_parcial_del_c_digo_penal_2005.pdfhttp://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://acnudh.org/2012/05/derechos-humanos-de-la-onu-expresa-preocupacion-por-el-posible-retiro-de-venezuela-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/http://www.derechos.org.ve/2012/09/27/ong-y-activistas-de-dd-hh-introducen-ante-el-tsj-accion-de-nulidad-contra-la-denuncia-del-estado-venezolano-a-la-convencion-americana/http://www.derechos.org.ve/2012/09/27/ong-y-activistas-de-dd-hh-introducen-ante-el-tsj-accion-de-nulidad-contra-la-denuncia-del-estado-venezolano-a-la-convencion-americana/http://bit.ly/17JDIbDhttp://bit.ly/17JDIbDhttp://www.youtube.com/watch?v=EMw7QWs9P2M

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objetivo era garantizar el acceso a los alimentos y combatir

el desabastecimiento de productos bsicos: La Ley para la

Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios

y la Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamien-

to, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo

de alimentos o productos sometidos al control de precios. El

delito? Que la marcha o cierre de calle impidi la distribucin de

alimentos calicados como de primera necesidad.

Nuevas amenazas se suman a estas leyes que han veni-do obstaculizando el derecho a la protesta en Venezuela. La

Reforma de la Ley Orgnica de la Fuerza Armada Nacional

Bolivariana, del ao 2009, crea en su artculo 50 la gura de

los llamados cuerpos de combatientes, unidades militariza-

das en las empresas pblicas y privadas cuyo objetivo podra

ser impedir la paralizacin de la produccin, lo que a juicio de

Provea impedira el derecho a huelga usando los combatientes

como esquiroles o grupos de choque. Esta militarizacin de las

condiciones laborales parece raticarse con el anuncio realiza-

do el pasado 23.05.13 por parte del presidente Nicols Maduro

para la creacin de las llamadas milicias obreras: La clase

obrera ser cada vez ms respetada. Ser an ms respetada si

las milicias obreras tienen 300 mil, 500 mil, uno o dos millones

de obreros y obreras uniformados, armados preparados para la

defensa de la Patria.

En mayo del 2012 la Asamblea Nacional aprob la Ley

Orgnica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento

al Terrorismo, una ley que Provea denunci como potencial

violadora de los derechos humanos debido a su ambigua deni-

cin de acto terrorista y delincuencia organizada. La Fiscal

General de la Repblica, Luisa Ortega Daz, solicit el pasado

16.04.13 que dicha ley fuera aplicada contra las personas priva-

das de su libertad, incluyendo a adolescentes, en el contexto de

manifestaciones por los resultados de las elecciones nacionales

del 14 de abril. El caso ms emblemtico de la aplicacin de la

ley antiterrorista ha sido el de Yendrick Snchez, un joven queinterrumpi el acto de toma de posesin del presidente Maduro

el pasado 15.04.13. Sin embargo, sus motivaciones no eran pol-

ticas sino exhibicionistas, pues haba interrumpido otros eventos

deportivos, culturales y polticos en el pasado.

Se puede constatar que progresivamente se fue tejiendo un

marco jurdico restrictivo a la protesta social. Sin embargo y

pese a los juicios penales que incluyen el uso de la justicia mi-

litar, la protesta social en el pas no se ha detenido. Segn cifras

del Observatorio Venezolano de Conictividad Social durante el

ao 2012 se realizaron 15 protestas diarias en todo el pas, para

un total de 5.483 protestas, la cifra ms alta de todo el perodo

gubernamental del ex presidente Hugo Chvez. Parece que las

protestas seguirn en aumento en el pas, para lo cual se necesita

una poltica democrtica de mantenimiento del orden pblico,

con la capacidad de mantener canales de dilogo con los mani-

festantes para una satisfaccin de sus demandas.

Programa Venezolano de Educacin Accin en Derechos HumanosTienda Honda a Puente Trinidad, Bulevar Panten, Parroquia Altagracia,Edif. Centro Plaza Las Mercedes, P.B. Local 6, Caracas, VenezuelaApartado Postal 5156, Carmelitas 1010-ATelfonos: (58) 212-860.66.69 / 862.53.33 / 862.10.11Sitio web: http://www.derechos.org.veTwitter:@_proveaE-mail: investigacin@derechos.org.ve

Ya disponible en nuestro sitio web www.derechos.org.ve el Informe Anual 2012 sobre la situacin de losDerechos Humanos en Venezuela, realizado por Provea

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