CONFLICTO ARMADO, JUSTICIA Y PAZ: UNA MIRADA DESDE EL OBSERVATORIO

DEL TERRITORIO

Ex comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, durante el proceso de desmovilización de un bloque perteneciente a las AUC. news.bbc.co.uk

Joyny Raquel Torres, Antropóloga Msc. en Desarrollo Rural

Luz Myriam Tobón, Enfermera Especialista en Epidemiologia

Jorge Hernando Guevara, Economista

EJE DERECHOS HUMANOS Y UNA VIDA DIGNA Observatorio del Territorio

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y ACTORES INVOLUCRADOS

entro de un contexto histórico, el fenómeno del conflicto armado en Colombia ha estado presente, inclusive, D

No

. 1

3 /

20

11

CRISTÓBAL LUGO LÓPEZ

Coordinador Científico

MARTHA CECILIA POVEDA ACERO

Directora Administrativa

ANGÉLICA MARTÍNEZ GARZÓN

Asistente Administrativa

PROFESORES INVESTIGADORES

Alcira Carrillo Guevara

Elsa Edilma Páez Castro

Jorge Edison García Álvarez

José Gabriel Rosas Cortes

Joyny Raquel Torres Gutiérrez

Juan Carlos Leal Céspedes

Luz Mery Barrera Rojas

Luz Myriam Tobón Borrero

Martha Lucía Vargas Bacci

María Yolanda Flórez Jiménez

PROFESIONALES INVESTIGADORES

César Alfonso Huertas Chaparro

Fabián Wbeymar Rey Hernández

Johanna Patricia Rodríguez Téllez

Jorge Hernando Guevara Silva

Sandra Patricia Jiménez Ballesteros

PASANTE INVESTIGADORA

Edith Navas Carvajal

Estudiantes principiantes en Investigación

SISTEMAS

Ing. Roger Calderón Moreno

Edwin Alexander Rojas Ramírez

COMUNICACIONES

Paola Montoya Posada

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la

Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad

exclusiva del Observatorio del Territorio y en ningún caso debe

considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

desde la época de la independencia, pasando por las guerras civiles próximas al siglo XIX e inicios del XX. Pero es a partir de la década de los 50 donde se manifiesta una perpetua acción bélica, originaria de la violencia política o bipartidista; es allí donde primeramente se conforman estructuras armadas, denominadas guerrillas populares, las cuales eran alentadas por presuntos “ideales” con pretensiones hacia el beneficio común, la garantía y el respeto de los derechos del pueblo, ello en respuesta al no auspicio de meritos sociales por parte del Estado y su exigua aplicación en programas de gobierno; como también por factores políticos descritos por Gilhodés (1985) como la crisis del minifundio o concentración de la tierra (lucha agraria).

“Luego de la firma del Frente Nacional (1956), llevado a cabo para apaciguar los efectos de la violencia bipartidista, algunos reductos de la guerrilla y de autodefensas campesinas aparecieron en diferentes zonas del país (Marquetalia; Tolima, región del Ariari; Llanos Orientales, Sumapaz; centro del país), (6) dichos grupos de resistencia se reorganizan bajo el nombre del Bloque Sur, con el apoyo del partido Comunista, tomando un año más tarde el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC”

1

Al paso del tiempo, el fenómeno guerrillero se extiende a entornos idealistas, estudiantiles y universitarios, enfatizando en la lucha social y con objetivos propios del pensamiento marxista, como la instauración del pueblo en el poder.

“Hacia 1962, nace un grupo guerrillero inicialmente conformado por 16 jóvenes con ideales propios de la revolución cubana advirtiendo la obtención del poder por las clases populares, la derrota de la oligarquía nacional, de las fuerzas armadas que las sostienen y de los intereses económicos, políticos y militares del

1 SANCHEZ, Fabio, DIAZ Ana y FORMISANO, Michel (2003).

Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis

espacial, Documento CEDE 2003-05 ISSN1657-7191 (Edición

electrónica), Universidad de los Andes, Marzo de 2003.

imperialismo norteamericano, presentándose como Ejercito de Liberación Nacional ELN”

2.

Por otra parte, y en épocas menos distantes, la organización armada de grupos campesinos de seguridad (grupos de autodefensa), fue otro de los actores confluyentes en esta dinámica del conflicto colombiano; dichas organizaciones, surgieron en la necesidad de grandes terratenientes de salvaguardar sus tierras y fronteras agrarias de una creciente inseguridad, toda vez que, la falta de presencia del Estado había derivado en un aumento de la delincuencia común y del repliegue de la guerrilla en grandes extensiones rurales.

“Los grupos paramilitares surgen en la década de los 80 bajo el gobierno de Belisario Betancur, favorecidos por propietarios de tierras con un ejército no superior a los 1000 hombres. Rápidamente pasaron a atribuirse funciones propias del Estado, en batallas en contra de la guerrilla a la vez que asesinaban a líderes de izquierda y a los denominados “amigos de la guerrilla”

3 Es así, como se abona el terreno para una incesante situación de violencia; ello aunado a la creciente problemática socioeconómica del país. En nuestros días, la degradación idealista de estos grupos armados ilegales es evidente, principalmente por su vinculo con el narcotráfico como principal fuente de financiación, como también por eventuales acciones terroristas contra la población civil, a manera de mecanismo de represalia a acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional o de lucha por el dominio territorial con otras organizaciones criminales.

2 MEDINA, Carlos (2001). Elementos para una Historia de las Ideas

Políticas del Ejército de Liberación Nacional: La Historia de los

Primeros Tiempos (1958- 1978), Bogotá, Rodríguez Quito Editores.

3 CUBIDES, Fernando, OLAYA, Ana Cecilia y ORTIZ, Miguel

(1998), La Violencia y el Municipio Colombiano 1980-1997, Bogotá,

Universidad Nacional de Colombia.

ACERCAMIENTOS DEL GOBIERNO CON GRUPOS ARMADOS ILEGALES EN LA BUSQUEDA DE LA PAZ Diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC

mediados de los años 70, se vislumbran luces de esperanza en cuanto a la consecución de la paz en Colombia; en el

gobierno de Julio Cesar Turbay, se inicia el proceso de cese al fuego con la aprobación de la Ley 35 de 1982 “Ley General de Amnistía” donde se reducían las acciones en contra de grupos armados de tendencia izquierdista y demás. Aunque en la posterior administración se logran algunos acuerdos, este proceso se detiene por diferencias ideológicas, poco después en 1997, previa actividad electoral hacia la Presidencia de la República, Andrés Pastrana Arango como candidato, abre nuevamente las posibilidades de iniciar el proceso de paz con la guerrilla de las FARC4. Manuel Marulanda alias “Tirofijo” y Andrés Pastrana en negociaciones por la zona de distención. news.bbc.co.uk

4 OBSERVATORIO DE CONFLICTOS Y DERECHOS

HUMANOS. Proceso de paz en Colombia. Proceso de paz entre el

gobierno y las FARC. (En línea). Disponible en:

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/colombia/marco.htm?p

agina=./documentos/proceso.htm&marco=frame1.htm

Ya siendo Pastrana elegido Presidente de la República, en Agosto de 1998 ordena la creación de la llamada “Zona de Distensión” o “Zona de Despeje”, que consistía en la desmilitarización de los municipios de La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa pertenecientes al departamento del Meta, y de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz por medio de diálogos y acercamientos entre el gobierno nacional y este grupo armado. Ubicación geográfica de la zona de despeje en Colombia. news.bbc.co.uk Luego del cumplimiento de una serie de acuerdos y condiciones para el inicio de los diálogos, se instala hacia 1999 en el municipio de San Vicente del Caguan, lo que podría ser la mesa de negociación para la consecución de la paz; pero dicho acuerdo se desestabiliza luego de la no asistencia al encuentro del jefe de esta agrupación armada, Manuel Marulanda Vélez, en el polémico episodio de la “silla vacía”; situación generada por el no interés del grupo guerrillero de consolidar la paz. En el transcurso del tiempo, en el cual se intentó la reanudación de los diálogos de paz, y continuas prórrogas de la zona de distención; las FARC se fortalecieron y aumentaron su actividad criminal contra la población civil (secuestros de

A

campesinos, miembros de las fuerzas armadas y de reconocidos dirigentes políticos, masacres, tomas a pequeñas poblaciones, acciones terroristas, entre otras); este comportamiento delictivo, generó en ultimas el desfallecimiento de la voluntad de diálogo del gobierno, el cual se evidenció con un hecho específico, que fue el secuestro de un avión donde termina retenido el senador Jorge Eduardo Gechem en el año 20005. A partir de ese entonces, se cancelan los diálogos entre el gobierno y las FARC, se ordena la captura de los miembros de la agrupación armada, la anulación de la zona de despeje y la retoma del territorio por parte de las fuerzas militares. Diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN De izquierda a derecha: Francisco Galán y Pablo Beltrán, líderes del ELN presentes en los diálogos de paz. elespectador.com

El ELN desde la administración del presidente Ernesto Samper, ejecutó de forma masiva una serie de acciones bélicas y de secuestro extorsivo, con el objetivo de presionar al gobierno nacional a que desmilitarizara la zona sur del departamento de Bolívar (área de influencia) y generar así un

5CARACOL RADIO. “Así fue el secuestro de Jorge Eduardo

Gechem Turbay”. Disponible en:

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=555293

intercambio humanitario: guerrilleros presos – secuestrados políticos. Los acercamientos del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, inician en el mandado de Andrés Pastrana en 1998, aunque sin ningún acuerdo resultante; a finales de este año, se reanudan los diálogos en Ginebra Suiza, con representantes de la sociedad civil, de la administración nacional y del grupo armado, donde se acordaron programas de negociación entre los cuales estaba un posible encuentro entre Andrés Pastrana y Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”. Las reuniones se extendieron, inclusive a Caracas-Venezuela, donde se prosiguió con la discusión por la consecución de la paz. Es así como este grupo armado logra junto con el gobierno nacional, llegar al preacuerdo de desmilitarización del sur de Bolívar (municipios de San Pablo y Cantagallo), y así disponer de un espacio propicio para el inicio de los diálogos en esta zona. No obstante, el plan de despeje no logra llevarse a cabo, por la oposición de los pobladores y dirigentes políticos debido al temor de que el ELN recrudeciera la violencia en la zona; igualmente grupos paramilitares obligaban a la población a oponerse a este plan, puesto que tenían ciertas intenciones de tener el control territorial y así debilitar al ELN. En el año 2001 el ELN toma represalias, secuestrando a un grupo de trabajadores de la petrolera Occidental Petroleum Corporation6, justificando el hecho por el incumplimiento del gobierno de ordenar la desmilitarización de esta zona y por conflictos suscitados entre comunidades indígenas y esta multinacional petrolera por el dominio del territorio. De esta forma, tras la retoma de infructuosas negociaciones en escenarios como la cumbre por la paz en cuba, el ELN afirma no 6 BBC MUNDO. “Cronología del proceso de paz en Colombia”. (en

línea). Disponible en:

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1752000/175

2115.stm

querer establecer ningún acuerdo con el gobierno, debido al incumplimiento del mismo a peticiones como la observación de violaciones contra comunidades del catatumbo por parte de fuerzas paramilitares. Finalmente, el 3 de Julio de 2002, el gobierno de Pastrana motivado por la falta de voluntad del ELN y demás causas, decide romper relaciones unilateralmente, aunque dejándose abierta por ambos actores la posibilidad de seguir trabajando por una salida política al conflicto. Acuerdo de desmovilización de grupos paramilitares Luego de un desgastante y fallido proceso de dialogo con grupos alzados en armas en varios periodos de la administración nacional, hacia el año 2003 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, surge un evidente cambio en la línea conservada en política de paz, puesto que allí nacería un acuerdo de negociación con los paramilitares. Previamente, Uribe Vélez en su campaña electoral y en el marco de la propuesta de “Seguridad Democrática”, planteó la posibilidad de incluir por primera vez a las autodefensas en un proceso de paz. Como consecuencia, hacia el año 2003 después de la instauración en el poder de Uribe, inicia este proceso de negociación, donde las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, se someten a la justica, a desmovilización, al desarme y a la reinserción de sus combatientes. De esta forma, en la vereda Santa Fe de Ralito, del municipio de Tierralta, Córdoba, es donde se inician las conversaciones para el acuerdo de paz. No obstante, al proceso se le infieren serios cuestionamientos desde diferentes sectores políticos y de la opinión pública del país, como las denuncias hechas por los entonces senadores Rafael Pardo y Antonio Navarro Wolf, en audiencias adelantadas en el Congreso de la República, donde se le atribuyeron 600 casos de violaciones del cese al fuego por parte de este

grupo armado7, además la denuncia hecha por la revista semana, donde se registra el asesinato de la directora del parque Tairona a manos de los paramilitares8. Igualmente se cuestionó el marco de los beneficios jurídicos a miembros de las autodefensas establecidos en la ley 782 de 2002 y en el Decreto 128 de 2003, y de acuerdos de indulto a jefes paramilitares de lo cual grandes narcotraficantes dirigentes de frentes autodefensas se acogieron buscando el beneficio del no castigo; hecho que el gobierno de los Estados Unidos reprochó al gobierno nacional, pidiendo en extradición a estos “capos paramilitares”. El ex Fiscal General Mario Iguaran, iniciando la versión libre del líder paramilitar Salvatore Mancuso, quien se acogió a la Ley de Justicia y Paz. lasillavacia.com El gobierno nacional tomo medidas al respecto aunque sin cancelar el proceso de paz; decide entonces iniciar la verificación del pacto y seguimientos a los compromisos establecidos con las AUC, en lo cual firma un acuerdo con la 7 GAMBOA, Oscar (2006). El proceso de desmovilización de los

paramilitares: una tensión entre la criminalidad y las políticas de

seguridad ciudadana. Tesis de Maestría en defensa y seguridad

hemisférica. Centro Interamericano de Defensa. Washington D.C,

EE.UU.

8 REVISTA SEMANA. “¿Cual cese del fuego”, Bogotá. Edición No.

1137, del 16 al 23de febrero de 2004. p20

Organización de los Estados Americanos OEA, donde se establece la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA, que sirve como veedor del cumplimiento de los acuerdos con este grupo armado. Luego de una serie de discusiones alrededor del proceso, y pocos días después de que Salvatore Mancuso encabezara las AUC tras la desaparición de Carlos Castaño, se firma el acuerdo “Ralito II”, donde se establece la zona de ubicación y el cronograma de concentración y desmovilización de los miembros de este grupo armado, teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de lo pactado por parte de la MAPP-OEA. El Presidente de la República, junto con el Congreso, actuaron para darle una justificación al vacío jurídico que llevaba consigo este confuso y cuestionado proceso de paz con los paramilitares, por medio de la estructuración de lo que se llamaría la “Ley de Justicia y Paz” en el marco de la verdad, la justicia y reparación a víctimas; en este sentido se llego al precepto de no dársele un tratamiento diferente a este grupo del que podría otorgársele a otro como la guerrilla. LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

in duda, la desmovilización y ajusticiamiento de miembros de grupos armados y la reparación de las víctimas resultantes de

sus acciones, se hace indispensable dentro de un marco de reconstrucción y reconciliación social. En este contexto, surge la Ley 975 de 20059 “Ley de Justicia y Paz”, a partir del proceso de diálogo Gobierno – autodefensas; figura jurídica que se establece como el marco legal para juzgar delitos atroces, como secuestro, genocidio, desaparición

9 SECRETARIA DEL SENADO. Ley 975 de 2005 “Por la cual se

dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos

armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras

disposiciones para acuerdos humanitarios”. (en línea). Disponible en:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_09

75_2005.html

forzada o tortura, cometidos por guerrilleros y paramilitares que quieran dejar las armas y reinsertarse a la vida civil, e igualmente aspira a que sus víctimas puedan ver garantizados sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Entrega a familiares de los restos óseos de víctimas de grupos al margen de la ley, por parte de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el 16 de julio de 2010 en Villavicencio. radiosantafe.com

El propósito de esta iniciativa, es contribuir al proceso de paz y avanzar en la recuperación del país, en restablecer la convivencia entre las personas, y garantizar que la violencia no quede en un segundo plano. De esta forma dar otras prioridades que valoren al ser humano iniciando por el cumplimiento de sus derechos fundamentales, en los diferentes escenarios tanto políticos como económicos, sociales y educativos, en los cuales cada cultura, cada persona está inmersa.

S

Este acto administrativo, se crea para darle complemento jurídico a la Ley 782 de 200210, en el evento por el cual, el accionar delictivo de miembros de grupos armados no llegue a quedar cubierto por la misma11. Por otra parte, la herramienta legislativa de Justicia y Paz, busca darle relevancia a la investigación de los hechos criminales, la sanción penal, el otorgamiento de beneficios judiciales a los desmovilizados con penas alternativas menores de 8 años. Para que los victimarios, puedan acceder a los beneficios que la ley trae consigo, se constituyen una serie de requisitos; para las desmovilizaciones colectivas, se estable: la entrega al Estado de los bienes resultantes de la actividad delictiva, no interrumpir el ejercicio de los derechos políticos, no continuar en la práctica de actividades al margen de la ley y de aquellas relacionadas con el narcotráfico, entregar los menores reclutados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y la liberación de personas secuestradas. Para desmovilizaciones individuales, como requisitos están: la entrega de información que facilite a las autoridades competentes, el desmantelamiento del grupo al cual hacía parte el desmovilizado, la firma de acuerdos de compromiso con el Gobierno Nacional y entrega de bienes que hayan sido producto de su actividad ilegal. Seguidamente, los victimarios estarán obligados a rendir versiones libres, ante la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y Paz, en la cual darán especificaciones de los crímenes ejecutados respecto al tiempo, lugar de los hechos, modo y 10 Ibíd. 9. Ley 782 de 2002 “Por medio de la cual se prorroga la

vigencia de la Ley 418 de 1997, para facilitar el diálogo y la

suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen

de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los

colombianos y la convivencia pacífica” (en línea). Disponible en:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_07

82_2002.html#1

11 Es decir que aplica cuando no sea posible conceder el indulto, la

cesación de procedimiento, la resolución de preclusión de la

instrucción o la resolución inhibitoria, por estar éstos vinculados en

investigaciones o procesos relacionados con actos atroces contra la

población civil.

circunstancias; de la misma manera que otorgarán información que permita la localización de restos fúnebres de víctimas y personas secuestradas. Por otra parte, para acceder a la pena alternativa, los victimarios se deberán comprometer a su incorporación a la sociedad, con actividades laborales y educativas y además promoverán acciones que coadyuven a la desmovilización de los demás miembros del grupo armado al cual hizo parte. En cuanto a la reparación de las víctimas, los bienes que durante el sometimiento de la Ley de Justicia y Paz entreguen desmovilizados, servirán para las indemnizaciones, además los victimarios deberán reconocer públicamente los hechos cometidos, declararse arrepentidos y acudir a la solicitud del perdón por daños perpetrados a las personas afectadas. El 22 de Abril de 2008, el Gobierno Nacional, expide el Decreto 129012, con el propósito de agilizar el proceso de reparación a las víctimas; el punto que mayor importancia se le otorga al Decreto es la “indemnización solidaria”, donde se conceden montos de dinero que van desde los 27 salarios mínimos hasta los 4013, los cuales deberán ser entregados en períodos anuales, dentro de los 10 años siguientes a su fecha de aprobación. Igualmente menciona la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición como medidas de reparación de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes organismos del Estado, pero no especifica de qué manera se harán efectivas; estas se refieren a restituir los bienes

12 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ACNUR. Decreto 1290 de 2008. Por el cual se crea el programa de

reparación individual por vía administrativa para las víctimas de

grupos armados al margen de la ley. (en línea). Disponible en:

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pd

f/6261

13 La reparación económica, se hace según sea el daño; se tiene

derecho a recibir hasta 27 SMMLV por daños ocasionados en los

bienes o por heridas físicas leves en algún miembro de la familia, y

hasta 40 SMMLV en caso de muerte o heridas que causaron

incapacidad permanente.

robados, particularmente las tierras; a rehabilitar a quienes han sufrido daños físicos y sicológicos; a conseguir la satisfacción de las víctimas con las compensaciones y excusas recibidas; y la garantía que debe hacerles la sociedad de que nunca más volverán a ser victimizadas. Críticas al proceso Víctimas del conflicto armado en Colombia, en medio de una manifestación pacífica. cambio.com.co

Durante la construcción de la Ley de Justicia y Paz, diferentes sectores sociales, organizaciones observadoras de Derechos Humanos de orden nacional e internacional, y víctimas de los grupos armados ilegales, criticaron fuertemente esta iniciativa considerando la generosidad por parte del Gobierno hacia los victimarios; en el año 2003, se rechaza rotundamente el proyecto de alternatividad penal, al excluirse de forma abierta los derechos de las víctimas y favorecer de manera desmedida a los desmovilizados, de forma tal que se ofrecían penas de tan solo 5 a 8 años por delitos graves. Asimismo, surgen descontentos con el corto tiempo que se adjudica a las investigaciones que generan material probatorio, como también al uso de las versiones libres sobre actividades criminales por parte de los victimarios, en vez de confesiones totales, lo cual impediría dar una visión clara de la realidad, obstruyendo la aplicación de forma precisa de esta ley entre las partes.

De la misma manera, el cuestionamiento se da hacia el proceso de reparación a víctimas y lo estipulado en el Decreto 1290 de 2008, que busca agilizar el proceso y otorgar dinero a manera de indemnización. Expertos opinan que este acto administrativo presenta vacíos graves, considerando que la medida reduce la reparación a las víctimas a entregarles algo de dinero, y en cambio no es preciso ni pone condiciones concretas a todas las demás formas de reparación que pueden incluso llegar a ser mucho más importantes para que las víctimas se sientan realmente resarcidas y se reconcilien con la sociedad. Por ejemplo, no impone mecanismos ni plazos para una rápida devolución de las tierras robadas. Tampoco incluye otras formas de resarcimiento como conocer la verdad de lo sucedido, acceso preferencial a los servicios del Estado, etc.

Además para recibir el dinero oficial, las víctimas tienen que someterse a un engorroso proceso de verificación de su condición, donde los montos que reciban están tipificados en una escala de violación a los derechos fundamentales como el homicidio, desaparición, lesiones personales y psicológicas, desplazamiento forzado, entre otras. También ha sido motivo de cuestionamientos el hecho de que la norma no incluya a las víctimas de violaciones de miembros del Estado.

En la actualidad y luego de un largo proceso de cuatro años, se han logrado identificar cerca de 52.000 crímenes, 300.000 víctimas y 4.511 autores14, tan solo se han conseguido tres codenas15 (una de ellas derogada), aunado al gran número de presos que prontamente saldrán de las

14 BBC MUNDO. Colombia: sólo tres condenas por 52.000 crímenes

de lesa humanidad. (En Línea). Disponible en:

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110218_colombia_con

denas_crimenes_en.shtml

15

Estas dos condenas tras cuatro años de la implementación de la Ley

de Justicia y Paz, fueron aplicada a los jefes paramilitares “Juancho

Dique” y “Diego Vecino”

cárceles sin estar sentenciados. Situación que deriva de la lentitud e incapacidad del sistema judicial de procesar la información recibida de los victimarios, lo cual responde a la falta de recursos de la Justicia colombiana, frente a hechos de violencia y criminalidad que aún persisten. La Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, en medio de los cuestionamientos que han surgido últimamente, califica esta Ley como “lenta y repetitiva”, y propuso durante el Coloquio de Justicia y Paz, patrocinado por el proyecto ProFis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, la MAPP-OEA, la Fiscalía General y el diario el Espectador16, implementar mecanismos para sacar del colapso al sistema, promoviendo que los paramilitares que están en el proceso de Justicia y Paz no respondan ante la Justicia ordinaria por los mismos delitos, y así evitar duplicidad en las investigaciones y cargas innecesarias a la Justicia. Igualmente pidió que se priorice en los hechos más graves entre los cuales se encuentran los delitos sexuales, y se centre la atención en los miembros de grupos armados ilegales que mayor número de crímenes han cometido, ello sin renunciar a la investigación de los demás hechos.

Y como el punto más importante y radical, está el suprimir audiencias de los desmovilizados para permitir agilizar la llegada del proceso a la sentencia. De esta manera la fiscal dio pautas para solventar las falencias de la justicia transicional en el país y encontrar formas de mejorarla.

“Desde la perspectiva de la Fiscalía consideramos un reto lograr un mayor número de sentencias en Justicia y Paz. Hemos conseguido avances importantes en los casi cinco años, pero

16 El ESPECTADOR. Justicia y paz, un camino difícil, Opiniones de

expertos. (En Línea). Disponible en:

http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-251679-

justicia-y-paz-un-camino-dificil

tenemos talanqueras como el recurso humano para aclarar la inmensa cantidad de delitos”

17.

Estadísticas del proceso de Justicia y Paz en Colombia a 201018 La reparación a víctimas de la violencia a nivel nacional, muestra que desde el inicio del proceso establecido en la Ley 975 de 2005 hasta el año 2010, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz UNJP, ha registrado, cerca de 300.000 víctimas, se han iniciado un total de 1.968 versiones libres, de las cuales 1.231 han terminado formalmente y tan solo 5 finalizan con confesión total de hechos. Dentro de las versiones libres realizadas, 27.147 víctimas han participado de las mismas. Con respecto a lo enunciado y confesado, 17.000 hechos habían sido relatados en versiones libres; a partir de los cuales se han podido exhumar 2.388 fosas, encontrando 2.439 cadáveres, y se han entregado 796 cuerpos. Así mismo, las confesiones dentro de Justicia y Paz han permitido el inicio de investigaciones (compulsa de copias) a 209 políticos, 140 miembros de las fuerzas armadas y 40 servidores públicos, entre otros. Una mirada de la reparación a víctimas en los municipios objeto de estudio del Observatorio del Territorio El departamento del Meta, a lo largo del tiempo ha sido uno de los territorios del país mayormente afectados por la problemática del conflicto armado; la presencia histórica en esta zona de grupos como las FARC, el ELN, las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada ACMV, el bloque centauros de las autodefensas, el Ejercito Popular Anticomunista de Colombia ERPAC entre otros, han afectado los

17 La ratificación de Morales sobre la lentitud de sentencia a los

miembros de grupos armados ilegales dentro del proceso de Justicia y

Paz.

18

Ensayo Ley de Justicia y Paz, Diego Díaz Navarro. Disponible en:

http://revistasemana.com

procesos de desarrollo de las poblaciones de su influencia. Según datos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Sistema de Información de Población Desplazada SIPOD, entre 1997 y 2010 se contabilizan más de 120.000 hechos de desplazamiento forzado por expulsión en todo el departamento, sin contar con los miles de casos registrados por homicidios, masacres, secuestros y desapariciones forzadas. En estos eventos de vulneración a los Derechos Humanos de la población civil en el departamento, la justicia con todas sus limitaciones y falencias, ha logrado que parte de estas víctimas puedan acceder a la reparación, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1290 de 2008 en el marco de la ley de Justicia Paz.

En cuanto a los 18 municipios donde tiene influencia el Laboratorio de Paz III componente geográfico Meta, y que a su vez son objeto de

estudio del Observatorio del Territorio, entre 2007 y 2010, se han logrado reparar por vía administrativa a 817 familias con un monto de 9.673 millones de pesos, de las cuales el 21% corresponden al municipio de Villavicencio, por ser esta la entidad territorial donde se concentra el mayor número de personas desplazadas en el Departamento, y además por la frecuente violencia que se presenta en relación con las milicias urbanas de la guerrilla y paramilitares, quienes habitan allí de manera informal y ejecutan actos terroristas hacia la población civil. De ahí que este sea el municipio de mayores solicitudes de reparación del área observada. Igualmente se destaca la participación que tienen en estos consolidados de indemnización a víctimas los municipios de Vistahermosa y Puerto Rico, los cuales en conjunto participan con más del 25% en el total de grupos familiares reparados por vía administrativa, lo que se adjudica a la histórica presencia de grupos armados ilegales en esta zona. El monto de las reparaciones, según lo descrito en el Decreto 1290 de 2008, se dio para estos municipios desde 27 hasta 40 salarios mínimos, siendo en este último rango de recursos (40 smmlv), donde se repara más del 70% de las familias; esta situación se entiende por la fuerte situación de violencia vivida en gran parte de la zona, donde atentados a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, han dejado lesiones permanentes y de incapacidad total a algún miembro de un grupo familiar, como reflejo de los daños hacia la integridad física.

Familias reparadas por vía administrativa en los 18 municipios de estudio del OT, periodo 2007- 2010

Municipio Familias reparadas

Monto de la Reparación

(Millones de pesos)

Cabuyaro 2 29,7 Cubarral 12 136,2 El Calvario 0 0 El Castillo 25 319 El Dorado 6 79,4 Fuente de Oro 23 338,2 Granada 83 1.217,8 Guamal 15 240,3 Villavicencio 178 1.014,8 Mesetas 67 978,8 Lejanías 26 378 Puerto Gaitán 14 219,2 Puerto Lleras 46 652,9 Puerto Rico 71 913,4 San Juan de Arama 72 951,4 San Juanito 3 160,5 San Martín 36 534,8 Vistahermosa 138 1.509,3

TOTAL 817 9.673 Fuente: Acción Social

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