BOLETIN Nº 670

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 20 al26 de Abril 2013

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INDICE

01.RAJOY INSISTE EN NUEVOS RECORTES DEL GASTO

02. RAJOY APUNTA A RECORTES MÁS SUAVES

03. RAJOY INTENTA COMBATIR AL 'PLASMA' CON UN RECUENTO DE PREGUNTAS CONTESTADAS A LA PRENSA 04. MÁS DE SEIS MILLONES DE PARADOS 05. A LA MINISTRA DE LOS 6 MILLONES DE PARADOS SÓLO LE HA DADO TRABAJO EL PP

06. NUEVA FÓRMULA PARA REVISAR LAS PENSIONES

07. GALLARDÓN INVOCA EL “MANDATO DE LOS CIUDADANOS” PARA CAMBIAR EL ABORTO 08. EL CONSEJO DE ESTADO PIDE A WERT QUE MANTENGA LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA

09. LA ESCUELA PÚBLICA SE ENCIERRA CONTRA LOS RECORTES Y LA „LEY WERT‟ 10. LA MADRE DE SÁENZ DE SANTAMARÍA Y SU MARIDO DECLARAN ANTE EL JUEZ

11. UN JUEZ ARCHIVA UNA DENUNCIA POR ESCRACHE POR CONSIDERAR QUE ESTÁN "LEGITIMADOS" PARA MANIFESTARSE 12. TVE VETA LA PRESENCIA DE POLÍTICOS EN PROGRAMAS CULTURALES

13. ECHENIQUE NIEGA LA EXISTENCIA DE “LISTAS NEGRAS” EN TVE

14. ¿CASO DE NEPOTISMO EN RTVE?

15.C.A GALICIA. FEIJÓO CULPA A LA OPOSICIÓN DE QUE NO MUESTRE LOS CONTRATOS CON DORADO 16.C.A MADRID. ADMITIDA UNA QUERELLA CONTRA EL DIRECTOR DE TELEMADRID POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS 17. C.A MADRID. CIFUENTES DA LECCIONES DE LEGALIDAD AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

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18. C.A MADRID. LA POLICÍA NACIONAL CONTROLÓ EL ACCESO AL MADRID ARENA PARA EVITAR INCIDENTES 19.C. VALENCIANA. EL JUEZ DE GÜRTEL IMPUTA AL ALCALDE DE CASTELLÓN POR CONTRATAR A EL BIGOTES

20. C. VALENCIANA TURISMO VALENCIA TRABAJÓ PARA NÓOS MESES ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO 21. C. VALENCIANA UN NUEVO TESTIGO DECLARA QUE LLEVÓ MÁS DINERO DE EMARSA AL PP DE VALENCIA

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01.RAJOY INSISTE EN NUEVOS RECORTES DEL GASTO El presidente y Guindos aseguran que ya hay datos económicos positivos Más recortes de gasto para cumplir con la obsesión del déficit. Ni un momento de relax pese al oxígeno que conceda Europa. Ni una muestra de rectificación en la política económica. Exhibición de optimismo sobre una pronta recuperación con apoyo en algunos datos positivos y, sobre todo, opacidad sobre las nuevas medidas y sobre las previsiones revisadas de las que el Gobierno sí informa en la prensa internacional. A esas líneas básicas, de las que no se salieron ayer varios miembros del Gobierno en la sesión de control del Congreso, Mariano Rajoy añadió en el pasillo que el cumplimiento de su política de austeridad se hará por la vía de recorte del gasto y no de los ingresos, al menos por ahora, “El viernes no hay subida de impuestos”, aclaró según abandonaba el hemiciclo, tras responder a las preguntas de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) y Joan Baldoví (Compromís-Equo). Ni el presidente del Gobierno, ni la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ni los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro quisieron explicar en la Cámara las nuevas previsiones del Gobierno para este año ni las medidas que el Consejo de Ministros aprobará el viernes. La número dos del Ejecutivo no pasó de una referencia genérica a “una fiscalidad más adecuada para los emprendedores, la eliminación de barreras administrativas a través de una reforma profunda de todas las Administraciones y un nuevo marco económico para crecer; garantía de la unidad de mercado y liberalización de servicios, como las telecomunicaciones o la reforma energética”. Tampoco aclararon los portavoces la contradicción entre el 1,5 de caída de la economía en este año que Luis de Guindos preveía en la prensa norteamericana (tres veces lo presupuestado antes) y el mensaje positivo que el propio presidente y el titular de Economía quisieron lanzar ayer. En el Congreso no vale para el Gobierno lo que se explica en la prensa internacional. “Yo les pediría que se fijaran en los indicadores adelantados que muestran que la recuperación de la economía española va a estar en marcha mucho antes de lo que pensamos”, aseguró De Guindos. “El déficit exterior ha mejorado, las exportaciones han mejorado, la balanza de pagos ya está en superávit, la inversión extranjera ya está entrando en nuestro país, hoy los mercados se comportan mejor, ya nos estamos financiando a unos precios similares a los del año 2010, la prima de riesgo está bien”, concretó el presidente del Gobierno. Rajoy reafirmó su deseo de “mantener la política económica que hemos llevado a cabo durante los últimos meses, y hay que seguir reduciendo el déficit público”. El presidente tampoco informó de las gestiones para lograr flexibilidad de la UE en las exigencias de déficit, aunque se atribuyó el mérito por el resultado que se pueda lograr.

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El pasado de Rubalcaba Siempre que hay ocasión, Alfredo Pérez Rubalcaba aprovecha para pedirle al presidente del Gobierno en el Congreso que rectifique su política económica. Hace una semana habló de la economía española y los efectos de la política impuesta por la derecha europea, y ayer se refirió al oxígeno que nos dará Bruselas para cumplir el objetivo de déficit. Su tesis es que ese nuevo margen sea utilizado para cambiar los Presupuestos en vigor por planes de estímulo de la economía. También que no se pueden exigir más sacrificios a los españoles en forma de nuevos recortes y que las cifras de paro (incluidas las de la EPA prevista para hoy) seguirán siendo malas si no se produce la rectificación de la política de crecimiento. Y a esas peticiones, de forma invariable, le suele caer la respuesta de Mariano Rajoy en forma de reproche por el pasado, por lo que hizo el PSOE en el Gobierno. Quince meses después de llegar al Ejecutivo, el presidente le espetó: “No tiene usted ninguna autoridad para hablarme a mí de rectificaciones en materia de déficit público”. http://politica.elpais.com/politica/2013/04/24/actualidad/1366829014_022736.html 02. RAJOY APUNTA A RECORTES MÁS SUAVES

"No queremos subir el IVA o IRPF en 2013 pero dependemos de las previsiones", ha dicho Es cada día más difícil seguir la pista a las declaraciones del Gobierno sobre subidas de impuestos y recortes. En 2012 ya se produjo un baile de la yenka: un paso para adelante, otro para atrás. Unos ministros prometían que no subiría el IVA, otros lo dejaban en el aire. Finalmente, subió y se anunció en julio. Este año parecía más claro. Cristóbal Montoro descartó tajantemente hace solo 10 días que el Gobierno vaya a subir impuestos en 2013. Pero este martes, en un nuevo ejercicio de ese baile, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrió otra vez esa puerta: “No queremos subir tampoco los impuestos como el IVA o el IRPF este año pero en fin, dependemos también de las previsiones de crecimiento y de la senda del déficit público para los próximos años”. El Gobierno acaba de empeorar precisamente sus previsiones de crecimiento, lo que abre la puerta a esas nuevas subidas. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo apuntan que este viernes no está previsto presentar ni subidas de IVA ni de IRPF ni grandes aumentos de impuestos. Tampoco graves recortes. Pero ni siquiera eso está del todo claro. El Gobierno vive ahora en pleno proceso de negociación con Bruselas y en especial con la presión de Alemania. Necesita hacer un plan de reformas fuerte, explican fuentes del Ejecutivo, para que Bruselas le conceda la flexibilidad prevista en el déficit —del 4,5% pactado hasta el 6%—. Rajoy, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo eslovaco, Robert Fico, que coincidió con el español en la necesidad que los ajustes no frenen el

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crecimiento, apuntó a una especie de recortes suaves: “Nosotros el viernes no haremos recortes como los que hicimos el pasado año, es probable que en algunas partidas presupuestarias haya que hacerlos”. Rajoy no dio más detalles. El Ejecutivo lleva semanas preparando el anuncio del nuevo paquete de reformas del viernes. Pero no parece fácil cerrarlo. De hecho, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo anunció hace tres semanas y se fue retrasando. Fuentes del Ejecutivo hablan de nuevas presiones de Bruselas y Alemania para endurecer las reformas previstas. El Gobierno tiene que contentarles, pero también mira hacia España y no quiere hacer muchos más recortes por el enorme deterioro de imagen que ya tiene y porque se ha instalado en buena parte del Ejecutivo la convicción de que los recortes excesivos están hundiendo a la economía —en 2012 se decía que 2013 sería el año de la recuperación y ahora esta se ha retrasado a 2014— y destruyendo empleo. Aunque los datos de paro de abril que maneja el Ejecutivo —aún no presentados— no son malos, el índice de paro del 27% que prevé el FMI para 2013 es una enorme losa. Por eso el Gobierno quería concentrar sus reformas del viernes en importantes liberalizaciones de servicios profesionales, más reformas energéticas y el desarrollo de la unidad de mercado. Sin embargo, no parece que Bruselas esté dispuesta a contentarse. Exige más, y de ahí el apunte de Rajoy de recortes “en algunas partidas”. Aparcado de momento un nuevo recorte de los sueldos de los funcionarios —Montoro insistió en descartarlo— quedan otras dos grandes partidas de los Presupuestos: pensiones y seguro de desempleo. En la primera, Rajoy quiere evitar tocar las pensiones actuales, una tema políticamente muy sensible —ya dejó sin la subida del IPC a las de 2013 faltando a su palabra y supuso un enorme deterioro de imagen—. La negociación con Bruselas se concentra en la posibilidad de adelantar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años y cambiar las condiciones para acceder a las pensiones del futuro, de manera que se reduzca el gasto total. El Ejecutivo apuntará esta reforma el viernes, tal vez con un calendario, pero en principio está previsto esperar a que se pronuncie un grupo de trabajo creado expresamente hace solo 10 días para hacer una propuesta para hablar de detalles. En cuanto al seguro de desempleo, el Gobierno ya hizo el año pasado una modificación para bajar las prestaciones a partir de los seis meses —el máximo son dos años—. Ahora el Ejecutivo se plantea una nueva vuelta de tuerca y hasta la posibilidad de un cambio de modelo. Pero el asunto es muy delicado políticamente y Rajoy tiene la última palabra. Como es habitual con el presidente, hasta el último minuto no se cerrará el paquete. http://politica.elpais.com/politica/2013/04/23/actualidad/1366733208_480617.html 03. RAJOY INTENTA COMBATIR AL 'PLASMA' CON UN RECUENTO DE PREGUNTAS CONTESTADAS A LA PRENSA

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Según 'ABC', el presidente del Gobierno ha ofrecido 46 ruedas de prensa en 18 meses, 41 de ellas en el contexto de su actividad internacional, es decir, compartidas y con límite de preguntas. El diario señala que el jefe del Ejecutivo supera a Obama, Merkel y Hollande en apariciones públicas. El presidente del Gobierno ha comparecido públicamente más que el presidente de EEUU, la canciller alemana y el presidente francés. Así lo recoge el diario ABC en una información que no cita las fuentes, pero que incluye detalles del total de apariciones del Mariano Rajoy como que en las 46 ruedas de prensa que ha dado, han intervenido 242 periodistas que han planteado 642 preguntas, con una media de cerca de 14 preguntas por convocatoria. Con esta noticia, el periódico asegura que "la realidad y los datos se empeñan en llevar la contraria a quienes repiten como un mantra que Mariano Rajoy no da la cara y sólo comparece a través del plasma de una pantalla de televisión". Al final de la breve información, muy elaborada y que La Moncloa no ha entrado a confirmar o desmentir, se aclara que de las 46 ruedas de prensa, 41 se han realizado en el contexto de la actividad internacional del presidente. En estos casos, aunque la noticia no entra en el detalle cualitativo, Rajoy comparece siempre acompañado -salvo en las ruedas de prensa tras el Consejo Europeo de Bruselas- y hay límite de preguntas (dos por país, generalmente), por lo que los periodistas aprovechan para hacer varias preguntas a la vez. Sobre la cantidad, ABC informa de que estas 41 ruedas de prensa han supuesto195 turnos de pregunta y 567 cuestiones planteadas, con una media de 13,8 preguntas en cada rueda de prensa y de 2,9 preguntas por turno. A ellas se suman 13 declaraciones informales, "en las que los periodistas plantearon 53 preguntas, con una media de cuatro por declaración". El periódico asegura, asimismo, siempre según ABC, Rajoy ha realizado 22 declaraciones informales a la prensa, con 75 preguntas y una media de 3,4 preguntas por declaración. La información recoge también que, desde el 19 de diciembre de 2011 (día de la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno), hasta el 24 de abril de 2013 ha asistido a ocho debates plenarios y 25 sesiones de control en el Congreso, más nueve sesiones de control en el Senado. En todas esas sesiones ha respondido a 99 preguntas de los parlamentarios. http://www.publico.es/espana/454352/rajoy-intenta-combatir-al-plasma-con-un-recuento-de-preguntas-contestadas-a-la-prensa 04. MÁS DE SEIS MILLONES DE PARADOS La EPA cifra en 6.202.700 el número de desempleados y la tasa de paro en el 27,16% Nunca antes en España había habido tantas personas sin trabajo El número de ocupados también empeora y retrocede a niveles de hace una década

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Mientras los mercados alivian la presión, el paro no da tregua. La prima de riesgo ha caído y se ha alejado de las zonas críticas que habitaba el verano pasado. En cambio, España ya cuenta con más parados que nunca, 6,2 millones, la tasa de desempleo supera el 27% —entre los jóvenes el 57%— y el mercado laboral apenas afloja el ritmo de destrucción de empleo: 322.300 puestos de trabajo menos en un trimestre que hay que sumar a los 3,5 millones que ya se habían destruido previamente, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2013. Los síntomas de agotamiento en el mercado laboral se agolpan y el horizonte de mejora todavía queda lejos. La segunda recesión de esta ya larga crisis, que comenzó a mitad de 2011, deja hasta ahora un balance distinto al de la primera. El perfil del empleo que se está destruyendo es muy distinto del que se evaporó a comienzos de la crisis. En 2008 y 2009, básicamente perdieron su trabajo jóvenes menores de 35 años poco formados que tenían contratos temporales y trabajaban en la construcción o en la industria afín. Ahora, sin que haya cesado la sangría por esta vía, la destrucción de puestos de trabajo ya no hace discriminación alguna por edades, también se ceba quienes tienen contratos fijos y erosiona sectores hasta ahora inmunes, como los empleados públicos y los cualificados. “Todavía quedan varios trimestres, posiblemente un año para que volvamos a una situación similar a la de la primera mitad de 2011”, de tímida mejora del empleo, pronostica el catedrático de Economía Josep Oliver, en línea con lo que apuntan los servicios de estudios privados o los organismos internacionales. “Desde este punto de vista, lo que va a hacer mañana [por este viernes] Rajoy, es crítico”. Para entender lo que está pasando en el mercado laboral, Oliver cree esencial señalar que hay un antes y un después del verano de 2011 y la crisis de confianza en el euro que se desató entonces. Para ello da un dato, el 43% de todo el empleo destruido durante la crisis ha llegado después de ese hito y España suma un año completo con tasas de destrucción de empleo superiores al 4,5%. Por eso, para él es fundamental lo que vaya a hacer este viernes el Gobierno o lo que suceda en Italia con la formación del nuevo Gobierno, precisamente la confianza en la supervivencia del euro se resquebrajó hace ya casi dos años por lo que sucedió en Roma con Berlusconi en el Ejecutivo. Para combatir esa crisis de confianza, Europa optó por recetarse a sí misma una dieta rigurosa de austeridad. Y eso, si se analiza el mercado laboral, se ha traducido directamente en la caída del empleo público. Más aún en España, donde la reforma laboral aprobada en febrero del año pasado contenía varios cambios dirigidos a facilitar el despido en este colectivo. La consecuencia en el último año ha sido la destrucción de 260.000 empleos en la Administración, sobre todo en las comunidades autónomas. Esta caída, sin embargo, no se ha notado en las empresas públicas, que en el último año han aumentado su plantilla agregada en 11.600 personas, casi 160.000. Y eso, pese a que el Ejecutivo anunció que iba a reducir el número de empresas públicas. El alivio de Semana Santa no llegó

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La jibarización de la Administración agudiza el batacazo del sector servicios, que en el primer semestre perdió 170.500 empleos. Ni la Semana Santa, que este año cayó en marzo, evitó el golpe. También perdió efectivos la industria. La caída de los servicios públicos y del sector secundario se traslada directamente a la rescisión de contratos fijos, que en el último año ha perdido 384.500 empleos indefinidos. También el trabajo temporal ha sufrido la dureza de la recesión en el último año, 414.000 eventuales se han quedado en paro. Esto explica la caída de la tasa de temporalidad a un históricamente bajo 22%. La lucha contra los contratos eventuales ha sido una batalla que ha ocupado a todos los Gobiernos, de cualquier color político. Lo triste es que la reducción de la llamada dualidad del mercado de trabajo llega por la destrucción de empleo y no por el éxito de las políticas de empleo. Desde que la crisis comenzó a hacer mella en el empleo ya han pasado cinco años y medio. Los momentos de alivio han sido breves y escasos y eso se aprecia en datos como el paro de larga duración. En este tiempo, el número de parados que lleva más de un año sin trabajo casi se ha multiplicado por ocho, hasta sumar casi 3,4 millones de personas. La peor cara de este dato es que la mayoría de ellos no perciben ingreso alguno. Los servicios públicos de empleo cuentan que hay poco más de tres millones de parados que reciben prestación o subsidio. Pero atendiendo a la norma —un parado puede cobrar el seguro de paro durante un máximo dos años y luego un subsidio— es lógico pensar que muchos de ellos ya han perdido esa ayuda. También la población activa muestra los síntomas de la duración de la crisis y las dos recesiones que arrastra España. Entre enero y marzo, el número de personas en edad y disposición de trabajar encadenó cuatro trimestres a la baja por primera vez. Perdió 234.000 efectivos y quedó en 22,8 millones. El desánimo laboral explica este comportamiento que se ha traducido en el último año en la salida de España de decenas de miles de extranjeros, que ante la falta de expectativas laborales —la tasa de paro entre los no españoles es del 39,2%— deciden regresar a sus hogares. Hay otro punto en el que se nota, el número de inactivos que han pasado a este colectivo porque han perdido la esperanza de encontrar un empleo ha crecido en el último año y ha pasado a ser de 476.000 personas. En solo un año este colectivo ha pasado del 1,4% al 2,7% del conjunto de inactivos. "Que no ciegue el mal dato" Con estas cifras sobre la mesa, el Gobierno ha optado por dejar las valoraciones en manos de los segundas espadas del Ministerio de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y de Empleo, Engracia Hidalgo. Ni Rajoy ni la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ni los responsables de carteras económicas hicieron valoración pública alguna. Jiménez Latorre optó por un análisis técnico

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al afirmar que el mal dato se debía a “a la profundidad y la duración de recesión”. En el PP, las valoraciones quedaron en manos del portavoz oficial, Carlos Floriano, que pidió “que no ciegue ese mal dato para comprobar cómo la política económica está dando buenos resultados a nivel macroeconómico”. Por el PSOE, en cambio, sí que habló su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque lo hizo por Facebook: “Nadie duda de que su reforma laboral [en referencia a Rajoy] y su desastrosa política económica solo producen sufrimientos estériles”. Sí que hizo una valoración pública el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo: “Es un día negro porque viene a constatar las peores previsiones que alguien pudiera haber realizado, es una situación dramática, ya no valen paños calientes o lamentarse con que nos imponen políticas desde la Unión Europea”, informa Mercè Pérez. UGT, por su parte, exigió al Gobierno un gran pacto por el empleo porque el dato “refleja de forma palmaria que el principal déficit es el de empleo”. A la hora del análisis, CEOE optó por destacar la desaceleración de la destrucción de empleo, que en términos anuales era del 4,78% a finales de 2012 y del 4,58% en el primer trimestre. “Es necesario seguir apostando por medidas de flexibilidad en el mercado laboral”, defendió en el capítulo de propuestas. http://economia.elpais.com/economia/2013/04/25/actualidad/1366872244_350515.html 05. A LA MINISTRA DE LOS 6 MILLONES DE PARADOS SÓLO LE HA DADO TRABAJO EL PP Báñez, licenciada en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, sólo ha tenido cargos políticos vinculados al PP. Incumple la máxima que Floriano trasladó ayer a los cachorros del partido: que lleguen "cotizados" y no se conviertan en "profesionales de la política". En el Ministerio aseguran que Báñez trabajó en las empresas de su familia. La ministra de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a la actualidad tras publicarse ayer los pésimos datos de paro, que superan los 6,2 millones de parados y la tasa del 27%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) Cada mes que pasa, Fátima Báñez debe enfrentarse a los reproches que le recuerdan, además, que junto a estos datos que contradicen las promesas y previsiones del Gobierno y según todos los currículos publicados tanto de forma oficial como en las distintas webs, ella no tiene más experiencia laboral que sus cargos políticos, desde consejera de Radio y Televisión de Andalucía (1997-2000) hasta su cargo actual en la mesa del Consejo de Ministros, pasando por su escaño en el Congreso de los Diputados (2000 hasta hoy) o sus responsabilidades en el PP andaluz. Un portavoz del Ministerio, sin embargo, ha aclarado a Público que Báñez sí tiene experiencia en el sector privado y, antes de dedicarse de lleno a la actividad política, trabajó en las

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empresas de su familia conforme a sus estudios superiores. Si no figura en los currículos más que su experiencia en política es por expreso deseo de la ministra. Conforme a estos datos publicados, Báñez sería una representante de lo que su compañero y número tres del partido, Carlos Floriano, llama "profesional de la política", figura que el propio vicesecretario general del PP denostó ayer con vehemencia en su discurso ante los jóvenes de las Nuevas Generaciones (NNGG) durante la clausura del Foro Regeneración Democrática. "Creo que a la política debéis venir cotizados, es decir, haber trabajado en otra cosa antes y no ser profesionales de la política", recomendó Floriano, además, pidiéndoles que acaben sus estudios para aportar "más riqueza" a la actividad política. Precisamente, Floriano y Báñez son de la misma edad (1967), ambos estudiaron Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas, aunque el número tres del PP -recoge Wikipedia- es doctor en Derecho (con sobresaliente cum laude) y profesor titular (por concurso) de "Economía Aplicada del Departamento de Economía Aplicada y Organización de Empresas de la Universidad de Extremadura, actualmente en situación de servicios especiales por su condición de diputado a Cortes". Además, ha publicado el manual Economía y Derecho: Una aproximación al análisis económico del Derecho. Con todo, Floriano empezó también pronto a dedicarse a la política, pues fue presidente de NNGG entre 1990 y 1995 y visecretario regional del PP de Extremadura entre 1993 y 1996. En 1995 fue elegido diputado autonómico hasta 2008; senador por Extremadura desde 2003 hasta 2008, y diputado en el Congreso desde 2008 hasta ahora. Estrella en Twitter La ministra de Empleo ha sido estrella de Twitter en varias ocasiones por sus polémicas declaraciones, primero, por anunciar su récord en el conocido juego de móvil BubbleShooter. Cuando la ministra publicó un entusiasta "¡Obtuve 5390 puntos en BubbleShooterAdventures!" logró eclipsar ese día, incluso, las informaciones sobre Rajoy, aunque ella explicó posteriormente que su hijo fue el responsable del tuit al jugar con su teléfono. Ayer mismo, Báñez volvió a convertirse en trendingtopic en Twitter gracias a los comentarios irónicos sobre la ocasión en que la titular de Empleo salió en todos los medios encomendando a la Virgen del Rocío la creación de puestos de trabajo http://www.publico.es/454360/a-la-ministra-de-los-6-millones-de-parados-solo-le-ha-dado-trabajo-el-pp 06. NUEVA FÓRMULA PARA REVISAR LAS PENSIONES

Un informe remitido por Empleo aboga por retrasar la edad de retiro

También propone subir el tiempo para cobrar la pensión máxima y cambiar el vínculo con el IPC

Las medidas entran en las posibles consecuencias de la revisión del factor de sostenibilidad

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El Gobierno ha creado un grupo de expertos para que le ayude a definir la gran reforma de pensiones que se avecina: la creación del factor de sostenibilidad. Pero más allá de lo que digan esta docena de sabios, el Ejecutivo tiene claros varios conceptos. Primero pretende que afecte a todos los jubilados, presentes y futuros; segundo, sabe los cambios que quiere y su dirección: aumentar la edad de jubilación —plantea la posibilidad de que vaya más allá de los 67 años después de 2027—, desligar la marcha de las pensiones del IPC y exigir más tiempo cotizado para cobrar la totalidad de la pensión. Pocas opciones más caben cuando se habla de crear una fórmula automática que ajuste los parámetros básicos de un sistema de pensiones, el llamado factor de sostenibilidad. Tal vez una, subir los ingresos, es decir, más cotizaciones. Pero el mismo documento de la Seguridad Social que apunta las líneas a seguir descarta esta última. El grupo de 12 expertos se reunió por primera vez el pasado miércoles. Dos días después sus componentes recibieron una memoria, de 51 páginas, titulada Informe sobre el factor de sostenibilidad, en el que la Seguridad Social señala la dirección partiendo de lo que han hecho otros países de la Unión Europea. El informe no plantea un catálogo de reforma cerrado. Pone sobre la mesa los parámetros a modificar y señala diversas opciones para cada caso. Pero sí deja un punto muy claro: quiere que esta vez la reforma afecte a pensionistas presentes y futuros. “El factor de sostenibilidad debería afectar a las pensiones iniciales y a las existentes”, apunta en la página 14. Esta frase no es baladí. Si la reforma afectara solo a los jubilados futuros, el ahorro que procediera de ella se notaría muy poco al comienzo. En cambio, si ya lo notan los jubilados actuales aumenta su potencial de ahorro desde el principio. Báñez dice a los sindicatos que este viernes no se tocarán ni las pensiones ni el paro En la misma oración, el documento matiza: “Las modificaciones aprobadas hasta la fecha en la UE inciden de manera más específica sobre las pensiones iniciales”. Pero no cierra el párrafo sin dejar claro incluso por donde puede afectar la reforma a los pensionistas actuales: “Existen mecanismos de modificación de los sistemas de indexación”. Es decir, que el Gobierno quiere acabar con la relación directa que hay entre la marcha del IPC y la actualización anual de las pensiones. “La revalorización de pensiones supone un coste muy importante para los sistemas de Seguridad Social”, continúa el documento. Para demostrarlo, pone cifras: de los casi 100.000 millones de euros que se gastaron en pensiones contributivas en 2011, 26.860 procedían de las revalorizaciones anuales. ¿Y qué propone el Ejecutivo para aliviar la carga? Apunta dos posibilidades. La primera toma como ejemplo lo que sucede en Alemania, donde además de los precios se tiene en cuenta la relación entre cotizantes y pensiones. La segunda plantea que se tenga en consideración la marcha del PIB, los ingresos y la ratio cotizantes/pensiones, lo que se traduce en “una posible propuesta” de usar una

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relación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. En el ejercicio de simulación que hace el documento, se muestra que cualquiera de las dos fórmulas se hubiera traducido en los últimos años en incrementos menores que el IPC. Cambiar el mecanismo de actualización anual atañe solo a un parámetro. Pero hay dos más que probablemente acabarán cambiándose con el factor de sostenibilidad. Uno de ellos es la edad de jubilación, que el Ejecutivo plantea que vaya más allá de la edad legal de jubilación a los 67 años después de 2027, cuando acaba el periodo transitorio que ha comenzado este año y que irá elevando la edad de retiro paulatinamente de 65 años a 67. Sería ya en 2028, cinco años antes de lo que contemplaba la reforma de pensiones de 2011. En ella se recogía la obligación de crear el factor de sostenibilidad en 2027, que actuaría por primera vez en 2032. No es la única posibilidad que plantea este documento sobre cambios en la edad de jubilación. El Gobierno también abre la puerta a no mover los 67 años como edad legal, pero compensándolo con la opción de acabar con la excepción que permite retirarse a los 65 años cuando un trabajador acumula una carrera de cotización larga (38,5 años). Por último, la Seguridad Social propone exigir más de 37 años para tener derecho a cobrar la pensión completa. De hecho, el informe hace referencia a que en Europa el listón suele estar en 40 años. Todas estas propuestas acabarán se van a analizar por el comité de expertos, que elaborará su propio informe a finales de mayo. De ahí pasará al Congreso, donde el Gobierno puede sacar adelante sus propuestas asentado en su mayoría parlamentaria. http://economia.elpais.com/economia/2013/04/24/actualidad/1366805584_486344.html 07. GALLARDÓN INVOCA EL “MANDATO DE LOS CIUDADANOS” PARA CAMBIAR EL ABORTO

El PSOE llama a la sociedad contra la “abolición” de la interrupción del embarazo “Señor Gallardón, por qué, por qué hace esto, qué le han hecho las mujeres”. Así arrancó este miércoles, pasadas las nueve de la mañana, en la sesión de control al Gobierno, el primer rifirrafe sobre las intenciones del Ejecutivo respecto a la legislación del aborto. La pregunta era de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Después vendría una interpelación defendida por la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Carmen Montón. Ante las acusaciones de retroceso de 30 años, de vulneración de los derechos de las mujeres, de intromisión en el derecho a decidir sobre la maternidad, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se envolvió en el “mandato de los ciudadanos” para cambiar la ley del aborto y aludió a la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo en 1985 sobre este asunto. En efecto, en su

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programa los populares se comprometieron a cambiar la ley aprobada por el Gobierno socialista en 2010, pero sin dar detalles ni precisar hasta dónde tenían previsto cambiarla. No hay lugar para la transacción con el paso que ha dado el ministro de contraponer el derecho de las mujeres a su libertad con el derecho del “concebido”. “Nosotros repondremos el derecho de los no nacidos”, ha avisado el titular de Justicia. Eso significa echar abajo la actual ley de plazos, que permite abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo, pero también eliminar los supuestos actuales, incluida la posibilidad de interrumpir el embarazo por malformaciones en el feto. Con estos apuntes se intuye que el Gobierno irá más allá de cambiar la ley de 2010, al eliminar supuestos de la norma de 1985. Los argumentos y las objeciones de las diputadas socialistas Elena Valenciano, primero, y Carmen Montón, después, se extendieron por diferentes ámbitos: políticos, jurídicos, sanitarios y morales. “Sobre las mujeres no decide nadie; ni los obispos ni los ministros”, clamó Montón, ante lo que no anda lejos de ser “la abolición encubierta del aborto”, ante las restricciones anunciadas, proclamó la diputada socialista. Con gráficos en mano, la portavoz de Igualdad del PSOE citó los países europeos en los que rige una ley de interrupción del embarazo similar a la española. “Con los cambios que anuncia”, dijo, “se condena a las españolas a tener que acudir a métodos cruentos o a abortar a Londres las que se lo puedan permitir económicamente”. Antes, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, en tono muy duro, había hecho esa dicotomía y situaba a las mujeres “de la clase social de Gallardón” en el grupo que podría ir a abortar a Londres, “como antes, como siempre”, y a las más débiles económicamente, dijo, se las condenaría a poner en riesgo su vida al acudir a la clandestinidad. El ministro de Justicia aseguró que hace los cambios en la ley por convicción, sin presiones. “Ni lobbies ni jerarquías eclesiásticas, sino respeto a la Constitución y al mandato del pueblo, que nos pidió que cambiáramos la ley”, argumentó. Cada posición fue acogida por la bancada del correspondiente orador con los diputados puestos en pie y en apretado aplauso. La derecha aplaudió a Gallardón; la izquierda, a Montón. La discusión avanzó sin la menor posibilidad de encontrar un punto de aproximación. “¿Por qué la derecha española no está a la altura de la derecha europea y deja la ley actual que da seguridad jurídica, seguridad sanitaria, seguridad profesional, hace prevención…?”, enumeró Montón. También preguntó por qué el Gobierno no espera a que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma de Zapatero antes de que la ley llegue a la Cámara. ¿Para qué?, se preguntó Gallardón. Hasta tres veces, dijo, el Tribunal se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar los derechos del no nacido. “El concebido es un bien jurídico protegido y cuando entra en conflicto con otros derechos, como el de la mujer a su pleno desarrollo personal, libertad de creencias, etcétera, el legislador tiene que dar respuesta, pero no acabar con

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los derechos del concebido. Los derechos de la mujer no pueden tener prevalencia sobre los derechos del no nacido”, sentenció el ministro. Pero esta literatura jurídica del Constitucional no se ha traducido de la manera que anuncia el titular de Justicia y que tiene intención de plasmar en la futura ley del aborto. ¿De nuevo la cárcel para las mujeres por abortar? No, aseguró el ministro. “Ninguna mujer irá a la cárcel por abortar”, dijo, sin precisar cómo se conseguirá eso. “Respete a las mujeres, ministro. Y yo, que soy madre, me siento igual de mujer antes y después de parir”, dijo Montón, que anunció que luchará “por no dejar” a su hija como herencia “una ley que no respeta el derecho de las mujeres a decidir”. No le importa a Gallardón lo que le digan, porque, dijo, “la defensa de los más débiles justifica” toda su vida política. Esas aseveraciones provocaron desasosiego en la bancada socialista, que interpretó que el ministro va muy en serio y que la futura ley será sumamente restrictiva. La diputada Montón hizo un llamamiento a la sociedad para que “se oponga a este retroceso” y llamó a la sociedad a no dar “ni un paso atrás”. La batalla también va en serio por parte de la izquierda, esta vez abanderada por el PSOE en el Parlamento. “Gallardón, ya no toca ser el progre del Gobierno”, espetó con dura ironía la número dos socialista. “Usted carece de la necesaria serenidad para abordar este asunto”, replicó el ministro a Valenciano. El componente anímico inapropiado también se lo atribuyó el ministro a la portavoz de Igualdad. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366791616_715518.html 08. EL CONSEJO DE ESTADO PIDE A WERT QUE MANTENGA LA ASIGNATURA DE CIUDADANÍA

El dictamen sobre la reforma educativa rechaza que las comunidades con lengua cooficial tengan que pagar una escuela privada si un alumno prefiere clases en castellano El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el órgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un “acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” para “buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema” —esta es la séptima ley de la democracia— y cambios y matizaciones en asuntos polémicos. como la enseñanza en castellano en comunidades bilingües —son las autonomías las que deben garantizar “una proporción equilibrada” de ambas lenguas—, la Educación para la Ciudadanía —debería ser “obligatoria en algún momento”— y la Religión —se está “discriminando” a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores éticos—. El texto también discute otro de los aspectos de la ley que más ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo.

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En una decidida defensa de las bondades de la educación mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público. El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de allí, al Congreso. Pero sindicatos y oposición ya han calificado de “varapalo” el dictamen de una ley que no estará en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotación económica —es insuficiente para una “reforma estructural de esta envergadura”—. El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP (con la creación del FP Básica) o la recuperación de las reválidas. En este caso, solicita que esos exámenes externos queden en manos de “funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas”. En cuanto a la reválida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce “un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos”. Asimismo, hace alusiones críticas al programa académico (diseño, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias básicas) y protesta por la falta de participación de la comunidad educativa. No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP. En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante. Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de

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decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen. El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional. Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico". El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”. Laberinto judicial Otra de las grandes polémicas del proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, es sin duda el de las lenguas cooficiales, en concreto, en torno a Cataluña, donde el modelo de inmersión lingüística consiste en dar la inmensa mayoría de las clases en catalán. El ministro, que ha sembrado polémica en torno a este asunto, por ejemplo, al hablar de "españolizar" a los niños catalanes, siempre ha dicho que su intención es trasladar a la ley las sentencias de los tribunales Constitucional, Supremo y Superior de Cataluña, que dicen que la inmersión es perfectamente legal, pero que la Generalitat debe garantizar una "proporción razonable" de enseñanza en catalán y castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictaminado -aplicando la doctrina del Supremo- cómo hay que satisfacer las demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un alumno lo pide, habrá que

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dárselas a él y a toda su clase, aunque el resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la Generalitat decida cómo hacerlo y este ha informado de que recurrirá la sentencia del TSJC. Argumenta que con la atención individualizada se cumplen las decisiones judiciales. Ello supone que el docente atienda en castellano al alumno que se lo pida aunque la clase es en catalán. La tensión con el Gobierno llegó a ser tal que la consejera Irene Rigau llegó a abandonar una reunión con Wert. Educación separada por sexos También responde a resoluciones judiciales el punto del proyecto de ley que garantiza que los colegios que separan por sexo puedan tener subvenciones públicas, conciertos. Pero, en este caso, lo que la justicia había dicho es que estas subvenciones no son posibles porque contravienen el principio de no discriminación que contiene la ley educativa (LOE, de 2006). Así, la Lomce señala expresamente que pueden ser concertados porque no discriminan, según una convención de la UNESCO. Sin embargo, tras un repaso a la legislación internacional, el Consejo de Estado concluye que la norma "debe establecer en su articulado para los centros con educación diferenciada que aspiren al concierto, la exigencia de una justificación objetiva y razonable de la excepción y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad [...]. De no ser así, la previsión podría no ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad que garantiza el artículo 9.2 y 14 de la Constitución", señala el dictamen, que hace, además, una defensa de la educación mixta "para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia". Cerca de 70 de estos centros reciben fondos de las distintas comunidades en este momento. La mayoría están vinculados al Opus Dei. La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso para retirarles la subvención si no se coinvierten en mixtos. Capacidad de decisión para los padres El ministerio ha hecho gran hincapié en la necesidad de aumentar los controles a las escuelas —más evaluaciones externas—, y a la vez darles más autonomía. Esto le parece muy bien al Consejo de Estado, pero dice que esa autonomía requiere de la participación y control de la comunidad escolar: padres y docentes representados en los consejos escolares y los claustros. De ese modo, el refuerzo de la capacidad de decisión de las direcciones “debería ser compatible con mantener algunas competencias de decisión o co-decisión en la comunidad educativa, consejo escolar y claustro de profesores al menos en algunas cuestiones que den contenido a su derecho a participar en la gestión y ejercer el control”. Por eso, pide al ministerio que sopese “seriamente” la eliminación de la capacidad de decisión de esos órganos que contempla el proyecto.

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En el mismo sentido, tampoco les gusta que los gobiernos autónomos tengan la mayor capacidad de decisión en los procesos de selección de los directores. “El anteproyecto entra en este punto en abierta contradicción con "el aumento de la autonomía de los centros" que la exposición de motivos (apartado VII) menciona como uno de los principios inspiradores de la reforma”, dice el Consejo de Estado. Sin fondos suficientes para aplicar la Ley El Consejo de Estado considera que existe una “insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación”. En su opinión, el coste que se estima de implantación es “muy limitado para una reforma estructural de esta envergadura”. Y lamenta, además, que haya incluso una previsión “de reducción de dichos costes en el medio plazo”. Este órgano recuerda que distintos sectores sociales, profesionales e institucionales (lista en la que incluye a algunas Comunidades Autónomas) le han expresado su “preocupación” por el hecho de no existir una memoria económica y, por tanto, que no se fijen las disponibilidades presupuestarias que tendrán impacto en sus déficit que deben recortar. El Consejo Escolar del Estado ha sugerido la elaboración de esta memoria económica. "Existen mecanismos legalmente previstos que pueden contribuir a la mejor exposición de las condiciones de financiación del sistema educativo", señala el Consejo, lo que , por otra parte, "no ha supuesto un obstáculo" para detectar las insuficiencias. “Incoherente” reparto de competencias El diseño de los contenidos escolares que propone la reforma necesitaría bastantes aclaraciones y más de un cambio, según se desprende del abanico de propuestas del Consejo de Estado en este punto. Dice que no está clara la diferencia “entre asignaturas troncales y asignaturas específicas”, reclama que un buen número de materias que pasan a ser optativas sean de obligada oferta en todos los centros, porque son importantes (Educación Artística en primaria; Artes, Tecnología, Musica y Cultura Clásica en la ESO; Historia de la Filosofía en bachillerato, entre otros) y no entiende por qué hay que separar en dos la actual vía del bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades. Tampoco entiende el Consejo de Estado por qué se permite a las comunidades desarrollar en currículo en unos aspectos y en otros no. “No parece coherente”, dice. La reforma propone que el ministerio diseñe la mayoría de los contenidos de la materias troncales (las principales, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma Extranjero), y las comunidades de las específicas (Educación Física, Plástica, Música, etcétera), pero el Gobierno controlará en ambos casos las otras patas del currículo: “los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación”, es decir, que se evalúa y cómo.

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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366797712_157219.html?rel=rosEP 09. LA ESCUELA PÚBLICA SE ENCIERRA CONTRA LOS RECORTES Y LA „LEY WERT‟

El mismo día que se conoció que la cifra de parados supera los 6,2 millones fue también una jornada de protestas en otra de las parcelas donde la crisis se está haciendo más evidente: la educación, que ha perdido más de 6.400 millones de inversión pública en los últimos tres años. Padres, profesores y alumnos de toda España se encerraron en sus centros para protestar contra el deterioro de la enseñanza pública y contra un proyecto de reforma educativa que, opinan, la va a descomponer aún más. El de ayer fue el inicio de una movilización que culminará en una huelga el próximo 9 de mayo. “¡Es por los recortes!”, afirmaba contundentemente Berta, de siete años, en la escuela La Sedeta de Barcelona. ¿Y qué son los recortes? “Es cuando los políticos recortan el dinero a las personas”, contestaba la niña mientras manejaba cartulinas de colores junto a Marta, de cinco años. En La Sedeta se reunieron ayer padres, alumnos y profesores de ese y siete centros más del barrio de Gràcia, en uno de los 400 encierros en escuelas e institutos públicos que contabilizaron los sindicatos ayer en Cataluña. Esta comunidad está siendo sin duda uno de los focos más claros de la movilización educativa recién retomada. Pero los talleres de manualidades, las charlas y debates, las clases de cocina o las sesiones de cine ocuparon ayer numerosos centros educativos de Madrid, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Aragón... Incluso, algún centro universitario, como la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. “Calculamos que cuando acabe el fin de semana habrá habido encierros en unos 2.000 o 3.000 colegios e institutos de todo el territorio”, asegura José Luis Pazos, miembro de la asociación de padres Giner de los Ríos, de la confederación de padres Ceapa, que reúne a 12.000 asociaciones. Pazos reconoce que las protestastienen una repercusión desigual. “Va acorde al nivel de los recortes”, argumenta. Así, mientras observa una gran movilización en Cataluña, Valencia, Madrid y Baleares —“que llevan años sufriendo la tijera y están concienciados”—, reconoce que la crítica es casi inexistente en Extremadura —“como el PP no tiene mayoría, no pueden excederse en las medidas”— o en Galicia. “Y hay comunidades que empiezan a movilizarse ahora que se ven afectadas, como en Andalucía, Castilla-La Mancha y partes de Castilla y León”. En la escuela La Sedeta de Barcelona, la lluvia impidió realizar algunos de los talleres programados al aire libre, pero colocaron mesas bajo los porches del patio y las llenaron de esas cartulinas amarillas, que en Cataluña es el color que simboliza la protesta educativa, igual que en otras muchas lo simboliza el verde. La movilización culmina en una huelga escolar el próximo 9 de mayo

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Estas eran las cartulinas que estaban recortando y pintando Berta y Marta. Ambas niñas estaban con compañeros, docentes y padres que se habían repartido las tareas: un grupo de alumnos amenizaba la tarde pinchando música; los chicos del equipo de fútbol Vila de Gràcia hacían de monitores y ayudaban a los pequeños en la confección de los carteles y pancartas para la manifestación. Uno de ellos es Sergi Morales, de 17 años. “El entrenador nos pidió que colaborásemos. A mí también me afectan los recortes y me gusta ayudar a los niños”, comentaba. Muchos padres desconocen aún los detalles de la polémica que rodea la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Gobierno defiende como el cambio necesario para el éxito escolar gracias al adelanto de itinerarios distintos para los alumnos o la recuperación de las reválidas. La oposición y buena parte de la comunidad educativa la ha tachado, sin embargo, de elitista y segregadora. “Por eso hay y seguirá habiendo charlas informativas”, anuncia Pazos. Los colegios catalanes empezaron ayer con ello. En La Sedeta invitaron a Francesc Imbermón, catedrático de Didáctica de la Universidad de Barcelona y a una trabajadora de Educación Sin Fronteras para debatir sobre la reforma. A las familias les mueve la indignación por el deterioro del sistema de enseñanza. “Nos están llegando denuncias de las asociaciones en todos los sentidos imaginables”, dice Pazos. “Hay sitios donde no dejan informar a los padres de lo que está pasando; muchos llaman agobiados porque los niños van sin comer, y eso pasa también en Madrid y Cataluña —con rentas per cápita altas—, no solo en Andalucía; o buscan la forma de conseguir libros de texto gratuitos para el año que viene, porque saben ya que las familias no podrán comprarlos y ya no hay ayudas”. Precisamente, las autoridades retiraron ayer los carteles comerciales sarcásticos de “se alquila” que se exhibieron en la puerta de la escuela pública Es Pont, de Palma de Mallorca, que protagonizó uno de los 130 encierros a favor de la enseñanza pública en la comunidad. Al atardecer, los alumnos de primaria de las aulas multiétnicas del centro —son 207 chavales procedentes de medio mundo— dibujaron en las columnas del patio los principios y deseos de la plataforma social. Cataluña y Baleares son dos de los grandes focos de la protesta “Este movimiento lo iniciamos nosotros, las familias, los padres y se han unido los profesores y sindicatos. Todos ahora nos sumamos a la acción estatal”, afirmó Samir, un padre implicado de Es Pont, educador en paro por primera vez en los 12 años que lleva en España: “Es por los recortes; siempre trabajé en el ámbito de los servicios sociales, lo último, en la cárcel”, observa. Samir fue invitado a hablar por la portera de la escuela por su acreditado carisma de líder. “No, solo soy un padre sensibilizado y que padece la crisis”, observa. Es de Nicaragua y quiere hablar en catalán. Es uno de los promotores de Crida (grita), la plataforma de la marea verde de Palma cuyo símbolo/altavoz es un embudo. Al acabar la jornada lectiva participó en las

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actividades lúdicas y de debate impulsadas por las asociaciones de padres con docentes y sindicatos. “Es una acción para preservar el nivel de la escuela pública, las ratios en las aulas. Con la crisis ahora hay 27 niños por unidad. Vindicamos calidad del servicio. Es la segunda vez que nos encerramos. La primera que nos quedamos la noche”. En Baleares se vivió un día húmedo por la lluvia y con mucho viento. “Nos retiraron sin más los carteles de alquiler, que eran reivindicativos, y dijeron que no era por censura, sino por cuestión de empresa”, ironiza Samir. En los pabellones deportivos y en las bibliotecas hubo debates, conferencias, sesiones de trabajos extraescolares. En Es Pont asistió, en distintos momentos, más de medio centenar de padres y más de 100 alumnos. Se programó una emisión especial de la alternativa Radio Tortuga, en Internet, para extender las razones de su causa. El lema y motivo de la movilización era: “No paguemos su deuda con nuestra educación”. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/25/actualidad/1366886705_380796.html 10. LA MADRE DE SÁENZ DE SANTAMARÍA Y SU MARIDO DECLARAN ANTE EL JUEZ

Como testigos del 'escrache' realizado ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno el pasado 5 de abril El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha citado este viernes a las 11.15 horas a Petra Antón Moreno, madre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al marido de ésta, José Iván Rosa Vallejo, para que se ratifiquen en la denuncia y puedan prestar declaración como testigos del 'escrache' realizado el pasado 5 de abril frente al domicilio de la mandataria popular. El juez, que abrió diligencias por estos hechos contra un total de 27 personas, tomó declaración el pasado lunes a varios policías testigos de los hechos y ese mismo día dictó una providencia librando oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que remita copia de la "orden de servicio" relacionada con la concentración. Igualmente, el juez Sexmero ordenó remitir telegrama a los denunciados por los hechos que aún no se han personado para informarles de la existencia del procedimiento. En un auto fechado el pasado 12 de abril, que se conoció el día 19, el magistrado acordaba incoar diligencias previas a instancias de una denuncia presentada por el marido de la vicepresidenta al estimar la posible existencia de presuntos delitos de coacciones, amenazas y/o manifestación ilegal derivados de su participación en la concentración.

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Siete días más tarde, además de citar a los policías que participaron en el 'escrache', pidió información sobre quiénes son los responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En la primera de sus resoluciones el juez consideraba al exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la supuesta manifestación ilegal, junto con María Eugenia G.Y. y Adrian R.P., si bien solicitaba a la Policía más información sobre este extremo, que aún está pendiente de entregarse según han señalado fuentes del caso. Las diligencias se abren después de que el pasado 8 de abril entrara en el Decanato de los Juzgados ordinarios el atestado policial de la Brigada Provincial de Información. En el informe constaban los identificados en la protesta por parte de la Policía. El atestado se unió el 9 de abril a una denuncia presentada por los citados hechos a instancias del marido de Sáenz de Santamaría, que recayó en el Juzgado número 4 de Instrucción. En los fundamentos de derecho, el juez relataba que en la manifestación que tuvo lugar el pasado 6 de abril se congregaron cerca de unas 300 personas enfrente del domicilio de la vicepresidenta, lo que a su juicio podría incurrir en los citados delitos. Según el juez, la naturaleza y circunstancias de tales hechos denominados 'escraches' no están determinados, "pero sí las personas que en ellos han intervenido" http://www.publico.es/454361/la-madre-de-saenz-de-santamaria-y-su-marido-declaran-ante-el-juez 11. UN JUEZ ARCHIVA UNA DENUNCIA POR ESCRACHE POR CONSIDERAR QUE ESTÁN "LEGITIMADOS" PARA MANIFESTARSE

El juzgado no aprecia que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones, ya que no hubo insultos ni amenazas El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria) ha acordado el sobreseimiento de la denuncia presentada en Comisaría el pasado 19 de abril por el alcalde de la localidad, Ildefonso Calderón, contra los autores de un escrache en su domicilio, al considerar que no hubo amenazas ni violencia y que estaban legitimados para manifestarse. El regidor municipal había denunciado a los integrantes del piquete que a última hora de la tarde del pasado 18 de abril "acosó" su domicilio "asustando" a su familia y vecinos. Con esta acción, llevada a cabo por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Calderón se convirtió en el primer político víctima de un escrache en la región.

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Sin embargo, el Juzgado no aprecia indicio alguno de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones, ya que, según lo manifestado en la denuncia, los denunciados no profirieron insultos ni amenazas, ni hacia el alcalde, ni hacia su familia. Además, el auto judicial destaca que "como destacado militante y cargo político electivo del partido que apoya al Gobierno de la Nación" (PP), el alcalde debe tener en cuenta que los artículos 20 y 21 de la Constitución (derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y sin armas9 "legitiman" a las personas denunciadas para manifestarse contra los deshaucios en cualquier lugar público, como puede ser la calle o "ante la puerta de su domicilio". El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha afirmado que el sobreseimiento de la denuncia que interpuso contra los autores del 'escrache' que tuvo lugar frente a su domicilio particular el pasado 18 de abril, "ofrece cobertura legal para acosar a los políticos en sus domicilios particulares y abre una vía que pone en riesgo la seguridad y la intimidad de sus familias". El alcalde ha realizado estas declaraciones después de conocer y valorar el alcance del auto judicial, por el cual se ha sobreseído su denuncia al entender el órgano judicial que no se cometió delito durante esa concentración. Calderón ha dicho que "la única intención" de su denuncia fue que las personas que se concentraron y bloquearon la entrada en el portal donde vive, "fueran identificadas como medida de prevención y por haber atemorizado a mi familia". El alcalde ha dicho que "respeta" la decisión judicial, pero no comparte sus argumentos, y por eso seguirá denunciando las manifestaciones a la puerta de su casa, "porque soy padre de una familia y tengo hijas menores", ha subrayado. "Mi familia tiene derecho a la intimidad y a no sentirse acosada; tienen derecho a entrar y salir libremente de su casa sin sentirse coaccionados por estos actos. Por eso creo que las leyes deben cambiar. Las leyes deben proteger estos derechos si ahora mismo no lo están por la legislación vigente", ha subrayado el regidor municipal. PROTEGER A SU FAMILIA Asimismo, Calderón ha declarado que "como alcalde, y como cargo político electo", tiene el deber de "soportar las protestas" en un acto público, "pero mi familia y mis hijas menores no tienen por qué padecer estas reacciones de repulsa y menos aún cuando están en su propia casa", ha remarcado. "Tengo el deber de proteger a mi familia y de prevenir, con mi denuncia, cualquier acto de acoso y de violencia en el que pueden degenerar este tipo de manifestaciones", ha insistido el alcalde, quien ha indicado que no está de acuerdo en que haya concentraciones de protesta ante las casas de los políticos, "ni de los jueces, ni de ningún ciudadano en Torrelavega, porque hay

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muchos lugares públicos donde ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión". Por ello, ha concluido señalando que "lamenta que estas decisiones judiciales amparen los actos de protesta" en el portal de su casa, "porque se está dando cobertura de legalidad a unas situaciones que pueden derivar en algo peligroso y en una amenaza para la seguridad e intimidad de mi familia", ha señalado. http://www.publico.es/espana/454292/un-juez-archiva-una-denuncia-por-escrache-por-considerar-que-estan-legitimados-para-manifestarse 12. TVE VETA LA PRESENCIA DE POLÍTICOS EN PROGRAMAS CULTURALES

„Para todos La 2‟ cancela una entrevista con Ada Colau “por criterios de programación” La dirección de RTVE ha dado instrucciones para que los protagonistas de la actualidad política circunscriban su presencia a los programas informativos, para evitar así “tratamientos inadecuados o frívolos” de noticias de marcado alcance político. Esta norma se ha aplicado a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha acusado al Gobierno y a los representantes del Partido Popular de haber cancelado una entrevista que ya había sido concertada en el programa Para todos La 2. “Ni vetamos ni censuramos a nadie”, asegura un portavoz de TVE, según el cual la suspensión de la participación de Colau en el programa de La 2 es una decisión que se ha adoptado por “coherencia y por criterios de programación”. En opinión de TVE, “es evidente que Colau ha adquirido un perfil político incuestionable” y que todas las noticias relacionadas con los desahucios se abordan en los informativos. La cadena afirma que Para todos La 2 es un magacín dedicado a la actualidad social, científica o cultural y que Colau fue invitada después de que la editorial que ha publicado su libro sobre los desahucios y sus consecuencias se pusiera en contacto con este espacio de La 2 hace varias semanas. “La decisión de que las noticias sobre personajes políticos no se abordaran en espacios de este tipo se adoptó con anterioridad”, asegura TVE. Insiste la cadena en que una prueba de que Colau no ha sido vetada es que “esta noche se hablará en el Telediario de su presencia en Bruselas para presentar sus propuestas sobre desahucios y que el sábado participará en un reportaje de Informe semanal sobre el acoso a los políticos a través de una entrevista realizada hace dos semanas”. Como consecuencia de la anulación de su presencia en La 2 tampoco Colau intervendrá en el encuentro digital de RTVE.es inicialmente previsto. TVE explica que los invitados en el espacio Para todos La 2 tenían como colofón una participación en la web. “Por coherencia, tampoco se celebrará”, aclara el mismo portavoz.

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La televisión pública justifica la cancelación de la entrevista de Colau con otro ejemplo. La dirección ha dado también instrucciones para que la información sobre la Casa del Rey y las noticias relacionadas con el caso Nóos no se aborden ya en el programa La mañana de La 1, que presenta Mariló Montero sino exclusivamente en los espacios informativos. "No ha sido el programa el que ha cancelado nuestra participación", dice la cara más visible de la lucha contra los desahucios. "Ha sido la dirección. Hacía días que teníamos cerrada la entrevista para hablar del libro que hemos sacado. Ellos nos buscaron. Ayer mismo confirmaron. Hoy han llamado a la editorial pidiendo disculpas, pero diciendo que les han dicho que lo nuestro 'era un tema social y ahora es político'. Así que fuera. También teníamos que hacer un chat después y también lo han anulado". Y continúa: "TVE va diciendo que nosotros pedimos ir al programa. Tenemos e-mails que demuestran que es falso. Nos invitaron varias veces, no pudimos responder porque íbamos desbordados. A la tercera vez que nos lo propusieron dijimos que sí". El Comité de Informativos de TVE recordó ayer que el martes, el Comité de Dirección de TVE comunicó a la dirección de La 2 que se suspendía la entrevista a Colau porque en los programas tipo magacín no se pueden tratar temas políticos, y que las entrevistas políticas las gestiona la dirección de los Servicios Informativos. El órgano de representación de los periodistas asegura que la anulación de la entrevista a Ada Colau es “un caso de censura”, porque iba a ser entrevistada como coautora de un libro. También considera que, a diferencia de los magacines especializados en temática del corazón o de entretenimiento, los programas que abordan temas sociales deben poder entrevistar a invitados que directa o indirectamente estén relacionados con cuestiones políticas. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/24/actualidad/1366827725_633927.html 13. ECHENIQUE NIEGA LA EXISTENCIA DE “LISTAS NEGRAS” EN TVE La oposición pide la dimisión del director de Informativos por el correo que se filtró con calificaciones ideológicas sobre los periodistas de la cadena El correo electrónico que envió una subdirectora de los informativos de TVE etiquetando ideológicamente a los periodistas ha llegado al Parlamento. La oposición compara el documento en el que se encuadraba a varios profesionales en el llamado comando Rubalcaba, a las prácticas de la Stasi. Por eso ayer preguntaron al presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, si había listas negras en la televisión. “No, en absoluto”, dijo fríamente en el Congreso durante su comparecencia. Después aclaró que ni él ni nadie de su equipo —incluido el jefe de Informativos, Julio Somoano— compartía “ni una sola de las palabras” del informe que remitió equivocadamente la subdirectora de Torrespaña Cecilia Gómez al Consejo de Informativos. Aseguró que el polémico e-mail —dirigido a una consejera del

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PP— era “estrictamente personal” y que no puede estar en la mente de los 6.300 trabajadores de la casa. Ese documento “no refleja la manera de operar” de RTVE, insistió Echenique, que dio por zanjado el episodio con la dimisión de la directiva. Pero la oposición no está dispuesta a pasar página tan rápidamente. Joan Saura (ICV) acusó una y otra vez a la corporación de injerencia política. “Yo digo que no y usted que sí. Esto puede convertirse en un diálogo de besugos”, terció el presidente. El socialista Juan Luis Gordo pidió que se investigue a fondo “este ataque a la dignidad personal y profesional”. “Es un hecho gravísimo” y “no se puede sustanciar con una dimisión. El director de Informativos tiene que irse o si no tiene usted que cesarlo”, planteó. “No hay nada que investigar”, zanjó Echenique. Los periodistas de RTVE han aprovechado este incidente para exigir unos informativos “despolitizados”, donde los nombramientos se realicen “con criterios profesionales”. “Algo que solo puede garantizarse mediante el desarrollo de una carrera profesional basada en criterios objetivos de mérito, trayectoria y capacidad”. A través de un comunicado aseguran que el informe elaborado por Gómez, “lleno de connotaciones abiertamente partidistas”, evidencia que la independencia en RTVE “no ha sido salvaguardada”. Y aprovechan para reclamar a los partidos voluntad política para garantizar la independencia de la radio y la televisión pública y evitar que RTVE se convierta en un medio progubernamental. Echenique considera que los datos no son "satisfactorios" Mientras los profesionales pedían objetividad en los nombramientos, Echenique defendía que los mismos directivos que han provocado la caída de audiencia de la radio pública estén reestructurando Radio 5, que ha mantenido estables sus oyentes. El diputado socialista Félix Lavilla hizo una defensa del modelo Todo Noticias y alertó sobre el riesgo de que desaparezcan los titulares de noticias cada 15 minutos, su seña de identidad. “¿Pueden los que han hundido RNE proyectar el futuro de Radio 5?”, se preguntó. El presidente de RTVE aseguró no tener conocimiento de que se vayan a cambiar los partes de noticias y dijo que el plan es hacer una radio “fresca, atractiva, moderna, próxima al terreno y con desconexiones territoriales”. En el terreno de la producción, el recorte presupuestario de la cadena estatal ha provocado un fuerte descenso en las producciones externas de TVE. En 2011 esta partida era de 113 millones de euros y este año rondará los 68 millones. La televisión ha reducido tanto el número de productoras con las que ahora trabaja como el volumen de contratos. En algunos casos, con en el de Águila roja, se ha renegociado a la baja (con un coste de un 17% menos). Frente a las dudas expresadas por Hacienda sobre el uso del patrocinio cultural en programas que tienen poco de cultura, Echenique ha defendido que MasterChef se financie parcialmente a través de patrocinio. Pese a las preguntas de los parlamentarios, se ha negado a dar datos sobre el alcance del patrocinio del reality culinario.

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Sobre las críticas a la cobertura de las bombas que estallaron durante el maratón de Boston dijo que TVE no puede llegar a todo porque “el mundo es muy grande”. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/23/actualidad/1366717902_731103.html 14. ¿CASO DE NEPOTISMO EN RTVE?

En RNE contratan a la hermana de la directora de Relaciones Institucionales Una contratación ha revuelto las aguas de la redacción de RNE. Se trata de la incorporación como Jefa de la Redacción de Noche de María José Sastre, que como tal pasa a ser responsable del programa „El día menos pensado‟ que presenta Manolo HH. El fichaje de esta periodista está siendo denunciada tanto por el Consejo de Informativos como por el Comité de Empresa, por varias razones, la principal, María José Sastre es hermana de la directora de Relaciones Institucionales de RTVE, Carmen Sastre, lo que ha levantado acusaciones de nepotismo. Reducciones en los sueldos Desde los órganos de representación, tanto profesional como sindical, de los trabajadores se recuerda que en estos momentos la redacción de RNE está sufriendo el recorte salarial propio de todos los empleados públicos, más un recorte sustancial de sus pluses que varía entre el 10% y el 15%. Un esfuerzo económico que les pide la empresa por las dificultades que tiene que hacer frente, y que significan que este año tiene que recortar 35 millones de euros en su presupuesto. El Consejo de Informativos, el órgano de representación de la redacción de la radio pública, ha emitido una nota en la que muestra su “sorpresa”, ya que dicen, este fichaje “contradice la línea de acción que ha defendido la Dirección desde que tomó posesión de su cargo: contar con profesionales de la casa para la edición, dirección y presentación de los programas e informativos de RNE”. Hermana de una importante directiva Pero además, se subraya esa „coincidencia‟ que apuntábamos. María José Sastre es hermana de Carmen Sastre, que en estos momentos ocupa un cargo directivo clave como directora de Relaciones Institucionales, estrecha colaboradora del responsable de comunicación de la empresa, Alfonso Nasarre, un hombre de enorme influencia sobre el Presidente de la Corporación, Leopoldo González Echenique. Carmen Sastre tiene un largo historial en la casa: ha ocupado puestos de responsabilidad tanto en el área económica, como de política nacional durante los tiempos de Alfredo Urdaci. Después fue asesora de un consejero del PP, Andrés Martín Velasco, que fue también uno de los grandes colaboradores de Urdaci, como su subdirector.

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En fuentes de la empresa se justifica la contratación de María José Sastre en el hecho de ”haber resultado imposible encontrar una persona con el perfil profesional necesario que aceptara trabajar en un horario tan problemático como es el de la madrugada”. Se asegura, igualmente que el sueldo que percibirá la periodista “es un sueldo que está en el mercado”. Y se recuerda que la carrera profesional de Sastre justifica su contratación. María José Sastre ha trabajado, y ocupado puestos de responsabilidad editorial en la cadena SER, en Onda Cero y en ABC Punto Radio, de donde fue recientemente despedida, afectada por el ERE que se produjo tras la compra de la cadena de Vocento por parte de la COPE. http://www.elplural.com/2013/04/26/caso-de-nepotismo-en-rtve/ 15.C.A GALICIA. FEIJÓO CULPA A LA OPOSICIÓN DE QUE NO MUESTRE LOS CONTRATOS CON DORADO

El presidente promete detallarlos “de inmediato y céntimo a céntimo” Han pasado 15 días desde que Alberto Núñez Feijóo reconociese tácitamente ante el Parlamento gallego que empresas de su antiguo amigo contrabandista Marcial Dorado recibieron ayudas y contratos de la Xunta. Desde entonces, el presidente gallego solo ha desvelado una compensación de 120.000 euros que el bipartito otorgó en 2007 a una firma de Dorado, dentro del paquete de indemnizaciones por los daños de los temporales en la comarca de Arousa. Feijóo ha divulgado esos datos en el Parlamento y en comparecencias ante la prensa, pero sigue sin detallar los contratos durante los Gobiernos de Fraga, en los que el actual presidente ocupó diversos altos cargos. Ayer prometió que lo hará “de inmediato” y “céntimo a céntimo”, y justificó el retraso echándole la culpa a la oposición. Feijóo aseguró que iba a facilitar esos datos en su tormentosa comparecencia parlamentaria del pasado miércoles, en la que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) le preguntaba expresamente por esa cuestión, pero alegó que el incidente con el líder de esa formación, Xosé Manuel Beiras, no se lo permitió. “No me dejaron”, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta. “No pude seguir contestando porque un diputado [Beiras] vino a mi escaño y, además de decirme cosas interesantes, dio puñetazos encima”, se justificó Feijóo. Lo cierto es que el incidente con Beiras fue anterior a la pregunta de la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, a la que el presidente se negó a contestar alegando que no lo “merecía” por no haber pedido disculpas ante la actitud de su jefe de filas. Feijóo tenía otra oportunidad ayer para divulgar esos datos a la prensa en su comparecencia tras el Consello —como, de hecho, hizo dos semanas antes con la indemnización del bipartito— pero tampoco la aprovechó. Y eso que, según aseguró, es “el más interesado” en que se conozcan para probar que él personalmente “ni firmó ni adjudicó” ningún contrato a esas empresas en las que otro amigo suyo, el fallecido chófer de conselleiros de la Xunta y militante del PP Manuel Cruz, figuraba como testaferro del contrabandista y

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narcotraficante. “Lamento decepcionar a algunos, pero la realidad es lo suficientemente contundente”, señaló. Que Feijóo no adjudicase personalmente ningún contrato ni ayuda no significa que no los haya. Ni siquiera en la Consellería de Sanidade a partir de 1995, cuando el actual presidente era secretario general de ese departamento y empezó a pasar su tiempo de ocio con Dorado. Este periódico le preguntó si hubo alguna relación económica de las empresas del contrabandistas con Sanidade durante esa época, y el presidente insistió: “Yo ni firmé ni adjudiqué”. ¿Pero hubo algún contrato de Sanidade aunque él no lo firmara?. “Lo detallaremos consellería por consellería”, se limitó a contestar. ¿Y cuándo?. “Supongo que de forma inmediata, sobre todo si me dejan trabajar con normalidad”. Los datos, explicó, los enviará por escrito al Parlamento y a los medios de comunicación. Por lo demás, el presidente volvió a extenderse sobre la bronca del pasado miércoles en la Cámara autónoma, de la que responsabilizó en exclusiva a la oposición. Pese a todo, después de los durísimos ataques que dirigió a todos sus rivales en el Parlamento para evitar responder a sus preguntas, ayer adoptó un tono más conciliador e incluso evitó sumarse a la solicitud de dimisión de Beiras planteada por su grupo parlamentario. “Seguro que podemos discrepar. Escucho con frecuencia descalificativos gravísimos que estoy dispuesto a aceptar, pero puños y manotazos, no. Conmigo que no se cuente para esa práctica antiparlamentaria”, comentó. “El Parlamento es el lugar de la palabra. Lo contrario es un debate de puños y manotazos”, insistió. Un periodista le recordó que cuando él era vicepresidente de Manuel Fraga aplaudía las lágrimas de este, mientras que el pasado miércoles ironizó sobre las de Beiras. Feijóo mostró su respeto por las emociones de la gente, pero argumentó que lo que había hecho el líder de AGE fue “emocionarse y criminalizar” “Macarra”, “infame” y “provocador” La bronca continuó ayer, pero ya fuera del hemiciclo. Esta vez los mensajes se intercambiaron a través de los medios y hubo palabras muy duras para Feijóo. La mayor, de la viceportavoz de AGE en el Parlamento, Yolanda Díaz, quien no se anduvo con rodeos y tildó al presidente de la Xunta de “macarra”. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, elegió el calificativo “infame”. Es el juicio que le merece, explicó Vázquez, que Feijóo se hubiese dedicado a “ridiculizar la emoción de Beiras”. El dirigente socialista no justificó la reacción del líder de AGE, pero acusó al presidente de acudir al Parlamento con intenciones de “provocación”. “Es de una falta de sensibilidad absoluta poner en evidencia y ridiculizar a una persona que se emociona, o llora, cuando recuerda a un familiar o un amigo que falleció”. Las lágrimas de Beiras, hace 15 días en el Parlamento, fueron cuando evocó a un familiar muerto por la droga. “Eso no se le hace a nadie, no está en el canon del debate político. ¿No se acuerda de que Fraga lloraba cada vez que abría la boca?”, insistió Vázquez, quien señaló

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que el presidente del Gobierno tiene la “obligación moral y legal de contestar y decir la verdad”. “Pero eso Feijóo lo tiene prohibido”, apostilló. “Tiene una actitud macarra... Es un macarra”, afirmó, por su parte, Yolanda Díaz. “Cómo trata la gente, cómo la insulta...” . Al igual que los demás dirigentes de la oposición, la viceportavoz de AGE y coordinadora deeEsquerda Unida entiende que Feijóo ha pervertido las sesiones parlamentarias de control al presidente porque este las usa para atacar a la oposición. “Él no contesta, no cumple con el rol de esas sesiones”, señaló Díaz, quien interpretó la actitud de Feijóo como un intento de ocultar que no estaba respondiendo a las preguntas sobre sus relaciones con Dorado. “Sabía que le estábamos metiendo el dedo en el ojo”, indicó. Tras conocer las palabras de Díaz, el presidente de la Xunta ironizó: “La opinión de la lideresa de AGE es clarificadora sobre el respeto, la mesura, la racionalidad y las ideas tan sesudas en las que basa ese grupo su proceder parlamentario”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/25/galicia/1366901970_994439.html 16.C.A MADRID. ADMITIDA UNA QUERELLA CONTRA EL DIRECTOR DE TELEMADRID POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS CC OO considera que Sánchez prevaricó y malversó fondos públicos tras el ERE El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez Domínguez, tendrá que declarar en calidad de imputado en el juzgado número tres de Pozuelo de Alarcón al haber sido admitida una querella presentada en febrero pasado por Comisiones Obreras por cinco delitos. El sindicato considera que el director de la cadena pública autonómica puede haber cometido delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario (por administración desleal). Telemadrid asegura en una nota de prensa que no ha "recibido notificación alguna" en relación a la querella y que todos los hechos a que se refiere "ya han sido analizados, valorados y desestimados" en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró no ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que se despide a 829 trabajadores. El sindicato entiende que la contratación de la filial de Telefónica TSA para la producción técnica de sus emisiones presenta las "características propias de una cesión ilegal de trabajadores y cuestiona la validez de los despidos efectuados, cuyos puestos son amortizados por causas económicas". Además, el hecho de que Sánchez sea un empleado de Telefónica en excedencia (fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional) lleva a CC OO a plantear un posible tráfico de influencias, según explica David

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Jabato, secretario general de Federación de Servicios para la Ciudadanía de CC OO de Madrid. Además se incumplió, según el sindicato, la obligación de información a los representantes de los trabajadores "lo que implica no sólo un ilícito laboral, sino un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento de adjudicación, que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, menoscabar los controles previos y hacer inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga". Por el contrario, Telemadrid entiende que la sentencia del TSJM respalda la contratación de TSA porque mantiene que "no ha existido una sucesión empresarial en la titularidad del Ente ni en sus sociedades (...) en relación con la externalización realizada y con las contrataciones a proveedores" y declara que no cabe concluir que los criterios de selección del personal afectado por el ERE hayan sido discriminatorios. La Federación de Servicios para la Ciudadanía de CC OO, que se mostró satisfecha de la admisión de la querella, recuerda que Sánchez ha rechazado reunirse con los representantes de los trabajadores para negociar la aplicación de la sentencia del TSJM, frente a la que todas las partes han presentado recurso de casación ante el Supremo. Telemadrid, por su parte, promete un análisis "crítico y riguroso de los hechos denunciados, de la inconsistencia de los mismos y de la carencia de fundamentación jurídica" cuando se le comunique la imputación de Sánchez, y se reserva "cuantas acciones procedan contra el querellante como calumniador". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/madrid/1366819153_064935.html 17. C.A MADRID. CIFUENTES DA LECCIONES DE LEGALIDAD AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha pretendido este jueves dar lecciones de legalidad al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, al recordarle “algo que probablemente tiene que saber”, según ha dicho, “que el derecho de reunión y manifestación no es un derecho absoluto y tiene límites fijados por la propia Constitución”. Moliner dijo que los escraches son un derecho La polémica delegada del Gobierno en Madrid se refería así a las declaraciones, ayer, del presidente del Poder Judicial en las que dijo que las protestas que han llevado a cabo algunos ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos no están siendo violentas y, por lo tanto, constituyen un ejemplo de la libertad de manifestación, protegida por la Constitución. Actos violentos

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En una entrevista en la COPE, Cifuentes ha señalado que el artículo 21.2 de la Constitución Española establece que el derecho de reunión debe ser previamente comunicado, “cosa que en la manifestación de hoy frente al Congreso y tampoco en los mal llamados escraches lo hacen”. La representante del Gobierno considera que los escraches son “hechos violentos”, “acoso, coacción, hostigamiento, el acoso y que vayan a tu casa a decir: „no es un vecino, es un asesino‟ creo que sí es violencia. Y este tipo de actos no cumple los requisitos que la ley establece, y esto el señor Moliner no lo ha tenido en cuenta”. El asedio al Congreso, esta tarde Sobre el asedio al Congreso, programado para esta tarde, Cifuentes ha dicho que está esperando a que los líderes de IU y el PSOE “condenen sin paliativos” la convocatoria porque la concentración “puede derivar en incidentes violentos”. “No estamos hablando de derecho de reunión o manifestación, sino una convocatoria que quiere alterar el orden público desde el primer momento utilizando medios que no van a ser pacíficos. Sus intenciones no parecen ser precisamente pacíficas”, ha insistido En otra entrevista también esta mañana en Onda Cero, la delegada del Gobierno en Madrid ha afirmado que los promotores del „Asedia el Congreso‟ tienen “un perfil activista tan radical que ha hecho que el 15-M se desmarcara de esta iniciativa”. Cifuentes diferencia ahora el 25-S de convocatorias violentas Cifuentes ha considerado que esta convocatoria es diferente a los otras realizadas por el movimiento 25-S entorno a las Cortes y supone “un salto hacia adelante” protagonizado por los elementos más radicales de extrema izquierda “. Sin embargo, aunque Cifuentes ha dicho ahora que en las manifestaciones anteriores alrededor del Congreso convocadas por el movimiento 25-S no había elementos radicales, cuando ocurrieron aquellas concentraciones en 2012, la delegada del Gobierno las vinculó entonces con elementos extremistas e incluso de la extrema derecha. “En este caso, como en otros, los extremos se unen”, dijo entonces, además de advertir que las manifestaciones no cumplián “los requisitos legales necesarios” y que la Policía “actuará en consecuencia”. Y, efectivamente, las cargas policiales fueron memorables. http://www.elplural.com/2013/04/25/cifuentes-da-lecciones-de-legalidad-al-presidente-del-poder-judicial/

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18. C.A MADRID. LA POLICÍA NACIONAL CONTROLÓ EL ACCESO AL MADRID ARENA PARA EVITAR INCIDENTES Un informe enviado al juez indica que los ocho agentes “patrullaban los alrededores” El comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana firmó el 29 de octubre una orden de servicio (3463/12) para determinar el despliegue de la Policía Nacional en la fiesta de Halloween celebrada entre las once de la noche y las seis de la mañana en el pabellón municipal Madrid Arena. El comisario jefe dio tres instrucciones: un par de agentes debía recoger la documentación correspondiente y supervisar la apertura de puertas. Un equipo (unos ocho agentes) de la Unidad de Prevención y Reacción, conocidos como zodiacos, en furgoneta y con material antidisturbios, debía “establecer un servicio desde las diez de la noche, garantizando el normal desarrollo del acto y permaneciendo en el lugar hasta su finalización”. Y un subgrupo (unos 20 agentes) de la Unidad de Intervención Policial, conocidos como antidisturbios,debía estar en alerta por si fueran necesarios. Tal y como se observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad, dos agentes recorrieron durante 15 minutos el pabellón a las diez de la noche; entraron a por documentación y, aunque entre sus competencias no estaba revisar el recinto, sí lo atravesaron de cabo a rabo, atendiendo a las indicaciones de los responsables de la empresa municipal y de la firma de seguridad Seguriber. Hasta ahora nada se sabía oficialmente de la labor del equipo de zodiacos durante la fiesta. EL PAÍS ha tenido acceso a una nota enviada por el comisario jefe al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la muerte de cinco jóvenes en la fiesta. En este documento, el agente que dirigió a los zodiacos esa noche cuenta que, alrededor de las diez y media de la noche, se dirigieron a “las inmediaciones del pabellón al objeto de entrevistarse con el personal de seguridad privada e interesarse sobre el ambiente de la celebración”. Tras ello, se entrevistan “con el indicativo Puma [antidisturbios] asignado al evento, en el acceso a la zona en la estación de metro de Lago”. Se deduce de ello que la Unidad de Intervención Policial, o al menos parte de ella, se encontraba en esa zona. A partir de entonces, el equipo de zodiacos “realiza patrullaje por los alrededores del evento y controlando los accesos del mismo, comprobando que no se produzca ningún altercado o incidencia”. El pasado 20 de noviembre, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP), afirmó: “La Policía Nacional no tenía competencia en el Madrid Arena”. Hace dos semanas, reiteró esta afirmación, recordando, eso sí, que la Policía Nacional “estableció el dispositivo adecuado en el exterior del Madrid Arena, con el fin de garantizar el mantenimiento del orden público en caso de que se produjera alguna incidencia”. Un estrecho vomitorio

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El estrecho vomitorio de unos cuatro metros de ancho y unos 10 de largo en el que se produjo la tragedia del Madrid Arena el pasado 1 de noviembre pudo fotografiarse ayer por primera vez. Este corto paso entre la planta baja del pabellón (la llamada cota cero) y las salidas laterales se convirtió en una trampa mortal por la que querían salir centenares de personas, mientras otras pretendían entrar para ver al pinchadiscos Steve Aoki. La aglomeración fue tal que una puerta, que da a un pequeño almacén, quedó destrozada, mientras la gente se apiñaba y resultaban aplastadas cinco jóvenes. Las escaleras laterales, no se usaron para huir. En el exterior del recinto había también 12 agentes de la Policía Municipal. El juez ha imputado a su inspector jefe, Emilio Monteagudo; y al que fuera su responsable político, el exdelegado municipal Antonio de Guindos, porque “en un evento en el que aparentemente se produce un fallo clamoroso en las medidas de seguridad más elementales, algo tendrán que decir los máximos responsables de seguridad del Ayuntamiento, titular del recinto”. El colapso del corredor en el que perdieron la vida las jóvenes se produjo a las 3.32. Según las conclusiones de la comisión de investigación municipal, la Policía Municipal recibió la primera alerta a las 4.00. Los servicios de emergencia municipales (Samur) llegaron a las 4.04. La empresa municipal que gestiona el recinto, Madridec, se enteró a las 4.10. A esa misma hora, los zodiacos recibieron un aviso de los pumas de que “había gente mareada”. Se desplazan en dirección a la zona del metro de Lago en busca de un Samur. Sin éxito. A las 4.30, interceptaron un coche circulando en dirección contraria. Solicitaron la presencia de la Policía Municipal para multarlo. Sin éxito. Mientras esperaban respuesta, recibieron la alerta de los pumas de que se había producido una avalancha en el interior del Madrid Arena. Se dirigieron entonces al pabellón. En uno de los dos accesos estaban los pumas, pero no sabían en cuál. Se presentaron en uno, y resultó que están en el otro, así que se movieron hacia allí. Cuando llegaron, sus compañeros ya se habían hecho cargo de la situación. Según la comisión de investigación municipal, eso ocurrió a las 4.40, mucho antes de la llegada de los zodiacos. A estos, nadie les contó lo que había ocurrido dentro del pabellón: según denuncian en su nota, se tuvieron que enterar por los avisos que escucharon en la emisora. Su misión concluyó pasadas las 7.20, tras comprobar un falso aviso de avalancha en la estación de metro de Lago. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/madrid/1366835796_111267.html 19.C. VALENCIANA. EL JUEZ DE GÜRTEL IMPUTA AL ALCALDE DE CASTELLÓN POR CONTRATAR A EL BIGOTES El magistrado implica a otros cuatro cargos por adjudicar a dedo contratos a El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, ha imputado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, y a otros cuatro cargos de la Administración autonómica por haber adjudicado a dedo contratos a Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

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La rama valenciana de Gürtel consta de seis piezas separadas, tres de las cuales se abrieron hace pocas semanas. Una de ellas, en la que han sido imputados los cinco cargos además de los cabecillas y varios trabajadores de la trama, se refiere a la adjudicación de 76 contratos a dedo a la red, que según la Fiscalía Anticorrupción eran fraccionados irregularmente para que no sobrepasaran el límite que hubiera obligado a tramitarlo con procedimientos más exigentes, como el concurso público. Uno de esos contratos, que firmó el alcalde de Castellón, por entonces director general en la Consejería de Sanidad, tuvo como objeto la realización del "Acto premios salud y sociedad 2007". La organización de ese tipo de actos era la especialidad de Orange Market. El juez Ceres señala en la resolución conocida este jueves que Bataller y el resto de nuevos imputados tuvieron una "presunta y aparente intervención relevante" en la decisión de contratar a El Bigotes, que según la Fiscalía Anticorrupción violaron los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia que deben respetar las Administraciones. Los otros cargos imputados por el juez Ceres son Rafael Peset, también responsable de la Consejería de Sanidad, por haber contratado la organización del mismo premio que Bataller pero en la edición de 2006; Clara Abellán, que era directora general de Bienestar Social y suscribió tres contratos con Orange Market en 2006 y 2007; Antonio Santo Juan, responsable de la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa y presidente del comité de empresa por UGT, y Arantxa Vallés, exgestora de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional. Según fuentes jurídicas, la imputación de Vallés se debe a la declaración efectuada en su día por Dora Ibars, también imputada en la causa, y destituida dos veces en menos de seis meses por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del cargo de directora general de Promoción Institucional. Se da la circunstancia de que Bataller accedió a la alcaldía de Castellón en el verano de 2011 en sustitución de Alberto Fabra, actual presidente de la Generalitat. Fabra había sido a su vez elegido por el presidente del PP, Mariano Rajoy, para sustituir a Francisco Camps, a quien su partido presionó para que dimitiera después de que el juez José Flors lo sentara en el banquillo por el Caso de los trajes, una de las derivadas de Gürtel en Valencia. Las otras piezas separadas investigan la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en la época de Camps, el fraude cometido en la cobertura de Canal 9 de la visita del Papa a Valencia en 2006, las adjudicaciones por cinco millones de euros de la feria turística Fitur y varios delitos fiscales. Los nuevos imputados han sido citados a declarar en el Tribunal Superior de Justicia valenciano entre mayo y junio. El alcalde de Castellón lo hará el 6 de junio. "Estoy súper tranquilo"

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Al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, le han abordado los periodistas este jueves tras trascender su imputación en la sede del Ayuntamiento. Bataller ha afirmado tener "la conciencia súper tranquila" y estar convencido de que saldrá "indemne" de la investigación judicial en la que acaba de quedar inmerso. A Bataller le han preguntado si no creía que el partido debería adoptar medidas respecto a él, dada la postura sobre los imputados que ha venido repitiendo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El alcalde de Castellón se ha limitado a contestar que las decisiones que pueda tomar el partido no dependen de él. Para quitarle hierro al asunto, Bataller ha recordado que ya declaró por el contrato suscrito con Orange Market. No ha indicado, sin embargo, que cuando lo hizo fue como testigo, en el juicio por cohecho contra Francisco Camps y Ricardo Costa, y que en aquel momento la contratación fragmentada de la Generalitat con la empresa de la trama Gürtel no había llegado al tribunal valenciano. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/25/valencia/1366906187_493389.html 20. C. VALENCIANATURISMO VALENCIA TRABAJÓ PARA NÓOS MESES ANTES DE FIRMAR EL CONVENIO Los preparativos se adelantaron al coincidir dos eventos, explicó su subdirector, Jaume Mata Jaume Mata, subdirector de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, reconoció en su última comparencia ante el juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin, que al menos tres meses antes de que se firmara el convenio con el Instituto Nóos para organizar la primera edición de la Valencia Summit este organismo estuvo trabajando con agencias de viajes en el alojamiento (entre 100 y 125 habitaciones) y las invitaciones al evento. “Hicimos esas previsiones, esos preparativos (...). Con antelación hay que invitar a los ponentes, los conferenciantes, hay que tener todo preparado. (...) Estábamos trabajando en un congreso que se iba a celebrar, lo que faltaba era formalizar ese convenio de colaboración. Después se firmó, pero nosotros ya estábamos trabajando”, declaró. Mata justificó la premura con que en esas mismas fechas en las que se iba a celebrar la cumbre se celebraban unas regatas en Valencia. El subdirector de Turismo Valencia admitió, como se reflejaba en un correo que le remite el empleado de Nóos Juan Pablo Molinero en junio de 2004, que desde primavera estaban trabajando “con todos esos preparativos” por indicación del director, José Salinas, y que ya en esas fechas el precio de la cumbre “venía en la propuesta, estaba aprobado”. El fiscal inquirió a Mata sobre la contradicción de que en la firma del convenio figure la fecha del 8 de septiembre y que en un correo del 17 de septiembre Molinero se quejara al subdirector de Turismo de que estaban “a un mes de la

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cumbre y todavía no hay contrato firmado”. Mata aseguró no recordar, pese a que contestó ese correo. Asimismo, el fiscal le pidió que aclarara el correo que mandó a Molinero el 31 de agosto de 2004, en el que revelaba que el papel de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue decisivo en estos eventos. Mata relataba a Molinero que la alcaldesa aún no había regresado de vacaciones por lo que no había podido “despachar con ella los temas pendientes relativos a la Valencia Summit”. El subdirector, tras un intrincado circunloquio, se imaginó que “debía tratarse de todos los actos institucionales, de presentación a la opinión pública y a los medios de comunicación”, que había que “trasladar a las entidades, a las instituciones, a las empresas”. Barberá niega sistemáticamente que ella haya decidido nada relacionado con la Valencia Summit, una cumbre según ella decidida por Turismo Valencia como organismo privado. El juez acepta la personación del PSPV en el 'caso Nóos' El juez del caso Nóos, José Castro, ha aceptado la personación como acusación particular colectiva de los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Valencia en su doble condición de representantes de una parte de los ciudadanos afectados por el presunto mal uso de caudales públicos y por estar obligados a la defensa del correcto funcionamiento de la Corporación municipal. El magistrado Castro instruye un caso de posible desvío de fondos públicos de la Generalitat valenciana y el Consell balear al Instituto Nóos, que dirigían el duque de Palma y su socio Diego Torres, por la organización de varios eventos. La Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, que gestiona la promoción turística de la capital, rechazó en su día la personación penal ofrecida por Castro y optó por reclamar responsabilidades civiles al Instituto Nóos, organizador de los tres congresos Valencia Summit sobre deporte y ciudad en 2004, 2005 y 2006, si al final del proceso hay condena. Se trata de una fórmula similar a la ejercida por la Generalitat y la Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA) contra los responsables de Nóos sin pedir responsabilidad penal. Turismo Valencia, que se nutre básicamente de dinero público, gastó sin mediar ningún concurso público al menos 1,35 millones de euros en estos eventos, cantidad que Esquerra Unida eleva a dos millones de euros. Un informe del Tribunal de Cuentas considera que Valencia Convention Bureau “como integrante de ese sector público local” por la “dependencia económica” del Ayuntamiento de Valencia, por lo que debió ajustarse a las limitaciones y requisitos de contrato que afectan al sector público. El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, destacó ayer que la personación “permitirá aclarar dónde fue a parar el dinero de los valencianos y las valencianas”. Calabuig insistió en que si la alcaldesa Barberá “realmente estuviera preocupada por lo que ha sucedido, habría tomado la iniciativa de personarse para defender los intereses y los recursos públicos”.

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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/24/valencia/1366825029_825040.html 21. C. VALENCIANAUN NUEVO TESTIGO DECLARA QUE LLEVÓ MÁS DINERO DE EMARSA AL PP DE VALENCIA El conserje de la sociedad saqueada asegura que lo llevó a Silvestre Senent -El concejal de Hacienda de Barberá era entonces presidente del partido en la ciudad La Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) fue sometida a un sistemático pillaje que concluyó en 2010 con la liquidación por quiebra de la empresa pública debido al agujero de 17 millones de euros que presentaba, según acredita el voluminoso sumario de la causa. El juez instructor, Vicente Ríos, estima que el desvío de dinero alcanzó, al menos, 25 millones. Una parte aún por determinar de esos fondos acabó en las arcas del PP de la ciudad de Valencia, que controló virtualmente Emarsa hasta su extinción gracias a su peso en la asamblea de municipios de la que dependía, según las últimas revelaciones del caso. De un lado, la declaración este lunes de uno de los pocos exempleados de la planta depuradora que no ha sido imputado, el entonces conserje José Salvador Villalba. El testigo declaró ante el juez que llevó dinero de la sociedad a Silvestre Senent, concejal de Hacienda de la alcaldesa Rita Barberá. El bedel afirmó que el destino de esos fondos públicos era “pagar la lotería de Navidad del PP”. Aunque no pudo estimar a cuánto ascendía la entrega, el testigo aseguró que hizo la entrega “varios años”. Las palabras del conserje están en consonancia con lo que declaró en sede judicial el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, que también ocupó cargos en el Ayuntamiento de Valencia y en el PP de la ciudad. Cuesta relató que la sociedad pública entregó, también durante varios años, 20.000 euros al Partido Popular de la capital valenciana para costear las cenas con que homenajeaba a sus militantes. El receptor de los fondos era igualmente Senent, según el testigo, y el importe total por esta vía habría alcanzado los 100.000 euros. Los enlaces de Senent en la planta depuradora, encargados de llevar el dinero o de ordenar a otros para que lo hicieran, fueron, según las declaraciones judiciales mencionadas, dos cargos del PP en la ciudad de Valencia y de Emarsa simultáneamente. Santos Peral, jefe de contabilidad en la sociedad pública y secretario general del PP en el distrito de Patraix, e Ignacio Martínez, jefe de compras de la planta y secretario general popular del distrito de Trànsits. El juez Vicente Ríos decidió imputarlos también el lunes a los dos por un delito continuado de malversación de caudales públicos, como consecuencia de las declaraciones prestadas por otros testigos e imputados. Estos aseguraron que Peral y Martínez eran quienes controlaban la caja de Emarsa durante el periodo (2004-2010) en que se produjo el pillaje en la sociedad. Y que, entre otras cosas, se autoconcedían sobresueldos de unos mil euros al mes de la

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misma caja que debían custodiar. Existen “indicios bastantes”, señala el juez, de que ambos lograron por esta vía “un beneficio ilícito”. El magistrado recuerda que lo hicieron supuestamente pese a tener un sueldo que alcanzaba los 83.546 euros al año en el caso de Peral y 89.442 euros en el de Martínez. El juez se acerca a Senent La causa judicial que investiga el colosal fraude cometido en Emarsa se acerca cada vez más a Silvestre Senent, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia y, hasta enero, presidente del PP de Valencia (ahora es presidente de honor y del comité electoral). Un testigo, el exconserje de la planta depuradora José Salvador Villalba, declaró el lunes que llevó dinero público varios años a Senent para sufragar la lotería navideña del PP de la capital valenciana. Y un imputado, Esteban Cuesta, exgerente de la sociedad pública, aseguró que de la planta también salió el dinero con que Senent pagó la cena de homenaje a los militantes de su partido, a razón de 20.000 euros por ágape, unos “cinco o seis años”. La conexión de Senent con Emarsa, de la que fue presidente desde 1997 hasta 2002, salpica también muchas otras páginas del sumario, especialmente en lo referente a su supuesta tendencia a enchufar trabajadores. Entre ellos, según varios testimonios, algunos de los principales imputados por el fraude. Es el caso de Sebastián García, el responsable de la planta —lo llamaban “el subgerente”, según el bedel— y al mismo tiempo proveedor de la sociedad pública, a la que habría desvalijado cobrándole por falsos suministros y servicios. Como por ejemplo, ventas de 164 teclados y 149 ratones en medio año para una empresa que solo tenía 30 ordenadores. La causa no investiga la época en que Senent presidía la sociedad, según fuentes jurídicas, porque los posibles hechos delictivos cometidos probablemente habrían prescrito. Pero sí constan indicios de que las irregularidades también fueron moneda común entonces. Los auditores de Emarsa advirtieron en aquellos años de insuficiencias en el procedimiento de contratación, falta de control en las compras, reparaciones y mantenimiento. Esto es, lo mismo sobre lo que los auditores alertaron en la etapa investigada (2004-2010) y cuya dejación permitió, según el juez, el fraude masivo. También otro de los imputados, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular en el Ayuntamiento de Valencia, exportavoz del PP en la Diputación de Valencia y exempleado de Emarsa, afirmó que las prácticas en la época de Senent en la planta fueron “calcadas” a las que ahora investigan los tribunales. El concejal de Hacienda se ha negado hasta hoy, sin embargo, a ofrecer explicaciones, en una actitud parecida a la que mantiene la alcaldesa Rita Barberá ante todos los escándalos judiciales. Los socialistas señalaron que con cada paso judicial “surge una nueva prueba que implica más al PP en el supuesto saqueo de la depuradora”. Mientras,

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Compromís advirtió de que el caso Emarsa puede acabar convertido en otro escándalo de “financiación ilegal”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/23/valencia/1366716566_834886.html