Boletín Membresía Abril-Junio 4

BOLETIN DEMEMBRESIAAmnistía Internacional ArgentinaAbril - Junio 2013

4

SOLIDARIDAD INTERNACIONALPOR EL CASO DE BEATRIZ

BEATRIZ Solidaridad InternacionalPag. 4

CASO AMIAComisiones de la verdadUnidas Pag. 6

TRATADO DE ARMASEs hora de firmarPag. 7

ACTIVISMOPag. 8-9

CRÍMENES DEL FRANQUISMOPresentación del informe“El tiempo pasa, la impunidad perma-nece” Pag. 10

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA TORTURAPag. 10

EL IMPACTO DEL CONFLICTO DE SIRIA VISTO DESDE LEJOSPag. 12

CAIRO + 20Pag. 14

INFORME ANUAL 2013La situación de DDHH en el mundoPag. 15

LA COMUNIDAD QOMDeben investigarse los hechos de violencia Pag. 18

Pág. 2 Abril -Junio 2013 - AMNISTÍA INTERNACIONAL

EN ESTE IRAK

BOLETÍN 4

Amnistía Internacional ArgentinaCerrito 1050 6º Piso (C1010AAV) Ciudad de Buenos Aires – ArgentinaTel: 54 11 [email protected]

Sólo se reciben visitas con cita previa concertada vía correo electrónico ([email protected]) o telefónica, especificando motivo de la visita


IRAK

A diez años de la invasión norteamericana, las violaciones a los derechos humanos continúan

Durante los últimos 52 años Amnistía Internacional ha revelado los avances y retrocesos respecto a las violaciones de de-rechos humanos en todo el mundo, de manera ininterrumpida. En todos estos años, Amnistía ha trabajado para erradicar la tortura y la pena de muerte. Ha Reclamado verdad y justicia para que los gobiernos de todo el mundo impulsen y promuevan políticas públicas comprometidas con la recuperación de la memoria. Ha hecho campaña para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y ha trabajado para promover la diversidad sexual y el trabajo a favor de personas migrantes y refugiadas.

Amnistía Internacional ha sido clave en lograr la redacción y aprobación de normas internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desaparicio-nes Forzadas.

Nuestra presión y nuestras acciones prepararon el terreno para el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Años de in-tensas actividades de campaña, se han plasmado en el compromiso de la ONU de redactar un tratado para regular el comercio de armas. Amnistía Internacional ha ocupado también un lugar central en la coalición que convenció a la ONU de que votase a favor de la suspensión mundial de la pena de muerte.

En 1977 los esfuerzos del movimiento fueron recompensados con el premio Nobel de la Paz, y en 1978 la organización fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 1979 AI publica una lista de 2.665 casos de personas desaparecidas en Argentina tras el golpe militar de Jorge Rafael Videla. Es la primera vez que Amnistía Internacional trabaja sobre tantos casos en un solo país.

A pesar de los logros del movimiento, cada día mujeres, hombres, niñas y niños siguen siendo torturados, golpeados, privados de alimentos, obligados a sufrir la esclavitud, desalojados de sus viviendas y asesinados. Se les niega justicia, Información y participación en las decisiones que afectan a su vida. Nuestra membresía y el trabajo conjunto del movimiento han contribuido a visibilizar estas situaciones y tu apoyo y compromiso ha sido y es central para lograr tal cometido. Hoy nuestra organización cumple 52 años y lo queremos festejar con vos.

Mariela Belski Jimena CuadradoDirectora Ejecutiva Presidenta


© AMNESTY INTERNATIONAL UNA DE LOS 9 MISILES CAIDOS EN ALEPPO, SYRIA, EL 1 DE MARZO

La historia de Beatriz llegó de El Salvador y recorrió el mun-do, como un símbolo de la discriminación y los malos tratos que las mujeres todavía sufren en muchos países del mundo.A los 22 años, ya madre de un hijo, quedó embarazada. Como padeció graves patologías renales y una enfermedad llama-da lupus, los médicos que la atendieron advirtieron que su vida corría serio riesgo si seguía adelante con la gestación. Además, advirtieron que el feto era anancefálico, por lo cual no tenía posibilidades de sobrevivir fuera del vientre materno.

Sin embargo, debió luchar durante casi dos meses contra la jus-ticia y el gobierno de El Salvador, que se negaron a autorizar un aborto terapéutico. Finalmente, a comienzos de junio se le realizó a Beatriz una cesárea anticipada, cuando llevaba casi dos meses internada y estaba entrando en la semana 27 de su embarazo.

Beatriz no estuvo sola. Junto a la Agrupación Ciudadana, or-ganización no gubernamental salvadoreña que trabajó incan-sablemente en su nombre, hubo cientos de miles de personas alrededor del mundo que sumaron sus voces al llamado para que se respetaran sus derechos humanos, muchos de ellos en respuesta a la acción de Amnistía Internacional en todo el pla-neta. El caso de Beatriz, movilizó más de 160.000 miembros y activistas de Amnistía Internacional que firmaron pedidos para lograr llamar la atención de las autoridades Salvadoreñas.

BEATRIZ, SU LUCHA POR LA VIDA Y POR LOS DERECHOS HUMANOS


Amnistía Internacional, con el planteo en el Congreso

Amnistía Internacional Argentina participó el 30 de mayo en audiencia pública en el Congreso Nacio-nal, en la que se les pidió a los legisladores que vuelvan a discutir la despenalización del aborto, tema que está fuera de la agenda parlamentaria desde 2011. “El estado tiene la obligación de permitir que las muje-res decidan sobre su propio cuerpo y sobre el tipo de familias que quieran tener”, dijo la directora ejecuti-va de Amnistía,Mariela Belski, quien explicó que “la penalización viola los principios de igualdad y no discrimi-nación, porque son las mujeres pobres las que habitualmente se someten a abortos en condiciones inseguras”.

La audiencia pública fue organizada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y contó con la presencia de los diputados nacionales Jorge Rivas, Mara Brawer, María del Carmen Bianchi, Victoria Donda, Adria-na Puiggrós, Carlos Raimundi y Adela Segarra, entre otros. Junto a Amnistía Internacional expusieron represen-tantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

Mariela Belski contó durante la audiencia que “Amnistía Internacional se ha fijado como una de sus prioridades en todo el mundo la defensa de la salud sexual y reproductiva. En el ámbito de las Naciones Unidas existen gobiernos conservadores que están buscando retrotraer los logros alcanzados por el movimiento de mujeres en los últimos años”.

En la Argentina fue un gran paso adelante la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2012 en el caso FAL, que, al interpretar el artículo 86 del Código Penal, reconoció el derecho de las mujeres embarazadas como con-secuencia de una violación a acceder al aborto en hospitales públicos sin necesidad de intervención judicial. De todas maneras, Amnistía señaló que hasta ahora el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no han dado una respuesta adecuada al mensaje de la Corte, ya que en muchos lugares del país todavía se dificulta el acceso al aborto no punible.

En su exposición en el Congreso la directora de la organización señaló que el derecho a la salud sexual y reproductiva es un componente del derecho a la salud, que está reconocido en distintos tratados internacionales de derechos humanos. El respeto a ese derecho es fundamental para la dignidad humana e incluye, entre otros, la libertad para elegir la orienta-ción sexual, el tipo de familia que se pretende fundar, el número de hijos que se quiere tener y el momento para hacerlo.

Amnistía Internacional afirmó que a ninguna mujer se le debe denegar tratamiento médico para salvar su vida, incluido un aborto de ser necesario y celebró que fi-nalmente el gobierno de El Salvador autorizara una ce-sárea anticipada para salvarla de la muerte. Antes, la Corte Suprema del país había rechazado el pedido de au-torizar un aborto terapéutico, debido a las rígidas leyes an-tiaborto locales, que prohíben la práctica en forma absoluta.

La dramática situación que atravesó Beatriz no debió haber ocurrido nunca. Fue un acto de terrible crueldad de par-te del gobierno salvadoreño haber jugado con su vida y la salud de Beatriz de esta manera. Los expertos de la ONU en salud, tortura, discriminación y violencia contra las mu-jeres, Anand Grover, Juan Méndez, Kamala Chandrakira-na y Rashida Manjoo, analizaron el caso y sostuvieron que la prohibición absoluta del aborto, cuando el resultado es un serio riesgo a la vida o a la salud de la mujer, constitu-ye una violación del deber del Estado de prevenir la tortu-ra y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna otra mujer o niña debe experimentar, en El Salvador o en cualquier otro país, la situación que padeció Beatriz cuan-do estaba luchando por su vida y se le negaba el acceso a un aborto necesario para salvar su vida y preservar su salud.

Nuestra organización entiende que el gobierno salvadoreño debe actuar inmediatamente para derogar la prohibición total del aborto y poner su legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. La ley no debe privar a las mujeres y niñas el acceso a un tratamiento cuando es necesario, como en este caso, para salvar la vida o la salud.


Amnistía Internacional señaló a la Argentina e Irán que la comisión de la verdad planeada para investigar el atentado contra la AMIA debe ser independiente de ambos gobiernos y no debe tener ninguna restricción para buscar pruebas. Lo hizo en sendas cartas dirigidas a los poderes ejecutivos de los dos países, en referencia al memorándum de entendimiento firmado en Etiopía para intentar esclarecer el atentado, que dejó 85 muertos

El acuerdo, que crea una comisión de la verdad, ya fue ratificado por el Congreso argentino. En Irán, si bien periodísticamente se informó que el poder ejecutivo lo ratificó, la Cancillería argentina dice no haber sido notificada de esta novedad, por lo que la comisión de la verdad por ahora no se puso en marcha.

En Buenos Aires, la carta fue envia-da al canciller Héctor Timerman y llevó la firma de la directora ejecuti-va de Amnistía Internacional Argen-tina, Mariela Belski. El mensaje al gobierno de Irán fue enviado des-de Londres por el secretario gene-ral de la organización, Salil Shetty.

A los dos gobiernos se les hizo llegar el documento elaborado por Amnis-tía Internacional, ´Verdad, justicia y reparación: Creación de una comi-sión de la verdad efectiva´ (Índice AI: POL 30/009/2007), basado en la evaluación de los trabajos llevados a cabo por las comisiones de la verdad en 28 países de todo el mundo durante los últimos decenios, así como el resumen ejecutivo.

´Verdad, justicia y reparación”: Creación de una comisión de la verdad efec-tiva´ (Índice AI: POL 30/009/2007), es un documento basado en la eva-luación de los trabajos llevados a cabo por las comisiones de la verdad en28 países de todo el mundo durante los últimos decenios.

El trabajo incluye un examen del papel de las comisiones de la verdad en el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos; recomendacio-nes sobre la creación, las funciones y las atribuciones de las comisiones de la verdad, tomando como base el derecho y las normas internacionales de dere-chos humanos; así como la jurispruden-cia de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional exigió que la comisión de la verdad tenga la facultad de “ordenar la presentación de cualqui-er documento, registro u otro tipo de in-formación de cualquier fuente del país, incluidas las autoridades gubernamen-tales, legislativas y judiciales”. Tam-bién debe tener la facultad de imponer sanciones en el caso de incumplimiento de esas órdenes.

Otra sugerencia es que los miembros de la Comisión de la Verdad se elijan en función de “su competencia en derechos humanos, su independencia probada y su imparcialidad reconocida”.

“La formación de una comisión de la verdad es una medida legítima,

complementaria de los pro-cedimientos judiciales, con el objetivo de que las víctimas de violaciones a los derechos hu-manos y sus familiares accedan a la verdad y obtengan justicia y reparación.

Para ello, las víctimas y sus familiares deben tener una activa participación en el trabajo de la comisión, que debe tener ampli-as facultades para obligar a com-parecer testigos, para ordenar la presentación de pruebas y para actuar con total independencia de los gobiernos.

Por otro lado, es central que las personas que se designen para integrar la comisión no sola-mente estén capacitadas, sino que también posean total inde-pendencia”, dijo Mariela Belski.

AI VUELCA SU EXPERIENCIA SOBRE COMISIONES DE LA VERDAD EN EL CASO AMIA

s


ES HORA DE FIRMAR EL HISTÒRICO TRATADO QUE REGULA EL COMERCIO DE ARMAS QUEDA ABIERTO A LA FIRMA

El 3 de junio fue un día muy importante para los que integramos Amnistía Internacional, ya que en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, se abrió a la firma de los países el Tratado de Comer-cio de Armas, que fue rubricado inmediatamente por los representantes de 62 países. Nuestra orga-nización trabajó con la fuerza de sus activistas, en todo el mundo, durante 20 años para llegar a este instrumento internacional, la primera herramienta global que pondrá límites a la circulación de armas y municiones entre fronteras, que tiene el poten-cial para salvar una gran cantidad de vidas. Para Amnistía, este pacto es un gran paso a favor de la seguridad y los derechos humanos en el mundo.

El gobierno argentino, fue el primero en firmarlo, con lo cual nuestro país ratificó su compromiso con esta herramienta de derecho internacional. De he-cho, Argentina fue uno de los co-autores del tex-to y trabajó por a favor de su aprobación con vo-cación de liderazgo durante los últimos siete añosEl tratado fue adoptado con el consenso de 155 países el pasado 2 de abril y se estable-ció que entraría en vigencia a los 90 días a par-tir de que fuera ratificado por el 50º país.

La firma hoy de 62 países, en el mismo día en que el documento fue abierto formalmente a la firma, es el primer paso hacia la ratificación del tratado sobre comercio de armas. Ahora hay que aguardar el trámite interno que cada Estado pre-vé para la ratificación de los pactos internaciona-les. En el caso de la Argentina, el tratado deberá ser sometido a la aprobación del Congreso Nacio-nal, para que pase a integrar la legislación local.

La importancia de este tratado es que se tra-ta de la primera norma global y estandarizada sobre exportaciones de armas. El artículo 6.3 significa un enorme paso adelante, ya que es-tablece que los gobiernos no podrán autorizar

transferencias de armas, si saben que éstas van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El artículo 7 prohíbe a un país vender armas cuando haya riesgo cierto de se van a usar para cometer o facilitar serias violaciones a los derechos humanos o al derecho hu-manitario, incluyendo ejecuciones sumarias o arbi-trarias, torturas o desapariciones forzadas. También se obliga a valorar el peligro de que se empleen para actos de violencia contra mujeres y niños”.

Amnistía Internacional entiende que este tra-tado, si bien tiene algunos defectos, establece una excelente base para poner un freno a la cir-culación descontrolada de armas que alimentan atrocidades y abusos. La ausencia de normas fa-voreció hasta ahora a los principales exportado-res de armas, entre los que figuran los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña).

Este negocio, que involucra ingresos por unos 70.000 millones de dólares al año, permite que toneladas de armas y municiones terminen en manos de gobiernos o de bandas armadas que violan sistemáticamente los Derechos Humanos.

Se abrió a la firma el Tratado de Comercio de Armas, que fue rubricado inmediatamen-te solo por los representantes de 62 países

ACTIV

ISMO


Estuvimos con el equipo de Activismo en el estadio de River Plate en el recital de The Cure recolectando firmas por la campaña“Mi cuerpo, Mis derechos”. La banda dio su apoyo incondicional a nuestra organizaciòn así como a la campaña. ¡Robert Smith nos recibió y lució nuestra remera de campaña!


¡SOMOS 10.000 DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN FACEBOOK Y EN EL MUNDO!

CAMPAÑA NACIONAL

CONTRA LA TORTURA

Feria del Libro

Parque Centenario


En España no se están investigando los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Ade-más las autoridades españolas rehúsan sistemáticamente colaborar para que avance la causa judicial abierta en la Argentina, con lo que parece garantizarse la impunidad de estos crímenes. Éstas son las principales conclusiones del informe El tiempo pasa, la impu-nidad permanece, que Amnistía Internacional presentó públicamente el 17 de junio.

Pocos días después llegó a Buenos Aires el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, quien junto a la directora de Amnistía Internacional se reunió para conversar de este tema con la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y con familiares de las víctimas del franquismo que viven en la Argentina. El año pasa-do, Amnistía Internacional había llamado la atención sobre el desamparo que sufren los familiares de las víctimas, con el informe Casos cerrados, heridas abiertas. Una copia de ese documento fue entregado en el juzgado de María Servini de Cubría.

En su informe, Amnistía Internacional constató cómo el Poder Judicial español se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas. Por su parte, la Fiscalía no colabora adecuadamente con las peticiones de cooperación solicitadas por la jueza federal argentina María Servini de Cubría, alegando que España está investigando y “tiene preferencia” para hacerlo. El Gobierno, por su lado, ha obstaculizado que las declara-ciones de las víctimas han llevado ante la jueza argentina. Y el Poder Legislativo, reacio a adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía.

Mientras tanto, las víctimas y sus familiares siguen enfrentándose a obstáculos que ponen en peligro su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

Amnistía Internacional sostuvo que España no está investigando los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y, aunque lo estuviera haciendo, no tiene jurisdicción pre-ferente con respecto a la Argentina. El principio de jurisdicción universal autoriza a

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes, ha respondido – sorprendentemente - que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas y ha pedi-do a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma.

En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y desapa-riciones forzadas (114.266 desapariciones) cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales. Desde entonces, Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.

El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a argumentos que, para Amnistía Internacional, son contrarios al derecho internacional, entre ellos la vigencia de la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos de derecho internacional y una errada interpretación del principio de legalidad penal.

La Justicia argentina continúa investigando la querella interpuesta en 2010 por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Las autoridades judiciales argentinas han solicitado información en dos ocasiones a las autoridades españolas. La Fiscalía española, en sus informes, ha respondido – sorprendentemente - que se está investigando, pese a reconocer el archivo de al menos 22 causas y ha pedi-do a Argentina que se abstenga de investigar, asegurando que es España quien tiene preferencia en la misma.

cualquier estado a ejercer su competencia respecto a los crímenes de derecho internacional. La lucha contra la impunidad en España es de competencia universal.

España

Las trabas para investigar los crímenes del franquismo

INFORME “EL TIEMPO PASA, LA IMPUNIDAD PERMANECE”


La Campaña Nacional contra la Tortura, en la que Amnistía Internacional junto a instituciones estatales, organismos internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil, continúa con numerosas actividades durante todo el año. El 6 y el 7 de junio tuvo lugar en la Biblioteca Nacional el Congreso Internacional sobre Tortura, con la participación de expertos argentinos y extranjeros.“En todo los países del mundo se sigue aplicando la tortu-ra. Esto nos está indicando que los estados no se toman muy en serio sus obligaciones”, dijo en ese ámbito Michael Bochenek, director del departamento legal y de polñitica de Amnistía Internacional, quien compartió un panel sobre Ex-periencias en la prevención de la tortura con Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense; Gustavo Pal-mieri, secretario de Coordinación, Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación y Marta Monclus, directora del Observatorio de Cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“La falta de entrenamiento de los policías es una de las razones por las que hoy persiste la tortura. Hay policías que aplican malos tratos simplemente porque no saben ejercer su función de otra manera. Es necesario que sean capaci-tados en cómo realizar detenciones o cómo actuar durante manifestaciones”, dijo Bochenek, que ha hecho investiga-ciones de campo sobre tortura en varios países. “Debemos –agregó- quebrar el clima de tolerancia a la tortura que hoy existe entre los funcionarios. Y trabajar en las causas que la favorecen, como el hacinamiento en las cárceles. Se debe recordar que la prisión preventiva, de acuerdo a estándares internacionales, es un último recurso para las personas que aún no están condenadas.

Bochenek señaló que la tortura no sólo persiste en cárceles, sino también en otros ámbitos, como por ejemplo en el área de la salud. En ese sentido, señaló que “llegó al nivel de la tortura” el recientemente caso de Beatriz, la mujer de El Salvador que estaba cursando un embarazo que ponía en riesgo su vida, debido a una enfermedad, y a quien durante semanas se le negó el acceso a un aborto seguro. “No se debe negar nunca el acceso a un tratamiento médico, inclui-do un aborto, a una mujer con la salud o la vida en riesgo”.

esta práctica aberrante. La iniciativa, busca hacer visible y promover la sensibilización de la sociedad acerca de una práctica que todavía continúa arraigada. Esta iniciativa en la Argentina forma parte de un trabajo global e histórico de Amnistía Internacional para concientizar acerca de esta práctica y desterrar la tortura en el mundo.

La Campaña tuvo un stand en la Feria del Libro y en él estu-vo presente el sábado 11 de mayo Amnistía Internacional. Allí se puso a disposición del público información sobre la práctica de la tortura en el mundo, como así también sobre las actividades en defensa de los derechos humanos a nivel global que realiza la organización, presente en 150 países.Pocos días antes nuestra organización había realizado un desayuno de trabajo dirigido a periodistas en la que se compartió información y se remarcó que, a pesar de su pro-hibición, la tortura y los malos tratos continúan aplicándose en forma solapada, no solamente en cárceles y comisarías, sino también en otros ámbitos, como instituciones de salud mental, institutos de menores y geriátricos.

Otras actividades

La Campaña Nacional Contra la Tortura se lleva adelante durante todo este año en conmemoración del bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813, que abolió

UNA PRÁCTICA QUE TODAVÍA ESTÁ PRESENTE

LA TORTURA

Biblioteca Nacional el Congreso Internacional sobre Tortura

España

Las trabas para investigar los crímenes del franquismo

INFORME “EL TIEMPO PASA, LA IMPUNIDAD PERMANECE”


PERSONAS EN MOVIMIENTOEL IMPACTO DEL CONFLICTO DE SIRIA VISTO DESDE LEJOS

CÓMO VIVE EL TERRIBLE CONFLICTO DE SU PAÍS UN SIRIO QUE VIVE EN GRAN BRETAÑA

El desplazamiento masivo de personas durante los conflictos ar-mados, en los que las víctimas hacen peligrosos viajes y padecen situaciones precarias cuando se establecen en campamentos para huir de la peor parte de las hostilidades, ya está bien docu-mentado. Pero la guerra también tiene un impacto en quienes ya están viviendo fuera de su país, que observan desde lejos, esperando y preocupándose por los amigos y seres queridos que siguen allí, en medio de un horror que no cesa.

Husam Helmi, de 33 años, llevaba cuatro cuatro años viviendo y estudiando en Londres cuando estallaron los combates en su Siria natal a mediados de 2011. Sus padres y hermanos per-manecieron en Daraya, un suburbio del sur de la capital siria, Damasco, hasta que lograron huir a Egipto este año. “Lo peor es estar observando la destrucción del país en el que crecí”, dijo Husam Helmi a Amnistía Internacional. “La tragedia no está sólo dentro, sino también fuera de Siria”, agregó, refiriéndose a la terrible situación de los más de 1,5 millones de refugiados que se han visto obligados a huir.

Aunque él no es un refugiado, como otros sirios que viven en el extranjero, Husam se sentía personalmente destrozado por lo que estaba ocurriendo en su país. Pero su desesperación le hizo tratar de hacer algo para quienes —como su familia— estaban aún allí.

Veterano activista

Durante la mayor parte de su vida adulta, Husam ha pertenecido a diversos grupos de activistas que buscan una reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas por los gobier-nos de Oriente Medio y el Norte de África. En la propia Siria, recuerda sentir la profunda frustración y la ira de partes de la población debido a la corrupción endémica, las restricciones a la disidencia y otras cuestiones que latían bajo la superficie. “La gente no era feliz”, dice, recordando la segunda visita que hizo a su país desde Londres, en septiembre de 2010.

Pero casi nadie esperaba la masiva rebelión popular que

comenzó a cobrar fuerza en Siria a principios de 2011, inspi-rada en otras protestas masivas de Oriente Medio y el Norte de África. Cuando sucedió, Husam y otros sirios residentes en el extranjero se pusieron en contacto para pensar en formas de ayudar a los activistas que estaban dentro del país. Se unió al Syrian Nonviolence Movement (Movimiento Sirio de No Vio-lencia), que formaba a activistas en la resistencia no violenta y en la desobediencia civil, y posteriormente, cuando estalló el conflicto armado, se hizo miembro de Freedom Days, una coordinadora de organizaciones no gubernamentales de dentro y fuera de Siria.

Dar voz a la rebelión

Pero quizá el papel más importante que ha desempeñado Hu-sam desde que comenzó el conflicto sirio ha sido el de cofunda-dor del periódico independiente Enab Baladi. Este semanario, que se hace desde Daraya, la ciudad natal de Husam, está financiado en su integridad por activistas. Desde que empezó, a principios de 2012, ha publicado 65 ediciones en Internet y ahora cuenta con alrededor de 25 personas en la plantilla. La mayoría son estudiantes y activistas, y no periodistas formados, pero Husam señala que a medida que ha ido pasando el tiem-po, han ido perfeccionando sus técnicas informativas. Y tienen acceso a una realidad cotidiana que resulta difícil hasta para los templados corresponsales extranjeros. Los temas que abar-can incluyen noticias de detenciones de activistas y reportajes sobre personas en medio del conflicto en curso que muestran el impacto de los combates en la población civil a manos de todas las partes, algo que a menudo pasan por alto o ignoran los medios de comunicación estatales sirios.

Aunque inicialmente se centraban en informar del impacto de la represión del presidente Bashar al Assad en la zona de Daraya, a medida que el periódico creció, empezó a trabajar con corres-ponsales en Idib, Alepo y otras partes del país para mantener al corriente a los lectores también de lo que sucedía allí. Según Husam, las severas restricciones impuestas en Siria a los mo-vimientos de los medios de comunicación internacionales han hecho que el modelo de Enab Baladi se haya reproducido en otras ciudades del país.

Lo irónico es que ha sido el deterioro de la situación de los derechos humanos en Siria y de la situación de la seguridad lo que ha propiciado que este tipo de periódicos locales encontra-sen su voz, pues antes de la rebelión sencillamente no estaban tolerados, y los ciudadanos sirios corrientes tenían demasiado miedo para hablar. “Cuando aparecieron estos periódicos en las calles y en Internet, el gobierno les tenía incluso más miedo que a la proliferación de armas, porque no pueden controlar el pensamiento”, explica Husam. Pero lo que sí pueden hacer es tratar de silenciar las voces críticas, y desde su fundación, Enab Baladi ha perdido a un editor y a otros dos miembros de la plantilla, todos ellos muertos en el conflicto.

Husam no tiene forma de saber con seguridad si murieron por su labor informativa. Pero sí sabe que algunos ex detenidos han informado de que en los interrogatorios bajo custodia les han preguntado por el personal del periódico y por sus actividades.

Husam reconoce que cuando el conflicto armado actual llegue a su fin, hará falta mucho trabajo para reconstruir Siria. No se trata sólo de las instituciones, viviendas e infraestructuras des-truidos en los combates: los ciudadanos sirios corrientes necesi-tarán oportunidades económicas y educativas para recuperar su dignidad. Husam ve Enab Baladi —y otros periódicos indepen-dientes creados en los últimos dos años— como un paso clave hacia la prensa libre, una importante pieza en la construcción de una nueva Siria.


La Red Internacional de AI por los Derechos de las Mujeres

Del 6 al 8 de junio se reunieron en Marrakech representantes de más de 40 secciones y del Secretariado Internacional en el marco de la Red Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres de AI. Esta Red se constituyó hace dos años con la finali-dad de asegurar que el género y los derechos de las mujeres sigan siendo un eje principal en la organización una vez finalizada la campaña No Más Violencia contra las Mujeres.

Paola García Rey, Coordinadora del Área de Protección y Promoción de DDHH ha participado en representación de la Sección Argentina. La de Marrakech ha sido la segunda reunión de la Red, y ha constituido un valioso espacio para reflexionar, compartir experiencias, debatir y definir la mejor manera de seguir impulsando el trabajo por los derechos humanos de las mujeres y la integración del género en el movimiento.

Entre las cuestiones que se trabajaron, se conversó sobre la campaña “Mi Cuerpo Mis Derechos”, viendo cómo en cada región nos enfrentamos a distintos retos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Lo mismo respecto de la campaña “No más Gobiernos que Torturan”, para garantizar la incorporación de una perspectiva de género en la planificación sobre el trabajo de tortura del movimiento. Se realizaron actos simbólicos en apoyo a las mujeres marroquíes, pidiendo la reforma de un código penal que permite que los violadores eludan el castigo si se casan con la víctima. Y también por la situación en Turquía y el conflicto en Malí.

La reunión seleccionó a los nuevos integrantes del Comité de Coordinación de la Red, en donde se garantizó la representación de todas las regiones y lenguas y cuyo mandato, de dos años, incluirá el de profundizar y fortalecer el trabajo de la Red dentro del movimiento.

La organización envió una carta al gobierno argentino en la que le señaló que la ratificación del Protocolo significa que el Estado está dispuesto a rendir cuentas, particularmente ante los secto-res sociales más vulnerables. Ahora la Argentina debe reforzar su compromiso a través de una declaración que permita al Comité de la ONU conducir investigaciones cuando haya recibido infor-mación confiable sobre violaciones graves o sistemáticas de los derechos sociales y habilite el mecanismo de queja interestatal, que permite a un Estado Parte denunciar a otro Estado Parte cuando considere que éste no ha cumplido con las obligaciones.

El Protocolo admite que el nivel de realización de los dere-chos sociales puede variar de acuerdo al grado de desarro-llo económico de los países, pero obliga a todos a los Es-tados a destinar el máximo de sus recursos y a no tomar medidas regresivas sin justificación. Y no admite que se pos-pongan en forma indefinida políticas públicas debido a restric-ciones presupuestarias. Incluso en tiempos de austeridad, el Estado debe asegurar los derechos sociales de la población.

Una oportunidad para los derechos sociales

El 5 de mayo entró en vigencia para la Argentina el Protoco-lo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). Se trata de una oportunidad para que hagan valer sus derechos las personas que viven en la pobreza, ya que permitirá que accedan a un mecanismo interna-cional de reclamo, en forma individual o colectiva, quienes ven violados sus derechos a la salud, la educación, la alimentación, el agua potable, la vivienda digna o la seguridad social. Un co-mité independiente de expertos, elegidos por las Naciones Uni-das, examinará los reclamos una vez que se hayan agotado las instancias locales y formulará las recomendaciones necesarias.

El Protocolo fue adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008 y fue abierto para ratificación el 24 de septiembre de 2009. Argentina, Bolivia, Bosnia-Herzego-vina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay ya lo han ratificado. Mientras que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ya contaba con un mecanismo de denuncias desde hace más de 40 años, ahora también lo tie-nen los derechos económicos, sociales y culturales, lo que reconoce el principio de indivisibilidad e igualdad de los derechos humanos.

Además de los diez países mencionados, otros 32 lo firmaron pero todavía no lo ratificaron. Amnistía Internacional ha realizado campaña a favor del Protoco-lo y está pidiendo a todos los gobiernos del mundo que lo ratifi-quen, ya que considera que los derechos humanos son un aspec-to fundamental de las iniciativas destinadas a reducir la pobreza.


Amnistía Internacional presentó el 17 de junio, jun-to a otras 36 organizaciones de la sociedad civil, un Informe con motivo de los 20 años del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD). El documento [] evalúa las ac-ciones realizadas en el país para cumplir los com-promisos asumidos en 1994, durante la CIPD que se desarrolló en El Cairo, Egipto. Así, refiere los avances que alcanzó Argentina y los desafíos pendientes en materia de derecho a la salud y salud sexual y re-productiva, morbilidad y mortalidad maternas; equi-dad e igualdad de género; familia y bienestar social, población educación y desarrollo, urbanización, mi-gración interna e internacional y desarrollo; y la si-tuación de poblaciones específicas, como jóvenes, pueblos originarios, migrantes, personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales y diversidad sexual. El documento es también un aporte para la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Mon-tevideo del 12 al 15 de agosto, y para la Conferen-cia Mundial Cairo +20, prevista para el año próximo.

La presentación contó con la presencia de Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), agencia encargada de coordinar el seguimiento y revisión de la implemen-tación del Programa de Acción de la CIPD, en base a datos y análisis proporcionados por gobiernos y orga-nizaciones de la sociedad civil. Babatunde afirmó que “La sociedad civil argentina es sumamente activa y esto facilita el impulso de este tipo de procesos: Asimismo resaltó que “en el país ha habido avances en términos

términos legislativos, como el matrimonio igualita-rio, pero sé que hay desafíos y otros pasos que ne-cesitan implementarse para garantizar los derechos. La coordinadora de Promoción y Protección de los De-rechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, señaló los principales desafíos iden-tificados en el país a la hora de elaborar el informe. En-tre ellos la necesidad de asegurar la producción y ac-cesibilidad de datos confiables y actualizados, que son imprescindibles para la implementación de políticas de población y desarrollo. También resaltó el hecho de que los derechos sexuales y reproductivos estén incorporados en la agenda de las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal, a través de la sanción de leyes y la programas en los últimos años.

Sin embargo, señaló que aún persisten en la realidad muchas diferencias en la realización de estos derechos, como así también barreras en el acceso a los servicios. Y habló de una gran fragmentación en todo el territo-rio nacional. En ese sentido, afirmó que importantes avances, como las leyes de violencia de género o pro-gramas que incrementan la participación de la mujer en la economía quedan teñidos por la falta de imple-mentación de manera homogénea en todo el territorio.


Como cada año, el 23 de mayo fue una fecha importante para Amnistía Internacional ya que se presentó en todo el mundo el Informe 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo. En el documento, que se ocupa de los avances y retrocesos que se registraron durante el año pasado en 159 países y territorios, se muestra cómo los gobiernos del mundo siguen utilizando excusas como los intereses nacionales, la seguri-dad nacional y la preocupación por la seguridad pública para justificar las violaciones a los derechos humanos.

En el apartado sobre la Argentina, los puntos más importantes son que continúa sin respetarse el derecho de los indígenas a la tierra, que en muchas provincias a las mujeres y niñas se les dificulta del acceso al aborto no punible y que siguen adelante las investigaciones judiciales y las condenas por las graves violaciones a los derechos humanos cometi-das durante la última dictadura militar.

En cuanto a la situación de los pueblos indígenas, el Informe señaló la gravedad de que no se cumpla la ley de Emergencia 26.160, que prohíbe el desalojo de comunidades mientras no se lleve a cabo un estudio nacio-nal para delimitar los territorios. También se reseñan “las amenazas y los actos de intimidación” que sufrieron el líder de la comunidad toba qom de La Primavera, Félix Díaz, sus familiares y como otros miembros de la comunidad. Amnistía Internacional entiende que las reiteradas situacio-nes de violencia que ha venido sufriendo esta comunidad demandan una urgente intervención del gobierno provincial. El incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado Nacional, que obliga también a las instancias provinciales, genera responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Sobre el tema del aborto no punible, lo preocupante es que en varios lugares del país se incumpla el fallo de la Corte Suprema, de marzo de 2012, que estableció que toda mujer o niña embarazada como consecuencia de una violación debe tener acceso a un abor-to en condiciones seguras y sin necesidad de autorización judicial. El informe recordó la situación que atravesó una mujer víctima de trata violada a quien se le negó un aborto en la Ciudad de Buenos Aires. Remarcó también que son varias las provincias del país que no cuentan con Protocolos de interrupción del embarazo respetuoso de los derechos de la mujer para los casos que autoriza el Código Penal.Los órganos de expertos independientes que interpretan los tratados de derechos humanos apoyan cada vez más la postura de que debe garantizarse el acceso a un aborto legal y seguro si el embarazo de la mujer es consecuencia de una violación o si supone un riesgo para la vida o la salud de la madre, tal cual lo estableció la Corte Suprema en la Argentina.

En cuanto al avance de los juicios por la represión ilegal durante la última dictadura, se destacaron las condenas a los ex presidentes Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, a 50 y a 15 años de cárcel, respectivamente, por el secuestro y ocultación de identidad, de niños y niñas, y las sentencias a prisión perpetua a tres ex oficiales de la Armada por la llamada masacre de Trelew, en la que fueron 16 personas tras un intento de fuga de una prisión de la provincia de Chubut.

En el mundoAmnistía Internacional una vez más llamó la atención sobre los ataques sufridos por comunidades indígenas en diferentes países de la región como consecuencia de enfrentamientos con terratenientes o empresas interesadas en la explotación de recursos naturales ubi-cados en sus territorios. Pese a decisiones históricas de tribunales internacionales en favor de los derechos de los pueblos originarios a la consulta y a que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado en relación a proyectos en desarrollo que los afectan, estos continúan sin traducirse en la práctica.

El Informe resalta que, junto a Argentina, otros países de la región, como Brasil, Guatemala y Uruguay, hicieron importantes avances en el camino hacia la justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado por dictaduras militares. Sin embar-go, no en todos los países sucedió lo mismo. En Haití, la investigación contra el ex presidente Jean Claude Duvalier, está detenida en los tribunales. Y en Estados Unidos ha habido escasos avances para llevar a la justicia a los responsables de abusos cometidos como parte del programa de detenciones secretas de la CIA durante la administración de George W. Bush.

A nivel global, Amnistía Internacional documentó torturas y malos tratos en al menos 112 países y restricciones a la libertad de expre-sión en al menos 101 países.


REDES SOCIALES Y SITIOS WEB

827 Nuevos usuarios seguidores representando un

Cantidad de seguidores al 28/03/2013: 3.116


Total de Tweets al día 28/03/2013: 2.014

Total de Tweets al día 10/07/2013: 2.277

Se viralizó el contenido de noticias internacionales y acciones urgentes a diario, así como de acciones de junta de firmas para campañas locales e internacionales.

Para referencias gráficas: http://tweetstats.com/graphs/aiargentina

www.facebook.com/Amnistiainternacionalargentina



USUARIOS ACTIVOS CADA MES

DATOS DE ACCESO Y VISUALIZACIÓN DEL FANSITE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ARGENTINA

La totalidad de visitantes únicos desde Abril de 2013 hasta Julio de 2013 resultó de 20.055

SITIO WEB

aumento del 8,09%

www.twitter.com/aiargentina


MEMBRESÍA

Cantidad de miembros

Podremos encontrar un aumento entre la cantidad de miembros respecto del 1er trimestre del año 2013 y la actualidad

Luego de la actualización de los datos de membresía (bajas y modificaciones), en el 2do trimestre del año 2013

1er trimestre 426Año 2013

2do trimestre 444Año 2013

NUESTRA ORGANIZACIÓN Y LOS MEDIOS

Amnistía se hizo visible en los medios

El lanzamiento del Informe Anual 2013 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, la intervención de la organización –junto a otras instituciones y organismos- en la Campaña Nacional contra la Tortura, la presentación del nuevo informe sobre los crímenes del franquismo y la Guerra Civil Española y nuestra actividad tendiente a que el Con-greso Nacional incluya en la agenda parlamentaria de este año el debate sobre la despenalización del aborto.

Esos fueron los principales temas por los que Amnistía Internacional tuvo espacio en los medios de comunicación durante el segundo trimestre del año. Nuestra organización también volvió a tener protagonismo por la posición asumi-da ante el memorándum de entendimiento firmado por la Argentina e Irán acerca de la investigación del atentado a la AMIA.


DEBEN INVESTIGARSE LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD QOM

SÉPTIMO FORO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS – SALY, SENEGAL

Los hechos de discriminación y violencia contra comunidades indígenas, y en particular contra la etnia Qom lamenta-blemente continúan. Estos episodios parecen destinados a tratar de impedir que los indígenas pueden vivir en sus tierras ancestrales. A principios de mayo, Amnistía Internacional pidió a las autoridades nacionales y de la provincia de Formosa que investi-guen de manera urgente y pongan a disposición de la justicia a los responsables del ataque sufrido por Abelardo Díaz – hijo del líder indígena Felix Diaz– y Carlos Sosa, integrantes de la comunidad “La Primavera”. En sendas cartas dirigidas al gobernador provincial Gildo Insfrán y al Ministerio de Justicia de la Nación nuestra organización solicitó que se adopten las medidas necesarias para investigar este nuevo ataque y para resguardar la integridad física de todos los miembros de la co-munidad. Afirmó, además, que las reiteradas situaciones de violencia de los últimos años exigen la urgente intervención del gobierno nacional para arbitrar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de los miem-bros de esta comunidad. Y recordó que el incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por la Nación en torno a las comunidades indígenas genera responsabilidad internacional del Estado Argentino.

Amnistía Internacional señaló a las autoridades que varios órganos internacionales de derechos humanos se han pronun-ciado sobre la situación de la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh - La Primavera- y los pueblos originarios en la Argentina. En abril de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió un conjunto de medidas cautelares y exigió al Estado argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los indígenas Qom. En 2012 el Relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas recomendó a los Estados nacional y provincial adoptar políticas claras para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e in-timidaciones contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares. Ese miso año, en ocasión del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Argentina mejorar la situación de las minorías indígenas, especialmente en relación al derecho a la propiedad y al acceso a la vivienda digna, y, en este sentido, señaló la necesidad de expedir los correspondientes títulos de propiedad sobre las tierras ances-trales.

Esta no fue la primera vez que Amnistía Internacional se dirige a las autoridades argentinas por hechos de violencia y discri-minación que afectan a la comunidad Qom. En noviembre de 2010, unos 400 policías armados dispersaron violentamente a los miembros de la comunidad que habían bloqueado una ruta en la provincia de Formosa para protestar por los planes de construcción en sus tierras ancestrales. Félix Díaz recibió entonces amenazas directas de los policías, que lo calificaron de “agitador”. Algunos miembros de su familia recibieron posteriormente amenazas de muerte de miembros de una familia criolla (no indígena) que reclamaba su derecho sobre las mismas tierras. En noviembre de 2011 el hijo y el nieto de Félix Díaz fueron agredidos con armas de fuego por personal del empresario Alberto Celía, quien viene ocupando las tierras de los Qom. El propio Félix Díaz fue atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo propiedad de la familia en conflicto con su comunidad. En 2013, Daniel Asijak, sobrino del líder, murió en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto.

Del 23 al 28 de junio del 2013 tuvo lugar en Senegal el Séptimo Foro Internacional de Educación en Derechos Humanos, del cual participó Paola García Rey, coordinadora del Área de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Las líneas de trabajo de Amnistía Internacional incluyen el de la educación en derechos humanos entendida como una práctica partici-pativa, destinada a potenciar a los individuos, grupos y comunidades mediante la promoción de conocimientos, habilidades y actitudes. Cuando se utiliza de forma efectiva, la educación en derechos humanos puede empoderar a los titulares de derechos para que reclamen dichos derechos, garantizar que los titulares de deberes conocen sus obligaciones en materia de derechos humanos, y fomentar la capacidad del movimiento de derechos humanos.

En el encuentro se intercambiaron experiencias y compartieron estrategias del trabajo en escuelas, en universidades, con defensoras y defensores de derechos humanos, con autoridades estatales y víctimas, entre otros; además se analizaron los desafíos y oportunidades para fortalecer la herramienta de educación en derechos humanos e integrarla a las acciones y campañas del movimiento. En este sentido, se trabajó sobre las dos Campañas prioritarias para 2014-2015 –“Mi Cuerpo, Mis Derechos” y “No mas Gobiernos que Torturan”, para incorporar la educación desde sus comienzos de la planificación de actividades, y como un componente necesario del trabajo de la organización.

ANTE LA VIOLENCIA EN EL BORDA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL 2013

Amnistía Internacional pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que inicie acciones judiciales y administrativas con el fin de investigar y sancionar a los responsables del uso abusivo de la fuerza, durante los hechos de vio-lencia que se produjeron en abril el predio del Hospital Borda. En una carta enviada al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, nuestra organización señaló que las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de libertad de expresión y de asociación que el Estado debe garantizar, ya que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional y los tratados internaciona-les a los que Argentina se encuentra obligada. En ese sentido, las autoridades deben asegurar que la fuerza sólo será utilizada como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente. En la carta --que fue enviada con copia al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro-- Am-nistía Internacional pidió al Gobierno de la Ciudad que se investigue no sólo a quienes hicieron uso abusivo de la fuerza, sino también a los responsables encargados de controlar el accionar de los agentes de la Policía Metropolitana

El Sábado 20 de Abril en el Auditorio Williams del Centro Cultural Borges se llevó a cabo la Asamblea General Anual de Amnistía Internacional Argentina. La misma contó con la presencia de 43 socios que participaron activamente en los debates y decisiones que finalmente se tomaron. En la Asamblea también partició Julio Torales miembro del Comité Ejecutivo Internacional.

Durante la misma se procedieron a renovar los cargos de comisión directiva y un cargo de comisión fiscalizadora.

La estructura de comisión directiva quedó conformada de la siguiente manera:

PresidentaJimena Cuadrado (reelecta)

TesoreroMariano Román

Vocales TitularesJuan Adolfo Maida (reelecto)Laura SaldiviaFelicitas Rossi

Vocales SuplentesNatalia TorresNahuel Del Favero

Comisión FiscalizadoraMaría del Carmen Sapolski (reelecta)

Asimismo se procedió a aprobar el Balance y la Memoria. La Directora Ejecutiva junto a su equipo de trabajo hicieron una presentación del trabajo realizado durante el periodo y se procedieron a responder preguntas de la membresía. La presi-denta de la organización realizó asimismo una ponencia vinculada a las normas básicas de gobernanza que fue discutida y debatida entre los miembros presentes. Asimismo, se discutieron diversas cuestiones vinculadas con los espacios de participación que tiene la comisión directiva y el staff .

Finalmente, la asamblea decidió por votación que el valor mínimo de la cuota social aumente y sea de $20.

Boletín Membresía Abril-Junio 4

Documents

Transcript of Boletín Membresía Abril-Junio 4