Status quo del cambio

Boletín de análisis y prospectiva política

contextospolíticas públicas debate y diálogos

Publicación del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Número 1, Junio-Julio 2011

and miosa

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Presentación

ContenidoContextos: Escenarios políticos post gasolinazo Fernando Mayorga [pag. 4] El gasolinazo tres meses después Reymi Ferreira [pag. 12] Identidad y separación gobierno - proceso de cambio Ximena Soruco Sologuren [pag. 20] Análisis de políticas públicas: Políticas públicas para garanti-zar derechos Armando Ortuño [pag. 28] Conversaciones: Entrevista a Gustavo Rodríguez Ostria [pag. 32] Miscelánea de Fortalecimiento Democrático [pags. 36 - 37] Bibliofilia política [pag. 38]

Status quo del cambio

Boletín de análisis y prospectiva política

contextospolíticas públicas debate y diálogos

Publicación del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Número 1, Junio-Julio 2011

and miosa

PortadaDetalles de las obras: Amor camba, Espacios ur-banos (Rama King Nash), En armonía contigo, En un lugar mágico (Martina Noriega).

and miosa Boletín de análisis y prospectiva política del Proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas de Bolivia del PNUD-Bolivia, con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICOCarlos Camargo, Coordinador

EQUIPO EDITORIALChristian Jette, Armando Ortuño, Alberto García O., Eliana Quiroz, Carlos Camargo, Fernando García Y., Cristina Mostajo, Gabriela Canedo.

RESPONSABLES DEL BOLETÍN Fernando L. García Yapur, Cristina Loma, Alberto García Orellana

DISEÑO Y EDICIÓN Mauro Gámez Alcázar

DIAGRAMACIÓNNubia Alvarez Poppe

ARTISTAS INVITADOS:Martina Noriega (bellamartina@hotmail.com)

Rama King Nash (ramakingnash@gmail.com)

IMPRESIÓNImprenta Weinberg s.r.l.

DEPÓSITO LEGAL4-2-1577-11

Las opiniones expresadas en el Bole-tín de análisis y prospectiva política, Andamios, son de exclusiva respon-sabilidad de los autores e invitados y no responden necesariamente a la línea de pensamiento del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD-Bolivia.

Solo en la noche, Martina Noriega, acr/arpillera o.80 x o.60 m.

El fortalecimiento de la democracia en el país tiene como presupuesto el desarrollo de me-canismos y reglas que permita la ampliación y validación de formas de representación y participación social y ciudadana. Así, la de-mocracia entendida como sistema o forma de gobierno, busca la mayor extensión de dispo-sitivos institucionales que permitan garantizar y promover la expansión de condiciones de igualdad e inclusión de los miembros de la so-ciedad. Por ello, la democracia desestructura mecanismos que pretenden solidificarse como perpetuos e inconmensurables en los procesos de decisión que afectan a todos, su potencia es enteramente política, o mejor, polémica. Es a partir del conflicto, el desacuerdo y la disputa de visiones, lecturas e intereses puestas en el espacio público que las reglas, mecanismos y normas se validan e (re)inventan.

En ese sentido, el Proyecto de “Fortalecimiento Democrático de las Organizaciones Políticas en Bolivia” de las Naciones Unidas para el De-sarrollo (PNUD-Bolivia), con el apoyo financiero de la Embajada de Suecia, busca promover e impulsar la institucionalización de las organiza-ciones políticas del país y contribuir a la edifi-cación de un renovado campo político repre-sentativo, participativo y pluralista.

El proyecto entre una de sus actividades pro-mueve el desarrollo de espacios de diálogo, deliberación y debate entre distintos actores políticos. La publicación del boletín de análisis y prospectiva política, Andamios, busca difundir reflexiones y hallazgos de indagaciones relati-vas a los cambios institucionales, políticos y de las políticas públicas del país, con la finalidad de socializar información dirigida a nutrir el de-bate y la reflexión al interior de las organizacio-nes políticas y del campo político.

El presente número está dedicado al análisis, desde miradas plurales, de los conflictos polí-ticos en Bolivia, en particular, del impacto de las decisiones gubernamentales de diciembre del 2010. ¿Cuál es la situación actual y el horizonte de los procesos interacción política? ¿En qué medida existe un cambio en la agenda de las decisiones y de los asuntos públicos de competencia y prioridad política? ¿Cuál es la situación de la correlación de fuerzas? ¿Cuáles son las estrategias desplegadas por los dife-rentes actores que en la actualidad intervienen y adquieren centralidad política?

Son algunas de las cuestiones que pretende-mos poner a disposición del análisis y debate de nuestros amables lectores.

Los textos que en esta oportunidad entregamos, en la parte central del boletín, han sido presen-tados y debatidos en diversos conversatorios de análisis político que el Proyecto de Fortale-cimiento Democrático del PNUD organiza con la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) en cinco departamen-tos del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre) con la firme idea de que el desa-rrollo democrático se sustenta en la ampliación y cualificación del debate y el diálogo político.

Proyecto de Fortalecimiento Democrático

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Fernando Mayorga

Oruro, Rama King Nash, óleo/tela 40 x 30 cm. Año 2010.

con-textos

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En el campo político intervienen actores que se mueven de acuerdo a ciertas reglas y en determinados escenarios des-plegando estrategias discur-

sivas y utilizando recursos de poder para alcanzar sus objetivos.Estos elementos se despliegan en el pro-ceso político y un acontecimiento puede poner en tensión sus relaciones y modifi-car las pautas de interacción política, más aún si desata conflictos que ponen en cuestión el orden precedente. El “gasoli-nazo” –bajo ese término englobamos los hechos en torno a la dictación y la abro-gación del Decreto Supremo 748– es una sucesión de eventos que han modificado algunas características del campo políti-co, sobre todo en relación al desempeño del MAS como partido de gobierno. Esa palabra sintetiza una percepción de la opi-nión pública que expresa los efectos ne-gativos del manejo de la economía y ca-racteriza la decisión gubernamental como símil a las medidas del neoliberalismo. En este trabajo se hace hincapié en los efec-tos de este acontecimiento en el campo político para evaluar sus transformaciones y las tendencias en las estrategias y en las interacciones de los actores políticos.

Después del “gasolinazo” se ha instala-do en la opinión pública y, sobre todo, en el ámbito político la idea de que se han transmutado las condiciones del desplie-gue del “proceso de cambio” impulsado por el gobierno del MAS. En este trabajo se analizan diversas aristas de esa trans-formación dejando de lado la suposición de que existe una nueva correlación de fuerzas políticas puesto que no se ha mo-dificado la disponibilidad de recursos ins-titucionales de poder por parte del partido de gobierno, ni otras organizaciones parti-distas han incrementado su capacidad de incidencia en el proceso político decisio-

nal. A mi juicio, lo que se ha producido es un debilitamiento de la fuerza hegemónica del proyecto del MAS, tanto respecto a su base popular de apoyo como ante la ciu-dadanía en general en tanto cuerpo elec-toral. Adicionalmente, con similar impor-tancia, se ha producido un deterioro de la imagen del presidente con consecuencias en la estrategia política del MAS porque la reelección de Evo Morales en 2014 era y es la garantía de continuidad del “pro-ceso de cambio”. La consecución de ese objetivo implica viabilizar legalmente –por interpretación o por reforma constitucional parcial– la postulación de Evo Morales a

partir de la fortaleza política del MAS y la popularidad de su liderazgo. Otros cam-bios concomitantes, relativamente secun-darios, tienen que ver con la modificación de la estrategia discursiva de otros acto-res políticos relevantes y el retorno de “la calle” como escenario informal con inci-dencia en la toma de decisiones guberna-mental.

ANTES Y DESPUÉS

Los efectos políticos del “gasolinazo” ad-quieren relevancia si se considera la for-taleza previa del partido de gobierno. Un año después de la reelección de Evo Mo-rales con mayoría absoluta y transcurridos apenas ocho meses de la nítida victoria electoral del MAS en los comicios depar-tamentales y municipales, el gobierno –en el momento de su mayor disponibilidad de poder político– adoptó una medida eco-nómica que provocó protestas sociales y el rechazo generalizado de la población que le obligaron dar marcha atrás en su decisión. En el transcurso de una semana disminuyó la popularidad del presidente y el gobierno demostró una inédita inca-pacidad para gestionar una situación de crisis limitándose a justificar su cambio de postura con una apelación a la retórica de “gobernar obedeciendo al pueblo”.

La segunda gestión de Evo Morales había empezado con augurios positivos para el despliegue del proyecto político del MAS. En el primer semestre de 2010, el partido de gobierno procedió a la implementación de la CPE con la aprobación de las cinco leyes orgánicas utilizando su mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional sin realizar concesiones a sus detractores ni a sus aliados que cuestionaron algunos aspectos de las leyes. En abril del año pasado logró resultados favorables en las elecciones departamentales y municipa-les ganando seis de nueve gobernaciones y más de tres cuartos de las alcaldías en disputa estableciendo un escenario favo-rable para consolidar su proyecto de nue-vo Estado.

Si en su primera gestión Evo Morales tuvo que enfrentar un complejo escenario po-lítico e institucional debido a la existen-cia de “gobierno dividido” (la oposición

Fernando Mayorga

políticos post gasolinazo

escenariosescenarios

En el transcurso de una semana disminuyó la popularidad del presi-dente y el gobierno de-mostró una inédita inca-pacidad para gestionar una situación de crisis limitándose a justificar su cambio de postura con una apelación a la retórica de “gobernar obedeciendo al pueblo”.

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controlaba la cámara alta) y “división vertical de poderes” (en algún momento, siete de nueve prefectos eran de signo opositor), el año 2010 mostraba un panorama po-lítico ampliamente favorable al partido de gobierno por la concentración de recursos de poder institucionales en sus manos y la ocupación del centro del espacio de in-terdiscursividad política para la implementación del Esta-do Plurinacional diseñado en la CPE. Además, algunos adversarios que salieron vic-toriosos en los comicios de abril fueron suspendidos de sus cargos de alcalde (Po-tosí y Sucre) y gobernador (Tarija) o son objeto de im-pugnación (La Paz) median-te procedimientos judiciales impulsados por el oficialismo. Y, finalmente, la oposición partidista convencional –que no se presentó de manera conjunta en las elecciones subnacionales– tiene una actuación fragmentada y dis-persa en el ámbito parlamen-tario.

La fortaleza política del go-bierno era innegable y su hegemonía discursiva se ponía de mani-fiesto en todos los aspectos del proceso político y legislativo, como en el debate y la aprobación de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación que puso en el tapete de discusión temas relativos a la libertad de expresión, supuestamen-te amenazada por dicha norma. Los pe-riodistas y los propietarios de medios de comunicación realizaron protestas de di-versa índole en “defensa de la democra-cia” denunciando tendencias “totalitarias” en el gobierno, una visión compartida por la oposición política que concebía al MAS como una fuerza incontenible con ansias de someter todas las instituciones a su control. En las filas del oficialismo la con-centración de poder –el “poder total”– y la hegemonía discursiva del MAS eran perci-bidos de manera positiva como parte de la gestación de un “Estado integral” donde, supuestamente, se diluían las fronteras entre la sociedad civil y el gobierno que representa los intereses nacionales.

Ambas lecturas contrastaban con la reali-dad puesto que la conducta electoral de la población en abril de 2010 había mostra-do cierto margen de autonomía de acción a la hora de orientar su voto por el oficia-lismo o por alguna alternativa municipal, sobre todo en las ciudades capitales de departamento. Asimismo, en el primer tri-mestre del 2010 se produjeron las prime-ras protestas de sectores sociales afines al gobierno, no obstante eran sectoriales o grupales y estaban focalizadas territo-rialmente, y la celebración del 1 de mayo no tuvo la resonancia de años anteriores como conmemoración de la nacionaliza-ción y, más bien, fue precedida por una convocatoria a la primera huelga general de la COB –en cinco años– exigiendo ma-yores salarios. Estos antecedentes son necesarios para mirar los hechos del pasado diciembre como parte de un proceso y no como un evento desligado de las condiciones que explican su acontecer y su impacto políti-co. No obstante, esos hechos adquirieron gravedad propia por el carácter de la me-

dida y la amplitud del rechazo popular. Los efectos políticos fueron avizorados los días del conflicto por distintas voces de signo crítico y opositor al gobierno: “Su discurso se le vino abajo y toda su incapaci-dad de manejar la economía de este país la trasladó al pueblo (Víctor Hugo Cárde-nas), “Es la deslegitimación del gobierno, porque esto es un desencanto nacional” (Fé-lix Patzy), “Puede generarse una espiral muy grande con un costo político importante para el gobierno” (Samuel Doria Medina), “El Gobierno perdió credibilidad, al igual que el presidente Evo Mora-les (Germán Antelo), “… es el inicio de su declinación” (Jorge Lazarte) “…un gran efecto político negativo para el gobierno del MAS” (Jimena Costa), “Con esa medida, Evo ya no gana las elecciones en Bolivia” (Filemón Escóbar).

Esas apreciaciones se multi-plicaron y ahondaron después de la abrogación del DS 748 porque no se mitigaron sus efectos negativos en la eco-nomía popular. La sensación de descrédito del gobierno se

confirmó con los resultados de varias en-cuestas que mostraron percepciones ne-gativas sobre el gobierno y el presidente en las ciudades del eje troncal y, también, porque sectores populares manifestaron su descontento debido al alza de precios en varios productos en la canasta familiar y en las tarifas de transporte público ge-nerando conflictos a diversa escala y en varias ciudades. La atención del gobierno se orientó a la solución de estos proble-mas tomando acciones en unos casos (importación de azúcar y venta a través de EMAPA, con descrédito mayor para el gobierno) y sin iniciativas en otros casos (fijación de tarifas de transporte público, trasladada a los gobiernos municipales). De esta manera, la tarea del gobierno se desplazó hacia temas de carácter coti-diano y la política dejó de ser un campo de confrontación de proyectos de país o espacio para la construcción de un nuevo Estado. La fase “heroica” de la transición estatal dio paso a los desafíos mundanos de la gestión pública y a la satisfacción de

En armonía contigo, Martina Noriega, acr/bayeta 0.76 x 0.51 m.

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las necesidades cotidianas de la pobla-ción.Bajo estos criterios, evaluamos los cam-bios en el campo político y sus diversos contornos.

CAMBIA ¿TODO CAMBIA?

Es preciso distinguir dos aspectos para evaluar los efectos del “gasolinazo”: la fuerza política del gobierno y la imagen presidencial. Veamos. La fortaleza del go-bierno radica en el lazo del MAS con las organizaciones sociales que constituyen su principal sostén de apoyo electoral y de movilización política. La popularidad de Evo Morales se traduce en capacidad interpelatoria hacia otros segmentos po-blacionales, especialmente urbanos, que permite explicar no solamente su reelec-ción en primera vuelta sino la sensación de certidumbre que proporciona al acae-cer político. En ambos casos, la fuerza de su liderazgo es un factor decisivo como elemento de cohesión interna de la coali-ción oficialista y de ampliación de la legi-timidad gubernamental hacia la población en general.

Respecto a la relación entre el MAS y los movimientos sociales, el procedimiento adoptado por el gobierno para la emisión del DS 748 fue distinto a los utilizados anteriormente para tomar decisiones im-portantes porque no realizó una consulta a las organizaciones agrupadas en CO-NALCAM –el lazo orgánico entre gobierno y movimientos sociales–, ni planificó una acción de respaldo a la medida adoptada. Este comportamiento debilitó la decisión gubernamental y provocó una disyunción respecto a las organizaciones sociales. Después de las protestas, y ante el riesgo de su proliferación, se realizaron consul-tas a dos grupos significativos, cocaleros y trabajadores mineros, y la respuesta no fue positiva. Los mineros del sector estatal desahuciaron una reunión de negociación con ministros y anunciaron una marcha hacia la sede de gobierno. Los dirigentes cocaleros, en un ampliado de emergencia

realizado en el trópico cochabambino con la presencia de Evo Morales, aceptaron el pedido presidencial de apoyar la medida gubernamental empero no garantizaron el acatamiento por parte de sus bases. Am-bas decisiones se produjeron en la tarde del 31 de diciembre de 2010 y, en la medi-da que se trataba de sectores que apoyan incondicionalmente al oficialismo, el riesgo de un incremento de las protestas en los primeros días de enero era inminente y su alcance imprevisto. Otros sectores socia-les, como los indígenas de tierras altas y los campesinos, manifestaron su rechazo a la medida a través de dirigentes de CO-NAMAQ y CSUTCB denotando el malestar en las filas de las organizaciones afines al gobierno: “Pedimos al hermano Evo Mora-les revertir esta medida, caso contrario va-mos a tomar medidas de presión, porque nos han mentido, nos han hecho creer que la economía del país está bien” (Rafael Quispe, CONAMAQ). “Este (gasolinazo) va a desestabilizar, va a generar una convul-sión, nosotros vamos a pedir que se sub-vencione nuestros productos, o al sector campesino, para poder equilibrar y no estar sufriendo por ese incremento en el diesel y la gasolina” (Rodolfo Machaca, CSUTCB).

La decisión de abrogar el decreto en cues-tión respondió a ese estado de ánimo en las organizaciones populares que apoyan al oficialismo porque no solamente estaba en riesgo la implementación de la medida económica sino la estabilidad política por efecto de las protestas sociales que se en-filaban en contra del gobierno.

Para evaluar las reacciones en el seno del oficialismo es preciso insistir en la caracte-rización de las relaciones entre el partido de gobierno y los movimientos sociales como una “coalición inestable y flexible”, cuya composición y accionar depende de los temas que están presentes en el cam-po político y en la agenda gubernamental. Cuando estaba en juego una demanda de alta agregación, como la aprobación de la nueva CPE, la lucha contra el “separatis-mo” o la reelección de Evo Morales, esta

“Pedimos al hermano Evo Morales revertir esta medida, caso contrario vamos a tomar medidas de presión, porque nos han mentido, nos han hecho creer que la economía del país está bien” (Rafael Quispe, CONAMAQ).

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coalición oficialista se ampliaba congre-gando a una diversidad de organizaciones sociales (campesinos, indígenas, mujeres campesinas, colonizadores, cooperativis-tas mineros, obreros, juntas vecinales, jubilados, entre otros) y sus integrantes actuaban de manera compacta bajo la conducción del gobierno. Así aconteció en la Asamblea Constituyente con el Pacto de Unidad como referente organizativo, y en otras coyunturas con CONALCAM como instancia supra organizacional. No obstante, una vez que se materializan las metas o reivindicaciones generales de carácter político pasan a primer plano las demandas de baja agregación –aquellas que expresan intereses sectoriales o cor-porativos y tienen que ver con la gestión pública– entonces, algunos grupos se ale-jan de la coalición y esta pierde capacidad para actuar de manera eficaz y uniforme; se reduce a las organizaciones campesi-nas, aquellas vinculadas orgánicamente al MAS.

Precisamente, el “gasolinazo” provocó el predominio de intereses corporativos –y necesidades concretas de las bases sindi-cales, como asalariados y consumidores– respecto a la adscripción incondicional al “proceso de cambio” como consigna gene-ral. En anteriores situaciones se produje-ron desplazamientos o alejamientos mo-mentáneos de organizaciones sindicales o indígenas de la coalición porque el MAS no canalizó sus pedidos –por ejemplo, una mayor cantidad de circunscripciones espe-ciales solicitadas por el movimiento indí-gena–, empero eso ni implicó la adopción de una postura contraria al gobierno. En el caso del “gasolinazo” se produjo el re-chazo generalizado de las organizaciones sociales excepto por parte de las tres orga-nizaciones campesinas –CSUTCB, coloni-zadores y “las Bartolinas”– que fueron el sustento de la formación del “instrumento político” y conforman la base permanente de CONALCAM. Inclusive las organizacio-nes de cocaleros asumieron una postura ambigua pese a la conminatoria de Evo Morales que los convocó como “vanguar-dia del proceso de cambio”. El resto de las organizaciones cerraron filas en contra de la medida, sobresaliendo CONAMAQ, FE-JUVE y COR de El Alto, y la COB.

Diciembre es la primera coyuntura en la que CONALCAM no tiene protagonismo y su fuerza organizativa y movilizadora se diluye ante la disyuntiva de apoyar o rechazar una decisión gubernamental.

Es más, algunos dirigentes de la COB y CSUTCB plantearon que la vigencia de este supra organismo había concluido con la aprobación de la CPE pese a que el gobierno vislumbraba un nuevo rol para CONALCAM en la implementación del Control Social. Otras organizaciones in-dígenas formularon la necesidad de esta-blecer un nuevo “pacto” entre el gobierno y los movimientos sociales para “recon-ducir el proceso de cambio”. En suma, el resultado fue el menoscabo de la capa-cidad del MAS para agruparlos bajo una conducción centralizada y adscritos a las políticas gubernamentales.

Con relación a la imagen de la figura pre-sidencial, las consecuencias de la medida tienen que ver con las protestas sociales que se produjeron con mayor virulencia en El Alto, La Paz y Cochabamba, plazas fuertes del MAS en comparación con otras circunscripciones, donde surgieron inédi-tos estribillos de condena a Evo Morales con acusaciones de traición y sometimien-to al neoliberalismo. Si bien estos centros urbanos dieron su voto por la aprobación de la nueva CPE y la reelección presiden-cial, en las elecciones municipales de abril de 2010, el MAS obtuvo votaciones infe-riores al 40% en esas ciudades, donde el MSM y UN lograron importante votación. Es decir, se trata de un electorado citadi-no que distinguió entre su voto por Evo Morales en diciembre de 2009 y su voto municipal en abril de 2010, escasamente favorable al MAS en Cochabamba y El Alto y de apoyo mayoritario al MSM en La Paz. Entonces, al momento de evaluar el impacto del DS 748, la ciudadanía volvió a demostrar su autonomía de acción a partir de un cálculo racional de los efectos del “gasolinazo”, es decir, no intervinieron ele-mentos ideológicos para definir el compor-tamiento de la gente respecto a la medida gubernamental. La creencia de que se tra-ta de bastiones masistas es errónea por-que se toma en cuenta la totalidad de la votación departamental, cuando las cifras de comportamiento electoral en las capita-les muestra una realidad distinta. En todo caso, la reacción de los pobladores de El Alto frente al “gasolinazo” ilustra de mane-ra nítida el grado de descontento popular.

Otro elemento importante es que en estas ciudades actúan fuerzas políticas que no forman parte de la oposición convencio-nal, aquella asociada al ex CONALDE y al movimiento cívico regional de la “media luna”. Son organizaciones políticas que

actúan como rivales del MAS –no sola-mente como opositores–, porque disputan el centro del campo discursivo ocupado por el MAS. En primer lugar, el MSM que controla los recursos de poder de la alcal-día paceña y es la segunda fuerza elec-toral a nivel nacional, y secundariamente UN que obtuvo importantes votaciones en El Alto y Cochabamba. Esto no implica –como denunció el oficialismo– que estas fuerzas políticas orquestaron las protes-tas, simplemente le proporcionaron cierta capacidad organizativa y de movilización sobre la base de un descontento generali-zado respecto al gobierno y al presidente.

En esa medida no resulta casual que los datos de encuestas realizadas con poste-rioridad al “gasolinazo” muestren una fuer-te caída de la popularidad de Evo Morales –la cifra más baja en 60 meses al mando del gobierno– con una aprobación de 36% y un rechazo de 56% a nivel nacional, cuando un año antes esa muestra pobla-cional apoyaba al presidente en 70% y lo desaprobaba apenas en 25%. En las ciu-dades en las que se dieron las protestas más graves, los datos muestran que La Paz desaprueba a Evo Morales con 51% y Cochabamba con 61% mientras que en El Alto se mantiene una opinión favorable pero preocupante de 51%, porque la ten-dencia dominante es el descenso de la popularidad del presidente (ver Cuadro 1), una imagen antes inmune a los vaivenes de la coyuntura política (Informe de Opi-nión Bolivia, enero 2011, Ipsos APOYO).

En suma, el costo político del “gasolina-zo” tiene doble connotación para el MAS porque afecta la consistencia de la base social de apoyo orgánico al partido de gobierno y, por primera vez, menoscaba seriamente la popularidad del presidente. Por lo tanto, el oficialismo enfrenta desa-fíos que tienen que ver, en el corto pla-zo, con la recomposición de la coalición de apoyo al partido de gobierno y, en el mediano plazo, con la restitución de la confianza en la figura presidencial ante los ojos del electorado urbano. El primer desafío tiene carácter perentorio para el MAS porque es un requisito para encarar con éxito cualquier plan gubernamental, en cambio, la recuperación de la imagen presidencial depende de los réditos de la ejecución de políticas públicas durante los próximos años, así como de un giro en su estilo de conducción y, particularmente, en sus relaciones con los adversarios del gobierno. Por lo pronto, la nueva postura

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adoptada por Evo Morales respecto a la demanda marítima es una apuesta que tiene connotaciones evidentes sobre este tema con el riesgo que implica su trata-miento para la imagen de un presidente.

Bajo estos criterios, es evidente que la configuración del campo político presenta ciertas transformaciones, tal vez la más importante tiene que ver con la merma de la capacidad hegemónica del MAS.

¿PODER O HEGEMONÍA?

Es preciso advertir que no se ha modifica-do la distribución de recursos de poder de carácter institucional, estos siguen con-centrados en el partido de gobierno, sin embargo se han puesto de manifiesto los límites de la capacidad hegemónica del MAS. Este partido controla la Asamblea Legislativa Plurinacional y la mayoría de las asambleas departamentales y conce-jos municipales, sin embargo, los conflic-tos derivados del “gasolinazo” han tras-cendido esos ámbitos legislativos y se han trasladado a las calles como escenario de manifestación del descontento ciudadano contra el gobierno. Las semanas poste-riores a la abrogación del DS 748, las ca-lles fueron el espacio de presión, pugna y enfrentamientos entre usuarios y chofe-res, entre comerciantes y consumidores, también de negociación y acuerdo entre juntas vecinales y transportistas, ante la parálisis del gobierno cuya autoridad fue puesta en entredicho.

El cuestionamiento a las decisiones del gobierno y la conducta de la gente en las últimas semanas puso en evidencia un debilitamiento de la capacidad hegemó-nica del MAS. Para explicar este aserto es preciso tomar en cuenta que el MAS inició su segunda gestión gubernamental dominando el centro del espacio de dis-cursividad política mediante la articulación de nacionalismo e indigenismo, ejes dis-cursivos que ordenan el campo político.

El nacionalismo se tradujo en el retorno del Estado como protagonista de la eco-nomía. La nacionalización de los hidro-carburos implicó un cambio en la relación entre el Estado y las empresas extranjeras para responder a promesas de bienestar económico que se materializaron a través de bonos con recursos provenientes del sector de hidrocarburos. Esa era la cara redistributiva de la nacionalización, empe-ro su sostenibilidad dependía y depende

de la apuesta gubernamental a la inver-sión e industrialización donde los avances fueron magros porque el sector de hidro-carburos debió convertirse en el motor del desarrollo y sostén de la estabilidad económica. En esa medida, el “gasolina-zo” aparece como una suerte de negación de la nacionalización –la propia palabra es sinónimo de neoliberalismo– y con este giro en la política económica se ha debili-tado uno de los ejes del discurso del MAS que le permitió dominar el campo político. La aceptación de la necesidad de inver-sión extranjera en mejores condiciones a las actuales es una muestra de realismo que busca un punto de equilibrio entre Estado y mercado, empero es una actitud que contradice la prédica anti neoliberal del gobierno. Esta inflexión discursiva de-bilita la hegemonía del MAS porque su in-terpelación nacionalista ya no es verosímil para justificar sus decisiones y abre la po-sibilidad a críticas y cuestionamientos al gobierno desde posiciones de izquierda, tanto partidistas como sindicales.Respecto al indigenismo, la CPE muestra el carácter irreversible de la inclusión de las demandas e identidades campesinas e indígenas pese a que lo “plurinacional y comunitario” del nuevo Estado es más re-tórica que armazón institucional. En esta fase de transición post constitucional, la descolonización es un elemento discursi-vo común en las leyes y en las políticas públicas como una expresión normativa del indigenismo y adquiere similar im-portancia que el anti neoliberalismo en el discurso gubernamental. En este tema, el MAS no tiene competidores en el campo político y ante el debilitamiento de su ima-

gen antineoliberal, el partido de gobierno se aferra al argumento de la descoloniza-ción para cuestionar a sus adversarios y lo traduce en una supuesta denuncia: “quie-ren sacar del poder a los indios”. Además, este tema refuerza la idea del protagonis-mo incuestionable de Evo Morales en la conducción del “proceso de cambio” por-que su presidencia es la constatación fác-tica de la descolonización.

En otras palabras, ante el debilitamiento del eje nacionalismo (antineoliberalismo) el discurso del MAS se apoya en el eje indigenismo (descolonización), no obs-tante esto conlleva una reducción de su radio de interpelación y, por ende, de su capacidad hegemónica. Debido a esta si-tuación, el gobierno acude a la estrategia de concertar con los movimientos sociales cualquier medida relativa a los precios de los hidrocarburos. También, como sucede desde el 23 de marzo, enarbola la reivin-dicación marítima como nuevo elemento discursivo que refuerza su posición en el eje nacionalismo, restituyendo una de-manda de alta agregación en el campo político con posibilidades de convocar in-clusive a detractores y opositores bajo su conducción.

Precisamente, la decisión gubernamental de plantear la demanda marítima en tribu-nales internacionales ante la ausencia de un compromiso formal por parte de Chile después de cinco años de diálogo bilateral, es un intento de modificar la agenda polí-tica hasta hace poco centrada en temas económicos con fuerte énfasis en cares-tía, especulación, tarifas y salarios. Antes del “gasolinazo”, la agenda gubernamen-tal estaba marcada por la implementación de la CPE mediante leyes y reglamentos que definían la labor legislativa y la elabo-ración de políticas públicas. Después del “gasolinazo”, la labor gubernamental se concentró en el enfrentamiento a los efec-tos de esta medida para paliar el malestar en la población. Su desempeño era con-fuso porque mostraba cierta parálisis para enfrentar algunos problemas (por ejem-plo, en el tema de tarifas del transporte público), un retroceso en sus visiones de la economía (la importación de azúcar para combatir la especulación) y dificul-tades para convencer a los trabajadores de su propuesta de incremento salarial. En estas circunstancias, el tema marítimo aparece como un elemento que tiende a desplazar la crisis económica como tema central en el debate público. Adicional-

En esa medida, el “gasolinazo” aparece como una suerte de ne-gación de la naciona-lización –la propia pa-labra es sinónimo de neoliberalismo– y con este giro en la política económica se ha debi-litado uno de los ejes del discurso del MAS que le permitió domi-nar el campo político.

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mente, este asunto también le proporcio-na al MAS una respuesta a la pérdida de popularidad del presidente, un elemento clave de la estrategia oficialista con miras a los comicios de 2014, una estrategia centrada en la reelección de Evo Morales como factor que asegure la continuidad del “proceso de cambio”

CAMBIA, ALGO CAMBIA

Después del “gasolinazo” no se ha con-figurado un nuevo escenario político por-que se mantiene la correlación de fuerzas en el ámbito institucional de la política. Lo que ha cambiado es la fortaleza política y la capacidad hegemónica del partido de gobierno, empero, también se modificó el espacio de la oposición, en particular de-bido al lugar que ocupa el MSM desde los comicios de abril de 2010 –previa ruptu-ra de su acuerdo con el MAS– y por su comportamiento en torno al “gasolinazo”. Un comportamiento que tiene que ver con la disponibilidad de recursos de poder ins-titucionales que provienen de su control de la alcaldía paceña y de su presencia en la arena parlamentaria –aunque con una bancada reducida–, y una capacidad organizativa como partido que contrasta con la debilidad de otras organizaciones políticas, como UN que no tiene cuadros políticos o Convergencia Nacional PPB-CN que carece de liderazgo. Asimismo, este partido tiene posibilidades de desple-gar una estrategia discursiva de disputa al MAS porque comparte elementos ideoló-gicos con el partido de gobierno y, merced al “gasolinazo”, incursionó en el espacio informal de “la calle”, una opción vetada a la mayoría de las organizaciones políticas y casi una prerrogativa del MAS.

Al respecto, es pertinente establecer una distinción entre rivales y opositores al MAS. El MSM y otras fuerzas políticas de izquierda (como Alianza Social en Potosí) emergieron como rivales del partido de gobierno en los comicios municipales de abril –siendo victoriosos en la zona occi-dental del país– incorporando matices en un escenario político antes dividido, inclu-sive territorialmente, entre occidente pro masista y “media luna” opositora. No son fuerzas opositoras convencionales porque actúan dentro los parámetros discursivos del MAS y su crítica se dirige a cuestio-nar el estilo de conducción gubernamen-tal y la orientación de la reforma estatal pero sin poner en entredicho el “proceso de cambio”. El MSM incide en la perso-

nalización de la conducción de la gestión gubernamental y critica el liderazgo de Evo Morales como “uniquismo”, cuestio-na el funcionamiento autoritario del MAS por ausencia de democracia interna y la cooptación de organizaciones sociales, es decir, enjuicia el estilo de gobierno, no el nuevo ordenamiento estatal.

En una posición intermedia se sitúa UN puesto que su accionar no estuvo subor-dinado al movimiento cívico regional en el pasado y mantiene una posición de recha-zo al MAS, empero, sin posibilidades de situarse en algunos de los ejes discursivos dominantes (nacionalismo e indigenismo) para disputar su hegemonía o rivalizar con otras fuerzas de oposición. Esta carencia de perspectiva estratégica le proporciona cierto margen de acción flexible, empero sus posturas frente a temas de coyuntura carecen de eficacia porque no dispone de recursos de poder institucionales, su ban-cada parlamentaria es irrelevante y care-ce de capacidad para reclutar o movilizar a sus seguidores.

Los opositores convencionales siguen siendo las fuerzas políticas que rechazan todas las iniciativas y decisiones del MAS y se amparan en un discurso que apunta a cuestionar no solamente la legitimidad sino la calidad democrática de las acciones gu-bernamentales. Actúan en un eje discursi-vo marcado por la antinomia democracia/totalitarismo o república/Estado Plurinacio-nal, en un extremo, y la antinomia estatis-mo/neoliberalismo o centralismo/autono-mía, en otro extremo. En esta posición se sitúan las agrupaciones regionales del ex CONALDE y la coalición PPB-CN. Algunas autoridades fueron reelectas, no obstante los gobernadores no son protagonistas en la arena política nacional, por su parte, la bancada de PPB-CN tiene un comporta-miento errático y sufre divisiones internas. En la actualidad, el MSM es un rival del MAS no solo por los elementos menciona-dos –es la segunda fuerza política nacio-nal y tiene recursos de poder instituciona-les y estrategia discursiva– sino porque su confrontación con el gobierno se extendió a otros planos de acción, entre ellos el judicial puesto que existen acusaciones contra el alcalde Luis Revilla y el ex alcal-de Juan del Granado. La participación de autoridades y militantes del MSM en las marchas de protesta en las ciudades de La Paz y El Alto proporcionaron mayor protagonismo a este partido y provoca-ron acusaciones oficialistas de organizar

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actos violentos antigubernamentales. Además, el MSM marcó una posición dis-tinta a otros actores políticos al sugerir la realización de un referéndum sobre el DS 748. El argumento esgrimido tenía el tono convencional del discurso de izquierda y un objetivo adicional de esa propuesta era poner en evidencia la pérdida de populari-dad del presidente: “El MSM quiere que el Presidente gobierne los próximos cuatro años que le queda pero que le consulte a la gente. Basta de gasolinazos a espal-das a la gente, basta de decretazos, basta de atentados en navidad contra la gente. Presidente convoque a referendo para ver si se queda el gasolinazo”. Además, este partido apuntaba a la corrección de la medida con el argumento de reconducir el “proceso de cambio” distorsionado por el MAS: “nuestros dirigentes… no cesarán en su denuncia y oposición a las políticas anti populares del Gobierno y el progre-sivo extravío y traición del proceso de cambio y transformaciones” (http://www.eldeber.com.bo/2011/2011-01-06/vernota-ahora.php?id=110106154603).

La reacción del MAS fue incluir al MSM entre las fuerzas de derecha y compa-rar sus acciones de protesta con las de la oposición cívico-regional de la “media luna” para debilitar su capacidad interpe-latoria.

A MANERA DE COLOFÓN

La fase “post gasolinazo” muestra ciertos cambios en el campo político porque se debilitó la fortaleza del partido de gobierno y la imagen presidencial. El MAS enfren-ta desafíos de carácter orgánico porque tiene que encarar la recomposición de la coalición entre el gobierno y los movimien-tos sociales, también tiene desafíos de carácter discursivo y simbólico dirigidos a recuperar la popularidad del Evo Morales, un objetivo a mediano plazo que depen-de de la eficacia de las políticas guberna-mentales, principalmente en la economía. Para encarar ambas tareas el partido de gobierno dispone de recursos de poder institucionales que se mantienen intactos porque no se han producido mayores mo-dificaciones al respecto. Lo que se ha de-bilitado es su capacidad hegemónica y la credibilidad ciudadana en su discurso, un discurso disminuido en su faceta naciona-lista por efecto, precisamente, del “gasoli-nazo” que fue percibido como una mues-tra de incumplimiento de las promesas de la nacionalización de los hidrocarburos.

Una respuesta indirecta a esta situación fue la iniciativa presidencial en torno a la demanda marítima porque le permite for-talecer su convicción nacionalista y con-vocar a sus aliados, también a sus detrac-tores, e interpelar a la ciudadanía con una demanda de alta agregación bajo la direc-triz del gobierno. Una apuesta dirigida a recuperar la imagen de Evo Morales, cuya popularidad es un requisito para continuar la estrategia oficialista de continuidad del “proceso de cambio” mediante su reelec-ción presidencial en los comicios de 2014.

Otro cambio en el campo político se refie-re a la modificación del espacio opositor, antes ocupado únicamente por fuerzas políticas contestatarias al MAS, afincadas principalmente en lo regional. La oposi-ción convencional cuestionadora del na-cionalismo y del indigenismo como ejes que forman el discurso político y el pro-yecto estatal del MAS perdió fuerza en el transcurso de 2010, excepto en el caso de UN que no formó parte de la coalición opo-sitora liderizada por CONALDE que, en di-ciembre de 2009, apoyó la candidatura de Reyes Villa. En los comicios de abril de 2010 se produjo la emergencia del MSM como partido rival del oficialismo después de la ruptura de su alianza con el MAS y al

constituirse en la segunda fuerza electoral a nivel nacional, aunque muy distante del partido de gobierno. Este partido se sitúa en un lugar similar al MAS porque no rechaza el “proceso de cambio” pero cuestiona el estilo de con-ducción gubernamental y la orientación de las políticas públicas y de la implementa-ción de la nueva CPE. Adquirió mayor pro-tagonismo por su participación en las pro-testas contra el “gasolinazo” merced a que dispone de ciertos recursos de poder insti-tucionales y capacidad organizativa como partido, asimismo, puede desplegar una estrategia discursiva basada en la crítica al giro en la visión económica del gobierno como un retroceso en la nacionalización del sector de hidrocarburos. Las restantes fuerzas de la oposición no han fortalecido su posición porque tienen escasos recur-sos de poder y carecen de estrategia dis-cursiva y propuesta política para disputar el centro del campo político.

Fernando Mayorgaes Director General del CESU - UMSS

Aprobación de Evo Morales como Presidente de la República

total eje troncal

Aprueba Desaprueba No precisa

Cuadro 1

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43 43 4341 41 41 40 4036 34 34

29 3025

3944 44 41

4547 4756

40 40

4948

4 4 3 3 34 52

6 6 6 6 65 5 5 7 7 85 54 4 4 4

Base: Total de entrevistados (1.028)

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Reymi Ferreira

el gasolinazotres meses después

Paisaje urbano de La Paz,, Rama King Nash, acrílico 60 x 80 cm. Año 2011.

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A MANERA DE INTRODUCCIÓN

El proceso de construcción he-gemónica que llevaba ade-lante el MAS hasta diciembre del año 2010, cuando se dicta el Decreto Supremo No 748,

se vio afectado por turbulencias que han destapado la primera crisis de importan-cia de la coalición de fuerzas que lidera el Presidente Evo Morales en el denomi-nado “proceso de cambio”. Este remezón político, ocasionado por una inesperada decisión gubernamental de incrementar el precio de los hidrocarburos en porcen-tajes nunca antes planteados, aparente-mente sacó de la ilusión a la mayoría de bolivianos que apoyaban el proyecto gu-bernamental. Las respuestas previsibles de los sectores populares, adquirieron características imprevisibles y esto llevó a su vez a una inesperada contramarcha con la derogatoria del precitado Decreto Supremo.La consecuencia visible y notoria fue la acentuada pérdida de popularidad del pre-sidente de acuerdo a todas las encuestas de opinión, el incremento de la inflación, la consecuente escasez de alimentos, el alza de los precios que pese a haber ba-jado el precio del combustible, no bajaron en consonancia. Este nuevo escenario, cuya configuración en general es diag-nosticada por los analistas sin grandes diferencias, lleva a lecturas diferenciadas cuando se habla respecto a los probables desenlaces.Difícil tarea es la de proyectar escenarios futuros en un país que como algún notable boliviano dijera, es un “país de vísperas”. Mientras los elementos más recalcitrantes de la oposición creen estar viviendo mo-mentos parecidos a los de la UDP el año 1984, con protestas diarias, la inflación más alta de todos los tiempos, colas para abastecerse de alimentos y una crisis de gobernabilidad casi absoluta. Otros en-tienden la presente situación como una re-friega menor que ha acarreado como con-secuencia algún desgaste gubernamental que no alterará en mucho el proyecto de consolidación política del MAS en el país.Tratar de entender qué es lo que ha ocu-rrido en realidad con el MAS, el liderazgo del Presidente Evo Morales, la insurgen-cia de otros actores, así como determinar el impacto en el proceso político, del de-nominado “gasolinazo”, son los objetivos que pretende alcanzar este breve trabajo.¿La crisis es fruto de la evolución de al-gunos factores o respuesta inesperada,

surgida como rechazo al gasolinazo?Esta, es en principio la pregunta que debe-mos responder. ¿Lo que ha ocurrido con el denominado “gasolinazo” es consecuencia anunciada de una serie de eventos que se venían produciendo sin mayor relevancia que ha llegado a acumular tensiones y se destaparon con el decreto que ordena el incremento de los hidrocarburos, o por el contrario es fruto instantáneo de una medi-da errada y un retroceso obligado?Inicialmente habría que definir que el mo-mento que vive el país es un ciclo esta-tal, surgido a partir de la crisis de finales de siglo, que se consolidó con el ascenso del MAS al gobierno el año 2006, luego de una contundente victoria electoral. El mercantilismo, el liberalismo, el naciona-lismo, el neoliberalismo y ahora el neopo-pulismo se han venido sucediendo en el país en ciclos bien marcados, y que de al-guna forma han tenido un correlato conti-nental. El MAS al igual que varios gobier-nos populistas en Latinoamércia cabalga sobre movimientos sociales, crecidos por la crisis económica notoria a partir del año 1998 producida principalmente por la desaceleración de la economía mundial. Crisis a la que se sumó la deslegitimación del sistema político representativo al que condujo la práctica de la denominada “de-mocracia pactada”. El panorama económico en todo el perio-do que le ha tocado gobernar al MAS, ha sido generalmente propicio, con ingresos fiscales suficientes producto de la acer-tada medida de la nacionalización de los hidrocarburos el año 2005 y el incremento de los tributos el año 2006, medidas que dieron como resultado la posibilidad de

satisfacer las demandas de la sociedad, incrementar la inversión pública y generar condiciones de estabilidad macroeconó-mica. Sobre ese paraguas se edificaron las transformaciones políticas institucio-nales llevadas adelante por el MAS, entre ellas, la más importante, la adopción de una nueva Constitución Política que con-solidaba el “Estado plurinacional”.Fortalecido el proceso de transformación en varios eventos electorales, a finales del año 2010, el gobierno llegaba con un nivel de aceptación importante, dueño práctica-mente del poder, de tres cuartas partes de los gobiernos municipales del país, de seis de las nueve prefecturas y poseedor del monopolio absoluto en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué ocurrió entonces con el denomina-do gasolinazo?

LA ECONOMIA CUENTA. (El inicio del periodo de las vacas flacas)

Ciertamente una medida impopular como la de elevar en algunos casos hasta el 80% de los precios de los hidrocarburos, para evitar la subvención, el contrabando y por lo tanto la fuga de millones de dó-lares al exterior, no se la toma, si es que no existen causales serias para hacerlo. “En los primeros años de la gestión de Evo Morales ―se lee en el editorial de Nueva Crónica― existieron condiciones económicas que facilitaron las decisio-nes políticas y la asignación de recursos públicos para diversos fines favorables al Presidente y su partido. La economía proporcionó márgenes de holgura para la gestión política, como en ninguna época anterior; la situación fiscal se benefició del aumento de ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos con precios y tasas impositivas más altas que en el pasado”. 1

Este contexto económico, se vio favore-cido porque indicadores importantes de la macroeconomía como la inflación, tipo de cambio y estabilidad financiera, lo que permitió que el sector privado siga operan-do, a salvo de la incertidumbre y cambios imprevistos. Además del petróleo, los mi-nerales llegaron a alcanzar cotizaciones nunca antes vistas, favoreciendo el ingre-so de divisas. Respecto a la economía in-formal, no se puede negar el impacto que tiene el ingreso proveniente de comercia-lización de estupefacientes. Como sostie-ne Henry Oporto: “Las cosas funcionaron bien por un tiempo, cuando se dispararon los precios internacionales de las materias

Este remezón político, ocasionado por una inesperada decisión gubernamental de in-crementar el precio de los hidrocarburos en porcentajes nunca antes planteados, apa-rentemente sacó de la ilusión a la mayoría de bolivianos que apoya-ban el proyecto guber-namental.

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primas y los recursos fluyeron en abun-dancia. Hubo liquidez de la economía; el contrabando y el narcotráfico aportaron lo suyo”. 2

El incremento del poder adquisitivo debido a los bonos, el incremento de los ingresos por las exportaciones, el circulante que ingresa irregularmente por contrabando o droga, han generado presión sobre la de-

manda de alimentos principalmente. Se debe sumar los buenos precios externos de los productos agropecuarios y adicio-nalmente un año con condiciones climá-ticas particularmente duras que afectaron la producción de alimentos en el país. La imposibilidad de satisfacer dicha deman-da, fue uno de los signos que indicó que la economía empezaba a sentir los primeros

efectos del deterioro. No existieron políti-cas para incrementar la riqueza, ampliar el aparato productivo, diversificar la eco-nomía, lo que conllevó, en palabras de Oporto a “desnudar una suma de graves problemas: insostenibilidad fiscal, crisis alimentaria, colapso productivo, depen-dencia de carburantes importados”. 3

Desde otra perspectiva, no han faltado autores que sostengan que parte de la crisis ha sido generada por el propio go-bierno en su intento de estrangular el apa-rato productivo del oriente boliviano, por ejemplo Carlos Toranzo sostiene que “la política dirigida a destruir el modelo eco-nómico cruceño y aplastar sus oligar-quías, no logró entender que Santa Cruz, hace años, ―entre grandes y pequeños productores― es la clave de la seguridad

El MAS al igual que varios gobiernos populistas en Latinoamércia cabalga sobre movimientos sociales, crecidos por la crisis económica notoria a partir del año 1998 producida principalmente por la desaceleración de la economía mundial.

Espacios urbanos,, Rama King Nash, óleo/tela 110 x 110 cm. Año 2010.

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alimentaria y la pueden destruir. Los bo-livianos requieren alimentos, eso implica que en lugar de destruir la producción cruceña, ella requiere de incentivos para invertir y aumentar la producción”. 4

EL MITO DE LA NACIONALIZACIÓN

Una de las ideas fuerza del gobierno del MAS, que le permitió no sólo responder a las demandas de las regiones, municipios y sectores fue el resultado emergente de la “nacionalización” de los hidrocarburos, cuyas rentas permitieron extraordinarios ingresos fiscales al país, que se tradujeron en niveles altos de inversión. El año 2010, sin embargo, a un quinquenio de la na-cionalización, los niveles de inversión se han desplomado, la producción baja, los mercados se han reducido, los grandes clientes disminuyen su consumo. Las re-servas de gas son notoriamente inferiores a las estimadas hace poco menos de una década. Las transnacionales en muchos casos operan YPFB, y sólo han invertido para satisfacer las demandas de Brasil y Argentina, y, no demuestran mayor inte-rés en producir para el pequeño mercado local, que les reditúa ganancias menores. La crisis fiscal inminente, que suponía poner en peligro la estabilidad macroeco-nómica, mantenida impecablemente en los últimos cinco años, y la necesidad de un equilibrio fiscal, al parecer fueron los factores que impulsaron a tomar la deci-sión de disponer el alza sustancial de los precios de los hidrocarburos. No era, ni es prometedor en el futuro un panorama en el que el Estado ha asumido una serie de obligaciones (bonos, incentivos, subsi-dios, mayor gasto social, inversiones en empresas estatales no siempre rentables) mientras la renta del gas baja, la inversión privada no se incrementa y los montos de los combustibles a subvencionar son ma-yores por el alza internacional en el precio de los hidrocarburos.Raúl Prada Alcoreza, sostiene que “lo que ha destapado el gasolinazo es que no hay nacionalización […] ¿Por qué se oculta que no se han cumplido los 44 contratos de operaciones por parte de las empre-sas transnacionales firmantes, no han invertido en exploración y en explotación, menos en industrialización, tal como lo es-tablecen los contratos? Como dice María Lohman, estas empresas sólo invierten en la producción (saqueo) del gas, para cu-brir los cupos comprometidos con Brasil y Argentina, a precios que les otorgan am-plios márgenes de ganancia, más atrac-

tivos que el reducido mercado interno de producción de gasolina y diesel”. 5

El gasolinazo golpeó la certidumbre de la gran mayoría de los bolivianos que estaba convencido de lo positivo que había sido para el país la nacionalización de los hi-drocarburos y los decretos que incremen-taban los tributos sobre la producción hi-drocarburífera. Este es a nuestro modesto entender uno de los puntos sensibles heri-dos con el Decreto Supremo No 748.

EL ESTATISMO EN FIGURILLAS

Señala Fernando Mayorga 6 que las dos bases de la sustentación discursiva del gobierno del MAS son el indigenismo y el nacionalismo, entendiendo este último como el estatismo económico y la lucha contra el neoliberalismo.Varias de las medidas del gobierno del MAS, especialmente en materia laboral derogaron algunos artículos del Decreto 21060, la estatización de varias empresas capitalizadas y la creación de varias otras (BOA, EMAPA, etc.) dieron la sensación de que evidentemente el gobierno asumía una orientación antineoliberal y estatista, sin embargo, ya el año 2010 existían con-flictos por mejores salarios con la COB, en las zonas rurales la reversión de tierras a grandes propietarios no se había produci-do sino en determinados fundos, con con-notaciones simbólicas más que efectivas. El ya citado Raúl Prada, cuestiona la acti-vidad de la empresa minera San Cristobal cuyas ganancias “oscilan en un monto al-rededor de 1000 millones de dólares, de-jando pírricos aportes al Estado boliviano.

¿Por qué se esconde los fracasos de la empresa Jindal Steel and Power que va a explotar el hierro del Mutún, subsidiaria de una transnacional inglesa, la Jindal es co-nocida por escamotear y especular en el sistema mundial de las finanzas: tampoco no se hacen transparentes las aventuras del Litio?”. 7

El “gasolinazo” no hizo otra cosa que con-firmar las sospechas de alguna adheren-cia al neoliberalismo del régimen, fue una medida drástica que ni los gobiernos pro-piamente neoliberales se habían atrevido a aplicar. La segunda herida de gravedad que causa el gasolinazo es despertar en la gente la idea que el MAS no es tan dife-rente en materia económica que sus pre-decesores neoliberales.

LA CRISIS DE LA ALIANZA CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El nacionalismo revolucionario, el populis-mo, o el neopopulismo, tienden en gene-ral a sustentarse en movimientos sociales. Mario Rueda Peña, sostiene: “En América Latina tuvimos muchos casos de gobier-nos que cabalgaron sobre movimientos sociales rumbo al poder total. Determina-das condiciones histórico-sociales hicie-ron de pitazo de partida hacia tan criticado destino. Casi siempre la flauta se originó en un periodo nacional de crisis provoca-da por una adversa coyuntura de mercado internacional. Superados los contratiem-pos y con ingresos suficientes para hala-gar a los sectores populares de diversas maneras, tales gobiernos se afirmaron por tiempos diferenciados, pero después algunos de ellos se derrumbaron mientras otros ingresaron a un lento pero definitivo proceso de evanescencia política. No solo la economía les empujó al derrumbe, sino sobre todo su inconsistencia estructural. Es que no eran partidos hechos y dere-chos, sino congregación de movimientos sociales de diferenciados y contrapuestos intereses, por lo que resultan más propen-sos a la rencilla divisionista que al alinea-miento en torno a sus objetivos tácticos y estratégicos.” 8 Esta caracterización en el caso del MAS es evidente, al no ser esta organización sino el agregado de diferen-tes actores sociales y grupos de presión. Como señala Oporto: “Otro de los pilares de sustentación del régimen es la alianza con los movimientos sociales ―además del respaldo militar―, que ha dado paso a una estructura corporativa que supone que el partido gobernante ejerce compar-tiendo parcelas de poder con una red de

El año 2010, sin em-bargo, a un quinquenio de la nacionalización, los niveles de inversión se han desplomado, la producción baja, los mercados se han redu-cido, los grandes clien-tes disminuyen su con-sumo. Las reservas de gas son notoriamente inferiores a las estima-das hace poco menos de una década.

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organizaciones populares, a las que se ha conferido un derecho tutelar sobre la acción del gobierno.” 9 Sin embargo, el gasolinazo puso en duda la efectiva con-sulta en la toma de decisiones por parte del gobierno, al que se acusa desde aden-tro y desde afuera de haber incurrido en la concentración del poder en manos de una cúpula, en desmedro de las fuerzas sociales, componentes del bloque políti-co y social gobernante. La sensación es que el caudillismo y el endiosamiento de los máximos gobernantes los ha llevado a creer que podían tomar decisiones sin consultar. “Nuevamente el gasolinazo ha descubierto ese conflicto ―señala Henry Oporto― Y también los límites del poder real de Evo. Éste creyó que podía solo, pero la reacción popular le demostró que no”. 10 El ya precitado Raúl Prada Alcoreza sostiene: “El último jacobino se inviste de Robespierre, pero del Robespierre de la época del terror. Acusa de derechistas a quienes se oponen a sus proyectos deli-rantes de industrialización, a sus formas elitarias y cupulares de tomar decisiones, al procedimiento grupal de redactar leyes y decretos, sin consulta popular, mandan-do a obedecer a asambleístas que tie-nen la obligación de levantar las manos y aprobar”. 11

Las primeras diferencias con la COB por el tema salarial, los enfrentamientos en Caranavi, en las minas, con algunos sec-tores campesinos en el oriente podían dar

lugar a pensar en ciertas desavenencias en el acuerdo MAS-Organizaciones socia-les, fue el Decreto el que causó un fuerte rechazo al interior de varios de los movi-mientos sobre los que se había constitui-do la alianza con el MAS. La aprobación del Decreto No 748 fue el resultado de discusiones más técnicas del órgano ejecutivo, sin consulta y sin la pre-paración para asegurarse su implemen-tación que se había realizado con otras medidas anteriores. El CONALCAM, o conglomerado de organizaciones sociales que apoyaban el ́ ´proceso de cambio´´ no fue convocado para el análisis del proyec-to de decreto, y sólo se invitó a dialogar cuando las reacciones adversas al decre-to eran públicas y motivaban marchas y movilizaciones.El gasolinazo dejó al desnudo la debilidad de los vínculos de participación en las de-cisiones gubernamentales de los denomi-nados movimientos sociales, la conducta

caudillista y la delimitación de la toma de decisiones a un pequeño círculo de poder. Las diferencias entre los movimientos sociales y el ejecutivo no son nuevas, re-cuérdese que en casi todas las reuniones para evaluar la gestión, los movimientos sociales han pedido la renuncia de varios ministros, en especial los del área técnica y política. El pedido del presidente que “lo dejen gobernar” fue la respuesta a esos pedidos. Cuando los movimientos de El Alto, la COD e incluso sindicatos cocale-ros se desbordaron en diciembre del año 2010, recién cobra notoriedad la difícil arti-culación del gobierno con los movimientos sociales que lo sostienen.Al finalizar la primera parte de la exposición, podríamos llegar a algunas conclusiones:

a) La reacción popular contra el gasolina-zo es consecuencia de algunos proce-sos larvados, temidos en el imaginario popular, y confirmados con la dictación del decreto que eleva el precio de los combustibles.

b) El estatismo, la nacionalización de los hidrocarburos, el anti neoliberalismo y finalmente la forma cupular de tomar decisiones, fueron factores que estu-vieron relacionados con la reacción frente al “gasolinazo”.

c) En el proceso de adopción de la me-dida, el gobierno no se valió como en el pasado, de la CONALCAM y de sus organismos afiliados, en un exceso de confianza, que a la postre hizo inviable la medida ―de haberse mantenido― con desestabilizar el régimen.

OTROS FACTORES A TOMAR EN CUENTA

Existen a nuestro entender, al menos tres factores que influyeron en menor me-dida a la fuerza de la protesta, y si bien no tienen la incidencia de los elementos anteriores, han tenido algún efecto en el resultado final. Ellos son: el debilitamien-to de la oposición regional, la ausencia de espacios institucionales para debatir la medida, trasladando el conflicto a la ca-lle, y el surgimiento en las zonas urbanas del occidente del país de organizaciones ―en especial el MSM― que han servido de alguna forma como sostén al rechazo del gasolinazo.EL debilitamiento de la oposición regional.Los primeros años de gobierno del MAS, este tuvo que resistir a fuertes embestidas desde la oposición regional atrincherada en las gobernaciones de los Departamen-tos que configuraron el CONALDE, en es-

La sensación es que el caudillismo y el endio-samiento de los máxi-mos gobernantes los ha llevado a creer que podían tomar decisio-nes sin consultar.

Garagato II, Martina Noriega, acr/lienzo 1.20 X 0.80 m.

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pecial Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando. La oposición luego se trasladó a Sucre, por el tema de la capitalía, y llegó a tener caracteres dramáticos al punto que hicie-ron peligrar el proceso nacional constitu-yente. Las acciones del año 2008, toma de instituciones, masacres, y luego el año 2009 el descubrimiento de afanes subver-sivos en Santa Cruz, lejos de debilitar al gobierno lo fortalecieron, cohesionando a gran parte de la población de los seis departamentos occidentales del país y a las mayorías quechuas y aymaras de la nación que percibían que estaba en riesgo la unidad nacional.La desacertada posición de los dirigentes regionales en su radicalismo, sirvieron para justificar los discursos de integridad nacional, de rechazo al separatismo y a la posibilidad de trasladar la sede de gobier-no a Sucre. En esas crisis, los movimien-tos sociales se unieron sólidamente. Fren-te a la “oligarquía oriental”, era fácil unir al país. Una de las técnicas utilizadas por el gobierno para generar unidad tras de sus posiciones fue “enfrentar” a un enemigo, real o imaginario. A lo largo del tiempo fue el neoliberalismo, el imperialismo, el sepa-ratismo, el terrorismo, el racismo. Con el exilio de varios dirigentes, la perse-cución de otros, la claudicación de varios, así como la destitución de gobernadores y alcaldes, el liderazgo regional fue debi-litándose, al extremo que fortalecido por las elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales en abril del año 2010, el MAS ha comenzado a controlar gran parte de los bastiones de la oposi-ción. Paradójicamente, el debilitamiento de la dirigencia política conservadora cru-ceña, le ha perjudicado más al gobierno que a ella misma, al privarle discursiva-mente de un objetivo a quien dirigir el ata-que y generar cohesión interna.Al no existir un enemigo sólido al frente, la lucha tiende a internalizarse y a buscar otros cauces por donde dirigir las diferen-cias y el equilibrio político. Probablemente

este factor ha ayudado a que los movi-mientos sociales se sientan traicionando una causa o fortaleciendo un supuesto enemigo al enfrentarse al gobierno lidera-do por Evo Morales.Ausencia de espacios institucionales para debatir la medida.Otra situación paradójica se presenta en diciembre del año 2010. El MAS tiene dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurina-cional, maneja las dos Cámaras. Influye en el poder judicial, tiene, excepto dos, todas las demás gobernaciones. Ha derribado a los alcaldes opositores de Sucre y Potosí, y arremete judicialmente contra el alcalde de La Paz. La oposición no tiene espacios qué negociar en el órgano legislativo. Este copamiento del gobierno de los espacios de debate y decisión, no dejan alternati-va para la oposición a las medidas que la calle. Una lucha que en La Paz, Cocha-bamba y mucho menos El Alto, habían sido desechadas. Era inaudito que en la sede del gobierno o en El Alto se levanta-ran voces contrarias al MAS. Sin embargo la gravedad de la medida y la ausencia de espacios institucionales hicieron que la fuerza en la calle comience a revalorizar-se. A eso se suma que los espacios socia-les (como lo era el CONALCAM u otros de similar naturaleza) de coordinación y consulta tampoco funcionaron.

SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS DESDE LA IZQUIERDA EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS

El surgimiento de partidos políticos como El MSM en La Paz y Oruro, que ganaron las alcaldías capitalinas, la AS de René Joaquino en Potosí que ganó las elec-ciones municipales, y la insurgencia de Unidad Nacional con fuerza tanto en Co-chabamba como en El Alto, sirvió para romper el monopolio político del MAS en esas ciudades del país. En un hecho in-édito, la oposición ya no es la oposición derechista que provenía del oriente, sino

una oposición de izquierda (AS y MSM) o de centro (UN) que se expresaban como opositores por primera vez con fuerza en La Paz, Oruro, El Alto, Cochabamba y Po-tosí. Atrás han quedado los tiempos en que por oponerse al gobierno los activis-tas eran agredidos en la sede de gobier-no, inclusive en lugares como la zona sur.Como señala Fernando Mayorga, “son rivales y opositores” 12 en el sentido que ocupan un espacio discursivo parecido al del gobierno, probablemente sin el tin-te indigenista, pero se oponen al mismo aunque identificándose con el “proceso de cambio”. Estas organizaciones políticas si bien no actuaron directamente influyeron de forma indirecta a través de los espa-cios de poder municipal que controlan en dichas ciudades.

LA IMPERMEABILIDAD RESPECTO A LA OPOSICIÓN CONSERVADORA EN LA CRISIS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

El año 2010, fue un año de enfrenta-miento con la oposición conservadora por diferentes temas, como la Ley Marco de Autonomías, las leyes orgánicas, las destituciones de alcaldes, gobernadores y demás acciones judiciales y parajudicia-les para desestabilizar a los opositores. También fue año de enfrentamiento duro con la prensa a raíz de la dictación de la Ley contra toda forma de discriminación. La acción sistemática de los medios de comunicación privada cuestionó al gobier-no en una campaña mediática, que sin embargo poco influyó en el fenómeno de desgaste presidencial. No se puede negar que han tratado de llevar agua a su molino con las movilizaciones contra el gasolina-zo, pero en todos los casos jugaron un rol secundario y poco influyente. Un ejemplo que ilustra la situación lo puede dar el he-cho que las movilizaciones contra el ga-solinazo en Santa Cruz fueron pobres en convocatoria, a diferencia de lo ocurrido en La Paz y El Alto.Pese al duro golpe que ha significado la detención del general Sanabria en Esta-dos Unidos por temas de narcotráfico, o las controversiales revelaciones del caso Rozsa Flores, o las denuncias de corrup-ción o reversión de tierras a personas liga-das al oficialismo, estos factores, al pare-cer no producen gran desgaste debido a la conciencia de gran parte de la población de que se trata de manipulación mediática, dirigida durante años como una verdadera campaña de oposición de los medios de

Al no existir un enemigo sólido al frente, la lucha tiende a internalizarse y a buscar otros cauces por donde dirigir las diferencias y el equilibrio político. Probablemente este factor ha ayudado a que los movimientos sociales se sientan trai-cionando una causa o fortaleciendo un supuesto enemigo al enfrentarse al gobierno liderado por Evo Morales.

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comunicación, hecho que lleva a suponer a gruesos sectores de la población que la información relacionada con esos hechos tienen objetivos políticos. El otro factor es que el presidente Morales tiene una ima-gen de honradez personal a la que no le afecta lo que le suceda con sus allegados, hecho que se demuestra con el incremen-to del porcentaje de apoyo de la población en el mes de marzo, cuando se dieran a conocer los entretelones de las andanzas delictivas del general Sanabria, ex jefe de inteligencia de la policía, descubierto en actividades del narcotráfico.

EL DESGASTE DEL LÍDER

En un proceso populista como el boliviano, cuyo partido gobernante en realidad no es un partido orgánico, sino una alianza de di-ferentes movimientos sociales que estruc-turan una organización débil, el rol del líder (en este caso caudillo) es importante, ya que juega el rol articulador de la coalición de fuerzas sociales gobernante. Al haber-se restringido los mecanismos de partici-pación para la toma de decisiones, natu-ralmente la importancia del caudillo crece, al extremo de reducir a todo al movimiento a la omnímoda voluntad personal.Se debe agregar que debido a las carac-terísticas mesiánicas que Evo Morales ha asumido como líder, habiendo sido ungido en Tiawanaku, sus decisiones fueron con-sideradas como infalibles y no sujetas a cuestionamiento, tal como había ocurrido hasta diciembre del año 2010.

La derogatoria de la medida del gasolinazo, han afectado profundamente la creencia en la infalibilidad del líder no sólo de parte de los indígenas, sino de gran parte de la po-blación, que por lo menos en el occidente del país no se habían atrevido a cuestionar la decisión del primer mandatario.Si bien la imagen del presidente ha sido afectada, peor suerte ha corrido la ima-gen del vicepresidente, a quien además le cupo desempeñar de anunciador del decreto del gasolinazo, aunque en su derogatoria figuró el presidente Morales. La imagen del MAS como organización también ha resultado dañada, en términos muchos mayores que la del presidente.No se debe olvidar que la posibilidad de continuidad del proceso “de cambio” ra-dica en la continuidad del presidente Mo-rales en el cargo, sin su presencia existe la duda que “la revolución democrática y cultural” pueda tener posibilidades de de-sarrollo en el futuro.

CONCLUSIONES

1. El gasolinazo no ha puesto en duda la estabilidad del gobierno ni la permanen-cia del presidente. No se ha llegado a cuestionar su permanencia y ―aunque sea formalmente― la correlación de fuerzas institucionales no se ha modifi-cado. La oposición sigue donde estaba, el gobierno maneja casi toda la institu-cionalidad pública del país. Sin embar-go la posibilidad de imponer un proyecto hegemónico a largo plazo es algo que ya no puede darse por sentado.

2. Se ha roto la imagen de líder infalible de la que gozó Evo Morales a lo largo de cinco años de ejercicio de la pre-sidencia, una infalibilidad casi mítica. El perfil de dirigente sindical que nun-ca retrocede ha sido roto. Primera vez que el gobierno cede significativamen-te a una medida tomada.

3. La ausencia de oposición conservadora y regional ha funcionado como un fac-tor coadyuvante para avivar el disenso y la oposición desde la parte occidental del país, en la cual la oposición conser-vadora, en especial la del oriente juga-ba una función catalizadora.

4. Tres han sido los factores que causa-ron las condiciones de la resistencia al gasolinazo: la crisis y desmitificación de la nacionalización de los hidrocar-buros; la adopción de medidas neoli-berales de un gobierno que se asume como antineoliberal y, por lo tanto, es-tatista y el distanciamiento en la toma de decisiones entre los movimientos sociales y el gobierno nacional.

5. La situación creada por el incremento

en el precio de los hidrocarburos, ha persistido pese a que los hidrocarburos volvieron al precio previo a la dictación de la medida, lo que ha agravado la es-casez de productos alimenticios, la pér-dida del poder adquisitivo del dinero, y el encarecimiento de los productos de la canasta familiar. Las herencias son mu-chas; un pliego petitorio de incremento salarial superior al 10%, la demanda de incremento del precio del transporte pú-blico y una escalada inflacionaria, que aunque moderada, es importante si se compara con los últimos cinco años.

6. La lucha política ha vuelto a pasar a las calles en especial en la ciudad de La Paz y El Alto, debido a la ausencia de espacios institucionales para la resolu-ción de los conflictos y el no funciona-miento de instancias de coordinación entre organismos sociales y gobierno.

7. Existen principios de una oposición desde el occidente del país, que con un discurso que alude al “proceso de cam-bio”, se diferencia del MAS a quien se acusa de inconsecuencia con el mismo.

8. El gobierno del MAS y su líder han sido afectados severamente en su imagen y credibilidad, pero no a nive-les que generen ingobernabilidad. Lo que al parecer queda claro es que un proyecto hegemónico como el que se plantea, con algunos ribetes totalitarios no parece ser posible. Se produce la paradoja que a nivel de la organización estatal el MAS tiene predominio casi absoluto, pero a nivel social ha perdido bastantes espacios, generándose divi-siones, separaciones e inclusive grie-tas y cuestionamientos internos.

Pareja, Martina Noriega, acr/lienzo O,60 X 1,20 m.

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9. La tarea del gobierno en una época de declive económico va a ser un gran desafío a la capacidad de gestión del ejecutivo, habida cuenta que la pros-peridad garantizada por una anterior coyuntura económica ha entrado en una peligrosa crisis que se agrava por el estancamiento de los factores gene-radores de renta tradicionales.

10. El gobierno del MAS ha dejado de li-diar con temas trascendentes y ge-nerales, como la nacionalización, el separatismo, la constituyente, la ley Marco de las autonomías y las leyes orgánicas, la ley contra discriminación, la lucha contra el imperialismo y ha te-nido que trasladar su agenda a solu-ción de problemas cotidianos como el abastecimiento de productos de prime-ra necesidad, las colas por el azúcar, el contrabando de los carburantes, la producción de maíz, el precio del pollo, el abastecimiento de cemento, el pre-cio de los pasajes en las ciudades, (si-tuación que es rehuida por los gobier-nos municipales, las gobernaciones) Actualmente enfrenta la reivindicación de las cárceles, en donde se exige el incremento del prediario.

11. Todo parece indicar que una estrategia para reposicionar al gobierno en temas centrales que generen unidad y cohe-sión es el tema marítimo, estrategia al parecer efectiva, debido a que las en-cuestas demuestran un ascenso en el apoyo popular de casi diez puntos en marzo, respecto a la medición de fe-brero.

12. El gran desafío que tiene el gobierno en lo inmediato es cómo resolver la contradicción que existe en su discur-so nacional-estatista, con la necesidad de adoptar medidas equilibradas que le permitan incrementar la producción, garantizar la seguridad alimentaria e incrementar la inversión pública y pri-vada. Otro desafío es cómo conciliar el discurso indigenista que lo aísla de gruesos sectores de la clase media urbana, espacios en donde ha perdi-do bastante terreno, con la necesidad de recuperar los espacios perdidos en ciudades como La Paz, Oruro, Cocha-bamba o Potosí, descontando los cen-tros urbanos del oriente, en donde el discurso indigenista le genera mayor desgaste.

13. A diferencia de lo que los opositores conservadores vaticinan (o desean) el régimen no ha entrado en un proceso de decadencia tal que se lo pueda com-parar con la UDP, pese a que la econo-mía no viene fácil, el gobierno tiene un contexto que le puede garantizar culmi-nar la gestión con relativa tranquilidad.

14. En última instancia, el desafío mayor del MAS y de sus conductores es re-cuperar (o adquirir) la capacidad de crítica o autocrítica, ya que el gasoli-nazo demostró que no son infalibles y que los endiosamientos son peligrosos en una sociedad democrática. En con-secuencia la primera tarea que tienen es recuperar la confianza de los mo-vimientos sociales, y la confianza del país, cosas no siempre posibles por

las intereses contradictorios que a ve-ces existen entre grupos corporativos y los intereses generales de la sociedad.

15. Finalmente se podría decir que el MAS tiene dos grandes problemas que en-frentar y que fueron los que salieron a relucir en diciembre del año 2011, primero la crisis económica que está tocando la puerta, y la debilidad es-tructural y organizativa del MAS que le impide reaccionar orgánicamente a situaciones como las del gasolinazo.

Reymi Ferreiraes Rector de la UAGRM

En última instancia, el desafío mayor del MAS y de sus conduc-tores es recuperar (o adquirir) la capacidad de crítica o autocrítica, ya que el gasolinazo demostró que no son infalibles y que los endiosamientos son peligrosos en una so-ciedad democrática.

1 “Nueva Crónica” Editorial. 1 Quincena de marzo, 2011. La Paz. Pág. 3.

2 OPORTO, HENRY, (“El fin del evismo”) Ibídem. Pág. 7.

3 Loc. Cit.4 TORANZO, CARLOS. En “Semanario Uno”.

Santa Cruz. Viernes 18 de febrero de 2011.5 PRADA ALCOREZA, RAUL. “El último jacobino”

en “Semanario Uno”, Santa Cruz, viernes 4 de marzo del año 2011.

6 MAYORGA, FERNANDO Presentación Santa Cruz, 4 de abril, auspiciado por el PNUD y FBDM. “Escenarios políticos postgasolinazo”.

7 Loc. Cit.8 RUEDA PEÑA, MARIO. “EL DEBER”. Santa

Cruz, 24 de marzo, del año 2011. P. A 26.9 Loc. Cit.10 Loc. Cit.11 Loc. Cit.12 Loc.Cit.

Sentirnos juntos en todo lugar, Martina Noriega, acr/lienzo, 1.00 x 1.50 m.

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Ximena Soruco Sologuren

Iden-tidad

yseparación gobierno proceso de cambio

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Iden-7 de abril de 20111

El presente permite ver con ma-yor claridad el pasado pero también el futuro, porque apertura nuevas preguntas, y una central hoy día es ¿qué

pasó con la medida del gasolinazo en la relación que se había establecido entre Estado y sociedad los últimos cinco años, es decir, desde la victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005? Y ver esta relación, no en su momento de correspon-dencia sino en su quiebre inicial, permite preguntarse no sólo sobre la profundidad de la grieta, sino sobre las características de esta relación antes de la ruptura y las posibilidades de avanzar este “proceso de cambio” (sea cual fuere el contenido espe-cífico que está en disputa) más allá de la fisura. Intentaremos realizar esa reflexión en este texto.La medida del gasolinazo paralizó, prime-ro, y luego movilizó a la población en su contra. Pese a los argumentos del vice-presidente, el ministro Arce y algunos di-rigentes sociales de que la subvención a la gasolina y al diesel, y, el consecuente contrabando de estos productos, eran in-sostenibles para la economía del Estado y que la única salida era su nivelación a precios internacionales. Pese a los dis-cursos técnicos que se elaboraron esos días la población sintió que la manera de resolver este problema, de la subvención de los energéticos, no había cambiado, era la misma que en gobiernos anteriores: se cargaba todo el peso de la medida a la población, a la que se abandonaba a la “mano invisible” del mercado, esta vez in-ternacional. De alguna manera el gobier-no, con un discurso de construcción de un nuevo Estado, procedía con una radicali-dad neoliberal, inviable para los gobiernos de esta línea, aún en sus mejores tiem-pos. ¿Qué había pasado? ¿Cómo el go-bierno de Evo Morales que había logrado canalizar la potencia de las insurrecciones de 2000-2005, con la agenda de octubre y hacia la construcción de un nuevo Estado que corresponda con la heterogeneidad

de su sociedad, plasmada en una nueva Constitución Política del Estado, y victo-rioso en la disputa con la derecha bolivia-na, ahora decretaba el gasolinazo?Por los argumentos y explicaciones del gobierno durante la semana que demo-ró la derogación del decreto e incluso en expresiones posteriores, ésta era la única manera y, a partir de un cálculo estricta-mente económico (y por tanto ahistórico), las consecuencias sociales iban a ser ma-nejables. El costo de vida debía subir la exacta proporción que los combustibles significaban (hasta 20%) en el transporte y en menor medida en otros rubros como la canasta básica, la lealtad política de las organizaciones sociales mitigaría el costo político. Se trataba de un cálculo racio-nal que hace abstracción de los sujetos concretos por cifras estadísticas que res-ponden en la medida de los estímulos en el contexto vacío de un laboratorio. Pero ¿cómo un gobierno que venía de su expe-riencia con la densidad social –dirigentes sindicales e intelectuales y técnicos afines a los movimientos sociales– podía haber acabado en tal error político, que eviden-ció en el mejor de los casos un desconoci-miento de la dinámica política nacional ? 2

Los análisis sobre la medida, difundidos en medios de comunicación, expresaban que el error había sido en cuanto a la forma, bá-sicamente, en cuanto a la temporalidad de la medida (no se podía subir los hidrocar-buros de golpe, sino paulatinamente), pero coincidían en lo insostenible de la subven-ción estatal a los hidrocarburos, agravada por el contrabando, y en que la única vía de solución era la nivelación de los precios internacionales. Es decir, la carga estatal de la subvención había que repartirla so-cialmente, para que el Estado pueda priori-zar otras necesidades de inversión pública. Pero, ¿si el sentido de la insurgencia popu-lar desde el 2000 había sido la constitución de un Estado que defienda los intereses de la sociedad, cómo ese Estado ahora cargaba sus costos (subvención, política energética inadecuada, etc.) a la sociedad que lo había erigido, y lo hacía a nombre de ella, de su propio bien?

Para intentar entender las causas y con-secuencias políticas del gasolinazo y si es una medida que supondría una línea de demarcación, un antes y un después, de la relación gobierno-sociedad, es que se propone algunas ideas de la cualidad de esta relación durante la primera gestión del gobierno, ¿Qué relación de equivalen-cia estableció el gobierno de Morales con la población que sostenía el proceso de cambio, y qué relación estableció esta po-blación con este liderazgo que nos permita entender el origen y las consecuencias del núcleo de esta ruptura: el gasolinazo? O, ¿qué hizo que el gobierno simplifique, con una ingenuidad incomprensible, la densi-dad social en Bolivia, pese a que no le es inicialmente ajena, el MAS y el liderazgo de Evo Morales surgen y se desarrollan desde su experiencia concreta con esta densidad? Y ¿cómo está enfrentando la sociedad, en su multiplicidad, esta sensa-ción de extrañeza y quizá separación con un liderazgo político que había logrado re-presentar el “proceso de cambio”? La hipótesis de trabajo de este análisis de coyuntura es que entre el 2005 y el 2010 se generó una identificación plena entre el gobierno de Evo Morales y el proceso de cambio, que con el “gasolinazo” se rom-pe. Aunque todavía no es posible ver la profundidad y el alcance de este quiebre inicial de la identidad Evo Morales-proce-so de cambio y las posibilidades de recu-perar esta identidad, las consecuencias inmediatas son una inicial pérdida de he-gemonía de parte del gobierno y la aper-tura de un debate, participación y disputa social por redefinir la direccionalidad del proceso.De esta idea central se derivan tres líneas de reflexión sobre la coyuntura que or-ganizan el presente documento y que se presentan para alimentar el debate en la sesión: 1. Las características de la iden-tidad establecida entre un liderazgo y el proceso de cambio, 2. El gobierno, sus tensiones internas y su reposicionamiento como un actor político más y no el único y 3. El proceso de cambio visto desde una perspectiva mayor.

Pese a los discursos técnicos que se elaboraron esos días la población sintió que la manera de resolver este problema, de la subvención de los energéti-cos, no había cambiado, era la misma que en gobiernos anteriores: se cargaba todo el peso de la medida a la población, a la que se abandonaba a la “mano invisible” del mercado, esta vez internacional.

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1. LA EXPERIENCIA DE LOS PRIME-ROS AÑOS: IDENTIDAD ENTRE GO-BIERNO Y PROCESO DE CAMBIO

El gobierno de Evo Morales inició su pri-mera gestión enarbolando la agenda de octubre de 2003, y de alguna manera, la ha cumplido en una primera fase. Durante este período, la direccionalidad del pro-ceso que Morales había canalizado por la vía electoral está fijada: realización de una asamblea constituyente que generara un nuevo pacto entre Estado y sociedad y nacionalización de los hidrocarburos, como los puntos esenciales. A estas de-mandas, levantadas y consensuadas por la mayoría poblacional en los momentos de cuestionamiento y suspensión del or-den vigente (1985-2005), se sumó la ne-cesidad gubernamental de conservar la estabilidad macroeconómica para no re-petir el desastre del gobierno de la UDP.Como todos sabemos, la nacionalización de los hidrocarburos y otras empresas, entendida como la recuperación y control estatal de estos rubros (aún no su puesta

en funcionamiento) fue inicialmente más sencilla de lo que se pensó y posibilitó la generación de excedente para el Estado y altos niveles de legitimidad, bajo distin-tas modalidades de redistribución: bonos, proyectos a las regiones y organizaciones sociales, ampliación del aparato estatal y disponibilidad de puestos burocráticos, mayor liquidez, etc. La realización de la Asamblea Constituyente, en cambio, re-

presentó el reto más difícil de esta prime-ra gestión, pues estuvo acompañado de la consolidación de un proyecto regional de élites que devino nacionalista, y que en la acumulación histórica de una demanda de descentralización junto con el detonante del racismo, amenazó con la ingoberna-bilidad de las regiones y en su momento más álgido, con una guerra civil que podía hacer inviable la refundación del país.La disputa de casi cuatro años con una oposición antidemocrática y con un dis-curso abiertamente racista construyó un relacionamiento político altamente polari-zado, que requería la mayor cohesión po-sible de las fuerzas sociales –identidad– entre el gobierno y el proceso de cambio, simbolizada en la aprobación del nuevo texto constitucional, donde los cuestiona-mientos y fricciones internas necesitaban ser subordinados a la lealtad del gobierno-proceso y frente al adversario común.Bajo esta experiencia política, inaugural para el gobierno de Morales, las clases medias y en general la población urbana se convirtieron en el tercer actor, capaz de

Creo que sólo por este procedimiento de ex-trapolación mecánica de una coyuntura a otra distinta es po-sible comprender la torpeza política del gasolinazo.

En un lugar mágico, Martina Noriega, acr/lienzo, 1.20 x 1.30 m.

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dirimir electoralmente la disputa según la capacidad gubernamental de convencer-las vía discurso e inversión pública; de ahí que el partido se redujo a una máquina electoral –y no un espacio de discusión y construcción de proyectos–, que en su reproducción representativa (votos) ha-cía viable al gobierno, y con él, al avance del proceso de cambio. Por supuesto, la capacidad de realizar movilizaciones ma-sivas, de las organizaciones sociales, fue clave en esta disputa, pero también se vivió como menos importante porque su lealtad se dio por descontada.Frente a la recomposición de una dere-cha radical, que acabó siendo inviable en su propia radicalidad (la construcción de un nuevo Estado-nación que ni la pobla-ción regional asumió), el proyecto común (como articulador de los sujetos sociales) fue la aprobación de la nueva constitu-ción, que tenía como conductor central al gobierno de Morales. Es en este contexto específico y no replicable, de defensa de la asamblea constituyente y con ella del proceso de cambio o refundación (pluri) nacional, que la tesis del Estado como síntesis de la sociedad (y una tan orgáni-ca como la boliviana) funcionó plena pero coyunturalmente.Es decir, es la población boliviana que fue constructora de la posibilidad de un proce-so de cambio, aglutinada en las organiza-ciones sociales pero, también, apoyando desde las urnas los procesos electorales, la que hace una lectura y práctica de sub-ordinación de sus demandas específicas por una finalidad mayor, generar hegemo-nía para arrinconar a una oposición deses-tabilizadora y lograr la aprobación del tex-to constitucional. Sin embargo, la lectura del gobierno de esta subordinación coyun-tural –y por tanto con un sentido histórico

de viabilidad del proceso– de demandas, mayores espacios de participación social, tensiones internas y críticas por parte de los actores sociales, fue la de un “cheque en blanco” por tiempo indefinido. El gobierno entonces se miró a sí mismo en el espejo de una coyuntura específica, que le devolvió la imagen distorsionada de ser el único actor político del escenario, aún contra su propia experiencia concre-ta de una sociedad altamente organizada y disputando el Estado como campo de fuerzas (más que como instrumento de una clase o grupo, frente a una ciudada-nía pasiva y fragmentada).Al parecer el gobierno tras la aprobación de la NCPE, de la victoria frente a su rival regional y de la obtención de su segundo mandato, no ha asumido que este es un nuevo ciclo con necesidades y desafíos diferentes, y, ha pretendido organizar su relación con la sociedad de la misma ma-nera que durante los primeros cinco años; es decir, ha supuesto la continuidad de esta relación de identidad gobierno-pro-ceso de cambio y de lealtad incondicional de la densidad social. Creo que sólo por este procedimiento de extrapolación me-cánica de una coyuntura a otra distinta es posible comprender la torpeza política del gasolinazo. Visto el gasolinazo desde la coyuntura an-terior, es posible imaginar que el gobierno supuso poder intercambiar el sentido, pro-tección y lealtad social hacia la asamblea constituyente con uno hacia la construc-ción estatal; de ahí que la liberación de la carga estatal a la subvención de hidrocar-buros pudiera imaginarse ser tolerada y defendida, por encima de los tremendos sacrificios familiares y colectivos que esto implicaba.

Sin embargo, el rechazo al gasolinazo, que obligó a derogarlo seis días después de lanzada la medida, muestra que la pobla-ción leyó esta decisión como una separa-ción entre los intereses del gobierno y los intereses de la sociedad que –aún con la medida derogada– vivió esta decisión po-lítica como una reducción de su capacidad adquisitiva, sin el sentido de un esfuerzo por un proyecto mayor, sino producto de una arbitrariedad gubernamental. Ahora, ¿esta separación entre gobierno y población respaldando un proceso de cambio fue percibida como contradicción y lo fue por un grueso de la sociedad? 3

Porque si este fuera el caso, podríamos estar hablando que la percepción social del gasolinazo, y con él del gobierno, fue la de traición, percepción que haría más profunda y menos recuperable la fisura. ¿El gobierno que antes había represen-tado el proceso de cambio ahora actuaba como los gobiernos de la reestructuración económica, que asentaban la carga esta-tal en la población, abandonada al “dejar hacer, dejar pasar” del mercado, aunque el fin haya sido esta vez el fortalecimiento estatal que (de nuevo) exigía un sacrificio de parte de la sociedad, a nombre de su propio bien y en un futuro indeterminado (el mito del progreso)? Y si así fuera, ¿se reactivó y con qué fuerza la memoria so-cial de la relación con los partidos tradicio-nales y desacreditados del período neo-liberal, haciendo aparecer al MAS como reproductor de estas prácticas, tal como mostrarían las movilizaciones de la COB en el último tiempo (que aglutina actores específicos que no reflejarían la totalidad social, especialmente a las organizacio-nes indígenas que, con sus pugnas inter-nas y más visibles, se mantienen leales al gobierno)?

Boulevard, Martina Noriega, acr/lienzo, 1.20 x 1.30 m.

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Las preguntas por la especificidad de la política suelen conducirnos a preguntas por la temporalidad de su movimiento y en algunos casos como este, por la irre-versibilidad de las acciones tomadas. En este sentido, ¿el liderazgo simbólico de Evo Morales y la acumulación hegemó-nica de su gobierno durante los últimos cinco años, con logros tan importantes como el arrinconamiento de una oposición que puso en riesgo la propia comunidad boliviana y la aprobación del nuevo texto constitucional, le permitirán superar los costos políticos del gasolinazo? Y ¿cómo está replanteándose su posición en esta nueva coyuntura? Al mismo tiempo ¿cómo se van a replantear las diferentes organi-zaciones sociales y la ciudadanía indivi-dual (que vota y genera opinión, aunque no tiene filiación orgánica) su relación con el gobierno y con el proceso de cambio, tras esta primera fisura?

2. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HA-BLAMOS DEL “GOBIERNO”?

Cuando el MAS se inauguró en el go-bierno, tenía fijada una agenda de traba-jo, planteada por las movilizaciones que interrumpieron el orden vigente. De ahí que, como se ha señalado, la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos funcionaron como proyecto cohesionador de las distintas fuerzas so-ciales. Este proyecto, además, fue poten-ciado y legitimado en el territorio nacional, contra el abierto racismo y “regionalismo nacionalista” de la oposición prefectural. Al vínculo gobierno-dirigencia social (CO-NALCAM) y la búsqueda de hegemonía que se planteó como conquista electoral de las clases medias en las ciudades capi-tales y que era necesaria para derrotar al adversario político, se sumó la necesidad de constituir un núcleo técnico que tratara, puertas adentro, la política económica tras la nacionalización. Se necesitaba estabi-lidad macroeconómica como garantía de un modelo de desarrollo conducido por el Estado (y todavía sin un contenido espe-cífico). Por otra parte, la experiencia concreta en la gestión pública y sus exigencias (no basta ya el discurso movilizador) mostró la pervivencia de una tradición clientelar

en la dirigencia sindical, que hacía más expedita la dirección del gobierno sobre las organizaciones sociales (puestos y proyectos por lealtad), pero que impedía una gestión eficiente; de ahí los reempla-zos continuos de las cúpulas ministeriales y de las empresas estatales y el perfil más técnico (sectores urbanos profesionales) que dirigencial (de procedencia de las or-ganizaciones sociales) que va adquirien-do el gabinete y en general los puestos de decisión gubernamental.Sin embargo, y esa es otra arista del ga-solinazo, esta medida mostró los límites de una conducción sólo tecnócrata del go-bierno que en su focalización en la eficien-cia, aprendida en las escuelas neolibera-les de economía y derecho, y su propia distancia y displicencia con el tejido social boliviano, hace abstracción del movimien-to de lo político, de la relación concreta Estado y sociedad en Bolivia y por tanto de la misma viabilidad del gobierno.Finalmente, la exitosa experiencia elec-toral del gobierno estos años generó una necesidad de reproducción del partido que parecería que se está convirtiendo en un fin en sí mismo (y ya no en un medio para avanzar en el proceso de cambio), una auto referencialidad a la que se subordina todo lo demás. De ahí que este requisito de expansión electoral, unido a la actuali-zación de relaciones clientelares del Esta-do de 1952 y un liderazgo cada vez más tecnócrata (en la que el propio presidente parece sucumbir), que necesita prescin-dir o funcionalizar la participación social para avanzar, parecen ser tensiones que potencian esta auto referencialidad guber-namental y la alejan de la sociedad y por tanto de la lectura de la realidad política.Aquí además hay que hacerse una pre-gunta central que daría perspectiva frente a estas tendencias de ensimismamien-to y auto referencialidad estatal: ¿existe un proyecto político y cuál es? Y en ese sentido, ¿es el “proceso de cambio” un proyecto que permita cohesionar fuerzas hacia delante y no aperturar un escenario de pugnas sociales muchas veces corpo-rativas, donde el gobierno aparece como un actor más con sus propios intereses privados (su propia reproducción)?Tal vez la emergencia social que vivimos la última década y que se canalizó en la

aprobación del nuevo texto constitucional fue un horizonte, más que un proyecto po-lítico, que permitió que los distintos suje-tos se articularan en una meta común, ca-nalizada en la figura del presidente. Y esa apertura a la significación sobre sí mis-mos, el cambio, el reconocimiento y pre-sencia constitutiva de la heterogeneidad que reclama un Estado que se le corres-ponda, y la existencia de contenedores de múltiples sentidos como lo comunitario, el vivir bien, lo plurinacional, la descolo-nización, etc., está dando lugar, recién a la cristalización de proyectos políticos más concretos y quizá antagónicos en el seno mismo del Estado, y también en el ámbito social, que podrían consolidarse y disputar la dirección de este proceso en los próximos años.Y esta disputa de la dirección del proceso, que podría estar sucediendo (aunque no solamente) al interior del gobierno tiene que ver con cómo se está construyendo la relación entre el liderazgo presidencial, el gabinete, el partido y las organizacio-nes sociales y cuál es el escenario de de-finiciones políticas clave, como la política económica y la canalización y potencia-ción (o contención) institucional de la par-ticipación social. Al mismo tiempo, hay que entender que en Bolivia el Estado no es el gobierno, aunque pretende llenar este espacio po-lítico en su totalidad, podríamos estar hablando del Estado como un campo de disputa entre el gobierno como un actor central pero no único y diferentes organi-zaciones sociales (que funcionan como partidos políticos, en su definición clásica) así como sectores menos orgánicos (cla-ses medias y la influencia de los medios de comunicación sobre todo en este sec-tor) que tienen un peso significativo en los momentos electorales.Quizá estamos en un tiempo en el que el “enemigo” ya no sea la oposición sino los propios límites de los actores políticos de este proceso y las determinaciones de nuestra historia colonial: un gobierno centrado en sí mismo y que simplifica, por los motivos que fueran, la relación con la sociedad como cooptación legitimante, dirigencias clientelares por sus propias expectativas de ascenso social (oposición social que en su cúpula no mantiene el

El gasolinazo y sus repercusiones sociales no solo han mostrado las debi-lidades del gobierno que asumió que le era posible llenar completamente el espacio estatal y convertirse de una vez por todas en síntesis de la sociedad

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proyecto de construcción de alternativas sino que se integra al sistema por los ca-nales que el propio Estado genera), dis-cursos radicales que se desgastan porque no generan transformaciones concretas e impaciencia social que, frente a su propia potencia organizativa, reduce el proceso a las acciones gubernamentales.

3. UNA PERSPECTIVA MAYOR DEL PROCESO DE CAMBIO

El gasolinazo y sus repercusiones socia-les no solo han mostrado las debilidades del gobierno que asumió que le era posi-ble llenar completamente el espacio esta-tal y convertirse de una vez por todas en síntesis de la sociedad; también evidenció que, tras la experiencia acumulada con el nacionalismo revolucionario, la participa-ción social ya no puede reducirse al vín-culo clientelar ni de lealtad política ciega, sino no se hubiera obligado a la deroga-ción de esta medida.Lo que parece estar pasando tras el gaso-linazo es que la separación entre gobier-no-proceso de cambio, está reabriendo el campo de debate, participación social y disputa, característico de la manera de organización de los sujetos en Bolivia y su nivel de politización, que sin embargo, se redujo en la coyuntura 2006-2010 por las necesidades de cohesión interna y lealtad frente al adversario político. Es decir, el impasse del gasolinazo está generando una interlocución social con el gobierno, no subordinada a él, sino que puede estar disputando, con diferentes sujetos, pro-yectos y horizontes, la direccionalidad de este proceso de cambio. Y este es un hecho fundamental aunque acarree para el gobierno “problemas” de eficiencia (toma de decisiones, que pue-den ser unilaterales, a menor tiempo y costo político) porque ahora le tocará ape-lar a la legitimación social de sus decisio-nes. Y es fundamental porque muestra la madurez política de las organizaciones sociales y el conjunto de la sociedad, que no ha empeñado las posibilidades del cambio a un liderazgo o a un partido, siempre susceptible de errores, desgastes y fracasos. Al mismo tiempo, esta sepa-ración de la identidad gobierno y proceso de cambio, que se dio en una coyuntura específica y no replicable, muestra que el horizonte político abierto en la última dé-cada no contiene la vulnerabilidad de des-gastarse y truncarse por el ejercicio de un actor político, aunque este fuera el gobier-no actual, sino que se lo está planteando

desde una perspectiva histórica mayor. Y ahí están contenidas las posibilidades de cambio, de construir y reproducir una rela-ción de correspondencia (no de síntesis, porque sería la anulación de lo social o su instrumentalización) del Estado y la hete-rogeneidad de la sociedad, como un punto de ruptura de la historia colonial boliviana.Quizás estamos viviendo lo que significa-ra el ideologuema del nacionalismo revo-lucionario desde 1952 hasta su crisis en 1985, pero que hasta el día de hoy actuali-za muchos espacios de la memoria social (por ejemplo la demanda de nacionaliza-ción de los recursos naturales o la nece-

sidad de construir un instrumento político, un partido, que no hicieran los mineros, etc.). Si bien es cierto que el “proceso de cambio”, o el Estado plurinacional, o la descolonización pueden convertirse en paraguas discursivos para proyectos polí-ticos muchas veces conservadores, como sucedió con el nacionalismo revoluciona-rio, también es cierto que el desgaste de un gobierno o un liderazgo, o incluso un sujeto político como el movimiento indíge-na, no significarán la clausura del horizon-te de cambio abierto por la potencia social desplegada desde el 2000.

La Paz, Rama King Nash, acrílico/tela, 100 x 80 cm.

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and miosa

Cuando los análisis de coyuntura, los aná-lisis políticos y los discursos mediáticos hacen énfasis solamente en la actuación del gobierno, están asumiendo implícita-mente que la relación política en Bolivia se da entre liderazgo gubernamental, par-tidos (o partido) y ciudadanía más o me-nos pasiva, que genera opinión y recupera su soberanía delegada solamente en los comicios. Es decir, asumen que en Boli-via existe una relación política (Estado-sociedad) básicamente representativa, cuando la realidad de la última década, y la acumulación histórica de los diferentes momentos constitutivos (independencia, 1899, 1952) muestran lo contrario (que no excluye la dimensión representativa): un panorama de alta densidad social y cultu-ral, que sobrevivió, se adaptó y funcionó incluso, y quizás debido, a su invisibilidad y marginación por parte de los diferentes proyectos estatales construidos en el país.Por eso, ¿cómo es posible resituar nues-tra lectura del proceso de cambio en una perspectiva mayor que los errores y acier-tos del actual gobierno que, si bien son centrales porque ahí se generan las de-cisiones políticas, no agotan el sentido de lo que estamos viviendo desde el 2000?Quisiera referirme aquí brevemente a dos problemáticas que a mi juicio pueden ser centrales, aunque desbordan el análisis de la coyuntura: ¿qué significa la cons-trucción de un Estado plurinacional en el contexto boliviano? Y ¿qué tipo de insti-tucionalidad podría corresponderse a una sociedad heterogénea y altamente organi-zada, cuando la noción moderna de insti-tución política o sistema político que tene-mos ha buscado el aplacamiento de esa fuerza social que aparece como caótica e ingobernable, en miras de la “viabilidad” política entendida como toma eficiente de decisiones políticas?Aunque esta es una simplificación de la complejidad que implica la experiencia del Estado-nación en Bolivia, podría señalar-se para los fines de este análisis que ha sido la búsqueda, por parte de un sujeto nacional (con una visión de mundo des-de la cúpula social y cultural boliviana) de crear una nación en función del Estado que se tenía o que se estaba reconfigu-rando. Es decir, la lógica de razonamiento de esta experiencia, con las especificida-des de cada ciclo estatal, ha sido la de constituir una nación que se corresponda con el Estado; de ahí la necesidad de ex-cluir y/o disciplinar a esa sociedad hetero-génea para hacerla caber dentro del ima-ginario nacional que ese Estado requería.

Y como no cabía, es decir, no se generó la homogeneización nacional requerida ni por la vía de la formación social capitalista ni por la vía del mestizaje como discurso cultural, aparecía la retórica de la inviabi-lidad de esa sociedad, que además fue uno de los razonamientos para que el mo-vimiento regional de esta época genere un nacionalismo separatista.Si se observa, y de nuevo acudiendo a una simplificación, la lógica del razona-miento indígena y popular de esta década, puesta en funcionamiento en la asamblea constituyente y bajo el postulado del Esta-do plurinacional, fue inversa: ¿qué Estado se correspondería –y ya no qué nación– a la densidad social nuestra (que la NCPE identificó como los pueblos y naciones indígena, originario, campesinos, comuni-dades interculturales, afrobolivianas y ciu-dadanos, entendidos como el segmento urbano más individualizado)?Aquí es la sociedad, constituida como co-munidad política y por tanto con muchos y diferentes sujetos sociales, quien genera un proceso constituyente de refundación del Estado que necesita y de la relación que se establecerá entre dicho Estado y la comunidad política. Y hacer esto no es menor, sino que establece, pensamos, la perspectiva más inédita de lo que denomi-namos proceso de cambio, dentro y fuera de Bolivia.Ahora, ahí se plantea un problema central porque el andamiaje de la institucionali-dad estatal, por más débil que haya podi-do ser, ha sido pensando en los diferentes ciclos estatales no solamente como una mediación necesaria entre la potencia so-cial y la dirigencia política sino como una contención y regulación de esta potencia, ya sea mediante la promoción estatal de relaciones clientelares con las organiza-ciones sociales (las experiencias del par-tido republicano a inicios del siglo XX, el MNR de 1952, etc.) que permiten su con-trol y generan legitimidad, o la generación del sistema de partidos y de la democra-cia representativa, a partir de 1985 que buscaba modernizar el vínculo patrimonial con la gestión tecnocrática (de expertos) y la desmovilización social, regulada es-tatalmente en los comicios y en canales como los comités de vigilancia.Por otra parte, la expectativa de la partici-pación social, por estas experiencias esta-tales y por las condiciones de precariedad económica, puede reducirse a ser funcio-nario público en diferentes niveles según la capacidad de presión de mi organiza-ción, cuando no es posible que tengamos

una burocracia de diez millones de fun-cionarios. Ahora, si la participación social de las organizaciones urbanas y rurales no puede mantener la expectativa de te-ner puestos públicos y generar déficits en cuanto a gestión pública, ¿cómo potenciar esta fuerza organizativa en el centro del debate y la toma de decisiones políticas (y no su ejecución que sería responsabilidad de los cuadros gestores) y por tanto en la direccionalidad del proceso de cambio? Y esto se hace más urgente de tematizar cuando el instrumento político, creado por las organizaciones para acceder al poder del Estado y desde ahí transformarlo (que fue una lección histórica a partir de la ex-periencia minera que entregó el poder a un partido ajeno y que le hacía señalar a Zavaleta Mercado que no hay peor impo-tencia que aquella de la victoria), deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí mismo.

Ximena Soruco Sologurenes Investigadora del PIEB

1 La versión preliminar de este texto fue presentada y debatida en el Coloquio de Análisis de Coyuntura organizado por el PNUD, la FDBM y Cuarto Intermedio, realizado en Cochabamba el 7 de abril de 2011. Agradezco a los participantes por los comentarios que han alimentado este texto.

2 En el coloquio se planteó el tema de si el gasolinazo era un error aislado o más bien se constituía en el punto culminante de una lógica de manejo de lo político, por los antecedes en la definición de candidatos en las elecciones de abril de 2010, y los conflictos en Caranavi y Potosí. Considero que no es posible ver en el gasolinazo la expresión de una continuidad monolítica del gobierno como tampoco una situación excepcional, sino una serie de tensiones internas por definir un proyecto estatal y, con él, un rumbo político.

3 Un análisis más fino debería diferenciar a las organizaciones indígenas y territorialmente rurales de aquellas de trabajadores urbanos y mineros y a la población que solo tiene canales representativos de participación, además de considerar los niveles de mando desacreditados: el gobierno en su conjunto, el partido, el gabinete, algunos ministros puntuales y/o las figuras del vicepresidente y el presidente, así como la dirigencia social en función de gobierno. a

nálisis

26

and miosaanálisis

polít cas públ cas

and miosa

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UNIVERSALIZAR DERECHOS BÁSICOS

Se entiende como derechos humanos al conjunto de derechos que tiene todo ser humano para vivir en libertad y con dignidad por su sola pertenencia al gé-nero humano. Estos derechos deberían ser un sus-tento y referencia ética para el comportamiento de

las personas y el diseño de las instituciones y mecanismos so-ciales, y podrían ser además exigibles a las instancias públicas que regulan la vida social de las comunidades humanas.Se refieren a derechos políticos y civiles, como la libertad de expresión o de participar en las decisiones públicas, a derechos económicos, como la disponibilidad de un ingreso digno, a dere-chos sociales, como la educación y la salud, y a derechos cultu-rales, como el respeto de las creencias y de las prácticas cultu-rales que cada comunidad considera valiosas. El desarrollo, desde este punto de vista, tiene esencialmente que ver con un proceso acumulativo que garantice el acceso de todos

y todas a este conjunto de derechos, lo cual es la base para el logro de la paz y de una mayor convivencia social.Las políticas públicas deberían entonces apuntar a garantizar estos derechos indivi-duales y sociales, en todas sus dimensiones (política, social, produc-tiva – económica, cultu-ral, espiritual, etc.). El Estado y sus institucio-nes asumen un papel de garantes de su cum-plimiento como está ex-presado en la Constitu-ción Política del Estado Plurinacional de Bolivia

y en una serie de convenios y acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado boliviano.Las políticas públicas orientadas a la garantía universal de dere-chos exigen una visión integral de los procesos que permiten el bienestar humano, la definición clara de las instituciones públi-cas garantes de cada derecho y a las que los ciudadanos pueden exigir su cumplimiento, un énfasis particular en la participación y empoderamiento de las personas y de las comunidades, y la

provisión de servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos sin importar su condición o adscripción a algún grupo particular.

LA INTEGRALIDAD Y UNIVERSALIDAD DE LA POLÍTICA SOCIAL

El enfoque de derechos es particularmente relevante para pen-sar las políticas sociales pues estas se refieren a aspectos como la nutrición, la educación, la salud o la protección social donde hay consenso en que toda persona debe tener garantizadas cier-tas condiciones mínimas por dignidad y humanidad. El ejercicio universal de derechos implica el logro de mayores niveles de equidad económica y social, lo cual a su vez depende del funcio-namiento de los sistemas que facilitan o proveen oportunidades económicas y condiciones sociales. Estos objetivos implican en primer lugar entender que la atención de lo social no está desvinculada de los aspectos económicos, pues se debe avanzar simultáneamente en ambas dimensiones y construir articulaciones que generen interacciones virtuosas entre la política social y la política económica. Como se puede observar en el cuadro 1, un crecimiento económico equitativo conduce a mejoras en el bienestar humano, y a la vez, estas mejoras contribuyen a alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.

CUADRO 1. RELACIÓN ENTRE LOS ÁMBITOS ECONÓMICO Y SOCIAL

El entendimiento y el tratamiento del problema de la pobreza es un ejemplo de los énfasis y preocupaciones que implica un enfo-que de derechos en la política pública. Tradicionalmente la pobreza suele ser entendida como un re-zago relativamente independiente de la orientación de las po-

Armando Ortuño *

para garantizar derechosPolíticas Públicas

Las políticas públi-cas deberían enton-ces apuntar a garan-tizar estos derechos individuales y socia-les, en todas sus di-mensiones (política, social, productiva – económica, cultural, espiritual, etc.).

Aumento de la productividad y de la innovación económica

Crecim

iento económico equitativo

Mejora del bienestar hum

ano

Sostenibilidad fiscal

Mayores ingresos

fiscales (a redistribuir)

Gasto social suficiente

Estabilidad financiera

Estabilidad externa

Diversificacióneconómica

Menor inflación /

Estabilidadmacroecon.

Aumentosalariosreales

Mejora / Aumento empleo

Adecuado y equitativo acceso a servicios

Aumento del ingreso fliar. Y reducción

de la pobreza

Permanencia en la escuela

Mejor alimentación y nutrición

Mejor atención médica

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and miosa

líticas económicas o de los arreglos insti-tucionales, que afecta a grupos específicos que no habrían podi-do adecuarse al ritmo de la modernización económica, y que por tanto son sujeto de una acción focalizada de alivio mientras los be-neficios del crecimien-to económico no les alcancen. La hipotesis de base de esta visión es que la pobreza sería una cuestión temporal, no ligada a la persis-tencia de estructuras económicas e institu-cionales que favorecen la desigualdad y la falta de oportunidades. Esta visión suele además llevar a una fragmentación de facto de la política social pues a veces implica la generación de siste-mas duales de provisión de servicios de educación y salud, unos destinados a los sectores de ingresos medios y altos, frecuente-mente privados o de administración autarquica, y el resto para los segmentos “pobres” que tienen recursos limitados y que por tanto suelen ser de menor calidad. Fragmentación que no sola-mente tiene impactos en el aumento de la desigualdad social, sino también en la renuncia a utilizar la política social como un factor de construcción de ciudadanía, es decir de la consciencia de pertenencia a una misma comunidad, elemento central para la estabilidad política y la convivencia social.La reducción de la pobreza desde el enfoque de derechos es, al contrario, un resultado de la paulatina consolidación de una institucionalidad que garantice, mediante legislación y políticas públicas, el goce de derechos básicos a todos los ciudadanos. Concretamente spectos que deberian articularse con políticas sociales que apunten a servicios sociales (de educación, salud y protección social) de calidad que sean públicos y universales, es decir a los que tengan acceso todos en igualdad de condiciones. Esto no implica que los sectores con mayores necesidades no requieran de un esfuerzo adicional, esto se debe prever pero en la lógica de alcanzar ciertos umbrales mínimos de ciudadanía que serían comunes y accesibles a todos, y que serían además exigibles no solo por parte de los ciudadanos en situación de pobreza. Umbrales que podrían luego ser ampliados para todos en la medida que las necesidades sociales lo requieran, y que existan acuerdos políticos y condiciones económicas para ser asumidos como universales por la comunidad. EL CONTEXTO BOLIVIANO: LOS RETOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIALES 1

La discusión sobre la situación social boliviana puede ser ilustra-da por la metafora del “vaso medio lleno y medio vacio”, es decir por la tentación de resaltar los avances significativos que se ha logrado en el último decenio en algunos aspectos sociales, o por el reclamo por los notables rezagos que el país aún acumula en

estas dimensiones. Ambas percepciones pueden encontrar ele-mentos objetivos para ser defendidas y generar polémica, aun-que quizás es más constructivo concentrarse en el “vaso entero”: en una visión equilibrada y matizada de los logros sociales del país, y en una preocupación sobre los retos que se perfilan en el futuro, de manera que lo avanzado sea la base para ir más lejos. Un primer balance indica que en los últimos años Bolivia ha ex-perimentado mejoras significativas en varios indicadores econó-micos y sociales, ésto como consecuencia del impulso perma-nente de políticas sociales innovadoras desde hace más de una década, del importante alza en el gasto social principalmente en los rubros de educación y protección social (bonos) y de un cre-cimiento económico significativo en el último quinquenio. Sin embargo, el páis se encuentra aún por debajo de los pro-medios regionales en muchos indicadores sociales y sigue mos-trando notables desigualdades sociales y regionales en su logro. (Ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Indicadores sociales seleccionados (2008-2009)

Este es el caso, por ejemplo, de la tasa de mortalidad infantil que pese a haber disminuido fuertemente (de 82 niños muertos por mil nacidos antes de su primer año en 1989 a 50 niños en 2008), representa aún el doble del promedio de la región (26 niños). Se observan resultados similares en el caso de la tasa de desnutrición infantil (porcentaje de niños menores de 3 años con baja talla para su edad) que disminuyó del 38% en 1989 al 20% en 2008, pero aún se encuentra por encima del promedio regional (16%).La extrema pobreza, entendida como la no disponibilidad de re-cursos para comprar una canasta básica de alimentos, se redujo significativamente entre 1996 y 2009 (de 41% a 26% de perso-nas respectivamente).Por otra parte, como se observa en el cuadro 3, existen ámbitos como el de la educación, en los que persisten notables desigual-dades que afectan sobre todo a las mujeres y a los indígenas. Los promedios nacionales ocultan en general grandes diferen-cias de logro social entre zonas rurales y urbanas, comunidades indígenas y no indígenas, el Occidente y el Oriente del país, y entre hombres y mujeres. Todo lo cual se refleja en la constata-ción de que Bolivia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en la región latinoamericana.

La reducción de la pobreza desde el enfoque de derechos es, al contrario, un resultado de la pau-latina consolidación de una instituciona-lidad que garantice, mediante legislación y políticas públicas, el goce de derechos básicos a todos los ciudadanos.

Indicador Bolivia Promedio Región

Población en extrema pobreza 26,1% 12,6%

Población en pobreza mode-rada 64,8% 33,2%

Tasa de témino a 8º de prima-ria 77,3% 86,0%

Niños menores de 3 años con desnutrición extrema 20,0% 16,0%

Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos) 50 26

Elab. Propia. Fuente: CEPAL, INE, UDAPE, UNESCO.

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CUADRO 3. DESIGUALDADES QUE AFECTAN A MUJERES E INDÍGENAS

¿QUÉ OPINA LA GENTE FRENTE A ESTA REALIDAD?

Una serie de encuestas de cobertura urbana 2 muestran que entre el 59% y el 61% de las personas entrevistadas en mar-zo de 2011 consideran que dentro de los principales logros del actual gobierno se encuentran la creación de los bonos Digni-dad y Juancito Pinto. A la vez, estas personas reconocen que se ha avanzado significativamente en temas sociales como ser la atención y cuidado de ciudadanos antes excluidos. Lo cual de-muestra la sensibilidad de la población frente a las necesidades sociales del país y la alta valoración que logran los gobiernos y administraciones públicas que se ocupan de estas prioridades.Sin embargo, estas mismas mediciones indican una demanda por mayor atención a los problemas de empleo, del alza de pre-cios y de mejora de los ingresos. Igualmente aparecen preocu-paciones sobre la calidad de vida en zonas urbanas (delincuen-cia, deficientes infraestructuras públicas, etc). Y en el caso de los servicios sociales, las exigencias se concentran en la mejora de la calidad de los servicios (Cuadro 4).

CUADRO 4. PRIORIDADES DE LA OPINIÓN PÚBLICA URBA-NA EN POLÍTICA SOCIAL

Es crucial tomar en cuenta que la mejora de la calidad de servi-cios de educación y salud tenderá a ser una exigencia creciente en Bolivia, no solo por las presiones asociadas al aumento de su cobertura producida por la urbanización, el aumento de ingresos y los incentivos generados por los bonos, sino porque la oferta de estos servicios deberían responder a las nuevas dinámicas de cambio social, en los patrones de consumo y en las prácticas culturales que el país está experimentando. La política social demandara en el futuro una gestión más comple-ja que implica sostener los avances sociales logrados, absorber con mayor velocidad los rezagos sociales existentes en algunos territorios y grupos humanos, mejorar la calidad de los servicios públicos y relacionarlos con políticas más agresivas que apunten a la mejora de ingresos y empleos de mayor calidad.

LA NECESIDAD DE UN DEBATE Y UN ACUERDO SOBRE LA POLÍTICA SOCIAL

Los retos de la política social boliviana son importantes, aun-que se cuenta con un contexto relativamente favorable, por los avances logrados y por la mayor disponibilidad de recursos en el Estado. Se puede mencionar algunas grandes líneas de esta agenda social:• El fortalecimiento de un sistema de protección social sobre la

base de los logros de los esquemas de transferencias de ingre-sos condicionadas e universales (bonos)

• La universalización del acceso y la garantía de estándares mí-nimos de calidad en servicios como educación básica, salud primaria y agua potable, y nutrición.

• El impulso a una transformación del sector productivo apo-yando/recreando en particular el tejido social de productores comunitarios y de emprendimientos privados en actividades in-novadoras como los alimentos orgánicos, el turismo, la manu-factura o los servicios para las economías locales, que son las que involucran a la mayor parte del empleo y de los ingresos de los grupos en situación de vulnerabilidad.

El establecimiento de servicios sociales básicos de calidad si-milar en todo el país es un proceso que implica definir en primer lugar metas concretas de acceso universal a los servicios y es-tándares mínimos de calidad, identificar el estado de situación de los diferentes territorios en relación a dichas metas, actuar sobre las brechas más visibles mediante una combinación de inversión / esfuerzos públicos nacionales y sub-nacionales en un enfoque gradual y concertado, promoviendo al mismo tiempo un monitoreo y control público de estas acciones y sus resultados.La concretización de esta agenda requiere del concurso de todos los actores políticos y responsables de gobierno pues se trata de un esfuerzo de largo aliento en el cual deberían concurrir armo-niosamente gobierno central, entidades territoriales autónomas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

* Coordinador del PAPEP-PNUD Bolivia.1 Los datos utilizados en este subtítulo provienen del INE, CEPAL, UDAPE y de

las encuestas MECOVI.2 Encuestas en una muestra representativa de la población boliviana que vive

en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Trinidad y Cobija. Realizadas por la empresa IPSOS Apoyo.

2 añosSi es mujer, rural,

indígena y del 20% más pobre

14,4 añosSi es hombre, urbano, no indígena y del 20%

más rico

Número de años de escolaridad

16

14

12

6

4

2

0

Si vive en la ciudad

Si es hombre

No es indígena

Si vive en el área rural Si es

mujer Si es indígena

8,6 años10,3 años

11,1 años12,2 años

5,1 años4,1 años 3,5 años

Elab. Propia. Fuente: MECOVI - 2007

Boliviano promedio 8,6 años

Elab. Propia. Fuente: encuesta IPSOS - Apoyo

72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

71

69

6564

Mejorar la calidad de la educación Mejorar la calidad de la salud

Sept 2010 Marzo 2011

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conversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversacionesconversaciones

conversaciones

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¿Qué elementos caracterizaban al pensamiento de izquierda en la década de los setenta, momento histórico de mayor visibilidad del discurso socialista en confrontación no solo con el capitalismo sino también con la dictadura militar de Banzer?

En los años setenta del siglo pasado no existió una sola izquier-da, sino varias y contrapuestas, aunque todas se reconocían en el marxismo como origen doctrinal. Todas empero proclamaban su lucha contra el capitalismo y luego contra la dictadura militar, la diferencia radical estaba en el método y la estrategia. El Par-tido Comunista de Bolivia (PCB) por ejemplo no privilegiaba la lucha armada ni una transición directa del capitalismo al socialis-mo en contraste con la radical postura del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta organización en cambio desechaba la for-ma partido y la lucha desde organismos sindicales y acudía a la confrontación armada. El Partido Obrero Revolucionario (POR) asumía que la política debía conducir lo militar comandada des-de una estructura centralizada en partido leninista. La llamada nueva izquierda como el Partido Socialista (PS) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) también creían en soluciones armadas, aunque como resultado de la lucha de masas.

En el fondo, aunque no siempre lo admitieran, pensaban, fruto de la memoria histórica, en una repetición tendencial de lo ocurrido en Abril de 1952. Una lucha en las ciudades, de civiles armados y aliados con una parte del Ejército, contra las fuerzas del poder.

¿Cuál es el enemigo común en estos procesos? ¿Qué di-ferencia encuentras entre el viejo imperialismo y el actual “imperio” a que se refiere Negri y es retomado y enunciado por los actuales activistas de izquierda en Bolivia?

Negri actualiza el concepto de Imperialismo al introducir catego-rías como “trabajo inmaterial”, “capitalismo cognitivo” y “biopolí-tica”, para describir realidades que no existía en los albores del siglo XX, en 1916 para ser más precisos, cuando Lenin publicó

“El imperialismo, fase superior del capitalismo”, que amamantó a la izquierda mundial y boliviana y donde postuló que el capital financiero domina al industrial y comercial. El imperialismo sería un fenómeno típico de fines del siglo XIX cuando el capitalismo alcanzó su madurez monopólica y sometió a los países como Bolivia a su dominio en pos de materias primas y mercados.

En cambio autores como Wallerstein, Braudel y Arrighi, con el antecedente de la obra de André Gunder Frank publicada a fines de los sesenta de la centuria precedente, afirman que la econo-mía- mundo existió desde el siglo XVIII y que para los pueblos do-minados el capitalismo tomó forma imperial desde la conquista. Enrique Dussel, que es influyente en los círculos gubernamenta-les, presenta la misma lectura, que permite unir la lucha antiim-perialista con la descolonización. Sin embargo Dussel y Walter Mignolo, ambos argentinos, son, apelando a la “geopolítica del conocimiento” críticos a Negri. Mignolo y Dussel, junto a Katheri-ne Walsh desde la universidad Andina de Quito, presentan una corriente distinta, que influye en las autoridades del Ministerio de Culturas. Paradójicamente críticos del enfoque descolonizador del Movimiento al Socialismo (MAS), ―algunas ex autoridades gubernamentales― también se apoyan en Mignolo o Walsh, de quienes han sido alumnos o alumnas. En suma, no creo que en-tre quienes formulen el pensamiento alternativo gubernamental, exista la misma apreciación de la obra Negri y Hardt.

Ahora bien, el internacionalismo y la creencia de la revolución mundial, hasta Stalin y la exclusión y posterior asesinato de Trotsky en 1940, era una verdad incontrastable en la izquierda marxista. Fueron los cubanos en 1961 que retomaron esta di-mensión continental y la apertura de varios frentes de lucha. El MAS retoma, obviamente no los postulados de Trotsky, sino de la continentalización de confrontación, dada la implícita naturaleza mundial del capitalismo. “La revolución ―señala García Linera― tiene que irradiarse, respetando las particularidades culturales de cada pueblo. La única manera de aislar al capitalismo es irra-diando, expandiendo, apoyando todo proceso de lucha revolu-cionaria”.

Entrevista a Gustavo Rodríguez Ostria*

Gustavo Rodríguez Ostria nació en La Paz en 1952. Se graduó de economista de la Univer-sidad Mayor de San Simón en 1977. En 1980 obtuvo la maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-les (Flacso) y en 1991 la maestría en Historia Andina en la misma institución.

A partir de 1977 y hasta 1995 fue docente de la Universidad Mayor de San Simón, donde tam-bién dirigió el Instituto de Estudios Sociales y

Económicos (IESE), y fue decano de la Facul-tad de Ciencias Económicas y Sociología Fue viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de 2003 a 2005. Es autor de casi una decena de libros sobre historia y educa-ción superior. Sus artículos sobre estas temá-ticas y de análisis político han sido publicados en revistas de América y de Europa.

Una lectura del MAS a la luz de la izquierda boliviana de los setenta

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and miosa

¿Cuál era durante las décadas de los sesenta y setenta, y cuál es ahora la contradicción fundamental?

Sigue siendo el capitalismo y el imperialismo; pero el centro de la crítica es el que ha cambiado. La izquierda de los setenta, si-guiendo a Marx, se centraba en desentrañar la naturaleza interna del modo de producción capitalista y la explotación obrera me-diante la plusvalía; es decir la lógica de la fábrica. Hoy en cambio se invalida el capitalismo por sus manifestaciones externas ―los comunes de los que hablan Hardt y Negri― por su impacto sobre su entorno. Se lo acusa del deterioro medio ambiental, de la dis-criminación racial, de la homogenización étnica o de la patriar-calización y la discriminación de género. Una lectura de rasgos culturales y ecologistas que no estaban presentes en la izquier-da anterior, la cual solo usaba la clase como prisma para mirar la realidad. Fueron los kataristas quienes, en el Manifiesto de Tiwa-naco (1973) y en los documentos de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, por primera vez hablaron de los dos ojos: clase y etnia. Años más tarde las feministas de clase media introdujeron la lectura de género, cuestionando el sexismo tradicional de la izquierda en todas sus vertientes.

Si los indígenas no consiguieron influir en la izquierda naciona-lista ni marxista; las mujeres tuvieron algo de mejor suerte. Esa izquierda era economicista y vanguardista. Todo lo que no corres-pondía a la lucha obrera, etnia y género, debía ser desechado e incluso combatido. El MAS es ―y por propia definición― comu-nitarista. Esto es, “el capital como el reverso de la comunidad o, si se prefiere, la comunidad como lo no-capital, como el reverso

del capitalismo”, como señala Álvaro García Linera. Al anticapita-lismo el MAS suma el anticolonialismo, con mayor énfasis en el último ámbito.

¿Consideras que el MAS retoma aquella vertiente izquierdis-ta histórica o inaugura una izquierda de nuevo cuño?

En el MAS cohabitan tendencias que van desde el nacionalismo revolucionario hasta el indigenismo, pasando por el marxismo clásico, lo que conforma un mix. Sin embargo lo que las unifica es su apelación al movimiento indígena como un actor central del “proceso de cambio”. La izquierda setentista era férreamente obrerista, y consideraba a los campesinos como simples aliados. Nunca se hablaba de indígenas o de pueblos originarios. Salvo los maoístas del PCB Marxista Leninista, que consideraban que la revolución vendría del campo a la ciudad, el resto concentraba su reclutamiento y accionar en las ciudades o en las concentra-ciones obreras, las mineras básicamente. También se distancia del nacionalismo revolucionario porque rompe y deconstruye el mestizaje como una vía alternativa a la construcción de la nación y el español como lengua franca; aunque en sus políticas cultu-rales el MAS no ha avanzado hasta ahora más allá del folkloris-mo propio del nacionalismo.

El MAS, por otra parte, no es un típico partido clásico de izquier-da integrado por cuadros que hacen vida política centralizada, en su organización luce más bien como una agregación de co-rrientes y movimientos que responden a una dirección altamente centralizada.

¿Estás de acuerdo con que el sujeto proletario de las déca-das pasadas fue sustituido por el sujeto indígena?

Si, totalmente. Al desechar la “crítica de la economía a política” el MAS se desprende del sujeto obrero como único portador de un proyecto iluminista y utópico. Además el concepto de obrero no es equivalente al proletariado marxista. Para Álvaro García Line-ra diversa formas laborales abigarradas pueden ser subsumidas dentro el capital. Usa, a mi juicio muy libremente la subsunción formal y real, que señaló Marx en el Capítulo Inédito del Capital, quien empero se cuidaba de calificar como obreras a estas otras modalidades productivas presentes en la periferia capitalista.

García Linera trabaja, basándose en René Zavaleta y pero tam-bién distanciándose de él, con el concepto de sociedad abiga-rrada y, por extensión, de masa insurgente. Zavaleta a su vez fue tributario del estructuralismo marxista francés y algunos marxis-tas italianos como Luporini. Sociedad abigarrada nos transporta más allá del modo de producción capitalista, objeto de análisis de Marx, hasta la formación social o modos de producción arti-culados para la égida del capital. Al respecto hubo mucha dis-cusión y producción teórica en los años 70s del siglo pasado entre los marxistas latinoamericanos que trataba de dar cuenta de sociedades más diversas de las que pintaba Marx mirando a Inglaterra. A Bolivia estas ondas y debates llegaron poco, por el cerco tendido por las dictaduras de Hugo Banzer y luego Luis García Meza y por el escaso aprecio de la izquierda boliviana por la teoría y la doctrina. Paradójicamente fue la derrota obrera y su centralidad a media-dos de los 80s (Decreto 21060), la que abrió espacio al movi-miento indígena, secundarizado hasta entonces; salvo durante las grandes insurrecciones de 1781, 1899 y la posguerra del Recorre cada minuto hasta el encuentro , Martina Noriega, acr/lienzo, 1.20 x 1.10 m.

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Chaco hasta 1953 cuando se decreta la Reforma Agraria. Cite-mos a Raúl Prada: “Después del retiro descomunal de la cen-tralidad minera, el proyecto hegemónico proletario se derrumba, las clases desposeídas quedan inermes ante la avalancha neo-liberal. Sin embargo, este vacío político va a ser llenado por otro sujeto, el sujeto indígena, que retoma la bandera anticolonial y el proyecto descolonizador, proyectando sus reivindicaciones terri-toriales y culturales en sentido anticapitalista”.

La historia, decía Marx, avanza por el lado malo. Además de la frecuente interpelación gubernamental a indíge-nas campesinos y originarios como su principal base social, se mostró con claridad la distancia en la interpelación utilizada du-rante el último conflicto con la COB. Se usó tonos despectivos que nunca antes habían fluido desde un gobierno proclamado de izquierda. Se los presentó como una minoría egoísta. Se invocó al argumento del número y de la población para descalificar el aporte obrero a la economía nacional y su rol en la escena políti-ca. Claro, y esto puede ser el correlato de la “desobrerización” de la sociedad boliviana, que ha estudiado Álvaro García Linera. En clave estrictamente marxista, se diría, desde los años setenta, que no es el número lo que determina la función y la proyección de una clase, sino su rol en la producción, su conciencia política y su efecto de irradiación del que hablaba René Zavaleta. La nueva clase obrera empero no ha exhibido durante el conflicto una proyección ni de reforma ni de revolución, sino de disputa por el excedente, de defensa de las minas y de sus espacios de trabajo concordando con sus patrones o confrontándose a las comunidades indígenas por la posesión de recursos naturales. Entonces, a ojos del MAS, forman parte ―potencialmente― de una falange sino adversaria al menos conservadora.

¿Qué te sugiere la idea de “socialismo comunitarista” enun-ciada por el actual gobierno a la luz de una lectura histórica, o el enunciado de la “izquierda indígena”?

En el siglo XIX, desde las elites de terratenientes, “comunista” se usaba para (des)calificar a las comunidades indígenas de los Andes que defendían el derecho a la propiedad colectiva de la tierra frente a los intentos de su desestructuración con la Ley de Exvinculación de 1874 y su conversión fuese en colonos de hacienda o en campesinos parcelarios.

Digo esto porque me sirve de entrada para señalar que en la lec-tura del MAS lo primero que hay que subrayar en el socialismo comunitario sería su originalidad; es decir que es producto de la historia larga del país y no de una copia europea o asiática. El nudo estaría en elevar la resistencia al capitalismo desde las comunidades al proyecto estatal. Las comunidades combatirían al capitalismo impidiendo que se plasme y que los absorba. Re-sisten a la proletarización y desde allí armarían el andamiaje del socialismo; en cambio la clase obrera supera al capitalismo redi-miendo su condición proletaria.

Para entender este punto hay que recorrer el camino intelectual de Álvaro García, que viajó hasta Holanda al Instituto de Histo-ria Social para leer los escritos etnológicos de Marx sobre las comunidades rusas y sus debates y cartas con Vera Zasulich, una populista rusa. Quizá allí y en su “Cuadernos de Cárcel” (ver por ejemplo Forma valor y forma multitud) empezó a pergeñar la creencia que se puede ir de la sociedad comunitaria al socialis-mo, sin pasar por el capitalismo como señalaba el Marx que co-

nocemos. O mejor para convertirlo en un prototipo de un “nuevo” socialismo pues ―y me parece correcto― no son formas “arcai-cas” a ser desechadas como pretendía la vieja izquierda(al igual que la oligarquía liberal) sino modalidades vivas e insurgentes.

Sin embargo, en la lectura histórica de García Linera, advierto una (re)construcción imaginada y ficcional del pasado indígena, que puede ser aplicado a los ayllus andinos, pero que, por ejemplo, no sirve para explicar la trayectoria de los campesinos quechuas de los valles de Cochabamba. Aquí la demanda centenaria fue poseer una parcela de tierra a título individual y no colectivo, como ocurre actualmente, salvando las diferencias, en las zonas de colonizado-res, rebautizadas eufemísticamente “comunidades interculturales”. Distintas lógicas de propiedad y uso de la tierra que están creando fricciones entre los colonizadores en proceso de expansión geo-gráfica e indígenas de tierras bajas como los Yuracarés, Guaraníes o Lecos, propietarios ancestrales de esas tierras.

En consecuencia, ¿se pueden asociar los enunciados dis-cursivos de “socialismo” y “descolonización”, que en esen-cia parece ser antagónicos?

Sí, siempre a condición de asumir que el socialismo del MAS no es ni pudo ser el socialismo europeo decimonónico e incluso el latinoamericano del siglo XIX; salvo el de José Carlos Mariátegui. El MAS lee y desecha al socialismo en clave europea, como una manifestación critica del industrialismo, pero que a su vez creía en la industrialización y el progreso bajo nuevas fórmulas. Como decía Lenín: “Soviet más electrificación”. El marxismo es criticado por ser una filosofía de la historia, etapista, lineal y universalista y el socialismo “realmente existente” por centralizado y burocrático. Reproducirlos en Bolivia, a sus ojos, produciría fracturas con el proyecto de descolonización y de retorno simbólico a los orígenes milenarios. En la visión más extrema en el MAS, que sugesti-vamente no siempre está apoyada ni acompañada por políticas públicas gubernamentales, implica descartar el industrialismo en pos del retorno a una relación armoniosa con la naturaleza, que nunca debió extraviarse. Para la izquierda de los sesenta y se-tenta de la centuria pasada, en cambio, la naturaleza, vista como fuente del valor de uso, debía ser dominada y sometida para permitir un socialismo de la abundancia material y de valores de cambio. Los soviéticos ―y ahora los chinos―, perpetraron varios crímenes contra el medio ambiente en base a esta perspectiva.

¿Qué te sugiere la idea de “socialismo democrático” como vía para llegar al socialismo a diferencia de la vía armada que caracterizó a la izquierda de los sesenta y setenta?

En los “años de plomo” del siglo XX, ya lo puntualicé, no toda la izquierda creía que la toma del poder se haría de forma violenta, aunque la lucha armada, o la supresión de la política a favor de las armas, solo era proclamada por el ELN. Estas diferencias no eran óbice para que siguiendo a Marx y Lenin, se asumiera que la democracia calificada de “formal” o “burguesa” se considera un fetiche o un engaño. La igualdad de los ciudadanos: un hom-bre (o una mujer) igual a un voto nunca garantizaría el triunfo popular y obrero y si este, excepcionalmente se produjera, los grupos de poder y el imperio norteamericano se encargarían de derrocar por la fuerza a un gobierno de izquierda, como ocurrió en el Chile de Salvador Allende.

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Es interesante constatar que el vicepresidente García Linera proviene de una organización armada y que el presidente Mo-rales, si hemos de creer a Filemón Escobar, tuvo una tentación similar, que pronto descartó para meterse en las lides electora-les. El socialismo democrático, aunque es crítico a la democracia parlamentaria revaloriza las formas electorales y parlamentarias como medio de acceso al gobierno y de gestión a la par que pregona el debate basista como fuente de poder (“mandar obe-deciendo”), aunque en la práctica se lo usa poco. Su hegemonía, en este punto, parece más leninista que gramsciana. También está presente la idea de tomar el poder poco a poco, una estra-tegia que hace años hubiera sido descartada por “reformista”, de cara a la orden entonces imperante de “Tomar el cielo por asalto”. Creo, empero, que el MAS no descarta la fuerza y su monopolio para mantenerse en el poder. Recordemos el “punto de bifurcación” del que habló García Linera durante el momento más álgido de la confrontación de la “Media Luna” y la Asamblea Constituyente en el 2007 y el 2008.

Su proyecto económico se asemeja a la izquierda marxista o al nacionalismo. Pareciera que el MAS está recorriendo caminos ya trillados.

En efecto, el MAS es estatista, y trata de convertir a las empresas estatales y la inversión pública en el núcleo duro de la economía, un capitalismo de Estado, tal como ocurrió luego de 1952. Pero hay diferencias. En primer lugar está el eje de intervención esta-tal. Desde 1952 se pretendió crear desde el Estado un actor ca-pitalista centrado en el Oriente; ahora en cambio se privilegia, al menos discursivamente, a la pequeña, mediana producción y la actividad comunal, acorde a su visón de una economía diversa. Por otra parte, la izquierda marxista, con el POR en un extremo, anunciaba la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la expulsión total del capital extranjero. El MAS, siguiendo la línea del nacionalismo revolucionario, apuesta en cambio por la socialización y redistribución del excedente sin to-car necesariamente las formas de propiedad. Incluso es menos radical que el socialismo a lo Marcelo Quiroga. Se puede com-parar, para ilustrar este punto, la confiscación de la Gulf Oil en 1969 con la reciente “nacionalización” de las petroleras. Quiroga Santa Cruz actuaba en un mundo altamente polarizado propio de la Guerra Fría y de la ruptura con al imperialismo como pre-gonaban las corrientes de la “Teoría de la Dependencia”. Al MAS en cambio, le toca navegar en la compleja maraña de la glo-balización donde las posturas anticapitalistas han perdido peso. Incluso gobiernos llamados socialistas como Cuba y China ad-miten y convocan a las inversiones extranjeras. Sumándose con realismo a esta corriente el MAS ha preferido, en la mayoría de los casos, renegociar contratos o pagar por las empresas nacio-nalizadas, pero no desechar de plano el capital extranjero con la cual busca más bien una nueva relación de fuerza(“Queremos socios, no patrones”).

* Entrevista cedida a Andamios por el Centro Cuarto Intermedio (CCI). Agrade-cemos al Equipo Permanente de Reflexión Interdisciplinar del CCI. La entre-vista es parte de la reciente publicación: ¿El MAS es de izquierda?, EPRI-CCI. Cochabamba, 2011.

Quinteto, Martina Noriega, acr/lienzo, 0.80 x 1.20 m.

Sincronía fugaz, Martina Noriega, acr/lienzo, 1.20 x 1.20 m.

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Miscelánea de Fortalecimiento Democrático

Jovenkracia. Concurso dirigido a apoyar la ejecución de iniciativas juveniles que permitan fortalecer la práctica de princi-pios democráticos. Propuestas, ideas y/o proyectos en relación a este objetivo tienen que ser elaboradas desde organizaciones de representación democrática (partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales, juveniles, sindicatos, juntas vecinales, etc.) o desde grupos juveniles constituidos para el con-curso, siempre teniendo en cuenta que la duración de las propues-tas no debe ser superior a cuatro meses. Se valorará la innovación, el impacto, la replicabilidad, el género y el estableciemiento de alianzas estratégicas.

Actividades

SEMINARIO INTERNACIONALLos rostros de la democracia

Formas de organización política y políticas pú-blicas en América Latina

PNUD/fBDM/TSE

Con el apoyo del CESU-UMSS/OPN-UAGRM/CCI/JAINA

La Paz 26 y 27, Santa Cruz 27, Cochabamba 27, Tarija 28 de julio 2011

Objetivo Compartir lecturas y experiencias políticas e ins-titucionales sobre la calidad y los desafíos de la democracia en América Latina. Desde miradas plurales debatir en torno a las continuidades, mutaciones y cambios de la representación po-lítica y construcción partidaria y, el impacto de los estilos de gobierno y de gestión de las políti-cas públicas.

Conferencias magistrales

• BalanceyperspectivadelademocraciaenAmérica Latina.

• Partidos,movimientossocialesygobiernosenAmérica Latina.

•Modelo de desarrollo, reformas estatales ygestión de las políticas públicas en América Latina

Ejes temáticos y mesas de trabajo

Eje temático I: Formas de organización política en América LatinaMesa 1. Las múltiples formas de representación y participación política. Mesa 2. Experiencias de construcción y renova-ción político-partidaria.

Eje temático II:Balanceyperspectivasdelade-mocracia en América LatinaMesa1.Alcances, logrosydéficitde lademo-cracia en América Latina. Mesa 2. Democracia intercultural: participa-ción, equidad y pluralismo.

Eje temático III: Estilos de gobierno en América Latina Mesas 1: Estilos de gobierno y liderazgos presi-denciales Mesa 2: Relaciones entre gobierno y movimien-tos y organizaciones sociales

Eje temático IV: Políticas públicas y modelos de desarrolloMesa 1: Modelos de desarrollo y gestión de polí-ticas públicas: ¿El replanteo del neoliberalismo? Mesa 2: Políticas públicas y programas sociales en América Latina. ¿Populismo, rentismo o redis-tribución?

Panel de análisis LademocratizacióndelÓrganoJudicialenBo-livia.Formas de organización política en América La-tina.

Expositores e invitados.Argentina,Bolivia,Brasil,Colombia,Chile,Cuba,Ecuador,ElSalva-dor, Guatemala, México, Perú, Uruguay, Vene-zuela.

Información, inscripción y contactos www.gobernabilidad.org.bo

seminario2011@gobernabilidad.pnud.bo

Diplomado en gestión política y democracia intercultural (Primera Versión) Julio – Diciembre 2011. El Diplomado otorga formación a militantes, cuadros intermedios, representantes electos, dirigentes y/o simpa-tizantes de las organizaciones políticas de Bolivia en análisis de escenarios políticos, modelos de democracia, sistema político, gerencia partidaria y gestión de políticas públicas con la finalidad de mejorar su desempeño político e insti-tucional. Consta de cinco módulos temáticos que permitirán dotar de información suficiente para reflexionar sobre las perspectivas futuras del Estado Plurinacional a partir de las experiencias pasadas y actuales de los diferentes proyectos políticos que caracterizan los procesos históricos de Bolivia. La naturaleza del programa se enmarca en el ámbito de la democracia y la interculturalidad, priorizando el enfoque integral que permita a los beneficiarios contar con los instru-mentos básicos de análisis político y de estudio de los modelos de gestión de las políticas públicas. Asimismo, incluye el desarrollo de talleres de apoyo metodológico en la realización de los trabajos académicos requeridos. Finalmente, se realizarán conferencias magistrales a cargo de expertos e invitados internacionales vinculados a los contenidos de las asignaturas con el objetivo de ofrecer a los participantes diversas perspectivas desde otras miradas latinoamericanas. El Diplomado, en su primera versión, se ejecuta en tres ciudades del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y abarca los meses de julio a diciembre de 2011. Se ofrece becas completas del 100% del costo a miembros de organizaciones políticas. El Diplomado es una iniciativa conjunta del Tribunal Supremo Electoral, el Proyecto de Fortalecimiento Demo-crático del PNUD-Bolivia, la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón.

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Democratizando la democracia. Una mirada a la Participación Popular en los albores de la Bolivia de las Autonomías a una década y media de implementación de la Participación Popular y, simultáneamente, en los albores de una Bolivia autonómica, conviene hacer una evaluación de algunos elementos relacionados con este proceso iniciado en 1994 y que hoy queda no sólo rubricado sino ampliado por una nueva CPE que reconoce un sistema de descentralización complejo, con autonomías departamentales, municipales e indígenas, además de la posibilidad de convertir al nivel regional, de planificación y gestión, en otro ámbito autonómi-co. La intención, entonces, reside en comprender en qué medida la descentralización municipal inaugurada hace 15 años democratizó la democracia. No es un mero juego de palabras. Por el contrario, el propósito es observar si este proceso ha cualificado la democracia en determinados aspectos que merecen una reflexión exhaustiva.

Mutaciones del campo político en Bolivia libro coordinado por Fernando L. García Yapur y Alberto García Orellana, compila cuatro textos que el proyecto de Fortalecimiento Democrático de Organizaciones Políticas del PNUD-Bolivia ha encargado, a lo largo del año 2010, a destacados investigadores y analistas políticos. La temática general pretende dar cuenta de los últimos procesos de transformación de las estruc-turas institucionales y de las dinámicas de la representación política en Bolivia. El texto de Salvador Romero: “El sistema de partidos boliviano: un paseo por sus tiempos y lugares” aborda el itinerario de los ciclos o generaciones de partidos políticos en Bolivia. Por su parte, Maria Teresa Zegada:”El rol de la oposición política en Bolivia (2006-2009)” incursiona en desarrollar una temática poco tratada en el país, el análisis del rol de la oposición en el periodo del primer gobierno de Evo Morales. Fernando Molina: “El MAS en el centro de la política boliviana” estudia la reconfiguración del campo político en Bolivia. Por último, Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto: El MAS: las ambivalencias de la democracia corporativa, en el marco del estado del arte sobre investigaciones del MAS y, a partir de cuatro estudios de caso, abordan la tématica de las dinámicas de decisión interna que acontecen en el MAS.

Jóvenes en los laberintos de la polarización es altamente pertinente por el tema aborda-do y la descripción de los procesos de construcción de identidades políticas en los distintos estu-dios de caso. En principio intenta llenar un vacío en la investigación social sobre la participación de los jóvenes en política, y en particular, en los procesos de explosión de los conflictos vinculados al escenario de polarización que ha caracterizado la disputa constituyente y la primera etapa del gobierno de Evo Morales. Por otra parte, la investigación, permite reflexionar sobre los dilemas de la participación de los jóvenes en las acciones colectivas que acompañan la confrontación política.

Atlas electoral de Bolivia (Elecciones Generales y Asamblea Constituyente) Durante las últimas tres décadas en Bolivia la democracia ha transcurrido entre “las movilizaciones sociales en las calles y la participación masiva en las urnas”. Frente a las diferencias de los actores políticos y socia-les, la sociedad boliviana recurrió –de modo reiterativo- al voto ciudadano para elegir el camino a seguir entre los diversos proyectos que se fueron presentando.El Atlas Electoral de Bolivia intenta concentrar en un solo documento la información estadística y geográfica electoral de los últimos 31 años de vida democrática. Es producto de una iniciativa compartida por la Corte Nacional Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-Bolivia, y el Instituto In-ternacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, con el apoyo financiero de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI.

Publicaciones

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Claves de la transición del poder (Cuaderno Del Futuro) La llamada “revolución democrática” se erigió sobre una descomunal crisis estatal y la descomposición del sistema de partidos. Se produjo así, un descentramiento entre el poder económico y el poder político nunca antes observado en el país y probablemente muy difícil de encontrar en otros contextos y experiencias. Los seis aportes agrupados aquí investigan las transformaciones a partir de la manera en que se administra el poder político y cómo se adoptan decisiones en los órganos estatales nacionales y subnacionales, ante la presencia de podero-sos movimientos sociales que han desplazado a los partidos, mientras plantean e imponen condiciones y programas políticos de mucho mayor alcance que los de las reivindicaciones sectoriales.

Los cambios detrás del cambio (Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010) El Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010 plantea un reto crucial en la cons-trucción de un nuevo horizonte normativo en el país: “una sociedad más incluyente, equitativa y justa donde todos gocen del derecho a una vida digna, plena y libre, y en base a ello logren una verdadera convivencia”. Así, desde una perspectiva amplia, dos tensiones relacionadas al cambio social son identificadas, definidas y trabajadas en el Informe: Primero, el agotamiento de los factores estructurales que dinamizaron el cambio social y, segundo, la creciente igualdad político-legal y la persistente desigualdad económico-social.

Bibliofiliapolítica

El MAS como movimiento politico, una lectura alternativa Komadina, Jorge y Geffroy, Céline 2007 El poder del movimiento político. Estrategia, tramas organizativas e identidad del MAS en Cochabamba (1999-2005), La Paz: CESU, DICYT-UMSS, Fundación PIEB.

¿Partido? ¿Movimiento social? ¿Organización de organizaciones?, el amplio debate acerca de la caracte-rización del MAS oscila entre estos conceptos. Komadina y Geffroy se embarcan también en esta tarea al estudiar y caracterizar el fenómeno del MAS. Por medio del concepto de movimiento político, estudian la ex-periencia del mismo. Dentro la gama de análisis que se han hecho sobre dicho partido, este libro nos ofrece una lectura novedosa, pues los autores señalan que la diferencia específica del MAS radica en constituirse como un movimiento político que actúa en las fronteras entre la sociedad civil y el campo político democrá-tico representativo. Esto lo constituiría en un caso particular dentro la historia del país, un experimento cuyo resultado aún no termina de decantarse. Uno de los supuestos iniciales señalados en el libro es que el MAS no es una estructura partidaria o una comunidad ideológica cerrada, sino sobre todo se constituye en “un sistema de signos”. En este sentido, el propósito de los autores es estudiar esas estructuras simbólicas que constituyen la acción colectiva, a esto se agrega otro de los objetivos cumplidos referido a conocer la superposición de estructuras o tramas organi-zativas, tanto las que provienen de la matriz sindical campesina como las que se enmarcan en la lógica par-tidaria. Leído bajo estos derroteros, el libro nos ofrece una inquietante temática puesto que nos preguntamos si moviéndose entre estos dos ámbitos es posible la sostenibilidad del MAS. De alguna manera se genera una suerte de tensión entre ser Estado y a la vez ser contrapoder y situarse en la sociedad civil. Al parecer

esta ambivalencia le quita al MAS ―en su faceta de contenedor de organizaciones― la posibilidad de interpelar al Estado y cuestionarlo, puesto que el MAS es el Estado mismo.De esta manera, es recomendable leer este notable aporte para entender al MAS en su conjunto y para polemizar justamente sobre este referente de organización partidaria/sindical, tal vez ese sea el nuevo modelo de funcionamiento de aquí en adelante para las formas de organización polí-ticas.

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