Bajo Cauca - · PDF fileCaucasia, Antioquia Noviembre 2013. Agradecimientos A todas las...

Bajo CaucaAntioqueñoRazones de Vida,Alegría y Esperanza

Al serviciode las personasy las naciones

JHB-JIHC

Fundación Jardín HidrobotánicoJorge Ignacio Hernández Camacho

Créditos COORDINADOR GENERALJorge Eliécer Rivera Franco

Sociólogo – Director Fundación Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho

Aída Sofía Rivera SoteloEconomista y Maestra en Estudios Culturales

Isabel Virginia Meléndez LópezProfesional en Acuicultura

Jorge Ivan Guardia VillaMédico Veterinario Zootecnista

Fabio Andrés Puerta SánchezComunicador Social y Periodista

Antonio Luis José Redondo MaloApoyo Logístico

Catalina JaramilloTrabajadora Social

Textos cartillaAída Sofía Rivera Sotelo

Economista y Maestra en Estudios Culturales

Diseño e ilustracionesMariano Petro Monterrosa

ImpresiónSupernova Comunicación y Diseño

Caucasia, AntioquiaNoviembre 2013

AgradecimientosA todas las campesinas y campesinos que acompañaron el proceso de elabo-ración de este documento.

A las personas y colectivos que ayudaron a la formulación de los perfiles de proyectos.

A Francisco Ceballos, profesional del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en el Bajo Cauca.

A los directores y directoras de las Unidas Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS).

A los funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Agricultura del Depar-tamento oficina Caucasia.

A los funcionarios y funcionarias de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), territorial Panzenú.

A Edgar Correa Ospina, coordinador de la Universidad de Antioquia, Seccio-nal Bajo Cauca.

A los funcionarios y funcionarias de la Ciudadela Educativa y Cultural Pan-zenú Caucasia.

A la Fundación el Cinco y la Corporación MANAPAZ.

A los funcionarios y funcionarias del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Antioquia, Córdoba, y Bogotá.

Y a todas la personas, instituciones, y organizaciones que de una u otra for-ma contribuyeron en el proceso de construcción de esta propuesta.

“Siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e inmediatas, y estando todas unidas por un lazo natural e insensible que vincula las más alejadas y las más diversas, sostengo que es impo-sible conocer las partes sin conocer el todo, así como

conocer el todo sin conocer las partes”

Pascal, citado por Edgar Morín 2010

Bajo Cauca Antioqueño Razones de Vida, Alegría y Esperanza

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Entre enero y mayo de 2013, 490 hombres y 354 mujeres, en total 844 personas del Bajo Cauca Antioqueño, acom-pañaron el proceso de elaboración de una propuesta de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial para la región. Algunas personas participaron en el proceso en múltiples espacios, en talleres y jornadas temáticas en las seis cabeceras municipales, y en un encuentro de revisión y retroalimentación en Montelíbano.

A pesar de los esfuerzos institucionales por reconocerles a estas personas los costos de transporte, alimentación, y hospedaje, somos conscientes que estas personas debieron regresar a sus casas sin un aporte monetario u otro aporte material para sus familias. Algunas personas tuvieron que viajar días enteros para responder a las convocatorias y otras tantas (en especial muje-res) tuvieron que asumir el pago a terceros para que cuidaran de sus niños y niñas. Una estimación monetaria de la contribución de estas personas a la elaboración de la propuesta asciende los 50 millones de pesos.

Adicionalmente, la Universidad de Antioquia, los directores y funcionarios de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMA-TAS), la oficina del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en Caucasia, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA), la Secretaría de Agricultura del Departamento, y las ad-ministraciones municipales, entre otras, también facilitaron el proceso de elaboración de esta propuesta.

Esta cartilla tiene como principal objetivo comunicar, en especial a estas per-sonas, sobre los frutos de esta propuesta colectiva, y responder a inquietudes sobre qué sucederá de aquí en adelante. Con esta finalidad, la cartilla se or-ganiza alrededor de tres preguntas: 1. ¿a qué responde la propuesta?; 2. ¿en qué consiste la propuesta?; y 3. ¿qué viene de aquí en adelante?


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I. ¿A qué respondela propuesta?

LLa propuesta responde a un acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) para identificar sueños, necesidades, problemáticas, propuestas, y posibilidades para reorientar la política de desarrollo rural del INCODER.

El principal referente para esta tarea es el Informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD en el 2011.

Este documento se titula: “Colombia rural. Razones para la Esperanza”. El informe indica que desde una visión de la ruralidad amplia que incluye lo agropecuario, eco turístico, la conservación, lo agroindustrial, y minero ener-gético, entre otros, “Colombia es más rural de lo que se pensaba”. Esto quiere decir que las economías y formas de vida, de la mayoría de personas que viven en las cabeceras municipales con menos de 100,000 habitantes, giran alrededor de actividades rurales. Adicionalmente, el informe señala que en las zonas más rurales, por lo general viven personas que tienen mayores difi-cultades para satisfacer sus necesidades básicas de vida.

En esa medida, la propuesta de desarrollo rural del PNUD, da prioridad a la población campesina (con poca tierra o sin tierra), indígena, negra, y a las mujeres.

¿Qué distingue al desarrollo humano integral conenfoque territorial de otros tipos de desarrollo?El desarrollo humano integral no se queda en lo productivo, sino que busca ampliar las posibilidades efectivas, para que cada persona y comunidad pue-dan llevar a cabo su plan o proyecto de vida.

El enfoque territorial, como su nombre lo indica, parte del reconocimiento de los territorios. Mientras la tierra constituye el espacio geográfico, el te-rritorio consiste en las relaciones históricas y socio-culturales en un espacio geográfico concreto. Desde el enfoque territorial es insuficiente elaborar una propuesta “para” el territorio “sin” las personas que lo habitan. De ahí, que este enfoque se soporta en la participación real de las personas que viven y orientan su vida en los mismos.


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El enfoque territorial es relativamente nuevo en el país. En consecuencia, el PNUD y el INCODER se pusieron de acuerdo en una región para imaginar y pensar en el significado y posibilidades concretas de desarrollo rural con enfoque territorial en Colombia. Se eligieron para comenzar las regiones del Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Córdoba, y se vincularon 6 organizacio-nes (3 en el Bajo Cauca y 3 en el Sur de Córdoba) para hacer la tarea. En el Bajo Cauca se vincularon la Fundación el Cinco, Manos de Amor y Paz (MANAPAZ), y la Fundación Jardín Hidrobotánico de Caucasia. Esta última organización tuvo como tarea la formulación colectiva de la propuesta de de-sarrollo rural con enfoque territorial, y de perfiles de proyectos productivos y complementarios.

Algunas de las limitaciones y alcances de esta propuesta están relacionados con los tiempos y presupuestos institucionales, así como con vacíos en in-formación actualizada. El proceso como tal ha sido de continuo aprender y desaprender para las instituciones y organizaciones involucradas.

Existe un contexto favorable de ajuste de las instituciones estatales frente a un posible escenario Post-Habana. El Jardín Hidrobotánico se encuentra in-teresado en dar continuidad a este proceso desde sus diferentes actividades. Asimismo, las personas participantes en la elaboración de la propuesta son co-responsables en la continuidad y fortalecimiento de este proceso.

Mapa Hidrográfico del Bajo Cauca Antioqueño

El 41,7% del área total de la región corresponde a humedales (INER 2004) o a territorios anfibios


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II. ¿En qué consistela propuesta?

a propuesta parte de reconocer: 1. El agua como recurso estratégico-eje articulador de los territorios; 2. Los altos niveles de pobreza e inequidad en la región; 3. La preca-riedad, inexistencia, y altos costos en los servicios públi-cos básicos; 4. La diversidad étnica, cultural, y territorial; 5. Las mujeres rurales como una razón más para la espe-ranza; 6. La concentración e informalidad en la tenencia de la tierra; 7. La persistencia del conflicto armado y el bajo control estatal del territorio; 8. La importancia de la

minería aurífera en la economía regional; 9. Los usos inadecuados del suelo, las amenazas, y los riesgos; y 10. Oportunidades y amenazas asociadas a los tratados de libre comercio y los megaproyectos.

LCaracterísticas que se destacan a nivel municipalPrimero, en Zaragoza el 80% de la población es negra y la administración de Camilo Mena se ha esmerado para dar visibilidad a la población negra, e in-dígena, y por impulsar el desarrollo rural. En el Bagre, cerca del 80% del mu-nicipio se encuentra en el área de la Reserva Forestal del Magdalena Medio (Ley 2 de 1959), lo que se traduce en una seria problemática de informalidad en la tenencia de la tierra. Nechí es el segundo municipio más pobre de An-tioquia y se encuentra en alta vulnerabilidad frente al riesgo de inundaciones. Caucasia es el principal centro de servicios en la región, y aproximadamente el 60% de su superficie está utilizada con pastos para la ganadería extensiva. Cáceres tiene una economía que gira principalmente alrededor de la minería y la ganadería, pero tiene potencial agrícola y en servicios ambientales no agropecuarios. Finalmente, Tarazá reúne condiciones estratégicas para pro-yectos agrícolas, y para impulsar una iniciativa que responde a la importancia de la minería aurífera en la economía regional. Igualmente, Tarazá es pionera en el cultivo del caucho.

Criterios que guían la propuestaAunque el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 contempla acciones puntuales en beneficio de la población campesina, la opción preferencial es agroindustrial y minero energética. El Desarrollo Rural con enfoque territo-rial que aquí se propone requiere de cambios profundos en la instituciona-lidad, la política internacional de lucha contra las drogas, la política rural, y


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minero energética, así como en la situación de conflicto armado. Esto para permitir una reconversión en los usos del suelo actuales a los vocacionales desde una perspectiva socialmente equitativa y ecológicamente sustentable.

Cuatro condicionantes requieren de especial atención. Primero, la política internacional prohibicionista en la lucha contra las drogas ha tenido pro-fundos impactos en regiones productoras, corredores de narcotráfico, y la marginalización de consumidores. Diferentes gobiernos latinoamericanos están presionando a favor de marcos regulatorios alternativos que permitan reducir la presión sobre conflictos especialmente en regiones productoras. Independientemente de las controversias académicas sobre los impactos de fumigaciones con glifosato, el rechazo frente a estas por los habitantes del Bajo Cauca es generalizado.

La informalidad en la tenencia de la tierra sitúa en una condición de mayor vulnerabilidad a la población campesina en general, indígena, negra, y muje-res rurales frente a intereses agroindustriales, minero energéticos, y diferen-tes actores armados. Se requiere de voluntad política para dar una respuesta contundente a esta problemática. En este sentido, se propone al INCODER un Plan de Choque para el Desbloqueo de la Tierra.

La política minero energética nacional supone un interés social nacional que se impone en contra de la vida en lugares concretos. En la actualidad, buena parte del Bajo Cauca está titulado o solicitado para actividades mineras a gran escala, y el Decreto 934 de mayo de 2013 condiciona todo ordenamiento terri-torial al desarrollo de dicha actividad.

Lo anterior, sumado a la informalidad en una región cuya economía ha gira-do tradicionalmente alrededor de la minería aurífera, ejerce mayor presión sobre conflictos existentes por la concentración e informalidad en la tenencia de la tierra.

No se han considerado los impactos aguas abajo de grandes proyectos hi-droeléctricos como Mayaba e Ituango. Esto se traduce en consultas que no se han efectuado, y en la necesidad de compensaciones individuales y colectivas en caso que los proyectos se lleven a cabo.

El Bajo Cauca no está en condiciones para competir en precios en el contexto de tratados de libre comercio. Sin embargo, puede prepararse para competir en calidad alrededor de valores de solidaridad, soberanía de agua y alimen-tos, el encadenamiento productivo, el intercambio de conocimientos, y la cooperación entre productores.

Algunos proyectos viales y marítimos ofrecen nuevas posibilidades producti-vas y de comercialización a mediano plazo. Sin embargo, para que las perso-


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nas en las veredas se vean efectivamente beneficiadas, se requiere articular estas grandes vías a vías secundarias y terciarias.

Brevemente, los criterios que guían esta propuesta de desarrollo rural alter-nativo son: 1. La valoración integral del elemento y recurso agua; 2. La red pro-soberanía alimentaria que se proyecta de lo local, a lo regional, y a lo nacional;3. El desbloqueo de la tierra para la paz, una reorientación en la política mine-ra nacional y la política internacional de lucha contra las drogas;4. La visibilidad de los territorios étnicos, campesinos, y anfibios;5. El respaldo a las mujeres rurales;6. El carácter prioritario de Nechí como zona de inversión especial;7. La descentralización;8. La educación y cultura para la paz;9. La preparación regional para la competencia en calidad antes que en pre-cios, encadenada a la red pro-soberanía alimentaria, en el contexto de trata-dos de libre comercio y proyectos viales y marítimos; y 10. El debate público y participativo sobre los impactos potenciales de proyectos hidroeléctricos como Mayaba e Hidro-Ituango aguas abajo.

Tierra para la Paz: el Desbloqueo de la TierraConsiderando el serio problema de informalidad en la tenencia de la tierra y la concentración de la misma en pocas manos, la implementación de un Plan De Choque es imperativa para dar viabilidad al Desarrollo Humano Integral. El Plan requiere de la voluntad del Gobierno Nacional para habilitar los re-cursos económicos, técnicos y humanos para este objetivo. Los Concejos Mu-nicipales deben sumarse a esta iniciativa legislando para brindar estímulos tributarios al aprovechamiento sostenible de los suelos, y gravando sustan-cialmente los usos no vocacionales.

Este Plan debe concertar: las posibles sustracciones a las Zonas de Reser-va Forestal y Reservas Naturales con fines de titulación, la posible creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), la creación y ampliación de títulos colectivos para Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas, y el deslin-de de humedales, interinstitucionalmente con el concurso del INCODER, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Restitución de Tierras, CORANTIOQUIA, el Ministerio de Minas y Energía, y demás instituciones pertinentes.

Se deben fortalecer y ampliar los convenios suscritos entre el INCODER, al-gunos municipios, y empresas privadas de la región, para facilitar los proce-sos de titulación y legalización de predios. En particular, los convenios entre


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compañías mineras y el INCODER, facilitan la disposición de predios ya ex-plotados por las compañías. Existe una experiencia al respecto con Mineros S.A. (antes Mineros de Antioquia). La posibilidad de usar estos predios para otras actividades productivas implica procesos de recuperación de suelos y reforestación.

La legalización de los predios ocupados compete a la justicia ordinaria, pero ante el desconocimiento de algunas personas campesinas sobre los trámites necesarios, se requiere el acompañamiento de las alcaldías y el INCODER para evitar que estas personas sean engañadas por profesionales inescrupu-losos y estafadores.

Las tierras de extinción de dominio podrían constituir la base de un Fondo Regional de Tierras. Sin embargo, se requiere de mayor coordinación y cla-ridad desde el Gobierno Nacional, y la Unidad de Restitución, para agilizar los procesos.

El Gobierno Nacional debe disponer medidas especiales para garantizar la seguridad y permanencia en el territorio, de las personas beneficiarias por los programas de restitución. De lo contrario, estas personas se pueden ver presionadas a vender las tierras a bajos costos (una forma de despojo).


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Modelo Operativo de la Propuesta“Antes de dar un paso más, realizaré experimentos, porque mi propósito es exponer primero la experiencia, y luego, mediante el razonamiento, mostrar por qué esa experiencia está destinada a operar precisamente de esa manera” (Leonardo Da Vinci, c. 1513, citado en Capra 2008, 9)

Instituciones (principalmenteen cabeceras)

Instituciones (principalmenteen cabeceras)

Líderes yLideresas(Móviles)

campesino(a)campesino(a)

(en Corregimientosy Veredas)

Intercambio y Multiplicación de Conocimientos y Saberes

El modelo operativo de la propuesta se inspira en iniciativas existentes como son: las escuelas de formación de líderes, el comité de mujeres de la Asocia-ción Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC), y el Colectivo de Comunicacio-nes por el Derecho a la Tierra del Bagre. Estas iniciativas funcionan a partir de la formación de líderes y lideresas quie-nes, sirven de mediadores(as) entre las veredas y las instituciones, y el inter-cambio y transferencia horizontal de conocimientos y saberes campesino(a)-campesino(a). El acompañamiento de las diversas instituciones entra a fortalecer a las mismas organizaciones de base, sin desconocer sus propias voces y procesos.

Adicionalmente, la propuesta se apoya en experiencias empresariales con proyección social que tienen el potencial de ser Centros de Formación y Ca-pacitación. En particular, se resaltan cuatro experiencias de este tipo: la Ha-cienda Río Rayo en Tarazá, el Centro Piscícola Santa Cruz en Caucasia, ASIS-TAGAN, y el Parque de Software y tecnología - ParqueSoft Cali.

Núcleos Estratégicos de ArticulaciónInstitucional, Social, y HumanaSe proponen Núcleos Estratégicos de Articulación Institucional, Social, y Humana como unidades operativas que permiten realizar en el terreno acti-vidades concretas, concertadas, y coordinadas con las instituciones y comu-nidades. Los núcleos tienen por misión el encadenamiento de iniciativas exis-tentes en una visión amplia del Desarrollo Rural con Enfoque Territorial para


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Núcleos Estratégicos de Articulación Institucional, Social y Humana

el Bajo Cauca antioqueño. Los núcleos con énfasis productivo se denominan NEPAISH y aquellos complementarios, se denominan NECAISH. Ambos son igualmente importantes para el desarrollo humano integral. El Agua-Vida, Eje Articulador de los Territorios (AVEAT) es el área de convergencia entre ambos núcleos alrededor de la vida como valor supremo.

Núcleos Estratégicosde Articulación

Institucional, Socialy Humana

Agua - Vida Eje Articuladorde los Territorios

Núcleos EstratégicosProductivos de Articulación

Institucional, Socialy Humana (NEPAISH)

Núcleos EstratégicosComplementarios de

Articulación Institucional,Social y Humana (NECAISH)

Soberanía Alimentaria

Respuestas IntegralesFrente a la minería

EstrategiasSubregionales Frentea los Cultivos Ilícitos

Territorios Indígenas,Negros, Campesinos

y Anfibios

Mujeres Rurales - Semilla,Vida y Territoriodel Bajo Cauca

Colectivo deComunicaciones

Parquesoft Caucasia


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Agua-Vida Eje Articulador de los Territorios (AVEAT)Tal como lo expresa el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, y CORAN-TIOQUIA (2012; 2007), la sostenibilidad y sustentabilidad del agua, base de todo desarrollo humano integral, requiere de un mejor uso, protección, ges-tión, y regulación desde lo público y privado.

En este escenario institucional, el Desarrollo Rural con Enfoque Territorial debe permitir la gestión ética de los recursos hídricos por los diversos ac-tores. Lo anterior, con el objetivo de garantizar una valoración integral del agua-vital. Entorno a la protección del agua se puede reconstruir el tejido social trascendiendo ideologías y políticas.

Personas y comunidades negras, indígenas, campesinas, jóvenes, adultos, mayores, independientemente de su condición económica deben ocuparse de la protección, conservación y recuperación de los cuerpos de agua, como un acto de responsabilidad ética con las generaciones presentes y futuras, y con las otras formas de vida con quienes comparten el territorio.

Por esta razón, se debe alertar a los mineros para que den un tratamiento am-biental responsable a las aguas, evitando su sedimentación y contaminación. Los ganaderos deben terminar con la práctica de desecación y apropiación


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indebida de los humedales y de las rondas de las quebradas y los ríos. Los pobladores de pueblos y veredas deben evitar el lanzamiento de residuos só-lidos y líquidos a las corrientes de agua, que sirven muchas veces de abasto a los acueductos aguas abajo.

Los comités ambientales de las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Co-munitarios, los Cabildos Indígenas, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Proyectos Ambientales Escolares de todas las Instituciones Educa-tivas, las Mesas Ambientales promovidas por CORANTIOQUIA, las personas beneficiarias y operarias de los acueductos, deben convertirse en veedoras del uso de las aguas, y en medio para realizar estudios puntuales que permitan una información suficiente para tomar decisiones en el ámbito de las autori-dades ambientales y civiles del municipio, el departamento y la nación. A este eje se asocia un perfil de proyecto.

Núcleos EstratégicosProductivos de Articulación Institucional, Social, y Humana (NEPAISH)1. Comer es primero: soberanía alimentariaLa Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación (2011) anticipa tiempos difíciles, en base a las tendencias sobre la producción, demanda y distribución de alimentos. La población campesina y sus conocimientos se convierten en aliada estratégica, para garantizar la calidad de vida y bien-estar de las personas habitantes del Bajo Cauca y de las ciudades.

Se habla de soberanía y no simplemente de seguridad porque la seguridad pue-de depender del mercado para el abas-tecimiento de alimentos, mientras la soberanía hace referencia a la produc-ción local y al poder de decisión social y cultural sobre los alimentos que se producen y consumen. La posibilidad de esta soberanía depende a su vez de la soberanía sobre las semillas limpias.


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La comercialización de los productos en esta escala debe apoyarse en las ins-tituciones que demandan productos alimenticios básicos para sus actividades o personal, por ejemplo: Hogares Comunitarios, Tiendas Escolares, Cárceles, Hospitales, Comedores Públicos, y Centros de Atención al Adulto Mayor, en-tre otros. Gradualmente, los excedentes pueden servir para generar transfor-maciones que den valor agregado adicional a estos productos. Este proceso debe ser acompañado por instituciones educativas como la Universidad de Antioquia y el SENA.

Estas iniciativas deben ir acompañadas por un proceso de fortalecimiento de mercados campesinos tanto en las zonas menos rurales del Bajo Cauca, como en los centros menos urbanos en el Valle de Aburrá, y Sur de Córdoba. En el mediano plazo, las posibilidades de comercialización del excedente se incre-mentaran por la autopista de la Prosperidad que entrará en funcionamiento en diciembre del 2018.

En el marco de los tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, y la Unión Europea, el Bajo Cauca no tiene la capacidad para competir en precios, pero puede trabajar para competir en calidad, después de abastecer sus necesidades de autoconsumo. Además de las campañas de sensibilización alrededor de la soberanía alimentaria y de agua común (cam-po y ciudad), también se puede promover el consumo de la producción local, mediante campañas de sensibilización sobre los impactos del transporte de alimentos producidos distantemente en el cambio climático, sobre los impac-tos en términos de salud, y la función social del consumo de productos loca-les. Algunas iniciativas señalan la necesidad de un sello regional de calidad, manejado posiblemente por la Secretaría de Agricultura.

Jornada Temática sobre Soberanía Alimentaria, Cáceres, 26 de abril de 2013


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Mapa realizado en el marco del convenio entre el PNUD y la FJHB-JIHC

El núcleo de este componente es la reconversión productiva gradual de parce-las tradicionales a granjas agroecológicas sustentables y sostenibles. Se pro-pone que el desarrollo de este núcleo esté acompañado por un programa de extensión horizontal campesino(a) - campesino(a).

Alrededor del NEPAISH de soberanía alimentaria giran los perfiles de pro-yectos de:1. La Red Pro Soberanía Alimentaria y la Escuela de Formación de Líderes(as) Agroecológicos(as)-Semillas de Identidad;2. El encadenamiento piscícola con la Piscícola Santa Cruz como Centro de Formación y Capacitación; 3. El encadenamiento ganadero, en apoyo a las actividades adelantadas por ASOGAUCA y FEDEGAN a través de ASISTAGAN.

Mapa de Vocación de los Suelosdel Bajo Cauca Antioqueño


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Mapa de Vocación de los Suelosdel Bajo Cauca Antioqueño

Mapa realizado en el marco del convenio entre el PNUD y la FJHB-JIHC

2. Respuestas integrales frente a la MineríaMapa de Títulos Mineros Concedidos (a junio de 2011) y

Solicitados (a diciembre de 2010)

Fuente: Gobernación de Antioquia 2010


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Se propone eliminar de la Política Minera el artículo 13 de la Ley 685 de 2001 y 1382 de 2010, que caracteriza a la (gran) minería como una actividad de utilidad pública e interés social, debido a sus implicaciones en términos de la propiedad estatal de minerales en el suelo y subsuelo, y las posibilidades de expropiación en beneficio de la actividad minera (a gran escala). Se propone que desde la Política de Desarrollo Rural Nacional, se establezca la titula-ción de tierras individual, colectiva, y comunitaria (con interés prioritario en población campesina y minorías étnicas), como asunto de utilidad pública, interés social, y condición previa para pensar en la paz.

El reconocimiento de una política que intencionalmente beneficia a la gran minería (nacional e internacional), en detrimento de los habitantes de los territorios, justifica la moratoria de títulos existentes y solicitudes de títulos. Lo anterior de manera que se puedan estudiar los títulos vigentes, sus ante-cedentes, procesos de otorgamiento, veeduría ambiental, social, y económica de los mismos.

Se propone que el estudio esté acompañado de una consulta previa con enfo-que territorial, es decir, ajustada a los términos y tiempos de las comunida-des. Al respecto, algunas personas participantes de la jornada sobre minería, proponen afianzar la solidaridad entre la población negra e indígena con la población campesina en general. En el marco jurídico existente, se propone un blindaje social de los territorios campesinos y anfibios desde los territorios negros e indígenas. Ese blindaje social se apoya en estrategias comunitarias y colectivas de comunicaciones existentes y potenciales, por ejemplo, en el Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra del Bagre.

Asimismo, teniendo en cuenta que los acuerdos internacionales priman sobre la legislación nacional, se llama la atención sobre la Ley 21 de 1991, como aquella que define los términos de la consulta previa. En esa medida, la consulta previa debe ser libre e informada en todo el proceso de diseño, evaluación y ejecución de la política minera, y en las fases tanto de explo-ración como de explotación. En casos de grave afectación, se debe avanzar en el consentimiento libre, previo, e informado. La eventual adhesión a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, permitiría extender el derecho de la consulta previa a la población campesina en general. El SENA y la Universidad de Antioquia también deben cumplir una importante función social, al acompañar a las diversas formas asociativas y comunitarias, en el fortalecimiento de sus argumentos de manera previa a los procesos de consulta.


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Es necesario avanzar en procesos de formalización y regulaciones alterna-tivas. Para lo cual es urgente un censo de la población potencialmente be-neficiaria de los procesos de formalización. Asimismo, se sugieren medidas transicionales para medianos en el proceso de formalización. Incluso en ca-sos donde no se encuentren motivos suficientes para formalizar la actividad de algunos medianos, la maquinaria podría cumplir una función social, por ejemplo, en la construcción de vías.

Algunas alternativas para la formalización de campesinos barequeros y pe-queños puede ser el otorgamiento de permisos o títulos comunitarios, colec-tivos o en asociación, en lugar de títulos individuales. Esto facilitaría también al estado la función de regulación socioambiental.

La financiación de estos procesos de formalización, el diseño e implementa-ción de regulaciones alternativas, puede darse a través de una reforma tri-butaria. La reforma eliminaría los beneficios tributarios y las deducciones de regalías para los grandes, y crearía un impuesto adicional a la remesa de utilidades. En el contexto del contrato de estabilidad con Mineros S.A. (ante-riormente Mineros de Antioquia), y las cláusulas de estabilidad en los trata-dos de libre comercio, es importante estudiar márgenes de acción en materia tributaria, como puede ser el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Adicionalmente, la financiación puede provenir de compensaciones mone-tarias por pasivos ambientales y la deuda ecológica, previa identificación de responsables. Nuevamente, la academia y la investigación tienen una función social que cumplir al respecto. Otras instituciones que pueden contribuir a financiar los procesos de formalización y reglamentación alternativa son: las Agencias de Cooperación Internacional, la Empresa Privada, el Fondo Nacio-nal Ambiental, el Plan Nacional de Consolidación, y recursos del presupuesto nacional direccionados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Vivienda.

Dentro del reordenamiento minero nacional, se sugiere la creación de una suprainstitución estatal que de manera intersectorial e interinstitucional se encargue del proceso de formalización, y del estudio de títulos y solicitudes existentes. Esta suprainstitución requiere de una mirada transversal que su-pera las competencias del Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es urgente poner a dialogar las miradas de otras entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Pro-curaduría, la Contraloría, la Corte Constitucional, los diferentes niveles de gobierno, y las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros. En materia ambiental, la política debe ser transversal a todos los sectores. No hay razones para justificar un trato diferencial a la minería.


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De la articulación de iniciativas existentes y propuestas endógenas, surgen los siguientes lineamientos para el reordenamiento minero del país, los pro-cesos de formalización, regulación alternativa, y otras opciones productivas para quienes se dedican a la minería en sus diferentes escalas. Se propone el encadenamiento productivo mediado por el estado a través de alianzas pú-blico-privadas. Por un lado, los proyectos alrededor de la soberanía alimen-taria y de agua son prioritarios. Las mujeres son quienes han manifestado mayor interés al respecto. La minería planificada, de acuerdo con estudios de usos vocacionales del suelo, continúa siendo una opción productiva. Es una cuestión abierta al debate, si se debería prohibir la gran y mediana mi-nería en las riberas de los ríos, por sus impactos en términos de sedimenta-ción y contaminación. Con el apoyo del SENA y la Universidad de Antioquia se debe avanzar en el desarrollo y reproducción de tecnologías que permitan la reutilización de aguas y la eliminación del uso de mercurio en el proceso de extracción (1) . Asimismo, se debe avanzar en estrategias público-privadas para la transferencia tecnológica.

Una de las propuestas endógenas es la creación de un comité local comu-nitario para el seguimiento, veeduría, y fiscalización de la actividad minera en sus diferentes escalas. Igualmente, se proponen alianzas regionales de conservación para la protección de humedales, cuerpos de agua, y la recupe-ración de fauna y flora, con el acompañamiento de CORANTIOQUIA. Una de las iniciativas existentes es la de Mesas Ambientales de dicha institución.

(1) La Hacienda Río Rayo recientemente incorporó una tecnología de tornel y mesas hidráulicas que reutiliza el agua y elimina el uso de mercurio. La maquinaria viene de Nueva Zelanda, e incluyendo los costos de importación, su valor alcanza los 600 millones de pesos. El propietario de la Hacienda se muestra dispuesto a fabricar la maquinaria en Colombia para poder reducir costos. Al respecto, es necesario explorar posibilidades para viabilizar éste proyecto en el régimen internacional de propiedad intelectual.

Respecto a la salud de las personas del Bajo Cauca, es importante apoyar la iniciativa de Clínica de Mercurio para diagnosticar, tratar, y sensibilizar a la población del Bajo Cauca sobre la contaminación por este metal. En el momento, el Jardín Hidrobotánico Jorge Ignacio Hernández Camacho de Caucasia, en alianza con la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Castilla la Mancha, y la Fundación Almadén de España, están liderando el proceso. Sin embargo, estas instituciones requieren de mayor apoyo en tér-minos de financiación.

Frente a las problemáticas de explotación infantil y prostitución, las mujeres reivindican su liderazgo en la formación de valores en las familias: “levan-tarnos a recuperar nuestros hijos, muchos se han ido por la ambición de dinero”. Asimismo, abogan por la recreación sana en los campamentos, y señalan que parte de la renta minera se debería utilizar en programas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del Bajo Cauca.


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Este NEPAISH retoma la iniciativa de la Hacienda Río Rayo en Tarazá para encadenar la recuperación de suelos degradados por la minería, la planifica-ción de las actividades mineras teniendo en cuenta los usos vocacionales de los suelos, tecnologías que permiten la reutilización de agua y la eliminación del mercurio en actividades mineras, desarrollos apícolas, caucheros, agroin-dustriales, y la construcción de vivienda prioritaria para atender el déficit de vivienda en la región. A este NEPAISH está asociado el perfil de proyecto de encadenamiento minero, forestal, agroindustrial, y vivienda.

3. Estrategias Subregionales frente a los Cultivos Ilícitos. Capacitación a Sangradores de Caucho.

En los diferentes encuentros preparatorios a la elaboración de la propuesta, se evidenció que independientemente de las controversias académicas so-bre los impactos socioambientales de las fumigaciones, el rechazo entre la población es generalizado. De acuerdo con Inkster y Comolli (2012), existe un contexto internacional favorable para introducir cambios en el régimen prohibicionista debido a la presión ejercida por diferentes gobiernos Lati-noamericanos.

Hasta el momento el enfoque prohibicionista ha generado una serie de con-secuencias no intencionales como: mafias organizadas, marginalización de consumidores, el desplazamiento geográfico de la oferta y rutas de comercia-lización, y la sustitución e introducción de nuevas sustancias. La producción, el tráfico, y el consumo de drogas responden a dinámicas internacionales que


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no se pueden entender y tratar de manera fragmentada. Dos propuestas cla-ras de política son la descriminalización y la legalización. La descriminaliza-ción consiste en la eliminación de sanciones a la posesión de pequeñas dosis para uso personal en el código penal (Inkster y Comolli 2012). Para el caso de Colombia, esta política debe estar acompañada por un proceso de descri-minalización e incidencia en países principalmente consumidores como es el caso de Estados Unidos.

Jornada Temática sobre Usos Agrícolas, Tarazá, 4 de mayo de 2013

La legalización por su parte consiste en la eliminación de la prohibición a la producción, oferta, posesión, y uso de drogas, e implica la construcción de una legislación y regulación alternativas. Un referente histórico de este tipo es la legalización del tabaco y el alcohol, y su regulación alternativa a través de impuestos, restricciones para el consumo en ciertos espacios, restriccio-nes al financiamiento y publicidad, advertencias en los empaques, y progra-mas de sensibilización sobre los impactos negativos del uso del tabaco para la salud (Ibíd.).

Las reformas que aquí se plantean implican costos en el diseño e implemen-tación de una legislación y regulación alternativa, y tampoco garantizan la eliminación de mafias que intercalan actividades lícitas e ilícitas. Estas re-formas tampoco garantizan la desmovilización de grupos armados que usan el narcotráfico como medio de financiación, pero que tienen fines políticos


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(Inkster y Comolli 2012, 115 - 117). Sin embargo, la desestigmación de la coca, la descriminalización del uso personal, la legalización de la producción, y la presión e incidencia en reformas internacionales al régimen prohibicionista sobre todo en países consumidores como Estados Unidos, puede contribuir a reducir el estrés y la presión sobre los habitantes del Bajo Cauca. Asimis-mo, estos cambios pueden incidir positivamente en la imagen estatal en el territorio, en las dinámicas del conflicto armado, y en el fortalecimiento y acompañamiento de diversas formas asociativas desde las bases. La desestig-matización de la hoja de coca y la legalización de la producción permitirían otras posibilidades productivas. PNUD (2011) sugiere por ejemplo usos alter-nativos de la hoja de coca para fines medicinales, alimenticios, y comerciales.

En los últimos veinte años, en el marco de la extinción de los cultivos ilícitos, el INCORA (ahora INCODER) y diversas agencias de cooperación introduje-ron y propiciaron el cultivo del caucho y cacao en predios con problemas de legalización. El acompañamiento y seguimiento a estos programas ha sido insuficiente. Ahora cuando se puede realizar un aprovechamiento de los cul-tivos, no hay suficiente personal capacitado para hacerlo.

Es necesario el encadenamiento y la capacitación de los productores para atender a las exigencias de calidad y estandarización para poder comerciali-zar en las mejores condiciones productos que ya están listos para su aprove-chamiento. A este NEPAISH está asociado el perfil de proyecto de capacita-ción de sangradores de caucho y técnicos.


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Núcleos EstratégicosComplementarios deArticulación Institucional,Social, y Humana (NEPAISH)1. Territorios Negros, Indígenas, Campesinos, y AnfibiosEste NECAISH busca fortalecer los procesos existentes desde una perspectiva intercultural y solidaria, que también permita una consideración especial del estado frente a la población campesina mestiza.

Territorios Negros

Una cartografía social detalla-da es necesaria para el fortale-cimiento de los procesos de co-munidades negras existentes, desde una visión subregional y no únicamente municipal. Asi-mismo, se requieren directri-ces claras y coordinadas entre el Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de De-sarrollo Rural (INCODER), en lo que respecta a los requisitos para la conformación de Con-sejos Comunitarios y la solici-tud de títulos colectivos.

Un vacío en la legislación tiene que ver con las consideraciones especiales hacia individuos y colectivos negros asentados en zonas menos rurales.

De la experiencia en campo, dos mensajes son claros. Primero, las tierras ti-tuladas deben tener acceso a cuerpos de agua y ser aptas para garantizar la soberanía alimentaria y dar viabilidad a diferentes iniciativas productivas. La ubicación de la tierra, las vías de acceso, los costos de transporte, y la distan-cia a los centros menos rurales son determinantes para las posibilidades de comercialización de los productos. Adicionalmente, la titulación debe consi-derar la proyección de crecimiento de las comunidades.


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Segundo, la Consulta Previa antes que regulación requiere de una mayor dis-posición del Estado para entender la diferencia y su deuda histórica con las minorías étnicas. Se requiere fortalecimiento de las comunidades negras en el Bajo Cauca en sus diferentes formas asociativas y comunitarias para cua-lificar su participación en los procesos de consulta. Al respecto, las diversas comunidades negras consideran prioritaria la etnoeducación para el auto-reconocimiento y apropiación de derechos y deberes en el marco de la Ley 70 de 1993. De acuerdo con las personas participantes en la elaboración de la propuesta, el fortalecimiento de las organizaciones debe pasar por la capa-citación y acompañamiento al diseño, evaluación, autogestión, ejecución, y veeduría de visiones y proyectos propios.

La Gerencia de Negritudes a través de un Consejo Comunitario Supramuni-cipal podría fortalecer los espacios de encuentro intermunicipales, indepen-dientemente de los agentes externos de turno. La Asociación de Negritudes de Zaragoza (ANEZA) tiene una propuesta de trabajo que puede servir de apoyo al encadenamiento de procesos de comunidades negras desde una vi-sión subregional. ANEZA está trabajando en el autoreconocimiento étnico a partir de semilleros de niños y niñas, de la música, la danza, la gastronomía afrocolombiana, y de programas de equidad sexual y de género.

Un reto tanto para la institucionalidad como para los diferentes procesos de negritudes es el fortalecimiento de las diversas organizaciones asociativas y comunitarias a nivel de las veredas. En ese sentido, una estrategia de comu-nicaciones como la propuesta por el Colectivo de Comunicaciones por el De-recho a la Tierra del Bagre, puede ayudar a fortalecer la participación en las veredas, de cara a los procesos organizativos y de consulta.

Otro tema de gran interés es el de proyectos hidroeléctricos. Los territorios negros se encuentran principalmente ubicados en las riberas de los ríos y hu-medales asociados, por tanto, tanto el hábitat como la economía de los te-rritorios negros se ven gravemente afectados por estos proyectos en la zona, es el caso de los proyectos Mayaba y Pescadero-Ituango. Las comunidades explican que la operación de hidroeléctricas afecta la posibilidad de predecir las temporadas secas y más húmedas, lo que incide en las actividades de bare-queo en los ríos. Los proyectos hidroeléctricos han ocasionado un incremento en la militarización de la zona, lo que también afecta la criminalización de quienes practican actividades mineras informales. Asimismo, los territorios negros son más vulnerables a inundaciones y efectos del cambio climático.

El grave impacto de hidroeléctricas en los territorios negros aguas abajo, amerita un proceso de consulta libre, informado, y previo al desarrollo de dichos proyectos. Incluso se debería avanzar del derecho a la consulta al de-recho al consentimiento libre, previo e informado, teniendo en cuenta que el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia a través de la Ley 21 de 1991, se impone sobre el marco jurídico nacional.


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Territorios IndígenasLa prioridad para las comunidades indígenas en el Bajo Cauca es el recono-cimiento estatal y la titulación de tierras. Según explican las personas parti-cipantes en la elaboración de la propuesta, el principal inconveniente en la interacción entre indígenas, la Gerencia Indígena, el Ministerio del Interior, y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INCODER) es el “indiómetro” de funcionarios públicos promedio, “quienes creen saber más sobre ser indígena que los mismos indígenas”.

En la actualidad, algunos de los requisitos para el reconocimiento estatal de las comunidades indígenas pasan por alto los contextos territoriales y las po-sibilidades efectivas de las comunidades para cumplir con dichos requisitos. En esa medida, se requiere de un proceso de educación y sensibilización a funcionarios públicos, para interactuar con diversas personas indígenas de manera respetuosa y dignificante. Estos programas podrían estar acompa-ñados por la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Igualmente, la Gerencia Indígena necesita fortalecerse para servir de inter-mediario eficaz entre las diversas comunidades, el Ministerio del Interior y el INCODER. La titulación colectiva para resguardos indígenas debe cumplir similares condiciones a las mencionadas para los territorios negros. Las co-munidades indígenas exigen que el INCODER acelere los procesos en los que individuos indígenas y la OIA han cedido títulos para titulación colectiva.

Además del reconocimiento estatal, las personas indígenas participantes en la elaboración de la propuesta priorizan el Sistema Educativo Indígena Pro-pio y el Proceso de Educación Comunitario, y el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural. El Sistema Educativo Indígena Propio y el Proceso de


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Educación Comunitario se organiza en las siguientes líneas de trabajo com-plementarias e interconectadas: primero, Gobierno y administración (al in-terior de la comunidad); segundo, cultura y educación articulada a la línea de territorio y medio ambiente; tercero, salud propia y medicina tradicional; cuarto, género(2), generación y familia; y quinto, transcripción del derecho oral tradicional y derechos humanos(3).

(2). Plantas medicinales, médicos tradicionales, parteras, sobanderos, y santiguadores

(3). Esta temática es reciente y surge ante la necesidad de responder al estado y a organizaciones no guberna-mentales por acusaciones sobre violaciones de derechos humanos en las medidas sancionatorias en el derecho indígena.

El énfasis en cobertura del plan de desarrollo “Antioquia la más adecuada”, no es diferencial ni corresponde a la intencionalidad de la educación indígena propia recogida en el Decreto 2500 de 2010.

Es necesario que los diferentes niveles de gobierno, la Gerencia Indígena, el Ministerio del Interior, el INCODER, el SENA, la Universidad de Antioquia, entre otros, contribuyan a agilizar y a acompañar los planes de salvaguardia de las diversas comunidades indígenas como rutas de intervención y acción. Se reconocen potencialidades en el uso de medios audiovisuales por comu-nidades indígenas, para apoyar la transmisión oral de la cultura y el conoci-miento, también con fines educativos y de sensibilización para individuos y colectivos no indígenas (4) (incluyendo a funcionarios públicos). Igualmente, se propone apoyar iniciativas de intercambio de saberes entre las comunida-des indígenas Senú del Bajo Cauca y la comunidad de Uría, donde se conserva la lengua.


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Territorios Campesinos y AnfibiosEs fundamental dar visibilidad a casos concretos en los cuales la población campesina es aliada estratégica para fines de conservación. Un caso puntual es el de ASOGRECAN en el Bagre y su trabajo voluntario de censos y bancos de semillas nativas en el área de la Reserva Forestal del Magdalena Medio.

(4). Algunas personas indígenas ya han adelantado en este proceso en el marco del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra del Bagre. Esta iniciativa se puede beneficiar de proyectos similares al del Colectivo y de la plataforma ParqueSoft.

(5) Manuel Tovar del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra del Bagre (6) No obstante, algunas personas campesinas no se sienten cómodas con figuras comunitarias.

En el marco jurídico vigente, es posible blindar socialmente los territorios campesinos (5) desde la protección de los territorios étnicos. En esa medida es importante fortalecer los lazos de solidaridad entre estos territorios y sus habitantes. Adicionalmente, existen muchas expectativas entre la población campesina alrededor de la figura de las reservas campesinas (6) en el marco de la Ley 160 de 1994 que permite la creación de zonas de reserva campesina en áreas de amortiguación de reservas naturales y forestales. Las actividades productivas en estas zonas son sin embargo sujetas a la zonificación de las áreas en conservación.

Las Zonas de Reserva Campesina pueden constituirse en Centros de Desa-rrollo Humano Integral manejadas bajo un criterio sustentable y sostenible. Algunas fuentes de ingreso posibles en estos centros son:


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1. Explotación de los árboles maduros mediante el sistema de entresaca, el cual no deteriora y conserva el bosque juvenil; 2. Industrialización primaria y secundaria de sus maderas; 3. Créditos de carbono; 4. Establecimiento de unidades productivas familiares agroecológicas, encadenamiento piscícola, zoo cría, y ecoturismo; 5. Establecimiento de programas y proyectos de in-vestigación; establecimiento de programas y proyectos de pasantías univer-sitarias.

La adhesión del estado colombiano a la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Campesinos, es importante para reducir las condicio-nes de vulnerabilidad de esta población en el modelo de desarrollo vigente. La declaración convierte a la población campesina en sujeto de derechos y da viabilidad a sus formas de vida y permanencia en el territorio. Adicionalmen-te, la declaración extiende el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo, e informado a esta población. Esto es importante en el Bajo Cauca donde se planean múltiples y diversos megaproyectos, y donde hay una op-ción preferencial por iniciativas agroempresariales desde el estado.

En el contexto de los diálogos de paz en la Habana también se está discutien-do la posibilidad de crear una nueva figura para el ordenamiento de territo-rios donde coexisten población negra, indígena, y/o campesina. Esta figura es nombrada como “territorios interculturales”. Aunque todavía están en dis-cusión, estos son una alternativa interesante a considerar para el Bajo Cauca Antioqueño, teniendo en cuenta su diversidad cultural y coexistencia en el territorio.

Por su parte, los territorios anfibios se corresponden con los humedales. Es-pecialmente en el contexto del cambio climático, estos ecosistemas son estra-tégicos por sus funciones en la regulación hídrica, control de inundaciones, protección frente a tormentas, recarga y descarga de acuíferos, control de erosión, y retención de sedimentos y nutrientes. En un esfuerzo intencional por erradicar la pobreza, y como respuesta a la importancia socioambien-tal fundamental de los humedales, urge priorizar el deslinde de humedales, como condición para un aprovechamiento socialmente equitativo, y ecológi-camente sustentable de estos ecosistemas.

La restauración y conservación de humedales es un componente central en las medidas de mitigación al cambio climático. Además de fortalecer inicia-tivas de educación y valoración ambiental, se requiere dar visibilidad a otra serie de actividades productivas, como son: el ecoturismo, la piscicultura, y la zoocría. Igualmente importante es retomar una arquitectura palafítica, apro-piada a los ciclos de inundaciones en la subregión. Adicionalmente, la crea-ción y organización de ecoaldeas anfibias puede ser atractiva para usos no agropecuarios del territorio, como son el ecoturismo y educación ambiental.


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2. Mujeres Rurales- Semilla, Vida, y Territorio del Bajo Cauca

La Ley 731 de 2002 establece medidas de discriminación positiva con rela-ción a la asignación de créditos, afiliación al régimen de seguridad social, ac-ceso a la educación y capacitación, la participación en los órganos de decisión, y en las normas relacionadas con la reforma agraria. En el marco de esta ley, la creación y ampliación de indicadores sobre la situación de las mujeres ru-rales, se debe priorizar en los diferentes niveles de gobierno. Asimismo, la Re-gistraduría Nacional del Estado Civil debe avanzar en jornadas de cedulación de mujeres rurales, principalmente en las veredas.

Finalmente, la Consejería para la Equidad de la Mujer en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, debe idear estrategias para la divulgación en el Bajo Cauca de leyes que favorecen a la mujer rural.

Todas las instituciones anteriormente mencionadas deben avanzar en el di-seño de mecanismos para el fortalecimiento y seguimiento de las anteriores medidas.


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Además de la Ley 581 de 2000 (ley de cuotas) y la Ley 731 de 2002, la Ley 1258 de 2008 y el CONPES Social 161 de 2013, ofrecen posibilidades adi-cionales para la protección de los derechos de las mujeres rurales, y dictan medidas para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.

El artículo 2 de la Ley 1258 de 2008 define la violencia contra la mujer como:“cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la acción o privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los planes de acción de las conferencias de Viena, Cairo, y Beijing, por violencia econó-mica se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”.

Jornada Temática sobre Mujeres. Tarazá, 25 de abril de 2013


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En casos de violencia contra las mujeres en comunidades indígenas, el artí-culo 16 establece que la autoridad competente es la autoridad indígena, en desarrollo del artículo 246 de la Constitución Política de 1991. Por lo demás, las entidades responsables de dar cumplimiento a esta ley son la Fiscalía Ge-neral de la Nación, la Consejería para la Equidad de la Mujer en los diferentes niveles de gobierno, la Procuraduría Nacional, y la Defensoría del Pueblo. Adelantos recientes en la reglamentación de la Ley 1257 de 2008, también garantizan exenciones tributarias para empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia.

Las mujeres rurales que acompañaron el proceso de elaboración de ésta pro-puesta, su revisión y retroalimentación proponen la creación y fortalecimiento de la Organización de Mujeres Rurales, “Mujer Semilla, Vida y Territorio del Bajo Cauca.” La organización estará integrada por mujeres negras, indígenas, campesinas, y anfibias de la subregión, sin desconocer sus particularidades. El propósito es fortalecer solidaridades y un sentido de pertenencia, y empo-deramiento para la reconstrucción del tejido social. Las mujeres rurales del Bajo Cauca buscan congregarse para liderar y apoyar el encadenamiento de proyectos de autonomía y soberanía alimentaria, construcción de viviendas dignas, reforestación y piscicultura, políticos y sociales. Estas mujeres quie-ren fortalecerse desde ellas mismas para superar miedos, críticas, envidias y vergüenzas que obstaculiza el trabajo organizativo y comunitario. Asimismo, se comprometen con la denuncia de todas las formas de violencia patriarcal, machista, y capitalistas excluyentes.

Para el fortalecimiento de la Organización Mujer Semilla, Vida y Territorio del Bajo Cauca, las mismas mujeres proponen una Escuela de Formación para Mujeres Rurales que integre los siguientes componentes: 1. El alma de la mu-jer, 2. La mujer y el rescate de la cultura, 3. Incidencia política, y 4. Autonomía económica. Al respecto existe un perfil de proyecto relacionado.


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3. Colectivo de Comunicaciones

Jornada Temática sobre Tejido Social, Cáceres, 27 de abril de 2013

Este NECAISH se inspira en el trabajo del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra del Bagre. Este Colectivo a través de una estrategia de comunicaciones por medios audiovisuales fortalece procesos educativos para “orientar la vida en el territorio”, y procesos de reparación individual y colectiva. Esta iniciativa se puede replicar en el territorio y fortalecer otros colectivos de comunicaciones para la construcción de una visión colectiva de desarrollo humano integral que trasciende las fronteras municipales.

La propuesta del Colectivo de Comunicaciones por el Derecho a la Tierra tie-ne por misión la formación de una “ciudadanía territorial y localizada” a tra-vés de una estrategia de comunicaciones con fines de movilización. La apues-ta política del Colectivo se centra en: el reconocimiento estatal del derecho a la tierra, proyectos propios para la formación de una “ciudadanía territorial” organizada, y una educación para orientar la vida en el territorio desde lo rural, lo tradicional, la diversidad cultural, y el arraigo.

El Colectivo de Comunicaciones del Bajo Cauca es estratégico para el forta-lecimiento organizativo, el blindaje social de los territorios ante un posible recrudecimiento de la violencia en un escenario post-Habana, la construcción de una visión de Desarrollo Humano Integral con Enfoque Territorial para el Bajo Cauca, y para orientar la producción de conocimiento y diseño de políti-cas sobre, para, y con los(as) habitantes de la subregión.


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4. ParqueSoft Caucasia

El cuarto NECAISH retoma el conocimiento y experiencia del Parque de Soft-ware y Tecnología, ParqueSoft Cali, para proponer un ParqueSoft Caucasia que sirva de base para una Red de Conocimiento, Ciencia, y Tecnología Digi-tal que facilite nuevas oportunidades para acceder a la información y cono-cimiento a las personas habitantes del Bajo Cauca (en especial a la población joven en edad y espíritu).

Jornada Temática sobre Jóvenes.Caucasia, 7 de mayo de 2013

ParqueSoft Bajo Cauca puede: 1. Facilitar el acceso a oportunidades de edu-cación (7), 2. Apoyar estrategias de comunicaciones comunitarias, 3. Facilitar el acceso a la información pertinente previa a los procesos de consulta, 4. Fa-cilitar la transferencia tecnológica y de conocimientos, así como estudios de mercados, 5. Agilizar trámites con instituciones públicas que actualmente re-quieren el costoso desplazamiento en tiempo y dinero de las veredas a las ca-beceras municipales y/o Caucasia, y 6. Facilitar la producción de conocimiento y diseño de políticas sobre y para el Bajo Cauca.


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(7) En especial, para la población joven en busca de oportunidades educativas, la educación virtual amplía el aba-nico de posibilidades tanto para quienes no cuentan con recursos suficientes para estudiar lo que desean en Cau-casia o Medellín, como para quienes quieren continuar viviendo en su municipio o vereda y se ven obligadas(os) a desplazarse por la falta de opciones educativas donde viven. Las mayores opciones de educación pueden motivar también a población joven que no tiene ningún interés en permanecer en el territorio. Uno de los retos consiste en ofrecer una plataforma virtual que responda también a los deseos e intenciones de una educación con enfoque diferencial para las comunidades negras e indígenas, y campesinas, que quieren orientar su vida en el territorio.

Esta es una propuesta que tiene como antecedente la iniciativa de la Secreta-ría de Agricultura del Departamento, y la experiencia y disposición del funda-dor y gerente del ParqueSoft Cali, Orlando Rincón.

El proyecto de ParqueSoft Bajo Cauca requiere de un proceso a mediano y largo plazo que compromete la voluntad política del estado para hacerlo po-sible. En este proceso debe intervenir la Universidad de Antioquia, El SENA, todo el Sistema Educativo, los Gremios y Asociaciones de Productores, el Mi-nisterio de Comunicaciones, Educación, Agricultura y Desarrollo Rural, y el INCODER, de la mano de la explícita voluntad de la gobernación y su plan de desarrollo 2012 - 2015, “Antioquia la más educada”. Existe un perfil de proyecto relacionado.


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III. ¿Qué viene de aquí en adelante?

xiste un contexto favorable de ajuste institucional en preparación a un posible escenario Post-Habana. La propuesta ya se encuentra en el PNUD y el INCODER. Aunque la Fundación Jardín Hidrobotánico Jorge Ig-nacio Hernández Camacho no se puede comprometer con la financiación de ningún proyecto en particular, sí continúa comprometida para seguir fortaleciendo esta propuesta y los procesos relacionados desde sus diferen-tes actividades. Todas las personas participantes en la

elaboración de esta propuesta somos corresponsables en su fortalecimiento e impulso desde las mismas comunidades y nuestra vida cotidiana.

E¡VIDA!: NADA ES POSIBLE SIN LAS

PLANTAS: AIRE, SUELO, AGUA: VIDA!AGUA: ESENCIAL


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Bajo Cauca - · PDF fileCaucasia, Antioquia Noviembre 2013. Agradecimientos A todas las...

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