Policy Briefing Boletín informativo sobre América Latina N°24 Bogotá/Bruselas, 16 de junio de 2011

Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia

I. PERSPECTIVA GENERAL

En septiembre de 2011, los guatemaltecos irán a las urnas para elegir presidente, Congreso y funcionarios públicos locales. Lo más probable es que el voto en sí sea razona-blemente libre pero la violencia y la falta de una clara regu-lación sobre la financiación de campañas hacen peligrar las instituciones políticas del país. El deterioro de la segu-ridad, la brutalidad de los narcotraficantes y la polariza-ción de la política dejan a los candidatos en situación de mayor vulnerabilidad ante cualquier ataque. Mientras tanto, una campaña exorbitantemente cara amenaza con compro-meter a los políticos con poderosos intereses financieros, incluyendo el crimen organizado, aumentando la corrup-ción y ampliando la brecha entre los ciudadanos y sus re-presentantes políticos. Los organismos de seguridad del Estado deben redoblar esfuerzos para evitar episodios de violencia, sobre todo en los municipios de más alta peli-grosidad. Políticos y partidos deben revelar claramente quiénes los financian y la Fiscalía, las autoridades electora-les y los donantes deben presionarlos para que así lo hagan.

La contienda presidencial probablemente enfrentará a Otto Pérez Molina, ex director de inteligencia militar, y a Sandra Torres, ex esposa del actual Presidente Álvaro Colom (recientemente divorciados). Sin embargo, ciertas complicaciones legales podrían obstaculizar las intencio-nes de Torres y poner al partido oficial en apuros para conseguir un reemplazo. La violencia preelectoral ya ha cobrado las vidas de candidatos, de sus familias, de acti-vistas de sus partidos y del personal electoral, la mayor parte de ellas a manos de asesinos no identificados. Mien-tras los carteles de la droga combaten por las rutas de tránsito, en esas zonas la competencia por los cargos de gobierno local, cuya convivencia facilita el tráfico de es-tupefacientes, puede ser particularmente feroz. Insultos y duros pronunciamientos de los dos partidos principales han marcado el tono en una campaña particularmente agre-siva. Con la polarización de ambos bandos, tanto en la capital como en algunos municipios, se cierne el espectro de unos resultados polémicos. Aunque un ejercicio de re-gistro defectuoso probablemente tendrá poco impacto en la calidad de las elecciones, podría dar a los perdedores un pretexto para impugnar los.

La deficiente aplicación de las reglas sobre financiación de campañas electorales representa una amenaza más su-

til que la violencia, pero igualmente peligrosa para la vida política. Las reformas han exigido a los partidos limitar los gastos de las campañas y revelar el origen de sus fon-dos, pero los políticos hacen caso omiso, impunemente, de esa nueva reglamentación. Las campañas electorales recientes se cuentan entre las más costosas, en términos per cápita, del continente, y todo parece indicar que en 2011 el gasto batirá los récords anteriores distorsionando el terreno de juego y – lo que es peor – dejando a los polí-ticos a la sombra de intereses empresariales y criminales, muchos de los cuales desean continuar con un estado débil y anárquico. Los partidos políticos no ofrecen pro-tección alguna. Fragmentados, caóticos, poco representa-tivos y carentes de bases ideológicas, estos partidos, fuera de populismo y clientelismo, poco ofrecen para relacionar al estado con la sociedad. Los aportes sin controles a las campañas contribuyen al mantenimiento de un sistema corrupto y excluyente del cual poco puede ocultar, y mu-cho menos reformar, una votación razonablemente libre cada pocos años.

Además de las recomendaciones contenidas a lo largo del informe, las siguientes son las prioridades antes de las elecciones en septiembre:

los políticos y los medios de comunicación deben mo-derar el tono incendiario de su retórica de campaña, y los candidatos en vez de ello, deben articular sus pro-yectos y explicar cómo planean derrotar la violencia endémica, la impunidad y la desigualdad;

la autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y los organismos de seguridad deben identifi-car los municipios expuestos a la violencia y reforzar las medidas de seguridad en esas zonas; las delega-ciones locales del TSE deben promover pactos en los cuales los candidatos a alcaldes se comprometan a evi-tar la violencia, respetar las reglas y valerse únicamen-te de medios legales y pacíficos si van a cuestionar los resultados; y los funcionarios electorales de cada mu-nicipio con mayores probabilidades de obtener resul-tados controversiales deben ofrecer más oportunidades para solucionar esas disputas;

el TSE debe definir cómo podrán votar aquellos ciu-dadanos a quienes se expidieron nuevos Documentos Personales de Identificación (DPI) defectuosos y su-ministrar desgloses del número de votantes de cada municipio junto con los datos de 2007. Así podrá disi-

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par temores sobre cifras exageradas que puedan facili-tar fraudes;

el TSE debe divulgar, de preferencia semanalmente, sus estimaciones del gasto de las campañas y otras de-pendencias gubernamentales cooperen en esta tarea para ayudar a revelar las finanzas de cada partido; la Fiscalía debe explorar nuevas reglamentaciones del código penal que obliguen a los partidos principales a revelar quién ha financiado sus campañas y enjuicie a aquellos que no lo hagan;

los actores internacionales, específicamente los gran-des países donantes, deben presionar para que los líderes políticos revelen quién o quienes los apoyan económi-camente, moderen el lenguaje en campaña, planteen públicamente sus políticas, y acepten los resultados y las reformas postelectorales; y

la Organización de Estados Americanos (OEA) debe fortalecer su planeada misión de observación, toda vez que la Unión Europea (UE) no enviará ninguna; los EE.UU. y la UE deben complementar la misión de la OEA financiando la asistencia de más observadores internacionales y apoyando los enormes esfuerzos de los observadores locales.

Pasadas las elecciones, la nueva legislatura tendrá que reformar la Ley sobre Elecciones y Partidos Políticos, agregándole salvaguardias que garanticen una vigilancia más estrecha del uso de dineros en política. La agenda le-gislativa ya está copada. De hecho, son prioridades la re-forma fiscal y leyes que rigen el nombramiento del Fiscal General, así como la inmunidad y amparo de funcionarios públicos, pero es de crucial importancia reforzar las re-glas de financiación política. Gran parte de la descompo-sición de la política guatemalteca se genera en la falta de control sobre las campañas electorales, y el año siguiente al de elecciones, antes de que los intereses por un nuevo proceso electoral empiecen a consumir la agenda de los políticos, es el mejor momento para llenar esos vacíos.

II. PRIVATIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y RIESGO DE VIOLENCIA

A. DEMOCRACIA POCO REPRESENTATIVA

El 11 de septiembre los guatemaltecos elegirán presiden-te, legisladores y mandatarios locales.1 Estas serán las 1 Las elecciones tienen lugar el 11 de septiembre de 2011. La presidencia guatemalteca se decide con un sistema de dos vuel-tas. Para evitar una segunda votación contra su competidor más cercano, el candidato ganador debe obtener más del 50 por ciento de los votos. La segunda votación, si se requiere – después del conflicto todas las elecciones en Guatemala se han ido a una

cuartas elecciones desde que los acuerdos de paz de 1996 pusieron término formalmente a la guerra civil de 36 años. Sin embargo, los quince años que han pasado desde esos acuerdos han estado predominantemente marcados por el fracaso en la implementación de sus disposiciones.2 La recaudación de impuestos sigue siendo la más baja del continente americano.3 La desigualdad se cuenta entre las peores del mundo. La desnutrición acecha por igual en las tierras altas indígenas y en los cada vez más marginados tugurios urbanos. Se desconfía de la policía y las autori-dades judiciales, permeables y fácilmente compradas por las élites empresariales, los narcotraficantes y los grupos clandestinos vinculados a ex funcionarios militares y de inteligencia.4 En un país inundado de armas, la violencia se ha disparado vertiginosamente. La impunidad es gene-ralizada, tanto para los crímenes actuales – sólo una mínima fracción de los homicidios llega a ser enjuiciada – como los del pasado.5

Por consiguiente, la consolidación de la democracia elec-toral a través de elecciones competitivas periódicas – en 1999, 2003 y 2007 – a menudo se presenta como uno de

segunda vuelta – tendrá lugar el 6 de noviembre. Los 158 dipu-tados del Congreso se eligen por representación proporcional: 31 de listas nacionales y el resto de listas partidistas de los 22 departamentos y de la capital, cada uno de los cuales postula de dos a diecinueve diputados, según el número de pobladores. Los alcaldes de 333 municipios se eligen por mayoría simple o relativa, sin segunda vuelta. Los concejales de esos mismos municipios se eligen proporcionalmente pero de la misma lista que los alcaldes. Las elecciones para el Parlamento Centroame-ricano (Parlacen), también se realizarán el 11 de septiembre. 2 Vea antecedentes de historia reciente en los Informes de Crisis Group sobre América Latina N33, Guatemala: Asfixiada entre el crimen y la impunidad, 22 de junio de 2010; y N36, Cami-nar sin muletas: un balance de la Comisión Internacional con-tra la Impunidad de Guatemala, 31 de mayo de 2011. Aunque desde el término de la guerra ha habido algunos avances como el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento Históri-co, la subordinación formal de los militares al régimen civil y la creación del Procuraduría de Derechos Humanos, no se ha cumplido la mayoría de las promesas contenidas en dichosa-cuerdos. 3 Véase Informe de Crisis Group, Guatemala: Asfixiada entre el crimen y la impunidad, op. cit. 4 Ibid. Véase también Dinorah Azpuru, Cultura política de la democracia en Guatemala, 2010, Así Es, Latin American Pu-blic Opinion Project, Americas Barometer, Vanderbilt Univer-sity, diciembre de 2010. 5 Informe de Crisis Group, Guatemala: Asfixiada entre el cri-men y la impunidad, op. cit. En la guerra de 36 años murieron más de 200.000 personas, el 83 por ciento de ellas indígenas. Por lo menos 400 comunidades mayas fueron destruidas. Hasta ahora, no ha sido enjuiciado ni uno de los principales artífices de los atroces crímenes, muchos los cuales, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, respaldada por la ONU como parte de los acuerdos de paz, constituyeron actos de genocidio.

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los escasos resultados buenos de la postguerra. Los ob-servadores calificaron las recientes elecciones como dig-nas de crédito y libres de grandes fraudes. Los perdedores se retiraron tranquilamente. El TSE, en especial su rama operativa, es una de las instituciones guatemaltecas más respetadas.6 El nombramiento temporal de un respetable cuadro de funcionarios escrutadores, unido a los miles de observadores y representantes de los partidos, protege contra la manipulación descarada. La participación en Guatemala es menor que en sus países vecinos, pero no demasiado, y ha ido aumentando gradualmente.7 En 2007 puestos de votación adicionales ubicados en zonas rurales animaron a los políticos tradicionales a hacer un llama-miento a los tradicionalmente marginados votantes indíge-nas y campesinos.8 Por primera vez en la historia, la vota-ción fuera de la capital resultó decisiva para los ganadores.

Sin embargo, a pesar de estas provechosas mejoras, las repetidas elecciones aún no han producido instituciones políticas integrales o receptivas. Los partidos políticos son particularmente débiles y distantes.9 Más que repre- 6 Véase más adelante la Sección III. 7 El número de votantes en las elecciones de 1999 correspondió a cerca del 40 por ciento de los votantes registrados; en 2003 fue de un 54 por ciento; y en 2007 más del 60 por ciento (cifras todas de la primera vuelta de elecciones presidenciales, no de la segunda). Sin embargo, hay que evaluar con prudencia esas ci-fras si tomamos como base el registro de votantes. Aunque aho-ra es más preciso, en las primeras elecciones, especialmente las de 1999, el registro contenía los nombres de un gran número de ciudadanos que habían emigrado o se habían desplazado dentro del país. Véase Horacio Boneo y Edelberto Torres Rivas, “¿Por qué no votan los guatemaltecos?”, Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Programa para el Desarrollo e Instituto Internacional para la Democracia y Ayuda Electoral de la ONU, febrero de 2001; y “Datos del número de votantes en Guatemala”, Institu-to Internacional para la Democracia y Ayuda Electoral, 8 de noviembre de 2010. También la entrevista de Crisis Group, To-rres Rivas, asesor académico del Informe de Desarrollo Huma-no del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ciudad de Guatemala, 12 de abril de 2011. 8 Véase la Sección III, más adelante. 9 Algunos analistas sitúan las raíces de la debilidad de los parti-dos políticos en el contexto poco propicio para la democratiza-ción de mediados de la década de los 80. En 1985, las élites mi-litares y empresariales restauraron el régimen civil más que en respuesta a la presión popular de las masas, para proteger sus propios intereses y limpiar su reputación a nivel internacional. Durante la guerra civil, gobiernos acomodaticios – civiles de nombre pero manejados de cerca por los militares – se rotaron el poder incluso mientras las fuerzas de seguridad adelantaban una brutal campaña contra la insurgencia. Se realizaron tres elecciones en tiempo de guerra junto a masivas violaciones de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de reunión y a la represión de todos los activistas y organizaciones sociales que podían amenazar los intereses de las élites. Por otra parte, de la guerra no surgieron partidos fuertes. La cúpula del movi-miento guerrillero fue diezmada, desacreditada o simplemente

sentar y agrupar intereses, actúan como vehículos electo-rales personalizados, sin bases sociales sólidas o electores potenciales estables. Ninguno de los grandes partidos ha articulado todavía, y mucho menos se propone abordar, las quejas de los indígenas mayas, quienes conforman más de la mitad de la población. Aunque el número de votantes mayas ha aumentado, aún siguen marginados, especialmente en cuanto a la política nacional. El Presi-dente Álvaro Colom ganó las elecciones con los votos indígenas y se comprometió a gobernar con “rostro ma-ya”, pero nombró sólo un ministro indígena.10 De los 158 diputados del Congreso, solo diecisiete son mayas. La sub-representación de las mujeres también es crónica, en el Congreso sólo hay diecinueve mujeres y en el gabinete no hay ni una.11

La volatilidad electoral – la medida en que los votantes cambian de filiación política en cada elección – es una de las más altas de toda América, como consecuencia preci-samente de la ausencia de raíces sociales en los partidos. Por otra parte, la duración de los partidos es increíblemente corta. Pocos resisten mucho más allá de las aspiraciones presidenciales de sus creadores. Aquellos que dominaron la política en tiempos de guerra ahora son obsoletos. Ape-nas quedan rastros de los que sobresalieron en las prime-ras elecciones de postguerra en 1999.12 Ningún partido en

no tuvo la capacidad para liderar un partido democrático, así que el partido de la guerrilla, la Unidad Revolucionaria Nacio-nal Guatemalteca (URNG), nunca se convirtió en una fuerza política importante. Las élites, por su parte, tampoco conforma-ron un partido estable que representara sus intereses, prefirien-do en cambio, como los militares, mover los hilos de sus in-fluencias tras bambalinas. El contraste con El Salvador, que ahora cuenta con un sistema bipartidista bastante estable, resul-ta impactante. Para un análisis del sistema partidista, véase Omar Sánchez, “Universo de los partidos en Guatemala: Un estudio de la subinstitucionalización”, Política y sociedad en América Latina, vol 50, no. 1, primavera de 2008. 10 Jerónimo Lancerio fue ministro de Deporte y Cultura entre 2008 y 2010. Ahora se ha postulado como candidato a diputado y es el quinto en la lista del partido en el departamento de Quiché. En la política local, los indígenas ya están mejor repre-sentados: cerca de un tercio de los alcaldes son mayas. 11 Véase Ministerios en Guatemala, www.guatemala.gob.gt/ entidades2.php, y “Guatemala, Congreso de la República”, Unión Inter Parlamentaria, www.ipu.org/parline-e/reports/2129_E.htm. 12 El gobierno demócrata cristiano de Vinicio Cerezo (1985-1990), el Partido de Avanzada Nacional (PAN, 1996-1999) de Álvaro Arzú, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG, 2000-2003) de Alfonso Portillo y la Gran Alianza Nacional (GANA, 2004-2007) de Óscar Berger, todos perdieron en la siguiente elección con resultados muy pobres. El candidato presidencial de GANA en 2007, obtuvo apenas un 17 por ciento del voto, y no llegó a la segunda vuelta. A pesar de la alianza electoral de GANA con la gobernante Unidad Nacional de Esperanza (UNE) en 2011, todos estos antiguos partidos de gobierno son ahora actores marginales.

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el gobierno ha obtenido jamás una reelección presiden-cial. El “transfuguismo” – cambio de un partido a otro – es común en toda América Latina, pero en Guatemala es galopante. En el año siguiente a las elecciones de 2007 más de uno de cada cinco diputados desertaron del parti-do por cuya lista habían sido elegidos.13 En los últimos cuatro años, la extraordinaria cifra de 44 por ciento de los diputados (70 de 158) ha cambiado de partido.14 Durante ese mismo período, dos diputados han tenido asiento en cuatro bloques legislativos distintos.15 Por consiguiente, el comportamiento de los diputados del Congreso guarda escasa relación con su mandato popular o etiqueta de par-tido, descalificando así las elecciones como oportunida-des para la representación y confiabilidad.16

Los mutantes e inestables partidos llevan a tener un Con-greso indisciplinado. Las coaliciones legislativas son difí-ciles de estructurar, inestables, y han obstaculizado sucesi-vos gobiernos. La creciente influencia del dinero, incluidos los fondos ilícitos, corroe aún más las instituciones políti-cas.17 La financiación no sujeta a reglamentaciones, espe-cialmente alrededor de las elecciones, distorsiona la polí-tica al punto de estar – como muchas cosas en Guatemala – de hecho privatizada. Como los políticos acuñan men-sajes populares para ganar las elecciones, cuando acceden al poder suelen trabajar para los financistas o políticos lo-cales que los ayudaron a alcanzarlo. El resultado es un estado débil y de escasos recursos, que no puede oponerse seriamente a los intereses privados ni a los militares vin-

13 Solamente en 2008, 35 de 158 diputados cambiaron de parti-do. Aunque diez de los que se retiraron de la UNE adujeron una excesiva intromisión de la esposa del presidente en los asuntos legislativos, otros atribuyen su decisión o bien a ambición per-sonal o bien a ajustes de cuenta o al choque entre los intereses de sus financiadores y algunas de las reformas propuestas por el gobierno de Colom. Véase Ivan Briscoe y Martín Rodríguez Pellecer, “Un Estado sitiado: Élites, Redes criminales y Refor-ma institucional en Guatemala”, Clingendael Institute, septiem-bre de 2010. 14 Enrique García, “Setenta diputados, de 158, han cambiado de partido en tres años”, El Periódico, 2 de abril de 2011. 15 Ibid. 16 El partido político Libertad Democrática Renovada (LIDER) es un ejemplo elocuente. Con 26 diputados, es el tercero de los grandes bloques del Congreso. Sus diputados suelen bloquear las nuevas leyes propuestas por el gobierno Colom, a menudo invocando el derecho del Congreso a formular preguntas – in-terpelaciones – a los ministros, a fin de impedir los debates ple-narios. Sin embargo, en las elecciones de 2007 los votantes no depositaron ni un solo voto por LIDER. En el período siguien-te, el partido quedó completamente conformado por las deser-ciones de otros partidos, en su mayoría de la UNE. Manuel Baldizón, su líder, había sido elegido con la lista de UNE de Petén. El bloque y su agenda obstruccionista, por lo tanto, no gozan de legitimidad popular. 17 Véase la Sección IV, más adelante.

culados con la impunidad.18 Es así como las elecciones cambian los titulares de los cargos pero poco afectan el comportamiento político o la redistribución del poder. Como papel de envolver, cambian la apariencia del sistema sin tocar su núcleo.19 Aunque ahora votan más ciudada-nos, cada vez son menos los que confían en los políticos o en los partidos. El cinismo y la desilusión con respecto a la democracia son generalizados, y el nivel de apoyo al autoritarismo está entre los más altos del continente.20

El período del Presidente Colom refleja estas fallas. Su victoria en 2007, con la Unidad Nacional de Esperanza (UNE), marcó la primera vez que un candidato alcanzó la presidencia sin ganar la votación en Ciudad de Guate-mala. Colom, quien se define a sí mismo como social demócrata, se posesionó en medio de la esperanza de que su gobierno combatiría la pobreza y acabaría la impuni-dad. Así mismo, prometió abordar el problema del crimen generalizado.21 No obstante, su periodo ha sido decepcio-nante, minado no solo por la fiera oposición de un Congre-so sumamente fragmentado, sino también por la inestabili-dad y las acusaciones de corrupción. El extraño escándalo Rosenberg consumió buena parte del mismo y mostró cuán escaso es el respaldo con que cuenta su administra-ción entre importantes sectores de la élite capitalina.22 Desde entonces, la mayoría de las iniciativas de reforma, incluidas unas alzas de impuestos muy moderadas, han enfrentado una férrea resistencia y han fracasado.

18 Tanto el actual Presidente Colom como su antecesor Óscar Berger sometieron infructuosamente al Congreso algunos ante-proyectos de ley proponiendo pequeños aumentos tributarios. 19 Hector Rosada, presidente del Centro de Estudios Estratégi-cos y de Seguridad para Centroamérica y consultor del Progra-ma de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, usó la ana-logía del papel de envolver en una entrevista de Crisis Group, en Ciudad de Guatemala, 13 de abril de 2011. 20 Apenas el 29 por ciento de los guatemaltecos dice confiar en los partidos políticos, convirtiéndolos así en la menos confiable de todas las instituciones; véase Azpuru, Cultura Política, op. cit. Entre 2008 y 2010, la satisfacción de los guatemaltecos con la democracia cayó del 52,5 por ciento al 47,8 por ciento. El apoyo de los guatemaltecos a un golpe militar “bajo ciertas condiciones” es de un 46 por ciento frente a un promedio re-gional de 33 por ciento. 21 Colom participó por primera vez en política con la URNG. En la década de los 90, dirigió el Fondo Nacional para la Paz, el cual fue diseñado para fomentar el desarrollo de regiones po-bres y mayoritariamente indígenas. 22 Vea detalles del caso Rosenberg, prominente abogado con-servador, quien había pronosticado que el despacho presiden-cial orquestaría su asesinato, y del cual después se supo había tramado su propia muerte, en el Informe de Crisis Group, Ca-minar sin muletas, op. cit.; o David Gramm, “A Murder Fore-told: Unravelling the Ultimate Political Conspiracy”, New Yor-ker, 4 de abril de 2011.

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UNE, el partido de Colom, es una coalición de fuerzas tan-to de derecha como de izquierda, al menos nominalmente. Sin embargo, la realidad es que las divisiones internas del partido se originan por igual en las ideologías y en los in-tereses empresariales en competencia. En su gabinete hay representantes de sectores que apoyaron su propósito de acceder a la presidencia más por obtener influencias y concesiones, que porque compartieran una misma visión política.23 Se cree que solo unos cuantos ministros están comprometidos con su agenda.24 El bloque de la UNE en el Congreso es igualmente indisciplinado. Una vez pasaron las elecciones, las deserciones lo redujeron de 52 diputa-dos a 35. Muchos se unieron al nuevo bloque Libertad Democrática Renovada (LIDER), cuyo papel obstruccio-nista ha complicado aún más el debate de la legislación en el Congreso. No obstante, la lealtad fundamental de los diputados que han permanecido en la UNE no siempre es con Colom o con el partido – y menos aún con los vo-tantes – sino con los diversos y a menudo turbios inter-eses de quienes financian sus campañas.

B. CONTENDORES PRESIDENCIALES

Las encuestas de opinión atribuyen al ex General Otto Pérez Molina un apoyo cercano al 40 por ciento. Su ven-taja sobre Sandra Torres (UNE), cuyo apoyo fluctúa entre el 15 y el 20 por ciento, parece ir en aumento.25 Manuel Baldizón, de LIDER, tiene alrededor de un 5 por ciento. Algunas de sus promesas populistas son las de colgar a los criminales en la plaza principal de la capital y la de asegurar la participación de la selección guatemalteca en el Mundial de Fútbol.26 Si la candidatura de Torres es

23 Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos, Facultad La-tinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Universidad Rafael Landívar, incluido Plaza Pública (periódico digital), Ciudad de Guatemala, 11-12 de abril de 2011. Véase Briscoe y Rodríguez Pellecer, “Un Estado sitiado”, op. cit. 24 Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos, FLACSO, y Universidad Rafael Landívar, Plaza Pública, Ciudad de Gua-temala, 11-12 de abril de 2011. 25 Las encuestas de opinión deben ser abordadas con prudencia, especialmente porque muchas se concentran desproporciona-damente en las áreas urbanas y así se puede omitir la base de apoyo clave de Torres. Sin embargo, hay encuestas realizadas por grupos internacionales, que incluyen votantes indígenas y campesinos pero no se han divulgado y han producido resulta-dos similares a los de las encuestas masivas. Entrevista tele-fónica de Crisis Group, experto de partido político, Ciudad de Guatemala, 30 de mayo de 2011. Sobre encuestas recientes, véase “Ex militar Pérez se mantiene en primer lugar de inten-ción de voto en Guatemala”, EFE, 6 de junio de 2011. 26 Otros candidatos son el profesor Eduardo Suger con Com-promiso, Renovación y Orden (CREO), que en 2007 ocupó el cuarto lugar; el pastor evangélico Harold Caballeros (Visión con Valores-Encuentro por Guatemala); y Patricia Escobar de Arzú, esposa de Álvaro Arzú, alcalde de Ciudad de Guatemala

aceptada, una segunda vuelta entre ella y Pérez Molina parece ser la perspectiva más probable.

En 2007, Pérez Molina perdió la segunda vuelta con Co-lom por un estrecho margen, con una campaña en la cual, entonces como ahora, prometía enfrentar el crimen con mano dura. Su principal base de apoyo en 2007 fue la ca-pital compuesta en gran parte por votantes ladinos (mesti-zos). La facción de su partido, el Partido Patriota (PP), es la segunda más grande en el Congreso y la mayoría de sus casi 30 diputados se han opuesto a las diversas reformas propuestas por el gobierno.27 Fundado por Pérez Molina en 2001, el PP es, sin embargo, lo mismo que los demás partidos: un vehículo electoral personal de su creador más que una organización con una plataforma política coheren-te o una base estable.

No obstante sus antecedentes militares, Pérez Molina man-tiene una complicada relación con las fuerzas armadas, cuyas cifras y presupuestos supervisó, para luego imponer recortes siendo asesor de Óscar Berger, antecesor de Co-lom.28 En las postrimerías de la guerra fue jefe de la guar-dia presidencial, del secreto y temido Estado Mayor Pre-sidencial (EMP) y de la inteligencia militar, por lo que tuvo gran beligerancia dentro del aparato contrainsurgen-cia responsable de represión y violaciones de los derechos humanos.29 Este historial aún no se ha destacado noto-riamente en la campaña, aunque como ocurrió en 2007, podría aparecer cuando se aproxime la fecha de las elec-ciones o en una segunda vuelta.30 Públicamente apoya la

y presidente de 1996 a 2000, (Partido de Avanzada Nacional, PAN, fundado por su esposo) 27 Por ejemplo, a las leyes para el desarrollo rural y la Ley con-tra la Acumulación de Riqueza y Expansión Presupuestaria, en-tre otras. Véase Óscar Ismatul, “Congreso no sesiona en dos semanas”, Prensa Libre, 3 de junio de 2011. 28 Pérez Molina fue asesor de Berger en 2004. 29 Como inspector general del ejército en 1996, también fue el representante de los militares en las conversaciones de paz de ese mismo año. Por consiguiente, lideró los esfuerzos tanto pa-ra garantizar una amnistía para oficiales del ejército como para mantener el apoyo militar a las negociaciones, a pesar de que muchos líderes militares opinaban que habiendo derrotado a la insurgencia, poco importaba llegar a una fórmula conciliatoria. Veáse Informe de Crisis Group, Guatemala: Asfixiada entre el crimen y la impunidad, op. cit. 30 En la segunda vuelta en 2007 entre Colom y Pérez Molina cruzaron insultos, con amplia resonancia de acusaciones gene-ralizadas de implicación en violaciones de los derechos huma-nos y en el crimen organizado. No obstante, en lo que va corri-do de 2011, Sandra Torres ha evitado referirse al pasado militar de Pérez Molina. Según algunos analistas, aun si estuviera in-volucrado en violaciones de los derechos humanos durante la guerra, eso no necesariamente pondría a los votantes en contra suya, ni siquiera en las zonas que más los sufrieron debido a la popularidad de su enfoque de mano dura contra el crimen. En-trevistas de Crisis Group, analistas políticos y funcionarios in-

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labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, respaldando en particular a su antiguo jefe, Carlos Castresana, después de su renuncia. Sin em-bargo, dado sus vínculos con la inteligencia militar, los grupos de derechos humanos cuestionan su compromiso de desmantelar las redes clandestinas que surgieron de ese sector.31

Sandra Torres se divorció del Presidente Colom en marzo de 2011 en un intento de eludir las restricciones constitu-cionales a familiares del titular del cargo para competir por la presidencia, lo que provocó indignación en la pren-sa y los políticos de la oposición. Torres es natural de Petén, al norte del país, donde su familia es propietaria de una cadena de hoteles y se ha destacado en la política local. De áspero talante, a menudo se le ha considerado el poder detrás de la presidencia de Colom pero también la alta ejecutiva más competente del gobierno.32

En los últimos cuatro años su papel principal ha sido lide-rar el Consejo de Cohesión Social, un cuerpo coordinador inter-ministerial que supervisa los programas bandera del gobierno en bienestar social; en particular el denominado Mi Familia Progresa, a través del cual se realizan transfe-rencias mensuales de unos US$40 a familias que viven en extrema pobreza siempre y cuando envíen a sus hijos a la escuela y los hagan vacunar. Estos programas predomi-nan en su campaña y sus detractores afirman que la su-pervisión que ella ejerce en realidad es un clientelismo

ternacionales, Ciudad de Guatemala, 13-15 de abril de 2011. Según la embajada de los EE.UU., en 2007 la campaña de Co-lom no logró desenterrar prueba alguna que vinculara a Pérez Molina a violaciones de los derechos humanos. Véase Embaja-da de EE.UU. en Ciudad de Guatemala, cable 10Guatemala49, 22 de febrero de 2010, tal como fue difundido por WikiLeaks. 31 Entrevistas de Crisis Group, representantes de la sociedad ci-vil, Ciudad de Guatemala, 8 de abril de 2011. Un informe am-pliamente citado de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA – Washington Office on Latin America) en 2003 afirmó que Pérez Molina se destacó en El Sindicato, una “red de lealtades internas” entre funcionarios reformistas pro-venientes de la Academia Militar en 1969. El mismo informe, refiriéndose a versiones de prensa de la década de los 90, sos-tenía que Pérez Molina estuvo implicado en el asesinato del líder guerrillero Efraín Bamaca. Pérez Molina siempre ha ne-gado cualquier participación en violaciones de los derechos humanos. Susan C. Peacock y Adriana Beltrán, “Hidden Po-wers in Post-Conflict Guatemala”, WOLA, 4 de septiembre de 2003. Para antecedentes sobre la CICIG, entidad de investiga-ción independiente creada por un acuerdo entre el gobierno guatemalteco y el Secretario General de la ONU, véase el In-forme de Crisis Group, Caminar sin muletas, op. cit. 32 Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011. Véase también Embajada de EE.UU. Ciudad de Guatemala, cable 09Guatemala917, 28 de septiembre de 2009, dado conocer por WikiLeaks, en el cual el embajador estadounidense ofrecía el mismo análisis.

descarado para que las familias favorecidas voten por la UNE en septiembre. Los políticos de la oposición y los artículos de prensa también acusan al gobierno de pasar dineros destinados a los ya exhaustos sectores de seguri-dad y justicia a programas sociales de los cuales Torres espera beneficiarse electoralmente.33 Los críticos, sin em-bargo, no han presentado pruebas de peculado en los pro-gramas de transferencia los cuales, según el gobierno, du-rante el período de Colom han repartido más de US$150 millones entre familias que viven en condiciones de ex-trema pobreza.34

Aunque a Torres se le reconoce ampliamente por ser más radical que su esposo, la fragilidad e incoherencia de la UNE, una legislatura fragmentada y su propia necesidad de respaldo financiero para competir por la presidencia, son factores que muy probablemente obstaculizarían cual-quier cambio drástico hacia la izquierda. De hecho, los virulentos ataques de la prensa metropolitana contra To-rres parecen impulsados más por esnobismo y machismo que por diferencias ideológicas de peso entre ella y las élites empresariales.35 En 2011 la UNE se presenta a las elecciones en una alianza con el partido del ex Presidente Óscar Berger, la Gran Alianza Nacional (GANA), cono-cido por su conservadurismo y vínculos con los grupos más acaudalados de Guatemala. Torres también ha apro-vechado recientes oportunidades para disipar los temores de algunos miembros de las élites del país en el sentido de que su presidencia podría reflejar el cariz anti-oligárquico de la administración Portillo (2000-2003) o incluso el ra-dicalismo de Hugo Chávez en Venezuela.36

33 Entrevistas de Crisis Group, asesores de la reforma del sector de seguridad y el personal de la Fiscalía, Ciudad de Guatemala, 10-20 de abril de 2011. Otto Pérez Molina lanzó esa acusación en el primer debate presidencial. 34 Cifras oficiales dan un monto total de 1.138.782.139 quetza-les. Véase “Rendición de Cuentas 2010, Ejecución Presupues-taria Mi Familia Progresa”, www.mifamiliaprogresa.gob.gt/ joomla/images/descargas/rendicionsepdic2010.pdf. 35 Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos, incluido Héctor Rosada, presidente del Centro de Estudios Estratégicos y de Seguridad para Centroamérica y consultor del Programa de Na-ciones Unidas para el Desarrollo, Ciudad de Guatemala, 13 de abril de 2011. Entre los motivos de la fuerte reacción de la prensa contra Torres – sandrafobia, como la llamó un analista – están el que provenga de nuevos ricos de Petén, una zona sobre la cual las élites metropolitanas tienen poca influencia; que haya sido el poder detrás del gobierno de Colom; o simplemen-te que algunos la consideren demasiado obstinada y difícil de tratar. En palabras de un analista, “ellos no podrían enfrentar cuatro años negociando con Sandra”. Véase también, Embajada de EE.UU., Ciudad de Guatemala, cable 09Guatemala917, 28 de septiembre de 2009, tal como fue difundido por WikiLeaks. 36 Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos, FLACSO, Universidad Rafael Landívar, Plaza Pública, Ciudad de Gua-temala, 11-12 de abril de 2011.

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A pesar de que en mayo la Corte Constitucional confirmó el divorcio de Torres, la antigua primera dama todavía en-frenta complicaciones legales.37 Por otra parte, el TSE ha identificado errores en los documentos de las respectivas asambleas de UNE y GANA que aprobaron la candidatu-ra de Torres. Ambos partidos planean convocar nueva-mente sus asambleas a principios de julio, aunque con la fecha límite para presentar documentos de candidatura al TSE apenas unos días más tarde, parecen estar dejando muy poco margen.38 Si Torres no puede postularse, no hay una alternativa obvia para enfrentar a Pérez Molina. Se dice que una opción dentro del partido sería Roberto Alejos, líder de su bloque en el Congreso.39 La UNE tam-bién podría invitar a alguno de los otros candidatos presi-denciales, tal vez el populista Baldizón o Eduardo Suger, actualmente aspirante a la presidencia por Compromiso, Renovación y Orden (CREO).40

C. VIOLENCIA EN LA CAMPAÑA

Un debate presidencial en mayo, durante el cual Pérez Molina y Torres se acusaron mutuamente de multiplicar la violencia, ofreció pocas esperanzas de que la campaña se vaya a concentrar en propuestas políticas más que en calumnias.41 En un Pacto Ético firmado en enero, los par-tidos se comprometieron a evitar el intercambio de insul-tos,42 pero hasta ahora no han hecho nada por apaciguar una campaña que está profundamente polarizada y tensa. Los políticos intercambian acusaciones de corrupción y vínculos con organizaciones criminales y análogas, casi diariamente.43 El incendiario lenguaje de los dos bandos

37 Los partidos de la oposición todavía planean impugnar su di-vorcio y candidatura como violatorios del espíritu de la consti-tución. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, analistas políti-cos, Ciudad de Guatemala, 14 de junio de 2011. 38 La fecha límite para inscribir candidaturas es el 12 de julio de 2011. 39 Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group con analista político, 13 de junio de 2011. Se dice que la familia Alejos – Gustavo, un hermano de Roberto, es el secretario pri-vado de Colom – es uno de los principales financiadores de la UNE. Véase Enrique Naveda, “Gustavo Alejos, el omnímodo”, Plaza Pública, 1 de marzo de 2011. 40 Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group con analista político, 13 de junio de 2011. 41 Julio Revolorio, “El debate: Sandra Torres contra Otto Pérez Molina”, El Periódico, 18 de mayo de 2011. 42 El TSE negoció el Pacto Ético. Los partidos también prome-tieron respetar la constitución, las leyes, las reglas de financia-ción política y respaldar el trabajo de las autoridades electora-les. Véase www.tse.org.gt/PDF/pacto_politico.pdf. 43 En un solo día a finales de mayo, por ejemplo, la UNE acusó a Roxana Baldetti, candidata del PP a la vice-presidencia, de tener nexos con el propietario de la granja en Petén donde re-cientemente habían sido masacrados 27 trabajadores. A su vez, el PP señaló los nexos entre la UNE y Juancho León, un narco-

principales y la cáustica condena a Torres en algunos sec-tores de la prensa nacional parecen provocar violencia más que evitarla.

Las elecciones de 2007 fueron las más sangrientas en décadas. La violencia asumió diversas formas, pero los ataques contra candidatos, activistas de partidos y sus fa-milias prevalecieron durante la campaña. Ninguno de los responsables de más de 60 ataques, incluidos por lo me-nos 40 asesinatos, ha sido llamado a rendir cuentas.44 La UNE fue objeto de la mayoría de los ataques, pero entre las víctimas hubo candidatos de todos los grandes parti-dos.45 La violencia cobró en forma abrumadora vidas de alcaldes y otros candidatos locales, de sus empleados y de sus familias, más que las de políticos a nivel nacional.46 Los resultados locales también fueron más controverti-dos. Aunque los perdedores aceptaron pacíficamente los resultados nacionales, por lo menos en diecisiete munici-pios se recrudecieron las protestas contra la reelección de los alcaldes titulares, se destruyó material electoral y los edificios municipales fueron ocupados o incendiados.47 Las elecciones de alcaldes son por mayoría simple, en ellas el ganador se lleva todo y no hay segunda vuelta – los vencedores frecuentemente obtienen menos del 30 por ciento de los votos y a menudo apenas unos cuantos más que el que ocupa el segundo lugar – lo cual puede aumen-tar expectativas y tensiones. Los crecidos presupuestos municipales que los funcionarios locales controlan y pue-den aprovechar, también aumentan lo que está en juego.48

La impunidad, la forma de hacer campaña dividiendo y la mayor intensificación de la violencia en la sociedad son premonitorias de unas elecciones por lo menos igualmente funestas en 2011. Algunos estimados ya relacionan más

traficante. Véase “La UNE acusa al PP de tener en sus filas a Salguero”; y Luis Castro, “MP pide a UNE y Patriota que pre-senten denuncias”, ambos en Siglo XXI, 21 de mayo de 2011. 44 “Situación de Derechos Humanos en Guatemala 2007”, Pro-curaduría de Derechos Humanos (PDH), 28 de enero de 2008. 45 Ibid. 46 Análisis de Crisis Group de todos los incidentes violentos ocurridos durante la campaña. El hecho de que en la segunda vuelta presidencial se viera mucha menos violencia que en la primera también indica que buena parte de esa violencia está relacionada con las elecciones locales y parlamentarias. 47 “Situación de Derechos Humanos”, op. cit. En Tucurú, Alta Verapaz, los manifestantes quemaron material electoral y edifi-cios municipales. En Lanquín, Alta Verapaz, la sede de la al-caldía y un banco local fueron incendiados. En Cerinal, Santa Rosa, la policía arrestó diecinueve manifestantes que habían sustraído urnas de votación. En Colotenango, Huehuetenango, un nutrido grupo capturó la sede de la alcaldía, la retuvo quince días y nombró su propio alcalde. 48 Sobre aumentos de presupuestos locales, véase “Análisis del presupuesto 2011: enfocado a la niñez y la adolescencia”, ¡Contamos! Boletín no. 2, 2010.

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de veinte asesinatos con la campaña.49 En febrero, el can-didato de UNE-GANA a la alcaldía de Moyuta, municipio fronterizo con El Salvador, en el departamento de Jutiapa, fue muerto a tiros en un restaurante.50 El hijo del probable candidato por la UNE a la alcaldía de San José, Escuintla, fue asesinado a finales de febrero; su padre acusó a un político de la oposición de haber tramado el crimen.51 Un secretario municipal y coordinador de campaña de UNE fue asesinado en mayo, en El Progreso.52 El partido políti-co CREO perdió dos candidatos en dos meses.53 A princi-pios de junio murieron abaleados el candidato del Partido Unionista a la alcaldía de San José Pinula, una municipa-lidad de clase media en los suburbios de la capital, y dos de sus colaboradores en la campaña.54 Muchos candidatos más se quejan de intimidación.55

En febrero, la oficina del defensor de los derechos huma-nos identificó por lo menos 140 municipios (de 333) en los cuales la contienda electoral puede agravar conflictos sociales y presentar riesgo de violencia.56 Entretanto, cho-ques entre partidarios del PP y la UNE ya han producido múltiples arrestos y lesiones, incidentes que al parecer se

49 Véase Sandra Valdez, “Expertos señalan obstáculos que afec-tan proceso electoral”, Prensa Libre, 10 de junio de 2011. 50 Mayra Verónica Lemus Pérez era la posible candidata de la coalición UNE-GANA. Véase también Julio Revolorio, “Matan a pre-candidata de UNE-GANA a alcaldía de Muyota, Jutiapa”, El Periódico, 19 de febrero de 2011. 51 Byron Corado Arana, futuro candidato a alcalde y antiguo jefe de la policía de tránsito del departamento culpó del ataque a su contendor del partido PP, diciendo que le habían advertido que la muerte de su hijo estaba planeada. Véase “Matan al hijo de futuro candidato”, Siglo XXI, 24 de enero de 2011. 52 Miguel Ángel Juárez Merlos murió abaleado el 24 de mayo de 2011. Véase “Acribillan a coordinador de la UNE”, Siglo XXI, 25 de mayo de 2011. 53 Darwin Gallardo Recinos, candidato a alcalde de Atescatem-pa, Jutiapa, fue asesinado en mayo; Francisco Jocop, candidato a la alcaldía de San Juan, Sacatepéquez, fue asesinado en mar-zo. Véase Manuel Hernández, “En un mes matan a dos candi-datos de CREO”, Prensa Libre, 9 de mayo de 2011. 54 Véase Rodrigo Pérez, “Asesinan candidato que iba para al-calde del PU [Partido Unionista] en Pinula”, Siglo XXI, 12 de junio de 2011. 55 Manuel Baldizón, candidato de LIDER a la presidencia, afirmó inmediatamente después que los Zetas masacraron tra-bajadores agrícolas en Petén, que los miembros de su familia se habían visto obligados a trasladarse a la capital después que re-cibieron amenazas de esa organización criminal. 56 Mariela Castañón, “Los 14 puntos de violencia con tinte elec-toral”, La Hora, 21 de marzo de 2011. La PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos) identificó como departamentos de mayor riesgo a Quiché, Guatemala, Sacatepéquez, Chimalte-nango, Escuintla, Retalhuleu, Jalapa e Izabal, seguidos por Chiquimula, El Progreso, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Ju-tiapa y Petén.

incrementarán en los meses venideros.57 Por primera vez, los magistrados del tribunal electoral han optado por tener protección policial permanente, alegando una creciente intimidación. En mayo, la magistrada presidenta del tri-bunal, María Eugenia Villagrán, denunció amenazas de muerte contra un jefe de departamento del TSE, a quien voces anónimas advirtieron telefónicamente que no acep-tara el documento que certificaba la candidatura de la an-tigua primera dama.58 El asesinato de un funcionario elec-toral local de Jutiapa, en enero, se percibió ampliamente como un crimen relacionado con su trabajo para el TSE.59

Se cree que buena parte de la violencia de 2007, en espe-cial alrededor de las elecciones locales, se debió a las in-fluencias del crimen organizado sobre el entorno político y, en particular, a los nexos entre algunos candidatos y grupos criminales.60 Según todos los estimados, en 2011 el dominio por parte de las bandas criminales es todavía mayor.61 También es la primera vez que las elecciones tendrán lugar mientras los narcotraficantes, entre ellos los sanguinarios Zetas mexicanos, se disputan el control de las rutas de tránsito de narcóticos que atraviesan Guate-mala.62 Aunque la magnitud de su impacto aún no se co-noce, es probable que la creciente penetración y rivalidad criminales intensifiquen la violencia durante la campaña. Algunos grupos criminales y narcotraficantes respaldarán a los políticos relacionados con ellos, especialmente al-

57 A principios de marzo, en Chixocol, Zacaula, Quiché, cuando seguidores del PP y la UNE se pelearon por el lugar donde cada partido pintaría las consignas de su campaña. Véase Óscar Is-matul y Óscar Figuera, “Simpatizantes del Partido Patriota y la UNE se enfrentan”, Prensa Libre, 10 de marzo de 2011. 58 Entrevistas telefónicas de Crisis Group, personal del TSE, 1-10 de junio de 2011. Véase también “Guatemala: la presidenta del tribunal electoral denuncia amenazas de muerte”, Infolatam, 31 de marzo de 2011. 59 Algunas fuentes afirmaron que su muerte estaba relacionada con su decisión de rechazar los documentos del registro local de un partido, otras sostienen que tenía nexos con bandas cri-minales. Entrevistas de Crisis Group, personal ejecutivo del TSE, analistas políticos y diplomáticos, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011. 60 Por ejemplo, “Guatemala 2007: Final Report on the General Elections”, Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. 61 Véase el informe de Crisis Group, Guatemala: Asfixiada en-tre el crimen y la impunidad, op. cit. 62 Para detalles sobre los Zetas, véase Ibid. El 15 de mayo de 2011, hombres supuestamente vinculados a los Zeta masacra-ron en Petén 27 trabajadores de una granja de propiedad de un rival. Un mes más tarde, el cadáver desmembrado de un auxi-liar fiscal fue hallado en el centro de Cobán, capital del vecino departamento de Alta Verapaz, junto con una nota firmada por el mismo comandante Zeta que reivindicó la masacre de Petén. Véase Benn Quinn, “Guatemalan massacre leaves at least 27 people dead”, The Guardian, 16 de mayo de 2007; y “La ONU y organizaciones de DDHH condenan el asesinato de auxiliar fiscal en Guatemala”, EFE, 24 de mayo de 2011.

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caldes cuya connivencia facilita tanto la impunidad local como el control del territorio, asesinando o intimidando a los otros para despejar el terreno. Los candidatos perso-nalmente involucrados en actividades criminales, pueden aprovechar esas mismas redes para atacar a sus oponentes o caer víctimas de bandas rivales. La contienda entre los candidatos apoyados por los distintos grupos criminales podría ser ferozmente agresiva.

Aunque no respalden directamente a candidatos, las ban-das criminales se valen de la violencia para perpetuar el miedo y aterrorizar y paralizar a los funcionarios locales. Los Zetas, a diferencia de otros grupos, han enfrentado a los actores del estado guatemalteco más que coexistido con ellos y por eso es más factible que en lugar de apoyar a los candidatos, se dediquen a intimidar a los que resul-ten elegidos. Igualmente pueden atacar políticos que ten-gan nexos con otros narcotraficantes o también a los que ellos consideren una amenaza para sus actividades delic-tivas. Sin embargo, uno de los efectos más nocivos de un aumento de la criminalidad durante el período electoral es su contribución al desorden y la corrosión del régimen de las instituciones legales, ya de por sí en peligro. Gracias a la impunidad reinante, la abundancia de armas y el flore-cimiento del mercado de la violencia, asesinar, atacar o intimidar a los oponentes en buena parte del país es fácil, barato, y rara vez es castigado.63

La violencia durante las elecciones, por consiguiente, suele ser síntoma de la inseguridad crónica que afecta al país. Las instituciones – especialmente la policía y los tri-bunales – que no logran contener la violencia social más generalizada, luchan también contra el conflicto relacio-nado con la contienda política. El solo número de candi-datos – probablemente cerca de 30.000, la mayoría de los cuales se disputan cargos locales – complica su protec-ción. Pero algo del derramamiento de sangre puede evi-tarse, incluso en medio de la anarquía, si se toman las si-guientes medidas:

El TSE tendría que replicar a nivel local el Pacto Ético que promovió entre los partidos de todo el país, espe-cialmente en aquellos municipios amenazados por la violencia. Las juntas electorales municipales, una vez nombradas, tendrían que convocar a todos los candi-datos a alcalde de su jurisdicción para que se com-prometan, públicamente y juntos, a evitar el lenguaje alienante, respetar las reglas, conciliar pacíficamente las diferencias y calmar a sus propios seguidores, es-pecialmente en el caso de resultados muy reñidos o controvertidos.64

63 Véase también el informe de Crisis Group, Caminar sin mu-letas, op. cit. 64 Véanse detalles sobre las juntas electorales, en la Sección III, más adelante.

Las juntas locales de seguridad departamental y muni-cipal, compuestas por entidades de seguridad del esta-do y las respectivas juntas electorales, deben reunirse periódicamente como lo hace el comité nacional inter-entidades presidido por el TSE, a fin de planear la se-guridad electoral y velar por ella.65 Las juntas deberían aprovechar el esquema del TSE y grupos de la socie-dad civil, de departamentos y municipios en riesgo y su seguimiento de los incidentes violentos.

Se tendrían que aplicar medidas de seguridad especia-les en aquellas zonas particularmente expuestas a la violencia. También se podrían situar observadores con base en un análisis del riesgo de violencia, como en 2007, ofreciendo así algún factor disuasivo frente a la flagrante matonería.66

El TSE y los grupos de la sociedad civil tendrían que reforzar la capacidad de resolver las disputas, especial-mente en municipios en los cuales se prevean resulta-dos controvertidos. Podría impartirse capacitación adi-cional a las juntas electorales de departamentos y mu-nicipios para solucionar disputas. Las opciones de solu-ción se deben divulgar ampliamente e incluirse en los foros habituales con los candidatos a las alcaldías.

III. AUTORIDADES ELECTORALES Y LISTAS DE VOTANTES

A. EL TRIBUNAL Y LA DESCENTRALIZACIÓN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue establecido a mediados de la década de los 80 y desde que finalizó el conflicto armado ha presidido una serie de elecciones admisibles en cuanto a procedimientos.67 Sus cinco ma-gistrados, elegidos por una mayoría de dos tercios del Congreso, son independientes nominalmente, aunque en 2011 miembros de su propio personal han reportado que sus integrantes tiene nexos con alguno de los partidos más grandes.68 Aunque todavía disfruta de un mayor nivel

65 Aunque la coordinación de la seguridad se realiza a nivel na-cional y su fuerza de seguridad, la Policía Nacional Civil a (PNC), no tiene ramas municipales, hay delegados de la PNC a nivel de departamentos y municipios que pueden ayudar en la planeación de la seguridad. 66 Véase “Informe de Diego García-Sayán, Jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Guatemala para las elec-ciones generales celebradas el 9 de septiembre de 2007”, Orga-nización de Estados Americanos (OEA), 26 de septiembre de 2007. 67 Véase, por ejemplo, “Informe Final”, Misión de Observación Electoral de la UE, 2007, op. cit. 68 Entrevistas de Crisis Group, miembros del personal del TSE, analistas políticos y representantes de la sociedad civil, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011. Se dice, sin embargo, que

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de credibilidad que la mayoría de las instituciones, en la última década la confianza en el tribunal ha decrecido.69

La rama organizativa del TSE sigue siendo fuerte. Las re-formas previas a las elecciones de 2007 iniciaron un pro-ceso de descentralización al implementar miles de sitios de votación adicionales, muchos de ellos en zonas rurales. La anterior concentración de esos sitios de votación en centros urbanos se justificaba por el temor a los fraudes en las zonas apartadas, pero muchos la consideraban una política deliberada para privar del derecho al voto a indí-genas y otros votantes pobres que a menudo debían reco-rrer largas distancias para votar.70 La descentralización se tradujo en un sorprendente aumento de las cabinas de vo-tación – 13.756 en 2007 comparadas con sólo 8.910 en 2003 – y en el acceso de los votantes.71 Los observadores reconocieron el exitoso manejo que el TSE dio a esta ex-pansión, la cual implicó la asignación de votantes a nue-vas cabinas, la capacitación de personal adicional que se contaba por miles, una distribución más compleja del ma-terial electoral y una amplia campaña de información al público para explicar a dónde deberían ir los ciudadanos para votar.72 Ese año también se introdujo el recuento computarizado de los votos, que resultó costoso pero permitió una publicación más rápida de los resultados, lo que también aumentó la confianza.

Un precepto del cual emana la fortaleza del TSE es el nombramiento cada año de un cuadro de funcionarios es-

los cinco magistrados tienen nexos con diferentes partidos, lo que significa que el tribunal como un todo no está demasiado parcializado. El Congreso elige los magistrados de una lista de 40 candidatos elaborada por una comisión postuladora confor-mada especialmente para ello (Comisión de Postulación). El nombramiento de cinco magistrados suplentes para que reem-placen a aquellos que no puedan desempeñar sus funciones, se realiza con el mismo procedimiento que el de los magistrados titulares. 69 En 2010, el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt (EE.UU.) ubicó en un 50 por ciento la credibilidad del TSE entre los guatemaltecos. Dinorah Azpuru, Cultura Política, op. cit. Véanse también los informes finales de las Misiones de Observación Electoral de la UE en 2007 y 2003. 70 Entrevista de Crisis Group, dirigente indígena, Ciudad de Guatemala, 14 de abril de 2011. 71 La descentralización de 2007 requirió nuevas cabinas de vo-tación en los lugares donde hubiera más de 500 votantes regis-trados. Todavía más significativo en términos de las distancias que los votantes debían recorrer, fue el incremento del número de sitios de votación – los edificios que albergan cabinas de vo-tación – que aumentaron de 1.262 en 2003 a 2.060 en 2007. El número de cabinas de votación en el departamento de Alta Ve-rapaz, se elevó de diecisiete a 117. Véase por ejemplo, “Infor-me Final”, Misión de Observación Electoral de la UE, 2007, op. cit. 72 Ibid.

crutadores, muchos de los cuales gozan de credibilidad y ya tienen experiencia. Las juntas de cada centro departa-mental y municipal (juntas electorales departamentales y municipales) están conformadas por tres funcionarios, en su mayoría provenientes de la sociedad civil, que trabajan en los meses de elecciones. La mayoría de ellos han cum-plido esos deberes muchas veces.73 El TSE delega bastante autoridad a nivel departamental y municipal, de tal mane-ra que las juntas tienen amplias facultades discrecionales para determinar la forma en que operarán, se relacionarán con los candidatos locales e incluso resolverán disputas.74 La presencia de estos escrutadores explica el cumplimien-to de la mayoría de los procedimientos para la votación, aún en un entorno marcado por unas normas jurídicas ex-tremadamente débiles.

Aunque las elecciones están protegidas de una manipula-ción obvia, a menudo el voto es afectado indebidamente. Algunas autoridades, especialmente en el gobierno local, se benefician haciendo uso ilegal de recursos del estado en sus campañas, sobre lo cual rara vez son llamados a rendir cuentas.75 Los partidos transportan a los votantes en autobús hasta los sitios de votación, práctica conocida como “acarreo”, que es común en América Latina y que puede influir en los votantes. Otros candidatos a las al-caldías se quejan de que sus rivales alientan a seguidores para que viajen desde los municipios vecinos para regis-trarse y votar, y así cambiar los resultados. Los partidos y candidatos más acaudalados se benefician de las expecta-tivas clientelistas de muchas comunidades, lo cual impo-sibilita a los partidos que no cuentan con suficientes fon-dos competir en condiciones de igualdad.

B. LAS FALLAS DEL REGISTRO CIVIL

Las reformas de 2007 también establecieron una nueva institución, el Registro Nacional de Personas (RENAP), para reorganizar el registro civil y el sistema de tarjetas de identificación.76 El registro existente en cada munici-pio consistía en viejos libros escritos a mano y a menudo

73 En la capital, por ejemplo, los comicios de este año serán la sexta elección consecutiva a cargo de de los mismos tres escru-tadores de la junta departamental. Entrevista de Crisis Group, funcionarios del TSE, 8 de abril de 2011. La Ley de Elecciones y Partidos Políticos (LEPP, Artículo 179) dispone que el TSE nombre las juntas departamentales con tres meses de anticipa-ción a las elecciones. Las juntas departamentales deben nom-brar las juntas municipales de sus departamentos, con dos me-ses de anticipación. 74 Entrevistas de Crisis Group, altos funcionarios electorales y observadores civiles, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011. 75 “Informe Final”, Misión de Observación Electoral de la UE, 2007, op. cit. 76 Véase la LEPP y la ley del RENAP ó Ley del Registro Na-cional de Personas, Decreto Número 90-2005.

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deteriorados, sin datos centralizados en la capital. Era fácil obtener varias tarjetas de identidad – entonces llamadas cédulas de vecindad – y se dice que en el registro figuraban los nombres de muchas personas fallecidas y de extranje-ros.77 El objetivo del RENAP era registrar a todos los gua-temaltecos, revisar los nuevos datos contra los originales, recuperados de los municipios, y valerse de tecnología biométrica para poder identificar los registros duplica-dos.78 Los ciudadanos recibirían nuevas tarjetas de identi-dad, su documento personal de identidad (DPI), para re-emplazar las antiguas cédulas. Con los nuevos datos, el RENAP se proponía crear una base de datos electrónica central precisa, que incluyera los nombres y detalles de todos los ciudadanos para reemplazar los registros manus-critos de cada municipio.79

Desde un principio el ejercicio fue demasiado ambicioso. Los organizadores no calcularon bien el tiempo necesario para recuperar y clasificar los datos viejos de los munici-pios y luego recolectar y verificar los datos nuevos de cerca de catorce millones de guatemaltecos.80 A las fallas de diseño se sumó la corrupción. Se dice que algunos par-lamentarios y los administradores del RENAP, que ya han sido reemplazados, adjudicaron contratos a su arbitrio o por lo menos sin la suficiente transparencia.81 Persona-jes incompetentes fueron llamados a ocupar posiciones claves, por compadrazgo.82 La combinación de mal dise-ño, nepotismo e incompetencia se tradujo, como era de esperarse, en un registro deficiente. El ejercicio ha costa-do mucho más de lo proyectado originalmente y no se ha concluido. Los políticos, especialmente de partidos de la oposición y también miembros de la sociedad civil han

77 Véase, por ejemplo, “Informe Final”, Misión de Observación Electoral de la UE, 2007, op. cit.; y también, de Óscar Ismatul, “Renap denuncia en MP 400 casos de doble DPI”, Prensa Li-bre, 1 de mayo de 2011. 78 El RENAP recogería las huellas dactilares y fotografías del rostro de cada persona registrada y luego escanearía esas hue-llas y fotografías a fin de identificar duplicados. 79 Entrevista de Crisis Group, personal del RENAP, Ciudad de Guatemala, 6 de abril de 2011. Véase también la Ley del Regis-tro Nacional de Personas, op. cit. 80 Entrevistas de Crisis Group, personal del RENAP y expertos de la sociedad civil, Ciudad de Guatemala, 6-15 de abril de 2011. Hay quienes señalan que aunque en países vecinos se han emprendido ejercicios de registro total similares, no incluían recuperación de datos viejos y la verificación de los datos nue-vos contra los viejos. Además, la población de Guatemala es mucho más numerosa que la de sus vecinos. 81 Un lucrativo contrato para imprimir millones de nuevas tarje-tas de identidad fue muy controvertido. Entrevistas de Crisis Group, personal ejecutivo del RENAP, Ciudad de Guatemala, 6 de abril de 2011. 82 Entrevistas de Crisis Group, altos funcionarios del RENAP, Ciudad de Guatemala, 6-15 de abril de 2011. Toda la cúpula ejecutiva del RENAP fue reemplazada en 2010.

acusado al RENAP de inflar las cifras de registros para beneficiar el partido de gobierno.83

No obstante las fallas del ejercicio, los reclamos de fraude no se deben a los procedimientos de registro o las nume-rosas salvaguardias alrededor de las elecciones. Lo que ocurre es que si quieren votar, los ciudadanos deben figu-rar en el registro de votantes – el padrón electoral – y no solamente en el registro civil del RENAP. El registro de votantes está enlazado al registro civil porque los ciuda-danos necesitan sus tarjetas de identidad para poder depo-sitar su voto, y para actualizar el registro de votantes se necesitan los datos del registro civil. Pero estos confor-man una base de datos separada, administrada por el TSE, no por el RENAP, la cual ha sido calificada positivamen-te en recientes auditorías internacionales.84 Sin embargo, en la eventualidad que se quisiera producir cifras o resul-tados falsos, se requeriría la connivencia no solo de los mismos escrutadores que han potenciado la confianza en elecciones anteriores, sino de miles de observadores y de los propios representantes de los partidos en cada sitio de votación.85 Aunque las cifras del registro han aumentado desde 2007 y los partidos deben permanecer vigilantes, el sistema tiene suficientes controles para evitar un fraude masivo.86 Por lo tanto, es poco probable que las claras

83 Hay quienes también aducen que el registro se ha ligado en forma indebida al programa de transferencias de efectivo admi-nistrado por Sandra Torres, porque obliga a las familias pobres a registrarse antes de recibir esas transferencias de efectivo, suscitando el implícito supuesto de que muchos de ellos votarán en septiembre por la UNE. Véase también Mariajosé España, “Guerra Roldán: TSE debió haberse hecho cargo del DPI”, La Hora, 18 de mayo de 2011. 84 Los datos de aquellos ciudadanos que ya figuran en el padrón se deben actualizar con la nueva información del RENAP. Pero los ciudadanos que no aparecían previamente en el padrón – votantes nuevos que serían la causa de cualquier aumento en las cifras del registro de votantes – deben registrarse nuevamente con el TSE. El registro de votantes ha sido auditado por la OEA, organismo de concluyó que era uno de los mejores registros de América Latina y no había sido contaminado por los problemas del RENAP. Véase Asier Andrés, “El Padrón Electoral es con-fiable y no ha sido contaminado por Renap”, El Periódico, 3 de diciembre de 2010. 85 Se ha calculado que el número de observadores nacionales provenientes de grupos de la sociedad civil y las diversas Igle-sias asciende a unos 6,000. Los partidos políticos pueden nom-brar representantes – agentes – para verificar la votación y con-teo en cada sitio de votación, así como la tabulación de los re-sultados en municipios y capitales de los departamentos y de Ciudad de Guatemala. Los partidos más grandes tendrán agen-tes en todos los sitios de votación. Entrevistas personales y tele-fónicas de Crisis Group, expertos de partidos políticos, Ciudad de Guatemala, 8 de abril, 28 de mayo de 2011. 86 El número total de votantes ahora registrados supera los 7 mi-llones, el más alto en la historia después de la guerra. En los cuatro años trascurridos desde 2007 el número aumentó en un

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deficiencias del RENAP formen parte de una deliberada estrategia de fraude en beneficio del gobierno.

C. RESTABLECIENDO LA CONFIANZA

De cualquier modo, los problemas de registro del RENAP aún podrían evitar que algunos guatemaltecos voten: mu-chos no tienen todavía la nueva tarjeta DPI; algunos sim-plemente no han ido a recogerla en las oficinas del RE-NAP; otros han ido sólo para encontrar que no estaba lista y están reacios a regresar. Hay errores en las tarjetas de muchos que sí las tienen – nombres escritos incorrecta-mente y fechas de nacimiento erradas, por ejemplo. Para la mayoría, estos problemas no impedirán su derecho a votar. En octubre de 2010, el Congreso enmendó la ley que rige al RENAP, extendiendo la validez de las cédulas viejas hasta enero de 2013 y permitiendo que los votantes las usen para identificarse ante el personal electoral en las cabinas de votación.87

Sin embargo, aquellos que no tienen su cédula – sea por-que apenas acaban de cumplir dieciocho años o simple-mente porque no guardaron sus viejas tarjetas de identi-dad – y quienes no han recibido aún la DPI o la han reci-bido con errores, pueden tener problemas el día de las elecciones. Críticas recientes al RENAP reprochan su in-capacidad para limpiar su base de datos y proveer tarjetas correctas a miles de potenciales jóvenes votantes.88 Aún se desconoce el número exacto de afectados. En las últi-mas semanas, el TSE ha intensificado sus llamados públi-cos a los votantes para que verifiquen si sus datos están correctos en las listas, lo que podría resolver algunas dis-crepancias. El RENAP abrió sus oficinas los fines de se-mana e hizo el intento de entregar documentos de identi-dad en el domicilio de los registrados. El 10 de junio, funcionarios del RENAP informaron que aproximada-mente 13.000 ciudadanos que recientemente cumplieron dieciocho años aún no habían recibido sus nuevas tarjetas de identidad. No hay indicios de que ninguna zona ge-ográfica en particular – o la base de apoyo de ningún par-tido – haya sido desfavorecida desproporcionadamente.89

millón de votantes y se han realizado considerables esfuerzos para registrar los votantes rurales. Véase Marta Sandoval, “Al menos 7 millones están listos para votar”, El Periódico, 12 de junio de 2011. 87 Véase Gustavo Villagrán, “Aprueban reformas a la ley del Renap y estipulan que cédula tendrá vigencia hasta enero de 2013”, Noticias Guatemala, 7 de octubre de 2010. 88 Véase, por ejemplo, “Renap: una caja negra”, editorial, El Periódico, 8 de abril de 2011. 89 Véase Andrés Asier, “Último día para inscribirse en el padrón electoral 2011”, El Periódico, 11 de junio de 2011. Solo una pequeña proporción de aquellos de un mismo grupo coetáneo que han recibido su nueva tarjeta de identidad se han registrado

En un clima de desconfianza generalizada con respecto al RENAP, sin embargo, los reclamos de los políticos por lo que llaman juego sucio resuenan y pueden dar pretexto a los perdedores para cuestionar los resultados. Los siguien-tes pasos ayudarían a aumentar la credibilidad antes de las elecciones:

Para disipar los temores de que el registro de votantes sea inexacto o esté inflado, el TSE debería exponer, tan pronto como sea posible después del cierre de re-gistro, sus listas de votantes para que individuos y par-tidos puedan verificar su exactitud. En particular, el TSE debe proporcionar a partidos y observadores las cifras de registro desglosadas por municipios junto al mismo desglose correspondiente a 2007, para así per-mitirles identificar cualquier aumento inusual.

El TSE debería aclarar y divulgar ampliamente cómo garantizará que aquellos ciudadanos cuyas nuevas tar-jetas de identidad fueron emitidas con errores sí puedan votar. También puede aprovechar sus foros periódicos con los partidos para explicar cómo ha protegido las listas de votantes de los problemas del registro civil del RENAP.

Los políticos, a su vez, deberían sustentar sus recla-mos en su propia observación de las listas de votantes y, si fuere necesario, proseguirlos a través de los con-ductos legales regulares y no de los medios de comu-nicación.

IV. DINERO Y POLÍTICA

A. LAS NUEVAS E INCOMPLETAS

REGULACIONES FINANCIERAS

Las fallas de registro, sin embargo, lucen insignificantes junto a las deficiencias crónicas para hacer cumplir las normas financieras de política y campañas que fueron re-glamentadas, en su mayoría, por la Ley Electoral y de Partidos Políticos antes de las elecciones de 2007. Estas normas incrementaban la financiación de los partidos por parte del estado; reducían el tiempo oficial de campaña; introducían nuevos topes para gastos; reglamentaban el costo de la publicidad por televisión, y exigían que los partidos revelaran tanto sus fuentes de financiación como sus gastos.90 El TSE, que por primera vez ostentaba el mandato legal de hacer cumplir las reglas de financiamien-

en el TSE para votar. Es así como muchos que no han recibido la DPI simplemente no tienen intenciones de votar. Entrevista telefónica de Crisis Group, experto electoral, Ciudad de Gua-temala, 31 de mayo de 2011. 90 La mayoría de estas reformas fueron incluidas en la LEPP Artículo 21, que rige las finanzas políticas.

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to político, impuso requisitos a los partidos y autorizó a su auditor a que investigara los gastos de estas campañas.91

Según algunos observadores, a pesar de su nueva autori-dad, el TSE debía luchar para monitorear el gasto de los partidos o inspeccionar y auditar sus registros financieros y cuentas bancarias en las elecciones de 2007.92 En 2011 el TSE – especialmente su auditor – ha tomado medidas para fortalecer su capacidad. En junio firmó acuerdos para compartir información con cuatro entidades del go-bierno a fin de ayudar a verificar los registros de los par-tidos.93 Para ello, una empresa privada monitoreará a los medios, lo que permitirá estimar cuánto están gastando los partidos.94 Pero aunque estas medidas revelen discre-pancias, el TSE no podrá sancionar significativamente a los partidos. Las reformas no lograron hacer corresponder las nuevas reglas con fuertes multas administrativas o finan-cieras por su incumplimiento, lo que revela su ineficacia. Su arma coercitiva más potente es una multa de US$125, y la ley electoral es ambigua sobre si incluso eso se pueda aplicar contra los partidos que violen las normas financie-ras.95 Algunas enmiendas propuestas, publicadas en enero de 2009 por el Comité Parlamentario para Asuntos Elec-torales, habrían impuesto sanciones más severas, pero el Congreso no las aprobó, así que muchos vacíos en la apli-cación de la ley, identificados por los observadores en 2007, siguen sin ser subsanados en estas elecciones.96

En 2010 los legisladores sí incluyeron en el código penal nuevos delitos relacionados con las finanzas políticas y con multas más severas. Lo más importante es la condena 91 TSE, Acuerdo Número 019-2007. 92 Véase “Informe Final”, Misión de Observación Electoral de la UE, 2007, op. cit. 93 La Contralora General de Cuentas (CGC), el Superintendente de Administración Tributaria (SAT), el Superintendente de Te-lecomunicaciones (SIT) y el Superintendente de Bancos (SIB) acuerdan compartir información con el TSE. 94 Entrevista de Crisis Group, auditor de TSE, 12 de abril de 2011, y entrevista telefónica, 10 de junio de 2011. La Funda-ción Internacional para los Sistemas Electorales (International Foundation for Election Systems – IFES), ha contratado esta empresa privada, pero el personal del TSE admite que aun cuando ellos pueden publicar cuánto gastan los partidos, sino tienen poder para infligir un castigo significativo, las sanciones serán de “carácter moral”. 95 Ibid. Los delitos electorales que el TSE puede penalizar con multas están definidos en el Artículo 90. No se enumeran deli-tos específicos relacionados con la violación de las normas fi-nancieras para hacer política. 96 Enmiendas propuestas para la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Comisión Específica de Asuntos Electorales, 9 de enero de 2009. El Artículo 27 de las enmiendas habría introdu-cido nuevos delitos electorales, incluidos algunos relacionados específicamente con el incumplimiento de las normas financie-ras para hacer política. Entrevistas de Crisis Group, personal del TSE y analistas, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011.

por recibir fondos ilícitos: cárcel de cuatro a doce años y una multa máxima de US$33.000. Se consideran ilícitos los fondos que los partidos no puedan documentar o que provengan de contribuyentes anónimos.97 Sin embargo, esas sanciones figuran en el código penal pero no en la ley electoral, y siendo así no pueden ser aplicadas por el TSE.98 En lugar de eso, una Fiscalía General sobrecarga-da debe investigar y llevar a juicio a los infractores a través del sistema judicial normal. Pero hasta ahora ha mostrado poco interés en avanzar estos casos, incluso por violaciones flagrantes de las normas para campañas. Tam-bién se ha resistido a los pedidos para que en los años de elecciones se nombre un fiscal electoral especial, que pue-da acelerar las acciones sobre delitos electorales apoyán-dose en pruebas allegadas por el TSE o los monitores de la sociedad civil.99

B. CAMPAÑAS LARGAS Y COSTOSAS

Con el TSE sin dientes y la Fiscalía General renuente a actuar, los políticos ignoran o burlan las leyes. Las cam-pañas se iniciaron oficialmente el 2 de mayo, cuando el TSE convoca a elecciones, y finalizan 36 horas antes de la votación. Con una duración de dieciséis semanas, es más prolongada que los períodos de campaña de la ma-yoría de los países vecinos de Guatemala, en una región de campañas ya de por sí bastante largas.100 Sin embargo,

97 Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 4-2010, Reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Además, las penas por hacer propa-ganda electoral antes de la fecha oficial de campaña, para parti-dos o candidatos, pueden incluir de cuatro a siete años de cárcel, multas de US$2.600 a US$6.600, e inhabilitación para participar en la contienda electoral. Quienes obstaculicen una investigación del TSE sobre financiamiento político, reciban fondos extranjeros u obtengan más del 10 por ciento de la finan-ciación de la campaña de una sola fuente, están sujetos a pri-sión de uno a cinco años. El Congreso, sin embargo, no tipificó como delito el hecho de exceder los límites de gasto en una campaña. 98 Según el código penal, el sistema judicial regular, que com-prende la Fiscalía y los tribunales, es responsable de esas in-fracciones. El TSE puede imponer sanciones financieras y ad-ministrativas si la LEPP así lo permite. 99 Entrevistas de Crisis Group, auditor del TSE, 8 de abril de 2011; a expertos en elecciones, y a representantes de la socie-dad civil, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011. 100 Aunque las reformas de 2004-2007 redujeron la duración de la campaña oficial de seis meses a solo poco más de cuatro, las campañas guatemaltecas todavía son comparativamente largas. En la región, solamente las de México son más prolongadas. Las campañas en Costa Rica duran tres meses y medio, en Honduras tres meses, y en Nicaragua dos meses y medio. Fuera de la región, las campañas en Canadá duran 35 días; en España de quince a 21 días; en Turquúa y Francia dos y tres semanas respectivamente. “Informe del monitoreo de gasto de campaña

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en la práctica los partidos inician su actividad electoral con mucha antelación. Ya en la primera mitad de 2010 había cuñas publicitarias en televisión y vallas en la capital, las ciudades grandes y a lo largo de las vías principales anunciando los candidatos de los partidos y las consignas de sus campañas.101

Los intentos del TSE por restringir las actividades previas a las campañas han sido en su mayoría infructuosos. Hay que reconocerle que ha tratado de aplicar su máxima mul-ta de US$125 por cada valla que los partidos han instala-do antes de las fechas de campaña oficiales, y ha impues-to a algunos partidos sanciones por un total de hasta US$2000.102 Pero los partidos han rehusado pagar la ma-yor parte de ellas amparándose en la ambigüedad de la ley.103 Acción Ciudadana, la rama guatemalteca de Trans-parencia Internacional que monitorea los medios para eva-luar cuánto gastan los partidos en sus campañas, estimó en mayo que durante los seis meses previos a la campaña, entre octubre de 2010 y abril de 2011, el PP ya había gas-tado cerca de US$3 millones y la UNE unos US$2,5 mi-llones.104 La organización coordinadora Mirador Electoral, ente observador local que aglutina varios grupos, calificó la impunidad con que los partidos violan las normas en los inicios de las campañas, como una seria amenaza para las elecciones.

El tope del gasto para una campaña se ha establecido en US$1 por cada votante registrado.105 El tope agregado de gastos en 2007 fue de US$5,5 millones, y este año se es-tima que alcanzará los US$6,4 millones.106 Pero en reali- en el proceso electoral 2007 en Guatemala”, Acción Ciudadana, marzo de 2008. 101 Ibid. Se estima que los partidos empezaron su campaña electo-ral en enero de 2010, casi dieciocho meses antes de la fecha ofi-cial, pauta que según los observadores se ha repetido en 2011. 102 Véanse detalles de las multas en el sitio web del TSE, http:// tse.org.gt/documentos/sanciones.pdf. 103 Entrevista de Crisis Group, experto en partidos políticos, Ciudad de Guatemala, 6 de abril de 2011. Los partidos sostie-nen que no están haciendo campaña sino proselitismo, lo cual alegan es legal aún antes de la campaña. Esa distinción, sin em-bargo, parece falsa dado que su material muestra las fotograf-ías, nombres y consignas de campaña de los candidatos. Véase Enrique Naveda, “La desolación de Zury y los gastos de pre-campaña”, Plaza Pública, 17 de mayo de 2011. 104 Ibid. El gasto de la UNE y el del PP eclipssó al de los demás partidos. El PU, por ejemplo, ya había gastado alrededor de 5 millones de quetzales (US$670.000), LIDER unos 4 millones (US$530.000), CREO 2 millones (US$260.000). 105 LEPP, Artículo 21. 106“Techo presupuestario para partidos políticos es de Q48 mi-llones”, Elecciones Guatemala, 2 de mayo de 2011. El tope del gasto este año está basado en el número de votantes registrados a finales de 2010. Sin embargo, la ley no estipula la relación de ese tope con las distintas contiendas: la de presidente, la parla-mentaria, la de alcaldes y las elecciones para el Parlamento

dad ese tope importa poco. En 2007, Acción Ciudadana estimó eque los dos partidos principales gastaron un mon-to equivalente a cuatro veces los topes legales. La campa-ña del PP costó cerca de US$22 millones y la de UNE, US$20 millones.107 Militantes del partido dicen que el gasto fue aún mayor.108 Según Acción Ciudadana, la tota-lidad de los gastos de campaña de todos los partidos as-cendió a unos US$90 millones, lo que la convierte una de las más costosas, per cápita, jamás realizadas en el hemis-ferio occidental.109 Los patrones del gasto en 2011 – año en el cual los partidos aparentemente han gastado hasta la mitad de sus topes legales antes del inicio oficial de la campaña – sugieren que esa cifra será superada.

Los reformadores han propuesto subir los topes legales para que se acerquen más a los costos de campaña. Las enmiendas propuestas por el Comité Parlamentario de Asuntos Electorales, por ejemplo, sugieren elevar los to-pes de US$1 a US$2 por cada votante registrado y permi-tir un dólar adicional a los partidos que pasen a una se-gunda vuelta.110 Sería útil aclarar cómo aplican los topes a la primera vuelta, a las distintas contiendas y a la segunda vuelta. Pero aumentar los topes legales para satisfacer la extravagancia de los partidos parece una propuesta des-atinada dado el alto costo comparativo de las campañas guatemaltecas, la corrosiva influencia del dinero en su política y la agobiante pobreza en buena parte del país. Mejor sería dotar a los reguladores, especialmente el TSE,

Centroamericano, y tampoco especifica si está incluido el gasto de la campaña para una segunda vuelta. 107 El monto estimado es de 165 millones de quetzales por parte del PP y 148,6 millones por parte de la UNE, incluido el gasto total de las elecciones presidenciales, legislativas y locales. “In-forme del monitoreo”, op. cit. Para estimar los costos, a través de un monitoreo de los medios, Acción Ciudadana primero ana-lizó el gasto de los partidos en medios durante la campaña ofi-cial. Datos comparativos de México, Argentina y EE.UU. mos-traron que el cubrimiento de prensa equivale, en promedio, a cerca de un 60 por ciento del total de los costos de campaña, de modo que se aplicó esa cifra al gasto de los partidos de Guate-mala. La campaña del Patriota, que gastó unos 75 millones de quetzales (US$10 millones) en su campaña a través de los me-dios, se estimó en 124 millones de quetzales (unos US$16,5 millones); la UNE gastó alrededor de 71 millones de quetzales (US$9,4 millones) en los medios durante el período de la campa-ña oficial, de manera que su gasto total se estimó en 117 millo-nes (US$15,6 millones). Para los resultados finales, se agregó el gasto en medios antes de la campaña, al gasto durante la misma. 108 Briscoe y Rodriguez Pellecer, “A State under Siege”, op. cit., citan la afirmación del jerarca de uno de los principales partidos en 2007 en el sentido de haber gastado unos US$60 millones en esas elecciones. 109 Véase “Informe del monitoreo”, Acción Ciudadana, op. cit. 110 Enmiendas propuestas para la Ley Electoral y de Partidos Políticos, op. cit.

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con herramientas que le permitan forzar a los partidos a recortar el gasto hasta los topes vigentes.

C. ¿QUIÉN LES PAGA A LOS POLÍTICOS?

El estado entrega a los partidos políticos US$2 por cada voto que obtengan en las elecciones.111 Estos fondos públi-cos, sin embargo, cubren menos de la décima parte de los gastos de sus campañas. Lo demás proviene de fuentes privadas.112 Las identidades de los contribuyentes finan-cieros de partidos y candidatos poco se conocen. Como las campañas cuestan mucho más allá de los topes legales, los informes financieros de los partidos suelen ser obras de ficción.113 Se dice que en 2007, el PP y la UNE gasta-ron ambos cerca de US$15 millones más de lo que decla-raron.114 Como esos millones no aparecen en los registros de los partidos, se desconoce su fuente. Pero incluso el dinero contabilizado nominalmente proviene, a menudo, de fuentes que no son reveladas, ya sea total o parcial-mente. Los presupuestos de campaña que presentan los partidos al TSE, por ejemplo, son declaraciones de una sola línea sobre el total estimado de costos.115 Sus infor-

111 LEPP, Artículo 21. La última serie de reformas incrementó la financiación del estado que era de unos US$0,25 (dos quet-zales) a US$2 por cada voto. Los partidos tienen derecho a US$2 por cada voto recibido, sea de la lista electoral presiden-cial o de la nacional, la cifra que sea más alta. Los partidos con más de un 5 por ciento de votos o por lo menos un asiento en el Congreso tienen derecho a dineros que reciben en pagos anua-les cada mes de julio durante los cuatro años siguientes a la elección. La ley no especifica si estos dineros deben cubrir ac-tividades regulares del partido o campañas electorales. Como los partidos las reciben anualmente, los más grandes suelen uti-lizarlas para actividades regulares. Véase “Informe del monito-reo”, op. cit. 112 En 2003, los dineros del estado representaron menos del 1 por ciento del gasto de campaña de los partidos. Las reformas de 2004, que entraron en vigor sólo después de las elecciones de 2007, lo elevaron a cerca de un 8 por ciento. Véase “Informe del monitoreo”, Acción Ciudadana, op. cit.; también entrevista de Crisis Group, experto en partidos políticos, Ciudad de Gua-temala, 6 de abril de 2011. Un artículo reciente sostiene que muchos candidatos tienen nexos con compañías de seguridad privada o incluso son sus directos propietarios o empleados. Véase también Renzo Rosal, “Por el mero hecho de exhibirse”, Plaza Pública, junio de 2011. 113 Entrevistas de Crisis Group, personal del TSE, Ciudad de Guatemala, 8 de abril de 2011. Véase también LEPP, Artículo 21; y Tribunal Supremo Electoral, Acuerdo Número 019-2007. 114 “Informe del monitoreo”, Acción Ciudadana, op. cit. 115 Entrevista de Crisis Group, auditor del TSE, Ciudad de Gua-temala, 12 de abril de 2011. La ley no requiere que los partidos presenten presupuestos detallados antes de la campaña.

mes financieros no siempre revelan plenamente las fuen-tes de los fondos.116

Por consiguiente, no está claro quién les paga a los políti-cos ni a quién representan ellos. Los votantes solo pueden imaginar las grandes empresas que hay tras los candida-tos,especialmente porque el comportamiento de los dipu-tados en el Congreso usualmente no se hace público.117 Dados los altos costos de hacer campaña, los partidos acos-tumbran a vender al mejor postor lugares en las listas de sus candidatos, especialmente de diputados elegidos re-gionalmente.118 Una ideología en común o unos verdade-ros nexos con sus votantes importan menos que la canti-dad de dinero que los candidatos pueden aportar.119 En consecuencia, los candidatos necesitan movilizar sumas considerables. Necesitan ser acaudalados o apoyarse en financiadores que esperan obtener rendimientos de su in-versión, bien sea en rentas públicas, influencias políticas o empleos para sus círculos cercanos. Una vez que consi-guen estar en el comité parlamentario indicado, en particu- 116 Ibid. Por ejemplo, la declaración de donantes del PAN inclu-ía sólo dos: Managements Solutions Inc. y Rolando Pineda Lam, que donaron 100.000 quetzales (cerca de US$13.300) y 50.000 quetzales (unos US$6.650) respectivamente. El informe de LI-DER tenía 50 donantes pero no especificaba cuánto había apor-tado cada uno. Cerca de la mitad eran negocios cuyos propieta-rios no figuraban en el informe financiero que se encontraba a disposición del público. 117 En abril de 2011, el Congreso aprobó una reglamentación que introdujo la votación electrónica, que puede llevar a una mayor transparencia del comportamiento de los congresistas. Véase Análisis Mensual, Asociación de Investigación y Estu-dios Sociales, abril de 2011. 118 Por ley, los partidos deben involucrar a sus ramas regionales al determinar quiénes serán candidatos: sus asambleas depar-tamentales deberían elegir los que se van a postular en listas departamentales y sus asambleas municipales hacer lo propio con los que se postulen para cargos locales. Sin embargo, la mayoría de los partidos solo tienen una presencia pequeña fuera de la capital; pero pueden postularse para cargos incluso en los numerosos departamentos y municipios en donde no tienen ofi-cinas locales y en esas zonas son los comités centrales – no las asambleas departamentales o las municipales – los que deciden quién aparecerá en la lista electoral. Incluso donde los partidos tienen presencia, sus asambleas suelen refrendar las decisiones tomadas en la sede central. El TSE, que puede monitorear los procesos internos de selección de los partidos, rara vez hace cumplir las normas y, de cualquier modo, carece de medidas drásticas para penalizar la inobservancia de las mismas. 119 Entrevistas de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011. De hecho se ha afirmado repetidamente que el costo de una posición prominente en la lista de uno de los gran-des partidos está alrededor de 1 millón de quetzales (unos US$130.000). Cada uno de los 22 departamentos envía entre dos y diecinueve miembros al Congreso. Por lo tanto, el núme-ro de posiciones que encabezan las listas de los partidos consi-deradas “seguras” depende tanto de la popularidad del partido en un departamento como del número de asientos disponibles.

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lar los diputados elegidos regionalmente, pueden ejercer sus influencias en los contratos y gastos de su departa-mento. La absoluta falta de transparencia en la adjudica-ción de contratos públicos aumenta las oportunidades de soborno. Por consiguiente, una reglamentación financiera débil perpetúa un sistema político corrupto que atrae a aquellos motivados por los prospectos de enriquecimiento o el tráfico de influencias más que por el bien público.

También vuelve a las instituciones vulnerables a la pene-tración de fondos ilícitos. Por ley, cualquier persona que aporte más de US$10.000 a una campaña debe demostrar que el dinero proviene de fuentes legítimas.120 En la prácti-ca, sin embargo, los más grandes financiadores suelen di-vidir sus aportes en sumas más pequeñas, para burlar este requisito. En mayo, al retirarse de la contienda presiden-cial, la candidata del FRG, Zury Ríos Montt, diputada du-rante dieciséis años, aseveró que las bandas criminales lavan dinero a través de donaciones a partidos políticos, que recuperan posteriormente en favores, fortaleciendo los nexos entre las empresas delictivas y los políticos, y consolidando la impunidad de grupos ilegales. El sistema financiero político, dijo ella, presenta las oportunidades “en bandeja de plata” al crimen organizado.121

Aunque funcionarios guatemaltecos y reprsentantes de la comunidad internacional advierten que los narcotrafican-tes controlan zonas geográficas e instituciones del estado y abundan las acusaciones de los nexos de políticos con grupos criminales, es difícil evaluar el dominio del dinero ilícito, especialmente considerando la poca transparencia referida.122 Es casi seguro que algunos diputados y funcio-narios locales elegidos a nivel regional tienen conexión con narcotraficantes y se benefician de sus ganancias y de su protección, igual que algunos políticos nacionales apro-vechan nexos parecidos con grupos clandestinos involu-crados en actividades ilegales.123 Además, muchos analis-tas aseveran que el lavado de dinero está tan afianzado en la economía que para cualquier político será difícil man-tener una reputación sin mancha.124 El editor de un perió-

120 TSE, Acuerdo Número 019-2007, op. cit. 121 Mario Cordero Ávila, “Pistocracia y propuestas políticas”, La Hora, 18 de mayo de 2011. Véase también Plaza Pública, “La desolación de Zury”, op. cit. Hasta ahora ningún político ha rechazado públicamente sus acusaciones. 122 A finales de marzo, el jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y un grupo de donantes, ex-presaron su preocupación acerca de la entrada de dineros pro-venientes del crimen organizado a través de las elecciones. “Diplomáticos temen por criminalidad durante el proceso elec-toral”, Prensa Libre, 26 de mayo de 2011. 123 Véase un recuento de los nexos entre políticos locales y pre-suntos narcotraficantes, en, Luis Angel Sas, “El Rey Tesucún”, Plaza Pública, 7 de junio de 2012. 124 Entrevista de Crisis Group, representantes de la sociedad ci-vil, Ciudad de Guatemala, 5-15 de abril de 2011.

dico comentó que la penetración de dinero ilícito ahora es algo tan común que ya no constituye noticia.125 Lo que sí está claro, sin embargo, es que la débil reglamentación de las finanzas políticas convierte a las instituciones políti-cas de Guatemala en presa fácil de la penetración de dine-ros ilegales. La puerta está abierta de par en par.

D. OPORTUNIDADES PARA LA REFORMA

No es suficiente llenar los vacíos de las normas financie-ras para erradicar la corrupción. La financiación de las campañas electorales no es el único punto de entrada por el cual negocios turbios capturan a las instituciones polí-ticas: a los políticos se les puede comprar antes, durante o después de elecciones. Pero ejercer una mejor vigilancia sobre la entrada y uso del dinero durante las campañas y obligar a los políticos a declarar de quién es el dinero que les allana el camino al poder, sería un buen principio para limpiar la política de Guatemala. Aunque en los tres me-ses antes de las elecciones de 2011 los cambios legales no son factibles ni aconsejables, todo lo que se plantea a con-tinuación por lo menos sacaría a la luz las malas prácticas actuales y prepararía el terreno para las reformas después de las elecciones:

El TSE debería publicar semanalmente los resultados de su monitoreo de los medios y las discrepancias en-tre el gasto real de las campañas y el gasto reportado por los partidos. Aunque su capacidad de imponer sanciones a los partidos es limitada, el TSE puede, al menos, informar a los votantes cuánto se gastan los partidos para que sus candidatos sean elegidos y cuán-to proviene de fuentes anónimas. El dinero de empre-sas cuyos propietarios no sean revelados debe contar como anónimo.

El TSE debería presentar a la Fiscalía General pruebas de la violación de normas financieras políticas por parte de los partidos, e incluir tanto las conclusiones de su monitoreo de los medios como la información suminis-trada por otras entidades del gobierno, especialmente cuando las pruebas sugieran que los partidos han reci-bido y gastado dinero proveniente de fuentes anónimas.

125 Entrevista de Crisis Group, editor de un diario importante, Ciudad de Guatemala, 15 de abril de 2011. El editor afirmó: “Cuando alguno de los periodistas presenta una pieza que habla de que el dinero ilícito está penetrando la política, le digo que eso ya no es noticia. Todo el mundo sabe eso. El dinero de la droga está en todas partes. Desde luego que penetra la política. La pregunta es ¿qué hace ese dinero? ¿Cuánto se ha pagado y a qué candidatos? ¿Qué hacen esos candidatos a cambio de reci-bir el dinero? Esas, claro está, son preguntas mucho más difíci-les de responder”.

Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°24, 16 de junio de 2011 Page 17

La Fiscalía General debería usar esas pruebas, así co-mo las recopiladas por grupos de veeduría civil como Acción Ciudadana, para investigar a los partidos más grandes por su inobservancia. El hecho de que el código penal ahora incluye una infracción específica relacionada con el recibo de financiación ilícita y con-sidere ilícitos todos los dineros de cuya procedencia no puedan dar cuenta los partidos, abre una ventana obvia para poder hacerlo.

Después de las elecciones, el TSE y los países donantes deberían presionar al Congreso para que se modifique la Ley Electoral y de los Partidos Políticos. Los cambios pro-puestos por su Comité de Asuntos Electorales ya son un buen comienzo pero es necesario fortalecerla con refor-mas más significativas como:

Reforzar el arsenal de medidas coercitivas del TSE pa-ra hacer cumplir las normas, otorgándole poderes para aplicar sanciones financieras primero y luego adminis-trativas. Establecer sanciones claramente definidas y más severas que sean aplicables a los partidos o can-didatos que no acaten las normas de gasto en las cam-pañas o que hagan campaña antes de las fechas oficia-les de inicio. Los topes de gasto de las campañas tam-bién se deben definir claramente y diferenciar los que correspondan a las distintas contiendas y a la primera y segunda vuelta.

Aumentar el financiamiento público de los partidos políticos para reducir su dependencia de financiadores privados.126 La ley también debería definir cuánto del financiamiento público se puede gastar en actividades regulares del partido y cuánto en las campañas electo-rales.

Los legisladores también podrían considerar reducir el gasto limitando más el tiempo de radio y televisión per-mitidos a cada partido político durante la campaña.127 El Congreso también podría considerar reducir la du-ración de estas campañas electorales que, comparati-vamente, son demasiado prolongadas.

La impunidad generalizada significa que la sociedad civil y la comunidad internacional deben reforzar las reformas apoyando a las entidades reguladoras y pre-sionándolas para que continúen su labor.

126 Actualmente se ha propuesto elevar la financiación estatal a los partidos de US$2 a US $6 por cada voto obtenido. Véase Análisis Mensual, op. cit. 127 Las cuñas de televisión constituyen una proporción signifi-cativa del gasto de campaña de los partidos. Algunos países de América Latina – Chile y Brasil, por ejemplo – limitan el tiem-po al aire que los partidos pueden comprar y tienen campañas asombrosamente más baratas.

V. CONCLUSIÓN

Quince años y cuatro ciclos electorales después de los acuerdos de paz, las instituciones políticas de Guatemala siguen siendo frágiles y excluyentes. Ha sido imposible que surjan políticos representantivos, debido a la descon-fianza social producida como legado de décadas de gue-rra, autoritarismo y represión violenta, especialmente en-tre la dividida y traumatizada mayoría indígena. Las po-derosas élites empresariales y militares también se han beneficiado de un acuerdo de postguerra que durante años ha estado al servicio de sus estrechos intereses a expensas de la mayoría. Aunque el colapso de las normas jurídicas domina los titulares, la terriblemente desigual distribución del poder y los recursos – de por sí una causa fundamen-tal del conflicto armado– es tan nociva para muchos ciu-dadanos, como la inseguridad. Los políticos rara vez han desafiado este statu quo altamente sesgado. En medio de una creciente percepción de la corrupción, pocos de los políticos inspiran confianza pública, muchos de ellos dis-frutan de convenientes relaciones con los ricos, y ninguno ha construido un partido con bases sociales estables.

La debilidad y permeabilidad de las instituciones, tradicio-nalmente explotada por los más ricos del país, las convier-ten en presa fácil de los intereses criminales. La violencia en realidad no es nada nuevo, pero su reciente incremen-to, especialmente alrededor de las elecciones locales, cla-ramente sugiere manos de narcotraficantes en la política local y nexos entre ellos y funcionarios municipales. Dada la debilidad de la policía y de las instituciones judiciales, defender a las instituciones políticas – de hecho, defender al estado – de ricos y poderosos carteles, es difícil. Co-lombia, que ha tenido algún éxito reciente en sacar a la luz pública nexos entre políticos y delincuentes, así como en reducir la violencia resultante, lo ha conseguido a través de un poder judicial robusto y en buena parte indepen-diente, alineado con grupos de la sociedad civil y políti-cos reformistas.128 En Guatemala parece remota una coa-lición similar.

No obstante, aún hay esperanzas. A pesar de las muy li-mitadas herramientas de que dispone, el TSE parece estar haciendo algún esfuerzo en 2011 por hacer respetar las normas y desenmascarar a los que financian las campañas de los partidos. Lo ideal sería que sus pruebas sirvieran para las investigaciones penales que desarrolle la Fiscalía General. Después de las elecciones habrá que fortalecer las normas financieras de los partidos políticos y otorgar poderes a los entes reguladores, especialmente al TSE, para hacerlas cumplir como es debido. Eso no será fácil –

128 Véase el informe de Crisis Group Latin America próximo a ser publicado, sobre las elecciones locales y regionales en Co-lombia.

Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°24, 16 de junio de 2011 Page 18

los diputados que se benefician de los vacíos en las leyes se resistirán a que sean llenados – y se requerirá una pre-sión continuada de la sociedad civil y de los donantes. Sin embargo, es imprescindible hacerlo. Aunque las normas financieras políticas rara vez se consideran cruciales para la integridad electoral de democracias en desarrollo, en Guatemala revisten primordial importancia. La penetra-ción del crimen transnacional es una de las más graves amenazas que enfrenta su política. Unos votos razona-blemente libres poco cuentan si los delincuentes o los in-teresados en mantener al estado débil ya han comprado a quienes se han postulado para ocupar los cargos públicos.

Bogotá/Bruselas, 16 de junio de 2011

Elecciones en Guatemala: voto limpio, política sucia Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°24, 16 de junio de 2011 Page 19

APPENDIX A

MAPA DE GUATEMALA