Hector Alfonso Santos Martnez

Resultados de la guerra contra el narcotrfico y la desaparicin forzada: 22 ms 43 ms 22 200

igual a Mxico impune.

El Estado mexicano se encuentra en una crisis de derechos humanos. Ayotzinapa y Tlatlaya son

claros ejemplos de ello pero cada uno con un contexto histrico algo distinto. El tema de las

desapariciones forzadas ha persistido durante los ltimos 60 aos, no es que las ejecuciones

arbitrarias no ocurrieran en este tiempo, sino que es a partir del ao 2006 con la declaracin de

guerra contra el narcotrfico, del ex presidente Felipe Caldern, que tuvo un crecimiento

considerable este tipo de ejecuciones. A pesar de sus diferencias tanto contextuales como

especficamente jurdicas, estos casos permiten hacer una crtica a la manera, los medios y las

formas de llevar cabo las investigaciones jurdicas en Mxico, y por lo tanto al deficiente

resultado en la imparticin de justicia y reparacin de daos a las vctimas o sus familiares.

El 30 de junio y el 26 de septiembre del ao 2014 pasarn a la historia como un da de graves

violaciones a los derechos humanos en las entidades de Guerrero y el Estado de Mxico. La

desaparicin forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural Rafael Isidro Burgos de

Ayotzinapa y la matanza de 22 personas (2 menores) en Tlatlaya; gener reacciones por parte

de la opinin pblica nacional e internacional y de las autoridades en sus distintos niveles e

instancias, ya fuera para condenar o justificar lo acontecido1. Frente a este hecho en el que estn

involucrados tanto autoridades como integrantes de grupos delictivos (guerreros unidos en

caso de los 43), se ha puesto sobre la mesa una discusin importante: cmo combatir la

infiltracin del crimen organizado en las instituciones del Estado mexicano y la sistemtica

violacin a los derechos humanos acompaada de impunidad. No trato de analizar la diversidad

de opiniones (unas ms y mejor informadas que otras, por cierto) sino de mirar el caso desde el

contexto de la desaparicin forzada y las ejecuciones relacionadas a la guerra en contra del

narcotrfico en Mxico durante los ltimo 14 aos.

1 Por ejemplo, el caso de una ex diputada del PRI (Ixquimiquilpan, Hidalgo) que escribi en una de sus redes

sociales qumenlos para que no se reproduzcan, otro caso es el de la hija de una lder sindical que tambin escribi en redes sociales luego por eso los queman nacos. En ambos casos el contexto y la alusin es hacia los 43 estudiantes, cosa que enfureci el tono de comentarios de los usuarios de las redes sociales hacia estas opiniones. Las reacciones de solidaridad nacional e internacional tambin son destacables (mejor dicho algunas de ellas) por su creatividad esttica.

El 26 de septiembre, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policas

municipales de Iguala y Cocula; 43 fueron detenidos y posteriormente entregados a integrantes

del grupo delictivo Guerreros Unidos, en Iguala, el alcalde Jos Luis Abarca orden a la polica

municipal detenerlos, y para ello pidi apoyo a la polica de Cocula (un municipio cercano),

al suponer que se dirigan a boicotear el acto de informe de gobierno de su esposa, Mara de los

ngeles Pineda. Sin embargo hasta el 6 de octubre la PGR tomo el mando en la investigacin,

que por parte de la procuradura de Guerrero fue poco clara y con anomalas2

Me parece prudente hace un balance sobre el tema de la desaparicin forzada en Mxico3.

Cerca de un mes antes de los hechos de Iguala, apareci una nota periodstica de Frenando

Camacho Servn, publicada por el diario La Jornada4 el da 30 de agosto del ao 2014, se

resalta la situacin crtica en Mxico en cuanto a desapariciones forzadas, sealamiento hecho

por la Oficina en Mxico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos

Humanos. Esta situacin crtica tiene sus antecedentes en los aos 60, 70 y 80.

Entre la pasada administracin de Felipe Caldern y lo que corresponde a la actual del

presidente Enrique Pea Nieto suman 22 200 casos de desaparicin que se tienen

documentados, 12 500 corresponden a la administracin calderonista; 9 700, a la de Pea Nieto.

Esto significa que en casi dos aos del sexenio en curso se han registrado el 78% de

desapariciones forzadas que se registraron en todo el sexenio calderonista. En la misma nota

periodstica se informa que la administracin actual ha manifestado haber hallado a 30 619

personas, de las cuales 1 524 fueron encontradas muertas. No obstante, no hay una

metodologa clara sobre dichas localizaciones, no se sabe cmo y dnde fueron hallados o si

son hombres o mujeres. En lo que va de la actual administracin federal se increment respecto

a la anterior administracin 60% los delitos contra los defensores de derechos humanos, es

decir, hay 29 defensores de derechos humanos desaparecidos. En este contexto, mediante un

comunicado a propsito del da internacional de las victimas de desaparicin forzada, la ONU

a travs de su oficina en Mxico llam al Estado mexicano a reconocer la competencia del

comit contra la desaparicin forzada de la ONU y legislar integralmente en materia de

2 http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-del-caso-ayotzinapa-un-mes-de-la-desaparicion-de-

43-estudiantes/ 3 Para mayor informacin ver El resurgimiento de la desaparicin forzada en Mxico (2013) Realizado por

la Comisin de Defensa y Promocin de los Derechos Humanos, A.C. 4 http://www.jornada.unam.mx/2014/08/30/politica/003n1pol

desaparicin de personas acorde con los compromisos internacionales que ha suscrito el Estado

mexicano.

Otro suceso grave de violacin de derechos humanos en Mxico es el ocurrido en la comunidad

de San Pedro Limn, municipio de Tlatlaya, Estado de Mxico. Durante la madrugada del 30

de junio ocho elementos militares del 102 Batalln de Infantera asesinaron a 22 personas

halladas en una bodega entre ellas dos menores de edad, esto segn la recomendacin 51/2014

de la Comisin Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A diferencia del caso de Ayotzinapa,

el de Tlatlaya tiene factores jurdicos adicionales: los tribunales militares y el fuero militar. El

da de los hechos las autoridades tanto estatales como federales manejaron una versin, emitida

en un boletn de la SEDENA, en la que se trataba de un enfrentamiento iniciado por los que se

presuma eran delincuentes y repelido por los militares, como declar el Gobernador del Estado

de Mxico Eruviel vila, en legtima defensa. Esta versin fue puesta en duda (mucho antes

de la recomendacin de la CNDH) por una agencia de noticias internacionales (AP), quien

mando un corresponsal al lugar de los hechos y dara cuenta de lo poco que corresponda lo

observado por l con la descripcin de los hechos de la versin oficial, sustentando sus

cuestionamientos con declaraciones de testigos presenciales.

La recomendacin 51/2014 que emiti la CNDH dirigida al gobierno federal, estatal, PGR y

SEDENA sostiene que la escena del crimen fue alterada para simular que la muerte fue por

enfrentamiento, no obstante, no fue posible establecer precisamente quines presenciaron,

ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas. La

recomendacin dice que s hubo intercambio de disparos durante unos 5 o 10 minutos porque

las personas al interior de la bodega se rindieron rpidamente, al lugar de los hechos arribaron

las autoridades del Estado de Mxico cerca de 6 horas despus de que se solicito su presencia,

tiempo suficiente para manipular la escena del crimen y las evidencias. Actualmente los ocho

militares implicados estn presos y la PGR acus a tres de ellos por homicidio. Tlatlaya es

municipio mexiquense cercano a municipios del estado de Guerrero, en ambos casos son fuerte

presencia de grupos de delincuencia organizada. La fuerte presencia del crimen organizado y la

colindancia de municipios en las entidades donde ocurren las violaciones graves a los derechos

humanos no es lo nico que tienen en comn los dos casos descritos.

En cuanto a ejecuciones arbitrarias, Miguel Concha Malo director de Centro de Derechos

Humanos Fray Francisco de Victoria, manifest en entrevista con La Jornada5 que el Instituto

Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, as como la Comisin Mexicana de Defensa y

Promocin de los Derechos Humanos sealan en un informe que desde 2007, al menos 80 mil

personas fueron ejecutadas en hechos relacionados con el combate a la delincuencia

organizada. El ejrcito es un actor importante en estas cifras, amn de que todava existe el

viejo debate sobre la constitucionalidad de desplegar al ejercito en las calles del pas. Para

darnos una idea ve la incidencia del ejrcito en la vulneracin a los derechos humanos como

agresiones sexuales, asesinatos injustificados, torturas, privaciones ilegales de la libertad y un

largo etctera6. Veamos algunos datos obtenidos en la pgina web de la SEDENA7

De las 7 441 quejas presentadas entre 2006 y 2012 fueron concluidas slo 113 por haberse

emitido recomendacin a la SEDENA, el resto fue concluido sin recomendacin por no tratarse

de violaciones a los derechos humanos, entre otras razones. Si apenas 1.5% de quejas contra el

ejrcito por violacin a derechos humanos es resuelto por la CNDH aunque no necesariamente

ejecutado penalmente. En el ao 2013 se presentaron 836 quejas y 382 hasta octubre 20148

sumando en total 1 218 quejas, de las cuales slo han sido concluidas 879 y el resto continua en

trmite, slo 2 quejas obtuvieron recomendacin es decir .23% del total. En trminos absolutos

5 http://www.jornada.unam.mx/2014/11/05/politica/009n1pol

6http://www.sedena.gob.mx/images/stories/archivos/derechos_humanos/quejasyrecom/2013/octubre/PN

AL_MIL_SENTENCIADO.pdf 7 http://www.sedena.gob.mx/images/stories/D.H/2014/graficarecomendaciones.pdf

8 http://www.sedena.gob.mx/images/stories/D.H/2014/situacionquejasyrecomendaciones.pdf

disminuy la cantidad de quejas pero en trminos relativos la eficiencia en recomendaciones

fue menor. La pregunta es tenemos razones para pensar que el caso de los 43 y 22 ser

resuelto, reparado el dao y sancionado penalmente?

La informacin sealada y algunos datos mostrados muestran uno de los posibles destinos para

el caso de los 43, los 22, y los que siguiendo tendencias pudieran sumarse si no se hacen

cambios al sistema judicial y se legisla en estas materias, convertirse en estadstica sobre

violacin de derecho humanos, en investigacin poco clara y no resuelta y finalmente formar

parte del espectro de la impunidad en Mxico y de las familiar que no reciben justicia ni

reparacin del dao.

Cada caso tiene sus particularidades pero permiten hacer observaciones que los sintetizaran

bajo la problemtica de la investigacin jurdica de las persistentes violaciones a derechos

humanos en Mxico. Primero quin debe investigar cada caso? En un pas federal como

Mxico un criterio para la intervencin de la PGR es la presuncin de asociacin delictuosa. En

Guerrero pasaron 10 das para que la intervencin federal llegara, esto debido a que

constitucionalmente era la procuradura estatal quien deba hacerse cargo, aunque existe la

crtica en el sentido de que se pudo intervenir de inmediato porque cmo de llevarse 43

estudiantes en vehculos oficiales y entregarlos a un grupo criminal sin presumir asociacin

delictuosa?. En el caso de Tlatlaya no debi atraer el caso inmediatamente la PGR por tratarse

de militares en una comisin de carcter federal? Por qu atrajo la investigacin la

procuradura estatal? En este punto es donde la justicia militar juega un papel importante

porque debido al fuero militar son los tribunales militares quienes efecta la investigacin y la

PGR puede investigar no como titular sino como auxiliar de la justicia militar, adems si los

criterios de intervencin para cada nivel de gobierno nos son claros se presta a la opacidad.

Aqu la discusin es en torno al federalismo en su dimensin jurdica y establecer criterios

claros y especficos de intervencin federal, si se apela al gobierno federal resolver dicha

cuestin por qu no discutir el centralismo?

Son crebles las investigaciones jurdicas realizadas en Mxico? No lo son, prueba de ello es

que ante los resultados de los casos mencionados, la llegada de expertos internacionales para

participar u observar los procesos es muy visible. Otro aspecto de la falta de credibilidad es que

en el caso de Guerrero apenas con la declaracin de los indiciados se construye toda la

explicacin Qu incentivos tuvieron los confesores para decir plenamente verdad sobre el

crimen que cometieron? Tortura, amenaza, reduccin de sentencias? Hubiera podido la PGR

ofrecer su explicacin sin dichas confesiones?

La presin nacional e internacional de la sociedad para la resolucin y sancin de estos casos

genera expectativas de resultados inmediatos, no procesos cuidadosos pero lentos. Aqu entra el

tema de la cultura jurdica sabemos lo que significa un debido proceso? El tema sera el

sentido de la verdad: jurdica e histrica. La primera atiende a los procedimientos para

determinar la causa del hecho y sancionarlo conforme a derecho. La otra contiene un sentido de

reivindicacin en que se espera justicia en un sentido ms amplio. Un especialista en derecho

Sergio Lpez Ayllon seala que es la primera vez que se tiene cuidad en la PGR de

presentar elementos indiciarios completos presentaos por el procurador [] y an as se

crucifica pblicamente a la PGR

Tres cosas respecto al Estado quedan manifestadas luego de la manera en que se ha tratado el

asunto en el las ltimas dos administraciones federales: 1) omisin del Estado para implementar

recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos 2) la carencia

de una base de datos gentica para la identificacin de personas desaparecidas 3) incapacidad

judicial para investigar y resolver los casos de desaparicin forzada y castigar a los

responsables materiales e intelectuales 4) la implementacin (ya existe una ley de vctimas en

Mxico) de la normatividad para la reparacin del dao 5) los alcances de la responsabilidad

del Estado mexicano en el marco del federalismo

Personalmente creo que los casos presentados deben ser investigados a fondo y castigar a los

responsables, sociolgicamente opino que no hay razones para pensar que as ser.