CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

SESIONES ORDINARIAS2009

PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALAudiencias Públicas

COMISIONES DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA,DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

APARTADO V

ANTECEDENTESVERSION TAQUIGRÁFICA DE LOS ORADORES EN EL PLENARIODE LAS COMISIONES DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA,

DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN,EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DESARROLLADA

ENTRE LOS DÍAS 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009.(Artículo 114 bis del reglamento)

– En Buenos Aires, a los once días del mes de septiembre de 2009, a la hora 9 y 38:

Sr. Instructor (Peralta). – Continúa la audiencia pública.

Tiene la palabra el señor Pedro Mouratián, vicepre-sidente del INADI.

Sr. Mouratián. – En estos breves minutos en los que tengo la posibilidad de poder hablar, quiero fi jar algunas de las posiciones que ha tenido el INADI res-pecto a la ley de servicios audiovisuales. No se trata de una sencilla adhesión ni solamente del respaldo a un proyecto, sino que esto tiene que ver con un com-promiso que ha asumido el INADI con el proyecto y con la temática.

Nosotros venimos desarrollando dicho compromiso no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que lo hemos hecho a lo largo y lo ancho de todo el país.

Ustedes saben que el INADI tiene como eje el Plan Nacional contra la Discriminación; ha trabajado y tra-baja en función de dicho plan, que fue producto de un decreto del año 2005, que tiene que ver con las reco-mendaciones que el Estado argentino asumió a partir de su participación en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y Formas Conexas de Into-lerancia, que se realizó en Durban, Sudáfrica.

Dentro de esas recomendaciones existía la elabora-ción de un plan nacional contra la discriminación, que en una de sus propuestas –la 41– contempla la modi-fi cación de la ley de radiodifusión que, sin hacer men-ción de nuestro caso –porque era una recomendación internacional–, de alguna manera estaba marcando el

camino que hoy vemos concretado con la presenta-ción de esta nueva ley de servicios audiovisuales.

Si se me permite, quiero leer el punto 41 de la pro-puesta. Dice así: “Promover la sanción de una ley de radiodifusión que garantice el pluralismo comunica-cional en reemplazo de la actual ley 22.285, evitan-do la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, garantizando la igualdad de oportuni-dades para el acceso a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión y prohibiendo todo tipo de discriminación o cercenamiento en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos de los medios de comunicación moti-vados en la naturaleza jurídica de la organización pro-pietaria (pública, comercial y comunitaria sin fi nes de lucro). Se sugiere que en todas las regiones del país se destine una frecuencia a la recepción gratuita del ca-nal de TV pública nacional y de Radio Nacional y, de igual forma, se reserve al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emi-sora de FM municipal”.

Otro aspecto que también contempla la propuesta está enunciado en el punto 42, que dice lo siguien-te: “Promover la reserva, en la ley de radiodifusión, de no menos de una frecuencia para los servicios de radiodifusión universitaria de cada una de las univer-sidades nacionales y que los planes técnicos reserven al menos el 33 por ciento de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fi nes de lucro prevalecien-do como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su co-munidad”.

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.Luego, en otro de los puntos se propone: “Promo-ver la capacitación y actualización permanente sobre temas de discriminación en cámaras publicitarias, co-legios profesionales y sindicatos ligados a la comuni-cación”.

El mensaje que hemos recibido de los foros, de los grupos vulnerados de nuestra sociedad –con los que el INADI viene trabajando sistemáticamente desde hace tres años, que es cuando fueron creados–, se vin-cula con la necesidad defi nitiva de modifi car una ley exclusiva para lograr otra que sea inclusiva, plural y democrática.

Muchos de los puntos a los que hice referencia, que están contenidos en el Plan Nacional contra la Dis-criminación, han surgido a propuesta de diferentes organismos; otros, en cambio, fueron elaborados por aquellos foros.

Existe la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo para que la sociedad argentina vaya construyendo su capacidad de reacción y de compromiso con la reali-dad nacional. Entendemos, porque así lo han demos-trado los distintos grupos con los que venimos traba-jando, que esta iniciativa representa ese objetivo.

Hay aspectos que no podemos soslayar. Por ejem-plo, aquellos que incluye este proyecto de ley respecto de los grupos más vulnerados. Me refi ero concreta-mente a las personas con discapacidad, a las personas con hipoacusia y a todas aquellas que evidentemente precisan de una ley acorde con la realidad y con las necesidades de todos y de todas. No pueden seguir prevaleciendo los intereses de determinados grupos económicos sobre los intereses del pueblo. Esto no es solamente un dicho. Realmente cada diputado, cada diputada, cada senador y cada senadora debe empezar a comprometerse y empezar a tener un sentir real de lo que está pasando.

Nosotros no podemos seguir politizando desde el punto de vista partidario un tema que es trascendental para nuestra sociedad. No podemos seguir pensando en unos pocos cuando tenemos que pensar en todos y en todas.

Realmente tenemos que empezar a tener grandeza, y hablo de nosotros, y en este caso también hablo en nombre de cada uno de los diputados, diputadas, sena-doras y senadores que van a tener la responsabilidad de sancionar esta iniciativa.

Esta ley, y cualquier ley, no se hace en contra de na-die. Las leyes se hacen a favor, y en este caso tenemos que hacerla a favor de todos nosotros, de todos.

Esta no es una ley para un sector; esta es la ley que nos merecemos después de veintiséis años de tener que seguir soportando una ley de la dictadura.

Esta es la ley que a nosotros nos va a marcar un camino diferente como sociedad. Esta ley, así como está conceptuada, con todas las cosas que cada uno de nosotros después queramos ir mejorando –porque esto hace al crecimiento de nuestra sociedad: todos los días vamos mejorando–, es el soplo de dignidad y de aire fresco que necesita nuestra democracia. Fundamen-talmente tenemos la necesidad de empezar a entender

que la construcción de ciudadanía se hace a través de este tipo de transformaciones.

No podemos seguir postergando transformaciones que no merecen la mezquindad de ningún diputado, de ninguna diputada, de ningún senador y de ninguna senadora. Hablo de diputados, diputadas, senadores y senadoras porque también las cuestiones de género tienen que ver en todo esto.

Tenemos que empezar a cambiar la mirada de cada una de las cosas que venimos haciendo y, en este sen-tido, apuntar a la posibilidad de que los sectores más vulnerados estén representados, es decir, que tengan la capacidad de poder ser escuchados. La capacidad de poder escuchar diferentes voces nos hace mucho más inclusivos, plurales y democráticos.

Apelo a eso, y apelo a que este sentir realmente sea expresado y que fi nalmente se sancione este proyecto de ley que va a consolidar ese sentir nacional, popular y democrático que debe imperar en cualquier ley que se oriente en benefi cio de la ciudadanía y del pueblo. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor José Toledo, presidente de Red Intercable.

Sr. Toledo. – Estoy sumamente agradecido al Con-greso de la Nación y, en esta oportunidad, a la Cámara de Diputados por darnos la oportunidad de expresar nuestras necesidades.

Represento a las industrias pymes del país, a quie-nes dieron nacimiento a la televisión por cable en la República Argentina en el año 1964.

Los pioneros fueron don Pedro Arrán –que ya no está entre nosotros–, de Chubut; Lobellini, de Río Ne-gro; y los Biasotti, de Buenos Aires y La Pampa. Ellos le dieron nacimiento a esta industria. Pioneros, pymes y capitales que, a riesgo propio, dieron nacimiento a esta industria en aquella época.

Es cierto que estamos totalmente convencidos y deseosos de una nueva ley de radiodifusión, y eso lo hemos demostrado cada vez que fuimos convocados.

En lo que a mí concierne, desde el año 2000 acom-pañé al interventor de aquel momento, Gustavo López –actual subsecretario general de la Presidencia– a casi todas las audiencias.

Desde allí pasamos al 2005, cuando acompañé al funcionario de turno de ese momento.

También en esa oportunidad lo hice con la docu-mentación presentada ante el COMFER y la Presiden-cia de la Nación respecto de las aspiraciones de las empresas pymes fundadoras de la televisión por cable en la República Argentina.

De la misma manera acompañé en los años 2006 y 2008 y fi nalmente en 2009, luego de presentada esta iniciativa, por entender que ésta realmente incurría en una falta muy grave: olvidar a las empresas pymes y minipymes de la República Argentina. En ninguna parte de su articulado están contempladas.

Todo el tiempo se habla de las empresas pymes y de las necesidades de las comunidades más lejanas de nuestro país. Escuché a casi todos los políticos refe-rirse constantemente a la necesidad de conservar las pymes.

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Nos tocó participar en las políticas de Estado acom-pañando a este gobierno, que nos convocó apenas asumió el presidente Kirchner por entender que la te-levisión tenía de todo menos un canal educativo. Las pymes de Red Intercable colaboran desde sus ingresos y sus utilidades al sostenimiento de ese canal educa-tivo que, en aquel entonces, el presidente pidió para que a partir de él se generara conocimiento para el de-sarrollo de las minipymes y nuevas fuentes de trabajo mediante el dictado de distintos cursos.

Asimismo, acompañamos a esta gestión donando noventa y una repetidoras de Canal 7. Pero no sólo las donamos; también las cuidamos, pagamos la ener-gía que requieren y las arreglamos cada vez que se rompen para que quienes no tienen la posibilidad de pagar el servicio de cable en las diferentes localidades pueden ver televisión en forma gratuita. Esto también se hizo a pedido de esta gestión, de este gobierno; lo digo así –con todo respeto– porque creo que hay una continuidad entre el entonces presidente y la ahora presidenta de la Nación.

De la misma manera, a pedido de quien en aquella época era interventor en el COMFER y hoy es sub-secretario general de la Presidencia de la Nación, a costo de las pymes durante tres años consecutivos ins-talamos Telesur en nuestro posicionamiento satelital Nahuel. De ahí, obviamente nos pasamos a ARSAT, porque ésa era la voluntad del gobierno; participamos en todas las reuniones y actualmente somos su cliente más importante.

Asimismo, acompañamos al entonces vicepresiden-te de la Nación, Daniel Scioli, quien entendía que el Senado debía contar con un sistema de comunicación para tener más transparencia. Así se creó “Senado TV”, que se transmite en forma gratuita por el trans-pondedor de Red Intercable que pagan las pymes.

Luego, a solicitud del entonces interventor en el COMFER, acompañamos al gobierno en distintas au-diencias internacionales. Como la Argentina era pio-nera en materia de televisión por cable, nos pedían que contemos a nuestros países hermanos cómo habíamos nacido y desarrollado. Recuerdo que acompañé al in-terventor Julio Bárbaro en distintos foros; incluso, a pedido de este gobierno, me reuní con pymes de Ve-nezuela para transmitir la experiencia de la Argentina. Claro, somos pioneros; fuimos el segundo país del mundo y hoy estamos en tercer lugar, luego de Canadá y de los Estados Unidos.

Esto lo desarrollaron las pymes. Ahí es donde nació la televisión por cable.

No nació en la Capital. Nació en el interior del país.

¿Dónde estamos hoy? En 530 localidades de 19 provincias. Prestamos servicios a 2.500.000 habitan-tes de nuestro país. Nuestras redes transitan sobre 780 mil hogares y el 43 por ciento de los municipios, pero este proyecto de ley no nos contempla. No tenemos ningún capítulo ni ningún artículo.

También acompañamos a este gobierno en el año 2005 cuando el Senado aprobó por el 91 por ciento de los senadores, con cuatro votos por la negativa y una

abstención, una ley de consenso, la 26.053. Nosotros también la acompañamos.

El artículo 45 de la vieja ley es un poquito el co-razón, y quienes participan de esta actividad también van a seguir siendo el corazón de la ley, pero hay co-sas que no podemos compartir y hemos empezado a peticionar en este sentido.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, diputado Baladrón –quien se encuentra en la mesa de autoridades de esta audiencia pública en estos momentos–, nos ha recibido aquí en el Congre-so, a quien agradecemos, acompañado por el resto de los diputados del ofi cialismo. En ese momento con-currimos 165 empresas pymes del interior del país y fuimos escuchados.

Vuelvo a repetir que nuestro canal más chico tiene cuarenta abonados y prestamos el mismo servicio que la mejor empresa de la República Argentina.

Tenemos fe e ilusión. Estamos aquí porque real-mente creemos que los señores diputados van a con-templar esta omisión, este pequeño error –o este gran error, desde nuestro punto de vista–. Dependiendo de quién lo mire, esto puede ser muy importante o menos trascendente.

Pero después que salió la ley 26.053 nos reunie-ron los funcionarios de ese momento y nos dijeron: “Señores, estamos dispuestos a dar el decreto 527 con condiciones: diez años más de licencia, pero ustedes tienen que hacer inversiones en el campo de lo digital, en el campo de lo satelital, en el campo de Internet, en el campo de la integración de las tecnologías”. Se nos invitó, como política de Estado, a participar. ¿Cómo no iban a participar Red Intercable y las pymes ar-gentinas?

Generamos un headend aquí en Buenos Aires por-que es la única manera de integrar a los pueblos. Us-tedes imaginen un cabezal digital en un pueblo de 40 abonados. No lo podría tener nunca. Sería imposible.

Ese headend costó 30 millones. Las pymes argenti-nas lo estamos pagando en cuotas. Modifi car nuestras redes, porque desde que nacimos a la fecha cambia-mos cinco veces la tecnología, y hoy en el campo de la interactividad y sus implicancias, hace dos años, en función al decreto 527 del presidente Néstor Kirchner –que nos daba diez años más–...

Sr. Instructor (Peralta). – ¿Puede ir redondeando?Sr. Toledo. – Sí, cómo no.Estábamos sumamente convencidos, hicimos las

inversiones y las estamos pagando. Todavía no las ter-minamos de pagar y tampoco las vamos a terminar de pagar en dos años.

No podemos entender que esta ley no nos contem-ple y que permita el accionar de las telefónicas, que se autoexcluyeron el día que compraron –y muy barato– a nuestra ENTel, perteneciente al Estado nacional y público.

Tampoco podemos permitir que las cooperativas de servicios públicos monopólicas puedan participar y competir, porque sería desigualdad contra igualdad.

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Nosotros pagamos anticipos al impuesto a las ga-nancias. Las cooperativas, en cambio, no pagan ese gravamen; gozan del privilegio de recibir concesio-nes de los Estados provincial, nacional y municipal respecto del alumbrado público, de los servicios de energía, de agua y de gas, etcétera. Nosotros no con-tamos con ello.

En función de esto y de tener una clientela cautiva, comenzaron a otorgarse subsidios cruzados. Ninguna de las pymes que mencioné, todas ellas fundadoras de la televisión por cable, duraría dos días, porque la igualdad es entre iguales. No se puede concebir la igualdad entre desiguales. Y si hay desigualdad, las pymes desaparecemos.

Como está escrito este proyecto de ley, las pymes tenemos fecha de vencimiento. Por eso necesitamos que nos tengan en cuenta. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Rodolfo Santecchia, en representación de CARCO.

Sr. Santecchia. – Contra lo que es mi costumbre, voy a leer mi exposición para no exceder el plazo de diez minutos que tengo asignado y así ajustarme al reglamento de esta audiencia pública.

La CARCO –Cámara Argentina de Cooperativas, Mutuales, y otros Prestadores Comunitarios de Radio-difusión– se presenta una vez más a una audiencia pú-blica convocada para tratar la modifi cación de la ley de radiodifusión; como lo hiciera en 2001, cuando in-cluso presentó un proyecto integral a su fi nalización.

Cuando el proceso de modifi cación parlamentaria de la vieja ley de la dictadura fracasó, en aquel mo-mento la CARCO modifi có su estrategia de lucha con-tra la discriminación hacia el sector de la economía social y concurrió al Poder Judicial para procurar la declaración de inconstitucionalidad.

La conseguimos en primera instancia en diciem-bre de 2001 a través del famoso caso “Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Villa Santa Rosa Limitada contra Estado nacional - Poder Ejecutivo - COMFER”, que fue fi nanciado y apoyado por nuestra organización.

De ahí en adelante triunfamos en todos los otros fueros judiciales y en todas las instancias, hasta que en septiembre de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió su famoso fallo, en el que por prime-ra vez se declara la inconstitucionalidad de la ley de radiodifusión. Lo que no se consiguió por vía parla-mentaria, nosotros lo logramos por intermedio de otro poder del Estado, como lo es el Poder Judicial.

De ese fallo contundente de la Corte –que hay que leer–, y no por otra razón surgió el proyecto de modi-fi cación del artículo 45 de la ley en 2004. Así se san-cionó la ley 26.053 en agosto de 2005, que por estos días es olvidada como antecedente en casi todos los análisis. Se dice que estamos ante una norma de la dictadura que nunca fue modifi cada por ley. No es así; fue modifi cada por una ley.

Precisamente en el trámite del debate dentro de la Comisión de Comunicaciones e Informática fue cuan-do se vio el mayor esfuerzo por la búsqueda de acuer-

dos de parte del movimiento cooperativo nucleado en CARCO.

Dado el texto limitativo para el sector que había sido enviado al Senado por el Poder Ejecutivo, bus-camos el consenso que hiciera posible avanzar en la modifi cación de la ley de la dictadura para democrati-zar efectivamente las comunicaciones. Debemos reco-nocer y recordar que todos los bloques parlamentarios buscaron esos acuerdos con buena predisposición. In-cluso el bloque mayoritario de aquel momento, que podría haber evitado los consensos pues tenía el nú-mero de votos sufi ciente, hizo un esfuerzo muy loable por encontrar una fórmula que sintetizara la voluntad común a alcanzar. Por eso se cambió, casi por unani-midad, el artículo 45.

Quiero recordar al ex diputado Osvaldo Nemirovs-ci, quien, en su momento, era el presidente de la Comi-sión; al ex diputado Héctor Polino, que prácticamente es un diputado cooperativo, por decirlo así; a la ex diputada Stolbizer y a los actuales diputados Bonasso y Pinedo. Todos ellos participaron de ese debate.

Recordamos que en ese momento el Poder Ejecuti-vo, encabezado por Néstor Kirchner, se oponía rotun-damente a la inclusión de las empresas de servicios públicos como licenciatarias. Por eso, el eje del debate giró en torno a cómo cumplir con el fallo de la Cor-te que había declarado que la ley de la dictadura era inconstitucional para una cooperativa precisamente prestadora de servicios eléctricos y telefonía.

Humildemente, nos corresponde haber sido los au-tores de la famosa frase, que incluso hoy está presente nuevamente en el texto enviado por el Poder Ejecu-tivo. La frase es: “Realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés general de la población”.

De esa forma se trató de consensuar cómo se resol-vían los problemas de las empresas prestadoras ante-riores y las cooperativas de servicios públicos.

Dicha expresión no fi guraba en el despacho de la comisión que se llevó al recinto pero fue acordado con participación de CARCO como fórmula de consenso entre los distintos bloques previo a su tratamiento, e incorporado durante el debate en el plenario. Recor-damos que se aprobó casi por unanimidad.

Con esto se buscaba resolver el problema de las cooperativas de servicios públicos a las cuales se pre-tendía seguir proscribiendo de las licencias.

Sin embargo, cuando el Senado revisó el texto aprobado por la Cámara de Diputados –donde no po-día más que insistir con su proyecto original o apro-bar el que venía de la Cámara Baja–, le hizo una sola corrección: suprimió inconstitucionalmente la frase alcanzada por consenso.

Así, en la actualidad ninguna empresa de servicios públicos, ni lucrativa ni cooperativa, puede ser titular de licencias.

Por eso, hoy apoyamos este nuevo esfuerzo tendien-te a sancionar una ley de servicios de comunicación audiovisual, porque nuestra vida ha estado dedicada a tener una ley de la democracia.

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Todo el sector cooperativo en general pasó veinti-cinco años de exclusión por una discriminación basa-da en la teoría de la seguridad nacional que impusie-ron los tiranos de entonces.

Debemos tener en cuenta que el sector cooperativo de servicios públicos le debe agregar cuatro años a esa discriminación, es decir, veintinueve años de exclu-sión. Esto lo digo a raíz de las palabras vertidas por el vicepresidente del INADI al comenzar la audiencia pública del día de hoy.

En ese tiempo diversas empresas lucrativas obtu-vieron licencias de radiodifusión en las miles de co-munidades atendidas por cooperativas de servicios públicos, mientras a éstas se les negaba el acceso.

Pudieron instalarse, crecer, acumular capital y dar los saltos tecnológicos que fueron necesarios precisa-mente por la ausencia del sector de la economía soli-daria. Nosotros no nos negamos, no lo rechazamos y creemos que es cierto.

Pero además, desde agosto de 2000 hasta marzo de 2009, es decir, durante 103 meses, los gobiernos de los ex presidentes De la Rúa, Duhalde y Kirchner, y el actual de la presidenta Fernández de Kirchner, mantu-vieron cerrada la venta de pliegos para los denomina-dos servicios complementarios.

La ley se modifi có en 2005 pero hubo cuatro años más durante los cuales los pliegos no se vendieron, con lo cual la discriminación en este servicio se vio potenciada favoreciéndose a niveles aún mayores la concentración de medios.

Las cooperativas de las ramas de servicios públi-cos representan, según el censo realizado en el año 2005 por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social –INAE–, el 41 por ciento del total de cooperativas –página 47– y totalizan la cantidad de 1.521 entidades –página 49–. Sólo sobre las enti-dades censadas en el momento de la realización del mismo –junio de 2005– había 1.466.349 asociados a éstas –página 61–.

Eso signifi ca que casi 6 millones de compatriotas reciben servicios públicos de cooperativas en nuestro país, es decir, un 15 por ciento del total de argentinos, y tenemos que considerar que el porcentaje de coo-perativas de servicios públicos en los grandes centros urbanos aumenta sustancialmente sobre el total de usuarios del denominado interior profundo, donde el Estado y las empresas concentradas siempre, siempre, siempre estuvieron ausentes.

Por eso es que el actual proyecto y su redacción fi nal deben ser, a nuestro criterio, analizados muy cuidadosamente, porque los tiempos han cambiado. La brecha de desigualdad se ha incrementado y las fórmulas de consenso para permitir el ingreso de las cooperativas de la rama de los servicios públicos utili-zadas en 2005 –cuando se mantenía excluidas a todas las empresas prestadoras de servicios públicos– deben ser contrastadas con la situación actual; el texto pro-puesto por el Poder Ejecutivo nacional y algunos otros presentados por señores diputados –que se analizan en estas audiencias– autorizan a las empresas de servi-

cios públicos en general como prestadoras de servi-cios audiovisuales.

Para sostener esta postura nos basamos en la docu-mentación antedicha: los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el pro-yecto de ley de la señora diputada Giudici –concreta-mente, en el inciso g) del artículo 6° y en los artículos 7°, 23 y 28– y en nuestra propia iniciativa.

Asimismo, tenemos en cuenta un artículo del pro-yecto en consideración que consideramos esencial. Me refi ero al artículo 12, donde se detallan con mi-nuciosidad las misiones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El inciso 10 de este artículo dice: “Velar por el desarrollo de una sana competencia y la promoción de la existencia de los más diversos medios de comunicación que sea po-sible, para favorecer el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la comunicación”. Luego, el inciso 13 se refi ere a promover y estimular la inver-sión, entre otros aspectos esenciales.

La CARCO, en representación del sector cooperati-vo de servicios públicos, que aspira a ejercer el dere-cho de ser titular de licencias para servicios de comu-nicación audiovisual, considera que la mejor forma de prevenir las prácticas monopólicas en las comunida-des servidas y de favorecer el ejercicio humano de la libertad de expresión y de comunicación –como dice el proyecto– es, precisamente, que este Congreso re-conozca la enorme injusticia cometida durante los úl-timos veintinueve años, en los cuales las cooperativas de servicios públicos fueron excluidas.

Sr. Instructor (Peralta). – Le pido que vaya redon-deando.

Sr. Santecchia. – Hoy son el sector mayoritario del cooperativismo argentino; son empresas nacionales o locales autosustentables, que no necesitan ser subsi-diadas pues disponen de patrimonio propio.

Este simple concepto se confunde en el artículo 25 del proyecto, ya que se les da el mismo tratamiento a las cooperativas de servicios públicos que reciban oposición de prestadores actuales, los que en general brindaron servicios en exclusividad durante diez o quince años sin que hubiera regulaciones de calidad, objetivos de universalidad, libre accesibilidad o tari-fas, precisamente porque manejaban servicios desre-gulados.

En consecuencia, nuestra propuesta es la siguiente: “Artículo 25. – Excepciones. No será aplicable lo dis-puesto en el inciso i) del apartado I y el inciso d) del apartado II del artículo 23 cuando:

“I. – Se tratare de personas de existencia ideal sin fi nes de lucro, que podrán ser titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual…” Las coo-perativas de servicios públicos no son monopolios, porque la propia defi nición de “monopolio” indica la existencia de oferta y demanda. Están excelentemente desarrolladas en la Argentina y son la síntesis perfecta de oferta y demanda. El mismo usuario es el dueño de la empresa.

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Esta característica, que se da en pocos lugares del mundo y encuentra su mayor desarrollo en la Repúbli-ca Argentina, debe ser reconocida; y sin que se ataque a alguien, estas cooperativas merecen gozar de aque-llos derechos que durante veintinueve años tuvieron proscriptos. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Pedro Bussetti en representación de DEUCO.

Sr. Bussetti. – Como miembro de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores quiero decir, en primer lugar, que a partir del golpe cívico-militar de 1976 comenzó el más profundo y estructural proceso de concentración, oligopolización, monopolización y extranjerización de nuestra actividad productiva y económica.

Este proceso, que se dio en forma simultánea a la destrucción del Estado –que, de esta manera, fue des-articulado y debilitado al implantarse la economía de mercado–, se acrecentó en la década de los noventa y hasta la fecha no fue posible interrumpirlo.

Hoy las más importantes áreas estratégicas de nues-tra economía están en manos del capital privado, en su mayoría extranjero o multinacional; tienen posición dominante en los mercados en los que intervienen y condicionan nuestro desarrollo económico y también cultural.

Entre esas empresas se encuentran las petroleras, las mineras, las siderúrgicas, las automotrices, las quími-cas, las constructoras, las elaboradoras de alimentos y bebidas, y también las de telecomunicaciones.

El hecho de que hoy estemos aquí debatiendo, dis-cutiendo, proponiendo, confrontando opiniones y po-siciones diversas sobre un proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo nacional que tiene como obje-tivo desarticular la concentración y oligopolización de uno de esos sectores económicos, es la consecuencia de la intensa lucha desarrollada.

La mayoría de las veces lo hicimos en forma silen-ciosa por parte de miles de compañeros que hace algo más de dos décadas entendieron que la comunicación es un derecho que no sólo pertenece a las empresas de medios.

Así, se propusieron construir una comunicación popular y democrática, participativa y transformado-ra, y no renunciaron a ello a pesar de las estrecheces económicas, las persecuciones, las estigmatizaciones y las prohibiciones que se impusieron desde distintos gobiernos.

Este proyecto –que pronto será ley– es tributario de esas luchas, y por eso nos debe alentar a exigir la misma voluntad política para llevar adelante la tarea de desarticular esos otros oligopolios y monopolios mencionados aquí, que deciden por sí mismos los des-tinos de nuestro país al disponer de una capacidad casi superior a la del mismo Estado.

Creemos oportuno que todos los legisladores que integran el Congreso de la Nación debatan este pro-yecto ahora, porque tienen la legalidad y la legiti-midad que les reconocemos cuando les reclamamos que también debatan ahora otros temas trascendentes, como la derogación de los tarifazos de energía eléc-

trica y gas natural y del decreto 2.067, que impone un cargo a los usuarios de gas natural.

Del mismo modo, creemos que nos asiste el dere-cho, al que no podemos renunciar, de que este proyec-to se transforme en la mejor ley, que interprete cabal e integralmente los veintiún puntos elaborados por el consenso de centenares de organizaciones y miles de compañeros.

En este sentido, advertimos algunas debilidades, inconsistencias y muchos riesgos que hemos desarro-llado en nuestra ponencia y que aquí trataremos de resumir.

El punto 2 de los veintiún puntos de la Coalición dice: “La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población por el que se ejerce el derecho a la información”.

El punto 4 señala: “Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad”. Sin embargo, esto no está contemplado en el proyecto de ley.

Por eso proponemos la siguiente redacción: “Los servicios de comunicación realizados mediante el uso del espacio radioeléctrico o por medio de vínculo fí-sico constituyen un servicio público”, y no de interés público, como dice la ley. Y agregamos: “El espacio radioeléctrico es un bien público del Estado”.

El punto 19 de la iniciativa presentada por la Coa-lición por una Radiodifusión Democrática dice: “La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitu-ción el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovi-suales”.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo no dice nada de esto. Sostiene que la autoridad de aplicación se creará “…en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, dependiendo de la Secretaría de Medios de Comuni-cación de la Jefatura de Gabinete de Ministros…”. Luego, establece que el directorio de la Autoridad Fe-deral de Servicios de Comunicación Audiovisual esta-rá integrado por “…cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos de ellos a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual”.

Creemos que la autoridad de aplicación no tiene que depender del poder político de turno sino del Congreso de la Nación a través de dicha comisión bicameral, y que su directorio debe estar conformado por consejos regionales de servicios de comunicación audiovisual, quienes deberían establecer al menos una delegación en la capital de cada provincia.

Entre las facultades de esos consejos regionales se encuentra la de aprobar los pliegos para los concursos de otorgamiento de licencias para propuestas comu-nicacionales y de programación de las emisoras. De esta manera pretendemos que dichas propuestas y la programación para las emisoras del interior del país dejen de ser elaboradas por personas de Buenos Aires para pasar a ser realizadas regionalmente, atendiendo

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no sólo las peculiaridades culturales sino también las necesidades del lugar.

Estamos convencidos de que es inconveniente para la sociedad que la comunicación esté en manos de grandes empresas concentradas prestadoras de servi-cios públicos, menos aún de aquellas que participaron en el saqueo que signifi có el proceso de privatización realizado al amparo de la ley de reforma del Estado, hecho que es importante que todos recordemos.

Por eso nos oponemos al ingreso de estas compañías a la prestación del servicio de comunicaciones y pro-ponemos que el artículo 25 establezca que en ningún caso, las empresas concesionarias de servicios públi-cos y de telecomunicaciones podrán tener injerencia en la programación de las empresas licenciatarias o en el suministro de los contenidos a ser emitidos.

Por otra parte, porque creemos que el defensor del Público debe ser designado bajo el control y la parti-cipación de la comunidad, planteamos que su nom-bramiento sea sometido previamente a la considera-ción de audiencias públicas celebradas en cada región del país. Entendemos que sus funciones deberían ser ampliadas; por ejemplo, tendrían que agregarse la de convocar anualmente a audiencia pública en cada re-gión del país a efectos de evaluar el adecuado fun-cionamiento de los medios y la de vehiculizar las de-nuncias y propuestas que resulten aprobadas en dichas audiencias.

Por otra parte, proponemos que sea facultad del de-fensor del Público requerir ante el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual –o bien judicialmente– la destitución de miembros del directorio de la autoridad de aplicación que incurran en incumplimiento o mal desempeño de sus funciones.

Asimismo, sugerimos que la Defensoría del Público establezca una delegación en cada región a efectos de descentralizar su labor, haciéndola de esa manera más efectiva y federal. Los delegados también deberían ser elegidos en audiencia pública.

Sr. Instructor (Ottone). – Le pido que redondee su exposición.

Sr. Bussetti. – Porque creemos fi rmemente que las emisoras de baja potencia constituyen la base funda-mental a través de la cual tanto las organizaciones sociales y comunitarias de diferente índole como aquellos jóvenes que con inquietudes desarrollan sus capacidades comunicacionales, culturales y artísticas, armonizando su vocación con las necesidades de la comunidad, es que discrepamos con este proyecto de ley que asigna a esas licencias un carácter de excep-ción, subordinando su existencia a la decisión discre-cional de la autoridad de aplicación.

Estamos convencidos de que el otorgamiento de las licencias debe ser el resultado de una acción de fomento, y no de un acto de excepción. Por eso con-sideramos que en el artículo 41 debe explicitarse que la autoridad de aplicación fomentará a las entidades comunitarias y los medios de baja potencia.

En este sentido también planteamos un aumento del porcentaje de distribución de los ingresos por gravá-menes para los proyectos especiales de comunicación

audiovisual y apoyo a medios de fomento comunita-rios y de los pueblos originarios, elevando el actual 4 por ciento que plantea el proyecto al 10 por ciento.

Finalmente, dado el tiempo del que disponemos, te-niendo en cuenta que entendemos que todas las perso-nas de existencia ideal sin fi nes de lucro no son igua-les, consideramos que no merecen igual tratamiento en esta ley.

Es por todos sabido que existen asociaciones, ONGs y fundaciones que están vinculadas a empresas comerciales, bancos, etcétera, y por esa razón plantea-mos que sean excluidas del acceso a las licencias.

Para ello, defi nimos en el articulado que correspon-de que personas de existencia ideal sin fi nes de lucro son aquellas personas jurídicas que habiendo obtenido autorización para funcionar no reparten dividendos o ganancias a sus asociados ni están vinculadas por ra-zones de sede, nombre o dependencia económica con sociedades comerciales.

A los fi nes de esta ley, se considera a las coopera-tivas como personas de existencia ideal sin fi nes de lucro. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Federico Montero, en representación de la CONA-DU.

Sr. Montero. – Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios –CONADU– consideramos importante sentar una posición política sobre la actual discusión acerca de la ley de servicios audiovisuales.

Esta posición política no implica dejar de lado los distintos aportes específi cos que fuimos acercando a la discusión que se produjera en los foros que se han llevado a cabo en distintos puntos de nuestro país, donde hemos participado a través de nuestros gremios de base.

Esta posición está encuadrada dentro de un impor-tante marco histórico, social y político que entendemos que se pone en juego en esta discusión en un día muy especial, el 11 de septiembre, ya que hoy se cumple un aniversario más de un golpe de estado que comenzó una ola de golpes en toda Latinoamérica a partir del bombardeo al palacio de la Moneda, en Chile.

Nos parece que tiene que reformarse la norma por-que la disposición en vigencia es una ley de la dictadu-ra, aunque haya sido modifi cada parcialmente durante la democracia. Además, es una ley de la dictadura en tanto recoge los fundamentos de la doctrina de la se-guridad nacional.

Pero también es una ley de la dictadura en tanto ha permitido el otro proceso, que no sólo es de represión política sino de concentración económica, que ha per-sistido hasta nuestros días.

Esta es una ley de la dictadura porque es de Videla, pero también es una ley de Martínez de Hoz, y por eso, como sociedad, nos debemos una discusión sobre este punto.

Además, la discusión sobre esta ley constituye un acto de justicia reparadora hacia el pasado y también un compromiso ético y un acto de justicia proyectiva hacia el futuro.

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Tal como está planteado el proyecto, entendemos que supone una profundización de la democracia, ya que implica un avance en la regulación pública de por lo menos tres aspectos que consideramos centrales en la vida política, social y cultural de nuestro país:

En primer lugar, implica un avance en la regulación de una actividad económica que, sujeta al libre juego de la oferta y la demanda, resulta en un alto nivel de concentración que determina, como se dijo, posicio-nes dominantes y excluyentes en el mercado.

Por ello, en esta actividad –como en muchas otras que fueron mencionadas– reivindicamos la capacidad regulatoria del Estado y la participación del conjunto de la sociedad en los procesos económicos como rea-seguro de su orientación en función de las necesidades del conjunto y no del enriquecimiento de unos pocos.

En segundo lugar, este proyecto de ley implica la re-formulación y la democratización del campo de la co-municación política en la Argentina, construido desde 1983 con una fuerte presencia del capital concentrado. Como bien saben los trabajadores de la prensa, no to-dos los periodistas opinan en los medios, no todos los analistas aparecen y no todos los políticos intervienen en las discusiones.

Como se dijo anteriormente, las empresas multi-medios son parte de los sectores concentrados de la economía. Sabemos que no resignarán una porción de su capital y de sus benefi cios en función de modelos inclusivos y de justicia social. Por eso hace falta la intervención estatal.

También debemos decir que es necesaria la redistri-bución de la palabra y del poder comunicativo dentro de la sociedad. Por eso hace falta contar con un mar-co regulatorio que resguarde y promueva el derecho de contar con información variada y de calidad, que permita la expresión de muchísimos sectores que no tienen recursos, licencias y capacidades para hacer escuchar sus ideas y demandas acerca del país que quieren.

En tercer lugar, una nueva ley de medios es condi-ción para la democratización de la lucha política en el seno de nuestra sociedad, lucha que hoy se libra en un escenario mediático donde no todos aparecen –como dije antes–, que tiene protagonistas que muchas veces nadie eligió y cuya lógica favorece a determinadas formas de politización más atentas a los gestos que a las palabras, a los tonos que a los contenidos, a las fi guras que a los colectivos.

Esta nueva realidad demanda, en lo inmediato, equilibrar las cargas y multiplicar las voces, los dis-cursos y las imágenes para que los sectores populares participen también de esta disputa en la arena mediá-tica. La llamada “crisis de representación política” no está saldada aún, y queda como tarea pendiente la construcción de un nuevo sujeto político que poten-cie lo alcanzado y plantee los debates pendientes para avanzar en un modelo de justicia social, independen-cia económica, soberanía nacional e integración lati-noamericana. Para esa tarea también hace falta demo-cratizar los medios.

Por estas tres razones, y por muchas otras, desde la CONADU –Federación Nacional de Docentes Uni-versitarios– damos la bienvenida a esta discusión y la alentamos no sólo en el seno de nuestra sociedad sino en cada una de las universidades nacionales, espacios de producción del conocimiento público, que también debe ser democratizado y espera la sanción de una ley al respecto.

La producción y la circulación del conocimiento deben estar al servicio de las necesidades de las gran-des mayorías. La nueva ley nos permitirá profundizar el carácter público de la universidad a través de sus producciones en las frecuencias que se habiliten.

Por las razones expuestas, entendemos que el no tratamiento de este proyecto de ley sería un crimen contra la justicia, la libertad y la democracia.

Ante la injustifi cada y sobredimensionada reacción de algunos sectores, la única garantía que existe en el campo popular y nacional es el tratamiento urgente de esta iniciativa. Debemos romper el cerco mediático, que no es un cerco contra el gobierno sino un cerco contra la pluralidad de voces, contra el conjunto de los sectores sociales que quieren participar en el gran de-bate nacional sobre el proyecto que se quiere forjar.

Como federación, como gremio, como docentes, como argentinos, consideramos que el proyecto de ley presentado es básicamente correcto, aunque perfecti-ble, y que es infi nitamente superador de la realidad actual. Por historia y por experiencia, no creemos en ninguno de los motivos enunciados para su no trata-miento.

Esto lo expresamos desde una postura vinculada con la defensa de los intereses de los trabajadores docentes de las universidades nacionales. No existe condicionalidad alguna.

Finalmente quiero recordar aquella frase pronun-ciada por Allende, no casualmente desde una radio, en momentos en que era bombardeada la Moneda.

“Mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.” Con la sanción de este proyecto de ley estamos dando un paso más en ese camino. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Claudio de Langhe, en representación de CCE –Ca-bleoperadores del Norte Argentino–, quien compartirá su tiempo con el señor Héctor Núñez, de ASTEC.

Sr. Langhe. – La Cámara de Cableoperadores del Norte representa a pequeñas empresas del Norte Ar-gentino. Me refi ero a las provincias del Chaco, Co-rrientes, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy y Misiones. Todas ellas están atravesadas por una mis-ma realidad en el contexto socioeconómico que nos equipara.

Somos pequeños cableoperadores y, en su gran ma-yoría, empresas familiares. Todas son generadoras de empleo local genuino con características que las en-cuadran dentro de las pymes.

Desde hace más de quince años, con mucho esfuer-zo, venimos desarrollando nuestras empresas e incor-

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porando tecnología aun a costa de superar muchas di-fi cultades.

Se trata de una actividad que se encuentra diseñada para ser opción de negocio sólo para los grandes pres-tadores de los centros densamente poblados.

En la mayoría de los casos constituimos la única oferta de acceso a la información y al servicio de la televisión para todas las localidades. Las realidades económicas de nuestras comunidades nos obligan a manejar valores de abonos acotados a tales realidades, al tiempo que estamos obligados al pago de los costos de las señales que incluimos en nuestras grillas a los mismos valores que las grandes ciudades.

Sin embargo, nos parece importante hacer llegar nuestro aporte sectorial a la propuesta del proyecto de ley de servicios audiovisuales, particularmente con algunos aspectos que podrían perjudicar a gran escala nuestra subsistencia hasta el punto de hacernos des-aparecer del mercado con la consiguiente afectación de derechos a nuestros empleados y sus familias.

Debemos dejar necesariamente aclarado que la pos-tura del sector no apunta a que se limite la posibilidad de acceso de nuevos prestadores. Creemos que la com-petencia es sana y saludable para mantener las mejo-res condiciones de prestación del servicio pero, para ello, es indispensable que quienes compitan puedan hacerlo desde una base de igualdad de condiciones.

Entendemos que es indispensable restringir la po-sibilidad de incorporación de las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos, como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, en aquellas localidades donde el servicio es prestado con empresas minipymes o, al menos, establecer condiciones por las cuales nos permitan una auténtica competencia.

En efecto, respecto a las cooperativas, para el pe-queño y mediano operador de cable es imposible competir, ya que las mismas persiguen benefi cios impositivos, efectúan subsidios cruzados y terminan realizando de hecho monopolios de servicios obligan-do a los pobladores –como clientes de los servicios telefónicos, de agua y de electricidad– a recibir el ser-vicio de cable dentro de una misma prestación y de una misma facturación.

El ingreso de MSO y, peor aún, el ingreso de las empresas telefónicas al mercado, hoy ocupado por minipymes familiares para brindar servicios de tele-visión por el medio que sea –por cable, por satélite o por IPTV–, nos dejaría fuera del mercado en el corto plazo, ya que las mismas son compañías de enormes recursos económicos comparados con las nuestras.

Por ello proponemos que en las localidades donde existan minipymes prestadoras de servicios de comu-nicación audiovisual por vínculo físico no se permita el acceso a los prestadoras de servicios públicos, tele-fónicas, MSO, cooperativas y asociaciones sin fi nes de lucro por el término de quince años, para que en ese tiempo podamos alcanzar igualdad de condiciones tecnológicas.

Este tiempo es prudencial para poder fi nanciar nuestras inversiones, recordando siempre que somos minipymes familiares, merecedoras de subsidios, pero

que no pedimos. En cambio, sí reclamamos la seguri-dad jurídica que resguarde nuestra inversión al servi-cio de la comunidad.

Según información recogida de un medio gráfi co mexicano, las telefónicas de ese país están impedidas de ingresar al mercado de televisión por cable por un período similar. De esta manera, protegen y dan posi-bilidad de innovar a la pequeña empresa mexicana.

En el mismo sentido, a los fi nes de preservación de nuestras pequeñas empresas con la consiguiente con-servación de las fuentes de trabajo, entendemos que el nuevo marco regulatorio debería de algún modo establecer las condiciones para limitar la cantidad de licencias en las pequeñas localidades, haciendo una escala según la cantidad de habitantes donde presta servicio, teniendo en cuenta las realidades económi-cas del NEA, del NOA, del centro y del sur del país.

La asignación de licencias por cantidad de habitan-tes debería realizarse sin afectar la sana competencia, procurando que el pequeño inversor goce de seguridad jurídica para que el emprendimiento sea sustentable.

Frente a las posibilidades que brinda la tecnología para suministrar el servicio triple-play, dado que en la mayoría de nuestras localidades los servicios de In-ternet y de telefonía IP están limitados por el costo del ancho de banda ofrecido por el proveedor mono-pólico –Telecom, en nuestra zona–, a fi n de que sus habitantes puedan disminuir la brecha digital que los separa de los centros más densamente poblados, en-tendemos que el carrier de la señal IP debería estar obligado a llevar su fi bra óptica hasta el cabezal de las mini-pymes. Así, éstas serían las distribuidoras de Internet y de telefonía IP, y brindarían la plataforma para acceder a la telefonía pública a través de nuestra red en aquellas localidades donde se presta el servicio de televisión por cable.

Si bien la cuestión no es competencia de la autori-dad de aplicación, a los fi nes de una adecuada valora-ción de toda la problemática del sector, en lo que se refi ere a servicios audiovisuales ponemos en vuestro conocimiento que el costo del ancho de banda en el in-terior del país supera con creces los valores de Capital Federal y las capitales de provincia. En el Norte argen-tino nos encontramos con que el valor del megahertz ronda los 800 dólares, mientras que en las capitales de provincia es de aproximadamente 150 dólares. Esta diferencia de precios, que es abusiva y se encuentra fuera de cualquier análisis de tipo económico, impide a las mini-pymes brindar el servicio de banda ancha a un valor razonable.

Nuestro sector necesita profundizar la innovación tecnológica de las pequeñas empresas y, al mismo tiempo, preservar las fuentes de trabajo genuinas, mientras ofrece mejores condiciones de precios y ca-lidad de atención a los usuarios.

Por ello solicitamos al Estado nacional que propi-cie líneas de subsidios y créditos blandos especiales que nos permitan actualizar nuestro equipamiento y tendido de redes. De esa manera podremos continuar siendo actores importantes en la preservación de la cultura local y de los intereses de nuestras pequeñas

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comunidades. Sólo así estaremos en condiciones de ofrecer el servicio de triple-play: televisión, telefonía IP y telefonía local gratuita entre abonados, y telefonía pública nacional e internacional.

De este modo, la población de nuestras localidades, que recibe atención personalizada de parte de nuestras empresas, se verá inmediatamente favorecida. Ade-más, nos diferenciaremos de las empresas telefónicas comerciales, cuyos abonados pasan muchos meses sin servicio.

A esto debemos agregar que nuestras mini-pymes, para afrontar este desafío, debemos tomar más perso-nal local –sin tercerizar, como hacen las telefónicas y algunas cooperativas– y aumentar la inversión en nuestra línea con la fi nalidad de adecuarnos al nuevo desafío que implica el servicio triple-play.

Quiero destacar que estas obras ya se vienen reali-zando, con mucho esfuerzo, en nuestras mini-pymes. Por eso considero indispensable que el nuevo contex-to contenga una defi nición de “empresa mini-pyme”. Sólo así este tipo de empresas, generadoras de empleo que luchan en condiciones desiguales, podrán prote-gerse de las grandes empresas del sector.

Sin duda, nuestra situación empeorará con el in-greso de nuevos actores al mercado. Por eso propo-nemos que se incorpore, como parte del concepto de mini-pyme, que se trata de aquellas empresas que po-seen hasta veinte empleados; y no ciento veintiocho, como surge del concepto actual de pymes.

Dado el compromiso y la cercanía con nuestras co-munidades, para las que permanentemente producimos contenidos propios limitando aquellos que llegan desde la ciudad de Buenos Aires y las capitales de provincia, entendemos que se debería permitir a los cableoperado-res de las mini-pymes ser licenciatarios de un canal de televisión abierta en su área de infl uencia.

Por otra parte, como una herramienta para la con-servación de la cultura de nuestras localidades, cree-mos que debe dejarse debidamente aclarado que la producción local es entendida de esa manera cuando, en efecto, se genera dentro de determinada localidad.

De modo tal que cada operador –ya sea satelital, por cable o las empresas proveedoras de contenidos IPTV– sea obligado a cumplir dicho requisito. De lo contrario, debe ser considerado falta grave el no cum-plimiento de la misma.

Para los licenciatarios minipymes de televisión por medio físico, solicito que nos permitan acceder a li-cencias por medio de un trámite rápido y simple, para dar servicios de televisión rural por medios inalámbri-cos y con cobertura en nuestra zona de infl uencia.

Nos parecen satisfactorias las regulaciones sobre tope y multiplicidad de licencias, y a ese fi n requeri-mos que la autoridad de aplicación realice un control estricto de otorgamiento de licencias para evitar el uso de testaferros en el caso de que se supere la cantidad permitida por ley.

Es de destacar que nuestras minipymes aplican un abono social, ya que cobramos aproximadamente un 35 por ciento menos que en las capitales de provin-

cia, mientras que pagamos más caras las señales por abonado.

Debo aclarar que nuestras empresas son generado-ras de empleos directos. Además, hay contratación de mano de obra y de servicios indirectos que contribu-yen al desarrollo económico de las localidades donde están emplazadas nuestras empresas.

Es necesario un marco regulatorio acorde con el desarrollo tecnológico que brinde certeza a la activi-dad y proteja esta fuente de trabajo. Al mismo tiempo, debe limitar y restringir las situaciones monopólicas que vive el sector de la comunicación audiovisual en el que desarrollamos nuestra actividad.

Señores legisladores: si realmente quieren proteger a los pequeños cableoperadores, a las empresas fami-liares del interior del país y a las familias que sub-sisten en forma directa con la actividad, necesitamos que el marco regulatorio nos proteja de forma clara y explícita.

Si necesitan conocer con mayor profundidad nuestra realidad, existen asociaciones y cámaras provinciales que nuclean a los pequeños y medianos cableoperado-res familiares. Muchas gracias por esta oportunidad. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Gerardo Cadierno, en representación de Cadieel.

– Luego de unos instantes:

Sr. Instructor (Ottone). – No se encuentra presente.Tiene la palabra la señora Tatiana Merlo Flores, en

representación del Instituto de Investigación en Me-dios.

Sra. Merlo Flores. – Antes que nada, deseo agra-decer la oportunidad de poder estar acá.

Debo decir que no voy a hablar por mí misma sino que voy a hacerlo tratando de que las voces de los chicos y los jóvenes estén presentes; voces que, por lo general, están invisibilizadas y que nadie escucha demasiado.

Nosotros venimos trabajando con chicos desde hace muchos años y hemos hecho foros de jóvenes y medios, tratando de que ellos puedan expresarse y puedan contarnos cómo viven, cómo sienten y cómo usan los medios.

Me parece que esta voz de los chicos y de los jóve-nes es muy importante, pero muchas veces está oculta. Dicen: “¡Qué importantes que son los chicos!” Cada vez que busco fondos para investigación todo el mun-do me dice: “¡Qué bárbaro lo que hacen!”, pero los fondos no llegan. Parece que son importantes, pero relativamente.

Por lo tanto, estar aquí presente es una oportunidad, y se las quiero agradecer.

El Instituto de Investigación en Medios que presi-do, que se llama IDIEM, viene trabajando hace más de treinta años con infancia y juventud, y su relación con los medios.

Nosotros hemos hecho muchas investigaciones, especialmente en forma longitudinal, para analizar procesos. Por ejemplo, tenemos un trabajo sobre con-

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sumos culturales, expectativas, valores y relaciones con la familia de los chicos y adolescentes. Son dos trabajos que venimos haciendo desde 1985 hasta aho-ra. Cada dos años repetimos estos trabajos para ver los procesos que se están dando.

Así pudimos comprobar cómo en 2001 los chicos resintieron las expectativas que tenían en cuanto al uso de los medios y lo que pedían al mundo de los adultos, ya que fue diferente de lo sucedido en años anteriores en relación a lo que ocurre hoy.

Desde 1995 representamos a Latinoamérica y a la Argentina en la Cumbre Mundial de los Medios para Niñas, Niños y Adolescentes, que es el más impor-tante foro internacional de debate acerca de la calidad en la producción de los medios, nuevas tecnologías, políticas y demás destinadas a ellos.

Esta cumbre reúne a productores, investigadores y gente de medios para poder discutir sobre los chicos. Lo interesante es que desde hace dos o tres cumbres se integró a los chicos, ya que se los invitó a participar.

En la última cumbre de 2007 de Sudáfrica logramos ir con tres adolescentes de barrios muy carenciados de Mataderos y Villa Fiorito, que aunque no concurrían a la escuela, hacían medios. A través de algo tan concre-to como es mostrar en un video sus propias realidades, ellos podían sentirse incluidos en la sociedad y forma-ban parte de ella. Esa fue una experiencia maravillosa para todos, y básicamente para mí.

UNICEF habla de lo que en teoría son los medios como herramientas para la inclusión social, pero ellos pudieron mostrarlo, lo cual es totalmente distinto. Por eso me parece que vale la pena considerar y tomar en cuenta las experiencias de estos jóvenes.

La primera cumbre se hizo en Melbourne, Austra-lia, en 1995. Luego se hicieron en Londres, Tesalóni-ca, Río y Sudáfrica. Y la próxima se hará en Suecia en 2010.

Estas cumbres intentan tener una experiencia inte-grada y comparativa de lo que sucede en los distintos continentes. Por eso siempre intentamos llevar a cabo investigaciones comparativas internacionales que nos permitan ubicar a nuestro país en un contexto más am-plio y no quedarnos sólo con esa mirada pequeña, que es más localista.

Asimismo, somos miembros de Observatorios en Red – Medios de Comunicación en América Latina, conformado por Civitas de Guatemala, Calandria de Perú, Fucatel de Chile, Observatorio de Prensa de Brasil, red Andi América Latina de Brasil, Onadem de Bolivia, Fundamedios de Ecuador, Universidad Católica de Venezuela, Universidad Javeriana de Co-lombia y Cinco de Nicaragua. Somos once países que hemos empezado a trabajar hace dos años, tratando de ver qué está ocurriendo con los medios en Latinoamé-rica como región.

Hemos trabajado varios temas, entre ellos el desa-rrollo. Recientemente publicamos un libro sobre cómo trata la prensa los temas de desarrollo social y si hay un compromiso con ese tema. A nosotros nos interesa considerar ese aspecto porque los jóvenes van a ser los depositarios de ese desarrollo.

Pregunto: ¿los medios se comprometen con el desa-rrollo? ¿Tocan temas que realmente hacen al desarro-llo o el desarrollo sólo es económico y solamente se habla desde una perspectiva económica?

Si quieren saber más, este debate lo haremos el mes que viene, evento al cual ya los hemos invitado. En la presentación del libro estará presente Rosa María Alfaro, de Perú.

Quiero comentarles que se analizaron tres medios de la Argentina, como son La Nación, Clarín y Página 12. Además se convocaron a audiencias para que ellos dieran sus conceptos sobre desarrollo y dijeran si ven refl ejado ese ideal de desarrollo en los medios que uti-lizan cotidianamente.

Esto también tiene que ver con los jóvenes que tie-nen una propuesta de desarrollo muy clara. A veces mucho más clara que la nuestra, que tanto priorizamos y que creemos que sabemos. Por eso escucharlos nos enriquece mucho y nos da más esperanza que cuando hablamos entre los adultos y creemos que sabemos.

En la Argentina hemos creado una herramienta de medición del impacto televisivo, MIT. Hasta ahora siempre nos basamos en el rating. Todos los medios, todas las audiencias y las publicaciones tienen que ver con el rating y con el contacto, es decir, con cuántas pantallas de televisión están prendidas.

Nosotros estamos buscando algo totalmente distin-to, es decir, ¿cómo es el contrato que hacemos con los medios? En este sentido, nos interesan especialmente chicos y jóvenes, que son los sectores más vulnera-bles.

Entonces, ¿cuál es el contrato que nosotros hace-mos con los medios? Cuando prendemos la televisión, muchas veces lo hacemos sólo para pasar el rato, y otras veces la encendemos porque hay un programa que específi camente nos interesa. Ese es nuestro pro-grama preferido. Así, cuando prendemos la televisión para ver ese programa que no queremos perdernos, hay un contrato con los contenidos.

Lo que hemos tratado de analizar durante doce años –esta herramienta ha sido larguísima y ha sido una ac-tividad agotadora realizada desde la Universidad de Buenos Aires– es el compromiso de la fi cción televi-siva de producción local con los temas de desarrollo y con los problemas que preocupan especialmente a nuestros jóvenes.

¿Qué nivel de compromiso tiene la fi cción televisi-va? ¿Cómo este nivel de compromiso tiene una rela-ción absolutamente directa con el involucramiento que los jóvenes tienen con esos contenidos televisivos?

Vidas robadas ha sido un caso paradigmático, y no-sotros lo analizamos todo el año pasado porque tocó un tema que era invisible en nuestra sociedad, como es la trata de personas, la prostitución en la adolescen-cia, e incluso tocó también el tema de la prostitución infantil. No nos animábamos ni a hablar de estos te-mas, y no estaban en los medios.

Una fi cción de producción nacional crea agenda y, además, crea ciudadanía. Cualquier cantidad de chi-cos y de jóvenes en todo el país armaron campañas

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y se hicieron montones de acciones concretas en fun-ción de esta temática.

Lo que busca MIT es lograr que los medios en-tiendan que el compromiso social no solamente es un deber de responsabilidad social sino que además produce mayor involucramiento, que no es rating; es otra cosa. Pero cuando hay involucramiento no hay zapping; cuando hay involucramiento la relación es totalmente diferente.

Esto lo que pretendemos trabajar con los medios, con los productores, con las audiencias, para poder ofrecer información permanentemente y que incluso los auspiciantes sepan dónde van a pautar.

Juntamente con Nordicom, de Suecia, dirigimos el índice de responsabilidad social en medios para in-fancia y adolescencia. Se trata de una investigación hecha por quince países de todo el mundo que busca agregar indicadores de responsabilidad social en los medios dirigidos a chicos o –en los medios que ven los chicos– al pacto global de responsabilidad social de las empresas.

Nosotros generalmente hablamos de las cosas he-chas para chicos. Resulta que ellos ven programas infantiles hasta los ocho o nueve años y después ven programas para adultos. Entonces, no se trata sola-mente de los programas hechos para chicos sino de los programas que ellos ven, y muchas veces los mi-ran con sus padres. Vale aclarar que también lo hacen a las once y doce de la noche.

Es decir, ¿qué está pasando con esto? ¿De qué ma-nera las empresas que pautan y hacen posible estos contenidos tienen que incorporar indicadores a su cadena de valor agregado de responsabilidad social donde ellos también se hagan responsables de los con-tenidos que son posibles porque hay una pauta publi-citaria que los sostiene y apoya?

En este sentido estamos trabajando con quince paí-ses del mundo. Les quiero contar que la idea surgió del MIT, desde la Argentina, pero aquí tenemos mu-chísima más resistencia para llevar adelante cualquier proyecto. A nivel mundial, es mucho más fácil. A ni-vel latinoamericano también.

Me da muchísima pena tener que decir esto y discu-tir la ley de manera permanente y sistemática, porque parece que nunca llegamos a acuerdos. Es mucho más simple afuera. No sé qué tenemos los argentinos. Ha-bría que hacer una investigación sociológica para ver qué nos pasa que nos trabamos tanto.

Lo importante de todo es que nosotros hemos rea-lizado dos foros con jóvenes y medios para que ellos pudieran discutir qué les piden a los medios. Además, el último foro lo hicimos en Canal 7 para que discutie-ran específi camente la ley y que nos dijeran qué pien-san y qué quieren de ella.

Miren lo que les cuento: prohibimos la intermedia-ción adulta, porque los adultos muchas veces estro-peamos la espontaneidad de los chicos. Les pedimos a esos adultos que no dieran consignas y que no le dijeran absolutamente nada para que los chicos sim-plemente pudieran trabajar sobre la ley.

Siempre intentamos propiciar todas las acciones que defi endan los derechos de las niñas, niños y ado-lescentes. Y esto no es posible si no se defi ende un concepto de medios para todos, sin que importe géne-ro, contexto social, cultural y regional.

Esto implica que niñas, niños y adolescentes pue-den reconocer su propia voz y conocer la de otros pa-res. Sin embargo, se hace evidente que están poco re-presentados en los medios y cuando lo están aparecen en roles limitados, siendo su voz raramente escuchada y omitiéndose la mayor parte de las veces la difusión sobre sus derechos.

Nuestra misión es amplifi car esa voz, pero sin in-termediaciones, desde una participación activa no solamente como audiencia sino como ciudadanos que quieren y pueden ejercer plenamente el derecho a la comunicación.

Son muchísimos los problemas que viven nuestros chicos hoy, muchos más de los que ustedes imaginan. Entonces es urgente no solamente poner foco en los problemas sino también en las alternativas de solución que ellos mismos saben que pueden hacer o que pro-ponen.

Quiero contarles que hicimos un trabajo a nivel in-ternacional comparativo llamado “Televisión cómo te quiero”. Se expresaron 15 mil chicos sin intermedia-ción de adultos porque fue un spot que aparecía por televisión invitando a los chicos de entre 7 y 13 años a mandar cartas, dibujos o e-mails diciendo simplemen-te lo que pensaban.

Quiero leerles algunas frases textuales de los pe-didos de los chicos. Un varón de 12 años dijo: “Vos que tenés tanta infl uencia en el mundo convencé a los adultos para que empleen su tiempo en crear trabajo y no en hacer materiales para la guerra”.

Una niña de 12 años comentó: “Televisión: ¿pue-do soñar que un día al encenderte pueda ver un país donde todos tengamos agua y donde todos los niños puedan ir a la escuela y no tengan que trabajar?”

Una niña de 9 años escribió: “Televisión estás en mi casa y ya sos de la familia. Y estoy convencida de que nos puedes hacer felices”.

Otra niña de 13 años señaló: “Invádeme con amor y sabiduría e iremos creciendo y formándonos mental-mente para integrar una sociedad mejor”.

Y fi nalmente un niño de 12 años expresó: “Nos po-dés explicar cosas esenciales que nos van a ayudar a vivir mejor nuestro futuro”.

Es muy importante ver que en los pedidos que los chicos hacen a los medios, que en realidad son pedi-dos a los adultos, integran a todos los que no tienen. Todos ellos, los de 7, 8, 9, 10, 11 años están integran-do en forma sistemática y permanente al que no tiene. Me refi ero al que no tiene acceso a todos los canales, al que no tiene agua, al que no tiene y está fuera.

Incluso había una carta que decía: “Aunque yo no lo pueda ver, que otros chicos lo puedan tener”. A mí me emocionó porque era una cuestión de generosidad. Esta es la mirada de nuestros niños.

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¿Qué hacemos los adultos que esta mirada luego se pierde? Simplemente pregunto qué hacemos, qué nos pasa.

Finalmente, quiero leer textualmente la conclusión a la que arribaron los chicos en la discusión de la ley de radiodifusión. Dice así: “Declaración de los jóve-nes. Foro de Jóvenes y Medios. Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.

”Con respecto a la información pensamos que: se debe evitar la monopolización de la información, ya que necesitamos tener la posibilidad de acceder a di-versas voces informativas que nos permitan tener dis-tintos puntos de vista para poder formar nuestra propia opinión y debatir en un clima de respeto y tolerancia.” ¡Qué bueno sería que lo hiciéramos nosotros!

“Con respecto a la programación en general pen-samos que: debe ser más variada, abarcar todas las edades, con mayores contenidos educativos y favore-cer la difusión de cultura.” Acá tengo que hacer una acotación. Cuando hablan de contenidos educativos no hablan de educación formal sino de formación en valores. Es decir que los chicos no piden un maestro en la televisión sino formación en valores.

”También creemos que debe dejarse de lado la ho-mogeneización de los contenidos y promover nuevos estilos y formas comunicativas.”

Fíjense la conciencia que tenemos sobre que los contenidos son todos iguales, que se pelean y que no hay diferenciación.

“Creemos que es importante que se favorezca la existencia de la producción local, regional y nacional ya que esto permite el desarrollo de las emisoras tele-visivas y radiales de cada zona.

”Con respecto a la programación para niños y ado-lescentes pensamos que hay que evitar los estereoti-pos juveniles que los muestran sólo como objetos de consumo o de exclusión social.” Esta es la mirada que tienen ellos sobre la representación que los medios hacen. ¿Saben una cosa? Tienen razón. Los estudios muestran que esta percepción es real.

“Es necesaria la problematización de temáticas ju-veniles que muestren contextualizadamente causas y consecuencias que nos permiten encontrar soluciones a los confl ictos que vivimos cotidianamente.

”Es importante que se nos tenga en cuenta y poda-mos participar activamente como productores o ayu-dando en los medios.”

Fíjense que lo que están pidiendo acá es justamente esto: elementos para el desarrollo y problematizar lo que nos preocupa.

Problematizar signifi ca dar contexto, mostrar las cosas como son y, además, posibles soluciones, es de-cir, todo lo que signifi ca resolución de confl ictos.

Los chicos están viviendo mucha soledad, mucha violencia, muchos problemas que nosotros –que ahora somos adultos– no hemos vivido. Se trata de proble-mas típicos de esta etapa.

Necesitan que los medios les den respuestas. Hay una demanda muy fuerte. Pero pareciera que no hay respuesta a la demanda, aunque siempre se dice que los medios responden a las demandas.

Con respecto a la participación de niños y ado-lescentes pensamos que deben generarse los canales necesarios para que esta participación sea oportuna como, por ejemplo, la inclusión de proyectos relacio-nados con la comunicación que realizan los niños y adolescentes en escuelas u otros lugares.

Sr. Instructor (Ottone). – Por favor, ¿puede ir re-dondeando?

Sra. Merlo Flores. – Sí.“Debe asegurarse la enseñanza de la comunicación,

el periodismo y la publicidad en los colegios para ga-rantizar esta participación.

”Con respecto a los contenidos educativos, artís-ticos y culturales pensamos que se debe generar una mayor cantidad de contenidos entretenidos y hetero-géneos, especialmente en la TV abierta, que nos per-mitan crecer.

”Todos los medios –públicos o privados– deben garantizar que parte de la programación estará desti-nada a este objetivo en horarios o días centrales y no periféricos.

”La televisión, sobre todo, debe ser un espacio de representatividad de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de nuestro país que tengan una especial valoración de la cultura nacional.

”Con respecto a los contenidos deportivos pensa-mos que el esparcimiento es un derecho innegable para los ciudadanos, y el fútbol, como contenido deportivo relevante para nuestra sociedad, debe ser transmitido por televisión abierta de manera pública y gratuita para posibilitar igualdad y equidad en el acceso para todos los sectores sociales. También es importante la transmisión de los demás deportes para fomentar su difusión.

”En cuanto a los contenidos deportivos es impor-tante bajar el nivel sensacionalista de sus coberturas, poniendo especial énfasis en el tratamiento de la vio-lencia.

”Con respecto a los horarios pensamos que debe existir un cumplimiento de los horarios de la progra-mación aplicable tanto a la televisión abierta como por cable. Los horarios deben ser difundidos con de-bida anticipación.

”El horario de protección al menor no se respeta. Hay programas a la tarde que tienen contenidos no adecuados al horario y sus posibles espectadores. También se debe ajustar la transmisión de televisión por cable.

“Los jóvenes presentes nos comprometemos”. Ellos piden...

Sr. Baladrón. – Por favor. Vamos a ser respetuosos con el horario de todos.

Sra. Merlo Flores. – Está bien.Simplemente quiero decir que los jóvenes no sólo

demandan sino que también se comprometen, y se comprometen por escrito con varios puntos, lo cual creo que también es fundamental tener en cuenta, por-que muchas veces demandamos y nosotros no damos respuestas. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Carlos Molinero, en representación de ATA.

14 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Viernes 11 de septiembre

Sr. Molinero. – Gracias por la invitación.Represento a ATA, que es una entidad que agrupa a

la televisión gratuita del país. Nuestra asociación está integrada por veintitrés socios, representados en un 80 por ciento por los canales del interior.

Este año cumplimos 50 años en defensa de la televi-sión abierta y gratuita. Todos sabemos de qué estamos hablando. Se trata de un medio gratuito que informa y entretiene a los ciudadanos los 365 días del año.

En el caso de la televisión privada está generando empleo en forma directa e indirecta a más de siete mil familias. El empleo es básicamente de técnicos, artis-tas, periodistas y guionistas.

El principal ingreso que tiene este medio para sub-sistir es la venta de espacios publicitarios.

En abril de 2008 asistimos a una reunión convocada por la señora presidenta de la Nación para conversar acerca de un nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Aclaro que nos invitó la Presidencia de la Nación. Sin embargo, desde ese momento solicitamos infructuo-samente ser escuchados, sin haber tenido espacio de participación alguna en los proyectos previos y en la evaluación de la iniciativa que hoy nos ocupa.

Por ello iniciamos un expediente ante el COMFER solicitando la implementación del procedimiento de elaboración participativa de normas, establecido en el decreto 1.172 dictado durante la presidencia de Nés-tor Kirchner. La nota fue presentada a principios de junio del corriente año y a la fecha no hemos tenido respuesta.

Esta apresurada convocatoria, que igual agrade-cemos, es la primera ocasión formal que tenemos de manifestarnos sobre el proyecto de ley.

Voy a hacer una síntesis de nuestras consideracio-nes sobre el texto al que recién tuvimos acceso para su lectura el pasado jueves 27 de agosto.

Estamos de acuerdo con la necesidad de un mo-derno marco regulatorio acorde a los nuevos escena-rios de nuestra época, basado en el respeto de nuestra Constitución Nacional, teniendo en cuenta las particu-laridades de la televisión abierta.

Más del 90 por ciento de los hogares diariamente ven televisión gratuita, se informan, se previenen y se entretienen. No hay ninguna duda de que es un servi-cio informativo vital para las familias.

Por las razones expuestas, apoyamos la realización de futuras audiencias regionales.

De la lectura integral del proyecto surge claramen-te la intencionalidad política de debilitar la actividad comercial, privada e independiente. Nos referimos específi camente a los siguientes artículos que voy a enumerar.

Primero leeré literalmente el artículo 149. Dice así: “Régimen de licencias vigente. Los actuales titulares de licencias legalmente otorgadas para explotar algu-nos de los servicios regulados por esta ley, que hayan obtenido renovación de licencia o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún tí-tulo”.

Se excluye del mercado audiovisual expresamente a los actuales licenciatarios. Nada más discriminatorio

y atentatorio contra la Constitución Nacional, como carente de antecedentes en el plano internacional. De-biera seguirse el ejemplo de países que, al momento de establecer un nuevo marco regulatorio, adoptaron medidas que preservaban los derechos adquiridos. Puedo mencionarles entre otros los casos de México y Brasil, o el de Uruguay, donde puede dejar de ser licenciatarios en la medida que su empresa tenga pro-blemas penales o quiebre.

Sin embargo, el proyecto establece en su artículo 150 un criterio contrario respecto de los tenedores de permisos precarios. Se refi ere a aquellos licenciatarios que no obtuvieron la licencia mediante el COMFER. No tenemos absolutamente nada contra ellos, pero queremos confrontar uno y otro concepto. Los que están legalmente y han invertido se van, los demás pueden venir.

En cuanto a la adecuación de los plazos que pro-pone esta iniciativa, los titulares de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previs-tos, por cantidad de licencias o una serie de nuevos ordenamientos, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanis-mos de transición.

Al respecto consideramos imperativo disponer que los actuales licenciatarios, deberán gozar ipso facto de los plazos establecidos en los artículos 33 y 34 al momento de entrada en vigencia de la nueva ley. De ese modo se respetan los derechos adquiridos y las in-versiones realizadas conforme la legislación vigente, fundamentalmente preservando las fuentes de traba-jo y cumpliendo con los artículos 14 y 17 de nuestra Constitución Nacional.

Otro punto que debería reconsiderarse es el artícu-lo 40: “Revisión Bianual de las Licencias”. Si bien están comprendidos los derechos, se deberán estable-cer plazos más extensos de revisión concordantes con los términos de duración de licencias que propone el proyecto, basados tanto en parámetros tecnológicos –como los que menciona– como económicos –de los que no dice nada–, como ser: crecimiento del PBI e inversión publicitaria directa, que preserven la susten-tabilidad económica de las inversiones y que permitan el cumplimiento de las obligaciones contraídas inhe-rentes a esta ley u otra que tienen los licenciatarios. Esto no es solamente para los que estamos sino para los que vengan.

En cuanto al artículo 80, relativo a las reservas en la administración del espectro radioeléctrico, demuestra un avance de lo público sobre los radiodifusores co-merciales privados.

Hoy existen 23 canales de televisión gratuita priva-da y 21 provinciales. Otorga al Estado nacional, a cada estado provincial y a las universidades nacionales las frecuencias necesarias. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de comparación. No tenemos ninguna objeción a que las universidades nacionales dispongan de medios de comunicación.

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Dice entonces: “Las frecuencias necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, el 33 por ciento de todo el espectro para organizaciones sin fi nes de lu-cro...”, por lo que entendemos que el resto, o lo que queda, es para lo privado y comercial. Esto es literal, tal como reza el proyecto.

Cabe aclarar que la legislación vigente, junto con el proyecto bajo análisis, brinda un marco jurídico, económico e impositivo sumamente ventajoso para los mencionados prestadores que competirían con el radiodifusor comercial privado.

Ello es así porque se encuentran exentos de impues-tos nacionales, provinciales y del pago del gravamen que abonan los privados y sus clientes. Sus licencias son por tiempo indeterminado y no tienen requeri-mientos de ningún tipo respecto de los contenidos de la programación.

No obstante ello, se encuentran habilitados para competir por los ingresos publicitarios, generándose una competencia desleal que inevitablemente se tra-ducirá en la casi imposible subsistencia de los canales gratuitos y privados del interior.

Las nuevas legislaciones europeas han revertido esta ecuación. Este año, entre enero de 2009 y diciem-bre de 2011, en Francia la publicidad se eliminará paulatinamente en los cinco canales del Estado.

España se inscribe en la misma línea, ya que a partir del primer día de este mes –septiembre– la televisión estatal española ha dejado de contratar nueva publi-cidad.

Como si ello fuera poco, los medios estatales cuen-tan además con otra fuente de ingresos, como es el presupuesto, los subsidios y otro tipo de cosas.

Atendiendo a su misión de recepción libre y gratui-ta, la televisión abierta no debería abonar el gravamen específi co previsto en el artículo 85 y subsiguientes, como tampoco tener imposiciones de casi imposible cumplimiento, como cuotas de pantalla de cine nacio-nal que hay que comprar desde la emisión del libro.

Parece que el presupuesto del INCAA no alcanza y hay que pedir a otro que fi nancie la actividad; en este caso, un privado gratuito.

Además, se habla de porcentajes de producción y programación local independiente en lugares donde no existen recursos económicos ni humanos para su realización.

Yo no puedo pedir a un canal de Río Cuarto que contrate producción local independiente durante tres horas y media por día, y que no vean canales de Ca-pital porque, directamente, los anunciantes no van a aceptar. En ese lugar no tenemos esa masa crítica.

La gente del COMFER que está a cargo de esto lo sabe. No entendemos cómo legisla en contrario, con un espíritu voluntarista de crear empleo.

Los mínimos de producción propia, nacional y lo-cal independiente y la prohibición de poder emitir en red durante los horarios centrales –artículo 55– hacen que resulte inviable económicamente cualquier canal independiente del interior del país al no poder, dada la limitación de sus ingresos –como dije–, desarrollar grandes producciones propias. Ello sumado a la impo-

sibilidad de transmitir los contenidos de mayor rating/audiencia, producidos en Capital Federal, hará que la audiencia se vuelque a la televisión por cable y, por ende, los anunciantes vean poco atractivo generar pu-blicidad en los canales locales.

Las mencionadas exigencias de fomento a la indus-tria audiovisual deberían ser afrontadas, si correspon-diera –entendemos que sí– por el Estado en procura del bien común.

El artículo 80, relativo a reserva del espectro, torna sumamente azarosa la actividad de los medios priva-dos comerciales, toda vez que éstos sólo tendrán dere-cho al espacio remanente que le dejan el Estado y las asociaciones sin fi nes de lucro. Al respecto se debería establecer un criterio similar al de otras actividades comerciales como la aeronavegación y la telefonía ce-lular y fi ja en cuanto a la cantidad de prestadores que admita el potencial de mercado. No tenemos inconve-niente en que en función de la tecnología cada una de las zonas incremente la cantidad de prestadores.

Quiero señalar que en todo el proyecto no hay un solo criterio económico. Pero descuento que básica-mente los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tendrán en cuenta esta situa-ción.

Lo que se muestra como una herramienta horizontal y democrática puede tornarse nocivo para la misma sociedad si no se establece claramente cómo subsisti-rán todos los involucrados: los que estamos y los que van a venir.

Necesariamente el nuevo marco de la norma digital y de la transición de un modelo a otro debe contemplar –esta es nuestra recomendación– la legislación sobre radiodifusión entre los países miembros del Merco-sur. Además debe incorporar las ventajas competitivas más relevantes para asegurar un amplio desarrollo de las industrias de bienes culturales, elevar el nivel de competencia internacional y garantizar una adecuada rentabilidad a los integrantes de la cadena de valor.

La inversión en tecnología que tenemos que hacer los privados con esta migración de analógico a digital, representa para la televisión privada gratuita una ero-gación de aproximadamente 120 millones de dólares. Esta inversión no tendrá una contrapartida directa por-que como nuestros ingresos son por venta publicitaria, no se prevé un incremento en la inversión publicitaria que nosotros tomamos para fi nanciarnos, que es nues-tra principal fuente de ingresos.

Sr. Instructor (Ottone). – Por favor, vaya redon-deando su exposición.

Sr. Molinero. – Sí, voy a hacer lo más rápido posi-ble. Pero administren imparcialmente el tiempo.

Sin embargo, este cambio tecnológico y la mayor generación de nuevos contenidos –televisión interac-tiva, mejor sonido, mejor calidad– impulsarán fuerte-mente la producción y venta de aparatos de televisión, industria que paradójicamente es la que más benefi -cios impositivos recibe, como ser, la exención total de derechos de importación, la exención del IVA com-pras, la desgravación del 85 por ciento sobre el valor

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de ventas del impuesto a las ganancias y la exención total del impuesto a los capitales.

Se deberían arbitrar los medios para que parte de estos benefi cios se destinen a solventar las inversiones que se necesitan para el cambio tecnológico, tomando como ejemplo lo atinente a la ley de promoción de la industria del software.

La autoridad de aplicación debería ser profesional y eminentemente técnica, con funcionarios elegidos por concurso, con total autonomía del Poder Ejecuti-vo para lograr un ejercicio independiente de funciones y el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley.

Se recomienda la existencia de un órgano de control, que debería ser no otro que una comisión bicameral representada por mayorías y minorías parlamentarias.

Por otra parte, acerca de la publicidad quiero de-cir que el sistema propuesto plantea una competencia desleal entre los distintos prestadores y autorizados.

Las señales extranjeras y nacionales van a poder emitir seis minutos de publicidad por hora de transmi-sión. Estas señales, fundamentalmente las extranjeras, cuentan con una cobertura signifi cativamente más am-plia. Las extranjeras cubren todo el continente ameri-cano, desde Canadá para abajo. Y las nacionales están insertas en los diferentes cableoperadores que actúan en el país con vínculo digital o satelital. Esta es una diferencia con los canales de televisión abierta que solamente pueden cubrir el área geográfi ca que se les asigna, con lo cual existe una competencia de escala que está a la vista y que es terriblemente desventajosa para la televisión privada y gratuita.

Además, dicha competencia se ve agravada en as-pectos fundamentales, como ser los costos de produc-ción y programación. Esto ocurre porque los canales de televisión abierta tienen que producir un 50 por ciento -30 por ciento propio y 20 por ciento local in-dependiente– y cuentan con una audiencia potencial-mente reducida a su área geográfi ca –las ciudades del interior tienen el potencial de inversión de esa área–, lo cual resultará en costos desproporcionadamente mayores para los canales de televisión abierta.

Los avisos publicitarios deberán ser de producción nacional cuando fueran emitidos por la televisión abierta o señales nacionales. Sin embargo no se exige nada de todo esto para las señales extranjeras; artículo 72, inciso a).

El proyecto de ley se aparta en lo relativo a emisión de publicidad de lo resuelto en los dictámenes del ser-vicio jurídico del COMFER 4.500/05 y del dictamen del procurador del Tesoro, del mismo año, el 279/05 que, entre una de las cosas que establecía y recomen-daba ante una duda del COMFER era que las señales extranjeras no deberían contener publicidad. Hasta el día de hoy estamos esperando que el COMFER dé res-puesta a esto, no obstante haber iniciado una demanda judicial.

En cuanto al fomento a la diversidad y conteni-dos regionales quiero decir que se encuentran abso-lutamente violentados los artículos 14, 17 y 32 de la Constitución Nacional al caer en excesos regulatorios,

como restringir arbitrariamente la libre expresión, al disponer tipos de contenidos obligatorios –artículos 3°, 30, inciso g), y 57–, llegándose al absurdo de dis-poner los horarios en que esos contenidos se deben emitir, y la exigencia previa de autorización por par-te del organismo de control –la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación–, tal como lo establecen los artículos 54 y 55.

Por otra parte, esta regulación colisiona abiertamen-te con el artículo 4° de la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, todos acuerdos de mayor jerarquía que nuestras leyes.

Por último, se vulnera el libre acceso a la informa-ción al ciudadano al limitar las producciones, por lo que entendemos que los señores legisladores deberían suprimir el articulado en cuestión. Asimismo, no debe perderse de vista que se trata de un servicio privado sometido al régimen de competencia.

Hay un tema llamativo: todas estas reglamentacio-nes de la que les hablé no están impuestas para la te-levisión estatal, provincial o universitaria –así lo reza claramente el artículo 56–, como tampoco para las se-ñales nacionales o extranjeras que emiten los servicios de suscripción.

Les doy un ejemplo –y ya termino–: estas obliga-ciones serían equivalentes a que los diarios del inte-rior no pudieran contener más del 30 por ciento de sus noticias e información que diarios similares de la Capital Federal y que, a su vez, éstas no pudieran estar en las páginas centrales. Es exactamente igual.

Sr. Instructor (Ottone). – Señor Molinero...Sr. Molinero. – Resumiendo, queremos hacer én-

fasis en los aspectos medulares de nuestra exposición: continuidad de los actuales licenciatarios de televisión privada y gratuita en los términos de los artículos 33 y 34; respeto por las inversiones efectuadas y los de-rechos adquiridos; planifi cación del espectro radio-eléctrico en función de la cantidad de prestadores que admita cada mercado; prohibición a los prestadores de derecho público estatal y no estatal así como a las organizaciones sin fi nes de lucro de vender espacios de publicidad –lo que no quiere decir que no puedan tener esponsoreos–; eliminación de los excesos regu-latorios que constituyen una indebida injerencia en los contenidos de la programación y violación al derecho de libre empresa, y modifi cación o eliminación, en su caso, de aquellas normas que establezcan una situa-ción de desigualdad y competencia desleal entre los prestadores –obligaciones tributarias y de programa-ción–.

Por último, solicitamos a los señores diputados na-cionales atender y evaluar, dada nuestra experiencia, las sugerencias expuestas y analizar nuevamente la necesidad de convocar a audiencias públicas federales y reconsiderar los artículos observados.

Quiero decir que es muy difícil transmitir cincuenta años de experiencia en quince minutos.

Viernes 11 de septiembre CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 17

Sr. Instructor (Ottone). – Quería hacerle una acla-ración, señor Molinero. No sólo administramos bien el tiempo sino que usted estuvo veinte minutos en uso de la palabra.

Sr. Molinero. – Le agradezco, pero esto yo se lo dije cuando usted me interrumpió, cuando llevaba once minutos. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Hugo Barcia, en representación de Faro.

Sr. Barcia. – Como no estoy acostumbrado a mo-nopolizar la palabra, juro que voy a ser breve.

Además de ser presidente de Faro de la Comunica-ción, soy secretario general de la Agrupación de Pe-riodistas Los 100, que hemos integrado la Coalición por una Radiodifusión Democrática y, por lo tanto, hemos colaborado en la elaboración de los veintiún puntos que fueron presentados a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para redacción de este proyec-to de ley que hoy está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Es decir que vengo en representación de muchos colegas periodistas y quiero contarles los fundamentos de nuestro apoyo a esta ley de servicios audiovisuales.

El decreto ley 22.285, que lleva las fi rmas de Videla y Martínez de Hoz, ya era de por sí macabro porque impedía a cualquier organización civil sin fi nes de lu-cro acceder a una licencia de radio o televisión, lo que signifi caba que una facultad o un gremio, por ejemplo, no podían hacer escuchar sus voces.

Además, establecía que el directorio del COMFER debería estar constituido por un representante del Ejército, uno de la Marina, un tercero de la Aeronáuti-ca y otro de los servicios de inteligencia. Es decir, una entidad perfectamente preparada para cazar brujas.

Sin embargo, la reforma que se operó en los años noventa agravó aún más esta situación, porque per-mitió un proceso de concentración monopólica de los medios. ¿Por qué es malo que los medios se con-centren monopólicamente? Porque sólo permite a los dueños de esos medios concentrados hacer escuchar su versión de la realidad, en tanto que las opiniones del resto de los argentinos quedan sumergidas en el silencio.

Se trata pues de un modelo de exclusión de voces, de un modelo de silenciamiento, de uniformidad de discursos, una verdadera dictadura mediática que im-pone sus criterios autoritariamente. Es un modelo que desprecia la democracia, que la degrada y la confi na a un lugar apenas formal en donde nada se debate.

La democracia debe ser fundamentalmente debate de ideas, pluralidad de voces, y deben caber en ella to-dos los ciudadanos. Pero esos ciudadanos deben estar desamordazados y deben tener la sagrada oportunidad de escuchar a los otros ciudadanos, condición indis-pensable para conformar un criterio propio.

Muy por el contrario, el monopolio mediático impi-de estas calidades democráticas. Si los medios siempre fueron infl uyentes y formadores de opinión, a partir de la concentración monopólica hicieron esta despótica ecuación: “Ya no queremos infl uir en el poder; ahora el poder somos nosotros”.

Los argentinos hemos vivido sumergidos durante casi tres décadas bajo el imperio del modelo neolibe-ral; un modelo de exclusión social y de brutal achi-camiento de las capacidades productivas del país, desprecio del mercado interno, pérdida del patrimonio nacional, desindustrialización, derechos laborales que caían en el olvido y la pobreza sentándose a la mesa de millones de compatriotas.

El modelo neoliberal y la concentración monopóli-ca de los medios van de la mano. Son distintas aristas de un mismo proyecto antinacional y antipopular. Los monopolios mediáticos se crearon para acompañar con su silencio cómplice el más grande despojo al que haya sido sometido el pueblo argentino.

En los años 90 los argentinos perdíamos nuestro patrimonio público, el que nos había llevado más de siete décadas acumular con el esfuerzo de millones de compatriotas, y los monopolios callaron.

Ni un solo debate serio se pudo hacer oír mientras desvalijaban nuestra casa. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión, de la prensa libre y del periodismo independiente han sido y son espe-cialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes al pueblo.

Vale la pena recordar que cuando asumió la últi-ma y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en primera plana: “Gobierna la Junta Militar”, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volve-remos a ver.

Los falsos adalides de la libertad de prensa multipli-can las voces de los serviles, de los que acomodan sus discursos para no molestar al amo. Los empleados del mes son gratifi cados con el premio de tener su espacio en la pantalla. Estos serviles tanto dicen que este Con-greso no tiene legitimidad para tratar este proyecto de ley de servicios audiovisuales, violentando la Consti-tución como hicieron los dictadores del 76, como que el órgano de aplicación de la nueva ley no puede tener mayoría del ofi cialismo, vulnerando los principios bá-sicos de la democracia representativa.

Y aquí quiero agregar algo que no está contemplado en este texto que había preparado. En esta audiencia días pasados he escuchado hablar a un representante de las radiodifusoras privadas argentinas, con quien quiero debatir amistosamente. Este señor estaba pre-ocupado -lo expresó acá públicamente y después lo hizo en declaraciones periodísticas– por lo que ocurría con el proyecto de ley en consideración, dejando des-lizar que este gobierno quiere manejar los contenidos. En realidad este proyecto de ley lo que quiere hacer es preservar la producción nacional y por eso mismo le reserva un porcentaje.

Humildemente quiero comentarle a ese señor que el próximo año la Argentina festejará el Bicentenario. ¿Qué quiere decir “bicentenario”? Quiere decir que hace 200 años los argentinos pegamos nuestro primer grito libertario para dejar de ser colonia. Es hora de que algunos se enteren de eso. (Aplausos.)

18 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Viernes 11 de septiembre

Además quiero hacer una apreciación estrictamen-te personal. Quiero recordarles que soy periodista y que en los últimos años he visto cómo de la mano de este proceso de transformación de los medios de co-municación en factores de poder en sí mismos, cómo de la mano de la supuesta prensa libre, cómo de la mano de los supuestos periodistas independientes, mi profesión, la que elegí hace casi tres décadas, se fue degradando y convirtiendo nada más y nada menos que en un espantoso campo de Marte donde lo único que se hacen son operaciones destinadas a extorsionar a los gobiernos de turno.

Hablando de los periodistas independientes, quiero decir que si periodistas independientes fueron aque-llos que callaban en los años 90 mientras la Argentina era saqueada, yo no soy un periodista independiente.

Si periodistas independientes fueron aquellos que callaban cuando en la Argentina desaparecían 30 mil compatriotas, yo no soy un periodista independiente. Yo soy un periodista felizmente esclavo de mis con-vicciones nacionales y populares. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Andrés Torres, gerente de Asuntos Jurídicos de Arte Radiotelevisivo Argentino.

Sr. Torres. – Muchas gracias por la posibilidad de hacer esta presentación.

Respecto de este proyecto de ley, quiero decir que es bastante difícil analizarlo de forma detenida y des-menuzada con el poco tiempo con que contamos.

Durante los veintinueve años ininterrumpidos que llevo trabajando en canales de televisión, en primer lugar observo la importante injerencia que esta inicia-tiva otorga al Estado nacional, a los estados provincia-les y también a las universidades. Digo esto porque si uno analiza el artículo 80 de la ley, nota que se pueden otorgar licencias a los canales de televisión del Estado nacional, de los provinciales, de las universidades na-cionales y de las municipalidades.

En estos veintinueve años a los que hice referen-cia, he advertido a través de los distintos patrones, entre comillas, que he tenido –gobierno y empresas privadas– que los canales estatales son funcionales al gobierno de turno. De esto no tengo absolutamente ninguna duda. Responden al gobierno que esté; yo no digo que en este caso sea al gobierno que hoy nos está gobernando. Puede ser que en las elecciones gane otro o no, y estos canales estatales y provinciales respon-derán a ese gobierno.

Desde 1973 hasta 1990 los canales estuvieron en poder del Estado. Si se habla de monopolio, no sé cómo deberíamos califi car esa cantidad de años en que el Estado nacional manejó los cuatro canales estatales, por lo menos en Capital Federal. La excepción fue la devolución de Canal 9 a Romay en 1993 o 1994.

En 1973, en una época que yo consideraría impor-tante de nuestra televisión argentina, fueron expropia-dos los canales 13, 9 y 11, de Goar Mestre, Alejandro Romay y Héctor Ricardo García. En ese entonces el Estado comenzó la administración de los mismos, ma-nejándolos en forma ininterrumpida hasta 1990.

Veo que nuevamente esta ley cae en la misma si-tuación –no lo hace aparentemente– que ejerce a tra-vés de la propia explotación de los medios que acabo de mencionar, ya sean provinciales, universitarios, de organizaciones no gubernamentales y nacionales. Asimismo es dable mencionar -por lo menos en la época en que yo estuve– que el Estado nacional ha-bitualmente no cumple con todas las obligaciones que actualmente se le imponen a los privados. Me refi ero a que pagaban los sueldos, la luz, el teléfono, el ta-lento artístico en general. Puedo asegurarles que todo lo que eran retenciones impositivas, gravámenes del COMFER, aportes y contribuciones previsionales en más de un caso no se pagaban.

Con la llegada de los canales privados todo eso se subsanó y de alguna manera no solamente se dejó de perder sino que además se comenzó a pagar.

En consecuencia, los canales universitarios, estata-les, provinciales y municipales, tendrán que recurrir al salvataje económico, porque está claro que va a ser absolutamente imposible que la torta publicitaria de la República Argentina permita a todos estos canales autoabastecerse y vivir de ingresos genuinos.

Volviendo al concepto de que todos los medios esta-tales son funcionales al gobierno de turno, me resulta preocupante el texto de otro artículo que señala que en función de cuestiones económicas, técnicas y demás cada dos años se puede rever la licencia otorgada.

¿Qué signifi ca esto? En el caso de que alguna uni-versidad, canal provincial o municipal fueran oposito-res, nos podríamos encontrar con la gran difi cultad de que no se realicen los aportes necesarios para poder sobrevivir. En consecuencia, en función de la aplica-ción de este artículo, podrían quedarse sin licencia y demás.

Vemos en todo esto –por lo menos a título perso-nal– la posibilidad concreta de una limitación a la li-bertad de expresión. Es decir, es un elemento que pue-de permitir que aquel que no esté de acuerdo con el pensamiento o ideología del gobierno de turno se vea imposibilitado de expresarse ante estas alternativas que legalmente se pueden aplicar y que nadie podría llegar a discutir. Evidentemente, este es uno de los as-pectos que más me ha llamado la atención.

También me ha llamado mucho la atención en este proyecto de ley la consideración de lo que yo llamo la burocracia audiovisual, y aclaro desde ya que no la compartimos. Me refi ero a la Autoridad General de Servicios de Comunicación Audiovisual, al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comu-nicación Audiovisual, al Consejo Asesor Audiovisual de la Infancia y a la Defensoría del Público de Servi-cios de Comunicación Audiovisual. En aquellas épo-cas ya había situaciones burocráticas y demás.

Evidentemente, analizando los artículos, uno puede ver que se produce una superposición de funciones y se controlan unos contra otros. Esta injerencia impor-tante que tiene el Estado nacional no me parece que sea productiva para tener en una radio o en una tele-

Viernes 11 de septiembre CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 19

visión pública argentina que sea realmente moderna y que esté a la altura de la televisión digital.

Por otra parte, vemos también que en ciertas cosas particulares el proyecto de ley abre las puertas a los organismos sin fi nes de lucro y los divide en tercios. No sólo achica espacios para los privados –como los comunitarios y los privados van a ser pequeños– sino que se afectan su sustentabilidad económica, lo cual hará más dependiente la pauta ofi cial o negocios ex-traperiodísticos.

De esta manera, el Estado podrá controlar no sólo el tercio de los medios públicos, que era lo que se estaba diciendo, sino parte de los comunitarios y privados a través de subsidios o de la pauta ofi cial.

También tenemos los cambios de reglas para limi-tar medios actuales y la circulación de contenidos de cable y televisión abierta. El proyecto limita la posibi-lidad de tener un canal abierto y un sistema de televi-sión por cable en la misma área.

Esta restricción es arbitraria porque, uno, la tele-visión abierta, produce contenidos propios, y el otro distribuye contenido de distintas fuentes. Todos los especialistas coinciden en que son servicios y merca-dos diferentes que potencian la pluralidad de voces.

Sr. Instructor (Peralta). – ¿Puede ir redondeando, por favor?

Sr. Torres. – Sí, dos párrafos más y concluyo.Esto no existe en ningún país del mundo. Si fuera

así en Estados Unidos, la Fox, televisión abierta, de-bería vender Direct TV. En Brasil, O Globo, abierta, debería vender (Sucarenet). En España, Prisa, debería vender Televisión Abierta 4, el principal cable espa-ñol que es Sogeca. En Uruguay, los tres canales de televisión abierta tienen un sistema de cable corres-pondiente.

Por último, y con esto concluyo, me quiero referir a los cambios de reglas para limitar medios actuales, la circulación y los contenidos y límites a la producción de contenidos audiovisuales.

La segunda limitación en este aspecto se refi ere a las señales de cable, a los canales de noticias, depor-tes y entretenimientos que no son abiertos. Hoy estas señales son de libre creación y circulación. Se las asi-mila a los diarios, revistas y sitios de Internet porque al no usar el espectro radioeléctrico, que es limitado, el Estado no puede restringir su funcionamiento. Ha-cerlo sería como una censura previa prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional.

El proyecto pretende que sea el gobierno el que los registre y, además, limita su diversidad al no permi-tir que otros medios audiovisuales puedan producir libremente como hasta ahora. Al contrario: las com-puta como si fueran una licencia de radiodifusión y no permite entrar a más de un titular de un cable. Esto implicaría el cierre de canales de noticias, deportes e información en general.

Además, restringe a la producción nacional de con-tenido, limita la diversidad de canales de origen ar-gentino y afecta la fuente de trabajo.

Esta pretendida incompatibilidad entre producción y distribución tampoco tiene antecedentes internacio-

nales. En Estados Unidos, Time Warner tiene el prin-cipal sistema de cable y produce CNN y HBO.

Con la ley argentina estos canales deberían cerrar. Lo mismo sucede en Chile, Colombia y México.

Doy por fi nalizada mi exposición. Como señalaron otras personas que me antecedieron en el uso de la palabra, quiero decir que se hace muy difícil hablar de una ley tan extensa en tan poco tiempo. De todos modos, queríamos dejar asentada nuestra posición en las palabras vertidas. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Héctor Polino, diputado nacional mandato cumplido.

Sr. Polino. – No voy a hablar en nombre del Partido Socialista, al que pertenezco, porque en este momen-to está reunido el Comité Ejecutivo nacional precisa-mente para fi jar la posición de los diputados y sena-dores del partido en relación con el proyecto de ley. Y, como integro el Comité Ejecutivo nacional –que tiene que tomar la decisión sobre esta cuestión– en cuanto termine mi exposición me iré rápidamente.

Solamente me referiré a un aspecto del proyecto de ley por el cual vengo luchando hace veintiséis años.

Quiero contarles que fui secretario de Estado de Ac-ción Cooperativa de la Nación, como extrapartidario durante el gobierno del doctor Alfonsín. Y en el año 1984 redacté un proyecto de ley por el cual se modifi -caba el artículo 45 de la ley 22.285, sancionada por la dictadura militar. Dicha iniciativa fue fi rmada por el doctor Alfonsín y remitida a la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Qué dice el artículo 85? Que solamente pueden ser titulares de los medios de radio y televisión las per-sonas físicas o jurídicas de carácter comercial. Como las cooperativas, las mutuales y demás entidades sin fi nes de lucro no son de carácter comercial, el Estado en lugar de estimularlas y alentarlas, las discrimina y las proscribe.

En el proyecto de ley de aquel entonces nosotros simplemente decíamos que pueden ser titulares de los medios de radio y televisión, las personas públicas o privadas con o sin fi nes de lucro. Y de esa manera se abarcaba a la totalidad de los posibles operadores del sistema.

Por supuesto que en esa oportunidad el Congreso no trató este proyecto. Y para que no perdiera estado parlamentario, como diputado de la Nación lo repro-duje en el año 1994 y continué haciéndolo hasta el 2004, aunque lamentablemente nunca se pudo avan-zar en esta dirección.

Solamente en el año 2004 se trató un proyecto que venía del Senado –el señor diputado Cigogna lo debe recordar porque era legislador por otro bloque polí-tico–, que lo había sancionado en 2003, relativo a la modifi cación de ese famoso artículo 45 de la ley de la dictadura militar.

La Comisión de Comunicaciones e Informática le introdujo a la sanción del Senado una modifi cación, que constituía un avance, que decía que cuando el so-licitante de una licencia para la explotación de servi-cios de radiodifusión sea una persona jurídica sin fi nes de lucro prestadora de servicios públicos, la autoridad

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de aplicación le adjudicará la licencia cuando no exis-ta en el área primaria de cobertura o área de servicio –en el caso de los servicios complementarios de ra-diodifusión– otro licenciatario prestando de manera efectiva el servicio solicitado.

Para simplifi carlo: ¿qué decía el dictamen de la Co-misión de Comunicaciones e Informática de esta Cá-mara? Que las personas jurídicas, las entidades coo-perativas de servicios públicos podían hacer radio y televisión en tanto y en cuanto en su área de infl uencia no existiera un operador privado.

Cuando llegó la discusión al recinto, pedí la pala-bra y fundamenté la injusticia de esa limitación. ¿Por qué si no hay otro operador privado? ¿Por qué si hay un operador privado una cooperativa no puede hacer radio y televisión?

Entonces, en pleno debate propuse un agregado a ese texto, que luego fue aprobado por 157 votos a fa-vor, 2 en contra y 10 abstenciones, y por la aclamación de la Cámara de Diputados.

¿Qué decía el agregado? “En el supuesto de que esto suceda...” –es decir, que exista otro operador de carácter comercial– “...la autoridad de aplicación de-berá en cada caso realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población.”

Evidentemente, esta no era una cláusula que me sa-tisfacía ciento por ciento. Se lo manifesté al presidente de la Comisión, el diputado Nemirovsci, y le dije que eso no era lo que realmente había que establecer pero, dadas las circunstancias y las oposiciones existentes, propuse ese agregado como transacción. La Cámara lo entendió y lo votó por aclamación.

¿Qué pasó luego? Fue al Senado de la Nación y, por la infl uencia de un senador que a su vez es titular de un cable en su provincia, le quitaron ese agregado, cosa que la Cámara alta no puede hacer.

Los señores diputados lo saben bien, porque el ar-tículo 81 de la Constitución Nacional dice que la Cá-mara de origen solamente puede insistir en su sanción originaria por los dos tercios de sus miembros o acep-tar las reformas introducidas por la cámara revisora.

¿Pero qué hizo el Senado? Extralimitándose, reco-gió una parte de lo que aprobó la Cámara revisora, es decir, la de Diputados, y le quitó esta última parte, este agregado que yo había logrado que se aprobara en el plenario.

La cooperativa de la provincia de Jujuy, que inte-gra ese señor senador, inició una acción declarativa de certeza y logró la declaración de inconstitucionalidad de la modifi cación hecha por el Senado.

El Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Jujuy hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.053, realizado por la cooperativa telefónica de la localidad de General San Martín, departamento de Ledesma, de la provincia de Jujuy. Esta cooperativa contó con el patrocinio letrado de un ex juez cuya con-ducta quiero reivindicar. Me refi ero al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, que ayer estaba anotado para hacer uso de la palabra.

Hace pocos días el Juzgado Federal N° 1 de la pro-vincia de Córdoba, a cargo del doctor Ricardo Bustos

Fierro, en un juicio parecido promovido por la Coope-rativa de Servicios Públicos de Villa Rosario, también declaró la inconstitucionalidad.

¿Qué sucede en el artículo 25 del proyecto que es-tamos considerando? Dice que en caso de presentarse oposición por parte de otro licenciatario de la misma zona de prestación del servicio, la autoridad de aplica-ción deberá solicitar un dictamen vinculante a la Co-misión Nacional de Defensa de la Competencia, que establezca las eventuales condiciones de prestación de los servicios.

Para simplifi car. ¿Qué es lo que hace el artículo 25 que hoy estamos considerando, y que es la razón por la cual hoy vine a esta audiencia? Recoge la reforma que yo había propuesto, y que aprobó la Cámara de Dipu-tados de la Nación, relativa a que si una cooperativa de servicios públicos quiere hacer radio y televisión y existe un operador privado, tendrá que consultar. El órgano de aplicación emitirá un dictamen y resolverá teniendo en cuenta los intereses de la localidad. Eso lo recepta, aunque agrega algo que complica la situa-ción. Por eso les pido a los señores diputados que re-fl exionen para eliminarlo.

Digo esto porque ahora el proyecto señala que si ese operador se opone, además del dictamen del órga-no de aplicación habrá que solicitar otro dictamen que tendrá el carácter de vinculante, a la Comisión Na-cional de Defensa de la Competencia. De este modo se complica más la situación, ya que no se establecen plazos. En consecuencia, la tramitación del pedido para operar en la zona podría prolongarse sine die; podría prolongarse por años.

Entonces para que se entienda claramente lo que estoy diciendo, quiero hacer la siguiente refl exión. El proyecto en tratamiento recoge el agregado que ha-bía aprobado la Cámara de Diputados de la Nación en el año 2005. Y aunque no me satisfi ciera totalmente, constituía un avance importante en el camino de per-mitir a las entidades de economía social hacer radio y televisión. Sin embargo, ahora se agrega esto que es un inconveniente. Porque dice “si el operador se opone”... ¡Siempre se va a oponer! Si el operador se opone, entonces además habrá que solicitar ese dic-tamen vinculante, y la última palabra la va a tener el funcionario de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Entre paréntesis, debo decirles que la Ley de De-fensa de la Competencia, aprobada en el año 1998, crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competen-cia, constituido por miembros elegidos por concurso de antecedentes y oposición; un organismo autárqui-co, que desde entonces hasta ahora todos los gobier-nos de distintos signos políticos han estado en mora en crear ese tribunal que establece la Ley de Defensa de la Competencia. Y se le va a dejar la resolución fi nal de carácter vinculante a un funcionario del Po-der Ejecutivo. No me refi ero al Ejecutivo actual sino al Ejecutivo de los futuros gobiernos. Un funcionario que tiene ese rango es el que en defi nitiva va a decidir esta cuestión.

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Esto hay que eliminarlo, señores diputados, si real-mente queremos que las cooperativas puedan hacer radio y televisión.

No nos olvidemos que en muchas zonas del interior de la República los concursos para el otorgamiento de licencias quedan desiertos porque no es de interés su explotación ni para el Estado ni para la empresa pri-vada de carácter comercial, y en consecuencia nues-tros habitantes de las zonas limítrofes únicamente escuchan noticias, informaciones y música difundidas y propaladas por emisoras de países limítrofes, que tienen una mayor potencia que las nuestras. Y las coo-perativas que están diseminadas por toda la geografía nacional están en condiciones ideales de prestar un nuevo servicio a la comunidad.

Sr. Instructor (Peralta). – ¿Podría ir terminando, por favor?

Sr. Polino. – Ya termino.Una última refl exión, para concluir. Escuché por

radio, que se transmitía esta audiencia, que algunos panelistas hablaban de la actitud dominante que tie-nen las cooperativas en sus zonas de infl uencia, que no hay competencia, ignorando que las cooperativas de servicios públicos son el pueblo de esas localidades organizado para prestarse a sí mismo servicios de te-lefonía, de electricidad, de agua potable, de desagües cloacales. Hoy más de doscientas ciudades y pueblos del interior de la República estarían abandonados a su propia suerte si no hubiera sido por las cooperativas que instalaron la telefonía básica, interconectada al telediscado nacional e internacional, antes incluso que la propia empresa estatal ENTel, como la cooperativa telefónica de Pinamar. Y habría localidades del inte-rior de la República que no tendrían energía eléctrica, no tendrían agua potable, no tendrían caminos.

Entonces, son los propios usuarios los que se or-ganizan y se prestan a sí mismos, con sus propios capitales, esos servicios. Es el pueblo organizado en entidades cooperativas. No constituyen de ninguna manera un monopolio, porque luego los asociados tie-nen la posibilidad de actuar en la cooperativa y existe el principio democrático por excelencia de “un miem-bro, un voto”, independientemente de la cantidad de capital aportado a la cooperativa, y se distribuyen los excedentes en función del uso que se ha hecho de la entidad, es decir, de la misma manera que uno contri-buyó a generar esos excedentes.

Yo escuché acá hablar con mucha ligereza de esta cuestión, equiparando a una cooperativa de servicios públicos con Edenor, Edesur, Edelap, o a una coopera-tiva telefónica con Telecom, Telefónica de Argentina. Es un disparate.

Concluyo diciendo que con la mejor buena volun-tad que puedan tener, si no contemplan lo que señalé, puede darse la siguiente paradoja: que una cooperati-va telefónica de un pueblo de 10 o 15 mil habitantes del interior de la República se vea discriminada para hacer radio o televisión, y en cambio Telefónica o Te-lecom puedan prestar ese servicio. Me parece que esto sería una grave injusticia. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Simón Roitman, de Canal 7 de Bahía Blanca.

Sr. Roitman. – Buenos días a los miembros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a los participantes en general.

Mi exposición se divide en dos partes. En la prime-ra parte quiero expresarles unas observaciones sobre el proceso en el cual se está desarrollando este pro-yecto de ley y en la segunda quiero comentarles, para su consideración, algunas particularidades sobre este proyecto y la plaza de Bahía Blanca.

En principio me puedo manifestar de acuerdo en la necesidad de contar con un nuevo marco regulatorio acorde a los nuevos escenarios de nuestra época y ba-sado en el respeto de nuestra Constitución Nacional teniendo en cuenta las particularidades propias de la televisión abierta.

Analizar el mercado de los medios de comunicación de un país signifi ca considerar no sólo la regulación sino los niveles de libertad de expresión, el pluralis-mo, la incidencia social de los medios, su dimensión económica, su proyección identitaria y su rol como industria cultural.

Aparecen entonces, varios aspectos a considerar como: la diversidad y multiplicidad de voces exis-tentes, las normas que regulan el papel del Estado, del sector privado y del intermediario en la actividad, la vigencia de cada medio en términos publicitarios y de audiencia, la sustentabilidad económica de los medios y su escala para competir a nivel nacional, regional y global, las nuevas tecnologías y el fenómeno de la convergencia, y los medios públicos, la publicidad ofi cial, el acceso a la información y otras variables de intervención directa o indirecta en el mercado.

Pero considero que este marco regulatorio debe lle-varse a cabo con un debate parlamentario profundo y maduro, en el que todas las voces se vean represen-tadas, sin ningún tipo de urgencias, plazos o apuros limitantes del diálogo.

La sanción de una ley tan relevante como ésta, me-rece de un marco de legitimidad absoluta, que sólo podría ser fruto de un debate participativo de alcance verdaderamente federal, en el cual pueda analizarse pormenorizadamente, punto por punto, las disposicio-nes de la iniciativa presentada.

Por otro lado la trascendencia de esta norma, re-quiere también que los propios actores protagónicos del sector de los medios de comunicación puedan realizar sus aportes, ofrecer sus visiones y considera-ciones generales ya que ésta es claramente una de las voces que más aportes podría realizar por su conoci-miento estratégico del sector.

Todos conocemos la importancia de los medios de comunicación, la gran mayoría de los hogares del país mira televisión, se informa y se entretiene. Es un ser-vicio para las familias y creo que debe ser tratado con la importancia que se merece.

Con respecto a Canal 7 y a la plaza de Bahía Blan-ca quiero comentarles que este canal fue fundado en octubre de 1965. En estos 44 años siempre ha sido

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identifi cado como “El canal de la gente” y mantene-mos esa tradición.

El artículo 149, que habla del régimen de licencias vigente, dice que los actuales titulares de licencias legalmente otorgadas para explotar algunos de los servicios regulados por esta ley, que hayan obtenido renovación de licencia o prórroga, no podrán solici-tar una nueva extensión de plazo por ningún tipo. Se excluye en el mercado audiovisual a los actores tene-dores de licencias, cuya vocación de continuidad tec-nológica es natural, ya que han realizado importantes inversiones en pos de brindar mejores servicios a los televidentes.

Tenemos 42 personas trabajando directamente y aproximadamente 60 personas que trabajan para diez productoras con las que realizamos coproducciones. Vale decir que aproximadamente 102 familias viven de la actividad del canal.

Permanentemente estamos en la búsqueda de nue-vas producciones locales, aunque es un trabajo difícil y hacemos un gran esfuerzo por estimular esta acti-vidad.

Atendiendo a su misión de recepción libre y gratui-ta, la televisión abierta no debería tener imposiciones de difícil cumplimiento, como cuotas de pantalla de cine nacional y porcentajes de producciones de pro-gramaciones local independiente en lugares como Ba-hía Blanca y otras plazas del interior.

Los mínimos de producción propia, nacional y lo-cal independiente, y la prohibición de poder emitir en cadena durante los horarios centrales van a hacer que resulte inviable económicamente cualquier canal in-dependiente del interior del país al no poder, dada la limitación de sus ingresos, desarrollar producciones propias competitivas. Eso sumado a que si no pode-mos transmitir los contenidos de mayor rating o au-diencia producidos en la Capital Federal hará que la audiencia se vaya a la televisión por cable, y por ende los anunciantes también.

Todos los años electorales, apoyando la diversi-dad de opiniones, realizamos debates. El tratamiento igualitario de todos los participantes y la satisfacción tanto de las fuerzas políticas como de la comunidad en general dan por resultado el fortalecimiento de la democracia.

En estas plazas, por el tamaño tan pequeño de la tor-ta comercial, tanto nuestro canal como la competencia tenemos una ajustada situación económica y fi nancie-ra, que el hecho de pertenecer a una empresa nacional nos ayuda a: ejercer una independencia periodística que nos brinda la posibilidad de ofrecer el micrófono a todas las partes; mantener la ecuanimidad, que es el pilar más importante de nuestro noticiero, que es el más visto de la ciudad; pagar los sueldos en algunos meses difíciles y sortear problemas fi nancieros; man-tener la fuente de trabajo en época de crisis y renovar equipos, que normalmente no podríamos comprar por precio y condiciones.

Por otro lado, el artículo 80, de reservas en la ad-ministración del espectro radioeléctrico, demuestra un avance de lo público sobre los radiodifusores comer-

ciales privados, otorgando al Estado nacional, a cada Estado provincial y a las universidades nacionales, las frecuencias necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

Es bueno aclarar que la legislación vigente brinda un marco jurídico, económico e impositivo sumamen-te ventajoso para los mencionados prestadores que compiten al radiodifusor comercial privado. Ello es así porque se encuentran exentos de impuestos nacio-nales, provinciales y del gravamen del artículo 85 y subsiguientes. Asimismo, sus licencias son por tiem-po indeterminado y no tienen requerimiento de ningún tipo respecto de los contenidos de programación.

No obstante ello, se encuentran habilitados para competir por ingresos publicitarios, generándose de alguna manera una competencia desleal.

Por todo lo expuesto, considero que el tratamiento de una ley fundamental como esta debe estar ajeno a este clima de confrontación, apuro y agresividad, y en cambio debería estar lleno de pluralismo, calma y refl exión. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Ricardo Blanco, gerente general de Telecor.

Sr. Blanco. – Soy gerente general de Canal 12 de Córdoba, Telecor.

En principio coincido con que existe un consenso respecto de la necesidad de un nuevo marco regula-torio para los medios, pero creo que hay que tener en cuenta las particularidades propias de la televisión.

Todos conocemos la importancia de los medios ma-sivos de comunicación y de la televisión abierta en particular. Millones de hogares en todo el país ven te-levisión todos los días y sabemos que es un servicio vital para todos los hogares.

Creo que se debe legislar cuidadosamente, escu-chando todas las opiniones y las necesidades de los involucrados, para que el resultado sea realmente una mejora en todos los componentes del sistema de co-municación audiovisual, y además para que la indus-tria sea viable y sustentable.

En la actualidad todos los medios tradicionales su-fren una crisis y la televisión abierta no es la excep-ción, y mucho menos la del interior del país.

Es un negocio de riesgo que demanda en nuestro caso particular 18 horas diarias de transmisión, de las cuales casi el 50 por ciento es de producción local.

Tenemos una necesidad de inversión constante, en nuevas tecnologías y equipamiento técnico, y por ejemplo frente al nuevo desafío tecnológico de la te-levisión digital nos encontramos con un tratamiento impositivo y aduanero que creemos que es discrimi-natorio. No podemos perder de vista que el único in-greso es la venta de publicidad.

Queremos comentar respecto al proyecto que de la lectura integral que hicimos, creemos que surge una intencionalidad de debilitar la actividad comercial pri-vada independiente.

Detrás de la supuesta democratización que se ha-bla de los medios, creemos que existe la intención de sumar jugadores que van a tener seguramente una de-pendencia económica de los poderes políticos.

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La independencia y sustentabilidad económica de los medios de comunicación es la única forma de ga-rantizar su independencia de los factores de poder y en defi nitiva la forma más clara de garantizar la libertad de expresión.

El artículo 149, relacionado con el régimen de li-cencias vigentes, dice que los actuales titulares de li-cencias legalmente otorgadas para explotar algunos de los servicios regulados por la ley que hayan obtenido renovación de licencia o prórroga no podrán solicitar una nueva extensión de plazo de ningún tipo. Así que-damos excluidos del mercado audiovisual los actuales licenciatarios cuya idoneidad y vocación de continui-dad tecnológica es natural ya que hemos realizado im-portantes inversiones en pos de brindar el servicio a los televidentes.

Creemos que es algo que no tiene antecedentes en el plano internacional y que deberían seguirse los ejem-plos de otros países que al momento de modifi car o es-tablecer nuevos regímenes de radiodifusión tomaron medidas que preservaban los derechos adquiridos de los que hasta entonces eran titulares de las licencias.

Sin embargo, el proyecto establece un criterio con-trario respecto de los tenedores de permisos precarios provisionales, para los que sí se reserva una porción del espectro.

Por otro lado los titulares de las licencias de los ser-vicios regulados que a la fecha de la sanción de la ley no cumplan con los requisitos previstos o las personas jurídicas que entrada la vigencia de la ley fueran titu-lares de una cantidad determinada de licencias debe-rán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor de un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas frente al incumplimiento.

Por esta situación creemos que a la entrada en vi-gencia de la nueva ley los actuales licenciatarios debe-rían gozar los plazos establecidos en los artículos 33 y 34 respetando los derechos adquiridos para preservar las inversiones realizadas y por sobre todo los puestos de trabajo.

Otro punto que debería reconsiderarse es el artículo que habla de la revisión bianual de las licencias. Se deberían establecer plazos más extensos de revisión, de acuerdo a la duración de las licencias basados tan-to en parámetros tecnológicos como económicos, de vuelta para preservar la sustentabilidad económica de las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones que los licenciatarios contraen.

Notamos un avance peligroso de lo público sobre los radiodifusores privados comerciales otorgando al Estado nacional, a cada provincia y a las universida-des las frecuencias necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y el 33 por ciento del espectro para organizaciones sin fi nes de lucro.

Cabe aclarar que la legislación vigente, junto con el proyecto bajo análisis, ya brinda un marco jurídico, económico e impositivo ventajoso para los mencio-nados prestadores que compiten directamente con los radiodifusores privados comerciales, porque se en-

cuentran exentos de algunos impuestos nacionales y provinciales. Además sus licencias son por tiempo in-determinado y no tienen requerimientos respecto a los contenidos de programación. No obstante todos estos benefi cios, se encuentran habilitados para competir por los mismos ingresos publicitarios, generándose –creemos– una competencia desleal, lo que inevita-blemente se traducirá en una muy difícil subsistencia de los canales gratuitos privados.

Como ejemplo, las nuevas legislaciones europeas han revertido en gran parte la situación; por ejemplo, en España, a partir de 2011 se prohíbe a la televisión estatal emitir publicidad comercial, o en Francia, don-de además de esto se dispuso subsidios a la televisión comercial.

Como si esto fuera poco, los medios estatales cuen-tan además con otras fuentes de ingreso, como asigna-ciones presupuestarias, subsidios, entre otros.

Si se amplía aun más el espectro audiovisual, las consecuencias serán más graves para los medios pri-vados.

Otro problema que vemos es la prohibición de po-der emitir en cadena durante los horarios centrales, ya que hace que resulte inviable a cualquier canal inde-pendiente del interior, por la limitación de sus ingre-sos, desarrollar producciones propias en esos horarios. Ello sumado a la imposibilidad de transmitir los con-tenidos de mayor rating para que la audiencia pueda volcarse a la televisión por cable y por ende los anun-ciantes vean menos atractiva la inversión publicitaria en los canales locales abiertos.

Respecto de los mínimos de producción local, cree-mos que deberían adecuarse en base a la realidad de cada plaza. Nosotros, en el caso puntual de Canal 12 de Córdoba, no necesitamos ninguna ley para incre-mentar la producción local de 2 horas diarias que te-níamos en el año 2000 a 8 o 9 horas diarias que tene-mos en la actualidad.

Los antecedentes a nivel internacional nos mues-tran que la existencia de cadenas de TV ha dado lugar a las industrias audiovisuales más relevantes de toda Latinoamérica, como O Globo en Brasil o Televisa en México.

En la apuesta de lograr masa crítica para mejorar el nivel de inversión tecnológica y de contenidos las cadenas no tienen por qué afectar ni ahogar las iden-tidades locales. Por el contrario, nosotros, por lo que dije, somos la muestra que se pueden crear fuentes de trabajo y elevar los estándares de calidad de la indus-tria.

La previsión del artículo 80, reserva del espectro, torna, creemos, sumamente azarosa la actividad de los medios privados comerciales, ya que estos sólo tendrán derecho al espacio remanente que le dejen el Estado y las asociaciones sin fi nes de lucro.

Lo que se muestra como una herramienta horizontal y democrática puede tornarse nociva para la misma sociedad si no se establece claramente cómo subsisti-rán todos los jugadores involucrados.

Creemos que se debería establecer un criterio si-milar al de otras actividades comerciales, en cuanto a

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la cantidad de prestadores que admita el potencial de cada mercado en cada plaza.

La autoridad de aplicación debería ser profesional y técnica, con autonomía del Poder Ejecutivo para lograr el ejercicio independiente de sus funciones y cumplir en forma imparcial con las obligaciones.

El órgano de control de la autoridad de aplicación debería ser una comisión bicameral.

Respecto de la diversidad de los contenidos locales, creemos que se encuentran violentados los principios constitucionales por los excesos regulatorios, como restringir arbitrariamente la libre expresión al dispo-ner contenidos obligatorios, y creemos que llega al absurdo al disponer horarios de los mismos y la nece-sidad de autorización previa por parte del organismo de control.

Creemos que se vulnera el libre acceso a la infor-mación al ciudadano al limitar las programaciones, y que sería razonable suprimir el artículo en cuestión.

Asimismo, no debemos perder de vista que se trata de un servicio privado que está sometido al régimen de competencia.

Estas reglamentaciones además no están impues-tas para licencias de televisión estatal, provincial o universitaria, así como tampoco para las señales na-cionales o extranjeras que se emiten por servicios de suscripción o de televisión paga.

Finalmente, otra observación que hago es la pro-piedad cruzada de medios. No hay restricciones a la titularidad conjunta de sistemas de TV abierta y paga en ningún país del mundo. Cualquier restricción en este sentido creo que no tiene ninguna lógica desde la perspectiva de la diversidad ni de la defensa de la competencia.

Sr. Instructor (Ottone). – Por favor, vaya redon-deando.

Sr. Blanco. – Sí.Uno es contenido singular –la televisión abierta– y

el otro es distribución de múltiples contenidos, la tele-visión por cable. El cable es un distribuidor de señales que debe apuntar a la neutralidad y garantizar la di-fusión de las señales de aire que están autorizadas en cada plaza. No genera de por sí un riesgo de infl uencia o de articulación de agenda a través de los contenidos, ya que no son su objetivo. (Aplausos.)

Sr. Instructor. – (Ottone). – Tiene la palabra el se-ñor Rubén Corda, gerente general de Radio Mitre.

Sr. Corda. – Permítanme empezar esta exposición con un análisis del artículo 80. Y quiero hacerlo no desde una mirada de tipo política sino desde una mi-rada de tipo técnica para ver qué es lo que está permi-tiendo tal como está redactado.

Nosotros entendemos que el artículo 80, tal como está redactado, deja en manos del Poder Ejecutivo a la hora de reglamentar la ley una cantidad de opciones, de disposiciones y de interpretaciones respecto de cuál es el alcance de la distribución de licencias que excede largamente cualquiera sea el espíritu del legislador a la hora de votar este proyecto de ley.

Déjenme darles algunos ejemplos, solamente to-mando el escenario del dial de radiodifusión de Ca-

pital Federal para las licencias de AM. Hoy contamos con diecisiete emisoras de alta potencia. Haciendo al-gún análisis extensivo y pensando en la coordinación que nos obliga con los distintos países del Mercosur y las áreas de protección de otras regiones del país, podríamos estirar esa cantidad de diecisiete de licen-cias y sumarle unas nueve más de baja potencia, de no más de 1 o 2 KV, porque se producirían interferencias entre las distintas estaciones de radio. De esta manera podríamos pensar que entran veintiséis. Este no es un dato menor. La ley no dice cuántas entran, sino cómo se van a distribuir. Pero no dice qué es lo que hay para distribuir.

He escuchado a algunas personas decir que se po-drían agregar muchas más radios y no tener sólo las diecisiete actuales, o las veintiséis que yo les estoy proponiendo. Permítanme decirles que yo creo que eso es imposible y lo pueden verifi car cada uno de ustedes cuando andan en la calle y tratan de sintonizar una radio en la Capital Federal: la interferencia natu-ral del ruido radioeléctrico que producimos los ciuda-danos con motores, tubos, equipos de computación, etcétera, se los prohíbe.

La semana pasada en algunos países, como los Es-tados Unidos, la FCC aprobó una reglamentación que permite que las radios de AM retransmitan su progra-mación por FM para cubrir esos conos de sombra. El proyecto de ley actual lo prohíbe.

Siguiendo con la idea de las veintiséis estaciones disponibles –que puedan ser escuchadas por los ciuda-danos–, podemos encontrarnos con algunos espacios en blanco o no muy bien defi nidos en el artículo 80. En el inciso a) se establece que el Estado nacional se reservará las frecuencias necesarias para el cumpli-miento de los objetivos de la Radio y Televisión Ar-gentina Sociedad del Estado. Es decir, podrían cerrar veintiséis, o las treinta que se le ocurran a alguien si se cree que mi cálculo no es exacto y que podría haber cuatro más. El legislador estaría perdiendo la oportu-nidad de decir que piensa que hay radios disponibles para las organizaciones sin fi nes de lucro, si el Estado nacional defi niera que quiere todas las que están dis-ponibles.

Podría analizar algún otro escenario. Supongamos que el Estado nacional dice que hoy tiene una radio de AM y que pretende tener una segunda. O sea, tiene dos. Siguiendo con el análisis de los incisos siguientes del mismo artículo 80 se establece que la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán una cada una; por consiguiente, en el ámbito del AMBA habría dos. En cuanto a la reserva de FM para los estados municipales, esto no está en el análisis. Las universidades pueden elegir una estación de radiodi-fusión sonora. Las diez universidades podrían elegir diez AM, o cinco FM y cinco AM; son escenarios di-ferentes.

También hay un inciso que habla de los pueblos ori-ginarios donde tampoco se defi ne claramente cuáles son esas comunidades, esos pueblos originarios que pueden acceder y de qué forma.

Viernes 11 de septiembre CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 25

Por último, se establece que las personas de exis-tencia ideal tienen el 33 por ciento de las licencias, sin fi nes de lucro. Ese 33 por ciento, si lo aplico sobre el 26 original, me da ocho. Y ocho son pocas organi-zaciones sin fi nes de lucro; solamente accederían las más grandes, es más, las que tienen más espalda para hacer las inversiones necesarias para que funcionen radios de AM.

Si sigo el análisis y les digo que si había 26, con la cuenta que les hice en el segundo término, empezando con el Estado nacional con dos, el artículo 80 estaría disponiendo de 22. Esto quiere decir que quedan sola-mente cuatro radios disponibles para el sistema priva-do de radiodifusión.

Otro escenario que alguien podría imaginarse es que las universidades nacionales elijan, de las diez posibles, cinco AM y cinco FM; entonces, en lugar de quedar disponibles cuatro, quedan nueve para el sistema privado. La primera mala noticia es que hoy son once; o sea que habría radios del sistema privado que no entrarían en esta distribución.

En este análisis me quedaría por decirles algunas cosas más acerca de qué signifi ca alta potencia y baja potencia, porque tampoco dentro de esta distribución nadie dice cuáles son de alta y cuáles de baja, y cómo se distribuyen. Entonces, el Estado nacional, vía la re-glamentación –el gobierno–, podría elegir que todas las de baja potencia sean para el sistema privado.

Si seguimos analizando este artículo, tampoco dice cómo se asignan las frecuencias en el dial. Los que estamos en la radiodifusión desde hace mucho tiempo sabemos que no es lo mismo tener una radio en el 590 del dial, por dar un ejemplo, que en el 790. ¿Cuál es la diferencia? Las ondas de radio se expanden en el aire de una forma diferente de acuerdo a la frecuencia en la que están. Si tengo una radio en el 590 o en el 790, y puesta una planta transmisora en un punto quiero llegar a otro, la radio que está instalada en el 790 ne-cesita cuatro veces más de potencia para llegar con la misma calidad que la que está en el 590. Cuatro veces más de potencia signifi ca cuatro veces más de inver-sión en transmisores y cuatro veces más de inversión en energía eléctrica.

Para cerrarles la idea sobre esto, lo que entiendo es que, tal como está redactado, el proyecto de ley no dice qué se va a hacer con el espectro radiofónico en AM ni en la ciudad de Buenos Aires ni en el resto de las ciudades; lo va a determinar el Poder Ejecutivo en una reglamentación. Entonces, esa distribución segu-ramente va a estar lejos de la idea que tenga cada uno de los legisladores a la hora de votar. Cuando vote, un legislador puede estar pensando en el modelo 1 que les expresé, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, y estoy seguro de que en este auditorio hay mucha gente que también sabe muchísimo de radiodifusión y podría agregar otras opciones y variantes. Entonces, la pre-gunta es qué va a terminar votando el legislador a la hora de hacer hincapié en el artículo 80.

Como les decía antes, hecho de una forma o de otra, lo que puede dejar es a la actividad privada en una

condición de inexistencia, por una reglamentación del Poder Ejecutivo.

No es menor estar en alta potencia que en menor potencia; no es menor estar en las posiciones de inicio del dial que en las del fi nal.

Ninguna de estas cosas está contemplada. Mucho menos está contemplado cómo las pocas organizacio-nes sin fi nes de lucro que accederían al sistema, esas ocho que surgen de este cálculo, tendrían recursos para sustentar lo que cuesta hoy poner en funciona-miento un radio. ¿Y qué pasaría con las otras tantas organizaciones sin fi nes de lucro que estarían exclui-das de esas ocho?

Permítanme cambiar de tema. Quiero hablar unos segundos sobre la sustentabilidad del negocio de ra-dio. Las radios se sustentan por la inversión publicita-ria; es el único recurso que tenemos.

He escuchado algunas cosas acerca de la concen-tración o no. Déjenmelo plantear en términos compa-rativos.

En la Argentina la publicidad en medios no alcanza al 0,4 o 0,5 del PBI, mientras que en Brasil es del 0,7 o 0,8 y en Estados Unidos llega al 1,3 o 1,4 por ciento.

Adicionalmente las radios en la Argentina accede-mos a una porción de la torta publicitaria por distribu-ción de elecciones entre los anunciantes y la compe-tencia muy inferior a la de esos países. En Argentina la última investigación de la Cámara Argentina de Centrales de Medios habla del 3 por ciento, mientras que en Estados Unidos o España esas cifras superan largamente los 12 o 14 puntos.

En cuanto a la concentración me parece que hay un dato que no es menor. Veamos qué ocurre en el mercado de Buenos Aires y veamos cuántas radios concentran una cantidad determinada de audiencia o mercado publicitario en comparación con lo que su-cede en otra parte del mundo. En Estados Unidos el promedio de los grandes mercados excede largamente el 50 por ciento. En España los dos primeros alcan-zan largamente el 55 o 60 por ciento. En Argentina el primer jugador, hablando del mercado de AMBA, tiene el 27 por ciento, sumados los dos primeros ro-zan el 40 por ciento. Hay que sumar cinco grupos de medios diferentes en radios de la Capital Federal para alcanzar los niveles de concentración que alcanzan dos grupos de medios en España o Estados Unidos. Entonces, parecería que lo que estamos discutiendo acerca de la concentración no tiene consistencia. So-mos un país más desconcentrado en el reparto de la inversión publicitaria de las audiencias que Estados Unidos o España.

Permítanme insistir con un tema que tiene que ver con los contenidos. El proyecto de ley da cuotas de lo que tiene que difundirse por ejemplo en temas relacio-nados con la música. Esas cuotas será posible difun-dirlas en la medida en que haya producción. Si no hay producción, no se pueden cumplir las cuotas.

Sr. Instructor (Ottone). – Por favor, redondee su exposición.

Sr. Corda. – Así haré.

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Adicionalmente, lo que estaríamos haciendo es asignar obligatoriamente cantidad de cuotas y prohi-bir a la gente la opción de elegir lo próximo que quiere escuchar. Ustedes saben que ese es un hábito de los oyentes de radio cuando votan los temas que quieren que se emitan en las FM. Cuando un conductor por la temática de un programa tenga que pasar determinada canción, no podrá hacerlo porque ya cumplió la cuota de temas no producidos en la Nación.

En defi nitiva, me quedo con el tema del artículo 80, que es muy abierto para que sea resuelto a través de reglamentaciones. El legislativo tiene que tener claro qué quiere votar a la hora de poner su voto en este tipo de cuestiones. No puede ser dejado en las manos y a la libertad de un decreto reglamentario. Me parece una de las cosas más peligrosas que conlleva este proyecto de ley. Debería ser discutido y repensado atendiendo a estas opciones que mencioné.

Seguramente muchos legisladores tendrán ideas de distribuir el espectro radiofónico de una forma dife-rente de la que yo mencioné, pero estén seguros de que hay muchas formas de hacerlo, no una sola y la ley las abre todas. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra la señora Moria Fernández de Beltramo, en representación de Colsecor.

Sra. Fernández de Beltramo. – Antes de comen-zar, quiero decir que adhiero plenamente a las palabras del doctor Héctor Polino y las tomo como propias.

Voy a tratar de ser respetuosa del tiempo de diez minutos asignados.

Yo vengo en representación de Colsecor. Colsecor es una cooperativa de provisión de servicios de radio-difusión que tiene sede en la ciudad de Córdoba, pro-vincia de Córdoba, y nuclea en su seno a más de 150 empresas de radiodifusión vinculadas a cooperativas de servicios públicos dispersas en el interior de nues-tro país, en lugares recónditos, incluso donde la mano del Estado no llega o llega de manera defi ciente.

En reiteradas ocasiones, incluso aquí mismo en es-tas audiencias públicas, hoy, ayer, hemos escuchado decir, con cierta impunidad incluso, que las cooperati-vas, principalmente las de servicios públicos, realizan prácticas monopólicas, ejercen posición dominante, prácticas anticompetitivas en las actividades que de-sarrollan. Sin embargo, y a diferencia de quienes habi-tan en los grandes conglomerados urbanos, en donde el acceso a los servicios básicos y esenciales parece algo casi natural porque tienen todo al alcance de la mano, sólo aquellos que venimos del interior, y como se suele decir habitualmente, del interior del interior, y conocemos las realidades de nuestras comunidades, sabemos lo que cuesta en algunas comunidades tener acceso a servicios básicos, esenciales, como el agua, la luz, el teléfono, el gas, servicios sociales como ser-vicios de sepelio, ambulancias, banco de sangre, e in-cluso en algunas comunidades hasta el propio servicio de televisión y de Internet.

Entonces, antes de hacer esas refl exiones habría que preguntarnos, quién habría de prestar esos servicios en localidades donde desde el punto de vista de las

economías capitalistas no resulta rentable si no los propios usuarios, organizados libre y democrática-mente, a través de la autogestión cooperativa, quienes realizan sus propias inversiones y se prestan a sí mis-mos los servicios para satisfacer sus demandas.

Hoy escuchaba al señor Toledo y ayer a otro em-presario de la provincia de Santa Fe decir que realiza-mos prácticas anticompetitivas porque no pagamos el impuesto a las ganancias. Efectivamente, las coope-rativas no pagan el impuesto a las ganancias por una razón lógica y simple: no obtienen ganancias. No ob-tienen ganancias porque son entidades sin fi nes de lu-cro, sustentadas en la solidaridad, en bases solidarias. No perciben ganancias porque por el propio imperio de la ley de cooperativas, los servicios y los bienes deben llegar a los usuarios al estricto costo.

Fíjense ustedes que en la fi gura cooperativa, como hoy también se mencionó, se funden, se fusionan en una misma persona –y esta es la característica y la particularidad esencial de la cooperativa– la fi gura del dueño del capital y proveedor del servicio y la del usuario, que es el consumidor. Entonces, no hay inte-reses económicos contrapuestos, porque el dueño del capital, el proveedor del servicio, no va a pretender poner un sobreprecio al servicio de que se trata porque él mismo es quien como usuario debe pagarlo.

No existe monopolio porque no hay acto de comer-cio, no hay actividad comercial; hay un simple y es-tricto acto cooperativo. Las cooperativas no ejercitan actividades anticompetitivas porque no realizan acti-vidades comerciales; están sustentadas en principios solidarios.

Han pasado ya casi tres décadas de período demo-crático y el sector cooperativo todavía continúa siendo discriminado, aun con la modifi cación de la ley 22.285 a través de la ley 26.053. Proscripto, tal vez, incluso por las presiones que sobre los sucesivos gobiernos democráticos y composiciones parlamentarias realiza-ron los mismos grupos económicos que hoy reclaman como vulnerados sus derechos a través de la nueva redacción de la ley, pero que durante veintiséis años miraron hacia otro lado, cuando los derechos vulnera-dos eran los de las empresas del sector de la economía social de base solidaria y que no trepidaron en realizar concentración de capitales y de medios, aplicando po-líticas realmente anticompetitivas, como el dumping, aplastando durante la década del 90 a los pequeños cableoperadores, incluso a los cableoperadores coope-rativos.

Nuestro sector, señores, recibe con absoluto bene-plácito y con absoluta satisfacción esta iniciativa del gobierno de dar tratamiento parlamentario a esta ley. Una ley de medios audiovisuales que realmente pro-voque un cambio radical sobre la actualmente vigente es algo que como ciudadanos, como integrantes de una Nación, nos debemos desde hace casi tres déca-das. No podemos seguir dilatando de manera injustifi -cada e inaceptable el tratamiento de esta norma.

Si preguntan si la norma es perfectible, sí lo es. De hecho, Colsecor ha estado presente en los foros de discusión organizados por el gobierno y hemos pre-

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sentado un amplio documento que ha sido elevado al COMFER en su momento. De ese documento se han receptado algunas sugerencias del sector cooperativo que han sido plasmadas en esta nueva redacción. Pero no se tomaron todas y por eso es justamente que es-tamos aquí presentes, porque seguimos reclamando, ahora al Congreso, que se revean algunos puntos de la redacción. Por ejemplo, como decía hoy el doctor Polino, la redacción del artículo 25.

Nuestro sector no considera que sea un árbitro vá-lido la Comisión Nacional de Defensa de la Compe-tencia porque es justamente un actor absolutamente ajeno a nuestras comunidades. Si lo que se pretende como premisa inexorable es hacer prevalecer el bien-estar general por sobre el particular, el ámbito idóneo para dirimir cualquier confl icto en una comunidad es justamente el de las audiencias públicas o asambleas públicas; no un árbitro externo. Incluso no están cla-ros en la norma cuáles serían los parámetros a meritar ni el tiempo que se tomaría para dirimir el confl icto.

Sobre el mismo artículo 25...Sr. Instructor. – (Peralta). – ¿Podría redondear, por

favor?Sra. Fernández de Beltramo. – Perfecto. Hay

otras cuestiones, son varias, pero también nos hace-mos eco de algunas críticas en relación con el artículo 38, en tanto consideramos que no es la autoridad de aplicación la entidad idónea para regir o regular las condiciones de adjudicación de las licencias. Eso tie-ne que ser una facultad que inexorablemente le debe quedar reservada al Parlamento.

De todos modos, para fi nalizar y concluyendo, que-remos decir que nosotros estamos frente a un momento de discusión histórica de una herramienta esencial de la democracia. No deberíamos privarnos de someterla a debate, a discusión, a un debate parlamentario con altura, con inteligencia, con responsabilidad, porque creo que todos queremos lo mismo. Creo que todos lo que fi nalmente anhelamos es que surja una ley que sea totalmente pluralista, que contemple las necesidades de todos los actores que participamos de este tema y que sea fundamentalmente democrática.

Confi amos en nuestros legisladores, confi amos en su responsabilidad y en que van a atender estas cues-tiones. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Luis de Grazia, en representación de CHA.

– Un grupo de personas irrumpe en la sala de au-diencias y de viva voz manifi estan:

Señora. – Los trabajadores de los medios no pode-mos difundir nuestros confl ictos. El diario “Crónica” quiere despedir con un preventivo a ciento cincuenta trabajadores. Venimos a esta audiencia para romper el cerco al que nos someten los monopolios de los me-dios de comunicación. (Aplausos.) Los trabajadores también existimos. Les pedimos a las autoridades, a los señores diputados, a los ciudadanos, la solidaridad para defender la libertad al trabajo, la libertad de ex-

presión y de este medio, que depende de la lucha de sus trabajadores para seguir existiendo. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Luis de Grazia, representante de CHA.

–Luego de unos instantes:

Sr. Instructor (Peralta). – No se encuentra presente.Tiene la palabra el señor Javier Núñez, representan-

te de Chisperos del Sur.Sr. Núñez. – Yo vengo en representación de una

cooperativa de trabajo que se llama Chisperos del Sur, que es una productora audiovisual.

Quería comenzar comentando que el mercado la-boral actual del cine y la televisión se encuentra muy acotado en todos los sentidos. Los grandes canales de aire promueven cada vez menos la producción local. Canal 9 es un buen ejemplo de la tendencia a la que se llegó con la ley vigente y los posteriores decretos me-nemistas: el 75 por ciento de los contenidos de ese ca-nal son extranjeros, “enlatados”, telenovelas y series estadounidenses. Ni hablar en el interior, donde los canales lo que suelen hacer es dedicarse a retransmitir la programación de los canales de Buenos Aires.

De esa forma, son cada vez menos los involucrados en la producción televisiva: actores, técnicos, maqui-lladores, escenógrafos, artistas; argentinos y argenti-nas que quedan fuera del mercado laboral.

No nos vamos a extender sobre este punto ya que se vino charlando en las audiencias y seguramente los compañeros de los gremios de la televisión van a seguir comentando algo al respecto. Pero queríamos destacar el tema porque se trata de una realidad que golpea muy duro y muy fuerte a los que producimos audiovisual.

Si los canales compran producciones realizadas en el extranjero, ¿qué producimos los argentinos? Es una de las preguntas que quedan en el tintero.

Nosotros, Chisperos del Sur, somos una productora de cine y televisión donde confl uimos profesionales del cine y de las ciencias sociales. Asumimos la for-ma de cooperativa para generar desde el vamos, desde el trabajo, otro tipo de relaciones sociales más justas y equilibradas. Una cooperativa en la cual desde su nacimiento en 2006 trabajaron más de cien personas, que para nosotros es un orgullo poder generar fuentes de trabajo.

Sin embargo, mantener una estructura laboral es casi una aventura en la Argentina actual y en este ru-bro. Es de público conocimiento que se tiende al de-sarrollo de productoras inmensas que absorben a las pequeñas. De esa forma, también la creación de con-tenidos queda en pocas manos.

Por eso, que la nueva ley de servicios audiovisuales –este proyecto de ley– contemple en su artículo 56 que para los servicios de radiodifusión abierta exista como mínimo un 60 por ciento de producción nacional nos parece una medida importantísima para el fomento y salvaguarda del trabajo argentino. (Aplausos.) Y ni hablar de que los canales deban emitir como mínimo un 10 por ciento de producción nacional independien-

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te, porque de esa manera se abre el juego para las pro-ductoras pequeñas y medianas, frenando la creación de mega productoras.

Otro tema importantísimo –entre tantos– que abar-ca la ley es sobre el cine nacional. Lejos estamos de los años de gloria del cine argentino cuando se llegó a tener industria. Hoy el cine subsiste gracias a los subsidios del INCAA, que no alcanzan para todos los que se los merecen. La televisión abierta, que podría ser una fuente de fi nanciamiento para el cine, prefi e-re invertir en viejas películas norteamericanas, en las cuales ni siquiera el doblaje es realizado por locutores argentinos.

Esto lleva a una situación en la cual muchas veces el cine se realiza “a pulmón”, resintiendo la calidad de películas que, en un mercado donde reina la hegemo-nía estadounidense, dejan de ser competitivas porque nuestro público está acostumbrado a determinados estándares técnicos de sonido, de efectos, de cáma-ras, etcétera; entonces el cine nacional es considerado siempre de segunda por los propios argentinos, cuan-do en el pasado supo ser factor de orgullo nacional.

En otras palabras, tenemos historia de cine; tenemos a los profesionales, tenemos buenos profesionales, te-nemos las herramientas. No es cierto que no podemos producir. Lo que faltan son fuentes de fi nanciamiento más variadas.

Por eso festejamos y saludamos el artículo 58 de este proyecto de ley, que fi ja una cuota de pantalla en benefi cio de las películas, contribuyendo así no sólo a la difusión de nuestro cine sino también a su fi nan-ciamiento.

Antes de concluir nuestra ponencia, quisiéramos desarrollar una refl exión. El Congreso se encuentra hoy ante una misión histórica, que es la de votar una ley que permitirá encauzarnos en un proyecto de Na-ción. (Aplausos.)

¿Por qué se deduciría esto de un proyecto que “so-lamente” regula el espectro radioeléctrico? Hagamos un poco de memoria, recordemos un poco de dón-de venimos. Como Patria, como Nación argentina, crecimos mirando y deseando ser Francia o Estados Unidos. Negamos siempre nuestro interior, nuestro pasado, nuestros pueblos originarios. Solo a mediados del siglo XX, el experimento peronista, al incorporar a las clases trabajadores, volvió a indagar sobre el ser argentino, intentó desarrollar herramientas culturales, literarias, intelectuales para fomentar y potenciar esa búsqueda. Pero ese experimento fue truncado por los sucesivos golpes militares, que fueron abandonando cualquier tipo de proyecto de país, abriendo la puerta al desembarco voraz de la hegemonía cultural estado-unidense con su sistema de valores. ¿Y los nuestros cuáles son?

Hoy, tras 26 años de regreso de la democracia, se-guimos teniendo una ley de la dictadura. Esto no pue-de seguir así.

Los que castigan a este proyecto de ley llamándo-lo ley mordaza están muy asustados, porque saben lo importante que es para volver a forjar una identidad y un proyecto de país, una idea de Nación.

El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual es el eje clave del siglo XXI para que esta Argentina confundida e insegura vuelva a indagarse a sí misma, a escucharse, a permitir que todas las voces se expresen y poder así, de una vez por todas, pre-guntarnos entre todos de dónde venimos y a dónde vamos.

Señores diputados y diputadas: este proyecto de ley no es producto de la voluntad de una persona sino de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, de organi-zaciones sociales, de cooperativas de trabajo, de pro-ductoras, de gremios que hace años venimos luchando por esto. (Aplausos.) Somos el soberano. Ustedes, nuestros representantes. Si hace falta vamos a estar en la calle para apoyarlos. Mirando al Bicentenario, asuman la histórica función de hacer nuestra voluntad. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Héctor Sauret, en representación del Consejo de Rec-tores de Universidades Privadas.

Sr. Sauret. – Señor presidente, señores legislado-res: el Consejo de Rectores de Universidades Priva-das concurre a esta audiencia pública para sustentar el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre medios audiovisuales en general. En particular consi-deramos que era nuestro deber expresarnos sobre el reconocimiento que tiene este proyecto para que las universidades gestionen medios audiovisuales.

Entendemos que el proyecto también debe abar-car a las universidades provinciales y a las públicas de gestión privada, autorizadas por el gobierno de la Nación.

Hay tres ideas que el proyecto tiene en general y que aconsejan bajo el principio de la congruencia que en lo que refi ere al sector de las universidades privadas se tenga en cuenta que el proyecto hace un expreso reconocimiento a las ONGs. La universidad privada por defi nición de la ley está organizada como asociaciones o fundaciones civiles sin fi nes de lucro y cumplen funciones en el país, especialmente en mu-chas áreas de frontera.

Con estos tres conceptos y por el principio de co-laboración con el legislador, ratifi camos nuestro res-paldo a la iniciativa en general del Poder Ejecutivo y auspiciamos que los legisladores puedan considerar la posibilidad de extender la garantía para que las uni-versidades del Estado, las provinciales y las privadas puedan gerenciar estaciones de radio y televisión. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Marcelo Massatti, representante de la Cámara de Ca-bleoperadores Independientes.

– Luego de unos instantes:

Sr. Instructor (Peralta). – No se encuentra presente.Tiene la palabra el señor Lucio Gamaleri, de la Aso-

ciación Pampeana.

– Luego de unos instantes:

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Sr. Instructor (Peralta). – No se encuentra presente.Tiene la palabra el señor Antonio José Zidar, geren-

te general de Bariloche TV Sociedad Anónima.Sr. Zidar. – Muy buenos días, muchísimas gracias

por esta oportunidad.Inevitablemente, la mirada más clara que puedo ex-

poner sobre la ley de medios surge de mi propia ex-periencia personal. Desde hace casi 25 años trabajo en radio y en televisión en mi ciudad, San Carlos de Bariloche. Con mucho esfuerzo, casi artesanalmente, hemos ganado con Canal 6 un lugar en la considera-ción de nuestra gente. Nos ven, nos creen, discutimos, participamos, con todos. Las fuerzas políticas saben que tratamos de ser ecuánimes, que somos pluralistas y que no vivimos de dádivas.

El trabajo que hay que hacer diariamente para sub-sistir les aseguro que es titánico. Vendemos avisos a pequeños comercios, a tiendas locales y a prestadores de servicios. Compramos cámaras, luces, armamos escenografías, vamos a cada rincón por la noticia con los noticieros. ¿Saben ustedes cuánto cuesta iluminar un set o cambiar un switcher? ¿Y a cuánto se vende un aviso a un anunciante local en el interior del país?

La proliferación de pequeñas radios en la modula-ción de frecuencia, las FM, a partir de fi nes de la déca-da del 80 ha destruido por fragmentación el ya de por sí escuálido mercado publicitario. El desorden en el espectro radioeléctrico, las interferencias, la informa-lidad laboral y todas las irregularidades que ustedes imaginen son el ámbito en el cual nos desarrollamos. Un canal de TV abierta, chico, del interior, termina compitiendo por el mismo mercado con una radio FM ilegal e irregular. Esa es nuestra realidad. Toda legisla-ción que contribuya a cambiarla será bienvenida.

Lo que no podemos hacer es cambiar esa realidad por otra de monopolio gubernamental, o lo que es peor, por un monopolio de amigos del poder disfraza-dos de representantes populares.

¿Qué ONG del interior puede sostener económica-mente un canal de televisión o una radio como debe ser? Invariablemente estarán atados a la pauta ofi cial.

En mi ciudad hay uno o dos gremios importantes; por lo menos uno de ellos ya expresó que quisiera te-ner un canal de televisión. Les aseguro que los mueve cualquier interés menos el de propender a la pluralidad de voces. Y con sus modos y prácticas ilegales pero aceptadas conseguirán voluntarios –entre comillas– aportes del comercio local para sostener ese canal.

El 33 por ciento del espectro para el gobierno, la-mentablemente no para el Estado sino para el gobier-no, el 33 por ciento para los amigos del gobierno, que no podrán subsistir sin la ayuda de éste, no resiste el menor análisis. Es ruido en vez de comunicación. Es una ecuación clarísima, ya la hemos visto, ya la vemos con el actual desorden en el que el poder de policía del Estado no existe o hace la vista gorda.

Porque es cierto que la legislación necesita renovar-se, es cierto que el mundo de las comunicaciones no es el mismo, pero hasta ahora el gobierno no ha querido ni siquiera hacer cumplir los derechos y obligaciones que sí tienen vigencia, que sí la sociedad reclama, que

piden a gritos los verdaderos actores de esta industria en el interior.

Este es un concepto central: la nuestra es una indus-tria, la industria de los medios audiovisuales. Invierte, da trabajo, compite, propende al crecimiento. Quien no vea o no quiera ver al sector como una expresión industrial –que en el interior es casi artesanal– está proponiendo una mirada miope, falaz o directamente malintencionada.

Coincidimos en que el Estado tiene que tener una fuerte presencia, fundamentalmente con su poder de policía, inexistente en el interior del país, que es tie-rra de nadie en este aspecto, y también con su propia experiencia de comunicación. Pero no gubernamen-tal sino estatal, con el concepto del Estado: abriendo puertas, marcando caminos, educando, facilitando ac-cesos, no tratando de construir redes de impunidad.

¿Quién puede creer que la preocupación de deter-minados personajes sea hoy la pluralidad de voces o la posibilidad del acceso? El lobo cuidando a los cor-deros es una fi gura que no me permito admitir como lógica aunque venga disfrazada.

Para muestra bastan unos cuantos botones: se pro-pone acortar los plazos de las licencias haciendo im-posible cualquier recupero lógico de inversiones en una actividad que está en crisis. Se vulneran derechos adquiridos, se abre la actividad al ingreso de las tele-fónicas o de cualquier concesionario de servicios pú-blicos con todo su poder y todos sus intereses y, sobre todo, su subordinación directa con el gobierno que le toque. Ahí sí que se legisla para crear monopolios.

Se deja un gran espacio para la discrecionalidad del poder de turno. Se mezclan actividades que utilizan el espectro radioeléctrico con otras que no. Cable con aire, producción con distribución de contenidos. Peras con manzanas, como decía la maestra de segundo gra-do. Se limita de tal manera la conformación de alian-zas estratégicas multimedia, que el resultado será in-variablemente la desaparición de decenas de medios.

Sinceramente, ¿ustedes creen que un canal de tele-visión abierta del interior del país, como el nuestro, ubicado en una ciudad de menos de 150 mil habitan-tes, puede sobrevivir sin el apoyo de un proveedor na-cional de contenidos? Si alguien cree eso es porque no ha escuchado lo sufi ciente a quienes trabajan en esta actividad. Un pequeño canal del interior no es viable en soledad, salvo por la publicidad ofi cial que deberá mendigar y merecer, y ahí está la trampa.

Y luego viene el otro gran tema: lo que la gente elige. ¿Quién puede ir en contra del gusto popular? ¿Quién podría decir al argentino común, al vecino de a pié, qué tiene que gustarle y qué no? Tratar de dirigir las preferencias populares es un camino sin retorno al totalitarismo. También lo vemos claramente en el in-terior del país. La gente escucha al que le merece con-fi anza; mira el noticiero que le resulta creíble. No hay forma de cambiar eso. Recuerden cuando los porteños escuchaban Radio Colonia para saber lo que pasaba en realidad.

El tema es que esta embestida totalitaria en la que habrá cómplices y partícipes necesarios dejará a toda

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una industria desmantelada, gente sin trabajo, calidad despreciada, historia desconocida y sobre todas las cosas más división y más intolerancia. Mucho ruido, a mi modesto juicio, y poca comunicación. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Daniel Ríos, de FM Chalet, Santa Fe.

Luego de unos instantes:Sr. Instructor (Ottone). – No se encuentra presen-

te.Tiene la palabra el señor Justo Álvarez Ayes, vice-

presidente de la Cámara Argentina de Industrias Cul-turales Pymes.

Sr. Álvarez Ayes. – Como vicepresidente de la Cá-mara Argentina de Industrias Culturales Pymes agra-dezco que nos permitan expresar nuestra voz en este evento de tanta importancia.

Estamos acá en representación de los cables pymes de las pequeñas localidades de la República Argenti-na. Pretendemos dejar sentada tanto nuestra voluntad inquebrantable de seguir protagonizando procesos de integración y desarrollo cultural como la necesidad imperiosa de contar con la seguridad jurídica desde el momento mismo de la sanción de la nueva ley, y que su articulado garantice la continuidad de las pymes del sector en el proceso de comunicación en el inte-rior, donde naturalmente desarrollamos nuestras acti-vidades.

Para hacer una correcta evaluación de nuestra pro-blemática pyme consideramos conveniente historiar sobre el desarrollo de nuestra actividad. Primero que-remos decir que el cable nació en la Argentina a fi nes de los 60 como servicio federal por prestadores en cada localidad, que permitían la recepción de TV en todo el país, fundamentalmente en aquellas localida-des a las que no llegaba la televisión abierta.

En segundo lugar, que fueron prestadores privados y pioneros de cada localidad los que brindaron a sus comunidades el acceso a la información y la cultura por medio de la televisión a nivel local, nacional e internacional; esfuerzos conjuntos de empresarios y trabajadores.

También debemos decir que el cable nació como empresa privada de riesgo, pues en su regulación, en la ley 19.798, de telecomunicaciones, de 1972, y lue-go en 1980, en la actual ley 22.285, se trató de ser-vicios complementarios de radiodifusión sin ninguna exclusividad ni privilegio.

No debemos olvidar que muchos sectores de la rea-lidad nacional que tenían cerrada su voz en los grandes medios nacionales durante los días oscuros de nuestra historia, pudieron encontrar espacios de contención para su voz y opinión en nuestras pequeñas empresas independientes y federales.

Fue la modifi catoria por parte del Estado nacional y no nuestra voluntad la que permitió que en la década del 90 grupos extranjeros y nacionales poderosos se quedaran con las principales plazas del país.

Este proceso de concentración en manos de grandes grupos económicos tuvo su única y obstinada resis-tencia en los cables pymes, que seguimos defendiendo nuestra independencia generando mano de obra local,

mayoritariamente joven y profesional; trabajadores que pretenden seguir siendo parte de la familia de las pymes argentinas del cable y no olvidados elementos de transnacionales telefónicas.

Fuimos y somos los pequeños cables del interior los que mantenemos viva la actividad cultural de nues-tros pueblos, los que fi lmamos y hacemos conocer a la comunidad las fi estitas de los jardines, cumpleaños, las graduaciones, los logros y objetivos de nuestras comunas, las fi estas populares, las ferias artesanales e industriales locales, eventos todos que no tendrían cabida en los grandes medios.

Esta realidad de la actualidad propia del país, de neto carácter federal, local y cultural, debe ser garan-tizada en nuestra opinión por la nueva ley, brindando protección legal a la subsistencia de estas empresas de TV por cable pymes.

Señores diputados: lejos de nuestra intención está la idea de limitar la competencia y la aparición de nuevas empresas pymes, pero no se puede obviar la diferencia de escalas económicas y tecnológicas entre las pymes y las corporaciones, así como tampoco las ventajas de carácter económico, político y de penetración territo-rial que detentan las cooperativas de servicios públi-cos. La mayoría de ellas con más presupuesto que los municipios donde operan, interesadas hoy en sumarse a la operatoria del cable, cualquiera fuera la dimen-sión del mercado donde desarrollan sus actividades.

Tenemos claro que las cooperativas y las pymes forman parte del campo nacional, pero es a toda vista evidente que estas unidades económicas no pueden ingresar a la industria del cable, bajo la forma jurídica que hoy detentan, en las pequeñas localidades donde está operando una empresa pyme, si la intención del legislador es mantener la existencia de éstas y el em-pleo que ellas sostienen.

Coincidimos en la necesidad de la sanción de una ley que sostenga la democratización y la pluralidad de los medios de comunicación.

Coincidimos con el espíritu de la nueva ley en su intención de promover y defender las industrias cultu-rales argentinas, lo que signifi ca un cambio cualitativo en cuestiones de soberanía, de diversidad cultural y en la generación de trabajo nacional. Pero formulamos observaciones orientadas a garantizar los mayores porcentajes de producción propia y condiciones de equilibrio para todos los sectores.

Señores diputados: evitemos juntos que los grupos que hipócritamente invocan el nombre de la democra-cia y el pluralismo, que ustedes y nosotros con com-promiso en nuestras actitudes practicamos, terminen arteramente poniendo a las pymes del cable como el pato de la boda.

Creemos posible e imprescindible considerar en el articulado de la ley una segmentación que tenga en cuenta la subsistencia de las pymes en las localidades de hasta 4 mil hogares.

En esas 1.030 localidades en todo el país hay 1.142 empresas prestando actualmente el servicio de cable; de ellas, 914 son pymes y cooperativas.

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Toda la documentación detallada, respaldo de esta información, obra en nuestro poder y podemos acer-cárselas a vuestro requerimiento.

Evitemos que este grupo de pioneros pymes que re-sistimos a la concentración nacional y extranjera de los 90 veamos extinguidos nuestros sueños y nuestras luchas con el ingreso a la actividad del cable en las pequeñas localidades de los grupos concentrados te-lefónicos y las cooperativas de servicios públicos con economías de escala totalmente desproporcionadas.

A tales efectos, proponemos agregar a la ley en estudio el siguiente artículo, que podríamos llamar “pymes”: “En las localidades que cuenten con menos de cuatro mil (4.000) viviendas conforme a los datos que surjan del último censo realizado en el país, sólo podrá adjudicarse una (1) licencia para la prestación de servicios complementarios de antena comunitaria y/o circuito cerrado comunitario de televisión y otros de estructura análoga cuya prestación se realice por vínculo físico o radioeléctrico.

“En las localidades donde ya existiera un prestador pyme de los citados servicios, no podrá adjudicarse otra licencia.

“Lo dispuesto en los párrafos anteriores del pre-sente artículo será de carácter transitorio y tendrá una vigencia de diez (10) años, contados desde la publica-ción de la presente ley, siendo prorrogado por la au-toridad de aplicación, en la medida que se mantengan las mismas condiciones poblacionales.”

Señores: el trabajo y la producción cultural, los me-dios democratizados y la integración nacional necesi-tan del compromiso con el pueblo de sus legisladores. Las empresas pymes del cable confi amos en su patrio-tismo. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Luis de Grazia, en representación de CHA.

– Luego de unos instantes:

Sr. Instructor (Ottone). – No se encuentra presente.Tiene la palabra el señor Nahuel Kuruf, en repre-

sentación de la Confederación Mapuche de Neuquén.

– El orador hace uso de la palabra en idioma ma-puzugun.

Sr. Kuruf. – Buenas tardes a todos y a todas. Los saludé en mi idioma, el mapuzugun, el habla de la tie-rra, el idioma de la naturaleza. La gran mayoría de los presentes lo desconoce, desconoce la diversidad cultural que existe en la Argentina. Aquí no existe sólo un pueblo o una cultura, hay más de treinta naciones originarias que desde siempre nos trataron de ocultar. Nuestros pueblos e idiomas no representan sólo la pa-labra de las personas sino la palabra de los pájaros, de las montañas, de los lagos, de los mares, de los bosques –que hoy son arrasados para plantar soja–, de los grandes territorios que se arrasan para instalar represas, petroleras, forestales, etcétera.

Los pueblos originarios sabemos de comunicación y de los medios de comunicación. Desde la misma creación del Estado nos han invisibilizado tratando de

decir que aquí en la Argentina existe sólo una cultura, sólo un pueblo. Nos han ocultado lo que más pudieron. No por nada escriben que somos pueblos aborígenes, primitivos, pueblos del pasado, culturas primitivas, conceptos hoy errados. Dicen agrupaciones aboríge-nes, reducciones. Son conceptos errados y atrofi ados a esta altura de la humanidad. Es muy curioso que en pleno siglo XXI se siga hablando de indios o aboríge-nes, cuando la expresión real es pueblo originario.

Aquí se está debatiendo un proyecto fundamental porque consideramos que la comunicación y los me-dios de comunicación tienen que prestar servicios. Al-gunos ven a la comunicación como un negocio, otros como un servicio, pero nosotros lo vemos como un derecho. (Aplausos.)

Es un derecho que tenemos los pueblos originarios a una comunicación con identidad.

Hace dos semanas, en la comunidad mapuche Cu-rrumil, en Aluminé, provincia del Neuquén, apalearon a niños, niñas y ancianos; fue la policía provincial del gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Si se ha-bla de monopolio, en Neuquén existe un monopolio hace 40 años de un solo partido y una sola familia. Decía que hace dos semanas los apalearon, y la pren-sa local publicó “Confl icto mapuche: cuatro policías heridos”. Eso fue lo que publicó la prensa local. Ha-bían apaleado a niñas, a niños, a jóvenes y a ancianos mapuches, pero eso la prensa no lo dijo. Tampoco dijo que para una embarazada mapuche corrió riesgo su embarazo, su vida y la vida que lleva dentro de su vientre. Eso la prensa local no lo dijo.

Tampoco dijo que esas 2.500 hectáreas que hoy es-tán en disputa –territorio mapuche que es víctima de su belleza y de la especulación inmobiliaria– desde siempre la comunidad mapuche Currumil las utilizó para llevar a sus animales en el invierno. Eso la prensa local no lo dijo.

No dijo la prensa local que esas 2.500 hectáreas fueron vendidas de manera fraudulenta por la Direc-ción Provincial de Tierras. Eso la prensa local no lo dijo. La prensa local dijo “Confl icto mapuche: cuatro policías heridos”.

Entonces, ante esta situación nosotros...Sr. Instructor (Peralta). – ¿Podría redondear, por

favor?Sr. Kuruf. – Sí.La cuestión aquí pasa por el hecho de que el debate

de los medios de comunicación hoy en la Argentina es histórico y trascendental. No podemos seguir con una ley de la dictadura. No se trata aquí de ser ofi cialis-tas u opositores; se trata de tener sentido común y un poco de raciocinio.

En defi nitiva, la confederación mapuche de Neu-quén está pidiendo un poquito de raciocinio a los di-putados, tan sólo un poquito.

Como decía, llama muchísimo la atención que aquí no estén aquellos diputados y diputadas que fueron elegidos para escuchar la voz del pueblo y de los pue-blos; no están aquí, sin embargo sí están en los grandes medios y los vemos todas las noches despotricando y diciendo que esta ley es K, que este proyecto de ley es

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K. Este proyecto de ley es de la Confederación Mapu-che, este proyecto de ley es del pueblo ava-guaraní, este proyecto de ley es de la sociedad argentina, este proyecto de ley es de la Argentina en general, no de los K. (Aplausos.)

En defi nitiva, el pueblo mapuche, la Confederación Mapuche de Neuquén, estamos pidiendo a los repre-sentantes del pueblo que cumplan con su función en este aspecto. Cuesta muchísimo, seguro. Nosotros te-nemos varias observaciones, pero en defi nitiva, para ir redondeando, este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios, y esa propuesta, esa inclusión, la elaboramos nosotros, los pueblos originarios; la elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas, que nos reunimos y plan-teamos esto al COMFER y éste lo anexó a este pro-yecto de ley. Es decir que no es un proyecto K.

Por lo tanto, nosotros no estamos pidiendo un favor a los diputados; en defi nitiva les estamos pidiendo que cumplan con su función, que es modifi car una ley de la dictadura por una ley de la democracia. Y que los pueblos originarios estemos en esa ley es fundamen-tal. No se puede seguir hablando de una ley de la de-mocracia sin el derecho de los pueblos originarios en este proyecto de ley. (Aplausos.)

Para despedirme les digo:

– El orador hace uso de la palabra en idioma ma-puzugun.

Sr. Kuruf. – Estamos exigiendo a los diputados que cumplan con su función porque éste es el momento, es el momento histórico, y seguramente a los que esta-mos aquí nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, pero les vamos a dejar a las generaciones que vienen una ley de la democracia.

Queremos aportar desde nuestros saberes ancestra-les a la construcción de una Argentina distinta, de una Argentina intercultural. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Enrique Zothner, de la UBA.

Sr. Zothner. – Voy a hablar en representación, qui-zás, de los ingenieros y desde nuestra incumbencia profesional.

Nosotros estamos preocupados por la situación en que está el espectro radioeléctrico. La situación de 2001 en lo que respecta al espectro radioeléctrico, para que ustedes puedan tener una idea, era de casi cien canales –que se podrían utilizar para televisión– en aproximadamente diez licenciatarios, algunos de ellos en asociación con países extranjeros.

Nosotros vemos y queremos que exista una multi-tud de voces. El único vínculo que todos los que están aquí piden para poder expresarse de distintas mane-ras y signos –no importa cuál sea su ideología– es el vínculo radioeléctrico, al que deberíamos tratar como algo casi sagrado porque es la única oportunidad que tiene una radio –y quizás las futuras estaciones de tele-visión– para poder expresar los distintos sentimientos y quehaceres que tenemos los argentinos a lo largo y a

lo ancho de nuestro país. Esta situación es muy grave, porque sin espectro radioeléctrico no hay un vínculo. Esto quiere decir que no vamos a tener estaciones de televisión ni estaciones de FM.

Ahora, ¿cómo es que sucedió esto? Es muy intere-sante. A través de una fi sura legal del servicio com-plementario empezaron a ingresar prestadores en el espectro de muy alta frecuencia, que se llama UHF, destinada a la televisión digital. Entonces, nosotros hoy tenemos funcionando en ese espectro canales codifi cados que no son ni más ni menos que un vi-deocable pago. En los hogares está el famoso set top box encriptado, y con eso se pueden recibir las señales codifi cadas. En 2001 ya se dieron cien canales, que están en muy pocas manos.

¿Por qué tiene importancia esto? Porque nosotros estamos reglados por la Unión Internacional de Te-lecomunicaciones y ésta ha atribuido bandas que son de atribución primaria y secundaria. Y las bandas que nosotros tenemos de UHF son de atribución primaria. Esto quiere decir que están destinadas y tienen el de-recho los que quieren hacer radiodifusión.

¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros tenemos que incorporar en esta ley –esto es parte de la propuesta que tengo escrita– que para las bandas de radiodifu-sión exista un solo organismo.

Hoy en día tienen incumbencia la Secretaría de Co-municaciones, el COMFER y la CNC. Entonces, a tra-vés de un mecanismo bastante especial, nadie puede acceder a tener una licencia de televisión.

Imagínense que una universidad grande y recono-cida de la Argentina, con prestigio internacional, diga que quiere tener un canal de televisión. Tiene todo el derecho, el derecho internacional, dos leyes fi rmadas por la Argentina. Va al COMFER y le contestan que no hay espectro. No hay espectro para que una univer-sidad de las más importantes pueda tener un canal de televisión.

Entonces, esta terrible situación de tener tres or-ganismos que regulan sobre una frecuencia ha hecho que los espectros destinados como atribución primaria para radiodifusión estén siendo utilizados para cual-quier otra cosa. ¿Qué cosas, por ejemplo? Tienen re-mises, radiotaxis, enlaces que podrían estar tranquila-mente migrados a otras frecuencias mucho más altas. ¿Qué es lo que hace esto? No permite que todas las instituciones, sean del signo que sean, sean de la uni-versidad que sean, sean de los organismos que sean, puedan expresar sus opiniones.

Volviendo al espectro, fíjense hasta qué punto está difi cultado esto que la Secretaría de Comunicaciones de la Argentina ha pedido para siete canales de radio-difusión, que son los del 14 al 20, como servicio pri-mario fi jo y móvil. Entonces, a través de este mecanis-mo perverso puede venir un radiotaxi, un remisero, y pedir espectro para hacer un enlace. Y eso se resta.

Para colmo, en 2007 se confi rmó en la asamblea de todas las organizaciones que iba a atribución primaria, fi ja o móvil. Eso quiere decir que tiene tanto derecho un remisero o un radiotaxi como una universidad na-cional que tiene cierto prestigio internacional.

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El segundo punto que nosotros creemos que es im-portantísimo para que esto se lleve a cabo es que haya un solo organismo que tenga que ver con las atribu-ciones primarias de la Unión Internacional de Teleco-municaciones. Esto es fundamental. En la propuesta que yo hago, si se implementan las bandas, creo que debería estar en la futura ley algo referido al espec-tro, porque está la posibilidad de extender también las bandas de FM y tener 12 megahertz más, o sea tener mucho más espacio. Ustedes saben que la cantidad de estaciones en la zona de frecuencia modulada está ab-solutamente saturada e inclusive hay más de lo que sería técnicamente aconsejable.

Esta es una propuesta técnica pero sencilla y con-siste en, una vez hecha la migración a los canales de UHF, o sea en una banda más alta, usar parte de ese espectro para extender la frecuencia de FM. Esto per-mitiría hacer realidad ese bendito 33 por ciento que todos nosotros queremos que suceda.

Eso tiene la ventaja de que hay otros países que es-tán usando esta banda para ese sentido.

En este proyecto de ley también vemos que se ha cambiado la defi nición de radiodifusión. La radiodi-fusión está entendida según dos leyes del país y por la comunidad internacional para el público general. Esto signifi ca que uno compra un equipo, lo lleva a su casa y tiene que poder escuchar lo que se está transmitien-do. Todos compran una radio en un negocio, sintoni-zan y pueden escuchar lo que se está transmitiendo.

Por eso, los servicios complementarios y todos los sistemas codifi cados que están usurpando el legítimo espacio a todos los que quieren hacer radiodifusión, no son radiodifusión. Esto es muy importante y cree-mos que la defi nición hay que cambiarla.

He agregado un anexo a la primera postura e intro-duzco una nueva modifi cación para que la regulación de los contenidos pueda ser efectiva aun cuando por el mismo canal se estén transmitiendo voz, datos y lo que sea. Entonces, lo que proponemos es que las defi -niciones de radiodifusión y todas las demás que están en la ley, sigan como las tenemos aprobadas y como las entiende la Unión Internacional de Telecomunica-ciones.

Estamos proponiendo una defi nición que está en los anexos. Pueden consultarnos con gusto. En la Facul-tad de Ingeniería, sita en Paseo Colón 850, haremos una reunión el 17 de septiembre.

Con esta defi nición nosotros podríamos trabajar y dejar el espectro de la radiodifusión como espacio casi sagrado, como único vínculo radioeléctrico que po-drán tener todos los futuros prestadores, y con esta de-fi nición se podrían regular todas las cosas que no son radiodifusión, que son los cables. Un cable por víncu-lo físico no usa el espectro radioeléctrico. Entonces, lo que estamos proponiendo es algo técnico que no voy a desarrollar acá por una cuestión de tiempo, pero es un concepto sencillo.

Para redondear, proponemos que haya un solo or-ganismo que se ocupe de la radiodifusión y de las licencias. O sea, hay que sacar un poco de la CNC, un poco de la Secretaría de Comunicaciones, tener el

COMFER y tener una sola unidad: radiodifusión. Asi-mismo proponemos cambiar las defi niciones de acuer-do con la UIT, introducir el concepto que está en el anexo que presenté, que podría ser que se regule todo lo que se difunde. Como ustedes saben, las regulacio-nes ayudan a los mercados y a que cumplamos con nuestro sueño de que más voces estén en el espectro.

Agradezco por esta intervención. Estoy a disposi-ción de los legisladores que quieran contar con estos documentos. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra la seño-ra Mónica Bianchi, representante de ACIS.

Sra. Bianchi. – Buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes a los señores diputados y diputadas Yo represento a una asociación civil que lucha permanen-temente por la integración de las personas con disca-pacidad. Quiero aclarar que el documento que presen-tamos está avalado por once asociaciones dedicadas a la temática.

En ese sentido vengo a proponer y a hablar sobre este proyecto para la integración de todos los ciudada-nos, que contempla fundamentalmente el acceso a la información a través del subtitulado oculto, el lengua-je de señas y la audiodescripción.

La verdad, señores, que esto no es ni una ley ni un proyecto del gobierno ni un proyecto K. Este artículo fue incluido dentro del proyecto a solicitud de la so-ciedad civil. Las asociaciones dedicadas a la temática de la discapacidad han propuesto tanto el subtitulado oculto como la audiodescripción como una forma de permitir el acceso a las comunicaciones y a la infor-mación de las personas con discapacidad.

No me voy a referir a la legislación vigente; está en el documento y además casi podría decir que todos la conocemos. Pero lo cierto es que este Congreso rati-fi có los términos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la cual se garantiza el acceso a la información. Y esto es lo que tenemos que respetar.

Ustedes me pueden decir que lo hacemos. Señores, ustedes, el público en general, prenden la televisión y miran televisión; nosotros, las personas sordas, hi-poacúsicas y las personas con difi cultades visuales, no tenemos acceso a la televisión. Eso creo que no me hace ni más ni menos persona que ustedes, que sí tienen derecho a acceder a la televisión. Yo soy ciuda-dana de cuarta, ni siquiera de segunda.

Me pueden decir también, como escuché recién por allí, que en realidad el artículo 58 no creo que esté en discusión. Lo dudo. Hace diez años que venimos presentando proyectos. En el año 2001 se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, se aprobó, pasó a Senadores, lo tuvieron, cumplió su trámite adminis-trativo y se archivó. En el año 2005 tuve la idea de hacerlo al revés, presentarlo en Senadores; se aprobó, pasó a Diputados, cumplió el trámite administrativo y se archivó. En el año 2008 el diputado Morgado y la diputada Ibarra levantan el mismo proyecto de ley, se aprobó acá en esta Cámara y hace muchos meses está en Senadores. Seguimos sin mirar televisión.

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Eso evidencia que una cosa es la intención y otra cosa es la acción en cuanto a la legislación. Ustedes me pueden decir: “Bueno, pero hablamos de un millón de sordos o hipoacúsicos, y más o menos un millón de personas con problemas visuales, son dos millones, dos millones doscientos, no importa, no son tantos”. Pero lo cierto es que somos dos millones y medio, dos millones doscientas mil personas.

La otra cuestión que yo quiero recalcar haciendo un refuerzo a esto es que cuando se trataron estos proyectos de ley, ATA, la Asociación de Teleradiodi-fusoras Argentinas, dijo en un diario de circulación masiva: “Hay que evaluar si se pone el subtitulado, ya que siempre se busca la mayor rentabilidad y hoy los números no ayudan, y además lo cierto es que ya se viene implementando en forma paulatina en algu-nos programas el subtitulado”. Yo pregunto: ¿ustedes creen que 400 pesos por hora afectan la rentabilidad de los programas? Es cierto que hoy en día se subtitu-lan algunos programas. Ahora, yo me pregunto quié-nes son los canales de televisión para venir a decirme a mí y a todos los sordos, hipoacúsicos y disminuidos visuales que tal programa podemos ver y que tal otro no, porque no se subtitula. Yo me pregunto cómo se sentirían ustedes si alguien de esos medios poderosos de la información pública viniera y les dijera: “Vea, señor, este programa usted no lo puede ver porque es rubio; este no lo puede ver porque es petiso, este no lo puede ver porque es gordo, y este no lo puede ver porque es sordo”. Yo no creo que esto sea democracia; creo que esto, en mis pagos y en el de ustedes, se lla-ma discriminación.

Los servicios de radio y de televisión son servicios públicos y bajo ninguna forma ni ninguna excusa se puede poner la lógica del mercado por sobre las nece-sidades de la sociedad. (Aplausos.)

Las asociaciones que impulsamos este proyecto para dar fuerza a la inclusión de este artículo hemos entregado al interventor del COMFER 10.627 fi rmas que avalan este artículo. Yo pido públicamente a las señoras diputadas y a los señores diputados que pidan al señor interventor una copia de esas fi rmas para que estén bien interiorizados de lo que la sociedad les está pidiendo.

Otro tema que nosotros compartimos ampliamente es el del espacio para la sociedad civil. Yo comparto un concepto que anda por ahí diciendo que como pue-blos hoy estamos sometidos a una feroz dictadura de un modelo de sociedad de consumo individualista e insolidaria. Por eso considero que es necesario reali-zar un profundo cambio cultural en el que prime fun-damentalmente el derecho del pueblo de manifestar sus posiciones y sus opiniones por sí mismo y a través de las instituciones. En realidad, no es lo mismo decir la verdad que toda la verdad; tampoco es lo mismo libertad de expresión que ética periodística.

Si en lo que sale a través de las pantallas a alguien se le ocurre poner abajo un cartel que diga “La sorda Mónica Bianchi”, no está faltando a la verdad. Seño-res: yo soy sorda. Pero la ética dice que existen otros atributos que podrían acompañar la imagen, como por

ejemplo, “Señora presidenta de ACIS”, “Señora coor-dinadora de la Comisión de Discapacidad”, “Señora diputada mandato cumplido”, lo que ustedes quieran. Esta es la diferencia entre tener libertad de expresión y ser éticamente correctos.

Si nosotros hubiéramos tenido un espacio de radio, le habríamos contado a la ciudadanía que en el conse-jo consultivo de la sociedad civil, con la presencia de más de cien asociaciones civiles de todo tipo, hemos escuchado a Frank la Rue, quien nos dijo que esta pro-puesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para los demás países. Pero los grandes me-dios al no publicar este apoyo no faltaron a la verdad: hicieron uso de la libertad de expresión.

Pregunto: ¿es ético que esos medios no pongan a disposición de los ciudadanos comunes los pro y los contra, las opiniones a favor y las opiniones en con-tra? Eso no ocurrió.

Solamente garantizando la diversidad y la represen-tatividad de todos los actores de la sociedad –privados, Estado, fundaciones, asociaciones, universidades, sin-dicatos, cooperativas– se podrá evitar la concentración de la información en unos pocos poderosos.

Sr. Instructor (Peralta). – ¿Podría ir redondeando, por favor?

Sra. Bianchi. – Permitir que la voz del ciudadano contribuya a favor del bien común, a la transforma-ción política, social y cultural que como pueblo nos debemos.

Para concluir, la posibilidad de tener espacios para poder transmitir la información signifi ca independen-cia de criterio, divulgación de opiniones diferentes, conocimiento de otras historias y la democratización de la comunicación. Es hora, señores, de que el pueblo escuche al pueblo. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Lucio Gamaleri, de la Asociación Pampeana.

Sr. Gamaleri. – Buenas tardes a todos y buenas tar-des a los señores diputados. Muchas gracias por con-cedernos este espacio y escucharnos.

Para comenzar a hablar de un proyecto de ley de servicios audiovisuales tenemos que decir que en-tendemos que en nuestro país, dentro de las institu-ciones vinculadas con los servicios de comunicación social, difícilmente podamos encontrar a alguien que se oponga al tratamiento de una norma de esta natura-leza, sobre todo por la oportunidad que representa la discusión parlamentaria y el carácter democrático que debe poseer una ley que dispondrá, una vez sanciona-da, el marco regulatorio para el funcionamiento de los medios audiovisuales de la Nación.

Es fundamental actuar con serenidad y precaución, por la seriedad que reviste el debate. Estamos ni más ni menos que frente al ejercicio maduro y sano de propiciar soluciones para un sector neurálgico en lo que concierne a políticas de Estado. Y esa razón nos impone la obligación como empresa, instituciones o gobierno, de ser cautelosos para la comprensión analí-tica de esta situación coyuntural, que devenga en una solución de fondo y no sea a priori un apresuramiento inconducente, fruto de algunos malestares.

Viernes 11 de septiembre CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 35

No podemos integrarnos institucionalmente a una discusión amplia, con garantías de pluralidad, expre-sión libre, equidad y generación de sentido crítico, si lo que tenemos delante es una dicotomía tan profunda como “ley de la dictadura o ley de la democracia”.

Entendemos esa expresión como un recurso retóri-co, que nos deja sin respuesta alternativa. Después de los años de plomo que violentaron nuestros derechos, desaparecieron a nuestros hermanos y nos costaron pérdidas incalculables en nuestro desarrollo educati-vo, social y cultural, radicalizar un planteo que nos obliga a elegir entre esas opciones no tiene sentido.

Está claro que queremos una ley de la democracia, pero con un profundo debate que nos permita ser in-clusivos de todos los actores que intervienen y debe-rán ser parte activa de los resultados de esta ley.

Por otra parte, esa dicotomía no se traduce en otras leyes que también son de la dictadura, como por ejem-plo la ley de asociaciones de fomento, llámese de coo-perativas, que también es de la dictadura; o el Código Aduanero, que también es de la dictadura; o la misma Ley de Procedimientos Administrativos del Estado, que también es una ley del gobierno de facto.

Hace un cuarto de siglo que trabajamos cada cual desde su lugar para construir una democracia y pro-gresivamente hemos venido despojándonos del lega-do oscuro de la dictadura, con los recursos que nos en-trega el Estado de derecho, ocupándonos a su vez de mantener viva la memoria. En eso los medios hemos tenido una participación preponderante. Entonces, ya en ese punto la discusión debe pasar por un lugar que revista verdadera profundidad de análisis y que se condiga con el sustento fáctico de nuestro trabajo a lo largo del tiempo.

Es decir, los medios que participan en la discusión pública por la nueva norma de servicios audiovisuales han dado sobradas muestras de ser impulsores de la libertad de expresión y de la convivencia fecunda que propone el Estado de derecho.

Las empresas que administramos medios audiovi-suales entendemos que la pluralidad en el carácter de los contenidos no debe ser declamada sino consagrada. Al desarrollar esta expresión podemos preguntarnos dónde están las verdaderas diferencias que llevan hoy al proyecto ofi cial de medios audiovisuales al centro de la escena. Probablemente uno de los primeros pun-tos a considerar como parte de las divergencias sea la falta de participación real de los actores que hemos trabajado durante años en la variedad de disciplinas que componen los procesos sensibles de la comunica-ción y que no fuimos consultados.

No queremos ser víctimas de algún exabrupto. Queremos una visión completa del trabajo comercial de los medios, ya que somos empresas con dinámica propia, con capitales de riesgo, con responsabilidades sociales, familiares, impositivas, y que necesitamos una ley que alumbre nuestro desarrollo participativo y creciente y no que nos proponga una situación con-denatoria a fi n de largarnos a la arena en un mercado que si se abre a las empresas de servicios públicos bá-sicos nos deja sin armas y promueve defi nitivamente

la constitución de monopolios infranqueables para el consumidor.

El caso es que las pequeñas y medianas empresas de distribución de cable, si tuvieran que enfrentarse con las prestadoras de servicios públicos, cooperativas o no, se verían condenadas a una extinción comercial segura. Tal desacuerdo está fundado en que la razón de ser de tales sociedades es la prestación de servicios básicos, en su mayoría en el caso de las cooperativas luz, agua, cloaca, teléfono; en el caso de las telefóni-cas, Internet, telefonía fi ja y telefonía móvil.

Ahora bien, tengan o no fi nes de lucro, estas socie-dades llevan a cabo su actividad en forma monopóli-ca, lo que las coloca desde el vamos en una posición dominante de mercado que hace que los usuarios de los servicios que prestan en muchos casos se vean obligados a adquirir otros no deseados.

Fundamentados en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que nos remite a la igualdad ante la ley, se-gún lo ha defi nido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que radica en otorgar igual trato a quienes se encuentran en razonable igualdad de circunstancias, lo que equivale a decir igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones, vemos que esto último es inviable para los radiodifusores ante las cooperativas y las telefónicas, ya que no existe oportunidad algu-na de la prestación de los mismos servicios públicos imprescindibles a los que sí tienen derecho aquellas entidades.

En el caso de las cooperativas, gozan a su vez de exenciones impositivas, de impuestos a las ganancias y a los bienes personales.

También debemos considerar la utilización de sub-sidios cruzados de éstas y la propiedad de los postes de las mismas. Permitir a las cooperativas la obtención de licencias para la prestación de los servicios previs-tos en este proyecto signifi caría otorgarles la suma del poder público de las comunidades donde operan, asu-miendo que en la actualidad ya existen asociaciones sin fi nes de lucro que manejan presupuestos superio-res a los de sus propios municipios o asentamientos geográfi cos.

Ahora bien, refi riéndonos a los organismos de con-trol contemplados en el proyecto de ley, consideramos que la pluralidad debe estar garantizada, y para ello los ejecutores de la aplicación de la norma deben con-tar con auditores externos que permitan el equilibrio perfecto entre la oposición y el color político del go-bierno. De este modo encontraríamos madurez en la propuesta de la experiencia legislativa que debe ser parte de un proyecto de promoción de políticas de Es-tado. La nueva norma de servicios audiovisuales debe ser la que como ciudadanos merecemos y por ello no debemos privarnos del análisis, el debate y la partici-pación que correspondan para generar los consensos necesarios entre la sociedad civil, la Legislatura, las empresas, las instituciones y el Poder Ejecutivo na-cional.

De este modo, estamos en un camino seguro para la construcción de una política de Estado.

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Para redondear, como cableoperador pyme, además de presidente de la asociación, debo decirles que en nuestro país la televisión por cable tiene 50 años de existencia, y esos 50 años provienen del interior. No-sotros desde nuestra asociación tenemos dos testigos que pueden dar fe de ello, que son Benini y Biasotti, dos pioneros de la televisión por cable que empezaron cuando ningún medio llevaba las noticias a nuestros comprovincianos.

Por supuesto que hemos crecido, nos hemos desa-rrollado, hemos invertido a fuerza de riesgo, y todas las vicisitudes de estos años las hemos podido saltar como vallas, pero ahora nos encontramos con que no somos contemplados en esta ley. Por eso es que pedi-mos ser contemplados en esta ley, pedimos un capí-tulo pyme.

Atención: no es que estamos contra el sistema co-operativo sino que estamos contra los monopolios cooperativos en cada uno de nuestros asentamientos. Nosotros llevamos una frase grabada permanente-mente en nuestro cerebro: siempre que concedemos privilegios estamos creando monopolios.

Por último, si yo les pidiera a los diputados aquí presentes que levanten la mano para apoyar y desa-rrollar a las pequeñas pymes del país, seguramente lo harían; sin embargo, y eso nos contraría, no está contemplado el capítulo pymes dentro de esta ley, que lleva a la defunción de las mismas. Por eso nosotros en vez de llamarla “ley de radiodifusión” la estamos llamando “ley de nuestra defunción”. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Marcelo Massatti, representante de la Cámara de Ca-bleoperadores Independientes.

Sr. Massatti. – Mi nombre es Marcelo Massatti y represento a la CCI, la Cámara de Cableoperadores Independientes, que quiere manifestar en esta audien-cia la posición desde el punto de vista que nos compe-te, que es la distribución de cable.

Creo que todas las voces han tenido la posibilidad de manifestar sus distintos criterios sobre cuestiones más puntuales, cuestiones más jurídicas o cuestiones más de derecho sobre las distintas representaciones, que se tienen que ver refl ejadas en la norma, y a no-sotros nos toca una de las más antipáticas, que es la comercial, pero no por eso deja de ser signifi cativa e importante.

En ese sentido, el alcance de opinión en la presente audiencia que expresa la CCI se centra en el impacto sobre nuestro sector en particular, o sea la distribución de acceso domiciliario a contenidos audiovisuales.

Para el operador de cable puro, es decir no integra-do como titular de señales de contenidos, los únicos límites que encuentra para tener la mayor distribución de señales y contenidos se dan por la capacidad de la grilla y su nivel de audiencia.

Históricamente los cables permanentemente han desarrollado sus redes permitiendo que cada vez más y más señales ingresen en ellas. Eso manifi esta siem-pre un criterio abierto de pluralidad en el sector.

Tampoco se debe perder de vista que el servicio de televisión por cable es alternativo, privado y esencial-

mente pago, que el operador no puede vender publici-dad y que a su vez debe pagar los contenidos de alta audiencia demandados por los usuarios.

En este punto es importante, y me acoplo a lo que aquí se planteó, que el servicio de televisión por cable no es un servicio en sí de radiodifusión sino un acceso para que los radiodifusores puedan expresarse y ten-gan cabida y lleguen a la mayor cantidad de público posible.

La CCI agrupa a pequeños y medianos operadores de televisión por cable de todo el país, que han tenido y tienen dos principales características: la mayoría de sus miembros compite en la distribución de conteni-dos por cable con los operadores Cablevisión y Mul-ticanal, y la otra característica es que estos operadores tienen el testimonio evidente de lo que ha provocado y sucedido con la concentración de medios en nuestro país, todo al amparo de múltiples modifi caciones en períodos democráticos de la actual ley de radiodifu-sión, que ha redundado en benefi cio de dicha concen-tración.

En ese sentido, hemos advertido y realizado en to-dos los ámbitos de incumbencia de la materia las de-nuncias que consideramos correspondientes, léanse: en el COMFER se ha denunciado oportunamente a las empresas Cablevisión y Multicanal por violar la ley de radiodifusión en lo que se refi ere a la multiplicidad de licencias.

En la Secretaría de Medios de la Nación se ha so-licitado la intervención por concentración en la tele-visación de los partidos de la selección nacional de fútbol e incumplimiento de la ley 25.342 por parte de las empresas comercializadoras de dichos derechos, Televisión Satelital Codifi cada, Telered Imagen y Ar-tear.

En la Comisión Nacional de Defensa de la Com-petencia reiteradamente se han denunciado conductas contrarias a esta ley, principalmente por hechos per-petrados por las diversas empresas que forman parte del Grupo Clarín. Entre esas denuncias se encuentran la de precios predatorios aplicados por las fi rmas Mul-ticanal y Cablevisión contra operadores independien-tes; la negativa de venta de los partidos de fútbol AFA por parte de las empresas comercializadoras TRISA y TSC; la negativa de venta de las eliminatorias del mundial 2002 por parte de la fi rma Dayco Holding, que es una empresa off shore radicada en las Islas Vírgenes, perteneciente a Multicanal y Cablevisión; la inconveniencia económica y de concentración de información que generaba la fusión entre Cablevisión y Multicanal.

Esto es importante porque, como planteaba antes, la única limitación que tiene la televisión por cable para incorporar más grillas es la posibilidad tecnológica. Hoy la tecnología es mayormente analógica y es limi-tada. Si hay un único operador, sean las telefónicas, sea el Grupo Clarín, con estas limitaciones de grilla puede digitar qué poner y qué no en ese contenido, excluyendo a un montón de señales y difusores que quieran participar.

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Estos enunciados son sólo algunos ejemplos de la postura de la CCI frente al tema en cuestión y existen más de sesenta denuncias al respecto.

En lo que se refi ere a todas estas denuncias que hoy se manifi estan como grandes verdades a la hora de elaborar y desarrollar esta norma, nunca la Comi-sión Nacional de Defensa de la Competencia las ha resuelto en término, permitiendo que se archivaran o prescribieran en el tiempo para evitar cualquier posi-ble sanción. Este ejemplo harto evidente del proceder de la mencionada comisión no hace más que alertar sobre los riesgos que implica que dicho órgano sea quien regula aspectos relevantes del presente proyecto de ley.

En ese sentido, la CCI deja de manifi esto que, en el caso de prosperar la iniciativa al respecto, sea un tribunal efectivamente constituido, como lo establece la ley 25.126, de defensa de la competencia, el que ocasionalmente resuelva sobre la materia.

En este contexto planteado los cableoperadores in-dependientes hemos resistido el embate de multina-cionales amparadas en fondos de inversión anónimos que sólo vinieron a maximizar utilidades, y de grupos locales que segaron y desplazaron sus nobles y origi-narios objetivos por la extensión desmesurada en el mercado de medios, horizontal y verticalmente.

Por cada una de las razones que a continuación ma-nifestaremos, la CCI solicita que el proyecto de ley sea modifi cado y se tengan en cuenta las mismas con el objeto de salvaguardar los derechos de la real y efectiva competencia entre las grandes corporaciones y las medianas empresas.

Para no extendernos en demasía formulamos las si-guientes observaciones. Respecto de la autoridad de aplicación, y por lo anteriormente manifestado, tene-mos numerosas observaciones sobre sus alcances, que no difi eren en esencia de las que otros expositores han manifestado sino que se trata de cuestiones similares al respecto.

Así que no nos vamos a extender y nos adherimos a lo ya expuesto, que creo que es sufi ciente.

Considerando siempre que nuestra postura es co-mercial y no podemos evitar ser de otra manera, en el punto de la ley que habla sobre arrendamiento de infraestructura, en el cual se prevé la posibilidad de los licenciatarios de arrendar postes, ductos e infra-estructura de soporte de terceros, la CCI solicita que se asegure que el acceso a los postes, ductos e infra-estructura de terceros se encuentre sólo limitado a los postes y ductos, excluyéndose de manera terminante y taxativa el acceso de última milla, que es el acceso directo a los hogares. Esto porque restringe nuevas in-versiones y fuentes de trabajo en el sector y además confi gura una competencia desleal frente a los gran-des aportes que ya han realizado los cableoperadores en infraestructura propia.

Otro punto que también como empresas comercia-les nos afecta es la imposibilidad de transferir las li-cencias o las cuotas de sociedades. Consideramos que esto afecta el derecho de propiedad. Esta restricción a la libre transmisibilidad de las licencias y del capital

social de los licenciatarios genera una violación del derecho de propiedad –artículo 17 de la Constitución Nacional– y especialmente en el caso de empresas constituidas de cableoperadores y licencias preexis-tentes que han realizado cuantiosas inversiones. Con-sideramos por ende que las acciones o cuotas deben ser libremente transmisibles con el único requisito de informarlo a la autoridad de aplicación a los fi nes de su registro y control posterior.

En cuanto al ingreso de prestadores de servicios públicos, consideramos –y coincidimos con otras ex-posiciones al respecto– que el ingreso de cualquier empresa de servicio público, por tener naturaleza y características monopólicas, con benefi cio o rentabi-lidad asegurada, subsidios y otra serie de considera-ciones, genera un marco de desigualdad frente a los operadores independientes. Distintas entidades ya han hablado al respecto, por lo que no nos vamos a exten-der sobre ello.

Sr. Instructor (Peralta). – ¿Podría redondear, por favor?

Sr. Massatti. – Sí, cómo no.Con respecto al ingreso de prestadores de servicios

de telecomunicaciones, por asimetrías harto eviden-tes, disposiciones legales y benefi cios de monopolios regulados, los grupos económicos Telecom Argentina y Telefónica de Argentina no deberían ingresar como operadores de radiodifusión, por lo planteado ante-riormente. También nos hacemos eco de los argumen-tos que hubo al respecto.

Un punto importante es que la norma tampoco con-sidera los servicios móviles de telecomunicaciones como servicio público, siendo que el mismo regla-mento de la Secretaría de Comunicaciones o la norma que los regula no los considera tal.

Aquí hay un punto importante: estos servicios se basan sobre frecuencias exclusivas y fi nitas que otor-ga la Secretaría de Comunicaciones, a las cuales los cableoperdores no pueden acceder y por ende están en desigualdad de condiciones. No es recíproca la re-lación.

Respecto de la multiplicidad de licencias, el pro-yecto de ley no establece cuál es el área de aplica-ción. Refi ere que son veinticuatro y las deja libradas a la autoridad de aplicación. Y veinticuatro es una por provincia, o sea que tienen que cubrir todo el país. Es necesario que eso esté perfectamente determinado con anterioridad.

Respecto de la duración de las licencias, por ser em-presas comerciales consideramos que el plazo de diez años es limitado.

Sr. Instructor (Peralta). – Su tiempo, señor.Sr. Massatti. – Perfecto, termino acá.Por último, manifestamos que se tenga siempre en

cuenta la opinión de las organizaciones y entidades periodísticas y afi nes referidas a la garantía de liber-tad de expresión que pueda verse comprometida en el presente proyecto. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el se-ñor Hernán Colombo, en representación de Telecom Argentina.

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Sr. Colombo. – Consideramos trascendente que hoy en nuestro país se esté debatiendo una nueva ley de radiodifusión que considere la evolución tecnológi-ca de las últimas décadas y las nuevas realidades que se desarrollan a partir de la convergencia entre las te-lecomunicaciones y los servicios audiovisuales.

La propuesta de ley presentada por el Poder Ejecu-tivo es un importante avance respecto a las limitacio-nes que presenta la actual regulación para las redes de telecomunicaciones.

Las redes de comunicaciones fi jas y móviles que nuestro país necesita desplegar en los próximos años demandarán la concreción de signifi cativas inver-siones. Estas nuevas redes serán esenciales para que nuestra sociedad pueda acceder a las nuevas alternati-vas de servicios multimediales de avanzada en todo el territorio nacional, con velocidades y anchos de banda que multiplicarán en varias veces los que hoy se brin-dan. Consecuentemente, resulta auspiciosa una evo-lución normativa que promueva modelos de negocios económicamente sustentables para alentar el desarro-llo de dichas redes.

Este es un objetivo estratégico que se han fi jado los países más avanzados, entendiendo el rol esencial de las nuevas redes multimediales en el desarrollo econó-mico, la educación y la salud de la sociedad, así como la participación de la población en la economía de la información. Dichos países han realizado la actuali-zación de la regulación y se encuentran arbitrando los medios para que en los próximos años se desarrollen las redes multimediales y los servicios que posibili-ten técnicamente las nuevas plataformas tecnológicas convergentes.

En tal sentido, es importante también señalar algu-nos lineamientos trascendentes de la transformación legislativa que en la materia están concretando países de la región, como Brasil, en lo referente tanto al tra-tamiento de la producción de contenidos audiovisua-les en forma separada de las funciones de transporte y distribución como al establecimiento de dos autori-dades regulatorias: una que gestione las políticas, el espectro y el control de los servicios de todas las redes de comunicaciones electrónicas multimedia y, sepa-radamente, la otra es la encargada del control de la producción y programación de contenidos.

La puesta a disposición de los usuarios a través de las redes de telecomunicaciones convergentes de los contenidos producidos por terceros no implica que dichas redes sean convertidas en radioemisoras. Consecuentemente, los servicios audiovisuales por vínculo físico, al no utilizar el espectro radioeléctrico, deberían requerir sólo el otorgamiento de una auto-rización y contar a su vez con un trámite de gestión simplifi cado. Deberían ser además de alcance nacio-nal –tal como lo es el servicio de radiodifusión directo por satélite–, y no deberían imponerse restricciones a la acumulación de distintas licencias o autorizaciones para brindar servicios multimedia, en tanto no se utili-cen frecuencias de radiodifusión.

Estos lineamientos coinciden también con lo esta-blecido en las directivas de la Unión Europea, donde

las redes de comunicaciones electrónicas pueden brin-dar servicios audiovisuales bajo un régimen de simple autorización, no por concesión o licencia.

Otro aspecto a destacar es la importancia de realizar en forma centralizada la administración y control del espectro, facilitando su atribución y promoviendo la utilización más efi ciente, según vayan ocurriendo las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de los servicios más demandados por parte de la sociedad en general.

Adicionalmente, este modelo de administración del espectro permitirá una mejor utilización del dividen-do digital resultante de la futura digitalización de las señales de televisión abierta. Coincidentemente con estos principios, las recomendaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones –UIT–, or-ganismo dependiente de las Naciones Unidas, de la cual nuestro país es miembro, establecen que parte del espectro liberado como resultado del dividendo digi-tal sea atribuido para los requerimientos de las nuevas tecnologías de banda ancha móvil y acceso de con-tenidos multimedia móvil, servicios que van mucho más allá de la radiodifusión y la televisión por cable.

Cabe mencionar que en la Argentina el espectro UHF actualmente está asignado a servicios de ra-diodifusión pagos, encontrándose subutilizado como consecuencia de la aplicación de antiguas tecnologías analógicas y en muchos casos sin uso efectivo. Esto constituye una oportunidad única para nuestro país de avanzar en el desarrollo de los referidos servicios de banda ancha móvil multimedia, sin necesidad de rea-lizar previamente el apagado analógico, como sucede en otros países.

La atribución de una parte de este espectro de UHF a servicios de comunicaciones móviles de nueva ge-neración permitiría al Estado licitarla, contribuyendo de este modo a fi nanciar parte de las inversiones re-queridas para la digitalización de la televisión abier-ta y gratuita. Cabe destacar que con el resto de dicho espectro, producida la migración digital, la población podrá contar con más de cien canales digitales de tele-visión abierta en calidad estándar o con treinta y cinco en alta defi nición.

En lo que respecta a la televisión móvil se considera prematuro incluirla en el proyecto de ley puesto que aún no se conocen el modelo de negocio, ni las carac-terísticas y perspectivas de los distintos servicios que pudieran desarrollarse, ni el grado de aceptación por parte de los usuarios, así como tampoco las tecnolo-gías sobre las cuales se desarrollará.

Otro aspecto importante a considerar es el relativo a la publicidad. Las nuevas tecnologías permiten no-vedosas modalidades publicitarias, por lo que enten-demos que el proyecto debería incorporar pautas ge-nerales y fl exibles en esta materia, en lugar de detalles propios de normativas de inferior jerarquía.

Adicionalmente, siendo la publicidad un elemento esencial para la viabilización económica del servicio, resultando ello en un menor costo fi nal para los usua-rios, debería propiciarse que todos los prestadores puedan utilizar las nuevas herramientas publicitarias

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que facilitan la tecnología y las aplicaciones interac-tivas.

A modo de síntesis, para que la futura ley contemple la visión integral de las posibilidades que la evolución tecnológica pone a disposición de la sociedad, esti-mamos relevante considerar las siguientes premisas: facilitar que todas las redes queden habilitadas para ofrecer a la población todos los servicios y contenidos que la tecnología posibilite, permitiendo a la sociedad acceder a más y mejores prestaciones; alentar mode-los de negocios sustentables que incentiven la inver-sión en las redes de nueva generación, con cobertura nacional, que promuevan el empleo califi cado y con-tribuyan a la reducción de la brecha digital mediante la multiplicidad de accesos a la información y la cul-tura; promover el desarrollo de nuevos servicios, con-siderando que en los próximos años asistiremos a una aceleración en los cambios tecnológicos, en particular en el desarrollo de los servicios multimedia para todo tipo de accesos, y privilegiar la producción de conte-nidos nacionales, así como los derechos y la libertad de elección de los usuarios, tanto de los contenidos como de las redes a través de las cuales acceder, en el marco de los principios establecidos por la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Defensa del Consumidor.

En síntesis, desde el Grupo Telecom propiciamos que todos los actores del mercado puedan competir en todos los servicios, en igualdad de condiciones, a fi n de poder ofrecer a los clientes más y mejores pres-taciones, para que el país pueda disponer de redes de nueva generación, de modo que los argentinos poda-mos elegir entre una mayor variedad de contenidos, accediendo a ellos a través de la red y del dispositivo en que deseamos recibirlos y en el momento en que lo deseamos, todo esto bajo la adecuada tutela del Esta-do. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Jorge Paravano, Hacer FM.

Sr. Paravano. – Buenas tardes a todos. Agradece-mos a esta Honorable Cámara de Diputados por per-mitir expresarnos.

Nuestra asociación, que agrupa las radios de FM en frecuencia modulada de baja potencia en la provincia de Santa Fe, se va a expresar ante este proyecto que ha girado la señora presidenta, doctora Cristina Fernán-dez de Kirchner.

Habiendo escuchado anteriormente a la gente que precedió a quien les habla, pienso que estamos cam-biando uno por otro. Porque este proyecto es interesan-tísimo, pero cuidado con el monopolio, cuidado con el oligopolio, cuidado con las megaempresas. Cuando se empieza a hablar de la libertad en los negocios y todas esas cosas, ya estamos entrando en otra ley.

A mí me gustó escuchar hoy a la gente que llegó del Sur y que expresaba a los pueblos originarios. Y ya empezamos a mezclar de vuelta ese gigante, el gigan-te que hoy parece no poder aceptar una nueva ley de servicios audiovisuales.

Yo digo sinceramente que en lo personal estoy un poco con bronca y a la vez contento por cómo se en-

tiende esto del consenso. Está faltando dar, está faltan-do conceder. Por eso no hay consenso. Todos venimos a pedir, ¿y qué va a repartir el Congreso en una ley? Tiene que formular con lo que está, con la tecnología que se viene, con los que tienen ganas de trabajar, con la libertad de expresión bien entendida.

Coincido con los que dicen “No libertad de empre-sa”; coincido con los cableros de cada pueblo, porque nosotros pertenecemos a cada pueblo; coincido con alguien que dijo: “Después salieron las radios FM y nos sacaron la torta publicitaria”.

Pero hay un tema y es que se habla del pluralismo. Yo creo que hoy se está ejerciendo el pluralismo en los pueblos de la República Argentina. Y damos garantía de eso porque verdaderamente nosotros venimos con las radios desde antes del 17 de agosto de 1989, y por eso se reunió el Congreso de la Nación y puso las co-sas más o menos en orden.

Entonces, a nosotros nos incluyeron un artículo 65 con una última parte y hasta el 17 de agosto, para las que venían funcionando, el Estado argentino, el Poder Ejecutivo, debía regularlo. Pasaron varios presidentes, varios interventores en el COMFER, pasaron varias gestiones en la Secretaría de Comunicaciones y en la CNC, y hasta el día de la fecha no está bien regulado. Pero sí apoyamos la regulación de las radios de FM que está en funcionamiento actualmente.

Creo que este COMFER, esta Secretaría de Comu-nicaciones, esta CNC, y por qué no con la anuencia de este Congreso de la Nación, deben tratar de regular el funcionamiento de las FM existentes. Porque, ¿qué vamos a dar de 33 por ciento al Estado, 33 por ciento a las ONG o no gubernamentales, 33 por ciento a las comerciales? Yo los invito a ir a cualquier ciudad en donde está copado totalmente el servicio radioeléctri-co que se da por frecuencia modulada, donde es todo cualquier cosa.

En Rosario, alguien hablaba de cien. Pero contabili-zadas por un ex intendente de Rosario, hay 400 radios en marcha. ¿Pueden funcionar? No. En Santa Fe capi-tal hay 102 radios en marcha. ¿Pueden funcionar? No. Cruzamos el túnel subfl uvial y encontramos otras 100 en Paraná. Y nos están dividiendo treinta kilómetros. Vale decir que en una diferencia de treinta kilómetros tenemos 200 radios en marcha.

Hay quienes dicen que puede haber miles y miles, pero hablamos con técnicos de la CNC, Secretaría de Comunicaciones, y ellos como técnicos que son y que estudian el tema, dicen la cantidad de radios que pue-de haber. Sin embargo, todo esto sigue.

Yo no echo la culpa a la actual administración. Yo creo que ahora, de una vez por todas, debemos apo-yar el tratamiento de una nueva ley de radiodifusión. Yo aplaudo a nuestra presidenta, que ha acercado este proyecto al Congreso. Apoyamos el tratamiento de esta materia; queremos reglas claras para todos. De-cimos para todos, no para algunos grandes. Queremos reglas claras para las comunitarias, para las FM de baja potencia, para los cableros, para los que van a ve-nir a hacer negocios, y principalmente, para el Estado que conocemos.

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Porque muchas veces se ha liberado, y yo recuer-do a un diputado pampeano que presidía la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que cuando no fue más diputado nos confesó que en sesión secreta se habilitó a un montón de países, etcétera, et-cétera, a venir a poner medios de comunicación en la Argentina. Y a los medios de aquí, a este que les está hablando, en la gestión de Pedro Sánchez, por ejemplo, dos veces lo cerraron por ilegal. Después cumplimos todos los elementos que había que cumplir, entramos en las normalizaciones, que el decreto 1.357, que la reinscripción, etcétera, pero hoy hay otro sector. Hay un montón de radios, habrá ocho o diez mil en el país, que no tienen las reglas claras en cuanto a las licen-cias. Yo no las llamo ilegales. Son las radios de cada pueblo. Por eso el pluralismo hoy está ejercitado en la práctica. Si cada diputado recorre bien su provincia, me va a decir que tengo razón.

Yo soy de Santa Fe, y tenemos relación con todas las provincias argentinas. Les puedo asegurar que lo que vengo a decirles de la provincia de Santa Fe ocu-rre en todo el país, de Norte a Sur y de Este a Oeste.

Queremos pedirle a este Congreso que dé una muestra de grandeza, que atienda las necesidades de los pueblos, de las ONG y de los representantes que se han elegido, pero que en el momento de votar recuer-den todos los planteos realizados en esta audiencia. Mucho se ha dicho aquí; yo me preguntaba qué pasará por la mente de un diputado con todo lo que escuchó durante estos días. ¿Se va a acordar de algo? Yo hablo 10 minutos, lo que pueden ser dos o tres páginas, pero se terminarán sumando 1.500 o 1.600 páginas. ¿Las podrán leer? Creo que no; y si lo hacen, leerán la pri-mera hoja y saltearán otras, y tal vez se pierdan algo muy bueno.

Hay más de 60 proyectos que ingresaron en esta democracia que supimos conseguir –a veces parece que sólo algunos la consiguieron, pero todo el pueblo argentino se la jugó–. El verdadero pluralismo se está ejerciendo actualmente. Creo que se puede. Les deci-mos que esto no se tiene que postergar. El Congreso actual es legítimo, como también lo será el de después de diciembre. Todo lo que se pueda hacer antes del 10 de diciembre, háganlo; los vamos a apoyar.

Lo que sí sería bueno es que no hagan las cosas a las apuradas. Este consejo lo hemos dado siempre. Lo hemos dado cuando se hicieron asambleas de este tipo por todo el país presentando el proyecto de Gustavo López –que era interventor, hoy subsecretario general de la Presidencia–. En aquel momento hemos dicho lo que teníamos que decir.

En ese entonces nos presentaban un proyecto de ley que supuestamente estaba consensuado en un 90 por ciento, pero nosotros en Rosario demostramos que no estaba consensuado ni en un 10 por ciento. ¿Por qué? Porque cuando se escucharon las voces de cada institución, de cada asociación, de cada ONG… Y no hay que tenerle miedo a la participación del Estado. Muchos sostienen que el 33 por ciento es avasallante; pero por lo menos sabemos quién es el Estado: son los representantes del pueblo. El Estado es nuestro

Estado, es la Argentina que se muestra a través de un gobierno nacional o provincial.

No se olviden del federalismo, que es algo muy im-portante en materia de radiodifusión.

Voy a sintetizar mi exposición porque nuestro do-cumento ya les ha llegado por mail a cada uno de los diputados. Ante todo, proponemos una ley de servi-cios de comunicaciones que tenga las potestades que le concede la democracia, en resguardo de ellas y para bien de la competencia leal en las comunicaciones. Cuando estamos luchando contra un monstruo, no podemos de un día para el otro ver plasmados pro-yectos como el de Prisa –en la ciudad capital de la provincia–, con 10 kW, o de Córdoba, con 20 kW. ¿Qué ocurre? ¿Saben qué daño nos hace a todas las pequeñas radios? Eso técnicamente deben conocerlo. Asesórense con los técnicos en la materia, porque hay muchas cosas que son técnicas.

Hay que tener cuidado, porque para garantizar la pluralidad en cada pueblo hay que buscar también que el monstruo no nos ponga el pie encima; si no, habrá menos radios. Por cada radio de 10 a 20 kW, hay mu-chas menos en un sector delimitado por los círculos de comunicación. Como se mencionaba hoy, si compro un aparatito quiero escucharla, y muchas veces vamos a tener problemas para escucharla.

Nosotros queremos que este tratamiento esté des-provisto de la faz política partidaria. Queremos que todos los protagonistas estén incluidos en ella. Que-remos una normalización del espectro radioeléctrico; esto se puede hacer en forma conjunta. El COMFER está trabajando en esto; escuchen a quienes trabajan allí, al interventor y a la gente que lo sigue. Hay ele-mentos para poder trabajar en esto.

Para fi nalizar, quiero reiterar lo que dije al prin-cipio: la normalización de las FM vigentes hasta el último pliego presentado, dado que se dieron plazos, a través de los organismos de este Estado que supi-mos conseguir; y esto no lo decimos desde una tribu-na opositora sino desde el apoyo brindado por casi la totalidad de las instituciones vigentes en nuestro país a fi nes de 2006.

Nos juntamos las asociaciones de cada provincia, de Buenos Aires, del país –habrán faltado una o dos–, y hasta consensuamos con la gente de ARPA, y lle-gamos a la conclusión de que tenía que normalizarse. Esta documentación la pueden pedir. El COMFER tiene todo: tiene los pliegos presentados y lo que nos exigieron.

Se están entregando emisoras –no nos quejamos–, pero va lento. Van a decir que falta personal, y en eso estoy totalmente de acuerdo. No tenemos problema en apoyar la demora, siempre que eso se siga haciendo.

Solicitamos que dentro de los 180 días posteriores a la posible promulgación –no dudamos que se pue-da promulgar este proyecto de ley de comunicaciones audiovisuales–, a través de los organismos pertinentes –será en materia de policía, ya sea la Secretaría de Co-municaciones o la CNC– se confeccione un inventario de las frecuencias operativas en modulación. Noso-tros lo pedimos para nuestro sector; después habrá que

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analizar la situación de las AM y de las truchas, pero ahí hay un problema internacional.

Con respecto a las FM, en las que no están cerca de las fronteras generalmente no hay ningún tipo de violación. De todas las FM que están en marcha y las estaciones radioeléctricas en operación, que cumplan con los requerimientos técnicos y demás exigencias que establezca la autoridad de aplicación; y en el caso de que se encuentren estaciones que cumplan con di-chos requerimientos y no posean licencia, que se les otorgue la licencia respectiva.

Creo que en esto coincidimos. Hemos discutido mu-cho con quienes llevan adelante el tema de las radios comunitarias. Nosotros creemos que también somos de ese estilo, por lo que pedimos igualdad de condi-ciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Carta Magna.

Con respecto a la constatación cada dos años, sabe-mos que es costosa. Creo que en lo técnico o en lo ad-ministrativo eso va a traer una erogación sin sentido, por lo que pedimos que se suplante según los centros que se tengan cuando esta ley se dicte.

Cuando se mencionan distintos temas en reuniones o asambleas, todo se pasa para después, pero se va a terminar en un desorden; y a río revuelto, ganancia de los poderosos. Siempre en este país ganaron los po-derosos.

Nuestra asociación pide igualdad de condiciones en el tratamiento de todo el articulado, de acuerdo con lo que dice la Constitución en su artículo 16. En nombre de Hacer FM, la invencible, de la provincia de Santa Fe, con la mano en el corazón de las pequeñas radios del interior de este país y rumbo al bicentenario de la patria –que parece que no vamos en ese rumbo–, de esta Argentina que con sudor, mucho trabajo y tenaci-dad muchas veces no reconocidos de nuestros patrio-tas –muchos terminaron en la pobreza–, les pedimos a los diputados que trabajen y aprueben una ley argenti-na para los argentinos, para que no nos roben nuestros sueños de servir a cada pueblo en este querido país.

Ayudemos a nuestra presidenta a que termine su mandato corrigiendo y haciéndole saber desde el Congreso qué es lo mejor para la patria, y caminemos todos juntos al bicentenario de nuestra querida Argen-tina. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Baladrón). – Si me permite, quiero hacer una aclaración por algo que usted planteó en su alocución. Cada uno de los documentos y presenta-ciones que se hicieron en estas audiencias públicas, desde la primera que ingresó hasta las del día de hoy, están siendo analizadas una por una por un equipo de especialistas en la materia. No quería que se fuera sin esta respuesta.

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Edgardo Molo.

Sr. Molo. – Buenas tardes. Lamento que este saludo inicial no llegue a todos sino solamente a algunos, y no solamente lo digo por los que están ausentes aquí sino por aquellos que no pueden recibir ningún tipo de información, que es la gente del interior.

Quiero hacer una pequeña presentación personal porque vengo aquí como asesor técnico legal en ra-diodifusión, especializado en el tema –tengo más de treinta años trabajando en la materia–, y absolutamen-te independiente. Nunca participé en política ni estuve adherido a ningún color político. He sido víctima de la dictadura. Me secuestraron, me torturaron, me pi-canearon y me tiraron desde un auto en movimiento a más de 70 kilómetros por hora. Pero soy uno de los regresados. Por lo tanto, soy un agradecido. Con esto quiero decir que no puedo tener ningún tipo de simpa-tía por nada que venga de la dictadura.

También soy un radiodifusor y uno de los funda-dores del Movimiento de Radiodifusión Alternativa Baja Potencia. Soy un defensor de todos los medios alternativos que hay en el país, y de hecho participo y asesoro en materia de los amparos y medidas cau-telares que existen. Generé la primera jurisprudencia al respecto, el primer amparo, de muchos que después fueron tomados en cuenta.

Como también soy radiodifusor, en una oportuni-dad también fui terriblemente decomisado, sobre la base del artículo 28 de la ley 22.285 que estamos cues-tionando, dado que me sacaron todas las pertenencias. Esto fue ya en democracia.

Además les quiero comentar que también fui direc-tor de la película Obediencia debida, que trata sobre el terrorismo de Estado en aquellos años, y teníamos que fi lmar en los sótanos porque era peligroso, ya que todavía estaba la dictadura. Esa película hoy es parte de las carreras humanitarias, y en este momento está en Estados Unidos.

Es decir que cuando me nombran la ley de la dicta-dura, sin que nadie me lo pida me desnudo solo. Con esto quiero decir que soy un defensor de la comunica-ción y de la radiodifusión.

Me voy a abocar precisamente a los temas técnicos y legales. Y les ruego que cuando escuchen lo que voy a decir no le den ningún tipo de inclinación hacia un lado o hacia otro porque en realidad no la tengo. Mi inclinación es hacia la ley, hacia la Constitución Na-cional, hacia las normas técnicas, siguiendo el princi-pio que establece “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Entendemos que siempre –todos debemos coincidir en esto– el funcionario o gobernante debe obrar den-tro de la ley vigente. Esto lo digo porque el hecho de que yo haya pasado por todas esas alternativas que les relaté no me hace perder de vista todas las otras cosas que se dicen respecto de la ley de la dictadura. Porque esta última dictó la ley 22.285 en septiembre de 1980 y la tuvo desde febrero de 1981, cuando se dictó el decreto reglamentario 286, hasta el 10 de diciembre de 1983, es decir, durante dos años y diez meses.

En todo ese tiempo la dictadura no pudo hacer prácticamente nada con la ley. Sin embargo, ya en de-mocracia, todavía la tenemos. Ya pasaron 25 años, y a 115 artículos les hemos introducido 180 reformas. Entonces, señores, de la ley de la dictadura no que-da nada. Toda la culpa de lo que acontece hoy con la radiodifusión no tiene que ver con la ley, sino con el

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comportamiento de los funcionarios desde aquel en-tonces y hasta ahora.

Esto lo digo así porque en todas las épocas he sido un denunciante de las cosas que estaban mal hechas y que nos llevaron a la situación actual. Durante todo ese tiempo se hicieron reformas a la ley que solamen-te apuntaban a cubrir alguna apetencia personal de quienes las impulsaban. Pero nunca se removieron los obstáculos que afectaban a los radiodifusores del país, aquellos que nacieron con la fuerza de la libertad y con la fuerza de la democracia que se necesitaba en aquel entonces. Recordemos que el artículo 28 habla de la clandestinidad, y en la época de la dictadura “clandes-tino” era sinónimo de “subversivo”, cosa que en la de-mocracia desaparece en la realidad de los hechos. Sin embargo, durante toda la democracia se nos persiguió para que no pudiéramos estar en el aire: hubo deco-misos, allanamientos y gente que lamentablemente ha muerto sin ver el nacimiento de esta ley.

Este proyecto es buenísimo en cuanto a los princi-pios. En la elevación de este proyecto de ley se men-ciona algo que nadie puede siquiera discutir: los 21 puntos de todas las organizaciones que trabajaron para delinear esta ley son espectaculares. Nadie puede es-tar en contra; en todos los ámbitos en que me muevo no he encontrado una sola palabra en el sentido de que alguien no quiera quitar la ley de la dictadura, que exista la democratización de los medios, que exista el pluralismo, que no existan los monopolios, que haya regulación.

Entonces, no sé qué estamos discutiendo. Esto me recuerda mucho a la torre de Babel, en donde alguien nos puso idiomas distintos para que no nos podamos entender.

Pero lo que dice el mensaje de elevación de este proyecto de ley parece hecho por un grupo de gente, y el articulado por otro. Porque el articulado se contra-dice en cuanto a todos los principios –de los derechos humanos, de la libertad de expresión–; hay un montón de artículos que se contradicen palmariamente, por lo que se sugiere que este tema sea muy bien revisado.

No voy a puntualizar cuáles son porque seguramen-te los constitucionalistas ya lo saben, pero se contra-dicen los artículos con el mensaje de elevación. Esto puede ser tomado como falsedad ideológica. Nosotros no queremos que no salga la ley. Por el contrario, que-remos que salga lo más pronto que se pueda. Pero lo más pronto que se pueda no es mañana. Hay que hacer una revisión correcta de cada artículo para que se en-cuadre perfectamente en la Constitución Nacional.

Vayamos al aspecto técnico. Cuando decimos “ley de servicios de comunicación audiovisual” parecería que quedaran afuera los sonoros, los de radio. Au-diovisual es audio y video en conjunto. Sin embargo, cuando hablamos de esta ley naturalmente nos surge “ley de radiodifusión”. Como ustedes saben, radiodi-fusión es todo aquello que nos llega en forma abierta y gratuita a nuestros receptores hogareños, sin ningún tipo de adecuación. No me voy a referir a los cables, a las FM y a las AM, porque ya muchos expositores se refi rieron a esta cuestión.

En cuanto al tema de la televisión audiovisual, la-mentablemente tengo que decir que en la norma se ha hecho todo un trabajo que no se encuadra. Hay que revisarla muy bien. Hay una ausencia total de conoci-miento en la materia. No se conocen las defi niciones del servicio; se desconocen tremendamente el Conve-nio de Nairobi, la atribución de bandas del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, el tema que tiene que ver justamente con la distribución de frecuencias, la atribución de bandas que van desde el canal 2 hasta el 83 –2 al 13 VHF, 14 al 83 VUHF–, todo asignado, salvo FM, que está entre canal 6 y canal 7, que es ra-dio –sonoro–; todo lo demás es televisión abierta. Esa es la atribución de banda internacional, según el Con-venio Internacional de Nairobi, refrendado por la ley 23.478, artículo 83, del que la Nación es parte.

Quiero señalar que en el año 1984 se dictó el de-creto 1.151, que suspendió la administración de fre-cuencias y licencias de radiodifusión –y cuando digo “radiodifusión” estoy diciendo abierta al público en general–, porque había que hacer una nueva ley de ra-diodifusión que reemplazara la de la dictadura. Había que hacer una nueva ley que nos quitara este sayo, un nuevo plan técnico de asignación de frecuencias. Pero nunca se hizo, y todavía hoy estamos discutiendo la ley.

Sr. Instructor (Ottone). – Le pido por favor que vaya redondeando su exposición.

Sr. Molo. – Desde ese entonces sigue vigente el decreto 1.151, que suspendió la administración, pero la administración COMFER-CNC adjudicó todas las frecuencias de UHF de televisión abierta para los ser-vicios codifi cados. Se hicieron 2.013 asignaciones irregulares por resolución, cuando tendrían que haber-se hecho por decreto para tener validez.

Entonces, cuando hablamos del 33 por ciento de reparto para unos, otros y otros, cabe decir lo siguien-te. Señores: no existe una sola frecuencia libre que no esté asignada y con licencia. Entonces, ese 33 por ciento del que hablamos –para las sin fi nes de lucro, para el Estado– implica negar la libertad de expresión. Yo quiero que el Estado nacional tenga el ciento por ciento. ¿De qué manera? Interviniendo en todos los canales cuando quiera, cuando sea necesario, cuando el canal lo llame, cuando ellos quieran presentarse; el Estado tiene necesidad de estar, pero no ser dueño.

El 33 por ciento de las sin fi nes de lucro implica poner fronteras y armar grupitos antagónicos; las sin fi nes de lucro deben tener el ciento por ciento de las posibilidades, y los privados también, con la diferen-cia de que hay una prelación en el pedido y en la co-bertura.

Todos tienen el mismo derecho; no hay derechos al 33 por ciento. Esto me hace acordar a cuando el gé-nero femenino tenía que ocupar cargos en igualdad de condiciones en un 30 por ciento. Eso podemos hacer a veces con la democracia: dar porcentajes a los cupos del 33 por ciento en igualdad de oportunidades.

Con esto les quiero decir que hay que revisar muy bien el proyecto, ya que la ley puede nacer muerta

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porque no se condice con otras reglamentaciones que son fundamentales. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Gabriel Merino, en representación de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudian-tes.

Sr. Merino. – Ante todo quiero agradecerles por dejarnos participar. Es un orgullo para el movimiento estudiantil latinoamericano y caribeño estar aquí pre-sente.

La OCLAE es una organización que nuclea a 34 federaciones estudiantiles de secundario, grado y pos-grado universitario de 29 países. Hay millones de es-tudiantes comprometidos en esta organización.

Nosotros, como secretariado o parte del secretaria-do general de la OCLAE, venimos trabajando muy fuertemente en el tema de medios de comunicación, sobre todo en cómo impacta y sufre el movimiento estudiantil –y la juventud en particular– el monopolio comunicacional y la acción de los multimedios masi-vos de formación de opinión.

Nosotros en primer lugar queremos dar ejemplos de cómo sufre el movimiento estudiantil este monopolio, esta concentración mediática. Las expresiones de la juventud y del movimiento estudiantil que no son fun-cionales a ciertos intereses, no salen.

Primer ejemplo: Congreso de la Reforma Univer-sitaria Latinoamericana, donde participaron miles de estudiantes en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, con diferentes delegaciones. Esto sucedió en la Argentina –en Córdoba, en Mendoza–, y los más importantes, en Pico y La Plata el año pasado. Hubo miles de estu-diantes, jóvenes, organizaciones sociales, especialistas internacionales, de todo el arco y color de lo que uno denomina campo popular, pero también intelectual; el debate fue abierto y se consideró nada más y nada menos que la reforma universitaria latinoamericana. Hubo personas que además fueron partícipes en el di-seño y la formulación de la educación superior a nivel latinoamericano y caribeño, es decir, los decanos, las organizaciones estudiantiles que son parte de los cen-tros de estudiantes y los órganos de cogobierno. ¿Qué salió en los multimedios de la Argentina? Nada, en ninguno de los años; ni una noticia. Hubo miles de estudiantes debatiendo ese tema el año pasado en La Plata, hubo delegaciones internacionales. Pero si se cae un pizarrón en una facultad, hay cuatro cámaras enfocando.

Hay miles de estudiantes, está la juventud reunida debatiendo comprometida, pensando y construyendo, y no existe una noticia sobre el hecho.

Segundo ejemplo: paritaria juvenil argentina, que también se viene instrumentando en otros países de Latinoamérica. A fi nes de 2007 participó la juventud de la CTA, la juventud de la Federación Agraria, las organizaciones populares de todo color; era una pa-ritaria juvenil que no estaba a favor o en contra del gobierno sino a favor de los jóvenes. Como no era funcional a los monopolios mediáticos los miles de estudiantes que marchamos a fi nes de 2007 junto con las organizaciones sociales y sindicales, la juventud de

las diferentes expresiones del movimiento obrero, no estaban. No había ningún medio cubriendo la marcha de la paritaria social juvenil. No era funcional a sus in-tereses. Teníamos que salir a golpear al gobierno para que nos saquen, dicho por ciertos periodistas afi nes.

Sigo con los ejemplos: gravísimos desplazamientos estudiantiles en Colombia, cercenamiento completo de los derechos humanos en una forma aberrante. El año pasado se exilió el dirigente y amigo de la Aso-ciación Colombiana de Estudiantes Universitarios porque estaba en una lista negra y le quedaban pocos días de vida; estuvo escondido acá en la Argentina. Se trata de un dirigente estudiantil que es estudian-te de derecho, avanzado, con enormes capacidades y con una gran legitimidad estudiantil social por parte del claustro, incluso de profesores graduados. ¿Qué se dice de los desplazamientos en Colombia? Nada; absolutamente nada.

Por otro lado, observamos la estigmatización de las fi guras sobre la juventud. Se muestra al militante –y esto sucede también con los referentes sindicales y to-dos los referentes populares– como a un joven revol-toso que no estudia, que pierde tiempo en la política. La construcción mediática del estudiante participati-vo, de la acción participativa, aparece completamente desprestigiada, exaltando ciertas formas y no los con-tenidos de la juventud, que viene a clamar y ser par-tícipe y ser un actor visible en la construcción de un proyecto de país y de región.

Por otro lado, la sistemática reproducción de la antipolítica, del nuevo “no te metás” revestida bajo el formato de “la política es una porquería”, “no a la participación”, “no al compromiso”, “es todo corrup-ción”; ése es el nuevo “no te metás” que los medios reproducen sistemáticamente bajo un formato menos directo, pero no por ello menos efectivo.

Hay una invisibilización sistemática de la juventud y de los estudiantes como factores sociales movili-zados que piensan y construyen, como sujetos de su historia; no hay una sola imagen de eso en los medios. Pasan horas de programas de televisión donde se pre-sentan todo tipo de adicciones, todo tipo de problemas sociales de la juventud, pero nunca presentan a la ju-ventud cuando piensa y construye. Estamos invisibili-zados cuando pensamos y construimos.

Hay una reproducción sistemática que viene de los 90, y nosotros la sufrimos dramáticamente, que es la propagación de la cultura del reviente como forma sis-temática de aniquilar a la juventud. Y esto estuvo muy pensado, porque es parte de lo que vemos los millones de estudiantes que lo vemos –porque no somos ton-tos por más que estemos invisibilizados–, una acción sistemática que desde el Pentágono llaman guerra psi-cológica.

El otro día justamente estaba leyendo a uno de estos grandes autores que desde el Pentágono escriben parte de la guerra psicológica. Y decía: ahora en Irak hay que ir por la tele, las películas y Mc Donald’s y bajar la cantidad de bombas y armas. Lo decía explícita-mente, no introducía ninguna metáfora. O sea, cons-trucción de hegemonía: de la fase de aniquilamiento

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teníamos que ir a la fase de construcción de hegemo-nía, en la que teníamos que reproducir mediáticamen-te, mediante cine, TV y Mc Donald’s, pautas cultura-les de consumo, pautas occidentales, particularmente de países centrales, en este caso Estados Unidos y Gran Bretaña. Desde ahí iban a poder reconstruir Irak y quedárselo como un territorio social controlado por ellos.

Esto es parte de lo que ellos denominan guerra psi-cológica. Y es parte fundamental de lo que nosotros sufrimos como juventud en los estereotipos y modelos sociales que nos imponen y las pautas culturales que se reproducen, como la cultura del reviente, el indi-vidualismo y el materialismo extremo. Hasta somos más lindos si tenemos un auto diferente. ¿Qué es eso? Es una barbaridad. Eso es lo que se propaga en la tele-visión con total impunidad por los medios masivos de formación de opinión.

Para no extenderme mucho, hay una cuestión cen-tral que queremos plantear. Esta construcción mediáti-ca fue inherente al proceso de desarrollo del proyecto neoliberal que signifi có para la educación en América Latina su completa mercantilización y privatización. Y esta destrucción de la educación en América Latina se correspondió con un nivel de exclusión sin prece-dentes que en nuestro país vivimos claramente cuando los trabajadores pasaron de tener una participación del 54 por ciento en los ingresos en 1974 a sólo el 20 por ciento en 1990.

A medida que la economía se concentraba, los me-dios se concentraron mucho más, y se destruyó com-pletamente la historia e identidad de nuestro pueblo y justamente el actor fundamental de esta historia, que es la juventud, que siempre intenta traer lo nuevo.

Acá hay un debate central que es entre lo público y lo privado. Se escuchó varias veces y nosotros cree-mos que es uno de los quid de la cuestión. Lo que sucedió en los 90 es la privatización del Estado y no su achicamiento. Aquellos grandes grupos fi nancieros y económicos de poder que tienen burocracia privada no quieren que la administración y el control sean pú-blicos. Porque como pueden dominar y tienen la capa-cidad de controlar estatalmente pero en forma privada un territorio social, pasan a privatizar el Estado. Es decir que uno tiene Estado, pero privatizado; lo tiene reproduciéndose como control en el territorio, pero privatizado.

Nosotros lo sufrimos con las universidades. No es que deja de haber formación profesional, de cua-dros, de investigación y de conocimiento, sino que está mercantilizado y privatizado. Los contenidos son controlados por otros actores y no por el pueblo. Lo público supone la posibilidad de que todos participen, como sucede en la universidad pública. En la univer-sidad privada uno no tiene centros de estudiantes o un consejo académico donde los estudiantes, graduados y docentes participen en función de elecciones. Como es privada, el dueño decide qué hay que hacer. Los demás estamos excluidos; “si te gusta bien, y si no, andate”.

En la universidad pública se garantiza la pluralidad, que todos podamos estar incluidos. Se garantiza a pe-sar de que la intentaron destruir en los años 90 e in-cluso durante la dictadura. Se garantiza que todos po-damos participar. O por lo menos existe ese espacio. Y eso es lo central. Lo público es el lugar donde todos estamos y podemos participar. Obviamente desde di-ferentes intereses, proyectos, posiciones, objetivos y sueños, pero donde todos podemos participar. La coo-perativa es donde están los mismos benefi ciarios, que son sus socios. Por lo tanto todos pueden decidir qué hace una cooperativa. No tiene nada que ver con un monopolio privado. Es una barbaridad esa compara-ción; no resiste el menor análisis. ¿Qué tiene que ver un monopolio privado que lo maneja un dueño con una cooperativa cuyos dueños son los mismos benefi -ciarios y usuarios?

Por eso, la revalorización de lo público es la cons-trucción de un proyecto diferente. A nosotros nos ro-baron lo público, y cuando eso ocurrió desapareció la juventud de la escena. Esta es la puja por volver a en-trar en escena, por volver a ser. Por eso estamos com-prometidos. Y nos parece una falta total de respecto que se llame “ley de control de medios K”. Es una falta total de respeto por todo lo que venimos luchan-do por el proceso de democratización, porque esto es parte de lo que venimos construyendo como pueblo. (Aplausos.)

Es una falta total de respeto. Les pido que recapaci-ten y tengan un poco de respeto.

Para redondear, quiero decir que también ahora va-mos a luchar en la Argentina por una nueva ley de educación superior. Esperamos que tenga este mismo componente social, que todos participemos y discu-tamos. Como rezaba el manifi esto de la reforma de 1918, en esta nueva hora americana pedimos una ac-ción audaz y heroica a nuestros legisladores. Pedimos por favor que cumplan con su responsabilidad his-tórica. Nosotros estamos dispuestos a sostener, pero ustedes no defrauden a una nueva generación. Esta es la generación que viene de un fuerte proceso de resis-tencia pero que está dispuesta a construir lo nuevo. Nosotros estamos dispuestos a jugarnos todo y estar apoyando a full. Por favor, no nos defrauden. Gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – A continuación, en re-presentación de Fox Sports, hará uso de la palabra el señor Ariel Droyeski.

Sr. Droyeski. – Considerando el poco tiempo dis-ponible para efectuar esta exposición y dados los exi-guos plazos de la citada convocatoria, que no permi-tieron un análisis integral de todo el proyecto de ley en cuestión, me referiré exclusivamente a las dispo-siciones del capítulo VII, sobre derecho al acceso a los contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género.

Antes de comenzar con el análisis de estos artícu-los y como comentario previo es necesario destacar que en la redacción de esta nueva ley se han dejado muchas cuestiones que resultan de gran trascendencia para que las mismas sean determinadas por la futura

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reglamentación, lo cual impide realizar una valoración acabada del alcance y contenido de estos artículos.

En tal sentido hubiera sido deseable incorporar esas disposiciones en el texto del proyecto o, cuanto más no sea, conocer los lineamientos generales de las mis-mas.

El artículo 68 de este proyecto de ley establece que el Estado garantizará el derecho al acceso universal de ciertos contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolís-ticos u otro género o especialidad, de forma tal que el ejercicio de los derechos exclusivos de retransmisión o emisión televisiva no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita en todo el país.

A tal fi n el Estado determinará anualmente cuáles son los acontecimientos de interés general para la retransmisión o emisión televisiva, respecto de los cuales el ejercicio de derechos exclusivos deberá ser justo, razonable y no discriminatorio. Este listado será elaborado por el propio Estado y podrá ser revisado en las condiciones que fi je la reglamentación.

Este artículo consagra el derecho al acceso univer-sal, a través de los servicios de comunicación audiovi-sual, a ciertos acontecimientos deportivos. Sin embar-go, es importante señalar que ese derecho de acceso universal no existe como tal cuando el derecho al que se pretende que se tenga acceso universal es el pro-ducto de un evento que no tiene libre acceso y cuyas condiciones de acceso se encuentran reguladas por el organizador de dicho evento deportivo.

Los eventos deportivos no son espectáculos gra-tuitos. Son espectáculos organizados por entidades, asociaciones o clubes privados que se desarrollan en recintos cerrados. Y para acceder a los mismos, el pú-blico debe pagar una entrada. El avance de los medios tecnológicos de transmisión ha permitido a lo largo del tiempo ampliar el espectro de asistentes a estos eventos. Además de la concurrencia física existe la posibilidad de escucharlos por radio y de verlos por televisión.

La organización de un evento o competencia de-portiva no es producto de la casualidad; es el resul-tado de una organización económica. Salvo algunas excepciones, nadie interviene gratuitamente en una competencia deportiva. Hay que pagar para construir los lugares en los que se disputan los eventos; hay que pagar a los actores que participan en los eventos; hay que pagarles a quienes colaboran en la organización; hay que cubrir los costos de seguro, de seguridad; y nada es gratis, ni podría serlo.

En la actualidad, para que esto sea posible, los fon-dos para erogar todos estos gastos se obtienen de la venta de entradas, de la esponsorización, de los dere-chos de televisión, y en algunos deportes, de la trans-ferencia de los jugadores.

La transmisión de cada evento por distintos medios de comunicación es un derecho que tiene cada orga-nizador de evento de hacerlo o no, y si se prohíbe al organizador que disponga de ese derecho de la forma más conveniente o de la forma en que pueda optimizar

sus ingresos para mantener y mejorar la organización de esos eventos, se está afectando directamente el de-recho de propiedad.

¿Por qué debiera ser gratuita la televisación y no el ingreso a los lugares de disputa de los eventos? ¿Qué mejor forma de asegurar a los ciudadanos el derecho a seguir esos eventos en vivo y de manera gratuita que permitir el acceso libre al lugar en que se disputan? No hay diferencia entre permitir el acceso libre y de-clararlo libre en su transmisión. Eso restringe y afecta en forma directa los ingresos económicos necesarios para hacer frente por parte de los organizadores.

El Estado no puede tratar este derecho que tiene el organizador como si fuera un evento público de libre acceso. No lo es, y si el Estado ha resuelto apropiarse de ese derecho, debe pagar porque está afectando la organización económica que permite o hace posible que dicho evento se organice.

Pero esta norma no sólo afecta el derecho de pro-piedad sino que vulnera también en forma directa la libertad de comercio consagrada en la Constitución, ya que eleva a los eventos deportivos que el Estado anualmente determine a una especie de bien de perte-nencia colectiva, y obliga a su transmisión en cadena y en directo a todo el país, pero nada dice sobre qué pasaría si no hay canales de televisión que estén dis-puestos a abonar suma alguna por la transmisión de esos eventos o a reprogramar sus emisiones para que en todas las localidades del país se transmitan.

La Constitución Nacional no prevé en ninguna dis-posición la existencia de bienes de pertenencia colec-tiva. Este concepto de bienes de pertenencia colectiva contraría en forma expresa el artículo 17 de la Cons-titución. Al respecto cabe señalar que el concepto de función social de la propiedad no obsta lo aquí soste-nido, ya que esa función social no modifi ca el carácter privado e individual de la propiedad, es decir, no la colectiviza.

La necesidad de garantizar que el Estado anualmen-te determine los eventos deportivos que serán transmi-tidos en directo y en forma gratuita a todo el país parte de una serie de premisas falsas. La recepción por parte de los habitantes de todo el país de los eventos depor-tivos que determine el Estado no es un derecho cons-titucional. Cada actividad deportiva correspondiente a dichos eventos es desarrollada por clubes privados y regida por entidades también privadas. La populari-dad o el interés relevante no colectiviza el hecho de la comercialización y su difusión.

La intención de imponer legalmente la obligatorie-dad de transmitir los eventos deportivos que determi-ne el Estado anualmente en forma directa y gratuita por televisión abierta es violatoria del derecho de pro-piedad y de contratar libremente.

¿A quiénes afecta principalmente esta norma? A los organizadores de los eventos deportivos que se inclu-yan en ese listado.

La aprobación de una norma de este tipo limitará sustancialmente la comercialización de esos derechos y afectará el precio de los mismos, con la consiguiente

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repercusión en las fi nanzas de los organizadores de los eventos o asociaciones deportivas.

Resulta curioso que lo que se pretende defender –la estabilidad fi nanciera y la independencia de los clubes– sea lo que fi nalmente se termine afectando, porque esas instituciones recibirán menos precio por el producto que intentan comercializar.

Actualmente la exclusividad no afecta las fi nanzas de los clubes sino que, por el contrario, las mejora.

La exclusividad es la regla en la comercialización de estos productos, y esto se puede verifi car en cual-quier lugar del mundo en los que se comercialicen derechos de este tipo. Se podrá discutir el proceso de selección de la persona que resulte titular, pero no su exclusividad.

Adicionalmente a las objeciones antes indicadas, se observan los siguientes inconvenientes:

– La ley no discrimina entre los eventos realiza-dos en el país y los realizados en el exterior, donde la titularidad de los derechos y la transmisión de los mismos se rige por otras leyes y a quienes no resultará aplicable esta norma. ¿Qué ocurriría si la asociación deportiva que organiza un evento deportivo en el ex-terior no encontrara un comprador para transmitir esos derechos en directo por televisión abierta? ¿Se podrá transmitir por cable o perderán los habitantes de este país la posibilidad de acceder a dicho evento?

La ley dispone que el listado de los eventos depor-tivos sujetos a este tipo de forma de transmisión será determinado anualmente por el Estado, con una ante-lación de tres meses, el cual podrá ser revisado por el Estado en las condiciones que fi je la reglamentación.

Esta disposición desconoce claramente la forma de comercialización de los derechos de transmisión televisiva y altera sustancialmente su espíritu. Estos derechos en general se adquieren con varios años de anticipación a la celebración de los mismos.

El hecho de que un evento sea incluido en el listado preparado por el Estado con sólo unos meses de anti-cipación a la celebración del evento, o inclusive que ese listado pueda variar en el curso del mismo, tiene consecuencias respecto de los derechos de transmisión ya adquiridos porque impide o mantiene en estado de indefi nición su comercialización, a resultas de lo que ello implica, y afecta el valor de esos activos para las instituciones; y respecto de nuevos derechos impide establecer planes de negocios para su optimización.

Consecuentemente, una política de este tipo redun-dará en un desabastecimiento de contenidos para la televisión argentina y, en defi nitiva, serán los habitan-tes de la República los que serán privados de acceder a ciertos eventos deportivos.

¿Quién adquirirá un derecho por el que luego de haber pagado no tiene garantías de poder exhibirlo?

Tampoco se puede dejar de señalar el peligro que representa la discrecionalidad de la elaboración de ese listado y los intereses que pueden estar en juego a la hora de la preparación del mismo, más allá del proce-so de determinación de la misma, si al fi nal esa lista puede ser revisada por algún funcionario público.

Un capítulo aparte merece la consideración del se-gundo párrafo del artículo 70, que establece que las emisiones o retransmisiones de televisión de progra-mas deportivos especializados, siempre que fueran autorizados por las entidades deportivas, darán lugar a una contraprestación económica a favor de ellas.

Para realizar cualquier programa deportivo en los que se opine sobre un club o asociación deportiva, ¿hay que solicitar previamente autorización a ese club? ¿Qué tipo de contraprestación hay que pagar? ¿Se podrá realizar un programa deportivo en el que se realicen críticas a un club o asociación? ¿Afectará esto la libertad de expresión?

En este sentido, es necesario efectuar una modifi -cación que refl eje correctamente las disposiciones, imitando la ley española, fuente de esta redacción, ya que de otra forma...

Sr. Instructor (Peralta). – Por favor, vaya cerrando su discurso.

Sr. Droyeski. – ...interpretando literalmente nues-tro proyecto, sería casi imposible realizar programas deportivos especializados, y esto atenta claramente contra la libertad de opinión, privando a la opinión pública de información que en esas circunstancias no podrá ser emitida.

Iba a hacer también un comentario sobre el artículo 71, pero ante la falta de tiempo me voy a dirigir direc-tamente a las conclusiones, y en ese sentido realizaré cinco comentarios centrales.

Primero, el Estado ha resuelto consagrar el derecho de acceso universal a las transmisiones televisivas de ciertos eventos deportivos, las cuales deberán realizar-se en directo y en forma gratuita, violando el derecho de propiedad y el derecho de comerciar libremente es-tablecidos en la Constitución Nacional.

Segundo, esta regulación altera y afecta de manera defi nitiva la forma de comercialización de los dere-chos televisivos, así como también su valor, impidien-do realizar un adecuado plan de negocios a sus titula-res, las instituciones que realizan los eventos.

Tercero, esta situación producirá un desabasteci-miento de derechos, lo que redundará en un perjui-cio para todos los televidentes argentinos y para los participantes principales de estos eventos, que son los clubes, las asociaciones deportivas y los deportistas.

Cuarto, es necesario adecuar la redacción del artícu-lo 70 de forma tal que refl eje correctamente su fuente, ya que de otra manera se restringirá inexplicablemen-te la libertad de opinión y de expresión establecida en nuestra Constitución.

Por último, también resulta necesario ajustar el ejer-cicio del derecho a la información, de forma tal de no afectar ese derecho pero tampoco los derechos de los titulares de los mismos. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Quiero aclararle, señor Droyeski, que aunque no haya llegado a leer comple-tamente su ponencia, ella va a estar en la página de la Cámara y va a ser parte integrante del orden del día.

Sr. Droyeski. – Le agradezco.Sr. Instructor (Ottone). – A continuación, en re-

presentación de Radio Comunitaria La Ranchada, de

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Córdoba, hará uso de la palabra la señora Susana Mo-rales.

Sra. Morales. – Desde la radio a la que represento en esta oportunidad, que es la Radio Comunitaria La Ranchada, entidad que también forma parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, quisiéramos en primer lugar puntualizar nuestra postura en relación con algunos cuestionamientos que se han realizado a este proceso por el que está transitando nuestro país en el sentido de poner fi n a la ley de radiodifusión he-redada de la última dictadura militar, que justamente fuera puesta en vigencia hace 29 años, en septiembre de 1980.

El primer cuestionamiento que los sectores mono-pólicos de la comunicación y sus aliados han reali-zado hace ya algún tiempo tiene que ver con la falta de oportunidad de transitar justamente este debate, teniendo en cuenta que dentro de pocos meses estaría cambiando la composición de los órganos representa-tivos que estarían en condiciones de debatirlo.

Nosotros sostenemos que en la construcción de cualquier sociedad, la formación del Estado es preci-samente uno de los aspectos constitutivos más impor-tantes. Por lo tanto, reivindicamos al Estado y todos sus órganos representativos como aquella instancia admitida por toda la sociedad, precisamente para debatir cualquier normativa que rija sus destinos sin imposiciones de ningún tipo, ni siquiera de carácter temporal.

Otro cuestionamiento que hemos escuchado en estos días tiene que ver con que supuestamente este proyecto restringiría la libertad de expresión. Desde nuestra emisora comunitaria nos preguntamos: ¿es po-sible que algunos pocos grandes medios puedan sos-tener que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo vulnera la libertad de expresión y no puedan decir lo mismo de la actual ley, que precisamente fue promul-gada y puesta en vigencia en un momento de dictadura en que no solamente no existía la libertad de expresión sino tampoco ningún otro tipo de libertad? ¿Es posible que no reparen en que por el artículo 45 de la ley de la dictadura se impedía a las organizaciones sin fi nes de lucro poseer licencias de radiodifusión? ¿Es que acaso para las organizaciones que sí poseen fi nes de lucro esta prohibición no signifi ca vulnerar la libertad de expresión?

Nuestra radio y miles de radios comunitarias de todo el país que no persiguen fi nes de lucro han visto también en estos años de democracia peligrar su posi-bilidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión en diversas oportunidades. Y a través de este riesgo que se nos cierne como una espada de Damocles he-mos visto también peligrar la libertad de expresión de los trabajadores, de los privados de la libertad, de los sin techo, de los sin tierra, de los despojados de su tierra, de las minorías y de los pobres en general de los sectores excluidos. Digámoslo una vez más: todos estos sectores que hemos nombrado no tienen ninguna posibilidad de hacer oír sus reclamos sin censuras ni distorsiones en los grandes medios que se dicen plu-rales.

Cuando desde nuestra radio presentamos en el año 2000 un amparo judicial impugnando el artículo 45 de la ley de la dictadura obtuvimos un fallo favorable en primera instancia en la justicia federal de Córdoba, que entre sus fundamentos destaca justamente que la ley vigente vulnera el derecho a la libertad de expre-sión. Más tarde fue la propia Corte Suprema de Justi-cia la que ratifi có esta posición declarando en el año 2003 la inconstitucionalidad del mencionado artículo al dictaminar sobre nuestro caso. Y aquí quiero ha-cer referencia a lo que también otros expositores han señalado, como en el caso de Héctor Polino, quien mencionó la quijotada, si se quiere, del doctor Miguel Rodríguez Villafañe, que fue justamente quien nos re-presentó en esa oportunidad en el juicio que llevamos adelante.

Casi de manera paralela en este proceso, numerosas radios comunitarias siguieron el mismo camino. Es cuando el dique construido por la dictadura para con-tener y amordazar la memoria y la palabra, se empieza a resquebrajar.

Hoy venimos a decir que apoyamos con total con-vicción este proyecto. Sostenemos que el mismo, en contraposición con la ley de la dictadura, amplía las posibilidades de ejercer el derecho a la libre expre-sión, entre otras cosas por cuanto garantiza un porcen-taje del espectro radioeléctrico a las organizaciones sin fi nes de lucro. En relación con esto queremos decir que otros expositores ya se refi rieron al tema; es como el vaso medio vacío o medio lleno, es decir, depende del lugar desde el cual se lo mire.

En este caso, quienes en este momento poseen el monopolio de los medios están diciendo que les están quitando un pedazo de la torta. Efectivamente esto es así si se lo mira desde esa perspectiva. Pero desde el otro lado se nos está dando a quienes no tenemos nin-gún pedazo de ninguna torta la posibilidad de poder participar, no en la torta económica, que para algunos es importante y para otros un detalle, sino de hacer escuchar nuestra voz, de hacer circular la palabra y de construir un espacio de debate más amplio de todas las cuestiones que tienen que ver con los problemas más profundos que tiene el país, que indudablemente se relacionan con lo económico pero también con mu-chísimas otras cuestiones a las que otros expositores han aludido. Me refi ero al desarrollo en todas sus di-mensiones. (Aplausos.)

Además apoyamos este proyecto porque recupera y profundiza la propuesta de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, formulada por la Coali-ción por una Radiodifusión Democrática. FARCO –y nosotros a través de esta organización– ha participado de manera absolutamente activa en la confección de estos 21 puntos. Esto ha sido justamente un ejemplo de debate amplio, como vienen reclamando algunos sectores monopólicos de la comunicación, que cu-riosamente han estado ausentes en muchos debates previos, como por ejemplo en los diversos foros que se han organizado en las provincias a través de las universidades y con la concurrencia de muchísimas organizaciones.

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Hoy vemos con cierta alegría que estén pudiendo participar, para que luego no puedan alegar que estu-vieron fuera de este debate.

Sin duda, es una de las leyes que se van a poner en vigencia en este proceso y que probablemente más discusión haya tenido por parte de muchísimas or-ganizaciones. Esto es un hecho que también merece destacarse.

Este proyecto es parte de la lucha llevada adelante por FARCO y otras organizaciones sociales y políti-cas, y de ninguna manera es una iniciativa guberna-mental divorciada de las demandas ciudadanas.

Es nuestro anhelo que en estos días de septiembre –la historia se obsesiona con este mes–, a partir del debate y la sanción de una nueva ley de servicios au-diovisuales, termine de romperse ese dique impuesto por la dictadura para permitir que fi nalmente, a partir de ahora, la palabra circule más libremente y la plura-lidad de opiniones no sea un eufemismo. Luego de 26 años de democracia, nos lo merecemos.

Señores diputados y senadores de la Nación que van a debatir este proyecto en sesiones parlamenta-rias: cuando lo hagan y se expidan sobre su aproba-ción, solicitamos a ustedes, que están pensando de una manera honesta en una ley de medios democrática y no tanto en los que ya tienen voz sino en los que no la tienen, que no subestimen al pueblo. Dennos las herra-mientas para poder expresarnos y construiremos entre todos –y ojalá también con ustedes– una sociedad en la que todos podamos vivir y morir dignamente. Pero dénnosla hoy porque mañana, con toda seguridad, ya va a ser tarde. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Barrero, en representación de Direct TV.

Sr. Barrero. – Tengo el agrado de dirigirme a uste-des con relación a la convocatoria para el tratamiento en Audiencia Pública y consideración del proyecto de ley del 27 de agosto de 2009 sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ám-bito del territorio de la República Argentina y proyec-tos vinculados.

En mérito a la brevedad y considerando la premura en su convocatoria, así como el poco tiempo disponi-ble para el análisis de todos los proyectos involucra-dos, venimos a poner por este medio en conocimiento de los señores diputados integrantes de las tres comi-siones a las que se ha girado el proyecto los aspectos más relevantes para la operatoria corriente de Direct TV, así como las consideraciones sobre algunas dis-posiciones del primero de los proyectos mencionados, solicitándoles desde ya que se dé curso favorable a las inquietudes planteadas.

Con carácter previo, y a los fi nes de dimensionar nuestra actividad, deseamos poner en conocimien-to de los señores diputados que Direct TV opera en nuestro país desde el año 1998 como un prestador del servicio de distribución de programación directa al abonado por satélite, conocida genéricamente como Televisión Directa al Hogar o DTH, por sus siglas en inglés, dando trabajo en forma directa a más de 1.200 empleados, sin contar a una mayor cantidad de perso-

nas en forma indirecta, posibilitando en la actualidad el acceso a programación de audio y televisión a más de 900 mil hogares, mayormente en el interior del país y muchos de ellos en zonas rurales.

Asimismo, resaltamos que Direct TV ingresó a la televisión paga en un mercado fuertemente competiti-vo y de reglas claras, condiciones en las que desearía continuar desarrollando su actividad.

Direct TV es un servicio de carácter regional. Un aspecto que creemos necesario puntualizar es que, aun cuando para un suscriptor el servicio que ofrecemos podría cumplir similar fi nalidad que otros de la com-petencia, es decir la recepción de señales de televisión y audio, la operatoria del servicio de televisión directa al hogar es técnicamente diferente a cualquier otro ser-vicio de televisión por suscripción o televisión paga, tanto al considerar el uso de satélite, la activación, su funcionamiento y el hecho de ser una plataforma re-gional o panregional.

El utilizar satélites y tecnología de avanzada impli-có e implica una millonaria inversión que sólo pue-de justifi car la cobertura regional que, por otra parte, posibilita al suscriptor gozar de una mejor recepción y calidad, tanto en las señales de televisión como de audio.

Técnicamente podemos resumir que el servicio de televisión satelital se limita a la recepción de las se-ñales mediante una antena situada en el domicilio del usuario, conectada a un decodifi cador, que está direc-cionada al satélite de quien recibe los canales de tele-visión. En el caso particular de Direct TV, las señales son recibidas directamente desde el satélite Galaxy 3 C, ubicado en la posición geoestacionaria 95° W en el espacio. El control principal de esta red proviene de un centro de transmisión principal ubicado en Estados Unidos, con puntos de origen situados a lo largo de América Latina, concretamente Brasil, México, Vene-zuela y la Argentina.

En razón de ello, en dicho satélite se alojan señales para ser luego recibidas por los usuarios de los distin-tos países, en función de los derechos que se adquieren para algunas de ellas, en algunos casos con cobertura para toda la región y, en otros, limitados solamente a un único país.

Por su parte, todos los usuarios tienen en su poder un decodifi cador que les permite acceder a las diver-sas opciones de programación, según el plan elegido por cada uno y los citados derechos, según el país don-de esté ubicado. A través de este decodifi cador dichas señales son recibidas por los distintos usuarios direc-tamente desde el satélite. Pero la cantidad de señales a emitir está limitada a la capacidad técnica del satélite, es decir, su propia capacidad en los transpondedores. Por lo tanto, no es ilimitada la cantidad de señales que Direct TV está en condiciones de ofrecer y recibir.

Otra característica del servicio de televisión sate-lital es que no utiliza cableados externos; es decir, a diferencia de otros, no efectúa utilización de espacio público por no tener instaladas ni utilizar redes aéreas, así como tampoco subterráneas o de superfi cie o sub-suelo.

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Yendo al proyecto, un primer aspecto a mencionar es que de su lectura se advierte que se dejan muchas cuestiones a determinar en la futura reglamentación, lo que no permite efectuar una valoración acabada de lo pretendido, toda vez que hubiese sido deseable po-der emitir una opinión fundada con dichas disposicio-nes incluidas en el texto, o bien conociendo primero el tenor de las mismas.

Sin perjuicio de ello observamos:Artículo 38. En este artículo observamos una res-

tricción que impide a los proveedores de televisión satelital ser titulares del registro de señales. Sobre las señales se establece que los servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de se-ñales, con excepción de la señal de generación propia, que actualmente Direct TV no tiene y a la cual nos referimos en el punto siguiente.

Sobre la prohibición de no poder ser titulares de re-gistro de señales, no se entiende la motivación para ello cuando, por ejemplo, Direct TV ofrece programa-ción deportiva con el objeto de brindar un mayor y va-riado servicio a todos sus abonados en la región y, de sancionarse esa disposición, los argentinos se verían privados de ello, sin benefi cio concreto alguno.

Artículos 8º y 26. Carácter de la recepción y regla-mentación del abono por suscripción. Sobre la recep-ción de las emisiones de radiodifusión por suscripción o abono se expresa que podrá ser onerosa, cuando dicha onerosidad es la regla y la gratuidad es la ex-cepción. Por lo tanto, es más acorde con la realidad expresar que es “onerosa y podrá ser gratuita”. Por otra parte, no consideramos conveniente que queden libradas a la reglamentación las condiciones de la one-rosidad en la radiodifusión por suscripción, especial-mente por no entender qué se podría condicionar por vía reglamentaria.

Artículo 57. Obligación de transportar señales y ca-pacidad satelital limitada. En este artículo se establece que los servicios de televisión por suscripción satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción nacional propia que satisfaga las mismas condiciones que esta ley establece para las emisiones de televisión abierta, cuando ello en la actualidad no ocurre y obliga a efectuar una producción que actualmente no realiza-mos, máxime si consideramos que en el abono básico se incluyen íntegramente los cinco canales abiertos que se reciben en la Ciudad de Buenos Aires, que hol-gadamente contienen contenidos de origen nacional.

Pero además incluye la obligación de incorporar las señales abiertas generadas por los estados provincia-les, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mu-nicipios y universidades nacionales, así como la de incluir en su grilla de canales un mínimo de señales originadas en países del Mercosur y en países latinoa-mericanos con los que la República Argentina haya suscrito o suscriba a futuro convenios a tal efecto.

Sin embargo, por una cuestión estrictamente técni-ca –que mencionábamos al principio–, por capacidad del satélite regional que cubre los distintos países de Latinoamérica en los que se presta el servicio, ello no

es posible por falta de lugar para ubicar los mismos, dado que la capacidad –insistimos– es limitada.

Sobre programación estatal, en la actualidad se ofrece Canal 7 y Encuentro, así como canales de nues-tros vecinos países de Venezuela, Brasil y Chile, entre otros.

Al respecto vale rescatar que actualmente, por reso-lución del COMFER, Direct TV se encuentra obliga-do a incluir en sus grillas de programación las señales provenientes de las estaciones de televisión abierta en la banda de VHF o sus repetidoras legalmente autori-zadas, dentro de cuya área primaria de servicio se en-cuentra emplazado el enlace ascendente del sistema, es decir, los cinco canales abiertos mencionados, dis-posición no incluida en este proyecto, que constituiría una opción más benefi ciosa para los suscriptores.

Por su parte, en el artículo 36 observamos un exce-so en la defi nición del concepto de indelegabilidad, ya que se incorporan obligaciones que son completamen-te ajenas al servicio. Este artículo establece en su inci-so e) que será considerada delegación de explotación y susceptible de sanción con falta grave “delegar en un tercero la distribución de los servicios de comu-nicación audiovisual”. No se entiende a qué tipo de distribución pretende hacer referencia, máxime cuan-do es una disposición que no se encuentra vigente, ni fi guró en los proyectos anteriores.

Otro comentario merecen los artículos 72 y 73, en cuanto a las restricciones en la inserción y contrata-ción de publicidad. De la lectura de ambos artículos encontramos lo que entendemos una contradicción en-tre sus disposiciones, toda vez que el primero dispone, para los servicios de televisión por suscripción, que sólo podrán insertar publicidad en la señal propia y, en el segundo, al reglar los tiempos de emisión de publi-cidad especifi ca para la señal propia hasta 8 minutos por hora y en las demás, siempre que sean del abono básico, hasta 6 minutos.

Artículo 87. Aumento de la alícuota de gravámenes. Este artículo establece expresamente un gravamen a aplicar a los servicios por suscripción satelitales, del 5 por ciento, sin importar dónde se encuentre loca-lizado el abonado. Ello difi ere del actual sistema, en el cual para no vulnerar la igualdad de condiciones que debe existir para una sana competencia, todos los prestadores abonan por los suscriptores de una misma zona, sin importar si son por vínculo físico o satelita-les, igual porcentaje.

Artículos 23 y 24. Requisitos de la licencia. Vigen-cia de los tratados internacionales. En los dos artículos se menciona, en referencia a los tratados internaciona-les en los que la Nación sea parte, que la reciprocidad deberá ser “efectiva” en el país de origen del capital o de las personas físicas o jurídicas que aporten dicho capital. Con la palabra “efectiva”, que es un término jurídicamente impreciso pues las normas sólo pueden estar o no “vigentes”, se abre la puerta a interpretacio-nes que deberían evitarse en la nueva legislación.

En relación con el capítulo VII, sobre el derecho al acceso a los contenidos informativos de interés rele-vante, de acontecimientos futbolísticos y de otro gé-

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nero –artículos 68 a 71–, es sin duda una innovación que esta materia se trate en este tipo de ley, por cuanto los proyectos precedentes no lo habían hecho.

Anteriormente hubo legislación específi ca sobre comercialización, y actualmente se encuentra vigen-te la ley 25.342 del año 2000, por la cual las asocia-ciones deportivas y los titulares de los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol donde participe la selección nacional argentina, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comi-té Olímpico Internacional, deberán comercializar esos derechos garantizando la transmisión en directo de di-chos encuentros a todo el territorio nacional.

Sobre la base de nuestra experiencia de cuando detentamos derechos, como por ejemplo del último mundial de fútbol, consideramos que de aprobarse este capítulo se afectará principal y signifi cativamente dicha actividad, pudiendo tornar ilusorios esos dere-chos y, en consecuencia, condicionando fuertemente la continuidad del negocio y por lo tanto la posibilidad para el público televisivo de acceder a ellos.

Adhiero a los comentarios ya expresados por Fox Sports en lo relativo a las facultades previstas en los artículos 68 y 70, vinculadas también con este tema.

Por último queremos decir que comparando el tex-to del proyecto con el del anteproyecto constatamos que hubo correcciones de estilo, pero perduran toda-vía reiteraciones, denominaciones erróneas y lagunas, así como que se efectúan defi niciones que luego no se utilizan en el articulado. Además no incluye disposi-ciones con respecto a la prevención y represión de la piratería o robo de señales. Hay artículos como el 6°, de servicios conexos, y el 39, sobre no concurrencia, en los cuales no se comprende acabadamente el objeto de regulación.

Quedamos a disposición, a todos los efectos que los señores diputados crean conveniente, para ampliar o efectuar las aclaraciones que consideren menester. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – A continuación, en repre-sentación del Sindicato Unico de Publicidad, hará uso de la palabra el señor Gustavo Raide.

Sr. Raide. – El Sindicato Unico de Publicidad es la asociación sindical que agrupa a todos aquellos que trabajan en las agencias de publicidad, centrales de medios, de márketing y de promoción, así como tam-bién a todos aquellos que desempeñan sus labores en la investigación social y de mercado, opinión pública, medición de audiencias, y también a todos los traba-jadores que producen publicidad en la vía pública a través de carteles que comúnmente observamos en las calles en diferentes soportes, en neón, y también lo que corresponde a la fi jación.

Nuestra organización forma parte, desde el inicio, de la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social y Audiovisual, com-puesta en la actualidad por once gremios. Desde su conformación, la Cositmecos viene bregando por la puesta en vigencia de una nueva normativa que reem-place la ley de radiodifusión impuesta por la última

dictadura militar y modifi cada leoninamente durante la década menemista. Las reformas impuestas en los 90 le imprimieron un fuerte sesgo neoliberal favore-ciendo abusivamente los monopolios y la concentra-ción.

Tal vez muchos de los aquí presentes –veo caras conocidas– sepan que desde entonces la Cositmecos ha venido presentando proyectos para una nueva ley de radiodifusión.

El proyecto presentado en esta instancia por el Po-der Ejecutivo refl eja en gran parte lo trabajado por la Cositmecos antecedentemente.

Este proyecto de ley también incorpora lo que noso-tros, como trabajadores, consideramos que son los 21 puntos que habían sido consensuados por numerosas organizaciones políticas, culturales, sociales y gre-miales de nuestro país. Por eso rescatamos el espíritu con que se puso en marcha esta iniciativa de abrir la discusión, tal como se viene haciendo en innumera-bles foros y asambleas en todo el país.

Consideramos que la actividad publicitaria en la que trabajamos es esencial como aporte económico para la existencia y desarrollo de los medios de co-municación. Destacamos que la inversión publicitaria durante 2008 alcanzó los 7.800 millones de pesos. Por lo tanto, es una cifra importante.

La coexistencia de los espacios publicitarios con las programaciones suele ser a veces una relación confl ic-tiva y que entendemos debe armonizarse integrando intereses de la manera más equilibrada posible.

En tal sentido acordamos las pautas publicitarias propuestas de 12 minutos para la televisión abierta, de 8 minutos de tanda para aquellos que posean ca-nales locales propios en los medios por suscripción, y de 6 minutos por hora para su inserción en las demás señales.

Pero como trabajadores que se desempeñan en y para los medios de comunicación entendemos que este tratamiento es un paso importante para la democrati-zación de la información y que realmente la comuni-cación pueda constituirse en un derecho fundamental del hombre y no en un negocio de unos pocos.

En lo particular, entendemos que en el texto de la futura ley se debería precisar el concepto de quién es el responsable, tanto de la creación como del conteni-do social del mensaje publicitario. Es nuestra opinión como trabajadores, entendemos que el concepto de productora publicitaria debería ser reemplazado por el concepto de agencias de publicidad, lo que es un hecho fundamental para nosotros, siendo estas agen-cias y sus trabajadores los creadores y responsables sociales de los contenidos publicitarios.

Entendemos por agencia de publicidad a una em-presa organizada bajo la forma de una persona jurí-dica, constituida o habilitada legalmente para operar en la República Argentina, constituyendo su objeto de explotación en: el asesoramiento al anunciante corres-pondiente, la colaboración de la defi nición de la estra-tegia de comunicación publicitaria como las creadoras del mensaje, aportando a través de personal idóneo la creatividad necesaria, supervisando la realización del

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mensaje en cuestión, planifi cando la estrategia de di-fusión del mensaje y la contratación de los espacios correspondientes para su difusión pública.

Otras de las cuestiones a considerar en nuestra opi-nión es que como trabajadores publicitarios debería-mos tener representación en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Somos fervientes defensores de los procesos in-clusivos que aseguren la creación de trabajo para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Por ello es que ponemos el acento en la defensa de la pro-ducción nacional, sobre todo en una actividad como la nuestra, altamente profesionalizada, jerarquizada y reconocida internacionalmente.

Como trabajadores defendemos este proyecto por tener un carácter antimonopólico, de promover y defender la libre expresión, de transparentar el otor-gamiento de licencias, de proteger contenidos para niños, niñas y adolescentes en concordancia con la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de que los ciudadanos podamos consti-tuirnos en actores importantes en la construcción de la libre expresión y no simplemente en reproductores de la misma, de permitir la inclusión de las minorías y de los pueblos originarios, y también de que dé cuenta de la gran diversidad cultural que hoy existe en nuestro país.

Este proyecto de ley que hoy tan amplia y genero-samente exponemos viene siendo, desde hace 26 años, objeto de numerosos debates. Por eso reivindicamos que se lo discuta y se lo ejecute en el tiempo presente. La ausencia de una ley de servicios de comunicación audiovisual de la democracia es una deuda que cree-mos debe ser saldada.

En síntesis, este proyecto de ley permite que quie-nes fueron silenciados –durante siglos en algunos ca-sos– puedan recuperar su lugar en la sociedad. Es cier-to que una ley o un proyecto por sí mismo no lo puede todo si no existen políticas de Estado que acompañen en este sentido. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra la seño-ra Ana Celentano, en representación de la Asociación Argentina de Actores.

Sra. Celentano. – La Asociación Argentina de Ac-tores, en representación de todos los actores argenti-nos, llega a esta honorable comisión con el fi n de ser una más, entre tantos otros, que brega por el defi nitivo proceso de consolidación democrática, que se mani-fi esta en esta etapa histórica con la justa distribución de la riqueza cultural que nuestro pueblo produce.

Entendemos que es el Estado, junto a las organi-zaciones del pueblo, quien debe garantizar que esta riqueza se produzca, preservando las diversidades cul-turales, informativas y estéticas, alejadas de cualquier monopolio concentrado.

Desde su génesis participamos activamente en la iniciativa de la Coalición por una Radiodifusión De-mocrática de trabajar juntamente con todas las entida-des involucradas en el presente proyecto de ley, hecho que nos enriqueció y nos hermanó más aún con nues-tros compañeros de ruta.

Este sindicato de actores, que está cumpliendo 90 años de existencia, supo de censuras y proscripciones, y no se olvida de quienes en nombre de las circuns-tancias históricas, del mercado, o de la oportunidad política, ejercieron el derecho a veto de quienes po-dían trabajar o no en los medios masivos de comuni-cación.

Muchos de estos personeros hoy cuestionan el le-gítimo derecho del conjunto del pueblo, no sólo de derogar un decreto de la dictadura, promoviendo la promulgación de esta ley, acorde a los tiempos que co-rren, sin presentar alternativas superadoras, queriendo de esa manera mantener el statu quo. No aceptamos la denominación de “ley de medios K” (Aplausos.), con la que sectores monopólicos y conocidos personajes al servicio de esos intereses pretenden confundir para di-latar o postergar indefi nidamente el tratamiento de esta ley fundamental para el funcionamiento democrático, minimizando, u obviando interesadamente, el trabajo que venimos realizando desde hace muchísimos años desde nuestras organizaciones sindicales ligadas a los medios de la comunicación.

Para los actores argentinos esta ley deberá signifi -car más y mejor trabajo. Somos conscientes de que históricamente el trabajo se concentró en la ciudad de Buenos Aires, ahogando cualquier posibilidad de que compañeros de provincias se pudieran expresar en los medios de sus regiones.

El trabajo de los actores intérpretes está regulado por normas que surgen de convenios colectivos de trabajo, y de sus discusiones paritarias, que volvieron a funcionar hace muy poco tiempo. Aun así nos con-sideramos trabajadores precarizados y seguimos de-nunciando la falta de relación de dependencia laboral con las partes patronales, que hace que los actores, a la hora de encontrar una reparadora compensación por tantos años de trabajo, al no tener jubilación deban obligarse a trabajar hasta sus últimos días, con su con-secuente deterioro mental y físico.

Esta ley que nos ocupa hoy signifi ca más trabajo, porque debe poner un límite preciso a la emisión de programas y/o películas extranjeras, las que afectan aun más la precarización laboral aludida. Es por eso que solicitamos que en el artículo 57, ítem 2, inciso a), donde dice “emisión de producción nacional del 60 por ciento”, diga “…del 70 por ciento”, agregan-do el concepto de producción nacional con estructura dramática de fi cción, que es un programa realizado exclusivamente para los servicios televisivos abier-tos o de suscripción donde concurren artísticamente, entre otros, autores dramáticos, actores intérpretes y músicos, y que desarrollan una historia de fi cción den-tro de cualquier estética y tiempo de emisión. Y que deberán, por lo tanto, “…emitir un mínimo de cuaren-ta por ciento de producción nacional con estructura dramática de fi cción los licenciatarios de servicios de televisión abierta y de suscripción cuya área de co-bertura total comprenda más del diez por ciento de la población del país”.

Esta modalidad estética, que en nuestra jerga se denomina “tira” para el caso de las telenovelas de

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emisión diaria, y “unitarios” para las telenovelas de emisión semanal, dio trabajo a varias generaciones de actores y actrices, pero hemos visto, a lo largo de estos años, cómo mermó la tarea y se devaluó el salario, hecho que resulta de la disminución en la producción nacional con fi cción. Para ser más precisos, en la dé-cada del 80 cuatro canales de televisión producían entre cinco y siete horas diarias de fi cción; hoy lo ha-cen sólo dos canales, y de las horas mencionadas han bajado a sólo tres o cuatro horas de emisión diaria de fi cción. Es decir que hace veinte años teníamos ocupa-dos a los actores en cien horas semanales de fi cción, y por estos días sólo alcanza a treinta horas semanales.

En este sentido, entendemos pertinente que la regu-lación de la publicidad establecida sea distinta respec-to de los espacios previstos para la televisión abierta y para la televisión por suscripción. Es necesario pre-servar los espacios publicitarios para la radiodifusión gratuita, ya que ésta es su única fuente de fi nancia-miento, a diferencia del sector por suscripción, que tiene en el cobro de abonos su fuente de ingreso, y la publicidad tiene un valor marginal.

La televisión gratuita, tanto privada como estatal, brinda hoy servicios a más de 4 millones de hogares que no tienen acceso a la televisión por suscripción, siendo ésta su única opción.

En otro orden de cosas, solicitamos que se revea la inclusión de las empresas telefónicas en los me-dios audiovisuales, porque en concordancia con este mismo anteproyecto pretendemos estar alejados de cualquier situación monopólica y concentrada, dado su potencial económico, que ahogaría cualquier com-petencia de mercado de menor envergadura económi-ca. Sin embargo, comprendemos que se debe asegurar una red de multiservicios y que, según establece el artículo 25, deben conformarse unidades de negocios separadas y específi cas, respetando los encuadramien-tos sindicales y profesionales de los trabajadores de los servicios audiovisuales.

En cuanto a los contenidos, dejamos expresamente señalado que es necesario promover la diversidad es-tética, comprendiendo que toda concentración produ-ce patrones artísticos similares, modalidades comunes de formatos, gustos de producción que marcan estilos casi permanentes.

Como pueblo debemos relatarnos o contarnos de todas las maneras posibles y con la mayor pluralidad posible. La subjetividad ciudadana no debe ser la rea-lidad imperante, permitiendo desarrollarse contenidos que expresen otras realidades socioculturales, en la mayoría silenciadas o invisibilizadas.

Para la preservación de nuestro idioma, señala-mos la necesidad de incluir en el cuerpo de la ley, y más precisamente en este artículo 57, un inciso que obligue a doblar las películas extranjeras con acto-res argentinos, naturalizados o extranjeros, con más de cinco años de residencia en el país (Aplausos.), de acuerdo con la ley 23.316. También solicitamos que se elimine el inciso c) del artículo 9º, que dice: “La programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos pu-

blicitarios y los avances de programas, debe estar ex-presada en el idioma ofi cial o en los idiomas de los pueblos originarios, con las siguientes excepciones: a) Programas dirigidos a públicos ubicados fuera de las fronteras nacionales; b) Programas destinados a la en-señanza de idiomas extranjeros; c) Programas que se difundan en otro idioma y que sean simultáneamente traducidos o subtitulados”. Esto porque entendemos que no deben existir más subtitulados, ya que quitan trabajo argentino.

Para el caso de las llamadas repeticiones de progra-mación, solicitamos incluir en el mismo artículo 57 un inciso que diga: “Se podrá repetir un diez por ciento (10%) de la totalidad de la programación emitida en un año calendario”. Esta modalidad ocupa un lugar de programación, donde el actor ve perjudicada su fuente laboral.

Para fi nalizar, afi rmamos que apoyamos fi rmemen-te esta ley, con las modifi caciones que ésta se merece, desde nuestra más profunda convicción a favor de la libertad de expresión –porque como gremio hemos padecido desapariciones, censuras, exilios y proscrip-ciones– y en pos de la diversidad y del desarrollo ar-mónico de la cultura de la Nación Argentina. (Aplau-sos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Edgardo Form, presidente de Cooperar, Confedera-ción Cooperativa de la República Argentina.

Sr. Form. – Mi nombre es Edgardo Form. Tengo el honor de presidir la Confederación Cooperativa de la República Argentina, una entidad que el próximo mes de diciembre va a cumplir 47 años consecutivos de labor en promoción de la economía solidaria. Nos integran treinta federaciones de servicios públicos, de crédito, electricidad, telefonía, agua corriente y cloa-cas, que concentran a su vez a 1.700 cooperativas de primer grado, con muchos millones de compatriotas que reciben cotidianamente servicios públicos gracias a la acción solidaria de centenares de cooperativas en los pueblos más remotos de la República Argentina.

En representación de este vasto sector de la econo-mía nacional, cuyo objetivo es la prestación de servi-cios y de ningún modo de lucro, venimos a decir que apoyamos la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional para tratar en este período legislativo el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.

Para ser más preciso, tal como lo expresó en un re-ciente comunicado la Confederación Cooperativa de la República Argentina, las entidades que integran el cooperativismo urbano de nuestro país, con una his-toria de más de un siglo y un aporte constante y cre-ciente a la generación de bienes y servicios para sus asociados y la comunidad, apoyan el tratamiento del proyecto de ley de servicios de comunicación audio-visual.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que recupe-ramos la vigencia de la Constitución Nacional, tiempo más que sufi ciente para diseñar un nuevo marco nor-mativo que fi je las pautas propias de la democracia y de los avances tecnológicos en materia de servicios de comunicación audiovisual.

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Hemos dicho en reiteradas oportunidades que la vi-gencia de la norma fáctica sobre radiodifusión era una rémora de la última dictadura militar, al igual que la aún vigente ley de entidades fi nancieras. Por lo tanto, estamos hablando de dos grandes asignaturas pen-dientes de la democracia argentina.

En virtud de lo expuesto, consideramos por demás oportuno el tratamiento del proyecto que nos ocupa durante el actual período legislativo. (Aplausos).

A su vez, debemos señalar con énfasis que el sec-tor de la economía solidaria, dentro del cual ocupan un espacio destacado las entidades cooperativas, se ha visto discriminado a lo largo de todos estos años –hemos sido proscriptos– por la imposibilidad de dis-poner y gestionar medios de comunicación audiovi-sual. Es hora, por lo tanto, de que se reivindique el derecho a ejercer la libertad de expresión para nuestro movimiento, de modo que la redacción defi nitiva del proyecto de ley –particularmente de su artículo 25– establezca con absoluta claridad que las cooperativas de todo tipo tienen precisamente el pleno derecho a participar en el segmento de las frecuencias que se otorguen al sector no lucrativo.

Este es el ámbito y la oportunidad para dejar expre-sa constancia de que las cooperativas no deben sufrir ningún tipo de discriminación.

Asimismo, señores legisladores y ciudadanos, se-ñalamos que las cooperativas cuyo objeto es la pres-tación de servicios públicos o esenciales, en modo alguno pueden califi carse de monopólicas, dado que se organizan a partir de la decisión voluntaria de los vecinos, para brindarse servicios de toda índole a sí mismos y a la comunidad en su conjunto, con un cri-terio de universalidad.

El acto cooperativo, tal como lo especifi ca la ley de cooperativas 20.337, constituye una categoría particu-lar fundada en la solidaridad –esto es, la ayuda mutua y el esfuerzo propio de los asociados–, por lo cual es en esencia y por defi nición contrario a las conductas monopólicas.

Les decía hace un instante que hemos sufrido la dis-criminación y además la acción perversa y negativa de los entes monopólicos y oligopólicos que brindan el servicio de cable. Y para no hablar en abstracto va-mos a dar ejemplos concretos. En la ciudad de Punta Alta existe la cooperativa eléctrica más antigua de la República Argentina, ya que ha cumplido más de ocho décadas de fecunda labor en la comunidad, crea-da precisamente por la comunidad para autoabaste-cerse de servicios de electricidad frente al monopolio de aquella época. Gracias al ingenio y empeño de la cooperativa, brindan el servicio de cable a un precio que es aproximadamente la mitad de lo que cobra el monopolio en la ciudad vecina de Bahía Blanca; sin embargo, para afectar a la cooperativa ese mismo ca-ble monopólico y oligopólico ha hecho una política de dúmping para destruir a la gestión cooperativa y que-darse con el conjunto de los mercados de esa ciudad del sur bonaerense. Este es un ejemplo concreto de la modalidad perversa y concentradora en la que actúa precisamente el grupo monopólico.

Para culminar, deseo decir que consideramos que las cooperativas de servicios públicos –eléctricas, te-lefónicas, de agua potable y redes cloacales– son las que están en mejores condiciones de brindar servicios de comunicación audiovisual por su capacidad fi nan-ciera, la infraestructura disponible, el compromiso con la comunidad, la experiencia de gestión y porque además reinvierten localmente los recursos que gene-ra su actividad.

Nuestro movimiento es profundamente democrá-tico, y en este sentido coincidimos en plenitud con los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, particularmente cuando señala que si pocos manejan las voces o el acceso a los medios es imposible construir una genuina democracia. Muchí-simas gracias por su atención. (Aplausos).

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Néstor Piccone, en representación de Comunicación y Política por el Proyecto Nacional.

Sr. Piccone. – Agradezco a esta Honorable Cámara de Diputados los diez minutos que me brinda para de-cir estas palabras, oportunidad que también ha tenido la tanta cantidad de gente que viene hablando desde el día martes.

Realmente tengo que decir que estoy muy emocio-nado y conmovido porque después de tantos años es-tamos debatiendo este proyecto de ley. Algunos plan-tean 10, 15, 25 años; yo voy a tratar de ser muy breve pero voy a contar la historia de lo que son esos años, porque cada uno se fue enganchando en distintos mo-mentos.

En primer lugar quiero aclarar que soy funcionario de este gobierno, pues soy director de Contenidos de la Secretaría de Medios. Pero también voy a hablar como ciudadano, padre de familia, ex dirigente de la UTPBA, de la Fatpren, de la Central de Trabajadores Argentinos, de la Cositmecos y también de la Coa-lición, porque antes de ser funcionario yo ya estaba trabajando por la construcción de los 21 puntos.

Desde ese lugar quiero decir que soy kirchnerista y que me banco a este gobierno con todas sus cosas, con todas las contradicciones, porque cualquier ser humano tiene contradicciones. (Aplausos). Vengo a contarles –porque no se dice en los medios– de la va-lentía de Cristina. Se habla de muchos presidentes a los cuales respetamos, como Alfonsín y hasta De la Rúa, e incluso se le reconocen algunas cosas a Me-nem. Cristina es la única presidenta a la que no se le reconoce absolutamente nada (Aplausos), cuando es de los mejores presidentes que hemos tenido, desde la intervención de la palabra y la capacidad de síntesis para presentar sus ideas.

Desde ese lugar vengo a decir que esta ley que estamos discutiendo, señores diputados de la oposi-ción, no es una “ley K”, no es una ley del ofi cialismo. (Aplausos.) A esta ley la construyeron las 300 organi-zaciones sociales, y esto es lo que no quieren recono-cer los medios. (Aplausos.)

Quiero que pensemos en la foto del día de hoy. Yo estuve desde muy temprano –no sé si ha sucedido lo

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mismo con los diputados y algunos compañeros–, y quiero contarles que estuvieron los representantes de los grupos económicos, y estuvieron y están todos los militantes, algunos que vinieron el martes y están es-perando para ver si pueden hablar, que viajaron desde La Rioja, Jujuy, Misiones, y compañeros de los pue-blos originarios. Todos los que están defendiendo los 21 puntos para que esta ley se apruebe cuanto antes son militantes.

Del otro lado –lo habrán visto–, todos gerentes. No tengo nada contra los gerentes; yo también fui geren-te. Pero vean la diferencia: el esfuerzo; seguramente a los gerentes les estarán pagando para que vengan y se trasladen –si es que quieren hacer audiencias, como ellos dicen, en todo el país, pagarán a los gerentes para que recorran el país, tomándose los avioncitos y recorriendo los distintos lugares–, no como las 300 or-ganizaciones que integran la Coalición, que vinieron militantemente a trabajar en estas audiencias públicas. (Aplausos.) Porque quiero decir una cosa: cuando se habla de discusión y debate no es que todos los días nos juntemos a discutir y a debatir los veintiún puntos ni el anteproyecto de ley, sino que es una cuestión de vida.

Las radios FM que surgieron a partir de la democra-cia pusieron su vida, y recién ahora, gracias a la ley, si se aprueba, van a poder hablar de lo que ya hablan todos los grandes grupos que estuvieron hoy a la ma-ñana: de la sustentabilidad económica de los medios. ¡Cuando a los grupos económicos les va mal, hablan de sustentabilidad económica y le piden al Estado que les haga todos los blanqueos, pagos de deudas y todo lo que sea necesario para que pueda ser sustentable! ¿Cuándo se habla de las 5 mil radios que deben ser sustentables? Acá tenemos que hablar, y no se habla solamente de la pauta.

Como dije, soy de la Secretaría de Medios. Es cier-to, se distribuye la pauta, habrá que discutir en otra ley cómo hacerlo. ¡Pero no es solamente con los 400 millones de pauta del gobierno nacional contra los 4 mil millones del sector privado que nosotros vamos a defender la sustentabilidad de todos los medios! (Aplausos.)

Y para seguir con esa foto, en la que de un lado están los militantes y del otro los gerentes, cuando terminaron de hablar los gerentes estaban sus cana-les de televisión para enfocarlos y para que dijeran lo que ya habían dicho acá. ¡No hubo muchos pueblos originarios en los grandes medios! (Aplausos.) ¡Canal 7 y las radios FM andan haciendo enganches con un grabador, con esto y con lo otro, para ver cómo llegan a Jujuy o a la Patagonia! De eso no se habla. Eso no se ve, eso no lo muestran los grandes canales de tele-visión. Por eso venimos a contarles la historia de estos veintiún puntos y de esta ley.

Las radios se incorporaron en el 85 porque pidieron legalidad, y la siguen pidiendo hoy. Así se constru-yeron muchos de esos artículos. Los cables nacieron como expresión de la comunidad, contando hasta los cumpleaños y casamientos, porque son como el dia-

rio del pueblo; como alguien decía acá, son pequeñas pymes. ¡Y la mitad de esas pequeñas pymes se vendie-ron al gran capital!, no al grupo Clarín. Primero fue un grupo tejano, que como vio que en la Argentina había un gran negocio, se compró todos los cables. Claro, en el uno a uno y a un millón de dólares muchos pe-queños empresarios vendieron sus empresas. Después vino el grupo Clarín y las compró. Pero ya el trabajo lo había hecho un tejano, y esto no me lo cuentan.

Yo recorrí el país, y muchos de los que están acá lo saben. Hay muchos pequeños empresarios que se esconden detrás de las polleras de Clarín, pero ya no se van a poder esconder más. Otros tienen miedo; pero ya no necesitan tener más miedo, porque para tener uno de los eventos que más plata da en el cable inter-vino el Estado, y por eso tenemos el fútbol gratis y ya no va a haber más chantaje. (Aplausos.)

¡La mitad de la ley de radiodifusión ya está apro-bada!, y no porque Kirchner y Cristina se atrevieron, sino democráticamente, porque los presidentes de los clubes de fútbol decidieron que se acabe el chantaje y empezaron a discutir con el Estado, como se tiene que discutir. Algunos dicen: “Claro, ahora el Estado gasta 600 millones para ver el fútbol”. ¡Como si no fuera importante tener entretenimiento para la gente. Como cuando dicen que en las villas hay antenas de televisión y conexión satelital! ¿Cómo no? ¡¿Acaso no tienen derecho los compañeros?! (Aplausos.)

El Estado pone el fútbol gratis, pero no va a perder plata. Si no perdía plata el grupo, ¿por qué va a perder plata el Estado? ¿Es boludo el Estado? (Aplausos.) El Estado va a recuperar esa plata y la va a socializar. Pregúntenle a los cableros, que hoy no dijeron, los que ya están benefi ciados con ese fútbol, que no le tienen que pagar más al grupo; por eso los cables también fueron haciendo la ley, en discusiones, el campo popu-lar es complicado. Los pequeños cableros versus las cooperativas.

Acá lo escuchamos a Polino, que no es del ofi cialis-mo, y escuchamos a muchos que dijeron que querían que las cooperativas defi nitivamente entren. Bueno, ¡que entren!, ¡y van a entrar las telefónicas también! ¡¿Por qué no van a entrar las telefónicas?! ¡¿Qué quie-ren?! ¡¿Entrar por afuera?! (Aplausos.)

Algunos están postulando, también desde el campo popular –y es una discusión–, “No a las telefónicas”. ¿Y por dónde van a entrar las telefónicas? Miren lo que pasa en el mundo. Toda la articulación de los me-dios de comunicación termina y tiene como eje a las telefónicas. Nosotros queremos que entren por afue-ra, y además –con esto no comprometo a mi gobier-no porque lo digo a título personal– me gustaría que las telefónicas vuelvan a Entel. ¿Qué quieren que les diga? (Aplausos.)

Los veintiún puntos y la ley no se hicieron solamen-te en reuniones; se hicieron de vivirla. Las FM, las radios comunitarias, que tienen que pedir préstamos, que tienen que salir a evitar que le cierren la radio, al igual que los cableros, algunos de los cuales tuvieron que resistir la compra de los tejanos o del grupo Cla-rín. Así se hizo la ley, y ahí está la ley. Es la mejor ley

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que podemos tener. ¡Vótenla! ¡No demoremos ni un día más! Porque si demoramos un día más… Muchos de los diputados quieren perder el tiempo y mandarlo para adelante, pero yo no los vi en las audiencias. El diputado De Narváez no vino nunca, aunque forma parte de esta comisión. ¿Por qué no viene y sí va a hacer conferencias de prensa enfrente? Porque las cá-maras están allá; los gerentes pasaron por acá y se van para allá. ¡Pero la gente está acá, y esta ley necesita de la gente! ¡Y los diputados tienen que bancar a la gente que hizo los medios de comunicación! (Aplausos.)

Por eso personalmente, como miembro del gobier-no, como integrante de la Coalición por los Veintiún Puntos, vengo a pedir a los diputados que la voten, que no tengan miedo. Como funcionario me tocó ha-blar en distintos lugares, porque para esta ley no sólo hicimos foros sino que también hicimos encuentros con las fuerzas armadas, de las que hubo 400 repre-sentantes; fueron Lázaro, Gonzalo Carabajal y algu-nos otros funcionarios. Fuimos a explicar lo que era la ley. También hablamos con la Iglesia y con distintos sectores, porque además de funcionarios somos mi-litantes de la comunicación. Les menciono un solo ejemplo. Un representante de la Iglesia y otro de las fuerzas armadas dicen: “Muchachos, pero hay miedo a Clarín, hay miedo a los grupos económicos, ¿no?”. Dos instituciones que supieron meter miedo en la Ar-gentina, como las fuerzas armadas y la Iglesia, saben que hay miedo. Hay muchas fi guras del espectáculo que no vienen; son compañeros y apoyan pero no vie-nen porque tienen miedo de no trabajar nunca más. Y esto hay que decirlo.

¡Por eso nosotros, que somos funcionarios, que te-nemos una carrera, que no queremos ir a buscar tra-bajo a ninguno de esos grupos, venimos a poner la cara por la gente! ¡Que los diputados hagan lo mismo! Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Enrique Honor, en representación de Copitec.

Sr. Honor. – Soy el ingeniero Honor, presidente de Copitec, que es el Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación. Es un consejo creado por ley del Estado, quien nos delega el control del ejercicio profesional, sobre todo en materia federal. Tenemos jurisdicción nacional e incumbencia sobre los profesionales que actúan en la materia.

A los efectos de ser breve voy a leer un documento que fue elaborado por nuestras comisiones internas de Radiodifusión y de Telecomunicaciones.

El Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomu-nicaciones, Electrónica y Computación, cuyos matri-culados actúan, desde su creación, ante los órganos de aplicación en materia de telecomunicaciones y radio-difusión, entre otros, tiene la ineludible obligación de realizar los aportes de opinión desde lo técnico, a los efectos de plasmar en el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, en forma clara y orde-nada, las disponibilidades de las tecnologías aplicadas a los servicios de comunicación audiovisual.

El hecho de emitir una opinión limitada a lo téc-nico se debe exclusivamente a proveerle un marco neutral y despojado de ideologías o tendencias en su aplicación. Cualquier otra opinión con respecto a los diferentes aspectos no técnicos, nuestros matriculados están en condiciones de realizarlos en lo personal ava-lados por su prestigio profesional de amplia trayecto-ria en el medio y con un conocimiento acabado de las distintas realidades, tanto en lo geográfi co como en lo económico y social de nuestro país.

En el marco indicado, este Consejo considera que tenemos una buena oportunidad para plasmar en un marco normativo único la rica experiencia que tiene nuestro país a través de estos años y que no debemos desaprovecharlos.

Las consideraciones que se expresan son producto del análisis realizado por nuestras comisiones internas de Radiodifusión y de Telecomunicaciones.

Como consideración previa debemos indicar que tanto la Unión Internacional de Comunicaciones –UIT– en su normativa internacional, como la le-gislación vigente en Estados Unidos, los países de la Comunidad Económica Europea y los países más desarrollados consideran a la radiodifusión como un acápite de las telecomunicaciones, es decir, que a par-tir de las leyes que rigen las telecomunicaciones se desprende un capítulo específi co para los servicios de radiodifusión.

Para compatibilizar la legislación de los sistemas locales de comunicación con las normas internacio-nales vigentes en la materia, a las cuales suscribió oportunamente la República Argentina y que en virtud del artículo 75, párrafo 22, de nuestra Constitución Nacional que tiene una jerarquía superior a las leyes nacionales, se deberían realizar las siguientes modifi -caciones:

En cuanto a las defi niciones. De acuerdo con lo es-tablecido en la reunión plenaria de la UIT, realizada en Nairobi en el año 1982, y aprobado por los países signatarios, incluyendo a la Argentina, están vigentes internacionalmente las defi niciones de cada uno de los servicios. El Reglamento de Radiocomunicaciones incluye la atribución de bandas de frecuencias. En la Argentina se incorpora a nuestra legislación mediante la ley 23.478. En la mencionada ley, el servicio de ra-diodifusión está defi nido en el ítem 2.012 como parte del capítulo de defi niciones de los servicios estableci-dos por dicha ley.

Entre otras defi niciones, el Reglamento de la UIT de 2008, en la sección III, defi ne a los servicios de radiodifusión como se indica a continuación.

Telecomunicación: toda transmisión, emisión o re-cepción de signos, señales, escritos, imágenes, soni-dos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Radiocomunicación: toda telecomunicación trans-mitida por ondas radioeléctricas.

Servicio de radiodifusión: servicio de radiocomu-nicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servi-

56 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Viernes 11 de septiembre

cio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género.

Servicio de radiodifusión por satélite: servicio de radiocomunicación en el cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destina-das a la recepción directa por el público en general. En el servicio de radiodifusión por satélite, la expresión “recepción directa” abarca tanto la recepción indivi-dual como la recepción comunal.

Como puede observarse, las defi niciones del pro-yecto de ley de servicios de comunicación audiovisual se apartan signifi cativa e innecesariamente de las de-fi niciones establecidas internacionalmente por la UIT y las ya adoptadas por nuestro país por convenios y tratados internacionales. Los servicios de radiodifu-sión se efectúan exclusivamente por onda radioeléc-trica –es decir, por aire– únicamente en las bandas del espectro de frecuencias atribuidas a dicho servi-cio, y su programación es de acceso libre y gratuito para el público en general, es decir, para un público indeterminado. En la defi nición de radiodifusión del proyecto de ley de servicios audiovisuales se adiciona la frase “o determinable”, que contradice el concepto de “general”.

Las subdivisiones de la defi nición de radiodifusión en “abierta”, “sonora”, “televisiva” y “móvil” no tie-nen consistencia alguna, ya que éstas están incluidas en la defi nición del servicio por parte de la UIT.

Es de señalar que a la palabra “radiodifusión” se agrega la palabra “móvil”. Si con este término se quiere signifi car que el receptor se encuentra en mo-vimiento, esta situación no deja de confi gurar un ser-vicio de radiodifusión ya defi nido, libre, gratuito, al alcance de todos.

Se estima que en las defi niciones del anteproyecto se mezclan el tipo de servicio, tamaño del aparato y su uso.

Los servicios llamados “a pedido o demanda” o “por suscripción” son servicios especiales; no son servicios de radiodifusión, ya que no son de acceso li-bre y gratuito para el público en general. Cabe aclarar que, como está establecido en las defi niciones de la UIT respecto al servicio de radiodifusión por satélite, también están destinadas a la recepción directa por el público en general, por lo cual un servicio codifi cado a título oneroso por satélite no entra en la defi nición.

En la defi nición del proyecto vuelve a utilizarse el término “radiodifusión” en forma incorrecta ya que se agregan las palabras “vínculo físico”, que aquí se entiende como cable, fi bra óptica, etcétera. La distri-bución del cable o la fi bra no es general, son circuitos casi cerrados, como requiere la defi nición, ya que con el vínculo físico no se utiliza el espectro radioeléc-trico, y además se distribuye a abonados particulares, es decir, a un público determinado y por lo común a título oneroso, por lo que no son servicios de radio-difusión.

Los actualmente denominados “servicios comple-mentarios” no deben ser considerados servicios de radiodifusión, tal como no los considera la legislación vigente.

La tipifi cación de los distintos servicios actuales y de los no previstos al presente, así como vocablos y conceptos técnicos que resulten necesarios, deberían reglamentarse por medio de resoluciones y/o disposi-ciones administrativas de menor jerarquía que una ley o un tratado internacional, de manera tal de facilitar su modifi cación en función del avance tecnológico, siempre y cuando no se encuentren ya defi nidos a ni-vel internacional.

En cuanto al espectro radioeléctrico, es un recur-so imprescindible para los servicios de radiodifusión. Todos sabemos que es un recurso no renovable, fi nito y agotable a nivel mundial, aun con la actual tecno-logía de digitalización. Constituye el único vínculo posible que sustenta los servicios de radiodifusión. Es patrimonio de la humanidad, y por su naturaleza y principios está sujeto a legislaciones nacionales e internacionales. Por lo tanto, es de jurisdicción na-cional, correspondiendo al Estado nacional su admi-nistración, fi scalización, asignación y distribución a través de planes nacionales de servicios que contem-plen aspectos tales como los técnicos, demográfi cos y económicos, así como el cumplimiento de acuerdos y convenios internacionales, estaciones de radiodifu-sión ya autorizadas y períodos de transición para la implementación de nuevos servicios no previstos por el advenimiento de nuevas tecnologías.

Como todo recurso escaso, y por sus característi-cas, el espectro radioeléctrico debe contar con una administración centralizada, dinámica y efi ciente del mismo por parte del Estado nacional, con el objeto de que la asignación y explotación de canales permitan un máximo aprovechamiento del mismo en benefi cio de todas las actividades del país.

En nuestro país actualmente existen tres importan-tes organismos, la Secretaría de Comunicaciones, la CNC y el COMFER, que intervienen en decisiones sobre un mismo espectro. El primero representa a la Nación en las reuniones regionales, a partir de las cua-les se generan los convenios o acuerdos internaciona-les en materia de compartimiento de recursos escasos, como es el caso del espectro radioeléctrico, ya que por misión y funciones son los encargados de efectuar su administración.

El segundo tiene responsabilidad en el control, y el tercero dispone la adjudicación de las frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión a través de li-cencias para la adjudicación directa y el Ejecutivo Nacional.

Me queda poco tiempo, pero si concluyo acá creo que no voy a poder transmitir el concepto.

Sr. Instructor (Peralta). – Le concedemos unos mi-nutitos más.

Sr. Honor. – Gracias.La introducción de técnicas de modulación digital,

si bien permite una mejora del rendimiento del espec-tro radioeléctrico, no implica la ampliación del mismo. En consecuencia, subsistirán limitaciones para otorgar nuevas licencias, más allá de la tecnología aplicada.

Es de destacar que la radiodifusión digital, pese a su robustez, requiere un espectro con la menor inter-

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ferencia posible. Una digitalización generalizada sólo es concebible en un entorno de estricto cumplimiento de las normas técnicas y la eliminación total de emi-sores no licenciados. Ello exige una férrea decisión de eliminar las emisiones clandestinas, regulando en for-ma defi nitiva los permisos precarios y/o provisorios, sancionando enérgicamente a los titulares de servicios de radiodifusión que operen con parámetros técnicos diferentes de los autorizados.

Cabe destacar la severidad que se observa en la le-gislación de otros países en este sentido. Esta situa-ción de caos del espectro radioeléctrico, sobre todo en la banda atribuida a las estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, se profundiza por el vaciamiento de profesionales de las emisoras de alta potencia. Esta participación no se encuentra refl ejada en el presente proyecto de ley, y a modo de ejemplo se puede marcar que en el canal público –Ca-nal 7– su gerente de ingeniería no es ingeniero.

Para generalizar, para la digitalización será necesa-ria una planifi cación general de las bandas atribuidas a radiodifusión, de modo de aprovechar al máximo las posibilidades de dicha técnica. La elaboración de los planes de radiodifusión deberá incluir la selección de las normas aún no defi nidas, como es el caso de la ra-diodifusión sonora, e incluir en el análisis los aspectos políticos, demográfi cos y técnicos, siendo estos últi-mos los que imponen límites a los anteriores, ya que no pueden funcionar en una misma área geográfi ca más estaciones que las que el espectro permite.

Voy a saltear parte de la lectura. De todos modos, el documento está en la página web para quien quiera leerlo.

Nosotros proponemos adoptar las defi niciones téc-nicas enumeradas a los efectos de cumplir con las nor-mas y tratados internacionales fi rmados oportunamen-te por nuestro país. Y creo que esto llevaría a que en la discusión que pueda tener el país por la distribución de bandas estemos hablando en el mismo lenguaje. Esto es importante a los efectos de poder plasmarlo después en los acuerdos que podamos llevar adelante.

Como Consejo, creo que es importante que tenga-mos la participación de Copitec, que fue creado por ley y que tiene el control del ejercicio de la profesión, los órganos de reglamentación y control del cumpli-miento de la ley que se instrumente.

Invito a quien quiera ver el documento completo a consultar la siguiente página web: www.copitec.org.ar. Estamos a disposición de quienes lo requiera para responder cualquier inquietud o duda que pudieran te-ner. Muchas gracias.

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra Javier Delupi, en representación de CAPIF.

Sr. Delupi. – Buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos participar.

Soy representante de la Cámara Argentina de Pro-ductores de Fonogramas y Videogramas, CAPIF, que representa a los sellos discográfi cos que actúan en nuestro país y tienen a su cargo el ciento por ciento de la producción musical argentina. CAPIF representa los sellos discográfi cos denominados grandes, media-

nos y pequeños que participan en la producción na-cional.

Nuestro país, para dar una idea de la penetración de producción nacional, que es un orgullo, tiene un 50 por ciento. El mercado argentino de la música está re-presentado en un 50 por ciento por artistas argentinos y tiene casi un ciento por ciento de sellos argentinos. Por lo tanto, para nosotros éste es un aspecto de defen-sa sectorial muy importante.

El aspecto que nos llama a dar nuestra opinión está referido al proyecto de ley en cuanto a que la músi-ca es un contenido. Si bien es accesorio, creo que es trascendente para la producción de música nacional proyectada a través de los medios. Nuestro objetivo en este punto es poner atención en el artículo 57, aparta-do 1, ítem a), ii, donde dice: “Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea de autores o intérpretes naciona-les, cualquiera sea el tipo de música de que se trate por cada media jornada de transmisión”.

Esta primera parte es idéntica a la propuesta del proyecto de ley que tuvo tratamiento y debate ante-riormente al que tuviera estado parlamentario, pero nosotros hemos notado que al ingresar el proyecto de ley se incluyó otro párrafo a continuación del anterior, que dice: “Esta cuota de música nacional…” –es decir, el 30 por ciento de la música de la radio, que se trans-formaría en un 15– “…deberá ser repartida propor-cionalmente a lo largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión de un cincuenta por ciento (50 %) de música producida en forma independiente, donde el autor y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra. La autoridad federal de ser-vicios de comunicación audiovisual podrá eximir de esta obligación a estaciones de radiodifusión sonora dedicadas a colectividades extranjeras o a emisoras temáticas”.

En este punto quiero manifestar, en nombre de CA-PIF, algunas observaciones. Desde el punto de vista genérico estamos de acuerdo en el desarrollo y debate de lo que es una ley de radiodifusión, pero en este as-pecto muy fi nito creemos que hay un tema que es en primera instancia discriminatorio con los alcances de la norma respecto de los sellos discográfi cos.

Déjenme en este punto referirme a una cuestión conceptual. ¿Cómo se produce la música? General-mente en la ley de servicios audiovisuales nos aden-tramos en lo audiovisual; pero la música, si bien tiene un esquema similar, tal vez es diferente. Obviamente hay un autor y un compositor de música y letra, luego un artista que traduce esa letra, esa composición –que la puede expresar ante un público–, y fi nalmente un productor o sello discográfi co que edita ese trabajo. Para hacer una comparación con lo audiovisual, el ar-tista musical es el actor en lo audiovisual; luego, al autor o compositor de la letra y de la música lo pode-mos comparar con el autor del guión y el productor

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de fonogramas, que es como el sello discográfi co, el productor de la obra audiovisual.

Ahora bien; en este punto nos encontramos con que cuando queremos garantizar que el 30 por ciento de la música sea nacional le ponemos un doble requi-sito, que es este que mencionábamos: que el autor o el intérprete sean los titulares de los derechos de co-mercialización de su propio fonograma. En defi nitiva, estamos rompiendo el molde de producción que pre-tende garantizar el proyecto de ley que hoy estamos evaluando, porque el modelo de industria creativa bá-sicamente necesita que cada uno cumpla su rol.

Veamos por ejemplo qué ocurre cuando hablamos de los servicios de radiodifusión televisiva y abierta, para hacer una comparación con lo audiovisual. Del 30 por ciento salta al 60 por ciento. Dice: “Sesenta por ciento (60%) de producción nacional por cada me-dia jornada de programación”. Aclara que: “deberán emitir un mínimo del veinte por ciento (20%) de pro-ducción local independiente cuando se trate de esta-ciones localizadas en ciudades con más de seiscientos mil (600.000) habitantes…”. Esto es correcto, porque sigue estableciendo ciertos parámetros de protección sin desnaturalizarla, porque si siguiera el mismo mo-delo del musical debería decir que ese 10 o 20 por ciento deberá ser de producciones audiovisuales que estén manejadas por los propios artistas.

En la producción musical ocurre muchas veces que un artista produce su propia música, y esto es algo que CAPIF obviamente alienta y protege. Pero cuando el artista –sea autor, compositor o intérprete– también produce, tiene un sombrero más; tiene tres sombreros: por un lado es autor, por otro lado es artista y por otro lado es productor.

Por lo tanto, acá hay una desnaturalización de este concepto cuando pedimos que no haya productor.

CAPIF sostiene que no se puede excluir a los sellos de la participación en la radiodifusión. Estamos de acuerdo en que sean los mismos artistas o los mismos intérpretes los que manejen sus derechos, y CAPIF hace la liquidación de los derechos de comunicación al público todos los días para los artistas, los intérpre-tes que son titulares de sus propias grabaciones, pero porque son productores.

Por lo tanto, solicitamos que se vuelva a la propues-ta original, en la cual no estaba este segundo párrafo, y que esta consideración no sea tenida en cuenta. Esto porque desnaturaliza la producción. La producción cultural en la música es obviamente simple y lógica. El sentido común es que hay un artista, un actor y un productor. Por ejemplo, León Gieco, que es autor, in-térprete y productor, seguirá siendo León Gieco pero tendrá tres diferentes derechos a ejercer. Ahora bien, si el 15 por ciento de la radiodifusión deberá ser casi desnaturalizada, creemos que no corresponde. Y en este punto está nuestra objeción.

Vuelvo al ejemplo de lo audiovisual. No dice que los artistas deben ser titulares de los derechos audio-visuales, solamente habla de producción local inde-pendiente, lo cual creo que hace aun más incoherente la solución dada en este último párrafo, tal vez apre-

surada, del proyecto de ley, porque no estaba en la propuesta.

Sus defi niciones son realmente ambiguas desde el punto de vista jurídico y se refi ere a muestras produ-cidas en forma independiente. Cuando vamos a las defi niciones encontramos que solamente está defi nido como producción independiente. La producción inde-pendiente de ningún modo es la defi nida en este caso, cuando el artista maneja sus propios derechos, sino que tiene otras defi niciones. Por lo tanto, creemos que la decisión tomada en este punto no es coherente y no es de sentido común, desde el punto de vista con-ceptual. Estamos de acuerdo con esto pero está mal expresado.

Por lo tanto nosotros, que no hemos tenido partici-pación ni en la propuesta –como los productores mu-sicales que representamos– ni posteriormente, siendo ésta la primera vez que tenemos la posibilidad de ex-presar nuestra opinión, solicitamos a la comisión que este punto sea reconsiderado previo a que tenga trata-miento sobre tablas y que se nos tome en cuenta para futuras redacciones. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Ricardo Elorza.

Sr. Elorza. – En primer lugar quiero decir que esta-mos apoyando este proyecto de ley, y en especial los 21 puntos que ya se han mencionado aquí en forma reiterada, fundamentalmente porque tiene un sentido federal auténtico.

Creemos que la producción nacional ocupa un es-pacio que quizás, como ya dijeron, podría ser aún ma-yor al 60 por ciento del que se habla –nosotros quisié-ramos que fuera del 75 por ciento–, pero creo que la terminación de los monopolios le da sufi ciente fuerza como para que la Cámara de Diputados, primero, y la de Senadores después, aprueben este proyecto.

Queremos hacer dos menciones relacionadas con el artículo 150 del proyecto, que han sido incorporadas a nuestro pedido. La primera se refi ere a la potencia que se solicita para las frecuencias moduladas, es decir, que en lugar de ser de un kilovatio sea de 7 kilovatios. Les pedimos a los señores diputados que especialmen-te tomen en cuenta este tema porque es la única forma para que cada una de las emisoras de radio de frecuen-cia modulada sea escuchada como corresponde.

El segundo punto, que también está considerado en el artículo 150, es el referido al otorgamiento de licen-cias que quedan pendientes. El Estado nacional está en mora y lamentablemente el Congreso Nacional no ha tratado de remediar este problema que ya lleva diez años. Aquellos que nos presentamos hace diez años –en 1999– a la licitación de adjudicación directa, en cumplimiento de lo solicitado por el Estado nacional y el Comité Federal de Radiodifusión, todavía estamos esperando el otorgamiento de la licencia respectiva.

Por lo tanto, solicitamos que esta Cámara apoye la cuestión para que el Poder Ejecutivo pueda subsanar de inmediato este atraso de diez años en el cumpli-miento de una ley para quienes compraron el pliego, presentando distintas carpetas, que fueron también mesuradas y que en función de esa nominación tuvie-

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ron un lugar en cada ciudad de la República Argen-tina.

Finalmente, quiero pedirles algo inusual, aprove-chando la circunstancia de este debate prácticamente nacional –creo que es la primera vez que pasa algo así– del que se pueden tomar riquísimas presentacio-nes que se hicieron desde este estrado a través de los medios de comunicación, especialmente de Canal 7.

Deseo recordar que en 1960, en pleno período dic-tatorial constitucional –había una proscripción muy importante en aquel entonces–, para el sesquicentena-rio de la Revolución de Mayo, el Congreso Nacional realizó uno de los trabajos historiográfi cos más impor-tantes que yo conozca: la Biblioteca de Mayo.

En realidad nosotros ya venimos trabajando en nuestras emisoras desde hace varios años porque en 2006 se dio el primer movimiento revolucionario, al cumplirse el bicentenario de la reconquista, y esto se extiende hasta 2016, bicentenario de la declaración de la independencia de 1816. No digo que es para estar a la altura de las circunstancias porque puede parecer que uno lo dice de una forma despectiva y no es mi in-tención, pero quiero refrescar, en medio de todas estas cuestiones circunstanciales que se van viviendo –que son importantes, por supuesto–, que el bicentenario solamente va a suceder una sola vez. En el sesquicen-tenario se llevó a cabo la Biblioteca de Mayo, que hoy está en muchos anaqueles –aunque desconocida por muchos argentinos–, donde convergen toda la docu-mentación y los momentos previos a la Revolución.

Además, quiero decirles que para nosotros el 25 de mayo de 2010 y el de 1810 son momentos del almana-que donde pega la punta de una fl echa que ya venía de antes. La Revolución se preparó mucho tiempo antes y ahora vemos que hay una ausencia importante en los medios de comunicación.

Por eso quiero pedir a este cuerpo, aprovechando esta discusión sobre los medios de comunicación au-diovisuales, que utilice la posibilidad que le dan justa-mente estos medios y así como lo hicieron en 1960 se pongan a la cabeza de lo que es el bicentenario, para que cada chico y cada joven, a través de los medios de comunicación, pueda estar más cerca de la ver-dad. Porque nada mejor que conocer nuestro pasado, nuestra historia y la obra inconmensurable de nuestros libertadores para ver a qué destino podemos aspirar. Muchas gracias. (Aplausos).

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Alberto Cardiello, en representación de Cuyo TV So-ciedad Anónima.

Sr. Cardiello. – Buenas tardes, señores diputados, miembros de las comisiones de Comunicaciones e In-formática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión.

Cuyo Televisión Sociedad Anónima, en su carác-ter de licenciataria de LV 83 Canal 9 de televisión de Mendoza, se presenta ante ustedes y expone lo si-guiente.

El proyecto de ley en debate, de comunicación au-diovisual, declara como uno de sus objetivos centrales la defensa del federalismo y el pluralismo. Entende-

mos que resultará un verdadero desafío para los le-gisladores lograr que, en función de las cuestiones en juego, no se genere en la faz operativa el cierre de medios del interior, que son empresas independientes y que en cada provincia ponen su mejor esfuerzo para el logro de su cometido periodístico, que por cierto está totalmente alejado de intereses centralistas o mo-nopólicos de cualquier tipo y carácter.

Sólo el principio del federalismo en su expresión operativa puede generar igualdad de oportunidades frente a procesos de desequilibrios de mercado y con-centración, que llevados a su máxima expresión pue-den desnaturalizar nuestra propia identidad provincial, primero, y nacional, después.

Es necesario que se plantee un fuerte resguardo a las empresas de medios del interior con un criterio concreto y realista, pues de no legislarse apropiada-mente esta particular situación devendrá –en modo in-eludible– en que cientos de trabajadores de televisión y radio de todo el país se verán afectados, obteniendo como resultado un saldo ampliamente negativo, entre los que perderán su trabajo y los que supuestamente ingresarán al campo laboral como consecuencia de la instalación de nuevos medios “no comerciales”, pero que se fi nanciarán con la venta de publicidad, algo in-concebible en los tiempos que corren.

En concreto, dentro del proyecto en debate exis-ten dos ejes que deben esclarecerse: por un lado, pro-ducción propia del medio provincial, y por otro, venta de publicidad de los nuevos medios que podrán acce-der al espectro con esta nueva legislación.

Como se advierte fácilmente, ambas cuestiones es-tán vinculadas a la ecuación económico-fi nanciera de cualquier empresa, y en este punto debe ser realista el legislador. La televisión abierta –cuyo único medio de subsistencia es la publicidad– está atravesada por una problemática estructural de público conocimiento que ha llevado al propio Poder Ejecutivo a realizar accio-nes desde el punto de vista impositivo para menguar sus pérdidas y permitir su continuidad.

Es claro, para quien conoce la cuestión, que la in-versión publicitaria tiene una tendencia a la baja por razones de carácter estructural. Si a este escenario se une la coyuntura y la aparición de nuevos medios en mercados provinciales, estamos frente a una muerte anunciada de estas empresas. Asumiendo que este es-cenario descrito resulta ajeno a la voluntad de la to-talidad del espectro político, debe actuarse con gran precisión sobre el particular.

En el proyecto en debate se advierte que al tratarse el tema de redes, capítulo IV, “Fomento de la Diver-sidad y Contenidos Regionales”, artículos 54, 55 y 56, se plantea que: “la emisora adherida a una o más redes no podrá cubrir con esas programaciones más del treinta por ciento (30%) de sus emisiones diarias ni ocupar con ellas los principales horarios, que serán determinados por la autoridad de aplicación atendien-do al carácter regional de las emisoras”.

En tanto, en el artículo 57, “Contenidos”, se plantea que los servicios de radiodifusión televisiva abierta “c) Deberán emitir un mínimo del veinte por ciento

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(20%) de producción local independiente cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de seiscientos mil (600.000) habitantes, y un mínimo del diez por ciento (10%) en otras localizaciones…”.

De una interpretación integral surgiría que en ma-teria de producción propia un canal provincial debería generar el 20 por ciento de producción local indepen-diente.

La cuestión está en dejar totalmente en claro que la adquisición de programación que un canal provincial efectúe, a un canal de la ciudad de Buenos Aires u otra provincia, no está comprendido en el concepto de la Red Privada Permanente. Caso contrario, tendremos en este punto una cuestión de innecesaria litigiosidad.

En razón de lo expresado, sugerimos que en mate-ria de redes permanentes privadas no se incorpore el concepto de mínimos de producción propia. Se prevé que se fi nancien las actividades de Radio y Televisión Argentina S.A. –artículo 126–, los medios de comuni-cación audiovisual universitarios y educativos –artí-culo 136–, los servicios de comunicación audiovisual de pueblos originarios –artículo 142–, como asimismo cualquier circunstancia de hecho que quede compren-dida en este supuesto.

Este criterio de fi nanciación por venta de publici-dad, aplicado a zonas de cobertura primaria provin-cial, generará un impacto económico de tal magnitud que hará inviable la continuidad de las empresas li-cenciatarias de carácter local e independiente. De no limitarse esta facultad de fi nanciación de estos nuevos medios en relación con las provincias, se determinará que inevitablemente desaparecerán las empresas lo-cales e independientes. Lo que se muestra como una herramienta horizontal y democrática puede tornarse en masiva para la misma sociedad si no se estable-ce claramente cómo subsistirán. La sospecha apunta directamente al uso de la publicidad ofi cial y su dis-tribución junto al mercado, cada vez más escaso, que utiliza la publicidad comercial del campo privado.

En virtud de lo expresado sugerimos que se limite esta fi nanciación de los nuevos medios por venta de publicidad a la zona primaria de cobertura preferen-cial de menos de 3 millones de habitantes, en la que ya se exploten dos licencias comerciales como mínimo. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra la se-ñora Verona de Maestri, en representación de La Su-destada.

Sra. De Maestri. – En primer lugar quiero aclarar que represento a La Pulseada –no La Sudestada–, que es una revista de La Plata. Soy cofundadora e inte-grante de la revista La Pulseada, de La Plata, que na-ció a partir de un hogar de chicos de la calle fundado por Carlos Cajade, que seguramente muchos conoce-rán. La publicación salió hace siete años y forma parte de una red de revistas que se llama Revistas por la Inclusión Social en la Argentina. Se trata de proyectos periodísticos sociales, que han nacido paralelamente en otros lugares del país.

Antes de leer la breve ponencia que armamos junto con las demás revistas quiero aclarar en qué contexto

estamos ejerciendo la profesión quienes nacimos en la dictadura, vivimos la adolescencia con el alfonsinis-mo y el menemismo y nos recibimos en 2001.

La primera escena de vida cotidiana sucedió en la facultad a mediados de los 90, en una cátedra –que no viene al caso– de una universidad pública, en donde nos venían a enseñar cómo hacer una nota de opinión. Teníamos que redactarla a partir de un ejercicio que nos habían dado para realizar, votar cuál era el per-sonaje más odiado y el más querido en esa clase –el más odiado era Videla y el más querido era Estela de Carlotto– y escribir una nota a favor y otra en contra de cada uno de los dos personajes.

Nos miramos entre nosotros y algunos nos levan-tamos y nos fuimos, no antes sin decir que nos pare-cía que si queríamos ser mercenarios queríamos tener el derecho de opinión cuando nos recibiéramos y no ejercitarlo antes de recibirnos. (Aplausos.)

Éramos pocos. Finalmente nos recibimos. Yo par-ticularmente me recibí el 19 de diciembre de 2001 y no me dieron el título hasta un año después porque la universidad no tenía tinta. Me recibí, con el título en la mano, feliz, y me dije: “Bueno, ¿qué hago con el título?”

Me postulo para las Becas Clarín de Pequeños Pe-riodistas, o periodistas jóvenes. Salgo preseleccionada a partir de una biografía que había escrito. Voy a ren-dir contenta. Eran varias instancias de examen. Una de las instancias era un multiple choice donde hacían una diversidad de preguntas. La convocatoria era li-bre, abierta y federal. Una de las preguntas era: ¿Qué estaciones de la Línea B de subtes se inaugurará en breve? En la otra se enunciaba que ese día, esa sema-na, habían matado a un hombre y después, con una amoladora, lo habían cortado a pedazos. Entonces la pregunta era: ¿En cuántos pedazos: 20, 25 o 21? Puse 20, y eran 25. Perdí. Así me liberé de Clarín, entre preguntas porteñas y bizarras. (Aplausos.)

Y ahí empecé a hacer periodismo. Fundamos una revista que se llama La Pulseada. El cura era el edi-tor, pero todos éramos ateos, evangelistas y demás. El cura era muy amplio. La idea era sacar una revista para que la vendan desocupados y se quedaran con la mitad del precio de tapa. Era también una forma de dar trabajo.

Voy a leer la ponencia que preparamos entre La Pulseada y otras tres revistas del país, que tienen un perfi l muy parecido. Dado el vicio periodístico le he-mos puesto título: “La mayor de las pulseadas”.

“Tuvimos que pellizcarnos ese 18 de marzo en el Teatro Argentino de nuestra ciudad de diagonales. En la sala Astor Piazzolla lo que sonaba era música para nuestros lastimados oídos: se presentaba, más que un proyecto de ley, una respuesta a las cientos de organi-zaciones que trabajosamente habían logrado la mayor articulación y aglutinamiento en torno a un tema, hil-vanado en torno a 21 puntos, que lograron incidir para que por primera vez en la historia se ganara la agen-da pública y sucediera lo impensable: que los medios hablaran de los medios, que no les quedara otra que

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mostrarse como actores interesados y se subieran al escenario, que salieran de la madriguera.

”En ese teatro incendiado, desaparecido, y vuelto negocio y mole…” –porque es horrible, no sé si lo conocen– “… tras la última dictadura nos pellizcamos con colegas, compañeros, amigos, padres y madres de la profesión, orfebres del periodismo, militantes y ar-tesanos del ofi cio que hacen magia con un grabador y una PC, lapicera y un papel, que pelean bien chiquito dentro de un ‘gran medio’ o bien aislados desde la pe-riferia comunicacional.

”En ese teatro no se estaba presentando un proyecto de ley, se estaba presentando una correlación de fuer-zas. No era el proyecto de ley de un gobierno, era el de un pueblo organizado progresivamente a lo largo del último cuarto de siglo, y 21 puntos.

”‘Es una locura’, nos habían dicho muchos colegas platenses desde su buena leche, a fi nes de 2001, cuan-do desde el Hogar de Carlos Cajade (que llevaba ya más de dos décadas de trabajo social en la ciudad) se nos ocurrió la desorbitada idea de fundar una revista.

”Eran épocas de balas en Plaza de Mayo, y caballe-ría sobre la Madres, de confusionismo de presidentes, de la posterior devaluación de la moneda y la suba exponencial de la tinta y el papel… Épocas en que se nos ocurría sacar una revista.

”Pero el hogar tenía su imprenta manejada por pi-bes que antes vivieron en la calle y decidió imprimir-la. Y los periodistas tenían ganas, y la banca de un cura al que no le importó que fuéramos ateos, judíos o evangelistas.

”La llamamos La Pulseada, por la distribución de la riqueza pero también de la palabra. Porque como de-cía Carlos Cajade, el cura, el militante social: ‘cuando le damos de comer a los pibes estamos tirando salva-vidas. Con la revista tenemos que cambiar las cabezas y ser muchos para parar la inundación’.

”Pasaron siete años del nacimiento de La Pulseada y sus integrantes fuimos creando centros culturales, radios y cooperativas.

”Pasaron cinco años de la presentación de los 21 puntos que ayudamos a gestar y a la que asistimos; y casi cuatro de la muerte de Carlos Cajade.

”Pasaron ya tres años del descubrimiento superador de que no estábamos solos. Junto con La Pulseada, que es vendida por trabajadores desocupados que se quedan con parte del precio de tapa –y es vendida en kioscos, donde parte de lo recaudado es destinado a hogares y comedores– crecían en otros puntos del país otras iniciativas periodístico-sociales que padecían la misma concentración del mapa mediático en sus loca-lidades, el mismo silencio de radio frente a los temas abordados desde la perspectiva de los que menos tie-nen, y la misma impotencia.

”La revista La Búsqueda nació en 2004 en la ciudad de Santa Fe, es vendida por adolescentes, jóvenes y adultos para quienes no sólo es una herramienta de trabajo sino una forma de ser escuchados.

”También la revista de la Asociación Civil Barrile-tes, que nació en Paraná en 2001 y es vendida por jó-

venes y adultos en situación de extrema pobreza como una alternativa a la mendicidad.

“Y Panza Verde, que tiene casi 23 años de existen-cia en Concordia, como publicación de humor políti-co, y que a partir de la vinculación con Barriletes se empezó a plantear como revista de calle.

”Todas decidimos agruparnos como ‘Revistas por la Inclusión Social en Argentina’, RISA…” –la idea era salir del martirologio, de la cuestión nostálgica y triste de lo negativo– “…, por ser emprendimientos editoriales sin fi nes de lucro, con trabajo autoges-tionado y autosustentable, en defensa de sectores en situación de vulnerabilidad, por la promoción de los derechos de los niños y jóvenes. Todas tenemos for-mas de circulación no convencionales, más allá de la lógica del gran mercado editorial.

”En RISA nos agrupamos comunicadores y militan-tes sociales que apostamos a la desmonopolización de la palabra.

”En esa pelea estamos todos, menos cuatro, los cua-tro grupos económicos que concentran el 80 por cien-to de la propiedad de los medios en la Argentina.

”Si bien esta ley no legisla sobre los medios grá-fi cos, ellos no están fuera de la suerte que corren los audiovisuales. La famosa ‘convergencia’ no tiene que ver sólo con los grandes capitales que juegan a gran escala.

”Si entendemos que los medios chicos –cuyo con-tenido es generado por las organizaciones del pueblo– no tienen por qué ser sinónimo de precariedad sino todo lo contrario, debemos entender en qué mapa nos movemos y tener una cartografía adecuada.

”‘Desde el año 2000 a 2004 se ha consolidado la tendencia de cada vez menos actores en condiciones más dominantes’, defi ne una publicación que se pre-senta justamente hoy, de Martín Becerra y Guillermo Mastrini.” Se trata de dos académicos que han estu-diado el tema durante muchos años.

”Ellos hablan de un concepto abarcativo para hablar de comunicación, mensajes, medios… Hablan de in-dustrias infocomunicacionales, pues la convergencia es un espacio tecnológico, económico y reglamenta-rio. La concentración de la industria que va confi gu-rando ese escenario ‘tiende a la unifi cación de la línea editorial’.

”El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que recupera los 21 puntos no habla –y está bien que así sea– de contenidos. Pero la diversi-dad de contenidos está garantizada con las cláusulas antimonopolio que plantea.

”Desde los medios gráfi cos, desde las organizacio-nes sociales que los han parido y quieren salir de la marginalidad comunicacional y seguir creciendo, des-de los comunicadores que inventamos esos medios, creemos que sólo dentro de muchos años seremos conscientes del momento histórico que está viviendo el país, de promulgarse esta ley.

”Tomará su dimensión real, como todo, mucho des-pués de haber sucedido. Pero antes, debe suceder. Y para ello el Congreso, los diputados y senadores, de-berán estar a la altura de la historia y votar por esta ley

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que recoge por primera vez la propuesta del más am-plio colectivo. Deben estar a la altura representando la ciudadanía y no a los monopolios, porque una ley antimonopólica no es una ley de nadie, es de todos, porque los gobiernos pasan, pero las leyes quedan. Y lo que está en juego es más grande que un ‘a favor’ o ‘en contra’. Están en juego las condiciones de posibi-lidad para construir el sentido de los acontecimientos en las próximas décadas”.

El 33 por ciento del espectro radioeléctrico reserva-do para las organizaciones sin fi nes de lucro es garan-tía de esta diversidad y federalidad en la información necesaria para que nunca más nos privaticen la mane-ra de ver el mundo.

Volviendo a las diagonales, recuerdo que cuando pensamos el nombre de nuestra revista platense nos decidimos por La Pulseada, por las tantas que ve-níamos dando en torno a la distribución de la riqueza pero también de la palabra.

Hoy sabemos que no pueden saltearse pasos ni pulseadas. Carlitos Cajade no estará para festejar un paso más hacia ganar la gran pulseada, la defi nitiva, en un país que vuelva a tener a sus niños como únicos privilegiados. O quizás esté desde algún lugar, rién-dose de nuestras incredulidades. Porque Cajade, ese querido militante social, sabía que es cuestión de te-ner paciencia, decisión y perseverancia. Ingredientes que se han ido alineando en 25 años para comenzar a parar la inundación y sembrar por fi n nuevas realida-des nombradas con nuevas palabras. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el abo-gado Ignacio Vélez Carreras.

Sr. Vélez Carreras. – Para una persona de mi gene-ración es conmovedor y emocionante la posibilidad de poder participar en este debate y aportar ideas desde una determinada mirada.

El hecho de que esta ley proveniente de los 21 puntos de la Coalición pueda ser debatida y que ese mismo debate llegue hoy al Congreso de la Nación se refl eja en una sensación de vivir plenamente la posibi-lidad de participar en serio en la construcción del país que soñamos toda la vida. (Aplausos.)

Es muy conmovedor y emocionante. Hemos vivido cosas espantosas en la resolución de muchos de los confl ictos dominantes con que en este país nos han acostumbrado.

Soy comunicador social y abogado y quisiera co-mentar algunas cosas desde la práctica concreta en trabajar temas de salud relacionados con los monopo-lios que hoy controlan y manejan los medios masivos de comunicación.

No voy a entrar en el análisis de la ley porque eso me supera totalmente. En primer lugar, me quiero re-ferir a la confi anza del conjunto de la sociedad en el sistema de salud, cuestión absolutamente central para la vida de todas las comunidades.

Esa confi anza es cotidianamente deteriorada por un tratamiento banal y por un tratamiento dirigido a la creación del temor, del pánico, de la desesperación, la

angustia por los monopolios que manejan los medios masivos de comunicación.

Es como entrar a la casa de uno, angustiarlo, pre-ocuparlo, shockearlo, desesperarlo, que se encierre, que no tenga otra alternativa que la desesperación y la observación de cómo esto no tiene salida.

El actor y humorista Capusotto es absolutamente vulgar cuando describe esa situación. Uno lo escucha decir “hasta cuándo” y luego piensa que es lo que pasa todos los días. (Aplausos.)

La política pública dirigida a la población y orien-tada al bien común, que son las políticas que el Estado desde el Ministerio de Salud de la Nación genera a las distintas jurisdicciones y por ellas pretende proteger y cuidar la salud y la vida de la población, sufren coti-dianamente la limitación grave que presenta el impac-to que sobre la conciencia ciudadana ejerce el actual sistema monopólico, hegemónico de los medios de comunicación.

Es absolutamente insostenible desde el más común de los sentidos que el tratamiento de problemáticas re-lacionadas con la salud cuya resolución demanda una alta participación de la comunidad y por lo tanto de rigurosos niveles de información y conciencia social estén controlados por estas empresas monopólicas, orientadas al lucro directo o a la exaltación de un sis-tema absolutamente privatista en desmedro de la salud estatal o de las obras sociales. Me refi ero al acuerdo con grupos médicos que a través del sistema prepago o equipos de alta complejidad o laboratorios farma-céuticos lucran con la salud de todos los argentinos.

Es indudable que con este aluvión permanente de voces penetrando en nuestras casas –orientadas al lucro, taladrando la conciencia comunitaria, creando falsos estereotipos, vendiendo medicamentos y dando consejos sobre la salud, contradictorios y confusos– se hace muy difícil para el Estado cumplir con las obli-gaciones éticas y legales consagradas en los tratados internacionales y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

Estos mensajes son dichos con premeditación, y en ocasiones buscando resaltar contradicciones exis-tentes entre diversas opiniones médicas, con lo que el receptor es receptáculo, recibe mensajes fragmen-tarios, contradictorios, confusos y siempre alarmistas, que le dejan la desesperación y la angustia como única salida.

Recordemos el tratamiento que se hizo por parte de los medios monopólicos de la gripe A (H1N1) hace pocos meses, donde la puja mediática competía por demostrar supuestas contradicciones entre los minis-terios de Salud de la Nación, de la provincia y de la ciudad, obviamente –con todo respeto a la diversidad de opiniones– con una proclive tendencia a demostrar que la ciudad de Buenos Aires… Ellos sí tenían planes de salud. En ese momento yo estaba en el Ministerio de Salud de la Nación y la estrategia era la recomen-dada por la OMS y por todos los países.

El doctor Pagés se sentaba con nosotros a discutir el tema, junto con expertos internacionales, y la re-

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comendación era que hiciéramos una conferencia de prensa diaria para eludir las informaciones dispersas que llevaban a la confusión y la desesperación de la población y que en esa conferencia de prensa se infor-mara la situación real.

Fue imposible, fracaso total en nuestro país, en los otros países funcionó. ¿Por qué? Porque la conferen-cia de prensa se transformaba inmediatamente en ver si el ministro Zin tenía una visión distinta a la que tenía la ministra de Salud de la Nación, si el ministro de Salud de la ciudad en alguna palabra era contradic-torio, con lo cual se demostraba que todo el sistema era un desastre e inmediatamente aparecía el represen-tante de los grupos privados –no voy a dar nombres, no tiene importancia–, a decir: “De esta gripecita no se muere nadie” pero después vendió infi nita cantidad de vacunas; esa voz sí era interesante, importante.

No importa esta puja, lo que importa es la salud de la población, e insisto: la población estaba angustiada, como estábamos todos. Era una pandemia, y la direc-tora internacional de la OMS decía: “No sabemos ha-cia dónde puede evolucionar este virus”. Imagínense la familia que estaba reunida en el comedor de la casa escuchando esta contradicción, esta pelea donde nadie se ponía de acuerdo, según el monopolio de los me-dios, salvo los señores que representaban a la medici-na privada, que eran los que tenían la verdad sobre el tema. Pero esto no sólo ocurre en ese caso.

¿Ustedes saben que el Ministerio de Salud de la Nación tiene un programa que se llama Cuidarse en Salud, que instala campamentos sanitarios en ba-rrios vulnerables donde vive la gente más humilde, los argentinos que han sufrido más la exclusión y la fragmentación en la década de los 90? Los sábados y domingos se les brinda atención y controles per-manentes absolutamente gratuitos. Se ha atendido a decenas de miles de argentinos en los últimos meses, pero jamás se logró un minuto en alguno de los multi-medios mediáticos. Tuvo alguna presencia en nuestra radio nacional, excepcionalmente en nuestro Canal 7, pero nada más. Esto que es cuidado, protección y pre-vención de la salud no se da a conocer.

¿Se acuerdan del dengue, donde el Estado mentía, donde no se había hecho absolutamente nada, donde era todo un desastre? Estuve en el corazón del com-bate al dengue, y realmente pusimos todo lo que ha-bía que poner, de hecho en la Argentina –no sé qué tendrán ustedes en el imaginario colectivo–, hubo un total de seis muertos, que si bien es un horror –un en-fermo es un horror, seis muertes es horroroso– no es la imagen absolutamente brutal, de destrucción total, de incapacidad de respuesta y demás.

El viceministro de Salud de la Nación estuvo vi-viendo en Charata dos meses y medio a cargo de todo el accionar. Había una actitud absolutamente proac-tiva para detenerlo. Es algo muy grave, y ojalá aho-ra que vengan los calores sepamos detenerlo, pero lo único que se hacía era diseñar pánico, horror. ¿Y se acuerdan cuando apareció un mosquito en el barrio de Caballito? Estaban todos locos los medios, era la gran noticia. En ese momento una ciudad de un her-

mano país tenía 240 mil casos de dengue y 32 muertes en esos días, no, acá era terrible, había aparecido un mosquito en Caballito. (Risas y aplausos.) Era terror, desesperación.

Trasplante de órganos. Estuve a cargo del desarro-llo de la campaña de donación de órganos durante muchos años. Al ser comunicador social de abogados trabajé en la FAO, y cuando llegué al país del exilio me hice cargo de la campaña de donación de órganos porque venía de hacer campañas nacionales.

Me encanta la posibilidad de hablar ante un público más vasto porque esto nunca logré decirlo fuera de las secretarías de redacción mientras trataba de convencer a los dueños de la información en nuestro país y a los dueños de los medios que el pedido de órganos para personas determinadas, cuando se pone la cara de un chiquito en la pantalla diciendo que se va a morir si no se dona, no sólo está probado que es absolutamente contradictorio con la voluntad de donar de las familias en general, sino que países como España, que están muy avanzados con relación a nosotros y al mundo en la donación de órganos, lo ha prohibido expresamente por una norma legal. Por supuesto, la construcción del miedo prevalece. Entonces, ¡qué mejor que a través de la audiencia angustiándola, desesperándola, mostrán-dole que eso que le pasa a ese chiquito le puede pasar al suyo también! Esto provoca efectos brutales. Es de-cir, llamados desesperados al 0800 diciendo “hagan algo que quiero regalar mi corazón”. ¡Esto provoca efectos brutales. Es decir, llamados desesperados al 0800 diciendo “hagan algo que quiero regalar”.

“No puede señor porque se muere”. “Pero, por Dios hagan algo. El sistema de salud no sirve absolutamen-te para nada; ¿no ve a ese chiquito?”.

¿Qué sucede con las pobres familias que no fueron a los medios y que se les murió un familiar porque no les apareció el órgano? Sienten una culpa terrible. ¿Qué le digo de los médicos del equipo de procuración que pertenecen a un sistema que es impecable? Crean-me por favor. El sistema de procuración de órganos en este país está totalmente normatizado. Cualquier médico, de cualquier lugar del país que se encuentre frente a un muerto, tiene que informar al Incucai. Na-die que vaya a donar está mirando los medios.

Una médica me contaba que cuando estaba eva-luando a un chiquito para ver si los órganos del falle-cido podían servirle, ella tenía a todo el país con las cámaras de televisión preguntándole si estaba muerto o vivo. La privacidad está absolutamente anulada por-que estos señores no respetan ni eso.

Tenemos estudiado que hubo un momento en el cual se paralizó la donación de órganos en este país que, en realidad, se mantiene en los dos o tres donan-tes diarios.

No hablemos del tema del encuentro entre familia del donante y receptor que mucho han promovido. Hemos suplicado diciendo que esto va absolutamente en contra de la construcción de una comunidad favo-rable a la donación de órganos. La literatura nos mues-tra que la familia de la persona que donó los órganos

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no puede realizar el duelo si siente que esos órganos están vivos en otra persona.

Y hay casos incluso que hablan de suicidios. Por ejemplo está el caso de una mamá que ha empezado a perseguir al receptor diciéndole que era el hijo porque tenía el corazón de su hijo y lo veía en sus ojos. Hay dramas brutales por estos señores, que lucran con la angustia y la desesperación, y que anulan las posibi-lidades. Se lo hemos explicado a ellos. Hemos hecho cursos hasta que nos hemos agotado. Hemos hecho reuniones donde nos mandan al último movilero, que está sentado escuchando y en un momento desaparece porque lo llaman; por supuesto vuelve para la hora de comer. Pero no escuchan nada, son impermeables.

Para fi nalizar, ustedes saben que la automedicación es brutalmente dañina, sin embargo es permanente-mente promocionada, más allá de los pedidos. Cual-quier insinuación o sugerencia que les hagamos viola la libertad de prensa. Hay una apología permanente de los sistemas privados, que con el 35 por ciento del gasto en salud atienden entre el 5 y el 7 por ciento de la población, y una denigración total, absoluta, del sistema estatal, de nuestros hospitales, donde médi-cos, enfermeras y equipos de salud de primer nivel se desviven por atender a más del 50 por ciento de la población cuando tienen un nivel de gasto del 30, 35 por ciento. Ahora, la pantalla es denigrante; perma-nentemente muestran los défi cit que sí tenemos en el sistema público de salud de nuestro país, cuando todos estamos haciendo un esfuerzo desesperado para lograr que sea el sistema de salud que nos merecemos todos los argentinos.

Creo que detrás de todo esto hay una política de construcción del miedo y la desesperación, que es con lo que lucran estos medios, que seguramente les viene de épocas dictatoriales donde era necesaria esta cons-trucción del miedo y del pánico porque era la mejor forma de garantizar la paz de los sepulcros. Les agra-dezco muchísimo. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Jorge Deboli, en representación de DIPRA.

Sr. Deboli. – Buenas tardes a todos, señor presi-dente, señores diputados y público presente. Muchas gracias por esta oportunidad de poder comentar y ex-presar ciertas situaciones que en este caso queremos refl ejar desde el sector de la prensa gráfi ca, que apa-rentemente no tiene absolutamente nada que ver con esta ley que está en debate por tratarse exclusivamente de temas de medios, soporte audiovisual.

Queremos en esta ponencia refl ejar que los manejos monopólicos de la información, de la distribución, de la provisión de papel prensa -un insumo tan vital y crítico del sector gráfi co argentino– infl uyen a raíz de ese poder concentrador.

DIPRA es una entidad de reciente constitución, pero los que la conformamos venimos de una experiencia de más de quince años trabajando quizá individual o aisladamente o en pequeños grupos buscando un lu-gar, una solución para este sector.

Por lo tanto, tenemos toda una experiencia vivida en torno a los temas que deseamos presentar en esta audiencia.

Los medios gráfi cos pymes y cooperativos que in-tegramos Diarios y Periódicos Regionales Argentinos, tal como lo expresamos oportunamente en forma pú-blica, propiciamos el debate y sanción, sin más dila-ciones, de una nueva ley de radiodifusión o de servi-cios de comunicación audiovisual.

Porque es una deuda de casi 26 años que la demo-cracia tiene con la sociedad, resulta a esta altura inad-misible que siga vigente una ley de la dictadura mili-tar, fi rmada por dos genocidas, que afecta a millones de argentinos.

La llamada sinergia positiva, producto de la con-formación de los multimedios, permitió a los grupos desarrollar economías de escala, lo que ubicó al sector de las comunicaciones como uno de los más dinámi-cos de los últimos años.

Esa concentración económica a nivel mediático, muestra hoy graves consecuencias en términos econó-micos, sociales y culturales. Los grandes monopolios y oligopolios del sector, vía la competencia en condicio-nes desiguales, condicionan, cuando no provocan, la desaparición de pequeñas empresas de medios locales y regionales, eliminan así de las agendas periodísticas los contenidos locales, marginan los temas de interés de las pequeñas poblaciones, además de destruir fuen-tes de trabajo y erosionar aún más las economías más débiles; en defi nitiva, afectan la pluralidad informati-va de la que se nutre la prensa escrita local, a nivel del segmento informativo de carácter nacional.

En otro aspecto, a través del manejo cuasi monopó-lico de la provisión de papel para diario por parte de la fábrica Papel Prensa, se afecta en forma directa la libertad de información.

Acceder al papel de fabricación nacional a un ter-cio menos de su valor, por intermedio de descuentos y bonifi caciones “es la diferencia entre ganar o perder plata para un diario, y la forma con que el principal accionista de dicha fábrica disciplina a los diarios co-legas permitiéndoles o negándoles la posibilidad de comprar Papel Prensa”. Defi nición, ésta, expresada por el editor de Perfi l, Jorge Fontevecchia el domin-go 16 de agosto que DIPRA suscribe en todos sus términos. Si bien, a partir de su conformación como entidad, DIPRA posibilitó a sus asociados la compra colectiva de papel en zona del Mercosur, con un 32 por ciento de ahorro en su costo, el precio del papel en el mercado interno, por el volumen que maneja, lo sigue formando la fi rma Papel Prensa.

A pesar de fabricarse en el país, con mano de obra argentina, materia prima nacional y un 30 por ciento de sus acciones en manos del Estado argentino, este insumo vital para la prensa escrita de nuestro país tie-ne precio de commodity.

Esta situación lleva a miles de pequeñas publica-ciones gráfi cas a reducir sus compras de papel, en re-lación con las que hacían antes de la devaluación de 2002, y por lo tanto a reducir la entrega a sus lectores de sus contenidos periodísticos e informativos.

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Si bien esta cuestión obviamente no es abordada por el proyecto que está en debate, dado que sólo involu-cra a medios audiovisuales, estamos completamente seguros de que una vez aprobado el mismo, el tema de la provisión de papel diario, junto a otros temas que afectan a la prensa gráfi ca local y regional, pymes y cooperativa, dejarán de ser silenciados y postergados y comenzarán a estar en la agenda de este Honorable Congreso.

En este contexto, las pymes y cooperativas produc-toras de diarios, periódicos regionales y revistas, aglu-tinados en DIPRA, estamos absolutamente convenci-dos de que la única manera de garantizar el derecho a la información es en el marco de un planteo federal, plural, democrático y desconcentrado del sistema de medios en sus diferentes soportes, tal como está plas-mado en el anteproyecto de ley de servicios de comu-nicación audiovisual actualmente en debate.

Por último, queremos señalar que DIPRA la inte-gran 61 medios gráfi cos pymes y cooperativos de 10 provincias argentinas, además de la Red Gráfi ca con-formada por 10 plantas impresoras, también coopera-tivas; todos ellos con trayectorias que promedian los 50 años de antigüedad.

Por DIPRA fi rman la presente su consejo de admi-nistración en pleno: Hugo Soto, “La Voz de Bragado”, Buenos Aires; Nahum Mirad, Comercio y Justicia de Córdoba; Fosco Fantini, Imprenta Cogtal, Buenos Ai-res; Jorge Déboli, Informes del País y la Provincia de Buenos Aires, La Plata; Roberto Sayas, “El Diario de Villa María”, Córdoba; Juan Cambello, “Tiempo de 9 de Julio”, Buenos Aires; Julio Delgado, “El Inde-pendiente de La Rioja”; Juan Diego Turraca, “El Dia-rio de la Región”, Resistencia, provincia del Chaco; Juan Amarilla, “El Comercial de Formosa”; Osvaldo Rodrigo, “Hoy de Chacabuco”, Buenos Aires y Gui-llermo Fossaluzza, “La Nueva Voz de Vedia”, Buenos Aires.

Muchas gracias. (Aplausos.)Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor

Fernando Tupac Amaru Brondo, en representación de FARA.

Sr. Tupac Amaru Brondo. – Buenas tardes, señor presidente, autoridades presentes, colegas y hombres del interior que venimos a exponer.

Agradezco poder estar en este ámbito, ya por se-gunda vez, y en buena hora; la primera vez que vine, un 30 de agosto, habíamos recuperado un equipo de El Impenetrable de una comunidad aborigen que ha sido decomisada. Hicimos las gestiones en ese enton-ces, en 2006; recuperamos ese equipo, y al otro día a las 6 de la mañana tres integrantes de la Cámara de Radio y Televisión de la provincia de El Chaco tu-vimos un grave accidente, por lo cual hoy tenemos el pie tres centímetros más corto. No obstante ello, como integrante de la Cámara de Radio y Televisión de la provincia de Chaco, y también representante de la Federación Argentina de Radios, hemos llevado a todas las provincias de la República Argentina el men-saje de cambio. Desde el año 1994 en que nos hemos conformado, en Residencial Plaza, kilómetro 109 de

esa misma provincia, hemos empezado a participar en todas las provincias por este cambio de la ley.

Los problemas subsisten en la radiodifusión de la República Argentina; todos sabemos que hoy por hoy en las grandes ciudades y en otras ciudades de 50 mil habitantes hay problemas radioeléctricos, y los pro-blemas subsisten más allá de las distintas normaliza-ciones que hubo, la última en 2006. A veces siguen surgiendo otras radios. Hemos venido de Salta, reco-rrido 1.600 kilómetros, hace 48 horas, y vimos que en el cerro que está a la entrada de Salta hay más de 52 antenas, y en algunas torres hay hasta 4 FM, canales de televisión.

Creemos que este momento es muy loable para que después de veintiséis años de democracia podamos tener esta ley de radiodifusión, que en este caso es lo más justo que nos puede pasar.

En la anterior participación en la Cámara de Sena-dores, en la época en que el presidente de la Comisión de Comunicaciones era el señor Guillermo Jenefes, le habíamos dicho muchas veces -y con la participación de algunos integrantes de la Coalición por una Ley de Radiodifusión, de la que soy parte– que San Martín y nuestros patriotas habían liberado nuestro pueblo en seis años y que nosotros, nuestros representantes, después de tantos años todavía no lo habíamos podi-do hacer en nuestra Cámara. En esta cuestión hemos participado también a nivel desde el Gran Chaco ame-ricano, como Bolivia, Paraguay y Brasil de lo que es la comunicación. Nuestra comunicación es la otra co-municación, valga la redundancia.

¿Por qué decimos eso? Porque nosotros no necesi-tamos de la violencia, no necesitamos tener la comu-nicación del sometimiento que a veces nos marcan la televisión de los multimedios u oligopolios interna-cionales. Ellos nos muestran un misil cuando va a pa-rar a un pueblo, eso revienta y lleva a la destrucción, con muerte y sangre.

Esa comunicación violenta, que es de esclavitud y violencia, no es la que necesita nuestro pueblo, y en la Argentina mucho menos.

Los comunicadores de la región del Gran Chaco americano decimos “no”. También defendemos las raíces y las tradiciones regionales.

Todos nuestros asociados, en cada una de las loca-lidades en las que están nuestros pequeños medios, trabajamos para mantener las autonomías de cada uno de los pueblos donde están enclavadas nuestras emi-soras.

Desde hace varios años que venimos luchando y se-ñalando que no podíamos soslayar nuestra honda pre-ocupación por la inexistencia hasta el presente de una correcta regulación en materia de telecomunicaciones para evitar el manejo indiscriminado de los medios de comunicación por parte de los grandes grupos mono-pólicos, lo cual impide el correcto desarrollo de los pequeños y medianos radiodifusores.

No es una novedad que la tecnología avanza mu-cho más rápidamente que la legislación y entonces las grandes empresas monopólicas u oligopólicas siempre van adelante ayudados en gran medida por

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el aprovechamiento casi integral de la llamada “torta publicitaria”.

Nos interesaría que ustedes sepan –más allá que tie-nen conocimiento– que los grandes monopolios tienen la audiencia dado que poseen una emisora enclavada en cada provincia. Esa es una estrategia comunicacio-nal de los 90. Creemos que lo que realizan nuestros comunicadores sociales, los llamados periodistas lo-cales o regionales, es llevar comunicación a nuestras audiencias.

Muchas de nuestras radios –cientos de ellas– abren su programación con un programa de cinco a diez mi-nutos con la maestra de grado, los alumnos y la efe-mérides del día.

Eso lleva a que luego salga el doctor, los actores políticos de nuestra localidad, el tema de seguridad y los hombres que están dentro de cada institución como cooperativas, clubes y toda la índole social de los pueblos.

Podemos decir que nuestros asociados estamos in-formando en lugares que los llamados “pulpos de la comunicación” ni la televisión pública llegan.

En la provincia de Salta hay un solo canal autori-zado más allá del público. Es decir, Canal 7. En Salta hay siete canales de televisión que están llevando la comunicación. Y muchos canales de televisión, los pequeños radiodifusores pedimos un cambio. No-sotros volvemos a invertir en nuestras localidades y los grandes pulpos que se quedan con millones de nuestros impuestos apuestan fuera del país. Nosotros compramos micrófono, computadora y la cámara de televisión. Todo eso lo invertimos allí. Hoy estamos comunicando con la televisión invirtiendo en el lugar que al monopolio no le es rentable ni le da ganancias.

El Pacto de San José de Costa Rica dice que la in-formación es un derecho humano. Estamos convenci-dos y así lo hacemos.

Tenemos en claro que la comunicación no es sola-mente un negocio. Estamos convencidos de que nues-tra misión es, fundamentalmente, comunicar y mante-ner a nuestras comunidades informadas. Partimos de la premisa de que los medios audiovisuales brindan un servicio que es más amplio.

El gobierno ha dado muestras de una férrea defensa del pluralismo, en contraposición con la concentración económica. Partiendo de ese hito, decidimos sin dudar que si unos pocos controlan la información, no es po-sible la democracia. Por tal motivo, reclamamos que el Congreso avance también para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deberán estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.

Por último, como esto está aquí en la Cámara de Diputados y en la comisión presidida por el señor diputado Baladrón, queremos agregar solamente que solicitamos que, en el artículo 10 de este proyecto, se agregue que un representante de los aborígenes inte-

grará la conformación y el ente regulador. Creemos que esto es necesario y lo sacamos en El Tilcara en el año 2007, con el respaldo del señor Álvarez Prado, un indigenista que nos explicó los motivos de la pro-tección ecológica que ellos hacen. Y también es una forma de resguardar de la injusticia de 500 años que han sufrido nuestros aborígenes, que hoy en día están muy mal en nuestra República Argentina.

Agradezco esta oportunidad que tenemos de ex-presarnos. Creo que éste es el verdadero valor de la democracia, poder expresarnos los distintos hombres que integramos las instituciones. Muchas gracias y muy buenas tardes. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra el señor Gabriel Aguirre, en representación de Canal 9, Río Gallegos.

Sr. Aguirre. – Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Aguirre. Presido el directorio de Canal 9 Río Gallegos y a su vez el Consejo Federal de la Televi-sión Pública, que integran, para que tengan una idea, los canales 11 de Ushuaia, 13 de Río Grande, 9 de Santa Cruz, 10 de Río Negro, 12 de Trenque Lauquen, 3 de La Pampa, los canales universitarios 10 de Tu-cumán, 10 de Córdoba, 9 de La Rioja, 11 de Formosa y 12 de Misiones y también el Instituto Nacional de Cinematografía Argentina, INCAA, Canal 7 y Canal Encuentro. Esos son los canales, como le gusta decir a nuestro secretario, Enrique Masllorens: somos la tele-visión que piensa en el ciudadano y no en el consumi-dor, la que tiene una responsabilidad social, en contra de la locura de pelear por el rating para cobrar más caro el segundo publicitario. Eso somos, y en nombre de eso venimos a dar nuestro apoyo a la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

En buena hora que después de 26 años se esté tra-tando esta ley. Y si bien ya se dijo en este recinto, no es poca cosa reiterarlo, porque lo que nos rige hoy no es una ley sino un decreto dictatorial del más oscuro y sangriento golpe militar que recordemos los argen-tinos.

Algunos puntos para tener en cuenta, que valora-mos desde el Consejo Federal de la Televisión Pú-blica: el 33 por ciento de las frecuencias de todas las bandas están destinadas a organizaciones sin fi nes de lucro y organizaciones no gubernamentales. Conside-ramos que no es poca cosa, porque esas frecuencias en manos de los pueblos primitivos, de las iglesias, de los sindicatos y de las universidades, seguramente van a ser tratadas como un servicio social y no como un mero negocio comercial.

Nos parece que de ese modo habrá pluralidad de voces, y seguramente por esto la corporación se va a sentir molesta, porque no sólo le afecta el negocio sino la posibilidad que ha tenido hasta ahora de mar-car la agenda.

A través de esta frecuencia creo que van a aparecer los verdaderos problemas y las cosas que interesan en todo el país, como decía Teresa Parodi “va a aparecer el otro país”.

Otra cuestión es que los acontecimientos culturales o deportivos –como el fútbol– están contemplados.

Viernes 11 de septiembre CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 67

Solamente quienes gestionamos un canal en el inte-rior sabemos del reclamo de la gente por ver el fútbol. Alguna vez en reunión de directorio y en un rapto de locura dijimos: “Bueno, pregunten cuánto quieren”. La respuesta fue “nada” o un millón de dólares. No queremos dar señales inequívocas.

Tras ese eufemismo se escondía la defensa del pay per view. Es decir, que el fútbol llegara solamente a aquellos que lo podían pagar.

La cuota de pantalla para el cine nacional tampoco pensamos que sea poca cosa. Tal vez en Capital Fe-deral no se note mucho porque tienen muchas salas de cine. Pero es cierto que el cine nacional no tiene muchas semanas de cartelera.

Por ejemplo, Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, no cuenta con una sala de cine. Y creo que en la provincia existen solamente tres. Una está ubicada en Caleta Olivia, otra en Puerto Deseado –el diputado Rodríguez fue intendente de esa localidad– y la otra en Río Turbio.

No es una cuestión menor porque esto defi ende la identidad nacional. Además, fomenta el trabajo de manera directa e indirecta.

Otra cuestión que nos lleva a apoyar la ley se vincu-la con el importante aumento en cuanto a los porcen-tajes de producción nacional. Se habla de producción local propia y de producción local independiente, con lo cual las productoras del interior –que no son mu-chas– tendrán su espacio para mostrar sus productos. De esa manera, al igual que con el cine nacional, esta-remos fomentando el trabajo.

Otro aspecto que ha sido mencionado es el carácter antimonopólico que tiene esta ley. No debería ponerse incómoda la corporación mediática porque es similar a la legislación que tienen otros países como Canadá y Estados Unidos.

El carácter antimonopólico trae pluralidad de voces e ideas y seguramente afecta intereses económicos. Creo que lo que más afecta es el poder de infl uencia que posee.

En nombre del Consejo Federal de la Televisión Pú-blica, queremos hacer una petición. Ustedes saben que el artículo 84 establece los porcentajes que deben pa-gar los medios de todo el país; el artículo 85 se refi ere a dónde va dirigida esa plata.

Queremos que se integre a ese artículo 85 a los ca-nales de televisión en función de que es una televisión con un fi n social. La televisión del interior no está exenta de los vaivenes económicos.

Todo el mundo del interior sabe que la televisión es un bien social pero a la hora de determinar las partidas es menos urgente que la salud y que la educación.

Aprovechamos la presencia de la señora diputada De la Rosa y del diputado Marconato para formular esta petición.

No sé si se acuerdan de las frases hechas. Han vuelto las frases hechas. Había una que expresaba el liberalismo en este país y que decía así: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Otra decía: “El mal de nuestro país es la extensión”. Han vuelto las frases

hechas que los personeros de la corporación repiten incansablemente.

Dicen que no es tiempo de aprobar esta ley. Y uno se pregunta cuándo. ¿Vamos a tener que esperar 26 años más para tratarla? Dicen por ahí que este Con-greso no tiene legitimidad. Yo creo que tiene legiti-midad porque no hace falta estar despabilado porque fue elegido por el voto popular y además está en pleno ejercicio de su mandato, salvo que oscuros intereses quieran recortar el mandato como algunas voces se alzaron sobre esa cuestión.

Aprobamos la sanción de la ley. Creemos que los diputados no sólo tienen legitimidad sino también el deber de sancionar esta ley porque le sirve a la socie-dad y a la democracia.

Podríamos llamar “Ley de…”, es decir, “Ley de la democracia”. Creemos que cualquier ley, por más per-fectible que sea, es mejor que un decreto dictatorial del más oscuro proceso que vivimos.

A los diputados -veo algunas caras conocidas– les quiero pedir que pongan mucha fuerza, que sigan ade-lante; no les va a ocurrir nada malo, sólo lo que les viene ocurriendo hasta ahora. Se van a perder algunos centímetros de diario, van a tener algunos minutos menos de televisión, pero en contraposición creo que van a tener el cariño de la gente, que es permanente y sincero -y que no olvida cuando se vean los resultados de esto–, en comparación con lo otro, que es circuns-tancial e interesado. (Aplausos.)

Para fi nalizar, quiero hacer referencia a alguien que algunos llaman un gran argentino, otros un liberta-dor cultural, y algunos atrevidos como uno lo titulan viejo hermoso. Se fue un 25 de Mayo, tal vez como una metáfora del destino para que no nos olvidemos cómo pensó y cómo actuó. Se llamó Adolfo Jauretche. (Aplausos.)

Ese hermoso viejo, con ese estilo coloquial y cam-pechano que tenía, alguna vez escribió: “O es pa’ to-dos la cobija o es pa’ todos el invierno”. De eso se trata también en comunicación, que la cobija deje de ser de unos pocos y nos abrigue a todos. Muchísimas gracias. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Baladrón). – Tomo un minuto nada más a los fi nes de dar lectura de una nota recibida de los integrantes de la Federación Argentina de Traba-jadores de la Imprenta, Diarios y Afi nes, FATIDA. Dice: “Visto la gran cantidad de interesados anotados para hablar en representación de diversas entidades, y en especial del interior del país, para colaborar con la misma dejamos de lado nuestra inscripción para expo-ner en la sala de audiencias. Se deja constancia aquí de que se entregó copia de nuestra exposición al señor Peralta, en copia y papel y CD, lo cual había sido ade-lantado por correo electrónico junto con el formulario de inscripción. Se estimará tomar en cuenta este ma-terial para el curso parlamentario posterior; sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. Federa-ción Argentina, Trabajadores de la Imprenta, Diarios y Afi nes”. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra la seño-ra Mabel Loisi, en representación de Argentores.

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Sra. Loisi. – Señoras, señores, buenas tardes. Mi nombre es Mabel Loisi y soy socia de Argentores des-de hace más de 50 años. Voy a contarles un secreto: cuando ingresé a Argentores la Junta Directiva estaba compuesta por hombres. Los empleados de Argento-res eran hombres. En ese entonces yo escribía radio-teatro del llamado comercial, que implicaba escribir una novela para radio, hacer una adaptación para el teatro y salir de gira por todos los pueblos del interior. La gente de provincia fue y es muy agradecida.

Un día voy entonces a Argentores a registrar mis obras, y me preguntan el pseudónimo. Le pregunto por qué me pedía el pseudónimo y me dijo: “Si usted tiene su propia compañía… Y además, una mujer es-cribiendo radioteatro…”. Le digo: “Bueno, un pseu-dónimo masculino, Claudio Malbrán”. El patriarcado me protegía.

Cuando nace mi primera nieta, mi hija me dice lo siguiente: “Yo no puedo decirle a mi hija que su abue-la se llama Claudio Malbrán, así que escribí con tu nombre”.

Cuando voy a Argentores estaba Armando Discépo-lo y pregunta: “¿Quién es esta muchacha?”. Le dicen: “Escribe” y él dice: “¿Qué escribe?”. Le contestan “radioteatro comercial”. “¿Comercial?”. Yo no era dramaturga. Entonces dice: “Ah, esa es la del ‘Ma-lón’”.

Entonces, yo dije que no importaba y que igual iba a hacer mis novelas, mis radioteatros, mis giras por el teatro. El autor siempre sufre: cuando escribe, cuando estrena, cuando le va mal y cuando le va bien.

Una noche hicimos una presentación de mucho éxi-to. El empresario, a la hora de hacer el borderó –aclaro que estábamos en un pueblo en el gran Buenos Aires– me dice: “¿Por qué no la damos por suspendida?”. ¿Por qué? Entonces, me contesta: “Total, el autor no se va a enterar; está en Buenos Aires, repartimos mitad y mitad”. Entonces, le pregunto por qué. Y me dice: “¿Qué se creen los autores? Escriben una sola vez y quieren cobrar todas las noches”. Entonces, le dije que eso era igual que su mamá. El me contesta: “¿Qué tie-ne que ver mi mamá?”. Yo le dije: “A usted lo parió una vez y usted quiere vivir todas las noches; Claudio Malbrán soy yo, haga las cuentas porque si no hago la denuncia en Argentores”. (Risas y aplausos.)

Hoy es 11 de Septiembre, Día del Maestro y tam-bién Día del Autor por lo que saludo en nombre de Argentores a todos los autores del país.

Sin autor no hay obra y el derecho de autor es nues-tro salario. Tenemos además un derecho moral. Nues-tros guiones son nuestros hijos; pretendemos que los medios anuncien correcta y legalmente el nombre del autor o la autora. El nombre de los padres de ese hijo creado para la cultura y el entretenimiento.

Como responsable del Consejo Profesional de Ra-dio de Argentores deseo evocar al doctor Enrique Te-lémaco Susini que el 27 de agosto de 1920 produce la primera transmisión de radio ininterrumpida desde el teatro Coliseo.

La primera transmisión de radio en todo el mun-do es argentina. Dos meses después lo hace Estados

Unidos. En honor a aquellos “locos de la azotea” el Consejo Profesional de Radio de Argentores brinda desde el año 1990 en cada aniversario la réplica del micrófono que usó Susini en aquella primera trans-misión pionera de la radiodifusión. Nos referimos al “Galardón Susini”.

Argentores expone hoy los agregados a este desea-do proyecto de ley que está naciendo. El Estatuto de la Sociedad General de Autores de la Argentina ex-cluye de su seno toda cuestión de carácter político, religioso, ideológico y racial que pueda afectar a las autoridades legalmente constituidas o al orden cons-titucional del país.

Argentores tiene cuatro consejos: teatro, radio, cine y televisión, dependiendo de este último consejo el área de nuevas tecnologías, junta de previsión social y junta de fi scalización.

Argentores saluda hoy también a todos los emplea-dos administrativos que se comprometen con la reali-dad que hoy representan bajo la presidencia de “Tito” Cossa a quien le agradezco el fuego sagrado que le impone a esa fuerte responsabilidad de conducir Ar-gentores.

Agradecemos la preocupación de implementar la ley referida a la radiodifusión. Confi amos en que se concrete esta aspiración ya que las nuevas tecnolo-gías –Internet, celular, etcétera– constituyen un medio de explotación que requieren la autorización expre-sa de los autores a través de la Sociedad General de Autores de la Argentina reconocida para representar a los creadores nacionales y extranjeros en todas sus expresiones de creación literaria, dramática, musical, cinematográfi ca, televisiva, radiofónica, coreográfi ca o en todo soporte material capaz de registrar sonidos, imágenes, cualquiera sea el medio o las modalidades.

Argentores, Sociedad General de Autores de la Ar-gentina, cumple en el año 2010 un siglo al servicio del autor.

Esta entidad viene sosteniendo la necesidad de par-ticipar en el funcionamiento del organismo de control que establezca la nueva ley de servicios de comunica-ción audiovisual.

Pensamos que asegurar la diversidad cultural exige desarrollar la identidad cultural, recordando además que las obras de fi cción construyen los arquetipos de nuestra sociedad.

Entendemos que las políticas del Estado deben ser –y lo son– objetivos permanentes: educación, salud, cultura.

Durante el trámite del proyecto, Argentores propuso agregar, en requisitos para obtener una licencia: “…las entidades de gestión colectivas tendrán a su cargo otorgar un certifi cado de libre deuda”.

En contenidos de la programación, con el porcen-taje de producción nacional, Argentores pide que se contemple: “…un mínimo del treinta y cinco por cien-to de fi cción nacional, que debe comprender obras de autor nacional o residentes de por menos cinco años en el país, a fi n de preservar la diversidad cultural.

”La emisión o comunicación pública de obras au-diovisuales debidamente autorizadas dará derecho de

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remuneración que proceda de acuerdo a las tarifas o aranceles generales que establezca la entidad de ges-tión colectiva correspondiente.

”Las obras audiovisuales emitidas por los radiodi-fusores implican un derecho de remuneración por cada explotación, inmedible, inalienable, irrenunciable.

”Dicho derecho de remuneración será transmisible mortis causa e intransmisible por actos inter vivos. Se hará efectivo a través de entidades de gestión colec-tiva de propiedad intelectual. Los objetivos tendrán en cuenta la necesaria protección de los derechos de autor de las obras incluidas en la programación así como la necesidad de promover el enaltecimiento de la producción del autor destinada a los servicios com-prendidos”.

En materia de publicidad, pedimos que “la emisión de publicidad no podrá afectar el derecho de integri-dad de la obra establecida por la ley a favor de los au-tores interrumpiendo la continuidad de su desarrollo literario”.

En materia de transporte: “...sin perjuicio de la res-ponsabilidad que surja por la lesión a los derechos que queden involucrados”.

En cuanto al Consejo Federal de Comunicación Au-diovisual, agradecemos que quede en el artículo 16, inciso h), “un representante de las sociedades gestoras de derechos: Argentores”.

Por lo expuesto, al elevar la propuesta elaborada por el doctor Carlos Villalba, especialista en derechos de autor, confi amos en que defi nitivamente, bajo la tu-tela de todos los medios involucrados, salga a la luz la ley de servicios de comunicación audiovisual, para benefi cio de todas las instituciones nacionales forma-doras de la producción nacional. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra Marcelo Gallo, presidente de FACE.

Sr. Gallo. – Muchas gracias por dejarnos partici-par.

Mi nombre es Marcelo Gallo y soy el presidente de FACE, que es la Federación Argentina de Cooperati-vas de Electricidad y otros servicios públicos, y a su vez, soy vicepresidente de Cooperar, que es la Confe-deración Cooperativa de la República Argentina.

Estamos a favor de que tengamos la posibilidad de debatir y que sea el Parlamento el que tenga la última palabra relacionada con esta ley de la cual estamos totalmente convencidos en cuanto a lo que se plantea de que es el momento inoportuno.

Pero resulta que hace 25 años que es el momento inoportuno para tratar esta ley que nos deja excluidos y que todavía no nos permite a las cooperativas de servicios públicos prestar servicios como los que se está planteando a través de este proyecto.

En la Argentina existen 600 cooperativas de electri-cidad; 600 cooperativas que distribuyen agua potable; 320 cooperativas telefónicas. Ninguna de ellas pode-mos estar presentes si no es a través del proyecto que se está planteando.

De cada 100 argentinos, 17 están iluminados por cooperativas a lo largo y a lo ancho de nuestra querida

Argentina. Casi 7 millones de argentinos están coo-perativizados.

Por lo tanto, somos en esencia precursoras de la defensa irrestricta de los derechos a la información y la libertad de expresión. De ahí que valoremos el mecanismo dispuesto por el gobierno para poner en consideración de la sociedad el anteproyecto que hoy estamos debatiendo.

Los cooperativistas ejercemos la democracia en la gestión cotidiana, es por ello que, sustentados en esa independencia de criterio, planteamos dos cuestiones neurálgicas.

En reiteradas ocasiones se nos ha tildado desde una ignorancia supina y hasta mal intencionada, que las cooperativas de servicios públicos realizan el ejercicio de una actividad monopólica. Es un notable error de concepto, generado por sectores interesados en perju-dicar al sector cooperativo.

En tal sentido cabe señalar que el término mono-polio en el sentido de las empresas lucrativas implica la posibilidad del abuso del dueño hacia los usuarios del servicio. En el caso de las cooperativas, donde los dueños son los propios usuarios, nunca se producirá un abuso en el precio, ya que ellos mismos son los que usan el servicio.

Se trata de servicios esenciales para el desarrollo de los pueblos y con ellos surgió luego la posibilidad de proveer servicios sociales, tales como sepelio, ambu-lancia y enfermería.

El pueblo donde yo nací –Ceballos, en la provincia de La Pampa– tiene 300 habitantes y una cooperati-va de servicios públicos de Intendente Alvear tiene la responsabilidad social basada en nuestro séptimo principio cooperativo de brindar los servicios como si fuera el pueblo más avanzado del mundo.

Sin embargo, si no fuera por una cooperativa o por el Estado esos pueblos estarían marginados.

Han sido pobladores asociados bajo la forma coo-perativa quienes han podido autosatisfacer sus necesi-dades de servicios.

En razón de lo expuesto, no cabe duda alguna que las cooperativas de servicios públicos no somos mo-nopólicas o, si se quiere seguir utilizando el término, podríamos decir que somos “monopolio de usuarios”.

¡Qué interesante sería que los servicios públicos que prestamos nosotros seamos los dueños de dichas empresas, como el teléfono que hoy puedo estar uti-lizando!

Eso sucede en nuestra cooperativa. Yo soy uno de los dueños de nuestra propia empresa. Y nuestros propios asociados saben dónde vive cada uno de los dirigentes y dónde vive cada uno que tiene la respon-sabilidad de gestionar su empresa.

El segundo punto tiene que ver con la defensa de la competencia. El proyecto prevé que cuando exista un prestador privado en una localidad, la cooperativa debe acudir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Nuestras asambleas funcionan como una especie de audiencia pública. La ley nacional número 20.337 plantea que debemos convocar a nuestros asociados

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para no solamente aprobar balance y memoria sino también para defi nir las políticas de la cooperativa.

Al ser representantes de usuarios tenemos nuestros propios defensores de usuarios en nuestras propias cooperativas.

Asimismo, en el caso del prestador privado del ca-ble, que normalmente es asociado a la cooperativa, también tiene el derecho de acudir a esa asamblea para poder defender sus derechos.

Para las cooperativas, la responsabilidad social no surge de una especulación, sino del íntimo convenci-miento de que es una obligación ante los asociados y usuarios y que atender sus necesidades es nuestra razón de ser.

Finalmente, los argentinos no podemos regalar más minutos, horas y días sin que todos tengamos la posi-bilidad de expresarnos. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Peralta). – Tiene la palabra Franco Vitale, codirector del suplemento...

Sr. Vitali. – “Ni a palos”, se llama el suplemento. Termino la frase. (Risas.)

En principio, y en nombre de este suplemento, que pretende ser joven, queremos agradecer esta oportuni-dad que tenemos de manifestar nuestro punto de vista. Creo que ésta es una oportunidad histórica e inédita, para el tratamiento de esta ley de radiodifusión.

Digo que es una oportunidad inédita porque creo que hubiese sido maravilloso también para la salud de la República que se hubiera dado este mismo marco de debate -que hoy por suerte se defi ende acaloradamen-te desde los grandes medios de comunicación– para otras leyes sancionadas anteriormente. Por ejemplo, la ley de reforma laboral o de fl exibilización laboral, del gobierno de Fernando de la Rúa.

Si se aprueba esta ley de servicios audiovisuales, habrá millones de personas que se verán benefi ciadas por un acceso más directo a una diversidad de infor-mación, y a la vez, un abaratamiento inmediato de los costos de esos servicios.

Además –no lo vamos a negar– si se aprueba esta ley también habrá algunos pequeños sectores, muy pequeños, algunas personas, que quizás van a pasar de multimillonarios a ser ricos, simple y llanamente, pero ricos.

Hago hincapié en esta diferencia, porque en el caso de la Ley de Flexibilización Laboral, por poner un ejemplo, se aprobó en siete días, sin ninguna audien-cia pública, y en todo caso, si hubo un debate, debe haber sido en un cajero automático, porque acá no fue. (Risas y aplausos.)

En ese momento la gran prensa no pidió profun-didad en el debate, y paradójicamente los resultados de esa ley eran inversos a los de ésta. Había millones de argentinos que eran perjudicados por esa ley y un pequeño grupo que quizás eran ricos y pasaron a ser millonarios.

¿Qué hubiera pasado con la salud de la República si este Congreso hubiera debatido por lo menos un poco más la Ley de Reforma del Estado? Menem la hizo aprobar en menos de un mes. En menos de un mes se privatizaron, además de todos los servicios públicos,

Canal 11, Canal 13, Radio Belgrano, Radio Excelsior y numerosas radios más que eran del Estado, por cues-tiones de tradición y de justicia. ¿En ese momento le subió la fi ebre a la República? Me parece que no. En todo caso, en ese momento nos decían que rebosaba de salud.

Sabemos que hay un montón de otras leyes que se sancionaron de espaldas al pueblo, sin ninguna parti-cipación, sin ningún debate, ni de minorías parlamen-tarias ni de la gente.

Ahora, la motivación que vemos que existe al ca-lifi car de “acelerado” este debate –que como muchos dijeron, lleva más de 26 años– es tan inconfesable que se ha recurrido a cualquier tipo de artimaña para em-barrar la cuestión, y para oscurecer un proceso que, en términos institucionales, me parece que fue impeca-ble. Si no, repasemos qué ocurrió: la presidenta anun-cia la presentación de esta iniciativa en la apertura del período de sesiones ordinarias de este año. Después se instó a un debate a lo largo y ancho del país, para que se discutiera el anteproyecto de ley. Ahora que se presenta, se convocan las audiencias, se sigue deba-tiendo, es impecable.

Pero ahora que se está debatiendo, no sé si todos los que reclamaban el debate están transmitiendo esto en vivo.

Repasemos también otra crítica que se le está ha-ciendo a este proceso, pero, en el fondo, es a esta ley, a lo que signifi ca esta ley. Se nota que van ensayando críticas, porque van tirando carnada para ver qué pes-can y van una semana cambiando una crítica por otra.

Hay otros que dicen que este cuerpo legislativo no tiene legitimidad para sancionar esta ley. Hace pocos días tenía legitimidad para eliminar las retenciones y ahora no tiene legitimidad para modifi car los servicios audiovisuales. Son cachivachescas algunas de las pre-tensiones de los pocos que se van a ver perjudicados por esta ley.

Me imagino también, en todo caso, qué pasaría –supongamos– si este Congreso aprobara la ley K de control de medios y la presidenta, en uso de sus atribuciones constitucionales, la vetara. Me imagino qué publicaría la tapa de Clarín. A ver si el veto, que está dentro de sus atribuciones constitucionales, es un arrebato dictatorial de la presidenta o no, o si, en cambio, es un ejercicio de mesura, de diálogo y de consenso. La verdad que es bastante insólito lo que se está planteando.

Respecto de la legitimidad de este cuerpo, otros ar-gumentos también podrían ser buscados en la Consti-tución Nacional; que los periodistas, no digo siempre, pero de vez en cuando, una vez cada tres veces que citan la Constitución podrían estudiarla. (Risas.) Por lo menos, una vez de cada tres.

También hay otra crítica que se hace al voleo, sin ningún fundamento, que se repite y que sólo por re-petirlo sistemáticamente se intenta plantear que es cierta. Se trata de la supuesta intencionalidad de este proyecto de ley de censurar o de controlar lo que se dice a través de los medios. También, por suerte, so-bre este tema no viene mal expresarse un poco más,

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porque el cercenamiento de la voz de alguno es un tema que, en la historia de nuestro país, tiene ejemplos bastante nefastos.

Acá, hace no más de 50 años, el decreto 4.161 decía textualmente: “Se prohíbe, en todo el país, la utiliza-ción de la fotografía, retrato o escultura de los fun-cionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y bandera peronistas, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones pero-nismo, peronista, justicialismo, justicialista y tercera posición”. Eso estaba, por decreto, prohibido.

Ahora vienen a hablar de eso, ni hablar de la dic-tadura de los diarios que tuvieron que cerrar, o de los que tuvieron que funcionar desde la clandestinidad en pleno proceso militar y terrorismo de Estado.

No sé si alguno recuerda a los diarios de mayor ti-rada en ese momento hacer una grave denuncia sobre la vulneración a la libertad de prensa y de expresión, porque en los últimos cuatro años la sociedad estuvo expuesta permanentemente a un discurso de que, a la vuelta de la esquina, hay un gendarme que te va a ca-llar la voz si vos decís algo. Ahora, lo paradójico es que se dice a los cuatro vientos, desde un monopolio inédito en el continente. En el continente no sé si debe haber un monopolio tan fuerte, que tenga tanta poten-cia en su discurso, para decir a los cuatro vientos que no tienen libertad de expresión. Es un poco absurdo, la verdad.

El clima que se quiere instalar es ridículo. Esta ley de servicios audiovisuales no tiene en su articulado ninguna palabra ni cláusula que pretenda incidir sobre el contenido de lo que se dice, pero, de ninguna forma; por el contrario, la legislación vigente lo tiene, que, según dice, otorga las facultades al Poder Ejecutivo nacional a hacer censura previa, basado en un con-cepto legal muy amplio que es la seguridad nacional –muy amplio y bastante nefasto–, con lo que signifi ca la interpelación de cuándo.

Por suerte no lo siguen aplicando, pero es la legis-lación actual la que lo dice. Eso se pretende eliminar. ¿Ahora, cuáles son las bondades de esta ley, para pasar un poco por la positiva, para dejar de lado un poco lo que han dicho los representantes de la negativa? Digo, mucho se habló acá en las reuniones anteriores, en los foros que se fueron dando, sobre lo bueno de la ley, sobre los aspectos que viene a resolver esta ley.

Pero me gustaría hablar sobre tres aspectos puntua-les, si me alcanza el tiempo.

El primero sería rescatar algo que hace al interés de los señores diputados y senadores, que es la íntima re-lación que tiene esta ley con el sistema federal y con la distribución geográfi ca del poder en la Argentina. La concentración permitió que el futuro del país entero se jugara en la rutina diaria del porteño, o a lo sumo, del habitante del Gran Buenos Aires.

O sea, la concentración monopólica convirtió en temas de interés nacional el tiempo que está cortada la avenida Pueyrredón o un cambio de semáforos en el barrio de Palermo. Todo el país tiene que estar pen-diente de algunas cosas que son de interés relativo de

un sector de la población, que en este caso somos no-sotros, pero no tiene mucho sentido.

Para un desarrollo equitativo de todo el territorio nacional, es fundamental que los medios de comuni-cación estén vinculados con el lugar de donde emanan. Me refi ero a los intereses y la producción de conteni-do. Esto ya lo habrán explicado mucho mejor quienes están más damnifi cados por esta situación.

El monopolio ha generado el cierre de muchas ac-tividades vinculadas con la producción de contenidos en las provincias, porque enchufan, acostumbran y hacen pensar a todos los habitantes del país que no tiene sentido hacer un noticiero zonal, ya que lo que hay que saber es cuál es la sensación térmica en la Capital Federal.

En segundo lugar, la sanción de esta ley representa una oportunidad simbólica de recuperar el rol que la Constitución Nacional asignó a la política y, en parti-cular, a los representantes electos dentro del sistema del poder nacional.

Sancionar esta ley después de 26 años de intentona viene a poner las cosas en su lugar. Es una oportuni-dad para que este Congreso demuestre al resto de la sociedad que es el que tiene la atribución de sancionar las leyes, y que se va a regir solamente por el interés general y no por la presión de las corporaciones eco-nómicas, y en este momento mediáticas, como subcla-se de las económicas.

En tercero y último lugar, me gustaría resaltar el aporte que signifi caría esta ley para la difusión y la transmisión de la cultura nacional, entendida en su di-mensión más rica y más profunda.

La cultura es fundamental para el desarrollo de cualquier nación, y la transmisión de esa cultura hace a su enriquecimiento y a su fortaleza.

En el actual sistema de medios no hay lugar para una porción muy signifi cativa de voces que hacen a la cultura nacional, entendiendo a ésta como nuestra identidad como pueblo. Si se llegara a aprobar esta ley, el tercio de las licencias que les correspondería a las organizaciones de la sociedad civil representaría un avance inconmensurable en términos culturales.

Imaginemos si la cultura nacional fuera lo que se presenta en los grandes medios de comunicación. Se-ría fría, superfi cial y hasta aburridísima, si dependié-ramos de que fuera transmitida por los grandes medios de comunicación. Sólo lo que tiene éxito sería cultura, y justamente la cultura de un pueblo se encuentra en lo que no se ve a primera vista. Por lo general, es recha-zada por el mercado. Es una idea que muchas veces va a contrapelo del mercado.

Una parte importante de la población –no decimos que sea la mayoría, pero vamos a poner que un 33 por ciento, para vincularla con el proyecto– no se sien-te representada en sus valores, en sus creencias ni en sus ideas por los grandes medios de comunicación. Al contrario, muchas veces se siente negada, vilipendia-da y hasta humillada.

Hay toda una literatura alrededor de la cultura na-cional que no está representada en los medios de co-municación. Hay una historia que no está refl ejada en

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los medios de comunicación, y hay toda una práctica política que actualmente tampoco está representada en los medios de comunicación.

En fi n, existe todo un sistema de valores, un sistema de cosmovisiones y de ideas que no están represen-tados actualmente en los grandes medios de comuni-cación, que cuando se tornan monopólicos eliminan esas voces.

Quienes creemos que la vida nacional sigue estan-do atravesada por la disyuntiva, no muy feliz, medio desgraciada, pero disyuntiva al fi n, de civilización o barbarie, por lo general, somos la barbarie. En cam-bio, los que plantean que esa disyuntiva ya no existe más suelen ser señores muy civilizados. Nosotros, sin-ceramente, creemos que esa disyuntiva existe; lo que también creemos es que como existe hay que blan-quearla. Es una discusión democrática institucional los que la tienen que hacer blanquear, los que la tienen que poner en términos institucionales para que esto tenga un sentido. Subyace la disyuntiva. Aceptarla, si la abrazamos, y si la institucionalizáramos, vamos a pasar un poco más a la democracia real en vez de tanta democracia formal.

Entonces, me parece que un 33 por ciento para la civilización, un 33 por ciento para la barbarie y el res-to lo discutimos democráticamente, me parece que no está mal. (Aplausos.) Ojalá en algún momento pron-tamente las grandes empresas monopólicas se ganen su audiencia por la calidad de sus contenidos y no por una posición determinada, una estructura de monopo-lio que les garantice esa audiencia. Eso sería elemen-tal, ya no podrían manejar la información como herra-mienta de poder, de acumulación de poder político y fi nanciero, como vienen haciendo ahora. Son dos co-sas absolutamente diferentes; por eso, para concluir, los que participamos en “Ni a palos” y muchos com-pañeros más que siempre están en esta pelea, estamos convencidos de que éste es un proyecto integrador, es un proyecto plural, es un proyecto que vale la pena y lo apoyamos a pleno.

Ahora, hay otros sectores que lo ven como una amenaza, habrá que preguntarse por qué lo ven como una amenaza y en la sola pregunta creemos nosotros que está toda la legitimidad de nuestro planteo comu-nicacional. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra la se-ñora María de los Angeles Lista, de Periodistas por la Integración.

Sra. Lista. – Estamos aquí reunidos en una fecha histórica. Todos decimos lo mismo, pero no es sola-mente histórica para la República Argentina sino tam-bién para América Latina y para todos aquellos pue-blos del mundo que están luchando por la libertad, por la libertad de expresión, la participación ciudadana y la expresión en los medios de comunicación.

Hoy, después de 26 años de deuda que tenemos con la sociedad argentina y después de 160 reformas que se le hizo a esa que viene de la dictadura militar, es-tamos reunidos desde ya hace tres días con estas au-diencias públicas para lograr, entre todos, una ley de medios de comunicación audiovisual que sea iguali-

taria y que llegue a aquellas personas que no tienen voz, que los sin voz tengan hoy una posibilidad de contar con un medio de comunicación y una forma de expresión para que seamos una sociedad más libre e igualitaria.

Quiero analizar un poco la historia. Sé que se ha hablado un montón de historia en estas jornadas, por-que las he escuchado en las audiencias, pero hay una historia que no debemos olvidar, que es la década del 90.

Propusieron, en la década del 90, un nuevo escena-rio en materia de telecomunicaciones. Ese nuevo esce-nario, que caracterizó no sólo a la Argentina sino a las políticas de comunicación a nivel mundial, proviene de un estudio que se hace en base a la historia de lo que es macrosocial y macropolítico y del denomina-do Consenso de Washington, puntal de las políticas de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher: la priva-tización de los medios de comunicación, tomando a la Argentina como guía para favorecer el proceso de re-forma del Estado por el gobierno de Carlos Menem.

Como sabemos, en los años 90 fueron dos grandes empresas, el Grupo Clarín y el Citicorp Equity Inves-tments, llamado CEI, de Telefónica, quienes mane-jaron la información y la comunicación social de la República Argentina, y a su vez, los grandes negocios de la “torta” publicitaria.

Impusieron la agenda informativa y dominaron la opinión pública de la República Argentina. Actuaron como socios y como competidores al mismo tiempo.

Este escenario fue posible gracias al cambio de po-líticas que se desarrolló durante el gobierno de Carlos Menem y a las alianzas estratégicas del Estado con estos sectores empresarios.

Dichas transformaciones se fundaron en una coyun-tura mundial a la cual la Argentina no pudo escapar, signada por la caída del Muro, y a su vez, por el fi n del Estado de bienestar, puntos en los que se basa el documento conocido como Consenso de Washington.

Perdimos empresas estatales como ENTEL, los fe-rrocarriles, los subterráneos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires –SEGBA–, Obras Sanitarias de la Nación, todas ellas privatizadas.

Hoy, ante la necesidad de este debate y de una so-ciedad más justa, y teniendo en cuenta que creo que hemos crecido como sociedad, quienes hemos vivido estos últimos años en la Nación creemos que estamos ante una sociedad más crítica, más pensante.

Nosotros vamos a apoyar esta nueva ley de comuni-cación, y desde nuestro pequeño aporte, vamos a pro-poner algunas modifi caciones en algunos temas en los cuales nos gustaría ahondar más.

Creemos que los ciudadanos deben participar, te-niendo acceso libre a la tecnología y a la comunica-ción social para todos; que no haya excluidos de este gran bien, porque este espacio radioeléctrico es de todos los ciudadanos de la República Argentina, así como es un bien de toda la ciudadanía universal en cada uno de los países.

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mos, desde esta ley, y desde esta reforma de la ley, lo-grar también que desde el Estado se incentive a la pro-ducción nacional. Si no, no podremos competir con estos monstruos que invierten millones y millones de dólares por año. La compañía Time Warner Company, Turner Broadcasting System, del magnate de medios Ted Turner compró las señales Infi nito, como ya sabe-mos, y todas las señales del grupo Claxson Interactiv Group en 2006, después la Comisión Nacional de De-fensa lo autorizó en 2007.

Estos grandes imperios de la comunicación nos do-minan desde el discurso y desde la dominación y a su vez, imponen matrices de opinión y nos ofrecen todo un paquete cultural.

A su vez esto está avalado por una ideología impe-rialista y conservadora. Son cómplices y artífi ces –y no debemos olvidarlo– de la Guerra del Golfo y si-guen siendo y justifi cando a los imperialistas de Was-hington, con intervenciones como las de Irak y aún no se han reivindicado. Y aún hoy intentan también inter-venir Cuba y son estos medios los que los apoyan.

A través estas técnicas de manipulación nos domi-nan tanto en la presentación de las noticias como en las imágenes de televisión que nos presentan y la des-información estratégica de los temas que nos pasan.

El armado de las agendas de los temas internacio-nales viene desde el Norte, como siempre lo hemos estudiado, hacia el Sur. Ningún tema sube del Sur para el Norte. No somos importantes.

El objetivo debería ser brindar al ciudadano un pensamiento crítico, para dotarlo de vacunas contra estas enfermedades, porque son prácticamente virus. Entonces deberíamos proveerlos de un pensamiento crítico. ¿Cómo? Creo que ésa es nuestra labor.

Creo que estamos acá con ese compromiso, prefi -riendo consumir productos del orden local, de nues-tro territorio, de nuestra identidad, como escuchaba a nuestros compañeros. ¿Cómo hacemos para volver a nuestra cultura y a nuestras tradiciones, que las hemos dejado perdidas en el camino? ¿Cómo hacemos para amar lo nuestro cuando desde afuera nos intentan ven-der para que consumamos entretenimientos y cultura que no es la nuestra? Entonces esa también es nuestra tarea.

La perspectiva económica –dicen estos grandes gru-pos– de América Latina, durante estos años, ha sido bárbara para que ellos hayan venido a Buenos Aires y, desde acá, tejer sus tentáculos para toda América La-tina. Eso es lo que han puesto los medios nacionales, Time Warner, Ted Turner y también Rubert Murdoch. Es bárbaro venir a invertir a la Argentina, porque te-nés mano de obra califi cada, económica, creatividad, y desde acá los productos de contenido que se hacen en la Argentina son vendidos a toda América Latina y de habla hispana con una buena aceptación de parte del público de Centroamérica y del habla hispana de Norteamérica.

Entonces, la estrategia de Ted Turner fue crear con-tenidos locales propios para la Argentina en 2008 con un destino de inversión de 7 millones de dólares. No descarta la posibilidad de adquirir un canal de aire,

Entonces, proponemos que sea absolutamente ne-cesario que el poder regulatorio no esté sólo en manos del Poder Ejecutivo, sino también en manos de la so-ciedad civil, que deberá ser representada por múltiples sujetos intervinientes de la misma.

Proponemos que el Consejo Federal de Comunica-ción Audiovisual propuesto por esta ley tenga mayor decisión en la ejecución de las políticas de gestión de medios audiovisuales, y haya una mayor participación de las organizaciones sociales y de los movimientos políticos y sociales, así como de diferentes grupos, como los pueblos originarios, entes y organismos de protección del consumidor y del usuario –esto hay que remarcarlo–, representantes de los medios comunita-rios privados, medios privados y públicos y represen-tantes de todos los credos.

Asimismo, el directorio del consejo deberá consul-tar en forma previa al Consejo Asesor Audiovisual de la Infancia cuando tenga que decidir sobre estas mate-rias y en esta competencia.

La diversidad de los representantes y actores de la sociedad civil expresará realmente una democracia de la palabra y nos acercará al ideal de la libertad de ex-presión, tan lejano en la actualidad, para que nunca más se tejan alianzas de poder entre el Estado y las empresas para conveniencias –tanto políticas como económicas– solamente de estos grupos.

Para un verdadero desarrollo de la producción na-cional, nosotros proponemos –ya que no está en el proyecto– crear un fondo de responsabilidad social como patrimonio separado, dependiente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que sería el ór-gano rector, destinado al fi nanciamiento de proyectos para el desarrollo de la producción nacional, de ca-pacitación de productores nacionales, de obras audio-visuales y sonoras por radio y televisión, que ayude especialmente a todas estas organizaciones y a los es-tudiantes universitarios en este proceso de aprendizaje y de libertad de expresión.

De esta manera, intentamos promover la participa-ción activa y protagónica de todas las comunidades y de la ciudadanía, hacer valer sus derechos y contribuir al logro de los objetivos consagrados en la presente iniciativa.

Estamos de acuerdo con este proyecto de ley en los puntos en los que se da prioridad a la producción nacional en desmedro de la producción extranjera y foránea.

Creemos que ya han sido bastantes años de domi-nación extranjera, tanto en producción cultural como en entretenimiento. Es más, de 2006 a 2009 hemos vivido a la Argentina como un lugar en el cual se han dado lanzamientos como el del canal Fox News, de Rupert Murdoch, uno de los más grandes monopolios de la comunicación a nivel internacional, y también de la Time Warner, que compró siete canales de cable.

Esta avanzada de estas grandes multinacionales so-bre la República Argentina es una clara vista de que todavía nos falta mucho. No podemos, como orga-nizaciones sociales, o como pequeñas cooperativas, competir con estos grandes monstruos. Por eso debe-

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Estuve leyendo todos estos días esta iniciativa. Mi primera sorpresa es pensar que esto, que en manos de un alumno del secundario sería fácil de estudiar en dos o tres días de trabajo intensivo, dé tanto trabajo a quie-nes piensan que no se puede tratar durante este año la ley de radiodifusión, con el argumento de que no se puede resolver en cinco minutos una historia de tantos años. Precisamente es una historia de muchos años.

Hemos leído otros proyectos, que tenían cosas muy buenas, pero casi ninguno de ellos –creo que ningu-no– se animaba a mirar el pasado, ese pasado reciente, en el cual se formaron grupos hegemónicos que han hecho un inmenso daño a lo que llamamos la libertad de prensa.

De alguna manera, como periodista, esto me trae indignación. Estuve aquí, en otro recinto pero en la misma circunstancia, cuando se trataba de televisar el fútbol de las selecciones argentinas por la televisión abierta, y asistí a la demostración de enorme poder del grupo multimediático Clarín sobre todas las institu-ciones periodísticas que venían a representarnos.

Me acuerdo del bochorno que me provocó –y me vuelve a provocar– ARPA, que viene a ser asociación que nuclea a los hombres de radio (aplausos) defen-diendo intereses que están absolutamente por afuera de los intereses de los hombres de radio, que somos víctimas, con compañeros con los que nos cruzamos diariamente en los pasillos para preguntarles si ya les ofrecieron el retiro voluntario o si los van a echar. Las radios están empobrecidas, tienen enormes difi culta-des, por pautas publicitarias que son digitadas, y esto no solamente es para las radios sino para otros me-dios.

Por aquí han pasado ADEPA, ATA y no sé cuántas instituciones más, y para mí, con todo respeto, bien mandados por el poder que ejerce sobre ellos el grupo más cuestionado cuando se trata de hablar de esta ley. Porque ellos saben perfectamente que para comprar publicidad, en ciertos medios, en el poderoso, si uno quiere poner un aviso también en otros medios, debe pagar 600 pesos, para dar un ejemplo. Pero si pone solamente en ese medio, es decir, si se castiga a los demás medios no dándoles ningún tipo de publici-dad, se paga 200 pesos. De esa manera, les importa el poder que acumulan y el poder que destruyen, es decir, las posibilidades económicas que destruyen en los demás.

Estuve aquí observando de cerca, entonces, cuan-do luchaban a brazo partido por no dar el fútbol de la selección por la televisión abierta, porque son muy egoístas, porque la avaricia es lo que los ha perdido frente a la opinión pública, porque van a todos los ne-gocios, porque no se detienen absolutamente frente a nada.

Me trae la indignación de tantas personas que pa-saron por aquí y hoy al mediodía dije por radio que me daba un poco de vergüenza no haber estado allí, porque soy un hombre de radio y tengo algo para de-cir. Y alguien tomó la palabra y dijo: “Si quiere venir, venga”. Y, bueno, me da mucho gusto estar aquí para

también tiene la perspectiva de sumar 48 señales pro-pias de América Latina a lo largo de todo el año 2009. No hemos tenido información si la han adquirido, porque tampoco tenemos acceso a ese tipo de infor-mación.

Teniendo en cuenta que todas las naciones del mun-do regulan de una u otra manera las concesiones para radios y televisoras, no debemos olvidar la declara-ción de los principios sobre la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, que in-vita a los gobiernos a manejar las concesiones y los permisos según el criterio democrático, que eviten la conformación de monopolios y que contribuya a la participación amplia de los ciudadanos en el uso de los espacios públicos.

Entonces, también queremos decir, voy redondean-do, que no estamos de acuerdo con que las empresas de telecomunicaciones tengan una porción de la torta en la producción de medios audiovisuales. ¿Por qué digo esto? Porque estas empresas de comunicaciones son multinacionales de medios y van a tener un gran negocio, que es del futuro y se llama triple play, que, como sabemos, es el paquete de audio, banda ancha y televisión. En Japón, por ejemplo, y en Asia, esta tecnología es usada desde los teléfonos móviles y se selecciona la televisión que uno quiere ver y es muy económico para las empresas de banda ancha e In-ternet subir material y venderlo a través del teléfono móvil. Pero yo pregunto si acaso esto es un libre acce-so para las nuevas generaciones o sólo las nuevas ge-neraciones de altos recursos económicos van a poder tener acceso a ese tipo de información.

Creo que una vez más los de bajos recursos no va-mos a tener acceso a esa información.

También creo que es una mentira lo que hoy nos ofrecen –no voy a decir el nombre de las empresas– con el triple play. Nos ofrecen armadito el pack de tres, y decimos “qué barato”, lo compramos y ahorra-mos un poco. Pero dentro de uno o dos años segura-mente no vamos a poder pagar esa factura, porque la idea es monopolizar los servicios.

Los críticos han dicho, con respecto al triple play, que puede ser muy peligroso, porque ante catástro-fes, fallas técnicas o terrorismo comunicacional, la población se vería totalmente sensible y quedaría al descubierto. La población que sufra esta catástrofe o ese tipo de terrorismo se quedaría sin servicio de in-formación, ya que estaría recibiendo en tres canales una sola información, lo cual no hace a la pluralidad ni a la democracia.

Para terminar, quiero recordar las palabras del Rela-tor de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, cuando vino a la República Argentina: “Debemos ir más allá de la libertad de los medios de información. La verdadera libertad de expresión es la comunicación de la ciudadanía”. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Víctor Hugo Morales, periodista. (Aplausos.)

Sr. Morales. – Muchas gracias por esta oportuni-dad.

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gaban entre las AFJP, las 10, porque no quedó ninguna afuera, y el conglomerado periodístico en cuestión.

En cualquier momento me van a decir que tengo que redondear, por eso me apuro.

Vayamos a la discusión de la ley. Esto que le da tanto trabajo a algunos diputados que no pueden an-tes de diciembre estudiarlo, porque lo que quieren es que pase la oportunidad. (Aplausos.) Estamos frente a la posibilidad maravillosa de que esto se convierta en ley. Seguramente esto es perfectible.

Se habla de las telefónicas. Supongo que tendrán el buen gusto de corregir cualquier línea que, efectiva-mente, pueda poner donde había un monopolio a otro monopolio. No creo que sean tan zonzos... (aplausos) ...de privarse de que la ley se vote para favorecer a nadie, porque esto es demasiado grande como para impedírselo ellos mismos.

Se habla del control parlamentario que podría lle-gar a tenerse a través de esta ley por parte del Poder Ejecutivo. Los gobiernos cambian, al gobierno lo po-demos cambiar, siempre los podemos cambiar cuando no nos gustan, pero lo que no se puede cambiar son esos poderes que desconocemos, que la gente prácti-camente no sabe que existen, están por encima, efecti-vamente, de los poderes de los partidos políticos y de los gobiernos. Bien que lo saben.

El COMFER es inmensamente más poderoso que cualquier órgano que, por otra parte, va a tener el con-trol parlamentario que se pueda instituir con esta ley.

El COMFER puede, por ejemplo, decir “no va más Cablevisión y Multicanal”, y lo hace sobre algo que fi rmó un ex presidente muy poderoso de la República. Fíjense ustedes lo que se puede hacer. Es tan perverso el organismo del COMFER, creado por los militares, que no existe nada más importante que quitárselo de encima; nada puede ser peor que el COMFER si eje-cuta todo lo que puede ejecutar desde el poder que tiene, y responde sólo al Poder Ejecutivo.

La integración del COMFER es: un miembro de la Fuerza Aérea, un miembro del Ejército y un miembro de la Marina. Esa es la conformación natural. Ahora el COMFER es un organismo dependiente estrictamente del Poder Ejecutivo, a través del cual el Poder Ejecu-tivo podría hacer lo que quisiese.

Pues este gobierno se lo quita de encima y da la posibilidad de que haya un organismo donde haya control y discusión parlamentaria. A mí me parece ab-solutamente saludable. Si lo pueden mejorar y que sea solamente parlamentario, todavía mejor, para sacarle –si es posible– lo que corresponda al Poder Ejecuti-vo.

Finalmente, uno se da cuenta de a qué se oponen los diputados que se oponen, para quiénes están traba-jando, al servicio de quién están en estos momentos. (Aplausos.)

Hay aspectos absolutamente conversables de esta ley, para mejorarla y para llegar al 10 de diciembre –y se los digo como periodista– con la inmensa alegría de tener una ley que nos va a regir de una manera com-pletamente distinta de la perversión de la dictadura.

decir que conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios.

Los conozco del fútbol, los conozco por el robo que durante quince años hicieron del fútbol, una estafa... (aplausos) ...que no solamente iba contra el fútbol, sino que era otra estafa que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol; por supuesto, la gente más modesta. Era una doble estafa. Yo veía solamente la que cometían contra el fútbol; ahora comienzo a ver, cuando se leen los ratings de televisión, la estafa que se cometía con-tra millones de personas que no tenían la posibilidad de ver lo que más aman, el fútbol. Era el único diverti-mento al que pueden aspirar millones de personas. Yo puedo ir al cine, al teatro, a donde quiera, por ahora, y gracias a Dios; pero hay millones de personas que también tienen el mismo espíritu festivo que yo y no pueden ir a ningún lado; pero, por lo menos, pueden quedarse en sus casas, a ver a Independiente, a Ra-cing, a ver a su equipo favorito.

El fútbol les permitió comprar radios para ir des-truyendo, poco a poco, los mensajes de los comuni-cadores que estaban enfrentados con el negociado que hacían durante quince años con el fútbol. Les permi-tió comprar radios que fi nanciaban con lo que gana-ban de las ganancias espurias que les daba el fútbol por televisión. Radios que perdían dinero a raudales, pero no importaba porque lo que querían generar era transmisiones y transmisiones para poder, de esa ma-nera, hacer fl aquear a los otros, a los que no podíamos manejarnos de la misma manera porque no teníamos dinero gratis, salvo el que vendemos a través de la pu-blicidad.

Y se lanzaron a todo tipo de negocios parecidos a los del fútbol. ¿Quién no conoce el negocio de las AFJP? Claro, es muy difícil hablar. Todos los perio-distas que en conjunto –y bien hacemos– seguimos los rastros de cualquier elemento de corrupción que aparezcan en los gobiernos. En éste y en los del pa-sado. Pero los rasgos de corrupción que aparecen en las empresas privadas, a veces, los perdemos de vista porque hay una gran complicidad. (Aplausos.)

En determinado momento, con el contratito del fútbol, que eran cinco papeles que nunca vio ningún dirigente –y que después estaban apurados por mos-trárselo a los dirigentes; les decían: “Vengan que les queremos mostrar el contrato”–, fundaron cadenas de televisión por cable en todo el país y, sobre todo, di-jeron “tenemos un negocio tan bueno que lo vamos a poner a cotizar en la bolsa”. Por supuesto que con el conglomerado de otros negocios. Se trata de 264 empresas, ni más ni menos, de eso estamos hablan-do. Con ese papelito del fútbol, con ese contrato –por cierto, mal habido– sin licitación, sin nada, se lanza-ron al negocio de las acciones de la bolsa. ¿Quiénes compraron una buena parte? Unos 400 millones, casi las AFJP, con el dinero a los jubilados, acciones de más de 20 pesos casi 30, que hoy día deben valer 6 o 7 pesos, no conozco la cotización hoy día. Se trata de una diferencia de un dinero de los jubilados que se tra-

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diodifusión, para comprender cómo el principal actor del sector y el infocomunicacional participa hoy en radiodifusión, sin que el COMFER actúe para aplicar las leyes sancionadas por este Congreso de la Nación en 2003 y en 2005.

Los multimedios y los operadores de telecomuni-caciones se preparan para dar el salto cualitativo que les permita brindar servicios convergentes a través de nuevas redes, aplicaciones y terminales. Para enten-der la identidad de uno de los actores que participará de este nuevo escenario, pretendo hacer un recorrido que muestre cómo fue el ingreso del grupo Telefóni-ca en el sector de la radiodifusión –radio y televisión abierta– en la Argentina, paso previo a su pretensión de ofrecer televisión paga por sus redes de telecomu-nicaciones.

Su lógica de crecimiento tiende a pasar por encima de la normativa vigente, lo cual podría reiterarse en su desembarco en la televisión paga para dar servicios convergentes. Dicha apuesta le permitiría aprovechar la infraestructura instalada del sector de las telecomu-nicaciones para transmitir servicios de radiodifusión por sus redes.

Telefónica de España es dueña en la Argentina de las dos empresas que más facturan en los sectores de las telecomunicaciones móviles y fi ja en el país, que son Movistar y Telefónica de Argentina, que sumadas tuvieron ingresos por casi 12.200 millones de pesos en 2008, según sus propios balances. Sin embargo, su participación en los medios de comunicación argenti-nos tiene un dilema de difícil resolución: la normativa vigente en el país que impide a las empresas españo-las ser titulares de emisoras de radio y televisión. Por eso, Telefónica todavía no pudo conseguir que ningún gobierno nacional autorizara, aunque más no sea una de las numerosas adquisiciones que realizó desde el año 1998, cuando compró doce canales de televisión abierta y dos radios, de los cuales todavía conserva nueve canales.

Hay tres casos que analicé, que demuestran las enormes difi cultades que tiene Telefónica para legali-zar la titularidad de las licencias que posee en el Canal 11 de Buenos Aires, Canal 5 de Rosario y Radio Con-tinental. En estos casos, se refrendó la validez de la normativa aprobada por el Poder Legislativo, que im-pide a empresas de origen español ser dueñas de más del 30 por ciento de emisoras de radio y televisión.

Pese a ello, los diferentes gobiernos argentinos en-contraron atajos burocráticos que le permitieron a Te-lefónica seguir usufructuando esos medios de comu-nicación, aunque debió resignar su participación en aquellas plazas donde tenía dos canales de televisión abierta. Eso ocurrió con una emisora de la Ciudad de Buenos Aires y otra de Mar del Plata, de las cuales se tuvo que desprender ante la intervención –en 2001– de la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Con-sumidor, cuya única participación en esos temas es a los fi nes de evitar que haya monopolio en cualquier compraventa de empresas. Pero es el Comité Federal de Radiodifusión el único organismo que debe autori-zar las transferencias de licencias en las emisoras de

He comprado una revista de humor, y cierro con esto, señores. Porque pensé que iba a estar muy tenso; yo me pongo nervioso. Detrás de un micrófono soy un titán, e incluso detrás de una cámara, pero no delante de la gente. Me horroriza estar delante de la gente.

Entonces dije: voy a terminar con un poquito de humor, y esta revista de humor dice hoy lo siguiente: “La prensa libre ante el desafío de la mordaza política. ¿Por qué el periodismo independiente debe defender su derecho inalienable a voltear gobiernos, impulsar lobbies empresariales, operar, crear imperios mo-nopólicos y apropiarse de hijos de desaparecidos?”. (Aplausos.)

Lo que les quiero pedir a los señores diputados es que esto, que es una broma, no sea parte de nuestra realidad a partir del 10 de diciembre. Muchas gracias (Aplausos prolongados.)

Sr. Instructor (Ottone). – Muchas gracias, señor Víctor Hugo Morales.

Tiene la palabra el señor Alejandro Alfi e, periodista docente.

Sr. Alfi e. – Sabrán disculpar que no tengo la misma verba que Víctor Hugo Morales. (Risas y aplausos.) Pero vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance.

Mi nombre es Alejandro Alfi e, la mayoría de uste-des no me conocen. Algunos quizás me han leído o me han escuchado en las clases, en la universidad.

Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de Buenos Aires; terminé de cursar la Maestría en Periodismo, del Grupo Clarín y Universi-dad de San Andrés, donde estoy haciendo la tesis.

Soy jefe de Trabajos Prácticos por concurso, en la materia Legislación Comparada, donde tratamos estos temas, y soy titular del Seminario Nuevo Desarrollo y Poder de los Multimedios en la Sociedad de la Infor-mación, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA.

Soy tutor de tesinas de los alumnos de esta carrera, donde también participo como evaluador de tesinas.

Soy ayudante del Seminario Nuevos Medios I, en la Maestría. Trabajo como periodista en la sección Medios, del diario Clarín, donde hoy publiqué una nota, y también como periodista de los documentos del Grupo Convergencia.

Soy autor de una novela que se llama Después del 11 de septiembre, hambre de piel en la sociedad de control.

Hago esta presentación de mi persona porque vengo a hablar exclusivamente en nombre propio, sobre un tema que vengo investigando desde hace varios años.

El título de mi ponencia es “Los dilemas del gobier-no y Telefónica en radio y TV en Argentina”.

Me pregunto ¿hay voluntad política para hacer cumplir a todas las empresas la normativa vigente en radiodifusión en la Argentina? No es lo que ocu-rrió con el actual gobierno para aplicar las dos leyes sancionadas en los últimos años y que son la núme-ro 25.750/03, de bienes culturales, y la 26.053/05, de organizaciones sin fi nes de lucro y licenciatarias de servicio público. Por eso, es importante conocer la situación actual de Telefónica en el sector de la ra-

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mo titular, de 4 a 24, recién salió un año después en septiembre de 1999. Es decir que quienes compraron el Canal 5 de Rosario invocaron un decreto que no existía, pero sabían que se iba a sancionar casi un año después.

El informe de la SIGEN dice que “la justifi cación jurídica de la presentación ameritaba su rechazo in li-mine por parte de las autoridades del COMFER; no obstante ello, el citado organismo virtualmente parali-zó las actuaciones tramitadas por más de un año”. Esa dilación permitió que las empresas que integraban la sociedad que adquirió la licencia continuaran con su explotación, pese a que esa solicitud estaba sustentada en un derecho inexistente.

Una situación similar se produjo a fi n de abril de 2007, cuando la Cámara en lo Contencioso Adminis-trativo Federal aceptó una medida cautelar planteada por Radio y Televisión Trenque Lauquen, para que el Estado no admita la transferencia de Radio Continen-tal a Prisa, de España.

El motivo invocado por la Cámara para hacer lugar al pedido de la emisora de Trenque Lauquen es que la ley 25.750, del año 2003, de bienes culturales, impide que los capitales de origen extranjero tengan más del 30 por ciento de la propiedad de los medios de comu-nicación en la Argentina.

El Grupo Prisa había comprado a mediados de 2004 Radio Continental y había presentado ante el COMFER papeles según los cuales los adquirentes eran una fi lial estadounidense de Prisa –al 70 por cien-to– y una fi lial argentina –al 30 por ciento–, de modo de acogerse al Tratado de Promoción y Protección Re-cíproca de Inversiones con los Estados Unidos, que le da al capital originario de ese país el mismo trato que al capital argentino.

Pero la Cámara Federal consideró que “resultaría –en principio– que ambas pertenecerían o se encon-trarían bajo el control real y efectivo de un grupo em-presario de nacionalidad española”. Y España no tiene ningún tratado similar al estadounidense, tal como ha-bía señalado en su informe la SIGEN. Por lo tanto, la Cámara Federal intimó al gobierno a “que se abstenga de autorizar o realizar cualquier acto que implique ad-mitir la transferencia [a Prisa] de la licencia corres-pondiente a Radio Continental”. Como Prisa, Telefé y el COMFER apelaron el fallo y pidieron que lo resuel-va la Corte Suprema de Justicia, en este momento la Corte tiene el caso para su resolución, que sentará un precedente sobre la titularidad de medios por parte de capitales españoles.

El texto es más largo y lo dejo para que lo puedan consultar. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero les agradezco el tiempo que me dan. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Lecuona, de FAICA.

Sr. Lecuona. – Lo mío va a ser breve y un poco concreto. Luego de escuchar mucha verborragia con la que no pienso competir, ya que no vengo del lado el periodismo.

Creo que entre tanto ruido, tantas cosas cruzadas que se dicen sobre esta ley, sobre este debate, sobre

radio y televisión, situación que todavía no resolvió en los casos de Telefónica, pese a que se trata de trámites que llevan muchos años en sus cajones y a que otras transferencias se resolvieron en un plazo no mayor a dos años, por ejemplo, Canal 9 a Daniel Hadad y Ra-dio del Plata a Marcelo Tinelli, entre otras.

Telefónica anunció en 2001, en un comunicado de prensa, que había sido “autorizada por el gobierno la compra del principal grupo de medios audiovisuales de la Argentina”; en ese entonces era el CEI.

Sin embargo, hasta el día de hoy el COMFER no autorizó todavía ninguna transferencia. Ni siquiera la del Canal 11 de Buenos Aires. Ese caso y los de Radio Continental y el Canal 5 de Rosario muestran que las emisoras que posee “de hecho” tienen un alto nivel de precariedad “de derecho”.

Esto coloca al principal operador de telecomunica-ciones del país en una situación sumamente frágil en el sector de la radiodifusión.

En diciembre de 2004, Telefé encabezó los actos de celebración por la renovación de su licencia, para que pueda seguir siendo por diez años más titular del Ca-nal 11 de Buenos Aires, que se amplió otros 10 años más, por efecto del decreto 527/05.

En esa fi esta, realizada en un exclusivo lugar de Puerto Madero, nada se dijo sobre la resolución 1.837/04, que renovó la titularidad de esa licencia, donde se menciona exclusivamente a los anteriores dueños de Telefé, que son Televisoras Provinciales y Enfi sur, pero no contiene ninguna referencia a Telefó-nica como dueña de Telefé.

Es que ninguno de los canales y radios de Telefó-nica están actualmente a su nombre, porque no pudo lograr que el COMFER apruebe las transferencias de licencias. Enfi sur y Televisoras Provinciales tienen la propiedad de Telefé, para Canal 11 de Buenos Aires, Radio Continental y FM Hit, mientras que otras socie-dades locales tienen la titularidad de los canales 9 de Bahía Blanca, 8 de Córdoba, 8 de Mar del Plata, 7 de Neuquén, 5 de Rosario, 11 de Salta, 13 de Santa Fe y 8 de Tucumán.

Esa imposibilidad de Telefónica para ser titular de licencias de radio y televisión quedó de manifi esto en el año 2001, cuando la Sindicatura General de la Na-ción emitió un informe sobre la transferencia de la li-cencia del Canal 5 de Rosario a una sociedad llamada Atlántida Comunicaciones, cuando estaba integrada por el Citicorp Equity Investments, Editorial Atlántida y Telefónica Internacional.

De acuerdo con el informe de la SIGEN, ATCO compró en 1998 la empresa Rader en 52,7 millones de dólares. Rader era el dueño original del canal y te-nía su licencia en orden. En ese momento le pidió al COMFER que le diera trámite al expediente “median-te el decreto que el Poder Ejecutivo nacional dictará al efecto”, que iba a permitir “que se autorice el ingreso de los nuevos accionistas”.

Dicho expediente se inició en octubre de 1998. Y el decreto 1.005/99, que autorizaba la transferencia de licencias de estaciones de radio y TV y aumentaba la multiplicidad de licencias que podía tener un mis-

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Creo que estas cosas hay que contarlas, porque en medio del debate y de otras cuestiones más grandes se pierden, y son valores que también tiene incluidos esta ley, para que desde todos los sectores se pueda aportar e incidir sobre este proyecto.

Esta iniciativa viene muy discutida, es muy bueno que esto haya sido así y que hoy se pueda seguir dis-cutiendo.

Entonces, desde la federación a la que represento queremos celebrar esta oportunidad, que no es ha-bitual, en cuanto a tener esta participación desde la sociedad civil. Y también queremos plantear esta cuestión, que tiene que ver con una perspectiva inte-resante –que esperemos que se aplique en general en otras leyes–, que es no realizar leyes específi cas para colectivos vulnerables, como pueden ser las personas con discapacidad u otros colectivos, sino la inclusión de esos colectivos en las leyes grandes, importantes y generales, como partes integrantes de la sociedad.

Agradezco fi nalmente por esta oportunidad de par-ticipar. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Carlos Valle, por la Asociación Mundial para la Co-municación Cristiana.

Sr. Valle. – Me han pedido que sea breve, para que otros tengan la oportunidad de exponer, de modo que voy a hablar más rápido de lo habitual, para compar-tirles lo que les queremos transmitir esta noche.

En primer lugar, auspiciamos la ocasión para de-batir por fi n una ley de servicios audiovisuales por la que tantos organismos no gubernamentales hemos trabajado en la Coalición por una Radiodifusión De-mocrática.

Esperamos que su tratamiento se haga en el marco de una discusión franca, donde el interés de la comu-nidad toda esté por encima de intereses particulares, ya sean políticos, económicos o meramente mezqui-nos intereses particulares.

También esperamos que en los fundamentos de las decisiones se refl eje la búsqueda de una auténtica co-municación democrática.

Queremos compartir muy brevemente aquí algunos postulados que nos parece que apoyan el estableci-miento de esta ley de servicios audiovisuales. Esta-mos representando a una organización ecuménica, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, con más de sesenta años y más de mil miembros alre-dedor de todo el mundo.

Trabajamos en la búsqueda de una norma que per-mita el desarrollo de la comunidad toda, en paz y justicia, y para que la voz de todos pueda ser oída y compartida.

En las sociedades modernas, los medios masivos de comunicación se han ido convirtiendo no sólo en la fuente de información sino, además, de creación de valores. Ya hace unos cuantos años, uno de los pio-neros de la comunicación en América Latina, Anto-nio Pasquali, reclamaba que la aberrante reducción del fenómeno comunicación humana al fenómeno de los medios de comunicación constituye un caso de

este proceso, viniendo en representación de la Federa-ción Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblío-pes, que es una federación que nuclea a instituciones de la sociedad civil, que trabaja el tema de discapaci-dad visual, quiero destacar un par de cuestiones im-portantes que están contempladas en esta nueva ley y que, sobre todo, es importante haber tenido, y seguir queriendo, el espacio para participar, opinar y, desde la organización de la sociedad civil, con muy pocos recursos, con muy pocas posibilidades, llegar a incidir en este tipo de debates y de decisiones tan trascenden-tes como puede ser esta ley de medios. Creo que es una cuestión importante para destacar.

Nosotros, desde la federación, hemos participado inicialmente en los debates que se han realizado, espe-cialmente donde se realizó un debate en mayo, acerca de la ley de medios y la discapacidad, y ha sido muy bueno poder tomar el texto de la ley, verlo, revisarlo y aportar desde la perspectiva de un colectivo, un grupo de personas, que muchas veces no están contemplados en el diseño de programación, en el diseño de formas de llegar la información y demás y poder hacer los aportes, y que estos aportes hoy se vean refl ejados en este proyecto.

Básicamente, quiero destacar algo muy importante que se está incluyendo en este proyecto y que es, di-gamos, detrás de todo lo que se está discutiendo suena poco, pero signifi ca mucho, que es, por ejemplo, el tema de la introducción de contenidos audiodescritos. ¿Qué es esto? Es la introducción, por canales alter-nativos, como puede ser el SAP, que se está usando en televisión, de información adicional auditiva que apoya la información visual que se puede ver en un programa de televisión por ejemplo o una película.

Por ahí suena a una complicación o una inversión más grande en los programas, seguramente en algunos lugares será así, pero creo que es importante en cuanto que permite incluir y facilitar el acceso de información a un grupo muy amplio, porque no estamos hablando sólo de las personas con discapacidad visual tradicio-nal, como son las personas ciegas, sino la inclusión de colectivos que creo que hoy en los grandes medios no aparecen, como por ejemplo las personas mayores que tienen difi cultades para acceder a la información.

Hoy en día hay más de un 25 por ciento de personas de más de 70 años que tienen disminuciones visuales que no les permiten el acceso normal a la información, entonces incluir este tipo de contenidos permiten esta apertura, este llegar con los medios a toda la pobla-ción, no al modelo, al prototipo, de audiencia que mu-chas veces por ahí se tiene en los medios.

Eso quiero destacar, y quiero destacar también otras cuestiones incluidas en relación con otras capacida-des, como el tema del close caption, que es el subtitu-lado para personas sordas que, a la vez, es buenísimo, porque además de generar información para quienes no pueden acceder a la información auditiva, hoy has-ta está siendo una fuente de trabajo para personas con discapacidad visual que empiezan a trabajar en estos subtítulos en vivo que se usan en los medios.

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estereotipos y reconociendo su creatividad. Derecho humano a que se proteja la cultura local, la producida por el pueblo y que ésta no sea avasallada por los inte-reses comerciales o de las grandes potencias. Derecho humano a la libre expresión de las ideas, favorecien-do el uso de los medios por parte de los que no los poseen. Estos y otros son los desafíos que llaman a la sociedad toda a trabajar por una comunicación que cree una verdadera comunidad justa, libre y solidaria. He aquí una ineludible responsabilidad de aquellos que han sido elegidos por el pueblo para aprobar las leyes que hagan efectiva la democratización de la co-municación.

Eduardo Galeano suele decir que si uno puede pro-ducir, aunque más no sea, un pequeño cambio, ello signifi ca que la realidad puede ser cambiada. En la Divina comedia, Dante señala que lo que distingue al purgatorio del infi erno no es el sufrimiento sino algo más importante: la esperanza. Esto es lo que espera-mos de nuestro Congreso: cambio con la esperanza de una ley que abra las puertas a una nueva comunica-ción, porque lo requiere la libertad, la democracia, la justicia y porque es el fundamento para construir una verdadera comunidad. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Pedro Lanteri, director de Radio Madres de Plaza de Mayo.

Sr. Lanteri. – ¿Se escucha bien? Porque parece que algunos no escuchan todavía lo que está ocurriendo acá. (Aplausos.) Parece que algunas cámaras son se-lectivas.

¡Cuatro días de un interesante debate, pluralista al mango! Hasta escuchamos hablar a voceros de la dic-tadura. ¡Qué bueno! Por lo menos ya los conocemos.

Cuatro días de un debate federal. Escuchamos a los pueblos originarios, y escuchamos los reclamos de aquellos con capacidades diferentes, que no pudieron seguir el debate por televisión porque no podían leer lo que se decía.

Escuchamos también a aquellos que reclamaban que no tenían ganas de escuchar desde sus pueblos el estado del tránsito en la Capital Federal.

En defi nitiva, escuchamos lo que se pretendía: al pueblo. “Audiencia” viene –voy a darme el gusto de copiarlo a... (risas.)– de “audio”, “escuchar”.

Hubo señores diputados que decían que estas au-diencias no eran sufi cientes. Pero ni siquiera a éstas vinieron. ¿Cómo van a escuchar? (Aplausos.)

Vengo a hablar orgullosamente en nombre de la militancia, de los que queremos que se escuche la pa-labra de aquellos a los que se les niega. Vengo orgullo-samente a hablar en nombre de la Coalición, no ya de nuestra radio, no ya de las Madres de Plaza de Mayo, porque ellas nos enseñaron que los únicos sueños que se concretan son los compartidos.

Por eso compartimos con la Coalición el sueño de una ley de radiodifusión que nos haga libres. Por eso compartimos una forma de construcción, de la cual se debería aprender –nosotros aprendimos– a trabajar en el consenso, a trabajar en el respeto.

perversión intencional de la razón, de tosco artifi cio ideológico.

Esto ha provocado que al desplegarse en toda su crudeza la ideología de un mundo que está siendo re-gido por el mercado, las utopías se hayan ido trans-formando en desencanto, y el optimismo de décadas pasadas se ha desvanecido como un sueño imposible.

La gran tentación que representan los medios para quienes los poseen o tienen acceso a su uso es el ejer-cicio del poder sobre la audiencia, a través del manejo del conocimiento y de la información.

Esta tentación se presenta tanto para quienes quie-ren promover sus productos como para los que gobier-nan y también para los responsables religiosos.

El acelerado desarrollo tecnológico, la concentra-ción del poder de los medios y su globalización apa-recen como una tentadora herramienta para dominar buena parte de la vida de nuestro mundo e incidir vigorosamente en la confi guración de las relaciones humanas.

¿Qué signifi ca este nuevo mundo? ¿Promueve el desarrollo de la vida humana y la comunidad de los pueblos o, por el contrario, nos degrada y deteriora? Los medios, poco a poco, se han instalado en nuestras vidas, y ahora, ¿empiezan a dominarlas? ¿Sabemos a dónde nos llevan? ¿Queremos ir en esa dirección? Vi-vimos en un mundo que procura alinearnos detrás de un pensamiento monocorde. Pero, como nunca antes, este mundo ha llegado a ser un mundo transcultural y multirreligioso. Hay que iniciar un proceso de co-municación a partir del cual el respeto de las diversas religiones y culturas, en el marco del diálogo, sea el fundamento del desarrollo de una nueva forma de con-vivencia en el mundo. Se trata de abrirse a un ejercicio de comunicación, una oportunidad de romper moldes que dominan la visión de la realidad.

Conjugar medios de comunicación masiva con co-municación democrática signifi ca, sin lugar a dudas, un cambio de mentalidad. El sueño de la homogenei-zación de la cultura ha desembocado en la pluralidad de perspectivas. Vivimos en el surgimiento de las cul-turas locales.

Cada vez más se presencia la búsqueda de expresio-nes locales, el rescate de las culturas indígenas, el fi n de las discriminaciones de todo tipo, la necesidad de defi nir la propia identidad y sus raíces. Sin embargo, trabajar a favor de una pluralidad de perspectivas no signifi ca impulsar la estratifi cación, la segmentación o la división de los pueblos. El líder sudafricano contra el apartheid, Biko, solía decir que no hay mayorías o minorías, sino sólo pueblo. Algún día tenemos que volver a rescatar el valor de la palabra pueblo.

Por eso creo, para abreviar, hay que seguir remar-cando que la comunicación es un derecho humano. El derecho de los individuos y de las comunidades a ser sujetos y no objetos de la comunicación.

Derecho humano de los grupos populares a partici-par en la producción y distribución de sus mensajes. Derecho humano a la formación y el desarrollo de las capacidades de comunicación. Derecho humano al respeto por la integridad de las mujeres, rechazando

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lo estaba escribiendo, parece que se adelantaba en el tiempo, porque lo estamos viendo hoy.

Señor futuro legislador: no se deje engatusar por espejitos de colores, porque si hoy está en la tapa de un diario –porque estrenó una película, que es muy buena–, después de ser usado va a ser tirado. Ya lo dijeron todos, y Víctor Hugo lo dijo recién.

Acá estamos discutiendo no solamente un proyecto económico sino un proyecto cultural. ¿Saben de qué estamos hablando? Hablamos de liberación o depen-dencia. Tan fácil como eso; perdón si uso un lenguaje setentista pero soy orgullosamente setentista. (Aplau-sos.)

Se habla del derecho a la comunicación y en reali-dad se habla del derecho a comerciar con la palabra. Las radios comunitarias, las pequeñas radios del in-terior, aquellas cooperativas que quisieron poner un cable, no comercializan con la palabra sino que la dis-tribuyen. Nos marcan la agenda popular, no lo que hay que saber cuando uno se levanta sino lo que hay que creer cuando uno asume la vida como un desafío en busca de un mundo mejor.

A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho –de la cual fui orgullosamente echado por el señor Otta-lagano–, que todas las leyes tienen un espíritu y un cuerpo. Lo que hoy rige la radiodifusión argentina no es una ley sino un decreto ley. ¡Recuerden! Su espíri-tu es la doctrina de la seguridad nacional, los que no quieren que se cambie es porque están más cómodos con esa doctrina de la seguridad nacional, que costó treinta mil desaparecidos en nuestro país, pero tam-bién en todo Latinoamérica. Esa es la doctrina que ellos defi enden, la de la mordaza; en cambio la ley que nosotros propiciamos es la ley de la liberación, perfectible, seguramente, y cuando asuman el nuevo mandato –luego de pocos meses– cámbienla si pue-den, pero van a tener la oportunidad, porque de eso se trata. Justamente, la vida en su dinámica. Deben descubrir nuevas verdades a través de discutir, pero para aprender, no para ganar.

Vimos miserabilidades y grandezas en estos cuatro días. Vimos aquellos que defendían posiciones mez-quinas y vimos aquellos que se sumaban al pueblo sabiendo que los hombres no son islas, como decía Thomas Merton, sino que somos conjunto. Solamente en conjunto avanzamos hacia un destino mejor. Sepan los miserables que los vamos a recordar, pero básica-mente los van a recordar sus hijos.

Sepan los señores diputados que la soberanía sigue siendo del pueblo y delega en ustedes el poder escu-charnos. En defi nitiva, sepan los compañeros que hoy trabajan en los medios dominantes –que a algunos no se les permite y otros les son cómodos– que elegimos esta valiosa profesión de comunicarnos básicamente en aras de creer en el otro y no en mí, porque ya el individualismo, uno de los vicios del neoliberalismo y del liberalismo, nos lastimó bastante.

Hay palabras que fueron apropiadas por el sistema, por la dictadura militar y la dictadura económica, y las estamos rescatando. Una de ellas es “patria”. Y yo

¡Qué difícil para algunos, que se creen que el voto les dio la infalibilidad que tiene solamente el Papa! Y eso para los que creen.

Por lo tanto, como no somos infalibles, está bueno ensuciarse los pies con barro cada tanto y escuchar lo que dice la gente respecto de temas que no discutimos previamente.

¡Qué bueno ver aquí caras que se repitieron los cua-tro días! Aunque no sean del partido que uno votó, son nuestros diputados. Porque nos escucharon. ¡Qué bue-no verlo! Pero también, ¡qué bueno ver aquellas que no vinieron o lo hicieron solamente para las cámaras, porque ya sabemos para quién trabajan!

Aquí se escuchó a todos. También vimos que hubo gente que descubrió que existe la palabra “autoritaris-mo”, y casualmente son los que defendían en la dic-tadura ese autoritarismo, o por lo menos no lo com-batieron.

Bienvenido ese descubrimiento, señores. Yo les voy a insinuar, por ejemplo, al señor Fontán Balestra, de ATA –al cual escuchamos muy atentamente–, que se fi je a quién tiene en sus fi las, porque parecería ser que su tesorero, de nombre Astesiano Agote, fue –parece-ría ser, y lo digo de esa manera para que él lo investi-gue– el interventor de Canal 13 durante la dictadura, en 1976; y hoy habla, pero descaradamente, en nom-bre de la libertad de prensa. Ese señor es tesorero de ATA, hoy representando al Canal 3 de Rosario. Como “parecería”, le pido a Fontán Balestra que averigüe, que investigue.

También vimos que los 21 Puntos que nos costaron –y no saben cuánto– reprodujeron padres y madres por todos lados; más defensores que la Coalición. Y eso está buenísimo. También descubrimos que hay gente que busca la perfección, y si el proyecto no es perfecto, no lo vota. Un tal Mengele buscaba la per-fección de la raza aria, y así le costó a la civilización lo que ocurrió después. (Aplausos.)

Perdón si no soy políticamente correcto; aprendí en la calle y en la resistencia a no ser políticamente correcto sino a hablar solamente con la verdad, y la verdad del pueblo, no la verdad de los grandes capita-les. No nos interesa.

También descubrimos que todos están preocupados por cambiar la ley; veintiséis años de preocupación le debe haber producido hemorroides a esta gente... (risas), porque se la aguantaron veintiséis años y lo dicen recién ahora. No somos tontos.

Hace tres años, un experto –más experto que yo– en la comunicación, Armand Mattelart, escribía en el pró-logo de un libro, Poder económico y poder ideológico, “Los actores del oligopolio eufemísticamente autolla-mados interlocutores comerciales se movilizan para defender sus intereses, asumen un rol político a nivel global y nacional, sus organizaciones corporativas o empresariales ejercen presiones sobre los gobiernos y las instituciones para quebrar los marcos jurídicos que eliminan las concentraciones o que impiden la cons-titución de posiciones dominantes”. Hace tres años

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Sr. Presidente (Baladrón). – Cuando termino, les doy la palabra. (Aplausos.)

–Varias intervenciones por parte del público soli-citando la palabra.

Sr. Presidente (Baladrón). – Les vamos a dar la pa-labra a todos. Creíamos que ya se había agotado la lis-ta, pero estamos dispuestos a quedarnos hasta la hora que corresponda, no hay problema.

Simplemente quiero agradecerles y expresamos nuestro compromiso de debatirlo con la adultez que los bloques en la Cámara de Diputados lo han hecho permanentemente.

Todos los que estamos aquí tenemos el compromiso de militar por una nueva ley de medios audiovisuales que nos integre a todos, que nos exprese a todos, que sea una ley inclusiva y no excluyente, que sea una ley antimonopolio, que sea una ley para todos, como real-mente es el objeto de esta ley.

Quiero escuchar a quienes quieran, porque no te-nemos ningún apuro y lo hacemos con todo gusto. Discúlpennos, pero lo importante es que podemos re-mediar este punto antes de fi nalizar con la audiencia. Le vamos a dar la palabra a cada uno de los que la han solicitado.

Tiene la palabra el señor Olivera.Sr. Olivera. – Nosotros habíamos preparado una

ponencia de diez minutos. Sabemos que están cansa-dos…

Sr. Presidente (Baladrón). – No, no hay problema.Sr. Olivera. – Mi nombre es Alfredo Olivera, soy

psicólogo y director de la Radio La Colifata. (Aplau-sos.)

Venimos para apoyar el proyecto, y queríamos ha-cer nuestro aporte básicamente desde la perspectiva de las radios comunitarias. Sabemos de muchos grupos que desde hace veinte años vienen trabajando en esto, como la gente de FARCO, FM La Tribu, etcétera.

Voy a ceder el espacio de la ponencia –el que esté interesado lo puede ver en la página www.lacolifata.org con una serie de consideraciones– a Hugo, un inte-grante de la radio La Colifata, uno de los más de cien-tos de personas que cada sábado hablan con libertad

Sr. Instructor (Ottone). – Quiero hacer una acla-ración. La ponencia no sólo va a fi gurar en la página de la radio La Colifata, sino que será cuerpo del orden del día, está publicada en la página de Internet de la Cámara y de la Comisión de Comunicaciones e In-formática.

Sr. Olivera. – Muchas gracias. Realmente si esta-mos aquí es porque queremos ser parte. Este proyecto que se intenta trabajar ahora forma parte de un largo proceso en el cual muchos de nosotros venimos tra-bajando desde hace muchos años. Entonces, por eso insistimos con querer hablar. (Aplausos.)

Sr. López. – Yo soy Hugo López –el viejo López, uno de los colifatos más viejos–. Voy a decir que es una alegría: del Borda al Congreso. (Risas.)

Alejandro, nuestro compañero, integrante de la ra-dio dice: “La democracia está bien, es representativa

voy a pedirles que todos hablemos de “compatriotas” con orgullo.

Compatriotas: es el momento de decir quién es quién y para qué lado se juega. No hay tres bandos, hay dos: el del pueblo y el del poder económico.

Nosotros elegimos escuchar al pueblo y ser defen-sores de sus deseos, sus agendas, sus necesidades y de esta intercomunicación que se da no sólo en la Argen-tina sino también en toda Latinoamérica. Pero aten-ción, las oportunidades no se repiten dos veces.

Mi generación tocó el cielo con las manos cuando vimos que un mundo mejor era posible para que una dictadura feroz nos masacre. Que no ocurra dos veces lo mismo. Esta vez seamos dignos de nosotros como argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Baladrón). – Si me disculpan, quie-ro decir algunas palabras.

Ante todo, quiero agradecer a todos en nombre de las tres comisiones que intervienen en este tema. Va-mos a comenzar a tratar el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que tomó estado parlamentario hace unos días.

Estas jornadas estuvieron enriquecidas con la par-ticipación de muchos sectores que representan el co-mercio, los sindicatos y distintos gremios, los actores, la Iglesia Católica y otras iglesias, entidades interme-dias, trabajadores y aquellos que lo hicieron indivi-dualmente porque también querían participar.

Lo que quiero decirles es que con su participación han enriquecido el proyecto que vamos a comenzar a debatir en las próximas semanas en un trabajo conjun-to de tres comisiones en esta Cámara de Diputados.

Esto que se enriqueció con este aporte le ha dado al proyecto un soporte social, político y federal. Die-ciocho provincias argentinas, distintas entidades inter-medias venidas de Salta, Jujuy, Córdoba, La Pampa, nuestra Patagonia, en fi n, le han dado este sustento federal.

Además, han brindado el respaldo que, como dije recién, nos compromete a todos nosotros juntamente con aquellos diputados que no pertenecen a nuestro bloque pero que sí han estado presentes en estas au-diencias, han escuchado y están dispuestos a acompa-ñarnos en el debate que en los próximos días vamos a dar en esta Honorable Cámara, de cara a la sociedad, de cara a la gente. Fundamentalmente, esto hoy nos compromete mucho más con todo aquello que hemos venido diciendo hasta hoy.

Queremos una nueva ley de medios audiovisuales en la República Argentina. Este respaldo que ha teni-do ese proyecto en estos días merece el mayor de los trabajos y el compromiso de todos nosotros para per-mitirle a la sociedad argentina esa nueva ley, que tanto esperan. Ahora nosotros tenemos, nada más y nada menos, que ese compromiso con la gente. (Aplausos.)

Con la mayor humildad, cada uno se expresó como lo deseaba…

Sr. Olivera. – Nosotros no.Sr. Presidente (Baladrón). – Algunas voces…Sr. López. – Radio La Colifata… pedimos dos mi-

nutos…

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radios comunitarias, no refl ejan esa situación para todo el Estado nacional. No somos escuchados, so-mos siempre invisibilizados. Reconocer el carácter plurinacional es un carácter muy amplio para que lo podamos desarrollar. Recién ahora están empezando a hablar del principio plurinacional.

Los principios de la propuesta del proyecto han sido recogidos de las demandas sociales y ejes como la plurinacionalidad e interculturalidad. En este marco se han incorporado visiones de diferentes sectores co-lectivos, para garantizar todos los derechos y cumplir las obligaciones con el fi n de garantizar la pluralidad y la democracia.

Nosotros, las comunidades, no vemos esas realida-des en las noticias, ni tampoco en las propagandas. En las propagandas, justamente, el rostro indígena o negro –como lo llaman– no abarca esa realidad por la cual nuestros jóvenes son despojados de esa cultura porque no estamos refl ejados. O sea que directamente ya es una guerra psicológica, teniendo un billete de cien pesos con una imagen de la Conquista del Desier-to. (Aplausos.) Si en esta ley hablamos de una demo-cracia de la comunicación, creo que sería muy amplio marcar esa realidad.

Respecto de la defensa plena de la libertad de ex-presión, es hora de romper con la colonización, que nos ha sido superada en más de 518 años. La libertad de expresión está concebida, ha sido patrimonio de los medios de comunicación, no para dar libertad de expresión a la sociedad sino atribución a los medios de libertad del coloniaje y que la gente deje de ser tal como es.

Con esta propuesta se busca descolonizar los conte-nidos, la orientación de tener medios de comunicación básicamente con la pertenencia de la idoneidad, con el respeto a la realidad cultural, histórica y política. El tema que hoy se está discutiendo es una cuestión que estamos debatiendo con las comunidades indígenas. No solamente acá, lo que hoy mal llamamos América. Los indígenas realizamos encuentros muy grandes, donde participamos los comunicadores indígenas y aclaramos las situaciones de los diferentes Estados, donde siempre somos invisibilizados. Si no, sería más o menos como en la época de los 500 años, cuando a los indígenas se les cortaba la lengua. Si estas pro-puestas no son escuchadas, en síntesis, siempre nos cortan la lengua (Aplausos.)

Entonces, para eso sinceramente para qué discutir nuevamente si las comunicaciones no van a servir… (Aplausos.) Lo mismo ocurre con los hermanos dis-capacitados, a quienes se les corta el poder entender una noticia y no están incluidos en muchas formas de comunicación, como el cine.

Este es el punto que marcamos, y quisiéramos que parte de lo que cualquier medio de comunicación ten-ga, sea un desarrollo paralelo para capacitación, jus-tamente a las comunidades, con este tema de poder desarrollar sus propios medios de comunicación, por el cual no tenemos muchos benefi cios económicos.

pero a mí me gustaría la democracia participativa”. Y en este momento le digo a Alejandro que estamos participando. (Aplausos.)

Nosotros queremos que esta ley sea la ley que im-pulse a las otras leyes que hacen falta; esta va a ser la ley madre, la que impulse a una nueva ley de jubila-ción –que es de la dictadura económica–, a la ley de minoridad, que está y no se conoce bien. Los medios de comunicación, me dijo un maestro, son más pode-rosos que la bomba atómica.

Pueden desarrollar a un pueblo o pueden sumirlo en la más oscura pesadilla de la “pelotudez”. (Aplau-sos.)

Me dijeron que no venga a decir malas palabras, pero me acordé del negro Fontanarrosa cuando decía que las malas palabras a veces representan más de lo que representa una palabra castellanizada.

También me acordé de Inodoro Pereyra, el famo-so personaje cuando dijo que el problema no era el injusto reparto de la riqueza, sino que el problema es el generoso reparto de la riqueza. Espero que esta ley impulse el reparto de la riqueza.

Voy a despedirme con un pequeño escrito de una colifata llamada Mabel que sintetiza todo lo que que-remos los colifatos y dice así: “Cuando se apague el fragor de las batallas, cuando todo se torne silencioso, cuando el mundo comprenda el valor del coraje y el miedo, la ignorancia y el valor del dinero no gobier-nen ni la mentes ni las almas, y el mundo sea una gran patria, entonces recién amigo, tendré calma”. (Aplau-sos.)

Colifata Solidaria le dice a los diputados –a los que están favor y a los que están en contra– que estamos dispuestos –como dice el tango– a ayudarlos en lo que podamos cuando llegue la ocasión. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Amaru Choque.

Sr. Choque. – Mi nombre es Amaru Choque y per-tenezco a la comunidad Qhapaq Ñan. Somos de pue-blos originarios. A nuestra organización pertenecen diferentes comunidades originales como mapuches, guaraní, aba guaraní, etcétera.

Quería hablar de esta ley de comunicación, ya que los pueblos indígenas sufrimos desde hace 518 años porque nunca se nos escucha por los medios de comu-nicación, o solamente nos usan para el tema folclórico o cultural, pero no ven el ámbito social o una repara-ción histórica con los pueblos originales.

La propuesta de ley busca la democratización de la comunicación porque no está practicada como derecho fundamental para cumplir con la misma Constitución. El derecho a la comunicación es un derecho humano y transversal fundamental como todos los derechos. Se reconoce el carácter plurinacional y defensa plena de la libertad de expresión, no sólo de los medios priva-dos, sino de todos los medios y actores de la sociedad. Libertad de expresión que se origina en la sociedad, no es propiedad de ningún medio, Estado o gobierno.

Los pueblos originarios no tenemos un refl ejo en la comunicación en los canales actuales o a través de las radios comunitarias. En las comunidades que hay

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adolescentes, que son negados y no son reconocidos como corresponde. “Son locos de la guerra, y sí son negros, que se maten y tenemos un problema menos.” Pero no olviden que hay democracia gracias a los conscriptos que fueron a dar su vida por su tierra, y no digo patria porque es un término militar, sino tierra. Sépanlo todos.

Es tierra, porque si hablamos de patria, nuestra ma-dre patria vive en Europa, así que somos todos huér-fanos. Y a nuestro padre de la patria lo echaron a la mierda y se fue a morir a Francia. (Aplausos.) ¿De qué patria se habla? ¿De la patria fi nanciera?

Tampoco somos pobres. No tenemos plata. La plata la trajeron los europeos. Pobres ellos, traidores a su patria porque abandonaron su tierra. Pero no olviden que la democracia se la debemos a los conscriptos que defendieron su tierra hasta morir, mientras los siguen negando día a día.

Exigimos un pronto reconocimiento de Derechos Humanos Por Qué No, que se escuche nuestra voz y se conozca nuestra opinión. No vaya a ser que tengamos que esperar otros 518 años.

A todos los medios, en sus páginas y en las pautas radiales y televisivas, y a todos los diputados de la Nación, exigimos que no tarde en salir esta ley que defi ende nuestros derechos, que jamás tuvimos. Basta de callarnos.

Todos los pueblos y las naciones anteriormente ex-puestas los apoyamos. Me refi ero a la Nación Kichua Kerandí, Central Conscriptos, Pueblos Originarios, Nación Tehuelche de San Vicente y el pueblo de Ki-mili de Santiago del Estero. Todos ellos son mis pa-rientes.

Gracias a Radio Gráfi ca que nos había dado un espacio hace tiempo, a Canal 7, que se quedó –los otros medios se fueron–; está ahí mi pareja, mi cáma-ra amiga. (Risas.) Algunos amigos me dicen: “Tengo una fi esta, un asado, ¿querés venir? Traé la cámara”. Cuando llego, me preguntan: “¿Trajiste tu cámara?”. “No, vengo con mi pareja”, les contesto. (Risas.)

Agradezco a todos los que nos están escuchando. Voy a invocar a los espíritus para que nos iluminen a todos y la ley salga pronto. (Aplausos.)

Exigimos esta ley, queremos que se escuche nuestra voz. Queremos la radio FM y un espacio en Canal 7. (Aplausos.)

Gracias a todos. Los indios leemos poco y tartamu-deamos. Yo era tartamudo, y mi abuela me curó ha-ciéndome tomar agua del cencerro. (Risas.)

Sr. Presidente (Baladrón). – Mire que yo soy de La Pampa y sé de eso. (Risas.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor Rafael Arrastía, de la Radio de la Villa 21, de Barra-cas.

Sr. Arrastía. – Está casi todo dicho, sólo quería agregar dos cuestiones. La primera está relacionada con la música, porque es un elemento fundamental en el lenguaje radiofónico, pero también en la vida de todos nosotros. ¿Quién no recuerda la música con la cual se enamoró de su marido o de su mujer? ¿Aca-so el Himno Nacional Argentino es obligatorio en un

Lo que refl ejan las comunidades respecto de las comunicaciones es que el indígena está a un costado, despechado de sus tierras y territorios, lo cual no refl e-ja una integración y desarrollo social y cultural. Jalla lla por escucharme. (Aplausos.)

Sr. Instructor (Ottone). – Tiene la palabra el señor José Edgardo Gherbesi.

Sr. Gherbesi. – Hermanas, hermanos, parientes, amigos: Yo soy hijo del Sol, ¿cómo están? ¿Bien? Yo, más o menos.

Gracias a los espíritus mayores; que guíen a los di-putados presentes, a los televidentes de los dos pue-blos, a la Honorable Cámara de Diputados, compañe-ros, correligionarios, socialistas, Pro, Coalición, ARI, Sí, y otros. Somos de la toldería de la Nación Quichua Querandí, que no fi guramos en el mapa, siendo que nosotros recibimos a Garay y a Mendoza.

Exigimos, también les pedimos si quieren… (risas) la palabra radio, TV y medios gráfi cos. Por eso les pido a los espíritus que iluminen a los diputados para que sancionen esta ley. Ya se ha dicho mucho pero voy a hablar de nuestra cosmovisión.

Quiero agradecer a mi maestra –siendo que hoy es el día del maestro–, que me enseñó a hablar el caste-llano, porque yo hablaba quichua, no quechua, como dicen, sino quichua, que es santiagueño.

Somos de la comunidad kerandí y apoyamos todas las leyes de las que hablaron los compañeros.

Estoy con mi pareja, que está ahí, grabándome. Soy de los medios. Esa es mi cámara, la que tiene una vin-cha, y los espíritus me están grabando. Y como soy de los medios, exijo medio y hacer oír nuestra voz, la de Derechos Humanos Por Qué No.

Las naciones originarias y los pueblos de distintas lenguas apoyamos la democrática ley de comunica-ción a los pueblos originarios ya que seguimos siendo ignorados desde hace 518 años. Exigimos que tengan el bien de otorgarnos el medio de radio AM, FM, ca-nal de TV, gráfi cos, etcétera, en cada pueblo, en cada ciudad.

Queremos seguir manteniendo las raíces de nues-tros ancestros que dejaron sus vidas en manos de los conquistadores, violando a nuestras mujeres, asesi-nando a nuestros hombres, secuestrando a nuestros hijos para esclavizarlos y saquear nuestro oro y plata –eso lo saben todos ustedes–, y por último, extermi-narlos, en manos de Garay, Mendoza, Roca y otros de la dictadura militar, muchos de los cuales hoy ostentan cargos en distintas instituciones.

No nos devuelven los territorios otorgados a sub-alternos de Julio Argentino, que fi guran en localida-des que todos conocen –y en las que no fi guran–; son localidades de soldados del general genocida, porque los emborrachaban y les daban menos de una hectá-rea, el pobre soldado borracho regalaba lo poco que le habían dado.

Eso me trae el recuerdo de que se propone algo para los soldados que involuntariamente obedecieron órdenes en los años de dictadura –que hoy están sien-do juzgados por crímenes de lesa humanidad–, para que un borracho juegue a la guerra con nuestros hijos

84 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Viernes 11 de septiembre

Se trata de un juego como el Estanciero o Mono-poly, a los cuales tal vez jugábamos cuando éramos chicos, pero sería el antimonopolio. Este juego con-tiene tarjetas de premios, multas, curiosidades, todo el texto que ustedes han estado trabajando estos días está volcado en esas tarjetas. Tiene cuarenta casilleros, los de color verde son los medios de propiedad social, los rojos los de propiedad privada, y los celestes y blan-cos los medios públicos.

Entonces, uno va avanzando o retrocediendo de acuerdo a si hace las cosas bien o mal; hay tres ca-silleros negros: el de la ley Videla, la de los grupos multimedia y el monopolio del fútbol. Hay quien se encargó de que ese último casillero ya se lo saque del tablero.

Quien se encargó es nada más y nada menos que esa enorme estadista latinoamericana y mundial que ocupa el número trece de simpatía entre los líderes del mundo y que ha tenido el coraje de promover esta ley después de veinticinco años.

Con esto me quiero despedir, agradeciendo nueva-mente a los diputados y solicitándoles que traten de hacer todo lo posible para que esto salga.

Ya expusieron excelentemente bien Javier Gonzá-lez, Martín García –que dio una clase magistral–, y tantos otros que ya dijeron todo lo que había que decir al igual que todas las organizaciones que hablaron.

Si alguno desea el juego para trabajarlo con su mo-vimiento social, su organización, su universidad me lo puede pedir vía mail. Mi dirección es arrastiarafael@yahoo.com.ar. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Baladrón). – Tiene la palabra el se-ñor Espejo de la Central de Movimientos Populares Argentinos.

Sr. Espejo. – Vamos a reducir la exposición a tres minutos porque ya está la ponencia para que la lean.

Vengo en nombre de la Central de Movimientos Populares, cuyo secretario general Luis D’Elía es qui-zás el símbolo más claro de lo que hacen los medios de comunicación ultraconcentrados con los sectores excluidos, con los morochos de piel, con los que re-presentamos o pretendemos representar a los sectores pobres de este país.

Queremos dejar como mensaje que la sanción de esta ley es indispensable, es una necesidad porque entonces mientras veinte canales digan que somos negros, feos, sucios y malos, otros veinte canales explicarán que si no tenemos pulcritud es porque no hay agua ni cloaca en nuestros barrios, que si somos morochos o mestizos es porque somos hijos de esta tierra, descendientes del negro San Martín. (Aplau-sos.) Y que no somos tan malos y tenemos derecho a la comunicación y a poder contar quiénes somos y qué hacemos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Baladrón). – Con las exposiciones que se han escuchado, damos por fi nalizadas las au-diencias públicas y nos encontraremos la semana que viene para debatir el proyecto de ley. Muchas gracias.

–Es la hora 20 y 12.

30 por ciento? ¿Acaso cantamos Aurora uno de cada tres días en la escuela? Son canciones que el Estado nacional ha decidido que sean obligatorias pero no ol-videmos que además de letra son música. Y la música identifi ca a un pueblo.

Señores legisladores: además de agradecerles esta oportunidad, de tener el coraje de tratar este proyecto y posibilitarme hablar, creo que sería importante no sancionar una ley con culpa, no legislar con culpa.

Creo que debemos darle como mínimo un 50 por ciento, compañeras y compañeros, a la música argen-tina; no legislemos con culpa, y que el 25 por cien-to sea de sellos independientes. (Aplausos.) Si no, al fi nal, desde 1986 hasta ahora nos hemos dedicado a instalar antenas, torres, etcétera, para terminar pasan-do la música de los sellos transnacionales y terminar leyendo la tapa de Clarín todos los días. (Aplausos.) Entonces, son importantes las radios, los canales pero también los contenidos.

Personalmente propongo una idea que la he expre-sado en algún foro, que es la de crear un banco argen-tino de música, eso obviamente no estaría en la ley. Es decir que a través de sitios web, cualquier radiodifusor del planeta pueda acceder a música de los distintos territorios, la música surera del compañero Baladrón, la música del NOA, el chamamé del NEA, de las dis-tintas épocas, territorios y de todos los ritmos, el rock nacional, la cumbia santafesina, etcétera. Eso sería muy importante poder concretarlo.

En el año 1986, cuando aquí todavía no se hablaba de radios libres y populares, el fl aco Guillermo Villar y Miguel Pancera, quienes estaban trabajando en la Villa 21, me invitaron a participar de algo que terminó siendo la primera radio comunitaria. Si bien empeza-mos con un sistema de altoparlantes, lo importante era que tenía programación propia de la gente de la villa y era bilingüe, se hablaba castellano y guaraní. Luego fue FM Sapucay.

Después nos acercamos a UTPBA que nos abrió las puertas inmediatamente, después formamos ARCO, después, en el 90, FARCO. Más adelante, otros com-pañeros retomaron la línea de FARCO, hoy está al frente Néstor Buzo, quien también expuso muy bien aquí en estos días.

Actualmente estoy haciendo un programa en FM La Boca, que es una radio muy querida que desde hace más de veinte años pasa rock nacional alternativo, la música de los chicos que hacen bandas, que producen arte, pero también producen economía para familias de gente joven que no tienen con qué hacerlo. Enton-ces, toda esa gente también tendría que ser apoyada.

Para ir cerrando quiero decirles que siempre, más que hacer grandes ponencias académicas, preferí acer-carme a la gente para que entendamos juntos de qué se trata. En este momento he hecho algo, que se llama la Gran Antena, que es el juego de la radiodifusión, al que quiera se lo puedo enviar por correo electróni-co, solamente me lo pide. En este sentido han estado saliendo notas en el diario Crítica, Miradas al Sur, etcétera.