Asuntos indígenas. Derechos Teritoriales - IWGIA

7/22/2019 Asuntos indígenas. Derechos Teritoriales - IWGIA

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Asuntos Indígenas 4/04 1

ASUNTOS

INDIGENAS

D E R E C H O S T E R R I T O R I A L E S

4/04

IWGIA



2 Asuntos Indígenas 4/04

TIERRAS Y TERRITORIOS INDIGENAS EN AMERICA CENTRAL

Georg Grünberg

EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA GOBERNANZA DE LOS PUEBLOS

INDIGENAS AMAZONICOS:LIMITES Y POSIBILIDADES

Pedro García Hierro

EL TERRITORIO MAPUCHE DESDE LA PERSPECTIVA DEL NGUTRAM

Lorena Cañuqueo

“LAS TIERRAS QUE CONSIDERAN

COMO SUYAS”

RECLAMACIONES MAPUCHES EN LA TRANSICION DEMOCRATICA CHILENA

Víctor Toledo Llancaqueo

editorial

contenido

22

33

6

Cubierta: Alto Amazonas, Perú - Foto: Pablo Lasansky

américas

4

38

Asuntos Indígenas 4/042




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Resto del mundoResto del mundo

ISSN 1024-3283

En el mes de diciembre de 2004, la Asamblea General delas Naciones Unidas adoptó una resolución para el esta-

blecimiento de la Segunda Década Indígena para los Dere-chos de los Pueblos Indígenas. Esta es una decisión a la queIWGIA le da su bienvenida.

Como hemos señalado en nuestra revista anterior, esnecesario dar un apoyo activo a la segunda Década en lacual, uno de los principales desafíos de los pueblos indíge-

nas debe ser la puesta en práctica de los logros obtenidos anivel internacional, para la protección de los derechos indí-genas en los contextos nacionales e internacionales.

En el mes de diciembre, el Grupo de Trabajo de la ONUque trabaja en la redacción de la Declaración sobre los dere-chos de los pueblos indígenas, se reunió de manera extraor-dinaria en Ginebra. Como con otras ocasiones, IWGIAapoyó la participación indígena. Lamentablemente el Grupode Trabajo no pudo realizar avances importantes y, tras 10años, el futuro de la Declaración sigue siendo incierto. De-pende ahora de la Comisión de Derechos Humanos de laONU decidir si el mandato del Grupo de Trabajo se extiendepor uno o dos años más. La falta de avances se debe más

que nada a la falta de voluntad de una serie de gobiernos enaceptar las demandas más básicas de los pueblos indígenas,como el derecho a las tierras y territorios. Es triste ver comola retórica de algunos gobiernos permanece firmemente en-raizada en la historia colonial.

Uno de estos países es Australia que, con la reeleccióndel gobierno conservador, ha iniciado una campaña contralos pueblos indígenas. El gobierno australiano intenta, en

forma sistemática, minar los derechos indígenas, volviendoa una era de paternalismo y revisión del pasado colonialaustraliano, usando una retórica de asimilación, como si noexistiese el Convenio 169 de la Organización Internacionaldel Trabajo. Otros gobiernos, como el de los Estados Uni-dos, continúan insistiendo en que la auto determinación delos pueblos indígenas debe ser definida como “auto deter-minación interna”, como si este concepto tuviese algún sen-

tido en la legislación internacional.En el mes de noviembre, se reunió en Senegal laComisión Africana para los Derechos Humanos y de losPueblos y su Grupo de Trabajo sobre Poblaciones/Comuni-dades Indígenas. IWGIA apoyó la participación de 13 repre-sentantes indígenas. Durante la sesión de la Comisión setrató la situación de los derechos humanos de los pueblosindígenas, especialmente los de Ruanda.

En el mes de diciembre, en Copenhague, IWGIA cele- bró su encuentro anual de sus miembros. El tema de esteaño fue “Mujeres Indígenas y la Estrategia de Género deIWGIA: Tradición, Autodeterminación y Democracia”.Este año hemos recibido la visita de dos mujeres indíge-

nas: Horda Rotino de la organización “Pueblos IndígenasPokot para el Desarrollo Sustentable”, de Kenia y GraceShatsang de Manipur, India, perteneciente a la organiza-ción “Unión de Mujeres Naga”. Ambas aportaron con susponencias como su trabajo desafía las practicas tradicion-ales que ellas consideran opresivas para las mujeres de sussociedades.





P ara los pueblos indígenas, “la noción de territorioes un concepto que intenta acercarse a definir la

realidad milenaria de relación entre los pueblosindígenas y su habitat natural, así como la ineludiblenecesidad de respetarla a la hora de asegurar el futurode cualquiera de los dos términos de esta relación. Losterritorios y los pueblos indígenas se pertenecen”.1

Las recuperación y legalización de los territorioshan constituido los ejes central de su lucha por la su-pervivencia y su autodeterminación. Por ello, y durantemuchos años, IWGIA ha definido como una de susprincipales prioridades, apoyar a las organizaciones in-dígenas en sus reivindicaciones territoriales.

En esta edición de Asuntos Indígenas, presentamos

un panorama general de la problemática territorial enAmérica Central y del Sur. Los avances en la titulacióny los enormes problemas que aun siguen enfrentandolos pueblos indígenas del continente.

En América central se ha venido registrando un au-mento de tierras y territorios legalizados a favor depueblos indígenas, bajo figuras jurídicas diversas.Georg Grünberg nos brinda un detallado panorama delas reivindicaciones territoriales en cada país de laregión.

En Belice, se reconocieron los derechos sobre la tier-

ra y los recursos naturales del pueblo maya, en base asu ocupación y uso tradicional mientras que en Hondu-ras el proceso de legalización de tierras ha venido fa-voreciendo sólo a los indígenas del área central y occi-dental del país.

En el caso de Guatemala, las demandas de tierra hansido una de las principales causas del sangriento con-flicto que vivió el país y los acuerdos de paz no hanpodido brindar soluciones a los problemas de la tenen-cia de la tierra. Hasta el día de hoy continua la in-definición legal sobre las tierras comunales y los con-flictos por la tierra se multiplican.

También en Nicaragua las reivindicaciones territori-ales han sido motivo del conflicto armado, especial-mente en el caso de la Mosquitia. En Panamá por suparte, la revolución kuna de 1925 llevó al establec-imiento de una región autónoma, sirviendo de modelopara los otros pueblos del país. También es en Panamádonde los indígenas han logrado mayor incidenciapolítica a nivel nacional, comparado con los otros país-es centroamericanos.

En la región amazónica se han logrado importantesavances en la consolidación del derecho al territorio.

Pero los espacios titulados no corresponden en muchoscasos a las expectativas indígenas y en países como Bo-livia o Venezuela el proceso de legalización encuentraserios tropiezos. Pedro García Hierro discute la com-plejidad de la situación actual y futuro de los pueblos yterritorios indígenas. Las amenazas sobre los territoriosya titulados son múltiples y “perder el control territo-rial es un riesgo que está a la vuelta de la esquina”.

En el sur del continente, Victor Toledo Llancaqueoanaliza los ciclos de reconstrucción del territoriomapuche, los impactos del modelo económico neolib-eral chileno y las demandas indígenas durante el perío-

do conocido como “la transición democrática”. La sit-uación de los indígenas en Chile viene mostrando algu-nos avances significativos. En noviembre de 2004, elTribunal Penal de la ciudad de Temuco, absolvió a diri-gentes mapuches acusados de terrorismo por sus recla-mos territoriales. Por primera vez, un tribunal chilenoreconoce que “la tierra es el fundamento de la identi-dad indígena”.

Si bien el indígena está íntimamente asociado a suterritorio, es notable la masiva migración de comuni-dades indígenas a los centros urbanos. Para pueblos

como el mapuche, el 70% de su población vive en lasciudades chilenas o argentinas. En esta publicaciónLorena Cañuqueo, mapuche de la ciudad de San Carlosde Bariloche, escribe sobre la reconstrucción simbólicadel territorio, planteando que la migración comoproceso histórico, no significa la renuncia al territorio yque incorpora a los mapuches de las ciudades en lasdemandas.

Si bien los artículos de esta publicación tratan única-mente los derechos indígenas en América, para los pue-

blos indígenas de los otros continentes, las demandasterritoriales son también prioritarias2.

En Asia, el reconocimiento de los derechos territori-ales indígenas varía considerablemente de país a país.Mientras que en Tailandia no se reconocen los derechosa las tierras y bosques de los indígenas, la situación enLaos y Vietnam es un poco más favorable. En Laos seha otorgado la propiedad de bosques a comunidadesindígenas, aunque en superficies insuficientes para de-sarrollar la practica de cultivos de roza y quema. EnVietnam se acaba de aprobar una nueva legislación,

EDITORIAL EDITORIAL





como primer paso al reconocimiento de tierras comu-nales indígenas.

En Camboya existe la posibilidad de obtener títuloscomunales pero aun falta la aprobación del reglamentolas ley de tierras. En la provincia de Ratanakiri se estádesarrollando un proyecto piloto de titulación, en partecon el apoyo de IWGIA.

En Filipinas es posiblemente donde se han hecho losavances más importantes. Allí es posible titular lo quese conoce por dominios ancestrales de los pueblos indí-genas. Pero el proceso es complicado por lo que mu-chas comunidades necesidad de asistencia externa, co-mo los proyectos de titulación de tierras de IWGIA enla isla de Mindanao.

En India si bien las leyes protegen las tierras indíge-nas, se viene registrando un rápido proceso de priva-tización de las tierras comunales. Este proceso está in-centivado por condiciones de los prestamos otorgadospor la banca internacional.

Pasando a Africa las comunidades indígenas en-frentan situaciones muy desventajosas en cuanto a laposibilidad de obtener títulos de propiedad sobre sustierras. A través de todo el continente, los pueblos pas-toralistas y recolectores/cazadores han perdido a lolargo de la historia, grandes espacios territoriales. Esto

se ha debido a la expansión de los frentes agrícolas, elestablecimiento de áreas de conservación y proyectosde infraestructura a gran escala.

Muy pocos países reconocen los derechos de lospueblos indígenas sobre sus tierras y recursos natu-rales. Una excepción importante es Sudáfrica, donde sehan reconocido las tierras de algunos pueblos indíge-nas. En países como Namibia y Botswana, muchos in-dígenas han sido despojados de sus tierras y no haymuy buenas perspectivas de recuperar aunque seaparte de estas.

Por otra parte, en Tanzania el gobierno reconoce el

derecho consuetudinario de la propiedad de la tierra. Enla actualidad es posible la titulación colectiva de tierras ycon el apoyo de IWGIA se está implementando la titu-lación de estas para los pastoralistas del norte del país.

En Kenia no existe una clara política sobre este tema.Desde el año 2003 se viene promoviendo un cambio en lalegislación de tierras, pero hasta el momento sin partici-pación indígena. Mientras tanto, se viene promoviendola privatización y los títulos individuales de tierras, queocasiona la perdida masiva de tierras indígenas.

En África Central, en países como Ruanda, Burundi,Congo, Gabón, Camerún y la Rpública Central Africana,

los derechos indígenas continúan siendo muy vulnerables. No se reconocen los derechos territoriales indígenasy sus tierras continúan siendo avasalladas por la tala de

bosques, proyectos de conservación y la agricultura.En Africa Occidental tampoco existe el recono-

cimiento de los derechos indígenas.En el Ártico la situación es diferente y se han alcan-

zado logros importantes. En el norte de Canadá el pueblo inuit logró el establecimiento del territorio au-tónomo de Nunavut, con una superficie de 350.000 km2

y derechos de subsuelo al 10% del territorio.En Groenlandia, los indígenas lograron la autonomía

del reino danés, en 1979 y los indígenas son dueños desus territorios, a través de su gobierno. Los saami porsu lado han adquirido una influencia considerable através los parlamentos saamis en Suecia, Finlandia yNoruega. Asimismo, los gobiernos nórdicos han soca-vado los derechos indígenas a la tierra y sus recursos.

Por último, en Rusia los derechos de a las tierras yrecursos están protegidos por tres leyes federales. Lam-entablemente, estas leyes aun no han sido plenamenteimplementadas y la difícil transición económica no esprecisamente útil para esclarecer los derechos sobre la

tierra y los recursos.En todo el mundo, la lucha por el territorio ha dadoun fuerte impulso al movimiento indígena y, como in-dica Pedro García Hierro, “es un concepto muy fértilpara el resto de sus reivindicaciones habiéndosele vin-culado a temas como cultura, educación, propiedad in-telectual, espiritualidad, administración de justicia, go-

bierno y autodeterminación interna, economía, bienes-tar, reforma de Estado, gestión y acondicionamientoterritorial, participación política, mercado y tantos otrosque han recibido su impulso a partir del desarrollo dela reivindicación territorial”.

Notas

1 “El Indígena y su Territorio” Chirif, García, Chase Smith,1991. Pág. 26.

2 La edición en inglés de esta revista trata sobre las deman-das territoriales indígenas de Camboya, Filipinas, Cana-da, Sudáfrica y Kenia.





La Campaña de Autoafirmación Mapuche We-

fkvletuyiñ -Estamos Resurgiendo- está conforma-

da por el Proyecto de Teatro Mapuche y el Equipo

de Comunicación Mapurbe. Surge en el año 2002 en Ba-

riloche (Provincia de Río Negro, actual Argentina) lue-

go del 1er Encuentro de Arte y Pensamiento Mapucherealizado en esa ciudad. Nuestro trabajo está impulsa-

do fundamentalmente por jóvenes mapuche urbanos

de algunas ciudades de Puelmapu (Territorio Mapuche

dentro del actual Estado Argentino), siendo uno de los

objetivos del trabajo realizar investigaciones que per-

mitan profundizar el análisis y la comprensión acerca

de procesos de la historia y de las producciones actua-

les de las organizaciones mapuche.

Dentro de estos ejes de investigación se encuentra

el que tiene que ver con la manera en que los mapu-

che construyen sus relatos de pertenencia. En ese mar-co, nos interesa especialmente analizar la perspectiva de

los jóvenes wariache (gente de la ciudad) que indagan

acerca de su pertenencia a la identidad mapuche pero

que, sin embargo, no son contemplados por los discur-

sos hegemónicos actuales: tanto los que sustentan las

políticas del estado argentino y sus instituciones, como

aquellos elaborados por organizaciones mapuche que

están legitimados al interior del movimiento (al menos

en Puelmapu). En su construcción de pertenencia, estos

jóvenes apelan al ngutram, un género discursivo mapu-

che que permite pensar, entre otros elementos, catego-

rías de identidad, comunidad y Territorio. En este artí-culo abordaré la discusión en torno al concepto de Te-

rritorio desde la perspectiva de este género.

La invasión al Territorio

Producto del proceso de colonización e invasión de te-

rritorios indígenas que llevaron adelante los estados

argentino y chileno durante el siglo XIX, el Territorio

Lorena Cañuqueo1

El Territorio Mapuche desde

la perspectiva del Ngutram

Mapuche fue violentamente reducido por dos campa-ñas militares paralelas.2 Producto de esta avanzada,

en Puelmapu las familias y comunidades mapuche fue-

ron expulsadas de sus territorios y desmembradas, ini-

ciándose así un proceso de permanente relocalización

y reubicación. Este proceso no se dió de manera homo-

génea, ya que mientras un importante número de ma-

puche fue incorporado como mano de obra, otros fue-

ron afectados por diferentes políticas de tierras: crea-

ción de colonias pastoriles, ocupaciones precarias de tie-





gráfica o un espacio de la naturaleza que se encuentra

bajo influencia cultural y control político de un pue-

blo” (Coordinación de Organizaciones Mapuche Tayiñ

Kiñegetuam – TK –1995a). El Territorio Mapuche o Wa-

llmapu “es el espacio en donde se ha realizado la his-

toria de cada familia y de cada Lof o comunidad”. A la

vez el Lof “es el punto de origen e identidad de cada

persona” (TK 1995b). Por un lado, la identidad estádefinida por un espacio físico y comunitario donde se

funda la pertenencia: es el espacio de Lof . En el Lof lo

comunitario se define por una “Organización Estruc-

tural Histórica conformada por nuestros PU LOGKO,

PU PIJAN KUSE, PU WERKEN” (TK 1995a) cada uno

con una función determinada. El Lof es donde “las fa-

milias convivimos. Es el punto de origen e identidad

de cada persona” (TK 1995b).

Estas características tienen un anclaje dentro de la

concepción contenida en la cultura tradicional mapu-

che y fueron formuladas en un proceso de discusión y

cuestionamiento de las concepciones hegemónicas es-tatales. Así, el concepto de Wallmapu interpeló las no-

ciones de territorio impuestas por los estados argenti-

no y chileno, en función de unificar la reivindicación

territorial a ambos lados de la cordillera. Por otro lado,

el concepto de Lof permitió fijar coordenadas propias

de configuración de sentidos de identidad, pertenen-

cia, comunidad y organización socio-política. Pero esta

impugnación discursiva derivó en lo que actualmente

se presenta como una situación problemática: Esta re-

lación Lof -Wallmapu llevó a pensar que la reivindica-

ción territorial pasa solamente por el reclamo del espa-cio físico del Lof dentro del ámbito rural, a la vez que

excluye de esa reivindicación a los mapuche urbanos,

a menos que se propongan el retorno al campo.

Los aportes del Ngutram

Las tierras a las que fuimos reducidos llevaron a una

permanente migración de las familias que fueron ex-

pulsadas de los espacios comunitarios hacia las peri-

ferias urbanas. Allí han nacido varias generaciones de

mapuche que actualmente plantean debates acerca delas nociones de identidad y territorio que no contem-

plan la realidad urbana.4 En esos debates se busca in-

terpelar, por un lado, al discurso hegemónico argenti-

no, pero también al mapuche. La Campaña Wefkvletu-

yiñ, junto a otras experiencias, ingresa a la discusión

en ese marco. Es desde ese ámbito que propongo un

cuestionamiento a las nociones hegemónicas de Terri-

torio Mapuche desde un género discursivo mapuche:

el Ngutram.5

rras fiscales y asignación de títulos de propiedad pri-

vada (Briones y Delrío 2002). En ningún caso el esta-

do argentino delineó una política específica para la po-

blación indígena, sino que las diferentes negociaciones

que pudieron entablar algunos mapuche se enmarca-

ron en otras políticas, siendo las tierras obtenidas para

la radicación escasas y poco aptas para el desarrollo de

las comunidades.La política estatal argentina tuvo su fundamento

en la ideología hegemónica -cimentada en los postu-

lados de la “Generación del ‘80”- una de cuyas impli-

caciones fue la invisibilización de la presencia indíge-

na. Dentro de la representación hegemónica argenti-

na de la alteridad indígena, los discursos que circu-

lan se basan en ideas de extinción y asimilación que

justifican la negación de la presencia indígena dentro

del país, a la vez que determinan para aquellos indí-

genas “asimilados” -“aún existentes”- una adscripción

exclusivamente rural, con estigmatizaciones que remi-

ten a categorías biologicistas, sumadas a formulacio-nes estáticas de determinismo cultural (Briones 1998).

Esta concepción acerca de la identidad indígena favo-

rece estrategias invisibilizadoras y de des-marcación

de la identidad por parte de los afectados. La presen-

cia indígena urbana, desde la perspectiva del discur-

so estatal argentino, es una situación no contemplada

porque la migración a la ciudad se asocia a la acul-

turación, la pérdida de la identidad y la consecuente

extinción. En consecuencia, las demandas indígenas

provenientes de los ámbitos urbanos son fuertemen-

te deslegitimadas.

La discusión mapuche: Lof y Wallmapu

Durante los ‘90 se planteó el debate a nivel internacio-

nal acerca de los derechos indígenas, un debate que es-

tuvo signado por una fuerte movilización de los pue-

blos indígenas en Latinoamérica. En Argentina, el fin

de las dictaduras militares derivó en un movimiento

de defensa de los derechos humanos, en el que fue po-

sible abrir la discusión acerca de los derechos de las

minorías marginales y étnicas. Esta discusión se fueproyectando como una arena específica que se forta-

leció en confluencia con el hito que significó la con-

memoración de los “500 años” de la invasión del con-

tinente americano (Briones en prensa).

En ese contexto, diversas organizaciones establecie-

ron definiciones conceptuales para unificar la lucha y

el planteo mapuche, entre ellas la de identidad y la de

Territorio. En uno de los documentos de la “Tayiñ Ki-

ñegetuam”3 se define al Territorio como el “área geo-




Este género se caracteriza por constituirse a partir

de relatos históricos que contienen formas de interpre-

tación de los sucesos y coordenadas temporales y espa-

ciales diferentes a las de una estructura narrativa occi-

dental. Además, entiendo al ngutram como un género

discursivo mapuche en tanto es una práctica que po-

see formas propias de ejecución, usos sociales deter-

minados que son constitutivos y constituyentes de lavida social mapuche y que posee interpretaciones pro-

pias desde los narradores y los destinatarios (Gollus-

cio 2002). Quien relata un ngutram es “un enunciador

autorizado, por el hecho de estar contando algo que le

fue contado” (Ramos 1999) por mayores de sus fami-

lias o cercanos a él. “Los enunciadores presentan a sus

antepasados como testigos de los acontecimientos, ex-

presan su afectación directa ante los mismos (...)” (op.

cit.). Se trata de un conocimiento considerado verosí-

mil por el hecho de haber sido transmitido por los ma-

yores y porque, además, los hechos fueron vividos por

los narradores.En este artículo parto de un ngutram específico que

me fue narrado por un miembro de mi familia. Se tra-

ta de un ngutram que relata la trayectoria de la “gente

de Namukura”6 y que comienza en los procesos de re-

organización socio-política luego de la conquista mili-

tar para emprender un recorrido por diferentes luga-

res del territorio mapuche hasta llegar al presente de

nuestras familias. No desarrollaré aquí el relato, pero

desglosaré algunos aspectos que hacen a la discusión

planteada.

Hablar de la “gente de” significa hablar de una co-munidad imaginada, heterogénea, cambiante, conflic-

tiva pero a la vez perdurable a través del tiempo. La

comunidad es la que el ngutram describe y la que uno

puede rastrear en cada lugar donde alguien narra ese

ngutram, configurándose concepciones mediante “sen-

tidos de pertenencia” (Golluscio 2002). Se trata de su-

cesos que nos pertenecen a los mapuche que deriva-

mos de la trayectoria de ese relato. Es decir, ese “senti-

do de pertenencia” no involucra solo al narrador sino

también a sus destinatarios mapuche herederos de ese

ngutram. Se viven “procesos de comunalización” (Brow

1990) en los que se identifican formas de actuar frente alos sucesos que devienen producto de la invasión esta-

tal. El ngutram permite un análisis histórico y, a la vez,

la posibilidad de reconstruir nuestra identidad colec-

tiva a partir de entender qué ocurrió en Puelmapu. Es-

tas son marcas que impregnan hasta hoy los relatos de

las historias personales, familiares y comunitarias esta-

bleciendo modos propios de relaciones de pertenencia

entre las antiguas y actuales generaciones. El ngutram

construye sentidos de devenir donde la trayectoria em-

prendida en el pasado por los antiguos no se corta con

la migración hacia las ciudades de los mapuche en el

presente sino que, por el contrario, se enmarca en una

lógica histórica. La dinámica del género ngutram per-

mite que el narrador pueda establecer una continuidad

entre lo narrado y la posterior descripción eventual de

su situación actual.

A partir de la invasión de Puelmapu, las comunida-des se vieron obligadas a abandonar sus lugares tradi-

cionales y, por lo tanto, se desestructuraron los espacios

de los Lof y se perdió el control territorial. Si adoptára-

mos la noción de Territorio del discurso mapuche de la

TK, deberíamos pensar que en este proceso se perdieron

los puntos de referencia para la construcción del Wa-

llmapu. Sin embargo, desde el género ngutram la cons-

trucción del Territorio se realiza dentro de la trayecto-

ria del relato y expone, por ende, otros sentidos.

La trayectoria emprendida por el ngutram se amplía

hasta llegar al presente y los lugares que estaban co-

nectados dentro del relato siguen estándolo en la me-dida en que forman parte de la construcción de la his-

toria mapuche. No son lugares de pérdida sino luga-

res de los que proviene nuestra pertenencia como ma-

puche. Así, el campo y la ciudad, el Lof y nuestro pre-

sente en las urbes son espacios que el ngutram conec-

ta. De esta manera el lugar de donde uno viene deja de

ser un lugar único geográfico y se convierte en un lu-

gar en la historia que el propio discurso del ngutram va

construyendo, osea, un lugar que forma parte del Te-

rritorio Mapuche.

Cada vez que un ngutram o un relato de una partede nuestra historia es contado, podemos entender que el

Territorio se amplia mucho más y no se limita al espa-

cio de las comunidades al modo en que se las entiende

usualmente. Nuestra comunidad es la de la “gente de”

que transita y se ubica en diferentes lugares. Todos los

sitios que menciona el narrador, son lugares por don-

de transitaron nuestros antiguos y de los que proviene

nuestra identidad. Esta definición da cuenta de lo que

ocurrió en Puelmapu y permite releer nuestra historia

incluyendo a los wariache. Así, la identidad mapuche

se construye a través del recorrido por diferentes pun-

tos del Territorio conectados en el relato y no a partirde un único lugar.

Las nociones de Territorio

Los ngutram que relatan la trayectoria de la “gente

de” permiten discutir con ciertas concepciones de Te-

rritorio construídas en los últimos años. Por un lado, la

comunidad no sólo se constituye en el espacio del Lof ,





sino que se crea y recrea en la trayectoria emprendida,

que se construye discursivamente en el relato y se ac-

tualiza en la memoria de los narradores. En este senti-

do el ngutram amplía la concepción de Territorio que se

ha formulado en base al Lof , porque a medida que va

reconstruyendo el recorrido de estas comunidades, el

espacio territorial mapuche deja de ser un único punto

geográfico para convertirse en una trayectoria recono-cible. Es decir que la construcción discursiva que reali-

za el ngutram no solo aporta a una reconstrucción sim-

bólica del territorio sino que, además, lo reconfigura y

resignifica a partir del tránsito, el recorrido, el recono-

cimiento de los espacios que lo constituyen.

La reivindicación de derechos sobre el Territorio,

muchas veces nos ha impedido profundizar en la re-

lación entre las nociones de Wallmapu y Lof descrip-

tas por el movimiento mapuche de los ‘90, ya que mu-

chas veces se entiende que la demanda gira solamen-

te en torno a un determinado número de hectáreas en

zonas rurales. El ngutram permite reforzar la construc-ción discursiva de Wallmapu ya que el campo y la ciu-

dad (lugares que desde la perspectiva de muchos ma-

puche hoy son signos de división) son espacios conec-

tados dentro del territorio por el que se circula. Al in-

cluir a la ciudad como parte de la trayectoria mapu-

che, es decir, del Territorio, el ngutram elimina una de

las fronteras que actualmente se erigen sobre él. Esto

no significa que se legitime a la ciudad como un punto

más de fractura -como puede llegar a serlo si se pien-

sa desde una concepción folclorizante de las identida-

des territoriales-

7

sino que lo que el ngutram permite esampliar la noción de Wallmapu. Pensar en la disolución

de las fronteras no es un punto menor, ya que muchas

veces lo que impide que los mapuche nos vinculemos

con nuestro Territorio son las fronteras del pensamien-

to, pero también las físicas: aduanas, alambrados, los

espacios urbanos -la periferia y el centro-, los rurales,

entre otros, fijando límites de inclusión y exclusión en

las formas de pensar y utilizar el espacio.

El reclamo de tierras es parte de un proceso de dis-

cusión que el movimiento mapuche construyó en los

‘90, lo que implicó un significativo avance en la inter-

pelación al discurso de invisibilización que propuso elestado. La reivindicación de tierras como Territorio Ma-

puche tiene, sin embargo, una relación no profundizada

con el concepto de Lof como el único espacio donde el

desarrollo de la vida mapuche es posible. Un concepto

que excluye a los mapuche que viven en las ciudades y

además reduce la reivindicación territorial al Lof .

Ampliar la concepción desde el relato del ngutram

significa entonces incluir la demanda de los Lof 8 dentro

de la reivindicación territorial y abrir la posibilidad a

que otras demandas sean pensadas en estos términos.

Esto, entre otras cosas, significa que la concepción de

Wallmapu puede ser planteada a partir de resignificar

la unidad de los mapuche con sus espacios territoria-

les -reivindicando la historia en común vivida en Puel-

mapu- y reinscribir la migración como proceso históri-

co que no significa la renuncia al Territorio y que in-

corpora a los mapuche de las ciudades en la discusióny en las demandas. Esto no significa que el espacio del

Lof deje de reivindicarse, sino que no debe ser el único

espacio reivindicable. Pensar al Wallmapu desde esta

perspectiva refuerza aquellos planteos que apuntan a

fortalecer las demandas de las familias -que actualmen-

te se encuentran aisladas- enriqueciendo y dando nue-

vas dimensiones al argumento de que no se trata del

reclamo de una familia por su Lof , sino de una reivin-

dicación del Pueblo Mapuche en su Territorio.

Ngutram como el de Namunkura traspasan y no re-

conocen los límites provinciales, nacionales, urbanos

ni rurales. Mientras transcurre el relato ninguno de es-tos lugares carga con las fronteras actuales. La fronte-

ra aparece en el ngutram únicamente entre el Territo-

rio Mapuche y el territorio invadido y en esa construc-

ción del espacio hay una memoria del Territorio “an-

cestral” que se actualiza y se reivindica. No hay renun-

cia al Territorio, sino una historia de avasallamientos,

desplazamientos, conflictos y negociaciones que, pues-

ta en evidencia, nos permite dar fundamentos y legiti-

midad, desde el discurso y la memoria oral mapuche,

a la reivindicación de nuestro Territorio y la preexisten-

cia a las formaciones estatales.

Notas

1 Agradezco los fundamentales aportes de la Lic. Laura

Kropff, quien también integra la Campaña Wefkvletuyiñ.

2 Esas campañas fueron la “Pacificación de la Araucanía”

en Chile y la “Conquista del Desierto” en Argentina.

3 Coordinación de Organizaciones Mapuche Tayiñ Kiñe Ge-

tuam -Para volver a ser uno-, creada en 1992.

4 Ver, entre otros, la “Postura Mapuche frente a la incor-

poración de la ‘variable indígena’ en el Censo Nacionalde población y vivienda 2001” (Organización Mapuche

“Newentuayiñ” y Pu weche fiske menuko 2001).

5 Realicé un primer análisis en torno a diferentes aspec-

tos del ngutram en una ponencia presentada en el Tercer

Encuentro de Arte y Pensamiento Mapuche (Cañuqueo

2004).

6 Manuel Namunkura fue uno de los lonko que logró ne-

gociar tierras con el estado argentino en la etapa de pos-

conquista. Detrás de su figura se articularon familias




provenientes de diferentes comunidades y puntos terri-

toriales. Hay diferentes ngutram alrededor de la figura

de Namukura y de otros lonko que cumplieron la misma

función. Me referiré a ese tipo de ngutram como los que

narran la historia de “la gente de”.

7 Esto apunta a la discusión planteada por José Marimán

(2003) en torno a lo que él denomina “pichi-chovinistas

identidades territoriales” en alusión a aquellas articula-ciones que se atribuyen rasgos culturales específicos y

contribuyen a sabotear con la fragmentación el “proyecto

nacional mapuche”.

8 Las demandas de tierras en Puelmapu suelen ser llevadas

adelante por comunidades a veces compuestas por una

sola familia, lo cual a su vez contribuye a discutir la no-

ción hegemónica de lof como grupo de familias.

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EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA

LA GOBERNANZA DE LOS PUEBLOSINDIGENAS AMAZONICOS:

LIMITES Y POSIBILIDADES

Pedro García Hierro





Cuando el movimiento indígena lanzó su procla-

ma territorial, a fines de los 70, hubo una res-

puesta airada ante lo que se consideraba una

afrenta al concepto mismo de Territorio, vinculado con-

sensualmente a la idea de un Estado Nacional y por

tanto, uno e indivisible. Hablar de los territorios de los

pueblos indígenas, de acuerdo con esto, era entrar al

ámbito del derecho público, con todas las prevencio-nes que implicaba para un pensamiento jurídico-polí-

tico indolente, acartonado, estatista y satisfecho consi-

go mismo.

En ese contexto, a los pueblos indígenas se les ofrecía

la posibilidad de intentar acceder a derechos territoria-

les por la vía habitual de la propiedad civil, si bien ya

las organizaciones indígenas y algunos gobiernos per-

cibieron que en la práctica este reduccionismo conlle-

vaba un sinnúmero de contradicciones, desajustes e in-

justicias al colocar a los pueblos indígenas en un espa-

cio alienado por una “racionalidad enemiga” y por la

intromisión cotidiana de múltiples decisores foráneosy generalmente hostiles.

Al margen de las consideraciones relacionadas con

la economía pura y dura, los obstáculos a la territoria-

lidad de los pueblos indígenas ponen de manifiesto un

recelo hacia el posible carácter demostrativo de lo que

pudieran ser estilos económicos y ecosociales alterna-

tivos a un capitalismo que se pretende clónico, inevi-

table y definitivo. En efecto, la gobernanza territorial

de los pueblos indígenas, en ciertas condiciones, cuen-

ta con un gran potencial para constituir campos de ex-

perimentación social de aquellos que, según De SousaSantos, son capaces de “resistir localmente a las eviden-

cias de la inevitabilidad, promoviendo con éxito alter-

nativas que parecen utópicas en todos los tiempos y lu-

gares excepto en aquellos donde efectivamente se die-

ron” 1, aportando así una gran diversidad de alternati-

vas capaces de iluminar, mediante una difusión solida-

ria y una adecuada traducción intercultural, el adveni-

miento de nuevos paradigmas globales.

Sea como sea, buena parte de los pueblos indígenas

mantienen vigente, como una utopía a largo plazo, un

discurso donde el territorio muestra su carácter com-

plejo y polisémico, como ámbito de la autodetermina-ción, hábitat de identidad, continuum de un pueblo y

la naturaleza que le da vida, espacio de gestión, demo-

cracia y gobernanza, construcción milenaria y patrimo-

nio cultural, red de relaciones sociales entre actores in-

dividuales y colectivos, humanos o no, reales o simbó-

licos, presentes y futuros, próximos y lejanos. Un con-

cepto donde se difuminan los límites entre lo político,

lo económico, lo filosófico, lo social, lo cultural, lo reli-

gioso o lo jurídico.

Puerto Ayacucho - Cuarto congreso de laOrganización amázónica de Venezuela, ORPIA.Foto: Pablo Lasansky 2001




Se trata de una utopía que algunos pueblos vislum-

bran como programática y donde el acceso jurídico y

patrimonial a la propiedad inscrita en los registros ci-

viles del Estado se concibe como una estrategia diplo-

mática que cobra su sentido como pieza de un proceso

político inacabado que comenzó tras el despertar del

desconcierto causado por la invasión.

En cualquier caso, mucho ha llovido desde las pri-meras construcciones discursivas de la territorialidad

indígena. Hoy el concepto de territorio ha perdido par-

te de su atrevimiento al ser asumido cómodamente

como lugar común en los trabajos referidos a la ges-

tión democrática de los espacios locales en un mun-

do globalizado.

Ese tópico territorial, que emplea la actual psico-

logía social o la sociología del desarrollo, asume par-

cialmente contenidos y connotaciones que ya estaban

contemplados en el discurso indígena. De acuerdo con

esta moderna visión el territorio es “el espacio de las

relaciones sociales, un espacio geográfico que es producidohistórica y socialmente” (Groppo); un espacio que ad-

quiere entidad en base a su vinculación simbólica con

una población que comparte un sistema de significa-

dos que la identifica con dicho espacio (De Miguel,

Cotorruelo y otros); un sistema limitado espacialmen-

te y compuesto de “normas, modalidades de acceso, uso y

gestión de recursos naturales y humanos que son expresión

de una organización social y de sus relaciones con el me-

dio ambiente y los recursos” (Basile y Cecchi); “una uni-

dad espacial compuesta por un tejido social propio, que se

encuentra asentada en una base de recursos naturales par-ticular, que presenta ciertas formas de producción, consu-

mo e intercambio, y que está regida por instituciones y for-

mas de organización también particulares” (Cordero Sa-

las y otros).

Lo que se ha seleccionado de la noción territorial

desestatalizada que insinuaron los pueblos indígenas

es el aspecto que define el territorio como un espacio

multifacético donde se configura lo local en términos

de institucionalidad, poder, participación, ciudadanía,

producción, mercado y relaciones externas. Esto es, un

concepto orientado hacia la gestión de lo glocal.

En este como en muchos otros aspectos los pueblosindígenas han insinuado iconos que luego han tras-

cendido, reinterpretados, en contextos académicos di-

versos y en la amplísima documentación de los agen-

tes del desarrollo.

De cualquier manera, esa visión de un territorio en

cuanto espacio de gestión no abarca sino un aspecto

parcial de la riqueza conceptual de la visión territorial

desarrollada por el discurso indígena. Pero es precisa-

mente en ese aspecto, el de la gestión, donde los pue-

blos indígenas están teniendo mayores dificultades de

poner en práctica su discurso.

La acertada gestión del patrimonio de recursos, co-

nocimientos, prácticas e innovaciones de su patrimo-

nio colectivo en el escenario global de principios de si-

glo es la reiterada asignatura pendiente de los pueblos

indígenas, al menos en la amazonía de los países andi-

nos. Pocas son las experiencias positivas.El caso es que se necesita prestar atención al proble-

ma ya que son las experiencias las que moldean las ex-

pectativas y sobre todo en el caso de las nuevas gene-

raciones indígenas, que cuentan con un entorno socio-

económico mucho más diversificado y seductor que el

de sus padres y que, si bien el discurso político e his-

tórico-cultural del territorio les puede resultar atracti-

vo y generar en ellos vinculaciones emocionales sig-

nificativas, van a construir expectativas a partir de los

indicadores que postula el mundo globalizado, mu-

chos de ellos relacionados con la evaluación de resul-

tados económicos.En efecto, mientras que el discurso territorial bus-

ca implicar a la población, involucrarla con su territo-

rio, el proceso migratorio de las neocomunidades indí-

genas hacia los centros urbanos se intensifica, incluso

en poblaciones como las amazónicas muy poco adapta-

das, en las condiciones actuales, para una sobreviven-

cia digna en los ámbitos urbanos.

Y si bien es cierto que no es ineludible que la mi-

gración debilite los vínculos emocionales y que es posi-

ble, y sería muy conveniente, que los pueblos afectados

asuman la problemática de cara a reforzar esos víncu-los y orientar la migración hacia el fortalecimiento de

las potencialidades internas en los territorios de origen,

también es cierto, en este y en otros muchos casos, que

no hay que cerrar los ojos ante la evidencia de que las

muy trabajadas respuestas del movimiento indígena a

los interrogantes planteados en los años setenta no ne-

cesariamente satisfacen las preguntas de los jóvenes in-

dígenas del siglo XXI.

Los territorios indígenas de los pueblos amazónicos

han conquistado su lugar, cuando lo han hecho, en los

mapas nacionales pero inmediatamente han quedado al

descubierto en mapas globalizados donde el qué y elcuánto asumen una dinámica vertiginosa y devorado-

ra de los cómo, dónde, para qué y con qué consecuen-

cias. Y es en ese proceso vertiginoso donde los pueblos

indígenas deben defender su singularidad y su necesa-

rio aporte de prudencia económica pero sobre todo su

calidad de vida como pueblos.

El Banco Mundial en su texto “Poblaciones índígenas

y desarrollo económico” reclama cuatro requisitos necesa-

rios para la supervivencia de estos colectivos: a) el reco-




nocimiento de sus derechos territoriales; b) protección

contra enfermedades; c) tiempo suficiente de adapta-

ción; d) autodeterminación entendida como autonomía

cultural, social y económica y control de los medios de

subsistencia y producción.

La atención puesta en el tiempo, un aspecto inédi-

to en este tipo de documentos, es precisamente un to-

que de alarma respecto a la velocidad y voracidad delos nuevos procesos económicos y responde a las du-

das que suscita la capacidad actual de los pueblos in-

dígenas para manejar su posición en el mapa global.

Que el Banco Mundial ponga de relieve, junto al re-

quisito del tiempo, la protección contra las enfermeda-

des no es casualidad. Cuando los agentes del mercado

ponen su rumbo a la ganancia, no miran a los lados y

atropellan a cuantos se les cruza por el camino. El caso

del pueblo Nanti, en el Perú, es el último ejemplo, do-

cumentado oficialmente2, de la jerarquía real de los ob-

jetivos de desarrollo nacional y de la celeridad con que

un pueblo puede ser expuesto a la extinción en aras delos objetivos económicos.

Asumiendo un consenso en la necesidad de los otros

dos requisitos que menciona el Banco (derechos terri-

toriales y autodeterminación), los requisitos referidos a

la necesidad y la oportunidad de un tiempo (y, claro, a

la supresión de amenazas extremas y directas contra la

vida y la salud) se relacionan no tanto con la preocupa-

ción por la adaptación sino con la posibilidad de cons-

truir, en el actual espacio-tiempo histórico y antes de

ser devorados por la inercia del capitalismo global, el

sujeto capaz de gobernarse con éxito en un contexto enel que los pueblos indígenas comparten escenario con

sociedades, a veces muy lejanas, que cuentan con una

densidad institucional mucho más compleja que la suya

y cuyos objetivos finales a menudo son incompatibles

no sólo con los objetivos propios de los pueblos indí-

genas sino hasta con su supervivencia física.

¿Y ahora qué?

La construcción exitosa de ese sujeto requiere una con-

ciencia de su necesidad, de un proceso de construccióninterna y de un proceso político de posicionamiento ex-

terno negociado en condiciones decorosas e igualitarias.

El primer punto abre la puerta de los otros dos pro-

cesos. Se trata de esa pregunta fundacional que sólo es

posible si la necesidad de la respuesta surge del propio

pueblo interesado, el ¿y ahora qué?

Los pueblos amazónicos a partir de los años 70 re-

construyeron una identidad y un discurso fundamen-

tado en su pasado (reciente o ancestral según se tratara

de temas ecológicos o metafísicos) con resultados posi-

tivos de cara a los objetivos que se buscaron entonces.

Hacia el futuro las cosas son más complejas.

A la hora de definir un destino cada pueblo indíge-

na es singular y, si bien puede aprender de experien-

cias ajenas, no van a servirle para la gestión de su pa-

trimonio colectivo las recetas ni las consignas estándar

de un Movimiento que posiblemente deba concentrarsu misión en el tercer proceso, el proceso político. Está

además, en lo local, la proliferación de seductoras ofer-

tas de desarrollo vinculadas generalmente a iniciativas

cuyos resultados, por lo general negativos o insignifi-

cantes en lo económico, manifiestan efectos irreversi-

bles respecto a la subsistencia de las familias indíge-

nas, estrechando el cerco al futuro.

Es imprescindible para cada pueblo indígena reca-

pitular sus procesos y plantearse seriamente su actual

posición, sus alternativas y sus opciones para actuar en

consecuencia. Perder el control territorial es un riesgo

que está a la vuelta de la esquina y, dada la vincula-ción entre un pueblo y su territorio, un territorio-obje-

to propicia procesos de alienación.

“Es probable, que el más certero problema filosófico sea el

problema del presente y lo que nosotros somos, en este preci-

so momento”. Foucault, uno de los pensadores más pre-

ocupados por la construcción del sujeto remarca esa ne-

cesidad de ajustar la mirada al aquí y ahora para lue-

go poder construir un futuro y dignificar un pasado

(“debemos imaginarnos y construir lo que podríamos ser”).

Para conseguir esa mirada creativa hacia lo que es en

este preciso momento, cada pueblo indígena debe ser ca-paz de distanciarse de las presiones del presente, to-

mándolas como datos del contexto y no como condi-

cionantes de las opciones.

Un sujeto así construido, con control de su tempo y

sus opciones, con derechos territoriales adecuados y

con autodeterminación, está en condiciones de operar

e intentar gestionar exitosamente su futuro. ¿Pero de

qué tipo de gestión estamos hablando? ¿Cuál es el ob-

jetivo de esa gestión? ¿En qué dirección van a invertir

los pueblos indígenas esa su adquirida capacidad ope-

rativa? ¿Es el desarrollo económico el objetivo? ¿O la

superación de la pobreza?Una inadecuada percepción de la pobreza en cuan-

to concierne a muchos pueblos indígenas ha impulsado

iniciativas que han resultado en desastre. La finalidad

de un esfuerzo colectivo no puede ser el incremento de

los ingresos monetarios sino una mejora en la calidad

de vida colectiva. Y el discurso de la pobreza y su pa-

liativo, el ingreso monetario obtenido en los mercados,

ha generado mucha pobreza en términos reales de cali-

dad de vida entre las familias indígenas.





Por lo que hace al desarrollo se trata de un mode-

lo que cuenta con la carga de su pasado: le han puesto

ya tantos apellidos, ajustes, remiendos, parches y mu-

letillas que recuerda a un aparecido; malamente pue-

de generar la confianza y provocar la implicación que

precisa una pregunta tan trascendente como la del ¿y

ahora qué? fundacional.

Llámese como sea, el objetivo no debiera consistir enotra cosa que lograr una vida colectiva decorosa, pru-

dente y pacíficamente satisfecha, con relaciones hono-

rables e igualitarias con los otros agentes con los que

interactúa en el plano social, cultural, económico o po-

lítico, y con una vocación decidida a respetar los dere-

chos a una vida digna y una provisión mejorada de re-

cursos para las futuras generaciones. Si repasamos el

discurso indígena de las décadas finales del siglo, esos

son los valores promocionados como deseables.

Ese objetivo, que incluye diversos planos y es com-

prensivo de lo social, lo económico, lo político, lo cul-

tural, las relaciones externas, los significados comparti-

dos, lo próximo y lo lejano, lo presente y lo futuro, en-

caja bien como objetivo de lo que hoy se define como

buena gobernanza y que, aplicado a las naciones o las

regiones plurinacionales, bien puede utilizarse por los

pueblos indígenas como sujetos de un derecho de au-

todeterminación.

Como puede verse, el concepto de gobernanza, almenos como punto de partida, puede adecuarse muy

bien como marco para definir el tipo y los objetivos de

gestión que preconizan y necesitan los pueblos indíge-

nas. La gobernanza en el caso de los pueblos indígenas

se perfila entonces como la acción de un sujeto colecti-

vo legítimo y capaz de ejercitar su autodeterminación

en un territorio bajo control.

Cada uno de estos elementos (el sujeto, el territorio,

la autodeterminación) cuenta con oportunidades y di-

ficultades de cara a la gobernanza en la situación ac-

tual. De acuerdo a los objetivos de esta publicación va-


Salida a un trabajo de campo de titulación enla amazonía peruana. Foto: Alejandro Parellada 1998




mos a revisar los problemas pendientes respecto a los

derechos territoriales.

La gobernanza bajo el enfoque territorial:avances y dificultades3

El camino recorrido por las comunidades, organizacio-nes y pueblos indígenas amazónicos respecto a la re-

composición, legalización y apropiación de sus territo-

rios es significativo. Las generaciones indígenas de este

último medio siglo han desempeñado un papel que po-

siblemente llegue a ser trascendente para la perviven-

cia de sus pueblos a pesar de las distorsiones y mermas

que se hayan visto obligados a resignar y de los erro-

res en los que puedan haber incidido.

El territorio indígena, en el caso amazónico, tiene

una imagen positiva para quienes piensan en los bos-

ques como hábitat. Por lógica contraria los territorios

indígenas están suponiendo un obstáculo y un quebra-

dero de cabeza para quienes siempre vieron a la ama-

zonía como una despensa con las características de lo

descartable.

A nivel jurídico, las tierras indígenas han alcanzado

rango constitucional, en algunos casos incluso definidas

como territorios. Los países se reconocen multiétnicos y

pluriculturales y el sujeto jurídico “pueblo indígena” seha incorporado a la Constitución de Ecuador y Bolivia

y estuvo considerado como una propuesta viable en el

proceso de reformas normativas y constitucionales en

el Perú. Existen iniciativas y propuestas legales referi-

das al territorio en casi todos los países.

La participación de las organizaciones indígenas en

asuntos relativos a la demarcación de sus territorios ha

ido en aumento, bien a través de la concertación polí-

tica, como en Bolivia, a través de operativos adminis-

trativos, como en Perú o por vía de la movilización so-

cial como en el caso ecuatoriano.


Taller de planificación para la titulación en Venezuela.Foto: Pablo Lasansky 2001




Excepto en el caso boliviano los territorios legali-

zados se aproximan progresivamente a las metas pro-

puestas por el movimiento indígena de cada uno de

los países andinos y en buen número de casos cuentan

aún con condiciones de tamaño y recursos suficientes

como para planificar un proyecto de vida siempre que

decisiones de corto plazo no precipiten un deterioro

que ya sea irreversible.Las organizaciones representativas se constituyeron

en su momento como un aparato de relaciones externas

principalmente orientado a generar los espacios políti-

cos y jurídicos para asentar las bases de las principales

demandas indígenas, señaladamente el territorio. Aque-

llos pueblos que han logrado legalizar y controlar un te-

rritorio que creen satisfactorio a sus necesidades plan-

tean ahora la construcción y definición de un nuevo su-

jeto sobre el que debe girar la conducción de la siguiente

etapa del proceso si bien manteniendo el importante rol

subsidiario de sus organizaciones políticas y representa-

tivas. En ese sentido, el sujeto pueblo está apareciendocon fuerza como el eje reorganizador alrededor del cual

construir un futuro al interior de cada territorio.

En Ecuador y Bolivia las organizaciones están tra-

tando de definir las relaciones entre los territorios in-

dígenas y la configuración administrativa del país. En

Ecuador se cuenta con una declaración constitucional

de circunscripciones territoriales y en Bolivia se trabaja

una ley de desarrollo que intenta compatibilizar los te-

rritorios y gobiernos indígenas y la actual división po-

lítico-administrativa del Estado.

Parece que las normas especiales con que cuentan al-gunos países (Perú y en cierta medida Bolivia) han resul-

tado de mayor utilidad para las organizaciones indígenas

que la ley común. En cualquier caso impresiona el nivel

de acercamiento a los temas legales que comuneros(as)

indígenas han desarrollado en su acompañamiento a los

procesos de defensa o legalización de tierras.

El territorio ha demostrado ser, además de un po-

tente impulsor de la movilización indígena, un con-

cepto muy fértil para el resto de sus reivindicacio-

nes habiéndosele vinculado a temas como cultura,

educación, propiedad intelectual, espiritualidad, ad-

ministración de justicia, gobierno y autodetermina-ción interna, economía, bienestar, reforma de Esta-

do, gestión y acondicionamiento territorial, partici-

pación política, mercado y tantos otros que han reci-

bido su impulso a partir del desarrollo de la reivin-

dicación territorial.

Existen, no obstante muchos problemas pendientes.

Presentamos algunos de los temas que aparecen de

manera recurrente como más problemáticos en cuanto

se refiere a las condiciones del entorno.

Legalización de tierras. Todavía restan muchas tie-

rras y territorios indígenas sin legalizar. En Bolivia el

proceso está incluso en sus comienzos. En Perú hay mu-

chos espacios intercomunales que aparecen como va-

cíos territoriales y es necesario que vuelva a darse un

amplio respaldo a procesos de ”ampliación” de mane-

ra que se terminen de consolidar áreas territoriales en

el corto plazo.El modo de reconocimiento preferido por los pueblos

indígenas es el ”modo territorial” de titulación pero el

único país que lo ha legislado de esta manera, Bolivia

-con sus Tierras Comunitarias de Origen, TCO- lo apli-

ca de manera limitada y sus resultados no son los es-

perados.

Normativa. Se han señalado en el texto un buen núme-

ro de problemas legales. En primer lugar hay que seña-

lar que en el viaje de las normas desde las Constitucio-

nes hasta la legislación ordinaria y, más abajo, a las direc-

tivas y actos administrativos locales se quedan muchos

jirones del derecho territorial indígena. Esa es la causade que, en muchas ocasiones, la configuración final de

los territorios indígenas responda al juego de regateos

más que a un verdadero diseño territorial. Los pueblos

indígenas deben poder contar con mecanismos legales

para reorganizar sus territorios legalizados de acuerdo

con una lógica que responda a su racionalidad.

Los procedimientos de legalización de tierras, por lo

general, son innecesariamente complejos, largos y cos-

tosos, muy expuestos a artimañas administrativas y le-

gales. La aplicación de criterios del código civil para va-

lorar los derechos pre-existentes (como los denomina-dos “actos posesorios”) no resulta imparcial. Es nece-

sario disponer de criterios pluriculturales para evaluar

esos derechos. Las normas especiales parecen más favo-

rables a esos propósitos.

La remisión de la problemática de las tierras indíge-

nas al fuero común de momento es también un proble-

ma que debe contemplarse. El poder judicial evalúa des-

de un punto de vista absolutamente prejuiciado hacia el

derecho común y los juzgados son todavía poco accesi-

bles a las organizaciones sociales indígenas por muy di-

versas razones.

Sigue siendo muy importante caracterizar los terri-torios indígenas con notas jurídicas apropiadas que per-

mitan su manejo y protección. Muy clásicas son las no-

tas de imprescriptible, inembargable e inalienable. Pero

también son importantes otras que refuercen la integri-

dad y la exclusividad referida a la toma de decisiones

acerca de los diversos aprovechamientos. En este último

aspecto, una nota que debe caracterizar el ejercicio del

derecho territorial es la autonomía con todas sus mani-

festaciones prácticas (muy especialmente derechos de




regulación, jurisdicción, exclusión, inclusión, contrata-

ción y consulta previa).

Los procedimientos para reversión y recuperación de

tierras no están debidamente contemplados en ninguno

de los ordenamientos jurídicos y en muchos casos son

absolutamente necesarios para rehacer territorios cuya

integridad ha sido quebrada en los últimos años por ac-

tos ilegales o violentos.En Perú, la recuperación de la integridad territorial

pasa por la definitiva anulación de la discriminación de

las tierras de los territorios indígenas por razón de su ca-

pacidad mayor de uso. En Bolivia son muchos los ope-

rativos reglamentarios que debieran eliminarse para agi-

lizar los procesos: los estudios de necesidades espacia-

les (al menos en la manera y con el propósito que hoy

se hacen) son uno de los más inconvenientes. En Ecua-

dor falta que la nueva Constitución se termine reflejan-

do en la legislación especial.

Registro y catastro. Un aspecto de importancia re-

levante es la configuración técnica de los instrumen-tos que expresan la propiedad indígena y permiten su

incorporación al sistema común de catastro y registro.

Muchos planos no están bien definidos, casi ningu-

no bien referenciado y en buena medida se superpo-

nen. Muchos planos de conjunto muestran incoheren-

cias invisibles antes de contar con la tecnología apro-

piada (grandes huecos de áreas de importancia territo-

rial que se creían titulados, por ejemplo). Los expedien-

tes están muchas veces incompletos o perdidos o dete-

riorados. En muchos casos se ha descuidado el registro

inmobiliario, etc. Aspectos que deben tomarse en cuen-ta porque serán motivo de preocupación a corto plazo

cuando la propiedad indígena tenga que hacer acto de

presencia ante terceros interesados.

La reconstrucción técnica de los planos y memorias,

con fines registrales y catastrales, es una tarea pendien-

te que exige desarrollar procedimientos adecuados para

evitar que la revisión de linderos abra una posibilidad

de nuevos conflictos. Conjuntamente urge reconstruir,

reorganizar y ordenar debidamente los expedientes de

tierras de las comunidades y pueblos. Archivos eficien-

tes a cargo de las organizaciones con instrumentos téc-

nicos adecuados son una necesidad primordial para laprotección y para la planificación territorial.

Protección. Todavía el problema mayor de la terri-

torialidad indígena es la carencia de recursos efectivos

para la protección legal de los territorios. Son muy po-

cos los pueblos indígenas que gozan del ambiente de

tranquilidad necesario para tomar decisiones de gestión

territorial estables y de largo plazo. La regla es el con-

flicto. Al contrario de los demás propietarios o derecho-

habientes, los pueblos y comunidades indígenas se ven

obligados a confiar en sus propias iniciativas para prote-

ger sus territorios. Los prejuicios de funcionarios y jue-

ces, la falta de presencia y, en su caso, la imparcialidad

del aparato estatal local facilitan, cuando no impulsan, el

desconocimiento de los derechos indígenas por colonos,

madereros u otros agentes económicos. Subyace esa vi-

sión colonial de ”pioneros a la conquista de nuevas tie-

rras infestadas de indios”. Las comunidades y pueblosindígenas que litigan ante el poder judicial, a costa de

una gran tensión interna y un considerable costo, suelen

verse frustrados con los resultados. Entre los aguarunas

del norte del Perú en dos ocasiones de victorias judicia-

les los desalojos han resultado en actos de violencia apo-

yados incluso por el personal policial que vino a hacer

cumplir la sentencia judicial. Son muchas las ocasiones

en las que el mensaje que reciben los indígenas es el de

la exclusión oficial de la protección de las leyes.

Colonización. Un problema principal es la extrema-

da competencia por las tierras y los recursos amazónicos

y la vulnerabilidad del medio ecológico para afrontarla.Algunas notas comunes en los países de la región son:

• en toda la región el problema agrario se ha tras-

ladado al oriente en buena medida y la conflicti-

vidad es alta.

• la problemática social amazónica es compleja y

en ocasiones violenta a partir de la disputa por la

tierra y los recursos entre las poblaciones autóc-

tonas o ya asentadas y los migrantes, principal-

mente en las ”tierras con valor añadido” junto a

las ciudades o las carreteras o en el entorno delos grandes proyectos.

• los programas de ajuste económico, la concentra-

ción de la propiedad agraria, la actual situación

del agro andino, el propio crecimiento demográ-

fico y la disminución sistemática de las oportuni-

dades de empleo en las ciudades hacen presagiar

que la huida al oriente de la problemática agraria

no va a remitir sino todo lo contrario.

• si bien los Estados son presionados desde el ex-

terior para facilitar sus tierras a los pueblos y

comunidades indígenas en realidad no es ese su

proyecto de ocupación amazónica, más coinci-dente con el proyecto colonizador o extractivo;

se traduce muchas veces en que su atención a los

problemas territoriales indígenas una preocupa-

ción tardía frente a ”hechos consumados”.

• en algunos casos, como el peruano, se han reali-

zado gastos considerables para alentar la coloni-

zación; el peso económico de la región ha ido en

aumento creciente; algunos países, como Ecua-

dor, tienen en el petróleo amazónico su principal





fuente presupuestal. Bolivia y Perú han duplica-

do las tierras en producción desde la incursión

al oriente y la coca ha supuesto un rubro impor-

tante en algunos períodos para las economías

nacionales; si bien existen articulaciones econó-

micas locales la característica es la aceleración

de los procesos, el envejecimiento precoz de la

economía; en la amazonía peruana en el lapso deuna generación muchos pueblos han pasado de la

abundancia a la escasez, la concentración urbana y

la tugurización son características, la mendicidad es

progresiva, los pobladores del ”granero” amazónico

tienen que importar alimentos para sobrevivir; la ca-

bida, el limitante más obvio de la amazonía, podría

estar muy cerca de alcanzar su límite máximo y la

complejidad progresiva de lo económico puede no

ser más que una bomba de tiempo: se está matando

a la gallina de los huevos de oro.

En resumen: la Amazonía hace tiempo que dejó de serexclusivamente indígena. Datos oficiales consideran

que, globalmente, los indígenas constituyen un sector

poblacional en minoría con respecto a los demás habi-

tantes amazónicos. Son muchos los interesados hoy en

las tierras amazónicas y el problema principal para los

pueblos indígenas es poder conservar sus espacios te-

rritoriales en medio de tanta competencia. No sólo a la

hora de demarcar y legalizar sus territorios sino tam-

bién después de hacerlo, no cabe duda de que los pue-

blos y comunidades indígenas deben tomar en cuenta

en sus planes al resto de los sectores con los que com-parte actualmente la región. No parece fácil superar las

discrepancias y en países como Perú resulta poco pro-

bable que se consigan alianzas a corto plazo pero no es

positivo vivir en enfrentamientos continuos y deben en-

contrarse puntos de encuentro donde las poblaciones

que traten de establecerse puedan ser mutuamente úti-

les o al menos no permanentemente hostiles.

Descontrol oficial. Programas de ocupación mal orga-

nizados, como el caso peruano, u originados de carambola

a partir de intervenciones realizadas con otros propósitos,

como la colonización petrolera en el Ecuador, o perpetra-

dos con la intención de privilegiar determinados gruposde poder, como la intempestiva ocupación de la región

cruceña de Bolivia, han generado procesos tan vertigino-

sos que quedan fuera de cualquier posibilidad de control

de parte del aparato estatal. La complejidad inicial ha ido

desbordando la capacidad de dirección del Estado y son

en ocasiones los poderes locales (incluyendo funcionarios

pero en su rol instrumental al poder civil local) los que le

han ganado la partida al Estado. En otros casos, son las

fuerzas sociales organizadas, o las mafias ilegales o sim-

ples matones a sueldo los que orientan las políticas loca-

les. En cualquier caso la amazonía ha ido convirtiéndo-

se en un mundo de relaciones complejas y se debate hoy

entre la violencia, el caos y un ordenamiento interno de

corte patrimonialista y depredador que escapa a cualquier

proyecto político premeditado.

Recursos renovables. La ”conquista” amazónica ha

quebrantado la oferta de recursos; en algunos casos demanera irreversible. Los recursos forestales se han pues-

to a disposición del gran y mediano capital que actúa

selectivamente y con absoluta impunidad. La superpo-

sición, legalizada o consentida, de derechos forestales

privados sobre derechos territoriales indígenas, es una

constante del conflicto amazónico. Se trata de un sector

poderoso, que mueve mucho más que capitales, y que

está urgido por terminar con las maderas finas amazó-

nicas; en los últimos años se ha intensificado la extrac-

ción bajo la presión de una supuesta amenaza ecologis-

ta surgida a partir de ciertos Convenios internaciona-

les. Muchos conocedores estiman que hay que esperara que se termine la caoba y el cedro para poder hablar

con tranquilidad del manejo indígena de los bosques;

falta mucho menos de lo que pueda pensarse para al-

canzar ese punto de no retorno. Las concesiones fores-

tales y las reservas para bosques de producción son uno

de los limitantes principales de la territorialidad indíge-

na. Es habitual, además, que el frente extractivo fores-

tal genere condiciones para la apertura de nuevos fren-

tes de colonización.

Recursos no renovables. En los tres países de la re-

gión los lotes petroleros ocupan buena parte de la ama-zonía; en menor medida concesiones mineras se disemi-

nan por ciertas regiones. Cada uno de esas cuadrículas

superpuestas a tierras indígenas supone un conflicto la-

tente y muchas veces definitivo. Aunque se hagan mu-

chas promesas hacia el futuro no existe una sola expe-

riencia verificable donde un pueblo indígena haya po-

dido superar indemne una experiencia concesional por

mínima que esta haya sido. La insistencia en cerrar los

ojos ante casos como la Texaco en Ecuador o, reciente-

mente, el caso del Pueblo Nanti del Urubamba perua-

no, es, como poco, inmoral. No puede eludirse la re-

lación entre la mortandad por Hepatitis B de comune-ros Kandoshi en el Pastaza peruano y la llegada de los

campamentos petroleros. Pueblos como el achuar o el

kichwa de Perú y Ecuador viven más de una década en

tensión con las petroleras. Los pueblos indígenas de los

Ríos Tigre y Corrientes consideran que para ellos el río

y el bosque no les suministrarán alimentos en el futuro

y sólo reclaman justicia para los culpables. Los harakm-

but de Madre de Dios fueron diezmados por cincuenta

años de explotación minera.




Algunas sentencias constitucionales, en Colombia y

el Ecuador, parecen señalar que debemos irnos acostum-

brando a pensar que la aceptación de las petroleras no es

un tema ”intangible” y que la regla debe ser la contraria:

no puede iniciarse una concesión sin la seguridad abso-

luta de las personas y el patrimonio de los pueblos in-

dígenas y, por supuesto, sin su consentimiento. En Perú,

Colombia, Bolivia y Ecuador se han realizado procesospara regular estas actividades cuando se realizan en te-

rritorios indígenas. Las experiencias son hasta el mo-

mento muy frustrantes para las organizaciones indíge-

nas que no ven señales favorables. Mientras que exista

esta ”ineludible” interferencia en la autonomía indíge-

na no podrá hablarse de gestión territorial más que de

manera metafórica.

La explotación de muchos de esos recursos está en

la mira de multinacionales que exigen condiciones espe-

ciales para sus inversiones, y la modernización liberal es

un marco muy adecuado para hacerlas efectivas. Pero

los Gobiernos se debaten entre esta permisividad queles hace cómplices de los sensibles desastres ecológicos

y las exigencias de una colectividad internacional ”ver-

de” que ha llegado a niveles importantes de influencia

política. Esta duplicidad de presiones del exterior (que

expresa la ”esquizofrenia” de un mundo que contempla

la naturaleza con ojos diferentes cuando la ve como pro-

ductor y cuando lo disfruta como consumidor) pone a

los dependientes gobiernos de la región en situaciones

poco airosas. No cabe duda que, retrospectivamente, los

pueblos indígenas llegarán a poner a muchas transna-

cionales del petróleo en las tarimas de tribunales inter-nacionales acusadas por crímenes contra la humanidad

pero parece que es necesario esperar a que ya no exis-

tan posibilidades de reparar el daño.

La agenda externa y los territorios indígenas. Mu-

chas de los nuevos programas de legalización de tierras

están vinculados con objetivos de la agenda internacio-

nal. Muy especialmente la lucha contra la pobreza y la

liberalización y dinamización del mercado de tierras.

Asumida la identidad indígena como una reivindica-

ción combativa frente a la histórica connotación peyo-

rativa de esa adscripción, aparece cada vez con mayor

nitidez una nueva asignación de identidad para califi-car a los indígenas como pobres. Se trata de una iden-

tidad que no es inocente porque impulsa el victimis-

mo, el clientelaje político y la dependencia. Las recetas

contra la pobreza indígena consisten en proyectos eco-

nómicos de cara al mercado. Pero en muchas ocasiones

la pobreza indígena se ha generado en ese tipo de ini-

ciativas y existe una alta correlación entre pobreza in-

dígena y proximidad a los mercados y vías comercia-

les. Vincular o condicionar el financiamiento de la le-

galización de tierras a la presentación de propuestas de

desarrollo (la propuesta del Banco Mundial) conduce

a establecer preferencias hacia quienes supuestamente

ofrecen más al desarrollo. Los hacendados benianos, en

Bolivia, están imponiendo la visión de que si los indí-

genas titulan espacios hoy consagrados a la ganadería

la región se empobrecerá y los propios indígenas sufri-

rán de desempleo.Muchos proyectos de apoyo a la titulación de tierras

tienen como objetivo consolidar la propiedad para po-

der dinamizar un mercado de tierras. A veces, los pro-

gramas de legalización de tierras indígenas se inscriben

dentro de este tipo de iniciativas que priorizan la regu-

larización masiva de la propiedad no indígena para des-

pués considerar la distribución de las tierras fiscales so-

brantes. Estos programas, financiados adecuadamente,

pueden restar muchas posibilidades espaciales a los te-

rritorios indígenas. En Perú el Ministerio de Agricultu-

ra dice haber terminado de regularizar algunos cientos

de miles de propiedades de colonos. En Bolivia el sanea-miento de tierras indígenas pasa por la previa regulari-

zación de la propiedad privada.

En el Perú se ha dado un paso más para cumplir con

recetas explícitas del Fondo Monetario: la legislación fu-

jimorista canceló las limitaciones de enajenación o de

embargo de las tierras indígenas, ha impulsado la par-

celación individual y ha conminado a las comunidades

a la empresarización de su estructura orgánica. El fraca-

so de esta propuesta no debe dejar de alertar acerca de

posibles lineamientos políticos regionales.

Áreas Naturales, recursos del dominio público y te-rritorios indígenas. En todos los países existen dificul-

tades para compatibilizar la conservación de áreas na-

turales y asignar territorios indígenas. En Bolivia y el

Perú se está avanzando en alguna medida para supe-

rar los problemas de superposición. En Bolivia existe un

territorio indígena que, a su vez, es un área protegida.

En el Perú se está proponiendo reconsiderar las venta-

jas de los territorios indígenas, como tales, para propi-

ciar una verdadera conservación in situ. En Ecuador el

tema exige una consideración especial ya que afecta en

una u otra manera a todos los pueblos indígenas.

Otro problema grave para la integridad territorialindígena es el de aquellos recursos que, de acuerdo a

la Constitución o las leyes, son de todos o son de ser-

vicio público. En eso están los ríos, lagunas y cochas,

márgenes de los ríos, carreteras y sus áreas de servi-

dumbre, etc. El caso de las aguas es esencial porque

suelen tener un carácter sagrado y primordial además

de ser esenciales para la vida económica de cada pue-

blo. Los Shipibo-Conibo del Perú reclaman un territo-

rio lacustre como parte de su territorio integral ya que





son las lagunas y cochas las que suministran su alimen-

tación básica.

En muchas ocasiones, las áreas de servicio público

han constituido la puerta de entrada de grandes inva-

siones territoriales (por ejemplo, las servidumbres de

los márgenes de las carreteras).

Los pueblos indígenas sin contacto o con contac-

to esporádico. Se trata de un problema de muy espe-cial atención. Son pueblos de muy alta vulnerabilidad

cuya supervivencia puede depender de acertadas polí-

ticas de gobierno. En la actualidad ocupan zonas que,

por su inaccesibilidad, cuentan con recursos preciados

para los extractores y empiezan a ser acosados en dife-

rentes lugares. El caso del pueblo Nanti en el Urubam-

ba peruano ha puesto en evidencia la resistencia de los

Estados y las empresas a reconocer la alta exposición

al riesgo de extinción de estas poblaciones frente a los

megaproyectos de desarrollo.

Final

Además de los temas expuestos existen un sinnúme-

ro de problemas internos que resolver para lograr las

mejores condiciones territoriales para una buena go-

bernanza.

A pesar de todas esas dificultades son los pueblos in-

dígenas amazónicos, al menos aquellos que han recon-

quistado un espacio territorial aceptable, colectivos con

posibilidades de ejercer una gobernanza a la vez moder-

na y arraigada en lo endógeno, dadas las característi-cas de sus sistemas tradicionales de poder y decisión y

el enfoque territorial de sus iniciativas. Tienen además

la oportunidad de ofertar alternativas diversificadas a

la homogeneización económica y cultural y de escapar

de la voracidad darwiniana del mercantilismo.

Es importante evitar para ello el vanguardismo teó-

rico o los planteamientos tecnológicos externos y con-

fiar en el sentido común de cada pueblo. A las “Gran-

des Verdades” impuestas por la mundialización, y a las

“verdades técnicas de los expertos”, es importante opo-

ner las pequeñas verdades de los pueblos y comunida-

des locales, especialmente la de los pueblos indígenas,para incidir en un cambio global de paradigmas, am-

pliando y diversificando la disposición de modelos de

espacios públicos no estatales.

Para lograrlo no cuentan con otras guías que el sen-

tido común y la experimentación propia conducida por

la prudencia.

Tal vez más sea más importante que las incursiones

a tumba abierta en el capitalismo, que son tan frecuen-

tes entre las iniciativas modernas de los pueblos indí-

genas, la curiosidad solidaria y horizontal por las expe-

riencias de los pares y las alianzas creativas para afron-

tar las interrogantes del futuro.

Pero, sobre todo, la reflexión liberada de presiones

(sean de recursos o de consejeros externos).

Recapitulando: referido a un pueblo (o nación) el

concepto de gestión territorial (como un factor de go-

bernanza) supone la libertad de ese pueblo (o nación)para disfrutar y administrar los recursos y riquezas de

su patrimonio, sobre la base de sus propias prioridades

de desarrollo así como de determinar el contenido de

sus relaciones (sociales, culturales, económicas, jurídi-

cas, etc.) con las sociedades vecinas a las que se inte-

gran o con las que interactúan espacialmente.

Esa libertad de iniciativa en un territorio bajo con-

trol del propio pueblo (o nación) no es otra cosa que

lo que los pueblos indígenas definen como autodeter-

minación. Es decir, una propuesta familiar en el idea-

rio político indígena.

Lo novedoso es el escenario global actual que plan-tea nuevos retos. Es en este contexto que cobra una im-

portancia “fundacional” la reflexión acerca de lo que no-

sotros somos en este preciso momento, una pregunta encami-

nada a imaginarnos y construir lo que podríamos ser. Tal vez

el trabajo de mayor interés en estos momentos sea el des-

cubrimiento de las condiciones ideales en las que puede

surgir naturalmente la pregunta que hemos considerado

clave y previa para la gestión (¿y ahora qué?) y la libera-

ción de la respuesta al sentido común de cada pueblo.

Notas

1 De Sousa Santos, Boaventura: “Crítica de la razón indolen-te”, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.

2 MINSA: “Pueblos en situación de extrema vulnerabilidad: elcaso de los Nanti de la Reserva Territorial Kugakapori Nahua

– Río Camisea, Cusco”. Lima, 20033 Lo que sigue se basa en el artículo “Pueblos y territorios in-

dígenas de la amazonía andina ante un nuevo milenio: situación y perspectivas” que el autor aportó para el trabajo propicia-do por Ford-Oxfam en el 2003.

Pedro García Hierro es abogado. Trabaja como asesor de

diferentes organizaciones amazónicas.




TIERRAS YTERRITORIOS INDIGENAS

EN AMERICA CENTRAL1

Georg Grünberg

Indígenas rama, Nicaragua - Foto: Claus Kjaerby / IBIS




El intento de diferenciar entre tierras y territoriosindígenas en Centroamérica ha generado un sinfin de reclamos, opiniones y veredictos, tanto de

parte de representantes de los pueblos indígenas comotambién, y en mayor cantidad, de parte de los juris-tas y expertos en dere-cho internacional, ge-

neralmente movién-dose al nivel de la ar-gumentación ideoló-gica y raras veces conconocimientos de lapráctica de cómo re-gular un espacio geo-gráfico y ecológico vi-tal para la sobreviven-cia de la diversidadcultural humana.

A pesar de la mar-

cada territorialidadactual de los pueblos mesoamericanos, que dio origena las hipótesis sobre la comunidad campesina corpora-tiva y cerrada, subsisten conceptos muy divergentes so-

bre el espacio físico de la “comunidad” en relación alárea étnica de los “vecinos que hablan la misma lengua”hasta alcanzar un espacio territorial macro que abarcaal Mayab en su totalidad, quiere decir, a la “tierra sa-grada del Pueblo Maya” como gran parte del territoriomeso- y centroamericano. Estos tres anillos, en su con-cepto ideal concéntricos y jerarquizados, representan

concepciones espaciales a veces contradictorias.Territorialidad étnica, normatividad específica parael manejo de los recursos naturales, diversificación delos sistemas productivos y una visión propia que dasentido al mundo aparecen como los cuatro elemen-tos básicos de un sistema de características autoregu-lativas que han permitido la supervivencia de los pue-

blos indígenas centroamericanos y pueden servir como base para un proceso de desarrollo integral y sostenible . La articulación de una diversidad cultural, que yano es concebida como un obstáculo para el desarrollohumano, sino como condición intrínseca para concre-

tizar el mismo, plantea de nuevo el sentido y alcancede la res publica, del bien común, que es la justifica-ción del Estado.

¿Qué significa este vínculo entre autonomía y terri-torio en el proceso de la liberación de los pueblos in-dígenas en América Latina? A esta pregunta el “Gru-po de Barbados” , en su tercera reunión de Río de Ja-neiro en 1993, dedicada a la Pluralidad étnica, Auto-nomía y Democratización en América Latina, intentódar una respuesta:

“Un proceso de democratización de América La-

tina que incluya efectivamente a los pueblos indios

no podrá viabilizarse si no se toma en cuenta la ne-

cesidad de reordenamientos geopolíticos que contem-

plen la especificidad de las formas de territorialidad

de los indígenas. En

este sentido, el con-

cepto de pueblo co-rresponde a pobla-

ciones humanas so-

cialmente organiza-

das, étnicamente de-

finidas, culturalmen-

te distintas y dotadas

de una dimensión es-

pacial que es su terri-

torio. Este se concibe

como un ámbito de-

finido por el conjun-

to total y estructura-do de relaciones ecológicas, sociales y simbólicas entre

una sociedad y el espacio geográfico continuo o dis-

continuo sobre el cual actúa. Incluso, en los numero-

sos casos en que pueblos indígenas hayan quedado di-

vididos por fronteras estatales, es de derecho que pue-

dan aspirar a ciudadanías dobles o múltiples, de acuer-

do con las situaciones contextuales.

En cualquier caso la autonomía territorial impli-

cará no solamente la toma de decisiones acerca del

uso de recursos naturales y económicos sino también

la autogestión política y cultural, autodeterminaciónque sólo podrá hacerse efectiva a partir de la acepta-

ción global de la soberanía compartida” (Grünberg1995:22-27).

En esta definición de “autonomía” está implícito el con-cepto de la “soberanía compartida” entre el Estado na-cional tradicional y los pueblos indígenas y comunida-des étnicas organizados en “regiones autónomas”, quie-re decir, la aceptación no solamente formal de la cons-titución de un Estado multiétnico como es el caso encasi todos los países centroamericanos.

Guillermo Bonfil, abanderado de una “Nueva An-tropología Mexicana” que declaró la guerra al “indi-genismo” tradicional, en un discurso en un seminariointernacional sobre el futuro de los pueblos indígenasmexicanos en San Cristóbal Las Casas en 1991, fue muyexplícito en exigir como un primer requisito fundamen-tal: “Garantizar la territorialidad: Los pueblos, las sociedades

con una cultura propia, requieren un territorio propio, un te-

rritorio sobre el cual puedan tomar decisiones, en el cual en-

cuentren los recursos suficientes para su sobrevivencia y de-





sarrollo. Esta fragmentación que nos viene de la época colo-

nial y que nos hemos empeñado por acentuarla en los siglos

XIX y XX, lleva a que las perspectivas de desarrollo de los

pueblos indios estén constreñidas a nivel de la comunidad lo-

cal. Cuando hablamos de territorialidad no estamos hablando

solamente del problema de que cada comunidad tenga acceso

a cierta cantidad de tierra; estamos hablando de la necesidad

de reconstruir territorios étnicos, de territorios para puebloscompletos que al fin del segundo milenio tengan viabilidad,

tengan las posibilidades de ser vigentes, de ser contemporá-

neos en el tercer milenio.” (Nahmad 1995:266).El concepto territorio tiene, como lo hemos visto,

una connotación mucho más amplia que el de “tierra”.No se trata (solamente) de propiedad o posesión, sinoimplica formas de control político, sobre la vida de lagente. Va mano a mano con los patrones indígenas cul-turales de usar los recursos naturales, e incluye los de-rechos (políticos!) de manejar y conservar el ambiente.Estos son derechos colectivos de pueblos, no derechos

de ciudadanos como tales. El Convenio 169, adoptadopor la Organización Internacional del Trabajo del Sis-tema de las Naciones Unidas en 1989 y ratificado porGuatemala, Honduras y Costa Rica, constituye hasta lafecha en único instrumento legal de derecho internacio-nal y con validez en los países mencionados que se re-fiere a los derechos de los pueblos indígenas incluyen-do el término “territorio”.

En su artículo 13 define de que “ La utilización del

termino “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el

concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat

de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizande alguna otra manera.

Artículo 14. Deberá reconocerse a los pueblos interesados

el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tra-

dicionalmente ocupan (...) Los gobiernos deberán tomar las me-

didas que sean necesarias para determinar las tierras que los

pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la

protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco

del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindica-

ciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15. Los derechos de los pueblos interesados a

los recursos naturales existentes en sus tierras deberán pro-tegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho

de esos pueblos a participar en la utilización , administración

y conservación de dichos recursos. “

A pesar de que este convenio tenga plena vigencialegal en Guatemala, Honduras y Costa Rica, no se leaplica y casi no se conoce su contenido a nivel de losprofesionales de la administración de la justicia, con laimportante excepción de Costa Rica, único país de laregión en el cual se ha intentado durante 10 años de

crear jurisprudencia y hacer aplicable el contenido delconvenio.

Los recursos y su gestión

La relación dinámica entre Pueblos Indígenas y Ecosis-

temas Naturales queda patente en el proyecto-mapa co-ordinado por Mac Chapin (2003) y publicado por Natio-nal Geographic y Native Lands para la región de Cen-troamérica y el sur de México. Se visualiza una relaciónrecíproca, aunque no mecánica y sin perturbaciones,entre el buen uso de los recursos naturales y los cono-cimientos acumulados de una cultura local persistentecon autonomía para el control eficiente del habitat.

Evaluando la relación siempre problemática entrecultura y desarrollo, parece que sí puede darse una com-patibilidad entre ambos dominios, siempre y cuando sepermite una articulación de la diversidad original y li-

bre, haciendo puente, por un lado, entre el recurso a laidentidad ancestral, las experiencias y la sabiduría tra-dicionales, y, por otro lado, la incorporación selectivade nuevos conocimientos y de prácticas resultantes deuna cotidianidad diferente, generando un futuro quesea propio y a la vez abierto a los vecinos.

La consolidación de un desarrollo humano sostenible en las condiciones ambientales, culturales y socialesespecíficas de una región como América Central exigeuna reflexión seria sobre las lecciones aprendidas en elcontexto de proyectos concretos, especialmente en las

áreas más vulnerables que combinan un riesgo ambien-tal elevado, niveles de pobreza rural altos y una diná-mica poblacional fuera del control de las políticas pú-

blicas. Esta es la situación de la frontera colonizadoraagrícola y ganadera en el trópico húmedo de todos lospaíses centroamericanos, donde la destrucción del me-dio ambiente es el resultado de los mismos procesos so-ciales que generan la concentración de la riqueza y, enel otro extremo, la exclusión social, la marginalizaciónde los grupos vulnerables y la pobreza. En consecuen-cia, no es posible separar el uso de los recursos natu-rales y el manejo de la biodiversidad de su dimensión

económica, cultural, social y política.Un (re-)conocimiento sistemático de estas experien-

cias, tanto a nivel conceptual y normativo como en supráctica organizativa y aplicación cotidiana podrá darmás sentido al término “desarrollo sostenible” en elcontexto centroamericano, tomando en cuenta los ma-croproyectos del Corredor Biológico Mesoamericano(CBM) y el Plan Puebla Panamá (PPP).

Según estimaciones del WRI (2001), la misma regióncuenta con un gran cantidad de áreas protegidas que




en un 85% coincide con el hábitat de los pueblos indí-genas mencionados. La Coexistencia de Pueblos Indíge-

nas y el Ambiente Natural en Centroamérica fue tema deun mapa editado por Mac Chapin del Grupo de Apo-yo a las Tierras Nativas - Native Lands (1992) que do-cumentó por primera vez la relación íntima entre pue-

blos indígenas y bosques en Centroamérica e hizo hin-

capié en la destrucción rápida de la vegetación naturalde la región durante los últimos 50 años.Según los datos actualizados por el SICAP (Sistema

Centroamericano de Areas Protegidas, febrero de 2003),las áreas protegidas en Centroamerica se traslapan enun 70% con los territorios indígenas, que a su vez abar-can el doble de la superficie de las mismas.

Belice

Desde la inmigración de comunidades Mopán (de San

Luis, Petén) y Q’eqchi’ (de Cahabón y Carchá, todas ubi-cadas en tierras de Guatemala) a partir de los años1880 auna región deshabitada al sur de lo que era entonces lacolonia de Honduras Británica, los “territorios Mayas”del Distrito de Toledo han sido un tema importante parala transformación de la colonia en un país soberano lla-mado Belice, lo que se logró finalmente en 1986, agregan-do de esta manera un séptimo país a Centro América.

Esta población Maya que, en su propia interpreta-ción, regresó a sus tierras ancestrales, cuenta hoy díacon 19.000 habitantes y representa la mayoría de la po-

blación del sur de Belice (el 70 % del Distrito de Toledoy más del 50 % de la población total del sur del país)y es un factor decisivo en la política regional beliceña.Estas tierras comunales llamadas “reservas” legalmen-te siguen subordinadas a un régimen de tenencia deorigen colonial ( 10 “Indian Reservations” con un totalde alrededor de 70.000 acres, en las cuales solamenteel 51% de la población Maya vive), que otorga al Go-

bierno el derecho de administrarlas “... de acuerdo almejor interés público” y sin ninguna definición de suexistencia legal permanente. No se prevé ninguna par-ticipación de la población local en la administración y

uso de estas reservas.A pesar de esta situación de extrema precariedad le-

gal, el peso político real de los Mayas y su lucha incan-sable para ser reconocidos como ciudadanos con ple-nos derechos en el contexto de la construcción de unpaís multiétnico a partir de 1981 los llevó a un primeracuerdo con el Gobierno el 12 de octubre de 2000 en elcual se reconocen las organizaciones Mayas como repre-sentantes legítimos del “Pueblo Maya”, que el “PuebloMaya” tenga derechos sobre tierras y recursos naturales

en el sur de Belice en base a su ocupación y uso tradi-cional y de que existe una urgencia de ampliar las tie-rras comunales de acuerdo a las necesidades de sus co-munidades en relación a un concepto del manejo sosteni-

ble de los RRNN dentro de las “áreas de uso tradicionalde tierras Mayas”, incluyendo una reforma del status delas instituciones comunales de autogobierno local. Este

acuerdo histórico de 10 puntos contó con el apoyo de laComisión Interamericana de Derechos Humanos y el trabajo de lobby de la oficina regional de la OIT en San José,Costa Rica, enre otras instituciones, y representó una granvictoria para los pueblos Mayas del sur de Belice que au-mentó, en consecuencia, la capacidad de alianzas estra-tégicas con las comunidades de los Mayas Yucatecos enel norte de Belice y con el Consejo Nacional Garífuna deBelice, convirtiendo a Belice en el único país de la regiónen el cual la población indígena tiene una participaciónpolítica representativa y firme en las políticas nacionales.Sigue, sin embargo, la ratificación del Convenio 169 de la

OIT como una demanda importante en la agenda de lasorganizaciones indígenas beliceñas, que cuentan con va-rios miembros en el Gobierno actual.

El reordenamiento de las alianzas étnicas a favor delos pueblos indígenas tiene un trasfondo concreto de cam-

bios demográficos y del equilibrio étnico en los últimosdiez años: los negros angloparlantes (“Creoles”), herede-ros del régimen colonial y protagonistas en el proceso dela transformación de la colonia en un país independienteligado al CARICOM caribeño, han disminuido su pobla-ción por la fuerte emigración a los EEUU, mientras que

la población mestiza español hablante de origen guate-malteco y salvadoreño ha incrementado constantemente,llegando a ocupar el primer lugar en la composición ét-nica del país. La población indígena, tanto los Mayas delSur como los Garífunas de la costa, representan cada vezmás el tercer y decisivo elemento para mantener el equi-librio étnico interno y Belice vinculado con los países ca-ribeños, en vez de convertirse en un país centroameri-cano continental. La composición étnica de este país deapenas 240.000 habitantes d ebería acercarse actualmen-te al siguiente perfil que evidencia la importancia de lospueblos indígenas:

Otra de las demandas se refiere al hecho de que Be-lice es el país centroamericano con el mayor porcentajede áreas protegidas: según las 6 categorías reconocidaspor la UICN y para el año 2000 son 32 áreas con 20,0 %de la superficie del país, según estadísticas del Gobiernode Belice de septiembre de 2001, que incluye las áreaspropuestas pero todavía no legalizadas, son 44 que al-canzan el 43% de la superficie nacional y que afectan lagran mayoría de las tierras comunales indígenas. Poresta situación es evidente que el tema del co-manejo de





las áreas protegidas es el segundo tema más importan-te para el reordenamiento territorial de los pueblos in-dígenas, incluyendo las áreas marino-costeras de pes-ca artesanal y tradicional de los Garífunas.

La situación de los Mayas de origen Yucateco que lle-garon a la colonia británica como refugiados y en conse-cuencia de la “Guerra de Castas”, sublevación Maya en

la segunda mitad del siglo XIX en el territorio colindan-te de México, es diferente, porque se refiere a una po- blación con alto grado de urbanización (Orange Creek yCorozal), educación y ladinización, adoptando en granparte el español y el inglés como lengua de referencia ymanteniendo estrechos lazos con sus parientes en lo quees hoy el Estado de Quintana Roo, México. Sin embargo,desde hace unos 10 años existe un movimiento de rei-vindicación étnico y cultural de los “ Mayas del Norte”,que los llevó a la fundación de una organización indíge-na llamada Xunantunich para facilitar una alianza Mayade incidencia política a nivel gubernamental.

Los Garífunas representan una población mayorita-ria en la franja costeña entre Barranco, al sur de PuntaGorda, hasta Dangriga, en el Distrito de Stann Creek,totalizando 7 comunidades que se establecieron a par-tir de 1830 y que mantienen un contacto frecuente conLivingston, Guatemala. El concepto territorial de los Ga-rífunas difiere radicalmente de los Mayas, porque se cen-tra en el uso de la playa del mar y de los recursos marí-timos que incluyen la pesca artesanal y la caza a las tor-tugas y mamíferos acuáticos. Por esta razón el problematerritorial de los Garífuna se relaciona con la expansión

del turismo, la prohibición de la pesca y con el deterio-ro ambiental general en la costa del caribe y los cayosvecinos. En el caso del pueblo Garífuna, con una iden-tidad étnica supranacional, no se puede hablar de un te-rritorio étnico ni de “tierras comunales”, porque el espa-cio geográfico que les da pertenencia e identidad es laplaya y el mar, el ecosistema costero - marino del Gol-fo de Honduras y de la Laguna de Perlas en Nicaragua.La mayor amenaza para su “territorio” es el despojo yla destrucción de las playas, acompañado por la conta-minación del agua y por las actividades pesqueras co-merciales. En este sentido son aliados importantes para

las reivindicaciones de los pueblos Mayas.Belice se presenta para los pueblos indígenas como

una excepción en el contexto centroamericano: existe unejercicio de poder real de los pueblos indígenas a travésde sus organizaciones en el contexto del único país mul-tiétnico asumido como tal y estructurado para viabilizaruna convivencia poco conflictiva, facilitando un accesono discriminatorio a la población indígena a los servi-cios de educación y a la participación ciudadana. Comoconsecuencia existe una corriente migratoria silenciosa

pero constante de parte de indígenas, principalmenteQ’eqchi’ y Garífunas de Guatemala, que se trasladan aBelice para disfrutar de una libertad y prosperidad re-lativa que se les niega en su país de origen.

Guatemala

El tema de la tenencia de la tierra ha representado laprincipal causa para el del conflicto armado en la segun-da mitad del siglo recién pasado, lo que no debe causarsorpresa, dada la enorme concentración de tierras en ma-nos de finqueros ladinos. Menos del 1% de los producto-res agrícolas disponen de casi 75% de la superficie culti-vada, considerando que el 68,6 % de la población guate-malteca es rural (MINUGUA 2000:6,23). Para 2000 se es-tima que el 62% de la superficie cultivada de Guatema-la corresponde a pastos, transformando un país de tra-dición agrícola maya en un país para latifundios gana-

deros ladinos (Baumeister 2004).Pero existe otro problema de relevancia especial para

los pueblos indígenas: la indefinición legal de las tierrascomunales. La Constitución Política de Guatemala de1985 dedica cinco artículos (del 66 al 70) a las Comuni-

dades Indígenas, mencionando la obligación del Estado deproteger a las comunidades indígenas, a sus tierras y suscostumbres. “Las comunidades indígenas y otras que tengan

tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmen-

te han administrado en forma especial, mantendrán ese siste-

ma” ( Art. 67). La misma constitución agrega en el Art.

70, de que una ley específica regulará esta materia. Perolas normas para su reglamentación nunca fueron estable-cidas. La posesión de las tierras comunales por ocupaciónhistórica, o de hecho, no es reconocida por la legislaciónactual y el proceso de despojo de las tierras sigue.

Las comunidades indígenas carecen de una persona-lidad jurídica propia, las tierras comunales no son reco-nocidas como un bien común y su legalización se da pormedio de otras construcciones jurídicas del derecho civil.No están exentas de los impuestos territoriales, no soninembargables e imprescriptibles, como en casi todos lospaíses latinoamericanos, y se mantiene una posición ofi-

cial de convertirlas en “propiedad privada”.2

En Guatemala, los recursos comunes no solo hansido un factor decisivo en la conservación, sino tam-

bién constituyen un mecanismo de identidad comuni-taria, que se expresa en términos de la territorialidad.En ese sentido los “territorios comunitarios”, se cons-tituyen como un espacio vital en donde se reprodu-cen muchos elementos propios de la cultura e identi-dad comunitaria y justamente por este cúmulo de “ca-pital social” se da una alta capacidad de auto-organi-




zación de los comuneros (usuarios) que se traduce enun sistema regulativo rígido y confiable y que explicael grado de sostenibilidad del manejo de recursos natu-rales muy escasos, como está ejemplificado en los bos-ques comunales de Totonicapán (Katz 2000). Como con-traste, nos puede servir la frontera agrícola y ganade-ra del Petén, en la cual la ausencia del “capital social”

local conlleva a la devastación de los recursos por fal-ta de mecanismos regulativos culturalmente transmiti-dos (Grünberg 2003).

En un informe reciente sobre la verificación de losacuerdos de paz relacionados con los pueblos indíge-nas, MINUGUA constata “la fragmentación y la pérdida de

sus tierras comunitarias afecta la organización y las relacio-

nes sociales en las comunidades, provoca la sobreexplotación

de los recursos naturales, el deterioro de sus sistemas tradi-

cionales de producción y las migraciones laborales en condi-

ciones infrahumanas, tanto al interior como de manera ile-

gal a otros países”(2000:34)

Una sistematización incipiente sobre el manejo delas tierras comunales de pueblos indígenas revela laexistencia de leyes tradicionales, generalmente llama-das “de derecho consuetudinario” e instancias jurídicasde aplicación de tales normas. Históricamente, ha exis-tido una rica tradición de manejo de tierras comunales,que tiene un carácter ritual y ceremonial, y que com-prende: prácticas de agrimensura, definición de la te-rritorialidad y de los derechos de usufructo individual,designación de autoridades y normas a aplicar en loscasos de conflicto entre comunidades o comuneros.

Estos mecanismos de resolución de conflictos de tie-rra y de asignación de derechos de usufructo se aplicancon variantes en muchas comunidades; su principal di-ficultad para ser efectivas consiste en la intromisión demecanismos o racionalidades externas, así como de es-tructuras de poder paralelas existentes en la misma co-munidad (Camacho 2003). Donde la militarización debi-litó a las autoridades comunales, se elevó el nivel de con-flictividad a tal grado, que se observa una concentraciónde los linchamientos públicos de los últimos tres años encomunidades indígenas del Occidente y de la Verapaz.Donde existe un reconocimiento de facto de la jurisdicción

de las comunidades para resolver conflictos relacionadoscon la tenencia de tierra, el grado de conflictividad bajaa expresiones mínimas, como por ejemplo en el territo-rio Q’eqchi’ de las tierras bajas del norte.

Contradicciones en sistemas normativos sobrepues-tos generan, inevitablemente, conflictos que se agudi-zan en los casos en que involucran áreas vitales, comopor ejemplo la tenencia de la tierra. En un estudio re-ciente sobre la conflictividad agraria en las tierras ba-

jas del norte ( Milián/Grünberg/Cho 2002) se mostró

de que las dos causas principales para el alto nivel deconflictividad, son, por un lado, el mismo ente regula-dor, el Estado y sus dependencias, que crea por negli-gencia, incompetencia y corrupción una gran parte delos conflictos y luego niega su responsabilidad en la re-solución de los mismos, y por otro lado en la duplici-dad contradictoria permanente de las normas del de-

recho nacional y las del derecho indígena.Esto conlleva a una situación que a primera vista pa-rece ser absurda: mientras que la gran mayoría de losconflictos relacionados con la tierra se tratan y resuel-ven según los procedimientos consuetudinarios, los quese pasan a las instituciones que representan la legali-dad por lo general quedan sin solución pero arrastran,en todos los casos, otras desgracias para la parte másdébil de los contrincantes. A nivel popular se mantie-ne una regla de oro, tanto entre los Q’eqchi’, como losladinos orientales, que juntos representan el 90% de lapoblación campesina del Petén: cuanto mas lejos de los

licenciados y “autoridades”, tanto más fácil (y más ba-rato) resolver los problemas.

Así que prevalece la impresión de que quien recurrea los juzgados lo hace de mala fe, porque sino, lo arre-glaría por la “vía honesta”, quiere decir, por la vía dela legitimidad expresada en las normas consuetudina-rias. La “Ley de Guatemala” se ve opuesta a la “Ley deDios”, porque la primera está plagada de vicios y “nofunciona para los pobres”. Esta convicción es tan arrai-gada y común entre los campesinos, que levanta incre-dulidad y sospecha, cuando se les explica los “beneficios

de la ley” para los propios campesinos. La ley (ladina)como amenaza, o por lo menos como traba, es el concep-to primordial en el contexto rural indígena. Persiste laprofunda convicción de que ante la justicia ordinaria elpobre, el campesino, el indígena no tiene posibilidadesde ganar “un caso” contra los que tienen poder, dinero,y, sobre todo, “cuello” (influencia política).

El tema de la territorialidad, vinculado originalmen-te a la exigencia de una autonomía para los pueblos ma-yas, fue excluido ya en 1994 de las negociaciones y noaparece en los acuerdos de paz, que reflejan un docu-mento llamado de consenso, que define un proyecto de

nación única, pluricultural y multilingüe, para resol-ver la coexistencia de los pueblos “ladino, maya, xincay garífuna” en Guatemala. El Convenio 169 de la OITfue presentado la primera vez al Congreso guatemalte-co en 1992 y ratificado en 1996, y define nuevamentela territorialidad como un derecho de los pueblos indí-genas. Esta normativa internacional, sin embargo, per-manece como excluida del debate público y raras veceses reclamada por las organizaciones indígenas para in-cidir en su cumplimiento.





Honduras

A fines de los años ochenta se generó en Honduras unmovimiento indígena que en pocos años tomó la inicia-tiva en las luchas agrarias y sorprendió a la clase diri-gente del país por su tenacidad y alcance. Después deun largo tiempo de marginación, reaparecen los pue-

blos indígenas del centro y occidente del país comoactores políticos importantes e invaden el espacio dela capital en movilizaciones llamadas “peregrinacio-nes indígenas”.

El factor aglutinante para este movimiento fue lacuestión de las tierras comunales, cuya posesión o pro-piedad ancestral fue amenazada por los nuevos frentesde expansión económica, constituidos por terratenien-tes, empresarios, militares y campesinos – finqueros dela frontera agrícola avanzando hacia las tierras bajas delnorte. Esta presión facilitó la formación de un bloque in-terétnico de los pueblos indígenas de tradición campe-

sina lo que coincidió con el desgaste de los “viejos ac-tores sociales” de la Sociedad Civil contestataria que sehabía formada desde los años 60. El espacio antes ocu-pado por organizaciones obreras, estudiantiles y de co-lonos fue ocupado por los indígenas que se transforma-ron en protagonistas de un “movimiento popular hon-dureño”. En este contexto se destaca la influencia de laIglesia Católica que por medio de programas de capaci-tación y conscientización etc. logró fortalecer la autoes-tima de los pueblos indígenas desplazados del poder,como los Lenca, Tolupán y Ch’orti’. Al mismo tiempo

se abren alianzas con otras organizaciones populares yno gubernamentales que se adhieren a la “causa de losindios”, facilitando la formación de federaciones indí-genas y asociaciones de apoyo a los pueblos indígenas,lo que llevó a un proceso de consolidación de la iden-tidad social y política de los pueblos indígenas frentea la sociedad y al Estado hondureño.

Este proceso no deja de ser contradictorio, porquemientras que los pueblos más marginados y despoja-dos de sus territorios, como los Ch’orti’, Lencas y To-lupanes (Xicaque) , todos del área central y occidentaldel país, han avanzado tenazmente en un proceso de

reconocimiento y legalización de sus tierras comuna-les, los pueblos de las tierras bajas de la Costa del Ca-ribe, como los Mískitos, Pech, Tawahkas y los Garífu-nas, que representan la gran mayoría numérica de losindígenas en Honduras, han tenido problemas severosy hasta hoy insuperables para una arreglo satisfactoriade sus reclamos de tierras y territorios, a pesar de queHonduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994como respuesta a las demandas masivas de las organi-zaciones indígenas y de sus aliados.

El Instituto Nacional Agrario – INA – utilizó la fi-gura legal de “tierra comunal” para la legalización dela propiedad colectiva de las comunidades del “sectorétnico” mediante un programa específico para tierrasindígenas; pero con la restricción que su concepción de“tierras comunales” se limita a las tierras de uso agro-pecuario, y no al habitat funcional de cada pueblo.. En-

tre 1998 y 2001 se titularon casi 200.000 has con la emi-sión de 325 títulos definitivos de propiedad comunalpara 5 pueblos indígenas.

En la Mosquitia (Departamento Gracias a Dios), sinembargo, en casi su totalidad habitada por los pueblosindígenas Mískitos, Tawahkas, Pech y Garifunas, has-ta la fecha no se ha legalizado las tierras por un con-flicto evidente entre los intereses del Estado en sus re-cursos naturales y como reserva para la expansión dela frontera agrícola y ganadera, factor importante parala captación de votos en el juego electoral. En 1997 elINA otorgó un título definitivo de propiedad en domi-

nio pleno de más de 500.000 hectáreas a la instanciaforestal del Gobierno (AFE-COHDEFOR), la que luegofueron registradas como parte del catalogo público fo-restal inalienable, incluyendo la Reserva del Hombre yla Biosfera del Río Plátano y la Reserva Biosfera Taw-ahka Asangni, violando el derecho de varias comuni-dades Tawahka, Mískitos y Garífunas y bloqueando unarreglo legal de la tenencia de la tierra en una región es-pecialmente sensible por el avance de la frontera agrí-cola, ganadero y forestal y la alta conflictividad agra-ria. Es importante mencionar que en el documento de

traspaso del INA a AFE-COHDEFOR se establece quelas tierras de las comunidades indígenas podrán ser ti-tuladas cuando se considere oportuno.

En este área siguen las presiones de despojo y frag-mentación de sus territorios, obligándolos a asentarseen áreas más remotas y en suelos marginales desde elpunto de vista productivo. Este hecho está relacionadoal avance del frente de colonización, que conlleva la pér-dida o conversión de los hábitat naturales, porque estáclaro de que la mayor parte de los remanentes del bos-que tropical húmedo y de los ecosistemas marino coste-ros de Honduras se ubican en el hábitat funcional que

han ocupado y siguen usando los pueblos indígenas yafro-descendientes del país. Pero, aun cuando existe estarelación bien documentada, tanto las instancias del Go-

bierno como las entidades de cooperación internacionaly organizaciones ambientalistas no han abierto espaciosy mecanismos de participación real y permanente queaseguren a estos pueblos el manejo y la protección de losrecursos naturales y de la biodiversidad.

En el caso de La Mosquitia, las propuestas de titula-ción de tierras y territorios que han presentado los in-




Reclamo territorial del pueblo rama - Foto: Claus Kjaerby / IBIS 2004


Indígena kuna de Panamá - Foto: Andrew Young




dígenas Miskitos, en algunos casos, han sido interpre-tadas por el gobierno como iniciativas separatistas queviolan la institucionalidad y la soberanía del país. En1994 se establecieron “mecanismos de coordinación parala legalización de la tenencia de las tierras a las comuni-dades étnicas de la Moskitia”, incumplidos, y en el año1999 se firmó un convenio marco entre el INA y MASTA,

donde se establece un compromiso de parte del gobiernoen avanzar en el proceso de legalizar la propiedad de latierra y territorios a favor de las comunidades miskitassobre la base de un proceso de consulta y participación,aplicando la Constitución Nacional, la Ley de ReformaAgraria, la Ley de Modernización y Desarrollo del Sec-tor Agrícola y el Convenio 169 de la OIT, mencionandoexpresamente el reconocimiento de derechos comuna-les. Este acuerdo hubiera sido de gran importancia , en-tre otros, por el hecho, de que actualmente un 80% dela superficie de la Mosquitia Hondureña corresponde auna de las categorías de Areas Protegidas. Hasta la fe-

cha, sin embargo, no se ha dado comienzo al procesoy siguen las consultorías para definir las opciones parauna solución del problema.

Sin duda existe actualmente en Honduras una po- blación indígena con alta visibilidad que ha logradoganar las simpatías de la opinión pública para sus rei-vindicaciones y bajo la bandera del Convenio 169 de laOIT, al cual, sin embargo, no se ha logrado aplicar ensus preceptos más importantes. Subsiste un vació deconocimientos tanto en la población indígena afecta-da como entre los operadores de la justicia. El Ministe-

rio Público cuenta desde 1996 con una Fiscalía Etnicay del Patrimonio Cultural que ha dado apoyo consis-tente para acciones penales contra el crimen anti-indí-gena, también en casos de conflictos relacionados conla tenencia de la tierra que normalmente quedaron enla impunidad.

El Salvador

Uno de los fenómenos más interesantes en Centro Amé-rica es el resurgimiento de los movimientos indígenas

en El Salvador, abarcando un tercio del espacio físicodel país de apenas 21.000 km2 y una cantidad entre 500y 600.000 campesinos salvadoreños de tradición Nahua– Pipil, Lenca o Cacaopera, en una población total demás de 6 millones de habitantes, lo que representa en-tre el 7 y 9 % de la población total. A diferencia de to-dos los demás países de la región, este movimiento dereivindicación de identidades suprimidas no se centraen la recuperación de tierras u otros recursos natura-les, a pesar de la existencia de títulos de tierras comu-

dígenas Miskitos, en algunos casos, han sido interpre-tadas por el gobierno como iniciativas separatistas queviolan la institucionalidad y la soberanía del país. En1994 se establecieron “mecanismos de coordinación parala legalización de la tenencia de las tierras a las comuni-dades étnicas de la Moskitia”, incumplidos, y en el año1999 se firmó un convenio marco entre el INA y MASTA,

donde se establece un compromiso de parte del gobiernoen avanzar en el proceso de legalizar la propiedad de latierra y territorios a favor de las comunidades miskitassobre la base de un proceso de consulta y participación,aplicando la Constitución Nacional, la Ley de ReformaAgraria, la Ley de Modernización y Desarrollo del Sec-tor Agrícola y el Convenio 169 de la OIT, mencionandoexpresamente el reconocimiento de derechos comuna-les. Este acuerdo hubiera sido de gran importancia , en-tre otros, por el hecho, de que actualmente un 80% dela superficie de la Mosquitia Hondureña corresponde auna de las categorías de Areas Protegidas. Hasta la fe-

cha, sin embargo, no se ha dado comienzo al procesoy siguen las consultorías para definir las opciones parauna solución del problema.

Sin duda existe actualmente en Honduras una po- blación indígena con alta visibilidad que ha logradoganar las simpatías de la opinión pública para sus rei-vindicaciones y bajo la bandera del Convenio 169 de laOIT, al cual, sin embargo, no se ha logrado aplicar ensus preceptos más importantes. Subsiste un vació deconocimientos tanto en la población indígena afecta-da como entre los operadores de la justicia. El Ministe-

rio Público cuenta desde 1996 con una Fiscalía Etnicay del Patrimonio Cultural que ha dado apoyo consis-tente para acciones penales contra el crimen anti-indí-gena, también en casos de conflictos relacionados conla tenencia de la tierra que normalmente quedaron enla impunidad.

El Salvador

Uno de los fenómenos más interesantes en Centro Amé-rica es el resurgimiento de los movimientos indígenas

en El Salvador, abarcando un tercio del espacio físicodel país de apenas 21.000 km2 y una cantidad entre 500y 600.000 campesinos salvadoreños de tradición Nahua– Pipil, Lenca o Cacaopera, en una población total demás de 6 millones de habitantes, lo que representa en-tre el 7 y 9 % de la población total. A diferencia de to-dos los demás países de la región, este movimiento dereivindicación de identidades suprimidas no se centraen la recuperación de tierras u otros recursos natura-les, a pesar de la existencia de títulos de tierras comu-

nales históricos parecidos a los de los otros países dela región. Para entender este hecho se han encontra-do algunas razones:

• el proceso de desarticulación de las tierras co-munales y de una ladinización forzada comenzódesde hace más de 150 años y está relacionado

con la implantación de las fincas cafetaleras quenecesitaban de mozos colonos , y no de comune-ros semi independientes, para su producción; sepuede afirmar que actualmente la gran mayoríade los indígenas en El Salvador también son la-dinos salvadoreños, con una identidad variable,según las circunstancias. Un 99% de los mismossolamente habla el español;

• las masacres de los Pipiles en el Occidente delpaís en enero de 1932 han dejado hasta hoy untrauma omnipresente que se expresa en actitu-

des como: “ser pipil es muy peligroso”, condu-ciendo a una identidad étnica velada y pocasveces trasmitida a la generación siguiente. Estasituación ha sido agravada por la guerra civilde los años 1980, con las sucesivas migracionesdentro del país y a Honduras, en un ambien-te de negación radical de sus normas y valoresculturales.

• la cuestión de las tierras consideradas ex-indí-genas es especialmente delicada en un país que

tiene la más alta densidad demográfica del con-tinente (304 personas por km2) y una emigraciónconstante a los EEUU, convirtiendo las remesasde los salvadoreños que viven y trabajan en elextranjero en la principal entrada económica delpaís. La imposibilidad real de recuperar las tie-rras ancestrales es un hecho asumido por la ma-yoría de las numerosas organizaciones indígenasde El Salvador, a pesar de la demanda de la firmadel Convenio 169 de la OIT que hace parte de laagenda general y consensuada.

• la frustración provocada por los escasos resulta-dos de las reformas agrarias después de la firmade la paz en 1993 han aumentado el interés demuchos campesinos salvadoreños en “apostarpor la vía indígena” para sus reivindicacionesagrarias y sociales, buscando el refuerzo de susidentidades regionales para encontrar salidas asu vida de pobre y discriminado racialmente porser “indio”.




Actualmente existen por lo menos 25 organizacionesindígenas, entre ellas el Consejo Coordinador Nacio-nal Indígena Salvadoreño – CCNIS - , una instancia or-ganizativa con representación en el CICA (Consejo In-dígena Centroamericano) y en el Fondo Indígena. Laconsolidación organizativa es generalmente baja portratarse de nuevas organizaciones de “neo-indígenas”,

como son considerados por algunos antropólogos.El proceso del despojo de las tierras comunales yejidales indígenas en El Salvador ha sido tan violentoy completo que hoy día ya no existen tierras comuna-les bajo dominio de indígenas y solamente una peque-ña fracción de los campesinos de tradición indígena,generalmente en calidad de arrendatarios, son consi-derados como de subsistencia, produciendo lo necesa-rio en su “milpa “ para poder sobrevivir y, frecuente-mente, artículos de artesanía para el mercado local yregional. La gran mayoría vive como jornaleros preca-rios, peones de fincas cafetaleras, a parte de su “par-

cela” que complementa su dieta con maíz, frijoles, pi-pián, chile y ayote, principalmente. Según estimacio-nes de Rivas (2002:19), los indígenas sin tierra propiapodrían alcanzar actualmente el 72%.

Para definir al indígena en El Salvador sobresaltanaspectos culturales y de organización social, pero escada vez más desvinculado de la posesión de sus tie-rras ancestrales y de un dominio sobre recursos natu-rales que han definido su territorio en tiempos pasa-dos. Su identidad de “campesino pobre de tradición in-dígena” es casi universal y da lugar a una nueva estra-

tegia de buscar la formación de unidades de produc-ción y mercadeo asociativo, como p.ej. en cooperativaso empresas comunitarias, reinventando un conceptode “tierra comunal” en el contexto de una economíade mercado. La comunidad-cooperativa se presenta enun traje neoliberal y busca subsidios de ONG.

Nicaragua

En ningún país centroamericano la cuestión de la te-nencia colectiva de la tierra y la territorialidad de los

pueblos indígenas ha desatado un conflicto históricotan violento y permanente como en el caso de la Mos-quitia nicaragüense, a pesar de un marco legal de au-tonomía regional existente desde el año 1987 que in-cluye explícitamente la garantía para la propiedad co-munal de las comunidades indígenas de la “Costa At-lántica” (Ley 28, art. 36). La definición del patrimoniocomunal es clara: “ La propiedad comunal la constitu-yen las tierras, aguas y bosques que han pertenecidotradicionalmente a las comunidades de la Costa At-

lántica...” y en el Art. 36.1 se estipula adicionalmenteque las tierras comunales son “...inajenables; no pue-den ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas,y son imprescriptibles”. Sin embargo, 16 años después,todavía no se han demarcadas ni legalizadas estas tie-rras comunales por un bloqueo sistemático de la regla-mentación de la Ley de Autonomía mencionada por

los gobiernos post-sandinistas, a pesar de la promul-gación de una Ley de Tierras Indígenas, cuya últimapropuesta fue introducida ante la Asamblea Nacionalen octubre de 1998 y aprobada, finalmente, en diciem-

bre de 2002 como Ley No. 445 “Ley del régimen de pro-piedad comunal de los Pueblos Indígenas y Comuni-dades Étnicas de las Regiones Autónomas de la CostaAtlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, In-dio y Maíz”.

Las raíces de este conflicto profundo se encuentranen la convergencia de dos factores de larga duraciónhistórica:

• la costa oriental caribeña de Nicaragua es hábi-tat de pueblos adaptados al ambiente selváticoy a los recursos marítimos, viviendo “entre mary tierra” o “entre río y montaña”, con una no-ción territorial flexible, amplia y relacionada di-rectamente a la disponibilidad de los diferentesrecursos naturales que son usados básicamenteen forma comunal y, siguiendo una lógica del va-lor de uso para la subsistencia, forman un paisa-

je cultural propio, aunque no libre de conflictos

intercomunitarios e interétnicos. Por eso los re-clamos por el reconocimiento y por la plena lega-lización de aproximadamente 230 comunidadescontiguas con un total de 20 a 25.000 km2 (casi lamitad de la región) tiene prioridad absoluta enlas reivindicaciones de los costeños ante el Esta-do de Nicaragua desde hace más de un siglo;

• el proceso colonial en Nicaragua fue español enel occidente y centro norte de Nicaragua e inglésen el oriente caribeño (la “Mosquitia”), confor-mando dos espacios territoriales diferenciados yhasta hoy escasamente vinculados, a pesar de la

anexión militar de la Mosquitia por Nicaraguaen 1894, llamado a partir de entonces Departa-mento Zelaya y, desde 1987, Región Autónomadel Atlántico Norte (RAAN) respectivamenteRegión Autónoma del Atlántico Sur (RAAN).

El progresivo desplazamiento de los pueblos indígenasy comunidades afrocaribeñas como mayorías en las re-giones autónomas, las que fueron creadas precisamentepara terminar la asimetría permanente entre el Estado





mestizo, centralizador y monocultural de Managua ylos pueblos de la Costa del Caribe, se debe principal-mente a una fuerte migración de campesinos y finquer-os mestizos, arrastrados por la dinámica de una fronteraagrícola y ganadera que resulta de una política agrariaconcentradora de la riqueza en las manos de las elitesagrarias tradicionales y que es facilitado por la ausen-

cia de un régimen de tierras que de seguridad jurídicasobre la tenencia. Como consecuencia de este procesoestá aumentando la conflictividad agraria entre inmi-grantes mestizos y comuneros costeños, alcanzandoniveles alarmantes de un conflicto interétnico en lalucha por la tierra.

El proyecto autonómico iniciado por el GobiernoSandinista durante los años de 80 intentó redefinir lasrelaciones entre el Estado y las etnias del este caribe-ño, para romper la asimetría de las relaciones de poderinterétnicas y logró desarticular el frente étnico de laguerra civil. Los gobiernos subsiguientes, identifican-

do la Autonomía con el Sandinismo y no asumiéndolacomo política del Estado, violaron a partir de 1990 conpersistencia los acuerdos y principios sobre los cualesse definió el régimen autonómico, evadiendo la regla-mentación del Estatuto y creando estructuras parale-las para neutralizar el autogobierno de las dos regio-nes autónomas. Sin embargo, se destacan algunos ele-mentos positivos:

• el establecimiento de dos universidades regiona-les – Universidad de las Regiones Autónomas de

la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN), fun-dada en 1993 y Bluefields Indian & CaribbeanUniversity (BICU), fundada en 1992 – con enfo-que intercultural y de apoyo decidido a la auto-nomía regional ha creado espacios de investiga-ción, diálogo y profesionalización, dando vida ala construcción de una nueva identidad culturalcosteña y a una educación que fomenta el inter-cambio de conocimientos y prácticas tradiciona-les; la mayoría de los profesionales actualmenteviviendo en la región han participado en cursosy actividades académicas y de capacitación en

los diferentes recintos de ambas universidades,transformando y descentralizando de hecho elsistema educativo vigente;

• el poder de decisión de los Consejos Regionalessobre concesiones de exploración y explotaciónde los recursos naturales que el Estado entregaen la Costa ha aumentado la capacidad de nego-ciación de las comunidades propietarias de losrecursos para entablar contratos y recibir bene-ficios derivados de su explotación; sin embargo,

ante la falta de una demarcación de las tierrascomunales y una definición sobre los derechosde uso, estos recursos generalmente no son utili-zados de una forma equitativa;

• el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos en San José a favor de la comunidad Ma-yangna Awas Tigni y en contra del Estado de Ni-

caragua en agosto de 2001 no solamente ha evitadola destrucción de un bosque en tierras comunalessino ha sido un caso emblemático para el reconoci-miento de los derechos ancestrales sobre tierras in-dígenas a nivel internacional; en el fallo se condenaal Estado de Nicaragua por violar los derechos depropiedad de la comunidad mencionada sobre sustierras comunales y se le emplaza de demarcar y le-galizarlas, lo que significó un fuerte estímulo parael relanzamiento del tema de tierras y territorios enla Costa Caribe;

• el reconocimiento municipal y regional de 6 territo-

rios indígenas para comunidades Mayangna y Mí-skitos con experiencias de comanejo de los recursosnaturales en la Reserva de la Biosfera BOSAWAS,dando esperanzas para la estabilización de la fron-tera agrícola y ganadera mestiza invasora;

• el proceso autonómico, representando históri-camente una aspiración política de los puebloscosteños, está incluyendo cada vez más a la po-

blación mestiza inmigrante, víctima de una mar-ginación y exclusión social permanente, creandode esta manera una nueva identidad regional

pluriétnica que apoya a las instituciones autó-nomas y buscando alianzas estratégicas con lospueblos indígenas de la región;

• en 1996 se establecieron, mediante un proceso deconcertación, 19 municipios que abarcan las dosregiones autónomas, permitiendo la realizaciónde las primeras elecciones municipales y constitu-yendo un poder local precario pero democrática-mente constituido que complementa los ConsejosRegionales Autónomos; la participación ciudada-na de los habitantes costeños en general ha me-

jorado, respetando a la pluralidad étnica real, a

pesar del abstencionismo del 65 % en las últimaselecciones para los Consejos Regionales del 4 demarzo de 2002, que fue provocado por el Gobier-no central y utilizado como argumento para des-mantelar el régimen autonómico por “obsoleto”.

• La aprobación y promulgación de la Ley No. 445“Ley del régimen de propiedad comunal de losPueblos Indígenas y Comunidades Étnicas delas Regiones Autónomas de la Costa Atlánticade Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y




Maíz” el 14 de diciembre de 2002 abre la posibili-dad histórica de un reconocimiento pleno de lastierras comunales en la Costa Caribe, incluyendolos territorios ubicados en los departamentos de

Jinotega y San Carlos.

Los grandes problemas a resolver para contrarrestar el

avance destructivo de la frontera agrícola y ganaderamestiza y el aumento de la conflictividad interétnica gi-ran alrededor de la cuestión central en la historia de laCosta Caribe: las tierras comunales indígenas.

Costa Rica

La relación del Estado costarricense con los pueblos in-dígenas que habitan en su territorio se ha caracteriza-do por un fuerte paternalismo inscrito en el marco deun Estado democrático y benefactor que ha buscado de

“superar” la marginalización de sus ciudadanos indios.Sin embargo, y después de la ratificación del Convenio169 de la OIT en 1992, se ha abierta una amplia gama deformas de participación para los 8 pueblos indígenas,convirtiéndolos en un grupo de presión y factor deter-minante en una parte sensible de la agenda nacional, apesar de su poco peso demográfico, representando alre-dedor del 2% de la población a nivel nacional.

Desde 1973 existe la Comisión Nacional de Asun-tos Indígenas – CONAI – entidad estatal creada para fi-

jar políticas públicas relacionadas con las comunidades

indígenas y la Ley Indígena de 1977 regula la organi-zación comunal y territorial indígena, complementadapor su reglamento en el año 1978. A partir de la ratifi-cación del Convenio 169 en 1992 se institucionaliza suaplicación, caso único en Centro América, introducien-do elementos esenciales como la “participación infor-mada”, la “consulta” y el término “territorio indígena”en la jurisprudencia nacional. En este proceso se desta-ca la “Sala Constitucional”, que ha apoyada el derechoterritorial indígena, cambiando el término “Reserva In-dígena” a partir del 1992 en “Territorio Indígena”.

Esta situación de una certeza jurídica para los terri-

torios indígenas contrasta con el hecho de que un altoporcentaje, entre 40 y 50% de las tierras, se encuentraen manos de poseedores no indígenas y solamente unaparte de los mismos indígenas tiene posesión de hechode parcelas de tierra en sus propios territorios. En algu-nos casos se ha logrado de recuperar parte de las tie-rras usurpadas, pero en otros casos las tierras dispo-nibles son totalmente insuficientes para una economíade subsistencia y menos para una producción para elmercado. Se estima que la población indígena registra-

da en los territorios legales y sus alrededores solamen-te representa la mitad de la población indígena real enCosta Rica, con un proceso creciente de formación devecindades indígenas urbanas en la capital y en los de-más centros regionales. Esta cara oculta de la realidadindígena en Costa Rica se viene agravando con el flu-

jo migratorio permanente de los “vecinos pobres “ del

norte, de Nicaragua, y del sur, de Panamá.Entre los migrantes nicaragüenses se encuentranunos 2.000 Mískitos que forman sus propias comunida-des en los albergues(“galeras” o “conejeras”) cercanos ala ciudad capital, manteniendo su cohesión a través delos servicios de la Iglesia Morava local. De Panamá vie-nen Ngobe-Buglé (Guaymí) para trabajos temporales enlas compañías bananeras, principalmente de Sixaola, al-gunos quedándose con sus parientes en territorio costa-rricense. Esta situación sugiere una analogía con los pro-cesos migratorios desde México al sudoeste de los Esta-dos Unidos con su tendencia de reforzar las identidades

indígenas en la diáspora, con sus rebotes culturales res-pectivos en sus países de origen y con la importancia cre-ciente de las remesas para la economía comunal.

Otro aspecto importante es la comercialización delimagen de los “indios” en el contexto turístico de Cos-ta Rica, donde la alta concentración de Parques Nacio-nales en paisajes del trópico húmedo ha llevado a la in-dustria del turismo a transformar los territorios indíge-nas y sus habitantes en un ingrediente folclórico parael ecoturismo para extranjeros. En muchos mapas deCosta Rica se visualiza a los territorios indígenas como

“áreas protegidas”. Este “componente ambiental”, porejemplo en la Sierra de Talamanca, se destaca por al-tos índices de pobreza, de exclusión social y de emigra-ción a las zonas urbanas y repite dramáticamente el pa-trón prevaleciente en los demás países centroamerica-nos: la extrema pobreza tiene un rostro indígena, tam-

bién en Costa Rica.Un caso específico es la población afrocaribeña de

habla inglesa que cuenta en Costa Rica con unos 200.000habitantes y una buena representación cívica, con 5 di-putado/as electos/as en las últimas elecciones de mar-zo de 2002 contra ninguno indígena. Existen tendencias

de aproximación estratégica entre indígenas y negros,especialmente en el litoral caribeño del nordeste, to-mando como punto de referencia los ejes temáticos delracismo, del turismo y del medio ambiente.

La tierra, en la tradición de los pueblos indígenas dela región, no se ve solamente como un potencial pro-ductivo para agricultura y ganadería, sino como espa-cio para usos múltiples, de la persisitencia de la bio-diversidad, para generar servicios ambientales y comoun paisaje cultural que presupone y da seguimiento a





la historia. Esta concepto, sin embargo, no siempre esaceptado por los grandes donantes en América Cen-tral, que siguen con un discurso de “desarrollo comu-nitario” : por un lado proclaman el combate a la po-

breza, la conservación de la biodiversidad y la conso-lidación sociocultural y ambiental como objetivos ge-nerales, pero por otro lado, y a nivel operativo, se re-

viva el mito productivista que ve a los territorios in-dígenas como base geográfica material para el apro-vechamiento de sus recursos naturales, como un po-tencial para producir algo que se puede lanzar al mer-cado para aumentar el ingreso monetario de los “po-

bres”. Este modelo está en conflicto permanente conlas visiones del futuro de los pueblos indígenas y ge-nera relaciones de cooptación y corrupción.

Para mejorar la representación ciudadana indígenaa nivel del poder municipal se propone un reordena-miento territorial para ampliar los territorios, especial-mente en función del Corredor Biológico Mesoameri-

cano, y para hacer coincidir los límites municipales conlos territorios indígenas.

Resumiendo se puede apreciar en Costa Rica un re-conocimiento reforzado de la diversidad cultural y dela presencia de los pueblos indígenas como parte de laSociedad Civil y ciudadanía , acompañado por una am-pliación geográfica y consolidación legal de los territo-rios indígenas y por una incorporación en la jurispru-dencia y aplicación real del Convenio 169 de la OIT. Porotro lado sigue el drama de la pobreza y exclusión so-cial a nivel local, en algunas áreas agravado por el de-

terioro ambiental.

Panamá

Para la situación de las tierras indígenas en Panamáexiste un hito histórico que ha servido de punto de re-ferencia en las relaciones del Estado con los pueblosindígenas desde 1925: la revolución de los Kuna en laComarca de San Blas, ahora llamada Kuna Yala, quepermitió establecer una autonomía regional de hechoa partir de la declaración de la Reserva de San Blas

en 1930 y que en el transcurso de los años siguientesadquirió una forma legal aceptada por el sistema po-lítico panameño, sirviendo de modelo para los recla-mos territoriales de los demás pueblos indígenas enPanamá.

Esta situación favorable para la generación de auto-nomías para los pueblos indígenas en Panamá se debe auna constelación de poder singular para Centro Améri-ca que se puede caracterizar de la siguiente manera:

• el Estado surge en 1903 como protectorado deEstados Unidos y se mantiene con debilidadesfuertes durante su proceso de formación y deconsolidación de una soberanía territorial, care-ciendo de poder de dominación militar y acciónasimiladora consistente (política de “integraciónnacional”);

• después de la rebelión de los Kuna en 1925 losEstados Unidos asumen una posición protecto-ra respecto a la comunidad indígena cercana a laZona del Canal lo que permite a los Kuna de laCosta del Caribe una autonomía de hecho, y mástarde, de derecho, que se basa en una tradiciónde defensa militante de sus derechos territorialesdesde la colonia y la formación del Estado de Co-lombia;

• la reducida población campesina mestiza de laCosta del Pacífico y la afrocaribeña de la vertien-te del Caribe no necesitó disputar las tierras de

dominio indígena hasta los años 70, cuando segenera una migración con avance de la fronte-ra agrícola y ganadera principalmente en el Da-rién.

El precedente de la rebelión kuna en 1925 condicionó lapolítica indigenista de la elite panameña y les obligó denegociar votos e influencias con los Kuna, rompiendoel paradigma del Estado – Nación con su “poder sobe-rano” que prevaleció en los demás países de la región.Este mismo modelo se aplicó para los demás pueblos

indígenas a partir del Gobierno de tendencia populistadel Gral. Torrijos, que lo apoyo fuertemente como unaexpresión “auténtica” de una actitud antiimperialista.La creación de un sistema de corregimientos en 1972,reemplazando a los diputados nacionales de corte tra-dicional, otorgó a los indígenas un poder político comonunca antes lo conocían y permitió convertirlos en ac-tores importantes a nivel nacional. Este proceso culmi-nó después de la firma del Tratado Torrijos – Cartersobre el Canal de Panamá en 1977, cuando el generalTorrijos dio luz verde para negociar las tierras indíge-nas en la región del Darién y en el Occidente, las que

fueron establecidas, finalmente, entre 1983 y 2000, conun total de 18.000 km2, si se incluye a Kuna Yala, quefue legalizado y demarcado ya en los años 30. El esta-tuto de las comarcas da derechos territoriales de usu-fructo colectivo y autogestión administrativa y ha gene-rado nuevas condiciones políticas internas en la pobla-ción como en su relación con el Estado. Cada comarcatiene su propio Congreso General, en el cual se nego-cia el poder político y los servicios de cooperación na-cional e internacional.




El mejor ejemplo de la complejidad de este sistemahíbrido es el funcionamiento de la Comarca Ngöbe –Bu-glé, creada por ley en 1997 y desarrollada con el apoyode la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en el Proyec-to Agroforestal Ngöbe. Es un territorio equivalente a unaProvincia (en los demás países centroamericanos: Depar-tamento) de 7.000 km2 de superficie y con régimen es-

pecial, dividido en tres Regiones, 7 Municipios y 57 Co-rregimientos. Abarca solamente un poco más de la mi-tad del territorio reclamado originalmente como hábitaty su población de 110.000 habitantes se compone enun 97 % por indígenas Ngöbe y Buglé (Guaymí). Exis-te un sistema de Gobierna dual, con autoridades oficia-les ( Gobernador, Alcaldes, Representantes de los Co-rregimientos) y autoridades tradicionales ( Caciques, Je-fes) que corresponden a organismos oficiales (Consejosde Coordinación, Consejos Municipales) y tradicionales(Congreso General y Congresos Regionales). Las tierrasconstituyen propiedad y uso colectivo de la Comarca y

se prohibe expresamente la propiedad privada y la ena- jenación de la misma. Pero no obstante se reconocen lostítulos de propiedad y también los derechos posesoriosadquiridos antes de la declaratoria de la ley, lo que dehecho limita el dominio real sobre los recursos naturalesen regiones sensibles para un desarrollo sostenible.

Pero la Comarca Ngöbe - Buglé representa tambiénla mayor concentración de pobreza en el país: según elcenso de 2000 el 95 % de sus habitantes son “pobres”y el 86 % caen en la categoría de “pobreza extrema”(nivel de infrasubsistencia) lo que les hace la princi-

pal fuerza de trabajo temporal en el Occidente del paísy en la zona colindante de Costa Rica. En algunas re-giones, más del 50% de las familias emigran durantela temporada de octubre a marzo en búsqueda de di-nero en efectivo. Un Plan Quinquenal 2001 al 2006 confondos del Gobierno y de la Cooperación Internacionaltrata de enfrentar esta situación, con amplia participa-ción de profesionales locales y a pesar de la resistenciade los grandes ganaderos mestizos y de la industria deturismo en la Costa del Caribe.

No todas las comunidades indígenas en Panamáconsiguieron la legalización de sus tierras: falta definir

la Comarca Teribe – Naso, en estudio desde 1977, y lastierras de los Bribris en la frontera con Costa Rica, va-rias comunidades Ngöbe en las provincias de Chiriquíy Veraguas, comunidades kuna en el alto Tuyra y unas47 comunidades Emberá y Wounaan en el Chocó fue-ra de las dos Comarcas de Cémaco y Sambú, que for-maron su propio Congreso General de Tierras Colecti-vas para la defensa de sus intereses.

Desde 1977 las comarcas indígenas representan una fi-gura legal que permite la autogestión político-administra-

tiva, abarcando más de 18.000 km2 del territorio paname-ño (el 22.7% de su superficie) de la siguiente forma:

Los pueblos indígenas en Panamá tienen actualmen-te una representación en la Asamblea Legislativa con5 legisladores, dos de los cuales son Kuna, dos Ngöbey uno Emberá, pero no consiguieron vencer la oposi-ción de la mayoría parlamentaria en contra de la ra-

tificación del Convenio 169 de la OIT, que hace partede la agenda indígena desde hace más de una déca-da. Esta actitud hace pensar que para muchos políti-cos panameños las autonomías comarcales solamen-te representan una solución temporal hasta alcanzaruna “plena integración” y asimilación de los indíge-nas a través de una “mejor educación” e incorpora-ción a la economía de mercado vigente. Como justi-ficación formal del rechazo al convenio se mencionóel concepto de “pueblos indígenas” supuestamentecontrario al principio constitucional del “pueblo pa-nameño” unitario.

De todos los países centroamericanos es Panamáen el cual los pueblos indígenas han alcanzado ma-yor incidencia política a nivel nacional, resultado dey a la vez motor para una autonomía territorial fun-cional y a pesar del rechazo de los gobiernos a la fir-ma del Convenio 169 de la OIT como instrumentode derecho internacional para consolidarla. Sin em-

bargo, subsisten todavía obstáculos y amenazas parael futuro:

• el debilitamiento de una alianza con las orga-

nizaciones ambientalistas y demás instanciasde la Sociedad Civil para transformar los dere-chos conquistados coyunturalmente en perma-nentes y asumidos por las mayorías, principal-mente las grandes extensiones de las unidadesterritoriales autogestionadas;

• el deterioro ambiental por prácticas predato-rias en la pesca, caza y por la deforestación queimpulsa invasiones de colonos, especialmenteen tierras aptas para la ganadería extensiva;

• un desequilibrio demográfico que favorece lamigración urbana y la substitución de la po-

blación indígena de las Comarcas por colonos,creando una situación de ingobernabilidad departe de las autoridades tradicionales y trans-formándolas en intermediarios de captación declientelas políticas y de la explotación ilegal derecursos naturales, especialmente de madera;el modelo del “desarrollo comunitario” pensa-do para mejorar el nivel de vida se ha trans-formado en trampolín para los interesados entierras y recursos dentro de las reservas.





• la extrema pobreza que golpea específicamentea la población Ngöbe – Buglé, agravada por elfracaso de las economías de exportación de pro-ductos de monocultivos como el café y la caña.

Resumen

Estudios detallados a nivel nacional y el proyecto re-gional “Pueblos Indígenas y Ecosistemas Naturales enCentroamérica y el Sur de México (National Geogra-phic Institute y Center for the Support of Native Lands,2003) demostraron la importancia de los pueblos indí-genas en Centroamérica como actores de un desarro-llo humano y defensores de un equilibrio entre las exi-gencias de una sociedad cambiante y de la conserva-ción del medio ambiente natural. La relación mutuaentre biodiversidad y diversidad cultural, el acúmulode conocimientos y prácticas tradicionales adaptados

a las realidades locales y las diversas formas de orga-nización y cooperación reafirman la necesidad de unapoyo institucional firme a los pueblos indígenas enla generación de sus conceptos de desarrollo, al usoculturalmente adecuado y económicamente sosteni-

ble de los recursos naturales y a la sistematización ytradición de sus conocimientos y prácticas sociales yculturales para la defensa de la biodiversidad que seestá expresando en proyectos regionales como el “Co-rredor Biológico Mesoamericano”.

La consolidación de un desarrollo humano soste-

nible en las condiciones ambientales, culturales y so-ciales específicas de una región como América Centralexige una reflexión seria sobre las lecciones aprendi-das en el contexto de proyectos concretos, especial-mente en las áreas más vulnerables que combinan unriesgo ambiental elevado, niveles de pobreza rural al-tos y una dinámica poblacional fuera del control delas políticas públicas. Esta es la situación de la fronte-ra colonizadora agrícola y ganadera en el trópico hú-medo de todos los países centroamericanos, donde ladestrucción del medio ambiente es el resultado de losmismos procesos sociales que generan la concentra-

ción de la riqueza y, en el otro extremo, la exclusiónsocial, la marginalización de los grupos vulnerables yla pobreza. En consecuencia, no es posible separar eluso de los recursos naturales, su conservación y el ma-nejo de la biodiversidad de su dimensión económica,cultural, social y política.

Tratando de encontrar un denominador común, yconsiderando las diferencias profundas entre las dosvertientes de influencia mesoamericana y la circum-caribeña, los pueblos indígenas en Centroamérica se

enfrentan actualmente a una dinámica socioambientalque se caracteriza por

• una mayor visibilidad y hasta un reconocimien-to tanto nacional como internacional como ac-tores políticos y culturales que contrasta con lapobreza extrema que afecta a su gran mayoría;

son 8,2 millones en los 7 países, un 25% de lapoblación total centroamericana de 32 millonesde habitantes; en este proceso la discusión pú-

blica en torno al contenido del Convenio 169 dela OIT ha tenido una importancia significativaaún en los países que no lo han ratificado hastaahora, como es el caso de Belice, Nicaragua, ElSalvador y Panamá;

• un aumento considerable en cantidad y superfi-cie de las tierras y territorios legalizados a favorde comunidades y/o pueblos indígenas, con

una gran variedad de figuras jurídicas que vandesde “reservas indígenas” propiedad del Es-tado (en Belice) hasta unidades territoriales conautonomía real (Panamá) o inscritas en un régi-men autonómico todavía no implementado enla regularización de las tierras indígenas (Nica-ragua); sin embargo sigue la lucha por la tierray por los demás recursos naturales como prin-cipal reivindicación de los pueblos indígenas enlos países centroamericanos, con excepción deEl Salvador y, parcialmente, de Costa Rica y

Panamá y principalmente en áreas de fronteraagrícola y ganadera;

• la evidencia cada vez más impactante de undeterioro ambiental generalizado que desatadesastres “naturales” , hambrunas y epidemiasque afectan a la población más vulnerable de laregión y, en consecuencia, a la población indí-gena; por otro lado es este mismo deterioro am-

biental que ha suscitado interés en el manejo delos conocimientos específicos sobre recursos na-turales con alto valor comercial y relacionados

a procedimientos farmacéuticos y de biotecno-logía, aumentando la presión de transformarsabeduría colectiva en mercancía global de los

bioprospectores;

• una dependencia progresiva de la población in-dígena de la política internacional ambiental enel dominio sobre su hábitat, especialmente enrelación al Corredor Biológico Mesoamericano,transformándo a los indígenas en componentes -




adversarios o vigilantes - de la biodiversidad, sinreconocimiento equivalente de su ciudadanía; el12 % de la superficie de los 7 países son áreas pro-tegidas (según los criterios de la UICN, categorías1 a 6) y habitadas en un 85% por pueblos indíge-nas; esta interdependencia se hace aún más visiblesi se incluye otras áreas protegidas propuestas en

el contexto del CBM, las que aumentan el porcen-taje de la superficie de Costa Rica bajo protecciónal 27 % y la de Belice a 43 % ! Eso significa queprácticamente la totalidad de las tierras indígenascaen de una u otra manera bajo la categorizacióncomo “áreas protegidas”, una “protección” quepor la regla general ha sido declarada por el Es-tado correspondiente sin ninguna consulta previaa la población local afectada y que en algunos ca-sos se ha transformada en amenazas constantesde expulsión (“reubicación”). En no pocos casosla élite agraria local usa el argumento de la “con-

servación de los recursos naturales” como armacontra los derechos de los habitantes indígenas,por ejemplo en Belice, Honduras y Costa Rica.

• un aumento fuerte demográfico, sea por creci-miento vegetativo, o, aún más frecuentemente,por una mayor atractividad de reconocerse y de-clararse como indígenas en un contexto sociopo-lítico que favorece la diversidad de identidadesy que otorga, en algunos casos, ventajas a “neo-indígenas”; este fenómeno se da especialmente

en El Salvador, en el área Lenca de Honduras,en la región norte y central de Nicaragua y en lazona fronteriza entre Costa Rica y Panamá;

• una urbanización acelerada acompañada por lamultiplicación de formas organizativas no tra-dicionales pero con identidades étnicas destaca-das que conduce a una fuerte fragmentación delmovimiento indígena estimulada por el desmo-ronamiento del “indigenismo” gubernamentaly por la intervención masiva de la CooperaciónInternacional, especialmente por los bancos de

desarrollo de capital multinacional.

Notas

1 Este ensayo es una versión actualizada y modificada deuna contribución al proyecto ”Pueblos Indígenas de Amé-rica Latina: retos para el nuevo milenio”, Ford Foundationy Oxfam América, Lima 2002

2 Las dinámicas agrarias en Guatemala son el tema de unasérie de investigaciones coordinadas por Carlos CamachoNasser y publicadas recientemente en una co-edición de

FLACSO, MINUGUA y CONTIERRA. Representan unadocumentación exhaustiva sobre el drama del despojo delas tierras indígenas en Guatemala.

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Georg Grünberg es asesor de la cooperación austríaca en

Nicaragua.





Víctor Toledo Llancaqueo

“LAS TIERRAS QUECONSIDERAN COMO SUYAS”

RECLAMACIONES MAPUCHES EN LA TRANSICION DEMOCRATICA CHILENA





Las reclamaciones mapuche por sus tierras ances-trales adquirieron un renovado vigor en la últimadécada, ya sea en el sur de Chile o en la norpa-

tagonia de Argentina - esas dos grandes zonas en quequedó fraccionado el antiguo territorio mapuche, el Wa-

llmapu, tras la invasión de fines del siglo diecinueve.El fundamento de las reclamaciones mapuche, a uno yotro lado de la cordillera, es el mismo que sostienen to-dos los pueblos indígenas en el mundo: la existencia dederechos de propiedad indígenas ancestrales.

En este artículo, presentamos una breve síntesis delas reclamaciones de tierras mapuche en Chile, y sutratamiento estatal durante la transición democráticade 1990-2004. Centramos la atención en algunos asun-tos claves, en primer lugar la norma internacional delderecho de propiedad indígena, que ha venido a refor-zar el discurso mapuche; en segundo lugar los impac-tos espaciales que ha implicado el proceso de moder-nización neoliberal implementado en las ultimas déca-das en Chile, y que detonan conflictos etnoterritoria-les; en tercer lugar se presenta una tipología de recla-maciones y se identifican algunos obstáculos para su

reconocimiento.

1. Derechos ancestrales. La norma internacionalde derecho de propiedad indígenay la doctrina chilena

En noviembre de 2004 el Tribunal Penal de la ciudadde Temuco, Chile, dictó sentencia de primera instanciaen un proceso a comuneros mapuches acusados por el

Ministerio Público y el Gobierno de Chile de cargos de“asociación ilícita terrorista” por sus acciones reivindi-cativas de tierras; el Tribunal absolvió a los imputadosde tan graves cargos en una sentencia que reviste inte-rés general, más allá de las directas implicancias paralos imputados.

El Tribunal de Temuco tomó en consideración, aun-que muy escuetamente, por vez primera en el discur-so judicial chileno, el contexto social, histórico e inter-nacional en el cual se ubican los hechos del proceso.

Asimismo, el tribunal tuvo presente que el propio Es-tado estableció en su Ley 19253 que “la tierra es el fun-damento de la identidad indígena”. Y, en un conside-rando notable, el Tribunal sostiene que

Respecto de los acusados Pascual Pichún y Aniceto

Norín, todos los antecedentes coinciden en que ostentan la

calidad de “logko” de sus respectivos “lof”,es decir, son diri-

gentes, son la autoridad dentro de esa unidad conocida como

“lof” en la organización socio-política de la sociedad mapu-

che y que en el concepto español se le identifica como comu-

nidad. De allí que la finalidad última de la conducta de es-

tos acusados al frente de su agrupación aparece como orien-

tada a la recuperación de las tierras que consideran como suyas por haberlas detentado sus ancestros, descartándose a su

respecto un afán terrorista en su accionar.1

El tribunal constata que, la finalidad última de las ac-ciones reivindicativas de las comunidades indígenasy sus autoridades tradicionales no es el “terrorismo”,sino, simplemente, recuperar sus tierras ancestrales. Talconsideración puede parecer elemental, y una aplica-ción básica de principios de no discriminación y debido

Mapuches - Lafkenches - Foto: Alejandro Parellada 2004

Ceremonia mapuche - Foto: Alejandro Parellada 2004




proceso, de tener en cuenta la intencionalidad, según eletnoconcepto - “ a su respecto”- de los sujetos indígenasque protagonizan los hechos sometidos a juicio. Lo no-table radica en que por primera vez un tribunal chile-no señala como un hecho de la causa, de suyo evidente,algo universalmente obvio: que los mapuches consideran

suyas las tierras por haberlas detentado sus ancestros.

Esa verdad tan sencilla, ha tomado más de un sigloen ser admitida en Chile.El Tribunal no fue más allá, respecto a si las preten-

siones mapuches tienen asidero en el ordenamiento ju-rídico, o si existen derechos propietarios ancestrales.Eso implicaría ir al fondo de la cuestión indígena.

Por cierto, la parte acusadora ha reaccionado cons-ternada, apelando ante la Corte Suprema de la Repúbli-ca. Tal consternación es comprensible, puesto que has-ta el presente la doctrina oficial tanto de los tribunales,como de la elite chilena, ha sido la negación no solo delmérito, sino de la vigencia e incluso de la existencia de

las reclamaciones de tierras ancestrales. Lo que digano postulen los mapuche respecto a la valía, alcances yfundamento de sus derechos ancestrales, no cuenta nien términos jurídicos ni en políticas públicas..

En efecto, en la elite chilena, incluida la intelectua-lidad indigenista, existe una convicción unánime acer-ca de que los derechos propietarios al sur del río Bio-Bio emanan de actos de autoridad. La peculiar doctri-na chilena sostiene que no hay derechos indígenas pre-existentes, recurriendo a diversas tesis alternativas, par-tiendo del axioma de que no existen derechos propie-

tarios sin mediación del Estado.2

Las teorías que apoyan a la doctrina chilena son di-versas. Para algunos, los mapuches no eran propieta-rios pues no podían probar el clásico “animo de señory dueño” de la posesión. Para otros, si algún derechohubo este fue abrogado por el acto soberano de decla-ración de propiedad fiscal sobre todas las tierras al surdel Bio Bio, atribuyendo a la ley de 1866 portentososalcances: expropiación, confiscación, etc. Hay quienespostulan que el Estado se hizo propietario por aplica-ción de la doctrina de terra nullius, lo que se habríaconcretado ya sea por la creación legal de la provincia

de Arauco en 1852, o por la aplicación del articulo 590del Código Civil de 1855, o la citada ley de 1866. Porultimo, no faltan quienes afirmen que la propiedad fis-cal emana del derecho de conquista, y que los derechosfueron extinguidos por la fuerza de la historia.

El caso es que, por una u otra vía, sea para lamen-tarlo o para remacharlo, la doctrina chilena afirma quea partir de algún momento en la segunda mitad del si-glo XIX el Estado es, validamente, el propietario origi-nario de las tierras del territorio, incorporado manu mi-

litari. Por tanto los derechos propietarios - indígenas yno indígenas – se constituyen a partir de diversos actosestatales: radicaciones de indígenas, remates, concesio-nes, colonias, cesiones, etc. De lo anterior fluyen, comocorolario lógico, dos planteamientos: a) Que la únicapretensión reivindicatoria admisible que pueden plan-tear los mapuches es sobre tierras que hayan sido titu-

ladas por el Estado, y que perdieron a manos de parti-culares. Solo en ese caso pueden hablar de “tierras in-dígenas usurpadas”. Y si alguna responsabilidad cabeal Estado es por omisión, por no haber sido más dili-gente en impedir esos actos privados de usurpación detierras tituladas. b) Que si los indios osan poner un piéafuera de ese deslinde de las “tierras indígenas”, no sólono tienen fundamentos, sino que incurren en flagran-te delito, amenazan la seguridad jurídica, y subviertenel orden de las cosas.

El problema es que los mapuches, a su respecto, noparticipan de esa singular doctrina chilena, y persisten,

generación tras generación, en aferrarse a su memoriacolectiva y a sus derechos ancestrales. Contumaces, si-guen afirmando que las tierras les pertenecen por ha-

berlas detentado sus ancestros. Más aun, se permiten re-cordarle al Estado sus obligaciones como causahabientedel imperio español, con quien suscribieron acuerdos yparlamentos donde se fijo la frontera en el río Bio Bio,y que la República desconoció, invadiendo el territoriomapuche, pero que ni aun en condiciones de ocupaciónterritorial, podía el Estado conculcar derechos propie-tarios y disponer de las tierras a su arbitrio.

En suma, está plantado un desencuentro cognitivoprofundo respecto a los justos títulos al sur del Bio Bio.

¿Qué puede enseñarnos al respecto el derecho inter-

nacional y comparado?

Notablemente el planteamiento mapuche acerca de lastierras reclamadas se acerca a la norma internacional so-

bre los derechos propietarios indígenas. Piensan igualque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ensu fallo de 2001 a favor de la comunidad de Awas Ting-

ni de Nicaragua, que sostiene que los derechos propie-tarios indígenas emanan de sus posesiones ancestrales,y que el Estado tiene el deber positivo de reconocer ta-les derechos y reparar los daños.

Como es sabido, en las últimas décadas, fruto de lasmovilizaciones y abogacía indígena, los derechos pro-pietarios indígenas sobre sus tierras y recursos han al-canzado importantes grados de reconocimiento, tantoen legislaciones nacionales como en el derecho interna-cional, cristalizándose en un conjunto de principios y




estándares jurídicos básicos que dan forma a una “nor-ma internacional del derecho de propiedad indígenasobre las tierras”3. De acuerdo a la norma internacio-nal, y parafraseando al Tribunal de Temuco, las tierrasindígenas se “consideran como suyas por haberlas detenta-

do sus ancestros”, o en palabras de Robert Williams, “los

pueblos indígenas tienen derechos de propiedad sobre las tie-

rras y los recursos naturales basados en sus propios patro-nes tradicionales y ancestrales de uso y ocupación”4 Se tra-ta, de un derecho de propiedad sui generis, basado en elderecho consuetudinario indígena y que tiene un fun-damento cultural e histórico y no solo económico; de-recho de propiedad caracterizado por ser inalienable,imprescriptible, indivisible.5

Hitos jurídicos de este reconocimiento mundial delos derechos indígenas sobre sus tierras, recursos y te-rritorios6 han sido a) la sentencia de la Corte Interna-cional de Justicia de 1976 en el caso de Sahara occiden-tal, que estableció que la doctrina de terra nullius es in-

sostenible y discriminatoria; b) la sentencia de la CorteSuprema de Australia en el caso Mabo versus Queens-land en 1992, reconociendo la vigencia del “titulo na-tivo”; c) la sentencia de la Corte Suprema de Canadáen el caso Delgamuukw versus British Columbia., en 1997,d) la sentencia de la Corte Interamericana de DerechosHumanos de 2001, en el caso de la Comunidad AwasTingni versus Nicaragua, reconociendo la posesionesindígenas como fuente de los derechos de propiedadindígena, y estableciendo el deber positivo de los Es-trados de reconocer tales derechos, además de indem-

nizar los perjuicios.7

En la misma dirección y más cercano al caso en es-tudio, es otro hito judicial reciente, protagonizado porla comunidad mapuche Ancalao en Rio Negro, Argen-tina. En un juicio de desalojo interpuesto por unos par-ticulares contra la comunidad el Juzgado número 5 enlo Civil, Comercial y de Minería de Bariloche, a cargodel juez Emilio Riat, estableció “el desalojo es improce-dente porque la posesión de los demandados es necesa-riamente anterior a los títulos de los actores ya que in-cluso es anterior a la formación misma del Estado quelos confirió”, y establece que las comunidades indíge-

nas han poseído y poseen jurídicamente por la senci-lla razón de preexistir al Estado y conservar la ocupa-ción tradicional. Tal conclusión fluye del hecho de queel derecho objetivo en Argentina ha cambiado despuésde 1994 y exige que el problema indígena se resuelvaante todo con las nuevas normas de derecho públicodictadas a propósito y, supletoriamente, con las viejasnormas del derecho privado.

En los últimos años, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos ha sistematizado tal doctrina inter-

nacional acerca de los derechos de propiedad indíge-na postulando que:

“los principios jurídicos internacionales generales

aplicables en el contexto de los derechos humanos

de los indígenas incluyen:

- el derecho de los pueblos indígenas al reconoci-

miento legal de sus formas y modalidades variadas y específicas de control, propiedad, uso y usufructo

de los territorios y bienes; [97]

- el reconocimiento de su derecho de propiedad y po-

sesión con respecto a tierras, territorios y recursos

que han ocupado históricamente; [98] y

- en los casos en que los derechos de propiedad y uso

de los pueblos indígenas deriven de derechos pre-

viamente existentes a la creación de sus Estados,

el reconocimiento por los Estados de los títulos

permanentes e inalienables de los pueblos indíge-

nas y a que ese título sea modificado únicamen-

te por consentimiento mutuo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo cuando tengan pleno

conocimiento y apreciación de la naturaleza o los

atributos de ese bien. [99] Esto también implica

el derecho a una justa indemnización en caso de

que esos derechos de propiedad y uso sean perdidos

irrevocablemente.” 8

En definitiva ha decantado un conjunto de principioscentrales, para dar forma a una norma de derecho con-suetudinario internacional, que obliga a los estados9, y

viene a reforzar los fundamentos de la exigencia de losindígenas por el cumplimiento del deber de reconoci-miento y protección de esos derechos, y el cumplimien-to de la obligación de restitución de las tierras usurpa-das, o indemnizar y reparar.

La norma internacional ha caducado las retrógradasdoctrinas de la desposesión –tales como las de terra nu-

llius, derechos de conquista, dominio eminente de losestados, tierras baldías, etc- que fueron esgrimidas se-cularmente por los estados y sociedades invasoras paradar una etiqueta jurídica a lo que es vil usurpación.10 En ningún país democrático, y en un mundo pluriétni-

co, sería posible hoy la defensa y postulado de seme- jantes doctrinas racistas. Salvo, claro está, en Chile, enel extremo occidente.

En efecto, en el año 2003 iniciado el siglo XXI, ungrupo de personas convocada oficialmente bajo el pres-tigioso nombre de “Comisión de Verdad Histórica yNuevo Trato”, después de tres años de deliberacionesacerca de las relaciones entre el Estado y los indígenas,ha venido a reafirmar solemnemente en su recomenda-ción Número 9, que las reclamaciones mapuches vale-





deras y atendibles son solo aquellas que refieren a tie-rras amparadas en títulos entregados por el Estado11,puesto que, como es sabido, la propiedad emana deactos de autoridad.

La Comisión de notables chilenos incurrió en tresgraves errores u omisiones. En primer lugar hizo casoomiso del derecho internacional y los avances normati-

vos y doctrinarios, aplicando para el caso mapuche lassingulares teorías domésticas. En segundo lugar pre-tende ignorar la evidencia histórica que prueba que lapretendida declaración fiscal nunca ocurrió, por el con-trario, la legislación chilena del siglo XIX, de modo sor-prendente para la época, reconocía los derechos propie-tarios basados en la posesión, o para decirlo en palabrasde Jose Victorio Lastarria, de 1865, la legislación “ha re-

conocido en el indígena no solo la posesión sino el dominio

directo del territorio que ocupa de cualquier manera que lo

ocupe”; por cierto, sabemos que el Estado dispuso de lastierras como si fuesen fiscales, pero esos son los hechos,

no el derecho. 12 Y, en tercer lugar, lo que es más grave,la Comisión que se constituyó al calor de los conflictospor tierras mapuches, omite en su análisis el dato dela realidad que constatara el Tribunal de Temuco: lasarraigadas reclamaciones mapuches por sus tierras an-cestrales. Más aun, la Comisión omite pronunciarse so-

bre las nuevas vulnerabilidades de los derechos terri-toriales indígenas que conlleva el proceso de moderni-zación neoliberal contemporáneo, y que está a la basedel recrudecimiento de las movilizaciones actuales porla defensa de tierras, recursos y territorios.

2. La matriz de los conflictos, tres ciclos dereestructuración de la propiedad yel territorio al sur del Bio Bio

Los procesos judiciales recientes no son más que la“punta del iceberg” de un arraigado y denso conflic-to por los derechos indígenas que ha acompañado a latransición democrática chilena, tensionada entre los es-tándares de derechos humanos, los impactos de la mo-dernización compulsiva, y la previsible respuesta ma-

puche por defender sus derechos y territorios amena-zados.

La respuesta estatal a la movilización mapuche porsus tierras desde 1990, ha sido de doble faz. Por unlado la creación de un Fondo de Tierras - un meca-nismo que desató la lógica especulación del merca-do de tierras - para la adquisición de predios con ellimites de admisibilidad ya señalado, y por otro ladola sistemática penalización de todo reclamo de dere-chos ancestrales.

El juicio ya citado no es el único que está en cur-so en el sur de Chile a inicios del siglo XXI. Otrosprocesos ya han culminado y los acusados han sidocondenados a duras penas carcelarias. La escaladarepresiva se inició en 1992 aplicando primero la leypenal común contra las acciones del Consejo de To-das Las Tierras; prosiguió en 1997 con aplicación de

la ley de seguridad interior del Estado contra comu-neros que reclaman sus tierras y espacios ocupadospor empresas forestales, hasta llegar en el 2002 a laaplicación de la ley antiterrorista.

Con el paso de los años, en torno a lo que ofi-cialmente se estigmatiza como “el conflicto mapu-che”, se ha conformado una practica sistemática deviolación de derechos humanos de los indígenas,con faltas al debido proceso, “excesos policiales”,y francas aberraciones judiciales. “Indebido proce-so”, lo denominó Human Right Watch en un com-pleto y crudo informe de octubre de 2004.13 Algu-

nos casos han llegado a conocimiento de la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos, y so-

bre el asunto se han pronunciado en el 2003 el Rela-tor Especial de Naciones Unidas para los Derechosy Libertades Fundamentales de los Indígenas14, yrecientemente el Comité de Derechos Económicosy Sociales de la ONU en su Informe de Diciembrede 2004, el que ha manifestado que:

“14. El Comité está profundamente preocupado

por la aplicación de leyes especiales, como la Ley

de seguridad del Estado (Nº 12927) y la Ley an-titerrorista (Nº 18314), en el contexto de las ac-

tuales tensiones por las tierras ancestrales en las

zonas mapuches.”

“34. El Comité recomienda al Estado Parte que

no aplique leyes especiales, como la Ley de seguri-

dad del Estado (Nº 12927) y la Ley antiterrorista

(Nº 18314), a actos relacionados con la lucha so-

cial por la tierra y las reclamaciones legítimas de

los indígenas” .15

Para encontrar un símil histórico a la masiva pena-

lización de las reclamaciones mapuches ocurridaen la transición democrática 1990-2004, es necesa-rio remontarse a fines del siglo XIX, cuando los ex-pedientes judiciales hablaban de “forajidos”, “salva-

jes” y “bandoleros araucanos”. Esos “salvajes”, eranlos abuelos de los comuneros de hoy. En aquel en-tonces 1866-1927, los antiguos defendían sus pose-siones ancestrales, en medio de una ocupación mi-litar, el remate de las tierras en publica subasta, y elarreduccionamiento.



Asuntos Indígenas 4/04 43 Asuntos Indígenas 4/04 43




tierras mapuche en la macroregion sur de Chile es po-sible a través de una tipología de casos.

a) reclamaciones de restitución de tierras incluidas

en Títulos de Merced, y usurpadas total o parcial-mente por medio de diversos mecanismos opera-

dos desde fines del siglo XIX hasta el presente.

Se trata de tierras comprendidas en dentro de los deslin-des de los “Títulos de Merced” escriturados entre 1883-1929, y que fueron usurpadas en diversos momentos ymecanismos durante el siglo XX., en especial, despuésde la liquidación de la propiedad comunitaria, impues-ta por decreto por la dictadura militar entre los años1979-1989. Entre estos mecanismos se cuentan: compra-ventas fraudulentas, compraventas de derechos, corri-miento y superposiciones de deslindes, asignación de

hijuelas a ocupantes no indígenas al momento de divi-sión del título de merced, permutas de hijuelas, arrien-dos por plazos (desde 5 a 99 años) con cláusulas de re-novación y venta, ocupaciones de hecho, etc.

Estas reclamaciones de tierras de Títulos de Merced,actualmente suman150.000 hectáreas aproximadamen-te, y existe un amplio consenso respecto a la legitimi-dad de su reclamación. La política oficial intenta esta-

blecerla como el límite máximo de lo reclamable, en loque algunos observadores han denominado como una

La memoria de las tierras antiguas perduró en las re-ducciones, y alentó a otra generación entre 1963-1973, arecuperar masivamente las tierras usurpadas. Eran lospadres de los comuneros de hoy, los que después del

golpe de Estado, fueron acusados de usurpadores y sub-versivos. Entonces no hubo mayores juicios, sino eje-cuciones sumarias,16 acciones de escarmiento y la per-dida, nuevamente, de las tierras que habían sido re-cuperadas.

Con el presente, suman tres ciclos históricos queconfiguran la matriz de los conflictos de tierras ma-puches. Se trata en cada caso (1866-1927; 1963-1973;1979-2004) de periodos de intensas transformacionesdel país que impactan en los derechos territoriales ypropietarios mapuches.

3. El ciclo actual de reclamaciones de

“Las tierras que consideran como suyas”

Desde la década de los años ochenta del siglo XX, losviejos problemas de tierras de toda una centuria, au-mentaron en cantidad y se complejizaron por efectode procesos de modernización compulsiva que hicie-ron sentir sus impactos espaciales.

Un acercamiento al análisis de las reclamaciones de


Las empresas forestales han despojado a los mapuches de sus tierras.Foto: Alejandro Parellada 2004

Represión de Carabineros en la comunidad de Juan Currin, Temuco.Enero de 2000. Foto: archivo del periódico Azkintuwe




política de hechos consumados, que legitima el despojo originario17.

b) reclamaciones de restitución de las antiguas pose-

siones, las “ tierras antiguas” que no fueron reco-nocidas por la Comisión Radicadora, en el período

1866 –1927.

Tierras de los cuales los mapuche fueron desalojados mi-litarmente, y despojados, por el Estado y particulares. ElEstado dispuso de esas tierras por vía de diversos actos,tales como remates, concesiones, colonias, constituciónde parques nacionales, y los particulares hicieron ocupa-ción de facto y violenta, utilizando diversos modos deapropiación fraudulenta. Tales tierras pasaron a formarparte de una propiedad inscrita no indígena, cuya certi-dumbre jurídica ha estado siempre en entredicho.

La memoria de los antiguos deslindes de las pose-siones y jurisdicciones se ha mantenido en la tradiciónoral mapuche.

Cabe señalar, que la legislación chilena del siglo XIX(1866) sorprendentemente, reconocía a la posesión indí-gena como origen del derecho de propiedad, y la docu-mentación histórica prueba que los mapuches podíanseñalar con precisión los deslindes de sus posesiones.Las tierras reclamables de las antiguas posesiones alcan-zarían una cifra aproximada de 3.000.000 de hectáreas

c) reclamaciones de restitución de tierras – ya fuesen

antiguas y/o de títulos de merced- recuperadas du-

rante la Reforma Agraria entre los años 1963-1973.

En el marco del reforma agraria chilena, se expropiaron

predios para traspasarlos a comunidades mapuches enforma de asentamientos y cooperativas. Con posteriori-dad al golpe de Estado de 1973, gran parte de esas tie-rras fueron quitadas de manos mapuches, por diversosprocedimientos de desposesión implementados duran-te el Gobierno Militar (revocación de expropiaciones,intervención de cooperativas, traspaso de tierras refor-madas a la Corporación Forestal y otras institucionesestatales, remates, parcelaciones individuales, creaciónde reservas, etc.) y usurpaciones de parcelas por actosde particulares.

En rigor, este tipo es una variante de los tipos (a)

y (b), pero al enmarcarse en una política y legislaciónespecífica –la reforma agraria- adquieren rasgos pro-pios, puesto que en este caso la doctrina chilena nopuede desconocer la mediación estatal, aun en caso enque las tierras reformadas no hubiesen sido de títulosde merced.

Los estudios catastrales de la reforma agraria, per-miten estimar una cifra de 150.000 hectáreas que clasi-fican en este tipo.


Temuco - Fotos: Alejandro Parellada 2004




d) reclamaciones de derechos de propiedad y acceso

a recursos: riberas, aguas, subsuelo, bosques. Se

trata de casos en los cuales se reclama derechos

indígenas (propiedad, acceso, gestión, uso) sobre

recursos de sus territorios.

Tras los cambios ocurridos en los años ochentas del si-glo XX en los regímenes de propiedad, concesión y ac-

ceso a los recursos naturales y patrimonio (aguas, sub-suelo, tierras, bosques, riberas, biodiversidad, patrimo-nio material y conocimientos indígenas) han emergidoconflictos por recursos naturales en la medida que es-tos regímenes legales permiten la apropiación de losrecursos indígenas por terceros no-indígenas.18

El caso emblemático es el de las comunidades mapu-che-lafkenche, que ven amenazados sus derechos colec-tivos de acceso y propiedad a las riberas marinas. Asi-mismo, han emergido conflictos por derechos de aguas,y en la actualidad no hay aguas disponibles para la ins-cripción de derechos permanentes a su uso uso por par-

te de las comunidades.

e) reclamaciones y defensa de espacios, habitat y te-

rritorialidades.

Clasifican en este tipo aquellos conflictos generadospor grandes obras que impactan de modo sistémicoen una zona de asentamiento tradicional indígena yla expansión de industrias de enclave forestal y turís-tico sobre antiguas jurisdicciones y posesiones mapu-ches, con impactos sistémicos sobre la sustentabilidadde las comunidades.

Junto a lo anterior se verifican mega-intervencionesde los espacios regionales por grandes obras de infra-estructura funcionales al nuevo modelo, tales como

- obras viales para la nueva economía forestal, turísti-ca y de integración de vialidad binacional: “By PassTemuco”, “carretera costera”, “Sendero de Chile”,“Aeropuerto Temuco”, “Corredor Bioceánico”.

- represas y centrales hidroeléctricas en cuencas andi-nas de asentamiento tradicional mapuche. CentralesPangue y Ralco en Alto Bio Bio, central Neltume.

- ductos de combustibles.

A los intervenciones señaladas se suman los cambiosdel sistema urbano regional, que implican expasiónperi-urbana sobre tierras mapuches tituladas y/o recla-madas; políticas de viviendas deliberadas de reasen-tamiento de pobladores marginales en zonas indígenas;instalación de vertederos de basuras en tierras indíge-nas o aledaños.

En torno a estas megaintervenciones, enclaves ytransformaciones regionales se han desarrollado algu-

nos de los conflictos más emblemáticos de laos últi-mos años, como han sido los casos de la carretera ByPass Temuco, las centrales hidroeléctricas del Alto BioBio, Pangue y Ralco, la carretera forestal de la costa.,las plantaciones forestales y vertederos.

En resumen, en esta tipología se sintetiza una acu-mulación de situaciones conformadas en distintos mo-

mentos históricos desde mediados del siglo XIX hastael presente, pero que adquieren una nueva configura-ción en el marco de los profundos cambios vividos enChile en las ultimas dos décadas.

4. Impactos territoriales de la modernizacióncompulsiva y reclamaciones mapuches

En la macroregión sur de Chile, donde se asientan lascomunidades mapuches, se han vivido transformacio-nes que han cambiado el paisaje, la economía, las es-

tructuras y dinámicas espaciales y sociales. Tal fenóme-no de mutaciones espaciales se vive a lo largo de todoel país y es parte de los impactos asociados a un pro-ceso de modernización compulsiva y ha sido caracteri-zado por algunos analistas como “brutales reclasifica-

ciones de los territorios”19. Tal calificativo del procesode cambios expresa con justeza los impactos en el casode las estructuras territoriales de la región mapuche,donde los cambios vividos son los más profundo quese ha experimentado desde fines del siglo XIX, cuandofuera invadido militarmente el territorio.

La implantación de las políticas neoliberales orto-doxas desde fines de los años setenta del siglo XX ycontinuadas por los gobiernos de la transición demo-crática, ha tenido un profundo impacto en los derechosterritoriales mapuche.

Una de esas políticas que tuvo mayor notoriedadfue la liquidación de la propiedad comunitaria mapu-che; sin embargo estos son solo una parte de las po-líticas neoliberales implementadas en la macroregiónsur de Chile.

Las políticas de liberalización del conjunto de regí-menes de propiedad de los recursos del territorio: -el

suelo, las aguas, el subsuelo, los bosques, la biodiversi-dad, las riberas- tiene vastas repercusiones en la susten-tabilidad de las comunidades mapuche, que se ven des-pojadas de sus recursos. La desregulación económica,el incentivo estatal a nuevos rubros primario-exporta-dores, la desconcentración administrativa, terminaronde alterar las estructuras espaciales regionales confor-madas a lo largo del siglo XX, y comprometieron la te-rritorialidad mapuche, poniendo en crisis los basamen-tos de la sociedad mapuche y los precarios equilibrios




y status quo espaciales regionales. Es elocuente el cambio demográfico a una mayoría poblacional mapucheurbana, residente en Santiago, la capital del país.

En la actualidad, en tiempos de globalización económi-ca, el patrón económico ascendente predominantementede enclaves (forestales, turísticos) y una metrópoli inter-media de servicios (Temuco), impone otra geografía re-

gional con sus nuevas estructuras espaciales y otro mo-delo territorial, donde el archipiélago de comunidades re-duccionales no resulta ni funcional ni sustentable.

Destaca la expansión de la industria forestal, alta-mente concentrada en grupos económicos. geográfica-mente extensiva sobre espacios continuos, lo que con-lleva impactos en los regímenes hídricos de cuencas,transformando los ecosistemas, y socialmente, provocael desplazamiento de poblaciones, y el colapso del viejoorden aldeano. En la actualidad Chile ocupa el segundolugar mundial de superficie plantada, y tras los acuer-dos de libre comercio con EEUU, Corea y Unión Euro-

pea, la industria forestal se proyecta como el segundosector exportador del país, y la superficie plantada seampliará aun más.

El modelo de la industria forestal, tiene impactosespaciales específicos: superpone una región forestal vir-tual sobre los demás espacios, con el sistema de planta-ciones, y ciudades-plantas industriales de celulosa, re-des viales (carreteras y ferroviarias) y flujos autosufi-cientes articulados hacia el centro nacional y mercadoexterno. Una región forestal que responde a sus propiaspolíticas y regulaciones, y que se expande sobre zonas

que incluyen antiguas tierras mapuches reclamadas, ydonde las comunidades mapuches constituyen una dis-continuidad del modelo espacial, un obstáculo social yun problema político y económico.

La emergencia de nuevos sectores económicos impli-có cambios en la propiedad de las tierras reclamadas, lasque pasaron a manos de poderosos grupos económicos,en los nuevos sectores dinámicos primario-exportadores.Esto implicó un cambio drástico en las relaciones interét-nicas microregionales, quedando las comunidades mapu-che enfrentadas a grandes corporaciones transnacionalesde alta agresividad, en sus ramas forestal, energía, mine-

ría, pesca, turismo con sus propias lógicas y cartografíasde poder. Ya no se trata solo de disputas con los antiguosvecinos latifundistas provincianos. Los conflictos más re-levantes en que se ven involucradas comunidades mapu-ches son con los principales grupos económicos que ope-ran en el país, y con inversionistas transnacionales.

Por otro lado, las políticas macroeconómicas, las es-trategias de desarrollo regional, y los planes de ordena-miento territorial oficiales hacen abstracción de la exis-tencia de tales comunidades, y se desentienden de los

impactos de los procesos de modernización compulsiva,y de los obligaciones estatales de derecho internacionalrespecto a los derechos indígenas.

5. Política oficial de tierras indígenas¿Hacia un punto final?

La política oficial de tierras indígenas adolece de cua-tro fallas estructurales. A) su tratamiento como “políti-ca social” hacia pobres, y no como una política de res-titución; B) una definición restrictiva de “tierras indí-genas”, y “problemas de tierras”, que solo admite lasreclamaciones de tierras que hayan sido tituladas, oque se encuentre a nombre del fisco; C) una concep-tualización agrarista, que apunta a suelos y no consi-derara la dimensión de sustentabilidad territorial enel nuevo espacio regional, y la integridad de los re-cursos naturales; D) Mecanismo de Fondo de Tierras,

que sumado a los factores ya mencionados, induce adistorsiones perversas del mercado, que incentiva a laespeculación y corrupción.

Tras diez años de aplicación de la política de tierrasindígenas definida en la Ley 19.253, los balances sonmagros. Como es lógico, cualquier evaluación en tan-to política social revela que los impactos son mínimos,incluso adversos: las familias “beneficiarias” puedenverse empobrecidas pues la “entrega” de tierras no esacompañada de programas de autodesarrollo; y másaun, el largo proceso de “postulación” muchas veces

implica quiebres comunitarios. Al mismo tiempo, sesigue reproduciendo la fragmentación territorial delarchipiélago mapuche, sin lograr soluciones de conti-nuidad espacial, que hagan sustentables a las entida-des mapuches en el nuevo modelo regional. Por otrolado, uno de los efectos más indeseados, pero previ-sible, es la espiral de especulación en el mercado detierras20, en que los detentadores de las tierras recla-madas terminan siendo los principales beneficiariosdel Fondo de Tierras en tanto los precios de las tie-rras que demandan los mapuches se han quintuplica-do; de este modo se anula el efecto de incremento del

presupuesto del Fondo de Tierras, que ha seguido lacurva de los conflictos. El resultado es un Fondo detierras desbordado por la demanda mapuche y desfi-nanciado por los especuladores. Finalmente, la polí-tica de tierras tiende a hacer ingobernable por la ex-clusión a priori de las reclamaciones de tierras anti-guas, no incluidas en títulos, empuja a las comunida-des a un camino de presión y movilización, para serconsiderados; en algunos casos lograron su objetivo,lo que introdujo nueva presión sobre el Fondo de Tie-




rras. Finalmente la autoridad optó por una política decontención vía penalización.

Desde el año 2001 comenzó a configurarse una con-senso entre autoridades y grupos empresariales, y eli-tes locales, en torno a la necesidad de poner un puntofinal a la cuestión de las tierras mapuches. A la eva-luación crítica del Fondo de Tierras hecha por el Mi-

nisterio de Hacienda21

, se sumó el cabildeo de la in-dustria forestal e inmobiliarias, y las prioridades degobernabilidad y orden público de la administración.Todo apunta al cierre del Fondo de Tierras y Aguas,lo que se expresa en la tendencia a la disminución desu presupuesto, nuevas regulaciones y controles, unamayor rigidez en la definición de “demanda de tie-rras” que la restringe taxativamente a las de Títulosde Merced en un catastro oficial22, el anuncio del fin enel año 2006, del programa de Regularización de Dere-chos de Agua, la decisión del Consejo de CONADI deprivilegiar la entrega de tierras en títulos individua-

les. En la misma dirección se inscribe la Recomenda-ción Nº 9 de la Comisión Aylwin, que propone la crea-ción de una “Comisión de Reparación” que atienda enun plazo de 3 años las reclamaciones de tierras, limi-tadas taxativamente a las correspondientes a tierrastituladas, con la finalidad expresa de terminar con laproblemática y establecer seguridad sobre la propie-dad no indígena.

Coincidentemente, parlamentarios de la coalicióngobernante, con el apoyo gubernamental, expresadoen las opiniones favorables de subsecretarios, presen-

taron un proyecto de reforma del Artículo 17 de la Ley19253, lo que implicaría desmantelar el estatuto de pro-yección de las tierras indígenas, permitiendo su divi-sión en superficies ínfimas de 500 metros cuadrados, ylevanta la prohibición de venta de tales tierras. Solo laenérgica movilización mapuche logró la paralizaciónmomentánea de esa reforma letal para los derechos te-rritoriales indígenas.

Estas medidas dirigidas a desmantelar el estatuto le-gal de protección de las tierras indígena, la débil polí-tica de restitución de tierras, la intencionalidad de ter-minar con la política de tierras, son expresión en dis-

tinto grado de los intereses de una segunda oleada dereformas neoliberales en Chile que afectan tanto a lastierras, las aguas, los recursos marinos, la propiedad in-telectual. Regionalmente, es concordante con el incen-tivo que adquiere la industria forestal en el marco delos tratados de libre comercio. El viejo tema de termi-nar con las tierras mapuches sigue siendo central en elproyecto chileno.

6. Los desafíos para los derechos humanos

La temática de las tierras indígenas mapuche, comoasunto público, mutó profundamente en la última dé-cada. Las respuestas y estrategias indígenas a los im-pactos territoriales del modelo neoliberal son tambiénterritoriales.

El movimiento mapuche ha respondido a los nue-vos desafíos integrando la problemática de las tierras,recursos y espacios, construyendo un horizonte gene-ral, que ha logrado reencuadrar las plataformas indí-genas. En la actualidad, de acuerdo al discurso mapu-che, el problema ya no es sólo de Tierras, sino princi-palmente de Territorios. Los mismos conflictos de tie-rras de ayer, posibles de clasificar en los “tipos” a, by c, arriba mencionados, van siendo reinterpretadoscomo reclamaciones y ejercicios de autonomía, juris-dicción y control. Re-territorialización de la cuestiónindígena como estrategia para afrontar la des-territo-

rialización.Ya no se trata sólo de conflictos y reclamaciones pun-

tuales circunscritas a una comunidad. Emergen discur-sos de derechos territoriales en que se integran tantoasuntos de tierras, como de recursos naturales, autoges-tión del desarrollo, y participación política. Como sus-trato de este proceso se ha recuperado y resignificadoel antiguo corpus de conocimiento y simbólica etnote-rritorial mapuche, de lov, rehues, ayllarehues, butalmapus,las antiguas jurisdicciones y las concepciones del espa-cio, que permite articular un nuevo discurso de iden-

tidades territoriales del wallmapu, y disputar el imagi-nario de la macroregión.Sin embargo, los mapuches enfrentan un desafío for-

midable, representado por obcecación chilena en des-conocer los derechos ancestrales, así como las respon-sabilidades objetivas del Estado, y las obligaciones derestitución y reparación, aun cuando éstas estén esta-

blecidas en el derecho internacional23. Más grave aun,es el sistemático desentendimiento del Estado respec-to a los impactos en los derechos indígenas de las po-líticas que impulsa.

La constatación que hizo el Tribunal de Temuco en

el 2004, respecto a que los mapuches consideran suyaslas tierras por haberlas detentado sus ancestros, es unpaso notable. Pero pasará mucho tiempo antes de quela los magistrados chilenos sean capaces de pronunciarlas palabras del Presidente de la Suprema Corte de Aus-tralia al terminar de leer la sentencia del caso Mabo, en1992: “Enfrentémoslo, las tierras indígenas fueron usurpa-

das”. Solo entonces, después de asumir verdades his-tóricas elementales, es posible abrir paso a políticas dereconciliación, reparación y nuevo trato.





Notas

1 Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco,9de noviembre de 2004, R.U.C. 02 00 14 24 99 – 0; R.I.T.080/2004.

2 Esta doctrina fue formulada por Jose Bengoa a inicios dela transición democrática. Cf. J. Bengoa “Las tierras indí-genas en la legislación chilena”, en Pueblo, Tierra, Desarro-llo. Conceptos Fundamentales para una nueva ley indígena ,

Comisión Chilena de Derechos Humanos, santiago, 1992.3 Rodriguez-Pinero, Luis “El Caso Awas Tingni y la normainternacional de derecho de propiedad indígena”, en Avancesen la protección de los derechos de los pueblos indíge-nas , Fernando M. Mariño y Daniel J. Oliva, eds., Madrid,Editorial Dykinson, 2004.

4 Williams, Robert “ Memorial Amicus Curiae, presentado porel CNCAI en el caso de la Comunidad de Awas Tingni. CorteInteramericana de Derechos Humanos. Caso Nº 11.577”, Uni-versidad de Arizona, 2000.

5 Anaya, James Los pueblos indígenas en el derecho in-ternacional, Ed. Trotta. Madrid, 2005. Anaya, J. y R.A.Williams, Jr 2001 “The Protection of Indigenous Peo-ples’ Rights Over Lands and Natural Resources Under theInter-American Human Rights System” Harvard Human.

Rights Journal 33.6 Lam, Maivan Clech “Remembering the country of their birth: indigenous peoples and territoriality”, en Journal ofInternational Affairs, vol. 57, no. 2. 2004

7 Felipe Gómez Isa (ed.). El caso Awas Tingni vs. Nicaragua:Nuevos horizontes para los derechos humanos de los pueblosindígenas, Bilbao, Universidad de Deusto, 2003

8 CIDH Mary y Carrie Dann , Caso 11.140 (Estados Unidos),Informe No. 75/02, decisión sobre el fondo de 27 de di-ciembre de 2002, OEA/Ser./L/V/II.114 Doc. 5 rev. (2003)

9 Wiessner, Siegfried 1999 “The Rights and Status of Indi-genous Peoples: a global perspective and InternationalLegal Analysis”, en Harvard Human Rigths Journal, vol 12

10 Para un resumen de las diversas doctrinas de la despose-sión, véase el Informe Los pueblos indígenas y su relación con

la tierra: Documento de trabajo final preparado por la RelatoraEspecial, Sra. Erica-Irene A. Daes, Nº Doc. ONU E/CH.4/Sub.2/2001/25 (11 de junio de 2001).

11 Comision de Verdad Historica y Nuevo Trato. “InformeFinal”, Santiago, 2003.

12 Toledo, Victor “En segura y perpetua propiedad. Notas sobreel debate jurídico sobre derechos de propiedad indígena en Chile,siglo XIX”. Actas IV Congreso chileno de Antropología,Santiago 2002.

13 Human Right Watch “Indebido proceso: los juicios antite-rroristas, los tribunales militares y los mapuche en el surde Chile”, octubre 2004 Vol. 16, No. 5(B)

14 Informe del Relator Especial sobre la situación de los de-rechos humanos y las libertades fundamentales de los in-dígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de confor-midad con la resolución 2001/57 de la Comisión. Misióna Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3, 17 de noviembre de2003.

15 “Observaciones finales del Comité de Derechos Económi-cos, Sociales y Culturales . Chile” E/C.12/1/Add.105, 1ºde diciembre de 2004.

16 Duran, Teresa, Perez, Pau; Bacic, R. Muerte y Desapari-ción Forzada en la Araucanía: Una Aproximación Étnica.Efectos psicosociales e interpretación sociocultural de larepresión política vivida por los familiares de detenidos-desaparecidos y ejecutados mapuches y no-mapuches. IXRegión. Chile. (1973-90). Universidad católica de Temuco,1998 .

17 García Hierro, P. “Territorios Indígenas: tocando a laspuertas del derecho”, en Surralles A. y P. Garcia (eds)2004 Tierra Adentro. Territorio Indígena y percepción del en-torno Lima: IWGIA.

18 Toledo, V. 1997 “Todas las agues. Notas sobre la(des)protección de los derechos indígenas sobre las aguas,el subsuelo, las riberas, las tierras”, En Anuario Liwen Nº 3,Temuco: CEDM LIWEN.

19 SZARY, Anne-Laure ”Regiones ganadoras y regiones perde-doras en el retorno de la democracia en Chile: poderes locales

y desequilibrios territoriales”. En EURE, v.23 n.70 Santiago,1997

20 CONADI “Bases, estudio diseño de instrumentos quecontrolen la especulacion en el mercado de tierras paraindígenas”, Temuco, 2004

21 Min. De Hacienda-DIPRES: Evaluación en Profundidaddel Fondo de tierras y Aguas Indígenas, Santiago 2001.

22 CONADI, “Bases Catastro demanda y oferta de Tierras,aguas y riego para Indigenas, CODIGO BIP: 20197298-0”;Temuco, 2004

23 MacKay, Fergus “Enfrentándose a los Errores del Pasado.Pueblos Indígenas y Áreas Protegidas: El Derecho a laRestitución de Tierras y Recursos”, Forest Peoples, 2002.

Theo van Boven Estudio relativo al derecho de restitución,

indemnización y rehabilitación a las víctimas de violacio-nes flagrantes de los derechos humanos y libertades fun-damentales. Informe definitivo presentado por el RelatorEspecial. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8

Victor Toledo Llancaqueo es historiador. Investiga-

dor de la Universidad ARCIS. Santiago de Chile. Email:

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BOLIVIA : ESTRATEGIAS, PROBLEMAS Y DESAFIOS

VIOLENCIA POLITICA CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENASEN COLOMBIA 1974-2004

c a r g a r p u b l i c a c i o n e s d e I W G I A :

g i a . o r g o p o r e - m a i l : i w g i a @ i w g i a . o r g

DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS

José Aylwin (Compilador) IWGIA – 2004

460 páginas

IWGIA & CIDDEBENI – 2004

ISBN 87/91563/03/8

232 páginas – ilustraciones

El presente libro contiene una selección de las ponencias presentadas en el semina-rio “Derechos Humanos y pueblos indígenas; tendencias internacionales y realidadlocal” organizado por el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de laFrontera en Temuco, Chile, en julio de 2003. Mientras que algunas ponencias dancuenta de los progresos verificados a nivel internacional, comparado en el recono-

cimiento a los pueblos indígenas de un conjunto de derechos territoriales, políticosy culturales, los artículos de Chile muestran los obstáculos que existen para el re-conocimiento jurídico de estos derechos y las limitaciones y contradicciones de lapolítica desarrollada por el Estado en relación con el mundo indígena.

LA GESTION DEL TERRITORIO INDIGENA SIRIONO

LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO CHILENO

El análisis sobre la violencia ejercida contra los pueblos indígenas en Colombia, enel marco de una guerra que viene durando 40 años, se orienta a indagar sobre losdiferentes tipos de violaciones desde 1986 hasta el año 2004. Se realiza una lecturageneral sobre el conjunto de pueblos indígenas y se profundiza en cuatro estudiosde caso, en las regiones donde con mayor intensidad se experimenta el conflicto.

Este es un trabajo vital para quienes desean conocer y entender la situación de lospueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, a partir de una experiencia concreta-la del pueblo Sirionó-, expuesta y analizada por la antropóloga Zulema Lehm. Durante los últimos 15 años, los Sirionós han vivido un proceso intenso de demandasterritoriales y de iniciativas de gestión de sus recursos naturales, en el marco de múltiplestensiones internas y externas. Han logrado avances fundamentales, como también enfren-tan dificultades grandes y pequeñas. En medio de todo ello, el pueblo Sirionó parece ha-

ber manejado con sabiduría los límites de su territorio, de su cultura y de su organización,cerrándose en lo esencial y abriéndose en lo indispensable o pertinente.

Asuntos indígenas. Derechos Teritoriales - IWGIA

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